John de Zulueta

España fallida

Cómo el fracaso de las élites nos ha convertido en un país irrelevante

Traducción del inglés:

José C. Vales

Primera edición: abril de 2023

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© John de Zulueta, 2023

© De la traducción: José C. Vales, 2023

© La Esfera de los Libros, S. L., 2023

Avenida de San Luis, 25

28033 Madrid

Tel.: 91 443 50 00

www.esferalibros.com

ISBN: 978-84-1384-558-6

Depósito legal: M-5011-2023

Composición: Versal CD

Impresión y encuadernación: Anzos

Impreso en España-Printed in Spain

Para mis Cármenes: mi madre y mi mujer.

«Es preciso soñar la realidad de mañana».

Juan Ramón Jiménez

«Entre nuestros oponentes socialistas hay una gran confusión. Algunos de ellos contemplan la empresa privada como un tigre depredador al que se debe batir. Otros la ven como una vaca que pueden ordeñar. Solo un puñado la ven como realmente es: un caballo fuerte y voluntarioso que tira de todo el carro».

Winston S. Churchill

PRÓLOGO

Cuando fui elegido presidente del Círculo de Empresarios en 2018, y durante el trienio en el que estuve al frente, siempre procuré ser franco y comunicar nuestros principios en todos los medios en los que intervine. Entonces como ahora es mi obligación reconocer que las empresas españolas tienen algunos defectos evidentes. Quizás, como estadounidense nacido en Cambridge, Massachusets, he podido observar el panorama empresarial con una perspectiva distinta a aquellos que han estado siempre ligados al sistema político y económico español. España evolucionó desde la dictadura de Franco a la democracia con Suárez sin perder ritmo. La exitosa Transición iniciada en 1977 fue un logro más que notable en una historia nacional accidentada. Después de todo, la Guerra Civil había dejado cicatrices severas en muchas familias. Pero desde la atalaya del Círculo, he tenido una visión diáfana de cómo la democracia española y sus instituciones han sido continuamente instrumentalizadas por los sucesivos gobiernos para sus propios intereses. Las grandes empresas, el famoso IBEX-35, estableció desde el principio una simbiosis con los distintos gobiernos y así garantizó un flujo constante de beneficios para sus accionistas. Sin duda existen las puertas giratorias y el continuo intercambio de favores entre gobierno y empresas. Esto hace posible, por ejemplo, que el gobierno controle una compañía multinacional como Indra con solo el 28 por ciento de sus acciones, tomando las decisiones al margen de su Junta Directiva.

En ningún sector es tan evidente este control como en el de la industria de la construcción. Como dijo uno de sus líderes: «En este país no se coloca un bolardo entre Irún y Tarifa sin que alguien cobre». Recuerdo un almuerzo de 2002 con el presidente de una importante constructora, que me dijo: «Me preocupa la corrupción del Partido Popular en el ámbito regional. En todas las autonomías que controlan nos están pidiendo comisiones a cambio de concesiones en obras públicas. No podemos hacer negocios de esta manera». Asentí y no pregunté si ocurría lo mismo en las autonomías controladas por el PSOE. Hoy todos sabemos que en la Cataluña de Jordi Pujol funcionó durante años una «mordida» fija del 3 por ciento en todos los proyectos de obras públicas. Parte de esas comisiones fueron a CIU y el resto aparentemente a la extensa familia Pujol. Desde luego, este es un mundo de «maletines». Algunos de ellos financiaron la remodelación de la sede madrileña del PP en la calle Génova 13. Para mantener una perspectiva equilibrada, no hay que olvidar el caso de los falsos ERE en Andalucía, que ha supuesto penas de cárcel para líderes del PSOE como Jose Antonio Griñán. En una encuesta especial del Eurobarómetro en 2019, a la pregunta «¿Qué tipo de crímenes consideras más común en España?», la respuesta mayoritaria fue «Corrupción», y un 88 por ciento de los encuestados consideraron que esta «muy o bastante extendida».

Mi carrera me ha llevado a tres países en dos continentes con culturas empresariales muy diferentes. Esto me ayuda a la hora de establecer algunas comparaciones. Primero fui consultor de gestión estratégica para Boston Consulting Group en San Francisco; después dirigí la multinacional PepsiCo Foods International en Caracas; y durante cuarenta y dos años he dirigido distintas compañías en Barcelona y en Madrid. Comencé en el sector de alimentación y bebidas con PepsiCo y luego con Cadbury Schweppes, pero mi experiencia más extensa fue como consejero delegado y presidente del Grupo Sanitas, dedicado a los seguros médicos privados, hospitales, centros médicos, residencias y clínicas dentales. Como dice un amigo, fueron mis años de penitencia por mi contribución a la obesidad de los jóvenes españoles.

«El negocio de América son los negocios» es una frase atribuida al presidente norteamericano Calvin Coolidge en 1925, y desde entonces se ha empleado para caracterizar la importancia y el valor conferido a los negocios en Estados Unidos. Mi hijo Ricardo fue allí con el sueño de convertirse en director de cine y regresó como hombre de negocios. Muy pocos políticos pueden ser elegidos allí sin algún apoyo empresarial. En lo que respecta a Venezuela, para mí fue una revelación tener que enfrentarme diariamente a la corrupción. No pudimos sacar materias primas del puerto de La Guaira sin sobornar a alguien. Pero, hasta la llegada de Chávez, la comunidad empresarial todavía gozaba de cierta independencia política. En España, el mundo de los negocios estaba entrelazado con Franco, y con la democracia continuó estrechamente vinculado al gobierno de turno. Hay una ausencia notable de controles y equilibrios. La CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) y el Banco de España se supone que son instituciones políticamente neutrales que garantizan la igualdad de condiciones para los negocios. Tanto el Círculo de Empresarios como la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) se fundaron en 1977 para promover los negocios en la nueva democracia. El Círculo era un think tank y lobby, mientras que la CEOE se concibió como entidad para las negociaciones con el gobierno y los sindicatos. Esto último sería impensable en Estados Unidos. El Círculo lo fundó José María López de Letona, exministro de Industria con Franco, y la CEOE estaba encabezada por Carlos Ferrer Salat, que dirigió Foment del Treball Nacional en Barcelona, cuyos orígenes se remontan a 1771. El único realmente independiente es el Círculo, porque la CEOE tiene que tratar directamente con el gobierno y recibe dinero público para diferentes proyectos. Pero mientras la Transición se difumina en la memoria colectiva, el gobierno ha ido ganando más control sobre las instituciones supuestamente independientes e incluso sobre empresas privadas como Indra. Bancos, aseguradoras o compañías de energía, todas, deben lidiar con los organismos gubernamentales que las supervisan. El tablero de juego está cada vez más inclinado.

Que «vivimos de la solidaridad de la UE», como afirmó el exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo es completamente cierto. Desde mi llegada a España en 1980 la peseta se devaluó dos veces, en 1982 y en 1992. Desde 2002 tenemos euros en nuestros bolsillos, una moneda muy similar en su estabilidad al marco alemán. Con economías tan dispares mezcladas en el cóctel de la UE, ha habido momentos difíciles para evitar que el euro se desintegrase. Después de la crisis monetaria de 2008, que abocó a España a una crisis inmobiliaria y al colapso de muchas cajas de ahorro, podemos agradecer a Mario Draghi, a la sazón presidente del Banco Central Europeo (BCE), que pronunciara cuatro palabras mágicas: «Lo que sea necesario». Fue suficiente para sostener el euro y mantener a raya a los lobos especuladores del mercado de divisas. Desafortunadamente, España no correspondió con reformas suficientes y aceptó un rescate bancario de hasta 100.000 millones de euros en 2012, que fue presentado a la opinión pública como un simple préstamo. No obstante, permitió al Reino de España evitar la intervención directa de la troika, que sí reformó los sistemas de Irlanda, Portugal y Grecia.

Una década después de la crisis de los PIGS (Portugal, Irlanda, Grecia y España), la preocupación principal está ahora en España e Italia. Los dos cargan con una deuda pública por encima del cien por cien del PIB. Los dos son «demasiado grandes para caer», y los dos necesitan el respaldo del BCE para garantizar la devolución de sus préstamos. Los gobiernos socialistas de Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez han coincidido con las etapas en las que se ha asociado a España con más fuerza al grupo de los PIGS. Los dos han estado más interesados en promocionar su agenda social antes que la estabilidad económica. Zapatero dedicó su mandato a iniciativas como la Alianza de las Civilizaciones y la Memoria Histórica, un intento de reescribir la historia de la Guerra Civil. Sánchez ha resucitado este proyecto, y ha tenido el descaro de decir que «una de las cosas por la que pasaré a la historia es por haber exhumado al dictador». Como si transportar los huesos de Franco en helicóptero desde el Valle de los Caídos a un mausoleo privado hubiera ayudado de forma fundamental a la democracia española. Tal vez sea recordado más bien por pisotear la Constitución, promulgando leyes específicas para ayudar a los separatistas catalanes que pusieron en jaque la legalidad española. La «memoria democrática» es una ficción. La «memoria», tal y como se plantea, tiene poco que ver con la verdadera «historia» y nada que ver con «democrática».

El mayor error de Zapatero fue acordar con Pasqual Maragall su apoyo incondicional a la revisión del Estatuto de Cataluña. A cambio, recibió el apoyo de Maragall en su candidatura al frente de la Secretaría General del PSOE frente a José Bono, quien lideraba las encuestas. La revisión estatutaria era un viejo deseo catalán que la Segunda República había concedido a Lluis Companys. Fue un cáliz envenenado que acabó cuando Companys proclamó la soberanía del Estado catalán. Fue encarcelado en Montjuic, luego amnistiado y posteriormente huido a Francia durante la guerra, donde fue detenido, entregado a las autoridades franquistas y fusilado. En la versión de 2006 del Estatut, la idea de que Cataluña fuera una nación fue rápidamente replicada por el PP con argumentos constitucionales. De nuevo, el gobierno catalán cometió la temeridad de declarar su independencia de España. Esta vez a cargo de Carles Puigdemont el 10 de octubre de 2017. Hacía tiempo que Maragall había dejado la Generalitat y sufría Alzheimer. Irónicamente, tenía una de las memorias más portentosas que yo he conocido. Cuando coincidíamos, siempre recitaba el número de teléfono de la casa de mis padres en Nueva York. Ellos le habían acogido en sus primeros meses en la ciudad, ya que mi madre era amiga de su padre, Jordi, y mi abuelo era amigo de su abuelo Joan. Él pasó de estudiar en la Universidad de Columbia a la más izquierdista The New School for Social Research. Esto fue antes de que comenzara su carrera política como teniente de alcalde de Barcelona, junto a Narcís Serra.

Zapatero permitió que las semillas del independentismo catalán se plantaran de nuevo en España. Ahí radica la debacle institucional de los últimos años. Mariano Rajoy prefirió adoptar la estrategia de esperar y ver en el problema catalán hasta que se vio forzado a actuar. El Senado aplicó el artículo 155 de la Constitución y el gobierno central se hizo con el control de la autonomía catalana, con la excepción de la televisión pública TV3. La concordia de 1977 se perdió y desde 2017 las instituciones y la economía han ido cuesta abajo, impulsados también por la crisis del covid y las altas tasas de inflación. España tiene hoy un gobierno que legisla con el apoyo de partidos independentistas que desean destruir la unidad territorial del país. España proyecta una imagen de inseguridad legislativa y regresión institucional similar a la de los estados fallidos, y en Europa es un país cada vez más irrelevante.

¿Cuáles son los países más atractivos de la región para la atracción de talento e inversión? De acuerdo con el reciente ranking IMD World Talent de 2022, Suiza, Suecia, Islandia, Noruega y Dinamarca encabezan la clasificación. España está en el puesto 32, por detrás de sus vecinos Portugal, Francia e Italia. La economía española nunca se ha recuperado del todo de la crisis de 2008 ni de la pandemia. Ha llegado el momento de que la sociedad civil grite: «Yo acuso», como Émile Zola en 1848. Pero en este caso no se trata del caso Dreyfus. El escándalo lo protagoniza un gobierno que ataca sistemáticamente a instituciones como la Monarquía, el Poder Judicial, las Fuerzas de Seguridad del Estado y algunos principios constitucionales, en un afán revisionista en el que se interpreta la historia reciente como si la democracia solo hubiera comenzado con la llegada de los socialistas al poder. Los españoles están perdiendo la confianza en sus instituciones básicas y en la capacidad del gobierno para resolver las dificultades económicas. Es tiempo de un canto general e individual de «Yo acuso».

Capítulo 1.

LA PRIMERA «BOLA DE PARTIDO» PARA ESPAÑA

«

S

i no estás aterrorizado, es que no ves lo que ocurre en el mundo». La frase es de Paul Krugman, premio Nobel de Economía. Y eso fue lo que ocurrió cuando se produjo una sucesión de importantes perturbaciones económicas —la primera del nuevo milenio tuvo lugar en 2007— y el gobierno español de Rodríguez Zapatero la ignoró en gran medida. Por lo menos al principio, porque se trataba de un problema supuestamente americano, un colapso del mercado crediticio debido a la concesión de préstamos hipotecarios con un riesgo de impago superior a la media (créditos subprime). Las agencias de calificación crediticia (rating) no se percataron del carácter tóxico de esos préstamos y les concedieron una calificación aceptable; además, esos productos financieros no aparecían en los libros de contabilidad de los bancos. Para complicar más el mercado, se estaba procediendo a la anulación de la Ley Glass-Steagall, que diferenciaba los bancos de inversión de los bancos comerciales, de modo que ambos sectores quedaron contaminados. Y, además, la Reserva Federal había reducido los tipos de interés al 1 por ciento y estaba inyectando dinero en la economía porque los niveles de inflación eran bajos. La situación era engañosa. La inflación baja era una consecuencia de la globalización y del desplazamiento de la producción de bienes a países de bajo coste. Así fue como se desató la tormenta perfecta.

El 8 de agosto de 2007 colapsó el mercado de las hipotecas subprime. Al principio, solo se vieron directamente afectados el banco de inversión Bear Stearns y el BNP. Pero Lehman Brothers no quebró hasta un año después, el 5 de septiembre de 2008. Cientos de empleados, con una caja de cartón en las manos, abandonaron sus oficinas en Wall Street. Lehman Brothers Holdings Inc. era el cuarto banco de inversión más grande de Estados Unidos, con más de 25.000 empleados en todo el mundo. En España, Claudio Boada, que había sido presidente del Círculo de Empresarios, dejó el cargo en marzo de 2006 y fue sustituido por Luis de Guindos. En aquellos meses hubo un breve desencuentro entre ambos, cuando parecía que los dos actuaban como presidentes. Pero Luis de Guindos era la persona que dirigía la oficina española de Lehman Brothers cuando se produjo la quiebra. Todo ello le resultó muy útil cuando fue nombrado vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) en 2018.

El presidente George W. Bush había contratado a Hank Paulson, de Goldman Sachs, para arreglar el desaguisado financiero. El gobierno asesoró a Bear Stearns, se negó a subvencionar la venta obligatoria y urgente de Merrill Lynch al Banco de América, e intentó conseguir préstamos para el American International Group (AIG), que había invertido masivamente en el mercado de hipotecas subprime de altísimo riesgo. La gran cuestión, a toro pasado, es si el sistema financiero mundial habría sobrevivido y habría sufrido menos daños si el gobierno americano hubiera salvado a Lehman Brothers con fondos federales. Mi opinión es que Paulson quería dar una lección al mercado y la mejor cabeza de turco era Lehman Brothers. Al final, solo sobrevivieron Morgan Stanley y Goldman Sachs como grandes bancos de inversión norteamericanos.

¡Qué ingenuos e inocentes fueron el gobierno de España, el Banco de España y el sistema bancario español en 2008! Aunque el Banco de España no había permitido a los bancos nacionales entrar en el mercado de las hipotecas subprime, y les prohibía estar al margen de la contabilidad oficial, no fueron capaces de ver una consecuencia paralela de la gran quiebra. Los bancos españoles, sobre todo las cajas de ahorro, habían concedido préstamos blandos a los promotores inmobiliarios, alimentando una burbuja de enormes proporciones. Pero mientras que, a finales del 2008, el Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica y Holanda se vieron obligados a recapitalizar a la mayor parte de sus bancos —y, con frecuencia, los más importantes—, en España el conductor estaba dormido al volante.

En febrero de 2008, en un debate preelectoral celebrado en Antena 3 entre Pedro Solbes, ministro de Economía del gobierno socialista, y Manuel Pizarro, el número dos del Partido Popular en Madrid, se presentaron visiones distintas de la que ya era una crisis económica mundial. Pizarro dejó bien claro que España estaba en una «crisis económica profunda», mientras que Solbes —con un ojo cerrado—, se defendía como un profesor delante de un estudiante. Dijo que Pizarro era «un demagogo y un catastrofista». Y un 47 por ciento de la audiencia consideró que Solbes había ganado el debate. El pobre Pizarro, que predijo exactamente lo que iba a ocurrir, solo convenció al 37 por ciento de los espectadores. Solbes demostró que a menudo, en televisión, la forma, el estilo y las habilidades comunicativas son más importantes que el contenido. Fue el triunfo del hombre viejo y sabio que solo podía abrir un ojo.

Pero el gobierno de España tuvo los dos ojos cerrados en el bienio 2007-2008. El Northern Rock Bank quebró en Inglaterra; el IKB Deutsche Industriebank, sobrecargado con préstamos subprime, se fue a la quiebra en Alemania. Pero el Banco de España no acudió al Banco Central Europeo para recabar fondos con los que capitalizar adecuadamente los bancos españoles y las cajas de ahorros. Al parecer, España estaba «desvinculada» de la crisis. Como consejero de Bankinter, fui un observador privilegiado en un banco que se había resistido a conceder más créditos a los promotores inmobiliarios en los dos años previos a la quiebra inmobiliaria. Y cuando los bancos españoles finalmente se vieron obligados a recapitalizarse, Bankinter estaba al final de la lista de necesitados.

Es verdad que España no tenía las tóxicas hipotecas subprime en sus bancos, pero había muchos préstamos de alto riesgo a promotores inmobiliarios para proyectos que nunca encontrarían comprador. Reyal Urbis, por ejemplo, un importante grupo promotor inmobiliario, creó una nueva ciudad, Valdeluz, cerca de Guadalajara, para un total de 30.000 habitantes, pero al final solo vendió casas para mil personas. Y los activos más tóxicos de los bancos, y que generaron grandes pérdidas en los años siguientes, fueron las tierras y el suelo, contabilizados a un alto valor durante el boom inmobiliario y prácticamente inservibles cuando estalló la burbuja.

España, con sus extrañas cajas de ahorro, tenía una estructura financiera sustancialmente distinta a la de otros países europeos. Las cajas eran entidades de crédito sin ánimo de lucro, parecidas a fundaciones. Pertenecían a las comunidades autónomas y concedían préstamos basados más en presiones sociales o políticas que en evaluaciones de riesgo. En las minicrisis previas, una caja saneada estaba en condiciones de absorber a otra que estuviera a punto de quebrar. Pero cuando todas empezaron a caer al mismo tiempo, como fichas de dominó, el gobierno decidió transformarlas en bancos y les retiró la jurisdicción autonómica. Entre 2009 y 2017, cuando España por fin decidió actuar, 55 entidades financieras acabaron reducidas a diez bancos. Y la operación más costosa, al final, fue la de Bankia.

Bankia era una nueva entidad bancaria formada tras la fusión forzosa de las dos cajas más problemáticas: Caja Madrid y Bancaja. Aquello fue un error garrafal. Y la culpa tiene que achacársele a un hombre inteligente y amable, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que fue gobernador del Banco de España entre 2006 y 2012. Él creía que todas las fusiones eran positivas. En este caso, hubo una auditoría y una evaluación financiera inadecuada de dos entidades financieras que estaban en la quiebra: el problema de las dos cajas, que habían mantenido el valor de los créditos en sus contabilidades, iba a agravarse notablemente con la fusión.

Y el «tiro de gracia» fue consentir que Bankia saliera a Bolsa. Los inversores institucionales fueron lo suficientemente listos como para no participar. Por supuesto, el gobierno intentó presionar a una serie de empresas del IBEX 35 para comprar acciones. Pero el grueso de las acciones acabó en el mercado minorista. Esto me recuerda un caso posterior, protagonizado por el Banco Popular, un banco «zombi» que consiguió capitalizarse vendiendo más acciones a sus clientes y a sus propios empleados. Mi mujer, que tenía una cuenta en ese banco, se vio muy presionada, como otros muchos clientes, por el director de su oficina bancaria para que comprara acciones. Le dije que no debía hacerlo en ninguna circunstancia. Desde mi posición en el consejo de Bankinter, estaba viendo al Banco Popular comprando sucursales y ampliando su cartera de préstamos inmobiliarios en medio de lo que ya se percibía claramente como una burbuja inmobiliaria que estaba a punto de estallar.

Quizá algún día conozcamos todos los detalles de la historia de Bankia. Miguel Ángel Fernández Ordóñez fue absuelto de cualquier posible acto delictivo por permitir que Bankia empezara a cotizar en Bolsa. Rodrigo Rato aceptó el cargo de presidente de la entidad, a sabiendas o no del precario estado de la fusión de Caja Madrid y Bancaja. ¿Pensó que el gobierno lo sacaría del apuro? En 2011, Bankia anunció unos beneficios de 309 millones de euros; tras la dimisión de Rato, la cifra se enmendó y se anunciaron unas pérdidas de tres mil millones de euros. Al final, el exministro fue detenido en 2015 y entró en prisión en 2018, condenado a cuatro años y medio de cárcel por malversación. La malversación tenía que ver con el uso de unas tarjetas de crédito de la empresa, las llamadas «tarjetas black», destinadas a gastos personales que no se declaraban. Respecto a la acusación de falsificación contable, Rodrigo Rato fue absuelto.

El caso de Rato merece un estudio pormenorizado. Pertenecía a una importante familia asturiana: su padre fue encarcelado brevemente en 1967 por transferir dinero desde España a Suiza utilizando su Banco de Siero. También fueron multados algunos otros participantes en la evasión de capitales. Como vicepresidente del gobierno de España, bajo el mandato de Aznar, Rodrigo Rato alcanzó la cumbre de su popularidad.

Se privatizaron algunas empresas públicas, como Aldeasa (hoy integrada en World Duty Free Group, dedicada a la venta minorista en aeropuertos). Aquello fue bien recibido por los que, en España, creían en una economía moderna y en la empresa privada. Pero entonces salieron a la luz las corruptelas y Rato el otrora brillante máster de la Universidad de California (Berkeley), se convirtió en la persona que colocaba en puestos preeminentes a sus amigos. «Amigos de Rodrigo» era la expresión con la que se identificaba a esas personas.

Por tanto, no fue ninguna sorpresa que, tras su regreso a España tras una repentina dimisión en el FMI, un puesto que confería a España cierto prestigio internacional, se viera envuelto en lo que aparentemente eran los negocios turbios de Bankia. Lo único que llevó a Rodrigo Rato a la cárcel fueron las tarjetas de crédito black que se le daban a todos los altos ejecutivos y a los miembros del consejo de administración. Y cuando se hicieron públicos todos los detalles del mal uso de las tarjetas, todo el mundo supo que Rato hizo dieciséis reintegros de mil euros con su tarjeta justo antes de presentar su dimisión como presidente de Bankia.

En vez de dar ejemplo de comportamiento ético y en lugar de promover una imagen más positiva de los políticos y de los líderes empresariales españoles, Rodrigo de Rato (él prefería suprimir el «de») hizo justo todo lo contrario. Por eso, no resulta sorprendente que, aunque los emprendedores tienen una consideración positiva en las encuestas, el empresario aún sigue teniendo una connotación negativa. En el Círculo de Empresarios hicimos estudios en los que se demostraba que, incluso en los libros de texto y en los manuales, los empresarios se retrataban con rasgos negativos, aunque en el estudio más reciente la situación había mejorado. Al fin y al cabo, un empresario no es más que un emprendedor que ha tenido éxito. España necesita más hombres como Amancio Ortega. Verdaderos innovadores que surgen de la nada, pero trabajan duro y acaban acumulando grandes fortunas. Y lo suficientemente modestos como para rechazar cualquier premio, incluso cuando el rey lo llamó para que aceptara el Premio Reino de España, que se concede a la trayectoria empresarial.

Pero no: lo que tenemos es todo lo contrario. Lo que tenemos es al doctor Pedro Sánchez, un presidente que dijo, poco después de acoger la reunión de la OTAN en julio de 2022, que su gabinete era «un gobierno muy incómodo y molesto para una serie de poderes ocultos que tienen intereses oscuros […], señores que fuman puros y controlan poderosas terminales económicas y mediáticas». No será necesario recordar que el Grupo Prisa, propietario de El País, el principal periódico español, está en manos de personas que son generosas y complacientes con el gobierno. Demasiado para ser fumadores de puros.

Y las «terminales económicas» se han reducido sustancialmente con la desaparición de las cajas y la consolidación de las fusiones. Porque antes de que Rodrigo Rato heredara el desastre que fue Bankia, Caja Madrid y Bancaja estaban en manos de banqueros políticamente conectados, pero inexpertos. De hecho, el último presidente profesional de Caja Madrid estuvo sentado conmigo en el consejo de Bankinter. Jaime Terceiro es un economista brillante que dirigió Caja Madrid entre 1988 y 1996. Y dimitió en Caja Madrid cuando Rodrigo Rato, entonces vicepresidente del gobierno de Aznar, le pidió que renunciara a la caja y aceptara la presidencia de «una gran empresa española, para que dejara la caja libre».

Jaime dejó el puesto, pero no aceptó la oferta. Y, en su lugar, Rato nombró a un amigo íntimo de Aznar, Miguel Blesa. Él y Aznar habían aprobado al mismo tiempo, de jóvenes, la misma oposición a inspectores de Hacienda. Ambos decidieron escoger Logroño como su primer destino y vivieron en el mismo bloque de pisos. De hecho, echaron a suertes —lanzando una moneda al aire— cuál de las dos parejas se quedaba con el mejor apartamento, de los dos disponibles; y ganó Blesa.

Gracias a su amistad con Aznar, Blesa alcanzó el puesto directivo más importante en Caja Madrid y emprendió una nueva vida con un enorme sueldo que no tardó en subirse de inmediato. Jaime Terceiro fue el último presidente en preconizar la necesidad de austeridad y recibió una modesta compensación, dado el tamaño de la entidad de ahorro. Miguel Blesa se dio la gran vida y se volvió a casar con una exempleada de la caja. Se trasladó a una casa fabulosa en la lujosa colonia Conde de Orgaz después de vender su gran mansión de La Florida y comprar una finca de caza en la Sierra Morena de Córdoba. Viajaba con frecuencia a Miami, pasaba las vacaciones de verano en la Costa Azul y pedía caviar por latas junto a carísimos vinos. Él fue el creador de las tarjetas black, generalizó los sobresueldos y emitió las famosas «preferentes», unas acciones especiales que «arruinaron a miles de clientes». En las pocas ocasiones que nos encontramos, en actos empresariales, se mostró muy cordial y vestía como un torero, con trajes muy ceñidos y con el pelo perfectamente repeinado. Un señorito de Linares (Jaén).

No se puede imaginar un mayor contraste con Jaime Terceiro, su predecesor. Cuando yo era presidente del Comité de Nombramientos en Bankinter, recuerdo bien el momento en que buscábamos un nuevo miembro del Consejo y los candidatos finalistas. De todos los candidatos, había uno con un impresionante currículum. Jaime había recibido el premio extraordinario tanto en su carrera de Económicas como en Ingeniería Aeronáutica, y había llegado a ser presidente de Caja Madrid. Por sus trabajos en los que describía los riesgos del sistema de cajas, recibiría más adelante el premio de Economía Rey Juan Carlos, en 2012. Está soltero y lleva una vida más bien modesta. En realidad, es más bien un estudioso que un hombre de negocios, y, en aquel momento, era el miembro ideal para nuestro Consejo.

El otro socio de la fusión con Bankia era Bancaja, que también estaba conectado con el Banco de Valencia; pero este banco no estaba incluido en las negociaciones de integración. Y ninguna ciudad como Valencia ejemplificó mejor los años de la burbuja y el estallido de la crisis. Cuando la burbuja implosionó a finales del 2007, Valencia quedó completamente destrozada. Bancaja estaba dirigida por José Luis Olivas, que en dos años se había convertido en presidente del primer Banco de Valencia y de la propia Bancaja. Acabó en la cárcel en 2017. Pero el gran daño se produjo al financiar algunos de los proyectos faraónicos de la Comunidad durante ese período, como el aeropuerto de Castellón, territorio controlado tradicionalmente por la familia Fabra. El aeropuerto se terminó en 2011, pero hubo que esperar hasta 2015 para ver cómo aterrizaba un avión en las instalaciones. Terra Mítica, un parque de atracciones, fue también financiado por la caja. Costó 425 millones de euros y se vendió a una empresa privada, Aqualandia, por 65 millones en 2012. La Ciudad de la Luz, en Alicante, un macrocentro dedicado al cine, fue el tercer gran proyecto de la época, siendo Eduardo Zaplana presidente de la Comunidad. Abrió sus puertas en 2005 y cerró, con pérdidas, en 2012. Ahora parece que hay conversaciones para volverla a abrir, muchos años después. La empresa cinematográfica Pinewood Studios de Gran Bretaña demandó a la Ciudad de la Luz y la Ciudad del Cine por competencia desleal, ya que la institución valenciana había recibido dinero público, al contrario que Pinewood.

Todos estos proyectos tenían una categoría, como mínimo, regional, y los constructores locales se beneficiaron al poder levantar bloques de apartamentos y casas cerca de estos proyectos «emblemáticos». Pero hubo una operación que realmente absorbió los gastos descontrolados de Bancaja y la corrupción en Valencia durante este período. Se trataba del proyecto Gran Coral en la Riviera Maya, en México. Se perdieron un total de 750 millones de euros. Añádase a esto la compra de un par de propiedades en la Baja California, pagadas vía Países Bajos —presumiblemente para ocultar comisiones—, y se tendrá una imagen certera de cómo operaban Olivas y otros cuatro ejecutivos de Bancaja (vinculados al Banco de Valencia) hasta que Bankia presentó cargos contra ellos. Valencia era el «Salvaje Este» de la corrupción en España.

Lo característico y peculiar en el colapso de las cajas españolas es el nivel de las prácticas corruptas. Entre 1980 y 1990, durante la crisis de las entidades de «ahorro y préstamo» (S&L, por las siglas en inglés, savings and loan), unas sociedades estadounidenses parecidas a las cajas de ahorros españolas, quebraron más de mil sociedades. La crisis se resolvió con unas pérdidas de 160.000 millones de dólares, de los cuales los contribuyentes acabaron pagando 132.000 millones. Pero el mayor problema de aquella crisis fue la llamada stagflation, estanflación. Estas entidades de ahorro y crédito tenían limitados los intereses que podían pagar por los depósitos y redujeron significativamente sus carteras hipotecarias. Charles Keating (1923-2014), jefe de Lincoln Savings and Loan Association, fue la versión estadounidense de Olivas. Pero en su caso, se dedicó a entregar más de mil seiscientos millones de dólares a cinco senadores para pagar sus campañas. Se suponía que los «Keating Five» iban a proteger sus prácticas bancarias. Cuando se presentaron cargos criminales contra él, los cinco senadores lo abandonaron a su suerte. Pero allí no hubo ningún proyecto como Gran Coral inyectando dinero en cuentas de amigos y socios. Solo eran fondos para campañas políticas.

Y en Europa, fuera de España, el problema es principalmente el blanqueo de dinero de las mafias rusa e italiana. Varios bancos bálticos —debido a la proximidad geográfica con Rusia— se vieron envueltos en escándalos de blanqueo de dinero. Después, el escándalo salpicó a la rama estonia del Dankse Bank, la entidad bancaria más grande de Dinamarca, y el Swedbank de Suecia también se vio envuelto en el fraude. Asimismo, Chipre y Malta tienen fama de ser países donde se blanquea dinero procedente de actividades delictivas, e ING, el proveedor de servicios financieros más importante de Países Bajos, tuvo que pagar una cuantiosa multa en 2018 por blanqueo de dinero.

Pero España, en los años previos a la quiebra de 2008, era una economía levantada casi únicamente con ladrillo, cemento y turismo. Y solo en España había tantos personajes pintorescos viviendo a todo lujo gracias a las corruptelas. Pero España, con la misma velocidad que se enriqueció —el presidente Rodríguez Zapatero dijo que el país superaría a Italia y se convertiría en la cuarta economía más grande de la Unión Europea—, se arruinó y volvió a ser pobre. Era el regreso a lo que tantas generaciones habían conocido: Europa acababa en los Pirineos. La creación del euro y la ficción de que toda la zona euro funcionaría con los mismos tipos de interés estaba condenada al fracaso desde el principio. El préstamo para mi primera casa en Madrid, en 1990, era al 14 por ciento (en pesetas): ¿cómo podía ser solo del 2 por ciento en euros en 2005? Lo que antaño era la peseta se convirtió de repente en algo parecido al marco alemán. Y, como se decía en aquellos momentos, «los españoles, tras la muerte de Franco, han pasado de la alpargata al BMW».

La Eurozona nació con un defecto básico. Era una unión monetaria, punto. No había una contribución unificada a la seguridad social, por ejemplo, que es lo que une a todos los estados en Estados Unidos. No hubo instrumentos de deuda conjunta hasta la recuperación del dinero posterior al Covid. Y la unión fiscal y económica es todavía un sueño. Piénsese por ejemplo en los beneficios de Irlanda gracias a los bajos impuestos a las empresas. La gigantesca burbuja inmobiliaria en España era inevitable: entre 2006 y 2007 se construyeron en el país más casas que en todo Estados Unidos. Y era aún más inevitable porque no había controles de ningún tipo. No cabe sino preguntarse: con todos los artículos que se publicaban en The Economist sobre la amenaza de una burbuja, ¿cómo pudo ser que los reguladores, sobre todo el Banco de España, y los políticos no hicieran nada? Entre 2000 y 2007, la economía española creció a una media del 3,8 por ciento anual. El Banco de España pensó que sus provisiones anticíclicas servirían como colchón ante posibles crisis. Las hipotecas estaban creciendo a un ritmo del 20 por ciento anual y los préstamos a los promotores inmobiliarios al 29 por ciento. Solo hubo un banco de tamaño medio que hizo algo para reducir las hipotecas y los préstamos a la promoción inmobiliaria. Y fue Bankinter. Nosotros leíamos The Economist y sabíamos que, en un momento dado, la burbuja estallaría. Igual que había pasado con las empresas de internet y su burbuja bursátil. El mito de que los precios de las casas solo podían seguir subiendo se reveló como lo que era: un mito. Cuando José Ignacio Goirigolzarri, hoy presidente de Bankia, dijo en un almuerzo en el Club Financiero Génova que «todos los bancos estaban dando préstamos para propiedades como borregos», yo le dije: «Excepto Bankinter, Goiri».

Después del hundimiento de 2008, el gobierno de Rodríguez Zapatero hizo muy poco por solucionar el problema. Fue el presidente que engañó al público haciéndole creer que España estaba en la Liga de Campeones. Solo cuando el Partido Popular ganó las elecciones de 2011 empezaron los trabajos de limpieza. Se modificaron las estimaciones de pérdidas en el sistema financiero. Al final, muchos préstamos bancarios se disimularon mediante refinanciaciones. Luego vino lo que se denominó Guindos I y Guindos II, por el ministro de Economía, Luis de Guindos. Se trataba de dos decretos que obligaban a los bancos a hacer provisiones en el sector financiero con vinculaciones en el mercado inmobiliario. El montante ascendió a 34.000 millones en febrero de 2012 y luego otros 30.000 millones (Guindos II) en mayo de 2012, y más adelante otros 59.000 millones (según Oliver Wyman Consultants, en septiembre de 2012).

Rajoy evitó la intervención de la troika de la Unión Europea, que se había concentrado en Portugal, Irlanda y Grecia. Los PIGS (el acrónimo peyorativo para señalar a Portugal, Irlanda, Grecia y España) acabaron siendo solo PIG. Pero España negoció con el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) un préstamo de 100.000 millones con un interés del 1,5 por ciento a quince años. Por supuesto, se le concedió con unas severas y estrictas condiciones. Expertos independientes supervisarían el sistema bancario español. El prestigio del Banco de España y de sus inspectores había tocado fondo. La realidad, por supuesto, era que muchos inspectores, excelentes profesionales, habían dado la voz de alarma mucho antes. Pero como reveló el caso de Bankia, nadie les prestó atención.

Tras el rescate de los bancos españoles —a cargo de la Unión Europea— estaba el crucial encuentro entre Juan María Nin y Angela Merkel en Berlín, en junio de 2012. Y en 2018, yo había nombrado a Juan María presidente del Grupo de Trabajo de Economía para la Unión Europea cuando Josep Piqué me dijo que ya no podía continuar debido a la cantidad de trabajo que tenía. En su última presentación ante los medios, en el Círculo, hizo un brillante análisis de los primeros presupuestos de Sánchez, los Presupuestos Generales del Estado de 2019. El análisis puede resumirse en pocas palabras: ingresos demasiado ambiciosos y gastos irrealmente bajos. Y, como me dijo, lo había preparado en el vuelo de regreso de Tokio a Madrid. Ahora está haciendo un excelente trabajo organizando con Amancio López Seijas el Foro La Toja, la versión española del Foro de Davos.

Juan María, un banquero catalán y exconsejero delegado de La Caixa, tuvo que preparar su encuentro con Merkel apresuradamente, porque tenía que volar de São Paulo a Berlín con solo 24 horas de antelación. Se reunió con Merkel durante una hora y media en una sala aneja al despacho de la canciller y, tal y como suele decir, era un match ball para España, y probablemente para el euro, si España se convertía en una economía fallida. Grecia, Portugal e Irlanda tenían economías manejables y Europa podía asumir sus rescates. Pero España e Italia, como volvimos a comprobar con la crisis inflacionaria de 2022, eran demasiado grandes como para dejarlas caer. Ambas economías eran un verdadero riesgo sistémico para la Unión Europea y el euro.

Juan María le aseguró a Merkel que una cifra en torno a los 50.000 millones sería suficiente. El préstamo final fue el doble de esa cantidad, pero fue muy inferior a los 260.000 millones que algunos economistas vaticinaban. Es interesante comprobar que Angela Merkel quisiera que un banquero de primera fila corroborara y apoyara lo que Luis de Guindos, entonces ministro de Economía, le estaba contando. Era su manera de llevar a cabo el double-checking o «doble verificación» antes de dar luz verde al «préstamo». Y la canciller expresó su preocupación por el déficit estructural subyacente en España, sobre todo en el sistema de los planes de pensiones. Ha transcurrido una década desde aquella «bola de partido» y otra parece amenazarnos de nuevo. La deuda española a un tipo de interés razonable depende, como siempre, de las compras del Banco Central Europeo. En un mercado abierto puro volveríamos a los tipos de interés del 14 por ciento que teníamos con la peseta. Y las ventas de BMW caerían a niveles anteriores al ingreso en la Unión Europea.

Capítulo 2.

LOS AÑOS DE ZAPATERO Y ALGUNAS MANZANAS PODRIDAS

«

E

n esta Champions League de las economías mundiales, España es la que más partidos gana, la que más goles marca y la menos goleada». Es increíble hasta qué punto el presidente José Luis Rodríguez Zapatero estaba ajeno a la realidad cuando pronunció estas palabras. Por supuesto, habría perdido las elecciones de no haber sido por los atentados terroristas islámicos de la estación de Atocha, en Madrid, que tuvieron lugar en la mañana del 11 de marzo de 2004, tres días antes de las elecciones, y por el torpe —y fallido— intento de Aznar de culpar a los terroristas de ETA, cuando él sabía que apoyar a George W. Bush en la guerra de Irak convertía a España en un probable objetivo de los islamistas. Si él y Rajoy (el nuevo candidato) se hubieran reunido con el opositor, Rodríguez Zapatero, y hubieran aplazado las elecciones, Mariano Rajoy podría haber ganado. En los atentados, al final, hubo 193 muertos y dos mil heridos. Aquella mañana, en Sanitas, tras comprobar que todos nuestros empleados estaban en sus puestos de trabajo, ofrecimos nuestros hospitales a los heridos. Pero los hospitales públicos se las arreglaron perfectamente sin necesidad de ayuda. Madrid se había convertido en la versión europea de los ataques contra el World Trade Center de Nueva York el 11 de septiembre de 2001. De hecho, aquella tarde yo recibí una llamada del CEO del consorcio de seguros y atención sanitaria Kaiser Permanente, animándonos y ofreciéndonos sus condolencias por los fallecidos.

Rodríguez Zapatero estaba entonces en la cresta de la ola. En mi opinión, su cénit fue el 8 de noviembre de 2007. Ese día, el IBEX 35 alcanzó los 15.946 puntos. Hoy es algo más que la mitad de esa cifra, aunque ya han pasado más de quince años. Por el contrario, el índice Dow Jones cayó un 50 por ciento en la crisis de 2008 y se fue recuperando en los cinco años siguientes. ¿A qué se debe este lamentable comportamiento del IBEX 35? En gran medida se debe a que los bancos y los servicios públicos tienen un gran peso. En los últimos quince años, la única firma que ha crecido mucho y rápido en el índice ha sido Inditex. Cualquier inversor del DAX 40 (el índice alemán), del CAC 40 (el índice francés) o del FTSE 100 (el índice británico) habría ganado dinero en este período de quince años. Y esta es, realmente, la luz roja de la economía española. Hay una ausencia total de grandes compañías tecnológicas y de empresas de crecimiento rápido en cualquier otro sector que puedan mover la aguja del IBEX 35 hacia arriba.

Cuando el desplome de 2008 llegó desde Estados Unidos a Europa, Rodríguez Zapatero pensó que España era inmune. Pensaba que, como las hipotecas subprime y otros productos financieros tóxicos estaban prohibidos en España, la economía no se vería afectada. Solbes, como ya se ha indicado, defendió esta tesis completamente errónea. En el segundo mandato de Zapatero el ministro fue sustituido por Elena Salgado. Se la recuerda bien porque veía «brotes verdes» por todas partes. Pero, por supuesto, solo estaba diciendo lo que Rodríguez Zapatero, su jefe, quería escuchar.

Como dijo Isaiah Berlin, «los hombres imbuidos de una visión global y pétrea no conocen las dudas y las angustias de aquellos que no pueden cerrar del todo los ojos a la realidad». Y el presidente Rodríguez Zapatero había cerrado completamente los ojos a la realidad. No le interesaba la economía; solo los proyectos de Memoria Histórica y la Alianza de Civilizaciones ocupaban su pensamiento. Su relación con el mundo de los negocios se establecía gracias a la intermediación de Emilio Botín y el Consejo Empresarial de la Competitividad (CEC). El CEC se fundó apresuradamente como respuesta a un estudio de Eduardo Serra para la Fundación Everis que se titulaba «Transforma España». Como patrono de la fundación, recuerdo bien que se lo trasladamos directamente al rey Juan Carlos, puenteando a la Moncloa. Eduardo Serra, hoy presidente de NTT Data (antigua Everis), era presidente del Consejo Asesor del Círculo de Empresarios durante mi mandato como presidente de la institución. Fue ministro de Defensa con dos gobiernos distintos, con Felipe González y con José María Aznar. También fue presidente de Airtel, que más adelante sería adquirida por Vodafone. Siempre me ha impresionado su prodigiosa memoria, que ejercitaba recitando poemas completos sin que se le pasara una coma. Evidentemente, esto le debió de resultar muy útil para aprobar la oposición a abogado del Estado. Y representa, como Josep Piqué, lo mejor del sector privado, haciendo un enorme sacrificio económico al trabajar para ayudar al gobierno a modernizar España. Desafortunadamente, la mayoría de los ministros que actualmente vemos en el gobierno de Sánchez nunca han tenido un trabajo real fuera de la política.

El CEC eclipsó al Círculo de Empresarios durante su breve existencia como lobby de diecisiete grandes compañías españolas, y fue la respuesta de Rodríguez Zapatero a la idea de «Transforma España». César Alierta, de Telefónica, fue el primer presidente. Presentaron un informe titulado «Fortalezas y perspectivas de la economía española», que defendía la fortaleza y la solidez de la posición española en los mercados internacionales, sobre todo en América Central y Sudamérica, y se refería a una serie de reformas necesarias —mencionadas por Merkel en su encuentro con Nin— para conseguir la confianza de los mercados. Quince años después y tras tres crisis —la quiebra de las cajas, el Covid y la inflación—, España vuelve a la casilla de salida en el tablero del Monopoly. Muy pocas cosas han cambiado en España mientras el mundo ha avanzado a un ritmo rapidísimo. En la actualidad, España es la única de las grandes economías que no ha recuperado el nivel del PIB anterior a la pandemia de Covid-19.

Junto con Alierta, el grupo promovido por el gobierno contaba con Emilio Botín (Banco Santander), Francisco González (BBVA), Isidro Fainé (La Caixa), Isidoro Álvarez (El Corte Inglés), Antoni Brufau (Repsol), Florentino Pérez (ACS), José Manuel Entrecanales (Acciona), Rafael del Pino (Ferrovial), Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), Pablo Isla (Inditex), José Manuel Martínez (Mapfre), José Manuel Lara (Planeta), Simón Pedro Barceló (Barceló), Juan Roig (Mercadona), Isak Andic (Mango) y Leopoldo Rodés (Havas e Instituto de Empresa Familiar).

El CEC, un verdadero ejemplo del capitalismo de amiguetes (crony capitalism), tuvo una corta vida: desde febrero de 2011 a enero de 2017. Al final, Alierta ya no era jefe de Telefónica y Emilio Botín y Leopoldo Rodés ya habían muerto. La gran contribución de la institución se produjo al principio, porque formaban un grupo de expertos o un think tank, exactamente igual que el Círculo de Empresarios, pero con los mejores y más destacados departamentos de estudios de España: los del Santander, el BBVA, La Caixa, Repsol y Telefónica.

Pero entonces Alierta organizó el Consejo Iberoamericano de la Productividad y la Competitividad, un nombre larguísimo que se inventó para que el presidente de México, Peña Nieto, se quedara contento. Y Emilio Botín utilizó el CEC para intentar que el gobierno indultara a Alfredo Sáenz, vicepresidente del Santander y su mano derecha, condenado en 2009 por delitos de acusación y denuncia falsa cometidos años atrás. Y casi todos los demás miembros pertenecían a sectores regulados por el gobierno, como los bancos y las fundaciones, las telecomunicaciones, el gas o la electricidad. También había ejecutivos del mundo de la construcción que dependían en gran medida de la obra pública. Si no era un capitalismo de amiguetes, era un capitalismo de conocidos entrañables. La supervivencia y el éxito dependían más de los favores que se hacían unos a otros que de la puesta en marcha de brillantes estrategias económicas y comerciales. ¿Cómo, si no, acabó el exduque de Palma con un buen trabajo y un estupendo sueldo de Telefónica en Washington? ¿Cuántos exministros acabaron en los consejos de administración de las empresas del CEC? Elena Salgado, por ejemplo, cuando dejó el gobierno, aceptó una oferta para ocupar un puesto en el consejo de administración de una filial de Endesa en Chile. La ley según la cual los cargos públicos debían mantener un período de «incompatibilidad» entre su servicio en el gobierno y un cargo en una empresa privada relacionada con su puesto público no se aplicó en este caso, puesto que era en Chile.

Existe una fabulosa fotografía de este período en la que se ve a José Luis Rodríguez Zapatero con Emilio Botín en la oficina del banquero en Boadilla del Monte, ambos en mangas de camisa. Poco después, el impuesto sobre el patrimonio, un impuesto obsoleto sobre la riqueza que prácticamente ha desaparecido en toda Europa, se bonificó al cien por cien por el gobierno, pero no fue suprimido. Zapatero explicó que Botín le había contado que los verdaderamente ricos utilizaban empresas estructuradas convenientemente para esquivar ese impuesto, que recaía finalmente y sobre todo en las clases medias altas. Este fue probablemente el único logro importante, aunque no muy duradero, de Zapatero en lo tocante a la política fiscal. Después, Pedro Sánchez ha restaurado ese impuesto a nivel nacional, pero con un cambio de nombre: «Impuesto de Solidaridad».

Tal vez ahora se vea más claro por qué el IBEX 35 vale poco más que la mitad de lo que valía hace quince años. Los inversores institucionales extranjeros, que son los grandes inversores del mercado, no tienen mucha fe en las empresas españolas y en su economía. Les preocupa, como le preocupaba a Angela Merkel, que sus inversiones dependan de la política caprichosa de un gobierno. Un país con una tasa de desempleo que duplica la media de la Unión Europea y con la tasa de desempleo juvenil más alta de la Comunidad no parece tener un futuro brillante. Un país que derrocha miles de millones cada año en un sistema de pensiones insostenible no parece el mejor lugar para invertir, cuando hay otros países en Europa con un ecosistema más favorable al libre mercado y a las empresas. Por otro lado, las reformas prometidas desde hace tanto tiempo nunca llegan. Y, de repente, el gobierno de 2022 ha creado impuestos extraordinarios sobre las empresas energéticas y los bancos.

Y si el CEC ha desaparecido, la fundación Transforma España de Eduardo Serra se escindió de la Fundación Everis y continúa activa. En mis años como presidente del Círculo, celebramos cuatro encuentros o «mesas de expertos» sobre demografía y longevidad, que se sintetizaron en un documento que se envió al gobierno y a las empresas. La generación que se encuentra entre los cincuenta y cinco y los setenta años tiene que liderar una revolución en España. Demasiadas compañías, y sobre todo los bancos, están prejubilando a sus empleados a edades que van desde los cincuenta y dos a los sesenta años. Todo su caudal intelectual y su experiencia se van a echar a perder. Nuestro documento conjunto se titulaba «El talento senior y el valor de la experiencia». Una de las razones por la que los bancos pueden jubilar a sus trabajadores a edades tan tempranas es porque los costes se imputan al capital del banco, una cifra enorme, y no a los beneficios de explotación. De modo que, en realidad, los costes están disfrazados.

Aunque el CEC surgió para oponerse o contrarrestar lo que surgiera de Transforma España, la realidad es que no hubo enfrentamientos ni malos modos entre los dos grupos. El CEC de diecisiete miembros era muy limitado y muchos directores ejecutivos querían participar también. Por el contrario, Transforma España era mucho más abierto y alrededor de sesenta de nosotros pudimos reunirnos con el rey. Y la reputación de Eduardo Serra como principal contacto con el gobierno permaneció intacta. De hecho, recuerdo una reunión en mi despacho de Sanitas en la que ocurrió lo siguiente: Eduardo recibió una llamada a su móvil y se excusó durante unos instantes. Cuando regresó, dijo que lo había llamado Emilio Botín porque había tenido un problema con su avión corporativo. Santander había comprado un Bombardier Global Express, un jet privado grande y preparado para largas distancias, y el ministro de Defensa, que controlaba la base aérea de Torrejón, donde hay aviones privados, lo había obligado a despegar y aterrizar en el aeropuerto de Barajas. Estaba muy enfadado por tener que despegar y aterrizar detrás de los grandes aviones comerciales.

Naturalmente, había llamado a Eduardo, exministro de Defensa. Torrejón es una antigua base aérea americana, hoy reconvertida para un uso mixto: los aviones de la Fuerza Aérea española y los aviones privados operan en ese aeropuerto. El Santander ha seguido renovando su flota de Bombardiers, ahora modelo 6000, pero ya hay un hangar para cincuenta aviones y una terminal privada en Barajas solo para grandes aviones privados. El Gulfstream G-650 es el competidor directo del Bombardier; lo utilizan Telefónica y el BBVA. Unos y otros vuelan a una velocidad cercana a Mach 1, la velocidad del sonido, y tienen una autonomía de doce horas. El famoso encuentro de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta venezolana, y José Luis Ábalos, ministro de Sánchez, tuvo lugar en esa terminal privada de Barajas. No se considera territorio Schengen, de modo que Delcy no infringió la ley hasta que pasó a la terminal regular. Aquella siniestra operación nunca llegó a clarificarse, como tampoco se ha clarificado el extraño apoyo que Zapatero proporciona a Maduro y la financiación que el partido Podemos recibió de esa dictadura.

Pero aparte de la aventura del CEC, el gobierno de Zapatero, en su último mandato, interfirió directamente en el sector de la banca privada. Si hoy en día la cuestión palpitante es que el gobierno hace y deshace en Indra —una empresa multinacional española de servicios de consultoría en transporte, defensa, energía, telecomunicaciones o servicios financieros— con solo el 28 por ciento de las acciones, mucho peor fue lo que hizo Miguel Sebastián, jefe de la Oficina Económica del gobierno de Zapatero, ayudando a un grupo de inversores privados a intentar tomar el control del BBVA, que ya no tiene ningún gran accionista de referencia. Francisco González, el presidente, se ha granjeado numerosos enemigos. Y la empresa está en boca de todos porque el banco contrató al comisario Villarejo —un expolicía reconvertido en empresario de investigaciones dudosas para diversas entidades públicas y privadas— y le pagó al menos 517.600 euros por espiar al denominado «grupo hostil», donde se encontraban Luis de Rivero, presidente de la empresa constructora Sacyr, un antiguo simpatizante del Partido Popular que se había vinculado después al PSOE. Junto a él, en ese «grupo hostil», estaban Juan Abelló, cuya fortuna estaba en Torreal, la empresa familiar, y Demetrio Carceller, cuya familia poseía la compañía cervecera Damm. Trabajando entre bambalinas estaba un amigo mío, Vicente Benedito, exempleado del BBVA, que había dirigido la sucursal de Brasil.

Un día, comiendo en Sanitas, Vicente puso sus tres teléfonos móviles en la mesa. Le pregunté para qué quería tantos móviles. Y me contestó: «Están pinchando nuestros teléfonos. Cada día utilizo uno distinto». Se refería a la dirección del BBVA. Ahora sabemos que la gente de Villarejo interceptó unas quince mil llamadas. Los flecos de este caso están en los tribunales mientras se redacta este libro (la Justicia española es lentísima). El caso es que el intento de obtener el control de menos del 4 por ciento de las acciones y controlar el banco fue anulado por el Banco de España. Pero fue un buen ejemplo —de cuatro meses— de cómo el gobierno mantenía extrañas relaciones con el sector privado para promover su agenda política. Después de todo, un banco del tamaño del BBVA puede proporcionar sustanciales fondos para desarrollar campañas electorales y abundantes puestos de trabajo para los colaboradores más leales del partido. Este lamentable caso de intromisión gubernamental en el mercado libre desgraciadamente es más habitual de lo que muchos suponen. Y es una de las razones por las que el IBEX ha perdido casi la mitad de su valor en los últimos tres lustros.

El BBVA es un caso típico de cómo dos importantes bancos vascos, el Banco de Bilbao y el Banco de Vizcaya, acabaron controlados por Francisco González, de Argentaria, un banco público constituido en 1991, en la época de Felipe González. Con el tiempo, el banco acabó privatizado, y cuando se fusionó con el BBV, Francisco González fue nombrado copresidente, con Emilio Ybarra. En el año 2000, mi amigo Pedro Luis Uriarte, el consejero delegado, negoció por 1.400 millones de dólares el control de Bancomer, de México. Hoy, los beneficios del banco proceden mayoritariamente de ese acuerdo. Y Pedro Luis Uriarte fue recompensado con una patada en el trasero, lo mismo que Emilio Ybarra, cuando Francisco González hizo movimientos para controlar el banco vasco. Gallego de Chantada (Lugo), Francisco González reveló que la entidad tenía una empresa controlada por el banco y oculta en el paraíso fiscal de Jersey. Había dinero escondido por si el banco tenía que pagar a ETA el llamado «impuesto revolucionario». No era, obviamente, un buen modelo de gobierno corporativo. Pero ¿cómo aplicar el código de buenas prácticas y ética empresarial de sir Adrian Cadbury en una región plagada de terroristas?*

Las buenas prácticas empresariales brillaron por su ausencia cuando FG (así se conocía a Francisco o Paco González) obtuvo el control de la entidad. La limitación de edad para presidir la entidad se fue ampliando a medida que él iba cumpliendo años. Y fue ajustando su sueldo al alza dejando casi inoperativa a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en favor del presidente. Mi amigo Jesús María Caínzos, que actualmente es presidente del Instituto de Consejeros y Administradores (ICA), también recibió una patada en el trasero cuando protestó. Cercano al gobierno socialista, Caínzos era vicepresidente de la entidad bancaria en aquel momento: procedía del consejo de administración de Argentaria después de una dilatada carrera en Janssen, parte de Johnson & Johnson.

Con los turbios manejos del Caso Villarejo y la probable implicación de FG, el actual presidente Carlos Torres está en la cuerda floja. Y la torpe adquisición de un banco turco no ha hecho más que complicar las perspectivas de los resultados de la entidad. Pero de la época de FG ya queda muy poco: incluso se vendió el jet Gulfstream G-650 en 2020. Se fue a Estados Unidos; ya no había compradores en España.

Pero el caso que más perjudicó la credibilidad empresarial durante la época de Rodríguez Zapatero fue el ascenso y caída de Gerardo Díaz Ferrán. Este era el presidente de la agencia de viajes Marsans, y propietario junto a su socio Gonzalo Pascual. Había sustituido en 2007 a José María Cuevas, que había sido presidente de la CEOE durante veintitrés años, una eternidad. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) se fundó en 1977, al mismo tiempo que el Círculo de Empresarios. Después de que se jubilara Carlos Ferrer Salat, un gran emprendedor e impulsor de los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, Cuevas dirigió la organización más representativa del empresariado español. Al contrario de lo que ocurre en Estados Unidos, donde la Business Roundtable es el grupo de presión más influyente de los líderes empresariales, en Europa existe la tradición de mantener un organismo que negocia los acuerdos laborales con los sindicatos y los gobiernos. Cuevas siempre decía: «Si no has llegado a un acuerdo, hay que seguir negociando». Y buena parte de las relaciones laborales y empresariales existentes hoy se negociaron durante su mandato de veintitrés años. Hoy, en la «era Sánchez», hay poca negociación y mucha imposición gubernamental, con la ministra de Trabajo, de ideología comunista, que también es vicepresidenta del gobierno. Ha entrado en el gobierno de coalición con los socialistas gracias a Podemos.

Cuevas era un hombre bajito, que se sentaba en un cojín para conducir, y parecía alejado del común de los mortales. Pero, aunque nunca dirigió un gran negocio, se las arregló para ser presidente de la organización empresarial más importante de España. Cuando se planteó la sucesión, se pensó que sería importante elegir a un verdadero empresario. Y Gerardo Díaz Ferrán, que empezó con una diminuta empresa de transportes, fue la primera opción. Yo estuve con él en un almuerzo de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) justo después de que fuera nombrado presidente de la CEOE. Era como un pavo real que acababa de abrir su abanico de plumas y hablaba de su visita al sastre, que le estaba haciendo un frac, algo que al parecer iba a ser una necesidad imperiosa. Su presidencia se extendió desde junio de 2007 hasta diciembre de 2010. En diciembre de 2012 ya estaba en la cárcel de Soto del Real por alzamiento de bienes; le impusieron una fianza de diez millones de euros que no pudo pagar. Marsans fue liquidada y sus proveedores nunca recuperaron su dinero. Y todos sus empleados se quedaron sin trabajo. Más adelante fue también sentenciado a cuatro años y medio de cárcel y a una multa de 1,2 millones de euros. Pero como siempre ocurre en España, el dinero que le saqueó a la empresa nunca se devolvió. Y, obviamente, parece que nunca necesitó su frac en Soto del Real.

Volviendo a esa imagen de los «empresarios fumando puros» que recientemente mencionó el presidente Sánchez, y a los manuales que menosprecian la contribución del sector empresarial a la sociedad, buena parte del daño lo hicieron personajes como Díaz Ferrán desde su puesto como presidente de todas las organizaciones empresariales. Si hay alguna figura empresarial que tiene la obligación de ser ética y un modelo para la sociedad, esa debe ser la del presidente de la CEOE.

Nadie espera que los líderes empresariales sean hermanitas de la caridad. Y siempre aparecerá un Díaz Ferrán de vez en cuando. Pero que un personaje como este sea capaz de escalar hasta la cúspide de la CEOE dice mucho de las organizaciones empresariales españolas y del poco sentido común de aquellos que están en disposición de proporcionar modelos de actuación para la sociedad. Y esto guarda relación con una de las principales debilidades de España: ocurre que se trata de una sociedad que cada vez deposita más su fe en que el gobierno resuelva sus problemas. La palabra «ética» no significa lo mismo en el Reino Unido o en los países nórdicos e incluso en Alemania, Austria o Suiza. Como dijo Enrique Mújica, ministro de Justicia entre 1988 y 1991: «España era un país de tercera; lo hemos hecho de segunda, pero no podemos hacerlo de primera».

* Sir Adrian Cadbury fue un empresario británico, presidente del Grupo Cadbury durante veinticuatro años. En 1992 presidió el comité que elaboró un informe pionero sobre la reforma del gobierno corporativo y un código de buenas prácticas.

Capítulo 3.

¿POR QUÉ PROSPERAN O FRACASAN LOS PAÍSES?

James Robinson y Daron Acemoglu, en su libro Por qué fracasan los países (Why nations fail: The origins of Power, Prosperity and Poverty, 2012), dicen claramente: «El éxito económico de los países difiere debido a las diferencias en sus instituciones, a las reglas que influyen en cómo funciona la economía y los incentivos que motivan a las personas». Y Ray Dalio, que dirige el fondo de inversiones Bridgewater, uno de los inversores más exitosos de Estados Unidos, se ha concentrado últimamente en el estudio de la historia mundial y también examina por qué las naciones prosperan o fracasan. The Changing World Order (Principios para enfrentarse al nuevo orden mundial) es el título de su último libro, de 2021. Dalio resume las claves del éxito y el fracaso en ocho elementos fundamentales. España es débil en siete de los ocho elementos, que son los siguientes.

1. Competitividad en costes

2. Mercados y centros financieros

3. Fuerza militar

4. Rendimiento económico

5. Educación

6. Innovación y tecnología

7. Comercio

El punto número 8 (moneda de reserva) no se puede aplicar a España, porque el país no controla el euro. Hay otros indicadores de fuerza en los que España también muestra sus debilidades. Uno, en particular, es el relativo al carácter, la determinación y el civismo, donde China e India marcan los niveles más altos y España y Francia, los más bajos. Estos indicadores señalan hasta qué punto las actitudes de los ciudadanos de un país crean un entorno favorable de civismo y trabajo. Su análisis asegura que «España está en una posición desfavorable en sus ciclos económicos y financieros, con una carga de deuda muy elevada y unas expectativas de crecimiento real muy bajas para los próximos diez años (de un cero por ciento anual) […]. La deuda española está mayoritariamente en euros, lo cual aumenta los riesgos de la deuda, ya que España no controla directamente la moneda».

Y el punto débil determinante, el que coloca a España en esta peligrosa situación, es su «posición económica y financiera desfavorable [...], una dotación de mano de obra y capital lamentable en comparación con otros países, su irrelevancia en el comercio mundial y su incomprensión de lo que significa la innovación y la tecnología».

Mi forma favorita de analizar una economía es con un indicador clave: los costes laborales estimados por hora. ¿Por qué un trabajador danés cuesta 45 euros/hora mientras que un trabajador español solo cuesta 22 euros? (Eurostat 2009). Obviamente, el trabajador danés está añadiendo valor a sus horas de trabajo, en general debido a un componente tecnológico. Un albañil o un camarero de un restaurante produce poco valor añadido.

Así pues, la siguiente cuestión es por qué España no está dedicando más talento y recursos a la educación y a la formación profesional (solo el 28 por ciento actualmente, por debajo de la media de la OCDE, que alcanza el 32 por ciento). ¿Y por qué la mayor parte de la formación profesional se concentra en los trabajos peor remunerados? Con la tasa de desempleo juvenil más alta de Europa y con un montón de empresas incapaces de encontrar talento para trabajos tecnológicos, ¿qué está haciendo el gobierno? Es una tragedia que España esté perdiendo el poco talento tecnológico joven que tiene porque se van a otros países. Cuando mencioné esto en mi cuenta de Twitter, el primer comentarista dijo que tenía un trabajo en Barcelona utilizando blockchain, pero que luego prefirió irse a Irlanda porque los sueldos son cuatro veces los de aquí.

Cuando preguntamos qué está haciendo el gobierno, por supuesto, la cuestión que se plantea inmediatamente es: «¿Qué gobierno?». Porque la educación actualmente está en manos de diecisiete comunidades autónomas más Ceuta y Melilla, dos ciudades autónomas. Y esto nos conduce a la siguiente pregunta: «¿Por qué Cataluña no enseña ni el 25 por ciento de las materias en español y no cumple las resoluciones de los tribunales?». Y esto nos lleva a otra cuestión: «¿Por qué cada nuevo gobierno nacional modifica el sistema educativo?». ¿No debería permanecer inalterable al menos durante una generación? Y luego hay una cuestión que yo, como estudiante de historia, me planteo: «¿Por qué la historia de España, en la ESO, solo se enseña desde 1812?». Un profesor de historia contestó a mi pregunta: «Eso sí que ha sido una mejoría, porque ahora podemos acabar el libro». Este parece ser, desgraciadamente, el objetivo del sistema educativo español: «Acabar el libro». Un amigo mío, Jesús Prieto, ingeniero, que estudió en el sistema universitario de Madrid y en la universidad pública de Atlanta, Georgia Tech, me explicaba la diferencia entre las dos universidades y entre los dos sistemas educativos. En España se trataba de «acabar el libro» y en Estados Unidos se trata de «hacer más prácticas». Jesús es uno de esos raros españoles que han creado una empresa desde cero, CT Engineering, porque los impedimentos burocráticos para crear una empresa en España son legendarios.

En todas las encuestas que realizamos desde el Círculo de Empresarios, la educación resultaba ser siempre la preocupación más importante de la comunidad empresarial. En Europa hay ejemplos de cómo se puede mejorar el sistema educativo. En Finlandia, los profesores son respetados y están bien pagados. Se mantenían en contacto permanente con sus estudiantes vía internet bastante antes de que el streaming o la emisión en directo mediante aplicaciones web se convirtiera en algo obligatorio debido a la pandemia. Y en Alemania, sus prestigiosos institutos tecnológicos atraen prácticamente a la mitad de los estudiantes, y la otra mitad va a las universidades. En España, la formación profesional va contra la mentalidad de la gran mayoría de los padres, que quieren que sus hijos vayan a la universidad, aunque resulte evidente que no habrá ofertas de trabajo para cuando acaben sus estudios. Y, en todos los casos, buena parte del problema es que los profesores universitarios tienen una opinión negativa del mundo empresarial o, en el mejor de los casos, prefieren ignorarlo.

Como dijo el filósofo Fernando Savater, «las medidas francamente izquierdistas suelen ser poco útiles para remediar los problemas económicos de las democracias, aunque excelentes para causarlos» (The Objective, 2022). Y fue precisamente en la universidad donde surgió el partido político de izquierda radical Podemos. Todo el mundo sueña con el ecosistema empresarial de Silicon Valley. Hoy es Málaga, y otro día será Barcelona o Madrid, pero todas estas ciudades carecen de la gran universidad californiana, Stanford, subvencionada con dinero de la administración para desarrollar estudios especiales y rodeada no solo de encinas, sino de muchas empresas de capital riesgo que se alinean en Sand Hill Road, en Menlo Park. Mi primer trabajo cuando salí del MBA de Columbia fue una consultoría de estrategia en Boston Consulting Group, en Sand Hill Road. La ventana de mi oficina daba a una colina donde pastaban las vacas y donde se emplazaba el SLAC (Stanford Linear Accelerator Center, Centro del Acelerador Lineal de Stanford). Y esto fue antes de que se acuñara el término «Silicon Valley». Era una ventana al mundo que se avecinaba.

José Luis Rodríguez Zapatero pensaba que España, con tantas horas de sol, podría ser un líder mundial en energía solar. Pero, como advirtió Savater, la izquierda a veces propone remedios que causan más problemas económicos que soluciones. Nada resulta más ilustrativo de esta verdad que el programa solar de Zapatero. Cogió una ley de los últimos tiempos de Aznar y desarrolló un programa con grandes incentivos gubernamentales para hacer de España un actor de primer nivel en Europa en lo tocante a energía solar.

En 2008, con la crisis financiera colapsando las economías de todo el mundo, España se las arregló para instalar paneles de energía solar que alcanzaban los tres gigavatios (GWp), más que Alemania. Curiosamente, Alemania, con solo el 60 por ciento de la luz solar que tiene España, es el líder europeo en este tipo de energía. Han desarrollado bien su programa y se han mantenido las subvenciones. Zapatero, mediante el ICO, dio préstamos que alcanzaban el 20 por ciento del coste de una instalación. Suponiendo una vida útil de cuarenta años, una «granja solar» podría amortizarse en quince años, dejando otros veinticinco años de beneficios netos. Todos aquellos que tuvieran un terreno baldío vieron el cielo abierto, como mi amigo Rafael Benjumea, de los Benjumea de Sevilla, que preparó un proyecto de inversión familiar con un rendimiento que, según sus cálculos, sería muy superior a cualquier otra inversión de bajo riesgo. Como él, cientos de personas se sumaron a la estampida de la energía solar. Isofotón, una empresa de Málaga que fabricaba paneles solares, era la niña bonita de la comunidad inversora.

Pero en 2010, el PSOE aprobó una ley que reducía a veinticinco años la subvención especial del Estado. Como toda la ecuación económica estaba basada en un plazo de cuarenta años, aquello fue una medida retroactiva que los que habían creado granjas solares no habían contemplado. En los cuatro años siguientes a 2008, el total de paneles fotovoltaicos instalados fueron solo un tercio de los que se instalaron en ese año excepcional, en el que España adelantó a Alemania. Era la «Champions League» de la que hablaba Zapatero. Y cuando Rajoy empezó a gobernar, hizo aún más recortes retroactivos. Todo esto ha representado un gran negocio para los bufetes de abogados, que han llevado estos casos a los distintos tribunales internacionales, como el CIADI (Centro Internacional de Arbitraje en Diferencias relativas a Inversiones) del Banco Mundial, la Cámara de Comercio de Estocolmo o el UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law, Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional). No será necesario advertir que el gobierno de España es la institución estatal con más litigios del mundo en esos organismos. Muchos inversores americanos se pusieron furiosos y, si hay un ámbito en el que Estados Unidos es líder mundial, ese es el de los litigios. Algunos de esos casos se han dirimido en tribunales de arbitraje. El total demandado por los afectados de esas leyes retroactivas fue de 7.378 millones de euros según la última estimación. Un desastre absoluto. Y otro ejemplo clásico de falta de seguridad jurídica.

En los últimos años de Rodríguez Zapatero se produjo un brusco declive de la economía española tras quince años de crecimiento sin precedentes, probablemente los mejores quince años de la historia de España desde el siglo xvi. Y con Zapatero también cayó un gobierno idealista que los historiadores recordarán por sus avances sociales y, concretamente, por legalizar el matrimonio homosexual. España fue uno de los primeros países de Europa y del mundo en adoptar este avance social. Imagínese, por un momento, que Zapatero hubiera lanzado el programa de energía solar con un paquete de estímulos adecuados. ¿Por qué todo acabó fatal, con mil demandas y con una «burbuja» solar a punto de estallar? Porque como recalca Ray Dalio, España es un país institucionalmente débil. No es otra Alemania.

España debería ser un líder europeo en energía solar. Tiene sol y tiene tierras disponibles. De hecho, después de Francia, España es el país más grande de la Unión Europea. El hecho de que Alemania haya conseguido ser el líder mundial y europeo en esta energía limpia solo puede atribuirse a un programa a largo plazo y bien diseñado. Una de las grandes fortalezas de Alemania, y de las que aún carece España, es su capacidad para hacer gobiernos de coalición estables y eficaces donde partidos de diferentes ideologías trabajan conjuntamente para lograr los objetivos económicos del país. Zapatero inauguró el actual declive de las instituciones españolas y de su economía. Se concentró en su Alianza de Civilizaciones, en la Memoria Histórica y en el Estatut de Catalunya, y eso fue una pérdida de energía y de fondos gubernamentales, aparte de avivar el fuego del movimiento independentista catalán. Sus esfuerzos por desarrollar un proyecto de energía solar acabaron en un completo desastre.

Las grandes compañías energéticas de España, como Iberdrola, Naturgy y Endesa, se han concentrado en el gas natural, que hoy, a los precios actuales, ha resultado ser una opción equivocada en la planificación a largo plazo. Pero, en todo caso, la estrecha relación entre los gobiernos en el poder y las compañías de servicios regulados ha propiciado que las facturas del gas y la electricidad solo las puedan comprender ingenieros especializados. Las subvenciones para energías renovables se han ocultado durante años en el cálculo de las tarifas y es el consumidor el que sufre las consecuencias.

Por supuesto, la política energética de Alemania cometió un gran fallo. El país fio el suministro íntegro de gas natural únicamente a una sola fuente: Rusia. Había en ese caso también una relación de amiguetes, porque el excanciller alemán Gerhard Schröder, cuando dejó el puesto en 2005, se vinculó a varias compañías energéticas estatales rusas, entre ellas, Nord Stream AG, Rosneft y Gazprom. La historia acabó de mala manera en febrero de 2022, cuando Rusia decidió invadir Ucrania y el fiscal general del Estado inició procedimientos contra él por su complicidad con Putin y su papel en las compañías energéticas de propiedad estatal.

Y Angela Merkel, admirada por su austeridad y su buena relación con Putin, porque ambos vivieron en la Alemania Oriental controlada por la Unión Soviética, de repente se encontró comparada con Neville Chamberlain y su comportamiento se asimiló al del «apaciguamiento» con Hitler. Los primeros ministros españoles —presidentes, en la terminología oficial— podrían haber tomado nota de cómo la canciller alemana hacía la compra familiar o cogía vuelos comerciales para ir a las Islas Canarias en vacaciones. Las excusas de Pedro Sánchez, que coge un helicóptero Super Puma para volar a la base de la Fuerza Aérea en Torrejón y subirse luego a un Falcon o un Airbus, contrastan notablemente con la actitud de Merkel. La dignataria alemana también vivía en su piso de siempre e iba a su trabajo todas las mañanas como la mayoría de sus votantes. ¿Por qué los presidentes españoles tienen que trasladarse siempre al Palacio de la Moncloa? Por razones de seguridad, suele ser la respuesta. Pero la seguridad de Merkel, dado que se trata de una importante figura internacional, era compatible con una vida común fuera de su cargo. Curiosamente, tanto José María Aznar como Mariano Rajoy —ambos del Partido Popular— iban a casas alquiladas o a sus pisos particulares durante las vacaciones de verano. Fueron los socialistas, empezando por Felipe González, los que utilizaron palacios estatales. Y para su descrédito, Felipe González llegó a utilizar el yate de Franco, el Azor, en 1985.

Rodríguez Zapatero abandonó la escena política después de perder las elecciones del 20 de noviembre de 2011 frente a Mariano Rajoy. A mediados de 2017, España se había recuperado más o menos de una dura recesión. Pero la recuperación remitía solo al crecimiento del PIB. El desempleo, sin embargo, alcanzaba el 19 por ciento después de haber llegado a un 27 por ciento en su pico de 2013. El desempleo es hoy el doble de la media de la Unión Europea y, por regla general, suele estar incluso por encima del de Grecia. Siempre se habla de razones «estructurales» para explicar estas enormes tasas de desempleo. Desde luego, la economía española depende en gran medida del turismo y la construcción, demasiado para resistir con fortaleza cuando llegan los malos tiempos. La productividad solo aumenta si no se incrementan los salarios, y no gracias a los avances tecnológicos. Así pues, fue a través de la austeridad y la rebaja en los salarios como España salió de la sima de la recesión de 2008. Por supuesto, esta situación solo fomenta desigualdades cada vez mayores y un estrangulamiento de la clase media. Se trata de un fenómeno que no solo se limita a España, tal y como ha revelado la elección de Donald Trump en Estados Unidos.

Pero el presidente Rodríguez Zapatero también dejó huella con una serie de promesas que hizo con el fin de ganar las elecciones de 2008 y lograr un segundo mandato. Planeó algunas deducciones impositivas especiales con la idea de incrementar el consumo. Semejante idea no produjo resultados positivos. Luego se le ocurrió recompensar con 2.500 euros a cada familia que tuviera un hijo. Y, una vez más, no hubo resultados. España tiene una de las tasas de natalidad más bajas del mundo. Las familias españolas hicieron un cálculo rápido y 2.500 euros era una compensación ridícula comparada con los gastos que afrontaban al tener un hijo. Luego se le ocurrió el Plan Prever para aumentar la venta de coches, así como el desgraciado Plan E, que asignó 23.000 millones de euros a obras públicas. Se suponía que aquello provocaría un multiplicador «efecto keynesiano» en la economía. Ninguno de estos planes tuvo un efecto duradero una vez que se gastó el dinero. El legado de Rodríguez Zapatero incluye su apelativo, Bambi (por la ingenuidad de sus propuestas), la legalización del matrimonio homosexual y el movimiento de Memoria Histórica. Pedro Sánchez ha recuperado este último plan con un nuevo nombre: Memoria Democrática. Si a todo esto añadimos los dos años perdidos en los que negó que hubiera ninguna crisis, se comprenderá que muchos piensen que el de Zapatero fue el peor gobierno de la España democrática. Pero, oh sorpresa, el presidente Sánchez lo ha superado con su gobierno de coalición con Podemos.

La verdadera tragedia del débil liderazgo de la era Zapatero es que no se puso en marcha ninguna de las reformas necesarias para impulsar la economía española y su competitividad dentro de la Unión Europea. Bien al contrario, como puede verse claramente hoy con Pedro Sánchez, el dinero se gasta en programas sociales y se malgasta en planes que no producen resultados duraderos.

Volviendo al trabajo de Ray Dalio, estas palabras resultan hoy especialmente relevantes: «Para resumir, por lo que toca al aumento de productividad que promueve un aumento de la riqueza y mejores niveles de vida, hay ciclos que generan períodos prósperos de desarrollo, en los que un país es fuerte porque hay niveles relativamente bajos de endeudamiento, porque existen brechas relativamente pequeñas en los ámbitos de la riqueza, de la renta y de las políticas, porque hay personas que trabajan conjunta y eficazmente para generar prosperidad, porque hay una buena educación e infraestructuras, un liderazgo fuerte y capaz, y un orden mundial pacífico ordenado por una o más potencias mundiales dominantes».

Los años del presidente Rodríguez Zapatero marcan el final de este círculo virtuoso y el principio de unos altos niveles de endeudamiento (del 40 por ciento del PIB con José María Aznar al 115 por ciento actual con Pedro Sánchez), aumentando las brechas económicas (el 10 por ciento de la población posee el 34 por ciento de la riqueza), propiciando más batallas políticas entre la izquierda y la derecha (incluidos los nuevos partidos radicales) y un discurso político que emplea más tiempo en revivir el pasado con una «memoria histórica» distorsionada que en preparar unos Presupuestos equilibrados.

Como nación, nunca nos hemos recuperado completamente de la crisis de 2008 y de la burbuja inmobiliaria. Aunque Lehman Brothers no hubiera sido liquidada, España habría sufrido enormemente cuando estalló la burbuja inmobiliaria. Después llegó el rescate de las cajas de ahorro de 2012, seguido de la pandemia de Covid de 2019 y la crisis inflacionaria actual, provocada por el Banco Central Europeo, que lleva demasiados años imprimiendo dinero a tasas de interés negativas o a nivel cero, una crisis exacerbada por la invasión rusa de Ucrania. Actualmente nos encontramos en lo que Dalio denomina «la típica combinación tóxica». En sus propias palabras, «una combinación tóxica característica de elementos que provocan conflictos internos clásicos: 1) un país y un pueblo […] con una financiación deficiente (por ejemplo, con un gran endeudamiento y otras muchas exigencias económicas); 2) una gran brecha de renta, riqueza y precios […]; y 3) un severo impacto negativo en la economía».

Ray Dalio es también un importante inversor macroeconómico. El hecho de que su empresa, Bridgewater Associates, que él mismo fundó en 1975, sea en la actualidad el mayor hedge fund del mundo, y que Dalio haya amasado una fortuna de 22.000 millones de dólares, significa que su análisis ha resultado ser cierto y que su teoría funciona. No es un economista académico, pero ha investigado profundamente los aspectos que hacen que un país sea fuerte.

Resulta descorazonador ver que, en su clasificación, España es un país que muestra debilidades en todos los elementos decisivos. Estados Unidos ocupa el primer lugar, China es el segundo, la Eurozona es el tercero y Alemania está en cuarto lugar. Un objetivo realista para España debería ser competir con Alemania, la locomotora de Europa. Actualmente, tanto Estados Unidos como Europa están intentando atraer inversiones en semiconductores. El chip informático es clave, por ejemplo, para la industria automovilística, y España cuenta actualmente con 12.000 millones de euros para invertir gracias a la Unión Europea. Pero la mayoría de los microprocesadores se fabrican en Taiwán y Corea del Sur. Alemania, como tiene un ecosistema donde se precisan muchos microprocesadores, es el mercado más atractivo de Europa, seguido de Francia. España está teniendo dificultades para atraer inversiones. Este es solo un ejemplo de la importancia de desarrollar un «ecosistema» fuerte con las nuevas tecnologías. Pero España tiene una cantidad muy pequeña de solicitudes de patentes globales en el campo de la innovación y la tecnología (menos de un 1 por ciento), un pobrísimo gasto en I+D (solo un 1 por ciento) y solo un 1 por ciento de los investigadores globales están en España. Por ejemplo, en la investigación para encontrar una vacuna para el Covid, España finalmente cuenta con una vacuna aprobada, ensayada por la farmacéutica Hipra, y el gobierno ha aprobado apenas quince millones de euros para su desarrollo. Esta cifra contrasta con los 10.500 millones de euros con los que el gobierno de Estados Unidos regó a las empresas que investigaban las vacunas. El ARNm (ARN mensajero) que utilizaron Moderna y Pfizer (vía BioNTech en Alemania) fue desarrollado inicialmente en los laboratorios del Instituto Nacional de Salud estadounidense (National Institute of Health, NIH) y en laboratorios con proyectos financiados por el gobierno federal, tales como los de la Universidad de Pensilvania, donde Drew Weissman y Katalin Karikó descubrieron cómo modificar el ARN. El problema era modificar los elementos del ácido ribonucleico de modo que «el mensajero» pudiera salvar y esquivar el sistema inmunológico humano.

Pedro Duque, que en ese momento era ministro de Ciencia e Innovación en España, comentaba orgullosamente la reacción de su ministerio ante la pandemia de Covid: «Se pusieron otros 25 millones para preparar de forma rápida las capacidades empresariales e industriales de fabricación de vacunas». Una insignificante gota de agua en el océano de las inversiones internacionales. Y en el departamento de Medicina del CSIC, que podría ser la versión española del NIH estadounidense, hubo quejas de que no se contaba con suficientes fondos para testar las vacunas en monos.

Compárese esta situación con BioNTech, en Alemania, donde 1.300 personas de sesenta países diferentes estaban trabajando en desarrollar medicina y tecnología para poner en marcha inmunoterapias individualizadas contra el cáncer. Ninguna ha alcanzado todavía la etapa de aprobación, pero Ugura Sahin y su mujer Özlem Türeci, ambos turcos, emprendieron una labor ultrarrápida y desarrollaron una vacuna eficaz contra el Covid en el plazo de un año, frente a los ocho o diez años que habitualmente tarda en confeccionarse una medicina de este tipo. Ahora, Sahin, con el 18 por ciento de las acciones de BioNTech, es una de las personas más ricas de Alemania, pero aún sigue dando clases en la Universidad de Mainz, donde acude pedaleando en su bicicleta. Y, a modo de apunte macroeconómico, BioNTech, solo en 2021, ha representado el 0,5 del 4 por ciento del crecimiento del PIB de Alemania. Es un caso extraordinario en el que una empresa particular tiene una relevancia macroeconómica. No vale la pena molestarse en buscar nada parecido en España. Menos, en algo dirigido por una pareja turca. Y, desde luego, no en el sector farmacéutico, aunque este posee el 24 por ciento de la alta tecnología del país. Grifols, la firma española más grande del sector, tuvo unas ventas aproximadas de seis mil millones de euros en los últimos años. BioNTech alcanzó los 19.000 millones partiendo de la nada. Y para rematarlo, una demanda colectiva en Estados Unidos contra Grifols ha hundido sus acciones sustancialmente en 2022.

Capítulo 4.

EL COLAPSO DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA: 2008-2013

El hundimiento de la economía española en el período 2008-2013 fue notable; exactamente, perdió 8,5 puntos del PIB. Y, una vez más, España cayó más que la media europea. Rodríguez Zapatero acabó arrojando la toalla y convocó elecciones para el 20 de noviembre de 2011. Fue una fecha cuidadosamente elegida, porque el 20 de noviembre se conmemoran los fallecimientos de Franco y de José Antonio Primo de Rivera, cuyas tumbas eran el centro del santuario del Valle de los Caídos hasta que el gobierno de Pedro Sánchez hizo trasladar los restos del dictador a un mausoleo común. Para José Luis Rodríguez Zapatero, que fue totalmente incapaz de ofrecer soluciones en el ámbito económico, era una manera de remarcar su programa de la Memoria Histórica y avivar las ascuas de la Guerra Civil que se habían enterrado cuidadosamente durante la Transición.

El Partido Popular de Mariano Rajoy obtuvo una mayoría absoluta en el Congreso y afrontó, desde diciembre de 2011, probablemente el momento más difícil de la economía española desde la bancarrota de la nación bajo Felipe II en el siglo xvi. El nuevo gobierno emprendió un ambicioso plan de veinticinco medidas que pretendía dar una serie de pasos importantes a la hora de cerrar la brecha con Alemania y otros países del norte de Europa que habían capeado el temporal con más disciplina fiscal que los PIGS.

Una de las medidas más llamativas, en opinión de la mayoría de los líderes empresariales, consistía en modernizar el sistema de vacaciones, eliminando los «puentes». Excepto en el caso de las fiestas importantes, el resto de las fechas se trasladarían a los lunes, como ocurre en otros muchos países, incluido Estados Unidos y el Reino Unido. La productividad aumentaría automáticamente. Por supuesto, una de las partes más importantes de esta idea sería eliminar las festividades especiales que tiene cada comunidad autónoma. El día de Santiago, por ejemplo, siempre es fiesta en Galicia. En 2022 también fue fiesta en cuatro de las diecisiete comunidades autónomas. Y luego, para rematar el caso, cada autonomía tiene su fiesta particular: en Madrid es el 2 de mayo, un día después del Primero de Mayo, el Día del Trabajo, que es una fiesta de la Unión Europea. En cualquier caso, esta medida nunca llegó a adoptarse, como casi ninguna de las otras veinticinco.

Esa iniciativa habría homologado a España con Alemania, donde se combinan las fiestas regionales con las nacionales. Pero allí no hay diecisiete fiestas regionales diferentes. En la Bolsa española es probablemente el único lugar en el que hay actividad siempre, salvo durante las fiestas estipuladas por la Unión Europea. La revisión del calendario laboral, naturalmente, no es tan importante como la unión fiscal, pero tiene un fuerte peso simbólico. Acabaría con el estigma que presenta a España como el representante de la «siesta» del sur de Europa, carente de ética laboral. No olvidemos que en el análisis de Ray Dalio, los países europeos (sobre todo España y Francia) tienen el índice más bajo en carácter, determinación y civismo. Esto hace referencia concretamente a un ambiente que fomenta el civismo y el trabajo duro, que son los sustentos del crecimiento y el progreso.

Max Weber planteó su teoría sobre la diferencia entre los católicos y los protestantes. En sus propias palabras, «lo propio y específico de la Reforma, en contraste con la concepción católica, es haber acentuado el matiz ético, aumentado la primacía religiosa concedida al trabajo en el mundo, racionalizado en profesión». O, en palabras de Martin Offenbacher: «Comer bien o dormir tranquilo, dice el refrán; pues bien, en tal caso, el protestante opta por comer bien, mientras el católico prefiere dormir tranquilamente».

Y Mariano Rajoy Brey, presidente en esos momentos de desgracia económica, era claramente una persona que prefería «dormir tranquilamente», aun cuando afrontaba la tremenda tarea de intentar sacar a flote a una España que se hundía. Tenía un carácter anodino, unos intereses bastante limitados, y su estrategia fue siempre esperar y ver, antes de tomar una decisión clave. Al parecer, su lectura diaria era la prensa deportiva. Pero quizá España necesitaba un presidente aburrido, después de los fuegos artificiales de un Rodríguez Zapatero empeñado en su Memoria Histórica. En una breve autobiografía que escribió Rajoy, titulada En confianza, explicaba su comportamiento habitual, taciturno y tranquilo: «A veces, la frivolidad con la que se habla y se escribe de cosas que no se conocen suficientemente es un tanto pasmosa. Ya dijo Azaña que, si en España solo pudiéramos hablar de lo que se sabe, el silencio sería clamoroso».

Uno de los miembros clave del equipo de Rajoy fue Luis de Guindos. Se le nombró ministro de Economía y Competitividad. Recuerdo bien una reunión del consejo de Bankinter, en diciembre de 2011, justo después de la victoria de Rajoy: había rumores de que Luis iba a ocupar el puesto clave para arreglar la economía. En aquel momento Pedro Guerrero era presidente de Bankinter; había sustituido a Juan Arena, que había pasado gran parte de su vida laboral dirigiendo el banco junto a Jaime Botín, el principal accionista. Además, Pedro había sido uno de los socios de AB Asesores, donde también figuraba Luis de Guindos. Pedro llamó a Luis por teléfono y luego se dirigió a todos los que estábamos con él: «No me ha dicho nada, así que supongo que lo nombrarán ministro».

El clan de AB Asesores se ha convertido en una cantera de figuras clave en el panorama económico español. Los tres fundadores fueron Pedro Guerrero, Ignacio Garralda y Salvador García-Atance. Y la empresa de gestión financiera, cuyas oficinas yo podía ver desde la ventana de mi despacho de Sanitas en la calle Serrano de Madrid, fue comprada por Morgan Stanley por alrededor de 300 millones de euros. Pedro se ha convertido en presidente no ejecutivo de Bankinter después de ser presidente ejecutivo. Ignacio Garralda ha transformado Mutua Madrileña, la gran compañía de seguros, desde su puesto de presidente; y Salvador García-Atance preside Alantra, una «boutique» española de M&A (mergers and acquisitions, fusiones y compra de empresas). Pero el miembro más famoso de la firma era Luis de Guindos, actualmente vicepresidente del Banco Central Europeo.

Una de las paradojas de su nombramiento como ministro de Economía fue que había sido, anteriormente, presidente de Lehman Brothers, cuando la empresa se declaró en quiebra en septiembre de 2008. Junto con la designación de Mario Draghi (exdirector del Banco Mundial y exejecutivo de Goldman Sachs) como presidente del Banco Central Europeo, dio toda la impresión de que los responsables de la crisis financiera mundial estuvieran siendo recompensados. La réplica, por supuesto, era que conocían bien el territorio que pisaban. Y Luis hizo un excelente trabajo conteniendo el gasto público, incluido el de las autonomías, prácticamente descontrolado, e impulsando al mismo tiempo distintas reformas en el mercado laboral y financiero. Y, por supuesto, adecentar las cajas de ahorro fue como Hércules limpiando los establos de Augías. La factura final costó a los contribuyentes 61.000 millones de euros.

Luis de Guindos es parte del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, conocidos como «tecos». Todos ellos están esparcidos por el paisaje empresarial español. Carlos Espinosa de los Monteros, que tuvo una distinguida carrera empresarial dirigiendo empresas estatales como Iberia y otras empresas privadas como Mercedes-Benz, es un «teco». También fue presidente del Círculo de Empresarios. Hoy se le conoce más por ser el padre de Iván, vicesecretario de Relaciones Internacionales del partido Vox.

Cuando yo asumí la presidencia del Círculo de Empresarios, mi primera sorpresa fue que Jesús Sainz, el secretario general, iba a jubilarse. Me dijo que el cargo le exigía demasiadas horas, y ya tenía setenta y cuatro años. Yo lo conocí en un almuerzo en la Universidad de Nueva York (NYU), donde me dijeron que había conseguido diez millones de dólares para el King Juan Carlos I of Spain Center de esa universidad. Más adelante se encargó de dirigir Promo Madrid, cuando Esperanza Aguirre presidió el gobierno de la Comunidad madrileña. Yo sabía que era un «teco» y que tenía línea directa con la Casa Real. De hecho, me dijo que recaudar dinero para el centro en la NYU no fue especialmente difícil porque el propio rey llamaría antes a las posibles empresas contribuyentes.

Mi búsqueda de un nuevo secretario general se amplió a distintos candidatos, pero ninguno de ellos quería abandonar el trabajo que tenían en aquellos momentos. Yo finalmente decidí buscar un «teco». Jesús encontró a uno, pero trabajaba en las Islas Canarias y solo quería venir a Madrid a tiempo parcial. Entonces, un domingo por la tarde, recordé que el marido de mi amiga Elvira Muñoz, la diseñadora de interiores, era Alfredo Bonet, que presidía la Asociación de Técnicos Comerciales del Estado. De hecho, yo había estado en su 25º aniversario de boda en el restaurante Samarkanda que está en la estación de trenes de Atocha. Fue coanfitrión de la fiesta con otro técnico comercial, Álvaro Rengifo. Alfredo Bonet había sido secretario de Estado de Comercio con Zapatero, antes de que Luis de Guindos llegara con Rajoy. Fue una pura casualidad que se me ocurriera llamar a Elvira para pedirle el móvil de Alfredo.

Me contestó inmediatamente y yo le expliqué lo que quería. Le dije que el candidato debía estar entre los cuarenta y los cincuenta, porque yo ya tenía setenta y uno y quería a alguien claramente más joven. Dijo que se lo pensaría y que me propondría algunos nombres. En ese momento era director general internacional de la Cámara de Comercio de España, presidida por José Luis Bonet (aunque tienen el mismo apellido no son familiares). No tardó más de media hora en volver a llamarme. Alfredo me dijo que tenía sesenta años pero que le interesaba. Nunca imaginé que conseguiría a un «teco» de tan alto nivel, y le dije que el puesto era suyo. Y durante los casi tres años que estuvimos juntos, hizo una extraordinaria labor coordinando los grupos de trabajo, colaborando con nuestro Consejo Asesor Internacional y ayudándome con todas las exigencias de los medios. De hecho, El cascabel, un programa de televisión, nos llamaba tan a menudo que alternábamos las apariciones. Conocía muy bien todos los asuntos económicos de actualidad y era un buen contrapeso a mi estilo más vehemente.

Aparte de los técnicos comerciales del Estado, en lo relativo a comprender el mundo empresarial en España tras el crack mundial de 2008, es importante recordar la existencia de otro grupo procedente de los agentes de cambio y bolsa, otro cuerpo al que se accede por oposición. En 1988 se llevó a cabo una reforma del mercado de valores y, para entonces, muchos agentes ya habían montado sus propios negocios. Aparte de Francisco González (FG), que tenía FG Valores antes de dirigir Argentaria, y Pedro Guerrero, que fue el presidente más joven de la Bolsa de Madrid y acabó en Bankinter, había muchos otros. Junto a AB Asesores, donde Luis de Guindos trabajó durante años como socio, estaba Renta 4 Banco, donde Juan Carlos Ureta había estado en la gerencia durante años. Estudió la oposición con Pedro Guerrero e Ignacio Garralda, hoy, como ya se ha dicho, presidente de Mutua Madrileña. Pedro era un buen profesor y todo el mundo lo quería como orientador. Como experto ajedrecista que había sido en su juventud, tenía una visión muy aguda de cuáles podían o debían ser los siguientes movimientos, tanto en el ajedrez como en Bankinter. No es una casualidad que Bankinter sea una gestora de activos mucho mayor de lo que podría entenderse al considerar su participación en la banca comercial.

César Alierta, mencionado por su implicación en la CEC, fue el fundador y presidente de Beta Capital, antes de que Rodrigo Rato lo reclutara para dirigir Tabacalera y, más tarde, Telefónica. Eva Castillo, que trabajó para él en Beta Capital, más tarde llegó a presidir la sucursal de Merrill Lynch en España. Manuel Pizarro, mencionado por su debate con Pedro Solbes, tuvo una enorme influencia en el desarrollo del panorama económico que propiciaría la posterior liberalización de la economía y la privatización de las empresas públicas bajo el gobierno de José María Aznar. Pizarro había sido vicepresidente de la Bolsa de Madrid y presidente de Ibercaja.

Se han realizado muchos estudios académicos basados en la teoría de los «seis grados de separación». Esta es una fórmula que asegura que, a través de una cadena de seis personas, uno puede tener relación con cualquier persona del mundo. Es difícil creer semejante teoría en un mundo de siete mil millones de personas, pero una investigación reciente en Microsoft, utilizando su red de mensajería instantánea (Messenger, que dejó de funcionar en 2005), descubrió que la media era 6,6 pasos. Un «grado de separación» es una medida de distancia social entre personas. Uno tiene un grado de separación de cualquiera que conozca y dos grados de cualquiera que esa persona conozca, y la cadena sigue creciendo exponencialmente. Respecto a Twitter —donde interactúo habitualmente—, un estudio realizado por la firma de monitorización de redes sociales Sysomos sobre 5.200 millones de relaciones mostró que la distancia media era de 4,6. En otro estudio, limitado a los usuarios activos, los grados de separación cayeron hasta el 3,44. ¿Qué tiene esto que ver con el mundo empresarial y político español? Bueno, en esta tupida red de relaciones, los grados de separación son muy pocos. En mi papel como presidente del Círculo de Empresarios, casi podía acceder a cualquier persona con dos grados de separación. Y mi amigo Gerardo Seeliger, que organiza cenas con las figuras políticas más relevantes, puede acceder a casi todo el mundo con un par de contactos. Él fue un cazatalentos que fundó con otros socios Seeliger y Conde, la famosa firma de búsqueda y desarrollo de talento directivo de origen español. Y la Business Roundtable de Washington DC, que sirvió como modelo para el Círculo de Empresarios en España, asegura que en el plazo de 24 horas pueden tener contacto con los cien senadores estadounidenses.

Lo que permite que sea un grupo tan reducido el que controla el cotarro económico y empresarial en España es el sistema de oposiciones, que selecciona a un plantel de profesionales de primer nivel mediante exámenes, para ser diplomático, técnico comercial del Estado, abogado del Estado, inspector de Hacienda (como José María Aznar) o registrador de la propiedad (como Mariano Rajoy, el más joven de su promoción). Luego también hay oposiciones para ser notario, agente de cambio y bolsa, y para acceder a otros niveles menores en el ámbito judicial, académico y de las fuerzas de seguridad, y casi en todas las funciones públicas.

Buena parte de este sistema se calcó de Francia, donde toda la élite dirigente se ha formado en la École Nationale d’Administration (ENA). El presidente Emmanuel Macron es solo el último ejemplo. Y en el Reino Unido, los estudiantes de la Oxbridge (las universidades de Oxford y Cambridge, a menudo con preparación previa en Eton) han controlado el cargo de primer ministro desde tiempos inmemoriales. Boris Johnson fue el último exponente. Y la desigualdad que favorecen estos sistemas cerrados se está poniendo ahora en tela de juicio. Después de todo, en España, muy poca gente tiene la posibilidad de pasar años y años estudiando para aprobar un examen. La mayoría de la gente entiende que ir a la universidad y graduarse ya es un reto y un esfuerzo enorme. No en vano, España tiene una de las tasas de abandono escolar en secundaria más altas de Europa.

Con la americanización de Europa, y España no es ninguna excepción, las escuelas de negocios han cobrado importancia. España, en este sentido, es uno de los países líderes en la Unión Europea, con varias instituciones educativas de primer nivel, como IESE Business School (Instituto de Estudios Superiores de la Empresa), ICADE (Instituto Católico de Administración y Dirección de Empresas), CUNEF (Colegio Universitario de Estudios Financieros) o IE (Instituto de Empresa). Particularmente importante es IESE, fundada en 1958, en la España de Franco, y como una copia directa de la Harvard Business School, cuyos profesores y currículo fueron la base para un programa MBA (el primero de Europa) en 1963. Oficialmente, IESE es una facultad de ciencias empresariales de la Universidad de Navarra. Es una iniciativa del Opus Dei, una prelatura de la Iglesia católica.

Así se ha creado una red elitista, pequeña y cerrada, donde hay muy pocos grados de separación. Y esto no ha contribuido a mejorar la imagen de los líderes empresariales y las acusaciones de un «capitalismo de amiguetes». Recientemente, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en un arranque populista, mencionó que era víctima de «los grandes poderes del IBEX y los cenáculos empresariales». En concreto, mencionó «los cenáculos de la típica villa de Madrid, de los señores con puros, que se juntan…».

En realidad, yo conocí a Luis de Guindos en una cena en el Nuevo Club de Madrid, donde, después de los postres, el aire estaba irrespirable por culpa del humo de los puros. Aunque actualmente está prohibido fumar en restaurantes, los clubes privados están exentos de esta ley. En aquella ocasión, Javier Vega de Seoane, entonces presidente del Círculo, era el anfitrión. Solo unos catorce miembros de la junta directiva estaban invitados. Y fue la última vez que vi a Guindos como ministro, porque en febrero de 2018 se trasladó a Fráncfort como vicepresidente del BCE.

Para cuando Luis de Guindos salió a la palestra como ministro, ya se había aprobado en el Congreso de los Diputados una ley para el control de los Presupuestos (en septiembre de 2011). El déficit estructural no podría exceder el 0,4 por ciento del PIB después de 2020; el gobierno central se debía limitar al 0,26 por ciento y las Comunidades Autónomas al 0,14 por ciento. La deuda pública quedaba limitada al 60 por ciento del PIB. (Actualmente alcanza casi el doble, porque la pandemia permitió relajar esos límites).

Guindos hizo un excelente trabajo, como se verá más adelante, al ordenar el sistema bancario. Y fue Fátima Báñez, como ministra de Empleo y Seguridad Social, quien introdujo una reforma laboral bastante significativa. El coste de despido de trabajadores en empresas con pérdidas por culpa de la crisis económica se redujo a 20 días por año trabajado. El despido injustificado de trabajadores se rebajó a 33 días y a un máximo de dos años. Anteriormente eran 45 días y un máximo de tres años y medio. Este fue un gran avance, pero el Círculo de Empresarios está actualmente exigiendo 16 días, en vez de 20, por «despido objetivo», que es otro de los costes que afrontan las empresas. En la mayor parte de la Unión Europea, los costes sociales del obrero se dividen aproximadamente a partes iguales entre la empresa y el empleado, pero en España aproximadamente el 80 por ciento de los costes recae en la empresa, lo cual desincentiva la contratación de más empleados. España aún necesita un episodio decisivo como el de Margaret Thatcher enfrentándose a los sindicatos mineros en 1984, con la victoria final un año después. Hasta que no se produzca un momento determinante como ese, en España habrá un «desempleo estructural» y la solución no resultará fácil. En España se da la circunstancia absurda de que el gobierno financia a CCOO y a UGT, los dos principales sindicatos. ¿Por qué no se sustentan con las cuotas de sus afiliados? Eso me sorprende y me desconcierta.

El segundo gran éxito de Fátima Báñez fue dar prioridad a los convenios laborales de empresa por encima de los acuerdos sectoriales. Esto permitió que muchas empresas con problemas sobrevivieran en los años difíciles a partir de 2008. Por desgracia, con el pretexto de una reforma laboral, esta medida fue recientemente abolida. Más que una reforma, fue una contrarreforma. Con Báñez, los jubilados podían trabajar como «jubilados activos» y cobrar hasta el 50 por ciento de su pensión. Anteriormente, no podían cobrar una pensión y trabajar. En países como Estados Unidos, se paga la pensión completa tras la jubilación, pero el empleado puede seguir trabajando a tiempo completo. Hay una diferencia filosófica elemental: en Estados Unidos el trabajador va ahorrando en planes de pensiones administrados por el Estado. A los sesenta y cinco años, el trabajador o la trabajadora empieza a cobrar sus «ahorros». Si pospone su jubilación unos cuantos años, su pensión se incrementará, ya que la cobrarán durante menos años. En España, la teoría es que el Gran Hermano estatal te dará una generosa pensión para que no lo olvides cuando vayas a votar. Y, actualmente, podrás estar especialmente agradecido porque el gobierno de socialistas y Podemos ha vinculado de nuevo las pensiones al IPC. Esto va contra una de las grandes reformas de la época de Mariano Rajoy, cuando había un incremento mínimo obligatorio del 0,25 por ciento (con Rodríguez Zapatero se recortó durante un año al cero por ciento), pero el incremento se calculaba en virtud de una combinación de factores, incluida la longevidad y el estado de la economía.

Cuando tuve la ocasión de almorzar con Fátima Báñez, le agradecí la idea de la «jubilación activa», porque yo la estaba cobrando y trabajando al mismo tiempo. Le comenté cómo era el sistema americano, con pensiones del cien por cien y la posibilidad de trabajar a tiempo completo. Ella me dijo que ese era su plan también. Pero había pensado que sería mejor hacerlo en dos fases. Por supuesto, el gobierno actual no se ha atrevido a quitar esta medida, porque los pensionistas son el grupo votante más importante del país. Ningún político en su sano juicio querría enfadar a los mayores y su economía «plateada». Actualmente Báñez dirige la Fundación de la CEOE, una elección excelente de Antonio Garamendi, actualmente en su segundo y último mandato como presidente de la CEOE.

Con el gobierno de Mariano Rajoy se produjo un goteo de privatizaciones de empresas públicas, entre las que cabe destacar la venta de Hispasat. Pero Felipe González y José María Aznar ya habían hecho el trabajo duro. Como dice Carlos Espinosa de los Monteros a propósito de la época de Rodrigo Rato en el gobierno de Aznar, «en el Círculo, todos nos alegramos al ver que las grandes empresas se privatizaban, pero no nos dimos cuenta de la corrupción que había entre bambalinas». El resultado de la época de Rajoy, cuando tuvo la mayoría absoluta en ambas cámaras, fue decepcionante. Porque con la subsiguiente fragmentación del sistema partidista de la política española y la incapacidad de la izquierda y la derecha para formar una coalición de gobierno, los grandes problemas simplemente se escondieron bajo la alfombra.

Si uno mira atrás, a la época del presidente Mariano Rajoy, aparte de la estabilización del sistema financiero que llevó a cabo Luis de Guindos y de la modesta reforma laboral de Fátima Báñez, fue la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría quien se encargó del gran tema de la legislatura: la declaración unilateral de independencia de Cataluña, el 10 de octubre de 2017, duró menos de un minuto, pero fue ratificada por el Parlamento de Cataluña un par de semanas después.

En una cena celebrada hace un par de años, le pregunté a Sáenz de Santamaría si echaba de menos estar en el gobierno. Al fin y al cabo, había intentado suceder a Rajoy como dirigente del Partido Popular, pero había perdido frente a Pablo Casado. En esos momentos era socia del bufete de abogados Cuatrecasas. En la mayoría de los actos, su acompañante es Rafael Fontana, presidente de Cuatrecasas, pero en aquella ocasión la exministra había venido con su callado esposo. Me contestó: «Sí, muchos días echo de menos estar en el gobierno, pero no el día que recibo la nómina». Ser un político honrado en España no es el camino para hacerse rico, aunque la compensación viene después.

Capítulo 5.

PERSIGUIENDO UN ESPEJISMO. LA DECADENCIA EMPRESARIAL DE CATALUÑA

Los historiadores probablemente considerarán el movimiento de independencia de Cataluña como el acontecimiento más importante de los años del presidente Rajoy, eclipsando incluso la reforma bancaria y el rescate de la Unión Europea. Aunque el movimiento moderno no tiene muchos precedentes históricos, las personas que creen que Cataluña es una nación independiente de España han buceado en los archivos para encontrarlos.

Al parecer, hubo una República Catalana que se proclamó en enero de 1641 y que duró una semana. El presidente fue Pau Claris, que tiene en Barcelona una calle que cruza buena parte de la ciudad. Aquello ocurrió durante la guerra francoespañola y, tras una semana republicana, Cataluña decidió formar parte de Francia bajo Luis XIII, que se convirtió en el nuevo conde de Barcelona.

Otra fecha importante es la del 11 de septiembre de 1714, cuando la ciudad de Barcelona cayó ante las tropas borbónicas y quedaron abolidas todas las instituciones catalanas. El 11 de septiembre se celebra la fiesta de la Diada, fiesta autonómica, y algunos independentistas consideran la conmemoración como algo similar al 2 de Mayo de Madrid, que recuerda la revolución del pueblo de Madrid contra la invasión francesa.

Pero el moderno movimiento independentista tiene poco que ver con esos acontecimientos históricos. Este comienza en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, en toda España. La victoria de los republicanos en las grandes ciudades obligó al rey Alfonso XIII a abandonar España, y Niceto Alcalá-Zamora es nombrado presidente de la Segunda República Española, mientras que, en Cataluña, Francesc Macià proclama la República Catalana en el Palacio de la Generalitat de Catalunya. La República dura tres días, hasta que los representantes del gobierno provisional de la nación acuerdan un Estatuto de Autonomía especial para Cataluña. Macià muere en 1933; Lluís Companys ocupa su puesto como presidente. En octubre de 1934, proclama el Estado Catalán dentro de la República Federal Española. Y en junio de 1935 es juzgado por rebelión, junto a los miembros de su gobierno, y es sentenciado a treinta años de cárcel. Companys y el resto de su gabinete fueron trasladados a la cárcel del Puerto de Santa María, en Cádiz. Se le concedió una amnistía tras la victoria del Frente Popular en las elecciones de 1936. Pero cuando Franco se hizo con el poder en 1940, ordenó apresar a Companys en Francia y se le volvió a juzgar por «adhesión a la rebelión militar». Fue fusilado en el castillo de Montjuic, que por entonces hacía las funciones de prisión. Sus últimas palabras fueron: «Per Catalunya!». En enero de 2019, el gobierno de Pedro Sánchez anuló la sentencia de muerte contra Lluís Companys.

Este resumen histórico es importante para entender en qué situación se encuentra Cataluña hoy, en tanto Comunidad Autónoma dentro de España. Fue el ingenuo Rodríguez Zapatero quien prometió a Pasqual Maragall, presidente de la Generalitat entonces, y nieto del gran poeta Joan Maragall, aceptar un nuevo Estatuto de Cataluña, que fue formalmente aprobado en el Parlament en 2006. El problema fundamental de ese Estatuto —era la primera vez que se revisaba el que fuera aprobado en 1979— era que denominaba a Cataluña como «nación» y a España como «nación de naciones». Y en el texto se mencionaba la posible independencia de Cataluña si se acordaba con el gobierno español. Pasqual Maragall, del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), como miembro de un gobierno tripartito, utilizó ese Estatuto para mantener apaciguados a los nacionalistas de su lado, sobre todo a la Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el viejo partido de Companys.

Para cuando Rodríguez Zapatero lo llevó a las Cortes para su aprobación, el Estatuto había sido «cepillado» por Alfonso Guerra (PSOE), que presidía la Comisión Constitucional del Congreso. El PSOE tradicional dejó a su rama catalana, el PSC, en un limbo. Y entonces Artur Mas, de Convergència i Unió (CiU), el partido conservador del tripartito, dio su bendición al Estatuto, ahora privado de toda su fuerza. Pero el golpe de gracia se lo dio el Tribunal Constitucional (porque el Partido Popular había recurrido el documento), cuando declaró en 2010 que el 14 por ciento de sus artículos eran inconstitucionales y 27 de ellos eran susceptibles de interpretaciones ilegales.

No será necesario recordar que Maragall, al final, se dio cuenta de que el esfuerzo había sido una pérdida de tiempo y le costó el cargo. José Montilla (PSC-PSOE) se convirtió en el candidato para el siguiente tripartito. Pero la trascendencia del rechazo al nuevo Estatuto enfureció a buena parte de los catalanes. El Estatuto rechazado, unido a la dureza del colapso económico de 2008, fue el origen de lo que acabó siendo un movimiento independentista en toda regla.

Cataluña, como el resto de España, sufrió graves problemas económicos que no solo afectaron a la clase trabajadora, sino también a una clase media que mantenía las PYMES y al pequeño comercio. Pasqual Maragall nunca promovió la independencia desde la izquierda. Y Artur Mas, el heredero del gran patriarca catalanista Jordi Pujol, al principio estaba en las mismas. De hecho, su partido, CiU, había colaborado tanto con el PSOE como con el PP y había favorecido las mayorías en el Congreso tras las elecciones generales. Algunas de las figuras políticas más brillantes de la reciente historia de España, como el catalán Josep Piqué, fueron enviadas a Madrid para que se convirtieran en ministros de gobiernos nacionales. Líderes de CIU como Miquel Roca o Durán i Lleida estuvieron en las quinielas. En el caso de Piqué, fue el Partido Popular de Aznar el que lo acogió bajo su égida durante dos legislaturas, primero como ministro de Industria, aún como independiente, luego como portavoz y, finalmente, como ministro de Asuntos Exteriores y ministro de Ciencia y Tecnología.

Josep Piqué es un buen ejemplo de la evolución de la política española desde la dictadura de Franco. Su padre fue el último alcalde del municipio barcelonés de Vilanova i la Geltrú, en la dictadura. Siendo joven, estuvo afiliado al PSUC (Partit Socialista Unificat de Catalunya), de ideología comunista, y luego se convirtió en uno de los protegidos de Macià Alavedra, el todopoderoso conseller de varias carteras en la época de Jordi Pujol, incluidas Industria y Energía, y más tarde, Economía y Finanzas. Alavedra negoció el apoyo de CiU para llevar a José María Aznar a la Moncloa, porque el Partido Popular no tenía mayoría absoluta. En el famoso Pacto del Majestic (un conocido hotel de Barcelona), Aznar acordó ceder el 30 por ciento del IRPF recaudado por el gobierno central a las Comunidades Autónomas. En tanto que mano derecha de Jordi Pujol, no es extraño que Macià Alavedra fuera acusado en 2009 de corrupción en la Operación Pretoria y fuera condenado a algo menos de dos años de cárcel y una multa de 3,2 millones de euros.

Josep Piqué actualmente es consejero de varias empresas. Ha sido presidente del Cercle d’Economia de Cataluña y es experto en geopolítica. Su tesis actual es que el centro del mundo ha girado hacia el Pacífico. Es allí donde Estados Unidos y China decidirán cuál de las dos naciones será el futuro líder mundial. Todas estas ideas se plasman en su último libro El mundo que nos viene (2018). En tiempos más recientes ha sido presidente de la compañía aérea de bajo coste Vueling y de la compañía aeronáutica ITP (de Rolls Royce).

Ningún apunte sobre la reciente situación de Cataluña puede eludir la importancia de Jordi Pujol. Yo llegué a Barcelona en 1980, poco después de que Pujol fuera elegido president de la Generalitat. Ocupó ese puesto durante unos increíbles veintitrés años, igual que José María Cuevas en la CEOE. Como dice mi amigo neoyorquino Enric Ucelay-Da Cal, profesor emérito, Jordi Pujol era «menudo, gordo, calvo y mal orador: no encajaba en el perfil de líder poderoso. Pero tenía a su favor una personalidad astuta y una memoria prodigiosa».

Estuve con Pujol dos veces en la Generalitat. En ambas ocasiones yo iba acompañado de ejecutivos empresariales americanos. Pujol tenía un sillón con unos reposabrazos muy anchos, y en el de la izquierda tenía un teléfono. Llamaba a su secretaria y ordenaba que pasaran determinadas personas si creía que podían ser relevantes. Hablaba un inglés aceptable, aparte de catalán, español, alemán y francés. Y, como les dijo a los americanos: «Soy como el gobernador de un estado en los Estados Unidos». Aseguraba que dormía solo cuatro horas por la noche, pero tenía, como decía Enric, «una memoria prodigiosa». Sabía que mi abuelo, Luis de Zulueta, había nacido en Barcelona y que fue ministro de Estado con Azaña en la Segunda República.

Era una persona con doble cara, un verdadero Jekyll y Hyde. Católico devoto y con siete hijos. Y el partido político que fundó, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), que en 1978 se fusionó con la histórica Unió Democràtica de Catalunya (UDC) para formar Convergència i Uniò (CiU), ha ido cambiando de nombre a medida que el movimiento independentista ganaba fuerza. Pujol era un nacionalista catalán y un gran promotor de la lengua catalana (mediante el decreto de 1983 que ordenaba la primera Ley de Normalización Lingüística). Y su preocupación principal era que la inmigración procedente de Andalucía acabara consumiendo la cultura propia de Cataluña.

Respecto a su personalidad oculta, Albert Boadella, de la compañía teatral Els Joglars, dirigió en 1981 una obra titulada Operación Ubú que ya mostraba a Pujol como un presidente corrupto. Esto fue premonitorio, porque Pujol y su familia han sido acusados de constituir una organización de delincuentes. Se localizaron casi 69 millones de euros fuera de España, la mayoría en Andorra. Pasqual Maragall, en un discurso en el Parlamento de Catalunya, aludió al famoso «3 por ciento» que se cargaba como comisión en las obras públicas de Cataluña.

Esa extraña mezcla de catolicismo con lapsus éticos recuerda a una de las películas de Paolo Sorrentino, Il Divo, donde se hace un retrato del muy religioso Giulio Andreotti, quien, como primer ministro de Italia, resultó estar estrechamente vinculado con la mafia. Pero fue absuelto de todos los cargos cuando lo llevaron ante los tribunales. En el caso de Jordi Pujol, la presunta mafia es su familia, liderada por su mujer, Marta Ferrusola y orquestada por su hijo mayor, Jordi Jr. Como dijo Jorge Semprún, escritor y exministro de Cultura: «No tuvimos la Reforma protestante y, por tanto, vivimos aún la fascinación por el dinero».

Desde mi llegada a Barcelona en 1980, vi en primera persona el comienzo de los cambios en la política y en la sociedad de Cataluña. La educación y la promoción de la lengua fue el centro del pujolismo. Como americano expatriado que soy, aunque mi madre fuera una republicana española en el exilio, tuve muchos amigos italianos, franceses, alemanes o británicos. Todos se asombraban ante la creciente imposición de la lengua catalana. Como me comentó Enric Ucelay-Da Cal —también hijo de republicanos españoles en el exilio—, existía una gran presión en el sistema universitario para que los historiadores publicaran en catalán, aunque en términos académicos esos trabajos fueran a tener una difusión limitadísima. Cualquiera que escribiera una novela en catalán, por ejemplo, podía conseguir fácilmente uno de los premios que se otorgaban, porque muy pocos escribían en catalán.

Los italianos hablan de El Véneto como una región que posee su propia identidad en Italia, y los franceses suelen señalar Córcega, los alemanes, Baviera, o los británicos, Escocia. Pero todos, con la excepción de Escocia, que ha sido una nación independiente en otros momentos de la historia, fueron regiones que estuvieron integradas en la nación y con su lengua. A todos ellos les parece que el pujolismo es absurdo. Además, la mayoría de los consellers del gobierno de Pujol enviaban a sus hijos al Colegio Alemán, donde Jordi Pujol había estudiado, o al Liceo Francés. Los americanos tuvieron que fundar la Benjamin Franklin School, porque no había ningún buen colegio americano en Barcelona. Aunque casi todos los empleados de Productos PepsiCo, la compañía que yo dirigía, que era una sucursal de PepsiCo, Inc., hablaban entre ellos en catalán, no había ningún problema en intercambiarlo con el español. Y yo conocí a mi mujer, Carmen Castell Sala, con «ocho apellidos catalanes», en Barcelona. Ella hablaba catalán, pero hizo todos sus estudios en castellano, o español, como se denomina ahora para eliminar cualquier connotación regional.

En esa época, de 1980 a 1985, cuando viví y trabajé en Barcelona, ya había algunos indicios de lo que estaba por venir. Pero Esquerra Republicana de Catalunya era todavía un partido político pequeño, aunque su líder, Heribert Barrera, fue presidente del Parlamento catalán desde 1980 a 1984. Hoy, por supuesto, Esquerra Republicana de Catalunya es un importante partido de la región y Pere Aragonés es presidente del gobierno catalán.

Poco después de la retirada de Pujol, y de los gobiernos tripartitos, y del error de Rodríguez Zapatero con el Estatuto, el ambiente cambió y pasó a ser de reivindicación de la independencia frente al «opresor», es decir: el gobierno español de Madrid. «Madrid nos roba» (Madrid ens roba o Espanya ens roba) se convirtió en una cantilena constante. Y tal y como indica uno de los epígrafes de un estudio de Ray Dalio, la decadencia comienza cuando se produce «la supresión de la verdad en el espacio público». Dice este autor: «El hecho de que no sea posible saber la verdad debido a las distorsiones en los medios de comunicación y por la propaganda aumenta la posibilidad de que los pueblos se polaricen, emocional y políticamente motivados […]; los grupos enfrentados suelen aprovechar los medios de comunicación para manipular emocionalmente a la gente con el fin de obtener apoyo y acabar con sus oponentes políticos».

El movimiento independentista, que durante mis años en Barcelona nunca pasó del 15 por ciento de apoyo entre la población, de repente comenzó a aumentar después del hundimiento económico de 2008. Cuatro años más tarde, en 2012, según el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO, un órgano de la Generalitat de Catalunya), el apoyo al independentismo alcanzaba el 34 por ciento. Y en 2013, alcanzó su récord con un apoyo del 48,5 por ciento. Nunca ha alcanzado la mayoría absoluta. Y nunca ha llegado al 49,4 por ciento del segundo referéndum que se celebró en Quebec en 1995. El independentismo catalán siempre se ha mirado en el independentismo québécois, porque en Canadá sí se llevaron a cabo dos consultas legales, en 1980 y 1995, ambas con resultado negativo. Pero esas cifras deberían haber sido una señal de alarma para el gobierno de Mariano Rajoy. Y hubo otros indicios fuera de España: el nombramiento de Donald Trump en 2017 como presidente de Estados Unidos y el Brexit en 2020, por el que el Reino Unido abandonaba la Unión Europea. Aparte de la decisión del Tribunal Constitucional de rechazar la mayor parte del Estatut del gobierno de Maragall, hubo un intento de Artur Mas, el sucesor de Pujol en CiU y presidente de la Generalitat, de negociar con Rajoy una mayor autonomía económica para Cataluña. Esto ocurrió en 2012, precisamente cuando el sistema financiero español estaba a punto de hundirse. El rotundo «no» que recibió desde Madrid fue otra bofetada a la autonomía catalana.

Por supuesto, la independencia de Cataluña no es viable, ni constitucional ni socialmente. ¿Cómo va a sobrevivir una nueva nación sin el reconocimiento de la Unión Europea y con su electorado partido por la mitad? Cataluña se uniría a los saharauis, a los palestinos o a los kurdos. No sería, en absoluto, una pequeña nación como Suiza, que es la idea que los independentistas quieren vender a un público muy manipulable. Y en muchos casos la prensa extranjera —como el New York Times y su corresponsal Rafael Minder— se creyó la propaganda y dio un sesgo proindependentista a sus noticias.

Al final, el movimiento independentista acabó a bofetadas con la Guardia Civil y la Policía Nacional en el referéndum ilegal que se celebró en octubre de 2017.

Por otro lado, si Cataluña fuera una pseudonación irrelevante, fuera de la Unión Europea, España también saldría perdiendo: España no se puede permitir el lujo de perder Cataluña, que representa el 16 por ciento de su población y el 19 por ciento de su economía. Cataluña es un líder mundial en diseño y arquitectura, es la sede de algunas de las empresas familiares más importantes del país, y Barcelona es un destino turístico de primer nivel. España, una economía débil, necesita la fuerza de Cataluña. Un ejemplo reciente es Hipra. Como se ha mencionado más arriba, Hipra es el único laboratorio español que ha desarrollado una vacuna aprobada contra el Covid, y su sede está en Amer (Girona), el centro del movimiento independentista.

Soraya Sáenz de Santamaría, hoy en Cuatrecasas, era en ese momento la «número dos» de Mariano Rajoy y fue la encargada de acabar con el movimiento independentista ilegal de Cataluña. Con el respaldo en el Senado del PP, PSOE, Ciudadanos, UPN, Foro y Coalición Canaria, se activó el artículo 155 de la Constitución y el gobierno central asumió la administración de la región sublevada. Como todos sabemos, los líderes políticos de la sedición, empezando por Oriol Junqueras, presidente de ERC, fueron encarcelados. Es una de las últimas veces que el Partido Popular y el Partido Socialista votaron juntos sobre un asunto de interés nacional. La aplicación del artículo 155, considerado a posteriori, no modificó las instituciones catalanas ni sometió a Cataluña al dominio de Madrid. Una debilidad de la suspensión de la autonomía es que no incluía el control de TV3, la emisora de televisión regional y proindependentista. Esa fue una exigencia que el PSOE impuso para conceder su voto. Y la necesidad de aplicar el artículo 155 por primera vez en la democracia y en un territorio autónomo clave acabó demostrando que Soraya Sáenz de Santamaría, a la que, como vicepresidenta, se le dio la autoridad para pacificar Cataluña, se equivocó en sus decisiones.

Su Operación Diálogo con Oriol Junqueras no llegó a ninguna parte. Su despacho en la Delegación de Gobierno de Barcelona con Enric Millo no sirvió de mucho. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no fue capaz de encontrar las urnas de votación y en octubre de 2017 se celebró el referéndum ilegal. Aquello fue un fallo de seguridad importante. El adelanto electoral en Cataluña que se produjo inmediatamente jugó a favor de los independentistas: el Partido Popular solo consiguió cuatro escaños en el Parlamento catalán. «Todo ha resultado ser un auténtico fiasco»: eso era lo que repetían los miembros del PP que tenían acceso a información de primera mano.

Pero, como se ha mencionado anteriormente, hay un bagaje histórico tan sólido que es casi imposible imaginar cualquier solución duradera del «problema» catalán. La solución de Pedro Sánchez de ceder a las demandas de ERC, reduciendo las penas por sedición y llamando a la rebelión «desórdenes públicos», y asegurando que así se pacificaba Cataluña, se ha puesto en duda incluso por Felipe González, que ha afirmado: «La norma que deroga la sedición no se homologa a Europa y lo que pasó no fueron solo “desórdenes públicos”». Y mantener un enfrentamiento abierto con una región que supone el 19 por ciento de la economía nacional significa que hacer negocios en España resulte un asunto bastante complicado. Robert Hughes, en su libro sobre Barcelona, describe cómo cada región ve a la otra.

Así pues, cuando los catalanes miraban a Castilla, veían pereza, privilegios, y una tendencia enfermiza al inmovilismo, fruto de largos años de ineficacia aristocrática; y un gusto por oprimir a los demás, sobre todo a los catalanes […].

Y cuando los castellanos miraban a Cataluña, también tenían algo que decir. Los catalanes eran unos aburridos. Eran arrogantes o resentidos, o ambas cosas a la vez; demasiado apegados a las cosas materiales para entender la proverbial austeridad castellana […] y no hacen más que ladrar en su puta lengua.

En el Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane era presidente y yo formaba parte de la junta directiva. Javier había sido años antes presidente de Ercros, una gran empresa catalana, donde Josep Piqué también trabajó en su momento. Vega de Seoane conocía bien el asunto y siempre mantuvo una postura firme contra el independentismo. Esto contrastaba con la actitud de Joan Rosell, catalán y antiguo presidente de Foment del Treball, que presidía la CEOE. Rosell intentó contentar a ambas facciones, lo cual era una tarea imposible. Sobre todo cuando, en sus últimos meses en el cargo, fue a visitar a Oriol Junqueras a la cárcel de Lledoners. El presidente de ERC estaba procesado por rebelión, aunque más tarde se rebajó a sedición.

Vega de Seoane era parte de un grupo que decidió que Manuel Valls, ex primer ministro socialista de Francia, y un catalán formado en el país vecino, sería el candidato ideal para ser alcalde de Barcelona. La idea era separar las grandes ciudades (Barcelona, Tarragona y Lleida) de las zonas del interior que casi en su mayoría apoyaban el movimiento independentista. Era un intento de dividir la región en dos facciones y, de este modo, debilitar a aquellos que estaban abogando por la separación.

En el curso de un cóctel en el piso de Claudio Boada, con vistas al Hotel Villamagna y la Torre Serrano, donde el Círculo tiene sus oficinas, el invitado de honor era Manuel Valls. Era un hombre delgado, vestía un ajustado traje azul y resultaba impresionante su conocimiento del terrorismo islámico en Cataluña, un conocimiento probablemente adquirido durante sus años como ministro del Interior de Francia. El nivel de los políticos franceses, en general, al menos por lo que uno puede observar en los debates de su Asamblea, comparados con los que se celebran hoy en la Carrera de San Jerónimo, está un peldaño por encima del que hay en España. Las Cortes españolas harían bien en copiar las normas del Parlamento italiano, donde los diputados son multados con dos meses y medio de sueldo cuando realizan comentarios ofensivos.

El caso es que, como Manuel Valls afirmó tras perder las elecciones a la alcaldía de Barcelona y ceder su voto a la izquierdista Ada Colau, «no había ninguna posibilidad de que alguien llegara de Francia, se dejara caer en paracaídas en Barcelona y consiguiera ganar unas elecciones». Su apoyo a Colau intentaba evitar que Ernest Maragall, hermano del expresidente Pasqual Maragall, se hiciera con la alcaldía, ya que era miembro de ERC y, por supuesto, independentista. Volví a encontrarme con Manuel Valls más adelante, en el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu, cuando se celebraba «el Clásico», un partido del Real Madrid contra el Barcelona que ganó el equipo catalán. Jesús Sainz lo llevó al palco y luego se fue a su asiento habitual de abonado. Intercambié algunas breves palabras con Valls que, como buen catalán, estaba convencido de que el Barça es més que un club. Pero, al menos, la incursión de Valls en Barcelona, aunque acabó en una derrota política, le proporcionó una nueva esposa, Susana Gallardo, de la familia que posee la compañía farmacéutica Almirall. Eran segundas nupcias para ambos.

Valls es muy crítico con la burguesía catalana y la comunidad de empresarios. En su opinión, deberían haberle parado los pies a Jordi Pujol y haber frenado la deriva separatista. Esa locura que se oculta con el disfraz de un nacionalismo mal entendido de una nación que jamás existió es un cáliz envenenado tanto para Cataluña como para España. Desde el minuto de independencia que anunció el presidente Puigdemont, que huyó de España escondido en el maletero de un coche, hasta 2023, alrededor de siete mil empresas han abandonado la región. Esto significa que se han trasladado precipitadamente las oficinas centrales a otros lugares; un movimiento favorecido por una nueva ley del gobierno de Rajoy que facilitaba el éxodo empresarial. Aproximadamente la mitad se fueron a Madrid. Los bajos impuestos son más importantes que la ideología para la mayoría de los negocios. CaixaBank y el Banco Sabadell, debido a su carácter claramente catalán, fueron ejemplos muy significativos. Otros negocios importantes, como las aseguradoras Zurich, Allianz y Axa (que son filiales de compañías europeas), y Catalana Occidente (la aseguradora más importante de Cataluña) también abandonaron la región. La inmobiliaria Colonial, Hotusa, MRW, Cellnex, Bimbo, Agbar, Gas Natural Fenosa (hoy Naturgy), Cervezas San Miguel, Codorníu y Pastas Gallo son algunas de las firmas importantes que cambiaron de residencia.

Valls es especialmente duro con la estupidez de la inmersión del catalán, que ha obligado a los tribunales a aceptar que solo el 25 por ciento de las materias se impartan en español, como si el español fuera una lengua extranjera. E incluso ese 25 por ciento se cuestiona en muchos ámbitos educativos. Pero la culpa recae en muchos individuos, desde Felipe González a Mariano Rajoy, que permitieron que se silbara el himno nacional y la quema de fotos del rey a cambio de los votos catalanes en las Cortes.

Luego tenemos el caso de los medios de comunicación, especialmente el todopoderoso periódico El País. En un almuerzo en Zalacaín, el restaurante madrileño que llegara a tener tres estrellas Michelín, Jesús Polanco, propietario del diario, y Juan Luis Cebrián, su director, más el ministro Francisco Ordóñez y un par de altos ejecutivos de Banca Catalana estuvieron analizando una pila de informes donde se detallaba la corrupción del banco. Jesús Polanco le dijo a su empleado, Cebrián, que no se publicara el escándalo de Jordi Pujol y Florencio Pujol, su padre, en el banco. «Fue un crimen de leso periodismo», lamentó más adelante Cebrián.

Y, como ejemplo de la falta de ética entre la alta burguesía catalana, puede destacarse el caso de los famosos Papeles de Panamá. En ellos aparecían los padres de Jordi Pujol, de Artur Mas y de Xavier Trias. Además, Luis Prenafeta, que fue secretario de la Presidencia de la Generalitat, fue el consejero más cercano de Jordi Pujol. Él era el que organizaba las visitas a Washington, al Vaticano o a Israel. También fue colaborador necesario en la fundación de la Corporación Catalana de Radio y Televisión, y creó el think tank Fundació Catalunya Oberta (FCO). Junto a Macià Alavedra fue acusado de corrupción urbanística y acabó pasando algo más de un mes en la cárcel de Soto del Real.

Los sucesivos gobiernos de España, que podrían haber evitado cualquier relación con todos esos políticos corruptos, durante el «reinado» de Pujol, y haberlos metido a todos en la cárcel, prefirieron mirar hacia otro lado y utilizar los votos catalanes para conseguir mayorías en el Congreso. Y no solo los políticos participaron en la corrupción general. Los grandes líderes empresariales también tienen su cuota de responsabilidad: un 3 por ciento —y un cuatro por ciento después— para conseguir importantes obras públicas en Cataluña. No debería causar ninguna sorpresa que Juan Luis Cebrián apareciera en los Papeles de Panamá vinculado a Star Petroleum, la empresa petrolífera radicada en Luxemburgo. Como muchos periodistas y empresarios influyentes en la democracia posfranquista, Cebrián había empezado su carrera en la prensa franquista y era hijo de un periodista franquista bien relacionado. Raúl del Pozo lo describe así: «Era el más listo, el más viajado, el más leído, el más rubio, el educado en los mejores colegios, porque los hijos de otros barones del estraperlo y del fascismo eran tan viajados, tan leídos, pero no tan listos». En palabras del popular novelista Arturo Pérez-Reverte, «el disparate catalán tiene como autor principal a esa clase dirigente catalana de toda la vida, alta burguesía cuya arrogante ansia de lucro e impunidad abrieron, de tanto forzarla, la caja de los truenos».

Es un eco preciso de las opiniones de Manuel Valls. Y aunque la aplicación del artículo 155 dio la impresión de que el gobierno central tenía el control de la situación, aquello duró poco. Desde aquel entonces, los verdaderos héroes han sido las familias a las que les gustaría que sus hijos aprendieran inglés y español junto al catalán. Y esas son las familias que no pueden permitirse los colegios privados que sí atienden a una buena parte de la población. El verano pasado nos topamos con unos niños en Pals (Girona) y mi mujer se dirigió a ellos en catalán; la respuesta fue: «Nosotros solo hablamos castellano». Pero por cada uno de esos niños, hay decenas de familias con pocos ingresos que solo pueden acceder a la educación pública. Y como el catalán y el español son tan parecidos, es difícil destacar en ambos. Véase, por ejemplo, el pretérito imperfecto del verbo “andar”. En español es “andaba”, pero un error común del catalanoparlante es escribir “andara”. Basta con leer a los jóvenes periodistas de La Vanguardia, el principal diario de Cataluña junto con El Periódico, y se observará siempre multitud de errores en el español escrito: se trata de personas que han sido escolarizadas casi exclusivamente en catalán. Desde luego, en la actualidad ambos diarios tienen ediciones en catalán que reciben subvenciones del gobierno regional.

Por lo que toca a los empresarios, la cantidad de negocios que se trasladan fuera de Cataluña sigue creciendo cada día. Cuando yo trabajaba en Barcelona, era la ciudad más europea de España. Madrid era una capital soñolienta a la que uno viajaba para realizar trámites administrativos. Todo esto ha cambiado. El crecimiento laboral en Barcelona depende del sector público, porque los políticos separatistas se ven obligados a recompensar a sus amigos, pero el empleo en el sector privado está creciendo más rápidamente en otras regiones.

Este es un capítulo muy triste de la historia de España, donde los líderes empresariales necesitan posicionarse con mucho cuidado si desean quedarse en Cataluña. Por supuesto, algunos se han aprovechado del movimiento independentista, como Petrolis Independents, que trabaja en el sector energético. Según su publicidad, la empresa no está vinculada «a cap grup espanyol». Solo con este lema, ya tienen un negocio boyante.

Capítulo 6.

UNA PARTICULAR CULTURA EMPRESARIAL

En el Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane hizo un excelente trabajo al adoptar una postura firme contra el movimiento independentista. Si la captación de Manuel Valls, desde París, no dio ningún resultado tangible, al menos el Círculo adoptó una postura firme, todo lo contrario de Joan Rosell en la CEOE. Yo formé parte de la junta directiva y recuerdo bien los documentos que enviábamos a los medios exponiendo nuestra postura, con la mayoría de nuestro grupo apoyándonos.

Lo que no me esperaba es que Javier no quisiera continuar después de su mandato de tres años. Y fue una sorpresa aún mayor que me llamara antes de la Navidad de 2017 para preguntarme si estaría dispuesto a ser el siguiente presidente. Le dije que me lo pensaría y que le daría una respuesta después de Reyes. En mis dieciocho años en el Círculo, yo había encabezado su Grupo de Sanidad y había coordinado dos estudios, uno cuando Claudio Boada era presidente, y el segundo bajo el mandato de Mónica Oriol. Aparte de presentarlos a los medios, Juan Cacicedo, el director de Comunicación, organizó una entrevista a medianoche en Telemadrid con Ana Samboal, que presentaba un programa de noticias nocturno. Pero esto ocurrió solo después del estudio inicial, ya que era la primera vez que el Círculo elaboraba un documento sobre el sistema sanitario español. Pedro Morenés, más adelante ministro de Defensa y embajador de España en Washington, era el secretario general en aquel momento y fue de gran ayuda a la hora de reunir a un grupo diverso y variopinto para el estudio, algunos externos al Círculo. Al fin y al cabo, el Círculo es realmente un lobby empresarial estructurado como un think tank. Pero a diferencia de un think tank tradicional, el equipo económico era solo de tres o cuatro personas y los miembros del Círculo tenían que hacer la mayoría del trabajo en diferentes grupos, cada uno de los cuales cubría un área de negocio o un tema general, como «Economía y Unión Europea», como se ha mencionado, o «La mediana empresa» o «Transformación digital» o «Industria».

¿Por qué Javier Vega de Seoane me eligió sucesor? Principalmente porque yo hablo inglés. Es lo que digo siempre medio en broma. Un año antes me había pedido que fuera el maestro de ceremonias en un acontecimiento que se iba a celebrar en Madrid y que se desarrollaría en inglés. Era un encuentro de la asociación ISBTT (International Summit of Business Think Tanks, Cumbre Internacional de Laboratorios de Ideas Empresariales) y tendría lugar el 11 de octubre de 2017: era la vigésimo novena cumbre internacional. Iban a asistir miembros de organizaciones parecidas al Círculo que existen en Australia, Japón, Alemania, Finlandia, Francia y Latinoamérica. José María Álvarez-Pallete, de Telefónica, ofreció el fantástico auditorio de su empresa para el encuentro, que duraría todo el día.

El tema era «El mundo en 2030: hacia un capitalismo inclusivo y sostenible». En el Círculo, un grupo de trabajo encabezado por Ingemar Naeve, un sueco que dirigió Ericsson en España, había preparado un estudio en profundidad sobre el asunto. La versión final del documento la escribió José Luis García Delgado, profesor de Economía de la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad hay pocos economistas en España que puedan escribir con tanta claridad y brillantez como él.

Los principales intervinientes del encuentro fueron el rey Felipe VI, Luis de Guindos, aún ministro de Economía, y Javier Vega de Seoane, en calidad de presidente del Círculo. Yo ejercía de mero maestro de ceremonias: me limitaba a presentar a los ponentes y los grupos de debate. Pero si en mis dieciocho años en el Círculo fui eclipsado en muchos momentos, aquel acto en inglés me puso en el punto de mira. Y dos meses después me ofrecieron el puesto (pro bono) para dirigir una institución que pretendía modernizar y llegar al mundo empresarial más allá de los límites de España. Había dos probables contraindicaciones: la primera, mi edad (tenía setentaiún años entonces), y la segunda, mi silla de ruedas. Sin embargo, Javier consideró estos aspectos como positivos, porque él mismo tenía mi edad y presidía la Fundación Integralia, que trabajaba con una serie de centros de atención telefónica para la compañía aseguradora DKV Seguros, donde todos los operadores tenían alguna discapacidad física. Su éxito más llamativo fue trabajar con Ford para adaptar un vehículo para un joven que nació sin brazos. Fue increíble cuando salimos a la calle y vimos cómo aparcaba el coche utilizando solo sus pies; y vimos cómo marcaba un número en su teléfono móvil con los dedos de los pies. Su compañera era una mujer en una silla de ruedas, paralizada en la mitad inferior de su cuerpo. Entre los dos contaban con dos brazos y dos piernas operativos: una pareja verdaderamente complementaria.

Tras aceptar el trabajo, tuve que esperar a marzo de 2018 para dar comienzo a mi mandato de tres años. Aproximadamente una semana antes de empezar, Albert Rivera, que entonces era el presidente de Ciudadanos, vino al Círculo para celebrar un desayuno informativo. Como yo ya tenía cierto nivel en el seno de la organización, aunque todavía no estaba al frente de la misma, mantuve una breve conversación con él. Me di cuenta inmediatamente de que todo su pensamiento económico estaba fundado en los documentos en los que el Círculo planteaba sus opiniones y posicionamientos. Era un liberalismo clásico que propugnaba el libre comercio y la igualdad de condiciones para las empresas. Luis Garicano, que hoy es profesor de Economía en la Universidad de Columbia, era entonces el gurú económico de Ciudadanos. Si se hubieran unido al PSOE y hubieran formado una coalición de gobierno tras las segundas elecciones de 2019, hoy España sería un país mejor. Pero, como todos sabemos, Pedro Sánchez, que había obtenido la victoria, prefirió asociarse con Podemos-Izquierda Unida. Una tragedia para el país en que vivimos hoy. Sin embargo, muchos piensan que Sánchez y Rivera nunca habrían durado más de unos pocos meses. Podemos-IU ha sido mucho más maleable como socio de lo que lo habría sido Ciudadanos.

El Círculo de Empresarios, desde su fundación en 1977, ha propugnado el liberalismo y el libre mercado como la mejor manera de hacer crecer una economía y generar riqueza. «Interferir en el funcionamiento de un mercado abierto es ineficiente y conduce al clientelismo y la corrupción». En su formato neoliberal, los dos promotores clave de estas ideas son los economistas Ludwig von Mises y Friedrich Hayek. Y la figura política española que en la actualidad está más cerca de este pensamiento es Javier Fernández-Lasquetty, actualmente consejero de Hacienda, Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid. Es miembro de la Sociedad Mont Pelerin, fundada por Hayek y Milton Friedman. El profesor Pedro Schwartz fue presidente de esta sociedad internacional de 2014 a 2016. Mercedes Pizarro, directora de Economía en el Círculo, también es miembro de dicha agrupación.

Pero el neoliberalismo está en el punto de mira y es objeto de críticas en la actualidad: se considera que sus defensores son un pequeño grupo de grandes empresas que están asfixiando la competencia y, colectivamente, tiene más poder que muchas naciones. Además, el neoliberalismo habría propiciado que haya surgido un grupo de individuos muy ricos y, en España, habría impulsado una sociedad donde, después de la crisis de 2008, hay una brecha y una desigualdad cada vez mayor entre los ricos y los pobres. Esta situación alcanzó su punto culminante entre 2013 y 2015. Así lo señala el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad en los ingresos dentro de un país, presentado por el Banco Mundial.

Hasta el hundimiento de 2008 y la subsiguiente implosión de la burbuja inmobiliaria, la política española desde la Constitución de 1978 había estado bastante ordenada. Los documentos fundacionales del Círculo, en 1977, aún tenían el sello con el águila franquista, pero la transición democrática impulsó a dos grandes partidos: el PSOE aglutinó a todos los antifranquistas y a sus hijos, mientras que el Partido Popular, que se define como de centro derecha, lo formaban un grupo de antiguos franquistas y sus herederos. Estos últimos eran los que predominaban en el Círculo, cuyo fundador, José María López de Letona, fue ministro de Industria con Franco, y gobernador del Banco de España, como prefiere recordar su hijo José María, actual vicepresidente del Círculo.

Que un empresario americano, hijo de una exiliada republicana y nieto de un ministro de Estado exiliado y después embajador de Azaña durante la Segunda República, estuviese presidiendo el Círculo es desde luego una sorpresa, teniendo en cuenta los orígenes de una institución tan conservadora. Desde luego, sus dirigentes estaban preocupados con lo que Javier Vega me describió como un grupo excesivamente «endogámico» y estaban buscando a alguien «de fuera» e innovador. A mí me encantó la experiencia. Porque hay un montón de organizaciones empresariales en España, pero pocas tienen un carácter nacional. Las más importantes asociaciones nacionales son el «triunvirato» formado por el Círculo, la CEOE y la Cámara de Comercio de España.

Y si el trienio de Javier Vega quedó marcado por el movimiento independentista catalán, el referéndum ilegal y la llegada de Manuel Valls a la política española, mi trienio tiene su momento cardinal en la moción de censura de Pedro Sánchez el 1 de junio de 2018, un par de meses después de que yo ocupara el cargo. En aquellos meses estuve preparándome durante muchas horas para afrontar entrevistas televisivas, todas coordinadas por Juan Cacicedo, el director de Comunicación y vicesecretario. Tuve ocasión de ser entrevistado en Informe semanal, el mítico programa nocturno de los sábados en Televisión Española. Cuando vi la entrevista, me di cuenta de que, de las tres personas entrevistadas, Fernando Ónega —el periodista— era el que mejor lo había hecho desde el punto de vista visual. Desde entonces, yo siempre imité el movimiento de sus manos, abriéndolas y cerrándolas, y sus pausas, para producir un efecto dramático. Para mí fue un maestro de los medios de comunicación, digno de estudio.

El mensaje del Círculo de Empresarios, hoy, tiene que ser un mensaje que modifique el neoliberalismo de Hayek y Mises. Los líderes empresariales no son populares en España. Un estudio reciente de la Fundación BBVA concede a los empresarios una nota de 5,5 en una escala de 10. En la franja superior están los científicos, con un 8,4, y entre los últimos están los políticos, con un 2,9. El empresario, como se ha mencionado, no tiene el respeto del emprendedor. Y los años posteriores a 2008, con una desigualdad social galopante, fueron el caldo de cultivo donde nacieron Podemos —con sus ramificaciones— y Ciudadanos. Vox es más una reacción al movimiento separatista catalán y un partido antinmigración que propugna un regreso a una España nacionalista que honre la bandera y el himno nacional.

La visión económica del Premio Nobel Friedrich Hayek —según la cual el papel del Estado debería reducirse al mínimo y el mercado dirigido por el sector privado es el mejor sistema para la sociedad— necesita una actualización. En primer lugar, tenemos que afrontar el problema de las grandes compañías y monopolios que Europa está controlando mejor que Estados Unidos. Probablemente porque todas esas empresas son estadounidenses. En segundo término, hay que tener en cuenta que el Estado ha resultado ser un factor importante en el desarrollo de las nuevas tecnologías. Internet se desarrolló a partir de un sistema del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Arpanet. Tesla recibió subvenciones de la administración en sus primeros tiempos. Y, como se ha mencionado, la vacuna del Covid recibió fondos del Instituto Nacional de Salud (NIH). Lo que tiene que evolucionar en el sistema capitalista es un liberalismo que permita la libertad individual e igualdad de condiciones en un mercado abierto.

En este sentido, las deficiencias de España son notables. La comunidad empresarial de la alta burguesía es una pequeña tribu endogámica, y muchos de sus integrantes son hijos y nietos de los barones empresariales de la época de Franco. El Estado, además, carece de herramientas adecuadas para controlar y equilibrar el sistema. Aunque el cuerpo judicial posee un elevado grado de independencia, sus deliberaciones se desarrollan con tal lentitud que las decisiones resultantes con frecuencia pierden toda su justificación. Y los órganos ejecutivo y legislativo, controlados por el gobierno actual, que surgió tras la moción de censura del 1 de junio de 2018, son prácticamente hermanos gemelos. La figura jurídica del Real Decreto Ley, reservada para momentos especiales, se ha utilizado como un atajo para imponer leyes que convienen al poder ejecutivo sin consultar al Congreso de los Diputados. Y durante la pandemia de Covid el Estado adquirió rasgos verdaderamente autocráticos aprovechando las circunstancias.

Hacer negocios en España es una tarea muy difícil. Por un lado, están las empresas reguladas por el Estado. En algunos casos, como en el de Red Eléctrica Española, posee el 20 por ciento de las acciones, y en Enagás tiene una participación de solo un 5 por ciento. Esas dos empresas tenían en sus consejos a doce expolíticos en 2020. Beatriz Corredor, presidenta no ejecutiva de Red Eléctrica, recibió 464.000 euros el año pasado después de sustituir a Jordi Sevilla, que fue ministro con José Luis Rodríguez Zapatero, y es un caso rarísimo entre los políticos, una verdadera rara avis, porque dimitió debido a «discrepancias» con el gobierno. Enagás está repleto de exministros del Partido Popular, como Ana Palacio e Isabel Tocino, junto a otros tres miembros del partido. Actualmente, el gobierno socialista ha añadido a dos exministros más al consejo de administración, José Montilla y José Blanco, a razón de 69.000 euros cada uno. El único consejero ejecutivo fue Marcelino Oreja Arburúa, hijo de Marcelino Oreja Aguirre, miembro del Consejo Nacional del Movimiento franquista y ministro de Asuntos Exteriores con el gobierno de la UCD de Adolfo Suárez y miembro del Partido Popular. Oreja Arburúa fue diputado europeo por el Partido Popular y en Enagás ganaba 1.094.000 euros al año. Recientemente fue apartado del cargo y nos dijo que no podría ser el siguiente presidente del Patronato del Club de Excelencia de la Gestión, como había planeado. En su lugar fue nombrado Tomás Pascual, que tiene la ventaja de ser propietario de una empresa familiar que no está sujeta a los vaivenes políticos.

De otro lado están las empresas pertenecientes al verdadero sector privado. Muy pocas se ven completamente libres de las injerencias gubernamentales. El reciente impuesto especial a los bancos y a las compañías energéticas por «beneficios excesivos» es un buen ejemplo. Y ¿por qué, en vez del impuesto de la renta normal del 25 por ciento, los bancos tienen que pagar el 30? ¿Y por qué se tarda tanto en crear una empresa? En España se tarda una media de 12,5 días y más de siete trámites en crear una empresa, cuando la mejor práctica global es de un trámite y medio día. Por eso España ocupa el puesto número 97 en la clasificación que mide la «facilidad para abrir un negocio» entre todos los países del mundo («Doing Business», Banco Mundial). Con suerte, la reciente ley para nuevas empresas (Ley para el Fomento del Ecosistema de Empresas Emergentes) mejorará la situación. Mi hijo, que tiene su propia startup, me dijo que necesitaba una carta del director de su sucursal bancaria para hacer una ampliación de capital en su empresa. Un problema básico en España es que las empresas son muy pequeñas, en términos europeos. Eurostat muestra que España solo se ve superada por Portugal en el porcentaje de pequeñas empresas: tiene un 58 por ciento de empresas clasificadas en el casillero de «pequeña empresa» (es decir, con menos de 49 personas). España y Francia tienen el menor porcentaje de empresas de tamaño medio (menos de 250 empleados). (Estos datos afectan solo a empresas no financieras). No obstante, en Francia cuentan con el mayor porcentaje de grandes compañías (más de 250 empleados). Y, tal y como se ha dicho ya, teniendo en cuenta la economía global, las grandes empresas españolas no están entre las más grandes del mundo, ni siquiera entre las más grandes de Europa.

Por lo que toca a las empresas medianas, el Círculo ha procurado implicarse todo lo posible. Jesús Prieto, de CT Engineering Group, lidera el grupo de trabajo al respecto. Ha viajado incluso a Alemania con Alfredo Bonet, el secretario general, para conocer mejor las exitosas empresas medianas de Alemania, conocidas genéricamente como las Teutonic Mittelstand. Una importante carencia española, que destacó Ludwig Erhard, el exministro de Economía de Alemania y padre del milagro económico de Alemania occidental, es «un ethos y una disposición característica que tiene que ver con cómo actúa y cómo se comporta uno en el seno de la sociedad». Muy pocas empresas españolas se perpetúan durante varias generaciones, porque suelen venderse a empresas extranjeras. Además, muy pocas invierten en la mano de obra, tienen planes a largo plazo o tienen interés en contribuir a la comunidad. Las empresas más grandes del grupo Mittelstand (con ingresos que van desde los cincuenta millones a los mil millones de euros) son la columna vertebral de la economía alemana y los mayores exportadores. Las empresas Mittelstand se concentran en la mejora de sus productos, en su diferenciación y su calidad, lo cual les permite crecer gracias a las exportaciones. También se aprovechan de un sistema de aprendices o becarios, cosa de la que carece España.

Carlos Mira, patrono de la Fundación Bankinter, organizó el programa CRE100DO para empresas medianas en España. El ICEX (Instituto de Comercio Exterior, de titularidad pública) ofrece cierta ayuda estatal, y el Círculo de Empresarios es la tercera pata en el triunvirato gestor. Las más de cien empresas seleccionadas se han beneficiado de este original programa y pueden contar con éxitos notorios. Buena parte del crecimiento de muchas de estas empresas surge del acceso a los nuevos mercados y la exportación.

Pero para que el empresariado crezca en España, el primer paso es crear una cultura de la innovación y el emprendimiento. Porque los datos revelan que, de mil empresas emergentes, solo una se convierte en un unicornio. (Un «unicornio» es una empresa con un valor de mercado de mil millones de dólares). En España, solo el 6,4 por ciento de la población ha emprendido en los últimos tres años; esto contrasta con el 8,7 de la media europea. Y el factor clave es la educación. Y aquí, por supuesto, es donde la ayuda del gobierno, en este caso tanto el gobierno nacional como el regional, que tienen un control directo sobre el presupuesto educativo, es significativa. La administración tiene que apoyar una estrategia con la mirada puesta en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM, por science, technology, engineering y mathematics). Pero en una España con regiones autónomas tan importantes como Cataluña, donde el gasto en inmersión lingüística es la prioridad número uno y se opone a cualquier programa nacional, ¿cómo puede impulsarse un programa razonable? Tal y como apuntó el economista Joseph Schumpeter el siglo pasado, el elemento esencial del crecimiento en cualquier economía es la innovación y que las nuevas empresas reemplacen a las viejas empresas zombies con un «imparable vendaval de destrucción creativa». España no cuenta con ese vendaval que genere energía innovadora. La clase empresarial de los mayores es una élite que está anclada en el pasado.

Con todo, en España, Cataluña —y concretamente Barcelona— es uno de los tres focos tecnológicos, junto con Madrid y Málaga. A lo largo de mis tres años como presidente de la Fundación Exit, radicada en Barcelona, nos encontramos con que financiar nuestros proyectos de formación profesional dirigidos a los chicos que abandonaban la escuela resultaba más fácil en Barcelona que en Madrid. De hecho, conseguimos una subvención de más de un millón de euros de la Unión Europea por medio de la Generalitat. La Fundación LaCaixa, así como la Fundación Banco Sabadell, colaboraron y nos apoyaron muy lealmente. En Madrid, tanto Mahou como Carrefour nos ayudaron mucho, igual que Endesa. Para un joven inmigrante, el simple hecho de coger el metro hasta la sede de Endesa en las afueras de la gran ciudad ya era una experiencia formativa. Muchos de nuestros estudiantes se formaron allí. Y los mentores de la compañía aprendían tanto como sus discípulos. Era el encuentro de dos mundos muy diferentes. Pero las sociedades que dignifican a los excluidos son las que prosperan.

Salvador Mas de Xaxás fue el creador de la Fundación Exit y fue él quien contrató a Nacho Sequeira, el director. Juntos, y con la ayuda de un grupo de patronos bien equilibrado, esta fundación ejemplar debería imitarse en toda España. De hecho, se ha expandido por sí misma a varias regiones. «Había que hacer algo con estos chicos»: esta fue la razón que me dio Salvador para la creación de Exit. Es con los ciudadanos comprometidos, como Salvador, con la ayuda de la Unión Europea o con la ayuda del gobierno español, junto con las empresas del sector privado, como se pueden desarrollar los ecosistemas para establecer un nivel básico de formación profesional. Uno de nuestros programas más antiguos era el que teníamos con Mutua Madrileña, que seleccionaba talleres mecánicos que formarían a uno o dos estudiantes. Nunca olvidaré el momento en que entregamos los diplomas a un grupo de unos dieciséis jóvenes, muchos de ellos con pantalones cortos y tatuajes y, un año, a una joven (que trabajó en pintura de coches), en uno de los salones de la sede de la Mutua. Con los graduados estaban sus padres, y fue un gran acontecimiento de primavera. La sociedad civil española es tan débil que resulta evidente la gran necesidad que hay de más personas como Salvador Mas de Xaxás. Todo el mundo es consciente del problema del abandono escolar de la juventud española y del desempleo que sufren los jóvenes españoles, el más alto de la Unión Europea. Pero hay una gran escasez de programas que tiendan a cambiar la situación. A mí siempre me da la risa cuando la gente me dice que el enorme desempleo en España, que ha sido de dos cifras, salvo en el boom del 2007 con Zapatero, es «estructural». Hace años que aprendí en la escuela de negocios que el desempleo «estructural» va del 3,5 al 4 por ciento, que es el que tiene Estados Unidos incluso con el pleno empleo. Porque siempre hay algunas personas que están entre un trabajo y otro durante algunos meses. El empleo es un cuadro en movimiento. Cuando el paro en España caiga al 4 por ciento será cuando el desempleo será estructural. Y solo entonces la «economía sumergida» será una reliquia del pasado.

La tragedia de España es que el sistema educativo no es lo suficientemente atractivo para evitar que un gran porcentaje de estudiantes abandone las aulas. Y el corolario de esta tragedia es que no hay suficientes programas de formación profesional para prepararlos para el trabajo.

Afortunadamente, las cosas están cambiando. En mis años como presidente del Círculo, nos unimos a la Alianza para la FP Dual, organizada por la Fundación Bertelsmann. También han vinculado su programa con la CEOE. Tanto Francisco Belil como Antonio Garamendi son muy conscientes del problema que supone el paro juvenil. «La oferta y la demanda es totalmente casual», dice Paco Belil. Actualmente el sistema educativo no está preparando a los estudiantes para trabajos concretos ni les ofrece una orientación para incentivar sus intereses. La CEOE tiene un programa llamado «Chicas imparables», concentrado en niñas de quince o dieciséis años que trabajan los fines de semana en empresas voluntarias.

Durante mi primer mes en el Círculo, la primera iniciativa para impulsar un grupo de trabajo se titulaba «Educación, formación y empleo juvenil». Eugenio Prieto, presidente de Industria e Infraestructuras de la consultora Kearney, tenía una importante sección en FP. Tomás Burgos, entonces secretario de Estado de la Seguridad Social, era el representante del gobierno porque el ministro no podía asistir. Celebramos la presentación en el auditorio de la Biblioteca Nacional. Y lo más interesante es que Tomás Burgos captó el mensaje. Porque no es una coincidencia que la Junta de Andalucía esté especialmente implicada en la formación profesional: el vallisoletano Tomás Burgos es la mano derecha de Juanma Moreno Bonilla, actual presidente de la Junta de Andalucía. También destaca por ser uno de los primeros políticos españoles en hacerle una liposucción a su currículum vitae, eliminando su licenciatura en Medicina, que nunca terminó, pero que mantuvo durante años en su historial académico.

Lo cual nos lleva a otro tema, que es la falta de preparación de los líderes políticos españoles. Los diplomas y los másteres aparecen por doquier, pero tras algunos escándalos recientes (las universidades que se mencionaban no podían certificar los estudios de los implicados), muchos de esos diplomas han desaparecido de los currículos. ¿Por qué existe semejante interés en tener un máster? Porque demasiados políticos en España no tienen prácticamente ningún título académico ni credenciales laborales para justificar su estatus político. La escuela de negocios IESE, como entidad privada que es, ha visto el potencial y ofrece un diploma en un Programa de Liderazgo para la Gestión Pública (PLGP); y el IE, por no quedarse atrás, ofrece un diploma en Programa Ejecutivo de Gestión para Parlamentarios. El Círculo ofrece un Programa de Empresas y Parlamentarios (PEP), pero hemos dejado de lado la expedición de un diploma. Cuando se empezó a cuestionar el currículo de Pablo Casado, presidente del Partido Popular entre 2018 y 2022, él puso una serie de diplomas encima de la mesa, incluido uno del PEP. Eso fue todo lo que necesitamos para darnos cuenta de que era necesario eliminar la palabra “diploma” de la certificación que entregábamos a todos los participantes. El programa es más o menos un cursillo de cuatro días en el que los parlamentarios visitan la empresa que elijan a partir de un amplio listado de compañías colaboradoras, todas vinculadas al Círculo. En el último año que expedimos «diplomas» en el auditorio del Senado, Mercadona fue la empresa con más solicitudes, seguida de Coca-Cola. Algunas empresas implicaban a sus consejeros delegados específicamente para este programa. Cuando yo presidía Sanitas, participamos un año. Según las normas, las empresas no pueden elegir a los parlamentarios. (Todos los partidos políticos han participado en estos programas, salvo Podemos). En mi caso, en Sanitas, con el fin de no correr ningún riesgo, yo me salté las reglas y le pedí a mi amigo Jordi Vilajoana, entonces vicepresidente del Congreso y miembro de CiU, que me buscara a alguien de su partido. El voluntario fue Jordi Xuclá, de Girona, un diputado joven. Tuvimos una serie de encuentros muy instructivos en Sanitas. Jordi, además, era un graduado universitario cuya única experiencia política interesante era haber sido elegido diputado. Me sorprendió mucho, años después, ver que se había unido al movimiento independentista. Pero Jordi Vilajoana también. De hecho, todos los antiguos moderados de CiU fueron como cabras que se echaron al monte de la independencia de Cataluña.

Mi siguiente sorpresa como presidente del Círculo fue el éxito de la moción de censura que Pedro Sánchez formuló contra Mariano Rajoy. En su caso no había ningún máster falso, pero sí un doctorado más que cuestionable. Era un cortapega de otros, principalmente de trabajos de Miguel Sebastián. Dependiendo de qué programa informático se utilizase para controlar el plagio, había un porcentaje distinto de texto copiado de otras fuentes. Pero como tesis doctoral que resume el trabajo de otros y no pretende ofrecer una idea original, se aceptó. Esto no evitó que sus oponentes políticos lo llamaran «doctor cum fraude».

Al principio, en junio, yo le di a su nuevo gobierno el beneficio de la duda. Después de todo, era el primer presidente (en realidad, primer ministro) que parecía haber pasado un casting de Hollywood. Era alto, atlético y guapo. Y, cosa rara, hablaba inglés. Y, en su libro Manual de resistencia, defendía así la moción de censura.

La moción —y el que finalmente saliera adelante— servía para reivindicar el papel del Congreso, de los representantes directos de los ciudadanos, así como el poder legislativo en una democracia seria. El mecanismo de división de poderes funcionó a la perfección. El poder judicial emitió su sentencia, dura para el Gobierno, de forma totalmente independiente. El poder ejecutivo se negó a extraer las consecuencias políticas de la sentencia. El poder legislativo actuó. Asumió su responsabilidad. Punto.

¡Y cuán rápidamente ha olvidado el autor de la cita la obligación de preservar la división de poderes en una democracia seria!

En mi primera entrevista para la prensa tras el anuncio del nuevo gobierno, afirmé que tanto Nadia Calviño como Josep Borrell eran muy buenas elecciones. Por otro lado, era beneficioso para España poner fuera de la actualidad política y de los titulares de la prensa el caso Gürtel. Especialmente dañino, aparte de la actuación del tesorero Bárcenas y de su papel en la concesión de contratos a cambio de dinero, fue el hecho de que la Audiencia Nacional sentenciara que no creía el testimonio de Mariano Rajoy.

Nadia Calviño era una completa desconocida para mí. Pero tenía una gran experiencia en Bruselas y era amiga de otra experta en cuestiones comunitarias, Miriam González Durántez, que hablaba muy bien de ella. Miriam conoció a su marido, Nick Clegg, en Bruselas. Fue asesora del Ministerio de Asuntos Exteriores del gobierno británico y miembro del gabinete de dos comisarios europeos de Relaciones Exteriores. Es también fundadora y presidenta de Inspiring Girls, una fundación internacional para conectar a muchachas jóvenes con mujeres que las pueden inspirar. Miriam es una persona que me inspira tanto que la nombré para el Consejo Asesor Internacional del Círculo.

Por su parte, Josep Borrell siempre me había impresionado. Es muy llamativo que un joven de Puebla de Segur, en Lleida, hijo de una familia de panaderos, se convierta en ingeniero aeronáutico en la Universidad Politécnica de Madrid y luego obtenga una de las famosas becas Fulbright para estudiar un máster (uno de verdad) en la Universidad de Stanford, otro máster en Economía de la Energía en París y un doctorado en Ciencias Económicas por la Complutense de Madrid. Además, es autor del libro Las cuentas y los cuentos de la independencia, donde explica las falsedades de los líderes independentistas de Cataluña. Incluso se manifestó en Barcelona con Mario Vargas Llosa para demostrar que la sociedad civil tenía muchos seguidores contra la independencia. Cuando lo conocí, le dije que teníamos una cosa en común: ambos habíamos estudiado en la Universidad de Stanford.

Con mi admiración por estos dos ministros y la garantía de que toda aquella cháchara del «gobierno Frankenstein» era falsa, deposité mi fe en la «renovación» que el gobierno de Sánchez prometía. Como el propio Pedro Sánchez dice en su libro, «ahora se llaman fake news, pero siempre se llamaron bulos. Uno de los más dañinos que he sufrido en mi vida política, y ha habido varios, fue el que se difundió aquel verano de 2016 y que aseguraba que yo estaba dispuesto a pactar con los independentistas e incluso a formar Gobierno con ellos».

Capítulo 7.

UNA REFORMA EDUCATIVA QUE NO PODEMOS POSPONER

Si reformar nuestro sistema educativo es la piedra de toque de cualquier gobierno español, el del gobierno de Sánchez merece un suspenso. Y no es por ignorancia; en su Manual de resistencia, el presidente menciona el problema de un modo muy claro.

En cambio, en la segunda industrialización —de fines del siglo xx— todos los procesos de información, las nuevas tecnologías y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ya empiezan a crear una desigualdad mucho más pronunciada, porque estos procesos afectan de lleno a los trabajadores más cualificados. Ahora la inteligencia artificial va a hacer que aquellos trabajadores más capacitados académicamente, los que conozcan más matemáticas, estadística, algoritmos, ciencia y demás, tendrán más oportunidades y la riqueza estará mucho más concentrada. Todo ello nos plantea un problema de largo plazo, pero lo cierto es que ni siquiera sabemos bien el efecto que van a tener la inteligencia artificial y la robotización.

Todos estos problemas se han acelerado con la pandemia de Covid, la aceleración de la digitalización y el aumento de la demanda de perfiles tecnológicos. Pero ¿cuál ha sido la respuesta de este gobierno y, en realidad, de todos los gobiernos anteriores de la democracia? Ninguna o muy escasa, o, mejor dicho, apenas cuantificable. La universidad de Jiao Tong de Shanghái (China) publica una clasificación anual de las universidades del mundo. Las características que se valoran son la investigación, los papers o documentos de investigación publicados y los profesores con premios Nobel. España no aparece hasta el grupo de posición global 151-200, con la Universidad de Barcelona. Como señala Joan Guàrdia, rector de esta universidad, el presupuesto de Harvard (la número uno) es de 3.800 millones de euros, tres veces el de la entidad catalana. Dice: «Si no haces una investigación puntera, “de vanguardia”, es muy difícil que innoves, y si no innovas, no generas nuevos productos, nuevos espacios de comercio, ni nuevos mecanismos de generación de riqueza». Y España no debería consolarse con el descenso en el ranking de las universidades europeas —de 33 entre las mejores cien en 2010 a solo 13 en 2021; y tras el Brexit, el total europeo es aún más bajo.

Cuando uno ve cómo entran en la lista las universidades chinas, e incluso las surcoreanas, las medidas que hay que aplicar resultan muy claras. Tiene que haber un programa nacional con objetivos claramente definidos y una financiación adecuada. Es una tarea que debería ser como la del programa del presidente Kennedy para llevar a un americano a la Luna. Y, recurriendo a los mejores consultores de España, The Boston Consulting Group, donde empecé mi carrera (admito mi parcialidad), les pedí una propuesta con medidas que pudieran solucionar el problema. Me sugirieron seis ideas:

1. Inversión en herramientas digitales en los centros educativos, en la actualización de los estudiantes y en la formación digital del profesorado español.

2. Establecer incentivos adecuados para que todos los hogares tengan acceso a internet.

3. Aprobar un pacto de Estado en educación para evitar multiplicidad de reformas y disparidades en el territorio español: medidas para reforzar y unificar la calidad educativa, reducir el abandono escolar, aumentar la demanda de carreras STEM, impulsar la formación profesional y formación dual, reformar el modelo universitario para aumentar su productividad y colaboración internacional, etc.

4. Potenciar la formación en capacidades y habilidades que demanda el mundo laboral (emprendimiento, creatividad, capacidad analítica, pensamiento crítico o gestión de equipos, entre otros), a través de una mayor colaboración entre universidades y empresas.

5. Establecer sistemas de colaboración entre los ámbitos públicos y privados para el desarrollo de módulos de reciclaje laboral vinculados a la obtención de ayudas sociales.

6. Dotar presupuestariamente los programas de posdoctorado internacionales que impulsen la entrada de talento internacional en centros de investigación españoles.

El último punto es el más importante si el objetivo es situar a alguna universidad española entre las cien mejores del mundo. Este sería un primer paso y un indicio, frente al exterior, de que España está emergiendo como una estrella oriental. Actualmente hay dos escuelas empresariales, IESE e IE, que están entre las cincuenta mejores instituciones de su especialidad; IESE está entre las diez primeras. Así que la calidad existe. Solo se trata de aprovechar el talento, de respaldarlo con financiación pública y privada, y de establecer unos objetivos claros.

De uno de los grandes obstáculos del sistema educativo no tiene la culpa el actual gobierno. Es a los «padres» de la Constitución a quienes hay que culpar. Trocearon un país mediano europeo (que salía de cuarenta años de dictadura) en diecisiete partes. Cuando se publica todos los años la clasificación de universidades de Shanghái, los medios regionales solo se refieren a las universidades que encabezan el podio (Harvard, Stanford o el MIT) y hablan de las que hay en su territorio. La Universidad de Córdoba, UCO, por ejemplo, está muy bien situada (puesto 41) en Veterinaria, aunque se ve muy superada por la Autónoma de Barcelona, que ocupa el puesto 5. Pero ese no es exactamente un campo que nos permita poner un Rover en Marte o ampliar mercados, a pesar de que las mascotas siguen siendo más numerosas que los niños en los hogares españoles.

En mi caso, la principal experiencia en las universidades españolas tiene que ver con los muchos años que estuve en el consejo asesor y, posteriormente, en el consejo directivo de la Universidad Europea de Madrid, que después se amplió a Valencia y a Canarias. Juan Soto fue presidente de la institución hasta que cumplió los setenta años y alcanzó la edad obligatoria de jubilación que él mismo había señalado en las normas del Consejo. Luis Bassat, el pionero de las agencias de publicidad en Barcelona, sucedió a Soto. Bassat acabó vendiendo su empresa a Ogilvy, una agencia de publicidad británica. Y luego, cuando él llegó a los setenta, yo heredé el cargo.

Nuestras batallas abarcaban muchos frentes. Nos llevó años conseguir que la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación de España), el órgano adscrito al Consejo de Universidades, acreditara nuestra Facultad de Medicina. Y cuando lo conseguimos, nos limitaron el número de estudiantes. Casi inmediatamente el programa de Medicina se convirtió en una opción con mucha demanda y empezó a competir directamente con las mejores universidades públicas de Madrid. Todos los años recibía llamadas de amigos y conocidos, e incluso, una vez, una figura clave de la Dirección General de Seguros, con el fin de que les hiciera el favor de influir para que sus hijos o sus hijas fueran aceptados. Como había en torno a siete u ocho solicitudes por cada alumno aceptado, la entrada siempre era difícil. España es un país en el que las relaciones personales son de vital importancia. Para saber que yo estaba en el consejo asesor había que bucear en la página web de la universidad. Muchos años después, Miguel Carmelo, el presidente de la universidad, dijo: «Tendré que reservar unas cuantas plazas para ti y para Florentino Pérez, porque siempre tenéis muchos recomendados». Las normas de admisión no se rebajaban para esos candidatos, pero siempre se les echaba un vistazo más cuidadoso. Florentino tenía muchos recomendados porque el Real Madrid tenía un programa en una Escuela Universitaria asociada a la Universidad Europea que tenía un carácter internacional y un gran éxito. Yo siempre iba con mi mujer, todos los años, a la ceremonia de graduación de ese curso en el estadio Santiago Bernabéu, donde escuchábamos el discurso de clausura de Florentino Pérez. Nunca delegaba esa función. Y, cuando concluía, dejaba que los graduados se hicieran selfies con él.

Si conseguimos tener éxito, tras muchos años, a la hora de conseguir una acreditación para una facultad de Medicina, fracasamos cuando intentamos crear un campus en Cataluña. Aunque contábamos con Luis Bassat y todos sus contactos locales y todas nuestras propuestas en Mataró y Vic, estuvimos cerca, pero nunca conseguimos la autorización final. La universidad formaba parte de una empresa privada americana que, durante muchos años, estuvo cotizando en el NASDAQ, la bolsa de valores estadounidense. No era una empresa española, porque eso habría sido anatema.

De todos los ministros de Universidades, a la única que conocí personalmente fue a Cristina Garmendia. Era una emprendedora en el campo de la biotecnología y yo ayudé a Fernando Francés, fundador y presidente de la consultora Everis (hoy NTT Data), para contratarla para su consejo. Garmendia es un modelo para chicas y mujeres españolas, y actualmente dirige la fundación COTEC para la innovación. De 2008 a 2011 fue ministra de Ciencia e Innovación (que al principio incluía Universidades) en el gobierno de Rodríguez Zapatero. Fernando Francés y yo asistimos a su toma de posesión en un salón abarrotado donde sus dos hijos pequeños, perfectamente vestidos, destacaban entre la multitud. Ha hecho un excelente trabajo en COTEC, una institución que promueve la innovación, y en uno de sus encuentros anuales comprobé que habían asistido tanto el rey Juan Carlos I como Felipe VI. Hoy esto sería imposible. Garmendia sería una excelente zarina para transformar el sistema universitario en España. Pero aquellos que han sido ministros no quieren volver al servicio público y a sus sueldos escasos. Sería necesario un gobierno fuerte con un verdadero mandato nacional para hacer que el cambio fuera posible. Actualmente predomina el cortoplacismo, sobre todo en una coalición gubernamental que se resquebraja y que necesita el apoyo de ERC y de Bildu, dos grupos que tienen muy poco interés en la idea de una nación llamada España. De hecho, preferirían ser diminutas naciones independientes en un Estado español.

Pero antes de convertirme en un crítico permanente y una china en el zapato del gobierno, tuve que hacer frente y encararme con Joan Rosell, el presidente de la CEOE. Ni siquiera los empresarios parecen estar unidos en una causa común. El origen de la disputa fue una consideración que yo hice en una entrevista, donde dije que el Círculo de Empresarios era una institución completamente independiente del gobierno, porque toda nuestra financiación procede de las cuotas de nuestros asociados, frente a la CEOE, que recibe financiación de la administración.

Para mi sorpresa, al día siguiente vi en Expansión, el diario económico, una carta abierta de Joan Rosell dirigida al señor Zulueta, donde me decía que yo estaba difundiendo información errónea o desinformando. Todo el dinero que recibían del Estado era para «proyectos finalistas» y no figuraban en sus gastos, ya que estos se cubrían con las cuotas de sus asociados. Pero si uno examina el presupuesto que la CEOE publicó en su página web, en 2022, cuenta con un «presupuesto institucional» de más de catorce millones de euros (14.649.000 €); hay otro presupuesto cofinanciado con agencias gubernamentales como el Instituto de la Seguridad Social, CES e ICEX que cuenta con más de un millón de euros (1.085.000 €); y hay un tercer «presupuesto de formación» con una cuantía de casi dieciséis millones de euros (15.953.000 €). El total supera los treinta millones (31.690.000 €) frente a los apenas dos millones de euros del Círculo.

Añádanse a esto los viajes institucionales con el presidente del gobierno a diferentes países con un plantel de empresarios y quedará claro como el agua que la CEOE nunca será abiertamente crítica con el gobierno. Solo incomodan al gobierno en algunos puntos concretos o en la legislación laboral. Esto es muy diferente a nuestro think tank, donde podemos expresar nuestras opiniones y no nos preocupa quedarnos fuera del avión del presidente en su próximo viaje con posibles intereses comerciales para las empresas españolas. Respecto a la carta abierta de Rosell, yo no mordí el anzuelo y no respondí. Pero poco después, cuando Antonio Garamendi se convirtió en su sucesor, le pedí a Javier Vega, que conocía bien a Antonio, que organizara un almuerzo con él en un salón privado del Zalacaín. Tras la comida, intercambiamos números de teléfono y le dije que, si alguna vez tenía algún problema conmigo o con el Círculo, que me llamara. Le dije: «Estamos remando en el mismo barco». Nunca me llamó. Yo le llamé una vez para preguntarle si la CEOE tenía intención de firmar una declaración que habíamos preparado sobre un tema de interés general para el empresariado. Pero me dijo que prefería que su organismo actuara en solitario. Sin embargo, recientemente almorzamos juntos en el restaurante Hortensio del Hotel Fénix Gran Meliá de Madrid y me proporcionó una excelente perspectiva del actual gobierno, sus ministros y las reacciones de varias grandes empresas que forman la columna vertebral de la CEOE. Ninguna de las opiniones era positiva. Actualmente, Garamendi está haciendo frente a un difícil segundo mandato.

Capítulo 8.

LOS ERRORES DEL «SANCHISMO»

Si la primera entrevista que hice fue con Miguel Ángel Noceda, de El País, porque lo había conocido en el ascensor del Círculo varios meses antes de ser elegido presidente, la segunda fue con Carlos Segovia, de El Mundo. Ellos eran los dos «titanes» de la prensa económica española en mis años de presidencia. Me alegra que Miguel Ángel haya sido elegido recientemente presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la asociación de periodistas más grande del país, con 17.000 miembros. Aunque sigue haciendo colaboraciones —por ejemplo, con el obituario del sindicalista Nicolás Redondo—, se jubiló en El País en enero de 2022.

Mi única objeción a las entrevistas que hice con Miguel Ángel es que mencionara mi «acento yanqui». Es cierto, claro, que el español es mi segunda lengua y que aún tengo un ligero acento, pero procede del portugués que aprendí en mi juventud, en São Paulo (Brasil). Noceda nació en Comillas, de donde es alcaldesa su hermana mayor, y donde yo pasé un par de veranos: un pueblo idílico estupendo para huir de los calores estivales de Madrid.

Carlos Segovia continúa en El Mundo, y también es un tertuliano activo de Espejo Público, con Susanna Griso, otra gran profesional, a quien conozco desde mi etapa en Sanitas, porque la contratamos para que fuera la maestra de ceremonias en un evento vespertino. Carlos también participa con frecuencia en Al rojo vivo, de La Sexta, y en La brújula de la economía, en Onda Cero. Él me consiguió mi primera portada en El Mundo el 24 de septiembre de 2018. No solo era noticia de portada, sino que estaba en la parte superior, por encima de los destacados del «faldón» del diario y por encima de la noticia que hacía referencia al viaje de Pedro Sánchez a Quebec. El titular de mi entrevista decía: «Sánchez debería tirar la toalla y convocar elecciones ya». Expresaba también mi preocupación por los Presupuestos Generales y el déficit. También mencionaba el aumento del precio del petróleo y el hecho de que España no se hubiera recuperado de la crisis de 2008-2012. El gran temor en ese momento era un Presupuesto expansivo pensado para conseguir los votos de «socialistas, podemitas, Esquerra Republicana y otros para aprobarlos».

Las elecciones al final se convocaron, pero mucho más tarde, el 29 de abril de 2019, y, nuevamente, no volvió a darse una mayoría. Fue un período en el que todas las reformas necesarias quedaron paralizadas, y de 2015 a 2019, España fue esencialmente un país paralizado, con nuevos grupos políticos recogiendo votos desencantados de los dos partidos históricos (PP y PSOE).

Pedro Sánchez criticó a Mariano Rajoy por no llevar a cabo las reformas que necesitaba la nación. Como dice en su Manual:

La única justificación en términos políticos de la segunda legislatura de Rajoy hubiera consistido en abordar reformas de calado. Tenemos el fondo de reserva de las pensiones endeudado con el Estado. Nuestros índices de desigualdad son terribles. Hay que abordar la financiación autonómica… Esa gran reforma que necesita el país, la agenda social, económica y ambiental que precisamos, debe abordarse en el Congreso, entre todos los grupos, y todos somos responsables de que salga adelante. Si no lo logramos, la desafección con la política va a ser enorme.

El país no consiguió ninguno de estos objetivos en el segundo mandato de Rajoy. Todo fue un caos, provocado por la declaración de independencia de Cataluña tras el referéndum ilegal. Y eso proporcionó combustible a Vox, que está en la extrema derecha del espectro político. Estos decían que el gobierno catalán era una «organización criminal» y consiguieron apoyos de aquellos que añoraban una España unificada y las concentraciones en las que todo el mundo gritaba «¡Arriba España!». En el otro extremo, en la izquierda radical, surgió Podemos. Condenaban la desigualdad, la corrupción de los dos partidos históricos y la idea de que el país estaba gobernado por una «casta» de la cual ellos, al parecer, no formaban parte. Tanto la extrema derecha como la extrema izquierda eran muy habilidosas en las plataformas digitales como YouTube, Twitter, Telegram, WhatsApp o Instagram. Sus grupos, en estas redes sociales, fueron y siguen siendo muy activos.

En septiembre de 2018 pareció evidente que Pedro Sánchez, que gobernaba a fuerza de decreto ley, no tenía una mayoría estable para llevar a cabo las reformas. Siempre estaba defendiéndose como gato panza arriba para permanecer en el cargo. Tras criticar a Mariano Rajoy en su Manual de resistencia, olvidó seguir su propio consejo. Por eso dije que sería «mejor tirar la toalla». La gran esperanza era que en las elecciones del 11 de noviembre de 2019 se pudiera formar una clara mayoría de gobierno. Esto ocurría más de un año después de mi entrevista con Carlos Segovia y daba la impresión de que España no iba a ninguna parte. La fragmentación política, mezclada con la polarización, significaba que todas las reformas necesarias se iban a posponer, y que la competitividad de España se hundía en la escena internacional.

En la Encuesta del Círculo, justo antes de las elecciones de noviembre, los resultados reflejaban lo evidente: «Nueve de cada diez empresarios opina que la ausencia de reformas, fruto del bloqueo político, penaliza la economía. Más del 80 por ciento cree que los decretos de Sánchez perjudican la competitividad, el empleo y la inversión».

Si Javier Vega de Seoane tuvo que lidiar con Puigdemont y Junqueras y el movimiento secesionista catalán, en mi turno tuve que habérmelas con Pedro Sánchez, un presidente que puso su supervivencia política por delante del interés nacional. Su propio partido lo había descartado ya en una ocasión como secretario general, y no estaba dispuesto a perder su cargo presidencial a ningún precio. Los historiadores tendrán que reconstruir todos los detalles para entender por qué, tras las elecciones de noviembre, nadie propuso una coalición de gobierno fuerte en España como las que hemos visto muy a menudo en Alemania. Pedro Sánchez dice que, en los momentos críticos, Ciudadanos y Albert Rivera renunciaron a una coalición. Y Rivera dice que Sánchez nunca lo llamó y nunca se lo pidió. El Partido Popular de Pablo Casado parecía que estuviera aún lamiéndose las heridas de la moción de censura y el caso Gürtel, y ni siquiera fue consultado. Cualquiera que sea la verdad, Pedro Sánchez dijo: «Ni yo ni el 95 por ciento de los españoles dormiría tranquilo con Podemos en el Gobierno […]. Yo podría haber sido presidente, pero ese no es el Gobierno que necesita España». Sin embargo, veinticuatro horas después de las elecciones de noviembre se produjo el famoso abrazo entre Sánchez y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y más del 95 por ciento de los empresarios no durmieron tranquilos.

En el Círculo, nosotros utilizamos todos los medios de los que disponíamos para impedir que esto ocurriera: Garamendi y la CEOE también estaban de nuestro lado. Pero la realidad es que España ha tenido que sufrir los últimos años el peor gobierno desde que se recuperó la democracia. Nadie como el veterano periodista Luis María Anson expresó nuestra opinión de que unas nuevas elecciones eran la mejor opción; lo hizo en su columna «Canela fina», en El Mundo.

El presidente del Círculo de Empresarios considera que es necesario marginar a la ultraizquierda y a la ultraderecha y reconstruir los acuerdos moderados, entre el centro izquierda y el centro derecha. El miedo ante la situación que padecemos y el futuro que se vislumbra, está conduciendo, según Zulueta, «a la fuga de capitales e inversiones». Y lo más grave. El presidente del Círculo de Empresarios subraya «el riesgo de que no se cree un solo puesto de trabajo en 2020». Salvo el disparo de los innecesarios y carísimos empleos públicos.

Alberto Núñez Feijóo, actual presidente del Partido Popular, dijo justo antes de su designación: «Si no tuviésemos una serie de políticos adolescentes, podría haber un gobierno de coalición». Creía que, si Rubalcaba no hubiera dimitido tras perder en las elecciones contra Rajoy, esta solución habría sido posible. Y añadió una metáfora colorista: «Si en España no tuviésemos una serie de políticos adolescentes a los que les hemos dado un Ferrari de 47 millones de pasajeros y están a punto de estrellarlo, si tuviésemos hombres de Estado, estoy seguro de que podría haber un Gobierno de coalición».

Mi relación con Feijóo se remonta a los días en que formaba parte de un trío de jóvenes en el ámbito de la Sanidad, con Romay Beccaría, que fue ministro de Sanidad con Aznar. Los otros dos eran Ana Pastor y Enrique Castellón. Feijóo estaba al frente del Insalud: controlaba el presupuesto de compras en Sanidad para todo el país. Yo ya sabía, cuando estalló en España la pandemia de Covid, que Núñez Feijóo haría un buen trabajo en Galicia. Ana Pastor dirigía el MUFACE, la agencia de seguros médicos para funcionarios y empleados públicos. Y Enrique Castellón, hoy presidente de Cross Road Biotech (un fondo de capital riesgo en el ámbito de la biotecnología), era subsecretario de Sanidad. Era un gran equipo, y Ana Pastor y Alberto Núñez Feijóo habían aprovechado el trampolín para alcanzar importantes cargos políticos. Cuando por fin me encontré con Ana en el Foro de La Toja, le dije al final que había conseguido averiguar dónde estaba Redondela, cerca del aeropuerto de Vigo. Ella era diputada por Redondela en ese momento, un puesto que mi abuelo había ocupado antes de ostentar los cargos en la Segunda República.

Feijóo, tras su trabajo en Sanidad, fue trasladado para dirigir Correos y estaba en el Campo de las Naciones, cerca de Sanitas. Lo invité una vez a bajar desde las alturas para que viniera a almorzar a nuestras oficinas. Nosotros lo llamábamos Mr. Stamp (Don Sello) en aquella época. Comparado con el trío del Ferrari (Albert Rivera, Pablo Casado y Pablo Iglesias), Núñez Feijóo es un funcionario curtido y experto en gestión pública, así que se trata de una rara avis en el reciente panorama político español. No se puede esperar ningún cambio de importancia en España sin que haya «adultos en la sala». El país necesita desesperadamente hombres y mujeres de Estado. España tiene que ser lo primero, sus partidos políticos lo segundo y sus cargos particulares lo tercero. En la actualidad, es completamente al revés. Solo en los escasos años de la Transición, los mejores y los más brillantes se dedicaron a la política. Era la oportunidad de sus vidas tras cuarenta años de franquismo.

En la actualidad, los políticos ocupan la última posición en la valoración profesional de los ciudadanos. Mi amigo Ignacio Tremiño, que trabajó en la ONCE, decidió presentarse a diputado para representar a su Valladolid natal. Fue elegido, pero tras una legislatura lo dejó. Actualmente dirige un programa para personas discapacitadas en la Comunidad de Madrid. Tal y como me dijo un día, «[ser diputado] es aburrido, porque solo tienes que votar lo que te manda el partido». El sistema de listas cerradas no favorece una verdadera democracia. Resulta muy revelador ver cómo el Parlamento británico destituye a Boris Johnson y a Liz Truss con la división de votos en el seno de su propio Partido Conservador. Y cuando uno ve que cada parlamentario (Member of Parliament, MP) tiene una oficina en su distrito para recibir a sus electores, uno no puede sino admirar ese sistema. En España, muchos de los diputados electos son «cuneros», esto es, que ni son de la localidad por la que se presentan y ni siquiera viven allí.

Todos los representantes públicos deberían estar disponibles y al servicio de los ciudadanos que los eligen. El servicio público es el fundamento de una verdadera democracia. Y escuchar antes de legislar es una parte fundamental del proceso. En España, hoy, el gobierno abusa del Real Decreto Ley, que se concibió como fórmula de emergencia, y legisla sin escuchar y sin negociar con los interesados. Esto podría denominarse autocracia en vez de democracia. Pero la realidad de la gestión de las crisis recientes, como la de la pandemia, apunta más a una «ineptocracia». Y la ley de la ministra de Igualdad, Irene Montero (Podemos), llamada coloquialmente ley del «Sí es sí» es un episodio especialmente desgraciado porque no se escuchó a los expertos. El resultado final es que los delitos sexuales ahora se tratan con más indulgencia, exactamente lo contrario de lo que pretendía Montero.

No hay que regodearse ante la caída en desgracia de muchas instituciones establecidas desde la llegada del neoliberalismo y la globalización. En muchos países desarrollados, incluido España, la actual generación de jóvenes no tiene perspectivas de vivir mejor que sus padres, en términos materiales. En España, desde el final de la Guerra Civil, y en el resto de Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial, se produjo un rápido crecimiento de las clases medias.

Pero cuando la globalización y el libre comercio derivó la fabricación y las manufacturas a países con bajos costes laborales (tal fue el caso de España cuando llegaron Ford y General Motors en los setenta y en los ochenta), empezaron a destruirse muchos puestos de trabajo. La película Gran Torino, de Clint Eastwood, trata del declive de la industria de la automoción americana en Detroit. El coche que adora el protagonista y que cuida con mimo es el modelo Torino de 1972, un año antes del embargo del petróleo promovido por la OPEP y que representó el final de los «chupagasolinas» que se fabricaban en Estados Unidos. En la película, los vecinos del protagonista son inmigrantes. Esos son los dos temas básicos que llevaron a Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. De igual manera, hubo riadas de inmigrantes que llegaron a Gran Bretaña, cuyo símbolo es el fontanero polaco: este fue el argumento del Brexit y la causa del Brexodus de Gran Bretaña. Boris Johnson fue la versión británica de Donald Trump, sin avión privado y sin un tríplex en la Trump Tower neoyorquina, pero con los mismos ataques virulentos contra los burócratas, en su caso, de la Unión Europea.

Estos rápidos cambios sociales y económicos exigen que los países tengan planes a largo plazo para mantenerse a flote. Cuando dije en la entrevista de septiembre de 2018 que Pedro Sánchez debería «tirar la toalla», no era un ataque personal. Era más bien un ataque institucional. Porque, sin un gobierno fuerte, España no puede comprometerse a llevar a cabo las profundas reformas que el Círculo lleva recomendando y repitiendo desde hace años. Asuntos como la transformación digital, la formación profesional, las pensiones, la cooperación entre empresas públicas y privadas, la reducción del paro con una reforma laboral adecuada, se repiten una y otra vez. En los veinte años que llevo en el Círculo, lo único que he visto ha sido avances lentísimos, a paso de tortuga. En palabras de William Faulkner: «No puedes navegar hacia nuevos horizontes hasta que no tengas valor para perder de vista la costa». Y parece que los «cisnes negros» siguen llegando y el barco sigue anclado en la Transición de 1977.

Una mirada rápida a los números nos mostrará el declive del crecimiento en España en términos porcentuales. Va del 4,3 por ciento del PIB en el quinquenio 1985-1990 al 0,5 en la década del 2008 al 2018. Y la productividad total ha caído más del 10 por ciento. De hecho, la productividad en España aumenta cuando hay una crisis económica y grandes bolsas de paro. Porque la productividad en España se fundamenta en el trabajo manual básico con escaso valor añadido. Cuando hay menos trabajadores, la productividad aumenta.

Un gran problema vinculado a esas tristes cifras es el declive del sector industrial. En el año 2000, el porcentaje del «valor añadido bruto» de la industria era del 17,8 por ciento y bajó al 12,4 por ciento en 2018. La importancia de este sector es que es más productivo que el sector servicios. Por otro lado, es el sector de mayor innovación y produce bienes de alto valor añadido. El sector dedica un 1,4 por ciento de sus ventas a la innovación, frente el 0,84 por ciento del sector servicios. Si queremos ser la Suecia del sur de Europa, emprender este camino es esencial. Y con nuestra fuerza exportadora en el mundo de la automoción, como segundo país más importante en producción automovilística tras Alemania, España necesita dar un giro inmediato hacia los vehículos eléctricos (EVs), que son los coches del futuro. Confiemos en que el dinero de la Unión Europea que ha llegado tras el Covid se gaste con más juicio y sensatez. Recuerdo bien un discurso de Pablo Casado en el Casino de Madrid, como parte del Foro ABC: puede que solo fuera un crío con un Ferrari, pero hizo un discurso brillante sobre el futuro de España sin tener ni un solo papel con notas delante. Cuando concluyó, le dije a Esperanza Aguirre, que estaba sentada a mi lado: «Si todo eso es verdad, España será como Suecia». Ella me contestó: «Suecia con sol».

La pandemia ha dejado claro que ningún país puede depender de una importación general de Asia o de Estados Unidos. España necesita invertir mucho más en I+D+i, en automatización y en nuevas tecnologías. En mi último libro, Buscando El Dorado, publicado en 1997, apunté que España necesitaba a un Bill Gates. Y entonces, sorpresa, surgió Amancio Ortega. Ahora necesitamos a un Elon Musk. Porque, en unos cuantos años, Tesla se ha convertido en un conglomerado más valioso que casi todas las empresas de automoción juntas.

Además, España necesita desarrollar la capacidad para liderar un cambio industrial. El futuro pasa por la inteligencia artificial (AI), la ciberseguridad, la tecnología 5G, la tecnología blockchain y el IoT, (Internet of things). La computación cuántica también es importante. En cualquier caso, es dudoso que la inversión gubernamental de 22 millones de euros para este año sea suficiente. El proyecto se denomina Quantum Spain, y participan 25 centros de 14 comunidades autónomas. Se coordina en Barcelona y está previsto que opere un primer chip de cúbits (bits cuánticos) a finales de 2023. Será el primer ordenador cuántico del sur de Europa. China y Estados Unidos son los líderes en esta tecnología, y el Reino Unido y Alemania están desarrollando importantes instalaciones. Recientemente, en una cena de la Fundación Innovación Bankinter tuve a mi lado a una joven alemana de la Universidad de Stuttgart, experta en computación cuántica. Señaló que todos esos pequeños proyectos en diferentes países europeos no era lo que se necesitaba. Europa debería centralizar mucho más el desarrollo de las nuevas tecnologías si queremos competir con Estados Unidos y China.

Y no podemos olvidar un importante activo energético que España tiene en abundancia: horas de sol. La industria solar, teniendo en cuenta los elevados precios de la energía fósil, está despegando y creciendo rápidamente como industria, ya que todo el mundo está considerando la posibilidad de instalar paneles solares en sus tejados. España es, además, uno de los líderes mundiales en energía eólica, una especialidad de Iberdrola. El año pasado, el 23 por ciento de la energía eléctrica generada en España procedía de turbinas eólicas. Después de China, Estados Unidos, Alemania y la India, España es la quinta del mundo con 27,5 gigavatios instalados de esta energía verde.

Un sector importante y al que no se le ha prestado suficiente atención es el transporte ferroviario de bienes. Casi todo el transporte de productos industriales y agrícolas en España se hace mediante camiones. Esto no solo es más caro y emplea combustibles fósiles, sino que es una fuente de dióxido de carbono que contamina el medio ambiente. Al lado de las vías de alta velocidad AVE están las viejas, que son perfectas para trenes más lentos y que pueden transportar bienes por todo el país, y especialmente desde el puerto de Valencia a Madrid.

Si todo esto se considera factible, debemos recordar las barreras que se han construido artificialmente en España. Por ejemplo, si Barcelona está encabezando el proyecto de computación cuántica junto a otras catorce comunidades autónomas, ¿se comunican en español o en inglés? Evidentemente, no van a usar el catalán. Y si Iberdrola es líder en la instalación de turbinas eólicas, dónde decidirá invertir Ignacio Sánchez Galán cuando el presidente Pedro Sánchez, aludiendo ad hominem, lo mencione y diga: «Algunos dirigentes de bancos, como la señora Botín, o el señor Galán… en fin, creo que, si protestan, es que vamos en la buena dirección». Evidentemente protestaban contra un impuesto especial sobre unas hipotéticas ganancias excepcionales derivadas de los altos precios de la energía y de la subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo. Aunque esta retórica populista puede cosechar votos, atacar al empresariado difícilmente ayuda a nada bueno. Los mandatarios tienen que entender que Sánchez Galán dirige Iberdrola, una empresa que tiene noventa proyectos relacionados con las energías renovables y el hidrógeno verde que podrían suponer una inversión cercana a los 15.000 millones de euros. Estos proyectos también están en marcha en Alemania, en el Reino Unido y en Estados Unidos, igual que en España. Y uno podría apostar a que Sánchez Galán seguirá en el mundo empresarial mucho tiempo después de que el presidente Sánchez abandone la política. En mis dieciocho años en Sanitas, recuerdo que visité a media docena de ministros de Sanidad. La vida media de los políticos en España es bastante corta.

¿Cuántas veces hemos escuchado a Pedro Sánchez decir que sus medidas son «para proteger a la clase media y trabajadora, aunque resultemos incómodos para algunos poderes»? Y por supuesto, en la misma línea va el ataque directo a Alberto Núñez Feijóo: «La oposición ha cambiado de cara, pero no de actitud, ahí está el bloqueo y ahora el catastrofismo». Dividir al país en clases sociales donde los «ricos» son sanguijuelas que le chupan la sangre a las clases medias y a los trabajadores es un tópico habitual. Y dividir al país según la orientación política —la izquierda es buena, la derecha es mala— es parte del discurso típico. Con este tipo de liderazgo, en una economía global y competitiva, España tendrá problemas. Al fin y al cabo, para Hacienda y los demás, los «ricos» son todos los que ganan más de 70.000 euros al año. Y todo este talento es libre para trasladarse a climas más amables. Sánchez Galán, por ejemplo, ha dicho que prefiere investigar en Portugal y en Estados Unidos.

Y aunque España está desarrollando rápidamente los métodos de las energías verdes y renovables, aún quedan muchos años en los que habrá que seguir utilizando los combustibles alternativos, como el gas. ¿Y por qué no se plantea la posibilidad de utilizar la energía nuclear? El gobierno ni siquiera tiene intención de ampliar la vida útil de las actuales centrales nucleares. España, con su enorme cantidad de tierras vacías, podría ser un gran país para desarrollar el fracking, la fracturación hidráulica del subsuelo para extraer gas y petróleo. Eso permitiría no depender del gasoducto con Argelia o de los barcos con gas natural licuado procedentes de Estados Unidos. ¿Y qué podemos decir de la explotación de petróleo en las aguas de Canarias? ¿Vamos a dejársela a Marruecos?

Dado que España es un país de tamaño medio con una financiación limitada, procedente básicamente del IVA y del IRPF, ¿cómo se podrían financiar estos proyectos? La primera clave importante es que hay que revisar toda la ideología que se mueve en torno a los proyectos donde colaboran los ámbitos públicos y privados. El segundo punto importante es una cuestión de prioridades: si el gasto total presupuestado para 2023 era de 455.978 millones de euros, ¿por qué se dedican 20.319 millones de euros a un plan trienal (2022-2025) para el Ministerio de Igualdad? De esta suma, el 91 por ciento (unos 14.000 millones) se destinarán a la «economía para la vida y reparto justo de la riqueza». Esto, por supuesto, es parte del precio que hay que pagar por tener una coalición de gobierno con Unidas Podemos. Evidentemente, España podría funcionar con una docena de ministros y no con veintidós. Y resulta igual de evidente que tanto los consumidores como las empresas están clamando por un plan energético razonable, porque la transición a las energías verdes va a llevar algún tiempo y va a costar más dinero que el mejor de los planes burocráticos. Sí, es cierto: la guerra en Ucrania no ha puesto fáciles las cosas y la dependencia alemana del gas ruso —prácticamente su única opción— ha resultado ser un desastre.

De repente, sin el gas ruso, muchos países europeos han empezado a tener problemas de suministro. España ha tenido la fortuna de contar aún con cierta cantidad de energía nuclear disponible y operativa, y dos gasoductos con Argelia. Uno de ellos pasa por Marruecos y se cierra en cuanto hay diferencias políticas con este país a cuenta del Sáhara Occidental. El segundo, Medgaz, es suficiente y es un gasoducto moderno que se creó cuando la tecnología permitió tender una tubería sobre el lecho mediterráneo. España, además, tiene muchos puertos preparados para desembarcar gas líquido. Pero la decisión personal de Pedro Sánchez de aceptar la postura de Marruecos sobre el Sáhara ha causado algunos problemas con Argelia. Cuando un presidente, cuyo teléfono ha sido intervenido por el servicio secreto marroquí, de repente adopta una postura sorprendente, contra las ideas de su propio partido y contra las recomendaciones de la ONU, se suscitan muchas preguntas. ¿Estaba siendo chantajeado por los marroquíes? ¿Se trata de ganarse el favor de Biden y de Estados Unidos, que son aliados incondicionales de Marruecos, mientras que Argelia está más en la órbita rusa?

Tal vez algún día los historiadores estén en condiciones de explicar lo que hoy resulta inexplicable. Este incidente ha obligado a España a importar una gran cantidad de gas licuado, mucho más caro, de Estados Unidos e, increíblemente, de Rusia. Aunque oficialmente España apoya las sanciones de la Unión Europea contra el petróleo y el gas rusos, España está comprando discretamente gas ruso para cumplir los contratos hasta que estos expiren.

Pero después de cinco años de «sanchismo», ya hay pocas cosas que sorprendan. ¿Qué fue de aquel joven idealista que aceptó un puesto con Carlos Westendorp? Westendorp fue ministro de Asuntos Exteriores con Felipe González, y en 1997 la ONU lo designó Alto Representante Internacional para Bosnia y Herzegovina en el «proceso de pacificación» de la antigua Yugoslavia. Mientras estaba en su equipo, Sánchez conoció a Bill Clinton y le impresionó ver cómo el presidente de Estados Unidos se quedaba en la sala después de una reunión oficial para escuchar lo que todos los presentes tenían que decir. Mientras que el resto de los líderes abandonaron Sarajevo a los tres días, Bill Clinton se quedó toda una semana y celebró reuniones con ciudadanos y advirtió que sería necesaria una solución pacífica para preservar la convivencia en la nueva Europa. Recordó que la Primera Guerra Mundial de la vieja Europa había comenzado precisamente en Sarajevo.

Dado que Pedro Sánchez es mucho más cercano al Círculo de Bellas Artes —donde su campaña de Madrid obtuvo su primer gran éxito— que al Círculo de Empresarios, mi única relación con él fue una tarjeta navideña en diciembre de 2018. Después me tacharon de la lista. Me enviaron a Siberia. Como él mismo dice en su Manual: «Algo parecido sucede con algunos dirigentes empresariales. Me decían siempre que estaban muy preocupados, pero se trata de personas que, pese a ser referentes sociales o empresariales, han perdido la conexión con la gente, y que tratan de analizar con anteojos anticuados una realidad distinta».

Yo llevo efectivamente anteojos (así se llaman las gafas en algunos lugares de Sudamérica), pero en ningún sentido me creo anticuado. Tal vez algún día, ahora que soy presidente de la Sociedad de los Cien Bibliófilos, el presidente pueda venir a mi casa y ver mi biblioteca, con la mayoría de los libros de Manuel Azaña dedicados a mi abuelo. Uno de sus héroes juveniles era Azaña, junto con Willy Brandt. Pero Sánchez sigue siendo un enigma para mí. Un líder político totalmente impredecible. Y lo que España perdió en 2016, cuando fue posible un gobierno del PSOE y Ciudadanos (con Luis Garicano entre bambalinas dirigiendo la economía), es incalculable. Y lo que España perdió después, cuando Rajoy le ofreció un puesto en una coalición gubernamental PP-PSOE, de tipo alemán, es también difícilmente cuantificable. Porque después de años de «sanchismo», España aún no se ha recuperado de la crisis del Covid y ni siquiera de la crisis de 2008. Actualmente estamos afrontando una larga guerra contra una crisis de estanflación (crecimiento escaso o nulo y enorme inflación). España es líder mundial, entre las grandes economías del mundo, en lo que se ha denominado Misery index; se trata de un indicador económico desarrollado por Arthur Okun y se calcula sumando la tasa de paro a la tasa de inflación anual.

Desgraciadamente para los ciudadanos españoles, Sánchez ha tenido que llegar a acuerdos con Bildu y ERC con el fin de mantener su mayoría en el Congreso. Para tener contentos a los miembros de Bildu, casi todos los terroristas de ETA han sido trasladados a cárceles de Euskadi. Y para asegurarse los votos de ERC, Sánchez ha tenido que dar una enorme pirueta ideológica. Hace solo unos años le dijo a Susanna Griso, en Espejo Público, que el «golpe de Estado» de los separatistas catalanes era claramente una «rebelión» y los socialistas dieron el sí a hacer efectivo el artículo 155 de la Constitución. Al final, la «sedición» que formaba parte de la sentencia del Tribunal Supremo, se ha rebajado a «desórdenes públicos», y las penas a los implicados se han suavizado considerablemente. Todo esto después de haber concedido indultos a quienes organizaron la rebelión. En la mayoría de los países serios, Sánchez tendría que haber dimitido. ¿Cómo deben de sentirse los jueces del Tribunal Supremo? En España, el presidente miente y el público lo acepta. Solo el partido ultranacionalista Vox protesta siempre y el Partido Popular en algún caso. Nicolás Redondo Terreros, un líder socialista, estuvo a punto de formar un nuevo partido para acoger a los afiliados y votantes desilusionados del PSOE. Pero yo coincidí con él recientemente —es presidente del Club Siglo XXI— y le pregunté si iba a seguir adelante con su plan. Su respuesta fue un monosílabo: «No».

Capítulo 9.

DEL NEOLIBERALISMO A LA «POLÍTICA LÍQUIDA»

En 1989, Francis Fukuyama predijo «el fin de la historia»; se produciría cuando todos los países copiaran las instituciones económicas y políticas de Estados Unidos. Aquello habría sido una victoria completa del neoliberalismo. Pero en 2007, Zygmunt Bauman, en su libro Modernidad líquida, hablaba de cómo la globalización ha debilitado todas las instituciones políticas.

La sociedad ya no está protegida por el Estado, o al menos es improbable que confíe en la protección que se le ofrece; ahora está expuesta a la rapacidad de fuerzas que no controla y que ya no confía ni intenta recuperar y someter. Por esta razón, en primer lugar, los gobiernos de los países luchan día tras día por capear los temporales actuales, dando tumbos en la gestión de las distintas crisis y planteando unas medidas de urgencia tras otras, soñando únicamente con permanecer en el poder tras las siguientes elecciones, pero, por otra parte, careciendo totalmente de ambiciones y programas a largo plazo, por no hablar de visionarios con soluciones radicales a los problemas de compromiso con el país.

Y en este punto es donde se encuentran las instituciones españolas. Se esfuerzan por hacer frente constantemente a campañas de gestión de crisis. Primero fue el crack inmobiliario de 2008, luego la debacle de las cajas en 2012, más adelante, la pandemia de Covid y, finalmente, la enorme inflación y el aumento de los tipos de interés que han provocado, si no una recesión, un frenazo casi total del crecimiento económico; y, como los salarios aumentan más lentamente que la inflación, se ha provocado también el empobrecimiento de la población.

Y si uno cree en un artículo que Yuval Noah Harari publicó en 2018, el futuro, gracias a la inteligencia artificial, nos conducirá a «dictaduras digitales», con gobiernos monitorizando todos nuestros movimientos, todas nuestras comunicaciones e incluso todos nuestros pensamientos. China es un ejemplo: es un país que se está moviendo ya en esa dirección.

Una consecuencia clara de la globalización es que la información viaja a la velocidad de internet por todo el planeta. La teoría del caos dice que cuando una mariposa agita sus alas en los bosques tropicales de la Amazonia, puede cambiar el clima de un país que esté al otro lado del mundo. Tal y como dice el economista y ensayista Jacques Attali en La Voie humaine: pour une nouvelle social-démocratie, el 90 por ciento de la riqueza total del planeta está en manos de un 1 por ciento de ciudadanos. De modo que existe una profunda desigualdad global que ahora está a la vista de todos, no escondida en el corazón de África, como ocurría en siglos anteriores. Y la pandemia de Covid fue como las alas de la mariposa, solo que empezó en un mercado o laboratorio de Wuhan.

¿Qué significa esto para España y para la Unión Europea, de la que España es una parte importante? Significa que las reformas radicales que corrijan los problemas económicos de nuestra sociedad probablemente no las llevarán a cabo los políticos. Si miramos el Eurobarómetro de 2021, que mide la «confianza» en los partidos y en la policía, veremos que Holanda está en lo más alto, con el 56 por ciento de ciudadanos que confían en los partidos políticos y un 92 por ciento de la población que confía en su policía. Frente a estas cifras está España, en los últimos lugares, junto con Letonia justo por encima: en España, menos del 10 por ciento de los ciudadanos confían en los partidos políticos; sin embargo, el 76 por ciento de la población confía en la policía, lo cual nos sitúa por encima de la media europea. Esto da una idea gráfica de por qué el presidente Sánchez evita pisar la calle. Sobre todo, después de llamar «piolines» a los policías que fueron a Cataluña para hace cumplir el artículo 155. Uno de los contingentes fue transportado en un crucero con el dibujo del canario Piolín.

El gran maestro de la «política líquida» en España fue Iván Redondo, director del gabinete del presidente Sánchez, que dijo: «Yo me tiro a un barranco por Sánchez. Estaré con él hasta el final». A Redondo siempre se le anteponía el calificativo «todopoderoso» por todas las competencias que tenía: era el superconsejero que cubría el marketing institucional o formaba parte de la Comisión de Seguridad Nacional. Pero no llegó a su soñado puesto de ministro de la Presidencia. Esto estaba reservado para su enemigo Félix Bolaños. El PSOE se acercó más al presidente, cuando Iván quería alejarlo. Pero probablemente la estrella de Iván Redondo acabó el 4 de mayo de 2021, cuando Ayuso arrasó en Madrid e Iván insistía en decirle a Sánchez que el candidato socialista, Ángel Gabilondo, tenía posibilidades. Su brillantez estratégica empezaba a fallarle.

Cuando me encontré con Iván Redondo en el Círculo de Empresarios, la primera pregunta que me hizo fue: «¿Por qué siempre estás criticando al gobierno?». Le contesté que la comunidad empresarial que yo representaba no estaba contenta con lo que estaba haciendo el Ejecutivo. Había una clara hostilidad. «Entiendo», dijo. En el pasado, Iván Redondo había trabajado en la consultora Llorente y Cuenca, en el ámbito de la comunicación, porque conocía muy bien el sector. En el Círculo hizo una breve presentación, la última en una sala abarrotada antes de que llegara el Covid. Cuando concluyó, mi primera pregunta fue: «Ya no hay líneas rojas. ¿Se puede pactar con Esquerra y Bildu?». Redondo se enredó en una larga explicación de líneas azules, verdes y de todos los colores.

Iván Redondo es un analista brillante, pero tal vez ha visto demasiados capítulos de la serie El ala oeste de la Casa Blanca, con Martin Sheen en el papel de Josiah Bartlett, presidente de Estados Unidos. Mi sospecha es que Pedro Sánchez coge el helicóptero Super Puma para ir a buscar su avión a la base de Torrejón porque Iván ha visto al presidente americano salir en helicóptero desde los jardines de la Casa Blanca hacia la base Andrews de la Fuerza Aérea americana. En cualquier caso, él ha sido quien ha implantado la figura del moderno spin doctor (especialista en propaganda política) en la Moncloa. Ninguno de sus predecesores eran profesionales apolíticos que obraban su magia para candidatos de cualquier partido político, fuera el Partido Popular o el PSOE.

Tal y como Susanna Griso dijo de él en Espejo Público:

Algunos lo califican de mercenario, de trabajar para el PP o el PSOE. Es una virtud, no un defecto. Acuérdate de que el Papa le dijo a Sánchez que no es momento para ideologías. Ahora tienes una epidemia social, económica y política. Es el momento de tender puentes, de dejar de lado las ideologías y buscar soluciones. Siempre dice que es más de personas que de partidos y lo demuestra. Además, no tiene una posición sectaria, que te encuentras en otros partidos, casi más en la nueva política que en la vieja: es más dúctil. Esto se le critica, cuando es una virtud.

Lo más destacado de Iván Redondo es que procede de una modesta familia vasca y llegó a Madrid sin tener contactos. Y ha trabajado con Antonio Basagoiti (PP), José Antonio Monago (PP), Xavier García Albiol (PP) y Pedro Sánchez (PSOE) antes de cumplir los cuarenta años. Tengo el número de su teléfono móvil en mis contactos, y no tengo ninguna duda de que sabremos más de él en los próximos años. Su problema, ahora mismo, es que ningún presidente de las empresas del IBEX 35 querría contratarlo y su salida de la Moncloa pasó por una entrevista con el periodista Jordi Évole que fue el equivalente a un portazo cuando te largas malhumorado de un lugar. Pero en su mejor momento, Iván Redondo era como un maestro de ajedrez, siempre pensando y calculando varios movimientos por delante de sus oponentes. Conseguir que José Antonio Monago (PP) fuera elegido presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura en 2011 fue brillante. Y, por supuesto, conseguir que Pedro Sánchez fuera elegido presidente del gobierno de España gracias a una moción de censura fue otra de sus jugadas maestras, propias de un ajedrecista. Estoy de acuerdo con Susanna Griso cuando afirma que necesitamos más líderes políticos con menos ideología y más soluciones prácticas a nuestros problemas.

Iván Redondo es una de las pocas personas que ha trabajado con Pedro Sánchez que puede explicar al público, una vez que ha abandonado su puesto de asesor, qué fue exactamente lo que le ocurrió al joven e idealista socialdemócrata que estuvo colaborando con Westendorp. Ha habido tantas sorpresas y vaivenes estos últimos años que parece que la política ya no sigue un patrón establecido. El tren de la política ha descarrilado. Basta con mirar la elección de Donald Trump en 2016, el Brexit del Reino Unido ese mismo año, el desmoronamiento de los partidos tradicionales en España y Francia. De hecho, si yo fuera socialista en España, estaría muy preocupado: si surgiera repentinamente un Macron español (sin duda asesorado por Iván Redondo) mi partido prácticamente desaparecería. Luego está la extrema derecha, nacionalista y xenófoba, en partidos liderados por gente como Marine Le Pen en Francia, Giorgia Meloni en Italia o Santiago Abascal en España. ¿Y quién podría haber imaginado a un Viktor Orbán en Hungría, o a un Jair Bolsonaro en Brasil, o a un actor como Volodímir Zelenski en Ucrania?

Con los partidos españoles ocupando los últimos puestos en la clasificación europea de la confianza que depositan en ellos los ciudadanos y con una creciente desconfianza en los medios de comunicación, el panorama se presenta como un cóctel que puede acabar en el surgimiento de un líder mesiánico y populista. Afortunadamente hay «un adulto en la sala», Alberto Núñez Feijóo, que puede traer alguna estabilidad al sistema. Las alternativas son aterradoras.

La desconfianza en los partidos políticos es lógica después de todos los casos de corrupción, de todos los Gürtel, las Púnicas y el «fondo de reptiles» en el caso de los ERE en Andalucía. Y entre los nuevos partidos llamados a limpiar la basura, Podemos estuvo financiado por Venezuela y otros regímenes izquierdistas de Sudamérica. Recuerdo una comida en la escuela de negocios ESIC, donde yo era parte de un jurado para deliberar a quién nominar para el Premio Aster, el galardón que premia al empresario del año. Jesús Sepúlveda, el alcalde de Pozuelo de Alarcón, donde está la sede de la Universidad, era un clásico: una figura esbelta y elegante, que nunca comía carne y siempre pedía una tortilla. De repente desapareció de la escena al descubrirse que era uno de los «beneficiarios» de la trama Gürtel. Le comenté a Simón Reyes, entonces presidente de la junta directiva del ESIC: ¿quién podía haber imaginado que un hombre tan callado y elegante estuviera envuelto en una trama de favores ilegales y recibiera un coche a modo de regalo…? «Era un Jaguar…», me contestó. En noviembre de 2020, Jesús Sepúlveda entró en la cárcel de Soto del Real para cumplir una condena de catorce años y diez meses. El día anterior, Rosalía Iglesias, esposa del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, entró en la cárcel de mujeres de Alcalá-Meco. En su caso, la sentencia era de doce años y once meses. Su marido fue sentenciado a veintinueve años y un mes. La lista de políticos encarcelados en España es interminable. Mucho más larga que la de los empresarios que compran sus favores. Pero la corrupción tiene esas dos caras.

Capítulo 10.

EL BIEN MÁS PRECIADO:

LA SANIDAD

Si observamos cómo gasta el dinero el gobierno, veremos dos desajustes evidentes. En la parte alta está el 12 por ciento que se destina a las pensiones. Y la demografía nos dice que esta partida solo va a aumentar debido al envejecimiento de la sociedad, a menos que no se tomen medidas y se lleven a cabo reformas rápidas. En la parte baja está el 1 por ciento destinado a Defensa. La pertenencia a la OTAN implica el compromiso de gastar el doble de esa cantidad, y la invasión de Ucrania ha puesto esta obligación en la lista de prioridades. Entre un extremo y otro está el 8 por ciento destinado a Sanidad, al cual se puede añadir el 2,9 que va a entidades privadas. El total del 10,9 por ciento es superior a la media de la Unión Europea, pero el gasto por persona es inferior. Dinamarca destina 5.325 euros por persona, seguida de Suecia, con 5.001 euros. En España solo se dedican 2.594 euros por persona y año. (Datos EUROSTAT en 2020).

Si hay un área que conozco bien es la Sanidad. Dirigí dos estudios del Círculo de Empresarios, como he mencionado más arriba, y participé además en un tercero patrocinado por el Círculo, pero coordinado por Ignacio Riesgo y Julián García Vargas. Este se titulaba «Diez temas candentes» y se presentó en el auditorio de la Fundación Rafael del Pino. Ignacio Riesgo es el decano de los consultores de Sanidad en España y tiene experiencia en dirección hospitalaria y muchos años al frente de la consultoría sanitaria en PwC (PriceWaterhouseCoopers). Julián García Vargas fue ministro de Sanidad y también de Defensa con Felipe González. Tiene amplísimos conocimientos que van mucho más allá de esas dos áreas concretas. De hecho, fue el único ministro de González que estudió el Corán. Esto no le ha impedido mantener relaciones comerciales con empresas de Israel.

Ya ha pasado tiempo suficiente para evaluar la respuesta de España a la pandemia de Covid. Y la respuesta inicial fue un desastre. Porque, aunque el sistema de salud se considera uno de los mejores del mundo, especialmente en relación con su coste, el Sistema Nacional de Salud es un saco vacío comparado con lo que era cuando Núñez Feijóo dirigía el Insalud. Actualmente el Ministerio de Sanidad es una entidad casi carente de contenido. Realiza las adquisiciones sanitarias para Ceuta y Melilla; el resto de competencias se han transferido a las comunidades autónomas. Naturalmente, la ventaja de dividir el sistema en diecisiete sistemas es que los recursos sanitarios están más cerca de la ciudadanía. Cada región puede abordar problemas regionales específicos, la mayoría de los cuales se refieren al tratamiento de enfermedades crónicas. Con frecuencia, un anciano tiene más de una enfermedad crónica. La telemedicina ha sido un gran avance y ha contribuido a reducir las visitas a los centros de atención primaria, pero esta fórmula aún está en pañales. En Estados Unidos, debido al elevadísimo coste de las consultas médicas, la mayor parte de este trabajo lo hacen enfermeros o enfermeras.

Cuando se reconoció la existencia de la pandemia de Covid en España, en marzo de 2019, al Ministerio de Sanidad del país lo pilló completamente desprevenido. Italia había tenido miles de casos ya, pero eso no pareció interesarle al sistema de salud pública español. En abril de 2020, un año después de que la pandemia hubiera arrasado España, los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) —140.510 casos y 13.787 muertos— situaban a España en el segundo puesto global en casos, tras Estados Unidos, (aunque Estados Unidos tiene siete veces la población de España) y en el segundo puesto tras Italia en cifras de muertos (aunque Italia no tuvo tiempo para prepararse). Bruce Aylward, que presidió la misión de la OMS, subrayó la «heroica e inspiradora respuesta de los trabajadores sanitarios».

Dado que la mayor parte de los equipos de protección personal (EPP), como guantes, gafas de protección y escafandras se manufacturaban casi exclusivamente en China, los sanitarios tuvieron que improvisar y utilizar gorros de baño y bolsas de basura. Y los distribuidores chinos, ante semejante demanda sin precedentes, exigían la mitad del pago antes de enviar el material. Un español a quien yo conocí en China tenía un avión cargado con material de protección listo para enviar. Esperó a que el Ministerio de Sanidad le transfiriera el 50 por ciento del coste. Me dijo que, como español, quería enviar ese cargamento aéreo a España, pero después de estar dos semanas esperando, el avión voló a Brasil.

El portavoz de la respuesta de España a la pandemia, Fernando Simón, había demostrado solvencia y había tenido éxito en una crisis anterior, cuando el ébola entró en España con dos misioneros que habían estado en África. En el caso de la pandemia, sin embargo, se equivocó al afirmar que, aunque en el norte de Italia el Covid estaba desbocado, España tendría que hacer frente únicamente a unos cuantos casos. Recientemente admitió que su Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias (CCAESS) tenía una «infradotación crónica de recursos» que hizo inviable una respuesta «rápida y suficiente». En su análisis, los técnicos de CCAESS también insisten en que la falta de «automatización de muchos procesos» ha puesto en duda «la confianza en el sistema de vigilancia». Y concluyen que «puede pasar lo mismo otra vez».

La gestión de crisis del Covid en España es un ejemplo de todo lo que funciona mal en el país hoy. Para empezar, se produjo una reacción autoritaria del gobierno con dos «estados de alarma», el segundo de los cuales fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Fue ilegal porque duró seis meses sin que hubiera control parlamentario e invadió derechos transferidos a las comunidades autónomas. Y el primer estado de alarma también tenía algunas cláusulas ilegales que limitaban la libre circulación de personas y vehículos en espacios públicos. Y podemos dar las gracias al partido Vox por el recurso de inconstitucionalidad. Los otros partidos políticos estaban dormidos. Como dijo el economista austro-británico Friedrich Hayek, «las emergencias siempre han sido el pretexto para erosionar las garantías de las libertades individuales».

En los dos primeros meses de la pandemia, el presidente Pedro Sánchez celebró trece ruedas de prensa. Y, al principio, la prensa estaba amordazada porque las preguntas a las que respondía se filtraban previamente. Más de quinientos periodistas se quejaron en cartas abiertas, y el sistema se modificó más adelante. Pero a la afirmación «El gobierno me ha ayudado a entender la pandemia», el 64 por ciento de los ciudadanos argentinos la dio por cierta; en el Reino Unido estuvo de acuerdo el 63 por ciento de la población; en Alemania, el 50 por ciento; en Estados Unidos, el 45 por ciento; y en España, solo el 40 por ciento (Reuters Institute, 2020). Esto se debía principalmente a que la ciudadanía quería escuchar a expertos, no a Pedro Sánchez, ni a un desacreditado Fernando Simón. Pero, tal y como supimos más adelante, no existía ningún comité de expertos, aunque se les citaba muy a menudo.

Así que lo que tenemos es una combinación muy poco saludable para el buen funcionamiento de una democracia: un presidente autoritario y una prensa amordazada. Iván Redondo, que manejaba la situación entre bambalinas, siguió diciéndole al presidente que lo único que importaba era la televisión. Se confeccionó un plan para inyectar quince millones de euros en los canales privados de televisión porque habían perdido publicidad debido a la pandemia de Covid. Más adelante se redujo la cuantía a diez millones. Esto recuerda mucho la organización de la prensa privada de Cataluña y las subvenciones y ayudas del gobierno regional. Y el Grupo Prisa, controlado por Joseph Oughourlian, de Amber Group, estuvo muy cercano al gobierno, y respaldó a su vez el intento del gobierno por reorganizar el consejo de la tecnológica Indra.

Finalmente hay que hacer referencia a la corrupción en la compra de equipos médicos: se suspendieron todas las restricciones y los protocolos de adquisición de material sanitario durante el período de emergencia. Una de las últimas compras la hizo el gobierno de Canarias: 23 adjudicaciones con un coste de 32 millones de euros. Todas se hicieron sin concurso público, con la justificación de «emergencia Covid-19». Luego tenemos el caso del hermano de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. El caso contribuyó a la caída del que fuera presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Por un amigo que tengo en la Sanidad pública de Madrid, yo estaba al tanto de todas las irregularidades, pero advertí a Casado de que no se metiera con Ayuso. La presidenta era muy popular y, si se sentía eclipsado por ella, era cuestión de vivir con ello y aguantarse. Al fin y al cabo, él presidía el partido y ella era solo una líder regional. Es evidente que no me hizo caso.

También hay que contar los casos del gobierno central, donde el ministro de Sanidad, Salvador Illa, adquirió material sanitario de un grupo de pequeñas empresas catalanas que no tenían experiencia en el sector médico. El Tribunal de Cuentas detectó «incidencias» en el 22 por ciento de los contratos de Illa durante la pandemia. Y ahora la fiscalía europea está investigando la compra de batas desechables a un precio sesenta veces mayor de lo normal; se adquirieron a una empresa china utilizando fondos de la Unión Europea.

Más recientemente se supo de una trama desmantelada por la Policía Nacional: se trataba de unos delincuentes que vendieron más de dos mil certificados falsos de vacunación contra el Covid a famosos. El precio era variable, de doscientos a mil euros, dependiendo del nivel económico del individuo. Los actores Verónica Echegui y Álex García Fernández fueron dos de los investigados, junto con Ana María C., conocida como la Reina de la Coca. (Se decía que vendía cien kilos al año). Todos ellos habrían utilizado códigos QR falsos que daban por hecho que estaban vacunados. La «operación Jenner» —así se llamó— acabó descubriendo que la corruptela había sido idea de una enfermera y un auxiliar.

Las lecciones que deberíamos haber aprendido de la lucha contra la pandemia son, en primer lugar, que se necesita más coordinación y colaboración internacional; en segundo término, que se necesita tener suficiente material almacenado para afrontar la próxima pandemia, porque es cuestión de tiempo que vuelva a ocurrir. Lo que hemos aprendido durante la pandemia es que los hospitales privados son fundamentales en los momentos críticos. Debería haber una colaboración permanente entre los dos sectores, sobre todo en equipamiento de alta tecnología. Por ejemplo, las únicas dos máquinas de protonterapia (para tratamientos contra el cáncer) actualmente operativas de España están en dos hospitales privados de Madrid. Una es japonesa, fabricada por Hitachi, y está en la Clínica Universitaria de Navarra. La otra es de fabricación europea, ligeramente menos sofisticada, y está en Quironsalud, en Pozuelo de Alarcón. La mayoría de los sistemas públicos de salud de Europa tienen al menos una máquina de estas para el tratamiento preciso con radiación para tumores malignos. En España debería haber centros nacionales especializados en la investigación de este tipo de equipamiento de alto coste y no dejárselo a las autonomías. No tiene ningún sentido tener diecisiete máquinas.

También se necesita contar con un sistema integrado de investigación pública y privada, tanto de investigación básica como aplicada. Y el mundo académico tiene que acercarse mucho más a las empresas biomédicas, entre ellas, las que se concentran en fármacos o en la tecnología sanitaria. Actualmente estoy trabajando con un pequeño grupo de personas (entre ellas, el arriba mencionado Ignacio Riesgo y Antonio Zapatero, exviceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Ana Céspedes de la International AIDS Vaccine Initiative, IAVI) en un proyecto para establecer una «biorregión» en Madrid (BioMad). Esto vincularía a todos los agentes públicos y privados y conformarían un polo de atracción de nuevas inversiones sanitarias en la comunidad.

Lo que resulta claramente necesario es invertir en la transformación digital de los hospitales, utilizar más la telemedicina y la inteligencia artificial. Hace falta más formación tecnológica del personal y salarios más altos. Los médicos españoles están mal pagados comparados con sus colegas de la Unión Europea, bastantes se ven obligados a trabajar muchas horas por la tarde y por la noche en el sector privado para mantener a una familia. Y en el futuro, los especialistas médicos se fiarán más de aparatos de aprendizaje automático que pueden detectar un tumor con una imagen de una resonancia magnética que del médico más experimentado. Igual que la computadora Deep Blue pudo ganar a Garri Kasparov en aquella famosa partida de ajedrez. El mundo de la medicina también está cambiando.

La elevada esperanza de vida en España —actualmente, de ochenta años para los hombres y de ochenta y seis para las mujeres— es un factor clave en la consolidación de la clasificación que ocupa el sistema público de salud de nuestro país. Pero hay dos temas candentes que se repiten año tras año.

El primero es la cantidad de equipamiento obsoleto. Esto es particularmente grave en los aceleradores lineales (LINAC), que son máquinas que dirigen fotones a los tumores cancerosos. A medida que el cáncer aumenta entre la población, también necesitamos que el número de aceleradores aumente. La Fundación Amancio Ortega tiene un programa para comprar máquinas que se enviarán a las diferentes autonomías cuyos equipos necesiten actualizarse. El partido de extrema izquierda Podemos ha criticado estas donaciones privadas: es solo un ejemplo más de cómo los proyectos conjuntos públicos y privados se congelan por razones ideológicas. Y el que lo sufre es el ciudadano español.

Otro aspecto que necesita mejorarse es el de las listas de espera. Al igual que ocurre en el sistema de salud de Gran Bretaña (National Health Service, NHS), la espera en España puede ser tan larga que para cuando llega la fecha de la cita, el paciente ya se ha muerto. En la actualidad hay tres millones de españoles esperando una media de tres meses para una cita con un especialista, y hay 700.000 personas que esperan una media de cuatro meses para una operación. Este es el peor registro de la historia sanitaria en España.

Lo que han hecho algunos países vecinos, como Portugal e Italia, es exigir un copago por algunos servicios. En Italia se paga una suma si la urgencia no requiere ingreso hospitalario. Porque utilizar el servicio de urgencias como atajo para evitar las listas de espera es un problema habitual. En Francia, el paciente paga aproximadamente el 20 por ciento del tratamiento y suele contratar un seguro para cubrir estos abonos. En Alemania, las personas con mayores ingresos pueden optar por no acogerse al sistema público y contratar un seguro privado. Alrededor de una cuarta parte de los españoles tienen seguro médico privado, pero también tienen cobertura pública. Esto, claro, como ocurre con la educación privada, significa que están pagando dos veces. La triste verdad es que cualquier reforma en España se paraliza por razones ideológicas, no racionales o económicas. Y esta es una constante en los ámbitos sociales más importantes: la salud y la educación.

Capítulo 11.

LA «INEPTOCRACIA» Y LA «DEMOCRATURA»

Es descorazonador ver la falta de reformas que podrían impulsar en España el crecimiento sostenible y la competitividad. Pero, en los años del presidente Pedro Sánchez, España se está quedando rezagada respecto a los líderes de la Unión Europea, Alemania y Francia, principalmente porque la economía cayó más aquí durante la pandemia y aún no se ha recuperado. Actualmente hay una inflación galopante y, una vez más, es más virulenta en España que en Alemania. Y no hay que olvidar que no nos estamos comparando con los países económicamente líderes según Ray Dalio, Estados Unidos y China. Comparado con ellos, un país como España es cada vez más irrelevante.

Y el horizonte institucional está amenazado por el propio gobierno. Como afirmó Alfonso Guerra, exvicepresidente del gobierno con Felipe González, «[la nuestra] es una democracia que es autoritaria, en la que se vota, pero se toman decisiones que son autoritarias […]; cuando una sociedad acepta lo absurdo sin reaccionar, es una sociedad en decadencia». Y mi amigo Antonio Garrigues, el abogado, dice: «Los políticos mienten y, cuando los pillan mintiendo, ni se ponen colorados». Podemos empezar con el «no podría dormir tranquilo con Podemos en el gobierno» de Sánchez, seguir con el «nunca pactaré con Bildu» y acabar con el «¿de quién depende la Fiscalía?» en un intento de poner el poder judicial bajo la égida del Ejecutivo.

Por otra parte, claro, tuvimos que asistir a los indultos a aquellos acusados en la rebelión del procés por la independencia respecto al resto de España. Y ahora, en contra del propio código ético del PSOE, que obliga al partido a no apoyar indultos en casos de corrupción, se está disponiendo todo para conmutar la pena de cárcel a José (Pepe) Antonio Griñán, expresidente de Andalucía. Estando en la Junta de Andalucía, su administración repartió 680 millones de euros en ayudas a empresas en crisis y destinados a sufragar el pago de prejubilaciones, pero aquello se convirtió en un «fondo de reptiles» y el dinero acabó en manos de amigos para pagar a prostitutas y comprar cocaína.

Además, la nueva Ley de Transparencia se ignora casi siempre, y no hay información disponible sobre el uso del avión Falcon ni se dan los nombres de los que lo han utilizado. Y los vínculos autoritarios son más evidentes en el abuso de la fórmula del Real Decreto Ley, pensado para emergencias y utilizado por el gobierno de Pedro Sánchez en más de cien ocasiones. Añádanse a esto las leyes dudosamente legales para imponer impuestos especiales a las empresas energéticas y los bancos. Dos palabras suelen emplearse para describir el «sanchismo»: «ineptocracia» y «democratura», un híbrido de formas democráticas y autoritarias. Elijan.

Desde Montesquieu la separación de poderes significa que el legislativo, el ejecutivo y el judicial deben ser independientes, pero en la España del «sanchismo» la línea que los separa es cada vez más borrosa. El poder legislativo está ahora atomizado en muchos partidos, incluido Teruel Existe, cuyo único voto en el Congreso fue crítico para que Sánchez fuera elegido en la moción de censura. Sería muchísimo mejor recurrir al sistema alemán, que exige un mínimo del 5 por ciento de los votos para entrar en el Bundestag. Esto se debe a que entendieron durante la República de Weimar que un parlamento fragmentado es inviable. Y si los gobiernos de la democracia siguen en su empecinamiento de no hacer reformas decisivas, hasta que no se produzca una gran coalición al estilo alemán será difícil imaginar que la cosa pueda cambiar. Las listas cerradas, como ya se ha dicho, también tienen que reformarse.

El poder judicial ha sido una patata caliente para todos los partidos desde la Transición: el Consejo del Poder Judicial ha estado en el limbo durante años, porque tanto los partidos políticos como los jueces han peleado por ver cuántos se nombraban de cada grupo. El nombramiento de políticos en las instituciones judiciales fue una reforma de la administración de González, y los expertos de la Unión Europea lo ven con malos ojos. Hay muchos ejemplos de países, como Estados Unidos, en los que el presidente designa a los miembros del Tribunal Supremo, aunque se precisa una mayoría en el Senado para validar la elección. Aquello permitió a Donald Trump pasar de una mayoría liberal a una conservadora en el tribunal y poner en marcha la decisión de abolir la ley del aborto Roe-Wade.

En España, el gran problema del sistema judicial es su lentitud. Mucha gente no alquila sus pisos para evitar pleitos que pueden durar meses cuando un inquilino no paga el alquiler. Y un concurso mercantil puede tardar hasta cuatro años en resolverse. El famoso caso de los ERE de Griñán y Chaves en Andalucía ha durado once años hasta que por fin ha terminado en el Tribunal Supremo. Contrasta con el caso de Bernie Madoff y su inversión fraudulenta en Estados Unidos: transcurrieron solo seis meses desde el arresto a la sentencia judicial. Mercedes Alaya, la juez que investigaba el caso de los ERE en Andalucía, estuvo apareciendo durante años en la televisión con su maleta de ruedas hasta que, al parecer, tanto el PSOE como el PP consiguieron apartarla del caso porque empezaba a tirar del hilo del dinero destinado a formación. Cabe preguntarse cuántos otros casos de corrupción han bloqueado los partidos mayoritarios. Una justicia lenta es una justicia injusta.

En lo relativo a los planes para atraer inversión extranjera, hay un estudio de IESE de 2019 que demuestra que el 56 por ciento de las compañías desean que se mejore «el marco fiscal de las empresas». Un 54 por ciento pide «una mayor flexibilidad en el mercado laboral», mientras que el 52 por ciento menciona la necesidad de una «reducción de cargas administrativas a todos los niveles». Según el Banco de España, la «producción legislativa» en España se ha multiplicado por cuatro en los últimos cuarenta años, hasta situarse en torno a las 12.000 normas anuales, sumando regulación estatal, autonómica y local. España necesita reducir su legislación mediante una inversión mayor en recursos digitales y aumentando el número de jueces, y acelerar todos los procesos judiciales. Un alto ejecutivo en el sector de los supermercados me dijo que la legislación regional lo estaba volviendo loco. En una autonomía, podía abrir tiendas los domingos y las fiestas, pero en otras las leyes se lo prohibían. El tamaño máximo permitido de sus establecimientos también variaba de acuerdo con las normativas de cada región, e incluso el tamaño del párking lo legisla cada autonomía. España debe hacer un esfuerzo para que la normativa mercantil y administrativa que afecta directamente las empresas esté armonizada en todo el país. De lo contrario, el cúmulo de diecisiete legislaciones diferentes solo conseguirá ahuyentar la inversión extranjera.

Tal y como hemos aprendido en el Círculo a partir de nuestro Programa de Empresas y Parlamentarios (PEP), la mayoría de los políticos ignoran qué es una empresa y cómo funciona. Y excepto las pocas autonomías controladas por el Partido Popular, empezando por Madrid, España no es lo que uno podría considerar «business friendly». Tener en el gobierno a una vicepresidenta comunista como ministra de Trabajo no es un buen reclamo.

Teniendo a solo 39 kilómetros de España la ciudad marroquí de Tánger, con una significativa diferencia en costes laborales y con una legislación mucho más laxa, España ya no se puede considerar un mercado laboral barato. El tipo ideal de inversión que se necesita conseguir es la inversión «política» de la Unión Europea para el sector de los semiconductores, que dispondrá de 43.000 millones de euros para 2030. Para entonces, el objetivo es que Europa tenga al menos el 20 por ciento, en términos económicos, de la producción mundial de semiconductores de vanguardia y sostenibles. La compañía estadounidense Intel, por ejemplo, tiene previsto invertir 30.000 millones de dólares en producción de semiconductores en toda Europa. ¿Qué países ha elegido? En Alemania tiene previsto montar una fábrica de 17.000 millones de dólares. Y prevé levantar instalaciones destinadas a I+D para desarrollar nuevas generaciones de chips en Francia, Irlanda y Polonia. También están negociando con el gobierno italiano construir una fábrica allí. Habrá miles de millones en subvenciones para cubrir estas inversiones. Y junto al gigante americano Intel, Europa necesita desarrollar nuevas compañías y empresas, y crear un ecosistema para nuevos diseños de microprocesadores. Tras la desaparición de Nokia, la única gran empresa europea del sector es ASML (de los Países Bajos), que fabrica máquinas de fotolitografías para diseños de microprocesadores. Precisamente ahora, la industria europea está concentrada en unas cuantas ciudades con pequeñas empresas en Lovaina (Bélgica), Dresde (Alemania), Eindhoven (Países Bajos), Grenoble (Francia) y Cardiff (Reino Unido). ASML, el gigante industrial de microprocesadores, está radicado en Veldhoven (Países Bajos), y tiene unos ingresos anuales de unos 21.200 millones (2022). España, curiosamente, no participa en este sector, aunque está intentando atraer alguna inversión. Actualmente, el 78 por ciento de la fabricación mundial de semiconductores está concentrada en Taiwán, Corea, Japón y China.

España dispone de 12.000 millones de euros en subvenciones para construir una industria nacional de semiconductores partiendo de la nada. Los fondos proceden de las ayudas europeas posCovid, y tienen el nombre de Next Generation EU (Fondos de Recuperación). La inversión en España es importante para sostener el sector automovilístico, que es el segundo de Europa, y proporciona prácticamente el 10 por ciento del PIB. Pero además de Intel, otros grandes actores del panorama industrial internacional, como GlobalFoundries o ST Microelectronic se van a ir a Francia. Según un reciente artículo de Bloomberg Media, España ha intentado captar una empresa de semiconductores, Taiwan Semiconductor Manufacturing TSMC, la mejor fábrica del mundo, para levantar una planta en el país. Pero, al parecer, la compañía tiene intención de irse a Alemania. España tiene que superar muchísimos obstáculos para convertirse en un actor significativo en la era digital.

Otro sector significativo es el de las startups o «empresas emergentes». Este también lo financia la Unión Europea con los fondos de recuperación tras el Covid. Evidentemente, España no puede seguir siendo un importante motor económico en Europa con la exagerada dependencia que tiene del turismo y del sector servicios. La definición de «empresa emergente» sugiere que son entidades con un volumen de negocio de hasta cinco millones; son de nueva creación o de menos de cinco años (siete, en el caso de empresas dedicadas a la biotecnología, la energía y otros sectores estratégicos). La parte más importante de la ley que las ordena es la deducción impositiva de hasta 50.000 euros anuales en acciones u opciones sobre acciones de una startup. Además, solo se requerirá un euro para montar una empresa, se podrá emprender con medios telemáticos y no requiere trámites presenciales.

Martín Varsavsky, el emprendedor argentino residente en España, es un experto en empresas emergentes. De hecho, Bankinter lo contrató como consejero para un fondo de inversiones de startups. En España es más conocido por haber fundado Jazztell y Ya.com. Esta última se vendió a T-Online International, una subsidiaria de Deutsche Telecom por 550 millones de euros. Su última aventura (2021) es Levere Holdings, una SPAC (Special Purpose Acquisition Company), dedicada a invertir y fusionar negocios de servicios de movilidad, vehículos autónomos, vehículos eléctricos y conducción autónoma.

Sobre las empresas emergentes en España, Varsavsky dice que «los ingenieros son mucho más baratos que en Nueva York o Silicon Valley, y mucho más leales a la empresa». Hablando de la vinculación de trabajadores y empresa, dice también que algunos empleados que se fueron de la empresa volvieron para la fiesta de Navidad. A sus amigos de Berlín y Londres les dice que hay muchas oportunidades en España, pero escasa movilidad social. Explica que una de sus empresas se había radicado en Bilbao porque los ingenieros que contrató no querían moverse de la ciudad. Esta reticencia para desplazarse es una de las razones de los altos niveles de desempleo. En Estados Unidos, las familias se trasladan de Chicago a Dallas si allí es donde están los trabajos. De hecho, en 1979, cuando yo trabajaba en Dallas, American Airlines trasladó su sede corporativa de Nueva York a Fort Worth (Texas). Dijeron que allí podían trabajar cuarenta horas a la semana en vez de las treinta y siete de Nueva York. Además, Texas tiene un tipo del 1 por ciento en el impuesto de sociedades, muy inferior al de Nueva York.

Gracias a las ayudas económicas de la Unión Europea en la era posCovid, España puede aspirar a modernizar su economía. La alta tecnología y las empresas emergentes pueden beneficiarse directamente de los fondos de recuperación. La tecnología de baterías y el desarrollo de los vehículos eléctricos es una parte fundamental de cualquier estrategia industrial. Si España puede hacerse con una parte del proyecto de microprocesadores de la Unión Europea, eso podría representar un impulso decisivo. Paradójicamente, la economía de España, que fue de las que más se hundieron en la Unión Europea durante la pandemia, podría ser también una de las mayores beneficiarias de los fondos de recuperación. Es una oportunidad que no puede perderse. Pero la historia de los fondos de la Unión que se han empleado en España, como los fondos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional), no invita al optimismo. Y un gobierno de coalición con dos partidos de extrema izquierda (IU y Podemos) no hace más que complicar las cosas.

Capítulo 12.

CAPITALISMO DE AMIGUETES

Un aspecto característico de la sociedad española y que ha recibido muy poca atención de los medios de comunicación es el ejemplo del «capitalismo de amiguetes» en Correos. A la empresa pública se le puso recientemente una multa de 32,6 millones de euros por ofrecer «descuentos anticompetitivos» a grandes compañías que remiten envíos masivos. Entre estas grandes empresas había bancos, compañías de seguros y servicios públicos, así como centros comerciales y supermercados. Hay que recordar que Correos es una empresa deficitaria. La digitalización ha transformado el mercado en años recientes, con una reducción radical del envío de cartas y un incremento del envío de paquetería debido a la venta por internet (e-commerce). El sector postal y de mensajería en la Unión Europea es enorme, genera unos ingresos de 79.000 millones de euros y da empleo a un millón setecientas mil personas.

Aunque la mayoría de los servicios postales europeos se han diversificado en «paquetería y correo urgente» y «logística y transporte de mercancías», el de España se ha quedado rezagado y aún depende del correo para aproximadamente el 90 por ciento de su volumen de trabajo, según el estudio de PostNL «European postal markets», de 2019. Todo lo contrario es Deutsche Post, el servicio más diversificado de Europa, con menos de un 20 por ciento de volumen de trabajo dedicado al correo tradicional. La Poste, de Francia, tiene un poco menos del 30 por ciento de correo común. Claramente, la sostenibilidad del operador postal español está corriendo graves riesgos, dado el declive del volumen de cartas tradicionales y la presión competitiva de las alternativas digitales y el impulso de las empresas de mensajería, con grandes empresas como DHL, UPS, FedEx, MRW, Nacex y Seur.

En estos tiempos tan complejos, la búsqueda de un presidente podría parecer una tarea difícil. Pero a Pedro Sánchez le resultó muy sencillo. Su amigo íntimo Juan Manuel Serrano, que había sido jefe de gabinete de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, fue nombrado directamente como presidente de Correos. No hubo que contratar a nadie que buscara al hombre ideal para un puesto en el que se cobran 200.000 euros anuales. El resultado financiero de 2021 fue de ciento cincuenta millones de euros de pérdidas y en 2022 se redujo a 132 millones de pérdidas, una cifra que se alcanzó gracias a la venta de la sede de Correos en Valencia, por un valor de aproximadamente veintitrés millones. Este ajuste contable permitió publicar a final de año una mejora de veinte millones de euros en la cuenta de resultados. La venta del patrimonio inmobiliario se ha ampliado después a otras ciudades, como Barcelona, Málaga y Alicante. Los trabajadores culpan al presidente y a su equipo de la debacle financiera. Lo acusan de poner en marcha «estrategias totalmente tramposas» y de estar «cediendo, regalando o malvendiendo el patrimonio inmobiliario histórico de Correos». Los ingresos por paquetería están muy por debajo de los de otros operadores europeos, como PostNL (Países Bajos), Posten Norge (Noruega), Swiss Post (Suiza) o Bpost (Bélgica).

Solo un diputado del Partido Popular, Celso Delgado, ha llevado el problema al Congreso. En su blog pueden consultarse todos los detalles y sus dudas sobre «la deficiente gestión de la Sociedad Anónima Estatal Correos y Telégrafos, S.A.». Los puntos clave de su intervención en sede parlamentaria fueron los siguientes:

Señora ministra, estamos extraordinariamente preocupados por la gestión de Correos; en concreto, del presidente don Juan Manuel Serrano Quintana, que con ninguna experiencia de gestión empresarial fue nombrado en julio de 2018 por Pedro Sánchez, atendiendo a criterios de amistad y de coincidencia política, toda vez que era su jefe de gabinete en la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista […]

El cash-flow de la compañía es negativo por primera vez en la historia de la sociedad. Se han tenido que pedir créditos por importe de 433 millones de euros para atender los pagos a corto; se ha tenido que solicitar una línea de crédito de 600 millones de euros, porque se han multiplicado por noventa las deudas del grupo por la caída de sus fondos propios…

Solo en los últimos cuatro meses se han despedido con conciliación en el servicio de mediación a un total de veinte directivos, muchos de ellos con indemnizaciones realmente escandalosas. Y lo peor de todo es que esas personas inmediatamente son fichadas por empresas de la competencia, que claramente se aprovechan del know-how y de los conocimientos de estas personas.

El presidente de Correos, el señor Serrano, está nombrando para cargos de alta dirección a personas que no tienen la cualificación necesaria para estar al frente de las responsabilidades que se les encomienda, e incluso creemos que hay nombramientos que se han hecho sin la autorización de la SEPI […]

Correos es una gran empresa pública, centenaria, más que centenaria, con una gran capilaridad, con un servicio postal universal que se venía prestando con calidad en el conjunto de España pero que en los últimos tiempos ha perdido fuelle y potencia, y por todo ello, me gustaría escuchar sus respuestas. ¿Qué propuestas nos trae, lógicamente, para fijar a continuación nuestra posición? Muchas gracias, señor presidente.

La señora ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (Raquel Sánchez Jiménez), en su respuesta, leyó una declaración criticando al Partido Popular e hizo hincapié en el «servicio postal universal de calidad». Después dio un golpe bajo: «…y en esto voy a ser contundente: Correos no se va a externalizar, Correos no se va a privatizar, porque en esto son ustedes los que tienen experiencia». (Protestas, aplausos). En realidad, el diputado Celso Delgado nunca dijo que se quisiera privatizar el servicio postal. Pero no se contestó ninguna de sus preguntas. El texto de la ministra seguramente se preparó antes de su discurso en el Congreso.

Si una importante empresa estatal con 52.456 empleados y unos ingresos de 2.300 millones se está arruinando de esta manera, ¿qué fe va a tener el ciudadano medio en que el dinero de sus impuestos se va a emplear y a gastar bien? ¿Qué confianza va a tener un ciudadano en el plan del gobierno para atraer nuevas empresas emergentes? ¿Qué confianza puede tener el ciudadano en que el dinero de Next Generation EU se va a gastar en nuevas tecnologías, como semiconductores y baterías? Y ¿por qué, después de cuarenta años de democracia parlamentaria, no se han emprendido las grandes reformas necesarias? Solo se han hecho pequeños ajustes en el terreno laboral, parcialmente anulados en una reciente contrarreforma liderada por la vicepresidenta Díaz. Y pequeños ajustes en un programa de pensiones demasiado generoso, que la realidad demográfica obligará a reducir más pronto que tarde.

No resulta sorprendente que hayan surgido nuevos partidos, como Podemos, Ciudadanos, Vox e incluso Teruel Existe. Entre el electorado hay un malestar general ante la parsimonia glaciar del duopolio PP-PSOE. Desde la crisis de 2008, ha habido gobiernos de los dos grandes partidos, además de la estrafalaria amalgama de la actual coalición gubernamental. Pero parece que no hay manera de mejorar la parte económica, y cada crisis deja a España en peores condiciones que antes, en términos de competitividad con otros países de la Unión Europea. ¿Acabará siendo España una potencia de tercera clase destinada al olvido en la escena internacional? ¿Y cuál es el futuro de Europa?

Una reciente película francesa titulada El mundo de ayer (Le monde d’hier), con ecos del libro homónimo de Stefan Zweig, presenta a una presidenta de la República, Elisabeth de Raincy, que decide no concurrir a la reelección. Un escándalo cambia la situación y, tres días antes de la primera encuesta, François Willem, el candidato de extrema derecha, parece tener posibilidades de ganar. Está recibiendo apoyo de Rusia (léase Putin) y su ideología pasa por condenar la inmigración, ser contrario a la Unión Europea y reducir las libertades civiles. La película fue un fracaso en taquilla, pero el mensaje estaba claro. El futuro de Europa pende de un hilo y, como dice el avispado consejero de la presidenta en términos poco dudosos, «Si Francia cae, cae Europa». La fortaleza de la ultraderechista Marine Le Pen en las últimas elecciones presidenciales confieren a la película ciertas dosis de realidad. Y la ultranacionalista italiana, Giorgia Meloni, del partido neofascista Fratelli d’Italia, ganó las elecciones del 25 de septiembre de 2023. Para impulsar su campaña, ha utilizado un vídeo de una violación de una mujer ucraniana a manos de un solicitante de asilo extranjero en el centro de Piacenza, en la región septentrional de Emilia Romagna. Su tema favorito es «recuperar la seguridad en nuestras ciudades».

Vox es el partido de extrema derecha en España, pero tal vez porque Franco estuvo en el poder tanto tiempo, el interés por las políticas antiinmigratorias del partido, su antieuropeísmo y su posición contraria a las libertades democráticas parece tener el techo en un 15 por ciento, aproximadamente, del electorado. Pero si Francia e Italia caen en el populismo neofascista, ¿qué va a ocurrir en España? Vox, como partido, es muy hábil en las redes sociales y explota todos los mensajes que hacen ruido. Como España no tiene una comunidad de inmigrantes tan grande como Francia, el mensaje tiene menos potencia que el de Le Pen. Pero combínese esto con el mensaje de una España unificada —sobre todo después del intento de secesión catalán— y su apoyo se incrementará. Añádanse propuestas armamentísticas y militaristas, taurinas y provida, y sus posiciones empezarán a tener más eco entre la ciudadanía. Solo en sus propuestas antieuropeístas y contra el euro los españoles no están absolutamente en sintonía con Vox. El partido de Abascal no necesita una ideología muy elaborada, solo una serie de mensajes elementales que les concedan apoyo. Y con una serie de tuits en Twitter, los mensajes se pueden probar y calcular. Esta es la nueva política. Es una política más orientada a la identidad que a la ideología.

Para frustrar las intenciones de la extrema derecha en Europa, la Unión Europea tendrá que acercarse más a los ciudadanos y ser menos burócrata. Al fin y al cabo, el Brexit fue un movimiento antieuropeísta y, sobre todo, una trampa para recoger el voto de las personas contrarias a la inmigración. Las banderas nacionales todavía causan cierta emoción, mientras que no ocurre lo mismo con la bandera de la Unión Europea. Y cabe preguntarse cuántos ciudadanos de la Unión Europea responderían afirmativamente a la pregunta: «¿Moriría usted por Europa?». Desde luego, muy pocos comparados con los que morirían por Ucrania. España está entre las últimas naciones en las que sus ciudadanos morirían por Europa, con un 21 por ciento. Pero el porcentaje en Italia, Bélgica, Alemania y Países Bajos es aún menor. El porcentaje más alto de Europa está en el nuevo país de la OTAN, Finlandia, con un 74 por ciento. Estados Unidos está en mitad de la tabla con un 44 por ciento, según WIN/Gallup International Global Survey, de 2015.

Un buen gobierno de España debería presentarse en la Unión Europea como líder y no como un mero corifeo. Un reciente artículo publicado por la consultora estratégica global McKinsey & Company, Inc., y firmado por Berglind, Fadia e Isherwood, se titulaba «The potential value of AI and how governments could look to capture it» (El valor potencial de la Inteligencia Artificial y cómo los gobiernos pueden intentar hacerse con él). Solo un verdadero gobierno puede frenar una respuesta simplista y populista a los problemas de nuestro país y a los de la Unión Europea. Imagínese un «Ask Jamie» como el que existe en Singapur, una asistente virtual que ayuda a los ciudadanos y a las empresas a navegar a través de las setenta agencias gubernamentales. ¿Cómo opera la IA en este caso? Gracias a un chat de voz con tecnología de inteligencia artificial que mejora cuantas más preguntas se le hacen. Uno de los mayores problemas para las pequeñas empresas emergentes de España, según mi hijo Ricardo, es la cantidad de regulación a nivel local, regional y nacional. La inteligencia artificial podría contribuir a que las organizaciones se desenvolvieran en el maremágnum de esas leyes, muchas de las cuales podrían eliminarse. El ChatGPT de Microsoft, que prepara textos y responde a preguntas, está listo para revolucionar el mundo de las búsquedas dominado hasta ahora por Google En todo caso, la inteligencia artificial está regulada ya en Estados Unidos, porque existen riesgos potenciales: privacidad, seguridad, equidad, transparencia y comprensibilidad (de las decisiones de las máquinas), protección, rendimiento y riesgos con terceros. Pero los beneficios pueden ser inmensos.

Por supuesto, implantar un ecosistema que sustente una inteligencia artificial potente no es una tarea sencilla. Requiere especialistas competentes, institutos de investigación, empresas emergentes y grandes compañías. En 2021, la Unión Europea fue la primera entidad gubernamental en emitir una regulación general para controlar el uso de la inteligencia artificial. Y Finlandia ha sido un país pionero en Europa con su programa «Elements of AI», lanzado en 2018. El gobierno finlandés preparó un curso formativo sobre inteligencia artificial que ha sido traducido a más de veinte idiomas y lo han cursado más de 750.000 personas. En Singapur hay un programa parecido llamado «Learn AI» (Aprende IA). ¿No es el momento de que España abandone el grupo de los PIG y copie a Finlandia y Singapur? ¿No es el momento de que España se rebele y ponga en marcha ciudades inteligentes, movilidad urbana inteligente y plataformas digitales para empresas con acceso a los servicios administrativos o gubernamentales? ¿O es que todo esto suena demasiado futurista y fantasioso para una España mediocre, rezagada en el mundo tecnológico, cuyas únicas grandes instituciones mundiales son el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona?

Capítulo 13.

LA DIÁSPORA DEL TALENTO JOVEN

El investigador francés y Premio Nobel en Química 2016, Jean-Pierre Sauvage, ha comentado recientemente en Valencia que, de la «diáspora de talento científico que se ha producido en España, Europa se ha beneficiado tremendamente […], pero soy consciente de que es una circunstancia triste para ellos». Y también se ha beneficiado Estados Unidos, con el gran ejemplo de Severo Ochoa, Premio Nobel en Fisiología o Medicina en 1959.

Pero esta diáspora no se da solo en los campos científicos. Un elevado porcentaje de los MBA españoles que se cursan en la escuela de empresariales mejor valorada, IESE, la número 1 para The Economist en 2022-2023 y la número 3 para Financial Times en 2023, acaban trabajando fuera de España. Una parte del problema son los bajos sueldos que se cobran en España. Hay abundante talento en el ámbito empresarial, pero no hay oportunidades ni están bien pagadas. Imitando la cultura americana, muchos estudiantes escogen ahora administración y dirección de empresas en vez de decantarse por la ingeniería. Es más fácil, me dicen, y además el sueldo es el mismo cuando uno se gradúa. Pero los salarios iniciales en España están muy por debajo de los de Londres o Nueva York o Miami, así que buena parte del talento se pierde.

El talento empresarial español es evidente en todo el mundo. Ramón Laguarta, que ocupó mi puesto muchos años después que yo en Productos PepsiCo en Barcelona, ahora dirige toda la empresa PepsiCo. Es el primer CEO español de una gran empresa multinacional americana, que facturó 86.000 millones en 2022. Desde el año 2022, Joaquín Duato (hermano de la actriz Ana Duato y del bailarín Nacho Duato) es presidente y CEO de Johnson & Johnson, que facturó el año pasado 95.000 millones de dólares. Belén Garijo es CEO de Merck, la compañía farmacéutica alemana. Está en el consejo del BBVA y de L’Oreal. Iñaki Ereño, que ocupó el cargo CEO de Sanitas algunos años después que yo, ahora dirige la compañía matriz, Bupa, con sede en Londres.

Parte del problema es que España carece de fuerza en grandes corporaciones multinacionales e incluso en grandes empresas. Y como dice claramente el estudio «Transformación del Modelo Productivo Español», promovido por BCG/Círculo de Empresarios, «el reto económico de España se puede resumir en una necesidad acuciante de mejorar la productividad y, con ella, la competitividad de nuestro país. Un elemento fundamental para conseguirlo es acometer la transformación digital y tecnológica del tejido productivo español». Y un buen lugar por donde empezar es la transformación de las empresas en entidades biónicas. Pero ¿qué es una entidad biónica? Son empresas en las que no hay procesos digitales aislados, o usos puntuales de tecnología. Son empresas en las que se da una absoluta integración tecnológica con la fuerza de trabajo en la producción. En definitiva, esto significa que la innovación tecnológica se convierte en un subproducto lógico. Utilizando el big data, las compañías biónicas pueden tener una relación de tú a tú con sus clientes. Los trabajadores de las empresas biónicas no trabajan en operaciones, sino más bien en procesos de diseño. Y con la tecnología incrustada en la fuerza de trabajo, la empresa tiene un estilo de negocio emergente con una capacidad inmediata de salida al mercado.

Si uno mira un mapa del mundo y dónde están las grandes compañías tecnológicas, hay dos grandes regiones: Estados Unidos y Asia-Pacífico. La más grande es Estados Unidos, con Apple, Amazon, Microsoft, Meta (Facebook) y Alphabet (antes Google) como actores dominantes. En la región Asia-Pacífico los principales actores son Alibaba, Tencent, Samsung, Ping An y Ant Financial. En África está Naspers, que controla Prosus, con sede en Ámsterdam. Las verdaderas compañías tecnológicas europeas solo son ASML y SAP, las únicas que están a la altura de las otras. España, como ya hemos visto, solo tiene a Inditex, y aunque la logística y la tecnología son fundamentales para su éxito, al fin y al cabo es un negocio de moda prêt-à-porter. Como muestra la debacle del IBEX 35 —de 16.000 a los 9.000 puntos en los últimos dieciséis años—, las grandes empresas españolas, principalmente bancos, compañías de seguros y servicios, han perdido valor en el mercado. Todos los buenos fondos de inversión españoles independientes de los bancos, como Azvalor, Bestinver, Abante, Renta 4 o Cobras, en este momento, están invirtiendo fundamentalmente en mercados extranjeros, sobre todo en Estados Unidos.

Y si estudiamos el tamaño de las empresas españolas en el Círculo, nos daremos cuenta de dos anomalías: el 94,6 por ciento de las empresas españolas tiene de media dos empleados, y el 60 por ciento no alcanza los cinco años de vida. Solo Rumanía y Dinamarca, que son economías pequeñas, tienen mayor porcentaje de «mortalidad» que nuestras empresas. Pero Dinamarca, por el contrario, tiene la «esperanza de vida» empresarial más larga de todas las que sobreviven: sesenta y tres años. ¿Por qué sucede esto? Según la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), ello se debe a que «la burocracia española no acompaña a la empresa. La empresa se ve como un actor al que hay que controlar y fiscalizar desde el principio. Y esto es muy diferente a lo que sucede en países con fuertes tejidos empresariales. En España, se fiscaliza a la empresa partiendo de un principio de culpabilidad que es falso». Basta con preguntar a cualquier propietario de un pequeño negocio sobre las inspecciones del IVA. Mi pequeña consultoría, Point Lobos S.L., ha sido inspeccionada dos veces en diecisiete años. La primera vez cargaron a la empresa 11.400 euros de IVA que supuestamente debía. La cifra quedó en cero cuando se apeló, y en cuestión de dos días se recibió un cheque en papel del Banco de España por el que se reembolsaba el importe íntegro que se había abonado pendiente de recurso. La segunda vez ha sido el año pasado, y el resultado fue que Point Lobos había pagado 1.114 euros de más en sus obligaciones impositivas del IVA. En dos días, Hacienda transfirió esa cantidad a Point Lobos. ¿Cuántas horas se han desperdiciado en estas dos expediciones de caza y cuántas horas ha perdido Point Lobos preparando los datos para la defensa?

Como dicen los informes de la CEPYME:

Las excesivas cargas y controles que tiene la empresa española hace que tenga una menor esperanza de vida que las de otros países. Para incrementar la vida de las empresas se debe crear un entorno más favorable a la actividad empresarial […]. En España se tarda mucho en crecer y una empresa con más experiencia significa que ha consolidado su negocio, suele ser más productiva y está más capacitada para aumentar su tamaño. Por eso es importante intentar alargar la vida de las empresas, para que nuestro tejido empresarial sea un conjunto más productivo.

Justo ahora, el Financial Times publica los datos del cuarto trimestre de 2022, indicando que las quiebras de empresas en la UE han llegado a un récord. En España se han cuadruplicado desde 2015.

Y si el tamaño es importante, ello se debe a que las grandes empresas tienen economías de escala, con capacidad para producir más a un menor coste. Una empresa con economía de escala invierte más fondos en I+D, y en la formación continua, y es más competitiva en una economía cada vez más globalizada. Como afirma el dicho, «el tamaño importa».

Otra anomalía que se da en España es que hay muchas compañías con 49 empleados. Si tienen 50 empleados, es necesario que exista un comité de empresa si los trabajadores lo piden. Y entonces aparecen todos los problemas de los liberados sindicales, que no pueden ser despedidos, y mil requisitos burocráticos: tantos que muchas empresas crecen fundando compañías hermanas o paralelas, todas con 49 empleados, para evitar el comité de empresa.

Todos estos obstáculos provocan un grave problema que la política no soluciona. El Mundo ha publicado una serie de artículos sobre este tipo de problemas y el número 6, publicado el 28 de agosto de 2022 se titulaba «Una juventud sin futuro: “Tengo tres trabajos y lo que gano es lo que pago de alquiler”». Y la cruda realidad se puede describir así: «Los jóvenes españoles lideran la UE en sobrecualificación. Sobran estudios y falta trabajo (el doble de paro) y horizonte (tres años más en casa de los padres)».

La triste realidad es que España tiene la tasa de desempleo juvenil más alta de la Unión Europea. Y respecto a esa misma juventud, «dos de cada tres jóvenes se sienten ciudadanos de segunda; el 76 por ciento cree que vivirá peor que sus padres; de los que trabajan, casi la mitad tiene más preparación de la que el puesto exige y solo dos de cada diez son capaces de independizarse porque, de media, dar la entrada de una hipoteca les cuesta cuatro veces su sueldo íntegro». «La inestabilidad que padecen los españoles por debajo de la treintena viene ligada, sin duda, al contexto: crecieron con los ecos de la crisis financiera de 2008, la pandemia de 2020 condicionó plenamente su trayectoria laboral y, ahora, la inflación amenaza con lastrar todavía más sus opciones en el medio plazo». Es la tormenta perfecta, que sigue golpeando a la juventud española por oleadas. Y la posibilidad de poner en marcha tu propia empresa, tan habitual entre los jóvenes de otros países europeos, se enfrenta a otra barrera: la cuota anual, que en la mayoría de los países avanzados de la Unión Europea es un porcentaje de los ingresos o de los beneficios.

En España hay una tarifa reducida para el primer año, pero el segundo año ya es más complicado. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, va a presentar un plan para 2023 que permite un pago fijo mensual de ochenta euros durante los dos primeros años. Con la tasa más alta de desempleo juvenil de la UE, uno diría que el gobierno podría ser más imaginativo y dar un incentivo mensual fijo a aquellos que empiezan con sus propios negocios. Pero, una vez más, la solución no es más que un parche, no una verdadera reforma. Los números cantan: solo el 6 por ciento de los menores de treinta años son autónomos.

Añadamos a este cóctel a una ministra de Trabajo comunista, Yolanda Díaz, y se tendrá la receta para sufrir más problemas laborales. Su obsesión es aumentar el salario mínimo interprofesional (SMI), lo cual está obligando a muchas empresas a reducir la contratación, pero, por supuesto, hay un par de millones de votantes en el escalafón inferior de los salarios que están encantados con estos aumentos automáticos. Sectores como la agricultura y el textil han tenido problemas debido a estas medidas, pero se consideran daños colaterales. La otra obsesión de la ministra ha sido reducir los contratos temporales y convertirlos todos en fijos. En el Círculo hemos estado proponiendo durante años tres tipos de contratos: fijos, estacionales y contratos especiales de coste reducido para la juventud en formación. A partir de la propuesta de Díaz, los contratos temporales ahora son «fijos discontinuos». Lo mismo de siempre con un nombre nuevo, pero con más restricciones. El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto con el objetivo de hacer fijos a 67.300 sanitarios. El nuevo estatuto prohibirá que los interinos puedan encadenar contratos temporales más de tres años. El resultado lo explicaba una matrona recientemente en RTVE: «Son contratos de un día, dos días, una semana, diez días. Así, hasta que te dan una baja de cuatro meses. Se acaba la baja y te vuelves a reenganchar con los contratos de uno, dos, tres días. A la semana estás en el paro, y así sucesivamente».

En el Círculo organizamos un curso de periodismo económico en colaboración con la Universidad de Zaragoza. Cuando pregunté a los jóvenes periodistas dónde estaban trabajando, la respuesta fue muy parecida: muchos trabajaban con contratos de un día que se renovaban todos los lunes. Unos cuantos tenían contratos semanales y otros muchos, claro, estaban buscando un trabajo. Y la gran cuestión es: si esta es la realidad de la juventud española, ¿cómo va a transformarse este país en una potencia europea? Se están desperdiciando valiosos recursos humanos. El sistema educativo no forma a la juventud para los trabajos que hay. Y en un mundo cada vez más digital, con empresas biónicas, ¿quién hará el trabajo? ¿Los robots? ¿Y quién pagará las pensiones de nuestros mayores? ¿Le cobraremos a los robots la seguridad social, como sugirió uno de mis seguidores de Twitter?

Capítulo 14.

UNA SOCIEDAD DORMIDA Y UNA CONSTITUCIÓN OXIDADA

El diario El Mundo ha estado publicando una serie de artículos a los que ya hemos aludido sobre «Problemas que la política no arregla». Pero la cuestión es: «¿Debería la política arreglarlos?». Un economista de la Sociedad Mont Pelerin diría que el sector privado podría hacerlo mejor en muchos casos. Por ejemplo, en las cárceles privadas que han surgido en muchos países, como en Gran Bretaña, Australia, Estados Unidos y Sudáfrica. El gobierno financia a una empresa privada especializada en ese tipo de servicios. ¿Por qué tiene que hacer ese servicio el Estado?

Y respecto a la educación, los países que han implantado el cheque escolar pueden presumir de tener buenos resultados educativos. Como dijo Milton Friedman, el gobierno debería estar obligado a financiar el servicio, pero el Estado no necesariamente es el mejor educador, sobre todo si tiene el monopolio. Que haya colegios privados en competencia con las escuelas públicas puede ser una excelente opción. La clave es que los padres tengan una información buena y ajustada sobre la que basar su elección. En este sistema de cheque escolar, el gobierno concede a cada familia un bono por sus hijos y ellos eligen. Este no es el sistema actual de España, donde los padres pagan dos veces por la educación privada, aunque hay colegios concertados, una especie de instituciones híbridas entre los públicos y los privados.

En el ámbito sanitario, hay países como Alemania que ofrecen un sistema público-privado que da uno de los mejores servicios entre los grandes países de la Unión Europea, porque las listas de espera son relativamente cortas. El sistema español es una copia del National Health Service (NHS) del Reino Unido y sufre el grave problema de las listas de espera. Holanda y Suiza tienen seguros privados obligatorios y el gobierno subvenciona a las personas con bajos ingresos. Pero es Alemania, donde Otto von Bismarck fundó el sistema de salud financiado por el gobierno en 1883, donde se ha desarrollado un interesante sistema híbrido, donde el empleado paga el cincuenta por ciento y el Estado el otro 50 por ciento. Los autónomos tienen que pagar el cien por cien. Existe una cobertura general para todos aquellos que no superen los 64.350 euros anuales. Por encima de esa cifra, y para los funcionarios, existe la posibilidad de optar por salir del sistema y contratar un seguro privado. En una reciente visita a un hospital en Múnich me enseñaron dos salas de espera diferentes. Una para los pacientes del sistema de salud general y una segunda, más elegante, para los que pagaban seguros privados superiores. Y la cobertura es incluso más completa que la del sistema español.

Pero España parece anclada en un sistema exclusivamente público y estatal de prisiones, educación y salud. De hecho, la sección de Podemos del actual gobierno quería eliminar los colegios concertados. Esto, por supuesto, es imposible sin hacer antes una monstruosa inversión, dado que no hay suficientes colegios públicos. Y en España se da una reticencia generalizada a la colaboración de lo privado y lo público. La ideología se impone a la economía. Como dice Miriam Rodríguez Durántez en su libro Devuélveme el poder, el Estado, como un pulpo gigante, ha absorbido todas las áreas sujetas a control, dejando casi nada a la decisión de la sociedad civil. Y como las elecciones se basan en listas cerradas de candidatos, el español medio no tiene ni idea de qué político defiende sus intereses. Por tanto, no es de extrañar que la sociedad en general se muestre apática, cuando debería ser revolucionaria.

La última vez que estuve hablando con Albert Rivera fue después de que dimitiera de sus cargos en Ciudadanos. Estaba promocionando un libro. Un ciudadano libre: tal era el impactante título. Parecía relajado después de haber abandonado la escena política. Estuvimos hablando sobre el lamentable estado de la economía española, las mentiras descaradas de las declaraciones de Pedro Sánchez y los constantes problemas con Cataluña, donde el mandato de que el 25 por ciento de las clases se impartan en español estaba siendo ignorado. Le pregunté cómo podía sobrevivir una sociedad con todo esto sin salir a la calle a protestar. ¿Por qué los españoles son tan reacios a enfrentarse a sus líderes políticos? ¿Cómo puede ser que un país esté tan lamentablemente administrado y, aun así, salvo por alguna excepción notable, que nadie proteste? Me dijo: «La sociedad civil está aletargada». Los españoles deberían estar todos gritando: «¡Devuélveme el poder!». En su momento surgió el movimiento del 15-M, en 2011, cuando varios grupos acamparon en el centro de las ciudades y protestaron pacíficamente contra el bipartidismo del PP-PSOE y contra los grandes bancos y las grandes corporaciones. Aquello acabó con la fundación del partido Podemos y fue un intento de conseguir que España fuera un país más democrático. No obstante, Podemos en la extrema izquierda y Ciudadanos en el centro, con su origen en un partido catalán españolista, están acabados. La izquierda se quebró en diferentes «mareas» mientras que el duopolio PP-PSOE vuelve a ganar fuerza. El único partido nuevo que tiene una base más sólida es el ultranacionalista, xenófobo y antiabortista Vox. Tiene menos fuerza que los neofascismos de Italia y Francia, pero tiene una base fanatizada y trabaja extraordinariamente bien las redes sociales.

La Constitución española de 1978 fue la octava constitución de la historia de España. Con ella se dio el salto desde la dictadura de Franco a una democracia plena, partiendo de las Leyes Fundamentales que heredó el rey Juan Carlos I. España es, como todos sabemos, una monarquía parlamentaria: el rey representa al país, pero no gobierna. Tal vez habría sido de alguna ayuda que el rey hubiera conservado el derecho a nombrar al presidente del Consejo de Ministros, como hace el presidente de Italia con su primer ministro. De hecho, en Italia, que es una república, el presidente es el garante de la Constitución, jefe de la diplomacia y representante de la nación. Cuando hay un claro liderazgo político del gobierno, su papel se rebaja, pero cuando hay varios partidos políticos que dividen y fragmentan el voto, el presidente, en este caso Sergio Mattarella, desempeña un papel importante, y él fue la persona que designó a Mario Draghi, un tecnócrata no electo, como primer ministro provisional hasta las siguientes elecciones.

Como los padres de la Constitución española fueron tan variopintos, desde Jordi Solé Tura del Partido Comunista a Manuel Fraga, de la derechista Alianza Popular y exministro de Franco, el trabajo que presentaron tuvo 3.100 enmiendas antes de que se elaborara una segunda versión. Al contrario de lo que ocurrió con la Constitución de la Segunda República, con un número limitado de estatutos de autonomía, la decisión fue fragmentar el país en diecisiete comunidades, a pesar del gran coste y el solapamiento con las diputaciones existentes y otros organismos municipales. Este tipo de decisiones deberían haber venido acompañadas de una reforma de los gobiernos municipales y de las diputaciones. En Francia, España, Italia o Grecia se ha procedido a diferentes reformas. Como típico sistema napoleónico, la administración francesa establece pocas diferencias entre las autoridades locales y regionales, pero hay una plétora de niveles diferentes: en 2015, cuando se produjo la reforma del presidente François Hollande, había 36.658 municipios, 101 departamentos, 13 áreas metropolitanas (incluida París) y 22 regiones. La reforma iba a eliminar los departamentos y reducir las regiones de 22 a 13.

En España, el municipio y la provincia son las dos formas básicas de organización territorial del Estado. Actualmente hay 8.112 municipios en España. Dado su pequeño tamaño, se han formado muchas mancomunidades y comarcas, para dar más fuerza a los proyectos conjuntos. Los municipios están agrupados en cincuenta provincias, y estas, a su vez, están agrupadas en diecisiete autonomías. Pero al contrario de lo que pasó en Francia con Hollande, o en Italia con Renzi, no hay propuestas ni proyectos para simplificar esta estructura.

La Constitución está basada en una idea de consenso general que se define con la expresión «café para todos», atribuida al ministro Manuel Clavero en los años setenta: con ella se quería decir que todas las partes debían tener el mismo trato. Pero fue un sistema que tuvo un coste añadido en el que no se pensó. Al contrario de lo que ocurre en los países vecinos de la Unión Europea, como Francia o Italia, no ha habido ningún programa para racionalizar el sistema. Y el monstruoso sector público sigue creciendo. La coalición gubernamental de Pedro Sánchez cuenta con veintidós ministros, porque la economía no se aplica a la tarea de gobernar. La idea básica desde la Constitución de 1978 es tener a todo el mundo contento. En una coalición gubernamental, eso significa que hay que dividir en dos un ministerio como Sanidad y Consumo para hacer dos carteras diferentes, de modo que los socios de Podemos e Izquierda Unida puedan dirigir ministerios que tengan poco contenido y permitan a los socialistas controlar el Consejo de Ministros.

Hay una suerte de sentimiento nostálgico entre aquellos que vivieron el paso de la dictadura de Franco a la democracia: es la creencia de que la concordia de aquel período puede volver. Pero eso es no entender que aquel momento fue un episodio único en la historia de España que no se repetirá. Y la mayoría de los políticos actuales eran unos críos o ni siquiera habían nacido cuando se presentó y se aprobó la Constitución. Muchos son críticos con la «amnistía» que ambas partes acordaron sobre la Guerra Civil y el período de Franco. De hecho, Hacienda recibió instrucciones para que no se auditara a la familia Franco.

Yo conocí a Gregorio Peces-Barba, socialista, que fue uno de los «padres» de la Constitución. Nosotros lo contratamos como «defensor del asegurado» en Sanitas y él me invitó a dar una charla en su universidad, la Carlos III. Incluso le perdoné que fumara un puro después de cenar, porque como primer socialista en ser presidente del Congreso de los Diputados desde los tiempos de la Segunda República, había tenido la amabilidad de hablar en términos elogiosos sobre Julián Besteiro, que había ocupado su cargo antaño. Mi abuelo, Luis de Zulueta, su hermano Antonio y Julián Besteiro se habían casado con tres hermanas Cebrián. Como Besteiro no tuvo hijos, y mi abuelo tuvo cinco, todos estaban muy apegados a Julián, o Bugán, como lo apodaban. Julián Besteiro era mi tío abuelo por matrimonio con Dolores Cebrián, hermana de mi abuela, Amparo Cebrián. Y Gregorio, cuando asumió el cargo de presidente del Congreso, dijo de Besteiro que había sido un «hombre ejemplar, profesor intachable y socialista».

Gregorio Peces-Barba era un hombre muy inteligente y había defendido a los antifranquistas en los últimos años de la dictadura, cuando se unió al Partido Socialista, entonces en la clandestinidad. Su legado, aparte de sus trabajos constitucionales, fue la Universidad Carlos III, radicada en Getafe, que se encargó de organizar personalmente. Ahora bien, como «defensor del asegurado», fue un desastre, porque siempre aplazaba las respuestas. En una ocasión dijo que se le había derramado el café encima de su impresora y no podía leer un informe. Cuando expiró su contrato, llamamos a Enrique Sánchez de León, que había sido ministro de Sanidad en la época de UCD. Si hablamos de organización, era todo lo contrario que Peces-Barba. Recibíamos sus decisiones rápidamente y jamás perdió un archivo. Su hijo Enrique ha sido durante muchísimo tiempo consejero y director general de APD, la Asociación para el Progreso de la Dirección, y es el baluarte de la organización que ha contribuido enormemente a la formación empresarial.

La idea de que la Constitución de 1978 fue un documento idílico es cuestionable. Con siete «padres» tan distintos, la historia me recuerda aquel cuento de los seis ciegos que tocaban un elefante y que cada uno llegaba a una conclusión diferente. Depende de la parte que tocaran, el elefante era para unos una pared, o una lanza, o una serpiente, o un árbol, o un abanico o una cuerda. En términos económicos, véase cuán anticuado ha quedado el artículo 130:

Los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles.

Ahora léase el informe anual de la empresa Intel en 1978, que dice que la compañía está desarrollando los VLSI, o circuitos integrados de gran escala. ¿A quién le puede sorprender que su fábrica en Europa para microprocesadores y semiconductores se vaya a Alemania?

Por otra parte, se ha olvidado por completo el artículo 40, que dice:

1. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo.

Si la mayoría de los jóvenes creen que van a tener una vida peor que la de sus padres en términos económicos, si hay cada vez una mayor desigualdad en la renta de los ciudadanos desde la crisis de 2008 y si el IBEX 35 vale poco más de la mitad de lo que valía hace quince años, ¿dónde ha quedado esa idea de la «estabilidad económica»? Tristemente, la renta real disponible de las familias españolas se ha hundido un 8 por ciento entre 2019 y 2022, la peor cifra de la OCDE. Y respecto al pleno empleo, eso no ha existido desde la época de Franco; el paro, por el contrario, es el doble de la media europea.

Luego tenemos el artículo 69, donde se dice que «el Senado es la Cámara de representación territorial». Cada provincia elige a cuatro senadores; la influencia que puedan tener es dudosa. Como la estructura política de la mayoría de los países es bicameral (salvo en el caso de los países pequeños, como Dinamarca, Mónaco y Suecia), aquella fue una ocasión para asemejarse al resto del mundo. Pero el Senado, salvo en el caso del famoso artículo 155, no ha servido de mucho en el período democrático, y los partidos han usado la Cámara Alta para dar a sus miembros algunos puestos dignos y muy bien pagados. Recuerda un poco a la Cámara de los Lores de Gran Bretaña, pero esa es una nación que ni siquiera tiene una constitución escrita. Es una lástima que el Senado no sea una cámara de control y contrapeso frente al Congreso de los Diputados, como ocurre en Estados Unidos. También podría eliminarse, con lo cual los contribuyentes se ahorrarían un buen dinero.

Pero el peor defecto de la Constitución es que ordene la elección de los miembros del Congreso de los Diputados mediante listas cerradas organizadas por los partidos políticos. En la Europa occidental, solo España y Portugal tienen un sistema de listas cerradas. Nadie sabe quién representa a su electorado. Al contrario de lo que ocurre en el Reino Unido, donde el miembro del Parlamento de South Leicestershire es Alberto Costa, en España, los partidos políticos forman sus listas colocando a sus estrellas arriba, de modo que tengan garantizada la elección. Pero el sistema del Reino Unido es muchísimo mejor. Por ejemplo, Alberto Costa nació en Escocia y sus padres, italianos, llevan viviendo allí cincuenta años. Se le puede ir a visitar a su despacho, que está en el 8A de Lutterworth Road, Blaby, Leicester. O se le puede llamar a su oficina: +44 116 278 1924. Tiene catorce opiniones en Google de ciudadanos que se han puesto en contacto con él. Su puntuación es de 2,4 estrellas. Esto es lo que yo consideraría un buen ejemplo de democracia representativa. En Estados Unidos, los miembros de la Casa de Representantes y del Senado regresan todos a sus distritos cuando no se está en período de sesiones, y muchos vuelven también los fines de semana. Todos tienen un despacho en su distrito, donde escuchan a sus votantes o, al menos, contestan sus cartas. Es una lástima que los padres de la Constitución no pensaran en un sistema de listas abiertas. Porque la democracia en España sería precisamente eso: más democrática.

Capítulo 15.

UNA PROFUNDA CRISIS DE REPRESENTACIÓN

Como dice Tom Burns Marañón en su libro De la fruta madura a la manzana podrida:

La historia europea del siglo xx demuestra que los sistemas de representatividad que establecen las democracias se pueden quebrar cuando una fuerte recesión económica acelera la desigualdad social y tensa los consensos constitucionales. En la primera década del xxi se reprodujeron los mismos retos, y los remedios seguían siendo iguales. Cuanto más abierto y flexible sea el procedimiento parlamentario, más eficaz será su capacidad paliativa en tiempos de turbulencia.

Y estos son, ciertamente, tiempos turbulentos. Aunque en su Manual de resistencia Pedro Sánchez asegura que «en lo político, Manuel Azaña y Willy Brandt fueron mis referentes», como presidente sus referentes parecen haber cambiado espectacularmente. Si no, ¿cómo es posible que se alíe con los separatistas? Sobre todo, cuando su héroe, Azaña, fue encarcelado en un barco en el puerto de Barcelona, falsamente acusado de ayudar a Lluís Companys en su proclamación del «Estat Català dentro de la República Federal Española». El general Batet y quinientos soldados pusieron fin a esa declaración de independencia que duró diez horas. Y Willy Brandt fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1971 por su fomento de la cooperación en la Europa occidental a través de la entonces Comunidad Económica Europea (CEE). Sánchez esperaba tener un papel relevante en la Unión Europea después del Brexit. Inmediatamente abrazó la doctrina de Macron («a Europe that protects», una Europa que nos cuida). En un discurso pronunciado en el Parlamento Europeo, en 2019, habló de una unión medioambiental y de una verdadera unión económica, política y social. Pero ¿qué ha ocurrido después de ese comienzo prometedor? Las turbulencias políticas y un Parlamento que no es ni abierto ni flexible ha supuesto que el papel de España en Europa se haya rebajado en —no lo olvidemos— una Europa ya muy rebajada y a la sombra de Estados Unidos y China, con Alemania, la locomotora económica, quemando carbón ante la ausencia de gas ruso. La ilusión de una Unión fuerte se evaporó cuando Schröder y Merkel, dos cancilleres aparentemente excepcionales, actuaron completamente convencidos de que la mejor idea para la economía de Alemania era surtirse del gas ruso a través de los gasoductos Nord Stream 1 y 2. El actual gobierno de Alemania, con Olaf Scholz a la cabeza, está quemando carbón y sigue sin utilizar toda la energía nuclear disponible.

España está, por utilizar un término boxístico, luchando por debajo de su peso en Europa. Durante el gobierno del presidente José María Aznar, durante un breve período, España estuvo boxeando por encima de su peso, cuando «el trío de las Azores» (George W. Bush, Tony Blair y José María Aznar) se unió para impulsar la guerra contra Sadam Husein. Aunque Sadam fue ejecutado por crímenes contra la humanidad, nunca se demostró que hubiera armas de destrucción masiva en su país, que era la justificación para emprender una guerra contra el gobierno iraquí. Desde entonces, España no ha sido un actor relevante ni en el ámbito transatlántico ni en la Unión Europea. Y lo que está en juego es cada vez más importante para quienes creen en el liberalismo y no en el populismo. La popularidad de Marine Le Pen en Francia y de Giorgia Meloni en Italia son signos de alerta. Meloni cree en la teoría de la conspiración xenófoba de extrema derecha que se conoce como la Gran Sustitución, que sugiere que los africanos le arrebatarán Europa a los europeos. La mandataria italiana también está en contra de la comunidad LGBT y quiere cambiar la constitución para apoyar solo a las familias tradicionales. Pero ¿qué cabría esperar de una política que alabó a Benito Mussolini como «un buen político, el mejor de los últimos cincuenta años»?

Por su parte, Marine Le Pen ha suavizado algunos de los planteamientos más radicales de su padre, Jean-Marie Le Pen, fundador del ultraderechista Frente Nacional, hoy Agrupación Nacional (Rassemblement National, RN). Le Pen acepta las uniones civiles de parejas del mismo sexo, el aborto sin condiciones y ha retirado la pena de muerte de los postulados de su partido. Sus opiniones xenófobas contra la inmigración son bien conocidas. En la parte económica, apoya el proteccionismo más que el mercado libre y se opone a la privatización de los servicios públicos y la seguridad social; en términos generales, se opone a la globalización. Al final ha acabado aceptando el euro para Francia, pero en general es anti Unión Europea. Y ha solicitado que Francia salga de la OTAN.

En España, Vox está limitado por dos factores que no están presentes ni en Italia ni en Francia. El primero es la muerte relativamente reciente de Franco. Una gran parte de la población aún sabe cómo se vivía durante la dictadura. Y, en segundo término, los españoles son muy favorables a la Unión Europea. De hecho, cuando España se unió, junto con Portugal, a la comunidad, en 1986, comenzó uno de los períodos de crecimiento de la economía y de modernización más importantes de la historia de España, en términos sociales y políticos. La Unión —entonces Comunidad Económica Europea— era para los españoles un sinónimo de democracia, y más en un país que había sufrido muy recientemente un intento de golpe de Estado, en febrero de 1981.

Con la adhesión de España y Portugal, la Unión de doce miembros alcanzó una población de 322 millones de personas, parecida a la de Estados Unidos. Y fue en este período inicial cuando los fondos de desarrollo, desde los países más ricos del norte de Europa, permitieron que España pudiera crear una infraestructura moderna de autopistas, aeropuertos y la implantación de las líneas de alta velocidad ferroviaria (AVE). Después, en la Europa de los 28, hoy 27, España ha pasado de recibir fondos a concederlos a los países del Este europeo que han ingresado recientemente.

Pero quien piense que Vox ha alcanzado su techo de votos se llevará una sorpresa. Como afirma Anne Applebaum en su popular libro El ocaso de la democracia (con el sugestivo subtítulo de «La seducción del autoritarismo») el mensaje de Vox tiene mucha acogida en el mundo digital de Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp y Telegram. De hecho, la autora menciona estudios de Alto Analytics que mapean las conversaciones en la red. Vox fue una de las tres comunidades de internautas —las otras dos fueron los separatistas catalanes y la extrema izquierda— que coparon la red antes de las elecciones de 2019. De estas tres comunidades de internautas, los mensajes de Vox fueron los dominantes: su antiislamismo y su xenofobia fueron los mensajes más potentes. Pero, por supuesto, el movimiento independentista catalán aportó el combustible necesario para ensalzar una idea de unidad nacional, una reedición actualizada del franquista «¡Arriba, España!». Por otra parte, las leyes feministas y medioambientales implantadas por la coalición izquierdista gubernamental han echado más leña al fuego. A esta combinación, añádase la imagen de Santiago Abascal montando a caballo, defendiendo el uso de las armas y utilizando el eslogan «Hacer España grande otra vez». Elemental, directo y fácil de entender. Esta es la manera moderna de difundir un mensaje político.

Hace diez años, Percival Manglano (londinense de padres españoles, su padre quiso darle un nombre inglés) publicó Pisando charcos, un libro en el que menciona todo aquello que aún aqueja a las instituciones políticas españolas una década después: corporativismo, listas cerradas y concentraciones de poder. Era especialmente crítico con el poder de los partidos políticos, debido a las elecciones con listas cerradas. Ese sistema no tiene nada que ver con la idea «un hombre, un voto»; es, más bien, «un voto, una lista de partido». Como decía Percival Manglano,

La Ley de Partidos de 1978 no supo enterrar la mentalidad orgánica y corporativa del franquismo: fue una ley muy escueta, de solo seis artículos, que ni siquiera definió qué es un partido político ni mencionó su función de representación política, pero que se cuidó de prever en su artículo 6 la financiación política de los partidos. La práctica de los partidos políticos tampoco ha superado del todo el franquismo. Esto ha llevado a que, por ejemplo, el artículo 7 de la nueva Ley de Partidos de 2022 que dice que «la estructura interna y el funcionamiento de los partidos políticos deberán ser democráticos» haya sido ampliamente ignorado. Y, sobre todo, las votaciones en todas las cámaras parlamentarias nacionales y autonómicas y en los plenos municipales se siguen haciendo por bloques […]. En cambio, la representación real de los ciudadanos pasará por la acción individual del diputado a concejal en función de los intereses de sus representados.

La rigidez de los partidos impide la verdadera representación que se da en otros países. Por ejemplo, los parlamentarios británicos conservadores pueden votar contra un primer ministro conservador, como ocurrió con Boris Johnson. O el senador Joe Manchin, de la pequeña Virginia Occidental, y demócrata, se plantó contra la ley de cambio climático que propugnaba el presidente demócrata Joe Biden. Con el Senado americano dividido a partes iguales (50/50), entre demócratas y republicanos, el senador Manchin fue capaz de modificar el proyecto de ley y obtener garantías de que se construiría un gasoducto que pasaba por Virginia Occidental y que estaba bloqueado por la Agencia Federal de Medio Ambiente.

Percival Manglano, por cierto, conoce muy bien y por experiencia propia cómo son las instituciones políticas españolas. Fue consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid entre 2011 y 2012, concejal del Ayuntamiento de Madrid entre 2015 y 2019, y desde abril de 2022, diputado en el Congreso por Madrid (PP). Sorprendentemente, tiene un máster auténtico en Economía Internacional por la Universidad Johns Hopkins.

A estas alturas ya debería estar claro que Pedro Sánchez, en la Moncloa, con 785 asesores, y diecisiete comunidades autónomas, con 2.500 asesores, no son verdaderamente representativos del pueblo español. Se nos está gobernando con una maquinaria anticuada, como si estuviéramos aún en la época analógica. Un mundo donde confiábamos en que los políticos gastaran bien el dinero de nuestros impuestos y ayudaran a las empresas a hacer crecer la economía. Y un mundo donde la prensa, la radio y la televisión se consideraban fuentes fiables a la hora de definir el debate político. Pero ahora estamos en un mundo digital y las instituciones del pasado ya no funcionan. Igual que Europa está intentando cobrarle un impuesto a Amazon, a Apple y a Google con un código impositivo obsoleto, así Pedro Sánchez y los políticos regionales están intentando legislar en cámaras analógicas mientras el mundo digital se mueve y los sobrepasa a la velocidad de la luz.

El éxito de muchas empresas modernas ha consistido en eliminar a los intermediarios. Línea Directa Aseguradora, una empresa que conozco bien, eliminó al agente de seguros para vender sus pólizas directamente. Netflix y las plataformas de streaming (distribución de productos audiovisuales en directo o a la carta por internet) te permiten ver películas sin tener que ir al cine y comprar una entrada. La prensa digital prácticamente ha eliminado el periódico en papel. Mi distribuidor recientemente se puso en contacto conmigo para decirme que ya no harían más entregas domiciliarias. De hecho, lo único que leo en papel es el suplemento semanal del Financial Times. ¿Quién podría haber imaginado que toda una institución como el New York Times estaría luchando por sobrevivir, igual que El País o El Mundo en España? Por no mencionar al ABC, fundado en 1903, y cuya publicación solo se suspendió brevemente en 1932 con la Segunda República. En esta nueva era digital, la tan cacareada regeneración es urgente. Y una parte importante de esa regeneración tiene que ver con la relación entre las instituciones administrativas y gubernamentales con la empresa privada. Manglano ha entendido bien todo esto en su libro, cuando dice:

La idea básica del libre mercado es que el juez máximo sobre quién debe hacerse rico es el consumidor. Cuando funciona el mercado, el consumidor compra voluntariamente aquello que más le satisface. El empresario que venda productos que satisfacen a muchos consumidores se hará rico y el que venda productos que la gente no quiere comprar, quebrará.

Seguimos estando lejos aún de haber generalizado esta forma de hacerse rico en España pese a la llegada de la democracia liberal. Nos enfrentamos al legado de siglos de historia de favores, concesiones y mercados estatales. Durante todo este tiempo se ha entendido la economía como un asunto de gremios y no de consumidores.

Me parece especialmente ilustrativa esta manera diferente de actuar cuando se compara el Dow Jones 30 de las grandes compañías con el IBEX 35. Como se apuntó más arriba, el IBEX 35, desde su segundo récord en noviembre de 2007, ha perdido prácticamente la mitad de su valor. Como el mercado se mueve diariamente, cada inversor tendrá que hacer sus cálculos. Si la economía va bien, el índice estará ligeramente por encima de la mitad, y lo contrario también será cierto. Ahora bien, el Dow Jones marcó un máximo de 13.930 puntos en 2007, y luego se hundió. Pero véase dónde está hoy. Sorpresa, sorpresa: marca el triple del pico de 2007. ¿A qué se debe esta desoladora diferencia con el mercado de valores español? Se debe a que el índice español de las grandes empresas no cuenta más que con bancos y servicios. Son empresas con un crecimiento muy escaso y, en términos bancarios, excesivamente ligadas a las condiciones económicas. Como se ha mencionado anteriormente, Inditex destaca por su crecimiento rápido. Frente a todo esto, el Dow Jones cuenta con empresas como Microsoft, Apple, Intel, Cisco, Coca-Cola, Visa, McDonalds, Nike y muchas otras que crecen rápidamente y son muy rentables. Si en España la mayoría de los grandes valores del IBEX pertenecen a sectores regulados, ocurre lo contrario en el Dow Jones 30. Un inversor en el mercado americano se estará haciendo rico, mientras que un inversor en el mercado español habrá perdido casi la mitad de lo que invirtió. Y si no se llevan a cabo profundas reformas en las instituciones españolas, la brecha respecto a otros países no hará más que aumentar. Pero si no ha cambiado nada en esta década, desde que Percival Manglano lo advirtió, ¿a qué catalizador podemos acudir para que esos cambios se produzcan hoy? A lo mejor el traslado de la sede de Ferrovial a los Países Bajos servirá para abrir los ojos a los políticos.

Comentando esta situación con un periodista y un diputado, la respuesta que ambos me dieron fue idéntica: hay que cambiar la ley electoral. Las listas de los partidos políticos tienen que abrirse. Los votantes necesitan votar por una persona que los represente, no por una lista confeccionada por un partido. Y esos intermediarios, con el fin de añadir valor y sobrevivir, tendrán que concentrarse en sus electores más que en sus partidos políticos, igual que el senador Manchin. Es urgente una reforma completa de la Constitución. Porque el segundo punto es que el Senado sea realmente una cámara de representación regional y no un cementerio de elefantes para individuos leales a un partido que ya no quieren o pueden estar en primera línea.

En este mundo digital, que se mueve a la velocidad de internet, los partidos nuevos como Ciudadanos, Podemos y Vox han entendido mejor cómo utilizar los canales alternativos de comunicación. Algunos desaparecerán —ese parece ser el destino de Ciudadanos—, pero otros, como Vox, crecerán. Y vendrán nuevos competidores. Pero si no se produce una regeneración, y si no se produce rápidamente, España corre el peligro de caer en manos de un autócrata populista. Pedro Sánchez y su obsesión por controlar los tres poderes del Estado a cualquier precio, incluso buscando los votos de los exterroristas vascos o los separatistas catalanes, sitúa la democracia en un equilibrio delicado. Y la balanza puede decantarse rápidamente por un Trump, un Erdog˘an o un Bolsonaro, o puede caer del lado de un reformista centrista como Macron. Y no es una cuestión baladí, porque toda una generación está en la balanza.

Capítulo 16.

POPULISMO, LOBBIES Y MALA GESTIÓN

La empresa española ha cambiado mucho desde mi llegada al país en 1980. Y, en general, para mejor. En los primeros años de la democracia, había tres líderes notables: Alfonso Escámez, del Banco Central, Emilio Botín, del Banco Santander, e Isidro Fainé, de La Caixa. Los tres empezaron con bancos pequeños y levantaron imperios. Son modelos irrepetibles. Porque desde la debacle de 2008 y la reestructuración bancaria de 2012, los bancos ya no pueden ser la locomotora de la economía. Y eso que el sector aún no ha sufrido las perturbaciones de las fintech (tecnología financiera) porque son un sector protegido.

Tras esos nombres llegó la época de Mario Conde en Banesto, Javier de la Rosa en KIO, los Albertos en FCC y la cultura del «pelotazo», en la cual, desgraciadamente, participó el rey Juan Carlos I. Estos nombres y la cultura del pelotazo no eran el tipo de tarjeta de presentación ética para atraer a los mejores, los más brillantes y los más honrados al mundo empresarial. Pero que el presidente Sánchez baile ahora al son de la música izquierdista según la cual los banqueros se verán obligados a pagar un impuesto especial «extraordinario» para evitar que no exploten a sus clientes… eso es un paso atrás en el libre mercado y el sistema capitalista.

Si la burbuja inmobiliaria y las malas prácticas financieras en Estados Unidos dieron como consecuencia la crisis financiera de 2008 en Estados Unidos y en todo el mundo, el ascenso de Trump claramente se debe a una clase media que siente que ya no puede acceder al gran sueño americano. En España, las protestas del 15 de mayo de 2011 (15-M) que acabaron con la formación de Podemos son otro ejemplo del fracaso del llamado «neoliberalismo». Pero el capitalismo es capaz de adaptarse a los tiempos y puede funcionar con eficacia aunque tenga más controles. El verdadero peligro es que el populismo, con sus respuestas elementales a problemas complejos, empieza a dominar la política española. El estilo autocrático del presidente Pedro Sánchez, intentando controlar los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, está dañando la democracia española. Y no ayuda que todo el dinero de la Unión Europea y su programa Next Generation pase por la Moncloa.

Muchas empresas acuden al Círculo para averiguar cómo pueden ponerse a la cola para recibir fondos de la Unión Europea. La CEOE implantó un programa con la ayuda de PwC. Las Big Four (Deloitte, KPMG, PwC, EY) se han dedicado a preparar solicitudes. Pero, por lo que yo he entendido hablando con un diputado del PP, la mejor manera de acceder a esos fondos es contactando con José Pepiño Blanco y su empresa. José Blanco fue ministro de Fomento en el segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Su empresa se llama Acento Public Affairs. La fundaron José Blanco y Antonio Hernando. Más adelante, en octubre de 2021, Hernando abandonó la consultora para ocupar un puesto como director adjunto del presidente del Gobierno. Así que está instalado en la sala de máquinas de la Moncloa. En la consultora de Blanco hay representantes de Podemos, principalmente Marcos Candela, un exdiputado de la Asamblea de Madrid. También hay una importante figura del Partido Popular, Alfonso Alonso, exministro de Sanidad con Mariano Rajoy, Elena Romero, exsecretaria de Estado de Economía, Energía y Pymes con José María Aznar, y José María Lasalle, exsecretario de Estado de Cultura y de Agenda Digital con Mariano Rajoy. Es un equipo estelar.

Públicamente, como todos los grupos de presión o lobbies, esta consultora niega que sea una empresa instrumental para ayudar a las compañías del IBEX 35 a conseguir fondos Next Generation de la Unión Europea. Pero, privadamente y off the record, fuentes de toda solvencia me han contado que estos son los profesionales y manipuladores enviados por las Big Four para influir en Sánchez y en sus consejeros más cercanos. Al contrario de lo que ocurre en el Reino Unido, donde todos los contratos de dinero público están sujetos a una auditoría externa, igual que en los países nórdicos e incluso en Portugal, en España no hay ninguna supervisión verdaderamente independiente. Para toda España hay un cuerpo de interventores. Cuando uno está trabajando con 140.000 millones de euros, ¿ese cuerpo de interventores es suficiente? Aunque España tenga un supuesto Portal de Transparencia, nadie ha conseguido explicar cómo la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) le concedió un préstamo de 53 millones de euros a Plus Ultra, una aerolínea en quiebra de propiedad venezolana. La burocracia generada en torno a los fondos de la Unión Europea es tan complicada y engorrosa que España va a la cola de los países europeos en su asignación y distribución. Pero todas las exigencias de un organismo independiente que supervise la concesión del dinero han caído en saco roto.

Si José Blanco es tan influyente como parece, los métodos encajarían con la costumbre de entregar fondos sin la supervisión de una agencia independiente. Lo que es evidente es que España va a la cola a la hora de distribuir esos fondos. Hasta ahora, España solo ha gastado el 23 por ciento de los fondos europeos previstos para 2021 y 2022. Y cuando el presidente Sánchez dijo que se iba a levantar una planta de construcción de baterías eléctricas de tracción junto a la Seat de Martorell, los funcionarios de la Unión Europea tuvieron que recordarle que tenía que haber un proceso de licitación y que la fábrica de baterías eléctricas para vehículos podría acabar en otra región.

«Vivimos de la solidaridad de la Unión Europea»: las palabras de José Manuel García-Margallo (PP) nunca han sido más ciertas. Ahora estamos en la tercera crisis del siglo que golpea la economía. La primera crisis financiera fue cuando estalló la burbuja inmobiliaria; la segunda, durante la pandemia de Covid; y ahora, la alta inflación que ha empobrecido a todos los españoles. Aunque el factor clave ha sido el alto precio del petróleo y el gas, ha afectado a todos los sectores, y se aprecia especialmente en el de la alimentación. Tal y como ha publicado El Economista: «Una docena de impuestos encarece la comida un 280 por ciento en su viaje del campo al supermercado». Entre esos impuestos están «el IVA, el impuesto de electricidad, el de hidrocarbonos o el de grandes establecimientos. Gracias a la Unión Europea, el impuesto especial a las compañías energéticas será sobre los beneficios que hayan superado el 20 por ciento las del año anterior (el año del Covid) y no sobre los ingresos (que era la propuesta de Sánchez)».

La Unión Europea no solo ha servido para refrenar los instintos más autoritarios de Pedro Sánchez, sino también para controlar todas las absurdeces de la época de Mariano Rajoy. Por ejemplo, el sistema judicial europeo suspendió las penalizaciones en el famoso modelo 720 de Cristóbal Montoro, que exigía una declaración de todas las posesiones fuera de España con unas enormes multas y que nunca prescribía. De hecho, en España había solo tres delitos que nunca prescribían: el genocidio, el terrorismo y el modelo 720.

En el fondo de la crisis actual está la sostenibilidad del sector energético. El paso a una energía limpia y renovable significa que las compañías de petróleo y de gas ya no van a invertir en busca de nuevas fuentes de producción. Y como el giro a una energía limpia está llevando más tiempo del previsto y está costando más dinero del que se había pensado, ahora hay una oferta de petróleo y gas bastante ajustado. Además, hay que añadir a este cóctel la invasión rusa de Ucrania: de repente, la demanda es mucho mayor que la oferta.

Lo que resulta increíble es lo mal que los líderes políticos han manejado la política energética. El objetivo tiene que ser un suministro garantizado de recursos naturales a un precio competitivo. En España, el mix energético ha estado basado en el gas natural, la energía eólica, la energía hidráulica, el carbón y la energía nuclear. Paradójicamente, Franco acertó con el plan correcto. Y España fue el líder en energía nuclear porque el país compró los reactores a Westinghouse y a General Electric. Francia, con De Gaulle, intentó construir sus propios reactores, y eso retrasó su desarrollo nuclear. Si España hubiera seguido su plan inicial de reactores nucleares, hoy no habría dependencia del petróleo importado ni del gas para la mayoría de las necesidades energéticas (aparte de las propias de los vehículos de motor).

Pero Felipe González acabó con el desarrollo nuclear después de que ETA asesinara a un par de ingenieros en la central de Lemóniz. Alemania también ha tomado la decisión de una «moratoria nuclear». Pero eso les ha obligado a volver al carbón como fuente de energía primaria: el peor contaminador del mix. España ahora depende del gas de Argelia, que es insuficiente tras el acercamiento de Sánchez a Marruecos. Así que España se ve obligada a pagar mucho más por el gas natural líquido. Actualmente nos están suministrando gas Rusia y Estados Unidos. La compra de gas ruso, claro, favorece a Putin. Además, España no está haciendo prospecciones ni perforaciones en busca de petróleo en la prometedora zona que rodea las Islas Canarias. La ideología «verde» es más poderosa que la realidad económica. Pero todo esto encaja en un patrón que muestra una serie de gobiernos que han sido corruptos en sus propias finanzas y económicamente irracionales a la hora de proporcionar energía al país a precios competitivos. El resultado es que la Francia posterior a De Gaulle tiene los costes más bajos de energía de Europa porque se basó en los reactores nucleares. Y Sánchez ni siquiera quiere oír hablar de ampliar la vida de los siete reactores que actualmente están en funcionamiento.

La moraleja es que hoy España estaría mucho mejor con el plan energético de Francia que con el que se ha seguido durante los años democráticos. Y el coste de la transición a las fuentes de energía renovables se ha añadido a la factura de la electricidad de todos los españoles, de modo que resulta completamente ininteligible salvo para unos cuantos especialistas. Estos aparecen de vez en cuando en televisión intentando explicárselo a los profanos. La única esperanza es que la Unión Europea tiene previsto elaborar en los próximos años un plan unificado para los 27 países.

Desgraciadamente, los errores del gobierno de Rodríguez Zapatero en lo tocante a la energía solar y todos los subsiguientes reajustes del gobierno de Rajoy han retrasado el desarrollo de los paneles solares en uno de los países de Europa con más horas de sol. España también está azotada por el viento y es líder en recursos eólicos. La esperanza es que el hidrógeno verde pueda desarrollarse a un coste razonable. Esto significaría que los vehículos eléctricos con baterías serían solo vehículos de transición. El único efecto positivo del alto precio del petróleo, del gas y de la electricidad es que está obligando a un cambio más rápido no solo hacia las energías renovables, sino también hacia la construcción de edificios energéticamente más eficientes. Mi casa, construida hace cinco años, cuenta con energía geotermal y una clasificación energética A, y lo resalto dado lo mucho que cuesta conseguirla. Si uno mira los anuncios de las inmobiliarias, verá que la obligación legal de tener una clasificación energética está «en estudio», lo cual significa que no lo hacen público hasta que uno está a punto de comprar la casa. Entonces le avisan a uno de que la clasificación de la vivienda es D, con suerte, porque la mayoría son G. Afortunadamente, los diseños de «casas pasivas» se están importando desde Alemania y Escandinavia.

Una casa pasiva sigue cinco principios básicos:

1. Aislamiento térmico

2. Construcción hermética

3. Cristal de altas prestaciones

4. Ausencia de pérdida energética

5. Ventilación con recuperación del calor

Como supervisor del primer edificio de oficinas verde en España, en el año 2000, que fue la sede de Sanitas en las afueras de Madrid, he sido un gran promotor de los edificios sostenibles. Y todo fue gracias a un arquitecto inglés que exigió esas medidas en los requisitos para el concurso de construcción en la sede de Sanitas en España. El estudio de Ortiz y León ganó la adjudicación porque era la única empresa de arquitectos del concurso que tenía una idea clara de lo que era un edificio «verde».

Como sabemos, España tiene una excelente tradición de grandes arquitectos: Moneo, Calatrava, Ábalos, Zaera Polo, Nieto y Sobejano, Campo Baeza, Ferrater, Ruiz-Larrea, Vicens y Ramos coronan una larga lista, en la que también se encuentran los mencionados Ortiz y León. Pero, tal vez por la bondad del clima, el ahorro de energía solo ha llamado la atención de los diseñadores muy recientemente y se ha convertido en una parte importante del proceso de construcción. A menudo bromeo diciendo que mi único legado en España será el edificio de Sanitas en el Campo de las Naciones de Madrid. Porque las empresas cambian tanto con el tiempo que los ejecutivos antiguos desaparecen. Como dijo el economista austríaco Joseph Schumpeter, «el único hecho inamovible del capitalismo» es el constante proceso de innovación por el cual las nuevas unidades de producción reemplazan a las obsoletas. Él llamaba a esto la «teoría de la destrucción creativa». Solo a través del cambio tecnológico puede avanzar una sociedad. Y es aquí donde España tiene que avanzar. Necesita emprendedores como Reed Hastings, que puso en marcha Netflix y por 7,99 euros al mes ya no tenemos que ir a la tienda de vídeos. No estoy contando como verdaderos emprendedores a los jóvenes que van a Estados Unidos, copian las mejores ideas y les ponen un nombre español cuando lanzan la idea copiada en España.

Capítulo 17.

LOS GRANDES EMPRESARIOS DE AYER, HOY Y MAÑANA

Apesar de todos los obstáculos burocráticos y legales, España ha dado al mundo un pequeño grupo de notables emprendedores. Como presidente de honor del Círculo de Empresarios, solo citaré a los siete cuidadosamente elegidos por un eminente jurado que obtuvieron el Premio Reino de España, que entrega el rey. El premio está patrocinado por el Círculo de Empresarios junto con el Cercle d’Economia en Barcelona y el Círculo de Empresarios Vascos.

El primero lo entregó el rey Juan Carlos I en el Palacio del Pardo. Fue uno de sus últimos actos, antes de la abdicación. Y el premio le fue concedido a Enrique de Sendagorta, fundador de Sener, una empresa de ingeniería y tecnología. También fundó, como ingeniero naval, otras empresas en ese sector. Además, lanzó ITP (Industria de Turbopropulsores), donde Ignacio Sánchez Galán fue CEO años antes de dirigir Iberdrola. El presidente ejecutivo actual, como ya he mencionado, es Juan María Nin, que tomó las riendas de Josep Piqué cuando hubo un cambio de propietario. Enrique de Sendagorta me visitó con frecuencia en Sanitas, siempre con un libro en la mano. En una ocasión vino con su biografía, escrita a los ochenta y cuatro años: ¡Aquí estamos! Recuerdos autobiográficos de mi familia y de mis tiempos. Una soberbia narración de su vida, desde Plencia, junto al mar, cerca de Bilbao.

El acto del Palacio del Pardo fue la última vez que vi a Enrique. Porque el premio se concede al empresario a una edad avanzada, así se reduce el riesgo de un escándalo tardío. También fue la última vez que vi a Adrián Piera, exmiembro del consejo de Schweppes S.A. y presidente de la Cámara de Comercio de Madrid durante décadas. Conocí a Rafael del Pino, fundador de Ferrovial, en una cena en su casa: otro gran emprendedor. Antonio Mendoza, durante muchos años consejero delegado de la empresa constructora, vive en mi calle y lo cito porque me gusta la expresión española «el mundo es un pañuelo».

Es importante mencionar que el Premio Reino de España tuvo un ganador en su primera edición que no quiso aceptar el galardón. Evidentemente, era Amancio Ortega. Cuando el rey supo que había rechazado el premio, dijo que lo llamaría personalmente. Pero ni siquiera el monarca tuvo suerte. «¡Coño, me dijo que no quería nada de premios!», aseguró el rey.

El ganador de la segunda edición fue José Ferrer Sala, del Grupo Freixenet. Nació en Sant Sadurní d’Anoia en 1925 y era el nieto del fundador de una bodega famosa por sus cavas, una imitación del champán francés. Con él, un pequeño comercio de vinos se convirtió en una marca líder a nivel internacional en el sector de los vinos espumosos. Como la organización del acto es rotativa entre los tres círculos, este se celebró en Bilbao.

El tercer galardón fue para José Antolín y se celebró en un monasterio de Burgos, porque, en este caso, el ganador dijo que era demasiado viejo para viajar. El Grupo Antolín, que fabrica componentes para automóviles, ha crecido desde ser una pequeña fábrica en Burgos a estar presente en 26 países y dar empleo a más de 28.000 personas. Su hijo Ernesto es hoy el CEO de la empresa. Su hermana María Helena está conmigo en el Consejo Asesor del presidente del Club Excelencia en Gestión

El cuarto premio Reino de España tuvo lugar durante mi presidencia del Círculo y fue a parar a Mariano Puig, del grupo perfumero que heredó de su padre. Dirigió la empresa durante más de setenta años, junto a sus dos hermanos. El actual presidente y CEO es su hijo Marc. Fue difícil conseguir que el rey Felipe VI fuera a Barcelona con el movimiento independentista en su momento álgido. Finalmente, fusionando este acto con la visita del rey al Mobile World Congress, celebramos la entrega del premio en el auditorio de la Universidad IESE. Y Mariano Puig, a los noventa y dos años, dio un gran discurso: dijo que el crecimiento internacional de su empresa comenzó con la ayuda de Max Factor. Fue a Los Ángeles sin una sola cita ni recomendación, y se sentó en la sala de espera hasta que fue recibido, lo cual demuestra la determinación de un verdadero emprendedor. Muchos de los ganadores del premio no fueron los fundadores de sus empresas, sino visionarios que se hicieron cargo de un pequeño local y lo hicieron crecer hasta convertirlos en grandes negocios internacionales.

El quinto premio se entregó en el auditorio del Museo del Prado, en Madrid, y yo fui el anfitrión, según nuestro sistema rotatorio. Por desgracia, Plácido Arango, el ganador, murió un par de semanas antes de la celebración del acto, y su hija Maite fue la receptora del premio. Plácido Arango había sido presidente del Patronato del Prado, por eso elegimos el museo para el acto. Su compañera en los últimos años fue Cristina Iglesias, la artista que creó los portones que dan a la ampliación de Rafael Moneo. Ella también asistió a la ceremonia. Plácido Arango fundó el grupo Vips, que tenía sus propios restaurantes además de muchas otras marcas de restaurantes que tenían en propiedad o en franquicias, entre ellas la franquicia de Starbucks. Plácido era un polímata. Como dijo El Español en su obituario, era «un hombre culto, generoso, inteligente, amante de las artes, multimillonario y visionario». Recuerdo haberle visitado en su enorme despacho en el Edificio Pirámide, uno de los mejores edificios de oficinas del Paseo de la Castellana, en Madrid. Su despacho ocupaba media planta, muy luminosa y llena de obras de arte. Hizo su fortuna en México, donde su familia, emigrantes de Asturias, pusieron en marcha Aurrerá, la primera cadena de supermercados del país centroamericano.

Francisco Martínez-Cosentino ganó el sexto premio. Con la sede en Almería, Cosentino desarrolló un compuesto de granito llamado Silestone que hoy se utiliza en todo el mundo, sobre todo para suelos y encimeras de cocina y baños. En la actualidad la empresa está presente en cuarenta países y tiene 5.500 empleados. En su caso, heredó una pequeña empresa de mármoles de su padre y, como Mariano Puig, la desarrolló hasta convertirla en una gran multinacional con la ayuda de sus tres hermanos. Hoy, Cosentino no ganaría el premio. Ha aceptado seis meses de cárcel por admitir que ocultó durante años el origen de la silicosis que afecta a 1.900 operarios. Parece ser que viene del polvo de la fabricación de su producto estrella.

La séptima edición concedió el premio a Gabriel Escarrer, presidente del grupo hotelero Meliá. Es el grupo hotelero más importante de España y cotiza en el IBEX 35. España, como corresponde a un país cuya economía tiene en el turismo un pilar fundamental, tiene tres cadenas hoteleras en el Top 30 mundial en número de habitaciones: aparte de Meliá, está Barceló y NH Hotel Group. En el caso de Gabriel Escarrer, él fue el fundador y empezó con su negocio a los veintiún años, después de trabajar seis años con un tour operador. Lo que significa que ha estado trabajando desde los quince años.

¿Dónde están los futuros ganadores del Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial? La multinacional EY (Ernst & Young) acaba de premiar a Rosauro Varo y a Jorge Gallardo con su premio Emprendedor del Año. Rosauro y yo tenemos una cosa en común: Ignacio Vicens, el arquitecto, diseñó nuestras casas. Rosauro es de Sevilla, su madre es una política socialista y él es presidente de GAT inversiones. Ha tenido restaurantes, muchas licencias de VTC (vehículos de transporte con conductor) que vendió a Cabify y, sobre todo, PepePhone. Es vicepresidente del consejo de administración del Grupo Prisa y miembro del consejo de administración de Acciona Energía.

Jorge Gallardo es director general de Goodgrower, una empresa privada de capital riesgo. Su familia es dueña de la empresa farmacéutica Almirall y su hermana, como se mencionó anteriormente, se casó con Manuel Valls. Gallardo compró los hospitales de Adeslas, el grupo sanitario, lo renombró como Vithas y siguió comprando más hospitales. El doctor Pedro Rico, CEO, trabajó conmigo en USP Hospitales, como director médico. Como puede verse enseguida, hay muy pocos grados de separación en el mundo empresarial español.

¿Y dónde están los fundadores de los unicornios españoles, las empresas que fueron emergentes en su momento y que ahora valen más de mil millones de dólares? Super Founders, de Ali Tamaseb, es un libro que profundiza en los datos de esas empresas emergentes, hoy gigantes, desde una perspectiva americana. Curiosamente, la media de edad de los emprendedores es de treinta y cuatro años, pero hay algunos que empezaron a los dieciocho y otros a los sesenta y ocho. Y hay más directores ejecutivos con estudios universitarios que emprendedores que abandonaron la universidad, como Bill Gates. La Universidad de Stanford, y a poca distancia Harvard y el MIT, es el alma mater del mayor número de fundadores de unicornios empresariales. En general suele haber dos o tres cofundadores, pero el 20 por ciento de las empresas tienen solo uno y el 12 por ciento tienen cuatro. No se menciona a ningún español en el libro, pero sí aparece David Vélez, un ingeniero de Stanford que fue socio de Sequoia Capital y fundó Nubank, el banco online de Brasil. Es el banco digital más grande de fuera de Asia, y David Vélez tiene hoy un patrimonio neto de 6.500 millones de dólares. Es colombiano, nacido en Medellín.

LID Editorial, fundada por Marcelino Elosúa y centrado en libros de economía, acaba de publicar Super Founders, pero referido a los grandes unicornios españoles. El prólogo se le ha encargado a María Benjumea, que ha sido la figura española más visible en este ámbito desde que programó South Summit, un encuentro anual en Madrid de empresas emergentes de todo el mundo.

La primera empresa unicornio española fue eDreams, la agencia de viajes online fundada por Javier Pérez-Tenesa y Mauricio Prieto. Luego está la agencia inmobiliaria online Idealista, que fue fundada por Jesús y Fernando Encinar, con César Oteiza. Pero no todos los unicornios españoles son producto del talento nacional. Considérese por ejemplo Meinrad Spenger, austríaco, que empezó con MásMóvil y recientemente ha comprado Euskaltel. Tiene un máster de economía por la IE University de Madrid y fue consultor con McKinsey en Viena. MásMóvil compró pequeñas operadoras de móviles y luego otras grandes, como Yoigo y PepePhone, de Rosauro Varo, Javier Hidalgo y su hermana Cristina (ambos hijos del fundador de Globalia).

También tenemos Jobandtalent, fundada por Felipe Navío, Juan Urdiales y Tabi Vicuña. Jobandtalent es la principal agencia de trabajo temporal del mundo. Cuando uno recibe una oferta de trabajo, firma el contrato directamente en la aplicación del móvil. Más conocido es Juan de Antonio, con su Cabify, la empresa de transporte de viajeros española competidora de Uber; ambas funcionan con una aplicación telefónica. Cabify se ha expandido a Sudamérica. Luego está Glovo, cuyo nombre es muy visible en las enormes mochilas que los riders llevan a la espalda por toda la ciudad. La empresa fue fundada en 2015 y recientemente se vendió a una empresa alemana, Delivery Hero. Su movimiento más brillante fue firmar un contrato exclusivo con McDonald’s. Aunque tenía pérdidas, forzó a Deliveroo, el competidor de Glovo, a abandonar el mercado español en 2021. Óscar Pierre y Sacha Michaud, ambos catalanes, fueron los fundadores de Glovo. Solo un año después de su lanzamiento, habían obtenido siete millones de euros y operaban en tres países.

También está Flywire, que transfiere dinero sin gasto alguno a cualquier parte del mundo. Tiene un nicho especial: los pagos a universidades extranjeras y hospitales. Íker Marcaide fue su fundador. Devo es una plataforma de IT que actúa con distintas webs y proporciona seguridad en un «entorno amenazador» de ciberataques. La fundó Pedro Castillo. La barcelonesa Wallbox está sondeando el mercado: opera en el NASDAQ, antes en el mercado nacional, y se especializa en la instalación de cargadores eléctricos para coches. Incluso yo tengo uno en la pared de mi garaje. No se ha utilizado nunca, pero era una exigencia del ayuntamiento cuando me hice la casa.

España es un país muy atractivo en términos climáticos, y por su pertenencia a la Unión Europea, por tener algunas de las mejores escuelas de empresariales y por los bajos sueldos de programadores e ingenieros. Si los «emprendedores en serie» como Martín Varsavsky creen en España, ¿por qué no hay más empresas emergentes o startups? El problema es la burocracia del gobierno nacional y, en algunos casos, de los gobiernos regionales. Aunque la nueva ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes de diciembre de 2022 consigue que sea más fácil conseguir dinero y pagar en acciones, aún hay mucho que mejorar para atraer el talento extranjero o el nacional que se ha marchado fuera. La mayoría de las empresas nuevas son solo una copia de lo que uno puede ver en Estados Unidos, modificado para consumo español. Mi hijo y su socio cofundador, un arquitecto, tienen una empresa de construcción de casas modulares prefabricadas llamada Modular Living S.L. Han creado siete puestos de trabajo directos y probablemente alrededor de otros veinte indirectos y temporales. ¿Qué apoyo han recibido del gobierno? Y no se trata de subvenciones económicas públicas. Es una cuestión de facilitar las cosas en términos de contratación, pago de impuestos, registros y otros requisitos legales. España es un país atractivo y acogedor, pero desde luego no es un país «amable» con el mundo empresarial o con los emprendedores que quieren empezar desde cero. Y, a menos que se desarrolle en España rápidamente una cultura de innovación empresarial, el país entrará en una espiral mortal. Porque hay mucha competencia en la Unión Europea y en el mundo entero. Hay talento en España, pero desgraciadamente, buena parte está emigrando a otros países donde hay mejores salarios y más oportunidades. Y el actual gobierno, una coalición de socialdemócratas y comunistas, está llevando al país por una senda populista que solo conducirá a imponer cada vez más dificultades a las empresas y a la creación de riqueza. No se necesitan más impuestos a los ricos: lo que necesitamos es más riqueza. Ellos, como todos los que se han citado en este capítulo, crean riqueza y puestos de trabajo, y pocas veces se les reconoce o se les aplaude.

Capítulo 18.

TIEMPO DE «CISNES NEGROS»

Aparte de los emprendedores y los creadores de nuevas empresas y riqueza para la sociedad, otra importante parte de la ecuación son los directivos. La mayor parte de mi carrera la he pasado trabajando para compañías y recibiendo una nómina mensual. Porque aparte de los innovadores, hay que contar con la comunidad de ejecutivos que dirigen la maquinaria empresarial de un país. Ellos son la columna vertebral de la economía. Y su importancia ha aumentado en estos tiempos difíciles. Ahora que la economía se está intentando recuperar a duras penas del hundimiento del sector inmobiliario, el doble golpe de la pandemia de Covid y la tremenda inflación subsiguiente ha puesto patas arriba muchos negocios. Muchas empresas pequeñas han tenido que cerrar o, como se dice en el mundo comercial: han tenido que «bajar la persiana». La invasión rusa de Ucrania solo ha añadido un factor negativo a una Europa que vivía en paz.

La adaptación a los cambios rápidos es necesaria, y estos recientes «cisnes negros», obligan a la empresa a replantear su propia estructura operativa. El teletrabajo ha venido para quedarse, y España, anteriormente muy retrasada en esta faceta laboral, se está adaptando ahora rápidamente. Cuando se trata de buscar talento, una de las primeras preguntas que se hacen los empleados es cuántos días puedo trabajar desde casa. En Madrid se ha constatado una notable caída del tráfico los lunes y los viernes. En Estados Unidos llaman a estos trabajadores «TWATS», porque van a la oficina «Tuesday, Wednesday and Thursday».

La pandemia de Covid fue una buena lección por lo que a logística y suministros se refiere. Todos los equipos médicos de protección personal, como guantes y mascarillas, se buscaron en China. Ahora existe el temor de una concentración exclusiva de microchips en Taiwán y Corea del Sur. Las fuentes de suministros cercanas siempre han sido importantes para el movimiento ecologista. El transporte produce muchísimo CO2 que va directamente a la atmósfera. Y hay una nueva generación de ejecutivos que no están obsesionados con su sueldo, sino que buscan un mejor equilibrio entre el trabajo y el resto de sus vidas.

Los buenos líderes y, por tanto, los buenos jefes son difíciles de encontrar. Antonio Garrigues dijo recientemente: «Tenemos que darnos cuenta de que vamos hacia un mundo más competitivo, no podemos resignarnos», y añadió: «Tenemos que comprometernos más con la sociedad». En el consejo directivo de Línea Directa Aseguradora nos tomamos tres letras muy en serio: ESG. Hacen referencia al medio ambiente, a la sociedad y a la dirección o administración (environment, social, governance). Los grandes inversores institucionales invierten en las empresas de hoy en día en esos términos. Muchos han eliminado a las compañías petrolíferas de sus carteras de clientes. El petróleo se ha convertido en el nuevo tabaco. En 2014, el Rockefeller Brothers Fund cortó de raíz sus inversiones en combustibles fósiles. Y en 2020 la Fundación Rockefeller, de 5.000 millones de dólares, le dijo adiós al mismísimo combustible que generó la riqueza de la familia.

La parte social de nuestro negocio se hace eco de las declaraciones de Antonio Garrigues. El mundo empresarial tiene que prestar muchísima más atención a la sociedad. La tesis de Milton Friedman, según la cual el único objetivo de una empresa es producir beneficios para sus accionistas, ha pasado a mejor vida. Se espera que las empresas supervisen a sus suministradores extranjeros, que se aseguren de que no se está empleando mano de obra infantil, por ejemplo. Se les está presionando para que sean buenos vecinos en su comunidad y últimamente hay una tendencia para que los salarios de los altos ejecutivos solo sean un cierto múltiplo del salario medio de la empresa. Esto tiene más importancia en Europa que en el libre mercado americano: en Europa, la desigualdad salarial es un aspecto social importante.

Como ha dicho Isidro Fainé recientemente en el Congreso de Directivos de CEDE, «ganar el futuro está al alcance de nuestras empresas: solo hay que proponérselo y actuar con coraje, determinación y valentía». Por desgracia, ese mismo día, María Jesús Montero, ministra de Hacienda, anunció más impuestos a los ricos y un nuevo impuesto sobre el patrimonio para todos aquellos cuyos bienes superen los tres millones de euros. Otro ejemplo de populismo y de cómo el gobierno de Pedro Sánchez, con su actitud contraria a la creación de riqueza y contraria al empresariado está dañando la economía al mismo tiempo que se reducen los impuestos a aquellos que ganan menos de 21.000 euros al año. Uno no diría que estas medidas son «atractivas» para los grandes asalariados. Paradójicamente, es un socialista, Antonio Costa, en la vecina Portugal, quien ha sido más amable con el mundo empresarial y, por eso, está acogiendo parte de la riqueza española con una estructura fiscal más moderada y moderna. Incluso han implantado una exención impositiva para aquellos jubilados extranjeros que vivan al menos medio año en Portugal. Esta exención sobre los ingresos extranjeros se aplica durante un período de diez años.

El actual gobierno del presidente Sánchez es «el peor de la democracia» a ojos de la mayoría de los empresarios con los que yo hablo. Pero es que ocurrió lo mismo con el gobierno de Rodríguez Zapatero. A favor de este último hay que decir que redujo a cero (aunque no lo suprimió) el impuesto de patrimonio, el cual, ahora que Macron también lo ha eliminado, ya no existe en ningún otro país de la Unión Europea más que en España. Al menos Pedro Sánchez sabe que los ataques ad hominem contra las principales figuras del mundo empresarial no le van a granjear muchas simpatías entre el colectivo. En el Foro de La Toja, un Davos hispánico anual, donde solía acudir a la clausura del sábado, en octubre de 2022 aprovechó que tenía el Covid y apareció solo en un plasma. El rey, una vez más, se presentó personalmente para la sesión inaugural. Cada cual es consciente de sus apoyos. Sánchez ya no asiste al encuentro anual del Instituto de la Empresa Familiar después de que lo ignoraran en protesta por su posición antiempresarial.

Los historiadores siempre debaten si los trastornos políticos y económicos crean oportunidades y líderes, o son los líderes quienes generan los cambios históricos. Winston Churchill viene a la mente cuando se piensa en una persona con una personalidad tal capaz de impedir que Gran Bretaña acabara bajo la bota de Hitler. Pedro Sánchez, desde luego, no es Churchill. Ni es un autócrata del tipo Vladimir Putin o Xi Jinping. Pero su traza es definitivamente populista, aunque él lo niegue. Y es un presidente con la vanidad suficiente para organizar una serie tipo Netflix sobre su vida en la Moncloa, aprovechando su relación con el exembajador americano en España, James Costos, para abrirle las puertas. James Costos fue antaño un alto ejecutivo de la productora de televisión HBO en Los Ángeles. Costos está en la tradición de los embajadores americanos en España: no es un diplomático profesional, sino uno de los principales recaudadores de fondos para la campaña presidencial de Barack Obama. Como en Estados Unidos hay un límite para las donaciones personales, la clave es contar con un bundler (un recaudador) que vaya reuniendo el dinero gracias a los grupos familiares, los amigos o los socios y empresarios. Este paquete económico se le entrega después al jefe de la campaña. Costos es homosexual y vegetariano. La primera característica significa que tenía que ir a un país que aceptara el matrimonio homosexual, porque vino con su pareja, Michael Smith. Smith trabajó con Michelle Obama redecorando la Casa Blanca, y transformó la embajada de Estados Unidos en Madrid con arte moderno, incluida una instalación de neón en el muro de la escalinata. Es la única vez que un embajador ha convertido la residencia en un hogar moderno y vanguardista. (El origen de la decisión de comprar obras de arte para la embajada está en un programa público-privado llamado Art in Embassies, y comenzó con el presidente John F. Kennedy en 1963).

Sánchez no es un populista al estilo de Donald Trump, Jair Bolsonaro o Recep Tayyip Erdog˘an. Pero sus actos, queriendo controlar todas las instituciones, empezando por el rey, siguiendo con RTVE, los tres poderes del Estado y las agencias independientes que los controlan, el CIS, las empresas públicas y las privadas con participación gubernamental, y los medios en general, lo convierten en un individuo sospechoso. Y lo que me molesta más, como americano, es que España hoy no es «we the people»; es, como Ronald Reagan advirtió una vez, «we the government». Aunque, claro, la Constitución estadounidense también ha sido atropellada por Donald Trump y sus seguidores. El levantamiento del 6 de enero de 2021 en el Capitolio, cuando se protestó contra los resultados de unas elecciones democráticas, es algo que jamás imaginé que podría ver en mi vida. Y aún es más preocupante que, encuesta tras encuesta, en torno al 70 por ciento de los republicanos aún siguen creyendo que Joe Biden no fue el legítimo vencedor de las elecciones de 2020.

Lo que también me molesta es que, en septiembre de 2018, cuando concluyeron los cien días de gracia del gobierno del presidente Sánchez, yo fui el único representante empresarial que señaló la deriva gubernamental en asuntos económicos. Hoy se han unido otros, incluida Ana Botín, Ignacio Sánchez Galán y Mariló Dancausa. Recientemente, Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball ha protestado contra el nuevo impuesto de patrimonio. Pero la comunidad empresarial española aún está relativamente aletargada. Los 140.000 millones de euros del plan de recuperación tras la pandemia de Covid, procedentes de la Unión Europea, aunque deba devolverse la mitad, parecen haber aquietado a buena parte de los ejecutivos de las grandes empresas. Y las PYMEs, la columna vertebral del empresariado español, ha visto pocos euros de este dinero. Es de esperar que algo más es llegue. Pero ¿dónde está una organización sin afán de lucro fundada por empresarios que luche contra todos estos decretos hostiles al empresariado en los tribunales? Al fin y al cabo, el modelo 720 del ministro Montoro, un despropósito de multas que jamás prescribe, como ya se ha comentado, tuvo que ser derogado por el Tribunal Supremo después de una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Los economistas han sido muy prudentes al calcular los riesgos de esta economía maltrecha. Recuerdo bien una entrevista con Mamen Mendizábal en el programa de La Sexta Más vale tarde, donde dije que el crecimiento presupuestario gubernamental del PIB del 8 por ciento para 2022 era una exageración. Javier Díaz Jiménez, economista y profesor en el IESE, me contradijo, diciendo que mi opinión era de un pesimismo injustificado. La realidad, como todos sabemos ahora, es que el PIB solo creció un 4 por ciento. Y menos crecimiento significa más deuda. Por supuesto, la alta inflación incrementa la recaudación de impuestos y reduce el coste de devolver la deuda. Pero véase, a modo de ilustración de los puntos de vista de Sánchez, su declaración en el Foro de La Toja de 2022: habló de los «brujos que piden dejar el dinero en el bolsillo de los ciudadanos». Podría haber dicho «bruja», porque Isabel Díaz Ayuso diferencia claramente entre «we the people» y «we the government». Ella es el principal exponente en la esfera política española —respaldada por Javier Fernández-Lasquetty, el consejero de Hacienda y Empleo de la Comunidad Autónoma de Madrid— del principio de que los impuestos extraordinarios por culpa de la inflación deberían quedarse en los bolsillos de la gente. Y que un impuesto sobre el patrimonio está gravando lo que ya se ha gravado y, por tanto, debería abolirse.

Existe un movimiento en la extrema izquierda del Partido Demócrata americano para implantar un impuesto a la riqueza en Estados Unidos. La activista y política de treintaidós años Alexandria Ocasio-Cortez (conocida como AOC) es representante por Nueva York. Pero la idea de ese impuesto a ese lado del Atlántico es gravar fortunas por encima de los mil millones de dólares. Alrededor de 333 veces más riqueza que la propuesta del gobierno español. Pero el Partido Popular dice que lo derogará inmediatamente. En Estados Unidos, la propuesta nunca se aprobará ni en el Congreso ni en el Senado. No habrá ningún impuesto «especial» sobre las empresas energéticas como existe hoy en la Unión Europea. Y un impuesto sobre los beneficios de los bancos… ¿estamos de broma o qué? Estados Unidos aún cree en el mercado libre y hacerse rico aún se considera un beneficio para la sociedad. En España, Amancio Ortega sufre ataques un día tras otro. Un emprendedor con tanto dinero se considera negativamente en algunos círculos. Pero lo que no reconocerán jamás es que España sería un país mejor con cientos de Amancios.

Capítulo 19.

EL PENSAMIENTO MÁGICO DE LA POLÍTICA ENERGÉTICA

El concepto «impuesto especial» destinado a las compañías energéticas es contrario a los principios básicos del libre mercado. Pero si ni siquiera los Rockefeller quieren invertir en combustibles fósiles, entonces el electorado se mostrará claramente a favor. Esos impuestos especiales permiten a los gobiernos reducir en parte los precios disparados del gas y el petróleo. Los votantes, después de todo, recuerdan bien el precio de la gasolina y el diésel cada vez que llenan los depósitos de sus vehículos. Pero las compañías de gas y de petróleo también recuerdan años de pérdidas, reducción de dividendos para su accionariado y la reducción de sus presupuestos de prospección hasta prácticamente cero. Es un negocio muy cíclico que depende de la demanda. Y la pandemia de Covid dejó a millones de automóviles en el garaje. Fueron tiempos fabulosos para Zoom y otras plataformas de comunicación en línea, pero una época horrorosa para ExxonMobil, TotalEnergies y Shell. Ahora es lo contrario.

Dado el panorama actual, España ha cometido errores gravísimos en política energética. En primer lugar, el presidente Pedro Sánchez consiguió molestar a Argelia, el principal suministrador de gas a España, al halagar abierta e innecesariamente a Marruecos y respaldando sus aspiraciones sobre el Sáhara Occidental. Además, Teresa Ribera, la ministra para la Transición Ecológica, dijo que ni el gas ni la energía nuclear se considerarían energías verdes. Con la demanda por las nubes en el mundo posterior al Covid y los suministros hundidos, con el agravante del embargo de petróleo y gas ruso en la Unión Europea, la mayoría de los países se afanan en importar gas natural líquido de Estados Unidos, donde el fracking es legal y permite al país ser energéticamente autosuficiente. Otros, como Francia, están pensando en aumentar el número de plantas nucleares. Incluso Alemania, que tiene al Partido Verde en la coalición gubernamental, está contemplando mantener abiertas las centrales nucleares que aún tiene en funcionamiento. Pero Teresa Ribera no hará nada de esto. Por supuesto, cuando la ideología va por encima de la razón, el consumidor es el que más pierde. Los errores de España palidecen ante la decisión de los cancilleres alemanes Gerhard Schröder y Angela Merkel de depender de dos gasoductos procedentes de Rusia. Los dos han quedado gravemente dañados tras sucesivos sabotajes en el mar, presumiblemente rusos, para justificar «fuerza mayor» y no tener que cumplir contratos firmados a largo plazo.

España ha puesto un tope a los precios del gas natural. Lo llaman «excepción ibérica», porque Portugal se ha unido a esta medida. Es un despropósito, porque hay un precio de mercado que, tarde o temprano, habrá que pagar. En el caso español, el consumidor lo pagará en el futuro. Pero diferir los pagos de los precios exorbitantes del gas no es la solución. La única solución económicamente sensata es la americana. Estados Unidos ahora es autosuficiente en gas natural. Mediante la técnica de fracturación hidráulica del subsuelo mediante inyección de productos químicos se ha conseguido la autosuficiencia energética de gas en relativamente poco tiempo. España tiene gas natural, pero ha prohibido el fracking por razones ecológicas. Mientras la España vaciada afronta un futuro sombrío, esas regiones prácticamente abandonadas podrían ser excelentes para implantar la fracturación industrial de tierras y acuíferos, y se podrían crear nuevos puestos de trabajo.

El gas procedente del fracking permitiría al país reducir las importaciones de gas norteamericano. Esto serviría como período de transición hasta que las nuevas centrales nucleares estuvieran en funcionamiento: es una fuente de energía limpia, a pesar de las preocupaciones de Teresa Ribera. Las nuevas instalaciones, pequeñas y subterráneas son muy seguras. Francia es un ejemplo de país que ha tomado la decisión correcta. Hay solo un puñado de países democráticos que han conseguido ser energéticamente independientes: Brasil, Canadá, Noruega y Estados Unidos son los más relevantes. Por el contrario, la energía de España está en manos del cártel de la OPEP, cuyos integrantes son excelentes ejemplos de países con dudosos derechos humanos, como Arabia Saudí o Venezuela. Solo después de la transición a la energía nuclear, solar y eólica pueden controlarse los precios. Porque el petróleo y el gas son fungibles y todo el mundo paga un precio de mercado, aunque Rusia e Irán tienen que ofrecer descuentos, ya que sus problemas internos los convierten en parias de la exportación.

El error más grande de las recientes negociaciones diplomáticas del gobierno ha sido las concesiones que Pedro Sánchez le ha hecho a Marruecos y la aceptación de sus pretensiones sobre el pueblo saharaui. Mientras los saharauis exigen una república independiente, el reino alauita considera el Sáhara, como mucho, una región autónoma. Eso ha enfurecido a Argelia, que siempre ha estado enemistada con el país vecino. El coste de esta decisión unilateral —que también va contra las posiciones tradicionales del PSOE y contra las recomendaciones de la ONU— ha tenido consecuencias importantes. El boicot comercial que Argelia ha impuesto contra España está costándole a las empresas españoles 4,4 millones de euros diarios. Y las negociaciones entre Naturgy y Sonatrach, la empresa estatal argelina de gas, seguramente se enturbiarán, serán más difíciles y costosas que antes del giro radical de Pedro Sánchez. ¿Por qué se empeñó el presidente en este repentino viraje en las relaciones con Argelia, el suministrador principal de gas del país? Hay dos teorías diferentes. Una de ellas sugiere que hoy Marruecos es un aliado clave de Estados Unidos en el norte de África y Sánchez ha tomado esa decisión con el fin de ganarse el favor de los americanos de cara a reforzar sus posibilidades de conseguir un importante cargo internacional para cuando acabe su mandato. La segunda teoría dice que Marruecos estaría chantajeándolo con información obtenida ilegalmente de su teléfono móvil (más de 2,6 gigas) con el programa Pegasus, el spyware creado por la empresa israelí NSO y vendido a distintas instituciones estatales y paraestatales de todo el mundo. En cualquier caso, el giro es un desastre en términos económicos.

Por otra parte, España tiene un programa energético que es costoso y alimenta la inflación. Salvo en el caso de Francia, que tiene energía nuclear, la situación no es mucho mejor en otros países de la Unión Europea. ¡Pero pensar que España era líder en energía nuclear, por delante de Francia, en la época de Franco, un potencial líder en energía solar durante la época de Rodríguez Zapatero, y no ha sido capaz de capitalizar todas esas oportunidades…! Felipe González desbarató el programa nuclear y Zapatero fue demasiado generoso en su plan solar. Ahora, Pedro Sánchez acaba de enemistar a España con el principal suministrador de gas. El gasoducto submarino Medgaz entre Argelia y España es capaz de suministrar 10.500 millones de metros cúbicos de gas al año. Fue una enorme hazaña de ingeniería realizada en 2011. Pero Mario Draghi ha detectado el grave error de Pedro Sánchez y ha firmado un contrato de gas con Argelia para Italia con unas condiciones muy favorables, gracias a otro gasoducto.

Cuando la ministra de Transición Ecológica condena el gas como un combustible contaminante e insiste en imponer un impuesto especial a las empresas energéticas por «los beneficios caídos del cielo», entendemos lo que decía Vaclav Smil, profesor emérito de la facultad de Medio Ambiente de la Universidad de Manitoba, en Canadá: «El vacío entre el pensamiento mágico y la realidad es infinito».

De todos los conferenciantes que han participado en el Future Trends Forum de la Fundación Innovación Bankinter, el profesor Smil me pareció el más interesante y realista. Dijo:

La descarbonización total de la economía mundial para 2050 solo es hoy concebible a costa de un inimaginable retraso económico global, o como resultado de unas transformaciones extraordinariamente rápidas que dependan de unos avances técnicos casi milagrosos. Pero ¿quién va a imponer, de buen grado, lo primero si carecemos de una estrategia global convincente, práctica y asequible, y de medios técnicos, para perseguir lo segundo?

Y si el gobierno español representara realmente al pueblo (we, the people), nos rebajarían la factura de la luz con sus «impuestos caídos del cielo». No se requieren grandes conocimientos matemáticos para entender que, si los impuestos sobre los hidrocarburos son prácticamente del 50 por ciento, si el gobierno eliminara su mitad del impuesto recaudado, podría reducir el coste del consumidor a los niveles anteriores a la repentina subida. Miles de negocios se han visto obligados a cerrar porque no se pueden permitir seguir adelante con el actual coste de gas y electricidad. Pero we, the government sigue manteniendo sus impuestos especiales y, a su vez, persigue a las compañías energéticas para subsidiar al consumidor. Esto resulta estremecedor para cualquier economista favorable al mercado libre. Pero así está hoy España con Pedro Sánchez y sus socios de Podemos. No esperemos una política económica racional.

España también va atrasada en la conversión al vehículo eléctrico. «Eso es solo para los ricos», es lo que oigo continuamente. Almorzando un día con Domingo Mirón, presidente de Accenture en España, Portugal e Israel, vi su Tesla cuando salíamos del restaurante. Me mostró cómo podía controlar la temperatura interior con su móvil y cómo las cuatro ruedas podían moverse hacia los lados. Una impresionante demostración de un coche que es muy común en California. Pero cuando le pregunté cómo recargaba el coche fuera de Madrid, me dijo que tenía un vehículo SUV diésel para viajes largos. Esta es la realidad de España hoy.

En el futuro, tendremos coches que funcionarán con hidrógeno verde. Hay pocas dudas de que el vehículo eléctrico será un paso intermedio hasta que llegue una tecnología mejor. Porque, aunque no hay huella de carbono en las emisiones de un coche eléctrico, el proceso de fabricar baterías de litio no es medioambientalmente limpio. Además, tienen el problema del desmantelamiento eficiente de las baterías gastadas. Y el litio es muy caro.

Por otro lado, los vuelos de corto recorrido en Europa deberían ser sustituidos por trenes de alta velocidad que no emiten grandes cantidades de CO2. Por desgracia, a nuestro actual presidente y a sus ministros les encanta el Falcon 900 y el Airbus A-310. Han desarrollado una web llamada «Falcon despega» que rastrea todos los vuelos de los aviones del gobierno. En Twitter, se puede encontrar en @falcon_despega. Dan una información que incluye la matrícula del avión, «call sign». En un vuelo de París a Madrid se consumen 1.800 litros de combustible y se emiten 2,5 toneladas de CO2. ¿No deberían dar ejemplo nuestros servidores públicos? Evidentemente, un viaje de Madrid a París puede justificar el uso de un avión privado. Pero Pedro Sánchez recientemente ha ido a Puertollano, que está a poco más de una hora en AVE, en un helicóptero Super Puma. También fue a Castellón en el Falcon para ver a su banda favorita, The Killers. En cambio, para hacerse la foto con Zelenski en Kiev, tuvo que coger un tren nocturno de diez horas desde la frontera polaca. Incluso después de haber despedido a Iván Redondo, el presidente conoce el valor de una buena foto.

Lo que resulta evidente para cualquier economista racional es que el Acuerdo del Clima de París 2016 y la descarbonización de Europa va a costar mucho más de lo que inicialmente estaba previsto, y que en 2050 aún estaremos utilizando combustibles fósiles y emitiendo CO2 a la atmósfera. Irán, uno de los grandes contaminantes, ni siquiera ha firmado el Acuerdo. Un reciente estudio de la consultora McKinsey estimó el coste de descarbonización de España para 2050 en 85.000 millones de euros anuales, o aproximadamente el 5 por ciento del presupuesto anual. Esto, claramente, no va a ocurrir, sobre todo cuando el gobierno de Sanchez-Podemos está favoreciendo el gasto social en unos carísimos Presupuestos Generales durante un período de alta inflación y déficit.

Capítulo 20.

LA CALIDAD DE LAS INSTITUCIONES Y LA APATÍA

Que España haya avanzado muchísimo desde que se integró en la Unión Europea no es ninguna razón para creer que esto seguirá sucediendo en el futuro. Hay evidentes problemas institucionales que están bloqueando la innovación y el crecimiento, que son los verdaderos creadores de riqueza. Una reciente encuesta del Círculo de Empresarios realizada a miembros de distintas organizaciones empresariales de todo el país arrojó los siguientes resultados: «Los principales obstáculos a la competitividad en España los lidera la carga regulatoria (77,7 por ciento), la calidad institucional (73,5 por ciento) y la seguridad jurídica (72,6 por ciento)». Y la acusación más grave contra la administración es que «el 95 por ciento de los encuestados considera ineficiente el uso de los recursos públicos en España».

Estas opiniones me recuerdan el título de un libro que publicó el Círculo, titulado La calidad de las instituciones en España. Yo lo presenté junto con el profesor Víctor Lapuente, que coordinó el trabajo con otros siete distinguidos académicos. Jesús Lizcano y la organización Transparency International España también colaboraron en este trabajo. A diferencia de los documentos temáticos y específicos que el Círculo prepara con sus miembros, para la redacción de este libro se contrató a una serie de importantes figuras académicas de primer nivel y, junto al siguiente libro, Cómo salvar las democracias liberales, son probablemente los mejores trabajos que el Círculo ha presentado, al menos durante mis veinte años como miembro.

Tal y como dice Víctor Lapuente, profesor en la Universidad de Gotemburgo, en la introducción del primer libro, «los españoles no confiamos en el funcionamiento de las instituciones básicas de nuestra democracia. Las encuestas muestran que tenemos uno de los niveles de confianza más bajos en los poderes legislativo, ejecutivo, y aunque en menor medida, también en el judicial, de la Unión Europea». Y culpa de todo ello a la crisis económica de 2008, que los ciudadanos entendieron como un fracaso de las élites gobernantes y, sobre todo, de los políticos. Él aún tiene confianza en el futuro —este libro se presentó en el auditorio del Congreso de los Diputados justo antes de la moción de censura que destituyó a Mariano Rajoy— y cree que, si la economía se recupera, la democracia en España saldrá reforzada. Tantas crisis seguidas solo han rebajado la confianza de la gente en sus instituciones. Y después de la presidencia de Mariano Rajoy llegó el populismo de Pedro Sánchez, una mezcla de socialismo y una versión del comunismo que ha perjudicado aún más la credibilidad institucional de España. Curiosamente, Mariano Rajoy menciona en su libro Política para adultos los peligros del populismo; los resume en cuatro aspectos:

1. Actitudes contrarias a los empresarios, banqueros y autónomos. Y un ejemplo adecuado es Sánchez atacando a Ana Botín, Rafael del Pino y a Ignacio Sánchez Galán nombrándolos directamente, cuando son tres de los líderes empresariales españoles más respetados en el mundo.

2. Todo el pasado debe olvidarse y la verdadera historia comienza con los populistas en el poder. En un ejemplo actual, la Ley de la Memoria Democrática pretende reescribir la historia, desmantelar la cruz del Valle de los Caídos y trasladar los restos de José Antonio Primo de Rivera a cualquier otro lugar, como ya se hizo con los de Franco.

3. El populismo promete un futuro idílico con la reducción de las desigualdades. Esto lo vemos hoy con la cultura de la «paguita» a madres solteras, el bono infantil para los niños menores de tres años, el bono cultural para los jóvenes, el ingreso mínimo vital y el bono transporte para los trenes de cercanías. Y, por supuesto, un nuevo impuesto a los ricos.

4. El populismo también asegura que acabará con la corrupción de la oposición, tan dañina en los últimos años, y traerá una nueva cultura de honradez, austeridad y decencia. Este fue el lema de Podemos hasta que los votantes vieron que Pablo Iglesias se había comprado una casa con piscina en Galapagar y, actuando como vicepresidente del Gobierno, colocaba a su compañera Irene Montero como ministra de Igualdad, con un presupuesto de más de quinientos millones anuales para combatir la violencia machista. La corrupción en las compras de material durante la pandemia, o el caso «Tito Berni», que afecta a los socialistas, son tristes ejemplos de la persistencia de esta lacra en la piel de toro.

El problema básico del populismo es que simplifica problemas complejos y elabora un programa sobre políticas identitarias, tal y como advierte Francis Fukuyama en Identity. La política identitaria es cortoplacista, construida sobre mensajes difundidos en las redes sociales, y no construidas sobre estrategias sólidas y programas para el futuro. En el caso de Trump, todo era una cuestión de recuperar la manufactura y volver a fabricar en Estados Unidos, revertir la globalización y limpiar el «estercolero» de Washington, D.C. donde tienen su sede las principales instituciones democráticas.

Desgraciadamente, como hemos visto, desde la primera crisis de 2008 hasta la actual situación inflacionaria, España ha ido perdiendo importancia frente a las economías más avanzadas. Como dice Víctor Lapuente, «con la vista puesta en los países avanzados de nuestro entorno, como los países nórdicos, veremos que las sociedades europeas más prósperas y con democracias más avanzadas se caracterizan por tener unas instituciones eficientes, pero politizadas, transparentes y meritocráticas. Eso es lo que queremos para España».

Son muchas las reformas que se hacen necesarias, pero la resistencia al cambio del statu quo es desmoralizante. Y cuando uno habla con algún líder empresarial, la historia de sus problemas burocráticos es siempre la misma. Recientemente fui a ver a Fernando Masaveu, el presidente de la Corporación Masaveu, en su impresionante despacho de la Fundación Masaveu de Madrid, que alberga una de las mejores y menos conocidas colecciones de arte de la ciudad. Me dijo que una bodega familiar en Olite, Navarra, había comprado más terrenos de los necesarios y que casi la mitad estaban vacíos. Se presentaba la posibilidad de construir la mayor instalación de paneles solares de Navarra en la mitad vacía. Al parecer era una pesadilla burocrática conseguir que los funcionarios de las distintas entidades gubernamentales (locales, regionales y nacionales) se pusieran de acuerdo para aprobar el proyecto, que sería de extraordinario interés para avanzar en la transición ecológica de la región. Al final, la instalación fue aprobada por todos los funcionarios de las distintas instituciones. ¿Cuánto duró el proceso? ¡Cuatro años!

¿Y cómo explicar que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI, antes Instituto Nacional de Industria, INI) preste 53 millones de euros a Plus Ultra, una pequeña aerolínea con un par de aviones controlada por venezolanos a través de una sociedad pantalla panameña, con la excusa de que se trataba de una empresa estratégica? ¿O cómo explicar que las multas que impone la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a emisoras de televisión privadas por excederse en los tiempos de publicidad se puedan pagar tranquilamente ya que les resulta rentable poner más anuncios y pagar las multas? ¿Y cómo se explica que Mariano Bacigalupo, marido de la ministra Teresa Ribera pase del consejo de la CNMC al consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), cuando es un abogado sin ninguna experiencia en Bolsa? ¿O qué decir de un sistema judicial que tarda trece años para que al final el Tribunal Supremo confirme una sentencia de seis años de prisión a José Griñán, por el caso del dinero de los ERE de Andalucía que se repartió entre familiares y amigos sin ningún control? ¿Y cuál es la respuesta del gobierno? La preparación de un indulto para que pueda evitar la cárcel si se cura de su cáncer.

Y no es una cuestión de qué partido está en el poder. Porque Cristóbal Montoro hizo todo lo posible para impedir que hiciera su trabajo la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal de España (AIReF), responsable de garantizar el principio de estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera. Para empezar, las oficinas parecían armarios. Tenían sueldos miserables. Fue José Luis Martínez-Almeida, hoy alcalde de Madrid, quien tuvo que luchar por sueldos decentes; era abogado del Estado y trabajaba en la institución. Todos los impedimentos tenían que ver con que la institución era una obligación impuesta por Bruselas. Hasta que se creó la AIReF, los únicos controles los realizaba el Tribunal de Cuentas, que tardaba años en sus indagaciones.

La radio y la televisión públicas (RTVE) nunca ha sido realmente independientes. Es un servicio de propaganda para el gobierno que esté en el poder. Lo mismo se puede decir, e incluso en mayor medida, de las emisoras públicas regionales. TV3, en Cataluña, es un ejemplo perfecto de un medio controlado por un gobierno independentista.

Lo que resulta evidente es que las instituciones públicas españolas, como quedó de manifiesto en la crítica de la OCDE en 2016, no tienen un plan coordinado a largo plazo. Por el contrario, funcionan en compartimentos estancos en los que cada organismo, sea un ministerio, una agencia gubernamental o un departamento, funciona independientemente del resto. El informe de la OCDE deja claro que este descontrol es especialmente preocupante en el sector público dedicado a la compra de bienes y servicios. Cada región autónoma hace más o menos lo que le viene en gana, cuando la compra de bienes a nivel nacional podría ahorrar muchos costes. Por ejemplo, la supresión del Insalud, que tenía carácter nacional, y la creación de diecisiete agencias sanitarias ha significado que haya muchas compras pequeñas y divididas. Cuando la pandemia de Covid golpeó al país, cada región compraba lo que podía en China de forma completamente descoordinada. Y, por supuesto, el sobrecoste fue considerable, aparte de la corrupción. En otros países de la Unión Europea hay mecanismos correctores que obligan a la coordinación entre todos los organismos encargados de compras en el sistema público.

Como advirtió Víctor Lapuente, «los usuarios se acercan a menudo a las administraciones españolas con una sensación de “caja negra”. No sabemos muy bien cómo funcionan, cómo se toman las decisiones, qué objetivo buscan y con qué grado de eficiencia los alcanzan. En definitiva, no sabemos muy bien qué hacen con nuestro dinero».

En países como Suecia y Dinamarca, con un nivel más alto de «Estado de bienestar», muchos servicios públicos se han externalizado al sector privado. Fue en Suecia, gobernado por socialdemócratas, donde se puso en práctica la idea neoliberal de Milton Friedman de los cheques escolares. Al fin y al cabo, dice Friedman, «¿por qué iba a ser el Estado especialista en educación?». Entréguese a cada familia un cheque con el dinero que el sistema tiene para escolarizar a los jóvenes y permítase que cada cual elija el centro que quiera para sus hijos. España, hoy, con Podemos presionando al PSOE, quiere suprimir el dinero que se destina a los colegios religiosos. Su objetivo es imposible porque, como ya se ha mencionado, sin colegios religiosos, no hay colegios públicos suficientes para acoger a todos los escolares. Lo mismo ocurre con la Sanidad. Muchos seguros y hospitales privados, aproximadamente una cuarta parte del sistema, están haciéndose cargo de lo que la Sanidad pública por sí sola no podría asumir. Y muchas listas de espera para operaciones de cadera o de cataratas se han reducido cuando los pacientes han decidido ir a un hospital privado. Los pacientes siempre tienen la posibilidad de negarse y esperar a ser operados en un hospital público, pero pocos lo hacen. Esta subcontratación que funciona muy bien en los países vecinos, el gobierno actual la percibe como una ayuda al odiado sector privado, cuando de hecho puede demostrarse claramente que mejora la atención a los ciudadanos. Pero son los ciudadanos quienes tienen que exigir mejores servicios. Como dijo Montesquieu, «la tiranía de un príncipe en una oligarquía no es tan peligrosa para el bienestar público como la apatía de un ciudadano en una democracia».

Capítulo 21.

LA FUERZA DE LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

La reforma institucional en España se centró en el período 2013-2016, con la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), que contó con el impulso y la monitorización de OPERA (Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración). Esta fue la respuesta que el gobierno de Mariano Rajoy dio a la crisis económica de 2008-2013. Pocos hablan hoy de la «prima de riesgo» respecto a la deuda alemana que alcanzó los 630 puntos en 2012 y hoy ronda los 120, y de la preocupación del BCE, que ha tenido que comprar bonos españoles e italianos para impedir que los tipos de interés suban de forma descontrolada. Y pocos recuerdan que la tasa de desempleo del 7,95 a finales del 2007 ascendió hasta el 27,2 por ciento a principios de 2013. Hoy ronda el 12 por ciento.

Lo que resulta sorprendente hoy en el gobierno del presidente Pedro Sánchez es la falta de interés en la reforma de la administración pública. Evidentemente, una coalición de gobierno ha significado unos cuantos ministerios más, para tener a todo el mundo contento. Pero tener veintidós ministerios va contra todos los principios lógicos del proceso de reforma administrativa que comenzó en 2013 y que hoy, por lo visto, se ha olvidado por completo. Cuando yo presidía el Círculo, hice un bosquejo rápido de los ministerios que podían aglutinarse y presenté la siguiente conclusión:

1. El Ministerio de Sanidad puede unirse con Consumo

2. El Ministerio de Universidades, con Educación y Formación Profesional

3. El Ministerio de Igualdad, con Derechos Sociales y Agenda 2030

4. El Ministerio de Trabajo con Inversión, Seguridad Social y Migraciones

Estos pequeños cambios podrían reducir la lista a un número más razonable de dieciocho ministerios. Otra área en la que se puede ahorrar es en la de los asesores. Ahora el gobierno central tiene 785 asesores, y 370 son solo para el presidente Sánchez. Muchos de ellos no son funcionarios ni han superado ninguna oposición, sino que han sido nombrados «a dedo». Es un récord que supera con mucho los 648 asesores que tuvo Rodríguez Zapatero en 2010. Difícilmente uno puede llamar a esto «austeridad espartana». Al fin y al cabo, a Leónidas le bastaron trescientos espartanos para defender a Grecia frente a los persas en las Termópilas.

Aunque he estado en la Moncloa en varias ocasiones, la primera vez fue cuando llegué a Sanitas y José Luis Puerta me invitó a mí y al doctor Julián Ruiz Ferrán, nuestro director médico, a un tour completo por el complejo presidencial. El doctor Puerta, que es doctor en Medicina y también en Letras, fue director general de Educación y Cultura en el gabinete de José María Aznar en su primer mandato. Lo vimos casi todo, salvo la residencia privada y unos cuantos despachos. Es como una pequeña ciudad, con edificios repletos de funcionarios atareados. Por desgracia, las reformas iniciadas en 2013-2016 se han paralizado, y cientos de asesores tienen que estar fuera del complejo.

El problema básico de la administración pública es que los sueldos son muy bajos. Un consejero delagado de una gran empresa que gana 800.000 euros anuales, si empieza a trabajar para la administración, verá cómo sus ingresos normales caen una décima parte. Y encima, tendrá que estar en el dique seco durante dos años después de finalizar su tarea. Las «puertas giratorias» funcionan realmente solo para los políticos, que pueden ganar 250.000 euros en un consejo de administración. Con el fin de tener un sueldo razonable, la mayoría de los funcionarios tienen que recurrir a los incentivos. Si en el sector privado la bonificación está estrechamente ligada a objetivos medibles, en el sector público se concede a todos sin objetivos claros. Esto significa que aquellos que están más preparados y son más productivos acaban frustrados con el clásico «café para todos». En el sector sanitario, que es el que conozco mejor, hay médicos que van al hospital, cuelgan la chaqueta en el respaldo de la silla y prácticamente desaparecen el resto del día. A final de mes, su nómina es la misma que la del médico que ha estado trabajando mil horas. Y ambos tienen una plaza vitalicia.

Aunque la actual sobredimensión de personal en el gobierno central llame la atención, la situación es mucho peor en las comunidades autónomas. En una reciente encuesta del Círculo, con los empresarios mencionados anteriormente, además del 95 por ciento de los encuestados que considera ineficiente el uso de los recursos públicos en España, un 74,9 por ciento cree que hay que evaluar la eficiencia del gasto y un 64,6 por ciento que hay que llevar a cabo una reforma estructural de las administraciones públicas.

Volviendo al libro La calidad de las instituciones en España, hay un capítulo de Salvador Parrado, profesor en la UNED y en la Hertie School of Governance (Berlín), donde se menciona la falta de expertos, la excesiva influencia de los asesores internos y la dependencia de una limitada «capacidad analítica del ejecutivo en España». Todos recordamos el comité de expertos del que se hablaba durante la pandemia de Covid y que nunca existió realmente. Además, menciona el «clientelismo» en la contratación de muchos funcionarios. Como afirma Parrado:

El asesoramiento sobre políticas proviene principalmente de los burócratas y los asesores de los cargos ejecutivos. Es decir, es un asesoramiento predominantemente interno sin cotejo con otras fuentes independientes de análisis. No existe esa cultura de los libros blancos o verdes o de los informes encargados a expertos independientes que posteriormente el gobierno acepta en su totalidad o parcialmente, argumentando de forma pública las razones por las que unas recomendaciones determinadas no son tenidas en cuenta, como se hace en el Reino Unido. Los debates son ideológicos y muchas veces basados en datos sin contrastar.

Además, en lo relativo a la participación ciudadana, esta es casi nula. ¿Cuándo celebran audiencias el Congreso de los Diputados o el Senado con los grandes líderes empresariales sobre un tema de interés general? En Estados Unidos, un día se puede ver a un grupo de banqueros interrogados por senadores sobre el hundimiento de Lehman Brothers. Y al día siguiente, los principales altos ejecutivos de Silicon Valley acuden para explicar cómo están utilizando los datos de los usuarios en sus sistemas con propósitos comerciales. Y todo eso aparece luego en las noticias, de modo que los ciudadanos pueden ver a sus representantes haciendo preguntas incómodas que les atañen. En España, esto es completamente inexistente y cuando llegó la crisis del Covid, uno solo pudo asistir a una única fuente de desinformación permanente, que se modificó después, con la suspensión de las libertades civiles y de todos los controles sobre el gasto. Aparte de la mentira descarada sobre un inexistente Comité de Expertos Sanitarios que yo investigué durante semanas para ver quién había sido seleccionado: al final me di cuenta de que andaba persiguiendo sombras.

Pero lo que resulta más exasperante es la afirmación de que «el sector privado no puede salvaguardar los valores públicos». Esto es una completa tontería. Los profesores Parrado y Reynaers mostraron en un estudio de 2017 sobre contratos públicos con empresas privadas en Países Bajos y en España que las entidades privadas que reciben dichas concesiones pueden mantener y, en algunos casos, mejorar dichos «valores públicos». La clave está en cómo se conciben esos contratos y si se supervisan correctamente. Tómese, por ejemplo, el caso de los hospitales público-privados de la región de Valencia. Todos los datos demuestran que esos hospitales de tamaño medio son más eficientes y menos costosos que los públicos y están más controlados con auditorías exhaustivas, pagadas por los operadores privados, que los hospitales públicos de esa misma región. Adeslas se hizo cargo del hospital público de Alzira y allí empezó a probarse el nuevo sistema.

Lo que Adeslas descubrió inmediatamente fue que el pago per cápita que recibían ni siquiera cubría los costes, y el contrato tuvo que renegociarse. Y, aparte del pequeño incremento en el pago per cápita, hubo que hacer un cambio clave: la posibilidad de controlar a los especialistas de atención secundaria, que derivaban muchos pacientes al hospital para reducir su carga de trabajo. Porque el sistema de salud pública tiene normas que exigen que los pacientes vayan primero a la atención primaria y vean a un médico de familia, que puede recomendar la atención de un especialista, que puede después transferir al paciente a un hospital para lo que se denomina «atención terciaria». Controlar el volumen hospitalario es difícil si uno no controla a los especialistas. Los seguros de salud privados tienen buena fama en España porque ofrecen un acceso directo a los especialistas sin necesidad de listas de espera, una abundante selección de médicos y habitaciones individuales en los hospitales.

Estudiamos el contrato de Alzira en Sanitas. Y vi que se trataba de un compromiso a diez años con incrementos anuales que se ajustaban con el IPC. Como la inflación en el sector médico era el doble que la inflación general, lo único que pude hacer fue admitir que había pérdidas tras el primer año de actividad. Lo que yo no sabía es que esos contratos pueden renegociarse si los resultados son negativos o causan pérdidas. Adeslas, que en ese momento estaba participada por Aguas de Barcelona, sabía que, si lloraban, conseguirían mejores condiciones. Cuando yo me jubilé, Sanitas entró en la gestión del hospital de Manises. Los resultados fueron pobres en la cuenta de resultados, pero muy buenos en la satisfacción del paciente. DKV vendió su contrato en Dénia a Ribera Salud, que acabó siendo la empresa dominante en la región con contratos público-privados.

Es una lástima que el gobierno socialista presidido por Ximo Puig, apoyado por la agrupación Compromís, desmantelara el sistema por puras razones ideológicas. El coste fue más bajo y la satisfacción del paciente más alta que en los hospitales solo públicos. Pero como Churchill dijo una vez, al parecer, «las únicas estadísticas en las que puedes confiar son aquellas que tú mismo has falsificado». Y eso fue precisamente lo que el nuevo gobierno regional hizo para justificar el final del programa público-privado.

En Madrid, el sistema funciona bien. Quironsalud es responsable de importantes áreas. La clave es dar salarios e incentivos adicionales a los mejores médicos. Como se ha mencionado anteriormente, el sistema público procura distribuir el fondo de bonificaciones a todos por igual. El sistema privado es mejor porque la bonificación está vinculada a objetivos cuantificables. Dos de esos objetivos son la satisfacción del paciente y el bajo número de cirugías repetidas. Tanto en sanidad como en educación, es evidente que el sector privado puede salvaguardar los valores públicos a menor coste. Paradójicamente, es en los países escandinavos, los grandes representantes del Estado del bienestar, donde mejor han entendido esta realidad.

Capítulo 22.

PERONISMO LIGHT

En mi opinión, el principal problema institucional en España es el resultado de un sistema electoral que no es verdaderamente representativo. Los fundamentos están en la Ley 1/1977, el año en que se fundó el Círculo de Empresarios. Y esa ley iba a ser provisional para la primera fase electoral democrática. Como otras leyes «provisionales», fue modificada solo muy ligeramente en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) de 1985. Pero no hubo reformas profundas. Hay 350 diputados elegidos en 52 circunscripciones (basadas en las provincias existentes) y la norma es que haya al menos dos diputados por circunscripción, y uno de Ceuta y otro para Melilla.

Como buena parte de la legislación de la Transición, las decisiones que se tomaron en esa época estaban basadas en la idea de formar gobiernos estables. Era importante evitar el caciquismo y su déficit democrático. Así que se preparó un estofado con algunos ingredientes del sistema británico, otros ingredientes del sistema alemán y luego se salpimentó con el sistema D’Hondt, que funciona con la regla del «promedio mayor» para asignar escaños en los sistemas de representación proporcional. Ahora bien, Victor d’Hont fue un jurista belga del siglo xix. Lo que podía ser apropiado en el momento de una democracia recién nacida después de cuatro décadas de dictadura claramente ha quedado obsoleto. Funcionó bien al principio, pero hoy es un obstáculo para acceder a una verdadera democracia. No es un sistema de un hombre o una mujer, un voto. Todo depende de dónde vote uno. Para impedir que los pequeños partidos fragmenten el sistema, se requiere una representación mínima de un 3 por ciento en cada circunscripción. Y entonces es cuando entra en escena el señor D’Hont, dividiendo los votos para que los partidos más grandes obtengan más de lo que le corresponde proporcionalmente, mientras que el tercer partido en las provincias más pequeñas se queda sin representación. Sus votos se reparten proporcionalmente entre los partidos que han obtenido más votos.

En la actualidad sería mucho mejor aplicar cualquiera de los dos sistemas que parecen más democráticos y estables. Tenemos, en primer lugar, el sistema francés de doble vuelta, que garantiza una mayoría al vencedor, como ocurrió en Francia con el enfrentamiento entre Macron y Le Pen en la segunda vuelta de las elecciones de 2022. O se puede optar por el método anglosajón, con el sistema de la mayoría relativa. En este, el ganador de cada Estado (así es Estados Unidos) gana todos los delegados. Es perfectamente posible ganar en voto popular y perder el voto electoral: los que han votado a los partidos minoritarios y perdedores se quedan sin ninguna representación, y el sistema ofrece un sesgo por el que solo los demócratas y los republicanos son contendientes reales en las elecciones estadounidenses. En Gran Bretaña solo están el partido laborista y los conservadores, aunque recientemente Nick Clegg y los liberales han conseguido meterse en una coalición gubernamental.

Las listas cerradas, en las que uno vota a un partido y no a un representante, es el rasgo menos democrático del actual sistema electoral español. Y como para reformarlo tiene que haber mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, los dos grandes partidos, PSOE y PP, tienen muy poco interés en reformar lo que les beneficia, aunque perjudique a la democracia. A los partidos más pequeños, naturalmente, les encantaría reformar el sistema y utilizar listas abiertas, y olvidarse del señor D’Hont.

Lo que se ha conseguido con este sistema electoral es que un voto en Álava valga más que un voto en Guipúzcoa, lo cual puede ser bueno para mantener el País Vasco en el redil español. Lo contrario ocurre en otra comunidad histórica: en Girona, un voto vale más que un voto en Barcelona. Esto significa que actualmente ERC pueda gobernar la Generalitat en vez de hacerlo el PSC-PSOE, que ganó el voto popular en Cataluña. Aparte de ser escasamente democrático, porque nadie sabe exactamente qué diputado le representa, hay que contar con los «cuneros», que ni siquiera residen cerca del distrito que pretenden representar, pero han sido colocados en la lista por los caciques modernos: los líderes de los partidos. En los otros dos sistemas alternativos que se han mencionado más arriba, Sánchez tendría una mayoría suficiente y no tendría que haberse aliado con Podemos ni necesitaría el apoyo adicional de exterroristas o separatistas. Seamos sinceros: el «gobierno Frankenstein» es una receta estupenda para el desastre. Y nosotros, los ciudadanos normales, somos los que lo sufrimos.

Desgraciadamente, las empresas están viendo que el mercado libre está siendo regulado por un gobierno que tiene más de autocrático que de verdadero liderazgo democrático. Tom Burns Marañón subrayaba esto en una reciente columna en Expansión:

No hay desarrollo ahí donde el dictador de turno encarcela a la gente sin juicio y se lleva el botín, el patrio y el privado, a una cuenta secreta en un paraíso fiscal. Tampoco lo hay cuando un gobierno vira hacia el frentismo adanista, permite que se ataquen las principales instituciones del Estado de forma permanente y cuestiona la independencia de todas ellas […] se está produciendo una degradación in crescendo del Estado de Derecho […] la inseguridad jurídica, la inestabilidad regulatoria y la calidad de las normas […] nunca ha estado especialmente bien abonado el terruño hispano para el cultivo de la libertad […] estos monstruosos mandamases son capaces de cualquier cosa disparatada.

Esto se escribió como respuesta a un documento de opinión del Círculo de Empresarios titulado «En defensa de las instituciones y de la libre empresa». Es bueno comprobar que el Círculo está poniendo de manifiesto los peligros de un gobierno que quiere controlar todas las instituciones clave. Adiós a todos los controles y equilibrios.

Mi advertencia de septiembre de 2018 («es hora de que Sánchez tire la toalla») resultó premonitoria. Yo presidía el Círculo como lo haría un empresario americano. La crítica abierta a aquellos que están en el poder si cruzan las líneas rojas es una función importante en cualquier democracia. Y es el mundo empresarial el que crea la riqueza y los puestos de trabajo en la sociedad. Un think tank que tiene el poder de un lobby tiene que utilizar todas las armas a su disposición. Es interesante comprobar que Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola) al final decidió proclamar abiertamente sus preocupaciones. Ya ha habido demasiado líderes empresariales que han aplaudido dócilmente a los que están en el poder y no han agitado el árbol. Si mi estilo americano resultó demasiado agresivo para algunos, pues vale. Pero si la comunidad empresarial española permite que el jefe del Ejecutivo de un país la desacredite sin abrir la boca, entonces jamás tendremos una verdadera democracia.

Lo que tenemos en España es una «ineptocracia», una palabra acuñada por el académico francés Jean d’Ormesson, filósofo y novelista. Esto dice de ella:

La ineptocracia es el sistema de gobierno en el que los menos preparados para gobernar son elegidos por los menos preparados para producir, y los menos preparados para procurarse su sustento son regulados con bienes y servicios pagados con los impuestos confiscatorios sobre el trabajo y riqueza de unos productores en número descendente, y todo ello promovido por una izquierda populista y demagoga que predica teorías, que sabe que han fracasado allí donde se han aplicado, a unas personas que son idiotas.

Y como Tom Burns apunta en su columna, hay demasiada gente que se comporta como la rana en la cazuela, que se va acostumbrando a una temperatura cada vez más alta y es incapaz de saltar de la olla. ¿Dónde están los millones de manifestantes que deberían salir a las calles mientras Sánchez divide al país entre los que reciben una limosna del gobierno —o una pensión— y los que pagan esas decisiones? Los Presupuestos Generales anuales son una parodia de lo que sería una hoja de ruta económica y financiera seria y bien planificada. Desde el mismísimo principio, los ingresos son descaradamente optimistas, y los gastos nunca decrecen en proporción a la reducción de ingresos.

Me asombra que un tecnócrata disciplinado como fue José Luis Escrivá en la AIReF sea hoy, como ministro de la Seguridad Social, otro manipulador de números, e ignore a los economistas más solventes. ¿Y cómo puede explicar que todo el derroche gubernamental, empezando por los 14.000 millones para programas de formación para los desempleados, siga sin corregirse? ¿Y cómo pudo Nadia Calviño, una burócrata seria en Bruselas, convertirse en una cheerleader sentada en un escaño azul acolchado del Congreso? Josep Borrell —esto dice mucho de él— al menos se trasladó al gobierno de la Unión y tuvo que presionar a Pedro Sánchez para que enviara armas a Ucrania.

Recientemente me invitaron a comer gratis. En términos de inversión, una invitación a comer gratis es, en general, un beneficio sin riesgos. Pero, en este caso, la invitación a comer gratis fue exactamente eso: el chef Mario Vallés, del restaurante Hortensio, en el Hotel Fénix Gran Meliá me hizo ese regalo. Y podía invitar a una persona. Debería añadir que soy un cliente habitual de ese restaurante y que Mario es un colombiano, campeón de judo, que se convirtió en chef en París después de lesionarse. Como estaba escribiendo este libro, invité a Antonio Garamendi, presidente de la CEOE a almorzar.

Si hay una persona que, visiblemente, es el representante del empresariado en España, ese es Antonio Garamendi. Aunque, como he mencionado más arriba, tuve mis roces con Joan Rosell, su predecesor, solo tengo buenas palabras para Antonio. Él, al contrario que Rosell, trabaja a tiempo completo para la CEOE y por ello cobra un sueldo de unos 400.000 euros al año, aunque, en una empresa privada, ganaría como mínimo el doble. Está en contacto permanente con los ministros del gobierno, así como con los presidentes y consejeros delegados de las corporaciones más importantes. Antonio Garamendi es muy crítico con el gobierno actual. «Peronismo light», lo llama.

Hablamos de la política exterior en los gobiernos de Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez. Que Zapatero no se pusiera en pie cuando pasó la bandera americana en el desfile del 12 de octubre de 2003 fue el comienzo de un distanciamiento con Estados Unidos que ha continuado hasta el día de hoy con Joe Biden y Pedro Sánchez. Si el problema en 2003 era la guerra de Irak, que había apoyado José María Aznar, el problema hoy es una coalición gubernamental con comunistas. La única que existe en la Unión Europea. Y luego, más recientemente, en enero de 2022, se permitió ingresar en un hospital de Logroño a Brahim Gali, líder del Frente Polisario, con pasaporte falso. Aquello pareció un favor a Argelia, el suministrador de gas más importante, pero, entonces, ¿por qué, ese mismo año, poco después, se produce un apoyo incondicional a Marruecos, enemigo declarado de Gali? Ese giro ha resultado muy costoso a las empresas españolas que comercian con Argelia.

Garamendi está en una situación muy frustrante. Porque todas las negociaciones con el gobierno y los sindicatos, que son el principal fin de la CEOE desde su formación en 1977, están socavadas por un gobierno que decide todas las medidas prácticamente de manera unilateral. Aunque la reforma del mercado laboral que impulsó Fátima Báñez fue tímida, el abierto antagonismo del actual gobierno hacia el empresariado y sus representantes resulta económicamente destructivo. Porque, como todo el mundo sabe, un mercado libre genera más riqueza que un mercado dirigido. La «ineptocracia» es fundamentalmente un sistema anticomercial. Y subirle los impuestos a «los ricos» y jugar con las cartas marcadas, donde «los pobres» se quedan con los beneficios de «los ricos», polariza una sociedad en dos facciones enfrentadas. Cualquiera que sea activo en Twitter sabe que la brecha entre la izquierda y la derecha es cada vez mayor, y que cada vez hay menos opiniones de centro. Salí de mi «bufet libre» con Garamendi profundamente preocupado por la regresión de un mercado libre y la tendencia a un peronismo gubernamental con grave coste para las empresas. Los impuestos especiales a las compañías energéticas y a los bancos, el nuevo impuesto sobre el patrimonio, la falta de voluntad para disminuir los tramos de los impuestos de la renta, y el intento de controlar las empresas semipúblicas y los medios de comunicación perjudicarán a las empresas privadas y harán de España un país menos atractivo para los inversores extranjeros. Y, amenazadora tras las bambalinas de este gobierno autoproclamado social y progresista, se esconde la eterna y endémica corrupción, que no ha hecho más que aumentar con la «emergencia» de las compras de material para afrontar el Covid-19, que no estuvieron sujetas a ningún control.

Lo que me desconcierta es por qué los bancos españoles compran bonos españoles cuando el gobierno ha propuesto un impuesto especial de un 4,8 por ciento sobre los intereses, así como sobre las comisiones. Ahora que el Banco Central Europeo ha reducido las compras al mínimo, los bancos españoles podrían comprar bonos de Portugal, Francia o de otra nación del euro y obligar al Tesoro a elevar los tipos y afectar gravemente a la prima de riesgo. El impuesto contra la banca no duraría mucho. En vez de hacer esto, han ido a la ventanilla europea en un proceso que puede durar años. Las compañías energéticas tienen una ruta de salida mucho más fácil: lo único que tienen que hacer es invertir fuera de España. Iberdrola tiene el 50 por ciento de Vineyard Wind 1, el parque eólico marino y comercial más importante de Estados Unidos. En términos de reducción de dióxido de carbono anual, equivale a retirar 325.000 vehículos de la carretera, y creará 3.600 puestos de trabajo.

Los bancos y el empresariado han estado demasiado vinculados a los gobiernos desde el franquismo y no han aprendido a ser más independientes, aunque sean sectores regulados. La fuerza conjunta de las grandes empresas contra cualquier nuevo impuesto absurdo o ley laboral es mucho más importante de lo que cualquiera puede imaginar. Y todo el paripé entre el gobierno, los sindicatos y la comunidad empresarial representada por la CEOE es un anacronismo desde mi punto de vista americano. Un objetivo clave de las grandes empresas en Estados Unidos, como Amazon hoy, es evitar el sindicalismo. Yo, desde luego, nunca he entendido las leyes laborales que permiten que ciertos sindicalistas tengan su propio despacho en la empresa y que la empresa les pague para trabajar para su sindicato, y no para la empresa. Desde luego, esto hace que las empresas sean mucho menos competitivas en el mercado global.

Pero, como dice mi amigo Garamendi, antes de aumentar los impuestos de aquellos que ganan más, ¿qué tal si perseguimos a aquellos que no pagan lo que deben? El Instituto de Estudios Económicos (IEE), el servicio de estudios de la CEOE, dirigido por Íñigo Fernández de Mesa, presidente del Consejo de Rothschild & Co. en España, ha calculado que la economía sumergida es del 23 por ciento, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) lo sitúa en un 17 por ciento. Por definición, un número exacto y concreto es imposible. Pero representa una enorme cantidad de dinero, sobre todo en IVA no declarado, que está forzando a quienes sí cumplen, a un grupo cada vez más reducido de «productores en números descendentes», como dice Jean d’Ormesson, a que paguen más de lo que justamente les corresponde.

Y otra cosa que me irrita en el mundo empresarial español es que dos grupos italianos controlan los cuatro principales canales de televisión del país. Un grupo italiano, ENI, también compró Endesa, la gran compañía energética. Pero la televisión, con su enorme influencia, debería estar en manos nacionales. En Estados Unidos, solo los ciudadanos americanos pueden ser propietarios de emisoras de televisión. De acuerdo: Rupert Murdoch, de origen australiano, posee muchas. Pero ha tenido que nacionalizarse americano antes de hacerlo. Y el dominio de Italia sobre España en el mundo empresarial se remonta a la creación de SEAT, una empresa estatal automovilística, con licencia de FIAT, que al principio tenía el 6 por ciento de las acciones y luego consiguió el 36 por ciento de la empresa controlada por el INI. Curiosamente, en HBO Max se están emitiendo documentales de dos jóvenes playboys que más adelante ascendieron a posiciones de poder. Uno es italiano, y cuenta la historia de Gianni Agnelli, que dirigió la compañía automovilística más grande de Europa en su momento, incluso por delante de Volkswagen. Cuando era joven, todo era cocaína, chicas y coches deportivos. En sus últimos años puede verse a l’avvocato cortejando a Jackie Kennedy en su yate, durante un viaje a Capri y reinando sobre la empresa italiana y, de hecho, sobre toda Italia, como un monarca.

En el otro documental, el protagonista es el rey español Juan Carlos de Borbón.

El documental sobre Juan Carlos I es en realidad una serie de entrevistas sobre sus escarceos con distintas mujeres y cómo su esposa, la reina Sofía, se fue a Atenas para decirle a su madre, la reina Federica, que no pensaba seguir con él. Pero siguió, y ambos mantuvieron vidas completamente separadas, reuniéndose solo para acontecimientos públicos. En este documental, titulado Salvar al rey, no hay ninguna mención a la cocaína. Pero hay muchos coches, chicas y hombres de negocios no precisamente ejemplares. Para muchos, como el rey está en España por encima de la ley, sus finanzas personales no son un asunto que tenga que abordarse. Pero si depositó su dinero en paraísos fiscales y utilizó testaferros para pagar sus gastos, eso lo sitúa entre el 17-23 por ciento de la economía sumergida.

Lo que me llama la atención es el contraste entre el «rey» de Italia y el rey de España. A ambos les gustaban los deportivos y las mujeres sofisticadas. Pero en el caso de Agnelli, él era un empresario que representaba la industria italiana por todo el mundo. Llegó incluso a venderle el 10 por ciento de FIAT a Libia solo para recuperarlo cuando las finanzas de la empresa volvieron a estar boyantes. Compró Ferrari cuando tenía problemas económicos solo para mantenerlo en manos italianas. En el caso de Juan Carlos I, sin duda fue de gran ayuda para el empresariado español en todo el mundo, sobre todo en Oriente Medio. Pero estuvo enredado con algunos de los líderes empresariales más inmorales de la época: Mario Conde, Javier de la Rosa y «los Albertos», Alberto Cortina y Alberto Alcocer. ¿Cómo ha conseguido Italia, con su constante desconcierto político, levantar una economía más grande y diversificada que España? ¿Cómo es que se han convertido en líderes mundiales de la moda y Milán está en condiciones de rivalizar con París? En España, la empresa de automoción Barreiros desapareció, SEAT es ahora alemana, pero Fiat sigue en manos de la familia Agnelli. Dos países mediterráneos parecidos, pero dos culturas muy diferentes. Y dos reyes muy parecidos, pero también muy distintos. Uno es un heredero de una familia de industriales en una república, el otro heredero de un trono en una monarquía constitucional.

Capítulo 23.

ESPAÑA Y PAÍSES BAJOS: UNA COMPARACIÓN

Otra comparación interesante entre dos países puede verse en el libro al que aludimos en el capítulo tres, The Changing World Order (Principios para enfrentarse al nuevo orden mundial), de Ray Dalio. En su análisis, introdujo ocho factores claves y otros seis factores menores. Todos esos factores no son independientes, sino que interactúan y se refuerzan mutuamente para impulsar al país en su ciclo económico, ya sea ascendente, plano o descendente. Los datos ofrecidos en su comparativa para Países Bajos en agosto de 2021 parecen bastante favorables; mientras que España, analizada con los mismos parámetros, en términos generales, arroja resultados desfavorables para sus grandes ciclos económicos. ¿Cuál es la diferencia?

Países Bajos aparece como una potencia modesta (está en la parte baja de la tabla de los grandes países en la actualidad) en una trayectoria uniforme o plana. […] Las fortalezas principales de Países Bajos son su elevado orden interno y su sólido Estado de derecho, y baja corrupción. Sus debilidades son su relativa debilidad militar y su mano de obra relativamente cara (en términos de calidad). Países Bajos está en una situación bastante favorable en sus ciclos económicos, con una deuda baja pero unas expectativas de crecimiento real también bajas de cara a los próximos diez años (de un 1 por ciento anual). Países Bajos tiene muchos más activos extranjeros que deudas externas.

Cotejemos esto ahora con el caso de España, otra potencia modesta en la parte inferior de la clasificación de los países importantes, con los mismos datos de estudio.

España aparece como una potencia modesta con una trayectoria plana o uniforme. […] Las principales debilidades de España que la sitúan en esta posición son su situación económica o financiera desfavorable, su dotación relativamente pobre de mano de obra y capital, su relativa insignificancia en el comercio mundial y su mala comprensión de elementos como la innovación y la tecnología. España está en una posición desfavorable en sus ciclos económicos y financieros, con una deuda alta y unas expectativas de crecimiento real muy bajas en los próximos diez años (un cero por ciento anual). España tiene considerablemente más deuda con el exterior que activos en el extranjero.

Tanto Países Bajos como España tienen altos niveles de deuda no financiera (286 y 249 por ciento del PIB, respectivamente). La gran diferencia radica en los niveles de endeudamiento estatal. España tiene un 114 por ciento del PIB mientras que Países Bajos solo tiene un 53 por ciento.

En el Índice de Competitividad de IMD, Países Bajos ocupa el tercer puesto mundial en eficiencia empresarial promovida por el gobierno, mientras que España está en el puesto 40. No es tan sorprendente que Ferrovial haya movido su sede allí. Ofrece más seguridad jurídica y su Bolsa cotiza en Euronext, que tiene un vínculo con la Bolsa de Nueva York, a diferencia de la Bolsa española. Lo insólito del caso es que el presidente Sánchez ataque directamente a Rafael del Pino, que mantendrá su residencia fiscal en España.

Tras estas diferencias subyacen la calidad institucional de ambos países. Daron Acemoglu y James Robinson publicaron en 2012, casi una década antes de Dalio, su trabajo seminal: ¿Por qué fracasan las naciones? Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza. Y la respuesta principal no tiene nada que ver con los recursos naturales o el clima, sino con la calidad de las instituciones. Los países más prósperos son los que tienen, en palabras de los autores, «economías inclusivas». Son los países que permiten a sus ciudadanos participar en la economía, utilizando su talento, su iniciativa, la innovación y la energía. La creación de nuevas empresas y trabajos tiene, en estos países, un apoyo total de sus gobiernos, que no expropia sus beneficios ni los carga de impuestos hasta la bancarrota. En esos países hay una sociedad donde el emprendedor es el héroe. Como americano educado en Stanford, me enorgullece la creación de Apple, Google, Meta (Facebook), Visa, Intel, Hewlett-Packard y centenares de otras empresas florecientes, cuyos creadores pasearon por las mismas calles que yo y comieron hamburguesas y bebieron cervezas en el Oasis, en El Camino Real, en Menlo Park, hasta que cerró en 2012. Como americano expatriado, aún voto en Palo Alto, en mi última dirección registrada. La papeleta de voto está en inglés, español, chino, tagalo, vietnamita, coreano, jemer, hindi y japonés. Eso es lo que yo denominaría una democracia «inclusiva».

Y como presidente del Círculo de Empresarios, intenté hacer todo lo posible por trasladar esos valores al mundo empresarial español. Aunque hay una distancia de 9.312 kilómetros entre Palo Alto y Madrid, la distancia entre las dos culturas empresariales es incluso mayor. Es estupendo ver cómo se siembran las semillas de jóvenes empresas innovadoras, pero es una tragedia que muchas de las mejores y más brillantes están abandonando España para trasladarse a países más «inclusivos». Países donde los líderes no atacan a la derecha política, mediática y económica. Al parecer, nosotros, en el Círculo, somos «señores con puros de la Villa de Madrid, que se juntan para conspirar contra el presidente Sánchez» y somos siervos de «poderes ocultos con intereses ocultos» que están en contra de su agenda progresista, uno de cuyos puntos es reavivar las llamas de la Guerra Civil con una distorsionada Memoria Democrática. Es este gobierno el que ha controlado todos los medios posibles, empezando por La Sexta y el periodista Antonio García Ferreras, su entrevistador favorito, que le hace las preguntas que quiere y nunca contradice sus respuestas. O como el servil entrevistador de TVE que le dijo al final: «¿Lo he hecho bien, verdad?». Y no nos olvidemos de la entrevista que le hizo Jordi Évole en 2016, otro fiel siervo de La Sexta, cuando el presidente le dijo: «Hubo responsables empresariales que trabajaron para que hubiera un gobierno conservador». Y luego atacó a «una burbuja de medios de comunicación que están en manos de pocas empresas del sector financiero o telecomunicaciones, como Telefónica». Evidentemente se estaba refiriendo a Prisa y el Banco Santander. José María Álvarez-Pallete, de Telefónica, ha sacado muy sabiamente a su empresa de este nuevo escenario, donde El País es hoy el principal periódico que sostiene su régimen.

Y ante las sociedades «inclusivas» como Estados Unidos, donde los negocios son un imán que atrae a las inteligencias más brillantes del mundo, España se queda corta en muchos aspectos. La «ley Beckham» relativa a los impuestos de la renta para nuevos ejecutivos de otros países que tributan en España no está mal. Pero el gobierno, especialmente la actual coalición presidida por Pedro Sánchez, es perjudicial para los nuevos negocios y para la economía, sobre todo por su irresponsable gasto «social» que está legando una enorme deuda a las siguientes generaciones a cambio de unos votos en las próximas elecciones. Las promesas electorales, como el aumento de las pensiones de acuerdo con el IPC, tienen que modificarse después de que la reforma de Mariano Rajoy hubiera incluido un factor de sostenibilidad. El carísimo Presupuesto General para 2023 debería ir acompañado de reducciones presupuestarias en gastos públicos inútiles, como ya se ha comentado.

¿Dónde está la rebelión de las masas de la que hablaba Ortega y Gasset? ¿Dónde están los grandes intelectuales del Congreso de los Diputados? Mi abuelo, Luis de Zulueta, estuvo con Ortega, Julián Besteiro y Manuel Azaña. Hoy hay Rufianes, porque ser político significa trabajar por un salario bajo y afrontar constantes ataques por corrupción. Con un sistema legal que tarda años en absolver a un político injustamente incriminado, muy pocos jóvenes se sienten atraídos por el servicio público. ¿Cuántos años estuvo Francisco Camps en Valencia afrontando acusaciones de corrupción y de haber recibido trajes gratis hasta que quedó absuelto en los tribunales? ¿Y, más recientemente, Esperanza Aguirre, en Madrid, que fue totalmente absuelta en el Caso Púnica? ¿Dónde están los sucesores de Mateo Sagasta, Cánovas del Castillo, Pi y Margall, Castelar, Canalejas, Salmerón o Echegaray? Como dijo Winston Churchill, «el político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones».

Volviendo a la comparación de Dalio (Países Bajos vs España), uno se sorprende con la gran diferencia en los niveles de corrupción. En el Flash Eurobarometer 507 de marzo de 2022 se ofrecen algunos datos sorprendentes. El estudio se basa en 12.790 entrevistas en la Unión Europea de los 27 y se titula «Business and Corruption» (Negocio y corrupción). El apartado 4 habla de España: el 86 por ciento de los encuestados creen que es un problema general frente al 63 por ciento en la Europa de los 27. Y un 58 por ciento considera que es un problema concreto cuando se pretende hacer negocios con España, frente a la media europea del 34 por ciento. El clientelismo y el nepotismo, en consideración de los encuestados, asciende al 43 por ciento, frente al 34 por ciento europeo. Otro problema que surge en esta encuesta es la falta de medios o procedimientos para recuperar deudas. En España lo consideran un problema el 61 por ciento frente al 41 por ciento de la media europea. Por supuesto, las agencias gubernamentales de España no tienen ningún problema en embargar tu cuenta corriente. Y, como cabría esperar, la costumbre de «favorecer a los amigos y/o familiares en las instituciones públicas» es de un 57 por ciento en España frente a un 46 por ciento en la media europea.

Sobre el tema «Cómo combatir la corrupción», solo el 11 por ciento de los participantes españoles cree que «la gente y las empresas condenadas por sobornar a un ejecutivo público son adecuadamente castigadas en España». Ya hemos mencionado el célebre caso de Plus Ultra y el préstamo de 53 millones de euros de la SEPI, pero los casos menos mediáticos abundan. ¿Cómo es que un amigo mío, del que no mencionaré su nombre, ganó millones de euros comprando un pedazo de tierra justo antes de que fuera recalificado para viviendas gracias a un soplo de un familiar que ocupaba un alto puesto de la administración?

La confianza y la seguridad jurídica son aspectos fundamentales para cualquier inversión empresarial. Y es de importancia capital que aquellos que manejan el dinero público lo hagan con sensatez y éticamente. Nada corroe una democracia más rápido que la corrupción en el ámbito público. Y por cada líder político corrompido por una empresa, hay un individuo del sector privado que está enviando un mensaje a todo el mundo en la empresa (porque las noticias vuelan) de que el comportamiento corrupto es parte del ADN del negocio. En una democracia joven, como la española, una prioridad esencial tiene que ser la erradicación de toda la corrupción, la grande y la pequeña. El listado es largo, pero en primer lugar hay que eliminar la cuestión clásica: «¿Con o sin IVA?». Luego está la falsificación de elementos en el IRPF. También la práctica común de contratar trabajadores y no pagar su Seguridad Social, en general, a los «sin papeles» que acaban de llegar a España.

Cuando la mujer que por casualidad ha llegado a ser vicepresidenta del gobierno de Pedro Sánchez dice «estamos manejando el dinero público y el dinero público no es de nadie», sabemos que esa persona (Carmen Calvo) no merece estar en ese cargo. Afortunadamente, en una reestructuración ministerial, lo dejó. Pero esta coalición, este «gobierno Frankenstein» sigue gastando como si no hubiera un mañana, que será lo que les ocurra, probablemente. No hacen sino alimentar al mastodóntico animal que cada vez nos hace más pobres, sobre todo ahora, con la inflación disparada —pero no causada— por la «operación especial» de Rusia contra Ucrania. Como dejó firmado el escritor francés Rabelais en su testamento: «Me lo he gastado todo, no queda nada, debo mucho, el resto lo dejo al país y todo lo demás, a mi sucesor». Y otra cita de Rabelais que también conviene aquí es: «Deudas y mentiras andan, de ordinario, barajadas juntas».

Capítulo 24.

TIEMPOS TRISTES PARA ESPAÑA Y PARA LA UNIÓN EUROPEA

Estos son tiempos muy tristes para España. Como el periodista Bieito Rubido escribe en El Debate, el diario online que dirige: «Tiempos tristes donde la otredad se desprecia. Estos instantes que nosotros llamamos vida se han vuelto amargos y crueles: nos insultamos en las redes sociales, mantenemos en pie nuestros prejuicios, el sectarismo campa a sus anchas, las miradas son torvas, la alegría no se comparte».

Todo esto tiene mucho que ver con la bandada de «cisnes negros» que ha golpeado a España y al resto del mundo occidental últimamente. Antaño fuimos líderes. Hoy vamos detrás de una nueva Asia emergente, liderada por China. Cada vez hay más dudas sobre la legitimidad de una democracia. La dirección de España bajo el mando de Pedro Sánchez es más autocrática que cualquier presidencia en la era posfranquista. Y, para mi disgusto, la ciudadanía no protesta. Puede que crean que sus rabietas en Twitter son suficientes. Incluso la élite culta del Círculo de Empresarios ha tardado año y medio, desde mi marcha como presidente, en adoptar una postura contundente contra este gobierno egocéntrico y antiempresarial. Cada semana que pasa, el PSOE, que fuera un partido socialdemócrata, se va pareciendo más a su socio menor, Podemos. España está siendo gobernada por decreto ley. Cuando hay que aprobar los Presupuestos Generales del Estado, se les lanza un hueso a los separatistas y a los antiguos terroristas a cambio de sus votos. Alfredo Pérez Rubalcaba advirtió a Pedro Sánchez del riesgo de su estrategia para conservar el poder. Los líderes del PSOE incluso destituyeron a Sánchez como secretario general. Pero regresó para vengarse, utilizando el sistema de primarias para revocar la decisión más inteligente de los «barones». La crisis de 2008 golpeó a España directamente, igual que a Grecia, Italia y Portugal. Aunque la Unión Europea se recuperó más o menos en 2011, en España las cicatrices aún son visibles, y no solo en el IBEX 35, como se ha mencionado. Las desigualdades sociales aumentaron dramáticamente, más que la riqueza, y muchos españoles empezaron a desconfiar de sus instituciones. Aquello no fue un episodio pasajero: en 2017, en una encuesta de Global Attidudes Survey, en respuesta a la pregunta «¿Está usted satisfecho con la democracia?», el país que contestó afirmativamente en más proporción fue Suecia, con un 81 por ciento, mientras que solo el 25 por ciento de los españoles y el 22 por ciento de los griegos decían estar satisfechos con sus democracias. Los dos países estaban al final de la clasificación. Y esto fue, naturalmente, antes del Covid-19 y antes de la inflación (de dos dígitos) de 2022. El resultado es un contraataque contra las élites gobernantes, contra la globalización y un deseo de volver a un pasado más sencillo que ya no es posible recuperar. Las posturas emocionales chocan con las racionales. Donald Trump, Boris Johnson, Meloni, Vox y Podemos son parte de esta reacción antidemocrática.

El Brexit ha sido un desastre para Gran Bretaña. El rápido y violento desplome de la libra esterlina bajo el breve mandato de Liz Truss demuestra lo frágil que es la economía y lo rápido que el mercado toma sus decisiones. Los bonos españoles, como los italianos, se mantienen por las adquisiciones del BCE en Fráncfort. Si un país no tiene la posibilidad de controlar su moneda, como Ray Dalio señaló, la economía corre muchos riesgos. España ya no puede devaluar la peseta y depender del repunte de las exportaciones. Ahora el problema es mantener los salarios para ser competitivos. Y esto se traduce en menor gasto interno. España no está sufriendo hoy una inflación derivada de la demanda, como ocurre en Estados Unidos. Más bien, se trata de un problema de suministro añadido a un alza inesperada en el precio de los combustibles fósiles. La élite gobernante, y aquí Pedro Sánchez y su ministra Teresa Ribera, cuyo Ministerio de Transición Ecológica lo dice todo, han sido cómplices.

No hay ninguna posibilidad de llegar a unas emisiones cero de carbono a la atmósfera en 2050 cuando China y la India están ignorando el Acuerdo de París. Y el coche eléctrico es solo una pequeña pieza del puzle para resolver la ecuación. Los edificios emiten mucho más CO2 que el transporte. En cualquier caso, la idea de que España vaya a ser un líder mundial en coches eléctricos tiene todos los visos de ser una ilusión. Añádase a eso, como ya se ha dicho, la falta de estructuras de recarga y tendremos una división cada vez mayor entre los ricos con sus vehículos híbridos o eléctricos y los pobres con sus diésel cada vez más caros y con sus coches de gasolina carísima. El sueño de los coches alimentados con hidrógeno verde está todavía a varias décadas vista.

Estamos viviendo en una época en la que la idea de ir contra el sistema es moneda común; estamos en una época en la que el «guerracivilismo» en España está recuperándose. Si el CNI espía a los separatistas, se despide al director y se nombra a alguien más dócil y maleable. Si las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE) no son de nuestro agrado, se busca un nuevo director. Si las encuestas dicen que el PSOE está perdiendo adeptos, bueno, pues que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) presente otras encuestas que digan lo contario y alguna gente las creerá, porque las encuestas son una combinación de arte y ciencia. Todos los contrapesos, «controles y equilibrios» se desmoronan porque estamos entrando en un mundo de «política identitaria», como afirma Fukuyama, en la que las instituciones respetadas del pasado ya solo se consideran estorbos.

La única manera de defender la democracia en España, según Pablo Simón, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, es recurriendo a tres puntos básicos.

El primero tiene que ver con la «eficiencia y eficacia en la provisión de bienes públicos». Es necesario un mercado más libre que reduzca los costes y haga los productos más accesibles. Esto es extraordinariamente difícil en un contexto inflacionario que todavía se tambalea por los sobrecostes y la corrupción de las compras durante la situación de emergencia de la pandemia de Covid.

La siguiente clave es más transparencia y justicia social. El actual gobierno hizo muchas alharacas a propósito de un nuevo Portal de Transparencia, y luego procedió, por ejemplo, a ocultar toda la información sobre el uso de los aviones Falcon que tiene a su disposición.

En tercer lugar, el Congreso necesita más medios técnicos y humanos para controlar mejor al Ejecutivo. Una legislación compleja requiere más personal de apoyo a los diputados. Y, cada vez más, las leyes españolas tienen que ser consensuadas con el Parlamento de la Unión Europea. Aquí, España solo puede salir beneficiada. Al fin y al cabo, países como Irlanda o Portugal están sobrellevando la tormenta inflacionaria mejor que España. Incluso la eterna rezagada, Grecia, con una economía basada en el turismo y el sector naval, parece más estable. Pero ellos han hecho una gran reforma de las pensiones que España evita llevar a cabo con muchos estudios que solo posponen lo inevitable. Pero ningún gobierno quiere reducir las pensiones a diez millones de ciudadanos. Así que, una vez más, se presenta el debate del incremento del IPC solo para las pensiones más bajas. ¿O es mejor suprimirlas para la próxima generación? La planificación de las pensiones en España es como ir dando patadas a una lata por el camino. En fin, la mayoría de los políticos tienen un horizonte público de ocho años y, actualmente, el horizonte es mucho más breve: la cuestión es cómo sobrevivir, y no tanto cuáles son las necesidades del país de cara al futuro. La ilusión era que los fondos europeos Next Generation EU reactivarían la economía tras el Covid y justo a tiempo para afrontar las elecciones de finales de 2023. Pero esta fantasía se ha evaporado con la alta inflación y los retrasos burocráticos en la dispensación de los fondos europeos. Muchas empresas se han quejado del proceso para tener acceso a esos fondos. Y la Unión Europea está preocupada por el programa CoFFEE (sistema de información común de los Fondos Europeos) que controla el uso de los fondos una vez que han sido asignados. Y el programa estrella, el proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (PERTE) destinado a la planta de baterías eléctricas de SEAT, avanza a paso de tortuga.

En cuanto a la idea de «reforzar el Estado de Derecho», parece una broma en un contexto en el que el Ejecutivo está intentando hacer todo lo posible por controlar el poder judicial. A sus aliados separatistas les gustaría desmantelarlo. Y, curiosamente, la decisión de que el 25 por ciento de la educación que se imparte en la escuela catalana tenga que ser en español se está ignorando por completo. Por otro lado, la inseguridad jurídica golpea a la economía. Después del litigio por la reducción retroactiva de las ayudas para proyectos de energía solar y renovable vino la llamada tasa Google, que se impuso a las grandes multinacionales del ámbito digital; también la tasa Tobin que ataca a los inversores institucionales, y los nuevos impuestos especiales a las compañías energéticas que existen en algún otro país de Europa, y un impuesto a la banca que solo aparece en Hungría, que no es precisamente una democracia que se deba imitar.

Y en España falta ética en la política. Aquí se trata de que todos los partidos políticos, así como la sociedad civil, tienen que aceptar posturas que son diferentes a las suyas y no exacerbar la actual polarización de nuestra sociedad. Repitiendo las palabras de Bieito Rubido, estos son «tiempos tristes, donde la otredad se desprecia […], el sectarismo campa a sus anchas». Por supuesto, España no está sola en esta drástica división social. No hace falta más que mirar a Estados Unidos y a aquellos que creen que Biden le robó las elecciones a Trump. Y aquellos que asaltaron el Capitolio, el símbolo nacional de la democracia y del debate abierto. Para que florezca la democracia, se necesita un acuerdo social en el que se acepta obedecer las normas y compartir la creencia en un futuro compartido. Aunque la tarea parezca casi imposible en este momento, «tenemos el deber de ser optimistas», unas palabras que Antonio Garrigues repite constantemente.

Una gran ventaja que tiene Estados Unidos a la hora de preservar su democracia —aparte de sus doscientos cincuenta años de antigüedad, que se conmemorarán en 2026— es el peso del dólar americano en el comercio internacional. La deuda, en porcentaje del PIB, es más alta en Estados Unidos que en España. Y la inflación es tan alta como en Europa. Pero el país controla su Reserva Federal y la política monetaria. Puede aumentar la tasa de interés más rápido que el Banco Central Europeo. Y puede repetir la «estrategia Volcker» (por el presidente de la Reserva Federal Paul Volcker, que actuó contra la especulación bancaria) que acabó con la última espiral inflacionista. Pero la Unión Europea está condicionada porque tiene que preservar el euro a toda costa («cueste lo que cueste»). Y esto significa aceptar que las tasas de interés aumenten gradualmente y aceptar una alta inflación durante mucho más tiempo. Porque los países muy endeudados, como España o Italia tienen que poder vender más bonos y cubrir así sus gastos de interés. Ambos países están en una situación difícil, porque no tienen control sobre su moneda. Esto significa que el dólar será fuerte durante mucho tiempo frente al euro. Hará que la exportación de aviones sea difícil para Boeing y fácil para Airbus. Pero las escaladas de inflación nos empobrecerán. Y en el frente económico, España será un mero espectador: viviremos «de la solidaridad europea».

Capítulo 25.

DEL ÁGORA AL CAPITALISMO DE VIGILANCIA

Uno de los grandes sueños de la era de internet fue que sería útil para mejorar y fomentar una verdadera democracia. Al fin y al cabo, se podría escuchar la voz de todo el mundo y se podría participar sin intermediarios. La aldea global sería como el ágora de Atenas, solo que, en vez de estar presentes físicamente, todo el mundo podría estar conectado en la red. Por desgracia, los experimentos de referendos generales y supuestamente democráticos no han dado buenos resultados. No hace falta más que ver el Brexit. Los votantes pueden ser manipulados fácilmente. Como dice Shoshana Zuboff, profesora emérita de la Harvard Business School, en su libro The Age of Surveillance Capitalism (La era del capitalismo de la vigilancia) las corporaciones están recopilando información de los usuarios para predecir y manipular el comportamiento de la gente y socavar la democracia. Parece evidente, sobre todo después de la microsegmentación y la desinformación difundida por Cambridge Analytica en la campaña electoral de Trump frente a Hillary Clinton, que las emociones pueden manipularse y se puede influir en el comportamiento del votante.

Zuboff, a quien conocí en un Bankinter Future Trends Forum celebrado en el Hotel Ritz de Madrid, comentaba cómo la gente que utiliza Google como buscador no tiene ni idea de que, desde 2001, Google está efectivamente acumulando datos sobre sus usuarios. Al principio esos datos se vendían a las empresas para campañas de publicidad dirigidas a un público específico. En todo caso, aquello no pasó desapercibido para los consejeros políticos, que empezaron a comprar esos datos con propósitos electorales. Y en los regímenes autocráticos, como el de Putin en Rusia, se utilizó esa información de internet para bombardear a los votantes en los países occidentales con desinformación. El objetivo era apoyar a los partidos políticos antisistema, como Vox en España, el Frente Nacional en Francia, Alternativa para Alemania o la Liga en Italia. El objetivo último no era otro y no es otro que desestabilizar la democracia. Rusia fue en otros tiempos una gran federación, pero hoy, como estamos viendo con la invasión de Ucrania, es una sombra de lo que fue y, si no fuera por su arsenal nuclear, ni siquiera podría competir con los países de la OTAN en el campo militar. Pero en la red, Rusia es un agente importante. Como en el frente económico tiene un PIB menor que el de Francia, han puesto toda la carne en el asador para difundir noticias falsas en los países occidentales con el fin de equilibrar su debilidad relativa en otros ámbitos.

China es otro ejemplo de régimen autocrático que utiliza las redes sociales, apoyándose en la inteligencia artificial, para mantener el control sobre sus ciudadanos. El reconocimiento facial se utiliza para identificar no solo a los disidentes, sino también a los «posibles» disidentes. Evidentemente, los gigantes tecnológicos americanos no son bienvenidos en China, igual que Huawei no tiene muchos adeptos en Europa y en Estados Unidos. Y durante el período de política de «Covid Cero», ciudades enteras fueron confinadas y nadie podía salir de su piso o de su casa por temor a los sistemas de vigilancia.

En Europa se ha supervisado el control que Google y Meta pretenden tener sobre los ciudadanos. Este es uno de los pocos ámbitos en los que Europa va por delante de Estados Unidos y, en realidad, por delante de todo el mundo. Con el Reglamento General de Protección de Datos de 2016, España va por delante de muchos otros países. Las normas de privacidad son mucho más rígidas que las de Estados Unidos y todas las empresas de la red tienen que ofrecer la opción de eliminar las cookies que monitorizan nuestras costumbres personales ante el ordenador. Recientemente, mi mujer se quedó atónita cuando estaba pensando en comprar un bolso y, de repente, empezaron a saltarle anuncios de bolsos en la pantalla de su iPhone. Pero este es, precisamente, el precio que uno tiene que pagar si no se marca la casilla «rechazar todas las cookies».

La Comisión Europea adoptó en 2018 una postura firme contra la desinformación, considerándola una amenaza para la democracia, la seguridad personal, la salud pública, el medio ambiente y la política general. Cada vez resulta más evidente que la utopía que soñamos en los primeros días de internet ha evolucionado hacia una amenaza a la democracia y a la votación libre. Nunca se sabrá hasta qué punto la elección de Trump dependió del uso que Steve Bannon hizo de los datos de Cambridge Analytica y de la ayuda de los manipuladores rusos de Putin. Es evidente que hay que controlar mejor las plataformas con sede en Silicon Valley. En vez de favorecer un ágora democrática, lo que han hecho ha sido difundir una enorme cantidad de desinformación que solo ha ayudado a los partidos políticos radicales y ha contribuido a debilitar las instituciones básicas, como los parlamentos nacionales.

Shoshana Zuboff acuñó el término «capitalismo de vigilancia» (surveillance capitalism), y lo explica así: «Defino capitalismo de vigilancia como la clasificación tergiversada de la experiencia humana privada como materia prima gratuita para traducirla en datos de comportamiento. Esos datos, posteriormente, se miden y se ordenan, y se venden como productos predictivos y se venden en mercados de futuros conductuales. Se venden a clientes y empresas con intereses comerciales en saber qué estamos haciendo, qué vamos a hacer ahora y qué haremos después […]. Acudimos a internet porque creíamos que nos iba a hacer más libres, por la democratización del conocimiento, y para solventar problemas reales, pero el capitalismo de vigilancia ha sido demasiado lucrativo como para dejarlo pasar». Bienvenidos al mundo de Alexa, que obedece tus órdenes, pero también puede escuchar las conversaciones de tu salón. Como los espejos de las salas de interrogatorios de la policía, nosotros solo podemos ver la mitad de lo que ocurre. Las empresas se dieron cuenta desde el principio de que las «intrusiones» no tenían que detectarse.

El control de las plataformas que operan de modo global es muy difícil, porque cada país tiene su propio sistema judicial. Lo que puede ser un «discurso de odio en España», puede no serlo en Francia. Y a medida que aumentan los controles en Google y Meta, los usuarios se mueven a Telegram, TikTok, Mastodon u otras plataformas que son mucho más difíciles de rastrear. La «libertad de expresión» es un derecho inalienable en Estados Unidos. Sería un error que los gobiernos democráticos controlaran las plataformas de internet, igual que sería un error que las plataformas no practicaran el autocontrol. Ninguna de las dos cosas es deseable con un capitalismo de vigilancia. De algún modo, los usuarios, las empresas y los gobiernos tienen que alcanzar un acuerdo que proteja el derecho a la libertad de expresión, pero no la información falsa, manipuladora y «emocional». No será una tarea fácil. Nick Clegg, por ejemplo, el que fuera viceprimer ministro del Reino Unido, es el presidente de asuntos internacionales de Meta Platforms desde 2022. Esto nos da una idea de cuán importantes son los asuntos políticos y de privacidad para esos gigantes de Silicon Valley. Todo su modelo de negocio y su rentabilidad podría esfumarse en un contexto muy controlado.

Aparte de la desinformación y las fake news, que atraen más la atención que las noticias reales en esas plataformas, tenemos el problema de las cuentas falsas o bots que se utilizan para amplificar los mensajes. Un estudio de Alto Analytics, de 2019, descubrió que solo el 0,05 por ciento de los usuarios que mostraron un comportamiento anormal era responsable del 10 por ciento del tráfico político durante la campaña electoral para el Parlamento Europeo de 2019. Este dato es parecido al que arrojan las campañas contra las vacunas del Covid, las campañas a favor de Bolsonaro en Brasil o a favor de los «chalecos amarillos» de Francia. Esa era la principal preocupación de Elon Musk cuando hizo su fabulosa oferta para comprar Twitter.

En un estudio del Eurobarómetro de julio de 2022, se constataba que el 28 por ciento de los encuestados pensaba que, en los últimos siete días, habían estado expuestos a la desinformación y a las noticias falsas. Y en Bulgaria la cifra asciende al 55 por ciento, mientras que en los Países Bajos desciende al 12 por ciento. Los ciudadanos confían más en los medios tradicionales (radio, televisión y prensa) que en las plataformas de internet y en las redes sociales. Curiosamente, el 49 por ciento de los encuestados esperan que la televisión y la radio públicas les ofrezcan noticias fiables, y ese porcentaje cae al 27 por ciento cuando se trata de las televisiones y las radios privadas. En cualquier caso, Polonia es un caso especial entre los 27 países de la Unión. Allí, la televisión y las radios privadas son, a juicio de los ciudadanos, más fiables.

Los datos de España en lo relativo a los medios son parecidos a la media de la Unión Europea en cuanto al uso de la televisión para enterarse de las noticias: asciende al 76 por ciento. El porcentaje de población que se informa por las plataformas de internet solo llega al 35 por ciento, un porcentaje menor que la media europea del 43 por ciento, pero más alta en las plataformas de las redes sociales y los blogs: un 31 por ciento frente a la media del 26 por ciento. La edad es un factor importante. En el grupo de jóvenes (quince-veinticuatro años), se informa por la televisión el 66 por ciento, mientras que entre los mayores de cincuenta y cinco años el dato asciende hasta el 85 por ciento como primera fuente de información. Lo que resulta alarmante es el porcentaje de ciudadanos que creen que están expuestos a la desinformación y a las noticias falsas en los últimos siete días. La media de la Unión que indicaron «muy frecuentemente» o «frecuentemente» es del 28 por ciento; en España, los ciudadanos se sienten acosados por la desinformación o por la información falsa en un 40 por ciento. Y, a pesar de la caída de audiencia de RTVE, cuando uno añade las emisoras públicas regionales, el 45 por ciento de los españoles confían en la información que proporcionan, frente al 36 por ciento de las cadenas y radios privadas. Con estos datos en la mano, es muy improbable que cualquier autonomía piense en ahorrar dinero y quiera cerrar sus medios de comunicación públicos.

Naturalmente, las noticias falsas son peligrosas, pero las noticias sesgadas son también dañinas. Basta con ver los titulares de la prensa en la actualidad, por ejemplo. El País, el principal periódico español, titula: «El delito de sedición en el resto de Europa prevé penas más bajas que en España». Está en concordancia con la postura del gobierno de Pedro Sánchez en la idea de reducir la gravedad del delito de sedición para apaciguar a sus aliados independentistas catalanes. Por su parte, El Mundo, el principal diario de centro derecha, proclama en su titular: «La “excusa” de Sánchez para la sedición no cuadra con Europa: cinco grandes países europeos tienen penas más altas». Un examen más profundo de los dos artículos deja claro que, teniendo en cuenta la legislación de los veintisiete países de la Unión, ambos titulares tienen su justificación, pero el artículo de El Mundo se acerca más a un verdadero análisis y al buen periodismo.

El periodista actual que más me interesa es Bieito Rubido, exdirector del ABC, un diario conservador y monárquico de larga tradición. Rubido es actualmente director de El Debate, que fue un importante periódico católico durante la Segunda República. Lo que me gusta de este periodista son sus editoriales, donde demuestra que no tiene pelos en la lengua. Un breve ejemplo:

El sistema electoral español, por ejemplo, ha otorgado una sobrerrepresentación a los partidos nacionalistas / independentistas, y los políticos de toda estirpe que han gobernado el país se colocan en posición genuflexa ante esa media docena de votos. Va siendo hora de que PP y PSOE pacten una alternancia inteligente que permita gobernar al más votado, aunque no haya alcanzado la mayoría absoluta. Pero ¿qué podemos esperar del mayor exponente de la incoherencia humana trasladado a la política, el señor que esta temporada ocupa la Moncloa? Ya no espero nada de él. He perdido toda la esperanza.

En este breve párrafo, Rubido explica lo que va mal en la política española y cómo corregirlo, antes de que España se hunda en la irrelevancia en una Unión Europea que va por detrás de Estados Unidos y China en crecimiento, innovación, creación de riqueza e imán para atraer nuevas inversiones, nómadas digitales y genios emergentes. Sic transit gloria mundi.

Capítulo 26.

UNA ESPAÑA CADA DÍA

MÁS IRRELEVANTE

Lo que un empresario americano percibe inmediatamente en España es que el país no es lo que uno consideraría «amable con el empresariado» o, en términos populares, business friendly. No puede darse un dato objetivo al respecto, aunque el Banco Mundial lo intenta todos los años en su clasificación de «Los mejores y los peores países para hacer negocios». El número uno de la lista es Nueva Zelanda, con una puntuación de 86,55 por ciento, y el mejor país de Europa para la actividad empresarial es Dinamarca, con un 84,06. Estados Unidos está en sexto lugar, con una puntuación de 82,54 y, frente a todos estos países está España, ocupando el puesto 28, con una puntuación de 77,02. Al final de la clasificación está Somalia, con un 19,98. Y solo dos puestos por encima está Venezuela, con un 30,87. Cuando yo trabajé en Venezuela, en 1979-1980, aquello era una historia completamente diferente. Los países pueden subir o bajar de modo radical en esta clasificación. No se puede esperar que España suba mucho con el actual gobierno de coalición. Menos aún con Cataluña, que representa el 19 por ciento del PIB, secuestrada por el movimiento independentista. Y esto resulta especialmente problemático, porque la riqueza de un país y de sus ciudadanos está inextricablemente vinculada al éxito del sector empresarial.

En un interesante informe de US News sobre los mejores países para empezar una carrera, «Top Countries for Starting a Career», de 2022, referido a oportunidades laborales y emprendimiento, Canadá, Suiza y Alemania ocupaban el podio. Estados Unidos ocupaba el puesto número seis, justo por delante de Dinamarca, Reino Unido y Suecia. España estaba inmediatamente debajo de Italia, en la posición 22. España tiene una puntuación muy alta en la categoría «Tradición», ocupando el número 3 mundial. Como se dice en el artículo, «la fuerza marítima y la riqueza colonial situaron a España como potencia mundial en los siglos xvi y xvii…». En ese apartado se puntúa a España con un 98. Esto contrasta definitivamente con el 57,7 del apartado «Apertura empresarial» o del «Emprendimiento», que solo alcanza un 44,8; la puntuación más baja está en el apartado «Fortaleza», donde se calculan valores como la presencia de un líder, la influencia económica, la fortaleza en exportación, la influencia política, las alianzas internacionales o la potencia militar. España también puntúa muy alto en el apartado «Entorno», con un 95,7; aquí se mide la amabilidad, la diversión y el buen tiempo para el turismo. (España tiene también una nota aceptable en «Influencia cultural»: ocupa el quinto puesto mundial con un 80,9). En la categoría de «Apertura empresarial», en la que, como se ha señalado, solo se alcanza un 57,7, se analizan factores como el «Entorno fiscal favorable» (9,2) o las «Prácticas gubernamentales transparentes» (29,1).

¿Por qué sucede esto? España fue un gran imperio en el siglo xvii. Luego hubo un período en el que los Países Bajos fueron una potencia imperial, a finales de ese siglo. El Reino Unido dominó a partir de entonces los mares, hasta 1800, durante un siglo, cediendo finalmente el poder a Estados Unidos. Aunque Estados Unidos ha ido en declive en las últimas décadas del siglo xx, el rápido ascenso de China aún no le ha permitido alcanzar el nivel del país americano. Pero lo que no hemos visto en los últimos cinco siglos de historia es que un imperio caiga, como le ocurrió al imperio español, y luego se recupere desde una situación muy pobre para reconquistar la cima. Y como la productividad humana es la fuerza más importante para crear riqueza y poder, es improbable que un país como España se levante en los próximos siglos para dominar el mundo.

¿Y por qué, se preguntará el lector? Porque la productividad en España es muy baja y solo aumenta como resultado de las crisis económicas, cuando hay menos trabajadores empleados y cuando los salarios se mantienen bajo control. Entonces, con un PIB relativamente estable, la productividad matemáticamente asciende, pero no como resultado del desempeño del trabajador. Para que España se transforme en una Dinamarca, el primer paso debería ser impulsar la inversión en educación de calidad. El segundo paso sería reducir la burocracia y convertir al país en un entorno más amable para la inversión empresarial. Y un tercer paso sería unificar el país de modo que las diecisiete regiones autónomas actuaran como una sola nación. Las leyes, las normas, las regulaciones tienen que ser más uniformes. Ya hemos hablado de los festivos de cada autonomía como ejemplo paradigmático. ¿En qué quedó el plan de Rajoy para que todas cayeran en lunes? Los días 6 y 8 de diciembre son fiesta: una invitación a no trabajar durante toda la semana. Es solo un ejemplo, pero todo esto afecta a la productividad.

La fórmula para lograr el éxito a lo largo de la historia es que los más cultos trabajen con financiación pública y privada para desarrollar innovaciones que producen beneficios que luego se reparten entre promotores e inversores. Incluso un Estado comunista como China solo empezó a despegar cuando los ciudadanos se convirtieron en emprendedores privados y se pudieron hacer ricos si tenían éxito.

En España se han producido avances notables en los últimos cincuenta años. Entrar en la Unión Europea y en el euro ha dado al país un enorme impulso, gracias a un mercado mucho mayor y, también a una serie de normas ineludibles. Sin la Unión Europea, España no habría implementado una agencia para el control presupuestario (AIReF) ni habría tenido acceso a todo el dinero europeo del programa Next Generation tras la pandemia. Y probablemente tampoco existiría el Portal de la Transparencia, que tiene la obligación de informar sobre toda la actividad gubernamental y sus gastos.

Pero España no puede volver a ser una potencia europea con más de un 30 por ciento de desempleo juvenil. Al mismo tiempo, los propietarios de los bares y restaurantes están teniendo dificultades a la hora de encontrar trabajadores tras la reapertura, una vez que se ha dado por cerrada la crisis del Covid. Como dijo Antonio Garamendi recientemente, tenemos un problema de «aptitud» y de «actitud». Esta última hace referencia a una ética de trabajo, en vez de quedarse en casa viviendo con los padres con los gastos pagados. O hacer trabajos esporádicos en la economía sumergida y ocasional.

En tanto que fue el país que tuvo el desplome más grande en su economía durante la pandemia, España va a ser el último de los grandes países de la OCDE en recuperar los niveles de 2019. Las últimas estimaciones sitúan esa recuperación en el final de 2023 o el primer cuarto de 2024. La sucesión de crisis ha aumentado la desigualdad y la espiral inflacionaria ha golpeado a los más desfavorecidos con más virulencia que a los ricos. Sin una cohesión social, la democracia se debilitará. Y hay muchos indicios preocupantes a nivel mundial. Los partidos extremistas, sobre todo aquellos partidos xenófobos que están en contra de la inmigración, atacan directamente la democracia, el We the people que yo veo escrito en mi pasaporte americano.

Durante la crisis del Covid-19 recibí una carta del presidente Joseph R. Biden Jr. (evidentemente era una carta modelo enviada a millones de ciudadanos). La carta iba dirigida a «My fellow American» (Querido compatriota americano). La carta, entre otras cosas, hablaba del Plan de Rescate Americano, que incluía un depósito directo en mi cuenta bancaria de 1.400 dólares, que se añadían a los 600 que Trump había ingresado antes. La mayoría de los hogares recibieron dos mil dólares de dinero «caído del cielo» o «helicopter money», así llamado por Milton Friedman, para aliviar a millones de americanos en una situación de emergencia. La carta, por fin, concluía con la siguiente frase: «Creo sinceramente que no hay nada que no podamos hacer como nación si lo hacemos juntos».

Naturalmente yo no esperaría ningún helicopter money de Pedro Sánchez. ¿Alguien se puede imaginar una carta dirigida a «mi querido compatriota español»? ¿Qué dirían los separatistas catalanes? Ya sabemos que sus votos sostienen a este gobierno. Y a los de mi tramo de renta solo se le imponen más impuestos, sobre todo el famoso impuesto de patrimonio, en teoría «temporal», que ahora se está reencarnando en otra fórmula claramente inconstitucional. Como dijo Carlos Solchaga, exministro con Felipe González, el impuesto de patrimonio solo tenía sentido en los primeros años del impuesto sobre la renta o IRPF, porque mucha gente ocultaba parte de sus ingresos. En la actualidad, Hacienda tiene los mejores ordenadores y los ciudadanos están fiscalmente controlados. Es completamente incongruente que una persona tenga que pagar el 2 o 3 por ciento de su patrimonio todos los años sobre un dinero que ya ha estado sometido a impuestos.

Y la última frase de Biden no es una frase que Pedro Sánchez suscribiría. Porque algunas partes de España consideran que son «naciones» y que España es solo su «Estado». La expresión «mientras lo hagamos juntos» nunca aparecerá en una carta enviada desde la Moncloa. Porque el objetivo evidente durante estos últimos años ha sido dividir a la nación en dos facciones. Este espectáculo está amenizado con una Ley de Memoria Democrática, donde la historia se simplifica entre buenos y malos. Y este populismo es lo que socava la democracia. Exactamente igual que los que gobiernan actualmente en Cataluña, Sánchez ignora a aquellos que no comparten sus ideas. Resulta muy difícil que una democracia pueda subsistir cuando el populismo es el mensaje principal a diario. El éxito inicial de la democracia se basó en la voluntad de las dos facciones de la Guerra Civil de llegar a un pacto social y olvidar el pasado. Los valores que habían sido olvidados durante los años de Franco se pusieron en primer plano: libertad, igualdad, diálogo y respeto mutuo. Pero un gobierno débil que necesita el apoyo de diminutos nacionalismos para sobrevivir está cavando la tumba de una verdadera democracia y la creencia en una nación como parte de una Unión Europea más grande.

La bandera, en Estados Unidos, se iza y se arría todos los días en muchos hogares. El 4 de Julio, el Día de la Independencia, cuando se produjo la emancipación respecto a Gran Bretaña, hay banderas por todas partes. El respeto por la bandera es absoluto y tiene un carácter general, no regional. Lo que no se debería hacer jamás es lo que hizo Rodríguez Zapatero el 12 de octubre de 2003, cuando decidió quedarse sentado y no aplaudir el paso de las «barras y estrellas» en el desfile de la Hispanidad. Desde entonces, los gobiernos socialistas no han tenido reuniones en la Casa Blanca con ningún presidente americano. Desde entonces, la España moderna que creó Felipe González, integrada en la OTAN, ha desaparecido. La gran oportunidad de España para desempeñar un papel importante en Europa se perdió en los últimos años del presidente González con la generalización de la corrupción, con el GAL, con la debilidad de las instituciones constitucionales o con la politización del poder judicial, que está causando problemas hasta el día de hoy. En términos energéticos, la moratoria nuclear —considerada en retrospectiva— fue un error económico estratégico. Felipe González tiene en su haber el haber modernizado España con la construcción del Estado del bienestar, siguiendo los modelos europeos, al abrir el país a la inversión extranjera y reformar la economía con los principios del libre mercado que implantó el ministro Miguel Boyer. Hubo una fe colectiva en España como país y una visión estratégica del futuro de la nación. Para mí fue una época emocionante. Uno sentía que España estaba cambiando rápidamente y era el país de la Europa occidental que se estaba modernizando a mayor velocidad.

Los años posteriores, con el presidente José María Aznar, empezaron con una gran esperanza, cuando el ministro Rodrigo Rato privatizó grandes compañías, como Telefónica (1977), Retevisión (1996), Repsol (1997), Endesa (1997) y Tabacalera (1998). Se habló mucho de los «amigos de Rato», las personas que se eligieron para dirigir algunas de las 52 empresas que fueron privatizadas. Solo después descubrimos que Rato y sus hermanos habían creado COR Comunicaciones para manejar las campañas publicitarias de esas y otras empresas como una manera de desviar dinero público a las arcas familiares.

Pero con José María Aznar hay un breve período en el que España desempeña un papel importante en la escena internacional por vez primera desde 1898, cuando España perdió la guerra con Estados Unidos y cedió el control de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam. La alianza de George W. Bush, Tony Blair y José María Aznar contra Sadam Husein en Irak consiguió que España fuera otra vez relevante en la escena global. Pero igual que la época de González acabó de mala manera, el mismo destino corrió Aznar en su segundo mandato. Como jamás se encontraron las armas de destrucción masiva que «el trío de las Azores» decía que había en Irak, la premisa fundamental de la guerra fue un fiasco.

Con la elección de Rodríguez Zapatero, las relaciones con Estados Unidos pasaron de las visitas a Bush en el rancho de Texas y seis visitas al despacho oval de la Casa Blanca a una única visita. Rajoy estuvo allí dos veces y, como sabemos, Joe Biden ni siquiera telefoneó a Sánchez muchos meses después de su elección.

Como el embajador americano Duke Buchan nos dijo a un pequeño grupo del Círculo de Empresarios en un almuerzo en su embajada, los comunistas del gobierno no son verdaderos comunistas, y un par de ellos han vivido en Estados Unidos bajo una estrecha vigilancia del gobierno americano. Donald Trump no tuvo nunca interés en recibir a Pedro Sánchez. Y la elección de un demócrata, Joe Biden, hizo pensar al gobierno español que las gélidas relaciones con Estados Unidos entrarían en un proceso de deshielo. Pero como ha visto todo el mundo, después de que Iván Redondo hiciera una donación de varios millones de dólares a una fundación apoyada por la vicepresidenta Kamala Harris, Sánchez solo consiguió unos cuantos segundos de conversación en un pasillo con un Biden totalmente distraído. Meter a unos comunistas en la coalición gubernamental es aún peor que no levantarte cuando pasa la bandera americana en un desfile militar.

Capítulo 27.

LA FALTA DE CONFIANZA EN ESPAÑA

«En las cosas humanas hay una marea. Si se coge en la pleamar, conduce a la fortuna; para quien la deja pasar, el viaje de la vida se pierde en escollos y desdichas».

W. Shakespeare, Julio César (IV)

La oportunidad de la que hablaba Shakespeare le llegó a España en los primeros años de su integración en la Unión Europea. Los fondos para infraestructuras fueron generosos, porque los países más ricos del norte de Europa estaban obligados a financiar a los nuevos miembros, más pobres. La emoción y la confianza de la nueva democracia bajo un gobierno socialdemócrata eran contagiosas. Pero si España hubiera continuado en ese camino inicial, la policrisis del pasado reciente no habría puesto en peligro el prometedor crecimiento futuro de la economía española.

Por desgracia, la ruptura de la confianza en el país y sus instituciones tuvo un primer gran hito en una serie de escándalos de corrupción y con el GAL, un grupo antiterrorista que practicaba la guerra sucia, utilizando los mismos métodos que la banda terrorista a la que quería combatir. Si en 1988 Carlos Solchaga, como ministro de Economía y Hacienda, pudo afirmar que «España es el país de Europa, y quizá del mundo, donde se puede ganar más dinero a corto plazo», más de tres décadas después podemos comprobar que eso fue un espejismo. España no aprovechó la marea alta y, desde la crisis de 2008, la confianza en el país ha caído notablemente. Rodríguez Zapatero y sus sueños de energía solar, así como su programa de Memoria Histórica, solo sirvieron para hacer tambalear la seguridad jurídica y abrir nuevas heridas entre los partidos de la derecha y la izquierda. El presidente Rajoy se vio obligado a nacionalizar la principal caja de ahorros del país y a frenar la rebelión en Cataluña aplicando el artículo 155 de la Constitución, suspendiendo de hecho la autonomía catalana. Ahora lo que tenemos es al presidente Sánchez intentando controlar todas las ramas del Estado de derecho y eliminando el sistema de controles y equilibrios. Con sus promesas exageradas y sus mentiras descaradas, su gobierno se ha visto obligado a gastar cada vez más, aumentando la deuda española precisamente cuando los tipos de interés están subiendo. Es imposible crear un Estado del bienestar basado en la deuda. Los problemas del país no están resueltos, como atestigua la alta tasa de desempleo, pero sus aliados, entre los que hay exterroristas e independentistas, se mantienen en el redil como partidarios acérrimos. Y los ciudadanos siguen al pastor y creen sus promesas, al menos hasta las próximas elecciones, que en los sistemas democráticos es el momento de juzgar a los líderes políticos, señalando con el pulgar hacia arriba o hacia abajo.

Las reformas más urgentes (el sistema de pensiones y el mercado laboral) se han pospuesto, ignorado, se han hecho a medias o, lo que es peor, el actual gobierno de Pedro Sánchez ha emprendido contrarreformas, vinculando por ejemplo el IPC a las pensiones y dando prioridad a los convenios sectoriales y salariales frente a los convenios de empresa. Los modestos avances de la época del presidente Rajoy se han suprimido por completo. Y no se ha aprendido la lección: una nación que sostiene su Estado del bienestar pidiendo préstamos en los mercados crediticios siempre acaba mal, con una crisis económica que los ciudadanos del futuro tendrán que pagar. Esto es cierto, sobre todo, en los países que no controlan su moneda.

Las reformas necesarias en esas dos áreas críticas se han llevado a cabo en muchos países punteros de Europa. El sistema de pensiones sueco tiene tres partes: un sistema público de pensiones a cargo del Estado, planes de pensiones financiados por las empresas o planes de pensiones privados y personales. Lo que es insostenible es el plan de pensiones español, que entrega al trabajador medio el 81 por ciento de su salario final y está financiado por un número cada vez menor de trabajadores jóvenes, porque la pirámide demográfica se está invirtiendo. Las pensiones del Estado español, en términos porcentuales, son actualmente las más altas de Europa.

Y en cuanto a los altos costes por despido, que son una de las razones por las que hay una tasa de desempleo tan alta en España, ¿por qué no copiamos a aquellos países con estadísticas de desempleo más bajas? Cualquiera puede ver que en otros países los costes de despido son de una media de 12 días por año trabajado frente a los 33 días en España. El presidente Rajoy redujo el baremo de 45 a 33 días por año trabajado. Para muchos desempleados la única opción es montar su propio negocio como autónomos. Al contrario de lo que ocurre en el resto de Europa, la carga es mayor en España en términos de coste. Porque, como expresábamos más arriba, aunque uno tenga un descuento el primer año, debe pagar después. En Alemania, el trabajador solo paga unos trescientos euros al mes si los ingresos han superado los 1.700 euros al mes; si no, no paga nada. En los Países Bajos existe una prima si el autónomo se hace un seguro privado en función de los ingresos y no se paga el IRPF hasta el quinto año de autoempleo.

Aquí hay poco lugar para el optimismo. Como dice el antiguo dirigente del Partido Liberal de Canadá, Michel Ignatieff: «Para que las democracias funcionen, los políticos tienen que respetar la diferencia entre un enemigo y un adversario. Un adversario es alguien al que quieres derrotar. Un enemigo es alguien al que quieres destruir». Últimamente, en España, hay cada vez más enemigos en política. Cualquier reforma sustancial, sobre las pensiones, el mundo laboral y, sí, incluso sobre la Constitución, precisa que el PSOE y el PP actúen conjuntamente. Núñez Feijóo empezó su mandato en el Partido Popular con una mano tendida a Pedro Sánchez, pero no duró mucho.

El PSOE de Julián Besteiro y el de Felipe González eran muy diferentes, pero compartían algunos principios básicos. El PSOE de Pedro Sánchez y compañía es meramente una serie de iniciales con mucha historia. Mi última visita a la sede del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid fue en septiembre de 2020, con Juan Cacicedo, del Círculo. Era el 80º aniversario de la muerte de mi tío abuelo Julián Besteiro en la cárcel de Carmona. Era una breve exposición, sobre todo de fotografías en blanco y negro de los años veinte y treinta del siglo pasado. Adriana Lastra y José Luis Ábalos hablaron en la inauguración. Ambas figuras ya han desaparecido del panorama político. Y que esas personalidades secundarias hablaran en el acto ya da una idea de lo irrelevante que es el legado de Besteiro entre las prioridades del PSOE actual. Mi madre recopiló las cartas del político a su mujer, Dolores, escritas en la cárcel de Madrid bajo la dictadura de Primo de Rivera; cartas muy distintas de aquellas que escribió desde la cárcel de Carmona, bajo la dictadura de Franco. En Carmona, el techo de su celda era tan bajo que no podía ponerse de pie. Las cartas están hoy en la Biblioteca Nacional de España, y Ana Santos Aramburo, la directora, las puso en una vitrina y me las enseñó cuando visité la BNE con un grupo de la Sociedad de los Bibliófilos. Esto sí que es verdadera memoria histórica, y no lo que hoy se ha dado en llamar «memoria democrática».

Julián Besteiro no reconocería al PSOE de hoy. Él era, sobre todo, un político ético. Hoy, esto es casi un oxímoron. Besteiro tenía lo que los griegos llamaban aretai, o excelencia de carácter, con verdaderos valores morales. Heredó el liderazgo del partido de Pablo Iglesias, el fundador. Casi todos los días, en las noticias de la noche, veo el busto de Besteiro junto a la puerta de entrada del Congreso de los Diputados. Un político con principios, tan escasos hoy.

La realidad es que no hay mucha gente joven interesada en hacer carrera política. El BBVA publicó una lista de las carreras universitarias más demandadas. La primera, con un 13,4 por ciento, era Medicina y Biomedicina, seguida a corta distancia por Enfermería, con un 12,4 por ciento. Es el reflejo de la reciente pandemia. La Administración y Dirección de Empresas, con el doble grado en Derecho, va detrás. Y las dos carreras siguientes son Ingeniería Industrial e Ingeniería Informática. Hay una fuerte demanda de talento en puestos tecnológicos: Digital ES (la patronal española de la industria digital) asegura que hay unos 120.000 trabajos disponibles. En la franja baja de los trabajos especializados, los propietarios de bares y restaurantes se quejan de que andan cortos de personal. Resulta evidente que algo nos estamos saltando en el sistema educativo, claramente deficitario en la formación profesional. Existen importantes problemas estructurales, pero también hay un problema de actitud. Simplemente no hay ganas de trabajar. El alquiler de los pisos es insoportablemente alto, las entradas por los pisos y las hipotecas exigen ahorros imposibles, la emancipación de la casa familiar cada vez es más tardía. El desempleo en España se cronifica en cifras altísimas, siempre el doble de la media de la Unión Europea y, tristemente, esta generación acabará pagando una deuda que cada vez es más grande.

Pero el gobierno español no está abordando todos estos problemas, principales y urgentes. La Constitución, en vez de reformarse, se está pisoteando.

Y como hemos repasado a lo largo de distintos capítulos, la recuperación pospandémica está siendo débil. Los distintos ministerios, especialmente Industria, se han visto sobrepasados por el volumen y los requisitos burocráticos para asignar los fondos de recuperación. Como me dijo Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, un simple funcionario puede retrasar un proyecto durante meses. Ella es una de las grandes expertas en España en big data y en inteligencia artificial, y está frustrada porque la entrega del dinero europeo a las empresas que lo necesitan va a paso de tortuga. Buena parte del dinero se ha asignado a las comunidades autónomas porque se consideraba que era el método más rápido para la distribución de los fondos. Pero ahí vuelve a paralizarse, y se entregan muy lentamente a proyectos que España necesita urgentemente, como la fabricación de microprocesadores o el desarrollo de la computación cuántica.

Una estructura administrativa anticuada y funcionarial, con todos sus trabajadores remunerados por igual en cada nivel, independientemente de su capacidad y su desempeño, es claramente un obstáculo en el mundo digital del siglo xxi que se mueve a la velocidad de la luz. Carme Artigas, con la que coincidí en un período en el que tuvo su despacho junto al mío en un centro empresarial, vendió su empresa de big data a Telefónica y es un lujo para cualquier gobierno. Estudió Economía (capital riesgo) en la Universidad de California, en Berkeley, y defendió su tesis doctoral en el Instituto Max Planck de Múnich. Pero, como toda la gente inteligente del sector privado que acepta el sacrificio económico personal de entrar en el gobierno, ha visto la dificultad de ser una gurú digital enredada en la máquina burocrática que se mueve a ritmo glacial, con unos funcionarios contratados por los gobiernos del PSOE y del PP que no siempre trabajan con el espíritu colaborador ni con la presteza suficiente que necesita el país.

Nouriel Roubini, apodado Dr. Doom (Doctor Catástrofe) es un profesor emérito de Economía de la Universidad de Nueva York que predijo con ajustada precisión la crisis financiera de 2008. En su último libro, titulado Superamenazas (Megathreats), habla de las tendencias que ponen en peligro nuestro futuro. Tal vez la más peligrosa y la menos predecible es la que denomina «Trampa de Tucídides»: de las dieciséis potencias emergentes desde el año 1500, doce acabaron en guerra con el poder dominante. Aunque Xi Jinping, ahora instalado en el poder y con voluntad de perpetuarse, ha dicho que China y Estados Unidos pueden cooperar y competir sin llegar a la guerra, existen muchas dudas al respecto. ¿Qué va a ocurrir si China ataca Taiwán, una isla que China considera parte de su territorio nacional, igual que Putin cree que Ucrania es parte de Rusia? Tucídides, el historiador griego de la Antigüedad, creía que la emergente Atenas acabaría al final declarando la guerra a Esparta, que era el poder dominante. Aquel fue el origen de la Guerra del Peloponeso, en el siglo v a.C. ¿Se repetirá la historia?

Cuando el presidente Nixon visitó China en 1971 y el país se abrió al comercio con Estados Unidos, la principal economía mundial y el bastión de la democracia durante los dos últimos siglos, nadie pudo imaginar que, medio siglo después, China sería una potencia emergente que desafiaría a Estados Unidos en el sector aeroespacial, en redes 5G o en inteligencia artificial, entre otros. Y aunque Deng Xiaoping, como presidente del Partido Comunista de China, favoreció el mercado y el comercio privado, China no se convirtió en absoluto en un país más democrático. El mundo está dividido en dos bloques. China tiene aliados como Rusia, y así se ha podido ver en los recientes encuentros de Xi Jinping y Vladímir Putin, junto con Irán y Corea del Norte. Respecto a Centroamérica y Sudamérica, la mayoría de los países tienen regímenes izquierdistas que son contrarios a Estados Unidos. Las que fueran antaño colonias españolas y portuguesas podrían caer de cualquier lado. Esta nueva guerra fría definitivamente provocará problemas en la cadena de suministros si los países democráticos occidentales no consiguen liberarse de la total dependencia de China en lo relativo a distintos materiales y productos. Esto quedó claro como el agua durante la pandemia. Al mismo tiempo, Europa está intentando poner fin a su dependencia del gas y el petróleo rusos.

España, que una vez fue dominante con su imperio en la economía mundial, está hoy en la segunda división de Europa, que es como estar en la tercera división, tras Estados Unidos y la emergente China. Nunca se repetirá lo suficiente que, para que España se convierta en una economía emergente, la clave es mejorar el sistema educativo. El país tiene que preparar a la siguiente generación para afrontar un mundo cada vez más tecnológico. El turismo es una excelente gallina de los huevos de oro, pero la transición digital es una necesidad vital. Miriam González Durántez cuenta una historia sobre una visita que hizo a la Universidad de Valladolid, donde estudió Derecho. Tres décadas después de su licenciatura, descubrió que en su facultad seguían impartiendo los mismos cursos. No había, por ejemplo, una asignatura de Derecho y Tecnología, pero —sorpresa, sorpresa—, ¡seguían dando Derecho Eclesiástico y Derecho Romano!

Por lo que a mí respecta, he visto cuánto ha cambiado el mundo empresarial español desde que llegué a Barcelona en 1980. Como hijo y nieto de exiliados, decidí venir a España cuando PepsiCo, la multinacional en la que trabajaba en ese momento, me permitió elegir el país de mi siguiente destino a modo de recompensa por el trabajo que había llevado a cabo en Venezuela. Yo conocía España porque había hecho un viaje que mi abuelo nos pagó a mí, a mi hermana y a mi madre. Yo tenía entonces catorce años y volví luego a los diecisiete para estudiar un verano en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander. Mi abuelo, Luis de Zulueta, nunca regresó. Mi madre renovó su nacionalidad española y mantuvo la americana, y volvía a España todos los años. Pero ya nunca dejó su residencia permanente en Nueva York, donde vivía en un apartamento que daba a su querido Central Park.

Aunque el mundo político en España se ha deteriorado mucho desde que se recuperó la democracia en 1977, el mundo de los negocios ha avanzado notablemente. Han surgido compañías multinacionales españolas en muchos sectores, empezando por las antiguas empresas de titularidad estatal, como Telefónica en Argentina, los grandes bancos, como el Santander en Brasil o el BBVA en México, Ferrovial en Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña, e Iberdrola en Estados Unidos y Escocia: todos ellos son ejemplos del crecimiento de las empresas españolas en todo el mundo. Y, en el ámbito deportivo, el Real Madrid y el Barcelona son marcas deportivas internacionales.

En lo tocante a los directivos españoles en las multinacionales, hay varios ejemplos de ejecutivos que dirigen grandes compañías. Ya hemos mencionado a algunos. También destacan Eduardo Montes, que fue vicepresidente senior de Siemens AG en Múnich. Y, por supuesto, en Arteixo, A Coruña, tenemos el caso de Pablo Isla, que fue presidente ejecutivo de Inditex durante dieciséis años y fue nombrado mejor CEO del mundo en 2017 en el prestigioso ranking de la Harvard Business Review.

Pese a todas las dificultades, estoy seguro de que, a partir de las startups y las scaleups, empresas emergentes y empresas en expansión, saldrán nuevos «Amancios». La nueva ley de empresas emergentes ha aumentado mucho las posibilidades de que esto pueda ocurrir. Y España es un país muy atractivo para los nómadas digitales, que pasan menos de ciento ochenta días en cualquier país y evitan pagar impuestos de la renta: ¡el sueño de cualquier empresario!

España ha hecho un largo camino desde la época en la que tres hombres dominaban el sector bancario comercial, que era por definición la cúspide del mundo empresarial. Eran Alfonso Escámez, del Banco Central, Emilio Botín, del Banco Santander, e Isidro Fainé, de La Caixa. Los tres empezaron con bancos pequeños y crearon imperios. Y los tres fueron gigantes en la España del tardofranquismo que se adaptaron a la nueva democracia. Sin embargo, actualmente, el gobierno está alineado con la opinión izquierdista y populista según la cual los banqueros son capitalistas malignos que explotan a sus clientes. Han surgido bufetes de abogados que se anuncian en televisión y en la radio, y dicen que pueden demandar a los bancos por productos que han perjudicado a sus clientes. A pesar de las advertencias del Banco Central Europeo, hay una propensión a gravar a los bancos con impuestos por encima de los cinco puntos porcentuales que se pagan en el Impuesto de Sociedades.

En Europa preocupa más la desigualdad que en Estados Unidos. En un estudio recientemente publicado por el Institute for Policy Studies (un think tank progresista estadounidense), se reveló que la proporción económica entre un CEO y un obrero medio era de 670 a 1. Era un estudio sobre trescientas empresas americanas en las que sus directivos cobran, de media, unos 10,5 millones de dólares anuales, mientras que un obrero medio recibe unos 23.968 dólares. En España, en un estudio dirigido por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre los consejeros delegados del IBEX 35, la media de sus ingresos estaba justo por debajo de los 3,3 millones de euros anuales, y el salario medio de un trabajador de esas empresas era de 55.000 euros al año. La ratio es mucho más modesta, de 60 a 1. Hace solo unos pocos años se celebró un referéndum en Suiza para limitar o no el sueldo de los consejeros delegados en una ratio de 100 a 1. Ganó el «No».

La mejor política contra la desigualdad es reducir el desempleo. Porque la mayor diferencia entre sueldos está entre aquellos que tienen un trabajo y aquellos que están cobrando el paro o reciben el ingreso mínimo vital. En vez de crear más funcionarios públicos, como es el caso de España, sería mucho mejor ayudar al emprendedor a crear nuevas empresas y nuevos trabajos. Actualmente, como dice Roubini en su libro, tenemos enfrente la amenaza de la inteligencia artificial y los robots. El filósofo Nick Bostrom sitúa la inteligencia artificial al nivel de la guerra nuclear y los asteroides como las mayores amenazas para la humanidad. Como dice Roubini: «Nadie sabe cuánto se tardará en que un gravísimo desempleo tecnológico estructural haga que la mayoría de los trabajadores resulten irrelevantes». Si el problema en España es encontrar trabajo para quienes tienen menos de treinta años o son mayores de cincuenta, imagínese qué pasará cuando los robots empiecen a hacer el trabajo de los obreros poco especializados o con una especialización media. Hoy, la desigualdad salarial en Estados Unidos es prácticamente la misma que hay en Argentina o Turquía. Según A World Without Work, de Daniel Ausskind, la proporción de ingresos del 0,01 más rico de Estados Unidos se ha multiplicado por más de cinco desde 1981 a 2017. En el mundo, el 1 por ciento controla el 50 por ciento de la riqueza; y con pura asimetría, el 50 por ciento de las personas con menos recursos tienen solo el 1 por ciento del patrimonio del planeta. El McKinsey Institute, una división de la famosa consultora, concluyó en 2016 que, en comparación con la Revolución Industrial, la inteligencia artificial transformará la sociedad «diez veces más rápido y a una escala trescientas veces mayor, o lo que es lo mismo, tendrá un impacto 3.000 veces mayor».

Lo que está claro es que, en este mundo, en el que desde 2008 España ha afrontado cuatro grandes crisis, un gobierno que propugna un peronismo light no hará sino agravar la situación económica. Es duro imaginar que Pedro Sánchez tiene un doctorado en Económicas.

En un mundo así —si se cumplen algunas de las superamenazas de Nouriel Roubini— será cada vez más difícil crear riqueza y aumentar el nivel de vida del español medio. Al igual que ocurre con el clima de la Tierra, las tormentas serán cada vez más frecuentes y violentas. Como presidente del Círculo de Empresarios, tuve la oportunidad de exponer, ante una amplia audiencia, un proyecto de las reformas que serían necesarias en España. Hay que preservar la democracia a toda costa. Las empresas pueden sobrevivir incluso aunque haya gobiernos débiles, como ha quedado demostrado en la Italia posterior a la Segunda Guerra Mundial. Pero si España quiere convertirse en la tercera potencia de una Europa unida, tras Alemania y Francia, será mejor que se reforme de inmediato el actual sistema educativo, el mercado laboral y el sistema de pensiones.

Como dijimos en el Círculo de Empresarios en septiembre de 2020: «España proyecta hoy una imagen de inseguridad jurídica y debilidad institucional que socava la confianza internacional». Y, desde entonces, la situación solo ha empeorado.

EPÍLOGO

No existen recetas mágicas para solucionar los defectos más graves de esta España fallida. Se trata de poner énfasis en el futuro con una visión de más largo plazo: invirtiendo en tecnologías que fomentan la productividad, reeducando a nuestra fuerza laboral para afrontar los cambios tecnológicos, haciendo realidad una transformación digital efectiva, integrando la gestión masiva y automatizada de datos con big data, internet de las cosas, inteligencia artificial, machine learning, blockchain, informática cuántica y robotización. Uno de los principales vectores de innovación tiene que ver con el desafío de la descarbonización. Promover energías limpias y eficientes en todos los procesos industriales, en el transporte, en nuestros hogares y en nuestra forma de vida exigirá enormes procesos de inversión, formación, conversión y tecnología.

Estamos en una intensa fase de transición en la que cada vez tenemos menos margen. Hablamos de un nuevo mundo y todavía contamos con poca gente adecuadamente cualificada pues, según un estudio del IESE, el 72 por ciento de las grandes empresas encuentran dificultades para cubrir los puestos de trabajo que ofrecen. La competencia internacional es un factor que presiona y presionará aún más a España en las próximas décadas. Mucho del mejor talento se marcha del país buscando fortuna en Londres, Fráncfort, París, Ámsterdam, Nueva York, Miami o San Francisco.

Pero quizá lo más importante sea elaborar y difundir una nueva narrativa sobre la globalización, la tecnología y los negocios capaz de inspirar confianza a los ciudadanos e ilusión por el futuro. Esto es una cuestión de liderazgo no solo político. La verdadera unión de Europa es nuestra única esperanza. Tenemos que homologar nuestras leyes, nuestra política y nuestra fiscalidad a este nuevo entorno histórico. El reciente traslado de la sede de Ferrovial a Países Bajos es un aviso a navegantes. Muchas otras empresas grandes y multinacionales están estudiando hacer lo mismo. Una nueva Constitución será una parte importante del proceso de reforma. Ya hemos dilapidado casi todo lo que se construyó en la Transición. No nos podemos permitir más dirigentes como Pedro Sánchez, que culpa a los empresarios de la pérdida del poder adquisitivo de los españoles. Comparto las palabras del catedrático, poeta y ensayista Jon Juaristi: «Estamos en un momento crítico: si Sánchez vuelve a ganar será el final del sistema constitucional».

Los analistas de Capital Economics han publicado un informe con previsiones sobre las diferentes economías del globo para 2050. Calculan que, en términos del PIB, España caerá desde el puesto 14 del mundo al puesto 21, detrás de países como México, Filipinas o Nigeria. Nuestra demografía es adversa, con una fertilidad muy baja y muchos mayores de sesenta y cinco años. A esto se añade una baja productividad en una economía con una tasa de desempleo del 13,1 por ciento en diciembre de 2022, una de las más altas de Europa. El mundo seguirá dominado por Estados Unidos y China, pero con una España cada vez más irrelevante. De momento, la división interna nos ha llevado a la insignificancia europea y global. Pese a todo, ahora tenemos el desafío de aprovechar las sinergias de los fondos Next Generation EU y acometer todas las reformas tan urgentes y necesarias. En un mundo de democracias menguantes, crisis frecuentes y una guerra en suelo europeo con visos de estancarse, España afronta un verdadero match ball.

Y es difícil ser optimista cuando cada semana se suceden los ejemplos de inseguridad jurídica, incompetencia técnica y corrupción. Es el caso del movimiento okupa, o la salida anticipada de violadores y pederastas gracias a la nueva ley del «Sí es sí», o los casos de corrupción de parlamentarios como el del «Tito Berni», con empresarios, fiestas con prostitutas, cocaína y Viagra de por medio; también el llamativo caso de los trenes que no caben en los túneles de Asturias y Cantabria, un chusco ejemplo de esos que resuenan en la prensa europea, que no habla bien del funcionamiento ni la organización de dos empresas públicas como Renfe y Adif. Mientras tanto, los medios de comunicación mayoritarios, narcotizados con dinero gubernamental, presentan noticias edulcoradas sobre lo bien que está gestionando el gobierno los fondos europeos, la inflación, el paro o las pensiones. El CIS, financiado por todos los contribuyentes, retuerce y cocina los datos sobre el reparto de escaños en futuras elecciones. Tenemos un gobierno sobredimensionado, con veintidós ministerios y treinta secretarías de Estado, capaz de indultar a políticos que pusieron en jaque la legalidad democrática, dispuestos a rebajar las penas de los condenados por «sedición» trocándolo por «desórdenes públicos» o maniobrar para que la malversación de fondos públicos se convierta en un delito menor. Todo a cambio de los votos de sus socios en el Congreso para mantener de pie un gobierno inestable y absolutamente dividido entre sus dos facciones.

Cuando pensamos en países fallidos se mide el fracaso con distintos parámetros. Encabeza la lista la «corrupción política y la ineficacia judicial». España es un país donde la administración de una región como Cataluña puede ignorar el dictamen del Tribunal Supremo del país y negarse a impartir un mínimo del 25 por ciento de la enseñanza en español, un derecho fundamental consignado en la Constitución. Y no pasa nada. España es un país donde, durante meses, los fondos europeos se controlan con unas hojas Excel porque no funciona el software del sistema de información para el seguimiento de Fondos Europeos, CoFFEE. Y no pasa nada. España es un país donde durante años no se puede renovar el Consejo General del Poder Judicial. Y no pasa nada. España no es Yemen, Somalia, Sudán, Chad o la República Democrática del Congo, pero eso tampoco es un consuelo. No podemos medir a todos los países con el mismo rasero. España forma parte de Europa y tiene el deber de organizarse según los principios de una democracia plena y avanzada. De momento, no estamos cumpliendo con ese deber.