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Sinopsis

China, un país enigmático durante siglos, ha mudado de piel para convertirse hoy en una potencia que compite con Estados Unidos por la hegemonía mundial. En tan sólo cuarenta años ha pasado de vivir inmersa en la miseria a convertirse en una nación que acapara el 17 por ciento del PIB mundial. Con una clase media de cuatrocientos millones de personas y más multimillonarios que ningún otro país, China ha asombrado al mundo siguiendo su peculiar receta capitalista-leninista.

¿Cómo lo ha logrado? ¿Hasta dónde puede llegar? Y, sobre todo, ¿qué debemos esperar de esta nueva gran potencia, la única con capacidad de hacer sombra a Estados Unidos?

Este libro es un retrato inteligente de los éxitos, retos y contradicciones del gigante asiático. Un profundo análisis para explicar los motivos que hay detrás de su sorpresiva irrupción en el tablero internacional.

Sólo alguien que ha vivido allí y se ha codeado con sus dirigentes puede dar respuesta a estas cuestiones. Rafael Dezcallar, embajador de España en el país de 2018 a 2024, analiza en El ascenso de China las claves de una nación que plantea un desafío económico e ideológico sin precedentes. ¿Será el siglo XXI el siglo de China?

El ascenso de China

Una mirada a la otra gran potencia

Rafael Dezcallar

Para Karmele, Íñigo e Inés

Introducción

China fue durante siglos un país muy desconocido. Hoy sigue siéndolo. No es fácil hacerse una idea clara sobre lo que en ella sucede. China es en teoría un Estado comunista. Sin embargo, tiene una economía que ha crecido de forma vertiginosa en los últimos decenios, y su dimensión se está acercando a la de Estados Unidos. ¿Cómo ha sido eso posible? Hasta ahora estábamos acostumbrados a que los regímenes comunistas condenaran a sus habitantes a una situación económica muy precaria, incluso en algunos casos a la miseria. China es otra cosa. Tiene una clase media de cuatrocientos millones de personas y más multimillonarios que Estados Unidos.

No es sólo una cuestión de crecimiento económico. China se ha fortalecido y ha aumentado enormemente su influencia internacional. Es el único rival de Estados Unidos por la hegemonía global. Es la otra gran potencia, y compite con Estados Unidos en todos los planos: influencia política, capacidad militar, músculo comercial, poder tecnológico... La última Estrategia de Seguridad Nacional norteamericana define a China como el único competidor de Estados Unidos que tiene tanto el propósito de transformar el orden internacional como el poder para avanzar hacia ese objetivo.

China presenta su sistema político autoritario como una alternativa al sistema democrático, que tras el final de la Guerra Fría parecía ser reconocido por todos como el que mejor funcionaba. Los dirigentes chinos están absolutamente convencidos de que el suyo funciona mucho mejor. Eso significa que el desafío chino a la posición de Estados Unidos como primera potencia mundial no es sólo político o económico: es también un desafío ideológico.

Este libro trata de explicar cómo un país gobernado con mano de hierro por un Partido Comunista ha podido lograr todo esto. Y además en tan corto espacio de tiempo. Cuando Mao Zedong murió en 1976, China era muy pobre. Su producto interno bruto era menor que el de Italia. En la actualidad el PIB chino supone el 17 por ciento del PIB global.

Fui embajador de España en China desde septiembre de 2018 hasta febrero de 2024. Tuve la oportunidad de seguir de cerca muchos de los cambios que han transformado China. Como embajador de un país miembro de la Unión Europea, trabajé no solamente sobre las cuestiones que tenían que ver con nuestras relaciones bilaterales, sino también con las relaciones entre China y la Unión Europea. Siempre agradeceré haber tenido la oportunidad de vivir esta experiencia. Hubo momentos difíciles, como las fuertes restricciones impuestas por el Gobierno de Pekín durante la pandemia de la COVID-19, que se prolongaron durante mucho más tiempo que en el resto del mundo. Pero los años de la pandemia resultaron también muy reveladores. Fue entonces cuando el fenómeno de la globalización comenzó a erosionarse y cuando se creó un mayor distanciamiento político entre China y el mundo occidental.

Por eso me decidí a escribir este libro. Pensé que contar lo que yo había visto en China podía ser útil para entender los cambios que ha experimentado y su nuevo papel de gran potencia. Podía servir igualmente para explicar cómo se está transformando el orden mundial que ha existido durante las últimas décadas: la evolución de las crisis internacionales, los flujos de comercio y de inversión, la aparición de bloques tecnológicos, el papel de los derechos humanos. El ascenso de China ha modificado el equilibrio de poder global, y China exige que ese nuevo equilibrio de poder se traduzca en un nuevo orden internacional en el que ella y los valores que representa adquieran un peso mucho mayor.

Este libro comienza analizando la transformación del país tras las reformas introducidas por Deng Xiaoping a partir de 1978 y el peculiar modelo económico y político que surgió en la República Popular de China como consecuencia. Un modelo que podría definirse como capitalista-leninista.

Los siguientes capítulos examinan la situación tras la llegada al poder de Xi Jinping. Éste consideraba que el sistema económico capitalista introducido por Deng Xiaoping, que había favorecido el desarrollo económico del país, podía llegar a poner en peligro el sistema político leninista, en el que el Partido Comunista controla todo el poder. Para evitarlo, introdujo cambios en la economía, dispuso una mayor intervención del Estado, recortó las ya escasas libertades individuales, hizo hincapié en las cuestiones ideológicas y de seguridad nacional y reforzó aún más el papel central del Partido Comunista en el sistema político chino.

El libro describe asimismo cómo Xi Jinping desplegó una política exterior más ambiciosa. Pensaba que el crecimiento económico del país debía traducirse en un fortalecimiento político, en un aumento de su peso en las relaciones internacionales. China mostró más firmeza —algunos dirían agresividad— en la defensa de sus intereses nacionales en diferentes situaciones de crisis, como con Taiwán o el mar del Sur de China. Dejó también muy clara su voluntad de introducir cambios profundos en el orden internacional. Todo ello provocó una fuerte reacción de Estados Unidos durante la primera presidencia de Donald Trump que continuó durante el mandato de Joe Biden. También de la Unión Europea. Estos procesos que ya estaban en marcha se agudizaron como consecuencia de la pandemia de la COVID-19.

Los capítulos sucesivos están dedicados a describir la consolidación de China como una nueva gran potencia. En ellos se examina su rivalidad con Estados Unidos en diferentes planos: político, militar, comercial, tecnológico e ideológico.

El ascenso de China ha sido impresionante. Pero eso no significa que el modelo chino no se enfrente a sus propios problemas, que no son menores. Los últimos capítulos están dedicados a analizar algunos de ellos, tanto en el plano económico como en su política interna y en sus relaciones exteriores.

El libro se cierra con algunas ideas sobre la manera de abordar las relaciones con China, la nueva gran potencia.

1

La transformación de China

China es un gran país. Tiene una historia larga e importante. Su cultura es infinita. Hace unos años se descubrió en Lingjing una pequeña figura de un ave esculpida en hueso quemado de unos trece mil años de antigüedad. Los chinos son muy conscientes de su identidad y se sienten legítimamente orgullosos de ella.

Todavía más asombrosa es la continuidad de China como entidad política. El Imperio chino se unificó en el 221 a. C., bajo la dinastía Qin. A finales del siglo II d. C., en la época de la dinastía Han y de Marco Aurelio —el emperador filósofo y guerrero—, el Imperio chino y el Imperio romano tenían aproximadamente el mismo número de habitantes (unos sesenta millones), y su PIB era similar. A partir de entonces, ambos pasaron por las mismas vicisitudes: invasiones bárbaras, cambios de dinastía, guerras civiles, epidemias, rebeliones de sus generales... Al final, el Imperio romano desapareció. El chino colapsó también varias veces, pero al cabo de un tiempo volvió a unificarse.

¿Por qué ese destino tan diferente? Hay quien cree que la implantación del cristianismo minó la coherencia de la base filosófica grecolatina del Imperio romano, de la visión del mundo sobre la que había sido construido. Además, una parte del Mediterráneo fue invadida por los árabes, que traían con ellos una religión y una cultura totalmente diferentes. El Imperio chino, por el contrario, se mantuvo siempre fiel a su base confuciana, a la que se fueron añadiendo el budismo y el taoísmo, pero sin destruir la primera.

Se ha señalado que, aunque en China se hablaban idiomas distintos, los caracteres que se utilizaban para escribirlos eran los mismos en todo el territorio. Unos caracteres muy complejos, que no eran sencillos de aprender. Esto creó un fuerte vínculo entre la población que compartía esos caracteres y una barrera entre ellos y los extranjeros. Concedió además un papel fundamental a la educación, que Confucio colocó en el centro de su ética. El control de la educación otorgó un enorme poder a la casta de los mandarines, los guardianes de la escritura, quienes desempeñaron un papel determinante para mantener la unidad cultural de China.

La preservación de un imperio tan inmenso, en unos siglos en los que los medios técnicos no permitían solucionar fácilmente los problemas planteados por las grandes distancias, sugiere que las ideas que sustentaban ese imperio y la propia cultura china tenían una fuerza, una irradiación y un prestigio muy sólidos.

Esas ideas mantuvieron en pie el poder imperial de China durante siglos. Desde el final de la dinastía Han transcurrieron dieciséis siglos en los que el Imperio chino fue una gran potencia y el país más rico del mundo. En 1820 su PIB suponía alrededor del 30 por ciento del PIB mundial.

Durante ese período China vivió voluntariamente aislada del resto del mundo. Despreciaba a los extranjeros, a quienes consideraba bárbaros. Durante esos años no era raro escuchar en China la expresión yáng guǐzi (), ‘demonio extranjero’.

De este soberbio aislamiento la sacaron a partir de 1839 las guerras del opio, a las que siguieron los llamados tratados desiguales y unas décadas de dominación occidental y de pérdida de soberanía. China se vio forzada a aceptar concesiones extranjeras en Shanghái y en otras ciudades. En ellas no se aplicaban las leyes chinas, sino las occidentales. Con la dominación occidental vino el empequeñecimiento económico. China perdió el tren de la Revolución Industrial, y la dimensión de su economía se hundió en comparación con la de las grandes potencias.

El Imperio chino colapsó finalmente con la revolución de 1911, liderada por Sun Yat-sen. En los años posteriores los señores de la guerra se repartieron el territorio, hasta que en 1928 se impuso el gobierno del Kuomintang dirigido por Chiang Kai-Shek. Sólo tres años más tarde los japoneses invadieron China y ocuparon buena parte del país. El Kuomintang y el nuevo Partido Comunista llevaron a cabo operaciones de resistencia contra el invasor al tiempo que se enfrentaban entre ellos en una guerra civil.

El período que se inicia en 1839 es lo que en la China de hoy se conoce como el Siglo de Humillación. Terminó en 1949 con la victoria en la guerra civil del Partido Comunista de China, el PCCh, y la expulsión de los extranjeros. La Revolución china fue esencialmente una revolución nacionalista aunque la liderara el Partido Comunista. El 1 de octubre de 1949, desde el balcón situado sobre la puerta de la Ciudad Prohibida, en la plaza de Tiananmén, Mao Zedong proclamó la fundación de la República Popular de China. En su discurso, Mao declaró que el pueblo chino se había puesto en pie. No hizo un discurso sobre el final del feudalismo ni sobre el triunfo del proletariado sobre los explotadores burgueses. Su mensaje fue un mensaje nacionalista: la China humillada por las guerras del opio y por los tratados desiguales, la gran China milenaria se había liberado del yugo extranjero y había recuperado plenamente su soberanía. Unos días antes, el 21 de septiembre, había afirmado en otro discurso: «Se ha acabado la época en que los chinos éramos considerados como incivilizados. Surgiremos ante el mundo como una nación de elevada cultura».

Algo similar sucedió en 1959 con la Revolución cubana. Fidel Castro también era antes que nada un líder nacionalista, que más tarde derivó hacia el comunismo para tratar de defenderse mejor de la abrumadora presión de Estados Unidos. Washington estaba acostumbrada a contemplar a Cuba como un asunto interno, y no estaba dispuesto a tolerar la existencia de un país no sometido a su voluntad a 145 kilómetros de Florida. Ese nacionalismo explica la enorme popularidad de la Revolución cubana y de su líder en los momentos iniciales, que fue perdiendo a medida que derivó hacia una dictadura y un sistema económico comunista.

En el caso de China, por el contrario, se estableció desde el primer momento un régimen comunista. El Partido decretó expropiaciones y colectivizaciones de las industrias y de las tierras. El resultado fue una pobreza generalizada, rayando en algunos casos en la miseria. Hubo purgas de los adversarios políticos de Mao. Éste fue el principal responsable de dos episodios trágicos de la historia de la República Popular de China, el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural.

El Gran Salto Adelante tuvo lugar entre 1958 y 1962. Su objetivo era reformar la tradicional economía agraria china mediante una rápida industrialización alcanzando a los Estados más desarrollados en la producción de acero. Sin embargo, la estrategia que se estableció para conseguirlo no tenía ningún tipo de fundamento económico o racional. La consecuencia fue una hambruna devastadora que provocó la muerte de entre treinta y cincuenta millones de personas. En su obra Los cuatro libros, el novelista Yan Lianke relata el horror del hambre en aquellos años y las situaciones extremas a las que llevó a quienes la sufrieron, en este caso unos campesinos de la provincia de Henan.

La Revolución Cultural fue la consecuencia del deseo de Mao de recuperar el control del Partido, que había perdido tras el fracaso del Gran Salto Adelante. Se inició en 1966 y sus últimos coletazos se prolongaron hasta su muerte y el arresto de la Banda de los Cuatro, diez años más tarde. Invocando la necesidad de recuperar la pureza de los principios revolucionarios, Mao dio carta blanca a sus seguidores para enfrentarse a sus oponentes en el seno del PCCh, a quienes acusó de revisionismo y de defender valores burgueses y feudales. Agitando el Libro rojo e impulsados por un culto exacerbado a la personalidad de Mao, los guardias rojos humillaron públicamente no sólo a los que eran percibidos como adversarios de su líder, sino también a los maestros en las escuelas y a los profesores en las universidades, a los profesionales, a los altos funcionarios y a todos los que eran acusados de no seguir fielmente los principios maoístas. Las víctimas de los guardias rojos fueron sometidas a malos tratos, confiscación de bienes, encarcelamiento arbitrario, trabajos forzados, tortura y, en no pocos casos, ejecución. Se produjeron varias masacres. Millones de personas, especialmente intelectuales y habitantes de las ciudades, fueron enviadas a trabajar a comunas campesinas para ser reeducadas en los valores revolucionarios. El padre de Xi Jinping, Xi Zhongxun, un alto dirigente del Partido, fue purgado; y el propio Xi estuvo trabajando varios años en el campo. Se destruyeron reliquias y artefactos históricos y se saquearon lugares de interés cultural y religioso.

Cuando Mao murió en septiembre de 1976 fue sucedido por Hua Guofeng, quien no duró mucho tiempo en su puesto. A partir del XI Congreso del PCCh de diciembre de 1978 fue desplazado del poder por los reformistas, dirigidos por Deng Xiaoping. Deng era un líder comunista histórico. Participó en las luchas revolucionarias, en la Larga Marcha, y en las operaciones del Ejército Popular de Liberación contra los japoneses. Siempre había mantenido posiciones más reformistas que las de Mao, por lo que lo habían apartado del poder varias veces.

Deng estaba convencido de que la causa profunda de la decadencia de China era su declive económico frente a Occidente. A la muerte de Mao, en 1976, China seguía siendo muy pobre, con un enorme retraso con respecto a las principales economías del mundo. Su PIB era menor que el de Italia. Mao había puesto el país en pie, pero su atraso lo mantenía débil y vulnerable. Deng pensaba que el socialismo podía terminar desapareciendo si seguía condenando a sus ciudadanos a la miseria. China tenía que salir de la pobreza y desarrollarse económicamente. Sólo así podría hacerse fuerte, tratar de igual a igual a los países extranjeros y dejar definitivamente atrás su posición de sometimiento tras las guerras del opio. El problema era que para llevar adelante esos cambios el modelo económico de los Estados comunistas no servía.

Deng era consciente de que China era pobre, pero las comunidades chinas que vivían en el extranjero eran prósperas y estaban acomodadas. En noviembre de 1978 viajó a Singapur, donde se encontró con un sistema político que combinaba el capitalismo avanzado y el autoritarismo. Singapur era gobernado con mano de hierro por Lee Kuan Yew, de origen chino, como la gran mayoría de la población. Lee aplicaba una fórmula de gobierno de raíz confuciana, que daba prioridad al mantenimiento estricto del orden social y político y a la prosperidad económica sobre el respeto a los principios democráticos. Deng quedó impresionado por el progreso económico de Singapur, y así se lo hizo saber a su líder. Lee Kuan Yew le respondió que, si Singapur había logrado todo eso con una población formada por los descendientes de campesinos pobres que habían emigrado desde las provincias del sur de China, mucho más lejos podría llegar la propia China, donde seguían viviendo los descendientes de los mandarines.

La conclusión a la que llegó Deng fue que sólo implantando una economía capitalista China podría hacerse rica. A finales de 1978 lanzó su política de Reforma y Apertura, que introdujo paulatinamente la propiedad privada, los modelos de producción capitalistas y la apertura al mundo exterior en una economía que hasta entonces había permanecido totalmente cerrada y controlada por el Estado. Las reformas de Deng significaron que por vez primera un Partido Comunista abandonaría un principio esencial del marxismo, la propiedad colectiva de los medios de producción, y permitiría la propiedad privada. Autorizó la aparición en China de empresas privadas y abrió la puerta a las inversiones extranjeras. Terminó con el principio de autosuficiencia, característico de las economías maoísta y soviética, cuyo fin era evitar dependencias del exterior. En uno de sus textos Deng afirmó: «No debemos tener miedo a adoptar los métodos de gestión avanzados aplicados en los países capitalistas [...]. La esencia última del socialismo es la liberación y el desarrollo de los sistemas productivos [...]. El socialismo y la economía de mercado no son incompatibles».

Uno de los principios básicos de su programa de reformas era el de buscar la verdad en los hechos. Es célebre su frase de que lo importante no es que el gato sea blanco o sea negro, sino que cace ratones. En otra ocasión se dirigió a los asistentes a una conferencia del Partido en 1981 con un discurso que empezaba con estas palabras: «Dejemos a un lado las teorías».

Todo ello refleja el enfoque eminentemente pragmático de su política. Para Deng, lo que contaba era lo que funcionaba en la práctica, no las discusiones teóricas. Sus reformas económicas ofrecieron estímulos materiales a los campesinos para que aumentaran su producción y a los obreros para que incrementaran su productividad. Los cambios se iban aplicando de manera gradual. Para cruzar el río había que tantear primero si se podía caminar sobre las piedras, como él mismo dijo. Se experimentaban diferentes soluciones para los problemas que iban surgiendo, analizando los resultados y eligiendo las fórmulas que mejor funcionaban. Se crearon zonas económicas especiales en las que se promovían la liberalización económica y la inversión. Una de ellas fue Shenzhen, en aquel entonces un pueblo de pescadores y hoy una urbe de más de trece millones de habitantes, centro de las empresas chinas de alta tecnología. Se estudiaron las reformas que iban aplicando los Tigres Asiáticos (Corea del Sur, Singapur, Taiwán y Hong Kong), a fin de adoptar las que mejor habían funcionado.

Este sistema permitió que se disparara en un primer momento la producción de alimentos y se mejorara el nivel de vida de la población. Se generaron además unos excedentes que se invirtieron en la fabricación de productos para la exportación, sobre todo de consumo y de la industria ligera. Millones de campesinos comenzaron a desplazarse desde las zonas rurales a las nuevas áreas industriales. Sus ingresos eran bajísimos comparados con los de los trabajadores occidentales, pero mucho más altos que los que hasta entonces habían percibido en sus lugares de origen. China comenzó a exportar a precios imbatibles todo tipo de productos, que empezaron a inundar los mercados globales. Los beneficios de las exportaciones fueron invirtiéndose en crear industrias de mayor valor añadido. Se importó tecnología y maquinaria del mundo desarrollado, lo que ayudó a las exportaciones chinas a escalar en las cadenas de valor global. Las oportunidades que iban surgiendo atrajeron masivamente a la inversión extranjera. Empresas de todo el mundo deseaban fabricar en China a precios muy bajos productos para exportar al exterior, así como para vender en su inmenso mercado, que había iniciado un rápido proceso de expansión.

Históricamente, China siempre había sido una nación muy comerciante. Múltiples ciudades del mundo contaban con barrios chinos formados por las colonias de mercaderes que allí se instalaron. El primero de todos, por cierto, surgió en Manila en el siglo XVI y estaba formado por comerciantes chinos atraídos por las oportunidades que ofrecía la Nao de Acapulco, la primera ruta comercial transpacífica, establecida en 1573. En el fondo, lo que hizo Deng Xiaoping fue levantar la tapa de la olla y permitir que los chinos volvieran a hacer algo que siempre habían sabido hacer muy bien: trabajar y comerciar.

El resultado de todo ello fue un gigantesco proceso de crecimiento económico. El ingreso de China en la Organización Mundial del Comercio aceleró la transformación de su economía, ya que para ser admitida se vio obligada a aprobar nuevas reformas. Dada la dimensión que iban adquiriendo las exportaciones chinas y las inversiones extranjeras, su ingreso en la OMC transformó la economía mundial y favoreció en gran medida el proceso de globalización. En cuatro años las exportaciones chinas pasaron de suponer el 18 por ciento de su PIB en 2001 al 29 por ciento en 2005. Su renta per cápita —que sólo alcanzaba los 222 euros en 1978— llegó a los 1.013 euros en 2001, subió a 2.020 en 2006 y es de unos 13.000 euros en la actualidad. En cuanto al peso de China en el PIB global, que era del 1,8 por ciento en 1978, pasó a ser del 5 por ciento en 2001 y alcanzó el 18 por ciento en 2021.

Deng Xiaoping sabía que China sólo podría hacerse rica desarrollando una economía capitalista. Ahora bien, aunque Deng era un pragmático, era también un comunista. No quería acabar con el socialismo, sino reinventarlo. Incluso lograr que funcionara mejor que el capitalismo. «La pobreza no es socialismo. Para defender el socialismo, un socialismo que tiene que ser superior al capitalismo, es absolutamente imperativo eliminar la pobreza», escribió en 1987.

Por eso, al tiempo que iba introduciendo un sistema económico en el que las decisiones fundamentales las tomaba el mercado, fue muy cuidadoso en mantener un sistema político comunista. Un sistema inspirado en principios leninistas, que aseguraba el control absoluto del Partido Comunista sobre todas las decisiones políticas, de acuerdo con los principios del centralismo democrático. Un sistema que le permitiría transformar radicalmente China sin las cortapisas, las limitaciones y los equilibrios de poder que exigen los regímenes democráticos. El PCCh ejerce todo su poder mediante el control del Estado, y los intereses particulares no pueden prevalecer sobre los colectivos. Por eso en China todo es político, todo se decide en función de los intereses del Estado, tal como los define el Partido.

La esencia del socialismo con características chinas creado por Deng es la combinación de una economía capitalista y un sistema político leninista. El socialismo con características chinas es un sistema capitalista-leninista. El método de creación de riqueza es capitalista y el método de ejercicio del poder es leninista. En su vertiente económica, el socialismo con características chinas es capitalista —con una fuerte influencia occidental—, no comunista. En su faceta política tiene un fuerte componente leninista, de procedencia rusa. En otros aspectos relevantes hunde sus raíces en el confucianismo. El cóctel final tiene un toque de pragmatismo típicamente chino.

Todo esto constituye una herejía contra la ortodoxia marxista. El marxismo establece claramente la propiedad colectiva, no privada, de los medios de producción. Ningún Partido Comunista había violado este principio básico. Las reformas de Deng Xiaoping suponen ignorar abiertamente el dogma marxista de que la infraestructura económica determina la superestructura política. En el socialismo con características chinas el mercado quita poder al Estado y se lo da a los individuos en un terreno clave para los marxistas como son las decisiones económicas. Ello supone en principio una amenaza para el objetivo leninista de mantener un férreo control del Partido sobre el Estado y la sociedad. La posibilidad de tomar decisiones independientes sobre cuestiones económicas —abriendo y cerrando empresas, invirtiendo en determinados sectores y no en otros, enviando al paro a los trabajadores— tiene indudables consecuencias sociales y políticas. Las libertades económicas pueden además terminar conduciendo a los individuos a demandar libertades políticas.

Es cierto que en China el Estado —y, detrás del Estado, el PCCh— sigue manteniendo un papel muy importante en la economía. Pero eso no cambia el hecho fundamental de que las empresas en China, incluidas las empresas públicas, funcionan de acuerdo con las reglas del mercado. Por eso, al tiempo que la economía se liberalizaba, el Partido debía retener el poder político. De acuerdo con los principios leninistas, las revoluciones no se hacen por consenso, sino por la fuerza. Y no sólo se hacen por la fuerza, sino que se mantienen por la fuerza. El objetivo de monopolizar el poder ha sido consustancial a los partidos comunistas que han llegado a él mediante una revolución, incluido el PCCh. Deng no era en absoluto un demócrata, como demostró en Tiananmén en 1989. Su principal objetivo era que China la controlaran los chinos, y llegó a la conclusión de que la única manera de hacerlo posible era establecer un régimen autoritario en manos de un Partido que se autodenomina comunista, pero cuya raíz es esencialmente nacionalista, y que terminó convirtiendo a China en un país capitalista. 

Deng Xiaoping fue el genio político que inventó este modelo único, combinando lo que hasta entonces parecía imposible de combinar y transformando radicalmente la China que había heredado de Mao Zedong. Su planteamiento de fondo —que sigue siendo hoy el del PCCh— era nacionalista, no desarrollista. El crecimiento económico no es un fin en sí mismo, sino un requisito necesario para que China se haga fuerte y sea capaz de hacer frente a las grandes potencias, de modo que no le puedan imponer nunca más lo que le impusieron en el pasado. El fortalecimiento económico es una condición del fortalecimiento político. En China también la economía es política. La visión del Partido sobre la economía no es una visión económica, sino política. Durante la pandemia de la COVID-19, un grupo de economistas muy vinculados al Partido pidieron suavizar las restricciones impuestas para controlar el virus y así revitalizar la economía, ya que «el desarrollo es la clave para resolver todos los problemas y para poder hacer frente a la política de contención estratégica de Estados Unidos».

En Occidente no es fácil entender bien el sistema político creado por Deng y dirigido por el Partido Comunista de China. Estamos acostumbrados a identificar el comunismo con la mediocridad económica, la escasez e incluso la miseria. No es de extrañar que así sea, a la vista de los ejemplos históricos. Otros sistemas políticos marxistas-leninistas, como el soviético o el cubano, sabían perfectamente que el capitalismo es el método más eficiente para crear riqueza, pero eran igualmente conscientes del peligro de que los ciudadanos fueran económicamente independientes del Estado. Tenían miedo a esa libertad económica, que podía conducir a exigir libertad política, porque su prioridad era retener el control político. Por ello optaron por mantener el sistema económico socialista, aunque sabían que al hacerlo condenaban a su población a vivir en una situación de escasez generalizada. El mismo Lenin se dio cuenta de todo esto. La Revolución soviética provocó un deterioro grave de la economía, y Lenin trató de arreglarlo con su Nueva Política Económica, que daba más libertades económicas a la población. En cierto sentido podría hablarse de Lenin como un precursor de Deng Xaoping. Pero el líder soviético murió poco después de introducir la NPE, que no dispuso de mucho tiempo para desarrollarse. Cuando Stalin le sucedió volvió rápidamente a la ortodoxia marxista.

Tampoco Cuba quiso nunca avanzar en esa dirección. En 1993, cuando colapsó la Unión Soviética y dejaron de llegar los subsidios de Moscú, la economía cubana entró en caída libre. Felipe González, entonces presidente del gobierno español, convenció a Fidel Castro de que tenía que introducir algunos cambios en la política económica. Envió entonces a La Habana a Carlos Solchaga, exministro de Economía y Hacienda, con un equipo de expertos españoles en diversas áreas económicas —macroeconomía, fiscalidad, aduanas, etc.— para que se reunieran con sus contrapartes cubanas y les aconsejaran los cambios que debían introducir. Yo participé en esas conversaciones, porque en ese momento estaba en la Embajada en La Habana. Las reformas que Castro finalmente aceptó fueron muy limitadas —trabajo por cuenta propia, creación de cooperativas y de mercados libres campesinos, libre circulación del dólar—, y estaban sometidas a múltiples restricciones, precisamente porque todas ellas concedían mayor libertad económica a los ciudadanos, y Castro temía las consecuencias políticas de esa decisión. En cuanto sintió que, gracias a esos cambios, limitados al turismo, a las remesas de los emigrantes y a la ayuda de la Venezuela de Chávez, la economía cubana podía recuperar un pulso mínimo, Castro revirtió muchas de esas reformas. El crecimiento económico y el bienestar de la población no eran lo más relevante para él. Lo que le importaba de verdad era el control político. Y para ese objetivo, cuanto mayor fuera la dependencia económica de los individuos con respecto al Estado, mejor.

Castro concebía además el capitalismo como una vía de penetración de la influencia norteamericana en la isla, y su revolución se había hecho precisamente contra eso. Cuba es un país pequeño, de cultura mayoritariamente occidental, a sólo 145 kilómetros de distancia de Estados Unidos, China en cambio es gigantesca, tiene un enorme mercado interno y una tradición política muy distinta de la de Estados Unidos, del que está separada por el océano Pacífico. Por eso China podía permitirse experimentar con el capitalismo confiando en que el Partido no perdiera el control del poder, lo que en el caso de Cuba resultaba mucho más difícil. Castro siempre temió que, si abría un poco la ventana a las reformas, la influencia de Estados Unidos entraría como un vendaval que arrasaría con todo y devolvería a Cuba a la situación en la que se encontraba antes de 1959.

Todo esto explica la diferente evolución en uno y otro caso, cuando ambas revoluciones partían de un punto similar: la defensa de la soberanía nacional frente a las injerencias extranjeras. Al final, China interpretó a su manera el marxismo, se volvió capitalista y, en consecuencia, también rica y poderosa. Mientras, Cuba rechazó el capitalismo y se mantuvo fiel a la ortodoxia marxista, y su economía sigue hundida en una crisis sin aparente salida.

Evidentemente, la convivencia entre un sistema económico capitalista y un sistema político leninista no es fácil. Ha generado una tensión inevitable entre la lógica capitalista del mercado y la lógica leninista del Partido. La política de Reforma y Apertura fue desde el principio una apuesta arriesgada. Hacía apenas dos años que Mao había muerto y que se había arrestado a la Banda de los Cuatro. Deng Xiaoping tuvo que enfrentarse a una fuerte resistencia de los sectores conservadores del PCCh, que eran conscientes del peligro potencial de sus reformas. Deng mostró una gran capacidad política al ser capaz de convencer al Partido de la necesidad de sacarlas adelante.

El riesgo en todo caso era real, y pronto surgieron problemas de todo tipo. Estos problemas desembocaron en los acontecimientos de la plaza de Tiananmén el 4 de junio de 1989, cuando las esperanzas de parte de la población de que los cambios económicos conducirían a cambios políticos fueron brutalmente reprimidas. Deng Xiaoping ordenó la intervención del ejército, convencido de que el control del Partido había que mantenerlo a cualquier precio. Los estudiantes concentrados en la plaza fueron expulsados de allí y un gran numero de ellos murieron. El propio Partido quedó dividido. Su secretario general, Zhao Zhiyang, se puso del lado de los estudiantes, bajó a la plaza para reunirse con ellos y fue destituido de su cargo. Pocos días después de los sucesos de Tiananmén, Jiang Zemin fue nombrado nuevo secretario general del PCCh, aunque Deng retuvo su posición de poder dentro del Partido.

Los manifestantes de Tiananmén recibieron el apoyo de Occidente, que creía que las libertades económicas que Deng había autorizado en 1978 traerían inevitablemente libertades políticas. Por la misma razón, los Estados occidentales apoyaron la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio en 2001, así como la llegada a China de masivas inversiones occidentales. Eran los años de la caída del muro de Berlín y del colapso de la Unión Soviética, cuando Estados Unidos y las democracias liberales habían ganado la Guerra Fría y todos los regímenes comunistas parecían inevitablemente destinados a terminar en el basurero de la historia.

Los sucesos de Tiananmén paralizaron el proceso de cambios y reforzaron los sectores del Partido contrarios a ellos, que vieron confirmados sus temores. La política de Reforma y Apertura sólo pudo reanudarse en 1992, cuando Deng consiguió imponerse al sector conservador del PCCh con un viaje a las regiones del sur de China —Cantón, Shenzhen, Zhuhai— en las que las reformas habían avanzado más. A partir de ese momento se reanudó la apertura de la economía china al exterior y se relanzó el crecimiento económico, que se mantuvo durante décadas a tasas muy elevadas.

La introducción del capitalismo, la apertura al exterior de China y la idea de dar libertad económica a los ciudadanos, pero negándoles la libertad política, siguen siendo un experimento arriesgado. Sin embargo, después de Tiananmén, el régimen chino se ha mantenido estable. ¿Cómo ha logrado el PCCh que esos riesgos no se hayan traducido en una inestabilidad permanente y en una contestación a su sistema político, que continúa siendo una dictadura? Conseguir algo así no es fácil, porque en una economía capitalista como la china múltiples factores actúan en su contra: los contactos y los intereses económicos compartidos con el resto del mundo; los viajes de ciudadanos curiosos y económicamente independientes, quienes al conocer otros países desarrollan ideas propias; los intercambios de estudiantes; la aparición de grandes empresas con un inmenso poder económico, cuyos dirigentes pueden desarrollar también sus propias ideas.

El Partido asumió ese riesgo porque pensaba que podía controlarlo, que tenía los resortes necesarios para que las libertades económicas no condujeran a una demanda imparable de libertades políticas.

Entre ellos está en primer lugar el propio progreso económico de China, el más rápido y de mayor dimensión que se ha producido nunca en la historia. Ese progreso ha legitimado a posteriori —ante la población y ante sus adversarios dentro del Partido— el sistema político creado por Deng Xiaoping, el socialismo con características chinas.

La base filosófica de la sociedad china no reside en el individualismo occidental, sino en el confucianismo, que antepone los intereses de la comunidad a los del individuo. Son completamente ajenas a la tradición china la filosofía grecolatina o la Ilustración. China no ha tenido nunca en su historia un régimen democrático. No se demanda lo que nunca se ha tenido. Algunos lo hacen, desde luego, pero son pocos. La inmensa mayoría de las personas que han visto su nivel de vida dispararse en estas últimas décadas vive sin hacerse demasiadas preguntas sobre el grado de democracia del régimen chino.

Un tercer factor es el fuerte aparato de represión del Estado, así como la determinación del Partido de utilizar todos los medios de control a su disposición para castigar a quienes disientan de sus ideas. El PCCh llegó a la conclusión de que Zhao Ziyang y otros dirigentes de la época fueron débiles e ingenuos, no cortaron a tiempo las protestas y se dejaron influenciar por Occidente, por Gorbachov y por los cambios en Europa del Este. La conclusión fue que para evitar nuevos Tiananmén era esencial que el PCCh rechazara abiertamente el modelo de democracia occidental y retuviera en sus manos el poder al precio que fuera, aplicando para ello los métodos represivos que hubiera que aplicar.

Finalmente resulta importante entender bien la naturaleza del Partido Comunista de China. El PCCh es un partido político no democrático que dirige un Estado autoritario con algunos rasgos propios del totalitarismo. Pero es también una maquinaria de poder muy bien engrasada que trata de buscar soluciones eficaces a los problemas de la sociedad que gobierna y que se esfuerza por mantenerse en estrecho contacto con ella. Gestionar la convivencia de un sistema económico capitalista y de un sistema político leninista es una de sus tareas fundamentales. Más adelante trataremos de ver con más detalle el funcionamiento del Partido, que es una de las claves para comprender el sistema político chino.

Cuando Deng Xiaoping abandonó el poder, los períodos de Jiang Zemin y Hu Jintao continuaron desarrollando la política de Reforma y Apertura. Jiang fue secretario general del Partido entre 1989 y 2002, y Hu de 2002 a 2012. Fueron años de enorme crecimiento económico, a un ritmo anual de dos dígitos, y de un gran incremento de las relaciones comerciales y la inversión con el resto del mundo. En este período fueron consolidándose algunos de los rasgos representativos del socialismo con características chinas.

Durante esos años, muchos campesinos siguieron emigrando a las grandes ciudades industriales de la costa, donde existía una situación de pleno empleo. Jiang y Hu trataron de que el desarrollo llegara a las áreas rurales, que se habían quedado muy atrasadas. Se iniciaron programas para modernizar las técnicas y la maquinaria agrícolas, se promovieron la industria y los servicios y se construyeron infraestructuras agrarias y ganaderas, así como nuevas carreteras, viviendas, hospitales y redes de suministro de agua.

Aunque las diferencias entre zonas urbanas y rurales siguen siendo considerables, todo ello permitió mejorar la educación y el nivel de ingresos de los trabajadores del campo. Esto hizo posible avanzar en la estrategia de eliminación de la pobreza, que era otra de las grandes prioridades marcadas por el PCCh para la transformación de China. Según datos del Banco Mundial, 750 millones de chinos se encontraban en 1990 en situación de pobreza, cifra que había bajado a 90 millones en 2012, cuando terminó el gobierno de Hu Jintao.

Jiang Zemin y Hu Jintao promovieron igualmente el desarrollo tecnológico. La apuesta por la tecnología se veía como una de las claves para asegurar el ascenso económico y político de China. Especialmente, para mantener el ritmo de crecimiento económico, para lograr que China subiera puestos en la escala de valor en la cadena global de suministros y para reforzar su posición con respecto a Occidente.

El desarrollo de China en el marco de un sistema económico capitalista dio una prominencia nueva a las grandes empresas privadas que iban apareciendo, así como a sus ejecutivos. Ese nuevo papel quedó recogido en la teoría de las Tres Representaciones, impulsada por Jiang Zemin y aprobada por el XVI Congreso del PCCh en 2002. A partir de ese momento se permitió a los empresarios ingresar en el Partido Comunista, que teóricamente representa a la clase trabajadora, no a los capitalistas. Mao decía que los miembros del Partido deben servir al pueblo, y la idea era que los empresarios —a los que la teoría de las Tres Representaciones se refiere como «los nuevos estratos sociales»— sirven al pueblo al «realizar un trabajo honesto» creando riqueza y convirtiendo a China en una nación fuerte y respetada.

La teoría de las Tres Representaciones supone una nueva pirueta ideológica para tratar de hacer compatibles el capitalismo y el leninismo. Como recuerda Richard McGregor, Jiang Zemin en el pasado había atacado a los empresarios privados, calificándolos de «comerciantes y vendedores ambulantes que estafan, malversan, sobornan y evaden los impuestos». Ese mismo Jiang les permitió más tarde ingresar en el Partido y convertirse en buenos comunistas. Todo ello fue objeto de muchas críticas dentro del PCCh, donde muchos lo consideraron contrario a los principios marxistas. Pero el pragmatismo se impuso de nuevo. En la actualidad más de un tercio de los empresarios chinos son leales miembros del Partido. Muchos de ellos serían probablemente los dueños de los yates que vi una vez amarrados en el Club Náutico de Sanya —en la isla semitropical de Hainan—, en los que ondeaba la bandera roja de la RPCh, la República Popular de China.

Los años de Jiang Zemin y de Hu Jintao fueron años de intensos cambios en la sociedad china. El modelo capitalista-leninista creado por Deng Xiaoping consiguió transformar el país manteniendo la estabilidad del sistema. Pero algunas de sus costuras empezaron a resentirse. Los cambios sociales provocados por el rápido crecimiento económico fueron creando problemas nuevos.

Uno de ellos era la corrupción, que estaba muy extendida y afectaba a todos los niveles del poder, tanto nacional como local. En un artículo en Foreign Affairs en junio de 2021, Yuen Yuen Ang cita varios casos. Un antiguo ministro de ferrocarriles recibió sobornos por valor de 140.000 millones de dólares. El presidente de un banco público mantenía un harén con cien concubinas. Un jefe de policía de Chonqing guardaba en su casa un museo que incluía huevos de dinosaurio fosilizados.

En esos años aumentaron fuertemente las desigualdades entre la población, así como entre el campo y las ciudades industriales de la costa. Ya en 1986 Deng Xiaoping dijo en una entrevista que algunas personas y algunas regiones serían prósperas antes que otras, y que eso permitiría acelerar la prosperidad colectiva. Él mismo afirmó durante su viaje al sur de China en 1992 que «enriquecerse es glorioso». Estas desigualdades tenían lugar en un Estado supuestamente comunista en el que los servicios sociales —sanidad pública, educación, pensiones, vivienda— eran muy limitados.

Otro grave problema fue el deterioro del medioambiente. El ritmo frenético de crecimiento se mantenía a costa de atentados masivos contra el equilibrio ecológico. La fuerte contaminación en las ciudades empezó a provocar un notable descontento.

Finalmente, una proporción creciente de la población iba alcanzando un nivel de vida comparable a las clases medias occidentales y viajaba con frecuencia a Europa o a Estados Unidos. Algunos de ellos no renunciaban a tratar de introducir en China los valores democráticos.

Al terminar el mandato de Hu Jintao en 2012, estas y otras tensiones se iban agudizando en el seno de la sociedad china y dentro del Partido Comunista. Ese año Xi Jinping fue designado sucesor de Hu como secretario general del PCCh.

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La China de Xi Jinping

Cuando Xi Jinping llegó al poder en 2012, China estaba creciendo a un ritmo muy elevado. Sin embargo, él estaba convencido de que existían serios desequilibrios en el funcionamiento del sistema político y económico chino que podían amenazar su supervivencia.

En primer lugar, había que corregir los nuevos problemas que aparecieron en los años de Jiang Zemin y Hu Jintao, que ya se han mencionado. Xi temía que esos problemas pudieran dañar la imagen del Partido y su legitimidad ante la población. Quería evitar que el funcionamiento del sistema económico capitalista acabara debilitando el sistema político leninista. Para ello consideraba necesaria una mayor intervención del Estado y del Partido en la marcha de la economía.

Xi pensaba también que el nuevo poder económico de China debía traducirse en un peso político más importante en el escenario internacional. China debía ser un país fuerte, poderoso y respetado, una gran potencia. Era consciente de que esa política podía provocar reacciones de Estados Unidos y de sus aliados a las que habría que hacer frente, incluidos posibles intentos de desestabilizar el sistema político chino.

Estos factores, internos y externos, requerían poner un mayor énfasis en las cuestiones de seguridad. Tanto en la seguridad del Estado stricto sensu como en lo referente a los medios de comunicación, la cultura, la educación y, en general, todos los aspectos de la vida del país.

Para implementar estas políticas hacía falta igualmente reforzar la convicción de quienes tenían que ejecutarlas. Era imprescindible un rearme ideológico tanto del propio Partido como del Estado y —en la medida de lo posible— de la propia sociedad china.

Finalmente, todos esos cambios exigían fortalecer el papel del Partido. Sólo un Partido fuerte podía manejar con mano segura un proceso de transformación de esa envergadura. Había que controlar firmemente el Estado y vigilar la evolución de la sociedad china, a fin de que ninguno de los dos se desviara de los objetivos marcados por el PCCh. Pero para que el Partido estuviera en condiciones de llevar adelante esas tareas debía mejorar su funcionamiento y reforzar su disciplina interna.

En el terreno económico, Xi Jinping continuó con la política de Reforma y Apertura de Deng Xiaoping. Lo contrario hubiera sido acabar con la gallina de los huevos de oro, con la fórmula que había permitido a China salir de la miseria e iniciar un proceso de fuerte crecimiento. En 2018 asistí a un acto en el Gran Palacio del Pueblo para conmemorar el 40 aniversario del inicio de la política de Reforma y Apertura. En su discurso, Xi afirmó que las reformas habían fortalecido a China, habían revitalizado la nación y habían reforzado su confianza en sí misma. Se mostró orgulloso de los logros alcanzados en ese período. Declaró que en esos cuarenta años China había multiplicado por ochenta el tamaño de su economía. El incremento medio del PIB había sido de un 9,7 por ciento anual, frente al 2,7 de media mundial. La esperanza de vida pasó de los 67,8 años de 1981 a 76,7 en 2018. Se había creado una clase media de unos 400 millones de consumidores, la más grande del mundo. China necesitaba seguir avanzando en las reformas, porque, de lo contrario, retrocedería. Xi anunció que se iba a reformar todo aquello que necesitara ser reformado, pero no lo que no debiera serlo. Destacó que debe ser el mercado el que asigne el uso de los recursos, pero que el sector público de la economía desempeña un papel esencial. Subrayó que no existe un manual que se pueda aplicar para llevar adelante las reformas y —en alusión a las críticas norteamericanas a un mayor cierre de la economía china desde su llegada al poder— que tampoco hay un maestro que pueda dictar al pueblo chino lo que tiene que hacer.

Pero al mismo tiempo que mantenía la política de Reforma y Apertura de Deng, Xi Jinping trató desde el primer momento de hacer frente a las tensiones provocadas por el vertiginoso crecimiento económico de China. Empezó con la corrupción dentro del Partido. Poco después de llegar al poder convocó una reunión del Politburó en Zhongnanhai, el centro del poder en China, una parte de la Ciudad Prohibida de Pekín que, desde los tiempos de Mao, los altos dirigentes del Partido segregaron del resto del palacio imperial para instalar allí sus despachos y sus residencias. James Miles ha señalado que en esa reunión Xi advirtió de que la corrupción podía «acabar destruyendo el Partido y el país». Era fundamental acabar con ella. No escaseaban los casos de hombres de negocios que sobornaban a miembros del Partido y a funcionarios públicos y obtenían de manera irregular licencias, concesiones, contratos públicos, tierras o créditos a tipos de interés favorables.

No hace mucho apareció un libro, Red Roulette, que explica los mecanismos de corrupción que permitieron amasar una fortuna a Zhang Peili, la mujer de Wen Jiabao. Wen fue primer ministro entre 2003 y 2013, durante la presidencia de Hu Jintao. El autor, Desmond Shum, había participado en la trama trabajando a las órdenes de Zhang junto con su mujer Whitney. Shum se había separado de ella y se encontraba en el extranjero; pero, cuando la publicación del libro era inminente, Whitney fue detenida y le llamó por teléfono a Londres para pedirle que no lo publicara. Shum lo publicó de todas formas, y Whitney desapareció durante años en una prisión china. Red Roulette describe un mundo en el que personas conectadas con las altas esferas del Partido utilizan información confidencial y contactos privilegiados para hacer negocios millonarios con empresarios privados, sobre todo del sector inmobiliario. La impresión que transmiten sus páginas es que los hechos que relata no constituyen un caso aislado. Cerca de la Embajada española en Pekín se levantan algunos de los edificios construidos por la trama descrita en Red Roulette.

Xi lanzó una amplia campaña contra la corrupción en la que se investigó a los miembros del Partido y del Consejo de Estado, los gobiernos locales, las fuerzas armadas, las empresas públicas y todos los niveles de la administración. Se prohibieron prácticas ya establecidas, como los grandes banquetes que se presentaban como comidas de trabajo, beber alcohol en horas de oficina, recibir regalos costosos —la cifra de negocio de la industria del lujo en China experimentó una sensible caída— o incluso que los miembros del Partido jugaran al golf. El golf está mal visto en el Partido, que lo denomina el «opio verde». En Asia no es raro que en un partido de golf se acuerden negocios importantes. En el PCCh se piensa que algunos de sus miembros fueron corrompidos durante un partido de golf. Los empresarios invitaban a los funcionarios a jugar, les pagaban viajes a campos de golf en lugares exóticos o tarifas de inscripción en clubes muy exclusivos. Además, el golf se considera en China un deporte de ricos, y el Partido cree que sus miembros no deben ser percibidos como ricos, sino como parte del pueblo.

La campaña anticorrupción fue muy extensa y continúa hoy. Yuen Yuen Ang estima que en 2018 un millón y medio de funcionarios habían sido sancionados. Entre ellos los había de nivel medio y bajo, y otros de un nivel muy alto. Moscas y tigres, respectivamente, como los denominó el propio Xi. Desde entonces la corrupción no ha desaparecido —tampoco en sectores clave como las fuerzas armadas—, pero se ha reducido notablemente.

La campaña de Xi contra la corrupción fue muy popular entre la población y lo reforzó políticamente. Con ella hizo notar su impronta desde el primer momento, marcando la diferencia con la época de su antecesor, Hu Jintao. En muchos aspectos, el mandato de Xi ha supuesto una crítica implícita al de Hu y a todo lo que representa. Las diferencias entre ambos quedaron expuestas a la luz pública con la expulsión de Hu de la sala del Gran Palacio del Pueblo durante el XX Congreso del PCCh en octubre de 2022. En su discurso inaugural del Congreso, Xi había alabado algunas reformas de la década de Hu, pero criticó que en ella «con demasiada frecuencia [...] se ignoraban las leyes» y había «patrones de pensamiento erróneos, como el culto al dinero, el hedonismo, el egocentrismo y el nihilismo».

En su batalla contra la corrupción, Xi encarceló a muchos corruptos, pero de la misma tacada se deshizo de algunos enemigos políticos. El más prominente de ellos fue Bo Xilai, miembro del Politburó y estrella en ascenso de la política china. Igual que Xi, Bo era un «principito», el hijo de un dirigente comunista histórico, acostumbrado como él a vivir en medio de los privilegios reservados a las familias de los altos cargos del PCCh. Bo era un político hábil, con una gran capacidad de comunicación. Como secretario general del Partido en la provincia de Chongqing ganó popularidad luchando contra las mafias y construyendo viviendas para los sectores más desfavorecidos. Su forma de hacer política incluía toques populistas, como revivir las canciones revolucionarias de la época de Mao o criticar a los nuevos millonarios y las desigualdades provocadas por las reformas económicas. Lo arrestaron después de que su mujer fuera acusada de asesinar a un hombre de negocios británico y de que su jefe de policía tratara de refugiarse en un consulado de Estados Unidos. Xi hizo detener a Zhou Yangkang, aliado político de Bo y miembro del Comité Permanente del Politburó, el sanctasanctórum del poder dentro del PCCh. Como secretario de la Comisión Central Política y de Asuntos Legales, Zhou había tenido bajo su control todo el aparato de seguridad del Estado, los servicios de inteligencia y los tribunales de justicia.

Xi trató igualmente de corregir las fuertes desigualdades que habían aparecido después de décadas de crecimiento económico desenfrenado. Afectaban especialmente a las zonas rurales, muy desfavorecidas en relación con las ciudades, a pesar de los programas lanzados durante los años de Jiang Zemin y Hu Jintao para intentar corregir esa situación. Una de sus manifestaciones es el gran número de emigrantes irregulares, que el China Labour Bulletin estima en unos doscientos millones de personas, aproximadamente la mitad de todos los que han emigrado del campo a las ciudades. Son trabajadores que carecen del hukou, el permiso de residencia en la ciudad donde viven, y se ven condenados a trabajar en condiciones de marginalidad, con sueldos muy bajos y sin acceso a servicios sociales como la sanidad, la vivienda o la educación para sus hijos.

Existe en China un serio problema de desigualdad entre campo y ciudad, entre las diferentes regiones y entre los distintos sectores económicos. Su índice Gini era en 2023 del 35,7 (el de España era del 31,5, y el de Dinamarca del 28,2). Los dirigentes del Partido son conscientes de que este nivel de desigualdad no es congruente con el hecho de que China esté gobernada por un Partido que se denomina comunista. Como en el caso de la corrupción, temen que ello afecte a la imagen del Partido ante la población.

Para luchar contra la desigualdad, Xi Jinping reforzó las políticas de sus predecesores de desarrollo rural y lucha contra la pobreza. En febrero de 2021 declaró la «victoria total» en la lucha contra la pobreza extrema en China y afirmó que se había logrado sacar de esa situación a 740 millones de personas. Más del 70 por ciento de la reducción de la pobreza en todo el mundo en las últimas décadas corresponde a los esfuerzos realizados en China, cuya contribución fue decisiva para el éxito de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas en el período 2000-2015. La eliminación de la llamada pobreza extrema no significa que en China no exista una proporción significativa de la población con niveles de ingresos muy bajos, pero millones de personas vieron mejorada su situación y tienen al menos un mínimo de subsistencia. Haber sacado de la pobreza a un número tan elevado de personas es un logro importante, más aún en un país en el que siempre han existido grandes diferencias sociales que han ejercido un papel decisivo a lo largo de su historia. Xi presentó estos resultados como una demostración del compromiso del Partido con los intereses reales del pueblo chino y de su eficacia para resolver los grandes problemas nacionales.

Con el objeto asimismo de combatir la desigualdad, Xi lanzó la política de Prosperidad Compartida. Esta iniciativa, sin embargo, no se ha desarrollado hasta ahora con claridad ni se ha traducido en medidas concretas. El gobierno es consciente de que sus políticas redistributivas no deben dañar al sector privado ni ahuyentar la inversión, especialmente cuando la economía china ha reducido su ritmo de crecimiento. Algunas de las ideas que han circulado hasta ahora no han ido muy lejos, como la petición a las grandes empresas de que incrementen sus donaciones a programas de beneficencia.

Xi quiso abordar las vulnerabilidades de China en su comercio exterior, particularmente la dependencia comercial china del resto del mundo. Una dependencia que afecta a sus exportaciones, que necesitan mantener su acceso a los mercados de otros países. Y también a sus importaciones de determinados productos, como los de tecnología avanzada, alimentos o materias primas estratégicas. Robin Nibblet subraya que China importa más del 70 por ciento del petróleo o del acero que necesita. En un contexto internacional marcado por una mayor tensión geopolítica con Estados Unidos, que en la primera presidencia de Trump aumentó las tarifas aduaneras a los productos chinos, los dirigentes de Pekín empezaron a dudar de la fiabilidad de los mercados exteriores.

En 2015 se anunció el Plan Made in China 2025, dirigido a fortalecer la política industrial en sectores de alta tecnología y crear campeones nacionales capaces de aumentar la autosuficiencia en dichos sectores y de exportar a todo el mundo. El objetivo era que nadie pudiera bloquear el crecimiento económico y el progreso tecnológico de China. Esta iniciativa tenía un componente proteccionista, al tiempo que incluía el propósito de invadir con productos chinos los mercados exteriores, por lo que fue muy criticada fuera de sus fronteras.

En 2020 el Gobierno chino lanzó la política de Circulación Dual con el fin de desarrollar el mercado interno. La idea era que las empresas chinas vendieran más en el mercado local y redujeran su dependencia de las exportaciones. Incluía el objetivo de sustituir importaciones por productos chinos; todo ello sin eliminar totalmente el comercio y las inversiones exteriores, que siguen siendo primordiales para China.

Los dirigentes chinos justificaron la política de Circulación Dual por la necesidad de defenderse de las medidas comerciales restrictivas aplicadas por Estados Unidos y la Unión Europea. El propio Xi Jinping la justificó como una forma de garantizar que la economía china pudiera seguir funcionando normalmente «en circunstancias extremas». Desde Occidente la han criticado asimismo por sus efectos proteccionistas. Muchos empresarios extranjeros se vieron perjudicados por las campañas destinadas a favorecer la compra de productos chinos, por las medidas dirigidas a reducir el número de expatriados residentes en China o por presiones para que sus empresas se financiaran en yuanes (también denominados renminbis, RMB) y no en dólares.

Para reducir sus vulnerabilidades exteriores, China ha tratado de multiplicar sus relaciones económicas con países amigos. Sin embargo, sus principales socios comerciales siguen siendo la Unión Europea y Estados Unidos, sin olvidarse de Japón o Corea del Sur.

La llamada del Partido a la autosuficiencia suponía un golpe de timón significativo, ya que el crecimiento de China se había fundamentado en la internacionalización de sus mercados y la expansión de la globalización. Entre 1985 y 2015, las exportaciones chinas de bienes a Estados Unidos se multiplicaron por 125. Las políticas Made in China 2025 y de Circulación Dual sugieren que, desde el punto de vista de Pekín, la globalización sigue siendo una oportunidad, pero se ha convertido al mismo tiempo en un riesgo. Genera beneficios mutuos y dependencias recíprocas. Es difícil acabar con éstas sin afectar a los primeros. Las previsibles consecuencias de una política orientada hacia la autosuficiencia serán una menor eficiencia económica y unas mayores dificultades para que China alcance el crecimiento de calidad al que aspira.

En esta misma línea de búsqueda de la autosuficiencia, Xi Jinping redobló la apuesta por la investigación científica, ya iniciada durante el mandato de sus predecesores. Éste se ha convertido en uno de sus objetivos prioritarios. Va dirigido igualmente a que China cuente con industrias militares de última generación que pueda poner al servicio de su proceso de rearme, de modo que sus fuerzas armadas estén en posición de enfrentarse a las de Estados Unidos.

La importancia asignada por Xi Jinping al desarrollo científico está vinculada a su proyecto de desarrollar un modelo de crecimiento de alta calidad. Xi ha reiterado que el crecimiento cualitativo importa más que el meramente cuantitativo, basado en el incremento anual del PIB. Es consciente de que resulta insostenible el modelo económico de los años de Deng, Jiang y Hu, basado en un suministro casi ilimitado de mano de obra barata para construir viviendas e infraestructuras y para inundar los mercados mundiales con productos de bajo precio. Por el declive demográfico de China y por la subida del nivel de vida de su población, que hace más competitivos los salarios en Vietnam, Indonesia o Malasia. Su modelo de crecimiento de alta calidad pretende basarse en la tecnología, la innovación, la mejora de la productividad y el incremento del valor añadido, y se centra en sectores como los vehículos eléctricos, las baterías o los paneles solares.

Xi Jinping se propuso acabar con los graves daños causados al medioambiente por la política de crecimiento a cualquier precio de las décadas anteriores. Existía un serio problema de contaminación en las ciudades que provocaba graves daños a la salud y frecuentes protestas de la población. Xi empezó a mencionar en sus discursos la necesidad de una coexistencia armoniosa del ser humano y de la naturaleza, citando el proverbio chino que compara las aguas cristalinas y las verdes montañas con cordilleras de oro y plata. Aceleró la transición hacia las energías limpias y aprobó para ello reformas estructurales de amplio alcance. El gobierno central dio instrucciones a las empresas públicas y a las provincias para reducir el consumo de combustibles fósiles e incrementar el de energías renovables, fijando objetivos de eficiencia energética y porcentajes obligatorios de su utilización. China es hoy con gran diferencia el país con la mayor capacidad instalada del mundo de energía solar y eólica y con el mayor volumen de generación de electricidad a partir de ellas. Su despliegue crece a un ritmo muy elevado. Está desarrollando un mercado nacional de emisiones. Tiene el mayor número de vehículos eléctricos del mundo. Ha reforestado grandes áreas de su territorio —su papel en la deforestación de otras zonas del mundo es una cuestión diferente— y ha puesto en práctica grandes proyectos para detener la desertificación en el desierto de Gobi.

Las energías renovables representan en China el 50 por ciento de la capacidad instalada y aproximadamente un 30 por ciento de la generación de energía, lo cual indica que existen problemas de eficiencia energética y cuellos de botella en el uso de las renovables que exigen soluciones técnicas. Los principales tienen que ver con la flexibilización de la red de distribución eléctrica y la capacidad de almacenaje.

China sigue siendo el mayor emisor de CO₂ del mundo, con alrededor de un un 27 por ciento del total. Dado ese alto volumen de emisiones, la Unión Europea espera un mayor nivel de ambición de China, que se ha comprometido a alcanzar el pico de emisiones en 2030 y la neutralidad en 2060. La rapidez en el despliegue de las energías renovables permite pensar que ambos objetivos se alcanzarán mucho antes. Aun así, la cuestión es si este ritmo de descarbonización es suficiente, dados el ritmo de avance del calentamiento global y la contribución de China a ese avance. El gobierno seguirá buscando un equilibrio entre reducir sus emisiones y garantizar el suministro energético. El ritmo acelerado de descarbonización contribuyó a la crisis de suministro de energía de 2021, y las autoridades no quieren que esa experiencia se repita. Las autoridades chinas priorizaron entonces la seguridad energética ralentizando la reducción de emisiones y autorizando la construcción de nuevas centrales de carbón. Justifican además su posición alegando que sus emisiones per cápita (7,8 toneladas métricas) están por debajo de las de Estados Unidos (13). La retirada de Trump del Acuerdo de París previsiblemente limitará la presión sobre China para que reduzca sus emisiones. Pero la necesidad de hacerlo —en su caso, en el de Estados Unidos y en el de otros grandes emisores de CO₂— seguirá siendo la misma. Es difícil entender, por ejemplo, que el principal país emisor de CO2 del mundo, responsable de unas emisiones históricas de CO2 similares a las de Europa, se niegue a contribuir a la financiación climática, algo esencial para que los países menos desarrollados puedan hacer frente a este problema.

Junto a estas políticas correctoras de los desequilibrios provocados por el rápido crecimiento chino, Xi introdujo medidas dirigidas a embellecer las ciudades, ajardinando las avenidas, haciendo cumplir medidas de higiene o instalando baños públicos en muchos lugares, que se mantienen en general impecables. En pocos años las ciudades chinas cambiaron notablemente su aspecto exterior. Estas medidas iban dirigidas a dignificar los espacios públicos y consiguieron que sus habitantes se sintieran orgullosos de las mejoras y las asociaran a las políticas del Partido.

Todas estas políticas introducidas por Xi Jinping exigían una mayor intervención pública en la economía. Para eliminar la corrupción. Para que las empresas se ajustaran a las nuevas políticas del Partido. Para intentar reducir las desigualdades de renta. Para apoyar el crecimiento de alta calidad. Para limitar las vulnerabilidades exteriores de la economía china. Para subsidiar las actividades de investigación y desarrollo. Para obligar a las empresas a reducir su huella de carbono.

Las autoridades chinas cuentan con tres instrumentos principales para intervenir en la economía: las empresas públicas (conocidas como SOE por sus siglas en inglés, state owned enterprises), las células del Partido existentes en el seno de las empresas (públicas y privadas) y la planificación llevada a cabo mediante los Planes Quinquenales.

Estos últimos establecen los objetivos prioritarios del gobierno central y de los gobiernos provinciales y locales coordinándolos entre sí. Se traducen en numerosas actuaciones concretas a todos los niveles de las diferentes administraciones. Esta coordinación, junto con la capacidad de planificación a largo plazo —que contrasta con los calendarios políticos mucho más cortos de los sistemas democráticos—, permite a China movilizar de forma sostenida durante largos períodos de tiempo recursos muy importantes para alcanzar determinados objetivos. Xi Jinping ha incidido sobre todo en un enfoque desde arriba hacia abajo. Se ha dado más prioridad a las directrices que proceden de Pekín y menos a la práctica tradicional de dejar libertad a las provincias para que experimenten diversas fórmulas de desarrollo económico e incluso compitan entre sí de forma que al final se pueda elegir la que funciona mejor.

Las empresas públicas son una herramienta fundamental del Partido para impulsar sus objetivos económicos. Constituyen una correa de transmisión de las prioridades políticas del Partido a la economía real. Son un instrumento esencial de la robusta política industrial que China lleva desarrollando desde hace décadas, y que Xi ha reforzado. El Partido las utiliza para impulsar sus políticas de eliminación de la pobreza o de creación de empleo. Canaliza a través de ellas medidas de estímulo económico, subsidios a empresas en determinados sectores o apoyos a la consolidación de grandes conglomerados como Huawei. El Partido las controla estrechamente y las utiliza para tener una presencia dominante en sectores estratégicos como la energía, el transporte, las tierras raras, la construcción o las finanzas. En todos ellos su presencia es relevante. Las autoridades las apoyan mediante subsidios, ventajas fiscales, compras públicas, ayudas a la investigación, cesión de suelo, marcos regulatorios favorables y medidas proteccionistas frente a la competencia del exterior.

El sector público supone en la actualidad el 40 por ciento del PIB chino, y su peso ha crecido durante el mandato de Xi Jinping y ha invertido la tendencia de las décadas anteriores. Un estudio de los economistas Tianlei Huang y Nicolas Véron indica que en los mercados de valores el sector privado representaba en 2023 el 42,8 por ciento del valor de las primeras 100 empresas chinas, más de 10 puntos menos de lo que suponía 2 años antes, en 2021. De las 130 entidades chinas incluidas en la lista Fortune Global 500, 75 son estatales.

En la época de Xi se han creado comités o células del Partido en todas las empresas de cierto tamaño, públicas y privadas. El objetivo principal de estos comités es que las empresas no se desvíen de las líneas políticas marcadas por el PCCh. En el caso de las empresas públicas los comités participan directamente en su gestión y en la toma de decisiones. La Constitución del Partido señala que en ellas sus comités «desempeñarán un papel de liderazgo, marcarán la dirección correcta, mantendrán una visión global, se asegurarán de que se aplican los principios y las políticas del Partido y debatirán y decidirán sobre los asuntos principales de sus empresas».

En lo que concierne a las empresas privadas, el Partido entiende que deben tomar sus propias decisiones, pero a través de sus comités les transmite sus prioridades y trata de hacer que se ajusten a ellas todo lo posible, asegurándose en cualquier caso de que no actúen de manera contraria. El sector privado tiene un peso significativo en China. Supone el 60 por ciento del PIB, el 50 por ciento de los ingresos fiscales, el 70 por ciento de la innovación tecnológica, el 80 por ciento del empleo urbano y el 90 por ciento de las empresas.

Los comités del Partido se han creado asimismo en algunas empresas extranjeras, que desean mejorar así su relación con el PCCh. En ocasiones contratan a antiguos militantes del Partido para sus departamentos de relaciones gubernamentales y de comunicación para facilitar su acceso a las autoridades.

El intervencionismo del Partido se ha extendido igualmente a los mercados financieros. Su objetivo es que los capitales públicos (mediante los llamados fondos de guía) y privados financien sectores prioritarios en áreas donde la competición con Occidente es más intensa, como los semiconductores, la inteligencia artificial, las energías renovables o las industrias de defensa. También se esfuerza por prevenir episodios de inestabilidad financiera.

Los ejecutivos de las empresas privadas saben que deben llevarse bien con el Partido y que el coste de no hacerlo es muy alto. Si lo hacen recibirán subsidios y otros apoyos similares a los que se conceden a las empresas públicas. Si no lo hacen tendrán que atenerse a las consecuencias. Se trata del tipo de ofertas que no se pueden rechazar. Claudio F. González describe este sistema como un capitalismo clientelista que refleja los valores asiáticos, en el que las grandes empresas se ponen al servicio del gobierno a cambio de protección y ventajas económicas.

Un ejemplo de la determinación del Partido de meter en cintura a las empresas privadas que no obedecen sus indicaciones fueron las medidas adoptadas a finales de 2020 contra Alibaba. Estas medidas bloquearon la salida a bolsa en Shanghái y Hong Kong de su filial para microcréditos por internet, Ant Group, por un valor estimado en torno a 35.600 millones de euros. El fundador de Alibaba, Jack Ma —propietario del periódico de Hong Kong South China Morning Post—, es un empresario al que le gusta mantener un cierto perfil público. Pocos días antes yo me había encontrado con él en un foro en la isla de Hainan, en el que destacó la importancia del Ant Group y de las nuevas fintech (ʻtecnofinanzas’), y se mostró muy confiado en los beneficios que las pequeñas y medianas empresas podían obtener con esta nueva fórmula de financiación. Explicó que se trataba de créditos que podían concederse en cuestión de minutos, aprovechando los instrumentos de la inteligencia artificial y la inmensa cantidad de datos sobre posibles clientes de los que dispone su empresa. Unos días más tarde, sin embargo, Ma acusó de incompetentes a los reguladores chinos, quienes en su opinión estaban entorpeciendo la operación de Ant Group. El Partido consideró esas declaraciones inaceptables y respondió bloqueando su salida a bolsa, lo que causó pérdidas multimillonarias a la empresa. Ma desapareció de la escena pública durante un largo tiempo. El gobierno impuso poco después un régimen regulatorio mucho más estricto sobre el sector de créditos por internet, forzó una reestructuración de Ant Group e impuso a Alibaba una multa de 18.000 millones de yuanes por violar las leyes antimonopolios. El mensaje era claro: las palabras de Ma habían disgustado al Partido, y el Partido lo había puesto en su sitio, recordándole quién mandaba en China.

La campaña para meter en cintura a las grandes empresas tecnológicas continuó con Didi y Tencent. En 2021 a Didi se le prohibió durante año y medio que registrara nuevos clientes en su aplicación como castigo por salir a bolsa en Nueva York y estar dispuesta a llevar a Estados Unidos los datos de sus clientes sin el permiso del Partido, que quería retenerlos en China por razones de seguridad. Recibió una multa de 1.155 millones de euros por violar las medidas de seguridad en el uso de los datos. Tencent, propietaria de WeChat, fue multada en 2023 con el equivalente a 394 millones de euros por violar el marco regulatorio de los servicios de pago por internet.

Un artículo aparecido en esa época en el Diario del Pueblo, el órgano del Partido Comunista de China, subrayaba la necesidad de un «desarrollo ordenado del capital» a fin de impedir su «crecimiento salvaje». La gestión del capital debe «guiar a las compañías y exigirles que obedezcan al liderazgo del Partido», que sirvan a la economía y tengan una «visión amplia del desarrollo de la sociedad», animándolas a que «desempeñen un papel positivo en el desarrollo tecnológico, la vida de la gente y la competición internacional».

En China, el crecimiento económico es importante. Pero más importante aún es el control del Partido sobre las grandes decisiones económicas.

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El énfasis en la seguridad

En la apertura del XX Congreso del Partido en octubre de 2022, Xi Jinping dedicó una parte significativa de su discurso a la seguridad nacional, que debía ser protegida en todos sus aspectos. Destacó que el país debía estar preparado para enfrentarse a un día lluvioso, a fuertes olas e incluso a grandes tormentas. Al final del discurso había repetido noventa y una veces el término seguridad y veintinueve veces seguridad nacional.

Junto con un mayor intervencionismo del Estado en la economía, Xi Jinping ha puesto también el acento en la seguridad nacional. El control del Partido sobre todo lo que sucede en el país es su objetivo fundamental y, dentro de ese control, la seguridad del Estado es una prioridad absoluta. En la época de Xi la seguridad está por encima de todo. Según la agencia Nikkei, el presupuesto del aparato de seguridad chino es superior a su presupuesto de defensa.

Xi percibe dos graves peligros a los que debe enfrentarse el sistema político chino. Uno es la demanda de una mayor apertura política por parte de algunos sectores de la sociedad, empezando por individuos o empresas que no dependen económicamente del Estado. El otro, las actividades hostiles de Estados Unidos y de otros gobiernos occidentales para desestabilizar a China, especialmente desde que ha empezado a proyectar su nuevo poder hacia el resto del mundo. El aparato de seguridad del Estado debe prepararse para hacer frente a esas y a otras amenazas.

Un documento de 2023 de la Comisión Central de Asuntos Políticos y Legales del PCCh cita algunas de ellas, como el sabotaje, el terrorismo y las revoluciones de colores —una obsesión de Xi—, que se suelen mencionar en los documentos del Partido. El documento dedica una atención especial a los riesgos de infiltración ideológica, recalcando que las fuerzas exteriores hostiles agitan constantemente los problemas sociales y las emociones negativas, por lo que se deben fortalecer las posiciones ideológicas del Partido.

El ministro de Seguridad del Estado y secretario general de la Comisión Central de Asuntos Políticos y Legales del PCCh, Chen Yixin, declaró ese mismo año que la seguridad política es esencial para la seguridad nacional. Su prioridad absoluta era proteger el liderazgo y la posición dominante del Partido y del socialismo con características chinas. Para ello hay que fortalecer la sensibilidad, la comprensión y la implementación políticas.

Para lograrlo, la China de Xi Jinping se ha dotado de nuevos instrumentos. Uno de ellos es la Ley de Contraespionaje, aprobada en 2023. La ley tiene un alcance muy amplio: ensancha la definición del espionaje y castiga severamente la transferencia ilegal de cualquier información relacionada con la seguridad nacional. La ley involucra a la población en esta tarea y ordena promover campañas de propaganda en los medios de comunicación para concienciarla sobre la importancia de luchar contra las actividades de espionaje. Los órganos de seguridad nacional deben apoyarse en el pueblo en su trabajo de contraespionaje, movilizarlo con ese fin y establecer recompensas para quienes ayuden a desenmascarar ese tipo de actividades. El artículo 7 de la Ley Nacional de Inteligencia señala además que «todas las organizaciones y los ciudadanos apoyarán, asistirán y cooperarán con los esfuerzos de inteligencia nacional de acuerdo con la ley, y protegerán los secretos del trabajo de la inteligencia nacional que conozcan».

El Ministerio de Seguridad del Estado ha creado una dirección de WeChat —el WhatsApp chino— a la que los ciudadanos pueden escribir para denunciar actividades sospechosas y supuestos casos de espionaje. Es una herramienta peligrosa, porque puede provocar acusaciones falsas, venganzas personales o acoso a ciudadanos extranjeros y generar un clima de miedo. Se puede terminar creando un ejército de informantes con motivaciones muy diversas, un mecanismo de delaciones similar al de la Inquisición.

Durante el tiempo que pasé en China comprobé un cambio en la actitud hacia los extranjeros, especialmente los occidentales. En 2018 la actitud era de acogida amistosa y de interés por ellos. En 2024 existía un mayor recelo y distanciamiento, dentro de la cordialidad habitual de los chinos.

En 2024 se revisó la Ley de Secretos de Estado. En ella se incluyen los «secretos de trabajo», que no son secretos de Estado, pero pueden causar efectos negativos si se desvelan, y que no se definen de forma clara. Las leyes chinas no siempre precisan las conductas concretas que pueden afectar a la seguridad nacional y conducir a la imposición de penas severas. Dejan así un amplio margen de interpretación a los jueces (y al Partido) y generan inseguridad jurídica. Es el caso también de la ley de contraespionaje. Algunos empresarios extranjeros han empezado a temer, por ejemplo, que puedan considerarse como delitos contra la seguridad del Estado actividades normales de las empresas, como obtener información sobre la situación de los mercados o sobre otras empresas competidoras.

En 2023 se produjeron varios casos que afectaron a empresas consultoras extranjeras. La policía registró las oficinas de la consultora norteamericana Bain en Shanghái. Meses antes, varios empleados chinos de otra consultora norteamericana, Mintz Group, fueron detenidos e interrogados en Pekín. Se abrió por motivos de seguridad una investigación a la compañía estadounidense Micron Technology, fabricante de semiconductores, y se detuvo a un ejecutivo japonés de la farmacéutica Astellas Pharma, que fue acusado de espionaje.

Un aspecto fundamental de la seguridad nacional en la época de Xi es el control de la información. El control del relato es una prioridad absoluta del Partido. La realidad tiene que adaptarse a los objetivos del Partido, no al contrario. La tarea del gigantesco aparato de propaganda del PCCh consiste en manipular la información de acuerdo con esos objetivos. Un documento del Partido subraya la necesidad de fortalecer su penetración en los medios chinos y su capacidad para guiar e influir. En la Conferencia Nacional sobre el Trabajo de Propaganda en 2013, Xi afirmó que los líderes del Partido deben asegurarse de que sean los políticos quienes dirigen los periódicos.

El Partido cuida mucho su aparato de propaganda porque sabe que es uno de sus instrumentos esenciales para controlar el poder. Reúne con frecuencia a sus responsables en las diversas provincias para impartirles instrucciones. La prioridad es defender el socialismo con características chinas y el liderazgo de Xi Jinping eliminando cualquier información o comentario que pueda cuestionarlos, fomentando el patriotismo y conectándolo con la lealtad al Partido.

El departamento de propaganda del Partido ejerce una supervisión estricta sobre los medios de información. La primera barrera es la autocensura. Los periodistas adaptan sus artículos a lo que esperan que resulte aceptable para el Partido porque, de lo contrario, no durarán mucho tiempo en su trabajo. En una conversación con uno de los más conocidos periodistas chinos, muy leal al Partido, me reconoció que la prensa en China «no es abierta». Dijo que algunos periodistas tratan de ampliar el margen de lo que se puede publicar, pero sin provocar una reacción negativa del Partido. Añadió que él mismo tiene mucho cuidado con lo que escribe y que tiene que calibrar bien todos sus artículos. Cree, sin embargo, que la libertad de prensa absoluta no podría ser gestionada adecuadamente en una nación de las dimensiones de China, y llevaría al caos. Naturalmente, hay periodistas más audaces que otros, que tratan de empujar todo lo posible los límites de lo que piensan que el Partido puede aceptar. Pero al final esos límites inevitablemente aparecen. En China no existe la información, sino la propaganda.

El Partido se esfuerza por crear fuera de sus fronteras una imagen positiva del país. Utiliza ampliamente las redes sociales occidentales, que él mismo ha prohibido en China. Estos esfuerzos, sin embargo, tienen sus limitaciones. Unos periodistas extranjeros a los que habían contratado para trabajar en medios chinos dirigidos a las audiencias del exterior me comentaron que ellos no elaboraban las noticias, sino que se las dictaban sus jefes chinos. Para éstos la prioridad no era buscar la mejor manera de comunicar hacia otros países, sino asegurarse de que la presentación del tema gozara de la aprobación del Partido.

Como escribe Richard McGregor, el Departamento Central de Propaganda del Partido controla todas las fases del debate sobre cualquier cuestión: su tratamiento en los libros de texto de los colegios, las clases que se imparten en las universidades, los artículos y los libros que producen los centros de investigación y, naturalmente, las instrucciones que se envían a los medios de comunicación. Cuando lo estima necesario, aplica sencillamente la censura. Así lo hizo por ejemplo cuando recortó por propia iniciativa los párrafos críticos de un artículo que enviamos al China Daily los embajadores de los Estados miembros de la Unión Europea en Pekín en 2020, con ocasión del 45 aniversario de las relaciones entre la Unión Europea y China, lo que provocó una dura protesta de las embajadas de la Unión Europea en el país.

Diversas restricciones se aplican a los medios extranjeros presentes en China. La pandemia ofreció un buen pretexto para ello. Se produjeron expulsiones de periodistas, especialmente de periodistas chinos en Estados Unidos y norteamericanos en China. Las autoridades norteamericanas limitaron el número de corresponsales que podían trabajar para los medios chinos, controlados por el Estado. Pekín respondió expulsando o negándose a renovar los visados de periodistas de medios como TheNew York Times, TheWall Streel Journal o TheWashington Post. TheNew York Times por ejemplo pasó de tener una docena de periodistas en China a disponer de uno solo. Los corresponsales expulsados eran muchas veces los que llevaban más años en el país y lo conocían mejor, por lo que sus crónicas resultaban más incómodas para las autoridades. Las autoridades chinas adoptaron además otras medidas, como denegar la autorización de visados para nuevos corresponsales, no renovarlos, o concederlos de muy corta duración. Las fuerzas de seguridad siguen de cerca en todo momento a los periodistas que viajan a Sinkiang para informar sobre la situación de los derechos humanos. Muchas fuentes locales de los corresponsales, así como sus empleados chinos, han recibido advertencias de las autoridades sobre lo que deben o no deben contar. Durante mis años en Pekín, un periodista español sufrió ciberacoso tras publicar un artículo crítico sobre Xi Jinping.

Existen numerosos casos de informaciones manipuladas o bloqueadas en los medios locales. En un régimen como el chino, que filtra la información y permite su difusión de acuerdo con sus intereses políticos, las actividades de desinformación son consustanciales al sistema. Se prohíbe, por ejemplo, cualquier referencia a los sucesos de Tiananmén de 1989, cuya memoria trata de erradicar el aparato de propaganda del Partido. Con bastante éxito, hay que decir. Se ocultó igualmente la información sobre la reclusión forzosa en Sinkiang de aproximadamente un millón de uigures como método para luchar conta el extremismo yihadista, así como su política sistemática de diluir la identidad uigur —lo mismo que hace con la tibetana o la mongola en otras provincias chinas— y reemplazarla poco a poco por la cultura han, la de la gran mayoría de la población china. Las embajadas europeas en Pekín han protestado reiteradamente por la desinformación en los medios chinos sobre la guerra de Ucrania, en los que se omite la agresión rusa y se acusa a los gobiernos occidentales de alimentar la tensión suministrando armas a Kiev, sin las cuales caería inmediatamente en manos de Moscú. Se utilizan las redes sociales occidentales, como Facebook o Instagram, para crear cuentas falsas desde las que se difunden informaciones favorables a China.

Las actividades de desinformación se multiplicaron con ocasión de la pandemia de la COVID-19. Se ocultaron los datos iniciales sobre los casos de neumonía en Wuhan. Se silenciaron muchas de las críticas que aparecieron en redes sociales durante las primeras semanas contra la gestión de la pandemia por parte de las autoridades. Los medios chinos tampoco informaron sobre el elevado número de muertes que provocó la manera brusca con la que se puso fin a las restricciones a finales de 2022.

En octubre de 2020, meses después del estallido de la pandemia de la COVID-19, se aprobó la Ley de Bioseguridad, que concentra la información sobre amenazas a la bioseguridad en el Consejo de Estado y castiga la difusión de noticias supuestamente falsas sobre estas cuestiones. El objetivo de la ley era desalentar a personas como el doctor Li Wenliang, quien difundió informaciones sobre el coronavirus que estaba expandiéndose en Wuhan en un momento en el que las autoridades estaban bloqueando toda la información al respecto.

Las autoridades chinas utilizan medios muy sofisticados para controlar estrictamente el ciberespacio. Éste es un punto muy importante para Xi Jinping. En una visita en 2022 al Instituto de Investigación del Ciberespacio de China, Xi describió el ciberespacio como «el hogar espiritual común de cientos de millones de personas» y subrayó la necesidad de crear un ciberespacio «limpio para garantizar que el contenido de la información sea estandarizado y positivo», y de esta manera «cultivar la ciberética y las normas de comportamiento que se ajusten a los valores fundamentales socialistas».

El control del ciberespacio se lleva a cabo hacia dentro y hacia afuera. China ya no tiene sólo una Gran Muralla, sino dos: la de piedra, que defendía en el pasado sus fronteras contra los pueblos del norte, y la Gran Muralla Electrónica, levantada por el Estado para impedir que su población acceda a determinadas informaciones difundidas en el exterior que el Partido juzga como contrarias a sus intereses. En China no se puede acceder a Google, a X o a WhatsApp, salvo si se dispone de una VPN, cuyo uso está muy restringido. China ha terminado creando un universo de internet alternativo al norteamericano, que al principio parecía no tener rival en el mundo. WhatsApp, Uber y Amazon no funcionan en China, pero sí lo hacen sus equivalentes locales, WeChat, Didi y Alibaba.

El control hacia el interior incluye múltiples filtros. Como señala Claudio F. González, el sistema intercepta en las redes los mensajes no deseados y los borra inmediatamente. Para ello se utilizan algoritmos que identifican palabras clave como Tiananmén, derechos humanos o Sinkiang. Se emplean deepfakes (‘ultrafalsos’) para modificar imágenes en un vídeo cambiando, por ejemplo, la cara de un personaje caído en desgracia. Ello tiene una relevancia especial en China porque la gran mayoría de la población se informa por medios digitales. La prensa y la televisión representan el pasado.

Cuando los usuarios de redes sociales envían mensajes considerados inaceptables, los censores bloquean la cuenta de Weibo o de WeChat desde la que se han emitido y multan a sus titulares. En ocasiones, los censores permiten que esos mensajes circulen durante un tiempo limitado para conocer la reacción de la gente e identificar a quienes escriben comentarios contrarios al Partido o a los funcionarios que son criticados. Poco después, esos mensajes se suprimen definitivamente de las redes. Según The Economist, en un período de dos meses en 2023 las autoridades chinas afirmaron haber borrado 1.300.000 mensajes y bloqueado 67.000 cuentas.

Este sistema provoca un alto nivel de autocensura en las redes sociales chinas. Algunas empresas se especializan en ofrecer a las plataformas servicios de censura previa para evitar que tengan problemas, sobre todo en cuestiones como los asuntos políticos, la pornografía o la incitación a la violencia. Existen bots y cuentas controladas por el Estado que envían mensajes positivos sobre las políticas del Partido. Tampoco en China el blockchain es descentralizado ni anónimo, sino que una agencia del gobierno supervisa a sus usuarios. Se exige una identificación obligatoria, se controla centralmente y las autoridades pueden acceder a todos los datos y a todas las transacciones.

El sistema chino de control del ciberespacio conduce a consecuencias opuestas a la manera en que funcionan las cosas en Occidente. Al suprimir todos los mensajes que se desvían de la ortodoxia del Partido, se controlan el relato y los límites del debate. En los países democráticos, en cambio, Google, Facebook y otras grandes plataformas tecnológicas disponen de algoritmos que identifican los gustos del usuario para poder enviarle otros mensajes compatibles con ellos, ya sean comerciales o políticos. De esta manera, el sistema chino conduce al pensamiento único y el occidental a la polarización de las sociedades. Las autoridades chinas están convencidas de que su gestión política de las redes produce efectos más beneficiosos que el sistema occidental. El libro blanco chino, publicado en 2022, indica al respecto que «un ciberespacio limpio y sensato es de interés para la gente, mientras que uno contaminado y degenerado está en contra de los intereses públicos. China está comprometida en crear un ciberecosistema sano, civilizado, limpio y correcto». El punto de vista occidental es muy diferente. S. Fischer ha denominado este modelo chino de control del ciberespacio «leninismo digital», un modelo que permite explotar las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, el big data o el blockchain sólo dentro de un marco de control social. Para John Garnaut, en la China de Xi, internet ha pasado de ser un instrumento de democratización a una herramienta de control omnisciente.

Se ha dicho que los datos son el petróleo del siglo XXI, y China está decidida a explotarlos plenamente. En un país en el que el uso del móvil está más extendido que en ningún otro lugar, hay 1.400 millones de personas que producen a diario datos sobre sus gustos, costumbres e intereses. Se genera así un inmenso volumen de datos procedentes de las redes sociales, las plataformas de comercio electrónico, las aplicaciones de los teléfonos móviles, los medios de pago digitales o las cámaras instaladas en las ciudades. El gobierno puede disponer de ellos sin las limitaciones que establece en Occidente la legislación sobre protección de datos. Todos esos datos quedan registrados en unos servidores que, por ley, deben permanecer en territorio chino en todo momento. Se ha creado una potente infraestructura digital que permite manejar los datos con el fin de proteger la seguridad nacional. De ello se ocupa la Oficina Nacional de Datos, que ha multiplicado los mecanismos de vigilancia sobre las plataformas digitales chinas y ha reforzado el marco regulatorio. La sanción impuesta a Didi en 2021 obedeció a su decisión de salir a bolsa en Nueva York y llevarse a Estados Unidos los datos de sus clientes sin el permiso del Partido.

Esa enorme cantidad de datos disponible, su estricto control por el Estado y las normas más laxas sobre protección de la privacidad crean ventajas comparativas que han favorecido el desarrollo de la inteligencia artificial. Las empresas chinas disponen de cantidades ingentes de datos con los que pueden crear programas de inteligencia artificial muy avanzados y aplicaciones innovadoras. Esto ha impulsado enormemente la economía digital. Según el vigente plan quinquenal, en 2025 ésta debe generar el 10 por ciento del PIB, frente al 7,8 por ciento que generó en 2020.

Muchos de esos mecanismos de inteligencia artificial permiten reforzar la vigilancia sobre la población: cámaras instaladas en las calles, uso del reconocimiento facial, utilización de big data, análisis del iris de los ojos y del ADN, etc. En el caso de Sinkiang han puesto en manos de los servicios de seguridad un instrumento implacable de control social. En 2018, al poco tiempo de llegar a China, conocí a un empresario que tenía una compañía de reconocimiento facial y que había conseguido grandes avances técnicos porque había podido tomar muestras de toda la población de Sinkiang, unos veintiseis millones de habitantes. No me precisó si la toma de muestras había sido voluntaria o no. En Tíbet se ha utilizado el big data para controlar a la población y reprimir el uso del idioma tibetano y las manifestaciones culturales y religiosas autóctonas.

Los métodos de control digital de la población recibieron un fuerte impulso al estallar la pandemia de la COVID-19; se creó un código QR que reflejaba el estado de salud del portador y que tenía tres niveles: verde, naranja y rojo. Si el código no estaba verde, era imposible acceder a ninguna tienda o edificio público, y ni siquiera a la propia vivienda, ya que se crearon comités de vecinos que se encargaban de controlar estrictamente el acceso a los edificios.

El Partido vio que esos comités podían ser útiles para reforzar su control general sobre la población, y eso le llevó a crear los Equipos de Trabajadores de las Comunidades. Cada región debe tener dieciocho trabajadores de comunidad por 10.000 habitantes. Su tarea es reforzar la gobernanza en la calle para asegurar la estabilidad social, según declararon portavoces del Partido en abril de 2024. Es decir, fortalecer el control político e ideológico de la población desde la misma base, en los pueblos y en los barrios de las ciudades chinas. Xi Jinping ha elogiado en repetidas ocasiones «la experiencia de Fengqiao», que promueve la presencia de informantes y de mecanismos de control ejercidos por la propia población.

The Economist denunció en 2021 la creación en las ciudades de un esquema de «gestión por manzanas», a fin de controlar mejor a la población que vivía en ellas, con salas de control llenas de pantallas que controlaban los movimientos por las calles. El sistema servía asimismo para detectar si en una construcción los obreros llevaban puesto el casco y si un coche estaba mal aparcado.

Las universidades son objeto de una vigilancia especial por parte del Partido, que es consciente de que muchos movimientos de protesta en la China del siglo XX comenzaron en ellas. Los estudiantes que son miembros del Partido o candidatos a serlo son utilizados como informantes, con la misión de estar pendientes de las conversaciones de otros estudiantes y de los profesores. Un profesor me dijo en cierta ocasión que la política china estaba dominada por el populismo, el nacionalismo y la desinformación, y estableció en este sentido paralelismos con los Estados Unidos de Donald Trump. La presencia de alumnos extranjeros en su universidad había caído en picado. Si los profesores defienden ideas no aprobadas por las autoridades son calificados de traidores y en algunos casos pierden sus puestos. El profesor de Derecho Xu Zhangrun fue expulsado en 2019 de la Universidad Tsinghua de Pekín por sus críticas al Partido, al que acusó de obstinada persecución del poder e insaciable apetito por la autoaprobación. En 2020, tras publicar textos criticando a Xi Jinping por su gestión de la COVID-19, fue arrestado y luego puesto en libertad, aunque no se le permitió viajar ni publicar.

Su gigantesca capacidad de control de datos ha permitido a las autoridades establecer un sistema de crédito social que puede impedir que quienes han dejado de pagar un crédito o han armado una trifulca en un bar compren un billete de tren o envíen a sus hijos a la universidad. Existe un sistema de crédito social para las empresas, que las autoridades presentan como un instrumento para controlar el cumplimiento del marco regulatorio, mejorar la calidad de la gestión empresarial y prevenir crisis financieras. El sistema de crédito social hasta ahora aparentemente no se ha aplicado para perseguir a los disidentes políticos, pero el Partido podría empezar a hacerlo cuando lo deseara. Ni George Orwell ni Aldous Huxley pudieron jamás haber imaginado algo parecido.

En China existe una mayor tolerancia social que en Europa hacia estos métodos de control social. Como me comentó un experto en inteligencia artificial, se renuncia a una mayor privacidad de los propios datos porque a cambio se consiguen aplicaciones que son prácticas y cómodas. La población acepta las cámaras instaladas en las calles y el uso del reconocimiento facial porque resultan eficaces en la lucha contra la delincuencia.

Pero no se acepta todo. En el verano de 2022 unos investigadores de la provincia de Anhui anunciaron en Weibo que habían creado un programa informático que, mediante el reconocimiento facial y la lectura de las ondas cerebrales, permitía comprobar el grado de lealtad al Partido de las personas que leían textos sobre el PCCh. El mensaje fue eliminado de Weibo tras las numerosas protestas que provocó en las redes. También ese mismo año apareció una fuerte reacción en redes sociales cuando el código QR de quienes habían acudido a la provincia de Henan para protestar contra un fraude bancario se puso rojo. Las autoridades de la provincia habían decidido manipularlo para tratar de suprimir las quejas.

A estos métodos de control de la población en el interior hay que sumar los que se aplican para controlar a los chinos en el exterior. De ello se encarga el Departamento de Trabajo del Frente Unido (DTFU), que depende del Comité Central del Partido. Parte de su trabajo consiste en asegurarse de que los ciudadanos y las entidades chinas residentes en el extranjero se ajustan a las directrices del Partido y evitar que sean influenciados por los valores occidentales o realicen actividades contrarias a sus intereses. Para emprender su trabajo, el DTFU se apoya en las embajadas chinas. Se mantiene muy activo entre las comunidades de emigrantes chinos en otros países, de los que en España residen más de 200.000. El DTFU controla las células del Partido existentes en las empresas chinas que actúan fuera de sus fronteras; lleva un seguimiento de los estudiantes chinos que estudian en universidades extranjeras; supervisa la programación de la CGTN, la cadena de televisión china que emite hacia el resto del mundo, y coordina los institutos culturales chinos en el exterior. Los familiares residentes en el extranjero de disidentes chinos han sido presionados para que no participen en acciones contra la política del Partido o del Gobierno chino.

Este énfasis en la seguridad en la época de Xi Jinping se ha traducido en un claro recorte de las libertades públicas. Se restringen las libertades y aumenta la represión contra los opositores y contra quienes desean liberalizar el régimen y acercarse a los modelos occidentales. Se persigue a quienes son percibidos por las autoridades como peones de Estados Unidos y de otros países occidentales en su intento de propagar las ideas democráticas, cuestionar la omnipotencia del Partido o desestabilizar de una forma u otra el sistema socialista con características chinas.

En la época de Xi se ha incrementado la opacidad del sistema y China se ha vuelto mucho más cerrada. El primer ministro Li Qiang suprimió en 2024 la tradicional rueda de prensa que sus predecesores concedían al final de las dos sesiones anuales del Congreso Nacional del Pueblo y de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. Es mucho más difícil lograr que los funcionarios o profesores que son invitados a las embajadas acepten acudir. Deben solicitar con antelación permiso al Partido y, si lo obtienen, prácticamente nunca acuden solos. A partir de la COVID-19 se limitó mucho el acceso de los diplomáticos a las autoridades chinas, tanto en el Ministerio de Relaciones Exteriores como en otros ministerios. Yo les decía a mis interlocutores chinos que eso iba contra sus propios intereses porque necesitaban explicar bien las posiciones chinas sobre diversas cuestiones para que éstas se entendieran correctamente en el exterior.

Todo esto ha provocado que muchos intelectuales hayan abandonado China, como el artista Ai Weiwei. El Partido, sin embargo, permite que sigan viviendo allí escritores o profesores que publican en el extranjero textos críticos con las políticas del Gobierno chino. Siguen viviendo en China escritores como Yan Lianke, cuyos libros han denunciado las difíciles condiciones de la vida en el campo, o el premio Nobel Mo Yan, que utiliza la ironía y la sátira para criticar la realidad social.

Pero todo esto tiene sus límites: el escritor Gui Minhai, nacionalizado sueco, fue secuestrado en su casa de Tailandia y devuelto por la fuerza a China en 2015 después de haber publicado en Hong Kong numerosos libros críticos con el régimen chino, incluido uno sobre supuestas relaciones extramatrimoniales del presidente Xi Jinping. Fue condenado a diez años de cárcel.

La maquinaria de represión del Estado es sofisticada. En 2023 el ministro de Seguridad del Estado Chen Yixin declaró que la presencia del Partido en infinidad de comunidades locales debe utilizarse para detectar posibles focos de crítica. A partir de ahí, dijo, se debe recurrir a la persuasión, la mediación, la gestión adecuada del problema y la recompensa a quienes demuestran respetar las directrices de las autoridades. Los defensores de los derechos humanos y sus abogados son sometidos a una persecución constante, pero en la medida de lo posible se intenta no recurrir a la represión abierta. En un primer momento la policía va a visitar a los disidentes para tratar de convencerlos de que dejen de oponerse al Partido. En el caso de los periodistas, como ha señalado Richard McGregor, la primera medida contra ellos consiste en marginarlos o condenarlos a la irrelevancia. De vez en cuando se producen protestas en las calles como reacción a los problemas laborales, los casos de corrupción o las situaciones de contaminación ambiental. Éstas se intentan disolver sin utilizar la violencia, hablando con los manifestantes, llevando a cabo eventualmente algunas concesiones que no pongan en entredicho la política del Partido y convenciendo a los participantes de que es mejor irse a casa. Eso sí, las cámaras de la zona los habrán identificado a todos y los podrán interrogar, detener o imponerles represalias diversas, como les sucedió a quienes se manifestaron en Pekín en el barrio de las embajadas en diciembre de 2022 para reclamar el final de las restricciones impuestas por la COVID-19. En China manifestarse en la calle sin autorización previa es una decisión valiente y arriesgada que puede terminar con penas de prisión, la pérdida del trabajo o la expulsión de la universidad.

El objetivo de estos mecanismos represivos es tratar de persuadir y cooptar a la población, más que coaccionarla. Es decir, lograr un máximo de control con un mínimo de violencia. Pero en ocasiones las sutilezas parecen olvidarse. Cuando el Partido considera que la coacción es necesaria, no duda en encarcelar o en hacer desaparecer a quienes se oponen al régimen. Para McGregor, el terror es esencial para la supervivencia del sistema y se utiliza sin contemplaciones cuando se juzga conveniente. La idea es que la gente debe temer al gobierno, porque, de otro modo, llegaría el caos y el país se derrumbaría. La represión, naturalmente, genera distanciamiento hacia el Partido en muchos sectores de la población.

China empleó su maquinaria represiva por ejemplo en la provincia de Sinkiang, mayoritariamente poblada por uigures, una etnia de Asia Central de religión musulmana. En ella se habían producido actos terroristas de raíz yihadista. Entre 2017 y 2021 el Partido recluyó por la fuerza aproximadamente a un millón de uigures en centros de internamiento y reeducación extrajudiciales —que al parecer cerraron después— como medida preventiva contra el radicalismo islámico. Bastaba llevar una barba larga, acudir a la mezquita, ayunar en Ramadán o tener familiares que lo hacían para acabar en esos centros. En ellos se recibían cursos de desradicalización y sobre cultura han, se cantaba el himno nacional y se enseñaba el Pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas en la nueva era. Se registraron casos de tortura, restricciones a la libertad religiosa, esterilizaciones forzadas, violencia sexual y otros abusos, que fueron denunciados en el informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, tras su visita a Sinkiang. Un periodista chino muy bien conectado me reconoció en una ocasión que la apertura de los campos de reeducación no había sido el método ideal para hacer frente al problema de terrorismo y de extremismo que existía en la región, aunque añadió enseguida que fue una medida inevitable y que desde entonces no habían vuelto a producirse ataques terroristas.

En octubre de 2022, poco antes de la apertura del XX Congreso del PCCh, un disidente llamado Peng Lifa colocó una pancarta en un paso elevado de Pekín, en una zona muy transitada de la capital. La pancarta criticaba la falta de libertades, a Xi Jinping y al Partido. Lo arrestaron al momento y no se ha vuelto a saber de él desde entonces. Se silenció inmediatamente en las redes toda referencia a la protesta. Su mujer y sus dos hijas fueron colocadas bajo arresto domiciliario, y la policía amenazó a sus familiares en un pueblo de la provincia norteña de Heilongjiang, al que se bloqueó el acceso a los no residentes. En una de las pancartas colgadas por Peng Lifa se podía leer lo siguiente: «No a los test COVID, queremos comida. No a las restricciones, queremos libertad. No a las mentiras, queremos dignidad. No a la Revolución Cultural, queremos reformas. No al líder, queremos votar. No queremos ser esclavos, queremos ser ciudadanos».

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Un rearme ideológico

Xi Jinping está convencido de que los desequilibrios sociales provocados por la rápida transformación del país, así como las amenazas a la seguridad nacional, exigen no sólo desplegar una serie de medidas correctoras, sino también un rearme ideológico del Partido, del Estado y del conjunto de la sociedad china. En China existe una amplia clase media. La sociedad está muy digitalizada y —pese a los esfuerzos de los censores— por las redes circulan ideas peligrosas. La represión y la censura no pueden ser la única respuesta.

El socialismo con características chinas, esa combinación extraordinaria y por naturaleza inestable de capitalismo y leninismo, no podría sobrevivir mucho tiempo sin la necesaria convicción de quienes tienen que aplicarlo ni sin su firme determinación de llevarlo adelante superando cualquier obstáculo. Justamente aquello que en opinión de Xi brilló por su ausencia en la época de Gorbachov en el Partido Comunista de la Unión Soviética, el PCUS, y que provocó su colapso. Un colapso que, como él mismo dijo, «nadie tuvo la hombría necesaria para impedir». Xi pensaba que en el PCUS los ideales y la fe en el Partido se habían evaporado. «Todo el mundo podía decir o hacer lo que quisiera —comentó—. Eso no era un Partido, era una chusma.»

Una de las consecuencias del rápido crecimiento económico de China durante los períodos de Jiang Zemin y Hu Jintao fue la aparición de grietas en los planteamientos ideológicos de no pocos miembros del Partido, incluso en los niveles más altos. Si esas grietas no se cerraban podían corroer el sistema desde dentro. Había que detener ese proceso de deterioro ideológico. Sólo así se podría controlar la transformación económica y política de China en una gran potencia. Sólo así el Partido podría mantener su auctoritas, de modo que el resto de la sociedad china no rechazase su papel director en el sistema político.

Para Xi, éste es un objetivo prioritario. Como ha recalcado Kevin Rudd, para él la ideología es importante. No se trata de la repetición rutinaria de fórmulas vacías, en las que ni siquiera creían los líderes chinos que en el pasado las pronunciaban. Rudd dice que Xi declaró en una reunión del Partido en 2013, pocos meses después de su llegada al poder, que la desintegración de un régimen a menudo comienza en el terreno ideológico. Los desórdenes políticos suceden de repente, pero la evolución ideológica requiere un proceso a largo plazo.

El rearme ideológico propuesto por Xi consta de tres aspectos. En primer lugar, había que fortalecer los fundamentos ideológicos del socialismo con características chinas y la cohesión interna del Partido en torno a sus líderes. En segundo lugar, debía reforzarse la legitimidad del papel dirigente del Partido en el sistema político. Finalmente, resultaba fundamental identificar al Partido con una idea, con una visión que movilizara al país en torno a él y a sus políticas. Esa idea es el rejuvenecimiento de la nación china, que se ha convertido en el leitmotiv de la política de Xi como secretario general del PCCh.

En esta tarea ha tenido un papel decisivo Wang Huning, el principal ideólogo del PCCh en la época de Xi Jinping, después de haber desempeñado ya un papel relevante en períodos anteriores. Cuando era profesor de la Universidad de Fudan, Wang escribió un libro sobre Estados Unidos, donde vivió en los años ochenta del siglo pasado. Un libro muy crítico con muchos aspectos de la realidad norteamericana, pero que reconocía al mismo tiempo algunos de sus puntos fuertes, como sus adelantos científicos o sus universidades. «No se debe subestimar al capitalismo», escribió entonces Wang. Xi se fijó en él como una persona capaz de deconstruir el modelo norteamericano desde dentro, mostrando sus debilidades para poder desmitificarlo. Y capaz al mismo tiempo de articular el armazón de ideas sobre las que apoyar el socialismo con características chinas, subrayando sus puntos fuertes y presentándolo como una sólida alternativa ideológica a los regímenes democráticos. Wang Huning sigue siendo una de las personas más cercanas a Xi. Es uno de los siete miembros del Comité Permanente del Buró Político, el órgano de poder supremo del Partido.

El discurso de Xi Jinping en el XX Congreso del Partido en 2022 estuvo cargado de referencias ideológicas. Frente a su discurso en el XIX Congreso en 2017, en el que pedía a los jóvenes que aspiraran a ser mejores, en 2022 les exhortó a estudiar el pensamiento marxista y a los principales pensadores socialistas chinos.

Los dirigentes chinos citan con frecuencia el marxismo e insisten en su base científica. Aplican desde los tiempos de Mao algunos de sus conceptos básicos —en realidad de la filosofía dialéctica, no sólo del marxismo—, como la búsqueda de la principal contradicción existente en toda situación en cada momento determinado. Los textos del Partido identificaban como la contradicción principal en la época de Deng Xiaoping las necesidades materiales y culturales del pueblo frente a un sistema de producción anticuado. En la época de Xi Jinping, en cambio, la contradicción principal sería el desarrollo desequilibrado e insuficiente frente a las necesidades del pueblo de una vida mejor. De ahí nacen las políticas de Xi ya mencionadas, dirigidas a corregir esos desequilibrios.

Ahora bien, como ya hemos visto, al marxismo de Xi —como al de Deng Xiaoping— le falta uno de sus elementos esenciales, la propiedad colectiva de los medios de producción. Es un elemento esencial porque, según la teoría marxista, sólo una economía en la que los medios de producción sean colectivos puede servir como la infraestructura material sobre la que se puede construir una superestructura política comunista. Xi ha mantenido el modelo capitalista-leninista inventado por Deng, en el que la propiedad privada de los medios de producción coexiste con el control político del Partido. De ahí los malabarismos ideológicos que el PCCh lleva años haciendo para tratar de conciliar el capitalismo con el marxismo-leninismo y el comunismo. Hablar de comunismo en la China contemporánea tiene algo de ideológico, en el sentido marxista del término ideología. Es decir, una forma de encubrir la realidad, un conjunto de ideas que tratan de legitimar unas propuestas que en la práctica reflejan los intereses de la clase dominante, que en China es el Partido.

Al contrario de lo que sucedía en la época de Deng, dentro del PCCh existe hoy consenso a favor del modelo capitalista-leninista. Existen sin embargo sectores partidarios de dar más peso al capitalismo, y otros de dárselo al leninismo. Desde Deng a Xi ha habido momentos en los que han prevalecido unos u otros. Con Jiang Zemin y Hu Jintao predominaban los primeros, y con Xi Jinping han pasado a predominar los segundos. Igual que Deng supuso la victoria de los elementos del Partido más simpatizantes del mercado frente a la facción conservadora o izquierdista (en los sistemas leninistas los conservadores son los izquierdistas, mientras que en los sistemas democráticos los conservadores son los de derechas), Xi representa la victoria de los partidarios de reforzar el control político del Partido sobre el conjunto de la sociedad.

Todo esto significa que Xi Jinping ha limitado el pragmatismo de Deng con una actitud más dogmática. Este mayor dogmatismo se recoge en el Pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas para la nueva era, que es la base ideológica del Partido en estos momentos, y que sus ideólogos denominan el marxismo del siglo XXI.

Según ha declarado el propio Xi, la esencia del Pensamiento de Xi Jinping consiste en adaptar el marxismo al contexto chino. Los principios básicos del marxismo deben combinarse con la realidad de China, que se encuentra en constante evolución. Pero la versión de Xi de esa fórmula tan laxa es muy diferente de la de Deng Xiaoping. Frente a la manga ancha de éste, de Jiang Zemin y de Hu Jintao, Xi evoca los ideales de la época heroica del PCCh —trabajo duro, sacrificio, eficacia, disciplina— y la necesidad de aplicarlos estrictamente a todos los ámbitos de actuación del Partido. Como vimos, la revolución china fue antes que nada una revolución nacionalista, y eso se percibe en las ideas de Xi. Su marxismo está muy marcado por el patriotismo y por la idea de regeneración nacional. Su Pensamiento... resalta el éxito del Partido al ser capaz de modernizar el país y el orgullo del pueblo chino ante los grandes cambios que han tenido lugar. Promete medidas para seguir avanzando en esa dirección y para promover una mayor igualdad económica. Destaca la creciente influencia internacional de China. Subraya la obligación de defender la seguridad nacional contra todo tipo de amenazas y la capacidad de sus fuerzas armadas para hacer frente a cualquier enemigo. El departamento de propaganda del Partido ha transformado estas ideas en eslóganes que llenan los medios de comunicación y los carteles en las calles de las ciudades chinas.

En la base del Pensamientode Xi Jinping está la necesidad de un control total del Partido sobre el sistema político, y del control absoluto de Xi sobre el Partido. Los ideólogos del PCCh resaltan que la historia de China ha demostrado que sólo una autoridad central robusta puede mantener su unidad, estabilidad y prosperidad. Esta idea queda recogida en uno de los principios del Pensamiento de Xi Jinping más repetidos por el aparato de propaganda, las llamadas «Dos Determinaciones», que establecen a Xi Jinping como núcleo del Partido y el papel del Pensamientode Xi Jinping como guía de todas las políticas del PCCh. Son la piedra angular de la teoría política del PCCh en estos momentos. Un día me lo intentó explicar en una conversación Li Junru, antiguo vicepresidente de la influyente Escuela Central del Partido —Xi Jinping fue en cierto momento su presidente—, y uno de los ideólogos del sistema político chino. Me reuní con él varias veces en Pekín para tratar de entender cómo funciona el Partido. Li, una persona amable y tranquila, explicaba con paciencia a un extranjero las complejidades del socialismo con características chinas. No muy alto de estatura, ya mayor, tenía el rostro arrugado y la rendija de los ojos apenas abierta, de la que salía una mirada implacable. Cuando estaba con él no podía dejar de pensar en el maestro Yoda, el Jedi sabio de La guerra de las galaxias.

El proyecto de Xi va más allá del modelo autoritario de Deng Xiaoping e incluye elementos totalitarios. Un proyecto en el que, como él mismo ha dicho, todo el pueblo chino debe «estar unificado con una voluntad única, como la sólida muralla de una ciudad». De este planteamiento subyace la ambición de controlar no solamente la vida de sus ciudadanos, sino también sus ideas y su propia identidad. Por eso el esfuerzo de rearme ideológico no se limita a las cuestiones políticas. La idea es llevar la lucha ideológica a todos los ámbitos: la educación, la cultura, la historia, la economía, la defensa, la política exterior o la lucha contra el cambio climático.

El sistema educativo, por ejemplo, tiene como misión formar a personas comprometidas con los valores del socialismo con características chinas. De aprobar el gaokao, el examen de ingreso en la universidad, depende en buena medida el futuro de una persona. La presión sobre los estudiantes y sus familias es enorme: interminables horas de estudio, clases particulares, elevados gastos. Una parte de esa presión es la necesidad de no mostrar la más leve desviación de la ortodoxia del Partido, lo que conduciría al suspenso inmediato. Eso afecta aún más claramente a los profesores universitarios. Como indica Claudio F. González, su código de conducta señala que «deben tomar una firme posición política. Los profesores deben guiarse por el Pensamiento de Xi Jinping, defender el liderazgo del PCCh y seguir sus políticas sobre educación».

El dogmatismo del Partido se manifiesta en el ámbito de la cultura, que debe orientarse de acuerdo con sus intereses. La cultura es identidad, y controlar la manera en que se define la identidad nacional es un objetivo esencial del PCCh. En uno de sus discursos, Xi Jinping se refirió a los escritores como los ingenieros del alma humana, repitiendo las palabras pronunciadas por Stalin en un discurso pronunciado en casa del escritor Máximo Gorki. En otra ocasión Xi afirmó que el arte y la literatura deben tomar como musa el patriotismo, guiando al pueblo con los puntos de vista correctos sobre la historia, la nación y la cultura chinas. Existe un pensamiento de Xi Jinping sobre la cultura —como lo hay en otros campos, como la diplomacia, el fortalecimiento de las fuerzas armadas o la civilización ecológica— que ordena fortalecer el liderazgo del Partido en ese ámbito para cultivar los valores socialistas fundamentales, reforzar la confianza de la cultura china en sí misma y ampliar su proyección exterior. Para ello se ha aprobado un plan quinquenal para la cultura, que incluye mejorar las buenas maneras y la etiqueta social de los ciudadanos chinos. El Partido ha creado miles de «Centros de Práctica en la Civilización de la Nueva Era», que actúan como centros culturales repartidos por toda la geografía china, coordinando servicios sociales y organizando actividades que transmiten los valores del Pensamiento de Xi Jinping.

La historia es otro terreno crucial de la lucha ideológica. El deseo del Partido de controlar el relato no sólo afecta al presente, sino también al pasado. El control del pasado es decisivo para justificar su posición de poder en el presente. Ésta se presenta como el resultado de la victoria en una lucha heroica, seguida de una cadena de aciertos en la conducción política del país: expulsión de los extranjeros, crecimiento económico, eliminación de la pobreza. Los episodios más difíciles de explicar son simplemente ignorados, como las purgas de Mao, el Gran Salto Adelante, la Revolución Cultural o las protestas de Tiananmén.

Para el Partido, la historia es legitimidad, la historia es poder. Por eso su manipulación es uno de los principales campos de batalla de la propaganda china, como puede comprobar cualquiera que visite los museos existentes en toda China. Un debate histórico es en China un campo minado. Lo saben muy bien las embajadas que han intentado organizar una exposición que incluya alguna referencia histórica. Nosotros quisimos traer una exposición sobre la Nao de Manila al Museo Nacional de Pekín. Finalmente, no pudo celebrarse, pero durante su preparación tuvimos que negociar minuciosamente los textos que acompañaban cada objeto expuesto porque en el museo no aceptaban ninguno que no fuera plenamente coherente con la imagen que el Partido quiere presentar de sí mismo y de la historia de China (y que, por supuesto, va cambiando continuamente).

Xi Jinping atacó en 2013 el «nihilismo histórico», como calificó los intentos de presentar la historia contradiciendo la versión oficial del Partido. Xi puso como ejemplo de nihilismo histórico las críticas a la Unión Soviética, al PCUS, a Lenin y a Stalin. Los comunistas chinos siempre atacaron a Jruschov por haber sacado a la luz los crímenes de Stalin ante el XX Congreso del PCUS en 1956. La prioridad absoluta es fortalecer la legitimidad del Partido, y criticar a Stalin puede terminar invitando a cuestionar algunas de sus propias decisiones.

Cuando se lanzó en China la política de Reforma y Apertura, se le planteó a Deng Xiaoping el problema de cómo referirse a la época de Mao y a la Revolución Cultural, que acababan de terminar y que representaban lo opuesto a los cambios que él había puesto en marcha. Lo resolvió con su habitual pragmatismo: Mao había hecho el 70 por ciento de las cosas bien y el 30 por ciento mal. Que cada cual sacara sus propias conclusiones. Una crítica abierta a Mao habría dañado la legitimidad del Partido y debía ser evitada. La Banda de los Cuatro fue un chivo expiatorio muy útil para absolver a Mao de sus peores crímenes. El retrato de Mao nunca ha dejado de presidir la entrada a la Ciudad Prohibida en la plaza de Tiananmén.

El interés del PCCh por lo que considera una correcta interpretación de la historia permanece intacto. En 2021, el año del Centenario de la Fundación del Partido, se abrió una línea telefónica y una dirección en internet para que los ciudadanos pudieran denunciar a las personas que defendieran posiciones propias del «nihilismo histórico». Weibo y otros gigantes digitales chinos lanzaron una campaña para erradicarlo de las redes.

Existe una serie de ideas con las que el Partido justifica su derecho a ejercer de manera exclusiva el poder político en China. Esas ideas revelan la imagen que el PCCh tiene de sí mismo y la manera en que desea ser percibido por los ciudadanos chinos. Un aspecto importante del rearme ideológico emprendido por Xi Jinping es consolidar esas ideas, que se transmiten constantemente a la población a través del aparato de propaganda.

La primera de ellas es la victoria en 1949. Aunque el ejército del Kuomintang era mucho más fuerte y llevó el peso principal de la lucha contra los japoneses, en la guerra civil acabó imponiéndose el ejército del Partido Comunista. Esta victoria devolvió la unidad a una China que desde la Revolución de 1911 había estado dividida, primero entre las áreas dominadas por los diferentes señores de la guerra, luego por el control de los invasores japoneses sobre amplias zonas de su territorio y por último a causa de la guerra civil entre nacionalistas y comunistas. Existían además concesiones extranjeras que no estaban sometidas a la soberanía china. El poder central había colapsado en repetidas ocasiones a lo largo de la historia del Imperio chino, por lo que recuperar la unidad del país había sido tradicionalmente valorado en China como un objetivo esencial de los gobernantes, así como una fuente de legitimación de las dinastías que lo consiguieron. Haber recuperado la unidad y la soberanía nacional es por ello la primera fuente de legitimación del Partido.

La relevancia de esta fuente de legitimidad está muy viva para el Partido. Menos de una semana después del XX Congreso del PCCh en octubre de 2022, Xi Jinping encabezó una visita de los siete miembros del nuevo Comité Permanente del Politburó a Yan’an, que fue el cuartel general de Mao Zedong durante la guerra civil contra el Kuomintang. Ese viaje tenía el aire de una peregrinación a un santuario, a un lugar sagrado. Se trataba de recuperar el contacto con los orígenes, con las esencias, de recordar a todos de dónde venía la posición que ocupaban los siete máximos dirigentes chinos, a los que el Congreso del Partido acababa de designar.

No se trata sólo de la victoria en la guerra y de lograr la unidad del país, sino también de su capacidad de controlarlo. Desde las guerras del opio, China se vio sometida a una serie de experiencias traumáticas: derrotas militares, ocupación extranjera, caída del Imperio, guerras civiles. Ello provocó que para amplios sectores de la población la prioridad absoluta en 1949 fuera acabar con las guerras y con la inestabilidad, lo que facilitó que aceptaran el gobierno del PCCh. A ello se unió, después de la muerte de Mao, el deseo de no volver a las grandes crisis que se sucedieron durante su período en el poder, empezando por la Revolución Cultural. Para Xi, que sufrió en carne propia las consecuencias de esta última, el Partido es la única garantía de que China tenga un gobierno fuerte, que pueda evitar el caos y hacer frente a sus desafíos internos y externos. Se presenta como el único capaz de gobernar China y garantizar su estabilidad. Sus líderes subrayan lo difícil que es lograrlo en una nación de 1.400 millones de habitantes, con fuertes diferencias regionales, minorías nacionales como la tibetana, la mongola o la uigur, y numerosos enemigos exteriores. Identifican el control total del Partido con la propia supervivencia del país. Afirman que si tuviera un régimen democrático, China se desintegraría, como lo hizo tantas veces en el pasado. Muchos piensan que ese argumento le sirve al Partido para tratar de justificar su interés principal, que es mantenerse en el poder al precio que sea.

Una fuente de legitimidad del Partido es el éxito de sus reformas económicas. La transformación de China desde el inicio de la política de Reforma y Apertura ha llevado a sus dirigentes a proclamar el acierto de sus políticas como forma de justificar su control del Estado. La idea es que, si China ha crecido tanto y se ha hecho tan poderosa es gracias a la sabiduría del PCCh. Li Junru me señaló que sin el Partido no existiría una «nueva China». En su discurso en el acto de conmemoración del 40 aniversario del proceso de Reforma y Apertura, Xi Jinping declaró que la clave del desarrollo de China había sido el control de todo el proceso por el Partido Comunista. Añadió que estos cuarenta años han demostrado que el camino elegido es el correcto y describió el liderazgo del PCCh como el elemento central del socialismo con características chinas y como su mayor tesoro.

El nivel de vida de la población ha mejorado mucho, ha accedido a un grado de prosperidad inconcebible para las generaciones anteriores. Eso tiene una traducción concreta en la existencia de cada uno de sus ciudadanos, que recuerdan la China de su juventud y de su infancia y la comparan con su nivel de vida actual. Eso pensaba yo cada vez que viajaba en los trenes chinos de alta velocidad, mirando a los pasajeros de cierta edad sentados a mi alrededor y pensando cómo viajarían cuando eran pequeños, si a pie, en burro, en bicicleta, en carro o en autobuses decrépitos. Recuerdo un museo en una pequeña ciudad a orillas del río Yangtze, en el que aparecían fotos de los habitantes del pueblo ochenta años antes, tirando con cuerdas de los barcos en el camino de sirga para remontar los rápidos del río. En otras fotos, los miembros de la siguiente generación circulaban por la ciudad en bicicleta y vestidos con traje Mao. Finalmente aparecían las fotografías en las que sus actuales pobladores conducían su coche delante de modernos edificios. La inmensa mayoría de los chinos —especialmente los de mayor edad— asocian estos cambios a las políticas seguidas por el Partido Comunista.

El aparato de propaganda no sólo destaca el papel del Partido en el crecimiento económico de China, sino en general la eficacia de su gobierno. La transformación de las ciudades, la mejora de condiciones en el campo, la construcción de nuevas infraestructuras, los avances tecnológicos, la modernización general y la estabilidad a largo plazo. Todo ello se atribuye a la capacidad del Partido, a su fuerte liderazgo y a su voluntad de mantenerse cerca de la población y de reaccionar correctamente ante los problemas. En todo esto se puede percibir, además del deseo de reforzar su legitimidad, un llamamiento a una mayor confianza del pueblo chino en sí mismo, el mensaje de que China ya no es un país atrasado como antes. Desde las guerras el opio, los chinos se habían sentido inferiores a los occidentales, más avanzados económica y tecnológicamente. El Partido les está diciendo ahora que gracias a sus políticas China ya no tiene nada que envidiar a los países desarrollados, e incluso está más avanzada en muchos terrenos.

Todo esto alimenta el sentimiento nacionalista, que está profundamente arraigado en el pueblo chino. Teniendo en cuenta que hasta hace poco ha vivido aislado del resto del mundo, ese fuerte sentimiento nacionalista no puede sorprender. El aislamiento secular de China ha dejado su huella, y los chinos se sienten muy diferentes a los extranjeros. Existe un legítimo orgullo por su historia y por su cultura, así como por el reciente desarrollo económico y tecnológico del país, y por su cada vez mayor influencia internacional. En los años que pasé en China, algunas de las películas más taquilleras trataban de superhéroes chinos que salvan al planeta Tierra de ataques procedentes del espacio exterior.

El Partido utiliza ese nacionalismo y se presenta ante la población como el defensor supremo de los intereses de China, vinculando así el patriotismo con el apoyo al Partido. Xi Jinping ha incidido en este sentimiento nacionalista, sobre todo en relación con Occidente, dejando a un lado la mayor prudencia de sus predecesores.

El nacionalismo chino tiene sin embargo aristas complicadas. La NBA cuenta con un inmenso número de seguidores en China. Pero un tuit de su presidente, Adam Silver, en el que apoyaba la libertad de expresión durante las protestas en las calles de Hong Kong en 2019, provocó una fuerte reacción de las autoridades chinas y de la población. Las redes sociales se llenaron de mensajes patrióticos y muchos patrocinadores chinos declararon que dejaban de apoyar a la NBA. Algo parecido sucedió cuando algunas multinacionales dejaron de comprar algodón de Sinkiang. En otros casos la causa fue un anuncio de una marca extranjera que consideraron racista. Tanto el gobierno como la población muestran una tolerancia cero a todo aquello que perciban como críticas a China procedentes del exterior. En 2010, durante una crisis con Japón sobre la soberanía de las islas que ambos se disputan, hubo protestas masivas contra la Embajada y contra las empresas japonesas presentes en China. La policía de Pekín se llegó a preocupar y mandó mensajes de texto pidiendo a la gente que fuera patriótica, pero que no violara la ley. En septiembre de 2024, coincidiendo con el aniversario de la invasión de China por Japón en 1931, una persona mató con un puñal a un niño japonés de diez años que se dirigía a su colegio en Shenzhen, acompañado por su madre. No era el primer incidente de este tipo. En este caso sin embargo surgieron en las redes sociales múltiples condenas a los mensajes nacionalistas y antijaponeses que aparecen con frecuencia, e incluso al tono de algunos comentarios de las autoridades criticando a Japón por cuestiones como la invasión de 1931, los vertidos de agua en la central nuclear de Fukushima o la disputa territorial sobre las islas Senkaku (en japonés) o Diaoyu (en chino).

Si la prosperidad económica se debilitara, la carta nacionalista sería un recurso que los dirigentes chinos podrían utilizar para desviar la atención de los problemas internos y reforzar el apoyo de la población al Partido. Podrían, por ejemplo, decidir en cierto momento intensificar la presión sobre Taiwán o incluso ir más allá si el Partido se viera verdaderamente en aprietos.

La utilización del Partido de este sentimiento nacionalista se manifiesta en el deseo de conectar el socialismo con características chinas con el pasado imperial de China. El PCCh se presenta ante la población como el defensor supremo de los intereses nacionales y como el heredero de los emperadores que cumplieron ese mismo papel en el pasado.

En sus discursos Xi Jinping ha vinculado el sistema político de la RPCh con la civilización clásica china, que define como inclusiva, innovadora, uniforme y pacífica. Ha subrayado que su existencia continuada desde hace 5.000 años constituye un caso único en el mundo. Ha ordenado a los ideólogos del Partido conectar la cultura tradicional china con el marxismo. Ha promovido el estudio de los clásicos chinos y de la medicina tradicional china. Ha denominado una de sus principales propuestas en política exterior como la Iniciativa de la Franja y la Ruta, evocando la Ruta de la Seda de siglos pasados. El mensaje es que la China actual no es una creación artificial, sino que hunde sus raíces en su propia cultura, en su gran civilización histórica. En 2021 el Comité Central del PCCh adoptó una resolución que declara que el Pensamiento de Xi Jinpingsobre el socialismo con características chinas para la nueva era forma parte de la esencia cultural del país. Destaca al respecto que combina los principios del marxismo con la realidad específica y la antigua civilización de la nación china; y lo hace adaptándose a sus características propias y permitiendo su rejuvenecimiento.

El propio Mao, quien proclamó el final del despotismo y del feudalismo de la China tradicional, tenía entre sus libros favoritos los de la poesía clásica china —que citaba con frecuencia en sus discursos— y relatos de siglos pasados como El sueño en el pabellón rojo o El romance de los tres reinos.

El deseo de entroncar con la antigua civilización china explica el regreso de Confucio a los favores del Partido. Mao había renegado de él, y durante la Revolución Cultural Confucio era el enemigo público número uno de los guardias rojos. Hoy es en cambio para el Partido uno de los grandes pensadores de la historia china. Se ponen de relieve los aspectos de su obra que la vinculan con el socialismo con características chinas. El deseo de poner en valor la civilización clásica china y de conectarla con el Partido es en este momento más importante que rechazar el feudalismo.

Al hacerlo, el Partido está dejando claro que la raíz filosófica sobre la que se basan sus ideas difiere de la occidental. Son completamente ajenas a ella frases como la de Protágoras, el filósofo presocrático, para quien «el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son y de las que no son». Lo mismo puede decirse de la exigencia de Kant de tomar a cada persona como un fin en sí mismo, no como un medio para alcanzar otros fines. La base filosófica y ética de la cultura china no procede de la Ilustración, ni de la Revolución francesa, ni de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Procede de las Analectas de Confucio, para quien el interés del grupo pasa por delante del interés del individuo. En el pensamiento confuciano cada cual tiene que conocer su papel en la sociedad y cumplirlo cabalmente. La armonía social depende de que cada individuo desempeñe bien el papel que le toca. Lo primero que el confucianismo enseña a los niños es a respetar a sus padres y a saber cuál es su lugar en la comunidad. Les inculca que su objetivo debe ser servir al bien común, no perseguir el bien individual. No les enseña a pensar por sí mismos ni los invita a cambiar el mundo. Los invita a servir al mundo que ya existe, el que les rodea. Cada persona tiene unas funciones, derechos y deberes distintos según el lugar que ocupe en la sociedad. Esto empieza por la familia. En la ética confuciana, por ejemplo, se alababa a la mujer si a lo largo de su vida era fiel a las llamadas tres obediencias: a su padre, mientras fuera soltera; a su marido, cuando estuviera casada; y a su hijo mayor si se quedaba viuda. La Embajada de España en Pekín alberga un magnífico tapiz de la dinastía Qing que se regaló a una matrona china como homenaje por haber cumplido fielmente durante toda su vida esas tres obediencias.

André Malraux lo expresa así en La condición humana:

Es bueno que existan la sumisión absoluta de la mujer, el concubinato, la institución de las cortesanas... La mujer está sometida al hombre como el hombre está sometido al Estado; y servir al hombre es menos duro que servir al Estado. ¿Vivimos para nosotros? Nosotros no somos nada. Vivimos para el Estado en el presente, para el orden de los muertos a través de la extensión de los siglos...

En la República Popular de China, la tradición confuciana entronca sin dificultad con la naturaleza leninista del Partido. El absolutismo imperial de raíz confuciana ayuda a legitimar su autoritarismo leninista. Sus ideólogos proclaman que el Partido administra el interés común del que habla Confucio. Las ya citadas Dos Determinaciones de los textos del Partido evocan la obediencia absoluta que en el pasado se debía al emperador, el «hijo del cielo».

No es ése el único punto de contacto entre el sistema político establecido por el PCCh y el pensamiento de Confucio. El horror confuciano a la inestabilidad, al caos, es plenamente compartido por el PCCh. O su énfasis en los ritos, que me venían a la cabeza cuando asistía a las dos sesiones, que se celebran cada año a principios de marzo en el Gran Palacio del Pueblo. Incluso su moralismo, muy apreciado por un Partido que considera como principios esenciales del socialismo una serie de virtudes cívicas que desprenden un tufo moralista muy confuciano.

Michael Wood ha señalado que el gobierno de las dinastías imperiales descansaba sobre las ideas confucianas y la tiranía burocrática, y cree que ésa es la base de la actual organización política china: virtud confuciana y tiranía burocrática. Xi Jinping sería heredero de esa tradición.

No puede sorprender por lo tanto que muchos en China, también dentro del Partido, vean al PCCh como la nueva dinastía, que en 1949 recibió el mandato del cielo, y cuyos líderes se instalaron en Zhongnanhai, una sección de la Ciudad Prohibida. Tampoco que muchas de las medidas adoptadas por Xi Jinping desde su llegada al poder tengan por objeto que el Partido evite los mismos errores que cometieron las dinastías anteriores y que provocaron su caída. Los historiadores del Partido han estudiado esos errores en detalle, pero pueden resumirse en uno: incurrir en los vicios que trae consigo el poder absoluto y alejarse de la población. Ése es el objetivo de la idea de la autorreforma del Partido, a la que nos referiremos más adelante.

Todo esto permite entender mejor esta frase de un discurso pronunciado por Xi en 2016: «¿De dónde hemos venido y hacia dónde vamos? En este día y en esta época de China, siempre me recuerdo a mí mismo la necesidad de mantener este sentido de la historia».

El tercer componente del programa de rearme ideológico en los años de Xi Jinping es la definición de un gran proyecto nacional liderado por el Partido, que movilice al país en torno a él y a sus políticas. Un proyecto que lo identifique con un objetivo nacional, capaz de galvanizarlo y de fortalecerlo interna y externamente. Ese proyecto es el llamado rejuvenecimiento de la nación china, una idea repetida por Xi Jinping y por los ideólogos del Partido en muchos de sus discursos. El XX Congreso del PCCh de 2022 designó el rejuvenecimiento de la nación china en todos los frentes como la tarea central del Partido en la nueva era.

El rejuvenecimiento de la nación china significa hacer cada vez más fuerte internamente a China en todos los planos, empezando por el político y el económico. Supone asimismo fortalecerla de cara al exterior para devolverla al lugar que le corresponde por su gran civilización, por su larga e ilustre historia y por su dimensión económica y política. De esa manera no volverá a caer nunca más en la sumisión a las potencias extranjeras, cuya arrogancia siguen resintiendo hoy los dirigentes chinos. El Partido tiene por lo tanto en sus manos una misión que desde su punto de vista es no sólo política, sino también patriótica, ética, justa, casi religiosa. En la mentalidad del Partido el rejuvenecimiento de la nación china es una misión transcendental. Nada puede anteponerse a ella.

En primer lugar, se trata de mantener el crecimiento económico, mejorando el nivel de vida de la población y la gobernanza política. Un hito de ese proceso fue el anuncio de Xi Jinping sobre la erradicación de la pobreza absoluta. En el discurso del Partido, junto a la eliminación de la pobreza absoluta mencionó el objetivo de «construir una sociedad moderadamente próspera», Xiaokang. Se trata de una palabra que describe una buena vida y que aparece en el Libro de las canciones, la primera antología de poesía clásica china, que recoge poemas de entre los siglos XI y VII a. C.

Deng Xiaoping había fijado en 1986 la meta de doblar el PIB de 1980 al final de esa década, y cuadruplicarlo en el año 2000. Lo primero se logró en el tiempo previsto y lo segundo en 1995, con cinco años de anticipación. Xi Jinping declaró alcanzada la meta de construir una sociedad moderadamente próspera en 2021 —el año del primer centenario del PCCh—, una vez que el PIB y la renta per cápita alcanzaron el objetivo marcado de doblarse con respecto a los niveles de 2010. En su discurso Xi destacó que el Partido había conseguido algo que el pueblo chino había estado persiguiendo desde hacía miles de años.

La siguiente meta es construir a mediados del siglo XXI «un país socialista moderno en todos los aspectos». En 2049 se cumplirá el primer centenario de la fundación de la República Popular de China. En esa fecha se desea culminar el proyecto de rejuvenecimiento de la nación china. El XX Congreso del Partido en 2022 indicó que los requisitos para lograrlo son

... mantener el liderazgo del Partido Comunista y el socialismo con características chinas, llevar a cabo un desempeño de alta calidad, desarrollar la democracia de proceso completo —nombre que da el Partido a la manera en que se toman las decisiones en el sistema chino—, enriquecer la vida cultural del pueblo, alcanzar la prosperidad compartida para todos, promover la armonía entre la humanidad y la naturaleza, construir una comunidad humana con un futuro compartido y crear una nueva forma de avance humano.

Los documentos del Partido establecen que en 2035 deberán haberse conseguido ya determinadas metas en ese camino. Eso incluye alcanzar el nivel de renta per cápita de un Estado desarrollado medio y convertir a China en un país líder en educación, ciencia y tecnología, cultura, deportes y salud. Otros objetivos son fortalecer su poder blando, mejorar el nivel de vida, ampliar la clase media, aumentar la productividad, mejorar la situación en las zonas rurales, establecer un sistema más completo de seguridad social, reducir las emisiones de CO₂, reforzar la seguridad nacional, modernizar las fuerzas armadas y ampliar la influencia internacional de China.

Naturalmente, esto no significa que esas metas se vayan a alcanzar. Significa que ésos son los objetivos que se ha marcado el Partido para 2035 y 2049.

La segunda dimensión del rejuvenecimiento de la nación china es el fortalecimiento de su proyección exterior y de su peso en el mundo. A ello nos referiremos más adelante.

El rejuvenecimiento de la nación china es un elemento clave del proyecto de rearme ideológico de Xi Jinping. Un proyecto que pretende dar sentido al conjunto de su política, interior y exterior, y que en este momento goza de un fuerte apoyo dentro del Partido. Como dice Kerry Brown, en los corredores de Zhongnanhai, el centro del poder de China, circulan hoy muchos más creyentes en el PCCh y en su misión histórica que antes de su llegada al poder.

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Una maquinaria de poder

En 2012 Xi se encontró con un Partido lleno de dudas, dividido, con serios casos de corrupción. En la reunión del Politburó que convocó poco después de ocupar su cargo, afirmó que detectaba en el Partido problemas que afectaban a su capacidad para cumplir su misión histórica. La ausencia de un liderazgo fuerte había propiciado que aparecieran divisiones en el seno del PCCh. Faltaba compromiso en muchos de sus miembros. La corrupción era un síntoma de ello. Mencionó las revoluciones de colores, que en esos años habían estallado en varios lugares del mundo. Subrayó que en ese momento era más necesario que nunca un Partido fuerte y unido.

Por eso, junto a la campaña contra la corrupción y el esfuerzo de rearme ideológico, Xi puso en marcha una reforma interna del Partido dirigida a acabar con las divisiones, fortalecer su cohesión, mejorar su funcionamiento y extender su presencia a todos los sectores de la sociedad china. Más que cambiar radicalmente la manera de funcionar del PCCh, Xi ordenó una revisión de sus mecanismos internos para corregir errores y evitar que se desviaran de sus objetivos originales. Eso era lo que en su opinión había sucedido durante el mandato de sus predecesores. Puso un nuevo énfasis en algunos aspectos que pensaba que se habían descuidado. La celebración del centenario del PCCh en 2021 sirvió para exaltar el papel de ese Partido renovado, que Xi Jinping ha colocado en el centro de todas las decisiones políticas.

Para entender la China actual hay que entender el papel del Partido: su lugar determinante en el sistema político, su forma de operar, la manera en que se presenta ante la sociedad china. El PCCh no es desde luego un Partido democrático, sino de raíz leninista. Pero en el mundo occidental se tiene una visión lejana y un poco de brocha gorda sobre su manera de funcionar. Tras haber conocido de cerca el PCUS y otros partidos de la antigua Europa del Este, en Occidente se tiende a veces a pensar que el Partido Comunista de China se parece a ellos. Sin embargo, el PCCh es muy distinto. Xi lo ha convertido en una maquinaria de poder muy bien engrasada, muy distinta de los partidos comunistas de la era soviética. Un instrumento al servicio del socialismo con características chinas. Éste a su vez es un proyecto mucho más complejo, más sutil, con muchas más facetas que el régimen comunista soviético. Tal vez por eso, en el caso de la Unión Soviética todos —incluidos sus líderes— sabían que el sistema occidental funcionaba mejor que el suyo. Ahora en cambio los dirigentes chinos están convencidos de lo contrario y encuentran al hacerlo un eco creciente tanto dentro como fuera de sus fronteras.

Esa maquinaria del poder se basa en una serie de principios básicos. El primero es la meritocracia, que el Partido presenta como un aspecto central de su modelo de gobernanza. Las pruebas de ingreso y los canales de promoción interna tratan de seleccionar a los mejores. El Partido se cuida de resaltar la continuidad entre su enfoque y el que existió durante siglos en el Imperio chino. El sistema de exámenes de los funcionarios imperiales, los mandarines de la China clásica, se mantuvo en vigor desde 606 hasta 1905.

El Partido tiene 92 millones de miembros, un 8 por ciento de la población adulta. El ingreso no es fácil, y Xi Jinping lo ha hecho todavía más difícil para tratar de limitar el número de los que ingresan por razones de promoción profesional o personal. El candidato debe pasar un año de formación durante el cual tiene que enviar informes sobre las políticas del PCCh cada tres meses, bajo la supervisión de dos miembros del Partido. Debe superar una investigación sobre su origen familiar, sus amigos y su expediente escolar. Si el resultado es favorable se convertirá en miembro provisional por un año. Si el candidato es finalmente admitido, debe jurar ante la bandera del PCCh no revelar nunca los secretos del Partido y estar siempre dispuesto a sacrificarse por él y por el pueblo. El objetivo es crear una élite dispuesta a hacer todo lo que haga falta por el PCCh, y absolutamente leal a su líder. Pese al carácter supuestamente proletario del Partido Comunista de China, las pruebas de ingreso favorecen a los candidatos con un alto nivel de educación. La mitad de sus miembros tiene actualmente un título universitario, y los que sacan mejores notas tienen más fácil el ingreso.

Un elemento esencial del poder del Partido es el Departamento de Organización del Comité Central. El DOCC decide todos los nombramientos para cargos públicos, tanto del gobierno central como de los gobiernos provinciales y locales. Posee informes detallados de cada uno de los miembros del Partido en los que se describen los puestos que ha ocupado, las evaluaciones de sus superiores y cualquier otra información relevante, incluidas las dudas sobre su fiabilidad política que puedan haber surgido. El Partido destituye sin contemplaciones a los funcionarios ineptos o desleales. Los ascensos dependen en principio de los méritos acumulados en los puestos anteriores: los resultados obtenidos, el conocimiento directo de los problemas, el contacto cercano con la población. En un discurso en la Escuela Central del Partido en marzo de 2022, Xi Jinping recordó que la tarea primordial de los dirigentes consiste en trabajar y alcanzar resultados. En las escuelas del Partido se repite con frecuencia la frase de Deng Xiaoping, que invitaba a buscar la verdad a partir de los hechos. En ocasiones se lanzan encuestas entre los ciudadanos para valorar a los dirigentes locales. Según Richard McGregor, «la burocracia leninista permanece, pero el Partido le ha añadido un toque de McKinsey para asegurarse de que funciona bien».

Esta estructura meritocrática es desde luego imperfecta. Primero, por el peso de las familias de la aristocracia roja, los descendientes de los líderes del PCCh de la época de Mao. Son los llamados principitos, como Xi Jinping, quienes tradicionalmente han tenido especiales facilidades para ascender dentro del Partido. Además, a partir de cierto nivel en la jerarquía, los factores políticos son determinantes para seguir progresando, especialmente la relación con el máximo líder. Xi Jinping por ejemplo se ha rodeado en el actual Comité Permanente del Politburó de dirigentes más conocidos por la lealtad que le muestran que por su excelencia profesional.

Para poder ascender se debe empezar desempeñando cargos en pueblos o ciudades pequeñas, como hizo el propio Xi. Sólo después de haberlo hecho satisfactoriamente se puede progresar al ámbito provincial y luego al nacional. Esto garantiza que quienes llegan a posiciones de poder sean personas con un cierto nivel de capacidad y preparación. Un empresario chino me comentó que suelen ser personas que han ido a buenas universidades, que empiezan desde abajo y acumulan una gran experiencia, que se suelen formar en cursos en las escuelas del Partido y que están permanentemente expuestas a que otras personas envíen informes al Partido criticando su trabajo.

En China no existe libertad de expresión, y el Partido no permite una discusión abierta sobre sus políticas en el conjunto de la sociedad china. Sin embargo, en principio ese debate se permite en su seno, o al menos se permitía hasta la época de Xi Jinping, que ha estrechado notablemente sus límites. No se trata de un debate sobre los grandes objetivos políticos, que fijan los líderes del Partido, sino sobre la mejor manera de alcanzarlos. Sus ideólogos lo describen con la fórmula «unidad-crítica-unidad», que refleja cómo del acuerdo inicial sobre los objetivos se pasa a una discusión sobre la vía para alcanzarlos, que termina con un nuevo acuerdo sobre dicha vía. Cuando no se alcanza un acuerdo, decide el líder del departamento o del comité local donde se desarrolla la discusión, y todos están obligados a acatar su decisión.

China es un país muy grande, con regiones muy distintas y circunstancias muy diferentes. Por eso Pekín establece las grandes líneas políticas, pero tradicionalmente ha concedido un margen de autonomía a las provincias y a las ciudades para que las apliquen de la manera que mejor se adapte a su situación concreta. Ha estimulado una cierta competencia entre ellas para que cada una busque un camino diferente y aplique más tarde el que resulte más eficaz. De ahí la importancia de los secretarios locales del Partido en las provincias, en las ciudades e incluso en los condados. Descentralización, pero férreo control del centro, como corresponde a un sistema leninista. El control central se ha reforzado en los años de Xi Jinping, que ha limitado el margen de actuación de las autoridades locales y también supervisa de forma mucho más estrecha las elecciones directas que tienen lugar para elegir a los dirigentes de las aldeas y pueblos pequeños.

Esto es lo que en China se llama «democracia de proceso completo». James Miles ha puntualizado que, en el lenguaje del Partido, democracia quiere decir dictadura eficaz. Chairman Rabbit, un conocido bloguero chino perteneciente a una familia de la aristocracia del Partido, lo explica así: «Cómo cambiar la política, por qué, cuándo y dónde cambiar, todo eso debe ser el resultado de nuestra propia decisión, y nunca aceptaremos ser “secuestrados” o “forzados” por la opinión pública». Estas palabras describen bastante bien la cultura interna del PCCh y su manera de funcionar. El objetivo es que las decisiones beneficien al pueblo, pero sin que el pueblo intervenga en ellas. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo, como en la fórmula del despotismo ilustrado.

En su ejercicio del poder, el PCCh recurre al uso masivo de la tecnología en todos los niveles del gobierno, manejando enormes masas de datos y utilizando mecanismos de inteligencia artificial. La idea es facilitar que los tecnócratas del Partido puedan responder más eficazmente a los problemas de una sociedad compleja como la china. Kerry Brown asegura que el uso de la tecnología ha supuesto un antes y un después para el Partido. Claudio F. González ha denominado «tecnosocialismo» al sistema político chino.

El esfuerzo por mantenerse en contacto estrecho con la población es otro de los principios que inspiran la manera de funcionar del PCCh. Según Mario Esteban, el Partido cuenta con 4.600.000 organizaciones de base. Está presente, por lo tanto, hasta en el último rincón del territorio y acumula mucha información sobre el estado de opinión de sus habitantes. A ello contribuyen poderosamente la masa de datos que controla y su mecanismo de censura de las redes sociales. En China no hay libertad de expresión, pero sí hay opinión pública. El Partido trata de mostrarse sensible a los deseos de los ciudadanos, adaptando en cierta medida sus mensajes a lo que ellos esperan. Sigue muy de cerca las redes sociales y, cuando lo ve posible, trata de mostrarse flexible y cambiar de política para responder a las quejas de la población si con ello no contradice sus intereses fundamentales. Los ideólogos del Partido subrayan que ningún problema puede solucionarse para siempre, por lo que se debe aprender de la experiencia, innovar y buscar soluciones para las dificultades que vayan surgiendo. Un ejemplo de ello fueron las medidas de lucha contra la contaminación atmosférica, que terminaron adoptándose ante las fuertes quejas de la población por el grado de polución existente. Algo parecido puede decirse de la decisión de las autoridades de Pekín en el otoño de 2022 de dar marcha atrás 48 horas después de declarar obligatoria la vacuna contra la COVID-19, ante la resistencia de la población. En otro de sus blogs, Chairman Rabbit afirmó que el Partido nunca habría llegado tan lejos si se hubiera apartado de la realidad, «se hubiera desvinculado de las masas» y hubiera seguido políticas rígidas.

En la China imperial se permitía a cualquier persona escribir al emperador para presentar quejas o propuestas a las autoridades, y la República Popular de China ha incorporado ese principio en sus mecanismos de funcionamiento. En un viaje a una provincia china me invitó a cenar el alcalde de una de sus principales ciudades. Era un sábado, ya tarde, y el alcalde se quejó de la cantidad de trabajo que había tenido ese día. Lo peor, me dijo, era tener que contestar a las muchas cartas que recibía de ciudadanos que enviaban al Ayuntamiento todo tipo de propuestas o que se quejaban de alguna injusticia. El alcalde se lamentaba de que todo el mundo se sintiera con derecho a protestar o a proponerle esto o lo otro.

En ocasiones son las autoridades las que toman la iniciativa para tratar de conocer los deseos de la población. En marzo de 2023, el primer ministro Li Qiang anunció que pediría a los dirigentes locales y a los jefes de departamento que llevaran a cabo encuestas para conocer la opinión de la gente sobre la manera de solucionar algunos problemas de la economía china, como la situación de la demanda interna, el mercado de empleo o la manera de desarrollar las áreas rurales. La intención era conectar con las bases del Partido y de la sociedad y buscar propuestas innovadoras.

Todas estas iniciativas tienen límites claros. Si se realizan encuestas de opinión, sólo serán aceptadas las que no contradicen las líneas de actuación fijadas desde arriba. Si alguien solicita cambios en políticas que el Partido juzga intocables —como en el caso de las violaciones masivas de derechos humanos en Sinkiang, que los dirigentes chinos consideran como un episodio indeseado pero inevitable de la lucha contra el terrorismo en esa región—, puede acabar en la cárcel.

El Partido se ve a sí mismo como endurecido en muchas batallas. De acuerdo con las conclusiones del XX Congreso, tener el coraje de luchar y el temperamento necesario para ganar confiere al Partido una fuerza imparable. Chairman Rabbit recuerda que el Partido ha pasado por la Larga Marcha y por innumerables luchas sangrientas hasta llegar a su situación actual, y que «su espíritu se basa en la lucha dura, la lucha tenaz y el sufrimiento brillante». El Partido está convencido de que todo ello le permite superar cualquier obstáculo. En un discurso ante sus dirigentes jóvenes, Xi Jinping afirmó que «la responsabilidad y la lucha es una actitud, y lo fundamental es tener un carácter generoso y un valor sin miedo... Los cuadros del Partido, ante las dificultades, no deben arrugarse ni salir corriendo. Los cuadros jóvenes deben mantenerse firmes, ir adelante y ver el mundo a través de las pruebas y las tribulaciones de la lucha». John Garnaut ha comentado que la esencia del maoísmo es la lucha perpetua, contemplada como un antídoto contra la calcificación y la putrefacción que destruyeron todas las dinastías del pasado.

Un aspecto clave de esa actitud es lo que el Partido denomina autorreforma, una idea introducida por Xi Jinping en 2015. Se trata de un esfuerzo permanente de autocrítica, de autocontrol y de disciplina para evitar caer en los vicios que conlleva el poder, especialmente el poder absoluto. Xi repite con frecuencia que el Partido no debe desviarse de su intención original, una frase que procede de un poema chino de la era de los Reinos Combatientes (475-221 a. C.). Los ideólogos del Partido recuerdan los ciclos históricos de las dinastías pasadas, que después de doscientos o trescientos años en el poder caían en una serie de prácticas que conducían a su desmoronamiento: indolencia, corrupción, abuso de poder, alejamiento del pueblo. En 2022, Xi Jinping declaró que el Partido podía escapar de esos ciclos históricos aplicando de forma implacable el principio de autorreforma. En sus discursos ha subrayado la importancia de la autocrítica permanente para que el Partido siga manteniendo su posición. Ésta es una de las ideas en las que más ha insistido.

Un artículo aparecido en el Diario del Pueblo, el órgano oficial del PCCh, recoge que, según la teoría política occidental, un Partido en el poder no se puede autocontrolar, por lo que recomienda un régimen multipartidista y la separación de poderes. Pero eso conduce a múltiples conflictos entre los partidos. En Occidente no se creen, añade el artículo, que nuestro Partido sea capaz de aplicarse el bisturí y eliminar los tejidos podridos. Pero la autorreforma permite que solucionemos nuestros problemas.

El principal objetivo de la autorreforma del Partido es la lucha contra la corrupción, a la que ya se ha hecho referencia. Para Xi Jinping, quien la convirtió en bandera de sus primeros años de mandato, la campaña contra la corrupción sigue siendo una prioridad. Uno de sus documentos describe la corrupción como «el tumor más maligno, que daña la vitalidad y la eficacia para la lucha del Partido. Es lo que las masas populares más detestan, y la lucha contra la corrupción es la más profunda autorreforma». Un texto del Partido menciona las formas más habituales de la corrupción en su seno, como formar pequeños grupos para conseguir ganancias personales, aprovechar lagunas legales, mezclar la política con los negocios u obtener favores gracias al guanxi (contactos) y al abuso de poder o de privilegios. Un anuncio reciente de una campaña quinquenal para erradicar la corrupción cita los sectores en los que sigue siendo más urgente eliminarla: las finanzas, la sanidad (para conseguir una cita médica o acceso a determinados medicamentos no es raro tener que pagar a un médico por debajo de la mesa), los deportes (sobre todo el fútbol, muchos de cuyos dirigentes han acabado en la cárcel), la educación superior, las empresas públicas, la seguridad social, la seguridad alimentaria o la policía.

La corrupción no tiene la dimensión que tenía antes de la llegada al poder de Xi Jinping, pero tampoco ha desaparecido. Y eso a pesar de las medidas ejemplarizantes, como obligar a los culpables de los casos más sonados a confesar sus culpas en televisión. Alguno de ellos incluso murió ejecutado, como Lai Xiaomin, expresidente de la entidad financiera Huarong, al que juzgaron por haber aceptado sobornos por valor de 250 millones de euros.

Otro aspecto de la autorreforma es exigir a todos los miembros un comportamiento ejemplar y una absoluta lealtad al Partido. Los miembros del PCCh son sometidos a un fuerte control, que Xi está perfeccionando. Se les exige una reeducación ideológica permanente. Eso incluye reuniones periódicas en los comités locales y cursos en la Escuela Central del Partido o en alguna de las otras 3.000 escuelas del PCCh repartidas por todo el territorio. Uno de los directores de la Escuela Central del Partido me dijo que se organizan cursos de formación continua para todos los cuadros medios y altos del PCCh, cursos especializados en todo tipo de materias, cursillos especiales para acceder a determinados puestos e incluso un curso dedicado a los integrantes del Comité Central. Posee institutos de investigación y un centro de pensamiento dedicado a las políticas del gobierno.

La Escuela desempeña un papel central en el proyecto de rearme ideológico del PCCh dotándolo de los instrumentos teóricos que le permitan hacer frente a la perniciosa influencia occidental. Su trabajo ideológico es constante sobre temas como los derechos humanos, la economía, la política exterior, etc. Busca así armarse de argumentos para defender las posiciones del Partido que transmite a sus cuadros.

La tarea prioritaria de la Escuela Central del Partido es asegurar la lealtad de sus miembros al Pensamiento de Xi Jinpingsobre el socialismo con características chinas en la nueva era. Cai Xia, que enseñó en ella cuando Xi Jinping era su presidente y que se encuentra actualmente exiliado en Estados Unidos, ha comentado que en una reunión de profesores de la Escuela se les indicó que Xi «no les permitiría comer el cuenco de arroz que les daba el Partido si se dedicaban a golpear la olla donde se preparaba».

El control del Partido sobre sus militantes resulta muy intrusivo. Según Claudio F. González, sus miembros están obligados a tener en su móvil una aplicación sobre el Pensamiento de Xi Jinping: «La app controla el tiempo que dedican a consultarla. Hay que rellenar cuestionarios, y sus resultados son revisados por comités del Partido, que luego los examinan con el usuario. La app tiene acceso a todos los archivos del móvil». James Miles ha escrito en The Economist que la aplicación del Partido muestra cuántos puntos ha obtenido cada uno de sus miembros por diferentes motivos: su trabajo voluntario —estimula el trabajo voluntario de sus miembros, y lo hizo a una escala masiva para luchar contra la COVID-19—, la participación en sesiones de estudio, los informes elaborados sobre sus políticas, etc. Los que no superen cierto número de puntos al año pueden ser convocados a una charla con el comité local o enviados a un curso de reeducación ideológica a una escuela del Partido. Según la agencia oficial china Xinhua, los cuadros deben informar a sus superiores sobre sus asuntos personales, a fin de mejorar su supervisión por ellos. La Comisión Central para la Inspección de la Disciplina es el órgano encargado de controlar que todos los miembros del Partido cumplen con sus obligaciones.

Uno de los problemas de este sistema de controles es que el propio Partido es el que se controla a sí mismo. Jamás permitiría que un órgano externo supervisara su funcionamiento, aunque sean los tribunales de justicia, que él mismo controla. En los Estados democráticos, las élites son controladas por el pueblo mediante las elecciones, por los partidos de oposición o por los medios de información haciendo uso de la libertad de expresión. En China, es la élite la que se controla a sí misma. Naturalmente, nunca lo hará de una manera que ponga en peligro sus intereses.

Un ejemplo de ello fue el caso de la tenista Peng Shuai, que denunció en la red social china Weibo haber sido objeto de abusos sexuales por parte del exviceprimer ministro y antiguo miembro del Comité Permanente del Politburó, Zhang Gaoli. Era el punto álgido del movimiento Me Too en Occidente, y su denuncia tuvo mucho eco dentro y fuera de sus fronteras. Pero el asunto fue rápidamente eliminado de las redes sociales (apenas duró en ellas treinta minutos) y no quedó recogido en los medios chinos. El escándalo internacional les obligó a presentar imágenes de la tenista llevando una vida aparentemente normal, pero en ningún momento hicieron referencia alguna a Zhang Gaoli. Un tiempo después le pregunté sobre el asunto a un amigo chino muy bien conectado. Su respuesta fue que los trapos sucios se lavan en casa. Añadió que seguramente Zhang había recibido algún tipo de castigo, pero que los casos que implican a altos dirigentes del Partido raramente se hacen públicos.

Es interesante ver cómo el Partido se percibe a sí mismo. Li Junru, el exvicepresidente de la Escuela Central del Partido, subraya que el PCCh representa los intereses de la inmensa mayoría del pueblo chino, no sólo los de una parte, como hacen los partidos en los regímenes democráticos. Según él, el PCCh pone los intereses del pueblo antes que nada, ya sea en el desarrollo económico para mejorar el bienestar de la población, en la lucha contra la corrupción o en el combate contra la pandemia, en la que se priorizó salvar vidas y no salvar la economía. El Partido dice que gobierna por el interés del pueblo y que su prioridad es servir al pueblo, como proclama uno de sus eslóganes favoritos, que procede de la época de Mao. En su discurso ante cuadros del Partido, Xi recalcó que «los comunistas deben tener presente que trabajar por el bien del pueblo es el mayor logro político».

Dos de sus ideólogos, Ma Jiantang y Zhao Changwen, han afirmado que el Partido ha logrado la felicidad del pueblo chino, ha rejuvenecido la nación y ha dado forma a un modelo chino de modernización. Otros teóricos del Partido han destacado el alto nivel de confianza del pueblo chino en el PCCh. Todo eso es posible, según ellos, porque el Partido «no tiene intereses propios, sino que sólo sirve a los intereses de las masas».

Que esta gigantesca maquinaria de poder tenga esa imagen de sí misma resulta difícil de entender en los países occidentales, donde muchos opinan que el Partido sí que tiene intereses propios, empezando por el de perpetuarse en el poder. Pero esa imagen existe. Y refleja la enorme confianza que tiene en sí mismo, después de haber logrado transformar China y convertirla en una gran potencia. En las conmemoraciones del centenario del Partido, sus órganos de propaganda repitieron el eslogan de que «el socialismo no le había fallado a China».

El Partido no deja de repetir que goza de un alto grado de apoyo entre la población y, para demostrarlo, menciona encuestas realizadas por empresas occidentales. Citan por ejemplo una encuesta realizada en 2016 por el Ash Center de la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard, según la cual el índice de satisfacción con el gobierno en China alcanzaba el 95 por ciento. Según el Trust Barometer de 2023 de Edelman, una de las principales consultoras de relaciones públicas a nivel global, la confianza de los chinos en su gobierno alcanzaba el 89 por ciento, el índice más alto del mundo. E incluso el Global Happiness Report, elaborado por Ipsos en 2023, concedía a China el primer puesto de los 32 países encuestados, con más del 91 por ciento —12 puntos más que 10 años antes— de la población indicando que se sentía en general feliz.

Estos resultados pueden sorprender en Occidente. En parte se explican porque en China no existen libertades políticas, y se necesita mucho valor para expresar opiniones contrarias al Partido. La información que recibe la población contiene únicamente alabanzas al sistema. Las noticias de la noche de la CCTV, la principal cadena de televisión china, siguen casi siempre la misma estructura: la primera parte se dedica a las actividades de los líderes chinos, la segunda a describir las catástrofes que suceden en el exterior y la tercera a resaltar los últimos éxitos de China.

Pero también hay que entender el efecto que ha provocado la clara mejora del bienestar económico de la población desde el comienzo de la política de Reforma y Apertura. Como dice Tony Saich, director del Ash Center de Harvard, tendemos a olvidar que, para muchas personas en China, cada día de las últimas cuatro décadas ha sido mejor que el anterior. The Economist coincide en que la población atribuye al Partido la mejora de su nivel de vida. Los chinos parecen estar de acuerdo con algunos de los argumentos que utiliza el PCCh para justificar su posición, como la eficacia de su gobierno. También parecen haber dado resultado la lucha contra la corrupción y los esfuerzos del PCCh por mantenerse en contacto con la población.

Como ya se ha señalado, China nunca ha conocido la democracia, lo que, unido a la represión implacable, hace que la mayor parte de la población ni se plantee la cuestión. Algunos, incluidos miembros del Partido, piensan que el tema podrá abordarse más adelante, cuando se hayan resuelto los problemas socioeconómicos más acuciantes. Pero la inmensa mayoría está en otra cosa. Bruce Dickson opina que pocos chinos están dispuestos a exigir un régimen democrático «porque creen que ya lo tienen», debido a las mejoras en la gobernanza, el crecimiento de la economía y una mayor calidad de vida. Wang Yiwei, vicepresidente de la Academia del Pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas para la nueva era, me dijo en una conversación que China prefiere el orden a la libertad, el colectivismo al individualismo. Afirmó que los chinos están dispuestos a sacrificar sus derechos humanos por su país y que, si eso es bueno para éste a largo plazo, pueden tolerar el sufrimiento a corto plazo. En otra ocasión el director de un banco internacional en Hong Kong, de origen chino, me lo admitió: «Los chinos sabemos que hay algo que nos estamos perdiendo por no tener nuestros derechos humanos garantizados, y nos gustaría tenerlos. Pero a la mayoría le importa más haber salido de la pobreza, poder sobrevivir (que es su preocupación primera) y comparar su nivel de vida con el de sus padres y abuelos».

Como maquinaria de poder, el Partido Comunista de China tiene algunas semejanzas con otra gran maquinaria de poder con una trayectoria milenaria, la Iglesia católica. Yo fui de la Embajada ante la Santa Sede a Pekín y enseguida empecé a notar algunos paralelismos entre el PCCh y el Vaticano.

Otros observadores de la realidad china, como Richard McGregor, han subrayado la existencia de puntos en común entre ambos. Claudio F. González se ha referido al Partido como un «sacerdocio laico», y Kevin Rudd habla de él como la Iglesia suprema de una fe secular revitalizada. Otro conocido sinólogo, Bo Zhiyue, describe al PCCh como «un Partido leninista bien organizado bajo el principio del centralismo democrático. En cierto sentido, es como la Iglesia católica, con comités a todos los niveles y ramas del Partido en organizaciones y empresas».

En los dos casos se trata de estructuras muy verticales, con una cúspide clara: el papa por un lado y el secretario general del Partido por el otro. Ambos han sido elegidos por sus pares, no por sus bases, y menos aún en una elección democrática. Esos pares se mantienen muy cerca de ellos, en un caso en el Politburó y en el Comité Central, y en el otro en el Colegio Cardenalicio y en la Curia Vaticana. Suelen ser personas muy competentes, porque en ambas instituciones rige en principio la meritocracia, y personas de extracción muy humilde pueden llegar a los destinos más altos si demuestran su valía.

Tanto el Partido como el Vaticano funcionan con un horizonte a largo plazo. Operan en términos temporales mucho más amplios que los Estados democráticos, que están inevitablemente constreñidos por los ciclos electorales.

Ambas instituciones están presentes en la totalidad del ámbito territorial en el que actúan y disponen de una información muy completa sobre lo que en él sucede. El Partido tiene células en los rincones más remotos de China, así como en las empresas y en las comunidades chinas en el exterior. El Vaticano a su vez está presente en todas las parroquias del mundo, que llegan a los lugares más recónditos de todos los países, ricos y pobres. Yo lo tuve siempre muy presente durante toda mi carrera, consciente de que las Nunciaturas Apostólicas recibían información de primera mano desde los lugares más remotos del país ante el que estaban acreditadas. Mantener un estrecho contacto con ellas me resultó muy útil, por ejemplo, para seguir de cerca la situación de seguridad o las amenazas contra los derechos humanos en los países iberoamericanos donde estuve destinado.

Los integrantes de ambas organizaciones, Iglesia y Partido, tienen un espíritu de casta que los lleva a protegerse de los enemigos exteriores. Ambos prefieren lavar los trapos sucios en casa, como me dijo un amigo mío empresario sobre el caso de la tenista Peng Shuai. Así lo hizo durante años la Iglesia con los casos de abusos sexuales, y así lo sigue haciendo el Partido. Tanto en el Vaticano como en el PCCh la etiqueta indumentaria es bastante homogénea: la sotana o el clériman, en un caso, y los pantalones oscuros; la camisa blanca sin corbata y la zamarra con cremallera en el otro. O bien el traje oscuro, camisa blanca y corbata roja o azul (raramente de otro color) cuando la ocasión lo exige.

La idea de lucha es crucial para el Partido, como se ha visto al hablar de la autorreforma: lucha contra la corrupción, lucha contra los propios defectos y necesidad de examen constante y de formación permanente. Los miembros del Partido deben ser moralmente intachables. Sólo así pueden desempeñar su misión sagrada al servicio de la nación, que justifica su poder absoluto. Este enfoque no es muy distinto al de los ejercicios espirituales de san Ignacio de Loyola. Se espera de ellos que participen en sesiones de autoinculpación en las que se acusan de no haber sido tan buenos comunistas como hubieran debido ser. Algunas congregaciones religiosas también organizan sesiones en las que sus miembros se reúnen para contar sus experiencias, reconocer sus limitaciones como buenos cristianos y buscar apoyo para intentar cumplir mejor con las leyes de Dios.

Esta exigencia ética con frecuencia deriva en una actitud moralista. El PCCh ha lanzado campañas contra actores afeminados, millonarios que montan escándalos con sus coches de lujo, círculos de fans de los influencers o conocidos empresarios que presumen de riqueza y de comportamientos extravagantes. Un documento reciente del Partido condenaba el «exceso de elegancia y de sofisticación». En una sociedad en la que la institución del concubinato no ha desaparecido del todo, un dirigente del partido en Sichuan fue fulminantemente expulsado de todos sus cargos después de ser fotografiado paseando por la calle de la mano de su amante. El exministro de Asuntos Exteriores Qin Gang fue destituido después de tener un hijo con una presentadora de televisión de Hong Kong. El moralismo puede convertirse a su vez en puritanismo, y a veces el PCCh da la impresión de encontrarse en esa fase puritana que han atravesado muchas religiones. La Iglesia naturalmente ha predicado desde sus orígenes contra las inmoralidades y los pecados de sus fieles. Pero si hay algo que la Iglesia conoce bien son los defectos de la naturaleza humana, que desgraciadamente no crea seres perfectos. Probablemente los conoce mejor que el PCCh, que al fin y al cabo fue fundado hace poco más de un siglo. Recordando mis tiempos de Roma, la atmósfera en el Vaticano me parecía con frecuencia menos moralista que la que se percibía dentro del PCCh.

Ya se ha comentado que los órganos del Partido encargados de controlar la seguridad del Estado a veces aplican métodos que utilizaba la Inquisición en siglos pasados. No es el único paralelismo con el Santo Oficio. En algunos casos en los que la Comisión Central para la Inspección de Disciplina interna del PCCh detecta posibles delitos de sus miembros, la investigación la realiza ella misma, pero luego no es el Partido el que castiga los delitos cometidos. Una vez terminada su investigación, la Comisión entrega a los acusados a los tribunales ordinarios para que los juzguen y dicten sentencia (que, naturalmente, decide entre bambalinas el Partido). Esta forma de actuar se asemeja mucho a la de la Inquisición, que investigaba a judaizantes y herejes, pero no los condenaba ella misma a la hoguera o a otras penas, sino que los entregaba al brazo secular para que éste se encargara de relajarlos, de aplicarles el castigo que se hubiera decidido. En ambos casos, la razón es la misma: la valoración del fondo del problema deben realizarla los encargados de defender unos principios sagrados, unos valores superiores que sólo unos iniciados —los inquisidores en un caso, los miembros del Partido en el otro— están en condiciones de juzgar. Sólo ellos, que son plenamente conscientes de la gravedad de sus consecuencias, pueden valorar plenamente las infracciones que cometan los miembros del Partido (o los herejes, en siglos pasados). Que otros se manchen después las manos aplicando los castigos pertinentes.

El punto de contacto fundamental entre el PCCh y el Vaticano es que ambos están convencidos de ser los depositarios de una misión transcendental. En el caso de la Iglesia —a cuyo servicio está el Vaticano—, se trata de la salvación del alma de sus fieles. En el del Partido, la salvación del pueblo chino, tanto de sus enemigos exteriores como de sus demonios internos. Esa misión transcendental lo justifica todo. Para la Iglesia, justifica su poder espiritual, que en tiempos pasados ella ha confundido con el temporal. Para el Partido, su derecho al monopolio absoluto del poder, utilizando los métodos más brutales para retenerlo en sus manos si ese monopolio peligra. Esa misión transcendental, salvífica, hace que ambos, Iglesia y Partido, tengan una visión mesiánica de sí mismos y del papel que les corresponde desempeñar.

Como la Iglesia, el Partido es una religión, una fe en el proyecto de fortalecimiento de China —que Xi Jinping ha denominado «rejuvenecimiento de la nación china»— y en el papel del Partido como instrumento providencial para conseguirlo. Eso explica que sus dirigentes hablen a menudo del Partido Comunista —cuya raíz filosófica está en el materialismo dialéctico— en términos espirituales, apelando por ejemplo al alma del Partido.

Al servicio de esta misión transcendental ambas instituciones tienen un dogma. El Nuevo Testamento y el conjunto de la doctrina católica, en el caso de la Iglesia. El Pensamiento de Xi Jinping, en el del Partido. Ambos dogmas han generado su propia teología y sus propias escuelas de estudios teológicos. En su elaboración trabajan las mentes más preclaras de la Iglesia y del Partido, que los presentan a los fieles como una verdad revelada que se pone a su alcance.

El dogma no acepta contestación, ni en un caso ni en el otro. El Vaticano tiene una larga historia de medidas fulminantes contra herejes y cismáticos. El PCCh no tolera las críticas, probablemente bastante menos que el Vaticano en estos momentos.

La infalibilidad del papa encuentra su equivalente en la infalibilidad del Partido.

Éste afirma que su doctrina se basa en el socialismo científico de Karl Marx, pero en realidad ninguna doctrina filosófica es científica. El PCCh se considera infalible porque se cree ungido por una misión sagrada, la salvación de la nación china de sus humillaciones pasadas. Por eso nunca permitirá que la gente vote o que opine sobre sus políticas. Igual que no puede permitirse a la gente votar para decidir si quiere que la salven del pecado, tampoco se le puede permitir hacerlo para decidir si quiere que salven a la nación. En ambos casos se trata de una misión transcendental que no admite discusión. Si se dejara en manos de los individuos, podría ser cuestionada, porque la gente muchas veces no sabe lo que «realmente» quiere o lo que «realmente» le conviene. Se equivoca o se deja llevar por sus debilidades. Alguien tiene que decidir por ellos, y esas decisiones no pueden estar sometidas a debate. Por eso el principio de infalibilidad del PCCh se parece cada vez más al principio de infalibilidad del papa. También en este caso la insistencia en la primera parece en este momento más fuerte que en la segunda.

El Partido Comunista de China y el Vaticano son dos grandes maquinarias de poder. Hace muchos años mi padre me dijo que el Vaticano es la única institución política del Imperio romano que se mantiene en pie. «No creo que sea por casualidad», añadió. Al PCCh le queda todavía bastante para demostrar que puede llegar a ser tan longevo.

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Todo el poder para el Partido

El Partido Comunista de China tiene el control absoluto del sistema político. Como se afirma en una declaración emitida durante el congreso del Partido en 2017, «el gobierno, las Fuerzas Armadas, la sociedad, la academia; el este, el oeste, el norte, el sur y el centro: el Partido lo dirige todo».

En los años ochenta del siglo XX, en un intento de profesionalizar la Administración pública, Deng Xiaoping inició un proceso de separación del Estado y del Partido, atribuyéndoles a cada uno funciones distintas. El proceso no había avanzado mucho cuando Xi Jinping llegó al poder, pero él lo detuvo en seco e hizo exactamente lo contrario: le ha dado al Partido el control total del Estado. Xi pensaba que esa separación no era una buena idea porque surgían frecuentes desacuerdos entre uno y otro que afectaban a la eficacia del sistema político chino. En este momento, el Partido controla totalmente los tres poderes del Estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial.

Como señala Claudio F. González, en el Pensamiento de Xi Jinping se menciona la lealtad al Partido, al país, al pueblo y a la ley, en este orden. La bandera nacional y la del Partido son casi idénticas. El mismo color rojo en ambas, con una estrella amarilla grande y cuatro pequeñas en una, y la hoz y el martillo en la otra. Tanto las estrellas como la hoz y el martillo ocupan una superficie similar en la misma esquina de la bandera, la superior izquierda. Todos ellos tienen el mismo tono de amarillo.

El Consejo de Estado, el equivalente al gobierno en la República Popular de China, es en realidad el órgano encargado de ejecutar las decisiones del Partido. En su primer encuentro con sus miembros, poco después de tomar posesión de su cargo en 2023, el primer ministro Li Qiang les anunció abiertamente que su misión era «asegurar la aplicación plena y fiel de las decisiones y de los planes adoptados por los líderes del PCCh». Cada uno de sus integrantes «debe ser un buen ejecutor que comprenda plena y exactamente los objetivos estratégicos del Partido».

En nivel superior, el Partido ejerce su poder mediante una serie de comisiones centrales, presididas directamente por Xi Jinping, donde se toman las principales decisiones políticas. Así, por ejemplo, la Comisión Militar Central controla las fuerzas armadas; la Comisión Central de Asuntos Exteriores, la política exterior; y la Comisión Central de Asuntos Financieros y Económicos hace lo propio en su ámbito de competencias. Sus equivalentes en el Consejo de Estado, los Ministerios de Defensa, de Relaciones Exteriores, de Finanzas y de Comercio, se limitan a ejecutar las decisiones adoptadas por aquéllas. Esto complica la labor de los diplomáticos acreditados en China más que en otros lugares. Si el acceso a los máximos dirigentes del gobierno no siempre es fácil, conseguir contactar con quienes toman dentro del Partido las decisiones finales resulta mucho más difícil.

Existen comisiones que se ocupan de otras áreas, como la Comisión Central sobre la Profundización General de las Reformas, la Comisión Central de Seguridad Nacional, la Comisión Central de Ciencia y Tecnología o el Departamento de Trabajo Social, creado para gestionar las relaciones con grupos sociales y empresas privadas.

Esto supone vaciar al Estado de su poder político para transferírselo al Partido. Algunas reformas introducidas por Xi, como la de la educación o la de la regulación de sectores como el inmobiliario o el comercio electrónico, van dirigidas a que el Partido pueda controlar mejor áreas de actividad que en el pasado no habían atendido lo suficiente a sus indicaciones.

De particular relevancia es el dominio absoluto del Partido sobre las fuerzas armadas. El Ejército Popular de Liberación (EPL) fue fundado por el PCCh durante la guerra civil contra el Kuomintang, integrando en su seno las unidades militares comunistas que existían desde 1927. El EPL sigue considerándose hoy como el ejército del Partido, no del Estado. No es un ejército nacional tradicional, sino el brazo armado del PCCh. El EPL se rige por el principio leninista de que «el Partido controla el fusil». Las leyes chinas proclaman el liderazgo del Partido sobre las fuerzas armadas precisando que éstas se encuentran bajo el mando de la Comisión Militar Central del PCCh, cuyo presidente es el secretario general del Partido. En el EPL siguen existiendo comisarios políticos y células del PCCh, donde se toman las principales decisiones. Los militares están sometidos a un permanente adoctrinamiento político e ideológico.

La lealtad de las fuerzas armadas es un tema clave para Xi Jinping. En 2017 pronunció un discurso ante los principales mandos militares en el que volvió a sacar a colación el colapso de la URSS y las revoluciones de colores. Destacó que en algunos de esos casos el ejército se mantuvo pasivo en los momentos clave o incluso cambió de bando. Por el contrario, subrayó, el Partido pudo terminar rápidamente con las protestas en Tiananmén porque el ejército se mantuvo leal.

Él considera esencial mantener la disciplina de las fuerzas armadas, uno de cuyos aspectos principales es —como en otros sectores— la lucha contra la corrupción. Es un problema que ha surgido con frecuencia en el seno de las FF. AA., donde se mueven grandes cantidades de dinero. Especialmente preocupante fue el caso que afectó en 2023 al ministro de Defensa, Li Shangfu, que era también consejero de Estado y miembro de la Comisión Militar Central. Li fue destituido y desapareció. Había sido nombrado pocos meses antes y era una persona cercana a Xi Jinping. Con él fueron destituidos otros generales de alto rango pertenecientes a la Fuerza de Misiles, una de las joyas de la corona del EPL, que tiene el mando de los misiles nucleares y de los nuevos misiles hipersónicos. La Fuerza de Misiles ha experimentado un fuerte desarrollo en los últimos años en el marco del proceso de rearme de las fuerzas armadas chinas.

En cuanto al poder legislativo, la Asamblea Nacional Popular está totalmente controlada por el Partido. No existen elecciones libres y la inmensa mayoría de sus integrantes son miembros del PCCh. Las únicas excepciones son los diputados de otros partidos cuya existencia se sigue tolerando para dar una pátina de pluralismo al sistema político chino, pero en realidad están bajo el control absoluto del Partido Comunista. En 2014, el PCCh reconoció el derecho de la APN a controlar al gobierno, «pero siempre que acepte sin reservas el papel dirigente del Partido».

El Partido posee el control absoluto del poder judicial. Éste depende de la Comisión Central Política y de Asuntos Legales (CCPAL) del PCCh, que tiene bajo su autoridad al Tribunal Supremo del Pueblo y a la Procuradoría Suprema del Pueblo. La CCPAL supervisa el Ministerio de Seguridad del Estado, los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad. Tiene un control efectivo sobre todos los tribunales de justicia y se asegura de que en sus sentencias los órganos judiciales apliquen la política del Partido.

Este enfoque se opone radicalmente al de las democracias occidentales. Para el PCCh el principio de independencia judicial de los Estados democráticos es contrario al interés nacional. Las denuncias que aparecen en los medios occidentales sobre su inexistencia en China son presentadas como un complot destinado a debilitar el sistema político chino y el papel dirigente del Partido en él.

El PCCh subraya que el sistema judicial chino tiene una serie de ventajas (unidad de acción, ausencia de procesos que paralicen la acción de gobierno, inexistencia de conflictos sociales) frente al Estado de derecho, tal como se entiende en Occidente. Alega que en Estados Unidos la igualdad ante la ley es muy relativa y que quienes pueden pagarse un buen abogado consiguen eludir la acción de la justicia, poniendo el ejemplo de Donald Trump.

Xi Jinping se ha referido a la necesidad de implantar un Estado de derecho con características chinas. Los medios chinos lo describen como una «dictadura democrática», un término que hace pensar en la neolengua orwelliana de 1984. Hasta ahora se ha tratado más que nada de un proceso de codificación y de elaboración de textos legales en una serie de áreas en las que no había leyes, sólo regulaciones genéricas del Partido o de las autoridades locales. La idea es dar más seguridad a los agentes económicos, combatir la corrupción, reforzar la conciencia de la población sobre la necesidad de respetar las leyes, limitar el margen de arbitrariedad y aumentar la seguridad jurídica.

Es un paso positivo, pero sus límites quedan claros. Igual que en la China imperial las leyes nunca podían limitar la autoridad del emperador, en la China actual no pueden ir tampoco contra los intereses del Partido. El objetivo de la ley es canalizar esos intereses y regularlos en la medida de lo posible, pero de ninguna manera constreñirlos, y menos aún contradecirlos. China no es un Estado de derecho, en el que las leyes establecen un marco al que todos deben someterse, incluidos el Partido o el gobierno. Ése es el valor de la ley en las democracias, y por eso la ley en ellas funciona como un freno para los poderosos y como una defensa para los débiles, que sin la ley estarían enteramente a merced de aquéllos.

Esto es muy diferente de lo que sucede en China, donde el Partido es omnipotente. Nadie tiene derechos que puedan prevalecer sobre sus decisiones. Ni las empresas, ni las asociaciones, ni los individuos. No acepta que nada ni nadie limite sus actividades, que son supervisadas por sus propios órganos. En enero de 2019, el Comité Central publicó el Reglamento sobre el trabajo político-legal del Partido Comunista de China. Su artículo 31 indica que el Comité Político y Legal del Comité Central promoverá el establecimiento de un sistema de supervisión compatible con los mecanismos de aplicación de la ley y del sistema judicial, y creará un sistema de aplicación de la ley y de responsabilidad judicial. Según el artículo 35, si los miembros del Partido violan este Reglamento u otras de sus normas, el Comité Político y Legal del PCCh investigará los hechos. Quienes hayan violado las regulaciones y las leyes recibirán sanciones del Partido y del gobierno, y quienes hayan cometido delitos serán investigados de acuerdo con la ley. Finalmente, el artículo 38 asigna al Comité Central Político-Legal la responsabilidad de la interpretación del Reglamento.

Si una persona considera que sus derechos han sido violados puede en principio acudir a los tribunales. Eso le permitirá llegar hasta cierto punto, pero no más allá. Denunciar a los funcionarios de alto nivel es imposible porque el Partido los protege. Si una persona tiene un conflicto con el Partido, sus derechos serán ignorados y, si hace falta, aplastados. Enfrentarse al Partido es imposible. Si alguien lo intenta, el Partido lo lamina o lo hace desaparecer en una cárcel. Como dice el disidente Gao Honming, citado por Richard McGregor: «Bajo el liderazgo absoluto del Partido, la gente no es nada, el Estado no es nada, la Constitución no es nada, la ley no es nada. El sistema judicial chino es el Partido Comunista».

El poder absoluto del Partido conduce a situaciones de difícil explicación, como, por ejemplo, que el país tenga un solo huso horario para todo su territorio, que es gigantesco. Ese huso se adapta al meridiano de Pekín, y el resto del país ajusta su hora tomándolo como referencia. Según Yao-Yuan Yeh, profesor de Historia china en la Universidad de Houston, en China la hora es una cuestión política. Sostiene que la existencia de un único huso horario va dirigida a reforzar el discurso oficial de que China es una nación unida bajo el control del Partido Comunista. La consecuencia es que en las provincias occidentales, como Tíbet o Sinkiang, el sol sale en invierno hacia las diez de la mañana, y se pone en verano alrededor de medianoche.

Al terminar el XX Congreso del Partido en 2022, su aparato de propaganda lanzó una campaña para explicar a la población el significado de sus decisiones, y la centró en dos puntos principales. El primero era que el Partido se había hecho fuerte y poderoso, dejando definitivamente atrás los años en los que su gestión había sido blanda y dubitativa. El Congreso criticó la política de manga ancha en tiempos pasados, que acabó generando un liderazgo «débil, vacío y diluido». El segundo era que el secretario general Xi Jinping está claramente al mando. Este Partido que quiere controlarlo todo está a su vez totalmente controlado por Xi Jinping. Al tiempo que Xi ha vaciado el poder del Estado para dárselo al Partido, ha vaciado el poder del Partido para concentrarlo en sus manos.

El XX Congreso fue completamente dominado por Xi. En sus conclusiones, el Congreso hizo un llamamiento a todos los miembros del Partido a «comprender en profundidad el significado decisivo de la posición del camarada Xi Jinping en el núcleo del Comité Central del Partido y en el conjunto del Partido, a establecer el papel de guía del Pensamiento de Xi Jinping y a aplicarlo en todas las áreas y todas las fases del trabajo del Partido y del país». Ésas son las Dos Determinaciones que, según las conclusiones del Congreso, «representan un gran logro político del Partido en la nueva era y un factor decisivo en los éxitos históricos y en los cambios en el Partido y en el país». Todos los miembros del Partido «deben seguir sin reservas al Comité Central del Partido, con el camarada Xi Jinping en su núcleo, en su pensamiento, posiciones políticas y acciones». La resolución del XX Congreso vincula los progresos realizados por China en los últimos años al liderazgo absoluto de Xi, al que identifican con el fortalecimiento de China, su prosperidad y el éxito de su modelo de gobernanza. 

Xi lo controla todo dentro del Partido. Las conclusiones antes mencionadas del XX Congreso simplemente formalizaron una situación que ha ido tomando cuerpo durante sus años en el poder y que se ha plasmado en una serie de cambios en su organización interna. La ruptura de las normas de funcionamiento colegiado existentes en el PCCh desde los tiempos de Deng Xiaoping. La eliminación en el XIX Congreso de 2017 de la regla que impedía una segunda reelección del secretario general, con lo cual Xi en principio puede ser reelegido indefinidamente. Su control transversal del Partido mediante su presidencia de las diferentes Comisiones donde se toman las principales decisiones políticas. La inexistencia de un sucesor. Las advertencias públicas a los líderes jubilados de que se queden calladitos. La aparición de elementos de culto a la personalidad en torno a su figura.

En el XX Congreso, Xi nombró un Politburó a su medida, lo mismo que su Comité Permanente, formado por siete miembros que constituyen la cúpula del poder en China. Cada uno de ellos tiene responsabilidades especiales sobre un sector determinado, como la economía, la seguridad o la propaganda. A diferencia de anteriores comités permanentes, éste no es el resultado de un compromiso entre las distintas facciones del Partido. Todos ellos son hombres de Xi Jinping, absolutamente leales a él. Xi no es un primus inter pares, como lo eran sus antecesores, sino el líder absoluto de todos ellos, que deben despachar directamente con él todos los asuntos. En China algunos le llaman el emperador.

Durante los años de Jiang Zemin y Hu Jintao, en las reuniones del Comité Permanente del Politburó existía un debate abierto entre sus miembros. Se intentaba alcanzar soluciones de consenso sobre los distintos temas y, cuando no era posible, se votaba. Para Xi, esos métodos bloquearon la capacidad de tomar decisiones, dividieron al Partido e hicieron de Hu un líder débil, por lo que decidió poner término a tal estado de cosas. Ahora el punto de vista de Xi se impone sobre el de los demás. Él es un convencido de la necesidad de una concentración de poder en el líder. En alguna ocasión ha afirmado que la historia y cultura chinas son proclives al desorden y que sólo un liderazgo fuerte puede evitarlo.

Su relación con sus dos primeros ministros, Li Keqiang y Li Qiang, es muy distinta de la que tenían sus predecesores con los suyos. Éstos tenían una relación mucho más igualitaria, mientras que en el caso de Xi ambos han estado claramente subordinados a él. Li Keqiang, que fue su rival para el puesto de líder y que tenía ideas mucho más abiertas y reformistas que las suyas, se vio obligado en general a archivarlas. Un caso distinto es el de Li Qiang, que siempre se ha mostrado totalmente fiel a Xi. La decisión de anular en 2024 la tradicional conferencia de prensa del primer ministro después de la Doble Sesión del Congreso Nacional del Pueblo y de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino se atribuyó al deseo de Xi de quitar protagonismo al papel de Li.

Xi Jinping es un principito, el hijo de Xi Zhongxun, un líder del Partido en la época de Mao. Es curiosa la vigencia de este principio aristocrático en el PCCh. Al fin y al cabo, los privilegios derivados del linaje eran el símbolo más claro de las desigualdades contra las que se levantaron muchos movimientos revolucionarios, incluido el chino. Los fundadores del Partido en 1921 luchaban contra el capitalismo y la explotación, pero también contra los restos del feudalismo imperial, que había permanecido en pie hasta nueve años antes. El principio aristocrático sin embargo sigue aplicándose a los descendientes directos de los líderes revolucionarios y limita el alcance de la meritocracia en el seno del Partido. Según Chen Yun, un alto dirigente del PCCh que participó activamente en las reformas de la época de Deng Xiaoping, los «sucesores revolucionarios» heredan el poder de sus padres no porque tengan derecho a ese privilegio, sino porque se puede contar con ellos como personas leales a la causa revolucionaria.

Durante la Revolución Cultural, Xi Zhongxun fue purgado, y con él toda su familia. Lo enviaron a trabajar a una fábrica y a su mujer a una granja. En 1969, con apenas quince años, a Xi Jinping lo mandaron a Liangjiahe, un pueblo remoto en la provincia agrícola de Shaanxi. Pasó allí siete años, tres de ellos viviendo en una cueva. Los guardias rojos lo detuvieron en cuatro ocasiones y amenazaron con matarlo. La experiencia lo endureció, pero en lugar de distanciarlo del Partido, hizo que lo viera como la única institución que podía garantizar que esa época de terror, de incertidumbre y de caos no volviera nunca más. A ello contribuyeron los sucesos de Tiananmén, que reafirmaron su convicción de que el Partido debe ser fuerte y controlar totalmente el sistema político. En ese sentido, Xi es lo contrario de Mao: no es un activista que cree en la revolución permanente, sino un convencido de que sólo un Partido que mantenga al país estable y firmemente bajo su mando podrá hacer grande a China.

Xi Jinping es el líder más poderoso de China desde la época de Mao Zedong. Existen en la China actual elementos de culto a la personalidad de Xi, aunque no llegan a los niveles que alcanzaron con Mao. Las Dos Determinaciones, por ejemplo, o el Pensamiento de Xi Jinping, que ha sido integrado en la Constitución china y se estudia obligatoriamente en todas las escuelas y las universidades. Se ha incluido su nombre en la Constitución del Partido y en la Constitución nacional.

El plenario del Comité Central aprobó en 2021 una resolución sobre la experiencia histórica del Partido durante el último siglo. La Resolución presenta el fortalecimiento de China en estos años pasados como el resultado del éxito de una serie de políticas adoptadas por el PCCh bajo el liderazgo de Xi Jinping. Señala que Xi ha resuelto problemas sin aparente solución que existían desde hace tiempo, incluida la gobernanza del propio Partido y la lucha contra la corrupción, y describe su liderazgo como la clave para el rejuvenecimiento de la nación china. Son resoluciones de una especial importancia, que pasan a formar parte del núcleo ideológico del Partido y que dan la interpretación oficial de su historia y de la República Popular de China. Sólo se habían aprobado anteriormente dos de estas llamadas «resoluciones históricas», una en la época de Mao Zedong y otra en la de Deng Xiaoping, lo que coloca a Xi Jinping al mismo nivel que esos dos líderes.

El culto a la personalidad se recoge en declaraciones a los medios como las de Ma Zhaoxu, viceministro de Asuntos Exteriores, quien afirmó que «con la destacada sabiduría política, el extraordinario coraje teórico y los profundos sentimientos del mundo como estadista, pensador y estratega marxista, el secretario general Xi Jinping capta con firmeza la tendencia general de desarrollo de China y del mundo, piensa profundamente en el futuro y el destino de la humanidad, y hereda y lleva adelante los principios fundamentales y la excelente diplomacia de la nueva China».

Xi Jinping no es un político menor. No sólo es un líder fuerte que controla totalmente el Partido. Tiene una enorme confianza en sí mismo, en el Partido y en China. Tiene sobre todo una idea clara sobre lo que quiere hacer con su país. La ha ido aplicando desde su llegada al poder y ha sido capaz de movilizar al Partido detrás de ella. Con esa visión Xi está cambiando China, al tiempo que trata de reforzar su proyección exterior para intentar cambiar también el mundo.

Xi está convencido de que su misión es dirigir ese proceso y culminarlo con éxito, enfrentándose a todos los obstáculos que encuentre en su camino, tanto dentro como fuera de sus fronteras. Es posible que se proponga mantenerse en el poder todo el tiempo que considere necesario para lograrlo. Hasta ahora, ha podido neutralizar a sus críticos internos. En cuanto a las críticas exteriores, hizo unas declaraciones en México en 2009, antes de ser presidente, en las que dijo: «Algunos extranjeros, con sus barrigas llenas y nada mejor que hacer, nos acusan de todo tipo de cosas... Primero, China no exporta la revolución; segundo, no exporta el hambre y la pobreza; y tercero, no se mete en vuestros asuntos. ¿Qué más hay que decir?».

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Una política exterior más ambiciosa

El proyecto de rejuvenecimiento de la nación china tiene un segundo aspecto fundamental. Xi Jinping decidió desde el primer momento que China debía reforzar su proyección internacional. China tenía que ocupar el lugar que le corresponde y convertirse en una gran potencia. Esta idea es uno de los elementos centrales de la doctrina oficial del Partido, el Pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas para la nueva era.

Hasta la llegada al poder de Xi Jinping, Pekín afirmaba que seguía una política de ascenso pacífico. Mantenía una actitud no agresiva, moderada, tratando de llevarse bien con todos. Buscaba antes que nada la estabilidad, asumir pocos riesgos y evitar que su desarrollo económico causara tensiones políticas y provocara recelos en otras capitales, especialmente en los países occidentales. La prioridad era crear un entorno internacional favorable a su crecimiento económico. Ese crecimiento seguía dependiendo de las inversiones y la tecnología extranjeras, así como de la existencia de mercados abiertos para sus exportaciones. No le interesaba hacer nada que pudiera poner todo eso en peligro.

Xi veía las cosas de otra manera. En su discurso ante el XIX Congreso del Partido en 2017, destacó que China había incrementado su poder en el plano económico, científico, tecnológico y militar, y que ocupaba una posición entre los líderes mundiales. Afirmó que a mediados del siglo XXI China se habrá convertido en «un líder global, en términos de poder nacional e influencia internacional».

Los dirigentes chinos señalaron que se estaba produciendo un cambio en el equilibrio de poder global a favor de China, cuyo nuevo peso económico y político alteraba la relación de fuerzas existente hasta ese momento. Resaltaron el debilitamiento de Occidente, consumido por sus propias contradicciones, y el ascenso de China, que está en el lado correcto de la historia. Citaron a Mao Zedong, quien ya había proclamado en su momento el ascenso de Oriente y el declive de Occidente. Xi suele decir que en estos años se están produciendo «profundos cambios que no se han visto en un siglo». En un discurso ante el Foro virtual de Davos, declaró que el mundo se encuentra en un nuevo ciclo histórico.

Esta percepción fue tomando fuerza tras la crisis de las economías occidentales en 2008, durante la cual China lanzó un programa de gasto público y de estímulos económicos que le permitió capearla con éxito y que tuvo efectos muy positivos sobre la economía global. Muchos chinos empezaron a cuestionar la superioridad económica y política de los países occidentales, que hasta entonces era aceptada por la mayoría. Esa tendencia se acentuó tras la crisis del euro, el Brexit y otros problemas de la Unión Europea, así como durante la primera presidencia de Trump, con el momento álgido del asalto al Capitolio. Cuando estalló la pandemia de la COVID-19, el departamento de propaganda del Partido subrayó las diferencias en la manera de gestionarla, comparando los cientos de miles de muertos en Estados Unidos y en Europa y la prolongada paralización de sus economías con el control eficaz del virus por parte de las autoridades de Pekín. Las imágenes de la salida de Kabul de las tropas norteamericanas y de otros miembros de la OTAN tuvieron también un papel relevante. La reelección de Trump en 2024 ha reforzado esa convicción. La mayoría de los chinos piensa que alguien como Donald Trump nunca podría llegar a ser presidente de China.

En 2020, cuando Yang Jiechi era consejero de Estado a cargo de los asuntos exteriores y número uno de la diplomacia china, citó cinco tendencias estructurales que reflejaban los cambios profundos mencionados por Xi: período de ajuste por parte de las grandes potencias durante la pandemia de la COVID-19; señales contradictorias sobre la recuperación de la economía mundial; nuevos desafíos a un sistema de gobernanza global ya debilitado; amenazas de seguridad no tradicionales, como el cambio climático, escasez de recursos, enfermedades infecciosas y desastres naturales; y creciente polarización de las ideologías tradicionales.

Desde el punto de vista de Pekín, el cambio en el tradicional equilibrio de poder crea una oportunidad única para China. Sus dirigentes están convencidos de que las piezas que antes estaban colocadas en su sitio ya no lo están, y que la nueva relación de fuerzas le puede permitir a China volver a situarlas en una posición más favorable para sus intereses.

El primero de esos intereses es rechazar de plano la posición dominante de Estados Unidos en el orden internacional y dejar claro que nada ni nadie podrá nunca más imponerse sobre China ni aprovecharse de su debilidad. Durante la reunión bilateral de Anchorage en 2021, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken declaró a los medios que Estados Unidos había hablado a China desde una posición de fuerza, exigiéndole que cumpliera las reglas del juego del orden internacional. La respuesta del representante chino, Yang Jiechi, fue inmediata, negando que Estados Unidos estuviera en posición de hablar a China desde una posición de fuerza y rechazando el derecho de Estados Unidos a dictar esas reglas del juego. Las reglas deben fijarse de común acuerdo. Ambas partes deben poder hablar de igual a igual. Al referirse a la reunión, los medios chinos señalaron que Washington debe dejar de tratar a China con condescendencia. El mundo ha cambiado y Estados Unidos debe ser consciente de ello y adaptarse a esos cambios.

Pocos meses después, en su discurso durante los actos de conmemoración del primer centenario del Partido, Xi Jinping dijo: «El pueblo chino no permitirá jamás que fuerzas extranjeras abusen de nosotros, nos opriman o nos esclavicen. Quien se atreva a intentarlo se encontrará con su cabeza destrozada contra la Gran Muralla de Acero forjada con la carne y la sangre de 1.400 millones de chinos».

Sobre estas bases, Xi Jinping ha ido desarrollando una nueva política exterior en una clave más nacionalista y ambiciosa. Esto supone violar abiertamente un principio básico de la era de Deng Xiaoping y de sus sucesores: «Esconde tu fuerza y aguarda tu momento». Xi ha decidido que ese momento ha llegado. En China se escucha a menudo que Mao fundó la República Popular, Deng la hizo próspera y Xi la hará fuerte y gloriosa.

La nueva política exterior china se tradujo pronto en acciones concretas. En un discurso pronunciado en Kazajistán en 2013, Xi lanzó la Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR), dirigida a construir corredores terrestres y marítimos en África, Asia y otras regiones del mundo. Xi conectó la propuesta con la antigua Ruta de la Seda trasladando la idea de que la República Popular de China volvía a ocupar el papel que históricamente había desempeñado el Imperio del Centro. Desde entonces la IFR ha permitido construir numerosas infraestructuras en el mundo en desarrollo, incrementando fuertemente allí la influencia de China.

Pekín promovió la creación de la Organización de Cooperación de Shanghái, enfocada en los temas de seguridad y de lucha contra el terrorismo en Asia central. Ha convertido los BRICS en un órgano de coordinación sobre asuntos globales de los principales Estados no occidentales, presentándolo como la respuesta del Sur Global al G7. Fundó el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructuras, que le permitió incrementar su peso en las instituciones financieras internacionales. Ha lanzado tres grandes iniciativas globales: la de Desarrollo, la de Seguridad y la de Civilizaciones. Ha organizado un esquema radial de cumbres con diferentes áreas geográficas, en las que se reúne periódicamente con los jefes de Estado de África, de América Latina, de ASEAN y de otras regiones.

La creciente ambición exterior de China se fue plasmando en algunas iniciativas que provocaron alarma en Occidente y en otros países —empezando por los asiáticos—, que las percibieron como movimientos agresivos, muy distintos de lo que había sido hasta entonces la actitud de Pekín.

China elevó el tono en relación con Taiwán, proclamando su inflexible determinación de alcanzar la reunificación, deseablemente de forma pacífica, pero sin excluir el uso de la fuerza. Intensificó sus operaciones militares en torno a la isla e inició un amplio proceso de rearme. Estados Unidos acusó a China de estar rompiendo el statu quo en torno al estrecho de Taiwán e incrementó sus suministros de armas y las visitas de sus políticos a la isla. China acusó entonces a los norteamericanos de ser ellos, con esas acciones, los que estaban rompiendo el statu quo en relación con la isla.

Pekín se mostró mucho más firme en su reclamación de la soberanía sobre gran parte del mar del Sur de China, invocando supuestos derechos históricos. A pesar de que esa posición fue rechazada por la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya y de las protestas de los países afectados, China ha hecho valer sus pretensiones. Ha ocupado y ha militarizado islotes y arrecifes en la zona. Ha enviado a sus guardacostas a defender sus intereses frente a los barcos de otros Estados ribereños, lo que ha provocado incidentes entre unos y otros.

En el caso de Hong Kong, después de meses de protestas en las calles, las autoridades chinas aprovecharon la fatiga de los manifestantes que en 2019 reclamaban una mayor democratización de su sistema político para aprobar una nueva legislación que restringe las libertades, incrementa la represión contra quienes se atrevan a protestar y refuerza su control sobre el territorio. Todo ello supone el final efectivo del modelo «un país, dos sistemas» que regía en Hong Kong desde que el Reino Unido se lo devolvió a China en 1997, y provocó fuertes críticas en los países democráticos.

En 2020 se registraron choques armados entre fuerzas chinas e indias en las alturas del Himalaya, en un área cuya soberanía reclaman ambas partes. Estos choques no son raros, pero suelen tener un alcance limitado. En esa ocasión, sin embargo, las unidades chinas —que se habían reforzado en toda la zona— tuvieron un comportamiento inusualmente agresivo.

China ha mantenido desde el principio una posición de «neutralidad prorrusa» en la guerra de Ucrania, una postura difícil de conciliar con sus reiteradas afirmaciones sobre el carácter sagrado de los principios de soberanía y de integridad territorial de los Estados. Se trata de un asunto vital para la OTAN, especialmente para sus socios europeos, por lo que la posición china ha generado un fuerte rechazo en el seno de la Alianza y en la Unión Europea. La agresión rusa contra Ucrania se produjo pocos días después de la clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín de 2022. A su ceremonia de inauguración asistió Vladímir Putin, con quien Xi Jinping firmó un comunicado de un tono muy hostil contra Occidente. Ello hizo pensar a muchos que Xi conocía de antemano los planes rusos. Putin tuvo además el detalle de no iniciar la invasión hasta que terminaran los Juegos. Un gesto de cortesía para no arruinar la fiesta olímpica.

Los propios Juegos Olímpicos de 2022 tuvieron un aire completamente distinto a los de 2008. En 2008 se percibía un ambiente festivo. Todos sentían que los Juegos eran una confirmación de que China ya no era un país pobre y aislado, sino moderno y próspero. En 2022 el clima fue muy diferente. China se presentó ante el mundo como una gran potencia económica y como una gran potencia política. Una potencia fuerte y segura de sí misma, que no buscaba la aprobación de las potencias occidentales como en 2008, sino que éstas se enteraran de lo que era y de lo que quería. El invitado de honor fue Vladímir Putin, mientras que Estados Unidos decidió boicotear los Juegos en protesta por la mayor agresividad de la política exterior china. La Unión Europea no los boicoteó, pero redujo su nivel de representación.

Un aspecto importante de esta nueva política exterior china es su programa de rearme. Decidida a mostrar músculo ante los ojos del mundo, China presentó algunas de sus armas de última generación en el gran desfile militar que tuvo lugar el 1 de octubre de 2019 para conmemorar el 70 aniversario de la fundación de la República Popular de China, al que pude asistir. Por la plaza de Tiananmén, frente a la Ciudad Prohibida, circularon misiles balísticos intercontinentales y de alcance intermedio, nuevos blindados, aviones de combate, helicópteros y todo tipo de armamento.

Los nuevos movimientos chinos que han generado un rechazo en el exterior no son sólo políticos o militares. Las medidas de represión aplicadas en Sinkiang provocaron fuertes protestas en las capitales occidentales, así como un informe muy negativo de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Los países democráticos percibían lo que sucedía en Sinkiang como una demostración del desprecio de China hacia los derechos humanos y hacia los principios recogidos en la Carta de las Naciones Unidas, así como una muestra de su determinación de violarlos masivamente cuando lo considere conveniente.

China lleva mucho tiempo ignorando las demandas occidentales para que elimine las barreras de acceso a su mercado, lo que ha provocado déficits enormes de Estados Unidos o de Europa en sus relaciones comerciales con ella. Las reglas de la globalización han favorecido mucho a China, que sigue afirmando ser un país en vías de desarrollo. Esas reglas podían resultar aceptables cuando China tenía una economía más modesta, pero dejaron de serlo cuando se convirtió en un gigante económico.

China ha utilizado las relaciones económicas y comerciales como un instrumento para presionar a otros Estados con los cuales mantiene disputas políticas. Cuando en 2010 el disidente chino Liu Xiaobo recibió el Premio Nobel de la Paz, China boicoteó las importaciones de salmón procedentes de Noruega, que se desplomaron. Algo parecido sucedió con las importaciones de frutas y otros productos procedentes de Filipinas tras el anuncio en 2016 del laudo de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, que dio la razón a Manila en su disputa con China sobre la soberanía del mar del Sur de China. Al despliegue en Corea del Sur en 2017 de los misiles norteamericanos de defensa antiaérea THAAD lo siguieron el cierre de tiendas surcoreanas en China, la cancelación de contratos a grupos musicales surcoreanos y una reducción del turismo chino. En 2020 Australia reclamó una investigación independiente sobre los orígenes de la COVID-19, y la respuesta china fue un boicot de buena parte de sus importaciones, como el vino y otros productos agrícolas. La apertura en Vilna en 2021 de una oficina de representación de Taiwán llevó a Pekín a prohibir que las empresas multinacionales incorporaran en sus exportaciones a China componentes producidos en Lituania. Y cuando Canadá, en cumplimiento de una orden de detención norteamericana, detuvo en 2019 a Meng Wanzhou, ejecutiva de Huawei e hija de su fundador, Ren Zhenghfei, China añadió a las sanciones comerciales la detención de dos ciudadanos canadienses, que quedaron en prisión como rehenes de facto, hasta que en 2021 pusieron en libertad a la señora Meng.

A todo ello hay que sumar los ciberataques atribuidos a agentes chinos que podrían paralizar ciudades o infraestructuras clave, o el robo de tecnología avanzada en empresas privadas. Se incrementaron las actividades de influencia chinas en Occidente, como el uso de bots para difundir desinformación y la penetración en universidades y centros de investigación. Se denunciaron intentos de influir en procesos electorales en Canadá y en Estados Unidos.

Todas estas cuestiones generaron preocupación y una serie de reacciones contrarias por parte de países con los que hasta entonces China había tenido relaciones estables. Comenzaron a aparecer cada vez más críticas a las políticas de China en los medios occidentales, y por parte de algunos gobiernos como el de Donald Trump en Estados Unidos. La reacción china mostró su escasa capacidad de encaje a las críticas procedentes del exterior. Al Partido no le gusta que lo critiquen, ni dentro ni fuera de China. Los medios chinos empezaron a cargar las tintas contra Occidente, en especial contra Estados Unidos, al que mostraban como el causante de todas las desgracias: las crisis financieras, los problemas de Oriente Medio, la guerra de Ucrania o la explotación de los países en desarrollo.

La pandemia de la COVID-19 provocó que estallara una guerra de relatos y un intercambio de acusaciones entre China y los países occidentales. Éstos empezaron a defender sus tesis con un estilo poco habitual, desplegando una inusitada virulencia. Su agresividad empezó a ser conocida como la diplomacia de los lobos guerreros, en alusión a una reciente película china con una fuerte carga nacionalista. Era una manera de hacer política exterior muy diferente de la línea tradicional china, y provocó críticas de algunos diplomáticos chinos más veteranos. El campeón de los lobos guerreros fue el embajador en París, Lu Shaye, quien gracias a ello se convirtió en uno de los diplomáticos más populares de China. En una entrevista con un medio chino, Lu declaró que la razón de este nuevo estilo de hacer política exterior es que China antes era débil, por lo que se veía obligada a esperar su momento, como decía Deng Xiaoping. Pero ahora China es fuerte y debe responder con la misma moneda a las duras críticas que recibe de Occidente.

La diplomacia de los lobos guerreros recibió fuertes aplausos en los medios chinos y en las redes sociales, donde en China el nacionalismo siempre es jaleado, pero en el exterior generó una imagen belicosa y poco favorable.

Los cambios que imprimió Xi Jinping en la política exterior china —con unas iniciativas que otras capitales estimaban agresivas, la retórica subida de los lobos guerreros o la cada vez más palpable ambición que se adivinaba detrás de todo ello— fueron provocando una creciente alarma en Occidente y en algunos de sus vecinos asiáticos. Otros gobiernos en cambio los observaron con interés, viendo en el ascenso de China una manera de escapar del dominio de Estados Unidos y de Europa. La percepción que unos y otros tenían de China empezó a cambiar. Por una parte, su ascenso podría no ser tan pacífico. Por la otra, su confianza en sí misma parecía imparable.

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Un nuevo orden internacional

Uno de los principales objetivos de la nueva política exterior china es su deseo de cambiar el orden internacional. Desde el punto de vista de Pekín, el orden actual tiene su origen en dos fechas clave, 1945 y 1989. En 1945, tras la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial, se fundaron en San Francisco las Naciones Unidas y en Bretton Woods las instituciones financieras internacionales, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. No es casual que tanto San Francisco como Bretton Woods se encuentren en Estados Unidos. Washington ejerció una fuerte influencia sobre los principios constitutivos de esos nuevos organismos internacionales y, en general, sobre la arquitectura del orden internacional nacido después de la guerra. La hegemonía occidental fue completa a partir de 1989, tras la victoria en la Guerra Fría contra la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín.

Los dirigentes chinos señalan que el mundo de hoy ya no es el de 1945 ni el de 1989, por lo que ese orden internacional debe ser modificado. Lo ven como un orden ideado por Occidente e impuesto al resto del mundo en un momento histórico en el que podía permitirse hacerlo. Desean reemplazarlo por otro que refleje más fielmente el nuevo equilibrio de poder y la composición de la actual comunidad internacional, muy diferentes de los de la posguerra mundial.

China proclama que el nuevo orden internacional debe ser un orden más justo. Se presenta como adalid del multilateralismo y de la igualdad entre todos los Estados, cuyos intereses afirma defender frente a los de Occidente. Según el consejero de Estado Yang Jiechi, su papel es «democratizar las relaciones internacionales y trabajar por la justicia y una mayor equidad». Después de haber transformado China, el Partido considera que es el momento de modificar también el orden internacional, adaptándolo a los principios del socialismo con características chinas, y con China colocada en su centro.

¿Cómo es ese nuevo orden internacional que China quiere establecer?

China asegura que su objetivo no es dominar el mundo, sino que no lo domine Estados Unidos. Repite que no quiere imponer su modelo a nadie, sino que Estados Unidos no le imponga el suyo. Se citan las grandes expediciones navales del eunuco Zheng He durante la dinastía Ming, en el siglo XV, durante las cuales visitó el sudeste Asiático, la India, el golfo Pérsico y África Oriental a bordo de unas naves enormes, mucho más grandes que las carabelas de Colón. Los historiadores chinos destacan que el objetivo de esas expediciones no era conquistar nuevas tierras, como hicieron los europeos, sino impulsar los contactos comerciales, diplomáticos y culturales. Subrayan que el Imperio chino no invadió a sus vecinos, sino que se limitó a exigirles tributo. Pero lo cierto es que ni Sinkiang, ni Tíbet, ni Mongolia Interior eran originalmente parte de China, sino que fueron en cierto momento anexionadas.

Los portavoces del gobierno de Pekín indican que no pretenden exportar su sistema político y social a ninguna parte. Insisten en que su objetivo es resolver sus propios problemas internos, como el desarrollo de la economía, el envejecimiento de la población o una mejor distribución de la riqueza. Sin embargo, el enorme crecimiento de China y su presencia en todos los escenarios políticos y en todos los mercados mundiales inevitablemente proyecta ese modelo hacia el resto del planeta. Los dirigentes chinos están en todo caso convencidos de que su modelo no es aplicable fuera de China. Piensan que el resto del mundo nunca podría reproducirlo, que carece de la capacidad de trabajo y de la disciplina del pueblo chino, de un instrumento de dirección y control político como el PCCh y de un Estado fuerte capaz de mantener una estrategia a largo plazo. Creen que sus miles de años de civilización y de unidad política hacen de China un país distinto a los demás. Una historia única para un país único. Un modelo que no puede ser replicado.

Pekín declara su propósito de promover un cambio tranquilo del orden internacional. Afirma que su política no es agresiva. Se presenta como una gran potencia moderada, no injerencista en asuntos internos, que trata de eludir la confrontación y que promueve grandes iniciativas sobre la paz, el desarrollo y el respeto a todas las culturas. Señala que su objetivo no es derribar violentamente el orden internacional actual, ni tampoco cambiarlo por otro basado en los valores chinos, sino buscar un compromiso entre los diferentes países, incluidos los occidentales, China y otros como Rusia o los Estados del Sur Global.

Aunque China diga que no pretende imponer su propia hegemonía ni extender su sistema político en el exterior, modificar el actual orden internacional supondría un cambio sustantivo del statu quo. China sólo podría lograrlo si fuera capaz de imponer su voluntad sobre la de quienes defienden ese orden internacional. En primer lugar, Estados Unidos, que lleva décadas dominándolo. Si lo consiguiera, eso significaría que ese dominio ya no existe, porque Pekín habría podido imponer su punto de vista sobre el de Washington. Es decir, China habría terminado con la posición hegemónica de Estados Unidos y se habría convertido en un país al menos tan poderoso como él. El orden internacional inevitablemente se adaptaría a ese cambio. No podría seguir siendo el mismo que se creó bajo el dominio norteamericano en las décadas pasadas, sino que se modificaría para adaptarlo a los valores y a los intereses chinos. A China no le interesaría dominarlo, insisten sus portavoces, sino que existiría un equilibrio que le permitiría a ella negar el dominio de Estados Unidos. Es difícil imaginar que ambos se conformaran con un pacífico equilibrio de poder en la cumbre. La experiencia sugiere que esos equilibrios nunca son estables y que la lógica de poder empujaría a sus dos actores principales a intentar romperlo a su favor, lo que podría desembocar en una confrontación abierta entre ambos. De manera que, cuando China afirma que quiere terminar con la posición hegemónica de Estados Unidos, lo que en realidad está diciendo es que quiere sustituirla por su propia hegemonía.

La estrategia china para transformar el orden internacional no es arremeter directamente contra él. Los chinos evitan siempre que pueden la confrontación abierta. China es una potencia revisionista, pero el suyo es un revisionismo cauto. La estrategia consiste más bien en cambiarlo desde dentro. Pekín se esfuerza por eliminar o modificar aquellos acuerdos o instituciones que le resultan incómodos y sustituirlos por otros que sean compatibles con sus intereses y con el socialismo con características chinas. Cuando no es posible, trata de vaciarlos de contenido hasta hacerlos lo suficientemente vagos y difusos como para que no la comprometan a nada.

Intenta, por ejemplo, modificar el lenguaje utilizado en las resoluciones de los organismos internacionales, introduciendo conceptos como «la construcción de un futuro compartido para la humanidad», una idea que suele evocar Xi Jinping en sus discursos y que trata de incluir en las resoluciones de los organismos internacionales. Liu Jianchao, director del Departamento Internacional del PCCh, ha dicho que se trata de un concepto que se opone a la idea de conflicto basado en juegos de suma cero y que está enraizado en la filosofía tradicional china de búsqueda de «la armonía bajo el cielo», «la armonía en la diversidad» y una visión ecológica de unidad entre el hombre y la naturaleza. Su recorrido hasta ahora ha sido limitado.

China busca modificar marcos regulatorios que considera impuestos por Occidente e introducir los suyos propios en los organismos técnicos multilaterales. Intenta hacerlo en ámbitos muy diversos, como los transportes o las telecomunicaciones, incluyendo esfuerzos para promover un mayor control de internet por parte del Estado.

En septiembre de 2023, China presentó una propuesta sobre la reforma y el desarrollo de la gobernanza mundial con cinco apartados, referidos a las cuestiones de seguridad y mantenimiento de la paz, el desarrollo sostenible, los derechos humanos, las nuevas fronteras de la gobernanza internacional (el espacio extraterrestre, los fondos marinos, el ciberespacio o la inteligencia artificial) y la reforma de las Naciones Unidas y de las instituciones financieras internacionales.

Paralelamente, ha ido construyendo un sistema de gobernanza global alternativo, inspirado en su visión de las relaciones internacionales y controlado por ella, que examinaremos más adelante con más detalle. Lo integran entidades internacionales mencionadas anteriormente, como la Iniciativa de la Franja y la Ruta, la Organización de Cooperación de Shanghái o el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructuras. También sus tres iniciativas globales: La Iniciativa Global de Desarrollo, la Iniciativa Global de Seguridad y la Iniciativa Global de Civilizaciones.

China aplica un multilateralismo selectivo. Proclama su respeto al derecho internacional, pero califica de «ilegal» el laudo de la Corte Internacional de Arbitraje que contradice su posición sobre la delimitación territorial del mar del Sur de China. Rechazó el informe sobre Sinkiang que elaboró la Alta Comisionada de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, tras visitar la provincia, a la que habían invitado las autoridades chinas.

El Gobierno chino desea cambiar el orden político internacional para acabar con el dominio de Estados Unidos, pero en cambio está muy interesado en mantener los elementos fundamentales del sistema económico internacional. La globalización ha tenido efectos muy positivos para China, y a Pekín le preocupa lo que califica como tendencias proteccionistas en Estados Unidos y en Europa, sus principales socios comerciales. La actitud de Washington es justamente la contraria: quiere mantener el orden político global, pero cambiar el sistema económico internacional. Piensa que éste ha favorecido en exceso a China, lo cual ha provocado un proceso de desindustrialización y de pérdida de empleos en Occidente y ha generado una dependencia de China en muchas cadenas de suministro.

Un punto central del nuevo orden internacional propuesto por China es su rechazo a la idea de que en el orden actual existen unos valores universales. Afirma que esos valores son en realidad occidentales y que sobre ellos se ha construido el orden internacional vigente. Por eso hay que cambiarlo por otro, basado en valores aceptados por toda la comunidad internacional y no sólo por Occidente. Desde su puesto como embajador chino en Francia, Lu Shaye señaló en una entrevista al medio digital chino Guancha:

Cuando Occidente habla de la comunidad internacional, está hablando de la veintena de países desarrollados del mundo occidental. Pero, cuando nosotros hablamos de la comunidad internacional, estamos hablando de todos los países del mundo. No podemos seguir permitiendo que Occidente monopolice la definición de los valores de la comunidad internacional. Occidente dice que sus valores son universales, pero ni siquiera ellos respetan la democracia y la libertad de las que tanto hablan.

China subraya, por ejemplo, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en un momento en el que Estados Unidos dominaba el orden internacional y podía imponer sus ideas al resto del mundo. Resalta que hoy sería imposible aprobarla porque la mayoría de los miembros de las Naciones Unidas tienen una visión sobre los derechos humanos muy diferente a la de Occidente.

Sin embargo, sería muy difícil que la comunidad internacional se llegara a poner de acuerdo sobre unos nuevos valores compartidos por todos. Los líderes chinos se han referido a veces a unos valores comunes de la humanidad en términos muy generales: paz, desarrollo, justicia, democracia y libertad. Pero estos valores tienen tal grado de vaguedad que pueden ser interpretados de formas muy diferentes.

En ausencia de ese acuerdo, la soberanía de cada Estado pasaría a convertirse en el valor supremo. Cada Estado podría decidir por sí mismo lo que le conviene. No podría exigirse nada a ningún país en nombre de principios aceptados por todos, porque esos principios no existirían.

Si no existieran valores universales, todos los Estados podrían invocar la necesidad de respetar su soberanía para defender sus intereses y rechazar cualquier crítica procedente del exterior. Pero evidentemente hay Estados más fuertes que otros, y defender sus intereses o rechazar las críticas resultaría mucho más fácil para los fuertes que para los débiles. Por eso el orden internacional propuesto por China sería un orden desigual. Favorecería a los países grandes y perjudicaría a los más pequeños, que serían muy vulnerables a las presiones de aquéllos.

El resultado sería un mundo en el que el uso de la fuerza —política, económica, tecnológica, militar— sería el argumento último para resolver cualquier disputa. Eso fue exactamente lo que hizo Vladímir Putin al invadir Ucrania pocas semanas después de firmar en Pekín el 4 de febrero de 2022 un comunicado conjunto en el que ambos paises proclamaban la necesidad de transformar el orden internacional.

Negar la existencia de valores universales le resulta muy útil a China en algunas de las cuestiones que más quebraderos de cabeza le han dado en los últimos años, debido a las críticas que ha recibido de Occidente.

Por ejemplo, nadie tendría derecho a criticarla por meter en Sinkiang a un millón de uigures en centros de internamiento y reeducación en su campaña de eliminación del extremismo y de lucha contra el terrorismo yihadista, así como por otras graves violaciones de los derechos humanos en esa provincia.

Si una pandemia nace en China y provoca millones de muertes en todo el mundo, pero al Partido no le interesa que se lleve a cabo una investigación fiable de las causas por las que esa pandemia nació y pudo extenderse al resto del planeta, los demás Estados tienen que comprenderlo y abstenerse de exigirla.

Del mismo modo, si un país amigo invade otro país, hay que entenderlo, porque «los intereses y preocupaciones legítimos de seguridad de todos los países deben tomarse en serio y abordarse adecuadamente», como se recoge en uno de los doce puntos de la posición oficial del Gobierno chino sobre la guerra de Ucrania.

China dice que respeta la Carta de las Naciones Unidas, y así se recoge por ejemplo en el Comunicado del 4 de febrero de 2022. Pero el orden internacional que Pekín defiende supone un torpedo a la Carta en su línea de flotación, y en general a todo el sistema multilateral.

Cuando en 1945 se aprobó la Carta de NN. UU., el objetivo era que en el futuro no pudieran repetirse las políticas de agresión y los actos de barbarie que la Alemania nazi o el Imperio de Japón habían cometido en los años anteriores. Para ello, la Carta establece unos propósitos y principios recogidos en los artículos 1 y 2, que son válidos para todos los Estados miembros de las Naciones Unidas. Entre ellos están la igualdad soberana y la libre determinación de los Estados, la prohibición del recurso a la fuerza contra la integridad territorial o la independencia de otro Estado, o la cooperación para solucionar problemas económicos, sociales, culturales o humanitarios. El artículo 1 incluye el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, sin distinción de raza, sexo, idioma o religión. Éstos no son valores occidentales, son los valores de las Naciones Unidas.

La Carta articula en su capítulo VII un sistema de seguridad colectiva centrado en el Consejo de Seguridad, que puede autorizar el uso de la fuerza para hacer frente a las amenazas a la paz, el quebrantamiento de la paz o los actos de agresión. El Consejo de Seguridad puede acordar medidas de mantenimiento de la paz que impliquen violar la soberanía de un Estado que haya puesto en peligro la seguridad de otros Estados. Así se hizo, por ejemplo, cuando se autorizó el uso de la fuerza en la primera guerra de Irak en 1991, a fin de obligar a Sadam Hussein a abandonar Kuwait, que había invadido unos meses antes.

La Carta establece por lo tanto unos límites claros a la soberanía del Estado, y lo hace en nombre de unos principios contenidos en la propia Carta. Esos principios fueron aceptados por todos los Estados cuando se convirtieron en miembros de las Naciones Unidas. Negar la existencia de valores universales puede llevar a cuestionar la validez universal de esos principios. Por eso, en un discurso en la Universidad de Pekín en 2023, el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y la Política de Seguridad, Josep Borrell, se preguntó si quienes desean cambiar el orden internacional consideran que la Carta de las Naciones Unidas está obsoleta.

China, que sufrió terriblemente como consecuencia de la guerra de agresión desencadenada por Japón en los años treinta y cuarenta del siglo XX, debería ser la primera interesada en defender esos principios. A pesar del funcionamiento muy poco satisfactorio del Consejo de Seguridad, el sistema de seguridad colectiva del capítulo VII de la Carta de las NN. UU. constituye un enorme avance para la comunidad internacional. Nunca en el pasado había dispuesto de un instrumento colectivo para hacer frente a los países que agredían a otros. Un orden internacional en el que no existieran valores universales eliminaría los principios que están en la base de ese sistema de seguridad colectiva. Podría suponer una vuelta a la ley de la selva, al mundo de la paz de Westfalia, en el que nada estaría por encima de la soberanía del Estado. Un retroceso de casi cuatro siglos en la organización de la comunidad internacional.

En un orden internacional dominado por los Estados soberanos, las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales se verían obligadas a ser mucho más complacientes con sus Estados miembros, especialmente con los más poderosos. Podrían hacer muchas menos cosas que las que hacen ahora, porque serían más débiles. No se podría, desde luego, imponer sanciones a ningún país, porque no habría valores compartidos que fundamentaran su legitimidad. En 2017 China vetó junto con Rusia en el Consejo de Seguridad una resolución que imponía sanciones a Siria por utilizar armas químicas contra su propia población.

En su intento de reformar el orden internacional, China trata de obtener el respaldo del Sur Global. Subraya que su objetivo es cambiar el orden internacional a favor de sus intereses. El mismo Liu Jianchao ha declarado que el orden actual no es justo, que los intereses de los países en vías de desarrollo (PVD) no se toman en cuenta y que las naciones dominantes han puesto los suyos primero. China quiere aprovechar a su favor el sentimiento de agravio del Sur Global en relación con Occidente, que hunde sus raíces en la era de la colonización. Se presenta como un país razonable, como una alternativa al dominio tradicional de las potencias occidentales, mucho más cercano a las necesidades y a los problemas de los PVD que Estados Unidos o Europa. Les dice que puede ayudarles a plantar cara a Estados Unidos, al que describe como una superpotencia acostumbrada a abusar de su posición de poder. Lo acusa de practicar el hegemonismo y el unilateralismo mediante sus intervenciones militares, los regímenes de sanciones unilaterales o las restricciones a las exportaciones de tecnología. Defiende la «gran familia» del mundo en desarrollo frente a los pequeños grupos de las alianzas promovidas por Estados Unidos, como la OTAN o el AUKUS. Recalca que defiende un multilateralismo auténtico basado en la justicia, el desarrollo económico y la solidaridad con los menos favorecidos. Afirma ser el más grande de los PVD y busca asumir el liderazgo de todos ellos.

Su narrativa genera tracción. Sus argumentos reciben un apoyo considerable en el Sur Global, que rechaza el lugar privilegiado que tradicionalmente ha tenido Occidente en el orden internacional. Muchos Estados, hartos de escuchar los sermones de los gobiernos occidentales sobre este tema, apoyan su posición sobre lo derechos humanos. Ese apoyo, sin embargo, tiene diferentes grados de entusiasmo. Sus avances han sido mayores en África, América Latina y el Pacífico que en Asia, donde cada vez existe más preocupación ante el creciente poder de China. Incluidos países grandes como la India, que compite con ella por el liderazgo de los países en desarrollo.

Este respaldo se traduce en votos a favor de China en las Naciones Unidas y en los organismos multilaterales, donde tiene un peso creciente. Ha logrado que varios de sus candidatos hayan sido elegidos para dirigir diferentes agencias de Naciones Unidas. A los países occidentales hace tiempo que les resulta imposible reunir los votos necesarios para condenar en las Naciones Unidas las violaciones chinas de los derechos humanos. Ante esta barrera, suelen firmar en Nueva York o en Ginebra cartas de condena a China por este motivo. Cuando eso sucede, Pekín responde inmediatamente con otra carta firmada por un número mayor de Estados apoyando su posición.

El asunto de Sinkiang es revelador porque afecta a la minoría musulmana uigur. En 2022 China consiguió una sonada victoria sobre Estados Unidos y sus aliados al lograr que se rechazara su propuesta de investigar las políticas chinas en Sinkiang. Votaron en contra la gran mayoría de los PVD, incluidos los musulmanes, y se abstuvieron países importantes de América Latina como México o Argentina.

Las autoridades chinas señalan que esto no sucedía en el pasado y que si sucede ahora es porque el cambio en el equilibrio de poder global es una realidad. Citan otras manifestaciones de ese cambio, como el lamentable final de la presencia de la OTAN en Afganistán o la incapacidad de Washington de solucionar crisis que se acaban pudriendo, como las de Siria, Libia, Yemen o Ucrania. Estados Unidos, dan a entender los dirigentes chinos, se cree más fuerte de lo que es.

En su esfuerzo por construir un nuevo orden internacional, China cuenta con el apoyo activo de Rusia. Moscú colabora estrechamente con ella en la tarea de deslegitimar el orden internacional actual y de reformarlo de acuerdo con sus planteamientos. Se plasmó en el comunicado que Xi Jinping y Vladímir Putin firmaron en Pekín el 4 de febrero de 2022, con ocasión de la asistencia del líder ruso a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno. En él se defienden la «multipolaridad y la democratización de las relaciones internacionales» y la idea de «crear juntos unas relaciones internacionales de un nuevo tipo». El comunicado propone un nuevo modelo de relaciones entre las potencias «sobre la base del respeto mutuo, la coexistencia pacífica y la cooperación mutuamente beneficiosa». Proclama que no existe un modelo único de democracia e incluye referencias a una transformación de la arquitectura de gobernanza global y del orden mundial, y a una redistribución de poder en el mundo.

Todo esto es aplaudido por los países enfrentados con Estados Unidos o con deudas pendientes con Occidente, como Irán, Corea del Norte, Siria, Cuba, Venezuela, Nicaragua o Bielorrusia. Encuentran simpatía en algunas capitales europeas como Budapest o Belgrado. Viendo esta lista, un amigo mío de Pekín, acostumbrado a viajar al extranjero, me comentó: «Nuestros únicos amigos son aquellos de quienes no queremos ser amigos».

Desde el punto de vista chino, la creación de este nuevo orden internacional es un proceso que ya ha empezado y que es históricamente inevitable porque responde al nuevo equilibrio de poder existente a nivel global. De acuerdo con la visión marxista de los ideólogos del Partido, se trata de un proceso dialéctico que tendrá avances y retrocesos hasta su triunfo final. La resistencia de Estados Unidos y del resto de Occidente es comprensible, porque estarían defendiendo sus privilegios, pero está condenada al fracaso.

9

La reacción de Estados Unidos

La nueva proyección exterior de China, mucho más ambiciosa, provocó una fuerte reacción en Estados Unidos y en otros países occidentales. Sus tomas de posición en una serie de puntos calientes, su deseo de transformar el orden internacional y su búsqueda de una proyección global cada vez más amplia los llevó a modificar la política que hasta entonces habían seguido hacia Pekín.

Era una reacción inevitable. Europa y Estados Unidos llevaban quinientos años dominando el mundo, colonizándolo, comerciando, implantando su cultura y sus lenguas en otros continentes, peleando guerras mundiales y ganándolas. Desde la desaparición de la Unión Soviética, Estados Unidos era la única gran potencia mundial. No hacía mucho que Francis Fukuyama había hablado del fin de la historia, con el triunfo definitivo de las democracias liberales sobre el autoritarismo y el comunismo. El ascenso de China sugería que, después de todo, la historia continuaba.

Estados Unidos había respaldado la política de Reforma y Apertura de Deng Xiaoping y de sus sucesores con grandes inversiones y con la apertura de sus mercados a las exportaciones chinas. Bill Clinton apoyó en 2001 el ingreso de China en la Organización Mundial del Comercio. La idea era que la creciente prosperidad de China, sus cada vez más extensas relaciones comerciales con Occidente, los intercambios de estudiantes y la apertura de la sociedad china hacia el mundo exterior permitirían una mayor penetración de los valores occidentales. Ello conduciría antes o después a una liberalización política y a una inserción total de China en el orden internacional en el que Estados Unidos ocupaba una posición hegemónica. Eran años en los que se consideraba evidente, como Fukuyama había dicho, el «total agotamiento de alternativas sistémicas viables al liberalismo occidental».

Sin embargo, la realidad era muy distinta. El desarrollo de China no la había hecho evolucionar hacia un régimen democrático, sino que la llevaba a reafirmarse cada vez más en su sistema político basado en principios autoritarios. Esto había quedado bastante claro desde la llegada al poder de Xi Jinping, con su mayor rigidez ideológica, su obsesión por la seguridad y sus métodos de alta tecnología para el control de la población. Todo ello provocó frustración en Estados Unidos y cierta sensación de haberse equivocado profundamente en su análisis de China.

La China de Xi Jinping se había convertido en un Estado revisionista, decidido a cambiar el orden internacional. Su forma de comportarse generaba preocupación sobre lo que se proponía hacer con su nuevo poder, tanto dentro como fuera de sus fronteras. La competición entre China y Estados Unidos se había convertido en algo inevitable. Se trataba esencialmente de una lucha por el poder. Por primera vez desde el final de la Guerra Fría, el predominio global de Estados Unidos estaba siendo contestado por un rival sólido. En la cumbre el espacio es muy estrecho, y a nadie le gusta compartirlo. En Washington se fue formando un fuerte consenso entre republicanos y demócratas en torno a la idea de que era imperativo parar a China, impedir que amenazara la posición de Estados Unidos. En un clima interno de fuerte polarización, era casi la única cuestión en la que ambos partidos estaban de acuerdo. El fortalecimiento de China obligaba a cambiar las reglas del juego. Washington dejó de creer en un modelo de relaciones con China basado en la cooperación y la búsqueda de intereses compartidos y optó por otro basado en la competición, la rivalidad y la contención de su ascenso como potencia.

Fue Donald Trump en su primer mandato quien cambió bruscamente la política hacia China seguida hasta ese momento. Aunque Barack Obama ya había empezado a prestar más atención al nuevo poder de China con su «giro hacia Asia», Trump lo acusó a él y a sus predecesores de ingenuidad en su actitud hacia Pekín, de no haber sabido entender lo que estaba pasando delante de sus narices. Puso el foco en el desequilibrio comercial y en el fuerte déficit norteamericano. Declaró que Estados Unidos había concedido demasiadas ventajas a China, mientras que China había mantenido su mercado muy cerrado. Denunció que las empresas norteamericanas jugaban en inferioridad de condiciones en el mercado chino por los obstáculos existentes para el acceso de sus productos: subsidios, violaciones a la propiedad intelectual, transferencias forzadas de tecnología, falta de transparencia en los contratos, etc. Es verdad que otras naciones habían actuado igual en su proceso de industrialización (el propio Estados Unidos en el siglo XIX, Japón, Corea del Sur), pero en el caso de China todo esto había ocurrido en la era de la globalización, y sus consecuencias sobre el resto del mundo habían sido masivas e inmediatas, provocando la desindustrialización y la pérdida de empleos en Estados Unidos y en Europa. Muchos de los votantes de Trump pertenecían a los sectores sociales más afectados por estos problemas. Las reiteradas peticiones al Gobierno chino para que eliminara las barreras proteccionistas no habían dado ningún resultado.

Trump inició una guerra comercial para tratar de forzar a China a abrir su mercado. Elevó las tarifas arancelarias a las exportaciones chinas, exigió a Pekín que comprara una mayor cantidad de productos norteamericanos y estableció otras restricciones comerciales. Al principio, los dirigentes chinos se mostraron flexibles. Se comprometieron a importar una determinada cantidad de productos norteamericanos, sobre todo agrarios, para intentar equilibrar la balanza de pagos. Era un acuerdo comercial desfavorable para sus intereses porque los obligaba a aumentar mucho sus importaciones agrícolas a cambio de unas contraprestaciones poco claras. Trataron de limitar sus concesiones al mínimo, evitando cambios de fondo en su sistema económico, que el Partido no tenía ninguna intención de realizar. Eran muy conscientes de los efectos que tuvo para Japón el Acuerdo del Plaza con Estados Unidos en 1985.

Trump trató de desconectar comercialmente a Estados Unidos de China todo lo posible, pero existía una fuerte dependencia mutua que lo hacía muy difícil. La integración de las cadenas de valor, la dependencia del mercado de Estados Unidos de las exportaciones industriales chinas de bajo precio y el interés de las empresas norteamericanas por mantener sus inversiones en China —donde obtenían fuertes rentabilidades— y por seguir exportando a su mercado, todo ello limitaba la posibilidad de una desconexión significativa entre ambas economías.

La desconexión avanzó más en otros campos. China fue la primera en promoverla creando un universo digital alternativo para impedir que entraran en el país ideas y contenidos que deseaba mantener fuera. El énfasis en la seguridad impuesto por Xi Jinping complicó las relaciones entre las empresas chinas y sus contrapartes occidentales. En Pekín surgieron voces a favor de aumentar la utilización del yuan en las transacciones comerciales con el exterior, a fin de limitar el uso del dólar. Estados Unidos empezó a negar a China el acceso a determinadas tecnologías, que ésta necesitaba para que su industria pudiera continuar desarrollándose. En otros ámbitos las medidas de desconexión fueron mutuas, como en los medios de comunicación, con expulsiones recíprocas de periodistas.

La creciente tensión entre ambos países se puso de manifiesto en el caso Huawei. A partir de 2018 se empezó a desplegar en la telefonía móvil la tecnología 5G, mucho más rápida que la 4G. La empresa que poseía la mejor tecnología 5G del mundo era Huawei, pero Estados Unidos se negó a permitir que una compañía china controlara las redes 5G en su territorio. Alegó que eso le daría el control de sus infraestructuras de comunicaciones, por las que circulaban también mensajes oficiales, así como acceso a una ingente cantidad de datos. Podría hacer que determinados servicios vitales para la seguridad nacional —suministro de agua, energía o transportes— se volvieran vulnerables a ciberataques. Finalmente, el control de redes y datos crearía la oportunidad de influir sobre la opinión pública, en un momento en que se habían desvelado operaciones rusas de desinformación en las elecciones de diversos países occidentales.

Huawei se presenta como una empresa privada, que es propiedad de una cooperativa formada por sus propios empleados. Pero las autoridades norteamericanas recalcaron que no existe información transparente sobre esa cooperativa. Destacaron que, en un lugar como China, donde los sindicatos son correas de transmisión de la política del Partido, es inimaginable que una cooperativa de trabajadores dueña de una empresa de ese tamaño pueda gestionarla al margen del control del PCCh. Indicaron que Huawei ha crecido gracias a los subsidios y a otras formas de apoyo del Gobierno chino, que es una empresa muy cercana al Partido Comunista y que está en realidad controlada por los servicios de seguridad del Estado. Recordaron que el artículo 7 de la Ley Nacional de Inteligencia china de 2017 obliga a todas las organizaciones y ciudadanos a cooperar con los servicios de inteligencia. Subrayaron que los vínculos de la compañía con el Partido y el Estado chinos, y la propia realidad del poder en China, hacen difícil creer que pudiera resistir presiones del PCCh para que compartiese la información que pasase por sus servidores. Estados Unidos vetó a Huawei y presionó con éxito a sus aliados para que siguieran su ejemplo, alegando que de otro modo la seguridad de organizaciones como la OTAN podría verse afectada.

La campaña norteamericana contra Huawei no quedó ahí. Se prohibió a los organismos públicos comprar sus equipos, se la incluyó en una lista de empresas chinas sometidas a fuertes restricciones y se vetó la venta a la empresa de semiconductores avanzados. Google le bloqueó el acceso a su sistema operativo Android y a todas sus aplicaciones. Estas medidas destruyeron gran parte del negocio de teléfonos móviles de la compañía, que era la mayor fabricante de móviles del mundo.

En 2018 la directora financiera de la compañía, Meng Wanzhou, hija del fundador, fue detenida en Canadá a petición de las autoridades de Estados Unidos, que la acusaron de violar las sanciones impuestas por Washington contra Irán. Permaneció en arresto domiciliario durante casi tres años, lo que agravó el enfrentamiento político entre Estados Unidos y China.

El caso Huawei provocó que la guerra comercial entre Estados Unidos y China empezara a convertirse en una guerra tecnológica. La desconexión entre China y Occidente, que se enfrentaba a serios obstáculos en el ámbito comercial y empresarial, avanzaba con fuerza en el plano de la tecnología, en nombre de la necesidad de proteger la seguridad nacional.

La administración Trump empleó hacia China una retórica muy agresiva, propia de la Guerra Fría, que se intensificó tras el estallido de la pandemia de la COVID-19. El secretario de Estado, Mike Pompeo, pronunció un discurso invitando a la población a oponerse al Partido Comunista. Se denunciaron múltiples acciones chinas como deliberadamente hostiles a los intereses de Estados Unidos. Los demócratas no iban a la zaga de los republicanos. Parecía haber una competición en Washington para ver quién era más antichino. Ningún político quería aparecer ante sus votantes como más blando con China que sus rivales.

Un exviceministro chino de Asuntos Exteriores me señaló que podía entenderse que Estados Unidos quisiera cambiar las reglas del juego con las que se había relacionado con China en el pasado, porque China se había convertido en un actor muy diferente. Es como cuando uno crece y le viene pequeño el traje que estaba usando. Pero en su opinión debía haberse hecho de otra manera, evitando las brusquedades y la agresividad de Trump. Por su tradición cultural, China tiende a buscar compromisos, pero si siente que no la están tratando bien, sus posiciones se vuelven mucho más duras. Se podría quizá añadir que China debería mostrar más sensibilidad hacia las principales preocupaciones occidentales y que mucha de esa dureza procede de la falta de respuesta china sobre esas cuestiones.

La estrategia de Trump resultó poco coherente y su eficacia fue limitada. Los resultados de la guerra comercial no fueron buenos para Washington. Los chinos compraron sólo una parte de los productos norteamericanos que se habían comprometido a importar. El déficit comercial bilateral no sólo no descendió, sino que se incrementó. Las nuevas tarifas impuestas a las importaciones procedentes de China provocaron un aumento de la inflación y del desempleo en Estados Unidos. A eso hay que agregar los efectos de la política aislacionista de Trump, que dejó terreno libre a China en todo el mundo, sembró las dudas entre sus aliados europeos y asiáticos y le permitió a Pekín realizar grandes avances en el Sur Global.

Tras su elección, Joe Biden dejó bien claro que no pensaba regresar a la política hacia China de Obama, de quien fue vicepresidente. Continuó en lo esencial la iniciada por Trump, siguiendo el consenso bipartidista existente en Washington, que ve el fortalecimiento de China como una amenaza para Estados Unidos, a la que debe oponerse. Al mismo tiempo, Biden intentó dar más orden y coherencia a esa política, así como cuidar mejor las formas. Bajo el lema de «invertir, aliarse y competir», inició una serie de nuevas líneas de actuación en varios campos.

Lanzó un millonario programa de inversiones en infraestructuras y en industrias clave como los semiconductores, las energías renovables o los vehículos eléctricos, con el objeto de fortalecer la economía norteamericana y reducir las dependencias del exterior, particularmente de China. Estas medidas incluían fuertes subsidios y ventajas fiscales a las empresas norteamericanas presentes en esos sectores, y recibieron críticas en Europa por su fuerte contenido proteccionista.

Desplegó una diplomacia más activa dirigida a reconstruir sus alianzas con sus principales socios, tanto asiáticos como europeos, que se habían visto debilitadas por el aislacionismo de Trump. En el caso de Asia, el principal objetivo era establecer un contrapeso regional a la creciente influencia de China. Fundó con el Reino Unido y Australia el AUKUS, que posee un fuerte componente militar. Creó el Quad, orientado más bien a la cooperación civil, junto con la India, Japón y Australia. En Europa, la agresión rusa contra Ucrania situó en el centro del tablero a la OTAN, la cual durante los años de la primera presidencia de Trump se encontraba —según declaró el presidente Macron— en un estado de muerte cerebral.

Biden subrayó el elemento de rivalidad y competición en diferentes aspectos de la relación con China. Reforzó las relaciones con Taiwán multiplicando las visitas de políticos norteamericanos y el suministro de armas a la isla. Se opuso firmemente a las pretensiones chinas de soberanía sobre la mayor parte del mar del Sur de China. Amenazó a Pekín con fuertes sanciones económicas si suministraba armas a Rusia para apoyarla en la guerra de Ucrania. Sancionó a las empresas que compraban algodón y otros productos elaborados en la provincia de Sinkiang, acusando a las autoridades chinas de cometer un genocidio con la población uigur. Se negó a seguir manteniendo encuentros bilaterales de alto nivel si no conducían a resultados concretos. Quería evitar la repetición rutinaria de reuniones de épocas anteriores, en las que se creaba la impresión de que las relaciones eran normales y estables, cuando en realidad los representantes chinos no cedían un milímetro en sus posiciones, lo cual provocaba la frustración norteamericana.

Al mismo tiempo, Biden trató de acordar con China unas barreras de seguridad para evitar que la rivalidad entre ambos acabara escalando hacia una confrontación. Se mostró dispuesto a cooperar con China en cuestiones como el cambio climático, la salud global, la seguridad alimentaria, la lucha contra las drogas o la agricultura, como me comentó el embajador norteamericano en Pekín, Nick Burns.

Las relaciones iniciaron un período de fuertes altibajos. Biden y Xi Jinping se conocían desde hacía muchos años y tenían una buena relación, aunque, naturalmente, desde posiciones muy alejadas. Sus entrevistas parecían entablar períodos de calma que interrumpían bruscamente momentos de fuerte tensión, como la visita a Taiwán de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes norteamericana, o el incidente del globo espía chino que sobrevoló el territorio de Estados Unidos y fue finalmente abatido.

En China, el cambio de política norteamericana causó al principio sorpresa y preocupación, tanto por su contenido como por su intensidad. Para China, las relaciones con Estados Unidos son el centro absoluto de su política exterior. Es un país al que ve al mismo tiempo como una referencia y como una amenaza, y durante años había sido el modelo a imitar para las élites chinas.

Los dirigentes chinos siguieron proclamando que su ascenso era pacífico y que no amenazaba los intereses occidentales. Insistieron en que Estados Unidos no entendía a China, en que su percepción de China era equivocada. Destacaron que las prioridades del Gobierno chino eran el crecimiento y la estabilidad interna, no la proyección exterior.

Al principio mantuvieron una actitud de autocontención y evitaron declaraciones altisonantes. Durante unos meses parecieron no saber muy bien cómo abordar su relación con Washington. La consigna era apretar los puños, aguantar el tirón y evitar una escalada, a pesar de los ataques que recibían diariamente desde Estados Unidos. No perdían la esperanza de reconducir la situación y no querían romper los puentes con Estados Unidos. Multiplicaron los mensajes dirigidos a la Casa Blanca sobre la necesidad de encontrar una solución. Pensaban que una respuesta templada y constructiva les haría ganar puntos ante el resto del mundo, pues aparecerían como la parte que actuaba con mayor sentido de responsabilidad en esta disputa.

Pensaban que China seguía necesitando a Estados Unidos, y no deseaban una confrontación. Las relaciones comerciales con Washington y sus inversiones eran importantes para mantener el crecimiento de su economía. Las tarifas aduaneras impuestas por Estados Unidos habían empezado a hacer daño. Una ralentización de la economía podría eliminar empleos, provocar descontento y minar la posición de Xi Jinping dentro del Partido. Con Estados Unidos hacía falta estabilidad, mucha estabilidad. Los dirigentes chinos trataron de preservar todos los elementos posibles del modelo de globalización hasta entonces existente, que tanto les había beneficiado. Querían seguir reforzando el papel central de China en las cadenas de valor globales y su acceso a la tecnología norteamericana. Un investigador de la Academia de Ciencias Sociales de China me insistió en que China busca una relación con el exterior —y en particular con Estados Unidos— de «dependencia mutua asegurada», y en que se podría establecer un nuevo equilibrio si ambas partes realizaran los ajustes necesarios. Estados Unidos, continuó, tiene en sus manos el poder tecnológico, y China el poder del mercado, por lo que el compromiso les interesa a ambos.

Pero las medidas hostiles que continuaba adoptando Estados Unidos y la estrategia negociadora de Trump, con declaraciones agresivas y cambios drásticos de actitud, acabaron desconcertando e irritando profundamente a los dirigentes chinos. El estilo de Trump chirriaba mucho con las formas habituales en China, y su impopularidad fue creciendo. La confianza política se erosionó rápidamente. En Pekín seguían repitiendo que deseaban volver a unas relaciones «normales» con Washington, pero cada vez eran más conscientes de que no iba a ser posible. Durante años el objetivo prioritario de la política exterior china había sido crear un entorno favorable para mantener su proceso de crecimiento. Pero la política exterior más ambiciosa de Xi era incompatible con ese objetivo. Xi estaba convencido de que el equilibrio de poder había cambiado y de que ello debía reflejarse en un mayor peso global de China en las relaciones internacionales. La reacción de Estados Unidos iba dirigida precisamente a impedirlo. Todo ello provocó la desaparición de ese entorno exterior favorable al fortalecimiento de China.

Los líderes chinos tenían cierta esperanza de que la elección de Joe Biden permitiera reconducir la situación. Cuando vieron que no era así, endurecieron paulatinamente su posición. China empezó a atacar abiertamente la política de Washington, que describía como ilegítima, agresiva y poco razonable. Denunció que Estados Unidos estaba desplegando hacia China una política de contención similar a la que utilizó contra la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial, con el propósito de impedir su fortalecimiento económico y político. Yan Xuetong, decano del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Tsinghua, me indicó que la política de Biden tenía el mismo objetivo que la de Trump, contener a China, y que sólo habían cambiado el enfoque y los medios para alcanzar dicho objetivo.

Los portavoces chinos denunciaron que China tenía tanto derecho a desarrollarse como Estados Unidos o cualquier otro país. Nadie podía impedírselo. Tratar de contener el crecimiento de China era ilegítimo y estaba condenado al fracaso. Acusaron a Estados Unidos de plantear las relaciones con China como un juego de suma cero. Xi Jinping recalcó que el mundo es inmenso y permite que tanto Estados Unidos como China sigan desarrollándose. El mismo Xi, quien habitualmente hace declaraciones muy medidas, afirmó: «Los países occidentales, encabezados por Estados Unidos, han puesto en práctica una contención, un cerco y una supresión total de China, lo que ha supuesto una serie de retos sin precedentes para su desarrollo». El Financial Times, citando estas declaraciones, le dio la razón. Un antiguo embajador chino en Washington, Cui Tiankai —un diplomático tradicional, no un lobo guerrero—, dijo que Occidente está acostumbrado a liderar el mundo y que en la actitud norteamericana de no aceptar el ascenso de China hay un elemento de racismo.

Pekín criticó diversas iniciativas norteamericanas acusándolas de formar parte de su política de contención hacia China. Por ejemplo, el fortalecimiento de su apoyo político y militar a Taiwán o el refuerzo de sus alianzas asiáticas. Joe Biden, al referirse a una de sus conversaciones con Xi, señaló que, cuando le habló de su voluntad de restablecer sus alianzas en Asia, la respuesta de Xi fue: «Estáis haciendo todo eso porque queréis perjudicar a China». El boicot a los JJ. OO. de Invierno de 2022 fue denunciado por los dirigentes chinos como un acto propio de una mentalidad de la Guerra Fría. Atacaron igualmente la ley norteamericana que restringe fuertemente las importaciones procedentes de Sinkiang, por partir de la presunción de que todo lo que viene de esa provincia ha sido producido mediante trabajos forzados. Acusaron además a Biden de falta de sinceridad. Poco después de una videoconferencia entre Biden y Xi Jinping que había ido más o menos bien, un viceministro chino de Asuntos Exteriores me comentó: «Tenemos ahora una oportunidad, pero no sabemos si podremos aprovecharla, porque Estados Unidos dice una cosa y hace otra».

Para Pekín las restricciones impuestas para acceder a la tecnología norteamericana eran un aspecto más de esa política de contención de China. Frente a las alegaciones de Washington de que su objetivo era impedir que China pudiera utilizar tecnologías de uso militar o de doble uso, los dirigentes chinos proclamaron que su alcance iba mucho más allá, que estaba dirigido a impedir el crecimiento de la economía y el desarrollo tecnológico de China.

El endurecimiento de la posición china hacia Estados Unidos se tradujo en posturas cada vez más nacionalistas, que exponían los lobos guerreros de su diplomacia. Con ocasión del 70 aniversario de la guerra de Corea, aparecieron varias películas que rememoraban el conflicto armado entre Estados Unidos y China. En los actos oficiales de conmemoración del conflicto, Xi Jinping condenó la visión del mundo «unilateralista, proteccionista y de egoísmo extremo», que estaba llamada al fracaso.

China fue adoptando posiciones más duras sobre lo que consideraba sus intereses fundamentales, como la defensa del sistema chino frente a las críticas por las violaciones de los derechos humanos o los cambios en el estatus de Hong Kong tras las protestas callejeras. En el caso de Taiwán, en los documentos oficiales en los que se hacía referencia a la reunificación, empezó a eliminarse el adjetivo pacífica. En el mar del Sur de China se dieron nombres chinos a los arrecifes e islotes en disputa con otros Estados ribereños, que habían ido fortificando en los últimos años. Pekín quería dejar claro que en esas cuestiones no estaba dispuesta a ceder un milímetro.

También se negó a aceptar la propuesta norteamericana de avanzar en determinados problemas de sus relaciones bilaterales sin que ello supusiera mejorar el conjunto de las relaciones. China insisitió en que todos los temas debían colocarse sobre la mesa y en que, si Washington deseaba cooperar en aquellos asuntos que le interesaban, tenía que colaborar en los que interesaban a Pekín. Cuando concluyó que Estados Unidos estaba traspasando sus líneas rojas, sobre todo en relación con Taiwán, paralizó las conversaciones sobre sus exportaciones de fentanilo, que Estados Unidos quería limitar. Bloqueó los contactos entre los militares de ambos países en el mar del Sur de China. Washington daba gran importancia a este canal de comunicación para evitar que un incidente entre buques de guerra pudiera escalar hasta convertirse en una crisis seria.

El choque entre la política norteamericana y la reacción de China para contrarrestarla terminó provocando, tal como deseaba Washington, que dejaran de ser válidas las reglas del juego existentes hasta entonces en las relaciones entre ambas potencias. Pero en muchas cuestiones fue imposible acordar reglas nuevas. En consecuencia, esas reglas del juego, que hasta ese momento eran más o menos conocidas, dejaron de serlo. Sobre determinadas cuestiones muy sensibles, como el equilibrio estratégico en torno a Taiwán y el mar del Sur de China, dejó de haber parámetros claros. La situación pasó a ser más compleja y peligrosa, proclive a malentendidos y a errores de cálculo.

La tensión entre China y Estados Unidos tuvo consecuencias en política interior. Permitió a Xi apelar a la unidad de todo el Partido para defenderse mejor del enemigo exterior, reduciendo así el espacio para el debate interno. Los problemas con Washington facilitaron su campaña contra quienes defendían una mayor apertura y le permitió justificar el protagonismo que dio a las cuestiones de seguridad.

En Estados Unidos se consolidó el consenso interno sobre la necesidad imperiosa de hacer frente al crecimiento económico y político de China. Ese consenso es una de las pocas cosas en las que en este momento están de acuerdo demócratas y republicanos.

El deterioro de las relaciones entre Washington y Pekín repercutió en sus relaciones con otros países occidentales. La Unión Europea, Japón, Canadá o Australia endurecieron su tono hacia China, que en respuesta hizo lo propio. Los elementos de cooperación no desaparecieron del todo en sus relaciones, pero tuvieron que convivir con otros de competición y rivalidad. Empujó a China a una relación más cercana con Rusia, a fin de fortalecer su posición ante Estados Unidos. Este acercamiento se vio reforzado por la necesidad rusa de estrechar sus relaciones con China tras su invasión de Ucrania. Los dirigentes chinos declararon que el derecho legítimo de China a desarrollarse no estaba siendo reconocido por los Estados hegemónicos, y sus argumentos fueron bien recibidos en buena parte del Sur Global.

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La pandemia de la COVID-19

En enero de 2020 surgió en Wuhan la pandemia de la COVID-19, que luego se extendió al conjunto del país y al resto del mundo. La pandemia aceleró las dinámicas políticas y económicas que ya estaban en marcha, especialmente entre China y Estados Unidos. Cuando terminó se había creado un distanciamiento entre China y el mundo occidental mucho mayor que el que existía a su inicio.

La aparición del virus supuso un golpe muy duro para Pekín. Poco antes había conmemorado por todo lo alto, incluido un gran desfile militar, el 70 aniversario de la fundación de la República Popular de China. Unos meses después la nación se hallaba en vilo, amenazada por un virus de gravedad desconocida. Su imagen estaba quedando muy dañada. La percepción exterior de China dejó de fijarse en su condición de gran potencia emergente, que parecía próxima a alcanzar a Estados Unidos, y se centró en su papel como origen de un nuevo brote epidemiológico que afectaba al aparato respiratorio. Un brote que volvía a aparecer en China, pocos años después de las epidemias de SARS y de gripe aviar. Su inicio se situaba en un mercado de animales salvajes para consumo humano con escasas condiciones higiénicas, un tipo de mercado que tenía una larga tradición en la cultura local.

Wuhan es una ciudad de once millones de habitantes a orillas del río Yang Tze, capital de la provincia de Hubei. La aparición del virus se silenció durante semanas y no se tomaron las medidas necesarias para detener su expansión. No funcionó el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), que se había creado precisamente para detectar en una fase temprana enfermedades infecciosas y evitar que volvieran a repetirse casos como los del SARS o la gripe aviar. Según el subdirector del CDC, el doctor Feng Zijian, las autoridades locales no activaron a tiempo sus mecanismos. Nadie ha explicado los motivos por los que esto sucedió. El alcalde de Wuhan cerró la ciudad el día 22 de enero a las 10.00 de la mañana, pero lo anunció el día anterior, y durante las horas transcurridas entre su anuncio y el cierre efectivo de la ciudad muchos escaparon de ella. Según TheNew York Times, unos siete millones de personas salieron de Wuhan en enero de 2020, lo cual contribuyó poderosamente a la expansión del virus.

En el resto del país se contemplaban los sucesos de Wuhan con una enorme preocupación. Nadie sabía si el virus acabaría extendiéndose. Tampoco se conocían su letalidad ni su transmisibilidad. Pekín en aquellos días era una ciudad vacía, con las empresas y la mayoría de las tiendas cerradas y los transportes públicos funcionando prácticamente sin pasajeros. La poca gente que circulaba por las calles lo hacía con la mascarilla puesta, casi a hurtadillas, mirando con recelo a los escasísimos transeúntes que encontraba en su camino. Su mayor preocupación era llegar a casa sin contagiarse. La capital china estaba agazapada, angustiada ante lo que se le venía encima. Además, el enemigo era invisible. El virus podía estar en cualquier sitio. En una conversación con un amigo, en un autobús, en el pomo de una puerta. La gente vivía recluida en sus casas porque pensaba que toda persona, toda situación, podía ser una fuente de contagio.

El estallido de la pandemia se convirtió pronto en un grave problema político. Uno de los fundamentos de la legitimidad del Partido ante la población es su imagen de eficacia en la gestión de los problemas. Esta vez esa eficacia había brillado por su ausencia. Muchos chinos pensaban que epidemias como el SARS o el coronavirus no surgían nunca en Europa ni en Estados Unidos, pero sí en China, y que el gobierno no estaba haciendo lo que debía para evitarlo. Así lo indicaban las numerosas críticas que circularon por internet y que durante los primeros días no fueron censuradas. El fallecimiento en Wuhan del Dr. Li Wenliang, quien había sido obligado por la policía a retractarse tras haber difundido por WeChat informaciones sobre la aparición de un nuevo virus, provocó un estallido en las redes sociales. La mayoría de los comentarios rendían homenaje al Dr. Li y reclamaban libertad de expresión. Su reacción, de acuerdo con su práctica habitual, fue bloquear las cuentas de WeChat y de Weibo donde aparecieron las críticas. Pronto el Partido trató de apropiarse de la figura del médico y utilizarla para sus propios intereses. La prensa oficial empezó a sumarse a las expresiones de dolor por su fallecimiento, presentándolo como un héroe de la lucha contra el virus que protestó contra los fallos de las autoridades de Wuhan.

El principal objetivo del Partido en ese momento era en efecto desviar la culpa hacia las autoridades locales para evitar que se acabara achacando la responsabilidad de lo sucedido al PCCh y al propio Xi Jinping. El alcalde de Wuhan se defendió diciendo que antes de difundir información pública sobre la epidemia tenía que consultar con Pekín. Teniendo en cuenta cómo funciona el sistema político chino, resulta bastante creíble. Las críticas al Partido y a Xi por su gestión del problema seguían siendo intensas en las redes sociales, a pesar de los esfuerzos de la censura. El gobierno detuvo a algunos de sus autores. Se arrestó a reporteros voluntarios que informaban por medios digitales desde Wuhan sobre la evolución de la enfermedad.

Menos habituales fueron las críticas que surgieron dentro del Partido. Un empresario del sector inmobiliario, Ren Zhiqiang, perteneciente a una familia muy cercana a las altas esferas de la nomenclatura, atacó públicamente a Xi llamándolo «payaso». Después de un juicio que duró menos de un día, Ren fue condenado a dieciocho años de prisión. Poco más tarde fue detenido el viceministro de Seguridad Pública, Sun Lijun. El mar de fondo dentro del Partido provocó una reunión el 3 de febrero del Comité Permanente del Politburó del PCCh. En un gesto de autocrítica pública poco frecuente en China, sus conclusiones señalaron que «el brote [de coronavirus] pone a prueba de manera muy importante el sistema chino y su capacidad de gobernanza, y debemos aprender de esta experiencia y sacar las lecciones pertinentes».

La primera lección que sacaron los líderes del PCCh fue que tenían que recuperar el control de la situación. En primer lugar, el control del Partido, cortando de raíz las críticas internas. Los secretarios del Partido en Wuhan y en la provincia de Hubei fueron destituidos y reemplazados por personas muy vinculadas a los servicios de seguridad y a Xi Jinping. Éste empezó a aparecer constantemente en los medios, y así se transmitió la idea de que estaba gestionando personalmente la crisis, en contraste con su relativa ausencia de los programas informativos durante las primeras semanas de la epidemia.

Otra lección era que había que hacer todos los esfuerzos necesarios para detener la epidemia, borrando la imagen de ineficacia que había proyectado el Partido al comienzo del brote. Para ello se desplegó una estrategia a nivel nacional en la que se recurrió a todos los recursos humanos y materiales del Estado. China prácticamente cerró sus fronteras y aplicó medidas draconianas. En Wuhan y Hubei, que ya estaban en cuarentena, se confinó a toda la población en sus domicilios. Se cerraron las fábricas, las oficinas, el transporte público...: todo. Sólo pudieron seguir trabajando quienes lo hacían desde su casa por internet o por teléfono, o quienes tenían a su cargo servicios públicos esenciales. Se prohibió el tráfico de vehículos. Wuhan se convirtió en una ciudad muerta. Todos los órganos del Partido y del Estado sirvieron para controlar la expansión del virus. Se construyeron en la ciudad dos enormes hospitales en diez días, se desplazó hasta allí a personal sanitario desde otras provincias y se utilizó al ejército para apoyar toda la operación. Se prohibieron los mercados de animales salvajes.

Se cerraron barrios enteros en otras ciudades fuera de Hubei donde había aparecido algún brote de la enfermedad. Se puso en marcha a nivel nacional una intensa campaña de prevención y control que incluyó entre otras medidas el cierre de escuelas, universidades, bares y restaurantes; la introducción del teletrabajo; los controles de temperatura a la entrada de viviendas y de todo tipo de establecimientos; la desinfección diaria de lugares públicos; la instalación de soluciones hidroalcohólicas para el lavado de manos en sus entradas; el uso obligatorio de mascarillas protectoras en espacios públicos; el reforzamiento de los controles en los aeropuertos, y la imposición de cuarentenas a los viajeros. Las personas contagiadas y las que presentaban un riesgo especial para el resto de la población eran conducidas a hospitales o a centros habilitados para su aislamiento. Se intentaba identificar a sus contactos para detectar si estaban contagiados y aislarlos si se consideraba conveniente. Con el fin de evitar el colapso de la red hospitalaria, se construyeron rápidamente nuevos hospitales y unidades de cuidados intensivos. Algunas embajadas protestaron ante el Gobierno chino porque las medidas de control de la epidemia restringían en exceso la libertad de movimientos de los diplomáticos y su acceso a las embajadas y a sus propias viviendas.

Para todo ello se hizo un uso intrusivo de la tecnología, creándose un código QR que había que llevar en el teléfono móvil para controlar el estado de salud del portador. Estos mecanismos de control a la población se impusieron por decreto y afectaban seriamente a derechos individuales como la movilidad o la privacidad. Eran por lo tanto difícilmente replicables en una sociedad democrática, pero resultaron eficaces para detener los contagios.

A partir de febrero de 2020 empezó a descender el número de casos. El Partido comenzó a levantar cabeza, después del fuerte golpe que había supuesto la aparición del virus. El 10 de marzo Xi Jinping visitó Wuhan, todavía sometida a confinamiento, para lanzar el mensaje de que lo peor había pasado y de que se estaba empezando a controlar la epidemia. Se reanudó paulatinamente la actividad económica tomando todas las precauciones para evitar rebrotes. La economía china había sufrido un tremendo parón no sólo en el plano de la producción, sino también en el de la logística (transportes internos cortados, interrupción de comunicaciones marítimas y aéreas con el exterior) y el del consumo. Según el Financial Times, el uso de carbón y la producción de las refinerías de petróleo estuvieron en febrero de 2020 más de un tercio por debajo de los niveles de febrero de 2019. La agricultura se vio frenada por los mismos motivos, agravados por los bloqueos que las autoridades locales de algunos pueblos y ciudades impusieron para evitar contagios. La única excepción fue la economía digital, especialmente consumo y servicios, que siguió funcionando desde los hogares de los consumidores. Para hacer frente a las dificultades de las empresas se decidió ampliar el acceso al crédito, reducir los impuestos y las tarifas eléctricas y adoptar medidas de política monetaria. Todo ello permitió que la economía repuntara ya en el segundo trimestre de 2020, cuando creció un 3,2 por ciento.

El éxito chino al conseguir detener la expansión del virus —después de su fracaso al no controlar el brote inicial— y estabilizar la economía coincidió con su rápido crecimiento en Occidente. Estados Unidos y Europa no pudieron aplicar las drásticas medidas que se aplicaron en China porque violaban principios básicos de sus constituciones democráticas. La consecuencia fue un incremento exponencial de los contagios y del número de fallecidos, confinamientos prolongados de la población y una parada en seco de las economías occidentales justo cuando la china empezaba a remontar.

Después de haber estado a la defensiva desde el comienzo de la pandemia, el aparato de propaganda del Partido contraatacó. Proclamó que China había demostrado al mundo cómo había que actuar para detener el virus. Los medios atribuyeron el éxito en la batalla contra el coronavirus a la capacidad del socialismo con características chinas para tomar medidas eficaces, movilizando para ello todos los recursos y a toda la población. La confianza en la superioridad del sistema chino se combinaba con el escepticismo sobre la capacidad de los Estados occidentales para controlar la epidemia con la misma efectividad con que lo había hecho China. Esas críticas fueron particularmente ácidas en lo que respecta a Estados Unidos, donde Trump se había mostrado en los últimos meses muy crítico hacia Pekín. Se repetía que el sistema sanitario norteamericano no estaba preparado para hacer frente al coronavirus y se acusaba a sus autoridades de no estar adoptando medidas de control eficaces. Los comentarios sobre la situación en Europa eran parecidos. Todo ello encajaba perfectamente en el discurso del Partido sobre el ascenso de Oriente y la decadencia de Occidente, y fue utilizado para tratar de convencer al mundo de que el sistema político chino funcionaba mejor que el sistema democrático occidental. El coronavirus dejó de ser un tema únicamente sanitario y se convirtió también en un tema político.

En esos meses, China le dio la vuelta a la pandemia. Lo que había empezado siendo un grave problema de imagen pasó a ser un motivo de orgullo nacional y una baza importante de su política exterior. China se convirtió en el principal apoyo para los países afectados por la expansión del virus. Una proporción muy alta de las fábricas del material sanitario que en ese momento el mundo entero necesitaba para combatir la enfermedad se encontraban en China. Ello se debía a la desindustrialización de Europa y de Estados Unidos en las décadas anteriores, tras el ingreso de China en la Organización Mundial del Comercio. Todos los gobiernos se volcaron para tratar de comprar ese material en el mercado chino, que se convirtió en un mercado enloquecido. Mascarillas, respiradores, batas de protección, guantes, solución desinfectante, equipos para realizar la prueba del virus. Todo se vendía al precio que fuera. China ya había controlado la epidemia dentro de sus fronteras y no necesitaba en ese momento el material, mientras que el resto de los países se lanzaron a una competencia a muerte para conseguirlo. Pekín prestó su colaboración a muchos de ellos para que pudieran obtenerlo. Pero pronto aparecieron empresas privadas e intermediarios de dudosa reputación que hicieron su agosto cobrando precios astronómicos por unos productos que no siempre estaban en buenas condiciones.

Las vacunas y la evolución del virus hacia variantes menos letales permitieron ir reduciendo las restricciones en los países occidentales. En China, sin embargo, se mantuvieron. El Partido no permitió que se utilizaran vacunas ARNm extranjeras, ya que podían afectar a la idea de la superioridad de China en la gestión de la enfermedad. Dado que las vacunas chinas tenían una eficacia menor, había que mantener las restricciones hasta que se obtuviera una vacuna china con la misma tecnología ARNm. China mantuvo su estrategia, con sus fronteras cerradas y su población sometida a fuertes limitaciones de movimiento. Las autoridades chinas sostenían que el coste de esas medidas era inferior que el precio en vidas humanas que Occidente había pagado por su manera de luchar contra la epidemia. Los pocos viajeros que conseguían un visado chino tenían que hacerse una PCR antes de viajar y otra al llegar. Si el resultado en el aeropuerto de llegada era positivo, los recluían en un hospital hasta que se curaban. Si no lo era, los enviaban a hoteles acondicionados para ello donde tenían que guardar tres semanas de cuarentena obligatoria. Para la población —incluidos los diplomáticos— era obligatorio hacerse una PCR gratuita cada 24 o 48 horas en las principales ciudades, lo que suponía un coste astronómico para las administraciones locales. Los resultados se registraban en una aplicación sanitaria que incluía un código QR. Se seguía enviando inmediatamente al hospital a los casos positivos y aislando a sus contactos estrechos entre cinco y siete días. El bloque de viviendas donde habitaban se ponía en cuarentena y su apartamento lo desinfectaban equipos especiales. Continuaron los confinamientos selectivos, el cierre de ciudades o de partes de ellas y las prohibiciones de desplazamientos internos ante la menor posibilidad de que se produjeran contagios.

Los confinamientos eran muy duros, y los criterios para aplicarlos cambiaban de ciudad en ciudad, según la valoración de las autoridades locales. Las comunidades de vecinos podían dictar las normas aplicables en su edificio, que con frecuencia resultaban incoherentes o arbitrarias. Esas normas tenían una dudosa base epidemiológica o científica, pero se aplicaban para complacer al gobierno central. Las autoridades locales eran destituidas fulminantemente cuando aparecía un brote, por lo que hacían todo lo que hiciera falta para contentar a sus jefes. En una ocasión se paralizó a mitad de trayecto un tren de alta velocidad y se puso en cuarentena a todos sus pasajeros tras detectarse que dos miembros de la tripulación habían estado en contacto con un positivo. Las autoridades de Qian’an, una localidad en la provincia de Hebei de unos 700.000 habitantes, pidieron a sus habitantes que les dieran las llaves de su casa, de manera que pudieran encerrarlos en ella cuando lo consideraran oportuno.

Todo el mundo era consciente de que la política de COVID cero venía directamente de la cúpula del PCCh, de Xi Jinping. Otros dirigentes, como el primer ministro Li Keqiang, eran partidarios de suavizar las medidas para mitigar los daños a la economía y el aislamiento de China con respecto al resto del mundo. Las fuertes restricciones aplicadas en Shanghái en marzo y abril de 2022 confirmaron que la estrategia de Xi Jinping seguía siendo la dominante. Fueron impuestas desde Pekín, lo que suponía una acusación indirecta contra el enfoque aplicado hasta entonces por Shanghái para luchar contra el virus, más flexible que en el resto de China. Sus habitantes fueron sometidos a un confinamiento estricto en sus viviendas, que en algunos casos fueron rodeadas de vallas metálicas para aislarlas del exterior. Las calles fueron bloqueadas con barricadas. Las sedes de las empresas e instituciones culturales se convirtieron en hospitales de campaña. Por la ciudad sólo circulaban la policía y el personal sanitario y militar enfundado en trajes aislantes de plástico blanco. La basura se amontonaba por doquier. Había gente durmiendo debajo de los puentes o en camiones porque no tenían forma de regresar a sus lugares de procedencia. Los suministros de alimentos eran muy escasos y se limitaban a los productos facilitados por las autoridades, a compras colectivas de las comunidades de vecinos o al trueque entre ellos. Parte de todo esto logró filtrarse en las redes sociales a través de vídeos en los que aparecían niños separados de sus padres, gritos de protesta de personas confinadas en sus edificios o que pedían comida, e intervenciones violentas de la policía contra quienes trataban de resistir la orden de reclusión en centros de internamiento. Hubo ancianos que fueron arrastrados a medianoche desde sus domicilios a centros de cuarentena. Se dieron casos de suicidio de quienes no pudieron soportar el encierro y de fallecimiento de personas que no pudieron acudir a los hospitales para recibir el tratamiento que necesitaban.

Durante esos días, el Comité Permanente del Politburó prometió luchar contra cualquier intento de distorsionar, cuestionar o rechazar la política china contra la COVID-19. Con el lema de «persistir es vencer», se repetían los argumentos habituales para justificar esa política: la enorme población del país, el elevado número de personas mayores, los desequilibrios en el desarrollo regional y la insuficiencia de recursos médicos.

La insistencia de Xi y del Partido en mantener la política de COVID cero escondía una motivación política, no epidemiológica. Desde que logró controlar el brote de Wuhan en marzo de 2020, el Partido presentó la gestión de la COVID-19 como un gran éxito del socialismo con características chinas. No estaba dispuesto a dar un giro en su política que pudiera cuestionar ese éxito.

Es innegable que China consiguió detener la expansión del virus en su territorio y limitar el número de fallecimientos en 2020 y 2021. En Estados Unidos y en Europa se pagó un precio muy alto en vidas humanas en las primeras fases de la pandemia, mientras que China logró mantener tasas de mortalidad muy bajas. Su economía creció en esos años mucho más que las economías occidentales. Pero la situación había cambiado en 2022. Gracias a las vacunas ARNm, el resto del mundo se había abierto, demostrando que era posible convivir con las nuevas variantes del virus, mucho menos letales. China, en cambio, estaba metida en un bucle del que no sabía cómo salir.

El gobierno finalmente levantó las restricciones impuestas para luchar contra el virus a partir de diciembre de 2022. El desencadenante inmediato fueron unas manifestaciones en Pekín, Shanghái y otras ciudades por la muerte de diez personas en un incendio en Urumqi. No pudieron ser evacuadas a tiempo porque el edificio donde se encontraban había sido aislado en aplicación de las estrictas medidas impuestas contra la pandemia. En las semanas anteriores se habían producido otras muertes por casos de mala gestión de la política de COVID cero. El número de quienes la rechazaban era cada vez mayor porque afectaba a la vida cotidiana de cada cual. En esos días se estaba celebrando el Mundial de fútbol de Catar, y los espectadores chinos veían en televisión estadios llenos y multitudes disfrutando de los partidos. El contraste con la situación existente en China no podía ser más evidente. Los censores tuvieron que multiplicarse para eliminar de las redes sociales los comentarios críticos y los vídeos que denunciaban situaciones absurdas causadas por la política de COVID cero. Quienes se manifestaron en Pekín decidieron hacerlo en el barrio diplomático, frente a la representación de las Naciones Unidas. En algunas de las manifestaciones se pasó de los gritos contra la COVID cero a las protestas contra el Partido Comunista y contra Xi Jinping.

Las manifestaciones no fueron la única razón para terminar con las medidas restrictivas. En los meses anteriores esas medidas se habían intensificado y, a pesar de eso, los contagios no dejaban de multiplicarse. Estaba claro que la política de COVID cero ya no era efectiva contra la variante ómicrom del virus, menos grave pero mucho más contagiosa. La perspectiva de tener que aplicar en Pekín —donde las consecuencias políticas del descontento de la población serían mucho más peligrosas— un confinamiento tan duro como el de Shanghái unos meses antes no resultaba muy atractiva para el Partido.

Las restricciones seguían teniendo además graves repercusiones económicas. Los daños provocados en el tejido productivo eran cada vez mayores, y aumentaba el peligro de una progresiva desvinculación de China de las cadenas de valor global.

La salida de la COVID cero fue brusca, sin una preparación adecuada, y provocó un número muy elevado de fallecimientos. No se puso en marcha una campaña efectiva de vacunación, ni se acondicionaron previamente los hospitales, ni se dotó a las farmacias de un número suficiente de antivirales. El cambio de política tuvo lugar en invierno, cuando el virus se expande con más facilidad. Las más afectadas fueron las personas mayores. A partir de extrapolaciones de datos provinciales que se pudieron filtrar, diversas fuentes occidentales estimaron el número de fallecidos entre finales de 2022 y principios de 2023: entre 1.400.000 y 1.900.000. En proporción, dada la dimensión de la población de China, seguían siendo menos que el millón de muertos de Estados Unidos o de la Unión Europea. Pero aun así eran muchos, y con una preparación adecuada se podría haber reducido su número. 

El departamento de propaganda del Partido se puso inmediatamente a trabajar para intentar controlar el relato. No sólo ocultó el número de muertos, sino que dejó de facilitar los datos sobre cremaciones en China durante esos meses. La viceprimera ministra a cargo de la política de COVID cero, Sun Chunlan, indicó que la menor gravedad de la variante ómicron, la popularización de las vacunas y la experiencia acumulada en prevención y control habían hecho posible cambiar de política. Uno de los principales epidemiólogos chinos, el Dr. Zhong Nanshan, recalcó igualmente la menor letalidad del virus. Los medios oficiales proclamaron que la decisión de acabar con las restricciones no había sido en absoluto impulsiva, sino que se basaba en un análisis científico. El Comité Permanente del Politburó del PCCh subrayó que la transición hacia la apertura había sido suave, que los recursos médicos habían permitido que la tasa de fallecidos fuera la más baja del mundo y que todo lo que se hizo contó con la aprobación del pueblo. «Gracias a eso —añadió—, China ha creado un milagro en la historia de la humanidad.» Como me dijo uno de esos días un amigo chino en Pekín, «esta vez no ha mutado el virus, han mutado nuestros expertos».

La forma en que se desarrolló la pandemia de la COVID-19 entre 2020 y 2023 hizo que algo se quebrara en la relación entre China y Occidente. En primer lugar, porque las restricciones aplicadas en China cortaron drásticamente su contacto con el mundo exterior. Cuando se inició la epidemia, Pekín denunció la decisión de muchos países de restringir los vuelos a China. Pero, en cuanto consiguió reducir los contagios y vio que el virus se extendía por el resto del planeta, se apresuró a limitar las comunicaciones aéreas y la llegada de viajeros desde fuera de sus fronteras. Muchos expatriados occidentales decidieron abandonar China. Otros tantos tardaron años en poder viajar a su lugar de origen, lo mismo que muchos chinos que vivían en el exterior. Se redujo sensiblemente el número de empresarios extranjeros en China y se aceleró la búsqueda de otros lugares como alternativas de inversión a China en las cadenas de suministro globales. Se interrumpieron prácticamente el turismo y el intercambio de estudiantes con universidades extranjeras, sobre todo las occidentales. Durante años apenas se intercambiaron visitas políticas de alto nivel. Cuando el mundo exterior empezó a abrirse y China permaneció cerrada, se intensificó la sensación de aislamiento. La Cámara de Comercio de la Unión Europea en China declaró que el país estaba perdiendo el contacto con el resto del mundo.

La aparición del virus intensificó el enfrentamiento político que ya existía entre China, por un lado, y Estados Unidos y el resto de Occidente, por el otro. Pronto aparecieron dos discursos contrapuestos sobre la pandemia, uno en China y el otro en los países occidentales. Cada uno de ellos se reprodujo ampliamente en los medios de comunicación respectivos, lo cual perjudicó la imagen de China en Occidente y la de Occidente en China. Esta guerra de relatos sobre la pandemia reflejaba la existencia de una creciente tensión política —que esa guerra contribuyó a aumentar—, así como el deseo de posicionarse y de ganar influencia en el orden global pos-COVID.

En Pekín se destacaba que China supo controlar en un plazo relativamente corto la enfermedad y que pronto dejó de tener casos en su territorio. Era asimismo el lugar al que todos los demás países acudían a comprar suministros médicos y sanitarios porque tenía la oferta más amplia y abundante. Su economía había sido capaz de salir de la crisis antes que las demás. Como señala Claudio F. González, la propaganda china resaltaba que todo eso había sido posible gracias al sacrificio y a la disciplina del Partido y del pueblo: uso masivo de las mascarillas, disposición a realizar innumerables PCR, aceptación de la necesidad de las cuarentenas, consentimiento a la eliminación de viajes para ver a la familia durante las fiestas de Año Nuevo varios años seguidos, etc. Todo ello para conseguir detener el virus por el bien de la humanidad.

Al mismo tiempo, los medios chinos criticaban con severidad la gestión de la pandemia en Occidente y el elevado número de fallecimientos. Lo comparaban con la cifra que ellos reconocían, que en febrero de 2023 ascendía a 83.150 fallecidos, una cantidad que TheNew York Times estimó claramente inferior a la real. Subrayaban el contraste entre la eficacia china para controlar la enfermedad y su mala gestión en el mundo occidental. Cuando Estados Unidos criticaba a China por cualquier asunto, Pekín respondía que esos ataques estaban injustificados y que su propósito real era desviar la atención de la gestión catastrófica de la pandemia y del hundimiento de la economía norteamericana. En relación con Europa, el Gobierno chino transmitía la imagen de una Unión Europea paralizada y dividida, incapaz de facilitar ayuda efectiva a los Estados miembros más afectados.

China promovió sus tesis con un estilo belicoso poco habitual. Hizo público un corto de animación ridiculizando la respuesta norteamericana a la COVID-19. Sus lobos guerreros se emplearon a fondo acusando a los militares norteamericanos de haber llevado el virus a Wuhan durante un evento deportivo celebrado unos meses antes del estallido de la pandemia. No criticaron en cambio a Rusia, que llegó a prohibir la entrada de nacionales chinos cuando apareció el virus. La publicación en TheWall Street Journal de una columna de opinión juzgada como ofensiva provocó la expulsión de tres corresponsales del periódico, que estaban entre los que mejor conocían la realidad del país. El embajador chino en Francia colgó en la página web de la Embajada un artículo en el que se acusaba a los trabajadores de las residencias francesas de personas mayores de abandonar su trabajo.

Todo esto provocó la aparición en China de una mirada al mundo exterior distinta. Una mirada más nacionalista y en ocasiones más agresiva, combinada con un sentimiento de orgullo nacional. Por haber sido capaces de controlar el virus y porque el sistema chino se había mostrado más eficaz que las democracias occidentales. Como dice Claudio F. González, esas democracias eran descritas como Estados disfuncionales, sociedades polarizadas con un liderazgo mediocre, que priorizaban la economía y las libertades individuales, mientras que en China lo prioritario era salvar vidas. China había demostrado al mundo cómo había que actuar para detener la epidemia. Su éxito en el control de la epidemia hacía que el mundo estuviera en deuda con China.

El contraste entre esta narrativa y la que predominaba en Occidente no podía ser mayor. En los Estados Unidos del primer mandato de Donald Trump se denunciaba abiertamente a China todos los días como la responsable de la aparición de la pandemia. No había reaccionado a tiempo para controlar el brote surgido en Wuhan e incluso había intentado encubrirlo. La policía había detenido o silenciado a quienes trataron de alertar sobre lo que estaba pasando. Había negado a la Organización Mundial de la Salud la posibilidad de realizar una investigación con garantías de imparcialidad sobre los orígenes del virus, y no compartió con ella datos fundamentales sobre el inicio de la epidemia, pese a que la OMS se los solicitó repetidamente. Cuando el primer ministro australiano, Scott Morrison, insistió en que se realizara una investigación independiente, China impuso fuertes sanciones comerciales a Australia. Se recordaba que, cuando la Universidad de Fudan colgó en internet información abierta sobre la estructura del genoma del virus sin permiso de las autoridades, se la obligó a retirarla. Afortunadamente, era ya demasiado tarde, y la difusión de esa información permitió la rápida elaboración de las vacunas ARNm.

En Estados Unidos se insistía en que ese comportamiento chino hizo posible que el virus se extendiera por todas partes y provocara una crisis gigantesca en todo el mundo, millones de muertes e inmensos daños económicos. China debía hacer frente a esa responsabilidad, y para algunos eso incluía hacerlo ante los tribunales. No eran sólo los seguidores de Trump quienes lo pensaban. TheNew York Times y TheWashington Post publicaron artículos criticando el encubrimiento de la epidemia por China en su fase inicial, poniendo en duda la fiabilidad de sus datos y acusándola de llevar a cabo una estrategia de desinformación. La conclusión —muy diferente a la de los medios chinos— era que China debía pedir excusas a la comunidad internacional por haber originado un gigantesco problema sanitario y económico para el resto del planeta. Hubo casos de xenofobia, discriminación y agresiones contra ciudadanos chinos. El secretario de Comercio norteamericano, Wilbur Ross, llegó a decir —cuando la epidemia aún no había salido de las fronteras chinas— que el coronavirus podría ayudar a acelerar el regreso de puestos de trabajo en Estados Unidos.

En Europa surgieron igualmente fuertes críticas a China. En el Reino Unido se repitieron argumentos muy parecidos a los utilizados en Estados Unidos sobre la responsabilidad de China en la expansión de la pandemia. El presidente Macron y la canciller Merkel destacaron la importancia de facilitar información transparente sobre el virus. El tabloide alemán Bild Zeitung propuso demandar a China por los daños causados por la epidemia con una cifra de 160.000 millones de euros. Hubo algún caso de sinofobia. La imagen de China en todo el mundo occidental quedó muy tocada. Según el Pew Research Center, en 2021 las percepciones negativas sobre China alcanzaron máximos históricos, con porcentajes superiores al 75 por ciento en Japón, Suecia, Australia, Corea del Sur o Estados Unidos.

La respuesta del portavoz del MAE chino a una pregunta sobre estas acusaciones fue que carecían de base científica. Nadie había pedido responsabilidad a Estados Unidos por su papel en el brote del sida en los años ochenta, ni por el de gripe en 2009, ni tampoco por la crisis financiera de 2008.

La distancia que creó el coronavirus entre China y Occidente contrasta con el acercamiento que provocó entre China y el Sur Global, gracias a la diplomacia de las mascarillas. El Gobierno chino firmó acuerdos para apoyar a los países de Asia, África o América Latina en su lucha contra la enfermedad. Su capacidad de producción le daba la posibilidad de suministrarles material sanitario, que en ese momento necesitaban enormemente, porque como compradores se encontraban en una posición más débil para competir con Estados Unidos y Europa. En general, no eran donaciones. China vendía las mascarillas o los respiradores, pero era el único lugar donde se podían adquirir. Su papel en el caso de las vacunas fue especialmente importante para los Estados en desarrollo. Los países occidentales desarrollaron pronto sus vacunas basadas en la nueva tecnología ARNm, pero durante meses las utilizaron para su propia población y no enviaron un número significativo al resto del mundo. China en cambio tenía grandes reservas de sus propias vacunas, basadas en una técnica tradicional. Tenían un índice de efectividad menor que las occidentales, pero también eran eficaces, y China pudo exportarlas en cantidades masivas al mundo en desarrollo. Los embajadores chinos recibían en el aeropuerto a los aviones que las transportaban, convirtiendo cada envío en un acto que reforzaba la influencia de China en ese país. La diplomacia de las mascarillas se convirtió en un instrumento muy útil de poder blando que permitió avanzar la proyección política y económica de China y de su modelo político en todo el planeta, incluidos algunos Estados europeos. Estados Unidos y la Unión Europea empezaron a contemplarla con desconfianza, señalando que, más allá de la ayuda puntual que Pekín suministraba, lo que en realidad estaba haciendo era avanzar su agenda política. China respondió que había dado un ejemplo al mundo con su control de la epidemia, frente al desastre que había causado en Estados Unidos y en Europa, y que estaba dando ahora un nuevo ejemplo con su apoyo a quienes más lo necesitaban, frente a la escasa ayuda que recibían del mundo desarrollado.

Todas las fases de la COVID-19 en China —su aparición en 2019, su control en 2020, la prolongación de las restricciones en 2021 y su salida brusca entre finales de 2022 y principios de 2023— reflejan fielmente la forma de funcionar del Partido y del sistema político chino. La dificultad para controlar la actuación de algunos funcionarios fue determinante. Las autoridades de Wuhan no hicieron lo que debían para controlar el virus, y nadie las pudo obligar a ello. Podían permitirse ocultar cualquier problema sin tener que preocuparse de rendir cuentas al parlamento, ni a los partidos de la oposición, ni a una prensa libre, ni a ningún otro mecanismo de control externo. Si un espontáneo denunciaba que algo raro estaba pasando, bastaba con enviar a la policía para que lo amenazara o lo detuviese. El sistema chino tampoco facilita que las autoridades de rango inferior tomen decisiones difíciles sin una previa luz verde de sus superiores en la capital del país. Cuando esa luz verde llegó finalmente a Wuhan, el coronavirus ya había escapado del control de las autoridades sanitarias de la ciudad, que, sin embargo, tenían desde hacía tiempo información suficiente para haber actuado. Algunos creen que informaron al gobierno central desde el principio, pero que Pekín tardó en darles las instrucciones necesarias. Otros piensan que decidieron no molestar a sus jefes pidiendo instrucciones porque querían ser ellos los que solucionaran el problema sin pedir ayuda y que cuando les llamaron era ya demasiado tarde. Como no existe ninguna transparencia sobre su actuación, no hay manera de saberlo con certeza.

Al mismo tiempo, cuando ese mismo sistema autoritario detectó la gravedad del problema, movilizó a toda la población y todos los recursos nacionales para hacerle frente, sin tener que pedir tampoco autorizaciones al parlamento, ni tomar en cuenta la opinión pública, ni recibir las críticas de otros partidos políticos, ni someterse a las decisiones de un poder judicial independiente. La amplitud de las medidas adoptadas por el Gobierno chino contra la COVID-19 puede entenderse como una rectificación implícita de la pasividad inicial de las autoridades, que permitió la expansión del virus. El propio Xi Jinping reconoció que hubo errores en la fase inicial de gestión del problema. Se amenazó a la población con graves castigos si no cumplía lo que se le ordenaba. Tuvieron igualmente la opción de emplear la tecnología sin preocuparse demasiado por la protección de los datos personales y obligaron a la población a utilizar un código QR de salud que acumuló una inmensa cantidad de datos sobre su vida privada. Un poderoso instrumento de control epidemiológico, y potencialmente de control social.

De manera que la razón por la que la epidemia de coronavirus pudo extenderse desde China al resto del mundo es que China tiene un sistema autoritario. Y la razón por la que China pudo controlar la epidemia dentro de su territorio es también porque tiene un sistema autoritario. Si la naturaleza del socialismo con características chinas explica la capacidad de tomar medidas drásticas para controlar la enfermedad, esa misma naturaleza ha sido la causante última de que la propia epidemia haya podido expandirse. Por eso China no quiere que la Organización Mundial de la Salud realice una investigación fiable sobre los orígenes del virus. Porque dejaría en mal lugar al Partido —que es lo último que Pekín está dispuesto a permitir— y al propio socialismo con características chinas.

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La rivalidad entre China y Estados Unidos

Existe en este momento un conflicto entre China y Estados Unidos en el que ambos compiten por la supremacía global. Una dinámica de rivalidad y competición geopolítica que previsiblemente se intensificará en los próximos años. Se trata de un conflicto estructural que no va a desparecer. Como ha declarado el embajador norteamericano en Pekín, Nick Burns, la relación con China es la más importante, la más competitiva y la más peligrosa de todas las que mantiene Estados Unidos en el mundo actual. Para Robin Nibblet, la relación entre ambos marcará como mínimo la primera mitad del siglo XXI.

China no reconoce a Estados Unidos como la potencia hegemónica. Es consciente de que todavía no ha alcanzado su nivel, pero está convencida de que antes o después lo conseguirá y de que terminará superándolo. Washington, por su parte, está decidida a preservar la posición de poder que ha ostentado hasta ahora. No desea compartirla con China, y menos aún que termine ocupando su lugar como primera potencia mundial. Así lo afirma Burns: «Los dirigentes chinos quieren superar a Estados Unidos como el país globalmente dominante. Nosotros no queremos que eso suceda. No queremos vivir en un mundo en el que China sea el país dominante».

Una serie de factores hacen de China un adversario mucho más duro de pelar para Estados Unidos de lo que fue la Unión Soviética durante la Guerra Fría. La dimensión de su economía y de su población, su gobernanza más eficaz basada en valores diferentes de los occidentales, su confianza en sí misma, su peso político a nivel global. China se ha erigido como el único rival posible de Estados Unidos en el escenario internacional. La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos menciona a China como «el único competidor de Estados Unidos que tiene tanto el propósito de transformar el orden internacional como el poder económico, diplomático, militar y tecnológico para avanzar hacia ese objetivo».

Pekín, por su parte, ve en Estados Unidos el único obstáculo serio en el camino hacia su fortalecimiento como gran potencia, que es un aspecto central del proyecto de rejuvenecimiento de la nación china marcado por el Partido. Acusa a Washington de estar haciendo todo lo posible para impedirle alcanzar ese objetivo y está decidida a hacer lo necesario para superar las barreras que Estados Unidos interponga en su camino.

El ex primer ministro australiano Kevin Rudd ha señalado que la política china está marcada no sólo por un cálculo del riesgo estratégico y de la oportunidad, sino por una convicción subyacente de que las fuerzas del cambio histórico están inexorablemente empujando al país hacia delante. Existe un cierto paralelismo entre estos dos mesianismos, el norteamericano y el chino. China está convencida de que representa mejor que nadie los principios que van a dar forma al orden mundial del futuro. Y Estados Unidos sigue persuadido de ser «la luz sobre la colina», el paladín de la democracia y del orden internacional liberal que durante décadas ha dominado en el mundo.

Por todo ello, el elemento fundamental que marca actualmente las relaciones entre China y Estados Unidos es la rivalidad. Una rivalidad sistémica, que abarca todos los aspectos de sus relaciones. En el fondo de esta rivalidad existen dos visiones contrapuestas del mundo, de la evolución de la historia, del equilibrio de poder global y de los respectivos papeles que cada una de las dos naciones está llamada a desempeñar.

Estas dos visiones quedaron recogidas en un ejercicio realizado entre 2019 y 2021 por dos de los principales centros de investigación de relaciones internacionales de ambos países, la Brookings Institution y el China Institutes of Contemporary International Relations. La Brookings Institution es desde 1916 uno de los centros de pensamiento más influyentes de Washington. El CICIR, basado en Pekín, es muy cercano al aparato de seguridad y a la cúpula del Partido. Su director, Yuan Peng, es escuchado en los niveles más altos del PCCh. Con él mantuve alguna buena conversación en Pekín. El objetivo del ejercicio era alcanzar un diagnóstico común de las razones de la creciente tensión y proponer soluciones para estabilizar las relaciones. Fue imposible llegar a conclusiones compartidas. En su lugar, cada una de las dos instituciones elaboró su propia interpretación de la situación y realizó sus propias propuestas. Unas y otras permiten entender mejor cómo se ven en Washington y en Pekín las razones de fondo del conflicto estructural entre China y Estados Unidos.

Las conclusiones de la Brookings fueron que China está intentando cambiar el actual orden internacional introduciendo en él características chinas y negando la universalidad de determinados valores como los derechos humanos. Resulta ingenuo mantener relaciones normales mientras Pekín ataca los principios básicos del orden existente, en el que Estados Unidos ocupa la posición central. Al contrario, Estados Unidos tiene que plantar cara a China en todos los ámbitos, siguiendo una estrategia de competición abierta y permanente con Pekín. En esa competición habrá un ganador y un perdedor, no un empate ni una convivencia pacífica entre adversarios. Dados los objetivos últimos de la política exterior china, en las relaciones bilaterales existirán siempre tensiones y dificultades. Podrá haber elementos de cooperación, desde luego, pero la relación será esencialmente una relación de competición entre ambos, en la que Washington deberá luchar para defender el orden internacional actual y su posición hegemónica en él. Para ello tendrá que fortalecer su economía, renovar sus infraestructuras, impulsar la innovación tecnológica y mejorar sus capacidades de defensa, así como ser capaz de gestionar eficazmente las diversas situaciones de crisis internacionales.

El CICIR, por su parte, sostuvo que Estados Unidos tiene que reconocer el ascenso de China en lugar de tratar de contenerlo, lo cual, de todos modos, no conseguiría. Debe aceptar una relación entre iguales en lugar de querer hablar a China desde una posición de fuerza, como dijo el secretario de Estado, Anthony Blinken, después de las conversaciones de Anchorage. Estados Unidos debe entender que el equilibrio de poder ha cambiado y que ya no está en condiciones de mantener su hegemonía. China debe ser aceptada como una gran potencia, igual que lo es Estados Unidos. Eso significa respetar sus intereses vitales —por ejemplo, sobre Taiwán— y evitar la injerencia en sus asuntos internos. Washington afirma que existen unos principios universales válidos para todos, pero hay muchos países que no están de acuerdo con esos principios. La relación bilateral no puede definirse en términos de competición, porque plantearla en esos términos contribuye a incrementar las tensiones existentes y a agravar la desconfianza mutua. Menos aún deben plantearse las relaciones como un juego de suma cero, en el que Estados Unidos debe impedir que China gane, porque eso significa que él pierde. Existe un bloqueo estratégico entre iguales, en el que se dan avances y retrocesos constantes, sin claros ganadores ni perdedores. Uno y otro deben aprender a gestionar sus diferencias sobre la base del respeto mutuo. De esta manera será posible una coexistencia pacífica entre sistemas distintos pero igualmente legítimos. Existe además entre uno y otro un alto grado de interdependencia, y terminar con ella les causaría graves perjuicios a los dos. Ambas potencias pueden ganar mucho si consiguen cooperar en una serie de asuntos, tanto bilaterales como globales.

En una conversación con un alto dirigente del Partido, éste se expresó en términos muy parecidos a las ideas del CICIR. Me comentó que Pekín, evidentemente, no va a renunciar a seguir creciendo, por lo que la tensión continuaría mientras Estados Unidos no entendiera que tiene delante a una China mucho más fuerte que antes y que debe ajustar sus relaciones con ella a esa nueva realidad. Se debe encontrar la manera de encauzar una rivalidad que es inevitable. Estados Unidos debe renunciar a su intento de contener el crecimiento económico y político de China, pero lamentablemente se niega. Desea una victoria total sobre China y que ésta deje de prosperar, pero China está decidida a resistir y a responder al acoso norteamericano.

Por su parte, el ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi, declaró en 2021 que, si Estados Unidos deseaba unas relaciones estables con China, debía respetar sus tres líneas rojas: no atacar el sistema político chino, no tratar de impedir que China siga desarrollándose económicamente y respetar su soberanía y su integridad territorial.

Otro de los principales centros de investigación norteamericanos, el Atlantic Council, publicó un informe sobre las relaciones con China denominado The Longer Telegram [El telegrama más largo]. El título constituye una referencia al «telegrama largo» que envió George Kennan en 1946 desde su puesto como encargado de negocios norteamericano en Moscú, que dio origen a la política de contención que siguió Estados Unidos para tratar de hacer frente a la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial. Como el propio Kennan explicó en un artículo años más tarde, la esencia de esa política era tratar de contener de manera firme, sostenida y a largo plazo las tendencias expansionistas de la URSS. Algo muy parecido a lo que está intentando hacer Washington en estos momentos con China.

En ese informe, el Atlantic Council identifica una serie de objetivos clave de la política exterior china:

Superar a Estados Unidos como la potencia tecnológica y económica dominante a nivel mundial.

Socavar su dominio del sistema financiero internacional y el papel del dólar como moneda de intercambio global.

Alcanzar la capacidad militar suficiente para disuadir a Estados Unidos de intervenir en un conflicto sobre Taiwán, el mar del Sur de China, o el mar del Este de China (donde mantiene una disputa por la soberanía de unas islas con Japón).

Debilitar la credibilidad del poder y de la influencia de Estados Unidos.

Utilizar su creciente influencia en los organismos internacionales para oponerse a decisiones percibidas como hostiles a los intereses chinos.

Promover un nuevo orden internacional inspirado en los principios autoritarios del socialismo con características chinas.

El Atlantic Council propone que Estados Unidos adopte una serie de medidas para contrarrestar esas políticas chinas, en una línea parecida a las propuestas por la Brookings Institution.

Existe en Washington un fuerte consenso bipartidista sobre la necesidad de una política de contención de China. Ese consenso previsiblemente se mantendrá durante el segundo mandato de Donald Trump, igual que la llegada al poder de Biden no supuso un cambio sustantivo de la política hacia Pekín iniciada por Trump la primera vez que fue presidente.

En una intervención ante la Convención Nacional del Partido Republicano, el antiguo secretario de Estado de Trump, Mike Pompeo, afirmó: «El Partido Comunista de China constituye la mayor amenaza para nuestro país». Son unas palabras muy parecidas a las de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos elaborada por los demócratas durante los años de Biden, o a las declaraciones de su embajador en Pekín, Nick Burns. En su discurso de aceptación de su nominación como candidato a la presidencia en la misma Convención Nacional republicana, Trump dijo que, durante su primer período como presidente de Estados Unidos, él le estaba ganando claramente la partida a China; «y volveremos a hacerlo, pero lo haremos incluso mejor».

Algunas de las políticas que Trump ha anunciado para su segundo período pueden tener efectos desestabilizadores sobre el comercio internacional, como una fuerte elevación de las tarifas arancelarias a los productos chinos y de otros países. Trump podría limitar los compromisos internacionales de Estados Unidos, lo que sumado a sus actitudes a veces impredecibles puede incrementar la inestabilidad en algunas situaciones de crisis. Es posible que utilice una retórica más subida de tono, tanto por su propio estilo como porque en su administración ocuparán cargos de relevancia personalidades conocidas por su perfil de halcón en relación con China. La consecuencia es que el espacio para una posible cooperación con China puede estrecharse. Pero los planteamientos de fondo de su política hacia Pekín difícilmente variarán mucho con respecto a los de sus primeros años en la Casa Blanca y a los que siguió después Joe Biden. Se basarán en la existencia de una rivalidad estratégica entre ambas potencias, de la que se deriva la necesidad de contener el ascenso de China.

El peso creciente de China supone un cambio sustancial con respecto al equilibrio de poder global existente en las décadas anteriores. La cuestión es cómo se gestiona esta nueva situación. Si ese cambio en el equilibrio de poder puede conducir a un nuevo orden internacional más o menos estable, o si conducirá a una confrontación abierta.

El choque entre las visiones contrapuestas de Estados Unidos y China está provocando una serie de conflictos en ámbitos muy diversos. Estos conflictos son inevitables, dadas las diferencias de fondo entre las posiciones respectivas. Pekín y Washington buscan marcar territorio en todos los asuntos relevantes, y muy especialmente en aquellos que afectan a sus intereses fundamentales. Todo ello produce roces, excesos de frenada, incidentes y algunos choques que en la segunda administración de Trump pueden hacerse más frecuentes. El resultado ha sido un marcado empeoramiento de las relaciones bilaterales y un incremento notable de la tensión a nivel global. Existe el peligro de que esa rivalidad se desborde en un momento determinado por una mala decisión o por un error de cálculo y provoque una confrontación abierta. Tanto Washington como Pekín son conscientes del problema y han intentado tomar medidas para impedir que suceda. Un conocido periodista chino me indicó que los esfuerzos de ambos gobiernos deben enfocarse en mantener la situación bajo control y evitar que derive en una confrontación armada.

El presidente del Grupo Eurasia, Cliff Kupchan, piensa que la rivalidad entre China y Estados Unidos está creando un mundo bipolar, que ha reemplazado al mundo unipolar dominado por Estados Unidos que surgió tras la caída del muro de Berlín. Ello provoca choques inevitables entre quienes quieren defender los principios y las instituciones del orden anterior y quienes desean reemplazarlos por otros nuevos. Sin embargo, durante la Guerra Fría existieron frecuentes tensiones y una fuerte bipolaridad, y a pesar de eso se evitó una guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Kupchan cree que la confrontación entre Estados Unidos y China se desarrollará más en el plano económico que en el militar. Las relaciones no serán cálidas, pero en general serán pacíficas. No volverá la Guerra Fría, sino que existirá una paz fría.

Un catedrático de relaciones internacionales de una de las principales universidades chinas me dijo que las relaciones van a seguir empeorando, pero que espera que los choques se mantengan en el plano político y económico. No creía que derivaran en enfrentamientos armados, porque no le interesa a ninguna de las dos partes.

El director de un centro de investigación de relaciones internacionales de Pekín, con buenos contactos en Occidente, me comentó que el fortalecimiento de China es un hecho y que Washington tiene que definir una nueva relación con Pekín, que ya no acepta una posición subordinada. Al mismo tiempo, China debe aprender a gestionar mejor su nuevo papel de gran potencia. Debe entender que no puede seguir comportándose como antes, cuando no era tan fuerte como ahora. El movimiento de un enano puede resultar inofensivo, pero el de un gigante rompe equilibrios y genera alarma. China tiene que modular alguna de sus políticas, de modo que Estados Unidos entienda que las relaciones entre ambos no tienen por qué constituir un juego de suma cero. Nos encontramos en una fase de transición que podría durar diez o quince años. Al final se establecerá un nuevo equilibrio de fuerzas, las diferencias se codificarán, las piezas encajarán en su sitio y el conflicto se estabilizará. La tensión disminuirá, pero no desaparecerá. Igual que Kupchan, estableció un paralelismo con la Guerra Fría, que al principio estaba erizada de situaciones de crisis, pero poco a poco se convirtió en una competición aceptada por ambos, con unas reglas del juego mutuamente acordadas y recogidas en tratados, como los de desarme o el Acta Final de Helsinki.

Otras visiones son más pesimistas. Uno de los analistas chinos más respetados, Wang Jisi —quien a lo largo de su vida ha mantenido una estrecha y fructífera relación con Estados Unidos—, expresó no hace mucho su profunda preocupación por el deterioro de la relación bilateral. Dijo que su esperanza de que se detuviera la evolución negativa de dicha relación se había esfumado y que no sabía cuál era el límite al que se podría acabar llegando.

En 2012, el profesor de la Universidad de Harvard Graham T. Allison publicó un artículo en el Financial Times en el que se refirió a la trampa de Tucídides. Allison estableció un paralelismo entre la aparición de una China más fuerte frente al poder hegemónico de Estados Unidos y el poder de Atenas frente al de Esparta. Citó en su artículo al general ateniense Tucídides, quien en su Historia de la guerra del Peloponeso señaló que el fortalecimiento de Atenas y el miedo con que lo contempló Esparta hicieron inevitable la guerra. Su tesis es que, cuando un poder emergente amenaza la posición de hegemonía de la potencia dominante, existe una tendencia a que estalle un conflicto armado entre ambos. Esto puede suceder entre China y Estados Unidos, como el propio Allison explicó en su libro Destinados a la guerra. En él escribió que ambos se encuentran en un curso de colisión hacia una guerra, pero que se puede evitar si uno y otro desarrollan una diplomacia eficaz.

Puede trazarse igualmente un paralelismo entre la China actual y el Imperio alemán de finales del siglo XIX y comienzos del XX, durante los años del káiser Guillermo II. Alemania —como China ahora— era en aquel momento la potencia ascendente que buscaba un lugar al sol, como en 1897 afirmó en un discurso ante el Reichstag el entonces canciller del Reich, Bernhard von Bülow. En ambos casos, un poder económico en alza, grandes éxitos científicos y tecnológicos, un creciente poderío militar y una enorme confianza en sí misma acompañaron la aparición de una nueva potencia que buscaba un mayor espacio político en la escena internacional. En ambos casos también, suponía una amenaza para los equilibrios de poder preexistentes, que entonces favorecían al Imperio británico y en este momento a Estados Unidos. Washington estaría tratando de contener en lo posible el ascenso de su nuevo rival para mantener el equilibrio de poder anterior, igual que hizo en su momento Londres con Berlín. Alemania denunció como ilegítima la actitud británica en los años anteriores a la Primera Guerra Mundial de la misma forma que ahora Pekín denuncia como ilegítima la política de contención de Washington. Igual que las tensiones provocadas por esta situación alimentaron el nacionalismo y el militarismo alemán, China se encuentra asimismo en este comienzo del siglo XXI en una deriva cada vez más nacionalista —incluso más intensa entre la población que entre sus dirigentes— y está inmersa en un proceso de rearme de sus fuerzas armadas. En el caso chino, además, todo ello se agudiza por las diferencias culturales y los agravios históricos.

Las similitudes entre el ascenso de la Alemania de Guillermo II y el de China en los años recientes son muchas. El ascenso de China podría conducir a una confrontación, lo mismo que el de Alemania condujo a la Primera Guerra Mundial. Pero se puede evitar. Como le contestó Peter O’Toole a Alec Guiness en una secuencia de la película Lawrence de Arabia, nada está escrito. Todo dependerá de cómo se desarrolle en los próximos años la cada vez más aguda rivalidad entre China y Estados Unidos y de cómo uno y otro manejen sus relaciones y gestionen sus conflictos. Éstos, desde luego, no van a faltar, y en campos muy diversos. En los siguientes capítulos se examinará la rivalidad existente entre ambos países en el terreno político, militar, comercial, tecnológico e ideológico.

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La rivalidad política: las situaciones de crisis

La rivalidad entre China y Estados Unidos es antes que nada una rivalidad política, una lucha por el poder y la influencia en el mundo. Esa rivalidad política se plantea de diferentes maneras. Una de ellas es el proyecto chino de modificar el orden internacional, al que ya nos hemos referido. Otra, de la que hablaremos ahora, es la pugna por resolver las crisis internacionales de acuerdo con sus intereses. Y una tercera, que se tratará en los siguientes capítulos, es la búsqueda de aliados y de apoyos exteriores que refuercen su posición y respalden sus aspiraciones de desempeñar el papel de potencia hegemónica.

Los choques en situaciones de crisis se han producido sobre todo en zonas cercanas a China, concretamente en el estrecho de Taiwán y el mar del Sur de China. Pero su creciente peso internacional ha llevado a Pekín a ejercer un papel relevante también en la guerra de Ucrania, que se desarrolla lejos de sus fronteras. China defiende posiciones diferentes a las de Occidente en otros lugares como Oriente Medio, Corea del Norte o Afganistán. Pero es en estos tres escenarios donde el grado de enfrentamiento con Estados Unidos y con Europa es mayor.

La isla de Taiwán perteneció a China hasta que la dinastía Qing la cedió a Japón tras su derrota en la guerra sinojaponesa de 1895. Fue una colonia japonesa hasta 1945, año en que pasó a formar parte de la China gobernada por Chiang Kai-shek. Cuando en 1949 los comunistas lo derrotaron en la guerra civil, Chiang y sus seguidores escaparon a Taiwán y allí mantuvieron en pie la República de China, que sólo controlaba la isla, pero que era reconocida por Estados Unidos y por las Naciones Unidas como el único gobierno legítimo de todo el país.

Esta situación dio un giro radical cuando Nixon y Kissinger viajaron a Pekín en 1972 y se entrevistaron con Mao Zedong y Zhou Enlai. Querían normalizar las relaciones con China, aprovechando la ruptura entre Pekín y Moscú, y reforzar así su posición frente a la Unión Soviética. Durante ese viaje se firmó el primero de los tres comunicados de Shanghái, en los que ambos países llegaron a una serie de entendimientos sobre diferentes cuestiones, incluida Taiwán. China declaró en el Primer Comunicado que Taiwán es una provincia de China y reiteró su oposición a la independencia de la isla, subrayando que la liberación de Taiwán es un asunto interno en el que ningún otro país tiene derecho a intervenir. Añadió que todas las fuerzas militares norteamericanas deben retirarse de la isla. Estados Unidos, por su parte, «reconoció» que todos los chinos a ambos lados del estrecho de Taiwán sostienen que hay una sola China, y que Taiwán es parte de China: «Estados Unidos no niega esta posición». Es lo que se conoce como el principio de Una Sola China. Washington reafirmó asimismo su interés por una solución pacífica del problema por los propios chinos y expresó que su objetivo último era retirar todas sus fuerzas de Taiwán. Los otros dos comunicados, de 1979 y 1982, confirman estos compromisos. Junto con el comunicado de 1982 Estados Unidos hizo públicas unilateralmente las llamadas seis garantías, en las que entre otras cosas niega haber acordado ninguna fecha con China para terminar su venta de armas a la isla.

En 1971 la República Popular de China ingresó en las Naciones Unidas, y en 1979 Washington estableció relaciones diplomáticas con Pekín, después de haber roto las que mantenía con Taipéi. Ese mismo año se aprobó en Estados Unidos la Ley de Relaciones con Taiwán, según la cual la isla es tratada de forma similar a otros países, pero sin mantener relaciones diplomáticas con ella. Aunque Taiwán funciona de hecho como un país independiente, no ha proclamado formalmente su independencia y mantiene relaciones diplomáticas con muy pocos Estados. Washington tiene una oficina de enlace en Taipéi, que en la práctica se parece mucho a una embajada.

Mediante la Ley de Relaciones con Taiwán, Estados Unidos se comprometió a facilitar a la isla las armas necesarias para mantener una capacidad de defensa suficiente y a que Estados Unidos pueda hacer frente a cualquier intento de utilizar la fuerza contra ella. Sin embargo, Estados Unidos no se comprometió a intervenir militarmente si China invade la isla. En 1980 canceló el Tratado de Defensa Mutua que había firmado con la isla en 1955. Desde entonces ha mantenido allí una modesta presencia de tropas y ha seguido vendiéndole armas a pesar de las protestas de Pekín, para la cual todo ello es incompatible con los tres comunicados de Shanghái. Esta política, denominada de ambigüedad estratégica, está concebida para disuadir a China de invadir la isla y a Taiwán de declarar su independencia de forma unilateral.

En este momento, Taiwán es el punto central de la rivalidad estratégica entre China y Estados Unidos. Es la más roja de todas las líneas rojas de China. Ésta la considera parte de su territorio nacional y repite que la reunificación es inevitable, que es sólo cuestión de tiempo. El libro blanco chino sobre este tema afirma al respecto: «Taiwán es parte de China. Éste es un hecho incuestionable, que se apoya en la historia y en el derecho. Taiwán nunca ha sido un Estado independiente; su estatus como parte de China es inalterable». Un exviceministro chino de Asuntos Exteriores me lo recalcó: «En el tema de Taiwán no tenemos margen».

Desde el punto de vista del Partido, Taiwán es además un mal ejemplo. Es una China distinta, democrática, próspera y respetuosa con los derechos humanos. Las nuevas generaciones de taiwaneses quieren en su gran mayoría conservar su régimen democrático y rechazan la reunificación. Más aún después del recorte de libertades y el endurecimiento del control de Pekín sobre Hong Kong tras las protestas de 2019.

Xi Jinping ha colocado la cuestión de Taiwán en el centro de su agenda exterior. Como en otros asuntos, su política hacia la isla ha sido más agresiva que la de sus predecesores, tanto en el plano político como en el militar. Los dirigentes chinos han elevado el tono de sus declaraciones sobre la reunificación. El antiguo ministro de Asuntos Exteriores Qin Gang se pronunció así a principios de 2023: «La cuestión de Taiwán es el núcleo de los intereses esenciales de China, la base política de las relaciones entre China y Estados Unidos y la primera línea roja que no debe cruzarse en las relaciones entre China y Estados Unidos. El separatismo por la independencia de Taiwán es tan incompatible con la paz y la estabilidad del estrecho de Taiwán como el fuego con el agua».

Consciente de que llegar a un acuerdo con Taiwán sobre la reunificación va a ser prácticamente imposible, Pekín dice que desea alcanzarla por medios pacíficos, pero que no excluye el uso de la fuerza. Así se indica en el informe del XX Congreso del Partido de octubre de 2022. Está preparando sus fuerzas armadas para una posible invasión de la isla y ha aumentado sus operaciones navales y aéreas en torno a ella para incrementar la presión. Pasó, por ejemplo, de cero incursiones en la zona de identificación aérea de la isla en 2018 a más de 1.700 en 2022. La mayoría de ellas eran cazabombarderos, como el Shenyang J-16, que tiene un perfil de radar muy bajo.

La reacción de Washington al endurecimiento de la política de China hacia Taiwán fue multiplicar los gestos de apoyo a la isla, aunque evitando siempre que proclamara su independencia. Se incrementó el número de visitas de senadores y congresistas norteamericanos, así como el de personalidades políticas taiwanesas que fueron recibidas en Washington. Se firmaron contratos de venta de armamento. Se intensificaron las operaciones navales y aéreas en torno a Taiwán. Buques de guerra norteamericanos cruzan regularmente el estrecho que la separa de China continental, que para Estados Unidos son aguas internacionales y para China forman parte de sus aguas internas. Han tenido lugar maniobras conjuntas con la marina japonesa en la zona situada al este de la isla.

Cada una de estas respuestas norteamericanas fue denunciada por Pekín como una provocación y como una violación del principio de Una Sola China. Los dirigentes chinos describen la actitud norteamericana como una táctica del salami, destinada a crear una situación de facto que vacíe progresivamente el contenido de los tres comunicados de Shanghái y el principio de Una Sola China, y que favorezca en la práctica la independencia de Taiwán. En las redes sociales chinas circulan comentarios similares, que además acusan al gobierno de no hacer nada para impedirlo.

China contempló la visita a Taiwán en 2022 de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, como la gota que colmaba el vaso. Desplegó sus unidades navales y aéreas en torno a la isla y disparó misiles en áreas cercanas, así como por encima de ella. Hizo cosas que hasta entonces nunca había hecho, cruzó varias líneas rojas de Taipéi. Su intención era demostrar su capacidad para establecer un bloqueo y preparar una invasión anfibia. Quería que los norteamericanos se dieran cuenta de que debían tratar a China de una manera muy diferente a como lo estaban haciendo. El mensaje era que si Washington ignoraba sus intereses fundamentales tendría que pagar un precio muy alto, porque Pekín estaba dispuesta a ir todo lo lejos que hiciera falta para defenderlos. Algo que los chinos no ven tan claro en el caso norteamericano si se abriera la perspectiva de una eventual guerra nuclear por Taiwán.

Los líderes chinos son muy hábiles en dar la vuelta a situaciones que en un principio les resultan desfavorables. Aprovecharon a su favor la visita de Pelosi de un modo parecido a como habían aprovechado las protestas en Hong Kong tres años antes, después de las cuales terminaron de hecho con el principio «un país, dos sistemas». Quienes se manifestaron en las calles querían democratizar Hong Kong, pero ésta se encuentra bajo la soberanía china: Pekín nunca iba a tolerarlo, y el apoyo exterior a los manifestantes era muy limitado. En cuanto vio la oportunidad, el Gobierno chino impuso su propio orden, quebrando el statu quo anterior y reforzando su control político sobre Hong Kong.

El viaje de Pelosi era para Pekín un ataque directo al principio de Una Sola China, pero su valor era meramente simbólico y no tenía el respaldo claro de Biden. La respuesta china fue contundente y le permitió modificar a su favor el equilibrio estratégico en el estrecho de Taiwán. Tanto en Hong Kong como en Taiwán, China aprovechó situaciones de crisis provocadas por sectores hostiles a sus intereses, pero que no tenían detrás un planteamiento político sólido que respaldara su posición. Esperó a que llegara el momento oportuno e intervino. En uno y otro caso sabía que la capacidad de respuesta de Estados Unidos y sus aliados era limitada.

Desde entonces, China ha vuelto a realizar maniobras en torno a la isla, yendo cada vez un poco más lejos en ese tipo de operaciones aeronavales y de artillería. Lo ha hecho siempre que ha estimado que las autoridades taiwanesas o norteamericanas estaban violando el principio de Una Sola China. Por ejemplo, cuando la expresidenta de Taiwán Tsai Ing-wen visitó Estados Unidos en 2023; o cuando el nuevo presidente taiwanés Lai Ching-te tomó posesión en 2024 y pronunció un discurso que el Gobierno chino interpretó como abiertamente independentista. Los norteamericanos han continuado con su apoyo político y militar a Taiwán, aunque midiendo bien sus pasos para evitar una escalada que no desean.

A pesar de sus declaraciones sobre el carácter inexorable de la reunificación y del programa sostenido de fortalecimiento y preparación de sus FF. AA. para que puedan ganar una guerra por la isla, no parece probable que China esté pensando por ahora en invadir Taiwán. Sus líderes piensan que aún no ha llegado el momento para una confrontación abierta con Estados Unidos, y harán todo lo posible por eludirla.

En primer lugar, porque aún no están totalmente seguros de poder ganarla. Un famoso periodista chino me dijo una vez que hoy por hoy China no tiene ninguna intención de iniciar un conflicto armado con Estados Unidos porque es muy consciente de la fortaleza militar norteamericana. Sigue haciendo falta mejorar la relación de fuerzas en el teatro de operaciones. Están convencidos de que el equilibrio estratégico en torno a Taiwán está evolucionando a favor de China, y que les conviene esperar.

Un ataque a la isla tendría además consecuencias muy negativas para la economía china y para la estabilidad global. Ambas son cuestiones cruciales para Pekín. Aparte de otras posibles reacciones, China sufriría fuertes sanciones económicas norteamericanas y europeas. Su desconexión con sus principales mercados y con sus fuentes de tecnología fuera de sus fronteras se agudizaría y amenazaría su modelo de crecimiento.

Taiwán es líder mundial en la fabricación de semiconductores. Cuatro empresas taiwanesas se reparten el 65 por ciento del mercado mundial. Una de ellas, TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited), fabrica los chips más sofisticados, los de cuatro nanómetros, y más pequeños, incluidos más del 95 por ciento de los que se usan en los programas más avanzados de inteligencia artificial. Aunque China invadiera la isla, no podría apropiarse de ellos. Estados Unidos y Taiwán podrían destruir las fábricas de semiconductores o bloquear sus operaciones desde el exterior, ya que sus procesos de fabricación dependen de los diseños que les facilitan desde Estados Unidos compañías estadounidenses como Nvidia o AMD. Una paralización de las fábricas taiwanesas de semiconductores podría provocar un colapso de la economía mundial, incluida la china.

Una de las consecuencias de la invasión de Ucrania ha sido el aumento de la sensibilidad internacional ante la posibilidad de una invasión china de la isla. Antes era un asunto relativamente secundario, pero en los últimos años esta preocupación se ha incrementado. Lo mismo ha sucedido con el apoyo a Taiwán por parte de las capitales occidentales, aunque respetando el principio de Una Sola China.

La reunificación es un objetivo esencial para China, y especialmente para Xi Jinping. Hay quien cree que ambiciona lograrla para dejarla como el principal legado de su mandato. Algunos documentos del Partido la han vinculado al proyecto de rejuvenecimiento de la nación china, que debe estar culminado en 2049, cuando se cumpla el primer centenario de la creación de la República Popular de China. Xi Jinping, sin embargo, ha evitado fijar fechas concretas y se ha limitado a decir que la situación actual no puede prolongarse de manera indefinida. En algunas conversaciones con líderes extranjeros ha afirmado que Estados Unidos quiere provocar una guerra y así detener el crecimiento y la modernización de China, pero que no piensa caer en la trampa, que no habrá guerra sobre Taiwán.

China no es proclive a asumir riesgos en su acción exterior. Menos aún a lanzar operaciones militares contra otro país. Pero Taiwán no es para China otro país. La considera parte de su territorio nacional y está decidida a recuperarla, ya sea por medios pacíficos o mediante el uso de la fuerza. Procurará no tener que pagar un coste muy alto para conseguirlo, salvo si surge una situación en la que piense que no tiene alternativa. Varios interlocutores chinos me dijeron que China sólo intervendría militarmente si Taiwán declarase unilateralmente su independencia o si Estados Unidos expresara su respaldo a ésta y reforzara su apoyo político y militar a la isla. El libro blanco chino señala: «Solamente nos veremos forzados a tomar medidas drásticas para responder a la provocación de los elementos separatistas o de fuerzas exteriores en el caso de que crucen nuestras líneas rojas».

Puede que por el momento China prefiera no lanzar una operación militar contra Taiwán. Pero estará agazapada, esperando su oportunidad. Si Estados Unidos o Taiwán se la dan, si a ojos de Pekín cometen un error grave que viole abiertamente el principio de Una Sola China y equivalga a apoyar la independencia de la isla, será muy difícil que se contenga.

Es previsible que Trump mantenga la política de apoyo norteamericano a Taiwán, como ya hizo durante su primer mandato. Llegó incluso más lejos que sus predecesores y aceptó hablar directamente con la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen, quien lo llamó en diciembre de 2016 para felicitarlo por su elección a la presidencia de Estados Unidos. Aumentó las visitas oficiales y la venta de armas a la isla. Sin embargo, recientemente ha acusado a Taiwán de haber eliminado la industria norteamericana de semiconductores, y ha insistido en que su gobierno debería pagar a Estados Unidos para que siga defendiéndola.

Tanto China como Estados Unidos saben lo que se juegan. Si China impusiera su voluntad y lograra la reunificación, se convertiría en la potencia dominante en Asia-Pacífico y fortalecería enormemente su posición global frente a Estados Unidos. La recuperación de la isla simbolizaría un cambio sustantivo en el equilibrio de poder mundial.

Al contrario, si en una confrontación venciera Estados Unidos, no sólo reforzarían su posición hegemónica en todo el mundo, sino que el proceso de ascenso de China de estas últimas décadas se vería en buena medida truncado. Un fracaso de ese calibre en una cuestión tan sensible como la reunificación con Taiwán pondría en cuestión la credibilidad del Partido y la solidez de sus políticas ante la población, y podría amenazar seriamente la posición del régimen comunista en China.

Al sur de Taiwán se extiende el mar del Sur de China, que Pekín contempla como su patio trasero. Junto con el estrecho de Taiwán, es la zona hacia la que está enfocando prioritariamente sus nuevas capacidades militares —sobre todo su marina de guerra— y en la que está desplegando una mayor proyección militar y política. Washington, por su parte, es consciente de que el problema no es sólo Taiwán: también en el mar del Sur de China —con sus rutas de navegación estratégicas y sus recursos naturales— se juega su liderazgo geoestratégico en la región.

China alega derechos históricos para reivindicar la soberanía sobre la zona del mar del Sur de China comprendida dentro de la llamada «línea de los nueve trazos», que discurre muy lejos de las costas chinas y muy cerca de otros Estados ribereños como Vietnam, Filipinas, Malasia o Brunéi. Éstos rechazan las pretensiones de Pekín. Un destacado miembro del Partido me explicó una vez que esa línea no se la había inventado la República Popular de China, sino que la demarcó Chiang Kai-shek en 1947, cuando aún controlaba buena parte de China continental. Lo hizo con el apoyo de Estados Unidos, que deseaba atribuir a China zonas marítimas anteriormente dominadas por Tokio y eliminar cualquier futura pretensión territorial japonesa en la región.

La Corte Permanente de Arbitraje de la Haya rechazó en 2016 las reivindicaciones de soberanía chinas plasmadas en la línea de los nueve trazos. El laudo arbitral de la Corte estableció que los supuestos derechos históricos invocados por Pekín son incompatibles con la delimitación de zonas marítimas establecida en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, como ocurre con las zonas económicas exclusivas de los diferentes Estados ribereños. Los supuestos derechos chinos habrían quedado extinguidos tras la entrada en vigor de la Convención. Los portavoces oficiales del Gobierno chino rechazan el laudo de la Corte Permanente de Arbitraje, que califican de «ilegal».

China reclama además la soberanía de las islas, islotes, cayos, atolones y arrecifes incluidos dentro de la línea de los nueve trazos, como los archipiélagos Spratly y Paracelso o el Banco de Scarborough. En algunos de ellos ha construido instalaciones militares. Lo ha hecho a pesar de que el Banco de Scarborough, por ejemplo, se encuentra a 120 millas náuticas (algo más de 220 kilómetros) de la isla filipina de Luzón, en plena Zona Económica Exclusiva de Filipinas, y a 594 (1.100 kilómetros) de la isla china de Hainan. A pesar también de que en 2015 Xi Jinping declaró en una conferencia de prensa en la Casa Blanca junto a Barack Obama que no militarizaría los islotes del mar del Sur de China.

Pekín ha dado nombres chinos a esos islotes y arrecifes y los ha colocado bajo la jurisdicción administrativa de una ciudad de la isla de Hainan. En 2023 el Ministerio de Recursos Naturales de China publicó la versión anual del mapa estándar de China. En el nuevo mapa, que los ministerios de China exhiben en todos sus edificios, casi la totalidad del mar del Sur de China aparece sometida a la soberanía china.

China ejerce una enorme presión sobre los demás países de la zona para que acepten sus exigencias. Ha seguido una política de crear hechos consumados sobre el terreno, que es característica de la manera en la que en ocasiones aborda sus relaciones con países más pequeños. El embajador en Pekín de uno de los Estados ribereños me comentó que China estaba utilizando con ellos una táctica de presión en la que los consideraba unos maestros, que consiste en dar dos pasos sustantivos adelante y uno formal hacia atrás. El embajador de otro de esos Estados añadió en otra conversación que las razones históricas que alega China para justificar la línea de los nueve trazos eran absurdas.

Esta política china ha provocado serias fricciones con todos ellos. La publicación del mapa estándar por las autoridades chinas provocó las protestas de sus capitales. El primero en hacerlo fue Malasia, que tiene un tercio de su población de origen chino y por eso suele evitar antagonizar abiertamente con China. Lo siguieron Indonesia, Brunéi, Vietnam y Filipinas.

Más graves han sido los incidentes que han tenido lugar con buques pesqueros o los casos en los que China ha utilizado medidas de coerción e incluso de fuerza para impedir prospecciones de petróleo o de gas en zonas en disputa autorizadas por otros Estados, como Malasia o Vietnam. En este último caso una de las empresas afectadas fue Repsol. En lo que se refiere a Filipinas, se han intensificado los choques entre unidades navales de ambas marinas por el control de algunos islotes y atolones.

China corre el peligro de enemistarse con sus vecinos del mar del Sur de China por sus reclamaciones de soberanía y por la agresividad con que las defiende. En ASEAN —la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático— sigue sin ser posible llegar a un acuerdo sobre un código de conducta en el mar del Sur de China, a pesar de que lleva años negociándose. A Pekín le preocupa que esta situación lleve a sus gobiernos a acercarse a Estados Unidos.

Pero los Estados miembros de ASEAN —excepto Indonesia— no son muy grandes y deben hacer sus propios cálculos. Son conscientes del fortalecimiento de China y de la ausencia de Washington en los Tratados de Libre Comercio regionales. La Asociación Económica Integral Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP) está formado por diez países de la región, junto con China, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. Por su parte, el Acuerdo General y Progresivo para un Partenariado Transpacífico (Comprehensive and Progressive Agreement for Transpacific Partnership, o CPTPP) lo componen los países de la región, Corea del Sur, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, México, Chile y Perú. Estados Unidos participó en la creación del CPTPP; pero, durante sus primeros cuatro años en la Casa Blanca, Trump ordenó su retirada. Estados Unidos no ha querido participar en ninguno de los dos acuerdos debido a su resistencia a abrir sus mercados a las exportaciones procedentes de la región. Ni siquiera en el Marco Económico para el Indopacífico promovido por Washington se incluye una reducción de tarifas aduaneras para sus productos. China en cambio participa en el RCEP y ha solicitado su adhesión al CPTPP. Todo ello, unido a la inmensidad de su mercado, hace que la economía de Asia-Pacífico gravite cada vez más en torno a China. ASEAN es ya el principal socio comercial de Pekín, por delante de Estados Unidos y de la Unión Europea.

El auge económico de Asia-Pacífico y los problemas en Estados Unidos y en Europa han llevado a muchos a concluir también allí que Occidente está en declive y Oriente en ascenso. Creen que el modelo autoritario chino esta debilitando los valores occidentales. Un modelo inspirado, en cierta medida, en el sistema político de Singapur.

Otros en cambio prefieren mantener lo más lejos posible a una China que a veces parece tratar a los países más pequeños como si siguieran siendo Estados tributarios. Un coronel chino retirado me recalcó una vez que China ya ejercía su soberanía sobre el mar del Sur de China cuando Vietnam era un Estado vasallo del Imperio chino y los demás Estados ribereños eran colonias de naciones europeas. Richard McGregor cita a Bilahari Kausikan, antiguo secretario permanente del Ministerio de Asuntos Exteriores de Singapur, según el cual China no sólo desea que se tomen en cuenta sus intereses: China espera que los miembros de ASEAN internalicen una actitud de deferencia hacia sus intereses. No solamente como un cálculo correcto de sus intereses en relación con China, sino como «una manera de pensar correcta» que conduce a «un comportamiento correcto». El ministro de Asuntos Exteriores Yang Jiechi, en una reunión con los Estados miembros de ASEAN celebrada en Hanói en 2010, respondió a las críticas de algunos de los asistentes recordándoles que «China es un país grande y los suyos son países pequeños. Eso es un hecho».

Por el momento, la mayoría de los Estados ribereños procuran estar a buenas tanto con Pekín como con Washington. Los animan a que traten de entenderse, porque sus economías necesitan estabilidad para seguir creciendo. No quieren elegir entre uno y otro, y prefieren jugar a dos barajas. Una con China, porque su economía depende cada día más de la suya. Y otra con Estados Unidos, para que les proporcione seguridad, ejerza de contrapeso al creciente poder de Pekín y a sus reclamaciones en el mar del Sur de China y defienda sus valores democráticos. Pero ya no están tan convencidos de que, si llegara a estallar una crisis grave entre China y Estados Unidos en la región, los norteamericanos estarían dispuestos a aceptar un enfrentamiento total con Pekín. Juzgan en cambio que China sí estaría dispuesta a todo, porque estaría defendiendo intereses que considera vitales, como Taiwán o su posición en el mar del Sur de China. Sus dirigentes piensan cada vez más que deben buscar un entendimiento con China, porque no están seguros de que Estados Unidos esté allí cuando lo necesiten. Cuando yo preguntaba a los embajadores de los países de ASEAN en Pekín quién creían ellos que dominaría la región dentro de veinte años, todos me contestaban que China. Y en una encuesta realizada en 2024 entre las élites de esos países, al preguntarles por qué país optarían en caso de tener que elegir entre apoyar a uno de los dos, por primera vez una estrecha mayoría escogió a China. Un posible retraimiento de Washington de sus compromisos exteriores con Donald Trump podría intensificar esta tendencia.

La otra crisis global en la que China está desempeñando un papel relevante es la de Ucrania. La invasión rusa de Ucrania colocó a China en una situación incómoda. El respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados son dos principios recogidos en la base de su política exterior, dedicada en buena parte a defender su posición sobre Taiwán, Hong Kong, Tíbet y Sinkiang. Por ese motivo, a pesar de sus buenas relaciones con Rusia, China no reconoció en 2014 su anexión de Crimea, ni tampoco su soberanía sobre las tierras conquistadas en el Dombás ucraniano. Tampoco Rusia apoya las pretensiones de soberanía de Pekín en el mar del Sur de China.

Existen otras razones que explican la incomodidad de China. La agresión rusa contra Ucrania pone en peligro la paz y la seguridad internacionales y afecta directamente a varios de sus principales socios. Rusia en primer lugar, Estados Unidos, la Unión Europea y la propia Ucrania, con la cual tenía relaciones económicas significativas. Los efectos económicos de la guerra pueden perjudicar su crecimiento. Existe el riesgo de que se produzca una escalada militar que extienda el conflicto e incluso lleve a utilizar armas nucleares, lo cual podría tener graves consecuencias para China.

Pocas semanas antes de la invasión, Putin había visitado Pekín para asistir a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno. Durante la visita, ambos, Xi Jinping y él, suscribieron el 4 de febrero de 2022 un comunicado conjunto con el que elevaron el listón de su cooperación y de su confrontación ideológica con Occidente. Se presentaron como socios estratégicos decididos a acabar con el orden internacional creado en 1945 y 1989 y con los valores que lo sustentan. El ataque contra Ucrania se produjo tres semanas más tarde.

Xi Jinping ha insistido posteriormente a sus interlocutores occidentales en que Putin no le dijo nada de su intención de invadir Ucrania, a pesar de que sus tropas se acumulaban en la frontera y de que la CIA había predicho que la invasión tendría lugar. Los portavoces chinos han asegurado que el nuevo orden internacional que ellos proponen no da luz verde para invadir otros países cuando existen problemas con ellos. Pero eso fue exactamente lo que hizo su socio principal en la búsqueda de ese nuevo orden muy poco tiempo después del comunicado del 4 de febrero.

China procuró que su incomodidad se notara lo menos posible. Tras estallar la guerra, basó su reacción en dos principios básicos de su política exterior: la realpolitik y la búsqueda del interés chino por encima de cualquier otra consideración.

Rusia es un vecino complicado para China. Las relaciones bilaterales han pasado por altos y bajos. Los chinos no olvidan el Tratado de Aigun, de 1858, uno de los tratados desiguales que tuvieron que firmar en el siglo XIX. En él se vieron obligados a ceder a Rusia buena parte de Siberia oriental, incluidos los territorios de la orilla izquierda del río Amur y la costa frente a la isla de Sajalín, donde hoy se encuentra Vladivostok. En el PCCh permanece un cierto resentimiento por la actitud de superioridad y el paternalismo con los que Stalin trató a Mao en su viaje a Moscú en 1949. Mao rompió con Jruschov en los años cincuenta, y desde entonces se impuso un equilibrio inestable en el triángulo formado por Rusia, China y Estados Unidos. En 1969 Moscú y Pekín tuvieron choques armados en la frontera del río Ussuri. La tensión entre ambos fue aprovechada por Estados Unidos para el histórico viaje de Nixon a Pekín en 1972. Igual que el acercamiento entre Estados Unidos y China a principios de los años setenta obedeció al común enfrentamiento con la URSS, el actual acercamiento entre Rusia y China obedece a su común enfrentamiento con Estados Unidos.

No existe una especial simpatía entre China y Rusia. Un antiguo embajador ruso en Pekín me comentó que la relación bilateral no está marcada por el afecto ni por la complicidad, sino por el pragmatismo. Los actuales dirigentes del PCCh sienten desprecio por la manera en la que el Partido Comunista de la Unión Soviética cedió el poder y disolvió la URSS. Para ellos fue una demostración mayúscula de falta de convicción ideológica y de nulo sentido de la historia. Tampoco aprecian que la economía rusa se privatizara otorgando favores a amigos cercanos al Kremlin, lo que condujo al saqueo de los recursos públicos y a la aparición de una nueva clase social de oligarcas corruptos. Moscú, por su parte, contempla con escaso entusiasmo cómo China es ahora el socio más fuerte en la relación bilateral, al revés de lo que sucedía en el pasado. Y ese entusiasmo es aún menor al ver el desequilibrio que existe entre las empobrecidas —y casi vacías— regiones rusas de Extremo Oriente, y la pujanza económica y la enorme población china al otro lado de la frontera. Un desequilibrio que podría ser causa de serios problemas en el futuro.

La relación entre China y Rusia es en realidad un matrimonio de conveniencia. Actualmente China tiene una buena relación con Rusia y no quiere que se estropee. Son miles de kilómetros de frontera que ahora están tranquilos, pero que no siempre lo han estado. Para Pekín, una Rusia enemistada con Occidente es una baza importante, mientras que una Rusia prooccidental sería una pesadilla.

Pero el motivo principal de este acercamiento entre Pekín y Moscú es que ambos se necesitan para hacer frente a Estados Unidos. China ha definido su posición sobre la guerra de Ucrania a partir del análisis de su relación con Estados Unidos, que es el elemento determinante de toda su política exterior. Otro embajador, esta vez chino, me indicó que la actual relación de China con Rusia es una consecuencia directa de la hostilidad de Washington hacia Pekín. Un periodista, también chino, me dijo que sus problemas con Estados Unidos hacen que China no pueda debilitar su relación estratégica con Rusia, ni por consiguiente condenar públicamente la invasión de Ucrania. Para Pekín, el principal enemigo en este momento es Estados Unidos, y Moscú es su principal apoyo frente a Washington.

Rusia presta un fuerte apoyo a China en su rivalidad con Estados Unidos. A China le viene muy bien la profundidad estratégica que le confiere su relación con Rusia. Sabe que alejarse demasiado de Moscú puede hacerla más vulnerable ante los norteamericanos, y hará todo lo posible por evitarlo. Un debilitamiento serio de Rusia no interesa tampoco a China, porque la debilitaría a ella frente a Estados Unidos. Una derrota rusa en Ucrania cuestionaría además el discurso del auge de Oriente y el declive de Occidente tan querido por el aparato de propaganda del Partido. Por eso China necesita el apoyo de Rusia, y por eso seguirá apoyando a Rusia.

Lo único que podría alterar la actual relación entre China y Rusia sería que el tercer elemento del triángulo, Estados Unidos, redujera su presión sobre Pekín y le diera incentivos para iniciar un acercamiento bilateral, alejándola de Moscú. Un editorial de un diario chino que acusaba al gobierno norteamericano de violar los acuerdos adoptados sobre Taiwán en una reciente cumbre entre los dos presidentes se preguntaba: «En estas circunstancias, ¿por qué piensa Estados Unidos que China debe echarle una mano?». Pero esa presión no va a reducirse, porque el principal adversario de Estados Unidos es China, no Rusia. La rivalidad entre China y Estados Unidos es estructural, deriva de su competición por la supremacía global y no va a desaparecer. Para Washington, Rusia es sólo una distracción en el camino. No aceptará fortalecer la posición de China para resolver un problema con Rusia.

Aunque la cercanía estratégica entre Rusia y China no responda a la existencia de una complicidad de fondo entre ambos, en las actuales circunstancias esa cercanía es real y no parece estar en peligro. Tras la invasión de Ucrania las relaciones entre ambos se han intensificado. Xi Jinping y Putin se han encontrado más de cuarenta veces desde la llegada de Xi al poder en 2012. Ambos comparten una misma educación marxista-leninista, con sus códigos y sus referencias comunes. En esa relación cercana, la dependencia política y económica de Moscú con respecto a Pekín es cada vez mayor, invirtiéndose las tornas de lo que sucedía en el pasado.

El apoyo chino a Rusia tiene diversos aspectos. Pekín ha presentado una propuesta de paz para Ucrania cuyo primer punto proclama la necesidad de defender la soberanía y la integridad territorial de todos los Estados. La consecuencia lógica de esa afirmación sería exigir a Rusia que se retire de los territorios que ha invadido en Ucrania, pero China en ningún momento lo ha hecho. Si lo hiciera se produciría un choque con Moscú que Pekín no está dispuesta a asumir. Otros puntos de la propuesta de paz china contienen fuertes críticas a Estados Unidos y a la OTAN, a los que se acusa de tener una mentalidad de Guerra Fría, de reforzar su seguridad a expensas de la de otros y de fortalecer los bloques militares. Se propone un nuevo sistema de seguridad europeo en el que los intereses legítimos de seguridad de todos los países deben abordarse adecuadamente. Todo ello equivale a dar motivos para justificar la decisión de Putin de atacar Ucrania. Pero ninguna preocupación legítima de seguridad puede justificar la guerra de agresión rusa contra Ucrania.

Los medios chinos han llevado a cabo una campaña sostenida de desinformación sobre la invasión rusa, repitiendo esos argumentos y achacando la responsabilidad de la guerra a la actitud agresiva de Kiev y de sus aliados occidentales. La propaganda china se ha centrado sobre todo en deslegitimar la posición de Estados Unidos, con especial énfasis en la expansión de la OTAN y en el supuesto activismo de Estados Unidos para mantener vivo el conflicto. Se evitan referencias a la agresión rusa, a sus ataques sistemáticos contra núcleos urbanos, hospitales y población civil, y al sufrimiento de la población ucraniana.

En el plano económico se han multiplicado los intercambios comerciales bilaterales. China se ha convertido en el primer socio comercial de Rusia y en su salvavidas económico, del que Moscú depende cada vez más. Vende a Rusia lo que Rusia ya no puede comprar en Occidente, como productos de alta tecnología, microchips, aparatos electrónicos, piezas de aeronaves o automóviles. Algunos de ellos son productos de doble uso que Rusia utiliza para sus industrias militares. A cambio China compra a precios muy rebajados parte de la energía que Rusia no puede vender en Europa y todo tipo de materias primas. Una proporción cada vez mayor del comercio bilateral se realiza en yuanes, lo que permite a ambos reducir su dependencia del dólar. El yuan se está convirtiendo de hecho en la moneda de reserva de Rusia, pese a no ser convertible. En la bolsa de Moscú se intercambian más valores denominados en yuanes que en euros.

En el comunicado conjunto de febrero de 2022 se hablaba de una amistad sin límites entre ambos. Pero los límites del apoyo chino a Rusia resultan evidentes. China no ha vendido armas a Rusia, pese a las repetidas peticiones de Moscú, porque sabe que si lo hace sufrirá fuertes sanciones económicas de Estados Unidos y de la Unión Europea. Entre el apoyo político total a Rusia y sus intereses económicos, Pekín ha elegido lo segundo. Ha visto las sanciones que se han impuesto a Rusia y no quiere que le suceda lo mismo. Algunas empresas chinas que han vendido a Rusia productos con un posible uso militar han sido sancionadas. Las noticias sobre posibles ventas de armas chinas a Rusia o sobre su apoyo a Moscú para eludir las sanciones han provocado fuertes caídas de la bolsa de Shanghái y huidas de capitales. Los norteamericanos han presionado a China para que no venda armas y para que deje de vender los componentes de doble uso —electrónicos, ópticos, semiconductores o máquinas herramienta— que los rusos utilizan para su industria de armamento. En la Cumbre de la OTAN de 2024, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken declaró que China vende el 70 por ciento de las máquinas herramienta importadas por Rusia y el 90 por ciento de sus componentes microelectrónicos. Washington ha anunciado posibles sanciones a las empresas chinas que los venden a Moscú y a las entidades que financian esas exportaciones. Esto último resulta particularmente preocupante para Pekín, ya que unas posibles sanciones norteamericanas afectarían a esas entidades financieras en otras operaciones de comercio exterior o en su apoyo a las inversiones de empresas chinas en el resto del mundo. Los dirigentes chinos critican las sanciones como medidas unilaterales y contrarias al derecho internacional, pero se cuidan mucho de dar motivos a los occidentales para aplicarlas.

El apoyo político a Rusia ha dañado fuertemente la imagen de China en Occidente. Especialmente en Europa, que es para China un socio comercial de mucho más peso que Moscú. Ha provocado además un acercamiento entre Europa y Estados Unidos, lo que se opone a los intereses chinos, aunque la segunda presidencia de Donald Trump podría ponerlo en cuestión. Desde el principio de la invasión, los europeos han pedido a los chinos que utilicen su especial relación con Rusia para convencer a Moscú de que detenga la agresión. Que asuman sus responsabilidades para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, unas responsabilidades que en su caso son aún mayores como miembro permanente del Consejo de Seguridad.

Pero China no parece tener ningún interés en implicarse en serio en esa tarea. A medida que la guerra se prolonga, se va encontrando más cómoda que cuando estalló. Pekín describe la invasión rusa de Ucrania como un conflicto entre Rusia y Occidente, del que ella no es parte, por lo que alega que la solución hay que buscarla en otro lado. Las principales consecuencias negativas del conflicto no afectan directamente a China, que se presenta como la potencia menos afectada por la guerra, y sin ninguna responsabilidad en su estallido. Mientras tanto, se desgasta a Rusia, se distrae a Estados Unidos en un escenario alejado de Asia y se fragiliza a Europa. El conflicto de Gaza le permite acusar a los gobiernos occidentales de doble rasero, lo que le hace ganar puntos en el Sur Global.

Pekín trata de proyectar la imagen de una potencia benigna que llama a la desescalada de ambas partes, tanto por el lado de la ofensiva bélica como de las sanciones. Dadas sus buenas relaciones con Moscú, China aparece como el país imprescindible para tratar de impulsar unas negociaciones que pongan fin al conflicto. Ha acordado un comunicado con Brasil sobre la manera de avanzar hacia la paz. Sus términos son muy vagos, pero refuerza la posición de Pekín al asociarlo a un Estado importante del Sur Global en la cuestión de Ucrania. Los líderes chinos dicen que hacen lo que pueden, pero que Moscú no los escucha y que no debemos sobrestimar su influencia sobre Putin. Un viceministro chino me justificó su posición preguntándose qué efectos prácticos tendría una petición china de un alto el fuego, porque Rusia no les iba a hacer caso.

China previsiblemente seguirá resistiendo los llamamientos de los países occidentales para que presione a Rusia para terminar la guerra. Sí ha presionado en cambio a Rusia para que no utilice armas nucleares; y esa presión fue particularmente relevante en el otoño de 2022, cuando Ucrania desbordó las defensas rusas en la región de Jersón y al parecer el Kremlin se planteó seriamente utilizarlas.

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La rivalidad política: los amigos de China

Hasta las guerras del opio, el Imperio del Centro pensó que podía permitirse ignorar al mundo exterior. Su derrota evidenció el precio que había pagado por ello. Pero la situación es hoy muy diferente. En este momento la República Popular de China no tiene esa opción. Sus intereses políticos y económicos alcanzan el último rincón del planeta. Para defenderlos, China necesita a todos los amigos que pueda encontrar.

La rivalidad creciente con Estados Unidos ha llevado a Pekín a desplegar una intensa actividad para reforzar sus apoyos exteriores. La ayudó en esa tarea la política aislacionista de Trump, que dejó un vacío que China supo aprovechar para avanzar en su posición internacional. Tratará de hacer lo mismo durante su segundo mandato si Trump mantiene la línea aislacionista del primero.

Como vimos, China cuenta con el respaldo de algunos gobiernos que tienen relaciones difíciles con Estados Unidos y en general con Occidente. Aparte de Rusia, ese grupo incluye a Irán, Venezuela, Nicaragua, Cuba, Bielorrusia o Corea del Norte. Todos ellos apoyan sus políticas, votan a su favor en las Naciones Unidas y en otros organismos internacionales y respaldan su propuesta de un nuevo orden internacional. Si dejamos a un lado el caso especial de Rusia, sus relaciones con ellos no son, sin embargo, demasiado cercanas. Pekín sabe que pueden traerle complicaciones, así que mantiene cierta distancia con ellos.

Dado que su principal adversario es Occidente, el objetivo prioritario de China son los países del Sur Global, donde existe una cierta fatiga con el tradicional dominio de Occidente de la escena internacional. No olvidan tampoco su pasado colonial. Pekín se encarga de recordárselo a menudo, evocando la tradición maoísta de solidaridad con lo que entonces se denominaba el tercer mundo. Sienten una profunda admiración por la forma en la que China ha eliminado la pobreza, ha salido del subdesarrollo y se ha convertido en una gran potencia. China se presenta ante ellos como su líder natural, resuelto a defender sus intereses frente a los países ricos. Piensa que el Sur Global se está fortaleciendo y que eso la favorece. Desde Pekín esto se percibe como un indicio más de que China —al revés que Occidente— está en el lado correcto de la historia.

Llama la atención que China pretenda seguir siendo un país en vías de desarrollo. Tiene el segundo PIB mayor del mundo, ha enviado una sonda al lado oculto de la luna, es uno de los líderes mundiales en inteligencia artificial y una gran potencia comercial, inversora y financiera. Los dirigentes chinos alegan que su renta per cápita es mucho más baja que la de los Estados desarrollados y que sigue habiendo muchas diferencias entre las ciudades y las zonas rurales, así como entre las diversas regiones de su territorio. Destacan que en 2022 ocupaban el lugar 75 en el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas. Pero China dispone de los recursos necesarios para superar esos problemas, como ha demostrado con muy buenos resultados en su estrategia de eliminación de la pobreza.

En muchos casos, los intereses chinos son diferentes a los de los países en desarrollo. China se presenta por ejemplo en las conferencias internacionales contra el cambio climático como un PVD, y enmascara así sus intereses reales, que son muy distintos a los de los verdaderos PVD. Desea por ejemplo marcar su propio ritmo en la reducción de sus emisiones de CO₂, a fin de garantizar su seguridad energética. Pero Tuvalu, Kiribati o las Islas Marshall están en peligro real de desaparecer por el ascenso del nivel del mar causado por el calentamiento de la atmósfera; y China es responsable del 26 por ciento de las emisiones globales. Su interés es que China las reduzca rápidamente, no que posponga su neutralidad energética hasta 2060, como señalan sus planes actuales.

Los dirigentes chinos afirman que China es un país en vías de desarrollo y que siempre lo será. El propio Xi Jinping declaró en una reunión de los BRICS en Sudáfrica que «China siempre ha compartido el destino de las naciones en vías de desarrollo. Ha sido, es hoy, y será siempre un miembro del mundo en desarrollo». Es decir, que seguirá siendo un PVD aunque su economía continúe creciendo y supere a la de Estados Unidos. Eso significa que se presenta como país en desarrollo no por razones económicas, sino políticas. Presentarse como un PVD le permite asimismo seguir reclamando que se le apliquen reglas comerciales más favorables que a los Estados desarrollados, algo que podía tener sentido cuando su nivel de desarrollo era mucho más limitado, pero no ahora. Pero ésa no es la razón principal. La razón principal es política, dirigida a crear un vínculo especial entre China y los países en desarrollo.

China sostiene que su proyecto de transformación del orden internacional va dirigido a defender los intereses del Sur Global frente a Occidente. Para avanzar en ese proyecto, Pekín ha diseñado una estrategia que incluye grandes iniciativas internacionales dirigidas a ganarse el apoyo de los PVD. Se las ofrece como los elementos constitutivos del nuevo orden internacional que desea construir.

La Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR, o BRI, Belt and Road Initiative, por sus siglas en inglés) se presentó inicialmente como un proyecto de construcción de infraestructuras inspirado en la tradición de la antigua Ruta de la Seda. Según la BBC, la IFR ha concedido préstamos por valor de más de un billón de dólares destinados a construir infraestructuras en Asia, África, Iberoamérica y Europa del Este. Según datos de la agencia Xinhua, entre 2013 y 2022 China ha desembolsado en inversión directa en proyectos de la IFR el equivalente a 240.000 millones de dólares. Son cifras enormes, muy superiores a las del Plan Marshall, en el que Estados Unidos invirtió unos 13.000 millones de dólares, que en este momento equivaldrían a unos 130.000 millones. Lo hizo con unos objetivos políticos similares a los que inspiran la IFR china: buscar amigos en Europa occidental en el marco de su enfrentamiento con la Unión Soviética durante la Guerra Fría.

Un volumen semejante de inversiones ha tenido efectos muy positivos sobre el crecimiento de los PVD y del PIB global. El Banco Mundial ha destacado sus consecuencias sobre la expansión del comercio de los Estados en desarrollo.

Los fondos de la IFR los han proporcionado los bancos públicos chinos y proceden del músculo financiero generado por la acumulación de superávits en la balanza de pagos. No son donaciones, sino préstamos, lo cual ha convertido a China en el principal acreedor mundial. Entre 2008 y 2021 China acumuló un volumen de 500.000 millones de dólares en créditos soberanos con 100 países. En 2022 la deuda externa de las economías de renta baja con China era de 110.000 millones de dólares, prácticamente el doble que la del Club de París, donde se reúne el resto de los acreedores internacionales.

La IFR ha permitido realizar grandes proyectos en países que de otro modo hubieran encontrado muchas dificultades para acceder a créditos internacionales. Por ejemplo, el ferrocarril de Yibuti a Adís Abeba, el que une Zambia con Tanzania, el puerto de Chancay en Perú o las autopistas, puertos y centrales de energía del Corredor Económico China-Pakistán. China ha mostrado un especial interés en invertir en infraestructuras portuarias de todo el mundo a fin de proyectar su presencia económica y política y controlar las vías de acceso a los mercados globales.

La IFR ha ido ampliando su actividad a otras áreas. Se han creado, por ejemplo, la Ruta de la Seda del Ártico y la Ruta de la Seda Sanitaria. China la ha utilizado para expandir su modelo de gobernanza internacional estableciendo tribunales de arbitraje de la IFR o tratando de extender al Sur Global sus propios marcos regulatorios. Ha avanzado mucho en la llamada Ruta de la Seda Digital. Ha suscrito un memorando de entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) sobre ciberseguridad con 33 Estados y mantiene marcos de cooperación sobre el tema con los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái, ASEAN, la Liga Árabe y Asia central. Existe un Foro de Cooperación y Desarrollo de Internet África-China. Ha mantenido conversaciones con la Liga Árabe, ASEAN y los países africanos y de Asia central para extender su sistema de navegación por satélite BeiDou. Desde 2014 se celebra en Wuzhen la Conferencia Mundial de Internet, que promueve todas estas iniciativas. Ha propuesto crear una comunidad con un futuro común en el ciberespacio. China resulta atractiva en este terreno para muchos integrantes del Sur Global por los avances que ha logrado en la economía digital. Sus mecanismos de censura de internet son muy apreciados por algunos Estados no democráticos.

La IFR no computa como Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) porque no cumple las condiciones establecidas para ello por las Naciones Unidas y la OCDE, que se refieren a la adaptación de los proyectos a las necesidades de desarrollo del país beneficiario. Es más bien un gigantesco fondo de créditos al desarrollo, que otorga créditos ligados a la compra de productos chinos o a la realización de proyectos por empresas chinas y que termina generando una deuda exterior de la que China es acreedora.

Algunos contratos se han adjudicado de forma poco transparente, lo cual ha provocado casos de corrupción. En ocasiones se ha llevado mano de obra china para ejecutarlos, lo que no ha sido muy apreciado en los países donde se desarrollaban. Se ha criticado la escasa sostenibilidad medioambiental de algunos proyectos, las precarias condiciones laborales de quienes los construyen y su utilidad real para la población local. Algunos de ellos parecían responder más a las preferencias de la élite gobernante, deseosa de construir un rutilante palacio de congresos o un estadio de fútbol, que a las necesidades reales de desarrollo del país en materia de salud, educación o vivienda.

La principal crítica que se ha hecho a la IFR es que ha provocado que algunos Estados hayan caído en la trampa de la deuda, debido a su incapacidad para devolver los créditos facilitados por China. El caso más conocido es el de Sri Lanka, que no pudo devolver el préstamo recibido para construir el puerto de Hambantota y terminó cediendo su uso a China durante 99 años. El suceso alimentó las peores sospechas sobre los objetivos reales de la IFR. En su discurso ante el II Foro de la IFR en 2019, Xi Jinping se hizo eco de estos problemas y aseguró que China buscaría la manera de solucionarlos. En 2023 alcanzó un primer acuerdo con el Club de París para renegociar la deuda exterior de Ghana.

Más allá de su significado económico, la IFR es antes que nada un proyecto político dirigido a fortalecer la proyección exterior de China, especialmente en el Sur Global. Las cumbres periódicas de la IFR han reunido a decenas de jefes de Estado y de gobierno de todos los continentes, además del secretario general de las Naciones Unidas y de los responsables de las principales organizaciones internacionales. Su objetivo es hacer amigos que refuercen la posición de China en la escena internacional. Ello se refleja en la insistencia china en firmar memorandos sobre la IFR con el mayor número posible de países. Estados como Panamá, Senegal o Uruguay —tan alejados de la Ruta de la Seda histórica— también los han firmado. Los MOU reflejan la visión de Pekín de las relaciones internacionales, con un lenguaje típicamente chino que contiene el enfoque y los valores de su diplomacia. Firmar un MOU significa en cierta forma aceptar la lógica china sobre la cooperación internacional. Al colocar a un país en la lista de firmantes, China está afirmando, de algún modo, su influencia sobre ese país, de una forma similar a como en la ópera de Mozart don Giovanni afirmaba su poder sobre las mujeres incluyéndolas en la lista de sus conquistas. En 2023 habían firmado memorandos más de ciento cincuenta Estados y treinta organizaciones internacionales.

China creó en 2014 el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructuras (BAII), que se enmarca en su deseo de reforzar su presencia en las instituciones financieras multilaterales. El BAII es la alternativa china al Banco Asiático de Desarrollo, promovido por Estados Unidos y Japón, que hasta entonces había liderado la financiación de proyectos de desarrollo en Asia. El BAII está controlado de facto por Pekín, pero funciona con mecanismos de gobernanza homologables a los de otros bancos internacionales. Su éxito fue muy rápido y atrajo enseguida a países de fuera de la región, incluidos los occidentales. España es socio fundador y participa con un 1,83 por ciento del capital.

Pekín ha lanzado tres iniciativas globales sobre cuestiones de desarrollo, de seguridad y de civilizaciones. Son tres elementos importantes del nuevo orden internacional que quiere construir.

La Iniciativa Global de Desarrollo (IGD), presentada por el propio Xi Jinping ante las Naciones Unidas, contiene una serie de pronunciamientos generales sin demasiado contenido concreto. Tampoco se definen con claridad los proyectos que propone. Los dirigentes chinos han dicho que su propósito es ayudar a la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2030. En cuanto a los recursos financieros que la respaldan, Pekín ha prometido utilizar capital de otros fondos de desarrollo chinos orientados a la cooperación Sur-Sur por valor de 3.849 millones de euros. Xi Jinping ha anunciado futuras contribuciones por un importe de otros 10.000 millones. No queda claro si la IGD va a ajustarse a los principios sobre la Ayuda Oficial al Desarrollo elaborados en la ONU y la OCDE. En su seno se estarían definiendo algunos criterios alternativos como la primacía de los derechos humanos de carácter económico —como el derecho al desarrollo— sobre los civiles y políticos. En ausencia de un contenido más concreto, la IGD parece tener un objetivo esencialmente político, orientado a promover la visión china de las políticas de desarrollo y a fortalecer su influencia en el marco de las Naciones Unidas. Pekín ha conseguido crear un grupo de amigos de la IGD formado por más de setenta Estados que han celebrado ya varios encuentros de alto nivel.

China ha lanzado la Iniciativa Global de Seguridad (IGS), que propone una arquitectura de seguridad mundial difusa, llena —como la IGD— de vaguedades y de principios genéricos de buena voluntad. Se habla de seguridad común, amplia, cooperativa y sostenible; del respeto a la soberanía y la integridad territorial (pese al silencio chino sobre la violación de la integridad territorial de Ucrania); del cumplimiento de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas; del compromiso de tener en cuenta las legítimas preocupaciones de seguridad de todos los países (otro guiño a Rusia); y de la resolución pacífica de controversias mediante el diálogo y la consulta. Contiene alguna idea interesante, como la de que una guerra nuclear no puede ni ganarse ni librarse, que China ha defendido ante Rusia en relación con la guerra de Ucrania.

La IGS contiene referencias a las preocupaciones de seguridad de regiones específicas, como ASEAN, Oriente Medio, África o América Latina. Lanza fuertes críticas contra las posiciones de Estados Unidos, como la propuesta de una seguridad común, global, cooperativa y sostenible, que es un ataque implícito a la OTAN y a otras alianzas militares regionales impulsadas por Washington. O las críticas a las sanciones, a la mentalidad de guerra fría y a los dobles raseros, que son acusaciones habituales de Pekín contra Estados Unidos. En general, la IGS va dirigida a minar la confianza internacional en el modelo de seguridad defendido por los norteamericanos y a presentar a China como defensora de un modelo alternativo, estable y predecible; no hegemónico y más cercano a los intereses del mundo en desarrollo.

La IGS menciona el papel central de las Naciones Unidas en las cuestiones de seguridad, lo que refleja —igual que el en el caso de la IGD— la intención china de reforzar su posición en este ámbito dentro de las Naciones Unidas. Sin embargo, en ningún momento se explica cómo la IGS puede afectar al único sistema global de seguridad colectiva actualmente existente, el establecido en el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. Sobre todo, teniendo en cuenta el rechazo de China a la existencia de unos valores universales, que son la base misma de la Carta y del propio capítulo VII, que autoriza a utilizar la fuerza en nombre de esos valores contra los Estados que han puesto en peligro la paz y la seguridad internacionales.

Finalmente, China ha propuesto la Iniciativa Global de Civilizaciones (IGC), que propugna la coexistencia armoniosa entre diferentes culturas y sistemas políticos. Ninguna civilización es superior a las demás. Todas son igualmente válidas, todas igualmente dignas de respeto, todas deben estar dispuestas a aprender las unas de las otras. La IGC niega que el modelo de democracia o de derechos humanos defendido por Occidente tenga validez universal y denuncia que su pretensión de imponerlo al resto del mundo deriva de su mentalidad colonialista. No se habla de valores universales, sino de «aspiraciones comunes», mucho más vagas. Se reconocen valores compartidos como la paz, el desarrollo, la equidad, la justicia, la democracia y la libertad, pero su plasmación concreta cambia en las diferentes culturas, por lo que nadie puede imponer su propia versión a los demás. Estas ideas son bien recibidas en el Sur Global, que rechaza las presiones occidentales sobre los derechos humanos y prefiere la libertad que China defiende para que cada cual decida su propio camino.

La IGC presenta la experiencia china de desarrollo y de modernización como un modelo para otros países del Sur Global y se compromete a ayudarlos para avanzar en esa dirección. Subraya que no existe una única vía hacia la modernización, sino que depende de las condiciones de cada país. Diferentes condiciones históricas conducen a diferentes vías hacia la modernización. China ha seguido su propio camino, determinado por su historia, su cultura y sus propias características nacionales. Es un camino distinto al de Occidente: una modernización sin valores occidentales, sin democracia y sin derechos humanos. Un camino, señala, que ha sido pacífico, sin saqueos ni guerras (en contraste con lo que hicieron Europa y Estados Unidos en tiempos pasados), y que en la actualidad rechaza el hegemonismo. En palabras de Xi Jinping, «la modernización al estilo chino acaba con el error de identificar modernización con occidentalización».

Esta idea resulta muy útil en la política de China hacia el Sur Global. China presenta su modelo de modernización como una vía que ellos también pueden seguir, una alternativa a la opción que hasta ahora se les había ofrecido siempre y que pasaba por tratar de acercarse a Occidente todo lo posible.

Con este mismo objetivo, China dispone de amplios programas de becas para estudiantes procedentes del Sur Global y organiza con frecuencia viajes de estudio, seminarios y reuniones internacionales para promover sus valores y reforzar los vínculos de las élites de los países en vías de desarrollo con China.

China ha desarrollado un esquema de cumbres con diferentes grupos regionales, en las que Xi Jinping se reúne con sus respectivos jefes de Estado y de gobierno de modo que genera una mayor cercanía política entre cada uno de ellos y China. Existen, por ejemplo, el Foro de Cooperación China-África (FOCAC), las cumbres con ASEAN, las que mantiene con los Estados árabes, la Cumbre con los países de América Latina y el Caribe (Celac) y la que mantiene con los Estados de Asia central.

En Asia central, China está tratando de reforzar el papel de la Organización de Cooperación de Shanghái. La OCS ha dedicado sus principales esfuerzos a la cooperación contra el terrorismo, con el foco puesto en los grupos presentes en Afganistán. China está intentando darle un mayor papel económico y político. Recientemente Irán se ha incorporado a la OCS, de la que son miembros asimismo la India y Pakistán, aunque con un perfil más bajo. El equilibrio en su seno entre China y Rusia no es fácil, porque esta última contempla Asia central como su tradicional zona de influencia y desconfía de las intenciones chinas. Pero ambas están interesadas en impedir una mayor presencia occidental en la región, y la OCS les resulta útil para ese fin.

China ha utilizado el comercio para fortalecer sus lazos con el Sur Global. Según el Financial Times, está construyendo una red de acuerdos de libre cambio con los PVD que incluyen reducciones de tarifas aduaneras y facilidades para inversiones. Tiene actualmente 28 tratados de ese tipo que cubren el 40 por ciento de sus exportaciones. Se trata de una red, con su centro en China, que existe totalmente al margen de Estados Unidos, de la Unión Europea y de los organismos multilaterales. Constituye la dimensión comercial del nuevo orden internacional que Pekín quiere construir. China es ya en este momento el primer socio comercial de ciento veinte Estados. Su penetración en Iberoamérica, por ejemplo, ha puesto patas arriba la estructura tradicional de las relaciones comerciales de la región. El principal socio comercial de países como Brasil, Uruguay, Perú o Chile no son ya Estados Unidos ni Europa, sino China. Chile, por ejemplo, le envía en torno al 40 por ciento de sus exportaciones, y Perú un 36 por ciento.

Un instrumento muy útil para China en su proyecto de liderar el Sur Global son los BRICS, una organización que reúne a los principales países en desarrollo, además de Rusia y China. Formada inicialmente por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica —de ahí su nombre—, en 2023 fue ampliada a Irán, Egipto, Etiopía, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. En 2024 se incorporaron once nuevos Estados como países asociados, incluidos Turquía, Vietnam, Cuba, Nigeria, Kazajistán y Argelia. China promueve la ampliación de los BRICS porque desea convertirlos en la principal voz del Sur Global en la escena internacional, y piensa que para ello el grupo debe ser más representativo.

China es el país con más influencia dentro de los BRICS. Su peso político y económico es mucho mayor que el de los demás Estados miembros. Ha creado en su seno el Nuevo Banco de Desarrollo, con sede en Shanghái, que concede préstamos sin que los países beneficiarios tengan que cumplir las condiciones impuestas por otras instituciones financieras controladas por Estados Unidos, como el FMI o el Banco Mundial. Pekín trata de promover en su seno sus iniciativas internacionales, incluyendo el uso de lenguaje chino en sus resoluciones. Ha conseguido que las posiciones que defienden los BRICS se parezcan cada vez más a las suyas. Las votaciones de los miembros de los BRICS en las Naciones Unidas se están acercando progresivamente a las de China. La estructura del comercio dentro de los BRICS es radial, con crecientes intercambios entre China y cada uno de sus miembros, y escaso comercio directo entre éstos.

Pekín quiere convertir a los BRICS en el contrapeso del Sur Global al G7, que reúne a las principales economías del mundo occidental. El hecho de que los PVD se encuentren infrarrepresentados en los órganos decisorios de los organismos internacionales favorece su estrategia. También su receptividad al discurso chino sobre un orden internacional más justo y equitativo, que coloque en el centro del debate las cuestiones de desarrollo, soslaye las referencias a los derechos políticos o civiles y defienda la soberanía del Estado frente a las injerencias de otros países más poderosos.

Los BRICS son, sin embargo, un grupo muy diverso. Algunos de sus miembros son acreedores netos —China, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos—, mientras que otros son deudores y tienen una posición financiera muy vulnerable. Brasil o los Emiratos Árabes Unidos son bastante más cercanos a Occidente que Rusia o Irán. Esta última y Arabia Saudí mantienen relaciones muy difíciles. La India tiene una economía cinco veces menor que la de China, pero por su dimensión y su población es su único adversario posible como líder del mundo en desarrollo, y no está dispuesta a aceptar que Pekín controle completamente los BRICS. Todo esto significa que no es fácil alcanzar acuerdos sustantivos en su seno, por lo que la coherencia del grupo es limitada.

Los BRICS; la Iniciativa de la Franja y la Ruta; el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructuras; las Iniciativas Globales de Desarrollo, Seguridad y Civilizaciones; la amplia red de acuerdos comerciales de libre cambio; el esquema de cumbres con grupos regionales...: cada uno de estos nuevos acuerdos u organismos multilaterales son piezas del nuevo orden internacional. El mismo orden que China desea ir creando bajo su liderazgo, sin descuidar tampoco la tarea de cambiar desde dentro las instituciones ya existentes. Xulio Ríos ha escrito que China trata de cambiar el orden internacional siguiendo un enfoque distinto al occidental. No trata de crear bloques de países que comparten ciertos valores en oposición a quienes los rechazan, sino de sumar aliados para gestionar intereses compartidos. Está siguiendo para ello una táctica inspirada en la que el Partido Comunista utilizó para ganar la guerra civil en China: ir del campo a la ciudad, del sur al norte, acumular fuerzas en la periferia para asaltar el centro cuando llegue el momento.

Estas políticas han permitido a China realizar grandes avances en las distintas regiones del mundo en desarrollo. En África, por ejemplo, está incrementando su cooperación en materia agrícola y de producción de alimentos. Con el 20 por ciento de la población mundial y el 9 por ciento de tierra cultivable, China depende de las importaciones para garantizar su seguridad alimentaria; y es el mayor importador de alimentos del mundo. Éste es otro ejemplo de la fuerte dependencia del exterior que presenta la economía china: un tema de capital importancia para el Partido. Según el International Institute for Sustainable Development, África posee el 24 por ciento de la tierra de cultivo del planeta, pero ese porcentaje podría llegar al 60 por ciento si se aprovecharan adecuadamente todas las tierras disponibles. Para ello necesita tecnología y capital, y está interesada en las inversiones chinas en este terreno. En un continente que durante mucho tiempo ha vivido bajo la influencia europea, la construcción de infraestructuras mediante la Iniciativa de la Franja y la Ruta, las inversiones chinas en agricultura y en otros sectores y sus importaciones de materias primas están modificando su orientación geoestratégica tradicional. Las iniciativas chinas han permitido a muchos gobiernos africanos obtener la financiación que necesitan para llevar a cabo sus proyectos de desarrollo. Y ello sin tener que cumplir las condiciones políticas, económicas o de buena gobernanza —no sólo en relación con los derechos humanos, sino también con la lucha contra la corrupción— que establecen para ello los países occidentales o los organismos multilaterales. Esto ha permitido a Pekín construir alianzas sólidas con muchas de las élites locales, y le ha dado una gran influencia sobre muchas de ellas. Como me comentó una vez el embajador de uno de los Estados africanos con mejores relaciones con Europa, «China es en este momento el país más popular en África».

En Oriente Medio la influencia de China está creciendo, más porque los países de la región están tratando de reducir su tradicional dependencia de Estados Unidos que porque China esté desplegando en ellos iniciativas relevantes. Esto coincide con el relativo retraimiento de la presencia norteamericana en la región en años recientes, así como con el deterioro de su imagen a causa de su apoyo a Israel en Gaza. Ambas cuestiones podrían acentuarse durante la segunda presidencia de Donald Trump. Pekín ha mantenido históricamente una presencia discreta en la región. Una de las excepciones es Irán, con el cual desde hace tiempo mantiene relaciones más intensas. Cuando Arabia Saudí e Irán estaban a punto de alcanzar un entendimiento para reanudar sus relaciones diplomáticas, acordaron conceder un papel protagonista en la firma del acuerdo a Pekín, cuya aportación a las negociaciones hasta ese momento había sido muy limitada (las había impulsado Omán). Al hacerlo contribuyeron a fortalecer el peso político de China en la región y equilibraron así el que desde hace muchos años ha tenido Estados Unidos.

China se ha convertido en el principal socio comercial del mundo árabe, sobre todo por sus importaciones de energía. Los países del Golfo están tratando de diversificar sus economías, lo que ha permitido a Pekín aumentar su cooperación, incluidas las cuestiones de alta tecnología. China ha ayudado a Arabia Saudí, su principal proveedor de petróleo, a construir misiles balísticos y a desarrollar su programa nuclear, y está participando en su ambicioso programa de construcción de nuevas infraestructuras.

Sin embargo, este mayor papel de China en la región tiene unos límites. Arabia Saudí y Egipto agradecen tener otras opciones exteriores además de Estados Unidos, pero de ninguna forma quieren prescindir de Washington, especialmente en cuestiones de seguridad. China hasta ahora se ha mostrado más interesada en asegurar su suministro de energía y aprovechar las oportunidades económicas en la zona que en implicarse en sus problemas políticos. La inclinación china a no asumir riesgos en su política exterior tampoco ayuda. En una región tan volátil como Oriente Medio es necesario muchas veces que las grandes potencias se arremanguen y ejerzan presión para resolver sus diversos conflictos. Hasta ahora, China se ha mantenido básicamente al margen de los esfuerzos para solucionar el conflicto árabe-israelí, como se ha visto durante la guerra de Gaza. Ha tomado alguna iniciativa, como convocar a los líderes palestinos de la Autoridad Palestina y Hamás a Pekín, donde acordaron una declaración conjunta. Conseguir la reconciliación entre ambos es un objetivo crucial, pero para lograrlo hace falta mucho más que esa declaración. China tampoco ha intervenido de manera decisiva para intentar interrumpir los ataques de los grupos hutíes contra el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, en el mar Rojo, a pesar de su influencia sobre Irán, el apoyo principal de los hutíes. Se trata de una vía esencial para su propio comercio marítimo con Europa, una parte del cual se ha tenido que desviar alrededor del cabo de Buena Esperanza.

China había hecho progresos en Europa central y oriental, donde creó el Grupo 17+1 con diecisiete países de la región. Pero su apoyo a Rusia en la guerra de Ucrania ha arruinado sus esfuerzos, y el grupo está prácticamente desmantelado. Sigue manteniendo relaciones cercanas con dos de ellos: Serbia, el principal aliado de Rusia en los Balcanes; y Hungría, el miembro más díscolo de la Unión Europea. En el marco de la IFR se está construyendo un ferrocarril entre Belgrado y Budapest. Las relaciones con Hungría le resultan muy útiles para intentar desactivar las iniciativas más críticas hacia China que surgen en el seno de la Unión Europea. Ha recompensado a Budapest con algunas inversiones tecnológicas, incluidas fábricas de baterías y de vehículos eléctricos.

Los avances de China en América Latina han sido notables. Ya se han mencionado las estrechas relaciones comerciales que mantiene con muchos Estados latinoamericanos. Éstos desean recibir inversiones, y China compite con España por el puesto de segundo inversor en la región, centrándose en el sector de infraestructuras. Su mayor presencia económica se está traduciendo en una mayor presencia política, que se vio reforzada por el suministro de vacunas durante el coronavirus. En los últimos años algunos países latinoamericanos han roto la relación con Taiwán y la han establecido con China, como la República Dominicana, Panamá y Honduras. Tradicionalmente, todos ellos habían gravitado muy cerca de Washington. En Argentina, China ha construido una estación de seguimiento de satélites. Según la agencia de noticias Bloomberg, Brasil ha ofrecido a la empresa china de satélites SpaceSail —que compite con la empresa Starlink de Elon Musk— la posibilidad de lanzarlos desde una base militar brasileña en el nordeste del país. Un expresidente de Colombia me comentó un día que ahora al menos los países latinoamericanos tienen otra opción.

Al mismo tiempo, América Latina es la única región del mundo en desarrollo que por sus raíces históricas y culturales comparte con Estados Unidos y con la Unión Europea valores fundamentales. A veces surge una tensión entre esos valores que la empujan hacia Occidente, y unos intereses comerciales que la acercan a China. El embajador en Pekín de uno de los países que tradicionalmente han mantenido relaciones más cercanas con China me dijo en una ocasión: «Las negociaciones con el Gobierno chino resultan siempre muy complicadas por la lejanía cultural; por lo que, si podemos elegir entre dar un proyecto a una empresa china o a otra española, no te quepa duda de que se lo daremos a la española».

Para China las relaciones con Asia y el Pacífico son prioritarias porque quiere imponerse a Estados Unidos en su entorno inmediato. Pero es en Asia donde los resultados de su política hacia el Sur Global han sido más escasos. Sus vecinos sienten que China está muy cerca, que su peso es cada vez mayor; y tienen miedo de una excesiva gravitación de la región en torno a ella. La India ha tenido enfrentamientos armados con China en su frontera común del Himalaya, lo que la ha llevado a ingresar en el Quad. China no cree que la India pueda llegar a alcanzar un desarrollo económico similar al suyo, por su escasa cohesión cultural interna y sus carencias en educación, cultura empresarial o infraestructuras. Los dirigentes chinos están convencidos de que el sistema democrático es menos eficaz para salir del subdesarrollo que el sistema autoritario chino. El gran rival de la India, Pakistán, es en cambio el mejor amigo de China en Asia y uno de los mayores beneficiarios de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. En Afganistán —un vecino muy complicado, con el que comparte una corta frontera—, China se ha convertido en el país con mayor presencia tras la precipitada retirada de Estados Unidos, pero trata de evitar una excesiva implicación en sus problemas internos, centrándose en la lucha contra los grupos terroristas de origen uigur. En Asia central ha conseguido avances significativos, pero procurando no provocar roces con Moscú.

Los miembros de ASEAN dependen cada vez más del mercado chino, pero como vimos desean que Estados Unidos mantenga su presencia estratégica en la región como contrapeso de China.

En el Pacífico, Australia o Nueva Zelanda apoyan claramente a Estados Unidos, pero mantienen buenas relaciones económicas con Pekín. Se ha desencadenado una pugna de los tres contra China por la influencia sobre los pequeños Estados insulares del Pacífico sur. Esta región ha pasado de ser una zona olvidada a convertirse en un centro de rivalidad estratégica entre China y Occidente. La competencia entre unos y otros beneficia a estos pequeños países, porque obtienen mejores condiciones comerciales y más proyectos de cooperación. China ha reforzado mucho su presencia económica en todos ellos. Tiene una especial cercanía política con Islas Salomón, donde construye un puerto que muchos piensan que en el futuro podría utilizar su marina de guerra, lo que reforzaría su presencia en una zona muy alejada de sus costas. Pero la mayoría de las islas del Pacífico, al igual que los miembros de ASEAN, no quieren elegir entre China y los países occidentales, y tratan de mantener buenas relaciones con ambos.

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La rivalidad política: los amigos de Estados Unidos

Mientras que China salió de su aislamiento milenario en 1978, la historia de Estados Unidos es muy diferente. Durante sus primeros años de independencia siguió la recomendación de George Washington en su mensaje de despedida de mantenerse al margen de las guerras europeas. Le ayudaba sentirse protegido por dos océanos y no verse amenazado ni por Canadá ni por México, al que derrotó en el conflicto armado que terminó en 1848 y que le permitió expandir sustancialmente su territorio. Salió momentáneamente de su aislamiento con la guerra de Cuba contra España en 1898, una guerra de agresión característica de los años del imperialismo. Pero los cambios decisivos vinieron con su participación en las dos contiendas mundiales. Al acabar la primera, el Congreso norteamericano rechazó la participación de Estados Unidos en la Sociedad de Naciones, lo que contribuyó a la impotencia de ésta para detener la cadena de acontecimientos que condujeron a la Segunda Guerra Mundial. En 1945 Estados Unidos aprendió la lección de su decisión anterior e ingresó en la Organización de las Naciones Unidas. Unos años después lanzó el Plan Marshall y fundó la OTAN, otorgando una garantía de seguridad a sus aliados europeos para defenderlos del expansionismo soviético. El aislamiento había terminado.

El triunfo de Estados Unidos en la Guerra Fría y el colapso de la Unión Soviética abrieron un período de dominio norteamericano en la escena internacional. Fueron unos años en los que, junto con su poderío militar, político y económico, se fortalecieron su poder blando, su prestigio como nación y el atractivo global de su cultura. Pero su posición hegemónica lo llevó a intervenir militarmente en otros países sin la autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas —en la antigua Yugoslavia en 1999 y en Irak en 2003—, lo que dañó su imagen exterior. Lo mismo puede decirse de las violaciones de los derechos humanos que cometió con sus prisioneros en Abu Ghraib y Guantánamo, durante la guerra contra el terrorismo declarada por George Bush hijo. La crisis financiera de 2008 y la posterior elección de Trump debilitaron aún más su posición. En esos años se empezó a sentir claramente el ascenso de China, sobre todo tras la llegada de Xi Jinping al poder en 2012.

En la política norteamericana siempre han coexistido una corriente aislacionista, más fuerte en el Partido Republicano, y otra internacionalista, más extendida en el Partido Demócrata. Trump se inscribía claramente en la primera. Tras su elección siguió una política de retraimiento internacional, proteccionismo económico y retirada de organismos internacionales como la UNESCO o el Acuerdo de París contra el cambio climático. China lo aprovechó para ganar terreno, llenando espacios vacíos que Trump había ido abandonando. Como hemos visto, sus avances fueron notables en el Sur Global.

Cuando Joe Biden fue elegido, uno de los puntos principales de su política exterior fue terminar con la posición aislacionista de Trump. La influencia de Estados Unidos y de los valores que representa seguía siendo grande, como pudo verse en el fuerte apoyo que obtuvieron en 2022 en la Asamblea General de las Naciones Unidas dos resoluciones contrarias a la invasión rusa de Ucrania. Biden se dedicó a reconstruir las alianzas exteriores que Trump había descuidado. Empezó por Asia, donde lanzó su estrategia del Indopacífico, con el objeto de movilizar a los gobiernos de la región en defensa de los principios democráticos, la seguridad regional, la profundización de sus relaciones económicas y la mejora de su conectividad. Biden creó una serie de organizaciones regionales destinadas a desarrollar la estrategia del Indopacífico para establecer un contrapeso a la creciente influencia de China en la zona.

El Quad está formado por Estados Unidos, Japón, Australia y la India. La presencia de la India es significativa, porque tradicionalmente sus relaciones con Estados Unidos han sido distantes. Durante la Guerra Fría mantuvo una mayor proximidad con Moscú que con Washington y se enfrentó a Occidente para defender los intereses del mundo en desarrollo. Eso no significa que la India haya dado un giro radical en sus posiciones. Rusia sigue siendo su principal suministrador de armamento, y mantiene una posición de neutralidad en la guerra de Ucrania. Pero su presencia en el Quad ha supuesto un acercamiento a Estados Unidos.

A ello contribuyó el empeoramiento de sus relaciones con China, como consecuencia de los incidentes armados en la frontera del Himalaya. Existe además desde hace tiempo una relación especial entre China y Pakistán, su principal adversario. El gobierno indio mira con recelo los avances chinos en países que han estado tradicionalmente bajo su influencia, como Sri Lanka, Maldivas o Bangladés. La participación india en el Quad tiene como contrapartida el rechazo de Nueva Dehli a que en él se traten cuestiones de seguridad. Ha centrado su actividad en los asuntos económicos, tecnologías emergentes, desarrollo de infraestructuras, cambio climático o lucha contra la pesca ilegal.

El AUKUS, formado por Estados Unidos, el Reino Unido y Australia, sí tiene en cambio un fuerte componente de seguridad y defensa. Constituye el eslabón más duro de la cadena de acuerdos que Estados Unidos ha construido en la región para tratar de contener a China. Su objetivo es reforzar las capacidades navales y defensivas de Australia para que pueda asumir un papel de mayor protagonismo y hacer frente a la proyección militar china en Asia-Pacífico. Incluye la cesión de tecnología por parte de Washington y Londres para que Canberra pueda construir submarinos nucleares. Pekín ha reaccionado con evidente preocupación indicando que el AUKUS modifica el equilibrio estratégico en esa parte del mundo. Ha denunciado esa decisión como «extremadamente irresponsable», como una expresión de la mentalidad de guerra fría de Washington y una violación del Tratado de No Proliferación Nuclear. Los medios chinos han destacado que los submarinos de propulsión nuclear son instrumentos para lanzar ataques estratégicos y que sería muy fácil para Washington equipar a Canberra con misiles atómicos para sus submarinos, por lo que Australia puede convertirse en objetivo potencial de los misiles nucleares chinos.

Las relaciones entre China y Australia son intensas, pero han tenido fuertes altibajos. Muchos jóvenes chinos estudian en Australia, y el comercio exterior australiano depende en gran medida del mercado chino, que es el destino de un tercio de sus exportaciones. Pero Pekín restringió las compras de productos australianos después de que Australia pidiera una investigación internacional sobre los orígenes de la COVID-19. Canberra ha criticado asimismo la política china en Taiwán, el mar del Sur de China, Sinkiang y Hong Kong. Las autoridades australianas han afirmado que esperan que Trump apoye el AUKUS, señalando el apoyo bipartidista de que goza en el Congreso norteamericano.

Nueva Zelanda es un socio estratégico de Estados Unidos, aunque ha tratado de mantener unas relaciones menos conflictivas con China. Es uno de los integrantes del grupo Cinco Ojos, en el que coopera con Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y Australia en asuntos de inteligencia. Colabora con Estados Unidos y Australia en las islas del Pacífico, tratando de reforzar sus relaciones con ellas para frenar los progresos de China en la zona.

Japón mantiene intensas relaciones económicas con China, pero existe entre ambos una gran desconfianza política. El ascenso económico y político de Japón en el siglo XIX lo convirtió en el rival de China, que hasta entonces había dominado Asia. La victoria japonesa en la guerra de 1895 obligó a China a cederle Taiwán y la península de Liaodong en Manchuria. En 1931 Japón invadió el resto de Manchuria y en 1937 amplió sus operaciones ocupando buena parte de China hasta 1945. La invasión japonesa ha dejado un recuerdo muy amargo en China y sigue envenenando las relaciones bilaterales, que en el plano económico y comercial son muy intensas. Las inversiones japonesas han sido cruciales para el desarrollo económico chino. Japón está seriamente preocupado ante el fortalecimiento de China, y ésta ve en Tokio un peón de la estrategia de Washington para contenerlo. Ambos mantienen una disputa por la soberanía de las islas Senkaku/Diaoyu, en el mar de la China Oriental.

Aunque en menor medida, en el caso de Corea del Sur también se combinan la desconfianza política con las buenas relaciones económicas. Un amigo coreano me comentó que, como en el caso de los miembros de ASEAN, China sigue percibiendo a Corea como un país más pequeño, que debe mostrarse deferente ante los intereses de su vecino más grande. Los esfuerzos chinos por atraer a Corea del Sur a sus filas no prosperan porque Seúl condena el apoyo de China a Corea del Norte. Pionyang mantiene el 90 por ciento de su comercio con China, lo que le da a ésta una palanca de presión muy grande, si la quisiera utilizar. Pero China no parece mostrar especial interés en hacerlo. Corea del Norte es para ella una baza política útil en sus relaciones con Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. No le interesa en absoluto ver una península de Corea reunificada y democrática bajo la influencia de Estados Unidos. Al mismo tiempo, Pionyang es un vecino incómodo, al que no controla del todo, y que le puede crear problemas en dos frentes. Con Estados Unidos, por su política nuclear y por su apoyo a Rusia en Ucrania. Y con la propia Rusia, ya que una excesiva cercanía entre Rusia y Corea del Norte —especialmente en el plano militar, que es donde las relaciones han avanzado más en los últimos tiempos— es contemplada con inquietud en Pekín. La participación de tropas norcoreanas en la guerra de Ucrania resulta muy preocupante para China por lo que significa de avance de la influencia rusa en el nordeste de Asia, una región de importancia estratégica para ella.

Japón y Corea del Sur mantienen entre sí unas relaciones muy complicadas. En Corea se mantiene vivo el recuerdo de la ocupación japonesa y su conversión en colonia de Tokio entre 1919 y 1945, que incluyó episodios como el de las mujeres coreanas que fueron forzadas a prostituirse con los militares japoneses. Por eso la convocatoria en Camp David en agosto de 2023 de una cumbre tripartita de Estados Unidos con Japón y con Corea del Sur supuso un importante logro diplomático norteamericano. La cumbre envió el mensaje de que Tokio y Seúl son conscientes de que deben apoyarse mutuamente para hacer frente a China, y de que deben hacerlo en coordinación con Estados Unidos. Para ello tienen que dejar a un lado sus diferencias, que desde luego no han desaparecido. Es significativo que los temas de seguridad se hayan incluido en los planes de cooperación de Washington, Tokio y Seúl.

Estados Unidos convocó una nueva cumbre en Camp David en abril de 2024, esta vez con Japón y Filipinas. Mientras el presidente filipino Duterte priorizó las relaciones con China, su sucesor Marcos ha optado por plantar cara a la política de Pekín de expulsar a Manila de algunos cayos y atolones del mar del Sur de China, para lo cual necesita el apoyo de Estados Unidos. Una relación más estrecha entre Filipinas y Estados Unidos supone un serio problema para los intereses de China en la región. La implicación de Tokio lo complica todavía más.

La presencia de Japón en ambas cumbres refleja su papel clave en Asia-Pacífico, su preocupación con China y su determinación de fortalecer aún más su alianza con Estados Unidos. Es significativa su convicción de ir más allá en su política de defensa e incrementar su presupuesto militar. Desde 1945, Japón había mantenido una política exterior pacifista limitando la dimensión y el armamento de sus fuerzas armadas. Ahora ha decidido reforzarlas, y no sólo para defender las islas cuya soberanía se disputa con Pekín. También para hacer frente a Rusia —con la que mantiene otro contencioso territorial sobre las islas Kuriles—, que ha incrementado su cooperación militar con China, realizando maniobras conjuntas cerca de sus aguas. Esta evolución en la posición japonesa preocupa mucho a Pekín, que teme que Tokio termine incorporándose al AUKUS, lo cual supondría un cambio cualitativo en la relación entre ambos.

Las dos cumbres en Camp David significaron un revés político para China. Japón y Corea del Sur son dos vecinos importantes, con quienes mantiene intensas relaciones comerciales y tecnológicas. China lleva años organizando con ellos cumbres trilaterales, pero se han enfocado sobre todo en cuestiones económicas. El giro en la política de Filipinas incrementa notablemente la volatilidad de la situación en el mar del Sur de China, así como los riesgos de la política china de reclamar la soberanía sobre gran parte de él.

Si Trump decidiera limitar los compromisos asumidos por Biden con Japón, Corea del Sur y Filipinas, todos ellos pueden encontrarse en una situación mucho más vulnerable ante su poderoso vecino.

Joe Biden trató igualmente de reforzar la proyección de la OTAN en Asia-Pacífico. Subrayó que la Alianza Atlántica debe contribuir a hacer frente al auge de China. Alegó que la creciente colaboración militar entre China y Rusia exige una mayor presencia de la OTAN en Asia. Recalcó que la seguridad es una cuestión global, no regional, y que los valores democráticos deben ser defendidos allá donde están amenazados. El Concepto Estratégico de la Alianza aprobado en la Cumbre de Madrid en 2023 expresó su preocupación sobre China. La Alianza ha invitado a los líderes de Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda a participar en sus cumbres. Ha propuesto abrir una oficina de enlace en Tokio, pero esta idea ha sido rechazada por algunos Estados europeos, encabezados por Francia. Éstos argumentaron que se deben evitar gestos que incrementen innecesariamente la tensión con Pekín, y que el ámbito de actuación de la OTAN es el Atlántico norte, no Asia-Pacífico. Aceptan colaborar con Estados Unidos en el Indopacífico, pero no desean una excesiva presencia de la Alianza en la zona. Japón era partidaria de abrir la oficina y alertaba del peligro de que un enfrentamiento sobre Taiwán pudiera provocar en la región un conflicto similar al de Ucrania. La Alianza ha ofrecido a Tokio intercambiar información y colaborar en materia de ciberseguridad y de asuntos del espacio exterior. Sus representantes repiten que ningún otro socio está más cerca de la Alianza Atlántica que Japón.

Trump se distanció de la OTAN en sus primeros cuatro años en la Casa Blanca y exigió a los europeos que contribuyeran más a los gastos para la defensa de Europa. Un aumento de su presencia en Asia podría interesarle en el marco de la estrategia de contención de China, pero todo dependerá de la posición que adopte sobre la OTAN y de su política hacia sus aliados europeos.

China ha criticado fuertemente los intentos de la Alianza Atlántica por «alargar sus tentáculos» hacia Asia-Pacífico y, en general, la «polarización y el conjunto de alianzas histéricas» que Estados Unidos está promoviendo en esa parte del mundo. Le preocupa que la OTAN intente estar presente cerca de sus fronteras. Alega que su ascenso es pacífico y que el incremento de la asistencia militar norteamericana a Taiwán, la estrategia del Indopacífico, el Quad, el AUKUS, los esfuerzos por acercar la Alianza a la región y el fortalecimiento de las alianzas de Estados Unidos con Japón, Corea del Sur y Filipinas tienen como objetivo empujar a las potencias regionales hacia una actitud de confrontación con China. Denuncia que todo ello refleja el propósito norteamericano de importar a Asia los bloques militares, la dinámica de confrontación y la mentalidad de guerra fría que existen en Europa. Al referirse a la Cumbre de Madrid de la Alianza, los portavoces del Gobierno chino declararon que definir a China como un «reto sistémico» es un error y ensucia la reputación de su política exterior. «La OTAN ya ha creado muchos problemas en Europa, que no los cree también en Asia-Pacífico y en el resto del mundo», afirmaron. Y recordaron el bombardeo de la Embajada china en Belgrado por aviones de la Alianza en 1999.

Con Trump se abre un interrogante sobre el futuro de estos nuevos esquemas de cooperación en Asia-Pacífico. Por una parte, su importancia para Estados Unidos es evidente en el marco de su rivalidad con China. Por la otra, Trump podría volver a hacer lo posible por limitar los compromisos exteriores norteamericanos, como hizo durante su primera administración.

Asia es el principal foco de interés para Washington en su objetivo de contener el ascenso de China. Es donde más avances ha realizado porque muchas de sus capitales comparten su preocupación por su fortalecimiento. En otras zonas del mundo en desarrollo, en cambio, sus esfuerzos no han producido tan buenos resultados. Asia central, por ejemplo, siempre ha sido una región muy alejada de los intereses estratégicos de Estados Unidos, que tradicionalmente la ha contemplado como el patio trasero de Rusia.

En 2022, Washington convocó una cumbre con líderes africanos, de la que salió un compromiso de invertir 52.924 millones de euros en el continente en 3 años. En él se acordó aumentar las inversiones y el comercio, mejorar la seguridad alimentaria (un sector en el que China ha invertido muchos recursos dentro de sus fronteras, pero no tantos fuera de ellas) y ayudar a la transformación digital de las economías africanas. Estados Unidos ha priorizado la construcción de infraestructuras mediante su Partenariado Global de Inversiones e Infraestructuras. Su objetivo es tratar de dar una respuesta a la Iniciativa de la Franja y la Ruta china. La Unión Europea se propone también afianzar su posición como principal socio de desarrollo en África mediante la Global Gateway. Juntos, Estados Unidos y la Unión Europea están desarrollando el Corredor de Lobito, en una zona que cubre los territorios de Zambia, la República Democrática del Congo y Angola y que llega hasta el puerto de Lobito, que se convertiría en el eje de las exportaciones de toda la región. El proyecto incluye el desarrollo de infraestructuras comerciales y de transporte, inversiones, proyectos de educación y de energías limpias, y armonizaciones en los marcos regulatorios y legislativos.

En América Latina la situación es más complicada, porque, a pesar de los progresos realizados por China, el peso político y estratégico de Estados Unidos continúa siendo grande. Estados Unidos es el primer inversor y socio comercial de América Latina, si bien en América del Sur los intercambios comerciales con China superan ya los de Estados Unidos. Su relación económica con México dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte es cada vez más intensa. La emigración latinoamericana a Estados Unidos genera muchos problemas, pero ha creado al mismo tiempo una vinculación profunda en ambas direcciones, en la que muchas familias están repartidas entre el norte, el centro y el sur del continente americano.

En sus primeros cuatro años como presidente de Estados Unidos, Donald Trump no prestó especial atención ni a África ni a América Latina. No visitó ningún país africano —Biden viajó a Angola en 2024—, y sólo viajó a Argentina para asistir a una cumbre del G-20. Esa actitud no le permitió reforzar su influencia ni ganar muchos amigos, ni en América Latina ni en África. Queda por ver si en su segunda presidencia su posición será la misma. El único país sobre el que ha puesto su foco es México. Ha anunciado su intención de apretar seriamente las tuercas a su vecino del sur para que solucione tres problemas que considera prioritarios: el flujo de emigrantes ilegales que llega a la frontera que ambos comparten, las exportaciones de fentanilo y el poder de los cárteles de narcotraficantes, y el déficit norteamericano en el comercio bilateral.

Tampoco Europa, con la excepción de España y Portugal, ha dedicado a América Latina la atención política y los recursos económicos que debería dedicarle. Resulta escandaloso por ejemplo que, tras unas negociaciones que duraron veinte años, el Acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur lleve varios años sin ser ratificado. Por eso es importante que en diciembre de 2024 se firmara un nuevo Acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, describió el acuerdo no sólo como una oportunidad económica, sino como una necesidad política, añadiendo que con él ambas partes estaban enviando un claro mensaje al mundo.

La Unión Europea ha dado un paso adelante comprometiendo 45.000 millones de euros para América Latina en el marco de la Global Gateway, que es la respuesta europea a la IFR china. Bruselas está tratando además de mejorar algunas de las prácticas de la política china en la zona. Pekín ha seguido hasta ahora un esquema tradicional centro-periferia, en el que importa materias primas a cambio de exportar productos industriales y tecnológicos. La Global Gateway incluye programas que promueven el procesamiento en la región de materias primas estratégicas como el litio. Ha creado la Alianza Digital con América Latina y el Caribe, orientada igualmente a incrementar el valor añadido de los bienes y servicios producidos en la región. El enfoque general del Global Gateway es trabajar para cubrir las necesidades reales de desarrollo de los Estados beneficiarios, lo cual no siempre ha sido el caso con la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Y hacerlo evitando prácticas como la opacidad en los contratos, la corrupción, el trabajo infantil o los atentados al medioambiente que en ocasiones se han detectado en algunos proyectos de la IFR.

The Longer Telegram, el informe del Atlantic Council, alega que en materia de alianzas Estados Unidos tiene una ventaja sobre China. Señala que Washington mantiene alianzas en todo el mundo, mientras que Pekín no tiene verdaderos aliados, más allá de países como Camboya o Pakistán. Ello se debería a que sus amigos lo son por interés económico o político, más que por sentirse atraídos por su cultura, su estilo de vida o su modelo de sociedad. Aunque algunos Estados en desarrollo tienen regímenes autoritarios, en general se muestran reacios a los aspectos totalitarios del régimen chino. En muchos de ellos existe una cierta desconfianza hacia China. Es demasiado diferente y muestra poco interés en mezclarse con ellos, hasta el punto de que lleva trabajadores chinos a otros países a construir las infraestructuras de la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

Es cierto, por ejemplo, que Moscú y Pekín siguen negando que la relación entre ellos constituya una alianza. Pero la verdad es que se parece mucho, aunque tenga límites claros. Tampoco tiene visos de debilitarse, habida cuenta de la importancia que tiene para ambos apoyarse mutuamente frente a Estados Unidos.

El poder blando de China en los países occidentales no es muy grande, pero la situación es bien distinta en el Sur Global. En él se entienden muchas veces los valores democráticos de una manera diferente a la de Occidente, al tiempo que se valoran mucho las inversiones y el comercio con China, y existe una genuina admiración por su impresionante crecimiento económico y político. Si en su segundo mandato Trump mantiene su desinterés por el mundo en desarrollo, China encontrará un terreno abonado para continuar reforzando su influencia en el Sur Global y en el conjunto de la comunidad internacional.

La principal alianza de Estados Unidos en todo el mundo es Europa. Conviene por ello examinar la relación de la Unión Europea con China y ver cómo incide sobre su relación con Estados Unidos.

Cuando Trump cambió la política de Estados Unidos hacia China, la Unión Europea era junto con Estados Unidos el primer socio comercial de Pekín. Alemania, sobre todo, había hecho una enorme apuesta de inversión y de comercio bilateral que le estaba produciendo grandes beneficios. La canciller Merkel viajaba prácticamente todos los años a China con un buen número de ministros y empresarios para firmar grandes contratos. Las principales empresas industriales alemanas —de automóviles, de ingeniería y las compañías químicas— se instalaron en China, que se convirtió en un elemento esencial de sus cuentas de resultados. El brusco viraje de Trump y sus salidas de tono se contemplaron inicialmente con disgusto en Europa. Pero la realidad es que muchos de los problemas de la Unión Europea con Pekín son muy parecidos a los de Estados Unidos.

Por ejemplo, los obstáculos de acceso al mercado, que para las empresas europeas son los mismos que para las norteamericanas. O la deslocalización de la producción hacia China, donde los salarios son más bajos, con la consiguiente pérdida de empleos. La creciente asertividad de la política exterior china preocupa en Europa, incluida la tensión en torno a Taiwán. La Unión Europea mantiene su política de Una Sola China, pero se opone al uso de la fuerza para abordar la cuestión de Taiwán, lo mismo que a posibles iniciativas norteamericanas dirigidas a alterar el statu quo derivadas del fuerte clima antichino existente en el país. Bruselas criticó asimismo el recorte de libertades en Hong Kong que tuvo lugar tras las protestas en las calles.

Todo ello condujo en 2019 a la definición de una nueva política de la Unión Europea hacia China. La Unión Europea distingue entre tres planos diferentes en sus relaciones con Pekín. China puede ser un socio para abordar cuestiones globales como la lucha contra el cambio climático, la protección de la biodiversidad, el apoyo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, la solución de crisis internacionales y otras cuestiones de la agenda multilateral. Al mismo tiempo, es un competidor en asuntos como las nuevas tecnologías —en las que se incluye la necesidad de regular cuestiones como la inteligencia artificial— o en los temas comerciales. Finalmente, la Unión Europea identifica a China como un rival sistémico en una serie de cuestiones en las que su política es contraria a los intereses europeos, como su visión de los derechos humanos, la voluntad de establecer un nuevo orden internacional o las violaciones al derecho internacional en el mar del Sur de China.

Los dirigentes chinos nunca han entendido esta nueva política de la Unión Europea. El enviado especial para Europa del Gobierno chino, Wu Hongbo, me dijo en una ocasión que es una política contradictoria, como si en un semáforo estuvieran encendidos al mismo tiempo el color verde, el amarillo y el rojo. Tampoco aceptan la expresión rival sistémico, que equiparan al de enemigo, algo muy alejado del significado que tiene ese término para los europeos.

El cambio de paradigma en la política de la Unión Europea hacia China tiene una razón de fondo, que es la misma que había provocado el cambio en la política de Estados Unidos. El fortalecimiento de China ha modificado el equilibrio de poder, y eso afecta a los intereses europeos. China ya no es un país frágil, sino una economía gigantesca que inunda Europa con sus exportaciones, y cuyas inversiones se deben revisar con lupa para que no afecten a sectores estratégicos. Es una gran potencia política y militar con unos valores diferentes de los europeos, ante la que Europa debe reaccionar para proteger los suyos. Es, en suma, un nuevo actor global, y la Unión Europea debe adaptar su política a esa transformación.

En los últimos años se han acumulado los problemas en las relaciones de la Unión Europea con China. Las medidas de coerción económica que Pekín aplica en ocasiones a países con los que ha tenido problemas afectaron directamente a un Estado miembro, Lituania. Se multiplicaron los ciberataques a infraestructuras y entidades públicas y privadas europeas. También los intentos de desinformación y la penetración de los servicios de inteligencia chinos en círculos políticos, periodísticos o académicos europeos.

Tres cuestiones han desempeñado un papel relevante en este deterioro de las relaciones entre China y la Unión Europea: los problemas de derechos humanos, su posición sobre la guerra de Ucrania y los desequilibrios en las relaciones económicas y comerciales.

La Unión Europea está construida en torno a una serie de valores, entre los cuales el respeto a los derechos humanos ocupa un lugar central. Europa es el continente donde históricamente más se han violado esos derechos: ha sido la cuna de múltiples episodios de intolerancia política o religiosa, del racismo y del imperialismo. Aquí surgieron el nazismo y el estalinismo, y aquí se originaron dos guerras mundiales. Pero en 1945 Europa decidió mirarse al espejo y dio un giro radical colocando en el centro de su identidad política los valores democráticos. Desde entonces la Unión Europea ha asumido un papel protagonista en la defensa global de los derechos humanos.

Las violaciones de los derechos humanos en la provincia de Sinkiang afectaron seriamente a la imagen de China en Europa y provocaron fuertes críticas en el Parlamento Europeo y en los medios de comunicación. Todo eso llevó a la Unión Europea a imponer sanciones a determinadas autoridades de la provincia. La respuesta china fue establecer unas sanciones más amplias a autoridades europeas, incluyendo a miembros del Parlamento Europeo. El intercambio de sanciones dañó las relaciones bilaterales y provocó el congelamiento indefinido de la ratificación del Acuerdo General de Inversiones, que ambas partes habían firmado pocas semanas antes. Era un acuerdo importante, porque en él China aceptaba revisar parcialmente algunas de las barreras de acceso a su mercado. Entre ellos los subsidios, el apoyo a las empresas públicas, la protección de la propiedad intelectual o el trato a los trabajadores chinos en las compañías europeas instaladas en China, ampliando notablemente sus derechos. El acuerdo estaba pendiente de ser ratificado por el Parlamento Europeo, que se negó a hacerlo mientras algunos de sus miembros estuvieran sancionados por Pekín.

El apoyo chino a Rusia tras su invasión de Ucrania es probablemente el factor que más ha influido en el deterioro de las relaciones con Europa. Los países europeos plantearon desde el principio a Pekín que utilizara su buena relación con Moscú para conseguir que pusiera fin a su agresión. Pero China no tenía ninguna intención de hacer nada que pudiera crearle problemas con Rusia. La desinformación en los medios chinos sobre la guerra de Ucrania ha sido constante. Han repetido los argumentos rusos para justificar la invasión y han acusado a Europa de echar leña al fuego y de dejarse arrastrar por Estados Unidos a una confrontación que no desea. La realidad es que ha sido la propia Europa la que ha apostado por reforzar sus vínculos con Estados Unidos ante la amenaza de Moscú. Países con una larga historia de neutralidad como Finlandia y Suecia han roto con ella y han decidido ingresar en la OTAN.

China no parece haber entendido que la agresión rusa contra Ucrania es una amenaza existencial para Europa, que ve amenazado el orden político y de seguridad que ha permitido la estabilidad y la prosperidad del continente durante décadas. Tampoco parece haberse dado cuenta del daño que su apoyo a Moscú ha causado a sus relaciones con la Unión Europea. Ésta difícilmente puede aceptar que un gobierno que dice que quiere tener las mejores relaciones con ella esté al mismo tiempo apoyando a quien pone en grave peligro su seguridad y su estabilidad política.

Los derechos humanos y Ucrania son dos cuestiones relevantes porque apuntan a una de las dificultades que tiene China para entender la sociedad europea. En Europa los valores importan. La defensa de los valores democráticos es un aspecto fundamental de la sociedad europea. Esto no siempre es bien comprendido en China, donde las cosas son diferentes. Los valores cuentan, desde luego, pero tienen un papel más limitado en el contrato social básico existente en China: yo acepto que el Partido gobierne y a cambio me da seguridad y mejora mi situación económica. Es un contrato social que no empuja a la sociedad china hacia una discusión sobre valores. En China lo que importa es lo que piensa el Partido, y a eso tienen que amoldarse todos. No se permite un debate abierto sobre los principios que están en la base de sus decisiones. Por eso la política china hacia Europa está basada en ofrecerle un (limitado) acceso a su enorme mercado a cambio de tratar de separarla del dominio de Estados Unidos. Pero los dirigentes chinos no entienden que eso no es suficiente, que los valores ejercen un papel significativo en Europa y que lo que ellos están haciendo en Ucrania y en Sinkiang está teniendo un coste muy alto en sus relaciones con Bruselas.

Los desequilibrios en las relaciones comerciales han tenido también su papel. En 2022 la Unión Europea presentó un déficit con China de casi 385.000 millones de euros, el déficit más abultado en cualquier relación comercial de la historia. Incluso Alemania, que mantuvo durante muchos años un superávit con Pekín, tiene ya una balanza comercial negativa. España ha tenido estos últimos años una tasa de cobertura con China por debajo del 20 por ciento, pese a que su balanza de pagos con el resto del mundo es equilibrada. Eso significa que el problema no es que nuestras empresas no sean competitivas, sino que en el mercado chino existen múltiples barreras de acceso que lo hacen diferente a los demás. La Unión Europea lleva mucho tiempo pidiendo a China que elimine esas barreras y establezca un terreno de juego equilibrado, en el que las empresas europeas puedan hacer en China lo mismo que las chinas pueden hacer en Europa. La falta de una respuesta satisfactoria de Pekín ha creado una gran frustración en la Unión Europea. Los asuntos comerciales se han convertido en una cuestión política y ocupan un lugar destacado en las cumbres bilaterales.

Recuerdo dos casos concretos en mis años en Pekín. Las empresas españolas y de otros países estaban aumentando mucho sus exportaciones en un determinado sector de bienes de consumo. La reacción de las autoridades chinas fue cambiar de repente el marco regulatorio, exigiendo una serie de pruebas técnicas adicionales que no tenían ninguna justificación científica y que incrementaban notablemente el precio de esos productos. El resultado fue que las exportaciones a China en ese sector se desplomaron, lo que provocó las protestas de los Estados afectados.

En otro sector industrial en el que las exportaciones españolas habían crecido mucho, algunas empresas recibieron presiones de las autoridades para que construyeran fábricas en la propia China, y así no necesitarían seguir importando esos productos desde España. Eso permitiría además a sus socios chinos el acceso a su tecnología.

La frustración europea ante el comportamiento comercial de China está en la base de la decisión de Bruselas de imponer en 2024 fuertes tarifas aduaneras a los vehículos eléctricos chinos, alegando que reciben múltiples subsidios del gobierno. Estos subsidios han generado un exceso de capacidad de producción que se traduce en exportaciones masivas a precios muy bajos. Europa no quiere que a su industria del automóvil le pase lo mismo que a la industria de los paneles solares, que hace unos años fue laminada por las importaciones de paneles chinos subvencionados a precios imbatibles. La Unión Europea no quiso en esa ocasión subir las tarifas aduaneras, a fin de no perjudicar la expansión de las energías renovables. Las tarifas impuestas a los vehículos eléctricos han sido denunciadas como proteccionistas por las autoridades chinas. Añaden que tendrán efectos negativos para los consumidores, para la transición ecológica y para el progreso de la industria europea del automóvil. Alegan que sus vehículos eléctricos se venden muy bien no sólo porque son más baratos que los europeos, sino porque son mejores. Han tomado represalias abriendo una investigación por supuesta competencia desleal a las importaciones de otros productos europeos.

Una espiral de tarifas podría provocar una guerra comercial y una mayor desvinculación entre las economías europea y china. Esto no sería deseable y causaría graves perjuicios a ambas partes, dada la fuerte interdependencia que existe entre ellas. Los enfrentamientos entre bloques comerciales en épocas pasadas tuvieron graves consecuencias políticas. China tiene mucho que perder, porque depende más del mercado europeo que viceversa. Le envía un 20 por ciento de sus exportaciones, mientras que las ventas a China significan sólo el 9 por ciento del total de las exportaciones europeas. Recibe de Europa tecnología, servicios y técnicas empresariales que necesita para que su economía suba peldaños en las cadenas de valor globales. Una guerra comercial no es deseable, pero tampoco lo es que China rechace mantener una relación económica equilibrada con Europa. Si Pekín desea mejorar sus relaciones con Bruselas, tendrá que mostrarse receptivo a las quejas europeas por algunas de sus políticas.

Los europeos tienen sus propias vulnerabilidades. La pandemia de la COVID-19 mostró la fuerte dependencia de Europa con respecto a China en productos esenciales, como los suministros sanitarios. Lo mismo sucede con las baterías eléctricas, el litio procesado o las tierras raras, imprescindibles para fabricar baterías y otros productos de alta tecnología. La Unión Europea ha llegado a la conclusión de que debe abordar ese problema, y ha empezado a aplicar en sus relaciones económicas y comerciales con China una política de reducción de riesgos (derisking, en inglés). Reducir riesgos significa limitar la dependencia en la importación de materiales estratégicos, así como considerar los factores de seguridad a la hora de tomar decisiones sobre temas comerciales o de inversiones. Por ejemplo, evitar las inversiones o la exportación de productos que puedan tener un doble uso civil y militar. Hacer pasar por un filtro de seguridad las inversiones extranjeras en determinados sectores clave. O impedir que datos sensibles sobre grandes infraestructuras puedan ser controlados por empresas tecnológicas de países no democráticos. Para eso la Unión Europea se está dotando de los medios necesarios, incluyendo un instrumento contra la coerción comercial, unos mecanismos de escrutinio más exigentes para las inversiones extranjeras, unas reglas para limitar los subsidios extranjeros en los productos importados o una ley que prohíbe que a partir de 2030 la Unión Europea dependa en más de un 65 por ciento de un solo suministrador en cualquier tipo de producto.

La Unión Europea ha desarrollado su propia estrategia para el Indopacífico. Como en el caso de Estados Unidos, procura contrarrestar el peso de China en la región mediante una mayor presencia política, económica y de los valores democráticos. Buques de guerra de algunos miembros de la Unión Europea, como Alemania, Francia Países Bajos y España han participado en operaciones navales en el mar del Sur de China en apoyo a la libertad de navegación. Al mismo tiempo, la Unión Europea ha tratado de evitar dar un enfoque abiertamente antichino a esta política.

En Pekín se contempla con preocupación el deterioro en los años recientes de las relaciones con la Unión Europea. Sus dirigentes conceden cierta relevancia al papel que puede desempeñar Europa en su actual pulso con Washington. Dada la importancia de las relaciones transatlánticas, ese papel puede ser significativo, para bien o para mal. Por eso Europa, y en primer lugar la Unión Europea, es un objetivo prioritario de la política exterior china.

Los dirigentes chinos tratan de atraer a Europa y de seducir a los europeos. Insisten en que no hay diferencias estratégicas ni grandes conflictos de fondo entre Europa y China, y que existen muchos más puntos de posible colaboración que de confrontación. Declaran que se trata de dos grandes civilizaciones con fuertes relaciones económicas, tecnológicas, educativas, turísticas y culturales. Existen diferencias naturales, porque su historia, nivel de desarrollo e ideología son distintos, pero esas diferencias se pueden manejar. Subrayan que ambas comparten los mismos intereses en muchos ámbitos: energías renovables, seguridad de las cadenas de suministros, salud pública y seguridad alimentaria, o el objetivo de evitar una desconexión entre sus economías, que perjudicaría a todos. Señalan que China y la Unión Europea no son rivales, sino socios que deben buscar puntos en común entre sus respectivas posiciones.

Un objetivo prioritario de China es tratar de separar a Europa todo lo posible de Estados Unidos. Para ello procura fomentar las divisiones entre ambos y alienta la idea de una mayor autonomía estratégica de la Unión Europea. Especialmente en asuntos vitales para ella como Taiwán, a fin de que la Unión Europea no apoye la política de Washington hacia la isla. También en cuestiones de seguridad, con la esperanza de ir creando grietas dentro de la OTAN o de impedir al menos su expansión a Asia. En realidad, los dirigentes chinos piensan que esa autonomía estratégica europea es muy limitada, y con frecuencia acusan a los europeos de seguidismo de Washington. Por ejemplo, cuando Lituania abrió en Vilna una Oficina de Representación de Taiwán, afirmaron inmediatamente que lo hizo a instancias de Estados Unidos.

Entre los países de Europa central y oriental que se integraron en el Grupo 17+1, había varios miembros de la Unión Europea, lo que le permitía a China intentar crear una cuña dentro de ella. Pero sus capitales llegaron a la conclusión de que con su participación en el grupo no obtenían ninguna ventaja práctica. Como ya se ha indicado, el apoyo de Pekín a Rusia en Ucrania paralizó su funcionamiento. En general, los dirigentes chinos prefieren manejar sus relaciones con Europa en el plano bilateral, más que con Bruselas, porque son conscientes de que en una relación bilateral su propio peso político y económico es siempre mayor.

A las críticas europeas contra las políticas chinas, Pekín ha respondido con las suyas propias. Respondió a las sanciones europeas sobre Sinkiang con otras sanciones más duras. Se quejó cuando Estados Unidos y la Unión Europea iniciaron un diálogo bilateral sobre China. Criticó la estrategia de reducción de riesgos de la Unión Europea en las relaciones económicas y comerciales, acusándola de proteccionista y discriminatoria. Pero en realidad China lleva muchos años haciendo lo mismo, tomando muy en cuenta los factores de seguridad en todas sus decisiones económicas. Más aún en los últimos tiempos, cuando todo lo relativo a la seguridad está desempeñando un papel cada vez mayor en las políticas del Partido. A los dirigentes chinos les irrita un cierto estilo europeo de plantear sus posiciones. Un antiguo embajador chino en una gran capital europea me dijo una vez que China es cada vez más paciente con los que quieren darle lecciones, y señaló que la Unión Europea debería aprender a mejorar el modo con el que transmite sus ideas al resto del mundo.

Si el objetivo de China es tratar de separar a la Unión Europea de Estados Unidos, el de la Unión Europea debe ser definir su propio espacio político en relación con China y con Estados Unidos, defendiendo sus valores y sus posiciones políticas.

La Unión Europea tiene sus propios intereses en ámbitos muy diversos. Es la primera potencia comercial del mundo. Su peso es considerable como actor político. Defiende un modelo de sociedad basado en los principios democráticos, la igualdad social y la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos. Ha dado pasos adelante creando un mercado y una moneda únicos, así como el espacio Schengen. También ha avanzado en temas como la gestión común de las vacunas contra la COVID-19, los fondos Next Generation, las sanciones a Rusia tras la invasión de Ucrania y el apoyo militar y financiero a Kiev. Busca reforzar su autodependencia con iniciativas como el proyecto Galileo, el GPS europeo.

Muchos de los problemas que tienen Estados Unidos y la Unión Europea con China son parecidos, y ambos quieren colaborar para hacerles frente. Pero también hay diferencias. Al contrario de lo que sucede con Estados Unidos, en la relación de la Unión Europea con China el componente de política de poder es menor. La Unión Europea no es una gran potencia que compite con China por la supremacía global. No existe una rivalidad comparable a la que China mantiene con Estados Unidos. Tampoco tiene una visión de juego de suma cero, en el que lo que uno gana el otro lo pierde. La Unión Europea no siempre está de acuerdo con la lógica de poder de Estados Unidos y sigue una línea más matizada, en la que pueden existir más elementos de colaboración con China.

La Unión Europea se ha separado en diferentes ocasiones de las políticas norteamericanas hacia Pekín. Cuando Trump lanzó su guerra comercial con China, la Unión Europea estaba de acuerdo con Estados Unidos en muchos de sus planteamientos de fondo, pero no en la forma en la que estaba defendiéndolos. Bruselas firmó con China a finales de 2020 el Acuerdo General de Inversiones (AGI), que era contemplado con escaso entusiasmo en Washington. Durante la administración Biden denunció los efectos proteccionistas de la Ley de Reducción de Inflación norteamericana. No se sumó al boicot norteamericano a los JJ. OO. de Invierno en 2022. A diferencia de Estados Unidos, y a pesar de sus fuertes críticas a las violaciones de los derechos humanos en Sinkiang, la Unión Europea nunca las ha calificado como un genocidio.

Con el regreso de Trump han surgido serios problemas en las relaciones entre Estados Unidos y sus aliados europeos. Ello complicará las relaciones en el seno de la OTAN, sobre la que Trump ya expresó sus dudas durante su primer mandato.

Las diferencias sobre Ucrania son muy graves, pero no son el único nubarrón en el horizonte de las relaciones entre Europa y Estados Unidos durante la segunda presidencia de Trump. Sus declaraciones sobre su voluntad de controlar Groenlandia, Canadá o el canal de Panamá, o su plan para expulsar a los palestinos de Gaza alarman profundamente a los europeos. Trump ha declarado también su voluntad de incrementar las tarifas a las importaciones europeas con el fin de eliminar el déficit comercial norteamericano con la Unión Europea, lo que puede abrir para Bruselas la perspectiva de otra guerra comercial, en este caso con Estados Unidos. Un retraimiento de Washington de sus responsabilidades internacionales podría generar una mayor inestabilidad global —con efectos particularmente negativos para Europa en Oriente Medio y África—, además de dar alas a China y a Rusia en las organizaciones internacionales. La salida norteamericana del Acuerdo de París sobre la lucha contra el cambio climático puede tener consecuencias muy perjudiciales para Europa y para el conjunto del planeta.

China puede ver todas estas posibles dificultades en las relaciones transatlánticas como una buena oportunidad para avanzar en su objetivo de separar a Europa de Estados Unidos. Pueden abrirse en efecto nuevas posibilidades para una mayor cooperación entre la Unión Europea y China sobre cuestiones como el cambio climático, la gestión de crisis internacionales o los temas de la agenda multilateral.

Pero la Unión Europea nunca va a acercarse demasiado a China, con la que mantiene diferencias de fondo sobre cuestiones de principio. Tampoco va a mostrarse equidistante, porque la Unión Europea mantiene una alianza con Estados Unidos basada en unos valores comunes, y cuando haga falta debe ser capaz de actuar de común acuerdo con Washington en defensa de ellos. El regreso de Trump a la Casa Blanca puede crear turbulencias en las relaciones transatlánticas, pero podría ser al mismo tiempo un fuerte estímulo para que Europa intentara reducir su dependencia defensiva de Estados Unidos, que es la razón de fondo de su dependencia política. Una cosa es la alianza, que Europa desea mantener, y otra la dependencia, que sería necesario eliminar.

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La rivalidad militar

Una política exterior más ambiciosa exige una capacidad militar a la altura de esas ambiciones. Junto con su rearme ideológico, Xi Jinping ha puesto en marcha también un rearme militar. Desde que llegó al poder inició un programa sostenido de reorganización y fortalecimiento de las fuerzas armadas chinas. Es un tema al que ha dedicado un interés especial. Xi trabajó al inicio de su carrera en el Ministerio de Defensa y mantiene un contacto muy estrecho con las fuerzas armadas, a las que controla con mano de hierro como presidente de la Comisión Militar Central. Ha dado prioridad a su programa de rearme porque sabe que puede necesitarlo. Es consciente de que su rivalidad política con Estados Unidos puede acabar traduciéndose en un enfrentamiento armado.

En su informe presentado ante el XX Congreso del Partido en 2022, Xi Jinping declaró que China se enfrenta a un entorno exterior muy difícil, en el que «los esfuerzos exteriores por sujetar o contener a China pueden escalar en cualquier momento». Para hacerles frente, Xi marcó como objetivo la modernización de las fuerzas armadas para que alcanzaran un nivel cualitativamente superior al actual en 2027, año del primer centenario de la creación del Ejército Popular de Liberación (EPL). El programa de modernización debe estar básicamente completado en 2035. El plan prevé que las FF. AA. chinas estén a la altura de las mejores del mundo en 2049, cuando la República Popular de China cumpla sus primeros cien años. Sus puntos centrales son la revisión de la doctrina militar y del entrenamiento, la creación de una estructura logística moderna y el desarrollo de capacidades de combate inteligentes no tripuladas. Según The Guardian, en un discurso ante la cúpula del EPL Xi Jinping ordenó a sus generales que enfocaran toda su energía a luchar, a prepararse para una guerra y a mejorar su capacidad para ganarla.

El presidente del Grupo Eurasia, Cliff Kupchan, cree que en estos momentos la superioridad militar global de Estados Unidos es incuestionable. Washington dispone de una red global de bases militares, de un amplio sistema de alianzas y de un número mucho mayor de cabezas nucleares, algo más de 5.000 frente a unas 500 de China. Su tecnología militar sigue estando en general por delante de la china. El gasto militar chino es algo más de un tercio de su equivalente norteamericano. Sin embargo, para Kupchan en el teatro de operaciones de Asia-Pacífico la tendencia apunta hacia una paridad. El programa de rearme chino va dirigido fundamentalmente a fortalecer su posición en esa zona.

China no pretende por ahora disputar la superioridad militar global de Estados Unidos, pero quiere ser la potencia dominante en las zonas próximas a su territorio. Piensa que Washington debería entenderlo. No aspira a ser la potencia hegemónica en Europa ni en el golfo de México, pero sí en su vecindad inmediata. Si pretende ser una gran potencia no puede permitir que Estados Unidos controle Taiwán ni el mar del Sur de China, que contempla de forma no muy distinta a como Estados Unidos contempla el Caribe. Tiene que controlarlos ella.

Esto supondría una revolución estratégica en Asia-Pacífico. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos ha dominado esas aguas con su marina y con sus bases navales en Guam, Filipinas y Japón, además de Hawái y Corea del Sur. Pero los líderes chinos están convencidos de que la situación ha cambiado. Consideran que el equilibrio de poder en la zona se está moviendo de manera paulatina a favor de China.

Estados Unidos no está dispuesto a aceptar las pretensiones de Pekín. Sabe muy bien que perder su posición dominante en la región significaría una clara derrota ante su rival directo y un revés muy serio para su posición global. El mar del Sur de China tiene una gran importancia estratégica. Por sus vías de navegación transita el 65 por ciento del comercio marítimo mundial, incluidos los semiconductores taiwaneses, coreanos, norteamericanos y chinos de los que depende la industria electrónica en todo el mundo. En el siglo XX el centro de gravedad económico y político global estaba en el océano Atlántico. En el siglo XXI, ese centro de gravedad ha pasado al océano Pacífico, donde se concentra la mitad de la población del planeta y dos tercios de la economía mundial.

Estados Unidos no se siente ajeno a la región, sino parte de ella. El embajador norteamericano en Pekín, Nick Burns, recordó su presencia en Hawái, en Guam —en ambas posee grandes bases militares— y en Samoa Americana, subrayando que Estados Unidos es parte del Indopacífico y no tiene ninguna intención de dejar de serlo.

El presupuesto de defensa de China en 2024 ascendió a 222.282 millones de euros. Ha venido creciendo en los últimos ejercicios en torno a un 7 por ciento anual, pero las cifras reales podrían ser mayores. En China muchas industrias civiles —empezando por las de alta tecnología— desarrollan paralelamente proyectos vinculados a la defensa nacional. El Partido estimula esta simbiosis entre las industrias civiles y militares con subsidios, ventajas fiscales y todo tipo de incentivos económicos. Como apunta Eric Schmidt —antiguo presidente de Google—, promueve la competencia entre empresas y financia a los ganadores para convertirlos en campeones nacionales. Esas empresas tienen una función doble: obtener el mayor éxito comercial posible y promover los intereses chinos de seguridad nacional. La China de Xi Jinping, enfocada cada vez más en las cuestiones de seguridad, ha identificado como un objetivo esencial el desarrollo de este complejo militar-industrial.

Los principales objetivos estratégicos de China se encuentran en zonas marítimas aledañas, en Taiwán y en el mar del Sur de China. Su programa de rearme ha priorizado las fuerzas navales. La República Popular de China no va a repetir el error histórico que cometió el Imperio chino al no dotarse de una marina capaz de proteger sus costas, propiciando su derrota en las guerras el opio. Su marina tiene ya más buques que la de Estados Unidos y son más modernos, ya que el 70 por ciento de ellos se construyeron después de 2010. Su nuevo buque de asalto anfibio Tipo 076 —concebido para una posible invasión a Taiwán— incorpora nuevas tecnologías que mejoran considerablemente sus prestaciones. China tiene dos portaaviones y hay un tercero en construcción, el Fujian. El nombre no es casual. Fujian es la provincia china situada frente a la isla de Taiwán. La capacidad de proyección de fuerza del Fujian supone un salto cualitativo con respecto a los dos portaaviones anteriores, el Liaoning y el Shandong. Ha sido totalmente construido en China. Pekín planea disponer de seis portaaviones en 2035. Estados Unidos posee en estos momentos once.

La marina china posee asimismo seis submarinos nucleares. Consciente del poderío norteamericano en este terreno, Pekín dedica muchos recursos a la guerra antisubmarina. Está desarrollando nuevas tecnologías para mejorar su capacidad de detectar el ruido generado por un submarino en inmersión. Ha desplegado una red de sonares submarinos en torno a Taiwán, en el mar del Sur de China y cerca de Guam, donde Estados Unidos tiene su base principal en el océano Pacífico. Ha mejorado la capacidad de guerra antisubmarina de sus buques de superficie y de sus aviones y helicópteros.

China está reforzando su fuerza aérea para alcanzar una posición de superioridad en la zona. Está haciendo lo mismo con sus unidades de misiles, tanto los basados en tierra como los que se lanzan desde sus buques y aviones. Su misión sería atacar objetivos en Taiwán, así como a las unidades norteamericanas que puedan acudir en ayuda de la isla, incluidos los portaaviones y sus grupos de combate. En abril de 2022 las fuerzas ucranianas hundieron con dos misiles ucranianos Neptune el crucero ruso Moskva, buque insignia de la flota rusa del mar Negro. El buque había costado alrededor de 750 millones de dólares, y los misiles 500.000 dólares cada uno. Eric Schmidt comenta que un misil hipersónico antibuque chino de última generación, el YJ-21, podría hundir algún día un portaaviones estadounidense, cuyo coste asciende a unos 10.000 millones de dólares.

Pekín está ampliando su capacidad para lanzar las operaciones anfibias necesarias para un desembarco en Taiwán. Ha puesto un énfasis especial en sus capacidades de guerra no convencional, incluidos el uso de satélites, la guerra electrónica y las armas electromagnéticas, capaces de paralizar las infraestructuras de las ciudades enemigas sin causar muertes. El EPL trata de fortalecer cada uno de estos elementos, en una estrategia de acumulación de fuerzas cuyo objetivo es lograr una posición de superioridad de China en el teatro de operaciones de Taiwán.

Algo parecido está haciendo en el mar del Sur de China, donde busca alcanzar una posición más fuerte para respaldar sus reclamaciones de soberanía sobre amplias zonas del territorio. Ha convertido algunos de los islotes en disputa en bases militares, desde las que sus aviones de combate, su marina y su guardia costera multiplican sus patrullas por sus aguas.

Se han intensificado las maniobras militares conjuntas con Rusia. En las denominadas Vostok, en 2022, China desplegó fuerzas combinadas de tierra, mar y aire. Ambas marinas han organizado maniobras en torno a Japón, un adversario común. En 2023 buques rusos y chinos navegaron cerca de las islas Senkaku/Diaoyu. Atravesaron por primera vez el estrecho que separa las islas meridionales japonesas de Miyako y Okinawa, donde existe una gran base norteamericana.

China no se ha limitado a aumentar su presencia en los mares vecinos. Ha establecido su primera base naval en el exterior en Yibuti, y podría estar interesada en hacerlo en otros lugares. Nada comparable desde luego al número de bases que Estados Unidos posee en todo el mundo, que según Al Jazeera alcanza la cifra de 750 en 80 países distintos. Pero la creación de nuevas bases militares chinas alteraría el equilibrio estratégico global, y sería por lo tanto muy preocupante para Washington. Se ha hablado por ejemplo del interés chino en que sus unidades navales utilicen un puerto que está construyendo en Camboya, lo que le permitiría salvar el cuello de botella del estrecho de Malaca. También podría estar interesada en utilizar el puerto que está construyendo en las Islas Salomón, desde donde podría reforzar su proyección estratégica hacia el Pacífico sur, que hasta ahora ha sido totalmente controlado por Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Se ha llegado a hablar incluso de Gabón o de Guinea Ecuatorial, lo cual sería preocupante para Washington porque daría a China una presencia en el océano Atlántico, lo que aumentaría la vulnerabilidad de su Costa Este, de las rutas transatlánticas y de la propia Europa.

Como ya se ha comentado, en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, China ha construido muchos puertos y ha obtenido concesiones sobre otros, lo que le ha permitido controlar sus operaciones. Entre los que ha construido está el de Gwadar, en Pakistán, que daría una salida al océano Índico a la provincia china de Sinkiang. O el nuevo puerto de Chancay, en Perú, capaz de recibir a los buques contenedores más grandes del mundo, lo cual facilita el comercio directo entre América del Sur y China. Entre las concesiones que ha obtenido destaca el puerto del Pireo, en Grecia, que da a China el control de una de las principales instalaciones portuarias de toda la Unión Europea.

Estados Unidos ha criticado este aumento de la proyección global de China, incluidas las bases militares y la construcción de importantes infraestructuras. Ha denunciado los aspectos militares del programa espacial chino. Los portavoces chinos niegan las acusaciones norteamericanas y subrayan la dimensión pacífica de sus actividades en el espacio, con las que en los últimos años ha alcanzado grandes logros científicos.

Un aspecto crucial del proceso de rearme chino es su apuesta por las armas de alta tecnología. China ha basado tradicionalmente su doctrina militar en los esquemas tácticos y el armamento soviéticos, y más tarde en los rusos. Su primer portaaviones, el Liaoning, se lo compró a Ucrania. Su apoyo a Rusia en Ucrania puede estar dándole acceso al armamento ruso de última generación, que hasta ahora Moscú no había querido venderle. El interés chino se centra en dar el salto a las armas de alta tecnología. Los avances científicos están revolucionando el equilibrio militar; y colocarse en la vanguardia de esos cambios puede darle la oportunidad de acabar con la ventaja que hasta ahora ha tenido Estados Unidos en este terreno. China ha hecho progresos significativos en investigación y desarrollo en diferentes áreas, aunque no en todas. Su ecosistema económico favorece además la innovación, con un mercado que en muchos aspectos está menos regulado y es más salvaje que el de los países occidentales. El complejo militar-industrial, apoyado por el PCCh, está tratando de sacar el máximo partido a estas ventajas comparativas.

Eric Schmidt identifica dos sectores en los que la competencia científica y tecnológica entre Washington y Pekín puede tener repercusiones estratégicas de gran alcance. El primero es la inteligencia artificial, que tiene un papel esencial en el ámbito militar. La IA permite analizar millones de datos, identificar patrones e informar a los mandos sobre la actividad enemiga. Así lo ha hecho el ejército ucraniano en su guerra contra Rusia, en la que ha utilizado con gran eficacia drones aéreos y navales. Masas de drones podrían enviarse contra determinados objetivos para poder neutralizar sus defensas. La rápida circulación de datos y los mecanismos de IA podrían permitir a las unidades militares que combaten sobre el terreno disponer de microdrones que les sirvan como unidades de reconocimiento. O estar permanentemente conectados a la red para mejorar su toma de decisiones en tiempo real. Schmidt afirma que la inteligencia artificial no se limitará a ayudar a los humanos a tomar decisiones, sino que empezará a tomar decisiones por sí misma. La consecuencia será que los conflictos se desarrollarán a la velocidad de los ordenadores, no de las personas. Los sistemas de mando en los que las decisiones las sigan tomando las personas saldrán perdiendo frente a otros sistemas más rápidos y eficientes que integren a máquinas y personas. En el futuro, los ordenadores cuánticos ultrarrápidos permitirán procesar cantidades cada vez mayores de datos, generando programas de inteligencia artificial cada vez más eficientes. 2047 es el título de un libro escrito por un experto taiwanés en inteligencia artificial asentado en China, Kai-Fu Lee, que alerta de los peligros a los que puede conducir esta situación. Describe un mundo de armas automáticas —incluidas las nucleares— que toman sus propias decisiones al margen de los humanos y que podrían acabar cayendo en manos de grupos terroristas. De ahí la importancia crucial de alcanzar acuerdos internacionales sobre la regulación de la inteligencia artificial.

El segundo sector analizado por Schmidt es la computación cuántica. En su opinión, Estados Unidos sigue muy por delante de China en este campo, pero en la última década China ha invertido casi 10.000 millones de dólares en tecnología cuántica, 10 veces más que el gobierno norteamericano. China está trabajando para construir ordenadores cuánticos capaces de romper los códigos actuales de cifrado. Los algoritmos que podrían resistir el ataque de una computadora cuántica todavía no existen. Está invirtiendo en la creación de redes cuánticas con el fin de hacerlas impenetrables para otros servicios de inteligencia. La potencia que gane esta carrera podrá descifrar las comunicaciones encriptadas de la otra al tiempo que blinda las suyas. La prensa china publica con frecuencia noticias sobre los avances de los investigadores chinos en computación cuántica.

China y Rusia van por delante de Estados Unidos en ciertos sectores, como los misiles hipersónicos, que ambas ya poseen, tanto en sus fuerzas convencionales como en las nucleares. China tiene el arsenal hipersónico más importante, incluido el misil de planeo DF-ZF, que tuve la ocasión de ver en la plaza de Tiananmén durante el desfile conmemorativo del 70 aniversario de la creación de la República Popular de China, el 1 de octubre de 2019. El lanzamiento de un misil hipersónico supone la puesta en órbita en el espacio de un artefacto cuya trayectoria puede ser modificada posteriormente antes de alcanzar su objetivo en la Tierra. Su valor militar reside en su velocidad, que es entre cinco y diez veces la velocidad del sonido, así como en el hecho de que no sigue una trayectoria fija y puede ser guiado de diferentes maneras hacia su objetivo, por lo que a los sistemas de defensa antimisiles les resulta mucho más difícil destruirlo. Más aún si se lanzaran sobrevolando el Polo Sur, al estar los dispositivos defensivos norteamericanos orientados para hacer frente a amenazas procedentes del Polo Norte. En una prueba llevada a cabo en 2021, un misil hipersónico chino dio la vuelta a la Tierra antes de alcanzar su objetivo. Los misiles hipersónicos pueden volar a una altura muy baja, lo que dificulta aún más su localización por parte de los radares, reduciendo así el tiempo de reacción de los sistemas antimisiles. La tecnología hipersónica está en sus comienzos y aún debe solucionar problemas de maniobrabilidad y precisión. China ha construido un túnel de prueba para experimentar con dichas velocidades, y los medios chinos también informan de vez en cuando sobre los progresos alcanzados en estas investigaciones.

Los ejércitos y las economías modernas dependen totalmente de las infraestructuras digitales, por lo que es probable que una guerra futura entre las grandes potencias empiece con un ciberataque masivo. Éstos pueden dirigirse contra instalaciones de uso militar directo, como bases militares o centros de mando y control. También contra otras de doble uso militar y civil, como puertos, aeropuertos, redes eléctricas, redes de comunicaciones u oleoductos. Tanto China como Estados Unidos están dado pasos para poder realizar ataques de este tipo. En 2023 un ataque informático denominado Volt Typhoon, atribuido por las autoridades de Estados Unidos a los servicios de seguridad chinos, logró infiltrarse en los programas de control de centrales eléctricas y de comunicaciones, así como en infraestructuras de transporte y suministro de agua de Estados Unidos. Según fuentes norteamericanas, su objetivo era prepararse para poder paralizarlas en caso de guerra, lo que afectaría gravemente a la capacidad de Estados Unidos para defenderse.

Los norteamericanos y los israelíes, por su parte, habrían utilizado en 2010 el virus Stuxnet para atacar y paralizar la planta nuclear iraní de Natanz. Edward Snowden desveló en 2013 que Estados Unidos habría atacado las redes de teléfonos móviles chinas, así como sus universidades y cables submarinos.

La prioridad que da China a la guerra electrónica llevó en 2024 a la creación de la Fuerza de Apoyo de Información (FAI) en el seno del Ejército Popular de Liberación. Xi Jinping estuvo presente en el acto de creación de la FAI, en el que declaró que su misión era prestar apoyo a las operaciones de combate mediante el dominio de la información, integrando todos sus recursos, asegurando su transmisión fluida, reforzando su protección e integrándola en el sistema conjunto de combate de todas las fuerzas armadas. Según el diario de Hong Kong South China Morning Post, la FAI se centrará en obtener información, distribuirla a todas las fuerzas armadas y asegurarse de que el enemigo no pueda acceder a ella.

En el XX Congreso del Partido Xi Jinping dijo que China va a establecer un sistema robusto de disuasión estratégica, una cuestión que no había sido mencionada en el XIX Congreso en 2017. Muchos interpretaron sus palabras en el sentido de que China se propone ampliar y modernizar sus armas nucleares. Los portavoces chinos niegan haber iniciado un proceso de rearme nuclear y señalan que se trata de un proceso de avances cualitativos, más que cuantitativos. El Departamento de Defensa norteamericano, sin embargo, destaca que el programa chino de rearme nuclear puede significar que pase de las 500 cabezas nucleares actuales a unas 1.000 cabezas en 2030, y a 1.500 en 2035. Su objetivo sería cambiar su actual posición de «disuasión mínima» por otra de «vulnerabilidad mutua».

China ha poseído hasta ahora una modesta fuerza nuclear capaz de dar un golpe de respuesta a una potencia nuclear que la haya atacado antes. Pekín sigue afirmando que nunca será el primero en utilizar las armas nucleares. Pero ahora se siente ya una gran potencia y considera que sus capacidades nucleares son muy inferiores a las de Estados Unidos y Rusia, y que están muy por debajo de las que necesita. De ahí su decisión de reforzar las tres patas de su tríada nuclear, los misiles basados en tierra, los que se lanzan desde sus aviones y los que poseen sus fuerzas navales. Eso incluiría colocar cabezas nucleares en misiles hipersónicos que, como hemos visto, pueden ser muy difíciles de interceptar por las defensas antimisiles norteamericanas.

Esto explica su negativa a participar en conversaciones de desarme nuclear. Alega que no lo hará mientras Estados Unidos y Rusia sigan teniendo fuerzas nucleares claramente superiores a las suyas, con 5.000 cabezas nucleares cada uno de ellos. Al revés que Estados Unidos y Rusia, China no ha firmado ningún acuerdo de desarme nuclear.

Al mismo tiempo, Pekín apoya el Tratado de No Proliferación Nuclear y fue uno de los promotores de la declaración conjunta adoptada poco antes de la invasión rusa de Ucrania por los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, en su calidad de potencias nucleares. En ella se subraya que una guerra nuclear no puede ganarse y nunca debe ser librada, y que las armas nucleares sólo pueden servir para fines defensivos, de disuasión y de prevención de conflictos armados.

Una de las lecciones para Pekín de la guerra de Ucrania sería la resistencia de Estados Unidos y de la OTAN a implicarse en el conflicto más allá de cierto punto, a fin de evitar el peligro de una guerra nuclear con Rusia. La conclusión sería que China debe fortalecer sustancialmente su capacidad nuclear para disuadir a Washington de ir demasiado lejos en su apoyo a Taiwán en caso de conflicto abierto con China.

Porque todo este proceso de rearme chino tiene como principal objetivo fortalecer su posición estratégica en relación con Taiwán y con el mar del Sur de China. En el informe presentado por el Partido al XX Congreso se habla de desplegar más eficazmente sus fuerzas armadas de manera que sean capaces de ganar «guerras locales».

Ya vimos cómo se plantea la rivalidad política entre China y Estados Unidos en relación con Taiwán. En el plano militar, la estrategia china para una posible invasión de Taiwán sería combinar un ataque rápido y masivo utilizando sus misiles, barcos, aviones y capacidades de guerra no convencional, con una operación aeronaval de bloqueo de la isla. Intentaría controlar completamente el espacio aéreo y marítimo en torno a Taiwán de manera que, al tiempo que inicia los bombardeos de la isla y posteriormente la invasión mediante el desembarco de sus tropas, pueda rodearla por completo y denegar el acceso a Estados Unidos y a sus aliados. Sus portaaviones le permitirían proyectar su poder naval hacia el este, norte y sur de la isla, ya que las fuerzas chinas podrían controlar su fachada oeste desde sus bases en el continente.

Las operaciones navales y aéreas que China ha multiplicado en estos últimos años en torno a la isla persiguen entrenar a las unidades que tendrían que tomar parte en una posible invasión. La visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, creó una oportunidad para Pekín que ésta supo aprovechar. Como vimos, la respuesta china fue llevar a cabo unas maniobras navales y aéreas, así como el lanzamiento de misiles en torno a Taiwán. Las maniobras no se realizaron en zonas próximas al continente, sino en seis áreas oceánicas que rodean a la isla: tres al norte, dos al sur y una al este. Fueron unos ejercicios combinados navales, antisubmarinos, aéreos y de artillería de precisión, cuyo objetivo era mejorar la operatividad e interoperabilidad de diferentes tipos de armas y demostrar su capacidad para llevar a cabo el plan de ataque a la isla antes mencionado, bombardeándola, bloqueándola y desembarcando en ella mediante una operación anfibia. Participaron portaaviones, submarinos nucleares, misiles hipersónicos y cazabombarderos. Se utilizó fuego real y se dispararon desde el continente varias oleadas de misiles, algunos de los cuales cruzaron por encima de la isla. Otros cayeron en la Zona Económica Exclusiva de Japón. Se impusieron zonas de exclusión aérea y marítima y se ignoró repetidamente la línea mediana del estrecho de Taiwán, tanto marítima como aérea, que Pekín no reconoce porque considera a la isla parte de China. Un conocido analista político chino me señaló que el mensaje principal de las maniobras era dejar claro a Estados Unidos que, si hiciera falta, China estaría dispuesta a ir a la guerra por Taiwán. Ese mensaje, según añadió, se recogía de manera especialmente clara en los misiles lanzados por encima de la isla, cuyo destinatario potencial no serían las fuerzas taiwanesas, sino la marina norteamericana que pudiera acudir en su defensa en caso de invasión china.

Prácticamente no hubo ninguna respuesta significativa, ni norteamericana ni taiwanesa, a las grandes maniobras chinas. Los portaaviones norteamericanos que se encontraban en la zona, como el Ronald Reagan, no se acercaron a la isla. La consecuencia fue que la visita de Pelosi a Taiwán permitió a China modificar a su favor el statu quo estratégico en la zona. Cruzó varias líneas rojas sin pagar un precio por ello y mostró músculo militar, marcando territorio y dejando bien claro que disponía de planes de contingencia por si en algún momento decidiera invadir la isla. Los medios chinos empezaron a hablar de una «nueva normalidad» en el estrecho de Taiwán.

Un periodista chino me dijo que el Ejército Popular de Liberación se siente cada vez más seguro de poder ganar a Estados Unidos una guerra convencional sobre Taiwán. Por su parte, el antiguo director de un periódico de Hong Kong me comentó que los propios militares norteamericanos son conscientes de que sería muy difícil oponerse con probabilidades de éxito a una invasión china de Taiwán, y que así lo habrían demostrado simulaciones informáticas realizadas por ambas fuerzas armadas.

Los dirigentes chinos piensan que en caso de un ataque contra Taiwán es probable que Estados Unidos acuda en su defensa, pero que los norteamericanos no estarían dispuestos a ir más allá de cierto punto. Creen que Washington se enfrentaría a un dilema, porque tendría ante sí dos opciones poco apetecibles. La primera sería aceptar un conflicto convencional en el que sufriría pérdidas muy fuertes, con un riesgo significativo de perderlo. Los programas chinos de rearme y preparación de sus fuerzas armadas tienen como fin tratar de asegurar su superioridad en el teatro de operaciones de Taiwán para poder imponerse a Estados Unidos en una guerra por la isla, en la que estaría dispuesta a luchar todo el tiempo que fuera necesario. La segunda opción sería recurrir a sus armas estratégicas y desencadenar una guerra nuclear. Su apuesta es que Estados Unidos no asumiría el riesgo existencial de un conflicto nuclear, porque sus intereses en relación a Taiwán no son tan vitales como los chinos. No creen que estuviera dispuesto a ir todo lo lejos que fuera necesario, al revés que Pekín.

Su objetivo es que, ante esta disyuntiva, Estados Unidos termine admitiendo que, aunque a nivel global siga siendo la primera potencia mundial, en el caso concreto de Taiwán no podría derrotar a China, y que acepte negociar los términos de la reunificación. Es difícil en este momento imaginar que Washington lo haga, porque supondría una derrota estratégica muy importante. Pero Pekín confía en que el paso del tiempo continúe inclinando a su favor el equilibrio militar en torno a la isla y en que los hechos acaben por imponerse y le obliguen a revisar su posición. El estratega chino del siglo V a. C. Sun Tzu escribió en El arte de la guerra que el objetivo del buen estratega debe ser ganar las guerras sin luchar, creando una situación de superioridad que convenza al enemigo de que no tiene ninguna opción de vencer.

La llegada de Donald Trump al poder puede complicar estos cálculos. Preguntado en una ocasión por TheWall Street Journal si utilizaría la fuerza para impedir el bloqueo de la isla por China, Trump respondió que no haría falta, porque Xi Jinping «me respeta y sabe que estoy jodidamente loco». Es decir, Trump parece convencido de que su carácter impredecible puede resultar un factor disuasorio eficaz contra una posible decisión china de atacar Taiwán. Pero si China finalmente lo hiciera, Trump tendría que enfrentarse al dilema antes mencionado. Acudir en defensa de Taiwán asumiendo el riesgo de una guerra nuclear con China no encaja bien en la línea de evitar compromisos exteriores que siguió durante su primera presidencia. Pero si China recuperase Taiwán por la fuerza habría asestado un golpe muy duro a la posición estratégica regional y global de Estados Unidos. Si hay algo que Trump desea evitar es mostrar debilidad.

Como vimos, China no parece estar pensando por ahora en invadir Taiwán. No sería una operación nada fácil. Una operación de desembarco anfibio es siempre muy arriesgada y exige una coordinación muy afinada de todas las unidades participantes, así como unos mecanismos de mando y control muy sofisticados. En este caso las dificultades son aún mayores porque la orografía de Taiwán es muy complicada y la isla dispone de fuertes defensas. Unos militares chinos retirados de un centro de investigación de Pekín me dijeron que para China una guerra con Taiwán sería en sí misma un desastre, una guerra civil en la que unos chinos pelearían contra otros chinos. Algo que deben tratar de evitar por todos los medios.

China está sacando algunas lecciones de la experiencia de Rusia en Ucrania. La primera es que, aunque sobre el papel pueda parecer que el fuerte se come al débil, no siempre está tan claro. La segunda es que, aunque las sanciones económicas no le han hecho a Rusia tanto daño como parecía al principio, a ella la perjudicarían en mayor medida, porque está mucho más imbricada en los mercados globales. China hará lo posible por evitarlas, pero si considera que Estados Unidos y Taiwán la han colocado en una situación en la que no tiene otra opción que intervenir para evitar la independencia de la isla, las asumirá como un precio inevitable. La tercera lección, ya comentada, es el escaso apetito que existe en Estados Unidos y en Europa por arriesgar una guerra nuclear sobre Ucrania. Sin embargo, en el caso de Taiwán, la doctrina de ambigüedad estratégica seguida por Washington, su determinación de defender su tradicional liderazgo estratégico en la región y el propio carácter impredecible de Trump crean un grado mayor de incertidumbre.

Hemos visto cómo en el mar del Sur de China Pekín ha militarizado islotes y arrecifes y ha multiplicado su presencia naval y aérea para respaldar sus reivindicaciones de soberanía basadas en la línea de los nueve trazos. Washington ha respondido dejando claro que acata el laudo de la Corte Permanente de Arbitraje sobre este asunto, y que rechaza por lo tanto las reivindicaciones chinas. Para respaldar su posición ha llevado a cabo operaciones navales y aéreas destinadas a proteger el derecho de libertad de navegación en esas aguas. Algunos de sus aliados —de la Unión Europea, el Reino Unido, Canadá o Australia— han desarrollado operaciones similares. Esto ha provocado algunos incidentes entre aviones y buques de guerra norteamericanos y chinos. El incremento de la tensión en la zona y la pérdida de confianza estratégica entre ambos países aumenta el riesgo de que algún roce pueda provocar un enfrentamiento. Existe un teléfono rojo entre los militares norteamericanos y chinos para tratar de impedir que uno de esos choques conduzca a una escalada. Los dirigentes chinos lo cortaron durante algún tiempo para mostrar su enfado con la política de Estados Unidos hacia Taiwán. Cuando los norteamericanos les pedían restablecerlo a fin de crear una barrera de seguridad en las relaciones, los chinos les contestaron que no les interesaba una barrera de seguridad que permitiera a los norteamericanos sentirse más tranquilos para seguir violando los intereses nacionales de China. Posteriormente el teléfono rojo fue restablecido.

Las actividades aeronavales de Pekín han provocado incidentes con los Estados ribereños. Estos incidentes han cobrado una especial gravedad en el caso de Filipinas, que rechaza la exigencia china de soberanía sobre diversas islas, incluido el segundo banco Thomas, un atolón de las islas Spratly. La marina filipina ha dejado allí varado un viejo buque de la Segunda Guerra Mundial para afirmar su derecho de soberanía sobre él. Filipinas envía regularmente unidades navales para avituallar a la dotación del barco, pero la marina china suele interceptarlas u hostigarlas. En sus enfrentamientos con los buques filipinos, los guardacostas chinos han llegado a embestir a las embarcaciones filipinas y han utilizado mangueras de agua de alta presión que han causado heridos. En los barcos filipinos alguna vez han viajado periodistas, lo que ha conducido a que aparecieran en los medios internacionales reportajes muy dañinos para la imagen de China. Todo ello ha provocado un viraje del gobierno de Manila hacia Estados Unidos, al que ha autorizado a utilizar nuevas bases militares en su territorio. Filipinas ha hecho un llamamiento a otros países de la región para que se opongan a estas actividades de los guardacostas y a las milicias chinas en el mar del Sur de China.

Filipinas es un caso especial, porque firmó un Tratado de Defensa Mutua con Estados Unidos en 1951. En él ambos se comprometen a prestarse apoyo si uno de ellos es atacado por un tercer país. Eso significa que, en caso de conflicto entre Filipinas y China, Estados Unidos tendría que prestar apoyo militar a Manila. La vigencia de este tratado fue confirmada por la administración Biden. Queda por ver la posición que adoptará Trump sobre esta cuestión. Las consecuencias sobre la posición estratégica de Estados Unidos de no apoyar militarmente a Manila en caso de agresión militar china serían tan negativas como las que hemos visto en el caso de Taiwán. Con el agravante de que con Taiwán Estados Unidos no tiene un tratado de defensa mutua, pero con Filipinas sí.

Ello coloca a Estados Unidos en el centro de la disputa sobre la soberanía del mar del Sur de China, que podría ser el escenario de un choque directo entre China y Estados Unidos. El almirante norteamericano James Stavridis, que fue comandante supremo de las Fuerzas Aliadas de la OTAN, ha publicado un libro titulado 2034: una novela sobre la próxima guerra mundial. En él relata cómo a partir de un incidente entre las marinas norteamericana y china en el mar del Sur de China se desencadena un conflicto armado entre los dos países que acaba provocando la Tercera Guerra Mundial.

Los líderes chinos siguen esperando su momento, conscientes de que los riesgos que implicaría en estos momentos una operación de invasión a Taiwán o un enfrentamiento con Estados Unidos en el mar del Sur de China son elevados. China no ha tenido una experiencia bélica a gran escala desde la invasión de Vietnam en 1979, en la que su actuación no resultó demasiado brillante. Sus FF. AA. son conscientes de que les falta experiencia en combate. Sobre todo, en comparación con la marina norteamericana, que acumula una gran experiencia en este campo. Los nuevos portaaviones chinos, por ejemplo, necesitan estar apoyados por grupos de combate complejos, bien entrenados y cohesionados. Necesitan una doctrina consolidada y probada para la conducción de las operaciones. Las maniobras combinadas de sus fuerzas aéreas, navales y de misiles balísticos que Pekín llevó a cabo tras la visita de Pelosi a Taiwán parecen marcar ciertos avances de las FF. AA. chinas en ese sentido.

China tiene además una fuerte dependencia de su comercio exterior, lo que la hace vulnerable a posibles interrupciones de sus líneas de comunicación marítima. Tal vez consiga denegar a Estados Unidos su capacidad de acudir en ayuda de Taiwán, y puede crearle muchos problemas en el mar del Sur de China. Pero la superioridad naval global de Estados Unidos podría permitirle bloquear todo el comercio exterior chino en el resto del Pacífico, en el Índico y, por supuesto, en el Atlántico.

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La rivalidad comercial

La rivalidad entre Estados Unidos y China tiene una importante dimensión económica. La nación pobre y atrasada a la que Washington ayudó a abrirse al mundo es hoy la segunda economía del planeta, con alrededor del 17 por ciento del PIB global, frente al 24 por ciento de Estados Unidos. Los siguientes en la lista son Alemania y Japón, cada uno de ellos con aproximadamente un 5 por ciento.

Su crecimiento ha sido además muy rápido. Cuando en 2001 Estados Unidos apoyó su ingreso en la Organización Mundial del Comercio, China suponía sólo el 5 por ciento del PIB mundial. En 1995 el PIB chino era el 10 por ciento del estadounidense, y en 2021 equivalía ya al 75 por ciento. Estados Unidos contempla con escaso entusiasmo la posibilidad de que China la adelante como primera potencia económica del mundo.

Uno y otro tienen economías muy diferentes, con sus propios puntos fuertes. Estados Unidos posee un gran poder financiero y una moneda que sigue siendo la divisa de referencia global. Continúa atrayendo inmigrantes de todo el mundo, que mantienen su estructura demográfica en permanente renovación. Sus universidades y sus centros de investigación son líderes mundiales, lo que le ha permitido desarrollar una potente industria basada en tecnologías punta.

China, por su parte, tiene una gran capacidad de innovación, un mercado muy competitivo, una elevada tasa de ahorro interno y una capacidad única de planificar a largo plazo y de movilizar buena parte de los recursos del país para un determinado objetivo. Sus avances tecnológicos y en materia de innovación aplicada al mercado han sido muy rápidos. Sus intercambios comerciales con el resto del mundo superan a los de Estados Unidos, lo cual es una fuente a la vez de fortalezas y de vulnerabilidades.

La rivalidad económica entre ambos se ha manifestado con fuerza en el plano comercial. Estados Unidos —al igual que Europa— considera que China no está jugando limpio en sus relaciones comerciales con el resto del mundo. Acusa a China de mantener su mercado muy cerrado a las importaciones procedentes del exterior, mientras inunda otros mercados con sus propias exportaciones. Eso le permite mantener desde hace años un superávit estructural en su balanza de pagos. En 2022 alcanzó los 843.902 millones de euros, el más abultado del mundo.

Ya se ha hecho referencia a los subsidios públicos y el trato preferencial a las empresas chinas, los marcos regulatorios cambiantes, los contratos poco transparentes, las presiones para la transferencia de tecnología o las violaciones de los acuerdos sobre propiedad intelectual, aunque en esta última cuestión se han registrado algunos avances.

Hay múltiples ejemplos de prácticas proteccionistas chinas. China exige negociar un protocolo específico para cada producto agroalimentario que se desee exportar a su mercado: la soja, la carne de ovino, las nueces, etc. Durante la visita a España de Xi Jinping en 2018 a mí me tocó firmar el acuerdo que permite la exportación a China de jamones con hueso. No el de los jamones deshuesados, para los que se exige un protocolo diferente, que ya se había firmado. Ello permitió a muchos chinos colocar en un lugar prominente de sus restaurantes, o en las cenas que daban en sus casas, una pata de jamón ibérico, al que son grandes aficionados.

Para los productos industriales hay que presentar una certificación obligatoria china sujeta a parámetros que difieren de los estándares internacionales, lo que contradice las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). El certificado aumenta los costes y la complejidad del acceso a su mercado, lo cual perjudica de manera especial a las empresas pequeñas y medianas.

China tampoco es parte del Acuerdo de Compras Públicas de la OMC. No existe información transparente sobre los concursos, y muchos procesos de licitación incorporan cláusulas que otorgan preferencia a las empresas chinas frente a las extranjeras. En general, éstas sólo tienen posibilidades de ganarlos si cuentan con una clara ventaja tecnológica, que sus socios chinos habitualmente tratan de eliminar exigiendo transferencias de tecnología como parte de los acuerdos que suscriben con ellas.

China es una de las economías más cerradas a la inversión extranjera, según el Índice de Restricción de Inversiones de la OCDE. La Ley de Inversión Extranjera en vigor desde 2020 establece una normativa especial y utiliza un lenguaje ambiguo que facilita la discrecionalidad. La norma identifica unos sectores que están prohibidos para el capital extranjero, mientras que en otros se fijan una serie de restricciones. En el resto, los inversores extranjeros reciben en principio el mismo trato que los chinos, aunque en la práctica esto no siempre sucede. La lista de sectores prohibidos o limitados se ha ido reduciendo a medida que han aparecido en ellos empresas chinas capaces de competir con las extranjeras, lo que revela la filosofía proteccionista del sistema. A todo eso hay que añadir el peso creciente de los factores de seguridad, que obliga a mantener medidas de control específicas para las inversiones extranjeras y establece procedimientos y plazos no siempre claros. Así sucede, por ejemplo, cuando se trata de adquirir el control de activos «críticos», un concepto que, al no definirse claramente, provoca situaciones de indefensión e inseguridad jurídica.

Existen sectores como las telecomunicaciones, el software, las terminales portuarias, el audiovisual o las infraestructuras energéticas en los que las empresas chinas han podido invertir en Occidente, pero en los que las empresas occidentales no pueden hacerlo en China. En España, por ejemplo, hay capital chino en los puertos de Valencia, Bilbao y Barcelona; y una fuerte presencia de Huawei, ZTE o Xiaomi en el sector de las telecomunicaciones.

Los problemas comerciales con China no se limitan a lo difícil que es penetrar en su mercado. Tienen que ver también con su enorme capacidad exportadora, que amenaza la supervivencia de muchos sectores económicos en otros países. En el caso de los paneles solares, por ejemplo, China era en 2008 el primer productor mundial, y su débil demanda interna la llevó a exportar el 98 por ciento de su producción a precios muy bajos. Sendas investigaciones realizadas por Estados Unidos y la Unión Europea revelaron la existencia de subsidios y de prácticas de dumping en esas exportaciones chinas. La Unión Europea, sin embargo, decidió no incrementar sus tarifas aduaneras a fin de no perjudicar su proceso de transición energética e impulsar la lucha contra el cambio climático. El resultado fue que la industria de paneles solares de la Unión Europea prácticamente desapareció porque fue incapaz de competir con los precios de los fabricantes chinos.

Tanto Estados Unidos como la Unión Europea denuncian la existencia de un exceso de capacidad en determinadas industrias chinas. En la economía china siempre ha existido un desequilibrio estructural entre unos altos niveles de inversión y unos bajos niveles de consumo. A pesar de ello, se siguen subsidiando una serie de industrias que hace tiempo que no pueden vender su producción en China porque la demanda es insuficiente. Es lo que sucede, por ejemplo, con lo que en Pekín se denomina nuevos sectores productivos, como los vehículos eléctricos, la industria de baterías o las energías renovables. Las autoridades chinas buscan que surjan en ellos grandes empresas, capaces de dominar el mercado local y los mercados globales. La consecuencia es que la supervivencia de los fabricantes extranjeros en esos mismos sectores se está viendo gravemente amenazada porque no pueden competir con los precios subsidiados de las empresas chinas. Janet Yellen, secretaria del Tesoro en la administración de Joe Biden —que siempre se esforzó por mantener una buena comunicación con Pekín— criticó los subsidios chinos y pidió abiertamente un cambio de política económica, de manera que el gobierno apoye menos la oferta y más el consumo y la demanda internas.

El embajador en Pekín de uno de los principales socios económicos de China me comentó que los dirigentes chinos acusan a Occidente de querer desvincular a China de las cadenas internacionales de suministro, cuando en realidad ha sido China la que se ha desvinculado del resto del mundo. Ha aplicado una política agresiva de sustitución de empresas extranjeras en su propio mercado y ha amenazado con sus exportaciones subvencionadas la supervivencia de las industrias en otros lugares del mundo. El objetivo de disponer de un exceso de capacidad industrial en sectores clave sería poder expulsar de otros mercados a los competidores internacionales. La política industrial china, una de las joyas de la corona del Partido, ha sido orientada hacia la creación de cadenas de suministro lo menos dependientes posible del exterior, al tiempo que se reforzaba la dependencia con respecto a China de otros mercados. En una de sus intervenciones, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen citó un discurso de Xi Jinping en el que éste subrayó la necesidad de que las cadenas de producción internacionales dependieran cada vez más de China, con el fin de crear «una poderosa arma de respuesta y una capacidad disuasoria». Von der Leyen resaltó que eso es particularmente cierto en lo que se refiere a materias primas estratégicas, como el litio o el cobalto —que son cruciales para fabricar las baterías de los vehículos eléctricos—, los trenes de alta velocidad y las energías renovables. En 2022, por ejemplo, China produjo el 60 por ciento del total mundial de tierras raras y refinó el 60 por ciento de la producción global de litio y el 80 por ciento de la de cobalto.

El exceso de capacidad industrial en China en el sector del vehículo eléctrico ha sido la razón por la que la Unión Europea ha incrementado fuertemente las tarifas aduaneras a las exportaciones chinas de ese tipo de automóviles. Bruselas quiere mandar un mensaje claro a Pekín sobre la necesidad de cambiar sus prácticas comerciales. Desea asimismo evitar que a la industria europea del automóvil le suceda lo mismo que le sucedió años atrás a la de los paneles solares. Se trata de una industria fundamental, de la que dependen en Europa muchos puestos de trabajo. Especialmente en un país como España, que es el segundo productor europeo de automóviles.

El exceso de capacidad de determinadas industrias chinas ha causado problemas a Pekín con otros muchos gobiernos. Joe Biden no sólo no eliminó las tarifas impuestas inicialmente por Trump, sino que en 2024 introdujo otras nuevas destinadas a gravar las importaciones procedentes de China de vehículos eléctricos, baterías de última generación, acero, aluminio y equipamiento médico. Algunos países del Sur Global han incrementado sus tarifas a algunos productos chinos, a pesar de sus buenas relaciones con Pekín. Es el caso de Brasil y México, con el acero; en el de Sudáfrica, con los paneles solares. Turquía ha impuesto fuertes gravámenes a las importaciones de vehículos chinos, tanto eléctricos como de combustión interna.

Donald Trump está convencido de que estas políticas chinas son incompatibles con un comercio justo, y las juzga responsables de la desindustrialización de Estados Unidos y de la pérdida de empleos. El sector más duro del Partido Republicano habla incluso de corregir el terrible error cometido hace setenta años al abrir el mercado norteamericano a la competencia de las exportaciones globales. Por eso Trump impuso en su momento tarifas a las exportaciones chinas, y ha declarado que volverá a hacerlo. Ha descrito las tarifas arancelarias como «el mayor invento de todos los tiempos» y ha anunciado que se incrementarán hasta un 60 por ciento para los productos chinos. Ha dicho que revocará la concesión a China del estatus de nación más favorecida, lo que supondría un aumento adicional de tarifas arancelarias. Ha adelantado que habrá restricciones a las inversiones en ambas direcciones, así como a las importaciones y exportaciones de determinados productos.

Donald Trump se considera un negociador avezado, y muchos creen que estas declaraciones van dirigidas no tanto a aplicar medidas unilaterales como a fijar la posición de partida de unas duras negociaciones en las que tratará de sacar todas las ventajas posibles, pero en las que también estaría dispuesto a hacer concesiones. Señalan que su enfoque es transaccional, más que ideológico, y que así fue como se comportó durante su primera administración. Negoció, por ejemplo, la primera fase de un acuerdo comercial con China, y aceptó levantar una prohibición de exportaciones de determinados productos chinos bajo determinadas condiciones. Trump ha afirmado que Xi Jinping y él fueron buenos amigos durante su primera presidencia y que espera tener una estupenda relación con él. Su cercanía a Elon Musk, que tiene grandes inversiones en China y una buena relación con sus líderes, puede contribuir a que busque formas de llegar a acuerdos con Pekín. Tendrá igualmente que tomar en cuenta que la imposición de tarifas a China en sus primeros cuatro años en la Casa Blanca causó en Estados Unidos un aumento del desempleo y de la inflación. Precisamente la subida de la inflación durante los años de Joe Biden fue una de las principales razones de su victoria electoral en 2024.

La respuesta de las autoridades chinas a estos aumentos de tarifas es que se trata sencillamente de medidas proteccionistas. Alegan que los precios más bajos de los productos chinos no obedecen a que estén subsidiados, sino a las ventajas comparativas del mercado chino, que es un mercado inmenso, muy competitivo, que permite grandes economías de escala, y en el que sobreviven quienes más destacan en innovación. Un mercado que prima los avances tecnológicos y la capacidad de adaptarse a los gustos de los consumidores. Por eso las empresas chinas son más eficientes en determinados sectores, y por eso muchos de sus productos son de mayor calidad que los extranjeros. Añaden que las nuevas tarifas generarán inflación, penalizarán la transición energética y perjudicarán la competitividad de las industrias europeas.

Pekín ha denunciado las tarifas europeas a los vehículos eléctricos ante la OMC. Prepara además represalias comerciales, como las investigaciones anunciadas a las exportaciones europeas de brandi o de carne de porcino. Esas represalias, sin embargo, no van más allá de cierto punto. La economía china depende demasiado de los mercados exteriores, y no le interesa una guerra comercial con sus principales socios. Pero la posibilidad existe. Si en un momento determinado China decide que le interesa hacerlo, puede restringir las exportaciones a Occidente de una serie de productos esenciales para sus industrias de punta, como las tierras raras o los minerales estratégicos.

Trump defendió durante su primer mandato la idea de una desvinculación económica y comercial (decoupling) entre Estados Unidos y China. En el segundo la desvinculación podría avanzar aún más en algunos sectores, limitando el tipo de productos que pueden intercambiarse o eliminando dependencias y riesgos en las cadenas de suministro. Si Estados Unidos eleva las tarifas a las exportaciones de China o de la Unión Europea, es previsible que éstas eleven las suyas como represalia.

El Gobierno chino está promoviendo sus propios proyectos de desvinculación económica. Toma muy en serio el poder financiero de Estados Unidos, y, como ha indicado Brad Setser, ha invertido la mitad de sus excedentes en bonos del Tesoro norteamericano y en otros activos en dólares. Pero al mismo tiempo desea avanzar en la internacionalización del yuan a fin de limitar el papel dominante del dólar en las transacciones comerciales y financieras internacionales. Los BRICS están tratando de establecer un mecanismo internacional de pagos alternativo al dólar, en el que el yuan desempeñaría un papel central. Las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos a Rusia, Venezuela, Afganistán o Irán han aumentado el interés de muchos gobiernos por esta idea. Incluyendo a China, que teme ser objeto en el futuro de sanciones norteamericanas. Algo se ha avanzado. Una parte importante del comercio bilateral entre Rusia y China se realiza en rublos o en yuanes. China ha alcanzado acuerdos similares con Brasil y con algunos países del Golfo. Todo ello ha permitido que una proporción significativa del comercio exterior de China se haga en yuanes y no en dólares. Pero por el momento se trata de acuerdos bilaterales, que permiten compensar en las respectivas divisas los saldos comerciales existentes en una dirección con los existentes en la otra. Reemplazar al dólar como moneda de cambio global es una cuestión enteramente distinta. Exigiría en primer lugar una quiebra generalizada de la confianza internacional en la moneda norteamericana que hiciera necesario buscar una nueva divisa de uso global. Exigiría, sobre todo, que China aceptara la convertibilidad de su moneda. Hoy por hoy el yuan no es convertible porque su tipo de cambio no está enteramente determinado por el mercado. La autoridad monetaria china sigue interviniendo para «estabilizarlo». Tampoco lo están los tipos de interés. El sistema financiero chino, pese a su volumen, no ha alcanzado el nivel de desarrollo de los países occidentales. Las autoridades chinas son conscientes de que hacer al yuan convertible significaría permitir que las oscilaciones de los mercados internacionales provocaran la entrada y salida del país de grandes flujos financieros. Ello tendría efectos inmediatos no sólo sobre su moneda, sino sobre el conjunto de la economía china. Supondría para el Partido una pérdida de su control sobre la economía que no está dispuesto a tolerar.

A pesar del posible incremento de las tarifas arancelarias, una desvinculación económica y comercial a gran escala no es fácil excepto tal vez en el sector tecnológico, al que nos referiremos más adelante. Una desvinculación generalizada no parece posible, y tampoco es deseable. La interdependencia es demasiado fuerte, y el coste sería demasiado alto para todos. La industria china va a seguir exportando masivamente a precios muy competitivos, porque a las demás economías no les será fácil buscar alternativas a la que desde hace años es la fábrica del mundo. Muchas empresas occidentales desean permanecer en China, donde han conseguido fuertes ganancias gracias a su enorme mercado interno y a los bajos costes de producción. Otras desean seguir exportando a China desde sus propios países. Nick Burns, embajador norteamericano en Pekín, declaró en una entrevista que «el divorcio no es una opción». Destacó que 750.000 puestos de trabajo en Estados Unidos dependen de las relaciones comerciales con China, por lo que una desvinculación entre ambas economías significaría que «750.000 familias americanas no podrían llevar la cena a la mesa».

Todos estos fenómenos recientes en el fondo significan que se están revisando las reglas de juego de la globalización, tal como ésta ha funcionado desde que en 2001 China ingresara en la Organización Mundial del Comercio, y que la han permitido desarrollarse rápidamente. Las distorsiones introducidas desde entonces en los mercados globales por las masivas exportaciones chinas han llevado a los países occidentales a reconsiderar su tradicional fe en el libre comercio. Consideran que el crecimiento de China ha sido posible gracias a sus acertadas políticas económicas y al trabajo duro de sus obreros, pero también a sus escasos derechos laborales y a sus prácticas comerciales poco equitativas. Las consecuencias en Occidente han sido la deslocalización de empresas, la pérdida de puestos de trabajo, la proletarización de la clase media y el aumento de las desigualdades sociales. Esto ha provocado la aparición de movimientos populistas y la polarización política entre los sectores que se han beneficiado de la globalización y los que se sienten perjudicados por ella, como ha sucedido en los Estados Unidos de Donald Trump.

Se ha ido produciendo así una erosión del proceso de globalización. Según el Instituto Peterson de Economía Internacional, las exportaciones estadounidenses a China son hoy un 23 por ciento inferiores a las que se hubieran registrado en caso de que Trump no hubiera lanzado su guerra comercial durante su primera presidencia. Esta erosión se manifiesta de diferentes maneras. Una de ellas es el aumento de tarifas aduaneras y el regreso a políticas proteccionistas. Otra es la determinación norteamericana y europea de reducir riesgos en sus relaciones económicas y comerciales con Pekín. Ya lo hemos visto en el caso de Europa, pero lo mismo sucede en el de Estados Unidos. Europa importa el 98 por ciento de sus tierras raras de China (además del 93 por ciento del magnesio y el 97 por ciento del litio), mientras que Estados Unidos importa el 80 por ciento. En el caso del cloranfenicol, utilizado para fabricar antibióticos, las cifras son el 97 y el 93 por ciento, respectivamente. Ambos desean reducir ese alto nivel de dependencia.

Éstas son las preocupaciones que subyacen al masivo programa puesto en marcha por Joe Biden para revivir la política industrial en Estados Unidos en sectores clave. Sin embargo, sus leyes sobre infraestructuras y semiconductores y su Ley para la Reducción de la Inflación incluyen fuertes subsidios para los productores domésticos y tienen una dimensión proteccionista que ha sido criticada por China y por la Unión Europea. Pekín ha presentado una queja ante la OMC por los subsidios norteamericanos a sus vehículos eléctricos.

China continúa siendo un mercado muy atractivo para las grandes empresas norteamericanas y europeas. Pero el nivel de riesgo que están dispuestas a asumir para acceder a él se ha reducido, tanto por el miedo a verse atrapadas en medio de la rivalidad geopolítica entre China y Estados Unidos, como por el papel creciente del Partido y de las cuestiones de seguridad nacional en las decisiones económicas del Gobierno chino. La situación cambia mucho según los sectores de actividad. Las empresas presentes en el sector de consumo se ven menos afectadas. Las de sectores de alta tecnología, en cambio, son conscientes de un posible aumento de los riesgos futuros. Puede tratarse de riesgos geopolíticos, de sanciones occidentales a las empresas chinas, de los problemas de la normativa china sobre seguridad nacional, de la necesidad de eliminar dependencias de China, o incluso de riesgos reputacionales derivados de una excesiva cercanía a China. Son escasas las empresas que se encuentran allí y están pensando en irse, pero se han reducido notablemente las nuevas inversiones, especialmente en el sector tecnológico. Las más afectadas son las pymes: pocas pueden hacer frente a los gastos y a los plazos de tiempo que exige abrirse paso en el complicado mercado chino.

Hace años la baronesa Ashton, Alta Representante de la Unión Europea para la política exterior, se quejó ante el vicepresidente chino Wang Qishan de las dificultades de acceso al mercado chino para las empresas europeas. Su respuesta, bastante cínica, fue que estaba seguro de que las empresas europeas serían capaces de superar esas dificultades, debido al «gran magnetismo» del mercado chino. Durante mucho tiempo, las empresas occidentales han estado efectivamente dispuestas a afrontar todo tipo de problemas para introducirse en el inmenso mercado chino. Ahora esa situación ha cambiado. El magnetismo parece ser menos intenso que en el pasado.

Un catedrático de la Universidad de Xinghua me señaló que las cadenas de valor globales tendrán en el futuro menos eslabones y que muchos de ellos serán regionales. Son frecuentes los traslados de parte de la producción a otros lugares donde no existen los riesgos geopolíticos presentes en China. Han aumentado las inversiones en la India, Bangladés, Taiwán, México o Corea del Sur. Otras se han dirigido a países del Sudeste asiático como Indonesia, Malasia, Vietnam o Camboya, que tienen costes laborales más bajos y buenas relaciones comerciales con las economías desarrolladas. Estos cambios están llevando a la aparición de áreas económicas y comerciales formadas por Estados entre los cuales no existen riesgos geopolíticos, y donde el comercio y la inversión pueden fluir sin dificultades. No son áreas cerradas, y muchas de ellas se superponen. Por ejemplo, los miembros de ASEAN o México pueden comerciar libremente tanto con China como con Estados Unidos y la Unión Europea. La globalización se ha erosionado, pero no ha desaparecido.

Algunas empresas están trasladando su producción a su lugar de origen, invirtiendo así el proceso de deslocalización industrial de las décadas anteriores. No hace mucho la multinacional japonesa Kyocera decidió limitar sus inversiones en China y volver a invertir en Japón por primera vez en dos décadas.

Apple, que ha llegado a fabricar y ensamblar más del 95 por ciento de sus productos en China, dobló en el año fiscal 2023-2024 su producción en la India, de donde procedieron el 14 por ciento de sus iPhones. A los medios chinos la noticia no les gustó. El diario Global Times de Pekín publicó un artículo advirtiendo que no es sencillo sustituir a China como centro de producción global. Citó a un portavoz del Ministerio de Comercio chino, según el cual salir de China sería muy complicado para Apple debido a la gran cantidad de empresas chinas que participan en su cadena de producción, a las infraestructuras maduras que allí existen, a los 170 millones de trabajadores con altas cualificaciones, y a su mercado de 1.400 millones de personas, incluida una clase media de alrededor de 400 millones. Tampoco sería fácil encontrar en otros lugares economías de escala comparables a las chinas. Destacó que de los 200 principales suministradores de componentes de la compañía, 86 son chinos (46 de Taiwán, 30 de China continental, y 10 de Hong Kong), 40 de Estados Unidos, 39 de Japón, 14 de Corea del Sur, 6 de Alemania y 3 de Singapur. En 2023 dos tercios de los iPhones de todo el mundo fueron fabricados en la gigantesca planta de Foxconn en Zhengzhou, en la provincia de Henan, donde trabajaban más de 200.000 operarios.

También hay empresas chinas que están trasladando parte de su producción fuera de sus fronteras para huir de los riesgos geopolíticos. En muchos casos a los países de ASEAN o a México. Unos y otros están entre los principales beneficiarios de este proceso de revisión de la globalización. México está recibiendo grandes inversiones chinas para intentar exportar desde allí a Estados Unidos y Canadá en el marco del Tratado de Libre Comercio, e incluso a Europa gracias al Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. En el caso de Estados Unidos, estas exportaciones se ven amenazadas por el anuncio de Trump de su intención de imponer tarifas del 200 por ciento a los coches que México exporta a Estados Unidos.

Hace unos años, el proceso de globalización parecía algo imparable, más una fuerza de la naturaleza que la consecuencia de decisiones políticas. Pero no, detrás de la globalización había decisiones políticas. Daniel Yergin ha comentado cómo las cadenas de suministro globales se construyeron en la década de los noventa y a principios del nuevo siglo primando la eficiencia y la gestión de costes por encima de cualquier otra consideración. Si en la actualidad están reduciéndose es porque se están tomando en cuenta otros factores. La gran diferencia entre lo que sucede ahora y lo que sucedía hace veinte o treinta años es el grado de confianza política existente entre los principales actores. La confianza política es un componente esencial de la globalización. Si se erosiona la confianza, se erosiona también la globalización. Hace años fui invitado a participar en el World Peace Forum de Pekín. Me pidieron que hablara sobre cómo los retrocesos del proceso de globalización estaban afectando negativamente a la situación geopolítica. En mi intervención invertí el orden de los factores: en realidad es el deterioro del contexto geopolítico internacional el que está estrechando los márgenes de la globalización.

La confianza de Estados Unidos y de otros países democráticos en China ha sufrido como consecuencia del clima de mayor tensión existente desde que Xi Jinping llegó al poder, con sus políticas de intervencionismo económico y de mayor dogmatismo ideológico, y su política exterior más ambiciosa y en algunas cuestiones más agresiva. China por su parte ha perdido asimismo su confianza en Estados Unidos, al que acusa de abandonar su línea tradicional de buscar intereses compartidos con China para adoptar una política de contención que juzga ilegítima, enfocada en impedir como sea su ascenso económico y político. También la ha perdido en la Unión Europea, cuya autonomía estratégica contempla con enorme escepticismo. En cuanto a Japón, la amarga memoria de la invasión japonesa en 1931 sigue muy presente en China.

Esta pérdida de confianza aumenta el peso de los factores de seguridad a la hora de tomar decisiones económicas, tanto en China como en Occidente. Ésa es la razón del deseo occidental de reducir riesgos en sus relaciones económicas con China, de la búsqueda de otros mercados de inversión que no corran el peligro de sufrir sanciones en el futuro, y de las restricciones a los intercambios científicos y tecnológicos. Es también la razón por la que en la China de Xi Jinping se da un peso mucho mayor a los factores de seguridad nacional en la conducción de la economía.

La globalización se ha erosionado, pero no ha desaparecido. Sigue existiendo una fuerte interdependencia en ámbitos muy diversos que la mantiene viva. Esa interdependencia tiene un valor no sólo económico, sino también político. Empuja a todos a buscar formas de cooperación y crea un colchón de intereses compartidos que desincentiva posibles conflictos, haciéndolos mucho más costosos. Éste es uno de los principales efectos positivos de la globalización. Por eso el objetivo no puede ser la desvinculación comercial, sino una mejor gestión de nuestros vínculos. Unos vínculos que resulten beneficiosos para todas las partes. Es decir, el win-win del que suelen hablar los representantes chinos, pero con un contenido real.

No es fácil recuperar el nivel de confianza que permitió lanzar el proceso de globalización. Hay factores de fondo que lo impiden. Pero si queremos salvar lo que queda de ella, se necesita hacer lo posible para evitar que se siga destruyendo la escasa confianza que todavía existe entre China y los países occidentales. China podría valorar los efectos negativos que han tenido sobre esa confianza algunas de sus políticas comerciales, que en el resto del mundo se han considerado como contrarias a un comercio justo. Hay muchas formas en las que Pekín puede defender el proceso de globalización, del que tanto se ha beneficiado. Pero no se trata sólo de China. La segunda administración Trump tendrá que valorar los efectos negativos que puede tener un fuerte incremento de las tarifas arancelarias, no solamente para la economía global, sino para la propia economía norteamericana.

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La rivalidad tecnológica

Si la desvinculación comercial entre China y Estados Unidos puede tener algunos límites, la desvinculación tecnológica está avanzando de forma continua. Uno y otro ven el control de las tecnologías más avanzadas como la clave para consolidar su posición de poder, ya sea en el plano económico, político o militar. China está decidida a alcanzar a Estados Unidos, que durante décadas ha tenido una clara ventaja científica y tecnológica. Washington observa con alarma los grandes progresos realizados por su rival. No está dispuesta, de ninguna manera, a aceptar un escenario de superioridad china en este terreno, y está tomando una serie de medidas para impedirlo. La rivalidad económica entre ambos países, que comenzó como una guerra comercial, es en este momento sobre todo una guerra tecnológica. 

Desde el inicio de la política de Reforma y Apertura, el Partido Comunista de China identificó el desarrollo científico y tecnológico como el camino para poder competir con Estados Unidos. Está convencido de que fue el retraso de China en ese terreno el que propició su derrota en las guerras del opio y su sometimiento a las potencias extranjeras. Ha dado a este objetivo la máxima prioridad, y para alcanzarlo ha seguido una serie de políticas sostenidas en el tiempo.

En primer lugar, ha promovido la educación en estas materias creando universidades y centros de investigación de primer nivel. Según la Universidad de Georgetown, en 2025 se graduarán en las universidades chinas 77.000 estudiantes en carreras científicas y de ingeniería, el triple que los estudiantes norteamericanos en esos mismos campos.

Cuando en Occidente se abandonaba la política industrial, China apostó fuerte por ella. Las autoridades económicas desplegaron todo tipo de políticas públicas y planes de desarrollo en áreas de alta tecnología, como el Plan Made in China 2025. El sector tecnológico chino estuvo desde el principio muy controlado por el Estado y protegido de la competencia extranjera por motivos económicos, políticos y de seguridad. Al principio lo componían en su mayoría empresas públicas que recibían fuertes subsidios, pero pronto surgieron empresas punteras en el sector privado. La fuerte competencia existente en el mercado chino originó un clima de innovación constante. Como señala Claudio F. González, cuando aparecía una start-up prometedora, el gobierno la apoyaba facilitando su financiación, adjudicándole contratos públicos, conectándola con centros de investigación o dándole acceso a información relevante. Algunas de ellas terminaron convirtiéndose en gigantes como Xiaomi, Beidou o Huawei. A menudo las nuevas tecnologías procedían del exterior, pero China ha sabido aplicarlas eficazmente a las necesidades del mercado, perfeccionándolas e introduciendo nuevos usos para ellas. WhatsApp, Uber o Amazon nacieron en Estados Unidos, pero sus equivalentes chinos —WeChat, Didi o Alibaba— han mejorado en algunos aspectos la versión original.

Estas políticas estaban dirigidas desde Pekín, pero existía un cierto grado de descentralización para su implementación. Cada provincia competía con las demás para desarrollar centros de investigación y empresas de alta tecnología. Claudio F. González se refiere al sistema chino como tecnosocialismo, por el papel central que asigna a la tecnología y por las múltiples acciones desplegadas por las autoridades para impulsar los avances científicos.

Pekín ha invertido en todo ello grandes recursos económicos. Según la OCDE, el gasto chino en investigación y desarrollo suponía en 2010 el 47 por ciento del gasto de Estados Unidos, pero en 2019 esa proporción ascendía ya al 84 por ciento.

El Gobierno chino desplegó una intensa actividad internacional en este ámbito. Suscribió múltiples acuerdos de cooperación científica con los Estados más desarrollados y reforzó su presencia en los organismos internacionales tratando de influir sobre la definición de los marcos regulatorios globales.

Surgieron otras vías más cuestionables para obtener tecnología punta, como las violaciones de la propiedad intelectual, los ciberataques o los intentos de obtener transferencias forzadas de tecnología de empresas extranjeras que deseaban invertir en China. El atractivo del mercado chino era tan grande que muchas empresas extranjeras se instalaron allí asumiendo el riesgo de sufrir ese tipo de prácticas. Algo parecido hicieron antes que ella Japón o Corea del Sur, o incluso Estados Unidos en el siglo XIX, con países tecnológicamente más avanzados como el Reino Unido o Alemania. En el caso de China, es un fenómeno que genera una preocupación especial por su dimensión y porque la tensión geopolítica con Occidente ha intensificado sus ciberataques para obtener secretos industriales. Estados Unidos acusa a China de disponer de una unidad de sus fuerzas de seguridad dedicada específicamente a realizarlos. Por su parte, China denuncia a Estados Unidos como el país que más ha hackeado los dispositivos informáticos de sus enemigos. Y de sus amigos, como el teléfono móvil de la Sra. Merkel.

Como consecuencia de estas políticas, los avances científicos y tecnológicos de China han sido muy rápidos, y hoy compite con Estados Unidos en múltiples áreas. Según un informe del Instituto Australiano de Política Estratégica (ASPI), los investigadores chinos van por delante de los norteamericanos en lo que se refiere a publicaciones en medios influyentes en treinta y siete de cuarenta y cuatro tecnologías analizadas, incluyendo sectores como la defensa, el espacio exterior, la robótica, la energía, el medioambiente, la inteligencia artificial, los materiales avanzados o la tecnología cuántica.

Otro informe del Instituto de Estudios Internacionales y Estratégicos de la Universidad de Pekín subraya en cambio el retraso tecnológico chino en campos como los semiconductores, sistemas operativos digitales, biotecnología —como pudo verse por la menor efectividad que tenían las vacunas chinas contra la COVID-19 en comparación con las occidentales— y motores de aviación. Añade que hay otros en los que China compite con fuerza, como la conexión entre el cerebro y los ordenadores, tecnología cuántica e inteligencia artificial. Y otros finalmente en los que está por delante, como telecomunicaciones y equipamiento de ferrocarriles y puertos.

En economía digital e internet, China ha registrado avances significativos. El propio Xi Jinping ha destacado en sus discursos los relativos a las redes 5G, el internet de las cosas, la computación en la nube, los macrodatos, la inteligencia artificial y la cadena de bloques. Las autoridades chinas informaron en 2023 sobre la creación de FITI (Future Internet Technology Infrastructure), la red de internet más rápida del mundo, con una velocidad de 1,2 terabytes por segundo. Consiste en una red troncal de 3.000 kilómetros que conecta Pekín con Cantón. Es una iniciativa gestionada por el Ministerio de Educación en la que han participado China Mobile (empresa pública que posee la mayor parte de las infraestructuras de telecomunicaciones), Cernet Corporation (red pública de intercambio de conocimientos), la Universidad de Tsinghua y Huawei.

China es especialmente fuerte en energías renovables. Domina el 80 por ciento de la cadena de suministros de paneles solares en todo el mundo, el 54 por ciento de las ventas de vehículos eléctricos y el 50 por ciento del mercado de baterías de estado sólido. En tecnología cuántica, un informe del Belfer Center de la Universidad de Harvard concluye que China ha superado a Estados Unidos en comunicación cuántica y está reduciendo rápidamente la ventaja estadounidense en computación cuántica. Se trata de una tecnología que revolucionará el mundo de la computación y dejará obsoletos los más potentes ordenadores actuales. Tiene además consecuencias económicas, políticas y militares de gran alcance, como ya vimos.

Los progresos chinos en exploración espacial han sido espectaculares. China cuenta con la estación espacial Tiangong —diseñada para rivalizar con la Estación Espacial Internacional—, ha enviado naves a Marte y ha sido el primer país en posar un módulo en la cara oculta de la Luna y devolverlo a la Tierra.

La inteligencia artificial está llamada a liderar la cuarta revolución industrial y a transformar gran parte de las relaciones laborales y humanas en el siglo XXI. La competición entre Estados Unidos y China en este terreno es intensa. Eric Schmidt, el antiguo director ejecutivo de Google, cree que por ahora sigue en cabeza Estados Unidos, en cuyas universidades trabajan el 60 por ciento de los investigadores de primer nivel. Pero China está avanzando en muchas áreas y ya ha tomado la delantera en otras. Un reciente informe de The Economist destacaba los importantes progresos que China ha hecho recientemente en este terreno. Es el mayor fabricante de vehículos autónomos. Su interés por el control político y social la ha convertido en líder mundial en tecnología de vigilancia basada en IA, en reconocimiento facial y en el uso de la inteligencia artificial en espacios públicos. Está exportando esta tecnología a otros gobiernos autoritarios que quieren controlar mejor a sus propios disidentes. Invierte grandes recursos en los usos militares de la IA. En enero de 2025, una start-up china, DeepSeek, presentó modelos de inteligencia artificial que competían en calidad con sus equivalentes norteamericanos, y que eran mucho más baratos. En 2017 China anunció que su objetivo era ser líder mundial en inteligencia artificial antes de 2030.

Kai-Fu Lee es uno de los mayores expertos en este campo. De origen taiwanés, preside una incubadora de start-ups en inteligencia artificial en Pekín, donde ha surgido ya algún unicornio, y que me invitó a visitar. En su opinión, tanto Estados Unidos como China tienen sus propios puntos fuertes. Estados Unidos es mejor en investigación puntera y en el desarrollo del software y los algoritmos de la inteligencia artificial. China, en cambio, la supera en aplicaciones tecnológicas. Piensa que hay varias razones para ello, junto con las políticas públicas ya comentadas, la disponibilidad de un inmenso volumen de datos y las leyes laxas sobre protección de la privacidad. Las empresas de IA pueden crecer sólo si los consumidores aceptan el riesgo que conlleva apostar por una novedad tecnológica, y es más fácil que eso suceda en China que en Occidente. La población se muestra muy receptiva a los nuevos modelos de consumo porque no está tan habituada a los viejos, ya que hasta hace poco carecía de medios económicos para adquirirlos. No sólo el consumidor chino parece más preparado para asumir esos riesgos, sino que el Gobierno chino tiene más margen para reducirlos y obliga, por ejemplo, a las aseguradoras a ofrecer pólizas no prohibitivas para los vehículos autónomos.

Al mismo tiempo, China tiene sus propios problemas. El desarrollo de servicios de inteligencia artificial generativa como ChatGPT se ve limitado por la prohibición de que suministren a los usuarios contenidos contrarios a las políticas del Partido. Tras la aparición de este tipo de servicios en las plataformas digitales chinas de Alibaba, SenseTime y Beidou, la Administración del Ciberespacio de China las llamó al orden. Les exigió que defendieran los valores socialistas y las obligó a someter sus productos a un control previo de seguridad para asegurarse de que no contradicen los principios del socialismo con características chinas. Todo esto puede encajar muy bien en la lógica de control social y político consustancial al Partido Comunista de China, pero no en la del libre flujo de ideas que necesita una tecnología como la inteligencia artificial para poder desarrollarse plenamente.

Trump anunció al poco de llegar a la Casa Blanca una iniciativa con el sector privado para movilizar 500.000 millones de dólares para financiar infraestructuras de inteligencia artificial. Lo hizo acompañado de los presidentes de las empresas que participan en la iniciativa, Sam Altman, de OpenAI; Larry Ellison, de Oracle; y Masayoshi Son, de Softbank. El America First Policy Institute, un centro de pensamiento alineado con sus ideas políticas, estaría elaborando una estrategia que propone limitar al máximo el marco regulatorio de la inteligencia artificial en Estados Unidos a fin de promover su rápido desarrollo y asegurar el liderazgo norteamericano en este terreno.

En esta carrera por tomar la delantera en el desarrollo de la inteligencia artificial, Europa tiene un retraso sustancial. Y eso a pesar de que posee el talento, la capacidad financiera y los centros de investigación que podrían permitirle tener un peso mayor. Ha avanzado mucho en software y en equipamiento 5G. La empresa holandesa ASML es líder mundial en máquinas para fabricar semiconductores mediante unos sistemas de litografía de alta resolución de rayos de luz ultravioleta extrema. Para Kai-Fu Lee a Europa le ha faltado ambición en el desarrollo de políticas orientadas a que surjan empresas que puedan ser líderes mundiales en este campo. No ha existido una política eficaz que coordine los recursos existentes y establezca el entorno industrial y regulatorio apropiado. No se ha creado un verdadero ecosistema de innovación. No se forman todos los años un número suficiente de matemáticos e ingenieros. No existe una competencia feroz entre start-ups en la que sólo sobrevivan las mejores. Los valores políticos son diferentes que en China, y las leyes de protección de datos en Europa restringen enormemente su uso. Las normas de defensa de la competencia dificultan la aparición de grandes empresas. Su conclusión es que Europa se arriesga a depender completamente de China o de Estados Unidos en una cuestión decisiva para su futuro. Igual que su dependencia militar de Estados Unidos ha limitado hasta el momento su independencia política, la dependencia tecnológica de Europa puede tener un efecto similar, y en este caso además también en relación con China.

Los avances de China en el terreno científico y tecnológico despertaron todas las alarmas en Estados Unidos, consciente de la importancia de mantener su superioridad sobre China en esta materia. Su reacción no tardó en llegar.

La primera batalla se planteó en uno de los terrenos más sensibles, el de las telecomunicaciones y el control de datos. Ya hemos visto las medidas que Estados Unidos adoptó en relación con Huawei. La administración Biden actuó asimismo contra la aplicación china TikTok, con el objetivo de impedir que siguiera controlando el gran volumen de datos que obtiene de sus usuarios. Denunció que sus algoritmos pueden manipular la opinión pública y transmitir propaganda china, así como recoger información sensible, como las opiniones de quienes utilizan la aplicación sobre el aborto, la religión o el control de armas. Estas medidas provocaron demandas judiciales, según las cuales prohibir TikTok es una medida anticonstitucional porque viola la libertad de expresión. Suscitaron igualmente las protestas de muchos jóvenes norteamericanos aficionados a la aplicación. Pese a la oposición de Trump, en enero de 2025 el Tribunal Supremo confirmó la prohibición a TikTok de seguir operando, a menos que su propietario, el gigante tecnológico chino ByteDance, la venda. 

Estados Unidos ha tomado decisiones de especial transcendencia en lo que se refiere a los semiconductores. Los semiconductores son componentes imprescindibles en todas las industrias de alta tecnología. Es un sector en el que Estados Unidos tiene una clara superioridad tecnológica, por lo que las medidas que adopte traerán consecuencias de gran alcance. Por eso Washington lo ha elegido campo de batalla prioritario para intentar frenar el auge científico y tecnológico de China. Ha ido aplicando gradualmente restricciones en este campo, y en 2023 las amplió vetando las exportaciones a China de semiconductores de última generación, que son determinantes para la industria de defensa, la inteligencia artificial o el internet cuántico. Prohibió que las compañías que recibieran los subsidios previstos en la ley norteamericana sobre semiconductores pudieran fabricar esos semiconductores avanzados en China, y restringió las inversiones en inteligencia artificial o computación cuántica. En diciembre de 2024 amplió estas restricciones, prohibiendo además que se exportaran a China equipos para la fabricación de semiconductores avanzados.

Para aplicar estas restricciones, Estados Unidos ha buscado la colaboración de otros fabricantes como Corea del Sur y Japón, estrechos aliados suyos, además de Taiwán, donde se fabrican los más sofisticados. O de Países Bajos, donde se encuentra la sede de ASML, la empresa que produce las máquinas con las que se fabrican los semiconductores. La respuesta en general ha sido positiva, aunque en puntos concretos Washington ha encontrado algunas reticencias.

Las empresas tecnológicas norteamericanas se han resistido en algunos casos a las restricciones impuestas por Washington. No desean quedarse fuera de un mercado como el chino, tan jugoso en las ganancias y tan creativo en términos de innovación. Temen que las compañías chinas puedan desarrollar en un plazo no muy largo los componentes que antes compraban a empresas norteamericanas y empiecen a exportarlos a otros lugares, con lo que perderían el mercado chino y buena parte de los mercados globales.

No obstante, las medidas restrictivas son cada vez más amplias. Algunos analistas norteamericanos anticipan que las restricciones adoptadas sobre los semiconductores podrían ir aplicándose a otros sectores como la biotecnología o las energías renovables. Estados Unidos ha limitado el alcance de sus acuerdos de colaboración con China en materia de ciencia y tecnología y ha presionado a otros gobiernos occidentales para que hagan lo mismo. En las universidades norteamericanas, donde siempre ha habido un elevado número de estudiantes chinos, éstos siguen siendo bienvenidos para realizar estudios humanísticos, pero se ha limitado su acceso a las carreras científicas o tecnológicas.

Las autoridades norteamericanas justifican estas medidas invocando razones de seguridad, dirigidas a impedir que China obtenga tecnología militar o de doble uso, o acceda a comunicaciones confidenciales. Los portavoces de la administración Biden decían que estaban inspiradas en el principio «terreno pequeño, valla alta», es decir, restringir severamente la exportación de un número limitado de tecnologías. Pero en realidad su número no es tan limitado. La amplitud y las consecuencias de las medidas norteamericanas es tal que afectarán negativamente no sólo a las industrias de defensa, sino al desarrollo científico y tecnológico de China en su conjunto. Es difícil imaginar que éste no haya sido también el propósito de sus promotores. Se espera que Trump mantenga o incluso amplíe las fuertes restricciones existentes al acceso de China a las tecnologías norteamericanas.

Como hemos visto, Washington ha redescubierto la política industrial como parte de su estrategia para competir con China en el terreno tecnológico. Durante muchos años la denigró, siguiendo los postulados de liberalismo económico del Consenso de Washington. El final de la Guerra Fría y la mejora del entorno de seguridad de Estados Unidos habían provocado una caída notable en la inversión pública en investigación y desarrollo. En el campo digital, Silicon Valley parecía garantizar su superioridad durante mucho tiempo. Pero todo eso cambió con Joe Biden con el fin de hacer frente al ascenso tecnológico de China. Se aprobó la Ley de Semiconductores y Ciencia, que movilizó 280.000 millones de dólares en fondos dedicados a subvencionar la investigación y la fabricación de semiconductores en Estados Unidos. La Ley de Reducción de la Inflación incluye elevadas subvenciones para las energías renovables, y en su primer año de vigencia autorizó proyectos por valor de 282.000 millones de dólares. Una tercera ley, la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleo, proporciona fondos por valor de 1,2 billones de dólares para financiar infraestructuras de transporte, acceso a internet de banda ancha y renovación de la red eléctrica y del suministro de agua potable.

El Gobierno chino ha criticado fuertemente las medidas adoptadas por Washington contra las empresas tecnológicas chinas y las restricciones a sus importaciones de semiconductores. Sus representantes acusan a Estados Unidos de tratar de bloquear el legítimo desarrollo de las industrias chinas con el fin de mantener su hegemonía tecnológica. El Global Times tituló así uno de sus editoriales sobre el tema: «Estados Unidos lanza un ataque salvaje contra el libre comercio». Los responsables chinos ven todo esto como parte de la política norteamericana de contención del ascenso de China.

China ha adoptado algunas medidas de represalia; por ejemplo, limitar la exportación de dos tierras raras (el galio y el germanio), así como del grafito. Esta última decisión se adoptó tras el endurecimiento de las restricciones norteamericanas a la venta de semiconductores a China en 2023. El galio y el germanio tienen amplias aplicaciones en múltiples sectores, incluida la electrónica y la fibra óptica, en tanto que los ánodos de grafito (del que China es el principal procesador, con un 90 por ciento del total mundial) son un componente básico de las baterías de litio utilizadas en los vehículos eléctricos. Un día después de las restricciones adoptadas por Washington en diciembre de 2024, Pekín anunció la suspensión inmediata de las ventas a Estados Unidos de galio, germanio, antimonio y materiales superduros —algunos de ellos esenciales para la fabricación de semiconductores y de vehículos eléctricos—, invocando su posible doble uso militar y civil.

Pero el elemento fundamental de la reacción china no han sido las represalias, sino la decisión de redoblar los esfuerzos dirigidos a reducir su dependencia del exterior en materia científica y tecnológica y alcanzar la autosuficiencia en sectores clave. Sobre los progresos de China en este terreno las opiniones están divididas. Según The Economist, su dependencia ha seguido creciendo, y China realizó en 2020 el 8,4 por ciento del total de pagos internacionales por uso de propiedad intelectual. Un estudio de Goldman Sachs del mismo año, sin embargo, resalta los progresos en la autosuficiencia china en productos de tecnología punta. Según otros informes, China habría alcanzado ya el 86 por ciento de los objetivos del Plan Made in China 2025; y destacarían sus avances en áreas donde tradicionalmente ha estado más atrasada, como la aviación comercial.

El Partido está volcado en el objetivo de la autosuficiencia tecnológica. Lo considera como una absoluta prioridad nacional. En 2023 Xi Jinping presidió una reunión del Politburó dedicada a este tema, en la que subrayó la vinculación entre el desarrollo tecnológico y la seguridad nacional. Xi insistió en la necesidad de seleccionar las áreas de investigación prioritarias y de crear una red basada en el trabajo coordinado de las universidades, los laboratorios, los centros de investigación y las grandes empresas tecnológicas. Recalcó la importancia de atraer el talento promoviendo las carreras científicas e invitando a los científicos chinos que trabajan en el extranjero a que regresen a su país. «Éstos —señaló— deben ver su trabajo como una lucha patriótica al servicio de la nación.» Xi ordenó a las organizaciones del Partido en todas las provincias chinas que se pusieran a trabajar para alcanzar estos objetivos. Poco después se decidió reorganizar en profundidad el Ministerio de Ciencia y Tecnología para desarrollar estas líneas de actuación. Li Junru, uno de los ideólogos del Partido, insistió en estos mismos puntos en una conversación que mantuve con él.

Muchos creen que las restricciones adoptadas por Estados Unidos pueden entrañar un elevado coste para China y retrasar su desarrollo científico y tecnológico. Otros piensan en cambio que ese coste será temporal y que la determinación del Partido de emplear todos los recursos nacionales para hacer frente al problema terminará por hacerla autosuficiente en este campo.

De nuevo, una de las áreas clave en las que esta cuestión está decidiéndose son los semiconductores. Los esfuerzos chinos de autosuficiencia han sido especialmente intensos en este ámbito. El fondo chino para inversiones industriales en circuitos integrados ha aumentado notablemente sus inversiones en puntos clave de la cadena de suministros, como los circuitos integrados, los materiales fotorresistentes, los nanocomponentes o la tecnología de litografía con rayos ultravioleta que permite fabricar los semiconductores. Universidades y centros de investigación dedican una atención prioritaria a este sector y reciben una fuerte financiación del gobierno. Los fondos públicos llegan a las principales empresas chinas fabricantes de semiconductores, como SMIC, Hua Hong o Huawei. Se les ha concedido además una mayor flexibilidad para utilizarlos, y mantienen contactos estrechos con los centros de investigación para que éstos puedan orientar sus actividades en la dirección que resulte más eficaz.

Los resultados hasta ahora han sido limitados. Los fondos no siempre se han utilizado bien, y muchos de los responsables de estos programas han sido destituidos o incluso procesados por corrupción. El retraso con respecto a Estados Unidos sigue siendo considerable. El nivel de avance de los semiconductores se expresa en nanómetros (nm), que miden la densidad de sus transistores, su rapidez de respuesta y su ahorro de energía. Los más sofisticados son los que tienen un número menor de nanómetros. TSMC fabrica en Taiwán semiconductores de 4 nm, y está prevista la producción de uno de 2 nm. Le siguen la coreana Samsung, que produce también semiconductores de 4 nm, y la norteamericana Intel, que los fabrica de 7 nm. Los semiconductores más pequeños que salen de las fábricas chinas más avanzadas como SMIC hasta hace poco eran de 14 nm, lo que significa que su tecnología se encuentra bastantes años por detrás de la de las empresas citadas anteriormente. Expertos de un país asiático presente en este sector con quienes me entrevisté en Pekín me dijeron que las restricciones norteamericanas van a retrasar mucho el desarrollo de China en este terreno y van a dificultar notablemente su objetivo de atrapar a Occidente. Sólo lo conseguiría si lograra desarrollar una tecnología para fabricar semiconductores totalmente distinta, lo que significaría un cambio radical en el paradigma tecnológico del sector.

Por eso resultó sorprendente que en agosto de 2023 Huawei sacara a la venta un nuevo teléfono móvil muy avanzado, el Mate 60 Pro, que utilizaba semiconductores de 7 nm fabricados por la empresa china SMIC. El retraso chino en este terreno no parecía ser tan grande. Para más inri, Huawei lo anunció durante una visita a Pekín de la secretaria de Comercio norteamericana Gina Raimondo. El mensaje era claro: los esfuerzos de Washington por bloquear el acceso de China a los semiconductores de última generación habían fracasado. La presentación del Mate 60 Pro era una bofetada a la política de restricciones impuestas por Estados Unidos y a la propia Sra. Raimondo como su responsable.

La secretaria de Comercio tuvo que dar pronto explicaciones ante el Congreso norteamericano sobre la eficacia de las restricciones impuestas a China, que ésta parecía ser capaz de eludir. Concluyó que las restricciones funcionaban, que el tipo de semiconductor utilizado por Huawei no era en realidad tan avanzado y que China seguía estando varios años atrás con respecto a Estados Unidos en este tema. Los analistas norteamericanos concluyeron que Huawei pudo fabricar el Mate 60 Pro utilizando una tecnología relativamente antigua para tratar de copiar un semiconductor de 7 nm fabricado en Taiwán por TSMC, pero que ese proceso presenta serios inconvenientes: permite incorporar menos transistores, se reduce la velocidad operativa y se incrementa el coste. Todo ello afecta significativamente al rendimiento final del producto y resulta difícil de sostener a largo plazo.

Unos meses más tarde, TheWall Street Journal informó de que Huawei estaba fabricando semiconductores similares al modelo H10 de Nvidia, uno de los más avanzados de la compañía norteamericana, cuya venta a China está prohibida. El periódico describía la manera en la que los semiconductores seguían llegando a China a través de empresas interpuestas de terceros países.

En otoño de 2024 Huawei presentó un nuevo sistema operativo para teléfonos móviles, el HarmonyOS NEXT. La compañía ya había creado su propio sistema operativo, el Harmony OS, pero éste contenía componentes de Android, el sistema operativo de Google. El HarmonyOS NEXT, por el contrario, se ha desarrollado íntegramente en los laboratorios de la compañía y prescinde de Android y de todos los componentes extranjeros. Se trata del primer sistema operativo que rompe el duopolio que hasta el momento han mantenido Android y macOS, de Apple.

Los modelos de inteligencia artificial presentados por otra empresa china, DeepSeek, sugieren igualmente que la industria china está siendo capaz de utilizar semiconductores con un rendimiento muy parecido a los productos más sofisticados de Nvidia y otras compañías norteamericanas.

Está claro que el Gobierno y las empresas chinas están dispuestos a hacer todo lo que haga falta para superar las restricciones tecnológicas de Estados Unidos, tanto en el terreno de los semiconductores como en todos los demás. El fundador y presidente de Huawei, Ren Zhengfei, dijo en 2023 que la estrategia de su compañía es acabar con su dependencia de la tecnología norteamericana en el plazo de dos años.

Huawei es una empresa muy particular. The Economist ha analizado cómo ha sido capaz de sobrevivir a la guerra sin cuartel que le declaró Estados Unidos a partir de 2019. La revista destaca que en el primer trimestre de 2024 sus beneficios se incrementaron un 564 por ciento en relación con el año anterior. Huawei ha vuelto a vender teléfonos móviles, mantiene su negocio básico en las redes de telecomunicaciones y su liderazgo global en 5G, y está ampliando su actividad a la computación en la nube, las nuevas energías y proyectos de consultoría. No está reduciendo su plantilla, sino aumentándola, al revés que sus competidoras europeas Nokia y Ericsson. Muchos de esos nuevos empleados son matemáticos e ingenieros. No puede entenderse Huawei sin la prioridad absoluta que ha dado a la investigación desde sus primeros años. Como empresa es la mitad de grande que Samsung, pero gasta más que el gigante coreano en investigación y en desarrollo. Trabajan en esas tareas 114.000 de sus 207.000 trabajadores, es decir, más del 50 por ciento. Su prioridad es producir componentes que le permitan sustituir a los que hasta ahora ha importado para eliminar su dependencia del exterior. Invierte en otras empresas tecnológicas chinas con el mismo objetivo. Los resultados que está obteniendo le han permitido empezar a competir en otros sectores en los mercados mundiales y reducir el negocio de las compañías occidentales que hasta ahora los dominaban.

Según The Economist, el fundador de Huawei, Ren Zhengfei, describe sus choques con Estados Unidos en términos militares. Cita una frase suya en una reunión interna en 2018: «Es el momento de tomar las armas, subirse a los caballos y librar la batalla». Ren es un antiguo militar y siempre ha dirigido su empresa con ese espíritu. Uno de los gurús chinos de la tecnología punta me dijo una vez que Huawei, más que una compañía, es un estado de ánimo, con una mentalidad castrense de entrega absoluta, de no ceder nunca ante la presión, y una exigencia de movilización total para demostrar al mundo lo que China es capaz de hacer. Eso incluye jornadas de trabajo larguísimas, en las que jóvenes ingenieros vestidos con vaqueros y camisetas permanecen muchas horas pegados a sus ordenadores.

Tuve la oportunidad de encontrarme con Ren Zhengfei en Shenzhen en 2018, con ocasión de la visita de la ministra española de Comercio. Nos recibió en la vieja sede de Huawei, en el centro de la ciudad. Los arquitectos del edificio querían dar una imagen de respetabilidad a la compañía, en ese momento una recién llegada al mundo de la alta tecnología, y emplearon para ello una decoración inspirada en la belle époque, con profusión de estatuas de ninfas envueltas en túnicas vaporosas y cuadros de paisajes bucólicos, bajo una cúpula que recordaba a la del Hotel Palace de Madrid, pero no tan bonita. Ren tenía entonces 74 años, no mal llevados. Ese día no parecía haberse afeitado bien. Habló mucho, pasando de un tema a otro. Mencionó la excelente tecnología de 5G de Huawei, ciertamente, pero sin olvidar el jamón ibérico, que le apasionaba. Se veía que estaba acostumbrado a dominar la escena. Nos invitó a hacerle preguntas incómodas, pero cuando yo le hice una endureció su mirada y me contestó lo justo. Un tipo duro, hecho a sí mismo. Un personaje, sin duda, que en ese momento se sentía acosado por Estados Unidos y sabía que la supervivencia de su empresa peligraba.

Las sanciones norteamericanas han tenido efectos muy negativos para Huawei, incluido el alto coste de tener que buscar alternativas a productos extranjeros que eran más eficaces y baratos. Se ha visto empujada a concentrar su negocio en China y a reducir su actividad en el exterior, que representa ahora sólo un tercio del total, frente al 50 por ciento en 2017. The Economist, sin embargo, concluyó que cortar el acceso de Huawei a la tecnología occidental no la ha ahogado, sino que ha reforzado sus incentivos para innovar por sí misma. Algo parecido opina Peter Wennink, el presidente y director ejecutivo de ASML, la compañía holandesa. Según él, sería preferible fomentar la interdependencia tecnológica con China porque, de otro modo, ésta terminaría alcanzando la autosuficiencia en este campo. Piensa que podría conseguirlo en un plazo de quince años.

No todos están de acuerdo. Un informe del Instituto de Estudios Internacionales y Estratégicos de la Universidad de Pekín subraya que la desvinculación tecnológica entre China y Estados Unidos perjudica a ambas partes, pero en mayor medida a China. Provocará menores inversiones norteamericanas en China en el sector de alta tecnología y limitará la colaboración entre los institutos de investigación y los intercambios de estudiantes, además de los contactos personales entre expertos. El informe fue retirado de internet por la censura china poco tiempo después de ser colgado en las redes. El presidente del instituto citado es Wang Jisi, uno de los académicos chinos más respetados, especialista en relaciones con Estados Unidos y muy vinculado al Partido.

Un catedrático de una gran universidad china me señaló que China podría permitirse esta desvinculación tecnológica si tratara de mantener unos niveles de crecimiento normales, pero no si quisiera alcanzar un crecimiento de alta calidad, como el que buscan en este momento las autoridades de Pekín. El país se ha beneficiado mucho hasta ahora de la tecnología extranjera, y cortar con ella implicaría un coste importante.

El mismo catedrático añadió que la ruptura tecnológica entre China y Occidente no ocurrirá en todos los niveles, sino sólo en aquellos más sensibles. Los países del Sur Global evitarán elegir entre los dos, a fin de seguir accediendo a la tecnología de ambos. Habrá casos en que ello no sea posible y tengan que optar por una o por otra. Durante la Guerra Fría ya tuvieron que hacerlo entre Estados Unidos y la URSS para las compras de armamento. Ahora la necesidad de elegir puede extenderse a otros ámbitos como las aplicaciones de redes sociales, los servicios en la nube, las redes de comunicaciones, los sistemas operativos, los semiconductores, la computación cuántica o determinadas aplicaciones de la inteligencia artificial. En opinión de Kai-Fu Lee, China podría tener la ventaja de que sus productos son más flexibles y adaptables a los mercados globales, como sucede por ejemplo con las plataformas de pago por el móvil. Estados Unidos en cambio podría disponer de productos más avanzados en determinados sectores.

La desvinculación tecnológica entre Estados Unidos y otros países democráticos con respecto a China tiene una difícil marcha atrás. Sería necesario también en este caso reconstruir una confianza política que está desintegrándose desde hace años. Algo difícil de imaginar en el terreno de la alta tecnología, íntimamente ligado a la seguridad nacional, que es la máxima prioridad en este momento tanto para Estados Unidos como para China. 

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La rivalidad ideológica

Cuando comenzaron las reformas de Deng Xiaoping, tras la muerte de Mao, Estados Unidos se convirtió en el país de referencia para la élite del Partido Comunista de China. Por su estatus de gran potencia, la dimensión de su economía, su nivel de bienestar, su poder militar, sus progresos tecnológicos, sus universidades. La admiración hacia Estados Unidos era profunda. Pocos discutían entonces que Estados Unidos funcionaba mejor que China y que había que intentar acercarse a su nivel de eficacia todo lo posible, siempre naturalmente dentro de los esquemas del sistema político chino. Muchos de los líderes del PCCh y de los grandes empresarios chinos enviaron a sus hijos a estudiar a Estados Unidos. El propio Xi Jinping mandó a su hija a Harvard.

Pero cuando Xi llegó al poder, veinte años después de que Fukuyama proclamara el fin de la historia, habían pasado muchas cosas. Por ejemplo, intervenciones militares mal planteadas y con resultados dudosos en Irak o en Afganistán, que para muchos eran consecuencia de la arrogancia de Estados Unidos en su papel de única gran potencia. O la crisis financiera de 2008, causada por las llamadas hipotecas subprime (de alto riesgo) que se atribuyó a la resistencia de Washington a regular correctamente los mercados financieros. Luego vinieron el auge de los populismos —que provocó, entre otras cosas, el Brexit y la elección de Trump—, la polarización y, en algunos casos, el bloqueo de los sistemas políticos democráticos.

Esos mismos años coinciden con el ascenso de China. Mantenía altos niveles de crecimiento económico, estaba sacando de la pobreza a cientos de millones de personas, mandaba astronautas al espacio y ampliaba su influencia internacional. La imagen de Estados Unidos seguía resquebrajándose, con las críticas chinas a la gestión de la pandemia de la COVID-19 o la caótica salida de Kabul.

La confianza del Partido en sí mismo y en las virtudes del sistema chino era cada vez más fuerte. Los medios repetían los mensajes sobre el debilitamiento de Estados Unidos frente a la pujanza del sistema chino, basado en valores distintos. La campaña de rearme ideológico del PCCh difundía las mismas ideas. El desafío que China planteaba a Estados Unidos y a los demás países democráticos ya no era sólo político, económico, militar o tecnológico. Era también un desafío ideológico.

Cuando Trump y Biden decidieron plantar cara al fortalecimiento de China, la reacción de los dirigentes del PCCh fue especialmente dura en el plano ideológico. El aparato de propaganda del Partido se puso a funcionar a toda máquina. Se emplearon a fondo los lobos guerreros. Se denunció que Estados Unidos estaba tratando de impedir el desarrollo económico de China. Se respondió a las críticas norteamericanas sobre la falta de libertades y las violaciones a los derechos humanos con duros ataques al modelo político, económico y social norteamericano. El diario Global Times lo describió como un darwinismo social en el que sólo sobrevive el más fuerte y lo comparó con un sistema chino que busca el bien común.

Se subrayaron los problemas de la sociedad norteamericana, como el racismo, la violencia provocada por el fácil acceso a las armas de fuego o los estragos provocados por el uso del fentanilo y otras drogas. En esta última cuestión, China tiene un papel relevante, ya que vende a México buena parte del fentanilo que termina en Estados Unidos, así como sus precursores químicos, pese a los esfuerzos de Washington por detener ese comercio. En el caso de Europa se denunciaron las violaciones de los derechos humanos de los refugiados e inmigrantes. Ello no deja de sorprender en un país totalmente cerrado a la inmigración extranjera, a pesar de sus graves problemas demográficos.

Pekín acusaba a las autoridades norteamericanas de cometer errores de todo tipo. Se criticaba duramente el mal estado de las infraestructuras. Se mencionaba su incompetencia a la hora de gestionar desastres naturales, como una ola de frío en Texas o un temporal que provocó inundaciones en el golfo de México y dejó a la población durante varios días sin suministro eléctrico. Para el Global Times, la incapacidad de asegurar un suministro eléctrico adecuado constituía una violación de los derechos humanos de los ciudadanos norteamericanos, concretamente de sus derechos económicos y sociales.

Los portavoces del Partido no se limitaban a denunciar el mal funcionamiento del sistema político norteamericano. Ponían en cuestión los principios sobre los que se basa. Igual que el Departamento de Estado norteamericano elabora informes sobre la situación de los derechos humanos en otros países, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino publicó en 2021 un informe sobre la situación de la democracia en Estados Unidos. En él se resaltaban la polarización y las luchas partidistas, el papel del dinero en las campañas electorales y las desigualdades sociales.

Los medios chinos se sorprendían de que, a pesar de todo eso, Estados Unidos siguiera actuando con un complejo de superioridad, acusando a otros de violar los derechos humanos y arrogándose el papel de «profesor de la democracia». Cuando en Washington se convocaron las dos Cumbres por la Democracia en diciembre de 2021 y en marzo de 2023, Pekín las consideró actos de agresión ideológica. China las contraprogramó organizando sendos Foros Internacionales sobre la Democracia, dedicados a promover los valores de su propio sistema político.

La publicación del informe chino sobre la situación de la democracia en Estados Unidos coincidió con la primera Cumbre por la Democracia. Cuando se celebró la segunda, apareció un nuevo informe, en una fecha que —como se encargaron de recordar los medios chinos— coincidía con el vigésimo aniversario de la invasión norteamericana de Irak. Recuerdo encuentros en esos meses con centros de pensamiento chinos en los que Estados Unidos era acusado de ser el causante de todos los males internacionales.

El boicot norteamericano a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín en 2022 fue igualmente interpretado como un acto de hostilidad ideológica. La respuesta fue el comunicado que China y Rusia adoptaron el 4 de febrero de ese año con ocasión de la presencia de Putin en la inauguración de los Juegos. En él se acusa a ciertos países de tratar de imponer a otros su propia visión de la democracia, sin respetar la diversidad de culturas y civilizaciones. Por ejemplo, las de China y Rusia, que el comunicado describe como «dos países con largas tradiciones democráticas».

La ofensiva ideológica china contra la democracia norteamericana tiene una dimensión de seguridad nacional, como casi todo en la época de Xi Jinping. La promoción de la democracia y de los valores universales es contemplada como una estrategia dirigida a atacar al PCCh y a su posición central en el sistema político chino. Se señala que su objetivo es debilitar a China y volver a dominarla como en el pasado. En 2016, Xi denunció en un discurso los intentos occidentales de infiltración ideológica en China. Tang Aijun, un investigador de la Escuela Central del Partido, propuso crear unos mecanismos de alerta temprana contra los riesgos ideológicos. Un editorial del Diario de la Procuraduría destacó la necesidad de mantener el control ideológico de los órganos de la fiscalía, aplicando en ellos el Pensamiento de Xi Jinping y rechazando conceptos erróneos como el constitucionalismo occidental, la separación de poderes o la independencia de los tribunales.

En abril de 2023, la Oficina General del Comité Central distribuyó internamente a los diversos órganos del Partido un documento titulado Comunicado sobre el estado actual de la esfera ideológica. El documento daba instrucciones a los cuadros del Partido para que «desencadenaran una lucha intensa y despertaran el fervor de las masas contra las siguientes tendencias equivocadas»:

La democracia constitucional occidental, cuya defensa va dirigida a minar la autoridad del Partido.

Los valores universales de derechos humanos, considerados como un intento de debilitar los fundamentos teóricos del liderazgo del Partido.

La sociedad civil, vista como un instrumento político de las fuerzas occidentales antichinas para desmantelar las bases sociales del Partido.

El neoliberalismo, descrito como una estrategia norteamericana para cambiar el sistema económico chino.

El concepto occidental de periodismo, contemplado como un intento de infiltrar la ideología del sistema chino.

El nihilismo histórico, que cuestiona la historia del Partido y niega la inevitabilidad del socialismo chino.

Las críticas a la política de Reforma y Apertura, porque no debe haber más discusiones sobre la necesidad de proseguir con las reformas.

John Garnaut ha apuntado que este documento se filtró porque una periodista china, Gao Yu, lo colgó en internet. Detuvieron inmediatamente a Gao y amenazaron a su hijo, tras lo cual confesó ante las cámaras de televisión; una imagen que recordaba a las de la época de la Revolución Cultural. En ella declaró que lo que hizo estuvo muy mal, que fue una violación de la ley, y que había dañado los intereses nacionales.

Las críticas a los sistemas democráticos incluyen un esfuerzo por desprestigiar sus fundamentos intelectuales, tanto su filosofía como sus ciencias sociales. En un artículo publicado en el Diario del Pueblo, Gao Xiang, presidente de la Academia China de Ciencias Sociales, cuestionó que los planteamientos teóricos occidentales siguieran desempeñando un papel central en los foros internacionales sobre esta materia. Proclamó que las teorías neoliberales han sido ampliamente cuestionadas desde la crisis financiera de 2008 y que los modelos de gobernanza de las democracias liberales no están adaptados a las nuevas tendencias internacionales ni al espíritu de los tiempos. Resaltó el fuerte contraste entre el orden en China y el caos en Occidente, y enmarcó todo ello en la tendencia al ascenso de Oriente y el declive de Occidente.

Un profesor de la Universidad de Fudan, Zhang Weiwei, denominó «norteamericanos espirituales» a los ciudadanos chinos que quedaron fascinados por Estados Unidos en los años ochenta del siglo pasado y que siguen actuando como instrumentos de la «hegemonía ideológica de Occidente». En 2018, Xi Jinping —que ha participado activamente en esta campaña ideológica— pronunció un discurso en el que denunció a quienes tienen una cara china, pero no un corazón chino, y carecen de sentimientos chinos y de identidad china. Los calificó de destructores y sepultureros del socialismo, dedicados a elaborar estrategias para occidentalizar el país y dividirlo preparando revoluciones de colores.

Frente a las propuestas occidentales, el Partido reivindica su propio modelo de ciencias sociales. El mismo Gao Xiang incide en la necesidad de construir una filosofía y unas ciencias sociales innovadoras, que no copien los discursos occidentales, sino que empleen la razón china para resumir la experiencia china, y que conviertan la experiencia china en teoría china. Todo ello basado en el Pensamiento de Xi Jinping. El Comité Central ha creado centros de pensamiento para ayudar a elaborar las políticas del Partido a partir de estos planteamientos. Xi Jinping, en un discurso en la Universidad Renmin de Pekín, dijo que para crear universidades de primer nivel mundial con características chinas no hay que seguir ciegamente los modelos occidentales, sino marcar un camino propio. «La prioridad para desarrollar una filosofía y unas ciencias sociales con características chinas es establecer un sistema de conocimiento independiente.»

Los dirigentes chinos subrayan la legitimidad de la llamada democracia de proceso completo, que fue descrita en capítulos anteriores. Afirman que el sistema chino, además de ser legítimo, funciona mejor, y que así lo piensan la inmensa mayoría de los chinos, contrariamente a lo que sucedía en el pasado. Destacan que, si China hubiera sido una democracia liberal, no habría podido lograr lo que ha conseguido en los últimos cuarenta años.

Para los ideólogos chinos, minzhu (‘democracia’) no significa convocar elecciones, sino gobernar en interés del pueblo. Sostienen que la buena gobernanza es una fuente de legitimidad mayor que las elecciones libres. El auténtico debate no está entre democracia y autoritarismo, sino entre buena y mala gobernanza. El sistema chino no es una democracia liberal, pero tiene una buena gobernanza. Las democracias occidentales sufren en cambio una mala gobernanza, paralizadas por las frecuentes elecciones y por el enfrentamiento entre posiciones políticas contrapuestas. Antes de ser ministro de Asuntos Exteriores, Qin Gang fue embajador en Washington, donde en un discurso señaló que «si un sistema es o no democrático depende de si es capaz de representar los intereses generales del pueblo, y de si éste se muestra satisfecho. La democracia no es un objeto decorativo: debe funcionar bien». Joe Biden comentó después de una entrevista con Xi Jinping que éste le había dicho que las democracias no podrán sobrevivir en el siglo XXI, porque los cambios se mueven tan deprisa que no serán capaces de manejarlos. Añadió que las democracias requieren consenso, y lograrlo exige demasiado tiempo y esfuerzo. Según Biden, «Xi no tiene un solo hueso democrático en su cuerpo».

Como vimos, Pekín promueve su propio modelo de modernización, una modernización sin occidentalización y sin democracia. Es un modelo que hunde sus raíces en su historia, en su cultura y en las condiciones concretas del país. En un discurso ante los dirigentes del Partido, Xi Jinping lo describió como «un nuevo modelo para el progreso humano, una nueva forma de civilización humana, una solución china para contribuir a la búsqueda de un sistema social mejor para la humanidad».

Éste es el nivel de ambición del proyecto ideológico del PCCh en la época de Xi Jinping: crear una nueva forma de civilización humana. La Unión Soviética intentó algo parecido, pero terminó colapsando. Ahora China propone la misma idea, convencida de que tendrá más éxito. Si el Homo sovieticus se extinguió, los dirigentes chinos están seguros de que el Homo sinicus está aquí para quedarse.

Estas ideas constituían el trasfondo ideológico de las dos celebraciones patrióticas de las que fui testigo mientras estuve en China: el 70 aniversario de la fundación de la República Popular de China en 2019 y el centenario de la creación del PCCh en 2021. El mensaje al resto del mundo de ambas conmemoraciones era muy claro: esto es lo que somos, y estamos encantados de serlo. Nuestro sistema funciona y ha hecho a China más rica y fuerte. Si a los demás les gusta, bien, y si no les gusta, también. Es mejor que se hagan a la idea de que las cosas son así. Cuanto antes se enteren, mejor. Tendrán que aceptarlo y adaptarse a la nueva realidad. Nada más alejado de la visión de los actuales dirigentes de Pekín que la idea de una convergencia progresiva del sistema chino con el occidental, que durante mucho tiempo estuvo en la base del enfoque norteamericano y europeo de sus relaciones con China.

Las diferencias ideológicas entre el sistema político chino y el occidental se reflejan en sus respectivas posiciones sobre los derechos humanos. Es un terreno en el que las disputas entre China y los gobiernos democráticos son abiertas y constantes.

Occidente critica duramente las violaciones de los derechos humanos en China: la inexistencia de libertades, la represión de cualquier manifestación de disidencia y las largas penas de prisión para quienes tienen el valor de mostrar su disconformidad con las políticas del Partido, así como para los abogados que se atreven a defenderlos.

La pena de muerte, por ejemplo, continúa siendo en China un problema muy grave. El número de ejecuciones aparentemente ha bajado desde que se decidió que el Tribunal Supremo del Pueblo tenga que revisar todas las sentencias de muerte. Es imposible asegurarlo, porque desde hace años China ha dejado de facilitar estadísticas sobre este asunto. Amnistía Internacional estima la cifra de ejecuciones anuales en varios miles, mientras que la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte calcula que unas 8.000 personas han sido ejecutadas cada año desde 2007. Subraya que el número de ejecuciones en China es el 90 por ciento del total mundial. En los últimos años se ha reducido el número de delitos castigados con la pena capital. En muchos casos se suspende la ejecución durante dos años y se anula en caso de buen comportamiento del reo.

La respuesta china es negar la legitimidad de esos derechos humanos de los que hablan Estados Unidos y Europa. Como vimos, China rechaza que existan valores universales y afirma que los derechos humanos que invoca Occidente se basan en los valores occidentales. Acusa a Estados Unidos y a sus aliados de utilizar los derechos humanos para injerirse en los asuntos internos de otros países y tratar de violar su soberanía, que, recordemos, es el valor supremo en el orden internacional propuesto por China.

Los chinos acusan a Occidente, sobre todo a Estados Unidos, de ignorar sus propias violaciones a los derechos humanos. Pekín los recoge en detalle en los informes regulares que elabora sobre la situación de los derechos humanos en Estados Unidos, similares a los que publica el Departamento de Estado norteamericano sobre China y otros países. Denuncia igualmente sus violaciones de la Carta de las Naciones Unidas, como las operaciones militares en Kosovo en 1999 y en Irak en 2003 sin autorización previa del Consejo de Seguridad. Le echa en cara que criticara la invasión rusa de Ucrania mientras toleraba las operaciones israelíes en Gaza y en el Líbano.

Al tiempo que ataca la posición norteamericana, China propone sus propias ideas sobre esta cuestión. China no niega la importancia de los derechos humanos y proclama que defenderlos es una causa común de la humanidad. No obstante, cada país tiene derecho a elegir su propio camino para conseguirlo, sin tener que ajustarse a criterios válidos para todos. Ese camino depende de la cultura y de las condiciones concretas de los diferentes países. En el caso de China, sus dirigentes han mencionado entre esas condiciones la necesidad de mantener el liderazgo del Partido.

El Foro sobre Gobernanza Global de los Derechos Humanos celebrado en Pekín en 2023 fue convocado con el fin de promover el modelo chino de derechos humanos. Su raíz está en la peculiar combinación de capitalismo, leninismo y confucianismo presente en la base del socialismo con características chinas. Se basa en la primacía de los intereses del grupo sobre los intereses individuales y de los derechos colectivos sobre los de cada persona concreta. Centra su enfoque en el pueblo, no en la situación de cada individuo. Considera que los derechos económicos, sociales y culturales tienen preferencia sobre los derechos civiles y políticos.

En las Naciones Unidas y en otros organismos internacionales, China no se coloca en absoluto a la defensiva en este asunto, sino que asume una posición combativa. Defiende su propia visión del tema, busca países que la apoyen y trata de influir sobre el marco internacional de gobernanza de los derechos humanos. Sus dirigentes se han marcado como objetivo tomar la iniciativa estratégica en este terreno, tratando de crear una imagen positiva sobre la situación de los derechos humanos en China y negando a Occidente una posición de superioridad moral en esta cuestión. Se refieren, por ejemplo, al enorme progreso que, para el respeto a los derechos económicos, sociales y culturales, ha supuesto sacar a 700 millones de personas de la pobreza, lo cual ha permitido mejorar sustancialmente las condiciones de vida de la población. En 2024 organizaron una mesa redonda sobre derechos humanos en Río de Janeiro con los Estados de América Latina y del Caribe.

Apoyan la posición china muchos países en desarrollo, que tienen sus propios problemas de derechos humanos y que están hartos de las presiones occidentales sobre la necesidad de eliminarlos. De ahí las repetidas victorias obtenidas por China en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. Para los dirigentes chinos, no se trata sólo de victorias políticas o diplomáticas, sino también ideológicas.

Estados Unidos, la Unión Europea y otros países democráticos se oponen a la visión china de los derechos humanos y reivindican el valor de la Declaración de 1948, así como de los dos Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobados en 1966: el de Derechos Civiles y Políticos y el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. China ha ratificado este último, pero no el de Derechos Civiles y Políticos. Estos tres documentos constituyen los textos básicos de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos, y en ellos se basan los Estados occidentales cuando acusan a China de no respetarlos.

Es cierto que los derechos humanos nacieron en Occidente, y que están enraizados en la filosofía occidental. Pero los países democráticos consideran que adquirieron una validez universal al ser incluidos en la Carta de las Naciones Unidas de 1945, en la Declaración de 1948, y en los dos Pactos de 1966. Sobre la base de esos textos se ha desarrollado una práctica internacional dirigida a velar por su cumplimiento, en el que han desempeñado un papel central las propias Naciones Unidas y otros organismos internacionales. Los derechos humanos no reflejan meramente los valores occidentales, sino los valores de las Naciones Unidas.

Su razón de ser es establecer una defensa para los débiles frente a los abusos de los fuertes. A éstos no les interesa que se limite su poder. A los débiles sí. Son una forma de restringir la arbitrariedad de los poderosos en cuestiones esenciales como la vida, la integridad física o la libertad. Se trata de cuestiones que afectan no sólo a la supervivencia, sino a la propia dignidad de las personas. Para los Estados democráticos, los derechos humanos son universales no sólo porque así lo diga la Declaración Universal de 1948, sino porque la dignidad humana es un valor universal. Debe ser protegida en todos los lugares, en todos los climas, en todas las culturas.

Los problemas de incumplimiento de los derechos humanos existen en todos los países, también desde luego en los países occidentales. Con frecuencia, éstos han aplicado dobles raseros a la hora de valorar el cumplimiento de los derechos humanos, lo cual resulta inaceptable. Es asimismo necesario tener en cuenta las condiciones de cada país, su situación económica o su nivel de desarrollo. No todos los países están en condiciones de alcanzar el mismo nivel de protección de los derechos humanos. Diferentes culturas pueden además interpretar cuestiones concretas de diferente manera. Pero esas diferencias no pueden convertirse en un pretexto para dejar de defenderlos, ni para vaciarlos de contenido, ni para dejar de dialogar. Deben ser el punto de partida del esfuerzo dirigido a tratar de mejorar su protección, no su punto final.

Es positivo que exista un diálogo entre China y la Unión Europea sobre los derechos humanos. Pero ese diálogo ha sido hasta el momento un diálogo de sordos. Al sacar de la pobreza a 700 millones de personas en las últimas décadas, China ha realizado una contribución inmensa al cumplimiento de los derechos humanos, especialmente los de carácter económico, social y cultural. No debería cerrarse a mantener un diálogo productivo sobre este tema. Ésta es una cuestión en la que China y la Unión Europea no llegarán probablemente a estar nunca totalmente de acuerdo, pero en la que existe un margen para mejorar el actual estado de cosas. Si se aprovecha, los efectos sobre las relaciones entre China y la Unión Europea serían muy positivos.

Hasta ahora la Unión Europea y Estados Unidos han colaborado estrechamente en la defensa de los derechos humanos en los foros internacionales. Habrá que ver hasta dónde está dispuesto a llegar Trump en esa tarea en su segunda presidencia.

Al mismo tiempo, los países desarrollados deben entender la situación en la que se encuentran los países en vías de desarrollo, que es muy diferente de la suya. En El Salvador, por ejemplo, el presidente Bukele ha conseguido avances en la eliminación de la violencia causada por las maras aplicando políticas que violan gravemente los derechos humanos de los pandilleros. Bukele es muy apoyado por China, con quien mantiene excelentes relaciones; y muy criticado por Occidente, tanto por sus violaciones a los derechos humanos como por las acusaciones de corrupción contra él y su familia. Tiene, sin embargo, un fuerte apoyo de la población, que ha recuperado un nivel de seguridad ciudadana que desde hace muchos años no disfrutaba, y que le ha vuelto a permitir llevar una vida más o menos normal. Ese apoyo hace pensar que los salvadoreños piensan que respetar los derechos humanos es importante, pero que hay otras cosas que también lo son, como poner fin a la violencia que asolaba su país. Si desean defender su posición sobre los derechos humanos y que ésta sea apoyada en el mundo en desarrollo, los Estados democráticos deben ser capaces de encontrar maneras de dar respuesta a este tipo de situaciones. Deben proponer soluciones que respeten por supuesto los derechos humanos, pero que en casos como el de El Salvador sean capaces al mismo tiempo de acabar con la violencia. De otro modo, las propuestas chinas pueden ganar un respaldo cada vez mayor en países con graves problemas estructurales —como la violencia, la pobreza, la corrupción o la desigualdad— para los que buscan una solución.

En una ocasión, un viceministro chino me dijo que ellos estaban abiertos a dialogar sobre cualquier tema referente a los derechos humanos y que son muy conscientes de los problemas que existen en su país al respecto. Pero estableció dos condiciones previas: el respeto mutuo y la no injerencia en los asuntos internos. Reiteró la prioridad de los derechos sociales y económicos, que abordan las necesidades vitales de la población. Destacó que esta posición de China es compartida por la inmensa mayoría de los Estados en desarrollo, que por eso votan a su favor en el Consejo de Derechos Humanos. Los países occidentales deberían tomar nota de ello y adoptar una postura razonable y pragmática, no ideológica.

No todos los dirigentes chinos se muestran tan abiertos al diálogo. David Rennie, quien durante varios años fue corresponsal de The Economist en China, señala que en una cumbre China-Unión Europea el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, explicó al presidente Xi Jinping que en Europa existe una gran sensibilidad hacia los derechos humanos debido a su oscuro pasado en ese campo, incluido el Holocausto. La respuesta de Xi fue que los chinos guardan recuerdos todavía más vivos de sus sufrimientos a manos de las potencias coloniales. Citó los tratados que forzaron a China a realizar concesiones comerciales y a ceder soberanía sobre su territorio, y las leyes racistas que prohibían a los chinos y a los perros entrar en los parques de los enclaves europeos. Recordó la masacre de Nankín a manos del ejército japonés en 1937. Todo ello, concluyó, hace que los chinos también tengan una fuerte sensibilidad hacia los derechos humanos y hacia quienes utilizan dobles raseros para criticar a otros.

La rivalidad ideológica entre China y Estados Unidos es una de las dimensiones fundamentales de su lucha por el dominio del orden internacional. Existe en este terreno una auténtica batalla de ideas, en la que se enfrentan dos concepciones del mundo.

Una dice que para poder avanzar los países deben ser gobernados por una minoría educada que no tenga que enfrentarse a ninguna oposición interna, que pueda imponer un pensamiento político único al que todos los ciudadanos tengan que ajustar su comportamiento, y que sea capaz de movilizar al servicio de sus objetivos todos los recursos nacionales. El fundamento ético en el que se apoya esta idea es que los individuos deben sacrificar sus libertades individuales en aras de los intereses generales de la sociedad.

De acuerdo con la otra, para que un país pueda desarrollar todo su potencial tiene que aprovechar toda la creatividad de sus ciudadanos, toda su capacidad de iniciativa y de asunción de riesgos. Para eso es imprescindible que se les permita pensar libremente, discutir libremente y elegir libremente a sus representantes. Sólo si cada persona puede tomar sus decisiones con libertad la sociedad en su conjunto podrá beneficiarse del esfuerzo de cada individuo. Este planteamiento tiene su propio fundamento ético, que declara que la dignidad del ser humano exige que sea libre para elegir su propio destino.

Esta batalla de ideas tiene mucho que ver con la cultura, la historia y la propia identidad de cada una de las sociedades que defienden su propia visión del asunto. Por eso es muy difícil que desparezca. Todo lo contrario. China y Occidente están luchando por afirmar su identidad, los valores de sus respectivas civilizaciones y los sistemas políticos construidos sobre ellos. Luchan asimismo por extender su influencia en el escenario internacional. De un lado, el modelo político occidental de capitalismo democrático, del otro, el modelo político chino de capitalismo autoritario.

La batalla de ideas es por lo tanto una batalla política, y eso explica su nivel de acritud. John Garnaut ha subrayado la audacia del modelo ideológico chino y su capacidad de influencia sobre el mundo en desarrollo. Miguel Trías piensa que la sofisticada operación intelectual que se está cocinando en China puede terminar relegando el corpus ideológico de la Ilustración, proponiendo al mundo un mayor bienestar a cambio de la renuncia a los valores de libertad y humanismo. Jacob Dreyer, al describir un reciente viaje por China, se refirió al «optimismo cultural» de los chinos con los que se encontró, basado en el espíritu emprendedor, en avances tecnológicos como su programa espacial o en millones de vidas conformistas y prósperas. China le recordó a los Estados Unidos de los años sesenta del siglo pasado, con su combinación de nacionalismo y de creciente bienestar de la clase media.

Donald Trump ha mostrado una inclinación hacia los líderes autoritarios, lo que podría debilitar la posición de las democracias en esta batalla de ideas. Pero Estados Unidos sigue siendo un gran país a pesar de todos sus problemas. No se puede infravalorar su capacidad de sobreponerse a las dificultades, ni tampoco la fuerza de las ideas sobre las que se ha construido. Robin Niblett destaca que Estados Unidos y sus aliados, en casi todos los indicadores y en casi todos los ámbitos, siguen en cabeza en las clasificaciones mundiales. The Longer Telegram, el informe del Atlantic Council, comenta que el principal problema de Estados Unidos en su relación con China no es económico, militar ni tecnológico, sino de confianza en sí mismo. Muchos norteamericanos tienen dudas sobre el futuro de su país y estiman que sus mejores días han quedado atrás. Según el Atlantic Council, no existe una base objetiva para pensar de esa manera. Estados Unidos sigue siendo una nación joven con una gran capacidad de innovación. Los valores que defiende han resistido bien el paso del tiempo. El papel de sus líderes es proponer una visión y un proyecto que lleven al pueblo norteamericano a creer de nuevo en sí mismo y en su capacidad de liderazgo global.

La Unión Europea, por su parte, ha terminado con una larga historia de guerras y atrocidades y ha dado al continente su período más prolongado de estabilidad, libertad y prosperidad de su larga historia. Ha creado un tipo de estado de bienestar basado en los principios democráticos que es mirado con respeto en el resto del mundo.

Esta batalla de ideas, esta pugna entre dos sistemas de valores y dos modelos políticos, hace pensar en la que mantuvieron Estados Unidos y la Unión Soviética, o incluso Atenas y Esparta. Con desenlaces por cierto diferentes. En la Guerra Fría la democracia norteamericana se impuso sobre el régimen autoritario soviético, mientras que en las guerras del Peloponeso la democracia ateniense fue derrotada por el sistema político conservador de Esparta, basado en su poderío militar.

Las democracias hasta ahora se habían enfrentado a rivales que procedían del colapso de la Europa tradicional tras la Primera Guerra Mundial, que desencadenó unos fenómenos sociales descritos por Ortega y Gasset en La rebelión de las masas. Calificaban a los países democráticos como elitistas, débiles e hipócritas, y afirmaban que habían conseguido superarlos. Trataban de ser más igualitarios pero autoritarios, y terminaron fracasando económicamente, como el comunismo soviético. O autoritarios pero racistas y agresivos, como el nazismo y el fascismo, que acabaron aplastados por sus propios delirios. Ahora las democracias se enfrentan a otro sistema que teóricamente trata de ir también más allá que ellas. El comunismo chino ha superado al sistema comunista tradicional y ha logrado que deje de ser económicamente ruinoso. Pero lo ha hecho dejando de ser comunista y abrazando el capitalismo. Su régimen autoritario intenta evitar los fallos que cometió el modelo soviético, engrasando bien la maquinaria política del Partido, intentando que corrija permanentemente sus propios errores y buscando un contacto estrecho con la población. Se mantiene la dictadura del Partido característica del leninismo, pero se intenta ejercer el poder de manera beneficiosa para la población.

Eso es algo no muy diferente a lo que hacía el despotismo ilustrado, que modernizó Europa en el siglo XVIII con bastante éxito. ¿Podría ser el sistema chino una nueva versión del despotismo ilustrado, una respuesta a la democracia que, más que tratar de superarla, vuelve a esquemas anteriores a ella? Es algo distinto sin duda, porque la raíz confuciana que está en su base no tiene nada que ver con las ideas de la Ilustración. Al final, el despotismo ilustrado fue derrotado por el ímpetu de las ideas igualitarias que trajo la Revolución francesa, es decir, por la democracia.

En el caso chino quizá sería más correcto hablar no de despotismo, sino en cierta medida de totalitarismo ilustrado. ¿Son dos conceptos compatibles? ¿Puede el totalitarismo ser ilustrado? Si así fuera, los medios tecnológicos a su disposición podrían convertirlo en una fórmula difícil de batir. En caso contrario, su supervivencia podría verse amenazada si el Partido en algún momento deja de ser capaz de manejar el difícil ejercicio de funambulismo político que desde hace años lleva realizando entre una economía capitalista y un sistema político leninista, con el factor equilibrador —ético, nacionalista y legitimante— que aporta el confucianismo.

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Los límites del modelo chino: la economía

La economía china ha registrado avances impresionantes desde que inició sus reformas en 1978. La cuestión es si su modelo de crecimiento es imparable, si va a poder seguir progresando indefinidamente, o si existen en él puntos débiles que pueden impedirlo.

En los últimos años el ritmo de crecimiento de la economía china ha descendido. Su porcentaje del PIB mundial, que llegó a ser del 18,3 por ciento en 2021, era en 2023 del 16,9 por ciento. Han quedado atrás los índices de crecimiento por encima de los dos dígitos anuales de décadas pasadas, y recientemente se han estabilizado en torno al 5 por ciento. Una cifra alta para los niveles occidentales, pero que sugiere un agotamiento del modelo anterior, basado en unas reservas casi inagotables de mano de obra barata que emigraba desde las zonas rurales para trabajar en las fábricas de las ciudades.

Los tres sectores que han actuado tradicionalmente como los motores del crecimiento en China están teniendo dificultades. El sector inmobiliario, en el que existe una burbuja cuyo estallido las autoridades chinas se esfuerzan por mantener controlado. Las infraestructuras, debido al serio endeudamiento de los gobiernos locales, que hasta ahora las han financiado. Y el sector exportador, amenazado por las restricciones a los productos chinos que algunos países están introduciendo para proteger sus propias industrias. Este último punto lo hemos examinado en capítulos anteriores.

El sector inmobiliario ha sido determinante en el crecimiento de China. Durante años los precios de la vivienda subieron sin parar, y en Pekín o en Shanghái se pusieron muy por encima de la mayoría de las ciudades occidentales. Era un sector que parecía ofrecer oportunidades infinitas a los inversores, y en el que los pequeños ahorradores confiaban como el lugar natural donde invertir su capital con ganancias aseguradas. La consecuencia fue que se produjo un exceso de inversión, y hoy un alto porcentaje de las viviendas terminadas permanecen vacías. Los precios se desplomaron. Las inmobiliarias, muy endeudadas, no pudieron seguir pagando sus facturas. Los compradores, que solían adquirir sus viviendas sobre plano, dejaron de hacerlo a pesar de la bajada de los precios porque muchas obras se retrasaban o quedaban paralizadas. La inmensa red de proveedores del sector de la construcción vio como caían los pedidos, mientras las inmobiliarias no les pagaban los ya entregados. En los bancos se fueron acumulando los créditos impagados. Los gobiernos locales, buena parte de cuyos ingresos dependen de la cesión de suelo inmobiliario, se encontraron con que esos ingresos se redujeron notablemente. Es decir, se creó una burbuja en el sector inmobiliario. Una burbuja descomunal, ya que ese sector ha llegado a suponer el 25 por ciento del PIB. Uno de sus episodios más sonados fue el colapso del gigante inmobiliario Evergrande, que durante años fue el símbolo del capitalismo chino más desenfrenado. Su deuda superaba los 300.000 millones de dólares.

Las autoridades han tratado de controlar el estallido de la burbuja. En China, el Partido tiene la capacidad de utilizar a los bancos públicos para reestructurar deudas y evitar un contagio masivo al sistema financiero, y a los gobiernos locales para que adquieran parte del parque de viviendas vacías. Puede persuadir a las empresas privadas de que acepten pérdidas parciales que eviten un colapso total del sector y una oleada de protestas de las familias afectadas. Pekín ha tenido que emplear para ello cuantiosos fondos públicos, que se añaden a las pérdidas sufridas por el sector privado y por muchos particulares afectados. La burbuja ha provocado sobre todo una seria quiebra de la confianza en el sistema económico, lo cual ha perjudicado la imagen de eficacia del Partido como gestor de la economía.

Las infraestructuras han sido otro de los sectores estrella del crecimiento en China. Se han invertido sumas enormes en la construcción de infraestructuras que hoy están entre las más modernas del mundo. Trenes de alta velocidad, autopistas, aeropuertos, redes de suministro de energía, un proceso de urbanización galopante que ha ampliado enormemente las ciudades, etc.

Como ha señalado Ignacio de la Torre, en la economía china existe un desequilibrio estructural entre la inversión y el consumo. Otras economías normalmente dedican a la inversión un 20 por ciento de su PIB, mientras que China invierte más de un 40 por ciento. Del total de inversiones en China, aproximadamente un tercio corresponde a las inversiones inmobiliarias, y otro tercio a las infraestructuras. Estos niveles de gasto ayudan a entender la aparición de la burbuja inmobiliaria y la proliferación de infraestructuras. Dejan claro asimismo que los problemas existentes en ambos sectores pueden afectar seriamente al crecimiento de la economía.

Igual que se han construido muchas viviendas que permanecen vacías, algunas de las infraestructuras han sido de cuestionable rentabilidad. Un profesor de economía de la Universidad de Pekín me lo explicó en una ocasión. Se levanta un muro y el coste es X. Se derriba más tarde y el coste es Y. X más Y incrementan el PIB, pero ese gasto no es productivo.

Una gran parte de esas nuevas infraestructuras han sido financiadas por los gobiernos locales, que ahora tienen problemas para seguir haciéndolo debido a su alto nivel de endeudamiento. En los años noventa del siglo XX, en su programa de modernización económica, Jiang Zemin desvió hacia el gobierno central buena parte de los ingresos fiscales. Los gobiernos locales, sin embargo, siguieron siendo responsables de promover el crecimiento económico, mantener su propio sector público y prestar los servicios sociales básicos de sanidad, educación o pensiones. La solución fue permitirles ceder suelo a las empresas inmobiliarias. A partir de entonces el negocio inmobiliario ha sido su principal fuente de financiación. Entre 1999 y 2019, sus ingresos por ese motivo se multiplicaron por 120.

La crisis del sector inmobiliario ha reducido drásticamente esos ingresos obligando a los gobiernos locales a endeudarse y dejándolos en una situación financiera precaria. Su difícil situación fue el motivo por el que en diciembre de 2023 Moody’s, aun manteniendo la calificación crediticia de China en A1, modificó su perspectiva de «estable» a «negativa». Otro golpe serio a la imagen exterior de la economía china y a su gestión por parte del Partido.

Muchas provincias sienten como injusta no sólo la financiación privilegiada de la administración central, sino también las fuertes diferencias en capacidad financiera entre las regiones ricas y pobres. La seguridad social en China, por ejemplo, es responsabilidad de los gobiernos locales. Su cobertura es limitada y cambia mucho según los recursos de cada región. Existe un techo a partir del cual cada persona debe asumir sus propios gastos sanitarios. Las inversiones per cápita en asistencia sanitaria en las zonas urbanas son muy superiores a las de las regiones agrícolas. A principios de 2023 salieron a las calles de algunas ciudades chinas como Cantón, Dalian o Wuhan personas que protestaban por los recortes en los servicios de salud. Las protestas se debían a que algunos gobiernos locales habían introducido reformas que bajaban sensiblemente el techo individual de gasto sanitario. Muchos de los que se manifestaban eran personas mayores y jubilados. Salieron a la calle cantando La Internacional para dejar claro que no protestaban contra el régimen, sino contra unas medidas concretas. A pesar de la interesante imagen de unas personas mayores cantando por las calles el himno del Partido, las protestas fueron censuradas en los medios chinos.

Un quinto de la población china, unos 280 millones de personas, tiene más de sesenta años. Conforme va cambiando la pirámide de población, la sanidad puede convertirse en una cuestión cada vez más sensible. Si no se soluciona eficazmente puede crear serios problemas de imagen al Partido. Más aún si se tiene en cuenta que los miembros del Partido y los funcionarios públicos tienen acceso a unos servicios de salud privilegiados.

Para encontrar una salida a esta situación haría falta una reforma fiscal que mejorase la financiación de los gobiernos locales. En una conversación con economistas de la Academia China de Ciencias Sociales, éstos pensaban que sería muy difícil establecer en China un sistema estatal de Seguridad Social capaz de equilibrar las prestaciones en todas las provincias porque el Partido se resiste a embarcarse en un proyecto de tal magnitud fiscal. Tampoco se ha concretado hasta ahora la propuesta de introducir un impuesto de bienes inmuebles que contribuya a sanear las finanzas locales. La consecuencia es que los desequilibrios fiscales permanecen y que la reforma fiscal es una de las grandes cuestiones pendientes de la economía china.

Otro problema que afecta a su crecimiento es su baja productividad. Ignacio de la Torre ha destacado que durante los últimos quince años los costes laborales chinos han crecido mucho más que la productividad. La productividad total de los factores (PTF) creció anualmente en China un 3 por ciento entre 2000 y 2008, un 1,5 por ciento durante la siguiente década, y un 1 por ciento en la actualidad. Lo atribuye a que la formación de los trabajadores mejoró mucho en las décadas anteriores, lo que permitió aumentar la productividad; pero a medida que la educación se fue generalizando los incrementos se fueron reduciendo. Una población laboral envejecida suele suponer una menor productividad. Un conocido economista chino me comentó que la PTF en China está muy por debajo de la norteamericana, y que existen serias dificultades para reducir esa brecha. El Banco Mundial ha incidido en este mismo problema.

The Economist considera que la escasa productividad de la economía china en los años de Xi Jinping es una consecuencia de su política industrial, dirigida a promover los objetivos políticos del Partido. Éste favorece a las compañías —especialmente a empresas públicas— que siguen fielmente sus instrucciones, pero que no siempre son los suministradores más capaces ni más eficientes de un producto determinado. Las autoridades de cada provincia, por su parte, tienden a apoyar a las empresas que tienen allí su sede frente a otras procedentes de otras regiones, aunque sean más eficientes. El PCCh teme además conflictos sociales si la reorganización del sector público provoca una ola de despidos masivos. El sector público es esencial para aplicar a la economía los objetivos políticos del Partido, y por eso éste tolera que su índice de productividad sea menor, pero es consciente de que necesita mejorarla. Como me dijo Michael Pettis, profesor norteamericano de la Universidad de Pekín, para el Gobierno chino «reforma y apertura» no significa reducir el papel del Estado —que con Xi no ha hecho más que crecer—, sino procurar que sea más eficiente.

Los problemas estructurales de la economía china incluyen una demografía declinante y un envejecimiento de la población. Ambos tienen efectos directos sobre el crecimiento. Según Ignacio de la Torre, una economía sólo puede crecer aumentando las horas trabajadas o incrementando su productividad. Ya hemos visto que la productividad china no es muy alta. Las horas trabajadas, por su parte, dependen sobre todo de cuánta población joven se incorpora al mercado de trabajo, frente al número de los que se jubilan. Las proyecciones sobre el futuro demográfico chino no son buenas. En 2022 descendió por primera vez la población, y la tendencia parece inexorable. Los profundos cambios que se han producido en la sociedad hacen que las parejas no quieran tener hijos o que retrasen el momento de tenerlos. Las razones son múltiples. Porque suponen una fuerte carga económica, por las largas jornadas laborales que se ven obligados a cumplir, por su impacto negativo sobre la carrera profesional —sobre todo de las mujeres— o por un estilo de vida más hedonista. Existe una clara brecha entre la generación de Xi Jinping, que pasó grandes penalidades económicas y problemas de todo tipo durante la Revolución Cultural, y la de sus hijos y nietos, acostumbrados a un nivel de bienestar que consideran como algo normal.

En 2015 las autoridades abolieron la política que sólo permitía tener un hijo y en 2021 autorizaron tener hasta tres. Cuando se tomó esta última decisión, la agencia oficial de noticias Xinhua realizó una encuesta en Weibo, el equivalente a X en China. Los participantes podían anotar una de estas cuatro casillas: estoy deseando tener inmediatamente tres hijos; lo tengo en mente; lo estoy pensando, pero aún tengo dudas; no pienso hacerlo ni de broma. De las 32.000 respuestas recibidas, 29.000 —más del 90 por ciento— anotaron la última casilla. Ante unos resultados que no esperaba, y en un sistema que tolera mal la disonancia, Xinhua borró la encuesta de las redes sociales una hora más tarde.

Algunas respuestas negativas venían de seguidores de una tendencia existente en la sociedad china recogida en la expresión «quedarse tumbado». Suelen ser personas jóvenes que no se creen ni lo que dice el Partido ni las exigencias de la fuerte cultura de trabajo de las empresas chinas, resumida en la expresión 996: trabajar de nueve a nueve, seis días por semana. «Quedarse tumbado» consiste en trabajar lo mínimo posible en una tarea que no tiene por qué ser interesante, pero que paga lo imprescindible para ir tirando sin tener que pelearse con el jefe o con el sistema. Quien lo elige renuncia a soñar con una vida mejor, acepta un nivel económico muy modesto y pide que simplemente lo dejen en paz. Lo expresaba así una de las personas que respondieron a la encuesta de Xinhua:

La noticia simplemente me dio otra razón para optar por un estilo de vida minimalista: ninguna intención de casarme o de tener un hijo, ningún intento de comprar una casa, un coche o bienes de consumo. Simplemente quedarme tumbado y relajarme, gastándome como máximo unos cientos de yuanes al mes en mis necesidades básicas. Al renunciar a tener hijos estoy también salvando a mis generaciones futuras de ser explotadas por los capitalistas.

China tiene formas de incrementar la dimensión de su mercado de trabajo, como eliminar las restricciones para que la población rural emigre a las ciudades. En muchas de ellas se ha facilitado la obtención del permiso de residencia obligatorio, el hukou, pero en las más grandes sigue siendo muy complicado conseguirlo. Se podría elevar la edad de jubilación, que es más baja que en Estados Unidos o en Europa. De hecho, se elevó en 2024, pero sigue siendo baja, por lo que todavía queda margen para hacerlo. Otra opción sería abrirse a la inmigración extranjera, pero esto supondría un cambio radical. China, que históricamente ha sido un país de emigración, se mantiene cerrada a la inmigración y no parece dispuesta a cambiar de política. En todo caso, ninguna de estas vías permitiría acercarse a los aumentos anuales de su mercado laboral de las primeras décadas de la política de Reforma y Apertura. Con una población en declive es difícil que China pueda mantener sus niveles de crecimiento anteriores. Teniendo en cuenta su pirámide demográfica, The Economist comentó que existe el riesgo de que China se haga vieja antes de hacerse rica.

El principal problema de la economía china es en este momento un problema de confianza. De confianza interior y de confianza exterior.

Ya nos hemos referido a los problemas de confianza exterior, que están limitando el alcance del proceso de globalización. Muchos de ellos tienen su origen en las tensiones geopolíticas con Estados Unidos, aunque existen igualmente problemas con la Unión Europea, con Japón y con otros países democráticos de Asia-Pacífico. Ciertas inversiones se desvían a otros lugares por temor a que China pueda ser objeto de sanciones económicas, pero siguen llegando a China inversiones en sectores menos vulnerables a medidas de presión norteamericanas. Aun así, The Economist ha señalado que en la primera mitad de 2024 la caída de la inversión extranjera directa fue la más fuerte desde la crisis financiera de 2008.

Durante muchos años, un objetivo central de la política exterior china fue crear un entorno exterior favorable a su crecimiento económico. Las prioridades hoy han cambiado. Xi decidió que la nueva China tenía que afirmar su nuevo poder hacia el resto del mundo, y como consecuencia de ello ese entorno ya no existe. Tal vez no se podía evitar que eso sucediera, porque la aparición de un nuevo actor de la dimensión de China iba a provocar, de manera irremediable, una reacción norteamericana para defender su posición hegemónica, y esa reacción provocaría a su vez una respuesta china. Pero, en cualquier caso, el resultado es el mismo. Ya no existe un entorno exterior favorable al crecimiento económico de China. Esto crea un problema serio para Pekín, que sigue dependiendo del exterior en dos cuestiones: la tecnología punta y los mercados para sus exportaciones. En ambos casos está teniendo dificultades, lo que explica sus esfuerzos por abrir nuevos mercados en el mundo en desarrollo.

Esto se ha visto agravado por el anuncio de Trump de su intención de imponer tarifas del 60 por ciento a los productos chinos. Esas tarifas reducirían los beneficios de las empresas y pueden tener serios efectos sobre el empleo, la inversión y el crecimiento. Podrían asimismo complicar aún más los problemas de exceso de capacidad de algunas industrias chinas.

Pero donde ha aumentado de forma más marcada la desconfianza en la economía china no es fuera, sino dentro del país. Existe un problema de confianza interna, cuyo síntoma más claro es la debilidad de la demanda y del consumo.

Como vimos, en China existe un desequilibrio estructural entre la inversión y el consumo. Michael Pettis, el profesor norteamericano de la Universidad de Pekín, me comentó que el nivel de consumo en China ronda en torno al 40 por ciento, cuando debería situarse alrededor del 60 por ciento. Para incrementarlo, una parte del gasto público debería pasar a ser gasto privado y colocarse en manos de los consumidores. Se podría hacer incrementando las pensiones, los seguros médicos y los servicios sociales. O vendiendo patrimonio inútil. Recientemente, con el fin de que les salgan las cuentas, algunos gobiernos locales están tratando de privatizar determinados bienes públicos. Pero esto no es fácil, porque existen intereses consolidados y estructuras de poder en torno a determinados esquemas de gasto y de distribución del PIB.

Xi Jinping no se ha mostrado muy partidario de incrementar el consumo privado. En 2016 declaró que la economía china no tiene un problema de demanda, sino de oferta insuficiente, lo que le lleva a depender en exceso de las importaciones. De ahí su preferencia por las reformas del lado de la oferta —para lo que insiste en la importancia de la política industrial— más que del lado de la demanda. Algunos lo atribuyen a su experiencia de haber vivido varios años en una aldea durante la Revolución Cultural, lo que lo habría llevado a defender una cierta ética de austeridad —en la que los ciudadanos deben endurecerse haciendo frente a las dificultades que puedan presentarse—, en lugar de promover el consumo. Es lo que en el Partido se llama el espíritu de Yan’an, una ciudad de la empobrecida región occidental que sirvió como cuartel general del Ejército Popular de Liberación en su lucha contra los japoneses y el Kuomintang. The Economist critica la visión económica a su juicio dominante en el Partido, que combina un rechazo a financiar el consumo de la población característico de la derecha con una actitud de sospecha hacia los empresarios propia de la izquierda.

Al tiempo que su gasto en consumo es bajo, las familias chinas tienen tasas muy elevadas de ahorro. Prefieren ahorrar para cuando se jubilen, para pagar posibles gastos médicos o para sufragar la educación de sus hijos, ya que no existe un estado de bienestar que cubra suficientemente esas necesidades. Las autoridades chinas contemplaron este exceso de ahorro como una fuente del capital que necesitan para desarrollar su política industrial. En 2024, sin embargo, el FMI recomendó a China más inversión en seguridad social y servicios sociales para incentivar el consumo.

Los problemas económicos de los últimos años han agravado la debilidad del consumo. La crisis del sector inmobiliario ha afectado a los ahorros de muchas familias y, por lo tanto, a su disposición al gasto. El declive demográfico perjudica igualmente al consumo. Las restricciones aplicadas para combatir la COVID-19 provocaron que numerosas empresas tuvieran que cerrar, así que aumentó el desempleo. Un caso especial fueron las drásticas restricciones aplicadas durante el confinamiento de Shanghái en la primavera de 2022. En un momento en el que el resto del mundo ya se había vuelto a abrir, muchos ciudadanos chinos pensaron que esas restricciones se adoptaban por motivos políticos, más que epidemiológicos. Percibieron en la actuación de las autoridades una cierta arbitrariedad. Sintieron que no tomaban suficientemente en consideración los daños que se estaban causando al tejido económico del principal centro financiero e industrial del país. Todo ello afectó a la confianza de la población en la gestión de la economía e hizo caer el consumo.

En la época de Xi Jinping ha entrado en juego otro factor relevante. Como vimos, Xi introdujo en 2012 una serie de reformas destinadas a corregir los desequilibrios causados por el modelo de crecimiento desbocado de las décadas anteriores. Trató de atajar la corrupción, introdujo nuevas políticas contra las desigualdades, intentó limitar la dependencia económica del exterior y buscó orientar los mercados financieros en la dirección deseada por el Partido. Reforzó la política industrial y fortaleció la posición de las empresas públicas, aprobó cambios regulatorios, estableció comités del Partido en todas las empresas y adoptó medidas para meter en cintura a los gigantes digitales chinos. Resaltó el papel de las cuestiones de seguridad y de la ideología para asegurarse de que todos los agentes económicos cumplían las directrices marcadas por el Pensamiento de Xi Jinping. Todas esas reformas tenían en común una cosa: una mayor intervención del Partido y de su línea ideológica en la marcha de la economía. En 2023 el director de una consultora europea con largos años de experiencia en China me dijo que estas medidas habían terminado por provocar una crisis de confianza de los operadores económicos. Subrayó que las causas eran políticas, derivadas del mayor intervencionismo público en la economía. Según el entonces presidente de la Cámara de Comercio europea en China, Joerg Wuttke, desde el punto de vista económico China había dejado de ser un país predecible y fiable, y eso resultaba muy preocupante para las empresas.

Adam Posen, presidente del Instituto Peterson de Economía Internacional, ha analizado esta crisis de confianza. En 2023, el consumo de bienes duraderos se redujo en China en un tercio con respecto a 2015, y la inversión privada en dos tercios. Mientras tanto, la proporción de los depósitos bancarios en el total del PIB se ha incrementado en un 50 por ciento. Su conclusión es que los individuos y las empresas se sienten inseguros, y priman la liquidez a corto plazo frente a la inversión o los productos de consumo duraderos. Posen cree que todo esto refleja el final del acuerdo tácito que hasta entonces había existido entre el Partido y los agentes económicos. Un acuerdo en el que éstos se mantenían al margen de la política, en tanto que el Partido se abstenía de inmiscuirse en las decisiones económicas. Una vez que el Partido ha incumplido su parte del acuerdo, las familias y los empresarios sienten inseguridad e incertidumbre y evitan asumir riesgos económicos, lo que provoca una caída en el consumo.

Estos problemas han llevado a algunos a sugerir que China podría estar cerca de alcanzar su techo de crecimiento. Hace unos años se daba por sentado que su PIB adelantaría al de Estados Unidos en la década de 2030, algo que en este momento no parece tan claro. Hay quien advierte que los índices de crecimiento de China podrían estabilizarse en el futuro entre el 2 y el 3 por ciento. Otros piensan que se enfrenta a un posible escenario de deflación o incluso de japonización. Su elevado endeudamiento público y privado, que supera el 300 por ciento del PIB, podría llevarle a sufrir una crisis parecida a la que padeció Japón a partir de los años ochenta del siglo XX.

Los economistas chinos reconocen que China tiene un alto nivel de endeudamiento, pero recalcan que su deuda está denominada en yuanes y no en moneda extranjera, por lo que no depende de las oscilaciones de los mercados globales. Añaden que su estructura económica es muy diferente a la de Japón, su dependencia de Estados Unidos es menor y su mercado interno proporciona un inmenso campo de expansión natural para que puedan crecer sus empresas, abasteciéndolo de toda clase de bienes y servicios. Los medios chinos critican regularmente a los numerosos profetas del colapso inmediato de la economía china, que aparecieron poco después del comienzo de la política de Reforma y Apertura y repiten que las bibliotecas están repletas de sus voluminosos tratados.

En julio de 2024 se reunió el tercer plenario del Comité Central del Partido, que aprobó algunas iniciativas destinadas a hacer frente a los problemas del sector inmobiliario y al endeudamiento de las autoridades locales. También se fomentó la construcción de infraestructuras y se decidió promover el consumo en el sector servicios. Este sector no está muy desarrollado en China, por lo que tiene un fuerte potencial de crecimiento. Éste es uno de los motivos por los que se ha eliminado la necesidad de solicitar visados turísticos para estancias de corta duración para una serie de países, incluido España. Al mismo tiempo, el plenario insistió en las reformas por el lado de la oferta y redobló la apuesta por la política industrial en sectores de innovación y alta tecnología.

El Gobierno chino se ha resistido hasta ahora a lanzar un amplio programa de estímulos económicos, que muchos economistas consideran necesario para impulsar el crecimiento y el consumo. En septiembre de 2024 se dio un paso en esa dirección al aprobar una serie de medidas que incluyen rebajas de los tipos de interés y del coeficiente de reservas bancarias, así como apoyos al sector inmobiliario y a los mercados de valores. Pocos días después tuvo lugar una reunión del Politburó en la que se destacaba la necesidad de medidas anticíclicas en las políticas fiscal y monetaria, así como de reducciones sustanciales en los tipos de interés. En noviembre del mismo año se anunciaron medidas adicionales centradas en reducir las deudas de los gobiernos locales, así como otras dirigidas a financiar la compra de viviendas que permanecían sin vender y a recapitalizar los bancos de propiedad pública. Se señaló igualmente que se aprobarían nuevas medidas en el futuro. Las autoridades chinas podrían tener en reserva un paquete de estímulos fiscales para el caso de que Trump tomara decisiones con efectos negativos para su economía.

China posee un mercado interno gigantesco, grandes empresas, un alto nivel tecnológico en muchos sectores, magníficas infraestructuras y una mano de obra educada. Eso le garantiza en principio que podrá seguir desarrollando su economía y exportando a todo el mundo gran parte de sus productos. Es un actor demasiado grande y sofisticado como para que su progreso pueda detenerse.

Pero eso no es suficiente para el PCCh. Lo que busca el Partido es alcanzar a Estados Unidos en los planos económico y tecnológico, de modo que pueda hablarle de tú a tú. Como ya se ha indicado, para los dirigentes chinos la economía es política. No es un fin en sí mismo, sino un instrumento para fortalecer a China en su competición estratégica con Estados Unidos. Para lograrlo a China no le basta con crecer, sino que necesita un crecimiento de calidad, que es el objetivo que se han marcado sus líderes. Un crecimiento que le permita escalar en las cadenas de valor globales y escapar a la trampa del ingreso medio.

Para ello es imprescindible abordar los problemas de fondo de la economía china: la ralentización del crecimiento, los desequilibrios fiscales, la escasa productividad del sector público, el bajo consumo, el exceso de ahorro, la insuficiencia de los servicios sociales, la sobrecapacidad industrial. La cuestión es si China conseguirá abordarlos aplicando las políticas desarrolladas por Xi Jinping desde que llegó al poder. Unas políticas centradas en un mayor intervencionismo público en la economía, que han creado fuertes tensiones con Estados Unidos con efectos sobre el comercio y las inversiones, y que han erosionado la confianza interior y exterior en la economía china. El gigantesco mercado chino seguirá sin duda contribuyendo al desarrollo de sus empresas, pero podría acabar convirtiéndose en un mercado cautivo, incapaz de dar el salto de productividad que necesita (y que sí dieron Japón, Corea del Sur o Taiwán) por la ausencia de un entorno competitivo.

Según el Banco Mundial, el PIB per cápita de China es de unos 13.000 dólares, muy por debajo de los niveles de Europa (unos 41.000 dólares) y de Estados Unidos (unos 82.000). Para cubrir esa brecha y escapar de la trampa del ingreso medio, China necesita generar más valor añadido, lo cual a su vez exige mejorar la productividad, la innovación, las técnicas empresariales y la capacidad científica y tecnológica. Esto no se ve facilitado por una mayor intervención del Partido en la economía en función de criterios políticos o ideológicos, más que de eficiencia económica. Hay varios ejemplos de ello.

Fueron razones políticas las que motivaron, por ejemplo, las sanciones impuestas a las grandes empresas tecnológicas chinas —Alibaba, Tencent o Didi—, a fin de que no volvieran a olvidarse de acatar las indicaciones del PCCh. Esas sanciones enviaron un mensaje poco tranquilizador a los operadores económicos. Como dice Richard McGregor, el problema del Partido con los empresarios no es que se hagan ricos o que surjan desigualdades, que es algo que tiene asumido. El problema es que el sector privado se haga tan poderoso que pueda llegar a convertirse en un rival político. Para evitarlo, según The Economist, el Partido se encarga de que las empresas privadas respeten sus directrices, al tiempo que las empresas públicas deben ajustarse más a las exigencias del mercado.

Unas estadísticas fiables son fundamentales para los agentes económicos. Sin embargo, en algunos casos en los que el Partido ha juzgado que los datos económicos no han sido buenos, las estadísticas se han dejado de publicar, como sucedió en 2022 con las cifras sobre desempleo juvenil. Unas cifras que en los últimos años han experimentado un notable crecimiento y que preocupan seriamente al PCCh. Algunos consideran que la cifra del 5 por ciento de crecimiento anunciada para 2024 es más alta que el crecimiento real. 

En un campo esencial para el desarrollo futuro de la economía como la inteligencia artificial, ¿qué efectos tendrá el hecho de que en China los servicios de inteligencia artificial generativa similares a ChatGPT estén obligados a proporcionar contenidos compatibles con los principios del socialismo con características chinas? ¿No supone eso una limitación para el acceso a la información y, por lo tanto, a la capacidad creativa de sus usuarios, ya sean empresarios, profesores o investigadores?

A ello se añaden otros problemas, como la desigualdad persistente. Según Robin Niblett, los ingresos disponibles de los chinos que viven en las áreas campesinas del interior del país constituyen una quinta parte de los de sus compatriotas de las regiones costeras más ricas. Charles Parton ha destacado que poco más del 30 por ciento de los niños en las zonas rurales terminan el bachillerato. Ninguna economía, subraya, ha escapado de la trampa del ingreso medio con esas cifras tan bajas.

El mismo Parton comenta que en un discurso ante cuadros locales del Partido, Xi Jinping declaró que el patriotismo es el factor más importante para que los empresarios puedan promover un crecimiento de alta calidad. ¿El patriotismo? ¿Es de verdad más relevante para ese fin el patriotismo que la calidad de su trabajo como empresarios? ¿Resulta compatible el dogmatismo de Xi y su énfasis en el control del PCCh sobre todos los procesos sociales —políticos, económicos, ideológicos— con la creación de un clima social y político propicio para que la economía china pueda dar el salto cualitativo que necesita?

En un artículo en Foreign Affairs, Yuen Yuen Ang afirma que la política de Xi está ahogando el espíritu empresarial y la capacidad de adaptación de China, que hicieron posible su despegue económico. Parton opina que el PCCh podría estar colocándose palos en la rueda al impedir el libre flujo de información, introduciendo controles rígidos sobre la educación y desaconsejando el cuestionamiento de la autoridad y la asunción de riesgos. Claudio F. González cree que el problema es cómo formar mentes críticas, innovadoras y creativas sin que en algún momento se cuestionen el modelo político. Un amigo empresario chino me lo resumió así: ya es hora de que el Partido deje en paz a los empresarios. Para quienes piensan como mi amigo, las prioridades deberían ser muy distintas: abrir la discusión en el seno del Partido y de la sociedad y dar más libertad al talento empresarial para que pueda desarrollar las capacidades tecnológicas, la innovación, el know-how y la competitividad que China necesita.

La tensión existente entre la lógica del mercado y la lógica del control del Partido puede ser cada vez más difícil de manejar cuando el objetivo es subir escalones en la división internacional del trabajo y generar más productividad y más valor añadido. Eso exige un mayor acceso a la información y más libertad para las fuerzas del mercado, la iniciativa privada y la creatividad de los agentes económicos. Exige también dar libertad al espíritu empresarial. Para poder innovar y generar riqueza es necesario a veces ir contra corriente, romper las reglas, desafiar las verdades reveladas. Nada de eso está bien visto en la China de Xi Jinping.

En un viaje a Jinan en mayo de 2024, Xi Jinping preguntó en una reunión con los empresarios de la ciudad por qué estaba descendiendo el número de unicornios que aparecían en China. En junio de ese mismo año, China bajó tres puestos, del 5 al 8, con respecto a 2022 en el ranking mundial de los cuarenta mejores ecosistemas mundiales para las start-ups. Sigue siendo un puesto muy alto. Pero quizá no lo suficientemente alto para los ambiciosos objetivos del Partido Comunista de China.

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Los límites del modelo chino: la política

El Partido ha ejercido todo el poder y, a cambio, ha garantizado prosperidad, estabilidad y un gobierno que ha transformado China. Esto ha infundido en la población un sentimiento de orgullo nacional por el fortalecimiento de su país. Éstos son los términos fundamentales del contrato social con el que China ha sido gobernada desde los años de Deng Xiaoping. Muchos se preguntan si las nuevas políticas introducidas por Xi Jinping permitirán mantener ese contrato social. Sobre todo entre los sectores más jóvenes de la población, que no han conocido la China pobre, atrasada e inestable del pasado, y que están acostumbrados a una situación en la que el nivel de vida parecía subir cada día.

Xi pensó desde el primer momento que para controlar el proceso de cambios en China hacía falta un poder fuerte capaz de imponerse a la miríada de intereses generados por su sistema económico capitalista. Este enfoque ha provocado una deriva del Partido hacia la rigidez y el dogmatismo. En el ámbito económico hay decisiones que se toman por razones políticas y que provocan ineficiencias. En el político, se ha limitado notablemente la discusión en el seno del Partido, que sus ideólogos siempre han citado como una de las razones de la eficacia de su gestión.

La insistencia en la ortodoxia ideológica, la concentración de poder en la cúpula del PCCh y la exigencia de una lealtad absoluta al líder supremo han estrechado los márgenes de discusión interna. Discrepar puede poner en peligro una carrera política. Quienes tengan ideas propias deben pensarse mucho si vale la pena arriesgarse a defenderlas e incurrir en el posible disgusto de sus jefes. Hay miedo a caer en desgracia y una tendencia a plegarse a los deseos de los líderes. Esto afecta no sólo al máximo órgano político chino, el Comité Permanente del Politburó, donde los debates no son tan abiertos como en épocas anteriores. El modelo permea hacia abajo y se aplica también en las provincias, los comités locales y otros órganos del Partido. Tampoco en los escalones inferiores conviene llevar la contraria a los jefes. En ocasiones se paralizan las decisiones por el miedo de los funcionarios a ser acusados de cometer errores o incluso de corrupción, dada la amplitud de las investigaciones que se llevan a cabo por este motivo. En mis años en China pude comprobar que a menudo era difícil obtener contestaciones por escrito a las propuestas que hacíamos desde la Embajada. Nadie quería comprometerse a firmar un papel que más tarde pudiera ser utilizado en su contra. La consecuencia es que las políticas se deciden a menudo más por factores políticos o burocráticos que en una discusión abierta sobre sus pros y sus contras. El Partido se ha vuelto menos pragmático.

En un viaje oficial me entrevisté con el vicegobernador de una provincia china. Era un tipo acartonado, frío, gris. Sus palabras repetían las fórmulas contenidas en las resoluciones del Comité Central del PCCh. Parecía atemorizado ante la posibilidad de cometer un error ante un embajador extranjero, al que el Partido luego no podría llamar por teléfono para rectificar o para ordenarle que guardara silencio. Parecía incapaz de sonreír o de mostrar empatía. El contraste era notable con otros funcionarios de la misma provincia con quienes me había entrevistado, que reían y bromeaban con la simpatía habitual de los chinos. El vicegobernador —como en el famoso bolero— parecía vivir en un mundo extraño, el mundo aislado del poder y del dogma. Es cierto que conocí a muchos otros ministros, secretarios provinciales del Partido, gobernadores y vicegobernadores, y que la gran mayoría de ellos eran personas normales y muy competentes. Pero el hecho de que alguien como él hubiera podido llegar a un puesto tan elevado me hizo preguntarme si los mecanismos meritocráticos del Partido seguían funcionando bien.

Cabe preguntarse lo mismo ante la ausencia de mujeres en la cúpula del Partido. No hay una sola mujer entre los siete miembros del Comité Permanente del Politburó, y tampoco entre sus veinticinco integrantes. En la composición anterior de éste había una mujer, pero en el actual no hay ninguna. Dado el amplio acceso de las mujeres a la educación en China y las elevadas posiciones que alcanzan en muchas empresas privadas, resulta sorprendente que el Partido no cuente con ellas para integrarlas en sus niveles más altos. Mario Esteban lo atribuye a la herencia confuciana, con su fuerte componente patriarcal. Ésta se manifiesta, asimismo, en algunas tomas de posición del Partido durante los años de Xi Jinping, favorables a que la mujer adopte un papel tradicional de cuidado del hogar y la familia.

En la China de Xi Jinping reina la sensación de que el país está asediado por sus enemigos internos y externos, lo que justifica que casi todos los aspectos de la vida de las personas puedan requerir supervisión. En el PCCh existe una obsesión por el control de todo tipo de actividades, que se manifiesta en el énfasis puesto en las cuestiones de seguridad. Este énfasis en la seguridad desde la llegada al poder de Xi Jinping obedece a una sensación de vulnerabilidad ante el peligro de penetración ideológica de Occidente, que obliga a reforzar todo tipo de medidas de control para defenderse de ella. Pero al mismo tiempo el Partido afirma su convicción de que el sistema político chino funciona mejor que el occidental y que está mejor preparado para afrontar los problemas de la sociedad contemporánea. Orville Schell, de la Asia Society de Nueva York, ha detectado esta contradicción. Schell ha señalado que las nuevas infraestructuras, el dinamismo económico y la modernización de su ejército pueden dar la apariencia de que China es una nación ordenada, segura e invencible, unida en torno a un líder indiscutible y a un Partido unificado. Pero la obsesión por el control, la seguridad o la propaganda revelan una profunda inquietud, una falta de confianza en el sistema que el propio Partido ha creado.

El enorme aparato de propaganda del Partido es empleado para crear un relato propio sobre cualquier asunto relevante. Su misión es adaptar la realidad a los intereses del PCCh, sin preocuparse mucho por mantenerse fiel a los hechos. Como dice Richard McGregor, el Partido utiliza para ello «encubrimientos, ofuscaciones, medias verdades, omisiones y, cuando es necesario, mentiras descaradas». Lo hizo cuando apareció el virus de la COVID-19. Lo sigue haciendo al ocultar sus violaciones de los derechos humanos en Sinkiang o en Tíbet, o al permitir que se publique sólo la información que le interesa sobre la guerra de Ucrania. Actuó de la misma forma décadas atrás silenciando los aproximadamente 50 millones de muertes causadas por la catastrófica política de Mao del Gran Salto Adelante. Y desde luego tras los sucesos de Tiananmén, con sus cientos de víctimas mortales. Una tragedia que la mayoría de los jóvenes chinos simplemente ignoran que sucedió porque nunca han oído hablar de ella.

El desajuste entre los hechos y la propaganda del Partido se percibe fácilmente fuera de China, lo cual perjudica su imagen y sus aspiraciones al liderazgo global. También lo capta buena parte de la población dentro del país, y así se explica la desconfianza de los ciudadanos hacia las informaciones proporcionadas por las autoridades. Según Claudio F. González, más allá de la familia y de algunos amigos, en China se duda de todo: de las noticias de la televisión, de las estadísticas oficiales, de la calidad de los alimentos, etc.

Éste es uno de los principales puntos débiles del Partido. Su poder depende en buena medida de la represión, así como de la manipulación de la verdad. Es decir, de la mentira. Para gobernar necesita utilizar de manera sistemática la mentira. Pero a largo plazo nada sólido se construye sobre la mentira. Antes o después todo acaba por derrumbarse.

En 1952, Jesús Hernández, un exministro comunista de la República española, publicó un libro sobre la Unión Soviética de Stalin, en la que había vivido al terminar la Guerra Civil y de la que había quedado profundamente desengañado. Lo tituló En el país de la gran mentira. China ciertamente no es una gran mentira. Sus impresionantes cambios son reales, sus avances en diferentes campos no son ninguna invención, y tampoco lo es el notable apoyo de la población al gobierno del Partido. Pero el sistema no puede funcionar sin la mentira. El poder del Partido se cuestionaría de inmediato si la información circulara libremente.

Un problema serio, que puede aumentar la distancia entre el Partido y la población, es la desigualdad. A partir del inicio de la política de Reforma y Apertura, proliferaron en las ciudades chinas las tiendas de Maserati, Hermès y Louis Vuitton. El sistema capitalista-leninista chino es un gran generador de desigualdades, y por lo tanto de resentimiento. La política de Prosperidad Compartida va dirigida a atenuarlas, pero su eficacia ha sido limitada. El socialismo con características chinas se ha mostrado incapaz de desarrollar una política fiscal capaz de corregir esta situación. Las medidas de redistribución de rentas, que en Europa existen desde hace décadas, son en China mucho más modestas. El descontento por las desigualdades se ha visto atenuado hasta ahora por el rápido aumento de la prosperidad, que ha beneficiado prácticamente a todos. Pero eso podría estar cambiando.

Un estudio llevado a cabo por la Universidad de Harvard entre 2000 y 2014 —unos años en los que las diferencias de ingresos en la población aumentaron sensiblemente— reveló que la gran mayoría de la población consideraba la desigualdad económica como una consecuencia inevitable de la economía de mercado, causada más que nada por las diferencias de capacidad de trabajo y de educación de cada individuo. No se culpaba al sistema económico como tal. De hecho, se percibía positivamente porque ofrecía oportunidades y recompensaba a quienes estaban dispuestos a trabajar duro. El mismo estudio se repitió en 2023, en un momento en el que el ritmo de crecimiento económico había descendido. El resultado fue muy diferente. La desigualdad de oportunidades era en ese momento percibida como el principal factor causante de las desigualdades económicas. Luego venían las diferencias en educación y, en tercer lugar, una estructura económica injusta.

El problema de la desigualdad representa una de las contradicciones más evidentes de un país gobernado con mano de hierro por un Partido que se denomina comunista. Aunque el Partido proclame la gran victoria de haber sacado a 700 millones de personas de la pobreza extrema —una victoria real—, uno de sus principales ideólogos me dijo que la desigualdad sigue siendo la principal preocupación de sus dirigentes. Es una cuestión que se encuentra soterrada, al acecho, y que puede salir a la superficie si llegan tiempos difíciles. Por eso, un proceso de redistribución de renta a través de una mejora de los servicios sociales de salud, educación y pensiones no es sólo una necesidad económica y un requisito para incrementar el consumo y desarrollar plenamente el mercado interno. Es también una necesidad política para corregir uno de los problemas sociales más serios provocados por el complejo modelo capitalista-leninista confuciano creado por el PCCh, que ha hecho posible su asombroso crecimiento económico.

Si el Partido tiene el poder absoluto en China, ese poder está concentrado en manos de Xi Jinping. Es el dirigente que más poder ha acumulado desde Deng Xiaoping, y algunos dicen incluso que desde Mao Zedong. El embajador en Pekín de un país con intensas relaciones con China me comentó una vez que en China se había pasado de un sistema de un partido único a un sistema de una única persona.

Existe una gran opacidad sobre los equilibrios políticos dentro del PCCh, pero, vista desde fuera, la posición de Xi Jinping parece muy sólida. Su completo dominio sobre el Partido quedó a la vista de todos cuando durante el XX Congreso obligó a su antecesor, Hu Jintao, a abandonar la sala del Gran Palacio del Pueblo, en presencia de todos los delegados, de las televisiones y de la prensa extranjera. Nadie, ni siquiera un expresidente, está a salvo de sus decisiones. Fue un incidente revelador, teniendo en cuenta el grado de respeto que la ética confuciana y el conjunto de la sociedad china tienen hacia las personas mayores. En una civilización que no tiene Dios, el culto a los ancestros es una de las vías de aproximación a la idea de la trascendencia. Es probable que el incidente haya tenido un coste para Xi dentro del Partido por los motivos citados. Que haya sido criticado por quienes desempeñaron cargos relevantes en el período de Hu Jintao, o por quienes estaban de acuerdo con sus políticas. Xi era sin duda consciente de ello, y a pesar de eso pensó que podía permitirse actuar de esa manera.

No ha sido la única decisión que ha tomado en relación con el papel de los ancianos del Partido. En 2022, poco antes del Congreso del PCCh, Xi Jinping advirtió a los viejos dirigentes que se abstuvieran de opinar abiertamente sobre las políticas generales del Comité Central y que no expresaran en público opiniones negativas. Algunos meses antes se había anunciado la decisión de «eliminar riesgos ocultos», lo que condujo a investigar retroactivamente las actividades de los líderes durante los veinte años anteriores para intentar descubrir casos de corrupción.

Los elementos de culto a la personalidad de Xi son otra manifestación de cómo se ha concentrado el poder en su figura. El Partido niega que ese culto exista y, de hecho, la Constitución del Partido lo prohíbe, porque Deng Xiaoping quería evitar que volviera a suceder lo que ocurrió con Mao durante la Revolución Cultural. Pero su presencia es clara en las llamadas Dos Determinaciones, en el Pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas para la nueva era —integrado en la Constitución china— o en la resolución de carácter histórico aprobada en 2021 por el plenario del Comité Central.

El culto a la personalidad de Xi es contestado por un sector del PCCh, que detecta el peligro de volver a la época de Mao. No es raro escuchar en Pekín que determinados eslóganes que se leen por las calles, o la manera en que se presenta a Xi en los informativos de la televisión, recuerdan a los años de la Revolución Cultural. Cai Xa fue profesor de la Escuela Central del Partido hasta que en 2020 fue expulsado por sus críticas a Xi. Quedó privado de su pensión y sintió que su seguridad estaba amenazada, por lo que emigró a Estados Unidos. Según Cai, que conoce el Partido desde dentro, el poder de Xi es cada vez más criticado en su seno. Por la marcha atrás en las reformas económicas, porque su régimen personalista ha eliminado la larga tradición de gobierno en clave colectiva dentro del Partido y porque se ha regresado al culto a la personalidad de la época de Mao.

Un profesor de la Universidad de Pekín me subrayó que, al asumir esa posición de dominio absoluto en el Partido, Xi Jinping está asumiendo grandes riesgos. La percepción general es que todas las políticas las decide él. Y, si no funcionan bien, el responsable será también él.

La sólida posición de Xi como líder del PCCh no significa que no tenga enemigos dentro del Partido. Tanto en su ascenso al poder como en su campaña contra la corrupción apartó a muchos rivales políticos, algunos de los cuales buscan la forma de desquitarse. Existe una generación de dirigentes que esperaba relevar a la de Xi en el XX Congreso de 2022, pero que ha visto sus expectativas frustradas al prolongarse su mandato al menos cinco años más. Algunos de ellos siguen acechando su oportunidad.

El hiperliderazgo de Xi ha rebajado el perfil de las diferentes facciones que siempre han existido dentro del Partido, pero éstas no han desaparecido. En el PCCh las facciones se han articulado históricamente más en clave de lealtades personales que de diferencias ideológicas. Xi Jinping, por ejemplo, se ha rodeado de personas que trabajaron con él en las provincias donde ejerció cargos a lo largo de su carrera, como Fujian, Zhejiang o Shanghái. La palabra guanxi (‘contactos’) es esencial para entender el modelo político chino y, en general, la sociedad china.

Aun así, las diferencias ideológicas existen. Están los que lo acusan de haber abandonado la línea marcada por Deng Xiaoping, que sigue siendo venerado como el padre de la reforma económica china y, en general, de la China contemporánea, fuerte y rica. Quienes piensan así critican la mayor intervención del Partido en la economía, el dogmatismo de su estilo de gobierno y la ambición excesiva de sus políticas. Opinan que con Deng la política exterior china tenía como objetivo principal servir las prioridades domésticas —especialmente el crecimiento económico— y que la línea seguida por Xi ha sido perjudicial para este fin. Consideran que se ha equivocado sacando músculo demasiado pronto, cuando el país sigue necesitando estabilidad exterior para seguir creciendo. Hace unos años el hijo de Deng Xiaoping, Deng Pufang —quien durante la Revolución Cultural quedó parapléjico tras ser arrojado desde un tercer piso—, expuso al parecer una crítica a Xi en esa línea en una reunión del PCCh. Claudio F. González cita a Lee Kuan Yew, el fundador del Singapur moderno, quien afirmó que Deng Xiaoping y otros líderes chinos de su generación habían conocido una China pobre y en guerra y eran conscientes de la necesidad de paz exterior, pero que los dirigentes más jóvenes son más nacionalistas y orgullosos, por lo que «en algún momento del futuro, una generación puede pensar que está preparada, antes de que realmente lo esté». Si el desarrollo de la economía china se ralentizara seriamente, o si estallara un conflicto abierto con Estados Unidos con resultados negativos para China, esta facción podría verse muy reforzada.

La posición de China sobre la guerra de Ucrania suscita algunas críticas internas. Yan Xuetong, decano de Relaciones Internacionales de la Universidad de Tsinghua y organizador del World Peace Forum —en el que participan cada año expertos y personalidades de todo el mundo—, expresó en redes sociales su opinión contraria a la agresión rusa y su convicción de que Rusia perdería la guerra. La censura china eliminó sus comentarios. El exembajador de China en Ucrania, Gao Yusheng, señaló que Rusia había violado la soberanía y la integridad territorial de Ucrania y de otros Estados de la antigua Unión Soviética. Destacó su declive económico, militar, tecnológico, social y político, y concluyó que no podrá hacer frente durante mucho tiempo a una guerra de ese tipo. Su comentario también se eliminó rápidamente del ciberespacio chino. Por su parte, el presidente del Center for China and Globalization, Wang Huiyao, publicó poco después del comienzo de la guerra un artículo en TheNew York Times muy crítico con la invasión rusa. Wang tiene muy buenos contactos en el Partido, y es difícil pensar que hubiera podido escribir su artículo sin que una facción del Partido le diera luz verde.

Ya se han mencionado las críticas al PCCh y al propio Xi que surgieron al comienzo del brote de coronavirus por su gestión de éste. Recuerdo que, en aquellos días de comienzos de febrero de 2020, cuando no estaba claro si las autoridades serían capaces de controlar la epidemia, la sensación en Pekín era que la estabilidad del gobierno de Xi no estaba garantizada. Sus fundamentos y su propia legitimidad parecían estar siendo seriamente cuestionados, tanto dentro como fuera del Partido.

Xi ha construido su poder luchando contra la corrupción. A él mismo no se le ha encontrado rastro de corrupción, pero a su familia sí. Bloomberg en 2012 y The New York Times en 2014 publicaron sendos artículos sobre inversiones de cientos de millones de dólares en las que estaban implicados su hermana Qi Qiaoqiao y su cuñado, Deng Jiagui. Según esas informaciones, poco antes de asumir su cargo, Xi los obligó a vender sus inversiones, que habían realizado en sectores como la minería y las propiedades inmobiliarias.

Tampoco se ha molestado a personas cercanas a Xi, como Jia Qinglin, secretario del Partido en Fujian cuando Xi trabajó en esa provincia, a pesar de que miembros de su familia aparecieron en el caso de los papeles de Panamá como propietarios de varias sociedades en paraísos fiscales. Jia ayudó en su momento a Xi a escalar posiciones dentro del Partido. Ya se ha mencionado Red Roulette, un libro que describe los mecanismos de corrupción que permitieron amasar una fortuna a Zhang Peili, la mujer de Wen Jiabao, quien fue primer ministro durante la presidencia de Hu Jintao. Ni Wen Jiabao ni su mujer han sido detenidos. A partir de un cierto nivel dentro del Partido, las detenciones son raras.

La opacidad del Partido y la represión implacable a toda disidencia impiden que se pueda conocer el nivel real de oposición interna a Xi. Lo que sí está claro en cambio es que Xi ha demostrado ser un líder muy fuerte. Un líder con una gran capacidad política, que le ha permitido hasta ahora controlar firmemente el Partido. Una persona con una visión enormemente ambiciosa para China, tanto en el plano interno como en su proyección exterior. Xi ha logrado transmitir esa visión al resto del Partido y lo ha puesto a trabajar para alcanzarla. Ha sabido utilizar a su favor la percepción de la existencia de una amenaza exterior procedente de Estados Unidos para agrupar en torno a sus políticas a muchos que en principio no se sentían atraídos por ellas. Ha sido elegido secretario general tres veces, y no se perciben por ahora indicios de que pudiera enfrentarse a una resistencia significativa si se presentara para un cuarto mandato. No conviene infravalorar a Xi.

La concentración de poder en sus manos complica mucho su sucesión. Xi ha acabado con el estilo de gobierno de sus predecesores, en el que otros líderes del Partido desempeñaban un papel significativo en la toma de decisiones a los niveles más altos. Eso facilitó por ejemplo la sucesión de Jiang Zemin por Hu Jintao, la primera sucesión consensuada y fluida de la historia del PCCh. Xi probablemente cree que tiene una misión trascendental que cumplir para su país —el rejuvenecimiento de la nación china— y que esa misión no ha terminado, por lo que debe seguir al mando del Partido. Tampoco quiere que nadie le haga sombra, que es precisamente lo que ocurriría si nombrara a un sucesor. Esta situación ha creado una cierta desinstitucionalización dentro de la estructura del PCCh. Si el liderazgo de Xi en algún momento se debilitase, o si cayera enfermo, podría aparecer un vacío de poder. En ese caso, su sucesión podría resultar traumática y provocar una lucha interna susceptible de desestabilizar seriamente al Partido y al sistema político. Su propio entorno es muy consciente de ello. Como ha recordado The Economist, el principal ideólogo del Partido y miembro del Comité Permanente del Politburó, Wang Huning, escribió en su libro sobre Estados Unidos que, si un sistema político no logra definir un mecanismo para transmitir el poder, no podrá disfrutar un orden político duradero y estable.

Si en algún momento Xi nombrara a un sucesor, seguramente trataría de asegurarse de que se mantuviera fiel a sus políticas. Pero él mismo sabe que eso es muy difícil de garantizar. Es consciente de que muchos de quienes lo apoyaron a él como sucesor de Hu Jintao no esperaban en absoluto que, una vez en el poder, actuara como lo hizo. Desde Deng Xiaoping, el Partido tiene al menos dos almas, una más volcada al reformismo económico y otra más leninista. Las reformas de Deng y los períodos de Jiang Zemin y de Hu Jintao supusieron la derrota de esta última facción, pero las ideas de los vencidos no desaparecieron. La llegada de Xi al poder ha supuesto el regreso de esas ideas, sin eliminar tampoco del todo las otras. Hay quienes estiman que cuando desaparezca Xi podría producirse un nuevo golpe de péndulo, con el regreso al poder de dirigentes menos obsesionados por el control del Partido y más volcados en garantizar los avances económicos. Entre ellos está el ex primer ministro australiano Kevin Rudd, que habla un mandarín fluido y es un gran conocedor de China.

Igual que sucede con la economía, cabe preguntarse si el endurecimiento del control del Partido sobre todos los aspectos de la vida del país es compatible con los ambiciosos planes de Xi para la modernización de la sociedad china y con su objetivo último de consolidar China como una gran potencia capaz de alcanzar, e incluso de superar, a Estados Unidos. Xi está convencido de que esa modernización puede ser impulsada desde arriba por un poder fuerte que aglutine todas las energías nacionales. Para otros, en cambio, imponer un control absoluto desde el centro puede permitirle conseguir algunas cosas, pero no otras. La gente puede ser leal a un proyecto político por muchos motivos. Un buen técnico tratará de hacer bien su trabajo, pensando que así ayuda a su país. Muchos querrán contribuir a defenderlo de lo que consideran como un acoso injustificado desde el exterior. Otros lo harán por conveniencia política, conscientes de que el que se mueve no sale en la foto. Pero hay muchas personas, dentro y fuera del Partido, que piensan que para que China pueda desencadenar toda su creatividad y aprovechar todo su talento no basta con obedecer. Hace falta fe, convicción, confianza profunda en que lo que uno hace es lo mejor que puede hacer para el conjunto de la sociedad. En su opinión, eso no se consigue con la imposición, ni con el dogmatismo, ni con la represión, ni manipulando la verdad.

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Los límites del modelo chino: las relaciones exteriores

El ascenso de China ha transformado el mundo. Ha aparecido un actor que no es nuevo, que existe desde hace miles de años, pero que por primera vez en su historia está presente en todas partes. Su capacidad para competir con Estados Unidos en ámbitos muy diversos hace de China la otra gran potencia, el único rival de Washington por el dominio del escenario global. Puede que China no ambicione invadir otros países con sus ejércitos, pero sí desea hacerlo con sus proyectos políticos y económicos, y con su visión de cómo organizar el orden internacional. Un orden en el que ella ocuparía el lugar central, porque de ella procederían las ideas que estarían en su base.

Sin embargo, para alcanzar sus objetivos, China tiene primero que resolver algunos problemas. Además de la oposición de Occidente, Pekín está encontrando sus propias dificultades a la hora de gestionar su condición de gran potencia. No es una tarea fácil, menos aún cuando se acaba de acceder a ella. La China imperial ciertamente lo era, pero su acción exterior fue muy limitada porque prefirió vivir apartada del resto de mundo. Tras las expediciones navales del comienzo de la dinastía Ming, perdió el interés por lo que sucedía más allá de sus fronteras y descuidó su marina y la defensa de sus costas. Una decisión suicida, como se vio durante las guerras del opio.

Los emperadores contemplaban a los demás países como Estados tributarios. Fue así como el emperador Qianlong trató en 1793 a lord Macartney, el embajador que le envió Jorge III de Inglaterra. Qianlong despreció todos los productos ingleses de tecnología avanzada para la época —telescopios, armas, relojes— que Macartney deseaba vender en China. No le interesaban ninguno de esos objetos. «En China tenemos todo lo que necesitamos», le dijo.

La China imperial realizó pocas expediciones militares contra otros países. No colonizó otras tierras. Una de las contadas excepciones fue la campaña del propio emperador Qianlong en el siglo XVIII contra el Kanato de Zungaria, situado entre los actuales Kazajistán, Sinkiang y Mongolia. Tras su victoria, Qianlong ordenó el exterminio de los zúngaros. El Imperio chino también acabó extendiéndose a Tíbet, Sinkiang y Mongolia Interior. Pero en general el objetivo de los emperadores chinos no fue conquistar los países vecinos, sino asegurarse de que recibían sus tributos.

Existe por eso una gran diferencia entre el Imperio chino y la República Popular de China. China, que nunca se había proyectado hacia el resto del mundo como una gran potencia, ahora está obligada a hacerlo. Ya no vive recluida dentro de sus fronteras como en la época imperial, sino que tiene intereses en todos los rincones del planeta y necesita desarrollar una fuerte actividad diplomática. El antiguo vicepresidente de la Escuela Central del Partido, Li Junru, me comentó que una China muy debilitada tuvo que hacer frente en el siglo XIX a guerras contra las potencias extranjeras, y que de este período histórico ha sabido obtener lecciones. Si no participa en las tendencias históricas, será vulnerable a los ataques procedentes del exterior.

Esta inevitable apertura hacia otros países es algo para lo cual su trayectoria histórica no la ha preparado bien. China sólo comenzó a abrirse a partir de 1978, con Deng Xiaoping. Hacer una buena política exterior exige conocer el mundo en profundidad, y también una cierta facilidad para moverse en él. Algo que durante miles de años China no ha practicado, al contrario que las naciones occidentales. Su aislamiento ha generado lejanía y desinterés por parte de muchos chinos hacia lo que sucede más allá de sus fronteras, donde no siempre se sienten cómodos. Muchos de ellos están convencidos de que China es única, distinta, y de que los extranjeros nunca podrán entenderla.

Todo esto explica que China pueda cometer errores en su acción exterior a pesar de tener excelentes diplomáticos. Hacer una buena política exterior nunca es fácil, pero las dificultades se multiplican si quien la hace es una gran potencia. Si China cometía un error hace veinte años, su trascendencia era relativa. Si lo comete hoy, llena las portadas de todos los periódicos.

Al ejercer su nuevo poder, China lo ha hecho en ocasiones de una manera torpe. Ha censurado por ejemplo las intervenciones de delegados extranjeros en conferencias internacionales que se celebran en su territorio, a fin de bloquear mensajes contrarios a sus intereses. En 2022 se celebró en Wuhan la XIV Reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes de la Convención de Ramsar sobre los Humedales, bajo presidencia china. Al intervenir el representante de Francia, el intérprete chino no tradujo la parte de su discurso en la que se refería a la guerra de Ucrania, continuando después con toda normalidad la traducción sobre otras cuestiones. En 2021 se produjeron incidentes similares en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Transporte Sostenible celebrada en Pekín, en la cual se llegó incluso a cortar el micrófono durante las intervenciones de algunos delegados, como el de la India. En esa conferencia, la presidencia china presentó una declaración de Pekín que no había sido acordada previamente entre los países participantes. Ese tipo de acciones no le han hecho ganar muchos amigos.

Los representantes chinos se muestran con frecuencia muy susceptibles y se ofenden enseguida ante cualquier crítica. Durante mis años en Pekín, hubo un período en la pandemia de la COVID-19 en el que semanalmente recibía una llamada de un alto diplomático chino para quejarse por determinadas informaciones aparecidas en medios de comunicación españoles. Esas informaciones, me decía mi interlocutor, habían herido los sentimientos del pueblo chino. Yo le contestaba que se lo tomara con calma, que todo eso era normal. Las acciones de una gran potencia afectan a intereses muy diversos en todas partes, e inevitablemente algunos la criticarán. Lo mismo le pasa a Estados Unidos todos los días, y lo mismo le pasaba a España siglos atrás. Al final la conversación no llegaba a más.

Esa alta susceptibilidad es preocupante porque sus causas lo son también. Por un lado, el dogmatismo del Partido, que es incapaz de aceptar críticas internas o externas. Por el otro, la inseguridad, la sensación de estar rodeados de un mundo que sus dirigentes no conocen bien, que no controlan y que creen que los mira con recelo, con menosprecio o con miedo. Un mundo que en su opinión se aprovechó de China cuando estuvo en condiciones de hacerlo. Estos sentimientos son el caldo de cultivo del nacionalismo, que en China es muy fuerte y en ocasiones puede volverse agresivo.

Los muchos siglos en los que China ha vivido aislada del mundo explican sus dificultades para desarrollar una buena política de comunicación, algo esencial en un mundo hiperconectado como el actual. La agresividad nacionalista de los lobos guerreros provocó reacciones negativas más allá de sus fronteras. La expulsión de corresponsales extranjeros envió el mensaje de que China no toleraba artículos críticos, o que sencillamente no le importaba mucho que en el extranjero se conociera mejor su realidad. Pero las grandes potencias necesitan generar apoyos y complicidades que afiancen su posición. China es una gran potencia con intereses globales. Para defenderlos necesita seducir, necesita convencer. No le basta con ejercer su poder económico o político, con presionar o intimidar. Los líderes chinos son conscientes del problema. El XX Congreso del PCCh en 2022 subrayó la necesidad de mejorar la política de comunicación a fin de generar un entorno exterior favorable a China. Los medios recogieron declaraciones de Xi Jinping en las que afirmaba que China tiene que encontrar un nuevo discurso, una manera mejor y más amable de explicar al mundo los cambios que ha experimentado en las últimas décadas, así como su nuevo papel internacional. Xi quiere acabar con la brecha que percibe entre el nuevo poder de China y su incapacidad para comunicarlo correctamente. Se ha quejado de que China no es capaz de explicar sus puntos de vista, aunque tenga razón, y que cuando lo hace nadie la escucha. La consecuencia es que su imagen está siendo moldeada por otros, no por sí misma. Xi convocó una sesión de estudio del Politburó para mejorar la política de comunicación. Se trata de reuniones en las que los máximos dirigentes del Partido examinan un tema concreto que necesita una atención especial.

Hay muchas cosas que se pueden hacer para comunicar mejor. Como vimos, en la elaboración de noticias destinadas al resto del mundo, la prioridad no es comunicar eficazmente hacia las audiencias de otros países, sino que el enfoque de la noticia sea aprobado por el Partido. Pero el problema no es sólo la manera en que se comunica. El problema es que a menudo existen serias diferencias de fondo sobre lo que se cuenta. Las diferencias entre los valores del Partido —y su forma de actuar dentro de China— y lo que resulta aceptable en el mundo exterior. China comunica mal porque muchas veces lo que comunica no es bien recibido fuera de sus fronteras.

Un ejemplo es la forma en que fue cesado el antiguo ministro chino de Asuntos Exteriores, Qin Gang. Qin desapareció en junio de 2023 y de repente no se supo más de él. Su desaparición obligó al alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, a cancelar una visita que tenía prevista en Pekín. Los portavoces chinos dijeron al principio que estaba enfermo, pero pronto dejaron de dar explicación alguna. Al parecer, Qin había mantenido una relación mientras era embajador en Washington con una presentadora de televisión de Hong Kong establecida en Estados Unidos, con quien había tenido un hijo que tendría nacionalidad estadounidense. Esos días corrían rumores en Pekín según los cuales la presentadora habría pasado información a Washington sobre Qin. También se decía que fueron los rusos quienes alertaron de todo ello a las autoridades chinas. La manera fulminante en que Qin Gang fue destituido revela la brutalidad con que a veces actúa el Partido. Se siente omnipotente y no estima necesario guardar las formas. Un día Qin Gang era ministro, y al día siguiente desapareció del mapa sin que el Gobierno chino considerara que tenía que dar ninguna explicación. Los efectos que su forma de actuar causa sobre su imagen exterior no parecen importarle demasiado.

La misma actitud de fondo se refleja en su posición sobre los orígenes del coronavirus. Si al Partido no le conviene dar toda la información sobre el tema a la Organización Mundial de la Salud para que pueda analizarla, nada ni nadie puede imponérselo. Ni el interés de la comunidad internacional en saber lo que pasó para evitar que surjan nuevas pandemias, ni tampoco la auctoritas de la OMS pidiéndoselo reiteradamente. Le importa poco la indignación que provoque en otros países. Por eso no puede sorprender que The New York Times titulara su artículo sobre esta cuestión «La OMS acusa a China de retener datos sobre los orígenes de la COVID-19». Tampoco que el director general de la OMS, el etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus —al que inicialmente acusaron en Occidente de ser demasiado complaciente con el Gobierno chino— afirmase en 2023 que esos datos deberían haber sido facilitados en 2020, y se los volviera a reclamar a Pekín. Teniendo en cuenta que el virus surgió en China y que sus efectos sobre el conjunto del planeta han sido devastadores, la actitud de las autoridades chinas resulta totalmente inaceptable.

En alguna ocasión las declaraciones de los dirigentes chinos han sido inusitadamente transparentes sobre su concepción de fondo de las relaciones internacionales. Ya vimos cómo el entonces ministro de Asuntos Exteriores chino, Yang Jiechi, en una reunión de ASEAN en 2010, no tuvo empacho alguno en recordarles a los demás participantes que China es un país grande y los suyos son países pequeños. Pekín niega que existan valores universales que todos deban respetar, por lo que le parece lógico y natural que los más débiles deban acomodarse a los deseos de los más fuertes. Mario Esteban habla, aquí también, de una concepción confuciana del orden internacional, en el que cada cual debe saber su lugar y obrar en consecuencia.

Xi ha destacado la importancia de promocionar mejor la cultura china en el resto del mundo y de promover las relaciones públicas y los contactos directos en diferentes ámbitos. Es decir, de reforzar el poder blando de China, que es algo que hasta ahora se le ha resistido bastante. No ayuda que su idioma sea difícil de aprender, al revés que el inglés. La civilización china es de una riqueza inmensa, pero por el momento ni su cultura popular, ni sus tradiciones, ni su arte clásico, ni su música ni su cine se han expandido fuera de sus fronteras. La única excepción es su gastronomía.

El estatus de gran potencia conlleva no sólo una mayor influencia global, sino también mayores responsabilidades. De una gran potencia se espera que trate de contribuir activamente a solucionar las crisis internacionales. China, sin embargo, raramente lo hace. En general, muestra en su política exterior una fuerte aversión a asumir riesgos. Por ejemplo, en Ucrania, donde su relación con Rusia le da una capacidad de influencia que ha preferido no utilizar. O en Gaza, donde podría haberse empleado más a fondo después del éxito de su papel en la reconciliación entre Irán y Arabia Saudí y su peso creciente en la región. China no ha ejercido un papel significativo en la crisis del estrecho de Ormuz, a pesar de sus buenas relaciones con Irán y de que buena parte de los ataques a la navegación que allí se producen afectan al tráfico marítimo entre China y Europa. En África, su influencia ha crecido mucho, pero no se ha mostrado especialmente activa en los esfuerzos diplomáticos para solucionar los problemas del Cuerno de África, de Sudán o del Sahel. En estas situaciones de crisis, Pekín se mantiene al margen todo lo posible, con la esperanza de que cada una de ellas debilite a Estados Unidos y movilice al Sur Global en su contra.

China podría también colaborar en mayor medida con la búsqueda de soluciones a otros problemas globales. Ya nos hemos referido a la investigación de las causas de la COVID-19, aunque en otros aspectos del problema —como el suministro de material sanitario al resto del mundo— su contribución fue decisiva. En cuanto a la lucha contra el cambio climático, China suspendió sus conversaciones con Estados Unidos después del viaje a Taiwán de Nancy Pelosi, como si esas conversaciones fueran un favor que le estaba haciendo a Washington en lugar de una obligación del mayor emisor mundial de CO₂ para ayudar a buscar soluciones a un problema muy grave. La Ayuda Oficial al Desarrollo de China en 2019 fue de 5.900 millones de dólares, lo que supone el 0,04 por ciento de su renta nacional, una cifra muy baja. Esa cantidad no incluye los proyectos de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, que no son considerados como AOD porque no son donaciones, sino créditos ligados a la contratación de empresas chinas para la ejecución de los proyectos. China alega que es un país en desarrollo, por lo que su ayuda es una forma de asistencia mutua entre PVD, una forma de cooperación Sur-Sur, distinta a la cooperación Norte-Sur.

Pero tal vez estamos pidiéndole demasiado a China. Sólo se abrió al mundo en 1978, y acaba de convertirse en una gran potencia. Una transformación de ese calibre, y en tan poco tiempo, no es fácil de gestionar.

Además, en muchos sentidos su política exterior está resultando efectiva. Pekín tiene razón al decir que el equilibrio de poder global está cambiando, y su ascenso está contribuyendo decisivamente a ese cambio. La unipolaridad que siguió a la caída del muro de Berlín ha desaparecido. La posición de Estados Unidos no es la misma ahora que en 1999, cuando la OTAN bombardeó Belgrado. Ni la de 2001, cuando consiguió el mismo día 11 de septiembre, pocas horas después del ataque a las Torres Gemelas, un mandato unánime del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que le permitía atacar Afganistán, desde donde Osama bin Laden había ordenado los atentados. Ni tampoco la de 2003, cuando invadió Irak. Después de las guerras de Bush, Barack Obama quiso evitar involucrarse en nuevos conflictos internacionales y se mantuvo todo lo alejado que pudo de los de Siria y Libia. Tampoco hizo nada para oponerse a que Rusia invadiera Crimea, lo que facilitó que posteriormente Putin decidiera atacar Ucrania. Se creó así un vacío de poder en la gestión de esas crisis que llenaron otros, como Rusia, Irán o Turquía. Más tarde la primera presidencia de Donald Trump agrandó ese vacío de poder, y China supo aprovecharlo. Si Trump repite en su segundo mandato la línea aislacionista que siguió en el primero —ignorando a gran parte de los países del mundo, sembrando dudas entre sus aliados sobre el cumplimiento de sus compromisos y abandonando organismos internacionales—, China volverá a encontrarse con un entorno propicio para avanzar en sus objetivos.

Como ya se ha comentado, China está ganando posiciones en el Sur Global, donde su poder blando funciona bastante mejor que en Occidente. China tiene el detalle de no hacer preguntas a sus dirigentes sobre el respeto a los derechos humanos, lo que aprecian enormemente. Los países en desarrollo sienten ahora que tienen más opciones para elegir que durante la Guerra Fría —cuando dos modelos rígidos se enfrentaban entre sí— o que durante el período de hegemonía norteamericana que siguió a la caída del muro de Berlín. ASEAN evita escoger entre China y Estados Unidos, y prefiere optar entre las diferentes propuestas de colaboración que ambos le ofrecen. Algo parecido sucede en África, donde, ante el impacto que ha tenido la Iniciativa de la Franja y la Ruta, la Unión Europea ha lanzado la Global Gateway; y donde Biden desarrolló su Partenariado Global de Inversiones e Infraestructuras. Habrá que ver si Trump sigue adelante con este proyecto. Algunos gobiernos del Sahel han decidido expulsar a las tropas francesas, que se encontraban allí desde su independencia, y se vuelven hacia el Kremlin en busca de apoyo exterior. En América Latina —una región antes totalmente controlada por Washington—, Bolivia, Venezuela y Nicaragua se permiten desafiar abiertamente a Estados Unidos y buscan acercarse a Pekín. Lo mismo hacen muchos otros, como Brasil e incluso algunos países centroamericanos, cuya dependencia de Washington siempre fue muy marcada. Y, por supuesto, Cuba. Los principales Estados latinoamericanos —excepto Colombia y México— tienen ahora un comercio mayor con China que con Estados Unidos.

En el mundo actual son posibles múltiples geometrías variables. El juego consiste en colocarse de la manera más favorable en cada una de ellas. Como ha señalado Sarang Shidore, cada país busca su interés nacional con un enfoque pragmático, no ideológico. Al contrario que en la Guerra Fría, evitan alinearse claramente con una u otra de las grandes potencias. Arabia Saudí ha terminado con su tradicional dependencia de Estados Unidos para jugar con China, Europa o incluso Rusia cuando le interesa, pero sin renunciar al paraguas de seguridad norteamericano. Los Emiratos Árabes Unidos mantienen una fuerte relación con Estados Unidos, pero han decidido renunciar a la adquisición de los aviones F-35 en protesta por las condiciones que imponía Washington para su venta. La India se aleja de Rusia incorporándose al Quad, pero no demasiado: mantiene sus compras de armas a Moscú y multiplica las de petróleo. Brasil ha acordado una propuesta conjunta con China para impulsar la paz en Ucrania. México se ha convertido en el objetivo de grandes inversiones chinas con el fin de eludir las restricciones a sus exportaciones impuestas por Estados Unidos. Marruecos, pese a su fuerte relación con Estados Unidos y con Europa, está recibiendo importantes inversiones chinas en vehículos eléctricos y nuevas energías para exportar desde su territorio esos productos a Europa, y está ofreciendo además a Pekín un papel privilegiado en la explotación de sus grandes puertos en torno al estrecho de Gibraltar. Muchos gobiernos votaron contra Rusia en la Asamblea General de Naciones Unidas por su invasión de Ucrania, pero en cambio rechazaron imponerle sanciones económicas. China ha sabido aprovechar estas geometrías variables, y la segunda presidencia de Trump podría dejarle el terreno aún más libre. Pero Trump también podría poner nuevos obstáculos, aumentando por ejemplo las tarifas a los productos chinos fabricados en México.

El Sur Global no se contenta con poder elegir entre Estados Unidos y China. Sus grandes países exigen una nueva distribución del poder global en el que su parte se incremente sensiblemente. Afirman que no tiene sentido que Francia o el Reino Unido sean miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con derecho a veto, pero que no lo sea ninguno de ellos. Plantean un cambio sustancial en la distribución de votos en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial, totalmente dominados hasta ahora por Washington. China aprovecha esta situación para erigirse en defensora de sus reclamaciones frente a Estados Unidos.

En este nuevo equilibrio de poder surgen conflictos que no encuentran solución, como los de Ucrania, Gaza, Sudán o Yemen. No existe una potencia capaz de arreglarlos o interesada en hacerlo, por lo que terminan pudriéndose. Esto podría agudizarse durante el segundo período de Trump en la Casa Blanca. Hay quien habla de un mundo posoccidental. Otros se refieren a un sistema internacional fragmentado —en palabras de Cliff Kupchan— o desordenado —en expresión de Mark Leonard—, en el que no existe un país hegemónico. Un mundo donde el potencial para el conflicto y la desestabilización es mucho mayor que en el pasado. China se siente más cómoda con esta situación que con el orden basado en reglas que defienden Estados Unidos y Europa, el cual considera al servicio de los intereses occidentales. Mejor un desorden que le permita mover a su favor las piezas del tablero que un orden desfavorable para ella.

La consecuencia directa de este orden desordenado es que los países más poderosos reclaman para sí esferas de influencia en las que la fuerza —política, económica, tecnológica, militar— sería el argumento final para resolver las disputas. Como hizo Putin cuando invadió Ucrania, pocas semanas después de firmar su comunicado con Xi Jinping en Pekín. Algo parecido está haciendo ahora China al amenazar con el uso de la fuerza en Taiwán o con su política de hechos consumados para tratar de quedarse con la mayor parte del mar del Sur de China. O Israel, violando el derecho internacional humanitario en Gaza y en el Líbano. Si la fuerza es la última razón, otros Estados podrían intentar dotarse de armas nucleares para hacerse respetar, como en el caso de Irán. Corea del Norte ya lo ha hecho. Ha lanzado misiles por encima de las cabezas de sus vecinos y participa en la guerra de Ucrania. Los chinos alegan que también Estados Unidos utilizó la fuerza cuando pensaba que podía permitírselo, atacando Kosovo e Irak sin contar con el Consejo de Seguridad de la ONU. Creen que sigue haciéndolo ahora, al imponer restricciones a las exportaciones de productos de alta tecnología que para China son ilegítimas, o con sus declaraciones sobre su voluntad de apropiarse de Groenlandia, Canadá o el canal de Panamá.

Éstos son algunos de los cambios que «no se han visto en un siglo», como suelen decir los dirigentes chinos. Sobre ellos habló Xi Jinping con Vladímir Putin en su viaje a Moscú en 2023, y concluyó que eran China y Rusia quienes estaban dirigiéndolos. Estos cambios están dando forma a un mundo multipolar, que ambos apoyaron en el comunicado firmado en Pekín el 4 de febrero de 2022, y que prefieren a la unipolaridad dominada por Washington que siguió al final de la Guerra Fría.

Se trataría en todo caso de una multipolaridad relativa, porque la única potencia que puede hacer frente de verdad a Estados Unidos es China. Los dirigentes de Pekín evitan utilizar el término bipolaridad y prefieren hablar de «multipolaridad» porque no quieren que se genere la percepción de que China aspira a tener un estatus similar al de Estados Unidos. Pero en realidad coinciden en que el orden internacional está evolucionando hacia un esquema bipolar. Su dinámica de rivalidad con Estados Unidos apunta a una bipolaridad cada vez más marcada. Rusia seguirá teniendo un papel fundamental en temas como el equilibrio nuclear, o en zonas determinadas como los países que formaban parte de la antigua Unión Soviética. La Unión Europea tendrá voz en las cuestiones económicas y comerciales. Pero los únicos que tienen la visión y la capacidad para proponer al resto del mundo un modelo político, económico e ideológico propio son Estados Unidos y China.

Por eso es fundamental la política que siga Trump en su segundo mandato. Si sus declaraciones sobre su voluntad de incorporar Canadá y Groenlandia a Estados Unidos, o de recuperar el control sobre el canal de Panamá, se traducen en presiones inaceptables sobre los países afectados para que accedan a sus deseos, Estados Unidos se convertiría en el principal impulsor de un nuevo orden internacional basado en el uso de la fuerza.

Estados Unidos, la Unión Europea y otros Estados democráticos son conscientes de que el equilibrio de poder global ha cambiado, y que eso tiene efectos inevitables sobre el orden internacional. Pero hasta ahora han considerado que los principios esenciales contenidos en la Carta de las Naciones Unidas siguen siendo válidos y gozan de un amplio apoyo, también en el Sur Global. Subrayan que esos principios han dado al mundo décadas de estabilidad y de prosperidad, en las que muchos PVD han sido capaces de desarrollar su economía y reducir la pobreza. Creen, además, que los países democráticos siguen teniendo la capacidad de hacer que se cumplan en determinadas cuestiones importantes. Destacan, por ejemplo, el respaldo ampliamente mayoritario en la Asamblea General de las Naciones Unidas a las dos resoluciones aprobadas en 2022 contrarias a la invasión rusa de Ucrania. Señalan las consecuencias a medio y largo plazo sobre la economía rusa de las sanciones norteamericanas y europeas impuestas tras la invasión, aunque la economía de guerra y el incremento del gasto militar hayan evitado por ahora su colapso. Citan el cuidado que pone China en no violarlas, por los efectos que tendría sobre su propio crecimiento. Sostienen que ello supone un reconocimiento implícito de quién domina el sistema económico y financiero internacional en este momento. Piensan que Rusia va a quedar muy debilitada cuando termine la guerra de Ucrania. A diferencia de anteriores intervenciones armadas en las antiguas repúblicas soviéticas, el precio que va a pagar esta vez es muy alto. No sólo su economía se verá muy afectada por las sanciones, sino que su posición política dependerá cada vez más de China. Por no hablar del alejamiento con Kiev, que tiene difícil marcha atrás.

En la guerra de Ucrania, Estados Unidos y sus aliados están ejerciendo por primera vez un papel determinante en un conflicto que se desarrolla en la antigua URSS, que hasta ahora había sido coto vedado de Moscú. Resulta muy negativa para la imagen de Rusia la invasión de su territorio por las tropas ucranianas. No es habitual que una potencia nuclear sea invadida por otro Estado.

En lo que concierne a Rusia, la lectura china no es muy diferente. Los expertos de un instituto de relaciones internacionales chino me subrayaron que la invasión de Ucrania va a constituir una derrota estratégica para Moscú. En su opinión, aunque Rusia no puede perder la guerra y se apuntará victorias tácticas, la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN y el acercamiento de Ucrania a la Unión Europea y a la Alianza suponen un serio golpe para ella. Los dirigentes chinos son conscientes de que el mantra del declive de Occidente se compadece mal con los efectos de las sanciones occidentales y el cuidado que pone China en no incurrir en ellas. Si China no ha vendido hasta ahora armas a Rusia es porque no está tan segura de que Occidente sea realmente un tigre de papel. Sus duras críticas a las sanciones no se deben sólo a que pueden perjudicarla, sino a que las percibe como una manifestación del poder global de los países occidentales, justamente aquello contra lo que ella y Rusia quisieron rebelarse con el comunicado del 4 de febrero. Le recuerdan que el orden mundial controlado por ellos se resiste a derrumbarse.

Pero todo depende de cómo termine la guerra. Si Trump presiona a Ucrania en un posible acuerdo de alto el fuego para que ceda territorios ocupados por Rusia y Ucrania no obtiene ningún tipo de garantía de seguridad, dejándola en una posición vulnerable ante futuros ataques de Moscú, ello supondría una victoria para Putin y una derrota para la posición que hasta su llegada al poder han defendido Estados Unidos y Europa sobre este tema. La cuestión es si a Trump —y a Estados Unidos— le interesa que Putin salga como el claro vencedor de esta guerra. O si está dispuesto a dar una imagen de debilidad cediendo ante las pretensiones de Putin, lo que podría provocar comparaciones con la debilidad mostrada por Biden con su salida de Afganistán.

En cuanto al papel de China, Estados Unidos y Europa nunca le habían pedido antes que interviniera para solucionar un conflicto grave en Europa, pero ahora lo están haciendo continuamente. Si se convocara una conferencia de paz sobre Ucrania, su participación sería necesaria. Pekín ocupa un lugar cada vez más prominente en la agenda de la Alianza Atlántica. El hecho de que por vez primera esté desempeñando un papel importante en una crisis de primer orden en Europa, muy lejos de sus fronteras, supone un cambio significativo en el equilibrio de poder global. Algo parecido puede decirse de la creciente demanda occidental de una mayor contribución china a la solución de otras crisis internacionales. Si esa demanda existe es porque se percibe que Pekín tiene una capacidad de influencia que antes no tenía.

Sin embargo, en Estados Unidos muchos consideran que aún le queda mucho para convertirse en su rival a escala global. Resaltan que, por mucho que amenace con hacerlo, no es una casualidad que China no se decida a invadir Taiwán, pese a que para ella es un asunto existencial. Juzgan que hay límites claros a la actuación concertada de quienes desean abiertamente cambiar el orden internacional, como China, Rusia, Irán o Corea del Norte. Sus intereses son muy distintos y a menudo contradictorios. Destacan además que existen algunos problemas de fondo en el modelo chino que pueden frenar su crecimiento. En cuanto a los Estados en desarrollo, su objetivo es quitarse de encima la influencia de los países occidentales —que han sentido sobre sus hombros desde la época colonial—, pero no acercarse excesivamente a China. Detestan su arrogancia cuando les hablan de los derechos humanos, pero su visión del mundo no es confuciana, y no rechazan de plano la necesidad de respetarlos. Admiten que constituyen un objetivo deseable pero no prioritario en sus circunstancias actuales.

Ante todos estos argumentos, la reacción de los dirigentes chinos es señalar que Estados Unidos niega la evidencia. No quiere ver lo que está pasando y sigue intentando contener el ascenso de China. Estados Unidos, dan a entender, se cree más fuerte de lo que es. En Pekín algunos piensan que sólo aceptará la nueva realidad cuando suceda algo que exprese con toda claridad que el cambio en los equilibrios de poder ya se ha producido. En 1989 fue la caída del muro de Berlín. Ahora podría tratarse de una posible decisión de Trump de terminar la guerra de Ucrania en términos favorables a Putin. Si eso sucediera, para China habría quedado demostrado que la fuerza funciona, que Occidente al final cede y que el orden internacional ha cambiado sustancialmente. Lo interpretaría como un síntoma más del debilitamiento de Occidente y del cambio en el equilibrio de poder global. Ello podría reforzar la posición de quienes en Pekín sostienen que habría un límite a lo que Estados Unidos estaría dispuesto a hacer para defender a Taiwán en caso de invasión de la isla.

22

Qué hacer con China

China es un gran país, de una dimensión inmensa y con una identidad muy marcada. Se siente fuerte y seguro de sí mismo. No le faltan razones para ello, después de su vertiginoso proceso de desarrollo económico y de fortalecimiento político. Su cultura no es occidental, y en su sociedad —no sólo en su sistema político— rigen unos valores que no son los nuestros. Tiene en este momento un proyecto político claro, tanto en el orden interno como sobre su papel en el mundo.

Cuando yo estudiaba en el colegio, me enseñaron que China estaba muy lejos. Pero no es verdad, no está lejos. Está muy cerca. En la tienda de la esquina. En la supervivencia de nuestras industrias. En las opciones de detener el avance del cambio climático. En la solución de las crisis internacionales. En la defensa de nuestra concepción del mundo. Está aquí además para quedarse. Su presencia se hace notar en todas partes, en todos los ámbitos.

Eso significa que China va a ser a partir de ahora un formidable adversario. No podemos engañarnos. Los países democráticos van a tener que hacer frente a una gran potencia que tiene una mirada muy diferente sobre cuestiones fundamentales.

Ante esta situación, dichos países deben defender con determinación sus valores y sus intereses, oponiéndose siempre que haya que hacerlo a las políticas de Pekín contrarias a ellos. Por ejemplo, a su apoyo a Rusia en Ucrania, sus intentos de apropiarse del mar del Sur de China, su amenaza de uso de la fuerza en Taiwán, sus ciberataques, su resistencia a aceptar unas reglas comerciales equitativas, su relativización de los derechos humanos o su negativa a aceptar los valores universales contenidos en la Carta de las Naciones Unidas.

Para que puedan actuar con eficacia frente a China, es esencial que los países democráticos actúen unidos. La llegada al poder por segunda vez de Donald Trump puede complicar las cosas en ese sentido, pero no por ello deja de ser necesario. Eso incluye también una mayor coordinación entre las democracias europeas y de Asia-Pacífico, así como con América Latina.

Al mismo tiempo, se deben buscar siempre que sea posible acuerdos con Pekín para solucionar los grandes problemas globales, que sin la contribución de China difícilmente pueden abordarse. Ello exigirá tomar en cuenta sus intereses, porque de otro modo será imposible alcanzar soluciones aceptables para todos. No va a resultar fácil, y el orden internacional puede ser de ahora en adelante más complicado de gestionar que en el pasado. Pero hay que crear una agenda positiva con China sobre cuestiones como la lucha contra el cambio climático, la forma de salir del subdesarrollo, la regulación de la inteligencia artificial o las situaciones de crisis internacionales. El mundo ganaría mucho si China y la Unión Europea pudieran colaborar para abordar estos desafíos. A ello puede contribuir España, que goza de una proyección global significativa y de una buena capacidad de interlocución con las autoridades chinas.

Los países democráticos tendrán que hacer mejor las cosas en el Sur Global, que es donde en gran medida se va a jugar la partida del futuro orden internacional. Allí China les está ganando la partida, pero los Estados que lo forman tampoco desean alinearse completamente con Pekín. No puede esperarse mucho en este sentido de Donald Trump, lo que hace aún más relevante la labor que pueda allí realizar la Unión Europea. Es esencial prestar más atención a las prioridades de los países en vías de desarrollo y apoyarlos en la defensa de sus intereses. Por ejemplo, reformando el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas para dar entrada a sus países más importantes, distribuyendo más justamente los votos en los organismos financieros internacionales, mejorando el acceso a la financiación para los PVD o ayudándolos más en la lucha contra el cambio climático, especialmente a los menos favorecidos. El mundo occidental ya está desarrollando muchas políticas positivas en el Sur Global. No se trata de partir de cero, sino de hacer las cosas mejor y con un mayor sentido político.

Un caso especial es el de América Latina. Es la única zona del mundo en desarrollo cuyos valores políticos y cuya identidad cultural tienen una fuerte raíz occidental. En un momento de rivalidad ideológica entre China y Occidente, cuando ambos están librando una batalla de ideas, Europa y Estados Unidos necesitan el apoyo de los países latinoamericanos. No pueden permitirse el lujo de prescindir de ellos, y mucho menos de ignorarlos. Y sin embargo eso es precisamente lo que han hecho. Lo ha hecho Estados Unidos desde hace muchos años, y lo hace, asimismo, la Unión Europea. El retraso en la ratificación del Acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur firmado en 2019 es una expresión de ese desinterés. En América Latina, existe una demanda de una relación más cercana con Occidente a la que no se le está dando respuesta. No pueden sorprender por ello los avances de China en la región. 

El caso de África es igualmente significativo. No parece razonable que, siendo la Unión Europea el mayor socio comercial del continente, el mayor inversor y el mayor donante de ayuda al desarrollo, su imagen en África sea hoy bastante peor que la de China. También allí la Unión Europea debe intensificar su presencia política, prestar más atención a los intereses de los Estados africanos y acompañarlos en su lucha por el desarrollo.

Joe Biden intentó fortalecer su proyección hacia Asia, y la Unión Europea debería hacer lo mismo. Los países asiáticos desean evitar caer en una excesiva dependencia política y económica de China, y una mayor presencia occidental en la zona puede ayudarlos a conseguirlo.

Muchos de los avances de China en el Sur Global se han debido no tanto a sus aciertos como a los errores de los gobiernos occidentales. Por ejemplo, su inclinación a dar lecciones sobre cuestiones de gobernanza o de derechos humanos. Por supuesto, tienen que defender sus principios, pero no de una manera que genere el rechazo de sus interlocutores. Hay que evitar que se repita lo que sucedió durante la COVID-19, cuando China fue más rápida que Europa en proporcionar vacunas al Sur Global, aunque no fuera en forma de donaciones. Esos errores deben corregirse. La Unión Europea se propone incluir en la Global Gateway proyectos que no se limiten a construir infraestructuras, como la IFR, sino que tengan un mayor componente tecnológico. China, en general, no lo ha hecho así, y si Europa lo hace estará demostrando su compromiso con su desarrollo económico. Generar más valor añadido es un objetivo prioritario para los PVD.

Al defender sus políticas, los Estados democráticos no deben colocarse a la defensiva. Deben explicar con convicción las desventajas que supone el orden internacional propuesto por China y las ventajas de su propio modelo. Negar —como hace China— la existencia de valores universales y colocar la soberanía nacional por encima de cualquier otra consideración significa favorecer a los fuertes frente a los débiles. Los PVD más pequeños pueden encontrarse con que su posición sería muy vulnerable. Ante los países desarrollados y ante otros países en desarrollo más fuertes que ellos. Por el contrario, defender la existencia de normas válidas para todos pone límites a la actuación de los más poderosos y permite proteger mejor a los más débiles.

Si los países occidentales desean hacer frente al ascenso de China, deben empezar por hacer bien las cosas dentro de su propia casa. Si China las hace bien y ellos no, les irá sacando cada vez más ventaja. Por eso Joe Biden empezó su presidencia logrando que el Congreso aprobara unas leyes para renovar las infraestructuras y promover las industrias de alta tecnología, como los semiconductores o las nuevas energías. 

También por eso la Unión Europea encargó al antiguo primer ministro italiano Enrico Letta un informe sobre el mercado único y a Mario Draghi —también ex primer ministro italiano, además de expresidente del Banco Central Europeo— otro sobre la forma de mejorar la competitividad de la economía europea. Si en áreas como la inteligencia artificial Europa está hoy lejos de poder competir con Estados Unidos y China, urge encontrar soluciones. Ambos informes consideran imprescindible dar prioridad a los esfuerzos de investigación y desarrollo. Deben eliminarse los obstáculos para operar libremente dentro del mercado único europeo, a fin de incrementar la productividad —un objetivo prioritario— y aumentar la dimensión de las empresas. Será necesario revisar los criterios sobre defensa de la competencia que se han aplicado hasta ahora. Tanto Letta como Draghi proponen desarrollar una activa política industrial, como China lleva haciendo desde hace años, y como Estados Unidos hizo durante el gobierno de Biden. Para todo ello se tendrá que aprobar un volumen muy importante de nuevos fondos comunes europeos. Primero, porque las inversiones que hay que realizar están fuera del alcance de los presupuestos nacionales. Y segundo, porque para que estos proyectos alcancen sus objetivos deben desarrollarse en clave europea, no en clave nacional. Hacen falta campeones europeos, no franceses, italianos, españoles o alemanes. Europa ya ha empezado a dar pasos en ese sentido. Una parte significativa de los fondos Next Generation van dirigidos a inversiones digitales. Se ha lanzado una iniciativa ambiciosa en materia de semiconductores. Las cláusulas proteccionistas de las leyes norteamericanas sobre reducción de la inflación y sobre semiconductores empujan a la Unión Europea en esa misma dirección.

El sistema chino permite la planificación a largo plazo, mientras que las democracias se ven sujetas a los ciclos electorales. Si no se encuentran medidas correctoras de este desequilibrio, China seguirá beneficiándose de ello. En los países democráticos, los principales partidos deben ser capaces de alcanzar consensos sobre una serie de objetivos económicos y tecnológicos fundamentales, y dejarlos así protegidos de los vaivenes políticos. De esta manera, las políticas necesarias para alcanzarlos podrían mantenerse durante largos períodos de tiempo, sea cual sea el partido que gane las elecciones. Esto puede parecer difícil de imaginar en algunos países con un fuerte grado de polarización política. Pero si no lo hacen pagarán un precio muy alto. La Unión Europea podría explorar la manera de promover este tipo de acuerdos en los Estados miembros.

Hay otras tareas que las democracias deben hacer. Por ejemplo, esforzarse por conocer mejor a China. Interesarse por ella. Tratar de identificar sus fortalezas y sus debilidades. Mirar la realidad de frente, eliminando prejuicios y estereotipos. No siempre es fácil entender a China, porque viene de un mundo muy distinto. Las sociedades occidentales funcionan con claves muy diferentes a las de la sociedad china. No pueden aplicar automáticamente a China sus propias categorías intelectuales. Pero tratar de entenderla bien es la única manera de defenderse eficazmente de ella cuando haya que hacerlo, y de encontrar un terreno común en aquellas cuestiones en las que sea posible cooperar con Pekín.

Si China está donde está no es por casualidad. Su crecimiento económico ha sido impresionante, lo mismo que su desarrollo tecnológico o su proyección internacional. Su sistema político es criticado en Occidente, pero tiene un alto grado de apoyo entre la población. China ha conseguido en cuarenta años transformaciones para las que Europa ha necesitado siglos, y lo ha hecho de una manera relativamente fluida. Podemos aprender mucho de China. El espíritu de trabajo, la perseverancia, el compromiso con la mejora de nuestras sociedades.

Los países democráticos rechazan los principios fundamentales de su sistema político y muchas de sus líneas de acción. Deben enfrentarse a ellas siempre que sea necesario. Pero eso es una cosa, y otra muy distinta es una descalificación global de China. Atacar sin más a China no constituye una política sólida. Sin embargo, es lo habitual en Washington. Si quien lo hace actúa impulsado por razones de política interior, el resultado puede acabar siendo, en el mejor de los casos, una buena política interior, pero una mala política exterior. En Europa existe igualmente esa tendencia, aunque en menor medida, porque no se da el elemento de lucha descarnada por la supremacía global. No tiene sentido demonizar a China. Demonizarla significa negarse a ver las razones por las que se ha hecho fuerte. «No te molestes si la gente no reconoce tus méritos: preocúpate si tú no reconoces los suyos», dice una de las analectas de Confucio.

Los países occidentales deben dejar de pensar que su sistema es por definición superior. Ello no es fácil, porque llevan haciéndolo desde hace siglos y porque en esos siglos han dominado el mundo. En realidad, en eso se parecen bastante a los chinos, que llevan siglos también pensando que son superiores. Probablemente, después de sus éxitos recientes, lo piensan ahora más que nunca, persuadidos de que si en tiempos pasados no dominaron el mundo fue simplemente porque no les interesaba.

China ha experimentado grandes cambios en las últimas décadas y sin duda seguirá cambiando. Pero lo hará en el marco de sus propios parámetros, no de los nuestros. De su propia visión del mundo, no de la nuestra.

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El ascenso de China

Rafael Dezcallar

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Queda expresamente prohibida la utilización o reproducción de este libro o de cualquiera de sus partes con el propósito de entrenar o alimentar sistemas o tecnologías de inteligencia artificial.

© Rafael Dezcallar c/o Thinking Heads, 2025

Diseño de la cubierta, Sylvia Sans, 2025

© Centro de Libros PAPF, SLU., 2025

Deusto es un sello editorial de Centro de Libros PAPF, SLU.  

Av. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona 

www.editorial.planeta.es 

www.planetadelibros.com 

Primera edición en libro electrónico (epub): marzo de 2025

ISBN: 978-84-234-3881-5 (epub)

Conversión a libro electrónico: Realización Planeta

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