Juan Sisinio Pérez Garzón

Breve historia de España

DISEÑO DE CUBIERTA: PABLO NANCLARES

© Juan Sisinio Pérez Garzón, 2025

© Los libros de la Catarata, 2025

Fuencarral, 70

28004 Madrid

Tel. 91 532 20 77

www.catarata.org

Breve historia de España

isbne: 978-84-1067-396-0

ISBN: 978-84-1067-384-7

Depósito legal: M-17.031-2025

THEMA: NH/1DSE

este libro ha sido editado para ser distribuido. La intención de los editores es que sea utilizado lo más ampliamente posible, que sean adquiridos originales para permitir la edición de otros nuevos y que, de reproducir partes, se haga constar el título y la autoría.

A los hermanos Juan Ignacio y Max,
inmensos sueños de futuro.

Introducción

Es lógico exponer los puntos de partida de este libro. Se titula historia de España porque se analizan las gentes y las sociedades que vivieron en las tierras que hoy forman España. Se sostiene una tesis, nada nueva, que considera el cambio como lo propio de toda historia y que, por tanto, ninguna sociedad es invariable ni mucho menos eterna. Por eso se explica, capítulo por capítulo, que de ningún modo ha existido o existe en España una identidad, una cultura, un modo de organizarse o unos valores inmutables a lo largo de los siglos. Al contrario, las gentes, mujeres y hombres, han vivido en evolución constante, se han organizado con distintos recursos y medios de vida, con diferentes relaciones de dominio y con persistentes pugnas y anhelos por mejorar su condición.

En consecuencia, se ha evitado reducir la complejidad social de cada momento a una identidad o cultura, sobre todo se han obviado las filiaciones nacionalistas. Ni Viriato ni el Cid Campeador fueron españoles, ni por asomo Felipe II, tan rey católico de Portugal como de Castilla o Aragón o de sus dominios americanos, acordaba medidas pensando en construir esta España de hoy que lo dejaría infartado, si pudiera levantar la cabeza. Ni Franco pudo imaginar que, al año y medio de morir, la Pasionaria estaría en la mesa de edad que presidió la apertura de unas Cortes votadas libremente.

En este sentido, los jóvenes que hoy viven en Lugo, Barcelona o Sevilla comparten más intereses, creencias y sueños con los actuales jóvenes de Oslo, Filadelfia o Tokio que con aquellos otros que vivieron en sus respectivas ciudades en los siglos X, XV o XIX. Las identidades proyectan hacia el pasado unos patrones tan resbaladizos como indemostrables y unos tópicos tan vaporosos como falaces. Porque en cada momento, en cada sociedad las personas crean sus modos de vida entreverando afanes y utilidades, lucros y solidaridades, razones y pasiones, dolores y regocijos en una enredadera de hechos, poderes y enfrentamientos en los que conviven muchos y distintos objetivos. Por eso, con frecuencia se llega a resultados no previstos, con el azar incluido.

Por otra parte, se ha procurado no ejercer de juez del pasado, porque, tal y como sentenció Montesquieu: “La verdad en un tiempo es error en otro”. Para comprender el pasado hay que despojarse ante todo de los tópicos acumulados por los nacionalismos que, desde el siglo XIX, remontaron sus raíces a siglos remotos, cual plantas que hubiesen germinado con un ADN desarrollado por sucesivas generaciones. Conviene subrayar, en contrapartida, que la historia nunca tiene una meta predeterminada, aunque todo hecho histórico cuenta con precedentes. Importa conocer cada época en sí misma, sin necesidad de sancionarla por los hechos posteriores que, casi con total seguridad, no fueron previstos ni pensados por los actores de aquel momento histórico. En definitiva, no hay épocas admirables ni tampoco cabe jerarquizarlas; todos los siglos, todos los años contienen una abigarrada densidad de acontecimientos en los que cada individuo es a la vez autor y actor de cálculos, previsiones, certezas, ambigüedades, temores y posibilidades.

Por eso se le ha dado prioridad en cada capítulo a las gentes que han formado las muy distintas sociedades que, desde la Prehistoria hasta el presente, han habitado este país. Para conocer en qué condiciones vivían, qué aspiraciones tenían, qué poderes las explotaban y oprimían, cómo protestaban y cómo se diversificaban sus respectivos presentes. No es, por tanto, una historia de reyes e individuos supuestamente heroicos, y menos de los avatares morbosos de personajes que de ningún modo han renovado la historia. Aunque en gran medida se ha seguido la cronología tradicional para no distorsionar las referencias aprendidas en el sistema educativo, se ha intentado sobre todo desentrañar las relaciones que se desarrollan en cada sociedad, con frecuencia conflictivas, con momentos de dramáticos antagonismos como son las guerras y las épocas sin libertades, con giros y retrocesos, porque la movilidad y el cambio están protagonizados por todos y cada uno de los humanos en todo momento.

En este caso se confirma que en estas tierras se fraguaron unas economías y unas culturas siempre en interacción con otras sociedades, endeudadas con inventos e ideas desarrollados más allá de la península ibérica, desde el sapiens, la agricultura y la escritura hasta los antibióticos y la inteligencia artificial. Quizás por eso quepa plantear que el pasado no actúa sobre el futuro, porque las personas pueden elegir, interpretar y adaptar lo que heredan del pasado desarrollándolo con cuantas novedades reciben de los distintos entornos del presente. En ese entrecruce germinan las innovaciones que hacen historia y que, al reajustar intereses, ideologías y comportamientos, transforman y abren perspectivas inéditas.

En fin, son ideas para aclarar por qué se ofrece esta síntesis de procesos siempre laberínticos y cuyo resultado como libro es lógicamente discutible y abierto a revisión. En esta tarea han sido muy generosas las lecturas de distintos capítulos por amigos y colegas como Rosario García Huerta, Félix González Chicote, Juan Santos Yanguas, Eduardo Manzano, Joaquim Albareda, Gabriel Quirós, Antonio Rivera, Fernando del Rey y Juan Ignacio Martínez Pastor. De ningún modo son responsables de los desaciertos. También he contado con el apoyo de cuantas personas trabajan en la editorial de Los Libros de la Catarata, con Javier Senén al frente. Y siempre con la presencia de Mauricio Zambrano.

Capítulo 1

Del homínido recolector y cazador
al humano agricultor

Cronología
Circa 5.000.000 a. C. | Inicio de la evolución del género Homo. Edad de Piedra o Paleolítico inferior.
1.500.000 a. C. | Homínidos en la península ibérica: Orce y Atapuerca. Vida en cuevas, grupos igualitarios de nómadas recolectores y entre la carroña y la caza.
300.000 a. C. | Origen multirregional del Homo sapiens, nueva especie con capacidad de crear ficción y un lenguaje complejo.
170.000 a. C. | Paleolítico medio, el Homo neandertal habita en cuevas desde Cantabria y Atapuerca hasta Nerja y Gibraltar.
35.000 a. C. | Paleolítico superior, el Homo sapiens ocupa la península ibérica: arte y mejoras en la caza.
12.000 a. C. | Mesolítico: vida en cuevas y transición a poblados estables. Se amplían rutas de intercambio.
7.000 a. C. | Neolítico con revolución agrícola en la Península: los orígenes de las desigualdades sociales y del patriarcado.
3.500 a. C. | Edad del Cobre, abundante en la Península: metalurgia, poblados fortificados y dólmenes funerarios, también en las islas Baleares.
1.700 a. C. | Edad del Bronce: mejora del arado y de los cultivos.
1.100 a. C. | Edad del Hierro: se afianza el poder de las castas guerreras.

Es obligatorio recordar de dónde procedemos todas las personas, tengamos una u otra identidad étnica, nacional o cultural. Todo el planeta comparte el mismo árbol genealógico del género Homo y, en concreto, de la especie Homo sapiens cuya evolución diferenciada comenzó hace unos 300.000 años. Por tanto, los actuales habitantes de esta península ibérica somos todos emigrantes dentro del mismo planeta.

El sapiens se distinguió por estar dotado de algo revolucionario, la capacidad de imaginar, racionalizar y contar sus ideas, fantasías, afanes y miedos gracias al desarrollo de un lenguaje complejo. La palabra fue el instrumento de tal revolución. Sus inventos pudieron ser transmitidos y, por tanto, multiplicar las mejoras técnicas y, en todo momento, las palabras se convirtieron en el cemento de la vida social. Aventajó y prevaleció sobre las demás especies Homo e incluso sobre el Homo neandertal, existente desde Europa hasta Asia Central, que se extinguió hace unos 35.000 años. Las investigaciones y estudios de nuevos hallazgos aportan cada vez más y mejores datos sobre aquellos millones de años de bruma silenciosa.

Nómadas recolectores y cazadores:
la piedra, herramienta para vivir

Durante casi tres millones de años la piedra (litos, en griego) fue la herramienta más importante de los homínidos para sobrevivir y superar los períodos glaciares e interglaciares en los que seguimos estando. Por eso se llama Paleolítico o Edad de Piedra. Vivieron y sobrevivieron alimentándose fundamentalmente de frutos salvajes, raíces, tubérculos, semillas, setas, pescado y carne, preferiblemente con grasa que o cazaban o aprovechaban la carroña dejada por animales depredadores. Fueron nómadas en busca de alimentación animal y vegetal y solo hubo pequeños grupos sedentarios en ciertas costas, estuarios o riberas de ríos donde abundaron alimentos, además desarrollaron la navegación, lo que les permitió moverse a nuevas tierras por todo el planeta. Lentamente afianzaron la capacidad de acumular cultura amasando experiencias y ampliando talentos en esa tan dilatada época que llamamos Prehistoria. Eso sí, en interacción con los diferentes ecosistemas, ajustándose siempre a los cambios climáticos y, por tanto, a los recursos que en cada lugar y momento ofrecía la naturaleza como criaturas marginales dentro de la misma.

La colaboración fue la estrategia para sobrevivir durante cientos de miles de años. Es importante subrayarlo, la ayuda mutua logró mejores capacidades para superar las adversidades y progresar en bienestar. Se compartieron recursos y alimentos, organizados sin desigualdad, sin un mayor estatus de unos sobre otros, ni tampoco del hombre sobre la mujer. No por bondad natural, sino por la dinámica de nómadas en una supervivencia necesariamente cooperativa. También hubo violencia, incluso canibalismo. Los restos arqueológicos muestran traumatismos en los esqueletos que cabe interpretar como conflictos en el seno de cada grupo o enfrentamientos entre varios grupos por el control de territorios. En general, no hubo violencia colectiva organizada como tal.

Eran grupos de entre 40 y 100 personas, cohesionados para sobrevivir, y, sin distinción de sexo, lograron conquistas tan cruciales como el control del fuego, decisivo para tener calor y mejorar la dieta cocinando los alimentos, elaboraron vestimentas con pieles de animales y perfeccionaron los usos de la piedra para la caza y la pesca. Inventaron el arco, el propulsor de azagayas y dardos, el arpón y las trampas… Aunque no hubo diferenciación entre sexos, lógicamente se atendió el tiempo de las madres durante el embarazo y la crianza de una prole que nacía poco desarrollada y necesitada de socialización para aprender los mecanismos de supervivencia. La mortalidad infantil era altísima y el nomadismo impedía que las madres mantuviesen más de una criatura en los tres o cuatro primeros años de crianza. Nacían —nacemos— frágiles, y no los más fuertes de cada entorno; solo gracias a la socialización encauzada por las madres y la transmisión de las mejoras técnicas pudieron sobrevivir millones de años, con cierto intercambio entre grupos, como se ve por la expansión de algunas culturas. De aquellos tan interminables milenos existen vestigios en la península ibérica que se remontan a millón y medio de años en Orce (Granada) y a más de un millón en la Sima del Elefante en Atapuerca.

Los humanos en acción: neandertales y sapiens

Hace unos 170.000 años comenzó en Europa la etapa llamada Paleolítico medio, que abarcó una fase interglaciar y luego otra, glaciar, y tuvo dos protagonistas, los neandertales y los sapiens. La península ibérica estuvo habitada por el Homo neandertal, más fuerte que las anteriores especies de homínidos, con mayor capacidad craneal, mejoró las técnicas líticas y pudo cazar animales mayores, con métodos cooperativos, como renos y bisontes para obtener alimentos y pieles. Se debate el peso de los vaivenes climáticos en la extinción de los neandertales, que coincidió con la colonización de Europa hace unos 35.000 años por los sapiens que, desde entonces, fueron quienes protagonizaron la vida en Europa. El equipo del Nobel Svante Pääbo ha confirmado el cruce continuado en un principio entre sapiens y neandertales, de modo que las poblaciones europeas actuales tenemos entre el 1 y el 4% de genes neandertales.

En todo caso, en Europa todos descendemos de grupos nómadas de sapiens llegados del Oriente Próximo buscando caza. Se adaptaron mejor tanto a los ciclos fríos como a los templados, gracias a su capacidad intelectual, un comportamiento social más cooperativo, una dieta más diversificada, con útiles de piedra más perfeccionados, casi cuchillos, con nuevas herramientas de madera, hueso, cuero o conchas, más las agramaderas para triturar vegetales y sacar fibras. Se organizaron en grupos más numerosos que los neandertales, aunque también fueron nómadas instalados en cuevas próximas a costas marítimas y riberas de ríos.

Cabe conjeturar que en este período hubo entre 25.000 y 50.000 pobladores en la península ibérica. Apenas un 10% superaba los 40 años de vida, la esperanza de vida de los sapiens era de unos 28 años, superior a los 20 años de los neandertales. Un promedio determinado siempre por la altísima mortalidad infantil antes de los cinco años; solo si superaban esos primeros años, el promedio aumentaba y las personas que alcanzaban los 20 años ya tenían una esperanza de vida hasta los 50, siendo las de 60 una minoría muy respetada socialmente.

Lo más innovador e inédito del sapiens fue su capacidad creativa y de imaginación, un salto cualitativo en la evolución que inauguró una nueva especie, el ser humano. En la península ibérica se acredita la actividad del Homo sapiens desde hace 35.000 años y de su actividad artística son extraordinarias, por ejemplo, las representaciones de la cópula, embarazo y parto en la Cueva de los Casares, señal de una mujer artista y de la relevancia otorgada a la reproducción humana, como también el conjunto polícromo de bisontes, ciervos y caballos de la cueva de Altamira en Cantabria cuyas más recientes interpretaciones han rescatado el papel de las mujeres en estas creaciones ya que, entre los humanos, aparecen más las mujeres.

Los enterramientos son la otra dimensión específicamente humana que permite considerar que los sapiens inauguraron la creencia en un mundo de ultratumba. El afán de prolongar los vínculos afectivos tras la muerte significa capacidad para pensar y crear ideas que no surgen de la experiencia y contacto directo con el entorno, sino que solo existen en lo que se llama pensamiento simbólico. Ahora bien, en torno al 12.000 a. C., surgieron realidades distintas en la nueva etapa climática, el Holoceno, que dio fin al glaciarismo del Pleistoceno, trajo temperaturas más suaves y surgieron nuevas condiciones de vida. Se calcula que, hasta hace unos 5.500 años, el clima planetario fue entre 0,5 y 3 ºC más cálido que el actual. Fueron los años en los que tales cambios medioambientales posibilitaron las novedades que darían paso al Neolítico y la revolución agrícola.

En ese período intermedio, la creatividad artística se amplió a pinturas esquemáticas de seres humanos y animales cuya autoría pudo ser tanto de mujeres como de varones con muestras de excepcional valor como la danza fálica de nueve mujeres alrededor de un varón en El Cogul (Las Garrigas, 8.000-6.500 a. C.), o los varones armados de arcos en posibles escenas de guerra y mujeres con faldas largas, compartiendo modos de peinados y adornos en el cuerpo en la Valltorta (Castellón).

La revolución agrícola:
surgen sociedades desiguales y patriarcales

La primera gran revolución social de la historia del sapiens fue la domesticación de plantas y animales. Ocurrió en diferentes lugares del planeta en momentos distintos; a Europa llegó la revolución agrícola, iniciada en Oriente Próximo, a partir del 12.000 a. C. Primero se cultivó con herramientas de piedra, por eso se habla de Neolítico, pero con el descubrimiento de la metalurgia, también en Oriente Próximo, hacia el 5.500 a. C., se ampliaron y mejoraron los recursos agrícolas y ganaderos. Se pasó de la Edad de Piedra a la Edad de los Metales, primero del cobre, luego del bronce y del hierro.

En Oriente Próximo, se domesticaron primero el trigo, las cabras y los bueyes, en sucesivos milenios el lino, los guisantes, las lentejas, el olivo, diversos frutales, y ya entre el IV y III milenio a C., la vid y el caballo, sin olvidar el desarrollo de los transportes con el invento de la rueda y la vela también desde la Edad de los Metales. Los humanos dejaron de ser marginales y de estar sometidos a su entorno natural. Cultivaron las tierras, obligándolas a ofrecer determinados frutos, y domesticaron los animales sin depender de cazarlos.

Fueron cientos de generaciones las que habían acumulado conocimientos decisivos sobre las plantas comestibles e incluso habían experimentado sembrando ciertas plantas. Sobre todo, las mujeres por los tiempos de crianza de los hijos pudieron observar y relacionar las ventajas de unas semillas sobre otras, seleccionaron y además cruzaron plantas. Al lograrse cosechas regulares, pudieron alimentar las variedades más mansas de ciertas especies animales, como ovejas, cabras y bóvidos. Además, los cultivos exigían nuevas formas de cooperación para roturar terrenos, atender los cultivos y almacenar las cosechas para compartir las reservas y criar con seguridad a los hijos.

Al sedentarizarse, en su seno emergió lentamente la noción de propiedad de la tierra, así como una minoría con más recursos almacenados y, por tanto, con más poder. Por otra parte, una vida estable con los alimentos garantizados permitía atender a más hijos. Ahora, cuanto mayor fuese el número de hijos, más tierra podría roturarse y cultivarse. Así, el nuevo modo y medio de producción económico permitió un extraordinario cambio en la reproducción de la especie humana. Se calcula que se inició una tasa de crecimiento del 0,1% al año que, aunque fuese baja, permitió un crecimiento paulatino y progresivo en sucesivos milenios.

Se desarrollaron, por tanto, dos procesos de enorme trascendencia, ensamblados: la estratificación social y el patriarcado. En concreto, el establecimiento y consolidación de la propiedad de la tierra y la acumulación y gestión de los excedentes agrarios y ganaderos dio origen a una desigualdad que fue el embrión de las clases sociales. Tanto la casta guerrera que defendía tales bienes frente a otras comunidades como la casta que gestionaba el almacenamiento de los excedentes se constituyeron en oligarquías con poder para marcar la agenda del resto de la comunidad. Este proceso conllevó el control de la herencia de las propiedades y recursos de modo que los varones pasaron a vigilar la paternidad de sus herederos. Se inició así el tránsito de una sociedad matrilineal, cuando la madre era la garante evidente del linaje, a otra patrilineal que sometía la prole a la garantía de paternidad del correspondiente varón.

Comenzó la subordinación de las mujeres, aunque, durante todo el Paleolítico, habían sido cruciales para el procesado de alimentos, habían logrado el paso de lo crudo a lo cocido, fueron las manos más expertas en cerámica creando recipientes aptos para cocinar a altas temperaturas, o almacenar alimentos y protegerlos, y también en el textil con la clasificación de fibras y el desarrollo de habilidades en el tejer. En general, los arados pesados y el pastoreo de reses y caballos, así como el control de las cosechas, del comercio y de la guerra fueron monopolizados por los varones, con casos excepcionales de mujeres guerreras. En la práctica, las mujeres también asumieron tareas agrícolas y ganaderas con la sobrecarga exclusiva de los continuos períodos de embarazo y lactancia, junto con el procesado de alimentos y sanar y cuidar del grupo. Quedaron subordinadas al varón y, hasta en las religiones, las diosas y sus sacerdotisas quedaron reducidas a símbolos de fecundidad y de belleza mientras los dioses de los jefes guerreros eran los activos organizadores del mundo.

Por lo demás, al especializarse los oficios con una creciente división del trabajo y del intercambio comercial, la complejidad de la organización social dio paso a la invención de la escritura para gestionar los recursos y también para sistematizar las ideas y las creencias, a la vez que se imaginaban nuevas formas artísticas. Se organizaron nuevas sociedades que, al contar con escritura, dejaron atrás la Prehistoria. Sus élites controlaron las riquezas agroganaderas y mineras trabajadas por la mayoría de las gentes y justificaron sus poderes por la voluntad de unos fantásticos dioses cuyas respectivas religiones fueron gestionadas por castas sacerdotales, integradas en dichas élites.

La península ibérica:
culturas y poderes de la piedra a los metales

En la Península fue lenta y progresiva la transformación de los grupos de recolectores-cazadores nómadas en poblados amurallados de agricultores sedentarios. Ocurrió entre el VI y el IV milenios a.C., no por igual en toda su geografía. Sus técnicas, sobre todo la hoz para cosechar (pequeños pedernales de sílex fijados con resina en una madera curva), llegaron por emigraciones de agricultores del Oriente Próximo. Los primeros cultivos fueron de cereales, más leguminosas y oleaginosas. Se almacenaron en contenedores cerámicos de un barro mezclado a veces con paja o excrementos, o hechos con fibras vegetales, como el esparto; también se conservaron en trojes y silos. Además, se recolectaron frutos todavía silvestres de la higuera, el cerezo, el endrino, el avellano (domesticados posteriormente), o las bellotas de distintos árboles, las alcaparras, los piñones, las moras… También llegó de Oriente la ganadería vacuna, ovina y porcina, y se mantuvieron ciertas técnicas para cazar pájaros y conejos, que ya se practicaban en el Paleolítico superior. El intercambio de productos, por tanto, adquirió un desarrollo creciente que se extendió entre poblados e inauguró rutas comerciales, con lo que esto supuso para la expansión de los conocimientos.

La Edad de los Metales llegó a esta península, tan rica en metales, con relativa prontitud; también a las islas Baleares, colonizadas ya de modo permanente. Desde el III milenio a.C. se extendió el uso del arado, la rueda y el carro, y en la ganadería se comenzó a aprovechar los derivados de la leche y de la lana. Ocurrió el mismo proceso que en otras tierras donde las minorías, que controlaban tanto los recursos metalúrgicos como agrícolas y ganaderos, se convirtieron en aristocracias de varones guerreros que conquistaron y sometieron a otros poblados, además de obligar a sus convecinos a trabajar para ellos.

Frente a la revolución urbana del Oriente Próximo, en la Península predominaron culturas de poblados fortificados. Así fue, por ejemplo, en el sudeste peninsular la cultura de Los Millares (Almería) cuyo epicentro es un poblado fortificado, quizás una ciudad para la guerra con unos 2.000 habitantes, que, entre el 3.000 y el 1.800 a. C., construyeron cuatro líneas defensivas y cuyo centenar de tumbas con distintos ajuares confirma las diferencias sociales existentes. También las Motillas, en La Mancha, eran poblados en llano con una fortificación central para controlar sus tierras, con líneas de murallas concéntricas de más de 8 m de alzado, como en el asentamiento de Azuer. Garantizaban a sus pobladores la alimentación con vasijas de almacenamiento, hornos y el suministro de agua con pozos hasta el nivel freático.

En los cementerios es donde se comprueba la progresiva estratificación social relacionada con la militarización para defender los recursos. En la cultura de El Argar los ajuares de las tumbas diferencian la clase dominante patriarcal con armas de bronce y oro para los varones, y adornos de plata para las mujeres, y en las clases subordinadas un hacha en las tumbas de hombres y un punzón en las de mujeres, mientras que las tumbas sin ajuar cabe aplicarlas a los siervos o esclavos. También fue explícita la desigualdad en la cultura megalítica con dólmenes, desde el más antiguo, en Antequera, del 3.800 a.C., mil años anterior a las pirámides egipcias, hasta los existentes por toda la Península y en Mallorca y Menorca. Además, confirman que se conocían las propiedades de las rocas (fuerza gravitatoria, centro de masa, etc.) y se planificaba el transporte, avances, sin duda, sociales y científicos.

Tales desigualdades se institucionalizaron en incipientes formas protoestatales con criterios de patriarcado que se reflejaron en el arte, donde predominó lo masculino, sobre todo desde la Edad del Hierro cuando los caballos se convirtieron en símbolos de poder. Así, en las pinturas no figuran los agricultores, que son mayoría, sino los guerreros convertidos en cazadores. Los poderosos elevaron a signo de prestigio social la caza mayor, el ciervo fue la pieza preferente, mientras que el conejo o liebre, lo más abundante, quedó como un complemento para la dieta de los campesinos. Las estelas de guerrero o ídolos-estela corroboran la glorificación de unos jefes o reyezuelos guerreros con una sofisticada panoplia militar.

En definitiva, la Edad de los Metales supuso el tránsito de una economía agraria autárquica, con unos jefes gestionando las reservas de excedentes, a una organización económica estratificada en grupos sociales y con mayor interdependencia entre aldeas y poblaciones. Esto facilitó el crecimiento demográfico con poblados de formas protourbanas. Para la Península, se calcula que la población pudo multiplicarse por 10 respecto al Paleolítico superior; costó unos 10.000 años crecer de unos 50.000 habitantes a una cifra entre el cuarto y el medio millón de personas.

Balance

En esta etapa de la historia destacan dos grandes revoluciones que marcaron esos millones de años. La más decisiva fue, sin duda, la evolución del cerebro que, junto con el lenguaje, permitió la “revolución cognitiva”, es decir, el desarrollo de la inteligencia operativa, la comunicación, la imaginación para crear universos simbólicos y organizar con eficacia creciente la cooperación. A la facultad de aprender que los humanos comparten con otras especies animales, el desarrollo del lenguaje sumó el poder de la palabra, esto es, el talento para enseñar y transmitir, palanca de la sociabilidad humana desde aquellos hogares paleolíticos. Así se llegó a la primera gran revolución socioeconómica, la domesticación de plantas y animales que, desde el Neolítico y la Edad de los Metales, desarrolló unas comunidades agrarias en las que surgieron las desigualdades sociales y, como núcleo vertebrador de las mismas, el patriarcado. Además, la agricultura fue el soporte de la economía humana hasta casi el siglo XX de nuestra era; de hecho, el 90% de las calorías que consumimos en la actualidad proceden de alimentos domesticados en aquella revolución.

Capítulo 2

Los pueblos peninsulares: su transformación
en provincias romanas, con epílogo visigodo

El desarrollo agrícola y ganadero se estabilizó en la península ibérica desde el III milenio a. C. Fue en la Edad de los Metales cuando la Península se apuntaló como especialmente atractiva para otros pueblos de la Europa agraria y para los comerciantes mediterráneos. Siguieron llegando nuevas gentes en gran parte movidas por afanes comerciales y también de conquista. En concreto, los fenicios y los griegos, al contar con escritura, ampliaron la información sobre los habitantes peninsulares. Por eso se dice que estos entraron entonces en la historia.

Este conocimiento escrito, entre fragmentario y de leyenda, se hizo más fidedigno y detallado a partir del desembarco de las tropas romanas en Ampurias en el 218 a. C. Así, lo más determinante de este período fue la conquista romana porque integró a los pueblos peninsulares en un imperio que ocupaba todo el Mediterráneo y parte de la Europa continental. Se romanizaron hasta que, a inicios del siglo VIII, otro ejército, esta vez árabe-bereber, desembarcó desde África e inició un proceso de conquista y asimilación cultural diferente.

La Península, tierra para inmigrar
y riquezas para comerciar

Cronología
1200 a. C. | Llegada de grupos indoeuropeos, con arado de tracción animal y cremación de muertos (campos de urnas).
800 a. C. | Colonias fenicias de comercio en costas suratlántica y mediterránea. Entra la escritura.
Del 800 al 400 a. C. | Reino y cultura de Tartessos: minerales de los ríos Tinto y Odiel y uso del hierro en armas y cultivos.
600 a. C. | Colonias griegas de comercio en costa levantina. Entra la moneda.
537 a. C. | Cartagineses controlan el comercio del Mediterráneo occidental.
227 a. C. | Cartagineses fundan Cartago Nova, expansión por tierras ibéricas.
219 a. C. | Cartagineses compiten con Roma: asedio y destrucción de Sagunto, aliada de Roma.

Culturas y relaciones con pueblos exteriores:
llegó la escritura

Las poblaciones existentes en la Península recibieron influencias procedentes tanto de la Europa central y atlántica como del Mediterráneo oriental. En concreto, desde el 1.200 a. C. (la Edad del Bronce) llegaron desde la Europa central pequeños grupos de agricultores y pastores indoeuropeos que introdujeron por el noreste peninsular hasta el litoral valenciano y el valle del Ebro las rejas de arado de tracción animal para un laboreo más profundo, las casas adosadas rectangulares frente a las circulares, y, en lugar de enterrar a sus muertos, practicaban la cremación depositando las cenizas en urnas de cerámica; por eso, sus necrópolis son campos de urnas. Hablaban lenguas célticas. Simultáneamente, los pueblos de la costa cantábrica y atlántica desplegaron un intercambio activo de joyería de oro, plata y estaño entre sus costas y con la Bretaña francesa e Irlanda, manteniendo las viviendas circulares.

Por otra parte, la Península también fue atractiva para el comercio de los pueblos del Mediterráneo oriental. Desde el siglo VIII a. C. los fenicios (pobladores de la costa del actual Líbano y parte de Israel y Siria), en su búsqueda de nuevas rutas comerciales, llegaron a las costas de Tartesia, en la actual Andalucía. Se les atribuye la fundación de Cádiz en el 1.100 a. C., una fecha mítica, porque los restos arqueológicos más antiguos de esta ciudad y también de la colonia en Málaga giran en torno al 800 a. C. Crearon más colonias, Abdera (Adra) y Sexi (Almuñécar), y factorías costeras de apoyo para su navegación hasta el reino de Tartesia (suroeste de Andalucía), famoso por el cobre. Junto con los tartesios prolongaron la ruta por la costa atlántica hasta las desembocaduras del Tajo y del Duero y las costas gallegas, a la búsqueda del estaño de Gran Bretaña, a la vez que se abrió desde Tartesia una ruta de la plata por el interior. De este modo, los pueblos peninsulares se integraron de modo decisivo en el comercio mediterráneo de metales.

Los fenicios también abrieron otra ruta por el norte de África que tuvo su punto de apoyo en Cartago, ciudad creada en Túnez (fines del siglo IX a. C.), y también en las islas Baleares. Sus colonias no fueron de inmigración, salvo Cádiz con no más de 4.000 habitantes, no implicaron un cambio demográfico, pero aportaron novedades técnicas decisivas como la almadraba para la captura del atún o la salazón del pescado, instalando salinas a gran escala. Se les atribuye la explotación del esparto y del acebuche, silvestre en la península; realizaban un comercio de trueque, manufacturas a cambio de minerales (cobre, plata y plomo) y de aceite, pescado en salazón y el garum (que los romanos luego harían famoso), que exportaban al resto del Mediterráneo. No usaron moneda hasta el siglo V a. C., y sobre todo fueron los cartagineses quienes la acuñaron.

Conviene recordar que el uso de la moneda en una sociedad precapitalista no cumple la función propia de la ley de oferta y demanda del mercado capitalista ni de un sistema financiero. Eran piezas cuyo valor residía en la calidad y peso del metal acuñado y entraron en la Península con los comerciantes griegos. Estos llegaron a la Península desde fines del siglo VII a. C. por Cataluña, fundaron colonias como Ampurias, Denia y varios puestos pesqueros por toda la costa levantina. Montaron factorías para la reparación de naves, avituallamiento e intercambio de productos mineros del interior. Simultáneamente, los fenicios instalados en Cartago, conocidos como púnicos, pasaron a controlar el comercio de las colonias fenicias del Mediterráneo central, incluyendo las islas Baleares; en concreto, colonizaron masivamente Ibiza desde la mitad del siglo VII a. C.

Entre tanto, en el suroeste peninsular, entre los siglos IX y V a. C., existió una cultura, la de Tartesia, sobre la que persisten los enigmas. Sus topónimos abarcan desde Lisboa y Huelva hasta Córdoba o Estepona. En las fuentes escritas por los griegos se mitificó esta costa occidental de la Península como el cuerno de la abundancia; relatan la existencia de un pueblo rico en agricultura, ganadería y minas de oro, plata, estaño y hierro, gobernado por un sistema monárquico que estableció un próspero comercio con los fenicios por cuya influencia se utilizó, sobre todo en las minas, el trabajo esclavo. Consta que tenían los oficios de herreros, orfebres, escribas, juglares y, por supuesto, una mayoría de campesinos. De su cultura material hay restos extraordinarios de orfebrería con bronce, oro y plata, también de trabajos en hueso y marfil y piezas de cerámica. Las escasas inscripciones conservadas en una lengua no descifrada confirman la existencia de una élite que adoptó los avances que los fenicios aportaban, por ejemplo, las formas decorativas orientales.

Al comenzar la hegemonía comercial de los púnicos o cartagineses desde el siglo V a. C., desaparecieron las noticias sobre Tartesia. Desplazaron en comercio marítimo a los fenicios orientales y desde Ibiza, fundada en el 654 a. C., base de su expansión marítima, disputaron el control de rutas a los griegos y etruscos a los que derrotaron en una batalla naval (537 a. C.). Desde entonces dominaron el comercio del Mediterráneo central y occidental durante tres siglos, hasta que en el 241 a. C. perdieron el control de Sicilia, derrotados por Roma. En estas guerras de Cartago contra los romanos, los caudillos púnicos decidieron compensar sus pérdidas en el comercio marítimo ampliando su control de tierras peninsulares desde el 237 a. C. Las poblaciones autóctonas se rebelaron, Amílcar Barca murió luchando contra ellas; su sucesor, Asdrúbal, consolidó su poder casándose con una princesa ibera, fundó Cartago Nova (Cartagena) y firmó con Roma en el 226 a. C. un reparto de control territorial hasta el Ebro.

Al sucederle Aníbal, casado con otra mujer ibera, de Cástulo (Linares), contó con una serie de poblaciones aliadas al norte del Ebro, entre ellas las gobernadas por el rey Indíbil, mientras que, al sur del Ebro, los habitantes de Sagunto, ciudad rica en salinas y comercio de salazones, esparto, lino, prefirieron mantenerse aliados de Roma. Aníbal cercó Sagunto, la conquistó en el 219 a. C. y su defensa fue convertida en mito por los romanos, y así se ha conservado en la memoria nacional española. La guerra con Roma se trasladó entonces a esta península que los romanos llamaban Hispania. Desembarcaron por Ampurias en el 218 a. C. para cortar el paso a Aníbal, que se dirigía contra Roma, pero no llegaron a tiempo.

Diversidad de pueblos y de estructuras sociales

En el momento de entrada de las tropas romanas, existían tres grandes áreas socioeconómicas y culturales: la del norte peninsular, enraizada en culturas indoeuropeas o célticas; la segunda en la meseta norte y sur, con Lusitania, la celtibérica, de arraigos indoeuropeos y muy relacionada con los iberos, y la tercera, la ibérica, desdoblada en un sur y suroeste peninsular más rico, y la zona de Levante hasta el Pirineo. Fueron los romanos quienes dieron nombre a estos pueblos como parte de una Hispania que los griegos habían llamado Iberia.

Así, en el norte, los galaicos, astures y cántabros compartían orígenes celtas y lenguas indoeuropeas, mientras que, sobre los vascones, con similares orígenes indoeuropeos e indistinguibles genéticamente del resto de la península, hay un largo debate sobre su lengua al no ser relacionable con otras familias lingüísticas. Fueron pueblos condicionados por el clima atlántico que no facilitaba cultivar cereales, su economía agrícola fue limitada, el centeno se usó sobre todo para cerveza y se alimentaron en gran parte con pan de bellotas. Criaron cabras y cerdos y el pastoreo de otras especies también fue limitado, de modo que vivieron en condiciones muy precarias, con cierto nomadismo a la búsqueda de alimentos y, mientras las mujeres trabajaban la tierra o recolectaban frutos, los hombres practicaban el pillaje.

Mapa 1. Principales pueblos prerromanos de la península
y los archipiélagos

Fuente: Elaboración propia.

Los testimonios romanos subrayaron su organización, diferente de los demás. Practicaban la comida en común y danzas guerreras con participación de las mujeres, que eran quienes heredaban y casaban a sus hermanos, según el geógrafo griego Estrabón, ya que aportaban gran parte de los alimentos. Este sistema matrilineal se modificaría bajo el dominio romano. Por otra parte, en el noroeste, hubo poblados fortificados como los castros, sin una urbanística diferenciada y con viviendas sin ventanas. Apenas hay evidencias de que fuesen pueblos con una jerarquización social clara.

Distinto fue el grupo de pueblos celtíberos de la meseta. Entre el Guadiana y el Tajo habitaron los carpetanos; los lusitanos en el tramo final del Tajo hasta su estuario y en la meseta norte destacaron, entre otros, los arévacos, los pelendones, los vacceos… Quedan textos cortos y numismáticos de la lengua celtíbera, indoeuropea, desde Palencia hasta la Manchuela, en Cuenca. Organizados en unidades suprafamiliares, con un antepasado común mítico, construyeron núcleos fortificados, los castros, para defenderse y proteger el ganado, algunos con rasgos de ciudad, como Numancia. Gracias a la metalurgia del hierro cultivaron ampliamente los cereales de secano y también huertas en las riberas fluviales, más una rica ganadería de ovejas y cabras. Es asunto debatido si fue predominante la propiedad comunal.

Estos pueblos se resistieron fuertemente a Roma en ese enfrentamiento militar que aceleró la acumulación de poderes en manos de las aristocracias locales. Estaban organizados en poblaciones independientes, gobernadas por asambleas y consejos de ancianos tradicionales sobre las que se situaron las aristocracias militares de cuyas filas, en algunos casos, fueron elegidos jefes o reyes por tales órganos colegiados. Se afianzó así un proceso de jerarquización social en el que una aristocracia militar de linajes familiares concentró riquezas sobre todo de ganado. Las esculturas toscas de bóvidos y jabalíes, como las de Guisando (a partir del siglo IV a. C.), pudieran fijar el dominio sobre unos pastos o también simbolizar una creencia.

Hubo una especialización laboral relevante, como la cerámica a torno de influjo ibérico, y en metalurgia las espadas de hierro purificado, del Moncayo. El comercio era sobre todo de trueque, aunque acuñaron moneda ante la conquista de los romanos. La importancia de la ganadería se manifestó en el desarrollo de un textil tan apreciado que los romanos, cuando firmaron pactos con las aristocracias locales, exigieron como tributo unas capas de lana, el sagum o sayo de lana áspera, sin mangas. Se llevaba sobre la túnica y era tan ideal para el clima que, en el 134 a. C., el general Escipión la adoptó como vestimenta para sí y para su ejército en el cerco de Numancia.

En paralelo, existieron cuadrillas de bandoleros, individuos organizados para subsistir o para actuar como mercenarios de unos u otros pueblos, fuesen peninsulares o no. Diodoro Sículo, en el siglo I a. C., explicó así el bandolerismo:

Hay una costumbre muy propia de los iberos, más sobre todo de los lusitanos, y es que, cuando alcanzan la edad adulta, aquellos que se encuentran más apurados de recursos, pero destacan por el vigor de sus cuerpos y su denuedo, proveyéndose de valor y de armas van a reunirse en las asperezas de los montes; allí forman bandas considerables que recorren Iberia, acumulando riquezas con el robo y ello lo hacen con el más completo desprecio a todo.

El bandolerismo lusitano fue el más extendido; la desigualdad en las propiedades o la falta de tierras los lanzaban a sobrevivir como mercenarios de otros pueblos o creando bandas, prácticamente ejércitos de saqueo, capaces de asediar poblaciones e incluso vencer a los romanos. El caso del ejército de bandoleros formado por Viriato, pastor de la serranía de Huelva y caudillo elegido por su valor, fue elevado a leyenda por los propios romanos cuando, en el 140 a. C., el Senado de Roma firmó un tratado de amistad reconociéndole el dominio de un amplio territorio. Viriato no respetó el acuerdo y el cónsul romano captó para matarlo a tres de sus capitanes cuyos nombres revelaban una etimología céltica, Audax, Ditalco y Minuro-Nicorontes, si bien eran naturales de la Turdetania ibérica.

Por último, el tercer gran bloque de pueblos fue ibérico, desde la actual Andalucía occidental hasta el sur y sureste de los Pirineos orientales y se integraron más pronto en el Estado romano; todos habían experimentado contactos previos con fenicios, griegos y cartagineses. Albergaban una complejidad sociocultural mayor que en las poblaciones celtíberas. Su economía agropecuaria sostenía una sólida diversificación de oficios relacionados con la cerámica y el hierro, otros con el comercio y administración y otros con tareas religiosas. Organizados en oppida, ciudades fortificadas, controlaban los territorios y aldeas de sus entornos, con jerarquías entre ellas y gobernadas por una aristocracia militar con frecuencia liderada por un jefe con rango superior. Tales ciudades se estructuraban en barrios por actividades, con edificios como templos o palacios, la mayoría amuralladas, expresión del dominio de dicha aristocracia, que podía imponer trabajos en obras colectivas para la defensa o para manifestar su autoridad social.

Semejante potestad se reflejó en la iconografía de guerreros con casco, penacho y falcata a caballo, signo de aristocracia, y el resto, a pie, solo con escudo redondo, lanza, espada o puñal. También en monumentos como la torre de piedra del sepulcro de Pozo Moro, del siglo VI a. C., o los posteriores de la Bicha de Balazote y las Esfinges de El Salobral y Bogarra, monstruos mitológicos que expresarían el rango heroico de la persona enterrada, quizás mujer. Además, las sepulturas con figuras femeninas como la Dama de Baza, usada como una urna con los restos cremados de una mujer, manifiestan el prestigio alcanzado por todo lo militar e incluso el carácter sagrado otorgado a posibles reinas o guerreras divinizadas. Ahí está la famosa Dama de Elche, cuyos significados persisten controvertidos. En este sentido, las figurillas de hombres tonsurados con velo pudieran ser sacerdotes, aunque poco se sabe de la religión ibérica, salvo las influencias de fenicios y griegos entre las clases dirigentes y unos santuarios entre los campesinos con numerosos exvotos de bronce, piedra y barro donde hay figuras desnudas de ambos sexos y otras con sexo erecto, quizás por ritos de fertilidad.

Entre estos pueblos destacaron los turdetanos, descendientes de los tartesios, por dominar la escritura, elaborar leyes y crear una literatura, según testimonios griegos. Eran ricos en plata y pudieron pagar a miles de mercenarios celtíberos en su lucha contra Roma. También contaron con escritura los demás iberos, no la misma, pues tenían idiomas distintos. La densidad demográfica de los turdetanos fue más elevada y desarrollaron notablemente la cerámica y la metalurgia del hierro en armas de guerra, arados e instrumentos de trabajo. Ampliaron los cultivos intensivos y las ánforas confirman que el vino y el aceite se almacenaba y comerciaba. Los ríos fueron vías de comunicación con barcazas de sirga por el Guadiana, Tinto y Odiel, Guadalquivir, Guadalhorce…

Se infiere que hubo tierras comunes en los poblados sin fortificar, aunque dependientes de una ciudad. La existencia de aperos de labranza en sus viviendas podría indicar que eran propietarios de sus medios de trabajo; o que incluyeran en sus tumbas un armamento propio indicaría ser integrantes del potencial ejército que podría reclutar la aristocracia militar. Por otra parte, del documento de un general romano del 189 a. C., que prometía la libertad a cuantos esclavos se aliasen con Roma en su proceso de conquista, cabe deducir que la esclavitud se había extendido entre los turdetanos.

Al norte de los turdetanos habitaban los oretanos de Sierra Morena, en proceso de iberización, mientras que los bastetanos y bástulos, entre Gibraltar y Cartago Nova, habían desarrollado grandes similitudes entre sí y con los turdetanos. Ocurre igual entre los iberos del Levante, cuyo comercio con los griegos y los cartagineses marcó la cultura tanto de los edetanos, desde Cartagena hasta el Ebro, como de los ilergetes, en la actual Cataluña, y los diversos pueblos de los Pirineos orientales. De estos iberos proceden las inscripciones más antiguas (siglo V a. C.) de una escritura influenciada por la fenicia, del siglo V a. C., sin descifrar. Levantaron ciudades por la costa levantina con una aristocracia de propietarios que controlaban las aldeas de campesinos y contaron con esclavos. Los poderes aristocráticos convivieron con instituciones comunitarias, aunque hubo también casos monárquicos como los de Indíbil y Mandonio entre los ilergetes. Las mujeres desempeñaron papeles con relevancia social, no por casualidad Asdrúbal y Aníbal se casaron con princesas iberas. En lo religioso se repite la influencia de las religiones orientales entre las clases gobernantes y sobre todo los lugares considerados santuarios, la mayoría rupestres, con exvotos y figurillas de barro representando con frecuencia a mujeres.

La clase de artesanos destacó por sus trabajos de cerámica y sobre todo de hierro pues en la agricultura de secano se usó el arado de reja, en el regadío los azadones y layas, y en horticultura las tijeras, podones, navajas de injertar y bieldos. La ganadería de bueyes, caballos y asnos para el campo, más las ovejas, cabras y cerdos se amplió con las gallinas importadas del Mediterráneo oriental. Exportaban aceite y, junto al trueque, se introdujo el intercambio con monedas acuñadas desde el siglo V a. C.

Hispania romana:
de la conquista al reino visigodo

Cronología
218 a. C. | Inicio de conquista de Hispania por la República de Roma.
197 a. C. | Sublevación de iberos. Catón el Viejo destruyó poblaciones y esclavizó a sus habitantes. El Senado divide Hispania en dos provincias: la Citerior y la Ulterior.
154-152 a. C. | Sublevación de pueblos celtíberos, pactos con tributos a Roma.
147-139 a. C. | Sublevación liderada por Viriato, firma paz con Roma, asesinado al año siguiente. Elevado a héroe por escritores romanos.
143 a. C. | Nueva sublevación de celtíberos, cerco y destrucción de Numancia.
75 a. C. | Pompeyo funda Pompaelo; los vascones, aliados.
29-19 a. C. | Fin de conquista: Augusto controla a cántabros y astures.
27 a. C. | Augusto organiza Hispania en tres provincias: Tarraconense y Lusitania, gobernada por el emperador, y la Bética, por el Senado.
74 d. C. | Vespasiano abre el derecho latino para los habitantes de Hispania.
187 d. C. | Rebelión social de Materno, ejército de desertores contra el Imperio.
212 d. C. | Caracalla da ciudanía romana a los habitantes libres del Imperio.
283-285 d. C. | Rebelión de bagaudas, campesinos contra latifundistas y obispos.
303 d. C. | Edicto de Diocleciano contra los cristianos.
313 d. C. | Edicto de Milán de Constantino-Licinio: legaliza el cristianismo.
380 d. C. | Teodosio declara la religión católica como religión del Estado.
384 d. C. | Ejecución del obispo Prisciliano por sus ideas subversivas.
395 d. C. | División del Imperio romano en oriental y occidental.
409 d. C. | Entran en Hispania suevos, vándalos y alanos. Repartos de tierras.
411 d. C. | Creación del reino suevo, capital Braga, hasta 585.
454 d. C. | Teodorico, rey de los visigodos (cristianos arrianos) con capital en Toulouse, pacifica como aliado del Imperio romano occidental las sublevaciones bagaudas y revueltas sociales en Hispania.
476 d. C. | Los hérulos dan fin al Imperio romano occidental.
533 d. C. | El Imperio romano oriental crea la provincia Spaniae de Cádiz a Denia, hasta el 624.
561 d. C. | El concilio de Braga condena de nuevo la doctrina de Prisciliano.
567 d. C. | Atanagildo, rey de visigodos, instala la capital en Toledo.
568-586 d. C. | Leovigildo anexiona el reino suevo y domina sublevaciones internas. Fusión de aristocracias hispanas y godas.
589 d. C. | Recaredo se convierte al catolicismo con la aristocracia y obispos del cristianismo arriano.
612 d. C. | Medidas del rey Sisebuto contra los judíos, ampliadas por los concilios de Toledo.
711 d. C. | Fin del reino visigodo de Toledo.

La conquista romana: violencias y pactos

Para los romanos la península se llamaba Hispania, palabra quizás derivada del fenicio: tierra donde se forjan metales —span significaba batir metales—. Sin duda, la fama de las minas de cobre, plata y oro de la Península hipnotizó a fenicios, griegos, cartagineses y romanos. Cualquier cifra sobre su población es dudosa, pudieran ser casi cuatro millones de habitantes en el 200 a. C., que aumentasen a 4,5 al inicio de nuestra era, con una esperanza de vida entre 25 y 30 años, si bien los adultos que alcanzaban los 20 años podrían llegar a los 50-60 años, en su mayoría de las clases pudientes.

La conquista ocupó doscientos años, del 218 al 19 a. C., y no fue ni pacífica ni hubo una respuesta conjunta, por más que ciertos hechos se hayan convertido en esencias míticas de un supuesto espíritu español. Roma usó dos tácticas: la violencia del exterminio de gentes y expropiación de riquezas, esclavizando a los supervivientes e imponiendo fuertes tributos; y el pacto con las aristocracias locales manejando las rivalidades entre pueblos y las diferencias sociales dentro de cada población. Al final de esos dos siglos, los pueblos peninsulares habían sido convertidos en parte de un mismo Estado, el de Roma. En todo caso, los romanos no llegaron para romanizar, sino para arrebatar a los cartagineses la explotación de los recursos minerales, agrarios, ganaderos y de pesca, también para surtirse de mano de obra esclava para sus latifundios e industrias en Itálica. Se hicieron con sus riquezas y sometieron a sus habitantes a la esclavitud para trabajar en las minas, la agricultura y en construcciones públicas. Los generales destinados en la península amasaron riquezas y poder dentro del Estado romano, mientras la clase dirigente, desde el Senado, amplió y monopolizó nuevas áreas comerciales y gobernó los nuevos territorios con impuestos para sostener los ejércitos.

En un primer momento los romanos, tras derrotar a los cartagineses en el 206 a. C. en Hispalis y hacerse con Cádiz, dominaron el área de los iberos, desde Cataluña a Andalucía, que Escipión organizó en dos provincias, la Hispania Citerior y la Ulterior, con Tarragona y Córdoba como capitales respectivas. Pronto se produjo una sublevación masiva de los iberos de la Hispania Citerior en el 197 a. C. Mataron al pretor y anularon su ejército. Roma envió a Catón el Viejo. De familia de terratenientes con esclavos, abasteció sus tropas saqueando las poblaciones y esclavizando a sus habitantes, destruyó las fortificaciones de las ciudades rebeldes y pactó con los jefes celtíberos que no surtieran de mercenarios a los turdetanos de la Hispania Ulterior. Volvió a Roma triunfante y aclamado en el 194 a. C. El terror de las operaciones militares y la falta de clemencia de tan glorificado político y escritor, con masacres inhumanas tras los saqueos, fueron descritos por los historiadores Tito Livio y Plutarco.

Posteriormente fueron los celtíberos los que sostuvieron tres guerras. La primera (181-179 a. C.), cuando el ejército romano se adentró en la meseta hasta Toledo y varios pueblos celtíberos se confederaron en un mismo ejército. Fueron derrotados y el pretor Graco padre, tras asolar poblaciones y destruir las fortificaciones autóctonas, pactó con los celtíberos el reparto de nuevas tierras y su ingreso en las tropas auxiliares de la legión romana, así se integró Turro, líder de Carpetania. No tardó mucho el estallido de una segunda guerra (154-152 a. C.) cuando un poblado celtíbero, Segeda, trató de levantar murallas y la autoridad romana lo impidió. El ejército romano no logró victorias, recurrió a pactos que el Senado no ratificó, pero en la práctica acabó el conflicto aceptando las poblaciones celtíberas el pago de compensaciones económicas, entre ellas Numancia.

Esta ciudad lideró una tercera guerra y, tras vencer en varias batallas, se convirtió para Roma en un símbolo a pulverizar. El Senado encomendó la tarea a Escipión, este llegó a las murallas de Numancia (134 a. C.) y, tras 15 meses de asedio, los numantinos se rindieron, no sin antes incendiar su ciudad y suicidarse bastantes de ellos. Escipión volvió a Roma con un gran botín, incluyendo los esclavos, y además fue elevado a la categoría de héroe, por eso la propia Roma dignificó al enemigo para ensalzar a su héroe y creó el mito de la defensa numantina. Similar mitificación ocurrió con el líder de la guerra desencadenada en esos mismos años en la meseta sur, el ya citado Viriato, dux de un ejército de bandoleros, reconocido como tal por el Senado romano. Tras morir asesinado, fue calificado como “el Aníbal bárbaro” por el poeta Lucilio, mientras el citado historiador Diodoro lo ensalzó como un caudillo justo y sabio. Siglos después se convertiría en héroe nacional de Portugal y de España. Sin embargo, Táutalo, sucesor de Viriato, firmó la paz con el cónsul romano a cambio de tierras, eso sí, como colonos de las familias romanas que se hacían grandes latifundistas en el Mediodía peninsular.

Tras la destrucción de Numancia, hubo más de 100 años sin choques bélicos, período en el que conquistaron las islas Baleares (123 a. C.), que eran un nido de piratas. Ahora bien, en el siglo I a. C., se desarrollaron dos guerras civiles entre romanos en suelo peninsular, la de Sertorio contra el Senado primero, y luego la de Pompeyo contra César. En ambas participaron los peninsulares porque la reforma militar de Mario del 107 a. C. había abierto las legiones romanas a los varones autóctonos carentes de recursos, antes solo podían alistarse los propietarios que se pagasen su propio armamento. Lo más decisivo: estableció que, a los 25 años de servicio (tiempo que posteriormente se reduciría), los legionarios se jubilarían recibiendo un lote de tierra. Así afianzaba la lealtad y fue una vía contundente de romanización.

La última etapa de conquista, entre el 29 y el 19 a. C., quizás fue la más violenta. El vencedor de la guerra civil de la República romana, Octavio, se proclamó emperador con el apelativo de Augusto, y decidió conquistar e incorporar plenamente toda la península al nuevo imperio. Los vascones, desde los Pirineos hasta el Ebro riojano, ya estaban integrados en el dominio romano desde que Pompeyo había fundado Pamplona en el 75 a. C., y Calahorra, población vascona, en la guerra civil romana primero apoyó a Sertorio y luego surtió de guardia personal al propio Augusto. Sin embargo, los demás pueblos del norte y noroeste estaban fuera de control y eran tan ricos en minerales como pobres en recursos agrícolas y ganaderos por lo que sus razias de bandolerismo atosigaban a las poblaciones de la meseta.

El propio emperador se personó para dirigir la campaña en un frente de 400 km. y tres cuerpos expedicionarios para someter a galaicos, astures y cántabros, más una flota que, desde el mar, reforzaría el ataque. Augusto se marchó, en el año 24 a.C., pensando que, al haber esclavizado a una parte importante de los cántabros, había logrado la conquista. Sin embargo, en el año 19 a.C., esos cántabros, vendidos como esclavos en las Galias, asesinaron a sus amos y volvieron a sus tierras. Los derrotó Agripa, yerno de Augusto, quien elevó el nivel de terror, exterminó a los cántabros en edad militar, destruyó poblados, los forzó a sedentarizarse en los valles y creó aldeas al modo romano. Los astures se rindieron al conocer el destino de los cántabros resistentes. Agripa instaló al sur de estas poblaciones una colonia de tropas romanas permanentes, listas para actuar ante posibles sublevaciones, de ahí nació la ciudad de León. Comenzó entonces la extracción de oro en la actual comarca de las Médulas con esclavos de los pueblos del norte y de celtíberos de la meseta, así como libres sin recursos que se convertían en asalariados.

Hispania: economía esclavista y romanización sociocultural

Augusto dividió Hispania en tres provincias: la Tarraconense y la Lusitania, gobernadas directamente por el emperador (tenían mayor riqueza en minerales, sobre todo oro), y la Bética, menos conflictiva, dependiente del Senado. Así se mantuvo durante tres siglos, hasta que Diocleciano reorganizase el territorio creando la Gallaecia en el noroeste y la Cartaginense en el sureste. En todo caso, la romanización, aunque no estuviese prevista como tal, se inició con la propia conquista al integrar la Península en el circuito de los poderes organizados desde Roma. Fue un proceso de siglos marcado por dos factores. El primero y más decisivo, que, al ser gobernada desde Roma, o por el emperador o por el Senado, fue parte de la organización económica, social y cultural propiamente romana; y el segundo, que el proceso fue dispar entre las poblaciones peninsulares, con una desigual integración de elementos autóctonos¹.

Lo común, en todo caso, fue la transformación de las relaciones socioeconómicas. Todos los pueblos tuvieron que ajustarse al interés romano por explotar los recursos mineros, agrícolas, ganaderos y pesqueros de sus respectivas comarcas. Y en todos se introdujo la esclavitud como forma de trabajo. En los siglos de conquista, predominó el interés por conseguir metales y esclavos. Las cifras oficiales recibidas en la hacienda de la República de Roma, del 206 al 19 a. C., fueron astronómicas en metales preciosos y tributos en especie y dinerarios. Tito Livio ofreció como historiador datos reveladores. Solo el primer año de conquista, Escipión, controlando apenas unos pocos pueblos ibéricos, envió a Roma más de 14.000 libras de plata sin acuñar, más otra cantidad no especificada de plata acuñada, con cautivos, armas y botín de collares, brazaletes, etc. Si la libra romana equivalía a 327 g de oro o plata, esto supuso más de 4.500 kg de plata. Posteriormente se calcula que la media de envíos subió a 50.000 libras de oro y plata por año, esto es, unos 16.000 kg de metales preciosos.

Otra fuente de enorme acumulación de riqueza fueron los esclavos, por cientos de miles se calculan los cautivos por conquista más los esclavizados fuera de las acciones militares. Hubo casos en que prefirieron suicidarse antes que rendirse, como el más conocido de Numancia, o en Estepa, donde construyeron una gran pira con las familias completas bajo la leña que prendieron antes de ser esclavizados en el 208 a. C. Abundan las noticias escritas por los propios romanos de que, tras la conquista de una población, además de las cantidades de oro y plata requisadas, los mandos romanos vendían a sus habitantes como esclavos a los mercaderes.

La romanización se expandió sobre todo desde los núcleos urbanos ya existentes en las regiones ibéricas del sur y del este peninsular. Eran ciudades compuestas por una oligarquía de militares, gestores políticos y propietarios de tierras tanto privadas como de aprovechamiento comunal, junto a artesanos y comerciantes con cierta economía monetaria, más un grupo de esclavos para diversas tareas. Se adaptaron a la administración romana cuyas autoridades practicaron, a su vez, el reparto de tierras entre los pueblos peninsulares para integrarlos en una red urbana de municipios desarrollada durante los siglos I y II d. C. Porque los extensos territorios conquistados pasaron a ser propiedad del Estado romano, esto es, del emperador y de las familias dominantes en el Senado, más los jefes del ejército. Se atribuyeron las mejores tierras para trabajarlas con esclavos. Las demás, se repartieron entre los habitantes autóctonos.

Antes se ha expuesto cómo el excedente demográfico y el desigual reparto de la tierra hicieron del bandolerismo una plaga cuya solución afrontaron las autoridades romanas con dicho reparto de tierras. Fue una medida que se practicó desde la misma llegada de las tropas romanas, a partir del 200 a. C., cuando distribuyeron tierras a los mercenarios peninsulares que se habían pasado del ejército de Aníbal a los romanos. Más adelante, Graco padre también repartió tierras fundando a orillas del Ebro la ciudad que hoy es Alfaro. Lo mismo se hizo con los lusitanos desarmados tras el asesinato de Viriato. Además, llegaron romanos que, en tareas de administración y comercio, se instalaron desde el siglo II a. C. en ciudades indígenas del sur y del este como Itálica, Córdoba, Cartago Nova, Valencia, Tarragona o Barcelona… y en ciudades creadas de nuevo como Mérida. En todos los casos, la urbanización experimentó una mejora indudable con la red de abastecimiento hidráulico que la ingeniería romana desarrolló, más la dotación de servicios públicos nuevos en la península (acueductos, alcantarillado, termas, circos, teatros, anfiteatros, templos…).

También fundaron ciudades, unas a partir de las colonias de veteranos del ejército y otras por razones administrativas: Mérida, Cáceres, Zaragoza, Braga, Lugo, Astorga o la ya citada León. El ejército en sí mismo era factor de romanización, su sola presencia coaccionaba, y además las tropas auxiliares compuestas por autóctonos cruzaban influencias con la posibilidad, nada baladí, de que sus integrantes pudieran tener tierras al jubilarse, más la ciudadanía romana. En sí mismas, las legiones romanas eran auténticos poblados itinerantes con sus familias. A esto se superpuso la administración romana cuyas leyes, normas y obligaciones conllevaban la adaptación de los autóctonos, proceso que, incluyendo la ciudadanía romana, resultó más factible y temprano en el sur y sureste ibero que, en la meseta y norte con ritmo más gradual y lento, pero efectivo, desde el siglo I d. C. Fue crucial que, en el 74, el emperador Vespasiano concediera el uso del derecho latino a todos los habitantes de Hispania, lo que facilitó expandirse y organizarse como municipios romanos.

En definitiva, se consolidó la propiedad privada de la tierra. Coexistieron los latifundios esclavistas con los propietarios libres, mientras en las ciudades prosperaban los oficios de manufactura de productos y el comercio basado en moneda acuñada. Usaron las rutas preexistentes, las pavimentaron para carretas y también para movimientos militares, construyeron puentes y acueductos y abrieron una fabulosa red de calzadas interiores y enlazadas con el resto del mundo romano. El dominio de la ingeniería y unas técnicas topográficas extraordinarias alumbraron construcciones tan soberbias como, por ejemplo, los acueductos de Segovia y de Albarracín-Cella, las murallas de Lugo, sin olvidar los foros, teatros, templos y arcos de triunfo por la extensa geografía urbana.

Se desarrollaron ideologías y creencias que justificaban tanto las distintas posiciones sociales y las desigualdades económicas como el modelo de familia patriarcal, aunque las mujeres no dejaron nunca de aportar gran parte de la economía familiar, además de las tareas reproductivas en exclusiva. Sin duda, la figura del pater familias quedó consagrada para los siglos sucesivos de subordinación de las mujeres, aunque estas pudieron poseer tierras, testimoniar en juicios y optar por el divorcio sin explicaciones. Persistía, por lo demás, la obligatoria dedicación de las mujeres a lo que se resume como actividades de mantenimiento (cuidar, parir, amamantar, alimentar, o sanar), tan silenciadas en el conocimiento de todo momento histórico, obviamente con unas diferencias de clase social palmarias entre las mujeres de la aristocracia y las de la plebe. Por lo demás, tales ideas, las religiosas y las artísticas incluidas, más el comercio y el poder se expresaron en latín, vehículo de comunicación que se extendió invalidando el uso de las lenguas preexistentes. Por ejemplo, en las inscripciones constan divinidades previas pero nombradas en latín y, en el proceso, se estableció el culto al emperador entre las oligarquías municipales y provinciales.

Prosperidad y desigualdades:
terratenientes, desertores y bagaudas

Durante 500 años, la historia de Hispania fue la del Imperio romano. En sus tierras se afincaron importantes familias romanas, tan ricas y poderosas que de sus vástagos hubo tres emperadores, primero Trajano y Adriano, de fines del siglo I al primer tercio del II y Teodosio en el siglo IV. También los nombres de Séneca y Lucano de Córdoba, Marcial de Calatayud, Columela de Cádiz, Quintiliano y Prudencio de Calahorra, o Egeria de Galicia, la autora del primer libro de viajes, son muestra de la integración de Hispania en la esfera cultural de la lengua latina.

Hubo tres siglos de prosperidad y dos de larga crisis en todo el imperio. En Hispania se calculan casi cinco millones de habitantes a fines del siglo I d. C., que, al llegar el siglo III, pudieran ser más por el auge de ciudades como Tarragona, Zaragoza, Mérida, Sevilla (Hispalis) o Córdoba, y la creciente explotación de las riquezas mineras, agrícolas, ganaderas y de pesca de cuya salazón se extendió el consumo del garum ibérico como salsa romana con rango de exquisitez por todo el imperio. El aceite de la Bética también se hizo famoso y se exportó en vasijas, como el vino de Cataluña, el lino, las hortalizas, los higos, las bellotas, el esparto, la madera, la cochinilla o los caballos… y, por supuesto, las minas de oro, plata, cobre, plomo, hierro, estaño y el cinabrio de las minas de Almadén, este no tanto por el mercurio, sino para usarlo como colorante.

En las minas y en las grandes explotaciones agrícolas el trabajo esclavo fue la norma, de modo que el tráfico de esclavos se convirtió en otra fuente de riqueza. No se abolió el trabajo libre, pero se empobrecieron los pequeños campesinos y los artesanos urbanos. La esclavitud fue masiva en los latifundios y las rebeliones de esclavos tan persistentes que los tratadistas romanos aconsejaron reducir el tamaño de las fincas, fragmentándolas para vigilar mejor a los esclavos, o instalar colonos libres en las tierras más alejadas del control del propietario. Se reglamentó el trabajo de los esclavos en cuadrillas. También predominó en las minas, coexistiendo con libres asalariados, un conjunto de población que necesitaba talleres artesanales para alimentación y vestimenta con casos como el de Cartagena, en algún momento con 40.000 personas llegadas de Aquitania, o los cántabros que emigraban a las minas de Sierra Morena, lo que obligaba al Estado a vigilancia. En los trabajos artesanales predominó el trabajo libre y, aunque la mayoría de la población se autoabastecía de lo básico, se expandió el comercio local, comarcal y exterior tanto de manufacturas como de productos agrícolas y ganaderos, ampliándose la economía monetaria.

Aunque las fuentes de carácter económico son escasas, consta que en el imperio se inició desde el siglo III una larga crisis, con sucesivas transformaciones en la organización económica, social y política. De ningún modo cabe interpretarla como las crisis capitalistas. Era una economía precapitalista de modo que, al entrar en crisis el poder político por las continuas guerras, bajo el emperador Diocleciano (244-311), se manifestó la preeminencia de la gran propiedad territorial frente a las economías urbanas. Los latifundios se convirtieron en grandes unidades económicas que progresivamente trabajaron las tierras no tanto con esclavos, sino en parcelas de colonos libres protegidos por el gran propietario, perteneciente al orden ecuestre, grupo social que, al solaparse con los senadores, acaparó los poderes políticos y económicos. Fue la clase dominante y dirigente quien, a su vez, integró a los jerarcas de la Iglesia cristiana, religión reconocida por Constantino, en el 312, como la principal del imperio. Desde entonces, los obispos recibieron grandes propiedades donadas por emperadores y particulares y disfrutaron de protección económica, privilegios que aumentaron con posteriores emperadores.

Por otra parte, Constantino, en el 332, ordenó a las autoridades de Hispania que, para frenar la huida de esclavos, se castigase con tormento a quienes no los delatasen, y con penas económicas a quienes acogiesen en sus propiedades a colonos fugitivos de otras tierras. Reglamentó, en general, el trabajo y las cargas fiscales de los colonos que fueron adscritos al latifundio de modo que sus hijos heredarían el uso de la tierra, sin poder irse a otras propiedades, obligación que se impuso también en los oficios artesanales, convertidos en hereditarios. Tales rasgos anunciaban un modo feudal de organización socioeconómica. Y es que el emperador era el mayor latifundista del imperio, actuaba como gran propietario y el Estado, por tanto, se implicó en la competencia económica con las ciudades. Las oligarquías municipales y los artesanos y campesinos libres de las ciudades se arruinaron en un proceso más intenso en las provincias del Imperio occidental donde se impuso la economía y vida rural, de modo que los grandes propietarios absorbieron como colonos a los campesinos libres y pusieron los talleres artesanales bajo su protección.

En Hispania, abundaron las villas lujosas por toda la península. El análisis de los mosaicos excavados, los almacenes y habitaciones de los trabajadores y las aldeas reflejan el poder y capacidad de patrocinio de aquellos propietarios que, como la familia del emperador Teodosio en la cuenca del Duero y sus parientes, fueron capaces de reclutar ejércitos privados de campesinos. Entre tanto, las ciudades hispanorromanas entraron en precariedad, algunas abandonadas mientras otras emergían de modo que, en Toledo, por ejemplo, en el año 400, se celebró un concilio de jerarcas cristianos, pues la Iglesia ya gozaba de propiedades y rangos similares a los grandes latifundistas. Evidentemente, tales transformaciones socioeconómicas repercutieron con más fuerza en las tierras menos romanizadas o con menor vida urbana, aunque, eso sí, sus oligarquías locales se apropiaron de las tierras comunes y sometieron a colonato a los campesinos que, en gran parte, vivían con recursos y modos prerromanos.

En este contexto de crisis, se expandió con fuerza el cristianismo como ideario de libertad y emergieron con nuevas energías los conflictos sociales y políticos que se manifestaron no solo en forma de bandolerismo, sino que, en el 185, se produjo una gran revuelta que, liderada por Materno, estalló contra los grandes propietarios. Ocurrió cuando esos propietarios traspasaron las cargas de las guerras de Marco Aurelio y de guerras posteriores a las espaldas de los campesinos. Materno era un soldado que, con la promesa de los botines a repartir, acaudilló un ejército de desertores reunidos entre las provincias de la Galia e Hispania. A su paso por las distintas poblaciones expropiaron a los grandes propietarios, repartieron sus riquezas, abrieron las cárceles y sumaron en sus filas a numerosos esclavos y campesinos empobrecidos. En el 188 fue derrotado en su ruta hacia Italia, elegida quizás con el plan político de sustituir al emperador.

Ya en el siglo III, cuando los municipios hispanos estaban organizados con el derecho romano, el emperador Caracalla extendió, en el 212, la ciudadanía a todos los habitantes libres del imperio. Esto no mejoró sus condiciones económicas, pero abrió las posibilidades de exigir y plantear derechos como ciudadanos romanos. En Hispania, el común del pueblo no esclavo se pudo asociar en collegia por oficios (zapateros, pescadores, barqueros…) desde Barcelona a Sevilla, también los esclavos manumitidos o libertos pudieron enriquecerse y realizar actividades comerciales y los de tropa del ejército pudieron ascender al orden ecuestre. Hubo cierta movilidad social.

Ahora bien, desde el siglo III, comenzó una larga crisis, desencadenada por la subida de impuestos para sostener tantas guerras, más la paralización de sus conquistas por las luchas de los mandos militares para controlar el poder imperial. La inestabilidad en el control del Estado significó la reducción de su potente maquinaria en todas las esferas económicas. Las insurrecciones campesinas contra los grandes propietarios y contra el emperador, o sea, el Estado, se multiplicaron, sobre todo en las provincias del Imperio occidental al coincidir con las alteraciones provocadas por las primeras entradas de pueblos germánicos, los llamados bárbaros. Diocleciano encomendó a Maximiano, su co-emperador, la tarea de aplastar a los campesinos sublevados en Hispania y las Galias, conocidos como bagaudas. Fue la rebelión de mayor calado, había comenzado en el 283 y las fuentes, siempre limitadas y peyorativas, calificaron como “paletos” o “granjeros ignorantes” aquella alianza de colonos sobrecargados por impuestos, esclavos fugados y cuantos desheredados buscaban sobrevivir. Bagauda, en definitiva, significa guerrero en celta y ladrón en latín.

No fue un movimiento espontáneo ni desorganizado. Formaron ejércitos, distribuyéndose los agricultores como infantería y los pastores en caballería. Practicaron una eficaz táctica guerrillera de pequeñas partidas que atacaban las villas de los grandes propietarios y también las ciudades, se repartían el botín e incluso esclavizaban a los propietarios. Sin embargo, Maximiano, tras controlarlos, fue clemente porque eliminarlos mermaría la mano de obra que necesitaban los terratenientes, entre estos los propios emperadores. Este movimiento bagauda reapareció con distinta intensidad y de modo constante durante el siglo IV e intensificó su fuerza en el siglo V, coincidiendo con las alteraciones provocadas esta vez por la llegada de los visigodos, con el consiguiente reparto de tierras.

De la Hispania romana al reino visigodo:
la fuerza social de la Iglesia cristiana

El cristianismo se expandió lenta y tardíamente en Hispania. Llegó sobre todo por las relaciones comerciales con Cartago y por grupos de judíos, y fueron comunidades pequeñas de esclavos, libertos y artesanos organizadas en las ciudades como collegia tenuiorum o asociaciones de gente pobre que aseguraban su entierro, el modo de poseer bienes legalmente. No era una más de las religiones orientales, esta era subversiva por universalista y permitir la unión de libres y esclavos, sin apoyarse en los lazos familiares. No despreciaba el trabajo manual, alababa la pobreza, distanciándose de las religiones de los poderosos y, lo más rupturista, no aceptó el culto al emperador, de ahí las persecuciones sufridas en el siglo III.

A mitad de este siglo ya estaban organizados en iglesias con obispos en las ciudades de Mérida, Astorga-León y Zaragoza y hay datos de mártires en años posteriores en otras ciudades. Adquirió tal fuerza la expansión del cristianismo en todo el imperio que el emperador Constantino, a principios del siglo IV, se convirtió a la nueva religión (312), terminó con la persecución de los cristianos y promulgó con el co-emperador Licinio el edicto de Milán que legalizó el culto. El propio Constantino se hizo mecenas de la Iglesia cristiana e intervino en las disputas teológicas existentes insertando en el cristianismo el rasgo del anterior culto imperial que solapaba el poder político con el religioso o espiritual. Este proceso culminaría con Teodosio que, en el 380, convirtió en Iglesia estatal a la cristiana.

Al hacerse religión oficial del imperio, los obispos que pudieron acumular riquezas y donaciones se situaron en la cúspide de la jerarquía social y la Iglesia acopló así su organización a la estructura del Estado romano; se convirtió en parte de la administración pública, con privilegios económicos y ampliando sus tareas a la de portavoces de la religión profesada por el emperador. Además, los obispos procedían casi todos de la clase senatorial que acaparaba la propiedad de las tierras y el ejercicio del comercio y de la industria.

En Hispania, a principios del siglo IV, ya había un episcopado cuya organización se manifestó en la realización del primer concilio en Elvira (Granada), pues la mayoría eran del sur y del valle del Ebro, y, salvo los de León y Braga, no hubo obispos del norte y noroeste. Y es que no resultó fácil la expansión entre el campesinado, tan adherido a sus ritos ancestrales. De hecho, la noción de pagano como idólatra o infiel procede de paganus, campesino habitante de una aldea o pagus. Además, la plena identificación de la jerarquía eclesiástica con el orden social dominante generó un factor constante durante los siglos venideros: la simbiosis entre revueltas sociales y lecturas igualitarias de los Evangelios, fórmulas que fueron heréticas para las jerarquías eclesiásticas.

Esto ocurrió en fechas tempranas cuando un obispo, Prisciliano, enfatizó la vida ascética y rigorista frente a un episcopado urbano y enriquecido y propuso la distribución de los bienes entre los pobres, defendió a los esclavos contra sus dueños y, por los documentos de condena, se sabe que sus seguidores exaltaban la virginidad, que no daban valor a la autoridad de los obispos y que formaban comunidades de mujeres y hombres en plano de igualdad, con una moral carente de apetencias materiales. Era la radical oposición a las doctrinas oficiales, con especial escándalo que tratasen como iguales a las mujeres. Enraizó, por tanto, entre las mujeres y las clases desfavorecidas, se expandió hasta Mérida y Córdoba y se asentó sobre todo en Galicia, en un proceso simultáneo a la organización del reino de los suevos con capital en Braga.

Prisciliano fue condenado (Concilio de Zaragoza, 380) por su doctrina y luego ejecutado en Tréveris (384). Persistieron los seguidores y sus ideas fueron condenadas de nuevo en el I Concilio de Toledo (400). Se afincó especialmente en las zonas rurales del Noroeste peninsular, que resistieron durante dos siglos, pues otro concilio en Braga (561) volvió a condenar dicha doctrina y el IV Concilio de Toledo (683) prohibió a los curas de Galicia la costumbre prisciliana de no cortarse el pelo.

Su persistencia en tierras gallegas ha dado pie a una interpretación nacionalista indemostrable, pero no sería descabellada la hipótesis de que la tumba de Santiago fuese la de Prisciliano. En todo caso, el priscilianismo reflejó el enfrentamiento social y político de dos concepciones diferentes del cristianismo, la de una iglesia jerárquica, poderosa económicamente, y la del cristianismo como la comunidad igualitaria de los primeros apóstoles. Semejante conflictividad se vio reforzada por la gran invasión de pueblos germánicos del 409 que puso en entredicho el poder romano en Hispania. Los suevos, vándalos y alanos se instalaron respectivamente en las provincias de Galicia, Andalucía y la Cartaginense. Los suevos organizaron un reino que se prolongó casi dos siglos, del 409 al 585, conquistado por los visigodos. Eran pueblos aliados de los romanos que, al llegar a Hispania, pactaron con los campesinos un reparto de tierras para asentarse.

En tal contexto, las revueltas campesinas se recrudecieron en el siglo V, con nuevos ejércitos de bagaudas en la Tarraconense, por tierras de Pamplona, el país de los vascones, y los bagaudas que atacaron Tarazona, mataron al obispo y pactaron con los suevos el saqueo de Zaragoza y Lérida. Fueron derrotados o, al menos, controlados, en el 454, por los visigodos que, bajo el rey Teodorico II, eran aliados de la autoridad imperial. Por su parte, los grandes propietarios, entre los que se encontraban los obispos, organizaron sus propios ejércitos y esto desmanteló la autoridad imperial.

En esta coyuntura, el pueblo visigodo, con estatuto de pueblo federado de Roma (324), el más romanizado de todos los germánicos, ya practicante del cristianismo, recibió el encargo en el siglo V de restablecer el poder imperial en Hispania. En dos años acabaron con los vándalos instalados en la Bética y los alanos en Lusitania, mientras los suevos permanecieron en Galicia por un pacto previo de aliados de Roma. Tras varios vaivenes en su asentamiento, los visigodos, organizados como reino en las Galias desde donde controlaban parte del territorio de Hispania, adquirieron un poder independiente desde 476, cuando es depuesto el emperador del Imperio occidental. Hasta un siglo después, en el 567, su rey Atanagildo no situaría la capital en Toledo, con la idea de hacerse con el control de toda Hispania. Porque antes, el Imperio romano oriental, conocido como bizantino, desde 533 había desembarcado en Cartago Nova y creado la provincia de Spaniae, desde Denia hasta Cádiz, dominando casi durante un siglo, hasta 624, la zona costera, tan decisiva para el comercio.

En el pacto del imperio con los germanos se repartía por tercios las casas y los campos. Se hizo en los latifundios, no tanto con la pequeña propiedad; se repartieron uno, la terra dominicata, para el señor, otro para los godos y el tercero para los campesinos preexistentes. Los visigodos asentados no fueron muchos, no alteraron la estructura de propiedad, pervivió la nobleza romana de grandes latifundios y, aunque prohibidos, se hicieron frecuentes los matrimonios entre romanos y godos; Leovigildo los permitió y se ensamblaron así los latifundistas hispanorromanos con la aristocracia militar goda. El dueño cultivaba la mejor parte con sus esclavos, más los bosques y barbechos, y la otra parte del latifundio era trabajada por colonos libres y libertos.

Se calculan no más de cuatro millones y medio de habitantes en esta época, incluyendo unos 30.000 suevos, una cuarta parte guerreros, sobre todo en Braga y Oporto. De los 80.000 vándalos no se sabe cuántos se asentaron, y de los visigodos, no más de 200.000 cuya aristocracia era de unas 1.500 familias. Muy importante fue la expansión de los judíos por la Bética y la Tarraconense en actividades comerciales y financieras, aunque el antijudaísmo se hizo norma con las ideas del obispo Isidoro de Sevilla y las prohibiciones sociales y económicas del rey Sisebuto (612) para forzar su conversión o su emigración, ampliadas en un concilio de Toledo (694) que acordó esclavizar a quienes no se convirtieran al catolicismo.

Mapa 2. Península ibérica EN EL 569

Fuente: Elaboración propia.

En efecto, la esclavitud fue habitual. En el campo hubo más esclavos que colonos. Por ejemplo, en el 656, un obispo donó 500 esclavos como regalo para los pobres y, en el 693, otro Concilio de Toledo consideró “paupérrima” la iglesia que solo contase con 10 esclavos. Hubo iglesias con miles de esclavos que, sin embargo, se resistían y huían del dominio absoluto de sus personas. La gran cantidad de medidas promulgadas para recuperar los esclavos huidos y las recompensas por capturar los fugitivos, expresan tanto la rebelión del esclavo como su valor de mercancía y riqueza. Era muy difícil ser manumitido o liberto, los obispos no favorecieron ese tránsito y, si lo autorizaban, era a cambio de seguir vinculados como colonos de sus dueños.

Con Leovigildo (572-586) se amplió el reino al anexionarse el reino de los suevos, sometió a los cántabros y vascones y a los terratenientes de la Bética sublevados con su hijo Hermenegildo. Su otro hijo, Recaredo, solventó la disputa entre cristianos arrianos y católicos al optar por el catolicismo junto con su aristocracia militar y jerarquías eclesiásticas (589). Sisebuto recuperaría el control de la Spaniae del Imperio bizantino (624) y el reino católico de los visigodos se asentó identificado con la Hispania romana. Se legisló desde el derecho romano, se adoptaron las ceremonias y ropajes del poder imperial y se afianzó la jerarquía eclesiástica en cuyos concilios decidieron normas para toda la sociedad. Sin embargo, el descontento de un campesinado esclavizado fue tan persistente que, en el 702, el rey Égica declaró delito huir de las tierras, pues “apenas si existe ciudad, poblado fortificado, aldea o finca y posada en los que se sepa se ocultan esclavos”. Un país plagado de fugitivos, mientras el carácter de caudillo militar del rey hizo tan sangrienta la herencia de la corona que, en sus luchas internas, reclamaron ayuda a los árabo-bereberes, que desembarcaron en la Península y se hicieron con el reino (711).

Balance

Las diversas culturas existentes en la península ibérica durante el primer milenio a. C., de carácter agrario, recibieron, gracias al intercambio comercial, el influjo de las culturas fenicia y griega, mientras que la conquista por Roma las transformó en provincias de una Hispania integrada en sus dominios. Los dos siglos de violencias, resistencias y pactos de la conquista dieron paso a cinco siglos en los que la economía, la sociedad, la cultura y la religión de Hispania evolucionaron como parte del imperio. Además, los conflictos de esclavos y campesinos contra los poderosos fueron persistentes. Desde el 212 d. C., los hispanos libres fueron ciudadanos romanos y el uso del latín y del derecho romano en las relaciones sociales, así como la implantación del cristianismo, impregnaron todas las esferas de la vida pública y privada. Los visigodos, aliados del imperio, prolongaron dicha romanización como reyes que, durante siglo y medio, gobernaron con idénticos conflictos sociales, entre luchas encarnizadas por el poder. En el 711, la expansión de un flamante Imperio arábigo-musulmán llegó a la Península y abrió un nuevo capítulo en la historia de sus habitantes.

Capítulo 3

La Edad Media: evolución de al-Ándalus
y construcción de los diversos reinos
cristianos (711-1474)

Sobre la Edad Media se han acumulado excesivos tópicos construidos por los romanticismos nacionalistas del siglo XIX. Sin embargo, en aquellos siglos ni existieron las identidades nacionales fabricadas en el siglo XIX, ni tuvieron la exclusiva de heroísmos, crueldades o santidades tan propagados literariamente. Es necesario insistir en que la historia debe explicar los procesos de cambios desarrollados en cada época, sin anacronismo de supuestas raíces identitarias. Además, fueron siglos tan caudalosos en realidades sociopolíticas y culturales como impetuosos en conflictos y ambiciones. En este sentido, hay que comprender la historia de la Península dentro de los más amplios procesos ocurridos en el común espacio sociocultural del Mediterráneo cuyos países de la ribera sur fueron parte del nuevo poder musulmán surgido en el Próximo Oriente, mientras que los países septentrionales prosiguieron en la órbita del cristianismo institucionalizado por el Imperio romano.

Así, en concreto, los pobladores de la península ibérica desarrollaron sus experiencias de vida en la frontera occidental de ambos mundos, entre la órbita musulmana y la cristiana y para comprender sus distintas historias se diferencian en este capítulo tres períodos. En el primero, durante tres siglos, la Península y las islas Baleares constituyeron al-Ándalus, con una rotunda hegemonía arábigo-islámica y unos minúsculos reductos cristianos en las montañas del Cantábrico y Pirineos. El segundo período, del siglo XI a la mitad del XIII, estuvo marcado por la disputa entre las taifas musulmanas, con entrada de los imperios norteafricanos, y unos reinos cristianos en expansión, con notable influencia del feudalismo europeo. A mediados del siglo XIII, comenzó la tercera fase, cuando se consolidaron tres grandes reinos cristianos (Portugal, Castilla y Aragón) y un zarandeado reino navarro, todos relacionados intensamente con los vecinos europeos, mientras al-Ándalus se constreñía al reino de Granada.

En todo momento se trataba de sociedades agrícolas, con un sector artesanal más o menos diversificado y otro comercial, con distinta relevancia, según la época. Como en etapas anteriores, la inmensa mayoría eran campesinos en poblados de chozas con no más de 1.000 habitantes, de cuyo trabajo, siempre de mujeres y hombres, se extraían los recursos para sostener las guerras entre las clases dirigentes. Sin embargo, esa masa de población analfabeta fue la que, al tener que hablar la lengua de los poderosos y de los recaudadores, fraguó en los territorios cristianos durante siglos, a partir del latín, las distintas lenguas romances. Fueron creaciones anónimas y silenciosas del máximo rango cultural amasadas durante la Edad Media, mientras en al-Ándalus se generaba el dialecto romandalusí, transmisor al castellano de numerosos arabismos. Además, aunque las guerras y conflictos estuvieron mayormente vinculados al control de tierras y personas, también fue decisivo el factor religioso. Se desglosará en las páginas siguientes.

Etapa de supremacía de al-Ándalus
con reductos cristianos (711-1031)

Cronología
711 | El ejército del califato islámico de Damasco apoya a un sector visigodo, toma el poder y establece el emirato arábigo-musulmán con capital en Córdoba.
718 | Pelayo se enfrenta a las tropas árabes, hecho mitificado siglo y medio después.
740 | Rebelión de los bereberes, discriminados en el ejército y en el botín.
756 | Abderramán I, emirato independiente.
778 | Carlomagno fracasa en Roncesvalles ante los vascones.
791 | Alfonso II, rey de Asturias, instala la capital en Oviedo. Inicios del culto a Santiago.
795 | Carlomagno crea la Marca Hispánica con condados en los Pirineos centrales y orientales.
800 | Construcción de San Julián de los Prados.
818 | Motín de artesanos en Córdoba contra los impuestos.
824 | Íñigo Arista se hace señor de Pamplona.
850 | Eulogio dirige una movilización mozárabe antislámica. Ejecutado en 859.
878 | Rebelión de los muladíes en la serranía de Ronda, hasta 928.
910 | Muere Alfonso III de Asturias creando el reino de Galicia para su hijo Ordoño, mientras su primogénito García I instala la capital en León y el reino astur deviene leonés.
929 | Abderramán III declara el Califato en Córdoba.
931 | Fernán González, conde de Castilla con autonomía en el reino de León.
936 | Construcción de Medinat az-Zahr (Medina Azahara).
987 | Borrell II, conde de Barcelona, no jura vasallaje al rey franco.
988 | Finaliza la construcción de la mezquita de Córdoba.
1009 | La fitna (guerra civil) entre clases dirigentes da fin al poder del Califato omeya. Se independizan varias taifas desde Almería hasta Zaragoza y Tortosa.
1022 | Iglesia románica de San Pedro de Roda (Gerona), inicio del románico catalán.
1031 | El califa Hisham III es depuesto en Córdoba, que se organiza como taifa.

Conquista, organización y aportes de al-Ándalus:
la etapa de los Omeyas

La doctrina de Mahoma, surgida en la península arábiga en el siglo VII con la idea de superar el judaísmo y el cristianismo, se expandió con extraordinaria rapidez a caballo de los eficaces ejércitos árabes y creó un imperio gobernado por un califa, representante de Dios en la tierra. A fines de dicho siglo, este imperio ya había conquistado los territorios del norte de África con capital en Ifriqiya (Túnez), y su gobernador fue reclamado por los herederos del rey visigodo Witiza para dirimir la sucesión al trono. Así es como, en el 711, desembarcaron en la península ibérica en torno a 15.000 árabo-bereberes al mando de Táriq ibn Ziyád. La derrota y muerte del nuevo rey Rodrigo supuso el colapso del poder visigodo, las tropas de Táriq se hicieron con las principales ciudades y el gobernador norteafricano, el árabe Musa ibn Nusayr, se incorporó al mando. Este pactó con los aristócratas hispanovisigodos, entre ellos los hijos de Witiza, la implantación de un emirato, con capital en Córdoba, dependiente del califato de Damasco, que abarcaba la práctica totalidad de la Península con las islas Baleares incluidas.

Los pactos, a cambio de tributos, aseguraron la persistencia de gran parte de la aristocracia hispanovisigoda y garantizaron las rentas de la Iglesia católica. Además, los matrimonios entre mandos del ejército conquistador e hijas de los aristócratas autóctonos apuntalaron el poder arábigo-musulmán. Por ejemplo, el hijo del citado gobernador Musa ibn Nusayr se casó con la viuda del rey Rodrigo. De tales matrimonios nacieron linajes cuyo poder y riqueza territorial perduraron durante generaciones que se consideraron a sí mismas tan árabes como islámicas. La cultura árabe reforzó, sin duda, el patriarcado ya existente, porque eran los varones musulmanes los que podían contar con las cristianas para madres de su prole.

Además, la instalación de unas 60.000 personas (las familias de las tropas y otras, en gran parte bereberes) apuntaló la conquista militar y el aparato recaudatorio de los emires. Implantaron dos impuestos: el de capitación, con un monto fijo por adulto, y el territorial, proporcional a la propiedad de tierras. Quien se convertía al islam no pagaba la capitación, aunque como creyente tenía que aportar la décima parte de sus ganancias a la comunidad islámica. Las élites locales fueron las primeras en convertirse de modo que los conquistadores, aunque minoría demográfica, lograron que sus normas sociales y culturales, en concreto la lengua árabe y la religión musulmana, fuesen adoptadas por la población autóctona con bastante extensión.

Ahora bien, existieron núcleos opuestos a los conquistadores en comarcas del Cantábrico y los Pirineos, como Huesca, que se avino al pacto a los siete años de presión militar. Las tropas del emirato cruzaron los Pirineos, dominaron la Septimania (Langedoc-Rosellón) y desde Narbona lanzaron incursiones de saqueo por el interior de Francia, hasta que, en el 732, fueron derrotadas en Poitiers por los francos que, liderados por Carlos Martel, frenaron la expansión árabe. De esos años quedó la memoria de otra derrota infringida a los musulmanes, entre el 718 y 722, por un jefe astur, Pelayo. Fue la tan discutida batalla de Covadonga, un choque de resistencia local, habitual en las poblaciones de las montañas desde la época de los romanos. A ciencia cierta se sabe que tal hecho fue rescatado y ensalzado al cabo de más de siglo y medio por la corte del rey astur, Alfonso III (866-910), para justificar su política de expansión ya que se consideró heredero del reino de Toledo transformando a Pelayo en aristócrata visigodo que, refugiado en las montañas, había organizado la oposición a los árabes.

Mapa 3. Al-Ándalus EN EL 732

Fuente: Elaboración propia.

Mayor envergadura tuvo la rebelión bereber del 740 tanto en al-Ándalus como en el norte de África. Los bereberes, alistados en el ejército árabe y convertidos al islam, sufrieron el afán recaudatorio del Imperio árabe, siguieron pagando el impuesto de capitación, apenas participaron del botín de las conquistas y estaban discriminados en la organización militar. Se sublevaron para sacudirse el yugo árabe y el califa de Damasco, Hishám, envió un ejército profesional de sirios que, derrotado en el río Sebú, sin embargo, logró dominar a los bereberes de al-Ándalus en el 741. Estos sirios controlaron las provincias meridionales (desde Niebla a Murcia) y dieron cohesión militar a la organización fiscal del emirato cordobés, mientras los bereberes se responsabilizaban de las provincias de las cuencas del Tajo y Guadiana hasta el Levante.

El asentamiento definitivo de bereberes y sirios reforzó el proceso de arabización e islamización de la población de al-Ándalus, pero esto supuso el abandono del tercio norte peninsular de modo que, durante 300 años, la frontera andalusí estuvo trazada desde los Pirineos orientales, con el valle del Ebro incluido, hasta bajar a la Cordillera Central y subir al norte de Coimbra. El valle del Duero quedó así como un territorio de potencial expansión para el incipiente reino que se formaba en las montañas asturianas. Hasta el 755, hubo 23 emires nombrados por Damasco, año en el que un joven omeya, Abderramán, huyendo de los nuevos califas abbasíes, como hijo de madre bereber se refugió en el norte de África y, tras organizar un ejército, derrocó al emir de Córdoba y organizó un emirato independiente del nuevo califato de Bagdad. Organizó el emirato en provincias o koras y tres marcas fronterizas: la Marca Inferior, con capital en Mérida, la Media, en Toledo, y la Superior, en el norte, gobernada desde Zaragoza. Dicho emirato se convirtió en califato bajo el gobierno de Abderramán III (912-961) y duró hasta 1031.

En este período se arabizó e islamizó con rapidez la población de al-Ándalus hasta las Baleares y se organizó el país con predominio de unas ciudades de artesanos, comerciantes y funcionarios junto a una amplia clase de campesinos que mejoraron la productividad y cambiaron el paisaje agrario. Estos perfeccionaron y expandieron el sistema de regadío con la red de acequias, azud, norias y albercas, más el molino hidráulico. Introdujeron nuevos cultivos (arroz asiático, caña de azúcar, almendro, naranjo, limonero, granado, dátil, plátano, melón, sandía, berenjena, espinacas, alcachofas, azafrán…), o el algodón y las moreras, tan decisivas para el textil, como también el cáñamo, la alheña y el añil. El regadío, las mejoras en los fertilizantes y la incineración de los campos tras la cosecha permitieron la rotación de cultivos e hicieron del verano una nueva estación agrícola. Todas las actividades tributaban al poder islámico, los especialistas lo llaman Estado tributario y, concretamente, “formación social islámica”, distinto del Estado feudal que emergía en tierras cristianas, organizado con carácter guerrero sobre señoríos de explotación del campesinado.

Las luchas por el poder agrietaron constantemente el emirato, además de los conflictos propios de toda sociedad. Sin embargo, brillaron las aportaciones culturales, que se prolongaron hasta la época de las taifas. Fueron parte de la Edad de Oro del Islam que, desde el siglo VIII al XIII, contó con los impulsos del califato de los abasíes en Bagdad, de los fatimíes en Egipto y de los omeyas en Córdoba. Desde Bagdad hasta Córdoba, el mundo musulmán desarrolló una actividad de la máxima envergadura intelectual. Tradujeron al árabe tanto los clásicos de la cultura grecorromana como de Persia, China e India, y contaron con el invento tan decisivo del papel, un secreto guardado por los chinos que los árabes captaron y mejoraron con la corteza de morera y algodón, más el uso de la pluma. Desde al-Ándalus se extendió el papel al resto de Europa.

En concreto, conviene citar algunas personalidades de la cultura andalusí, incluyendo a los judíos. En el pensamiento hubo etapas de tolerancia cuyo pluralismo fue impulsado por el filósofo Ibn Masarra (siglo X) y proseguido por el judío Ibn Gabirol y luego por Ibn Bayyah (Avempace), introductor de Aristóteles, más dos figuras de la mayor influencia en Europa, Ibn Rushd (Averroes) y el judío Maimónides, del siglo XII ambos. Aportaron nombres en muy diversas áreas del saber y de la creación como Ibn Bayya (Avempace) en matemáticas, Averroes en medicina, al-Idrisi en geografía o las poetas Lubna de Córdoba y la omeya Walláda, entre otras, destacando Ibn Hazm, autor de El collar de la paloma y Al-Mutamid, rey de Sevilla. Además, sus creaciones arquitectónicas, sobrias en el exterior y portentosas en sus interiores, elaboradas por cientos de manos con un fabuloso talento artístico como la mezquita de Córdoba, Medina Azahara, la Aljafería de Zaragoza, la Giralda de Sevilla o la Alhambra de Granada (más posterior), están declaradas patrimonio de la humanidad.

Conflictos sociales y de poder en al-Ándalus

La islamización y arabización social y cultural creó otra faz de la Península de modo que los conflictos derivados de la desigualdad social se revistieron con rasgos identitarios o religiosos en casos relevantes. Ya se ha expuesto la rebelión de los bereberes del año 740. Derrotados y asimilados como fuerza militar, en el 768, hubo otro amotinamiento bereber en la meseta andalusí. Persistía la distinción, los cronistas latinos la reflejaron llamando sarracenos a los árabes y moros (mauri) a los norteafricanos, quienes precisamente unieron el artículo árabe al con el sustantivo, tal y como luego pasaría a las lenguas romances en palabras como alcalde o algodón, por ejemplo.

En general, la presión tributaria fue la desencadenante de protestas y conflictos, aunque no abundan noticias al respecto, salvo en casos extremos, como el de 818 en Secunda, arrabal de Córdoba cuyos artesanos y comerciantes se amotinaron frente al palacio del emir. Se les sumaron de otros arrabales y barrios, pero las tropas arrasaron las casas de Secunda, ejecutaron a los más destacados y tuvieron que huir muchos otros a Toledo, ciudad opuesta a los impuestos del emir. Al poco tiempo, los representantes de Elvira (Granada) viajaron a Córdoba para protestar contra los “agobiantes impuestos” del nuevo emir, pero sus soldados los ahuyentaran matando a varios. Hay noticias de que Toledo, ciudad islamizada, inició desde el 852 una tenaz resistencia a las cargas fiscales, derrotó a las tropas del emir y persistió en su rebelión hasta 932, sofocada por Abderramán III. No se tienen detalles de tan larga oposición pues los documentos de los vencedores no explican, sino que acusan. Simplemente descalificaron a los toledanos como “sediciosos por naturaleza” y “mal alimentados”.

Desde la segunda mitad del siglo IX, afloraron otros conflictos revestidos de carácter religioso. Recordemos que los cristianos y judíos podían conservar su fe y organización por compartir la palabra revelada por el único Dios del Corán. A cambio, pagaban los tributos citados en páginas anteriores, vivían en comunidades segregadas y practicaban su culto con iglesias y obispos propios, sin exteriorizar su fe, o en sinagogas con sus rabinos, los judíos. Los mozárabes eran los cristianos no conversos, mientras que los muladíes eran los conversos al islam, la mayoría.

En el año 850, destacados mozárabes, con los clérigos Eulogio y Álbaro de Córdoba al frente, ambos de ricas familias hispanorromanas, se movilizaron contra la abrumadora islamización y la consiguiente merma del peso de la Iglesia. Los eclesiásticos no podían ampliar los bienes de sus iglesias y monasterios ni frenar los matrimonios mixtos por más que estuviesen condenados por un concilio en Córdoba (836). La táctica de Eulogio consistió en predicar la obligación del cristiano de insultar al profeta Mahoma ante un juez musulmán para provocar su pena de muerte. Este martirio garantizaba el paraíso celestial y probaría la superioridad de su fe. Confiaba en lograr tal ola de suicidios colectivos que se elevaría el cristianismo a nueva fe oficial, como había ocurrido —pensaba— con los emperadores romanos. Así, unos cincuenta cristianos fueron condenados a muerte y santificados de inmediato. El emir gestionó la intervención del arzobispo de Sevilla, Recafredo, quien promulgó que un martirio provocado iba contra la fe cristiana. Eulogio, sin embargo, acusó de cobardes y falsos creyentes a los detractores del martirio y, en el 859, fue ejecutado al proferir que Mahoma era un “impostor”. Fue un privilegiado hasta después de muerto, sus restos se trasladaron a Oviedo (883), en olor de santidad, dato que evidencia la trabazón de los mozárabes con la iglesia del nuevo reino asturiano.

Este sector mozárabe radicalizado también criticó al resto de mozárabes, la mayoría, por acomodarse a la cultura islámica y, tal y como se lamentaba Eulogio, los jóvenes cristianos se habían aficionado a las diversiones y literaturas árabes y usaban tan poco el latín que tuvieron que traducir los Evangelios al árabe para que los entendiesen. Por otra parte, aquellos mozárabes de al-Ándalus perseguidos o contrariados se refugiaron en el reino astur-leonés e introdujeron en los círculos monásticos y cortesanos del norte una ideología de confrontación, propagando la crueldad islámica e impulsando la idea del neogoticismo, esto es, la vuelta a la Hispania visigoda. Esto se plasmaría en las posteriores crónicas del reino asturleonés de fines del siglo IX e inicios del X. Por lo demás, el número de mozárabes disminuyó y se extinguió en los siglos siguientes conforme avanzaron los reinos cristianos y los almorávides y almohades les endurecieron sus condiciones de vida en el siglo XII.

Por otra parte, junto a la movilización mozárabe se produjo otra promovida por importantes familias muladíes. Los muladíes eran la población autóctona convertida al islam, la gran mayoría; fueron los más potentados quienes se movilizaron contra la aristocracia árabe. Aprovechando una nueva crisis entre árabes por el control del emirato, Umar ibn Hafsún, descendiente de nobles godos, en el 878, organizó un ejército en la serranía de Ronda incitando contra “el yugo del sultán” por imponer “cargas insoportables” y el trato humillante que los árabes daban a los muladíes, “tratándolos como esclavos”. Dominó bastantes comarcas de Málaga y Granada apoyado por bereberes y mozárabes, contactó incluso con los fatimíes de Egipto, se convirtió al cristianismo (899), lo que le mermó apoyos, y le sucedió su hijo, que se mantuvo encastillado en Bobastro. Solo en el 928 Abderramán III sofocó la rebelión.

En Huelva, otro líder muladí expulsó de sus tierras a los recaudadores del emirato con similares argumentos, y, en Jaén, el muladí Ubayd Alláh ibn al-Sháliya se hizo con el control de 100 fortalezas e instaló su propia corte. A la vez, los bereberes reaparecieron, en el 901, en el centro peninsular para impedir la recaudación de tributos. Fue a inicios del siglo X cuando Abderramán III derrotó a los potentados muladíes liberando a los campesinos de la servidumbre a que estaban sometidos desde época visigoda y dictando que solo pagarían tributos al califato que él mismo instauraba en el 929.

El germen de poderes cristianos en el norte de al-Ándalus

En paralelo, desde el siglo VIII habían emergido varios núcleos de resistencia cristiana al norte de al-Ándalus. En parte como resultado del plan de Carlomagno de extender su poder al sur de los Pirineos. Sus pautas feudales de organización sociopolítica convergieron con las ambiciones de los nobles-guerreros y jerarcas eclesiásticos por extender sus dominios sobre campos y pastos en las comarcas septentrionales de la Península. El núcleo más sólido fue el surgido en las montañas asturianas, aunque en Gijón hubiese un destacamento bereber. Tras el choque de Covadonga, se afianzaron unos autoproclamados príncipes o reyes desde mediados el siglo VIII, con disputas dentro del grupo aristocrático. La información es legendaria hasta que, al cabo de un siglo, Alfonso II el Casto (791-842) fijó en Oviedo el gobierno de sus dominios que extendió a la zona norte de León y a partes de Galicia, atribuyéndose a su reinado el hallazgo y veneración de la tumba del apóstol Santiago el Mayor, inicio de la ruta jacobea conectada con Francia. Sus sucesores ampliaron su poder desde Tuy, en el oeste, hasta Amaya, al este, incluyendo Astorga y León. Más tarde, Alfonso III se enfrentó al emirato andalusí, apoyó a los mozárabes andalusíes y se hizo con Burgos y Zamora (893), lugar este que repobló y fortificó con mozárabes. Para afianzar tal expansión, su hijo García I fijó la sede en León (910), convirtiéndolo en reino de León. Al poco tiempo, en el 931, Fernán González hizo de Burgos la capital del condado de Castilla dentro del reino leonés.

Por su parte, Carlomagno se propuso desde fines del siglo VIII conquistar la zona sur de los Pirineos. Los vascones le cerraron el paso en Roncesvalles (778), tan mitificado, y estas comarcas pirenaicas siguieron con jefes autóctonos entre los que en 824 destacó Íñigo Arista, que organizó un señorío propio en Pamplona con apoyos del obispo de Pamplona y de sus parientes, los Banu Qasi, muladíes de Tudela. Creó relaciones con el reino asturiano y se mantuvo tributando al emirato andalusí. En el siglo X, Sancho Garcés I se declaró rey de Pamplona a cambio de seguir tributando al califa de Córdoba, sobrino, por lo demás, de su esposa, Toda Aznárez. Hasta inicios del siglo XI, no tuvo auténtica independencia, aunque a fines de ese siglo fue parte del reino de Aragón y solo a mitad del XII se hizo reino independiente de Navarra, tras dos siglos previos de asesinatos constantes entre los herederos al poder.

Carlomagno, sin embargo, pudo organizar la Marca Hispánica (795) creando los condados de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza en los Pirineos centrales, y los de Cerdaña, Rosellón, Gerona, Barcelona, más el obispado de Urgel, en los Pirineos orientales. Tras la fragmentación del Imperio carolingio, estos condados adquirieron una progresiva autonomía ante la monarquía de los francos y frente a los jerarcas eclesiásticos. Fue un proceso en torno a dos siglos. Aunque Wifredo el Velloso, designado por la monarquía franca conde de Barcelona, unió a los demás condados de los Pirineos orientales (878), esto fue temporal y solo en 987, un siglo más tarde, el conde Borrell II dejó de jurar su cargo ante el rey franco. Posteriormente esta fecha se valoraría como el inicio de la independencia, aunque eclesiásticamente siguió bajo el arzobispo de Narbona. En los Pirineos centrales, en 1035, el conde Ramiro, hijo del rey de Pamplona, se proclamó rey de Aragón, agregando Sobrarbe y Ribagorza, si bien con la tutela de Pamplona y de la taifa musulmana de Zaragoza.

Para comprender cómo las familias dominantes, fuesen cristianas o musulmanas, compartían intereses y herencias, basten unos datos bien reveladores de cómo se entrelazaban sin lindes religiosas. Luchaban por las herencias, no por la fe. Por ejemplo, Musa ibn Musa el Grande, gobernador de la Marca Superior de al-Ándalus (785-862), del clan de los citados Banu Qasi, era hermanastro de Iñigo Arista, primer rey de Pamplona, hijos ambos de Onneca, casada primero con un cristiano y luego con un musulmán. Posteriormente, una bisnieta de Iñigo Arista, Onneca Fortúnez, tuvo con el primogénito del emir de Córdoba varios hijos, uno de ellos padre del futuro Abderramán III; y, al volver a Pamplona, tuvo una hija con Aznar Sánchez. Esa hija, Toda Aznárez (876-958), por tanto, era tía del califa Abderramán III y logró gestionar que este reconociera como rey a su marido, García Sánchez I de Pamplona. Ambos se aliaron para devastar Castilla. Además, Toda casó a dos hijas con sucesivos reyes de León, a una tercera hija con Fernán González, primer conde de Castilla y a otra con el gobernador musulmán de Huesca. Ya octogenaria, Toda se desplazó a Córdoba para convencer al califa andalusí que apoyara a su nieto, Sancho el Craso, para ocupar la corona de León. En el viaje de regreso, su nieto se encaminó a León mientras Toda, a su paso por Castilla, saqueó y acumuló un buen botín. Tales eran las cuitas de los gobernantes: acumular riquezas y poder, no la defensa de una religión.

La Península entre taifas, imperios bereberes
y reinos cristianos (1031-1212)

Cronología
1031 | Fin del califato omeya. Al-Ándalus se descompone en un conjunto de reinos de taifas.
1063 | Inicio de las andanzas mercenarias del Cid Campeador. Iglesia románica de San Isidoro de León.
1065 | En el reparto del reino de León entre herederos, se crea el reino de Castilla.
1066 | Iglesia románica de San Martín de Frómista (Palencia).
1075 | Inicios de catedrales románicas en Santiago y Jaca.
1085 | Alfonso VI de León y Castilla se hace con la ciudad de Toledo.
1090 | Los almorávides, norteafricanos, derrotan a las taifas andalusíes y dominan hasta 1145.
1093 | Alfonso VI dota con el condado de Portugal a su yerno Enrique de Borgoña.
1110 | Hasta 1115, rebelión del burgo de Sahagún contra el señorío feudal del abad.
1116 | Rebelión urbana en Santiago contra los poderes del obispo y de los señores feudales.
1118 | Alfonso I de Aragón arrebata Zaragoza a los almorávides.
1126 | Los almorávides deportan mozárabes de Granada, Córdoba y Sevilla al norte de África.
1137 | Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, recibe el reino de Aragón por matrimonio.
1139 | Alfonso, hijo de Enrique de Borgoña, primer rey de Portugal.
1146 | Derrota de los almorávides por los almohades que se expanden por al-Ándalus y deciden expulsar a los judíos, muchos refugiados en León y Castilla.
1147 | Portugal conquista Lisboa (de la taifa de Badajoz).
1148 | Aragón, por iniciativa del condado de Barcelona, conquista las taifas de Tortosa y Lérida. Los almohades se hacen con el control de los territorios andalusíes.
1158 | Se organiza la Orden militar de Calatrava; posteriormente las de Santiago y Alcántara.
1171 | El Imperio almohade instala su capital en Sevilla: se inicia la edificación de la Giralda.
1212 | Los almohades son derrotados en Navas de Tolosa por una coalición militar de reinos cristianos.

La religión en guerra, y para excluir

Los gobernantes, cuando entran en guerras, suelen envolver las ambiciones de ampliar sus poderes y riquezas con argumentos estimados como superiores. En estos siglos se recurrió a la religión. Por un lado, las élites de los reinos cristianos, con sangrientas rivalidades internas, propagaron que su expansión solo era la reconquista para la fe cristiana de aquella Hispania católica de los visigodos. Por su parte, los andalusíes, divididos en taifas tras el colapso del califato por la fitna o guerra civil entre las familias poderosas, reclamaron la ayuda de unos imperios bereberes que, al rescate militar al-Ándalus, sumaron la implantación exclusiva de la fe islámica.

Fue una época de conflictos entre reinos y en todo momento feroces luchas por la corona en el seno de cada reino. Ahora bien, mientras las clases dirigentes de cristianos y musulmanes luchaban por unos recursos que aumentaban siglo a siglo, también se realizaban creaciones culturales de alto calibre como la consolidación de tres nuevas lenguas, con sus variantes y la conservación del euskera, o las extraordinarias construcciones románicas a lo largo del camino de Santiago. Simultáneamente, los reinos cristianos conquistaron sucesivos territorios hasta reducir al-Ándalus al reino nazarí de Granada. Se explicará lo más crucial de tales cambios.

En efecto, al finalizar el califato se disolvió el poder militar de al-Ándalus, pues los reinos de taifas, prósperos en economía y pletóricos en cultura, no dedicaron especiales energías a organizarse militarmente. Esto favoreció el avance de los poderes cristianos organizados en el norte. Las taifas se defendieron pagando a los reyes cristianos las parias o tributos en metales y objetos valiosos, o reclamando ayuda a los imperios norteafricanos, primero los almorávides a fines del siglo XI y luego los almohades desde la mitad del XII. Aunque derrotaron a los cristianos en ciertos momentos, no lograron ni unos ni otros la unidad de al-Ándalus. Entre las taifas destacaron las de Badajoz, Sevilla, Granada, Denia, Murcia, Valencia, Toledo y Zaragoza que mantuvieron el brillo cultural del califato, aun dependiendo del pago de parias o de la sumisión a almorávides y almohades.

En todo caso, la fragilidad militar de las taifas y sus divisiones internas facilitaron, por ejemplo, que el reino de Castilla se hiciera con la ciudad de Toledo sin necesidad de batallar (1085); el de Aragón lograse la capitulación de la taifa de Zaragoza, por el hambre de la capital asediada (1118); el nuevo reino de Portugal tomase Lisboa, esta vez de forma violenta (1147), y, en fin, el conde de Barcelona (ya rey de Aragón) conquistase Tortosa (1148) y Lérida (1149). Participaron otros reinos europeos en los asedios de Lisboa, Zaragoza o Tortosa, ante el reclamo de sucesivos papas que, desde mitad del siglo XII, lanzaron cruzadas cristianas contra el islam, porque no todas las conquistas fueron tan fáciles como la de Toledo.

Característica común a todos fue la omnipresencia del factor religioso. Surgieron las órdenes militares entre los cristianos, mientras el rigorismo islámico de los almorávides y almohades impuso la conversión o el exilio a los mozárabes y judíos en al-Ándalus, entre ellos al sabio Maimónides, finalmente instalado en Egipto. Respecto a las órdenes militares, integradas por monjes-soldados, implantadas en Portugal, Aragón y Castilla hay que destacar su peso militar y social, acaparando el señorío de extensos territorios que siguieron poseyendo hasta las desamortizaciones del siglo XIX.

Organización del dominio de tierras y campesinos

Hay que insistir en que las clases dirigentes de cristianos y musulmanes lucharon por ampliar sus riquezas agrarias y, pronto, también ganaderas y comerciales. Fue una época de expansión económica con nuevas roturaciones de tierras. En torno al 85 o 90% de la población vivía de la actividad agrícola, en aldeas que apenas llegaban a unos cientos de personas, con un comercio comarcal con los núcleos urbanos para surtir de cereales, carne, quesos, lana y pieles a la población restante de comerciantes, artesanos, criados, burócratas y eclesiásticos de aquellas sociedades. Hubo mejoras en las técnicas agrarias como la expansión de la rotación trienal de cultivos desde el siglo XII y un amplio uso de los molinos de agua y de viento y de la noria, más la propagación de las herrerías que facilitó construir mejores arados, con la modalidad de vertedera, extendiéndose las azadas manuales, rastrillos, hoces, trillos o las herraduras para los caballos. Además, en el caso de al-Ándalus la gestión del agua y el uso de la presa hidráulica permitieron una mejora del bienestar campesino. En todo caso, el nivel de vida de las clases populares siempre estuvo condicionado por unos altos índices de mortandad infantil, una esperanza de vida corta y el azar de las malas cosechas por circunstancias climáticas con el consiguiente deterioro de la alimentación y una más fácil propagación de las epidemias, sin olvidar la carga de pagar rentas y tributos por las guerras interminables.

En las sociedades cristianas, al ampliar sus territorios, los monarcas pudieron incrementar tanto sus riquezas como las de la nobleza y de la Iglesia. Implantaron el régimen señorial, con las pautas feudales de la extracción de rentas existentes en la Europa cristiana, y así se consolidaron tanto el poderío de la aristocracia nobiliaria como la preeminencia socioeconómica de las instituciones eclesiásticas. Se asumieron en este aspecto las formas de explotación desarrolladas por nobles y eclesiásticos desde la época de Carlomagno, cuando, al sumar los precedentes germánicos y romanos, sustituyeron el trabajo esclavo por la servidumbre y vincularon al campesino como vasallo adscrito a un dominio o señorío de un noble o de un jerarca eclesiástico. Los nobles laicos y las autoridades eclesiásticas ejercían su señorío sobre un determinado territorio, incluyendo campos y poblaciones. Controlaban, por tanto, los flujos de bienes mediante las rentas que imponían sin más criterio que sus ambiciones y con una diversidad de fórmulas jurídicas que enmarañaban a todos los que estaban bajo su jurisdicción.

En función del titular hubo tres tipos de señoríos: de realengo, cuyo titular era el rey; solariego, el asignado a los nobles, y eclesiástico cuando pertenecía a una orden religiosa, obispado u orden militar. Su titular tenía no la propiedad como hoy la pensamos, sino el mero et mixto imperio, esto es, el dominio directo, que implicaba derecho a cobrar rentas por administrar la justicia, nombrar jueces y alcaides, eran derechos jurisdiccionales; y también a cobrar rentas por trabajar en la tierra de ese dominio, los derechos territoriales. A esto se sumaba que los recaudadores eclesiásticos ingresaban en las arcas de la Iglesia el diezmo de toda la producción habida en el territorio, fuese realengo, solariego o eclesiástico. En todo caso, el dominio eminente y soberano pertenecía al rey que, en general, era el principal poseedor de bienes, esto es, primus inter pares, avalado por la voluntad divina representada por el papa y sus obispos. Conviene recordar este esquema para comprender la abolición de los señoríos, del diezmo y de las posesiones eclesiásticas en el siglo XIX.

Respecto a al-Ándalus, era una sociedad que se ha catalogado como tributaria puesto que las clases dominantes obtenían sus ingresos del cobro de los tributos recaudados, en principio, por el Estado, que los redistribuía entre el aparato político y administrativo y el estamento militar. A partir del siglo X, ya no hubo entre las clases dominantes distinción alguna en función de su origen (si árabes, bereberes o sirios, o incluso muladíes), todos exhibían con orgullo su condición de árabes y eran clases urbanas, con tendencia a mezclarse, sin prejuicios, con los grandes mercaderes y con las profesiones intelectuales. Hubo un momento inicial, entre los siglos IX y X, en época omeya, con cierto auge de la esclavitud en tareas domésticas y explotaciones de la aristocracia, procedente sobre todo de pueblos de la Europa central, pero terminó cuando esos pueblos fueron acristianados. En todo caso, dentro de las clases dominantes los citados muladíes, hispanovisigodos conversos, fueron activos hasta mediados del siglo X porque desafiaron la implantación del Estado tributario y defendieron su modelo de rentas feudales. Por lo demás, la gran mayoría de la sociedad estaba integrada por campesinos, más un destacable artesanado urbano en muy diversos oficios.

Se ha debatido y comparado el nivel de vida entre las sociedades cristianas y musulmanas. Con los datos existentes es difícil concluir al respecto porque, si bien el campesino de las alquerías andalusíes gozaba de un acomodo y un nivel de libertad mayor que el cristiano, asfixiado por señores feudales, no es fácil calibrar la diferencia entre ambos. El primero, al fin y al cabo, tenía que pagar fielmente los tributos establecidos para el Estado, fuese califal o de una taifa, mientras el cristiano satisfacía a señores laicos o eclesiásticos las rentas impuestas más el diezmo. Ni uno ni otro entregaban voluntariamente partes tan necesarias de su cosecha, por más que ambas religiones argumentasen que no era un expolio, sino la voluntad divina. Daba igual si iba para un conde, un abad o el gobernador de la kora; sencillamente se esquilmaba a la mayoría por la fuerza.

Además, la violencia estaba muy extendida en estas sociedades y, si no se tenían recursos para hacerle frente, se optaba por la huida, por el bandolerismo o por someterse a la protección de otro dueño o señor con garantías de supervivencia. Fue el mecanismo sobre el que se construyó la sociedad señorial o feudal en la que una minoría tuvo la capacidad de disponer de la fuerza para imponer a la mayoría de la población las condiciones de vida. Con el tiempo, estos señores (“malhechores feudales”) lograron la suficiente legitimidad social como para no tener que usar la violencia de modo explícito a cada momento. Su poder intimidaba y eso bastaba.

Por otra parte, fue la época en la que los altos aristócratas, la mediana nobleza urbana y la Iglesia lograron que las monarquías cristianas los incluyesen como corresponsables de las decisiones fiscales, y también para refrendar a sus herederos. Eran la cohorte y corte del monarca, palabras de las que etimológicamente procede la institución de las Cortes, pues eran, en efecto, el séquito del rey, nada que ver con la soberanía nacional que hoy significa tal vocablo. Es un anacronismo equipararlas. Se componían de tres brazos: los representantes de la aristocracia, los de la Iglesia y los de las ciudades con un derecho a voto concedido por el rey y que, a su vez, estaban gobernadas por la nobleza local. Actuaron al servicio de la corona y de los intereses estamentos, desde las convocadas en León (1188) y las que posteriormente se institucionalizaron en los distintos reinos, siempre convocadas y presididas por el rey.

Rebeliones urbanas antifeudales

El desarrollo de los burgos en la zona cristiana del camino de Santiago generó, a partir del siglo XII, nuevos grupos sociales (artesanos y mercaderes) que se enfrentaron al dominio de los señores feudales (obispos, abades, nobles) sobre las ciudades. Se produjeron amotinamientos urbanos para lograr el control municipal, eliminar los monopolios feudales y obtener fueros que garantizaran sus derechos. Baste recordar dos casos relevantes: los ocurridos en los burgos de Sahagún y Santiago en el siglo XII. Hubo rasgos comunes. En ambos casos, los comerciantes y artesanos lucharon por liberarse del abad del monasterio en Sahagún, y del obispo Gelmírez en Santiago. En ambos, los rebeldes aspiraban a controlar el poder político, en Sahagún para usar los pastos que el monasterio monopolizaba, y en Santiago para terminar con el despotismo del obispo. Aprovecharon la inestabilidad por las disputas a la herencia de la corona de Alfonso VI, se organizaron como hermandades, recurso solidario que les permitió en Sahagún saquear la abadía e imponer un nuevo abad, aunque hermano del rey de Aragón, mientras que en Santiago tomaron el poder municipal y nombraron nuevos cargos. En Sahagún conquistaron nuevos fueros con ciertos derechos políticos y económicos; en Santiago fueron derrotados sangrientamente por el obispo Gelmírez y la reina Urraca.

No sobra recordar algunos de los poderes que tenía el abad de Sahagún: el monopolio de tener horno en la villa, vender el vino de los monjes sin que “nadie ose vender el suyo”, que “nadie compre telas o tejidos, pescado fresco o manojos de quemar, mientras no lo hayan hecho antes los monjes” o que todo vecino, por tener vivienda, pagase “al abad un sueldo y tres dineros, no como precio de la tierra, sino como reconocimiento del señorío abacial”; y más aún, la mañería, uno de los malos usos señoriales que permitía al abad apropiarse de parte de los bienes de un vecino si había muerto sin descendencia.

Respecto al obispado de Santiago, se trataba del mayor poder económico de Galicia gracias a los diezmos y tributos que extraía a cuantos estaban bajo su jurisdicción, pues la peregrinación a la supuesta tumba del santo había convertido la ciudad en un núcleo comercial que generaba importantes riquezas controladas por el obispado. Por eso el obispo Gelmírez pudo impulsar la construcción de la catedral, un foco de atracción internacional de artistas y de cultura, sin duda. Actuó como el señor de Galicia, fijó peajes y precios para la estancia y regreso de los peregrinos, arregló los puertos para fomentar la peregrinación por mar y hasta financió a la corona.

En este contexto de luchas por el dominio de tierras y poblaciones, surgieron reinos por el reparto de la herencia, como el de Galicia, al dividir Alfonso III sus dominios, o luego el de Portugal, con similar criterio. En ese contexto el conde de Castilla, vasallo del rey de León, se declaró reino independiente en 1065, pero durante siglo y medio estuvieron en continuo baile de unión y desunión ambos reinos, según se decidiera repartir de un modo u otro la herencia, hasta que, en 1230, Fernando III heredó ambas coronas. Semejantes luchas por la herencia fueron el contexto de las andanzas de Rodrigo Díaz de Vivar, el mítico Cid Campeador (1048-1099), que simplemente acaudilló una tropa mercenaria al servicio tanto de reyes cristianos como musulmanes. Sus belicosos trasiegos se hicieron leyenda sobre todo por la epopeya anónima, El Cantar de mio Cid (1200), notable poema de la lengua castellana cuya apología del personaje serviría para convertirlo posteriormente en la encarnación del carácter español.

La expansión de los reinos cristianos
con mengua de al-Ándalus (1212-1474)

Cronología
1220 | Inicio en esta década de catedrales góticas en Ávila, Burgos, León, Toledo, Segovia.�
1229 | Jaime I de Aragón, por impulso del condado de Barcelona, conquista Mallorca.
1230 | Fernando III hereda y une los reinos de Castilla y León.
1238 | Jaime I de Aragón conquista la taifa de Valencia.
1248 | Fernando III de Castilla, tras las taifas de Jaén y Córdoba, conquista la de Sevilla y crea hermandades contra el bandolerismo, los golfines de La Mancha. En Cataluña se crea el somatén contra los bandoleros y en Navarra el orde.
1262 | Esplendor de la lírica galaico-portuguesa.
1266 | Jaime I de Aragón conquista Murcia pactando con Alfonso X su anexión a Castilla.
1273 | Organización del Concejo de la Mesta, con privilegios de pastos y caminos.
1282 | Aragón, por impulso del condado de Barcelona, conquista Sicilia.
1319 | Jaime II de Aragón decreta la unión de reinos, inseparables para futuros herederos.
1347 | Guerra de la Unión en Aragón: los nobles y ciudades contra los crecientes impuestos del rey para las guerras.
1348 | Entrada de la pandemia de peste negra en la Península.
1350 | Rebelión de la aristocracia y los jerarcas eclesiásticos contra Pedro I de Castilla.
1369 | Asesinato de Pedro I por su hermanastro Enrique II: triunfo de la aristocracia. Ley de Enrique II contra el bandolerismo en caminos sobre todo de La Mancha.
1391 | Pogromo o matanza de miles de judíos en los reinos Castilla, Aragón y Navarra.
1412 | Compromiso de Caspe: la corona de Aragón para Fernando de Antequera. Se restringen las condiciones de los judíos y comienza la cuestión de los conversos y mudéjares.
1425 | Alfonso V de Aragón autoriza moverse por el reino a Juan de Egipto con su pueblo gitano.
1442 | Herejes de Durango con mensaje cristiano alternativo. Alfonso V de Aragón conquista Nápoles.
1449 | Revuelta anticonversos en Toledo. Medidas contra los judíos y hostigamiento a los nuevos cristianos o conversos.
1450 | Revolta Forana en Mallorca, contra los tributos para la corona.
1459 | Muere Ausiàs March, poeta del amor en catalán.
1460 | Joanot Martorell publica Tirant lo Blanch.
1462 | Guerra civil o guerra remensa en Cataluña hasta 1472 contra los señores feudales.
1465 | Hermandad General de Concejos de León y Castilla contra los poderes señoriales.
1467 | Guerra Irmandiña en Galicia contra la nobleza feudal, hasta 1469.
1472 | Impresión en Segovia del primer libro en tierras hispanas, en latín.
1473 | Santa Hermandad, pagada por municipios, contra el bandolerismo en Castilla, también en Aragón medidas para proteger los caminos.
1474 | En Valencia, el primer libro impreso en catalán.

Despliegue y organización feudal de los reinos cristianos

De este período destacan tres hechos. El primero, el cambio en el dominio peninsular ya que tres reinos cristianos, Portugal, Castilla y Aragón, minúsculos hasta el siglo XI, prácticamente cuadruplicaron su extensión y redujeron, por tanto, el poder andalusí a la geografía del reino nazarí de Granada. Fue el momento en que se consolidó Portugal, cuando Alfonso Henríquez, titular del condado Portucalense dentro del reino de León, se tituló rey en 1139, conquistó Lisboa y logró para él y sus descendientes el reconocimiento del papa de Roma como reino independiente (1179). Sus sucesores ampliaron sus dominios hasta conquistar Faro (1249) y estabilizaron sus fronteras con Castilla, ratificadas en 1297.

Por su parte, el rey de Castilla, Fernando III el Santo, tras heredar y fusionar el reino de León (1230), conquistó las taifas de Córdoba (1236) Jaén (1246) y Sevilla (1248), ampliando su hijo Alfonso X el dominio castellano hasta Cádiz (1262), por un lado, y la taifa de Murcia (1266), por otro. En paralelo, el rey de Aragón, Jaime I el Conquistador, amplió sus dominios conquistando la Mallorca musulmana, saqueando y pasando a cuchillo a su población, o esclavizándola, (1229-1231), para, de inmediato, adueñarse de la tercera taifa de Valencia (1238) contando con la ayuda del anterior gobernante almohade. Un siglo antes, Ramiro II de Aragón, ante las luchas intestinas por su herencia al no tener hijos varones, había decidido “donar” al conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV, a su hija Petronila, de dos años de edad, “por mujer, con todo su reino aragonés íntegro” (1137). Ahí comenzó una andadura política en la que el condado de Barcelona y el reino de Aragón conservaron sus respectivas instituciones, sin ser absorbido uno por otro, como fueron los casos de caso de Galicia y Asturias asimilados por León, y luego León por Castilla.

Esta multiplicación de dominios cristianos generó un segundo hecho destacable. Que, para obtener rentas inmediatas de las nuevas tierras, no expulsaron a la población autóctona. De este modo, los campesinos y artesanos musulmanes pasaron a ser habitantes de los reinos cristianos. Se les llamó mudéjares, mantuvieron su fe islámica y una autonomía organizativa, segregados en morerías o aljamas, aunque en las Baleares fueron esclavizados. Además, las comunidades judías existentes en los reinos cristianos se vieron incrementadas al incorporarse las de las tierras conquistadas. Eran judíos arabizados, ampliaron su peso en oficios artesanales (orfebres, sederos, tejedores, sastres…) y, gracias a su dominio del árabe, ejercieron de intérpretes (trujamanes) tanto en el comercio como en las actividades culturales de reyes y eclesiásticos cristianos. También expandieron su actividad de prestamistas, pues tanto musulmanes como cristianos tenían prohibida la usura.

El tercer hecho importante en este período fue la extensión del sistema de señoríos, previamente desarrollado desde el siglo X en los distintos reinos, ya hemos hablado de él en páginas anteriores. Se implantó en la práctica totalidad de las monarquías de Castilla y Aragón cuyos reyes repartieron los territorios conquistados entre nobles, órdenes militares y jerarquías clericales. Persistió hasta el siglo XIX.

Por último, tales dominios cristianos redujeron la población andalusí a la del sultanato de Granada, organizado por la dinastía nazarí (1238) que acogió a los mudéjares insatisfechos y rebeldes de tierras de Sevilla y Murcia. Se mantuvo como aliado de Castilla primero y luego tributario, lo que no fue obstáculo para que fuesen constantes las guerras fronterizas entre Castilla y Granada durante más de dos siglos y medio. Pudo pagar ese vasallaje gracias a la prosperidad y diversificación agrícola de sus vegas y hoyas, la ganadería, la minería y el espléndido textil de seda, fortalecidos tales sectores por su dinamismo comercial entre Europa y el norte de África. Se relatará en el capítulo siguiente cómo, a pesar de las luchas intestinas por el poder, tuvo fuerza militar suficiente para rechazar durante 10 años el acoso de conquista desplegado por el reino de Castilla.

Crisis demográficas y modos de vida

Hasta que hubo censos, en el siglo XIX, las cifras de población son muy discutibles y aproximativas. A inicios del siglo XIV, pudieron ser unos cinco millones y medio los habitantes de la Península, incluyendo Portugal, y sobre el impacto de la peste negra se duda si hubo una catástrofe. Eran sociedades en las que la muerte estaba omnipresente, por hambre, infecciones, epidemias y por violencia, con una mortandad infantil muy elevada por mala alimentación de la madre y falta de higiene, y numerosas muertes de madres en el parto. En el caso de la pandemia ocurrida entre 1347 y 1352, se espantó toda Europa por su rápida propagación y por desconocer su causa (se sabría en el siglo XIX). Generó dantescas incriminaciones predicando un castigo divino, que, entre otros factores, provocaron oleadas antijudías.

Sin duda, la pandemia y sus pánicos llegaron a la península ibérica, pero la documentación existente y la organización precapitalista de aquellas sociedades no permiten asegurar que se produjera una brusca quiebra demográfica. Hay noticias de campos yermos y bajada de rentas entre los hidalgos de Castilla, por ejemplo, y, en contrapartida, constan datos de crecimiento económico en Cataluña, Valencia y Mallorca, así como las repoblaciones en la Bética o en el País Vasco y, por ejemplo, el auge ininterrumpido de Valladolid en los siglos XIV y XV, o la expansión desde 1350 del viñedo en Galicia o Navarra, un cultivo sobre todo comercial. En suma, en 1492, la población había crecido, se calculan seis millones para toda la Península, de los que cuatro millones y medio vivían en la corona de Castilla.

Mapa 4. LA PENÍNSULA Y LOS ARCHIPIÉLAGOS EN LOS INICIOS DEL SIGLO XV

Fuente: Elaboración propia.

Respecto a sus modos de vida, procede subrayar que, en estas sociedades, musulmanas o cristianas, la norma era masculina, pues las mujeres ni siquiera eran personas jurídicas, aunque pudieran ser herederas en ciertos casos. El arado era para los hombres mientras que la reproducción (embarazo y crianza), la responsabilidad del hogar en alimentación y los cuidados de la familia eran para las mujeres, quienes, además, realizaban tareas de granja y agrícolas más obras artesanales. Todas consideradas como obligación natural, propias del espacio doméstico, sin que en ningún caso gozaran del reconocimiento de ser decisivas.

En el espacio público eran los varones los responsables de las agendas laborales y del poder político, sumando su condición de guerreros en una sociedad tan plagada de violencias. Por supuesto, la patente del disfrute sexual pertenecía exclusivamente al varón. Solo pudieron destacar las reinas y mujeres de la aristocracia, con límites estrictos, gobernando casi siempre como viudas y regentes de hijos menores. Paradójicamente la posibilidad de un espacio propio se desarrolló en los conventos femeninos donde pudieron sortear los corsés del patriarcado a cambio de una vida segregada del varón cuya presencia, sin embargo, persistía en la figura del sacerdote que monopolizaba la administración de los sacramentos.

Los desastres de las guerras civiles
entre las clases dominantes

Para entender la fragilidad demográfica de estos siglos hay que considerar las continuas luchas intestinas entre las distintas aristocracias que, en cada reino, se enfrentaron para ampliar sus dominios y privilegios. Fueron una auténtica plaga, tan mortífera como una epidemia, ya que cada guerra civil aumentaba las muertes, sobre todo por las heridas infectadas, destrozaba los campos y las cosechas con la táctica de tierra quemada, destruía las viviendas y suponía una escalada de tributos para sostener los ejércitos. Tantos desastres en la vida cotidiana estimulaban el bandolerismo, una salida social del campesino desheredado y expoliado que también se convirtió en factor de inseguridad persistente en todos los reinos.

En concreto, en la corona de Aragón, una política de expansión por el Mediterráneo, impulsada por la nobleza catalana, exigió importantes costes de mercenarios, los famosos almogávares, mayores impuestos, destrucciones y matanzas. Así se conquistó Sicilia (1282), más tarde Jaime II, tras decretar la unión de reinos, en 1319, para evitar su desmembración entre herederos, incorporó Cerdeña (1323) y Córcega (1324) y sería en el siglo XV cuando Alfonso V el Magnánimo conquistase Nápoles (1442). Entre tanto, se había desencadenado, en 1347, la guerra de la Unión, cuando Uniò de València, formada por el patriciado urbano, se opuso a los tributos impuestos para las conquistas mediterráneas. No lograron la unidad con otras poblaciones y fueron reprimidos duramente. También la Unión Aragonesa, constituida por nobles desde el siglo XIII, se opuso a las nuevas exigencias tributarias y por encontrarse marginada en las conquistas mediterráneas ante los catalanes. Derrotados también con sangre, los nobles mantuvieron, sin embargo, sus privilegios y fueros.

En Castilla, cuando Pedro I (1350-1369), ejerciendo el dominio eminente de la corona, quiso revisar los abusos de la aristocracia señorial y de las jerarquías eclesiásticas, estas se rebelaron asolando campos y poblados. El rey eliminó a los más destacados, lo catalogaron como el Cruel, pero esos aristócratas encontraron en el hermanastro del rey la persona idónea para matarlo. Lo entronizaron como Enrique II y lo calificaron como el de las Mercedes (1369-1379), porque transfirió como regalos (mercedes) a los nobles tantos señoríos de realengo y behetrías, con campesinos incluidos, que entonces cimentó el poder de las grandes dinastías de la nobleza castellana.

Por otra parte, el asesinato de Pedro I provocó la guerra entre los reyes de Portugal, Aragón, Navarra y el duque de Lancaster, por considerarse todos con más derechos al trono de Castilla, puesto que el citado Enrique II era bastardo del rey Alfonso XI. En 1372 y en 1381, hubo nuevas guerras, llamadas guerras fernandinas, para hacerse con la corona de Castilla. En definitiva, las familias reinantes estaban emparentadas entre sí, también con las europeas. Carlos II de Navarra, por ejemplo, organizó costosas expediciones militares exigiendo la herencia del reino de Francia (1353 y 1357). Fruto de estas guerras civiles entre familias, agudizadas en el siglo XV, fue el poder logrado por la familia Trastámara, primero en Castilla entronizando al citado Enrique II, luego con Fernando de Antequera, rey de Aragón por el Compromiso de Caspe (1412), y culminó cuando dos Trastámaras, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, se casaron en 1469, con su correspondiente guerra contra la sobrina de Isabel.

También fueron muy graves las guerras civiles desencadenadas en Cataluña y Navarra. La catalana es considerada una rebelión moderna por el cruce de objetivos sociopolíticos (1462-1472). Por un lado, la Biga, partido de la oligarquía nobiliaria, contra la Busca, apoyado por las clases populares de Barcelona, que lucharon por control municipal; por otra parte, los nobles con dominios señoriales contra los campesinos de remensa. Y, en general, los partidarios del poder determinante y creciente de la corona frente a los defensores de pactar las decisiones del rey a tenor de los intereses de cada territorio o grupo social, exigencia clasificada como pactismo. En Navarra, la guerra comenzó en 1451 por la herencia al trono entre dos castas aristocráticas, la de los beamonteses, llamados así por contar con apoyos en sus posesiones en las comarcas montañosas, y otra, la de los agramonteses, basados en las merindades de la llanura. No terminó el conflicto hasta 1512 al ser anexionada por las tropas de Castilla. Entre tanto y de igual modo, en tierras de Vizcaya y Guipúzcoa, las luchas nobiliarias por los límites de sus dominios no tuvieron tregua.

Pujanza cultural en los siglos XIV y XV

El cúmulo de conflictos descritos, que también se dieron en el reino de Granada, tributario de Castilla, no impidió que en estos siglos se desarrollase en toda la Península un crecimiento económico indudable, más una extraordinaria eclosión cultural. Por ejemplo, en León y Castilla se organizó una poderosa asociación de ganaderos, el Concejo de la Mesta, a la que el rey Alfonso X había otorgado importantes privilegios como el derecho de paso y pastoreo. Aumentó en general la explotación de minerales y también las salineras, pues la sal era condimento básico y crucial para las salazones. En el comercio se desarrolló la contabilidad y se crearon entidades de crédito y préstamo, para lo que fueron decisivas las ferias y mercados.

En el ámbito cultural, los monumentos arquitectónicos son ejemplos rotundos de la enorme inversión en fuerza de trabajo altamente cualificado, con soberbias aportaciones estéticas en imaginería, vidrieras, orfebrería o alicatado que, aunque anónimas, durante décadas y décadas hicieron de cada población un hervidero de belleza e ingenio. Así lo testimonian los palacios nazaríes de la Alhambra, las catedrales del gótico, iniciadas en el siglo XIII (Vitoria, El Burgo de Osma, Burgos, León, Toledo, Barcelona, Palma de Mallorca, Palencia…) y Santa María del Mar (Barcelona) o los edificios civiles de Valencia y Barcelona (Atarazanas, Lonjas y Palacios).

En este aspecto se produjo desde el siglo XII la arquitectura original mudéjar cuyos alarifes usaron un ladrillo más ligero que el romano y la madera y el yeso como decorativos, pues el yeso había llegado de la mano de los musulmanes, generalizado durante el califato de Córdoba. La madera se usaba en las techumbres con motivos geométricos y la cerámica en suelos y zócalos. Ejemplos de su excelencia creativa son la Puerta del Sol en Toledo, la catedral de Teruel, los Reales Alcázares de Sevilla o las sinagogas de Toledo y Córdoba.

Por otra parte, surgieron los centros de estudio considerados como primeras universidades, bajo auspicios eclesiásticos, en Palencia (1212), Salamanca (1218), Alcalá de Henares (1293) y Lérida (1300). Sobre todo, fue el momento de la consolidación de las lenguas romances como lenguas cultas, pues hasta la mitad del siglo XIII habían sido mayormente el latín, el árabe y el hebreo. Sería prolija la enumeración de obras literarias y de no ficción (jurídicas, históricas, científicas), baste recordar algunas con categoría de clásicas de la lengua castellana como el Libro de buen amor del Arcipreste de Hita (1330), las Coplas por la muerte de su padre de Jorge Manrique (1476), o el conjunto de poemas recogidos como Romancero viejo, publicado desde el siglo XV.

En la lengua catalana, en un principio solapada con el occitano en las obras de los trovadores, destacaron autores como el intelectual Ramon Llull (1232-1316), el poeta Ausiàs March (1400-1459) y el novelista de caballerías Joanot Martorell (1410-1465). Se habla de un Siglo de Oro de la lengua catalana. En galaico-portugués, hubo una rica producción de cantigas, en parte recogidas por el Alfonso X, y obras en prosa sobre todo de vida de santos. La literatura en euskera fue ante todo oral, anónima, de baladas amorosas, elegías y refranes impresos en siglos posteriores. Del árabe es justo recordar al polígrafo Ibn al-Jatib (1313-1374), con algunos de sus poemas decorando la Alhambra; y en hebreo bíblico destacó, junto con otra amplia nómina de intelectuales, la rica producción poética, distinguiéndose en plena oleada antijudaica las invectivas satíricas de Selomoh ben Reuben Bonafed.

Rebeliones campesinas y movilizaciones antifeudales

Desde los siglos medievales hasta entrado el siglo XIX, fueron constantes las revueltas e incluso luchas abiertas contra la coerción ejercida por la clase señorial (laicos y eclesiásticos) sobre la población campesina y urbana. Esta coerción, catalogable como feudal, se traducía en que la corona, la aristocracia señorial y los poderes eclesiásticos imponían su voluntad en nombre de unos privilegios heredados por derecho divino. Controlaban, en consecuencia, tierras, molinos, pesca, salinas, bosques, pastos y otros medios de producción, además del comercio y los intercambios con aduanas y peajes. Los llamados malos usos no eran ni más ni menos que el derecho del señor a maltratar a las personas bajo su jurisdicción o servidumbre, en latín se decía el ius maletractandi que se extendió entre los siglos IX al XIII desde la Marca Hispánica hasta Galicia y hasta la frontera con al-Ándalus. Los señores llamaban banalidades, por ejemplo, al “privilegio de corral” que permitía al señor arrebatar al campesino gallinas, cabras y cuanto ganado tuviera. Comenzaron a ser considerados abusivos desde los siglos XIV y XV.

La resistencia campesina, compartida por mujeres y hombres, se manifestó de diversas formas. La individual de huida y sabotaje fue constante, como el bandolerismo, una plaga social en todos los reinos, en sus regiones montañosas y en rutas comerciales como las que atravesaban La Mancha. Fue colectiva y también persistente la fórmula de pleitear, un camino largo y costoso contra los malos usos señoriales de unas tierras comunales cuyos pastos y maderas completaban la frágil economía familiar; o por el uso de los molinos y hornos, tan necesarios para moler y fabricar pan, alimento insustituible. Como recurso colectivo último estuvieron las rebeliones, que no lograron abolir el poder feudal, aunque obtuvieron algunas concesiones y siempre una cruenta represión. En concreto, en los siglos XIV y XV irrumpieron con fuerza estas rebeliones con dos tácticas: organizándose en hermandades de concejos, interclasistas, en las ciudades y pueblos, a veces apoyadas por la corona, para frenar las ambiciones de las aristocracias locales y alcanzar más autonomía municipal; o amotinándose contra las cargas feudales, exigiendo mejores condiciones de vida y, en algunos casos, el acceso a la propiedad de la tierra.

Las Hermandades de concejos reivindicaron la autonomía de dichos concejos municipales, una exigencia que amasó frustraciones hasta desembocar en la guerra de las Comunidades de Castilla en 1520. Pionera fue la Irmandade Fusquenlla (1431-1435), creada en las poblaciones del señorío de Nuno Freire de Andrade, llamado O Mao, por su crueldad. Liderados por Roi Xordo, los irmandiños se extendieron por zonas de los obispados de Lugo, Mondoñedo y Santiago. Fueron derrotados con una brutal represión. Luego hubo más en Betanzos-La Coruña (1455-1459), en Guipúzcoa para derribar las fortalezas de los “malhechores feudales”, y, en 1465, se organizó la robusta Hermandad General de los reinos de Castilla y León, a la que se sumó la Irmandade Galega en 1467 en una segunda rebelión irmandiña, auténtica guerra de ayuntamientos de toda Galicia (1467-1469) contra una nobleza que, desde sus castillos y fortalezas, ampliaba sus riquezas robando cosechas y ganado, violando a las mujeres en tales actos de pillaje.

En este caso, los irmandiños dieron prioridad al control de la administración de la justicia, expulsando la arbitrariedad de los señores. Con tal fin, se organizaron de forma asamblearia, con la participación de campesinos y habitantes de las ciudades, con líderes bien curtidos, especialmente Alonso Lanzós, un hidalgo con ideas de reforma social, y realizaron acciones contundentes: eliminaron la jurisdicción señorial e implantaron una justicia popular durante dos años y derribaron 130 fortalezas de la nobleza. Fueron derrotados por un ejército con modernos arcabuces, financiado por los nobles, el arzobispo Fonseca y los reyes de Castilla y Portugal. La represión fue brutal y los prisioneros tuvieron que reconstruir las fortalezas destruidas. La huella de la Irmandade, en su búsqueda de justicia social, quedó imborrable en la historia de Galicia.

Sin embargo, los remensas, payeses que, en Cataluña, tenían que pagar un rescate o remensa para romper su atadura e irse del señorío, lograron una victoria parcial al abolirse tal abuso y convertirse en enfiteutas, esto es, labradores con derecho a cultivar la tierra de por vida y heredable. A cambio indemnizarían a la Generalitat y a los señores por los daños, manteniendo el vasallaje al señor, tal fue la sentencia arbitral de Guadalupe (1486) que, a la postre, mantuvo el poder señorial con sus privilegios y rentas, avaladas además por la corona, en este momento ocupada por Fernando el Católico. Habían logrado desde 1462 una organización eficaz que agrupó unos 20.000 hogares, casi una cuarta parte de la población de Cataluña, contaron con juristas experimentados, pero hubo dos grupos con distintos objetivos: los labradores acomodados, aspirando a la libertad personal aboliendo los malos usos, sin desaparecer el señorío; y los payeses de menos recursos, que aspiraban a convertirse en propietarios de la tierra. Estos, partidarios de la lucha armada, fueron derrotados en 1485 con la ejecución de su líder, Pere Joan Sala.

La Revolta Forana, en Mallorca, entre 1450 y 1453, se produjo por la diferente tributación entre la capital y la Part Forana, cuando las propiedades agrarias fueron adquiridas por habitantes de la ciudad. Fracasó el intento negociador con la corona y se llegó a la guerra de Forans y artesanos de la ciudad contra patricios y comerciantes urbanos. Alfonso V el Magnánimo, instalado en Nápoles, envió a los saccomani, sus mercenarios, que derrotaron a los rebeldes, ejecutaron a los jefes e impuso multas asfixiantes a la población implicada.

Conflictividad por factores religiosos:
el antijudaísmo cristiano

Junto a los movimientos de carácter socioeconómico, hubo otros de carácter religioso. A este respecto, es importante subrayar que no hubo convivencia pacífica entre las tres culturas, ni en al-Ándalus ni en los reinos cristianos. No hubo igualdad ante la ley; al contrario, en al-Ándalus se castigaba con impuestos a judíos y cristianos por conservar su fe; y lo mismo hicieron los reinos cristianos con sus súbditos judíos y musulmanes. Por otra parte, dentro del orbe cristiano siempre hubo disidencias sociales que se acogieron a justificaciones evangélicas y teológicas y que durante los siglos XIV y XV adquirieron especial fuerza en toda Europa. Fueron movimientos herético-sociales con proclamas de igualdad cristiana y un rotundo rechazo de los lujos y abusos de las jerarquías eclesiásticas.

Esta tendencia se manifestó en la Península en el caso de los herejes del Duranguesado (1442-1445). Liderados por franciscanos, reclamaron tanto la reforma de las jerarquías eclesiásticas como la igualdad social, defendieron la pobreza y compartir riquezas y mujeres, quizás un envite patriarcal, junto a propuestas teológicas sobre el valor de los sacramentos, exigiendo una libre lectura de la Biblia. Les siguieron campesinos, artesanos, comerciantes e incluso nobles y eclesiásticos. Alcanzaron tal impacto que el rey y las autoridades eclesiásticas condenaron a muerte a más de 100 herejes, lo que no impidió que se mantuvieran los adeptos durante décadas.

Distintas fueron las motivaciones de las revueltas mudéjares producidas desde el siglo XIII. En 1264, estallaron en los reinos de Sevilla y Murcia contra la opresión fiscal, contaron con la ayuda militar de los reinos musulmanes de Granada y del norte de África lo que supuso la respuesta conjunta de los reyes de Castilla y Aragón. Fue sofocada en Andalucía por Alfonso X con tal saña que un alto porcentaje de mudéjares tuvo que exiliarse a los reinos musulmanes. Sin embargo, en Murcia lograron dominar casi todo el reino con el apoyo del rey de Granada, pero Jaime I de Aragón, suegro del rey castellano Alfonso X, avalado por el papa, que le autorizó a cobrar el diezmo por tres años para financiar la guerra, tras asediar la capital, los derrotó y entregó a las autoridades castellanas y repartió la ciudad entre nuevos pobladores cristianos. De los mudéjares, unos se exiliaron, otros fueron desterrados por Castilla y los que permanecieron fueron segregados en un barrio de la ciudad con un muro, bajo la tutela del rey de moros de Arrixaca.

Entre tanto, en Aragón, aunque también hubo amotinamientos de las comunidades mudéjares, estas no sufrieron una merma demográfica significativa. La más importante fue la ocurrida en 1276, sobre todo en el reino de Valencia contra los nuevos tributos, que contó con apoyo del reino nazarí y que, tras la represión, no afectó a su continuidad, aunque Jaime I recomendase en su testamento al heredero que expulsara a los musulmanes de Valencia. Posteriormente hubo otra gran revuelta tras la conquista de Granada, cuando, en 1502, los Reyes Católicos impusieron el bautismo forzoso a los musulmanes, convirtiéndolos en moriscos.

Especialmente violentos fueron los actos de antijudaísmo, un sentimiento muy arraigado en la cultura cristiana, que durante siglos venía acusando a los judíos de ser culpables de la crucifixión de Jesucristo. Esta mentalidad promovió los pogromos (adaptación de “matanza con pillaje”, en ruso). Los judíos, mayormente instalados en ciudades, en bastantes casos organizados en aljamas, fueron presionados por el clero, aunque dependían, tras la conquista cristiana, directamente de la voluntad de los reyes que los usaron como médicos, comerciantes y, sobre todo, para financiar sus guerras y gastos. Se contabilizan 71 aljamas en la corona de Castilla en el siglo XIV, lo que permite calcular unos 200.000 judíos, más otros 60.000 en la corona de Aragón

Los predicadores cristianos los culpabilizaron de las epidemias, malas cosechas y hambrunas. También la nobleza, endeudada en bastantes momentos con prestamistas judíos, fomentaban la inquina social contra el usurero. Ya antes de la peste negra hubo una matanza de judíos en Estella (Navarra) en 1328 y, tras la pandemia, en poblaciones de Cataluña y Castilla entre 1366 y 1369, asesinatos todos tolerados por los reyes. El pogromo más grave ocurrió en 1391, comenzó en Sevilla, azuzado por el clero, se exterminó prácticamente a todos y esa masacre de judíos se extendió por los reinos de Castilla, Navarra y Aragón. Fueron miles, el pánico provocó el exilio de muchos y la conversión de otros tantos. Se cumplió la prédica de san Vicente Ferrer: bautismo o muerte. Quienes sobrevivieron perdieron en Castilla su autonomía organizativa en aljamas, lo que se aplicó también a las morerías. Se les prohibió trabajar como almojarifes (tesoreros), cambistas y arrendadores, también de albéitares, herradores, carpinteros, pellejeros, etc. Más aún, se les obligó, por inspiración del clero, a usar capirotes y ropas con marcas bermejas, también a dejarse crecer la barba y el cabello.

Con tan duras condiciones de vida se calcula que dos de cada tres judíos se convirtieron, lo que produjo un fenómeno de desconfianza hacia estos llamados cristianos nuevos, porque continuaron lógicamente con sus actividades comerciales y financieras. Se sospechó de la sinceridad de su conversión, se les persiguió como falsos cristianos y se asaltaron sus domicilios y negocios, táctica de escrache iniciada en Toledo (1449) y extendida desde 1473 por diversas ciudades de Andalucía y Castilla. Comenzaron a ser excluidos de todo cargo público, se les exigió a sus herederos demostrar limpieza de sangre; esto es, que descendían de cristianos viejos para acceder a un cargo o entrar en una orden religiosa. Se les prohibiría emigrar a América, para no contaminarla de sangre judía. Tales exigencias de limpieza de sangre solo se eliminaron en 1813 por las Cortes de Cádiz, al abolir la Inquisición.

Balance

En estos ocho siglos de historia no existen raíces de nación alguna, sino, por el contrario, caudalosas realidades sociopolíticas y culturales en nada parecidas a lo que hoy se entiende por nación. Estuvieron plagados de impetuosos conflictos y ambiciones en los que nunca hubo proyectos de organización nacional. Se enfatiza, por tanto, la diversidad y el pluralismo de aquellas sociedades, desde la organización árabo-islámica de al-Ándalus hasta el desarrollo feudal de los reinos cristianos. Se exploran los afanes y luchas de las clases populares y las incesantes guerras entre las clases dirigentes andalusíes y cristianas por el poder y por las riquezas agrarias. En los reinos cristianos se implantó un régimen de señoríos cuyos poderes feudales persistieron hasta la revolución liberal del siglo XIX. Igualmente se valoran la riqueza cultural de al-Ándalus, con sus soberbios monumentos y sus aportes en agricultura, filosofía y ciencias, así como la creación de las lenguas romances en los reinos cristianos, su admirable pujanza y la magnitud de otras producciones culturales. Respecto a las mujeres son muy limitados los datos en unas sociedades cuyas pautas masculinas se reforzaron con las religiones musulmana y cristiana. Religiones cuya convivencia, junto con la judaica, no permite sostener el mito de la convivencia de las tres culturas; hubo segregación y, a la postre, la violencia marcó sus trayectorias.

Capítulo 4

La Edad Moderna (1). De la suma de reinos
a la Monarquía hispánica y católica (1474-1659)

La llamada Edad Moderna de la historia de Europa, y de España, transcurrió entre fines del siglo XV y finales del XVIII. Se explicará en dos capítulos, y en este primero se expone el tiempo que va del reinado de los Reyes Católicos a la paz de Westfalia (1648) y el tratado de los Pirineos (1659). Casi dos siglos en los que se inició la primera ola, embrionaria, de lo que posteriormente sería una economía-mundo porque, en efecto, los viajes de exploración comercial financiados desde fines del siglo XV por las coronas de Portugal y Castilla —Colón y Magallanes incluidos— dieron paso, en el siglo XVI, a dos imperios ibéricos cuyas naves surcaron todos los océanos. Llegaron hasta el Extremo Oriente los reales de a ocho de Castilla, acuñados en América con la plata de sus minas, a cambio de especias, porcelanas, sedas o perlas. Los conocimientos técnicos se propagaron, sobre todo los de navegación, y las armas de fuego y la artillería. Entró la rueda en América junto con los bovinos y equinos euroasiáticos, más tarde el café, mientras se extendían en España, y en el resto de Europa, la patata, el maíz, el chocolate, el tomate y el pavo americanos. Además, el tráfico de africanos esclavizados se convirtió en fuente de acumulación de capital para los europeos, mientras su captura destrozaba la demografía de África y transformaba la de América.

En lo político, se afianzó progresivamente la idea del Estado como el centro superior del poder con necesidad de imponer su fiscalidad, su justicia y el monopolio de la violencia mediante el ejército. Un Estado dirigido por monarcas cuyas prácticas absolutistas contaban con la venia divina en el orbe católico, mientras que en los países protestantes se extendían las ideas del pacto social. Además, el humanismo crítico y antidogmático del Renacimiento abrió un lento y proceloso camino hasta situar la duda racional y el empirismo científico en la base del conocimiento humano; e incluso sacó a los artistas del anonimato y elevó su estatus social. Más decisivo aún, los luteranos y calvinistas reformaron el cristianismo, anularon las jerarquías católicas y cada persona pudo interpretar la Biblia sin intermediarios lo que, entre otras consecuencias, permitió defender la igual inteligencia de ambos sexos, criaturas todas de Dios. Sin alterarse el poder patriarcal.

Los cambios se fraguaron con lentitud y estuvieron marcados por los intereses de las distintas dinastías que combinaron matrimonios, guerras y diplomacias para ampliar poderes y riquezas, reforzando a su vez las posiciones de las clases dominantes del respectivo reino. De entonces proceden bastantes fronteras convertidas posteriormente por las naciones del siglo XIX en intocables, cuando solo eran fruto de matrimonios, guerras o pactos entre las familias reinantes. O más aún, del azar, pues si Colón, por ejemplo, hubiese sido financiado por el rey portugués, el rumbo de la corona de Castilla habría sido distinto.

Por otra parte, en esta época fue cuando el calificativo de español se extendió por Europa para identificar todo lo relacionado con una Monarquía cuyos ejércitos demostraron una hegemonía militar indudable, aunque de los 70.000 hombres que tuvo en su apogeo, solo una décima parte eran geográficamente hispanos. Se generalizó entre los escritores de fines del siglo XVI la denominación de Monarquía de España con un sentido unitario, y se usó habitualmente desde el siglo XVII tanto dentro como fuera de los reinos que la integraban. En todo caso, eran nociones que solo circulaban entre unos pocos intelectuales, ni Isabel ni Fernando sospechaban que sus actos serían los hitos de una posterior ideología nacionalista.

La realidad mayoritaria era la de una población campesina, analfabeta y sometida al régimen señorial controlado por grandes casas nobiliarias y por jerarquías eclesiásticas, que también albergaba una estratificación de hidalgos (el escalón más bajo y empobrecido del estamento nobiliario) junto a campesinos libres, enfiteutas, menestrales y comerciantes con diverso peso social, según territorios. En todo caso, mientras brillaba la cultura de un Siglo de Oro, de altas cotas creativas, los señoríos feudales se encontraban reforzados desde los siglos XIV y XV, con grandes familias aristocráticas que poseían jurisdicciones —estados, los llamaban— tanto en la Corona de Aragón como en la de Castilla. El poder de la nobleza se amplió cuando la corona comenzó a vender en Castilla los cargos municipales para sostener sus guerras, entregando así las ciudades a las oligarquías locales de hidalgos, mientras en la de Corona de Aragón se mantuvo el sistema de representación estamental y corporativo hasta 1714.

La agricultura, en fin, era el soporte decisivo. También la ganadería. Los rendimientos de secano se mantuvieron, recogiendo cinco veces la semilla sembrada, y en los regadíos se recogía 10 o 15 veces más que lo sembrado. Crecieron los cultivos comerciales, siendo el comercio de la sal, monopolio de la Corona, el más importante, junto con el del cereal, motivo de especulación y, por tanto, de amotinamientos populares. Los señores feudales y los arrendatarios de los diezmos acumulaban en sus graneros el cereal para venderlo al mejor comprador. La tasa o precio máximo establecido por la corona para que las clases populares pudieran comprar el pan, alimento básico, solo lo respetaban los campesinos, pero no los aristócratas ni la Iglesia.

El endeudamiento era persistente en los campesinos, sometidos a las exacciones feudales, para comprar semillas y ganado y para pagar los diezmos. Pagar el diezmo resultó insoportable para quienes la fe no cabe asignársela automáticamente y, en general, en el campo y en la ciudad el cúmulo de impuestos asfixiaba a las clases populares. Por eso, las rebeliones contra los recaudadores y los amotinamientos contra el precio del pan fueron en aquellos siglos tan habituales como son las huelgas en la era del capitalismo. Y, sin embargo, las condiciones mejoraron de modo que se calculan unos siete millones de habitantes a fines del siglo XVI y, con altibajos en el siglo XVII, se llegó a 11,5 millones en 1797, un crecimiento inusitado, aunque entre un tercio y un quinto, según las regiones, moría en el primer año y solo entre el 40 y 50% llegaban a la edad adulta.

Matrimonios, conquistas
y un continente inesperado (1474-1516)

Cronología
1474 | Isabel, casada con Fernando de Aragón, disputa en guerra la corona a su sobrina Juana.
1475 | Concordia de Segovia: los Trastámaras suman Castilla y Aragón, en una guerra civil por la corona castellana.
1476 | Jorge Manrique escribe las Coplas por la muerte de su padre.
1479 | Tratado de Alcaçobas: Isabel y Fernando, reyes en Castilla, indemnizando a Portugal.
1481 | Primer auto de fe de la Inquisición en Sevilla: quema de acusados de criptojudaizantes.
1482 | Inicio de guerra contra reino nazarí de Granada.
1486 | Sentencia arbitral de Guadalupe en Cataluña: fin de los abusos feudales, cierta libertad para los remensas, con líderes sentenciados a muerte más la indemnización por pérdida de rentas a los señores que, no obstante, consolidan sus rentas feudales.
1489 | Comienza la conquista de Gran Canaria, sigue hasta conquistar Tenerife en 1496.
1492 | Rendición de Granada con respeto a la población musulmana (mudéjares). Expulsión de los judíos. Colón llega a la isla La Española, la población taína se rebela con el líder Caonabó.
1494 | Tratado de Tordesillas: Castilla y Portugal se reparten el planeta por una línea de polo a polo situada a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde.
1499 | Cisneros, arzobispo de Granada, fuerza la conversión de los mudéjares.
1500 | Publicación de La Celestina.
1501 | Reparto franco-español de Nápoles.
1502 | Edicto del reino de Castilla obligando a los mudéjares a convertirse o exiliarse.
1503 | Se crea La Casa de Contratación de Indias en Sevilla, monopolio real. Se autorizan las encomiendas y repartimientos de indígenas.
1504 | Muere Isabel I, la Católica.
1506 | El cardenal Cisneros crea la Universidad de Alcalá. Muere Felipe I, regencia de Cisneros y luego de Fernando el Católico por incapacidad de la reina Juana.
1508 | Se publica Amadís de Gaula.
1509 | Erasmo de Rotterdam publica El elogio de la locura.
1511 | El dominico Montesinos denuncia la explotación de los encomenderos y conquistadores.
1512 | Anexión del reino de Navarra a la corona de Castilla. Leyes de Burgos sobre indígenas de América: mantiene las encomiendas y la esclavitud.
1513 | Vasco Núñez de Balboa descubre el océano Pacífico. Maquiavelo publica El príncipe.
1516 | Muerte de Fernando II de Aragón, Sicilia, Nápoles y Cerdeña.

Fernando de Aragón y El príncipe de Maquiavelo

En 1513, Maquiavelo publicó El príncipe, obra cuyo legado persiste en el pensamiento político por su controvertido análisis del poder, considerado siempre como asunto exclusivo de varones. Ahí dejó escrito que “Fernando de Aragón, actualmente rey de España” —así lo llamó— ofrecía “un admirable ejemplo”. Sin duda, identificó el poder con la masculinidad, silenció a la reina Isabel y redujo la complejidad histórica a las audacias de un individuo. En efecto, Fernando de Aragón tuvo como divisa el “tanto monta” (tanto monta cortar como desatar un nudo gordiano), inspirándose en Alejandro Magno; lo representó atando un yugo (letra inicial de Ysabel), lo que se falseó en el siglo XIX al añadirle “monta tanto Isabel como Fernando”, para así resaltar a Isabel II como la nueva Isabel que unificaría la patria liberal.

El “tanto monta” fue la práctica de la familia de los Trastámara que ya se había hecho con la corona de Castilla tras asesinar al rey Pedro I (1369), con la de Aragón negociando con las clases dominantes de sus reinos (1412), y más tarde con Nápoles por conquista (1458). Así, Fernando, aunque enfrascado en la guerra civil catalana desde 1462, también aspiró a reinar en Castilla y por eso, en 1469, se casó con su prima Isabel, con un permiso del papa falsificado por el cardenal Rodrigo de Borja (luego papa Alejandro VI). Se sumó a la guerra de Isabel contra su sobrina, heredera del trono. Al ser coronada Isabel (1474), Fernando exigió ser rey en Castilla, aunque sabía que tendría la herencia de Aragón, que llegó en 1479. En la Concordia de Segovia (1475) se estableció que ambos gobernarían como reyes en los dos reinos, aunque la corona era propiedad de Isabel y de sus herederos directos. Compartirían la política exterior y las guerras y se estableció además que no habría interferencias de la aristocracia castellana en Aragón. Así fue y, en 1504, al fallecer Isabel I, su hija Juana con su marido, Felipe de Habsburgo, reinaron en Castilla y Fernando II de Aragón ya no pudo titularse Fernando V de Castilla.

Los dos Trastámaras reinaron juntos, casaron a sus hijos con vástagos de las dinastías de Portugal, Inglaterra y Borgoña-Austria, y afianzaron el poder y la permanencia de su clan familiar, aunque sus herederos cambiasen de apellido al unirse con los Habsburgo y luego con los Borbón. Hasta el siglo XVIII, las guerras en Europa no fueron entre naciones, sino entre dinastías, con su comparsa de intereses y religiones de las respectivas aristocracias y comerciantes burgueses proclives a uno u otro heredero. Por su parte, el papado, en manos del Borgia, que había autorizado el matrimonio de Isabel y Fernando, les dio el título de Reyes Católicos (1496), una identidad religiosa que asumieron todos sus herederos.

De tal herencia surgió lo que se ha llamado monarquía compuesta, esto es, un conjunto de reinos y dominios bajo un mismo monarca, manteniendo cada entidad territorial su identidad institucional y legal. Por eso Fernando el Católico sumó al Consejo de Castilla, ya existente, el de Aragón, y su heredero, Carlos I, creó los Consejos de Navarra e Indias, a la vez que las Cortes quedaron limitadas a jurar a los herederos y a contribuir con ayudas económicas extraordinarias.

Las islas Canarias, Nápoles y Navarra

En la política de expansión territorial de los Reyes Católicos hubo varios frentes. Hay que destacar la conquista del archipiélago canario, que contaba con una historia propia desde que, en el primer milenio a. C., había sido poblado por bereberes. En el siglo XV, contaba con no más de 70.000 pastores y agricultores, viviendo en cuevas y poblados de chozas cuya cultura neolítica —no hay metales en las islas— estaba estratificada según la posesión de cabras y ovejas, con jefes o reyes varones, cultos religiosos y unas escrituras no descifradas. Su historia cambió cuando el navegante normando Juan de Bethancourt, al servicio del rey de Francia, trató de dominar las islas de Lanzarote y Fuerteventura, pero, ante la rebelión de los majos (nombre de los indígenas), pidió al rey de Castilla financiación para conquistar las islas a cambio de su vasallaje y su señorío feudal sobre el archipiélago. Además, obtuvo, en 1404, la bendición del papa de Aviñón para convertir a los infieles y controló las islas de Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro, aunque vendió su señorío al conde de Niebla, quien posteriormente lo traspasó a varios nobles andaluces que solo sumaron La Gomera.

La posición estratégica del archipiélago en las nuevas rutas comerciales hacia el Extremo Oriente revalorizó su control, por eso los reyes de Castilla, Isabel y Fernando, acometieron en firme su conquista y contaron con las fuerzas y recursos de casas nobiliarias y obispos interesados en tales dominios. Tras una sangrienta guerra contra la defensa organizada por los guanartemes o reyes locales, sometieron Gran Canaria (1489-1483), a los 10 años, La Palma (1493) y, por último, Tenerife (1494-1496), isla esta donde los guanches, armados solo con piedras y lanzas de madera, sufrieron una mortandad que inició su declive demográfico. Todos bautizados, sin más, por considerarlos infieles, o sea, carentes de fe. Se calculan en 1520 no más de 25.000 habitantes y, en la primera mitad del siglo XVII, unos 100.000, por la inmigración andaluza, tras implantarse el cultivo de la caña de azúcar con el consiguiente auge comercial.

Otro dominio fue el del reino de Nápoles que Fernando de Aragón tuvo que afianzar frente a las tropas del rey de Francia. Encomendó la tarea al noble castellano Fernández de Córdoba, el Gran Capitán, que expulsó a las tropas francesas (1501-1504) y fue nombrado virrey, fórmula de gobierno que se extendería al continente americano, pues el rey ya no podía estar presente en sus reinos al modo medieval. Junto con Sicilia se creó la figura de virrey para los territorios de la Corona de Aragón que mantenían sus instituciones propias controladas por la nobleza, los comerciantes y el clero locales, hasta el Tratado de Utrecht (1713).

Respecto al control del reino de Navarra fue un asunto constante para el rey Fernando. Las tierras vascas de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya se habían integrado desde el siglo XIII en el reino de Castilla, conservando sus instituciones y normas señoriales, y la corona navarra pervivió entre alianzas cambiantes con los vecinos reinos de Castilla, Aragón y Francia. Esto finalizó cuando Fernando de Aragón, ya viudo, se casó con Germana de Foix, de una familia aspirante al poder en Navarra. En 1512, ocupó la Navarra al sur de los Pirineos con las tropas del duque de Alba, se tituló rey de Navarra y lo consideró un “bien ganancial” que incorporó a la Corona de Castilla como herencia para su hija, la reina Juana. Las Cortes navarras, dominadas por eclesiásticos y nobles, lo aprobaron y Navarra quedó como reino con sus instituciones y privilegios dentro de Castilla. La Navarra al norte de los Pirineos se integraría en Francia cuando su rey, Enrique de Borbón, lograse el trono de París (1594).

Conquista de Granada, imposición del cristianismo
y expulsión de los judíos

La más importante opción de ampliar dominios se centró en el próspero reino nazarí de Granada. Como reyes de Castilla concitaron las fuerzas feudales de más 30 grandes aristócratas, 12 obispos y 3 órdenes militares, ahítos todos por ampliar sus tierras y rentas. Además, la bula del papa, el Borgia antes citado, eximía del purgatorio y entrarían directamente al paraíso celestial quienes aportasen cientos de miles de ducados a esta guerra contra el islam, fe relanzada por el Imperio otomano desde que conquistase Bizancio (1453). La corona, para la conquista, impuso además a las juderías y aljamas mudéjares impuestos extraordinarios y emitió juros de deuda pública al 10%.

Ahora bien, destronar al sultán costó 10 años (1482-1492) y, aunque la guerra tuvo la novedad del uso de la artillería, apenas se decidió por batallas, más bien por despiadados asedios a las poblaciones, con talas y saqueos de los campos para asfixiar la supervivencia de sus habitantes. Funcionó el temor al castigo, fue brutal el aplicado por el rey Fernando a Málaga. Al no aceptar la capitulación, la conquistó y ejecutó a las autoridades, vendió como esclavos a sus 15.000 supervivientes y repobló la ciudad y sus tierras con miles de cristianos traídos desde Galicia hasta el Levante (1487). Cuando asediaron Granada, el rey Boabdil capituló negociando la entrega del poder a cambio de una indemnización y retirarse al norte de África con la aristocracia (1492). Hubo pocas conversiones, la práctica totalidad de campesinos y artesanos se quedaron como mudéjares, conservaron su religión y costumbre, aunque sujetos al régimen feudal de nuevos señoríos, las mercedes que la corona concedió a los nobles, eclesiásticos y militares implicados en la conquista.

Sin embargo, Cisneros, arzobispo de Granada, rompió la convivencia con los mudéjares. Decidió, en 1499, quemar el Corán y forzar las conversiones; se propagó que en un día bautizó a cuatro mil. Los mudéjares del Albaicín, las Alpujarras y las serranías de Ronda y Almería se sublevaron, mataron a los misioneros, el rey Fernando los derrotó y dio el primer edicto de conversión forzosa para los mudéjares de toda la corona de Castilla, o el exilio (1502). A los tres días, se les prohibió abandonar el reino, poblaciones enteras fueron bautizadas en actos colectivos y, aunque cristianos, se les llamó moriscos porque conservaron lógicamente sus costumbres y vestimentas.

Previamente, en 1492, los reyes habían decretado la expulsión de los judíos. En el capítulo anterior se ha expuesto cómo, desde mediados el siglo XV, los escraches contra los cristianos nuevos (judíos conversos) prolongaron el antijudaísmo secular. Fue el pretexto de los reyes para establecer la Inquisición desde 1478. Era un tribunal creado por la Iglesia (1184) para perseguir las herejías y había funcionado en varios reinos europeos. Primero solo excomulgaba, desde el siglo XIII aplicó la tortura y, si condenaba a muerte, derivaba su ejecución al poder político. Su primer auto de fe con penas de muerte se celebró en Sevilla (1481) donde el topónimo de el Quemadero (Quemadero de San Juan) sigue recordando el lugar y método donde los acusados de judaizantes, metidos vivos en vasijas cerámicas, morían a fuego lento, inundándose la ciudad durante largos días con olor a carne quemada.

Alarmante fue la conmoción por el bulo del niño crucificado por los judíos en La Guardia (Toledo), donde el culto católico lo conmemora como santo. El controvertido juicio, con torturas incluidas, condenó a la hoguera a varios conversos y judíos (1491). A los pocos meses, los reyes decretaron la expulsión. El instigador de la expulsión fue el poder eclesiástico, con el inquisidor Torquemada a la cabeza, que aportó razones religiosas y, sobre todo, que los judíos, “por medio de grandísimas e insoportables usuras”, se dedicaban a “devorar y absorber las haciendas y sustancias de los cristianos”. Para evitar la expulsión se convirtieron unos 45.000, incluyendo los más ricos y gran parte de los rabinos, fueron cristianos nuevos; y entre 70.000 y 100.000 se exiliaron malvendiendo sus bienes en travesías plagadas de adversidades. En todo caso, no se buscaba quedarse con sus riquezas, pues los más ricos se convirtieron, tampoco que los aristócratas truncasen una primera burguesía, ya que los judíos no alteraban sus poderes feudales. Obedeció al objetivo de unificar la religión en una cristiandad europea cuyo antijudaísmo ya contaba desde el siglo XIII con medidas de expulsión en varios reinos.

Y llegó América, insólita y sojuzgada
con encomiendas y esclavitud

Se discute si Castilla, España o Europa descubrieron un nuevo mundo, o se encontraron ambos mundos. Lo cierto es que América fue un continente insospechado que concitó las ambiciones de toda Europa, primero de Castilla, que desarrolló su conquista con los criterios aplicados a los reinos musulmanes, repartiendo y encomendando el poder sobre tierras y personas a los señores (nobles o eclesiásticos) reservándose la corona las riquezas tan cruciales de las minas y el control del comercio. El dominio del continente se organizó, por tanto, con encomiendas y repartimientos de indios y de cuantas riquezas albergaban sus tierras.

Los cuatro viajes de Colón, entre 1492 y 1502, empeñado hasta el final en abrir la ruta occidental hacia la India, financiados en una relación tormentosa con la corona, abrieron, sin duda, la eclosión de expediciones, afanes de conquistas y control de rutas comerciales que inauguraron la economía-mundo en el planeta. Ahora bien, cuando, en 1495, llegó a Castilla un botín de 500 esclavos, cautivos como represalia por el motín indígena en el que habían matado a 39 soldados, se plantearon dudas teológicas y jurídicas que, al no lograr consenso, en 1500, la corona resolvió dictando que la población autóctona era de su propiedad directa y, por tanto, quedaban libres y tenían que devolverlos a sus tierras.

Se ha ensalzado posteriormente tal decisión, cuando, de hecho, más que la libertad, se dirimió la propiedad de la fuerza de trabajo. Así, en 1503, la corona creó la Casa de Contratación de Indias, en Sevilla, para controlar en exclusiva el comercio naval con América, a la vez que autorizaba la esclavitud de los indígenas considerados caníbales, luego la de los “obtenidos en buena guerra” (1504) y los comprados como esclavos de otros indios (1506). Por eso, los repartimientos realizados por Colón en 1496 fueron institucionalizados en 1503 como fórmula para recaudar para la hacienda real los impuestos que los indígenas, libres respecto a los poderes señoriales, tenían que pagarle a su propietaria, la reina de Castilla, que además los obligaba a organizarse en poblados con un sacerdote que los convertiría. Esto les dio un poder enorme a los dueños de repartimientos que luego se transformarían en encomiendas, una regulación más concreta del señorío o poder de quien, a cambio de protegerlos e instruirlos en la fe cristiana, podía explotar a sus encomendados con pleno dominio sobre sus vidas.

Tanto fue así que, en 1511, el fraile dominico Antonio de Montesinos denunció los abusos de los encomenderos públicamente, en un sermón delante de Diego Colón, máxima autoridad en la isla La Española. Su denuncia provocó el boicot económico de los encomenderos a los dominicos y estos, a su vez, enviaron a Montesinos a explicárselo en persona al rey Fernando, regente de Castilla. Tras escuchar a un grupo de juristas y teólogos, el rey firmó las leyes de Burgos y Valladolid (1512 y 1513), valiosas por compendiar las órdenes existentes sobre la vida y relaciones de la población autóctona, pero, en sustancia, ratificaron la imposición de la fe cristiana y que los indígenas eran libres frente a otros poderes señoriales, porque eran súbditos exclusivos de la corona. Trabajarían y pagarían impuestos solo al rey, lo que, contradictoriamente, se organizaba revalidando el sistema de encomiendas, a lo que añadía el requerimiento, un ardid jurídico supuestamente impecable. Esto es, los encomenderos leerían a los indígenas —desconocedores absolutos del castellano— que eran los enviados de un rey a quien Dios, a través del papa, había encargado la cristianización del orbe. Tenían que obedecer, por tanto, al rey de Castilla y bautizarse; si no aceptaban este requerimiento, era inevitable la “justa guerra” para convertirlos, según el derecho cristiano, y podrían ser sojuzgados y esclavizados. Así de rotunda era la fórmula.

En suma, la esclavitud, primero de indígenas y muy pronto de africanos, se practicó y persistió, pues en Castilla ya existía legalmente. Por eso, en 1510, el mismo rey Fernando autorizó a la Casa de Contratación de Indias el envío de 50 esclavos africanos para las minas, y añadió 200 más para ser vendidos por la corona. El tan célebre Bartolomé de las Casas, para proteger a los autóctonos, avaló el tráfico de esclavos. Esta historia de esclavitud africana no había hecho más que comenzar. Por lo demás, a los judíos y gitanos se les prohibió la entrada en América, un dato revelador en sí mismo.

Entre Imperio germánico y Monarquía transatlántica (1517-1598)

Cronología
1517 | Carlos I gobierna con su madre Juana las coronas de Castilla y Aragón.
1518 | Carlos I autoriza el asiento de esclavos en tierras americanas.
1519 | Hernán Cortés inicia la conquista del Imperio azteca. Comienza el viaje de Fernando de Magallanes. Rebelión de taínos en La Española y de los agermanats en el reino de Valencia. Carlos I es elegido emperador sacro-germánico como Carlos V. Lutero quema públicamente su bula de excomunión.
1521 | Sublevación de los Comuneros (1520-1521) y rebelión antifeudal de campesinos en Castilla. Revuelta de esclavos contra el almirante Diego Colón.
1524 | Se crea el Consejo de Indias. Comienza el asiento de esclavos africanos en Cuba.
1525 | Edicto forzando la conversión de los mudéjares en los reinos de la corona de Aragón.
1527 | Saqueo de Roma por las tropas del Emperador Carlos V.
1529 | Hernán Cortés gobernador de Nueva España.
1530 | Carlos I coronado por el papa como Carlos V del Imperio sacro-germánico.
1531 | Pizarro comienza la conquista del Imperio inca.
1532 | Rebelión de esclavos en Santo Domingo. Sitio de Viena por los turcos. Cisma anglicano.
1535 | Conquista de Túnez. Se introduce la imprenta en México.
1536 | Rebelión de Manco Inca en Perú. La Iglesia prohíbe las obras de Erasmo.
1538 | Fundación de la Universidad de Santo Domingo, y, en 1551, las de México y Lima.
1539 | Representación en Cortes castellanas: se reduce a 18 ciudades. Se renueva la orden de 1499 en Castilla: obliga al pueblo gitano a sedentarizarse bajo pena de seis años de galeras.
1541 | Guerra del Mixtón contra dominio hispano (México).
1542 | Promulgación de las Nuevas Leyes de Indias.
1546 | Pueblos chichimecas contra el trabajo en las minas y encomenderos.
1552 | Rebelión de esclavos en Venezuela.
1554 | Publicación de El Lazarillo de Tormes.
1555 | Paz de Augsburgo (libertad religiosa a los príncipes alemanes).
1556 | Carlos I abdica en Felipe II las coronas de Castilla y Aragón y en su hermano Fernando el Imperio germánico.
1557 | Primera bancarrota de la corona: se consolida la deuda flotante. Batalla de San Quintín por la que Felipe II manda construir el Monasterio de El Escorial.
1558 | Muerte de Carlos I en Yuste.
1559 | Índice de libros prohibidos. Se celebran autos de fe contra los protestantes de Valladolid.
1561 | Felipe II instala la corte en Madrid. Muerte del jefe araucano Colocolo.
1568 | Guerra de moriscos en Granada. Sublevación de los Países Bajos, guerra de los Ochenta Años.
1571 | Batalla de Lepanto contra el Imperio otomano.
1576 | Segunda bancarrota de la corona: ruina de los Fugger y de la ciudad de Amberes.
1581 | Felipe II militarmente se hace rey de Portugal.
1587 | Expedición ofensiva del marino inglés Francisco Drake (1540-1596) hasta Cádiz.
1588 | Fracaso de la Armada Invencible contra Inglaterra.
1591 | Alteraciones de Aragón, conflicto de fueros y ejecución del Justicia Lanuza.
1595 | Ataque inglés a Las Palmas y, en 1596, saquean Cádiz.
1596 | Tercera bancarrota del reinado de Felipe II.
1598 | Muerte de Felipe II.

La pirámide social del Siglo de Oro

Desde 1517, Carlos de Habsburgo, nieto de los Reyes Católicos, gobernó con 17 años todos los reinos acumulados por sus abuelos, compartiendo la titularidad de las coronas con su madre Juana, oficialmente incapacitada. Juró como rey ante las Cortes de todos los reinos, sin conocer ninguna de las lenguas habladas en tierras hispanas, y, a los dos años, Carlos I sumó la herencia del Sacro Imperio Romano Germánico, titulándose Carlos V, aunque hasta 1530 no fue coronado por el papa.

Su reinado y los de sus tres descendientes, los Felipe II, III y IV, suelen ser considerados por la historiografía nacional española como un Siglo de Oro, por su máximo poder político y esplendor cultural. Calificación, sin duda, controvertida; da por existente una vara de medir poderíos sociales y creaciones artísticas. Sería inabarcable dar cuenta en estas páginas del desarrollo, por lo demás tan fabuloso, en literatura, pintura, escultura, arquitectura, música, pensamiento… Sí que es obligado esbozar, al menos, la sociedad en la que se elaboraron tan idolatradas aportaciones culturales.

En concreto, los reinos hispanos estaban dominados por la clase nobiliaria y el estamento eclesiástico. Los nobles, no más del 5% de la población, contaban, por un lado, con unas 1.000 familias aristocráticas de duques, marqueses y condes cuyo patrimonio como señores de tierras y campesinos suponía alrededor de un tercio de la riqueza agrícola y ganadera; y, por otro, una masa de hidalgos y nobleza de toga y espada, con menos o incluso muy escaso patrimonio, pero con el privilegio de monopolizar el acceso a los cargos y empleos públicos y militares, palancas para acumular riquezas. En general, los nobles disfrutaban de señoríos solariegos, un tercio aproximado del total de señoríos; otro tercio eran señoríos eclesiásticos gestionados por obispos, abades y órdenes religiosas (las militares incluidas) similares en poder y riqueza a los aristócratas. Estas jerarquías religiosas recaudaban además los diezmos a toda la población y mantenían entre un 5 y un 10% del total de la población, integrada por curas, frailes y monjas. El tercio restante de señoríos eran de realengo, en manos de la corona, aunque tal riqueza era insuficiente para sostener las guerras en las que se implicaba y endeudaba.

Los súbditos, sin privilegios, llamados pecheros (pagadores de pechos o tributos), eran más del 85%, en su mayoría campesinos viviendo en cabañas o chozas de estancia, con una artesa en la cocina y una tarima para dormir, compartiendo techo con los ganados y aperos, y unas poblaciones urbanas compuestas de artesanos y jornaleros, hacinados en viviendas ya más sólidas, junto a la clase de comerciantes y labradores acomodados que contaban con mejores viviendas y suficientes recursos para comprarle a la corona el rango de nobleza y acceder así a los poderes municipales.

Por otra parte, en todos los campos y caminos de los distintos reinos proliferaba el bandolerismo, cuya persecución fue obsesión persistente de las autoridades y con figuras tan legendarias como la Serrana de la Vera o de Serrallonga en Cataluña. Respecto a las ciudades, eran agrociudades de unos 10.000 habitantes, algo más que la media europea, con dos muy sobresalientes, Sevilla con 130.000 y Madrid que, a mitad del siglo XVII, sumaba 150.000. En todas se afincaron monasterios de religiosas y frailes, las familias tituladas contaban con palacios, y, además de su población de artesanos y empleados en diversos oficios, afluían pobres y vagabundos, junto a casos como el de Sevilla con más de seis mil esclavos censados en 1565, o segadores esperando el trabajo de verano. Desde 1523 a 1558 se decretaron normas para pedir limosna y se crearon casas de refugio para los pobres.

Ahora bien, tras las conversiones forzosas de mudéjares y la expulsión de los judíos, aunque toda la población era cristiana, se mantuvo la discriminación contra sospechosos de falsos cristianos, por criptojudíos o marranos los unos, y por moriscos los mudéjares convertidos. No se toleró la disidencia, se prohibieron las obras de Erasmo y Lutero y se persiguió a los alumbrados, una versión mística del cristianismo, con una Inquisición omnímoda en alerta. Baste recordar por qué decidió exiliarse el pensador Luis Vives: su padre murió en la hoguera por criptojudaizante en 1524 y su madre, fallecida en 1508, fue desenterrada para ser quemada en 1530.

Correspondió a la corona de Castilla una relevancia internacional inédita al incorporar en su haber la explotación de las Indias occidentales, lo que repercutió en los entresijos de las sociedades gobernadas por dicha corona, y más directamente en la población de una Castilla cuyos habitantes se lanzaron a conquistas militares tan destructivas y catastróficas para los indígenas como enriquecedoras para la nueva clase dominante desarrollada al otro lado del Atlántico. Entrelazada, por supuesto, con las familias más poderosas de Castilla. Tras las conquistas de mayor calado de Hernán Cortés y Francisco Pizarro que destruyeron los poderosos imperios azteca (1519-1521) e inca (1531-1534) respectivamente, la corona organizó aquellos territorios en dos virreinatos, el de Nueva España y el de Perú, con gobernaciones, audiencias y municipios al modo castellano, y con idénticos privilegios feudales para los nobles y los eclesiásticos, en la cúspide de la pirámide social.

La población indígena quedó sometida al sistema señorial de encomiendas, antes descrito, y sufrió el desquiciamiento de sus relaciones sociales y formas de vida dentro de una grave crisis demográfica por la violencia y explotación de los conquistadores, más las enfermedades europeas como agentes mortíferos indudables (viruela, sarampión y tifus). Se calculan entre 40 y 60 millones de habitantes antes de 1492, y las pérdidas reconocidas por todos dan cifras también millonarias pero muy debatidas. En todo caso, el mestizaje se convirtió en una pauta demográfica preponderante, añadiéndose, además, el tráfico de mano de obra esclava. Este negocio supuso la captura de unos 60 millones de africanos de los que llegaron vivos, a lo largo de tres siglos, a los puertos de las tierras americanas no más de 12 millones.

Mapa 5. La América precolombina

Fuente: Elaboración propia.

Indígenas, esclavos y mestizos, todos vivieron sometidos a trabajos extenuantes en el campo, en las minas y en todo tipo de servicios, con un nivel de pobreza persistente. El de la mina era un trabajo inhumano; solo en Potosí se calculan 15.000 muertos en su primer siglo de aprovechamiento. Las minas, objeto de codicia para conquistadores y gobernantes, eran propiedad de la corona, que también encomendó su explotación a los castellanos. Se recurrió al tributo de la mita, esto es, a la obligación de trabajar los indígenas un año de cada seis extrayendo plata y oro. Aunque era un tributo copiado del Imperio inca, se extendió para toda América y se aplicó en los demás sectores productivos, forzando trabajos en campos y obras públicas, se llamó obraje.

De la mencionada mina de Potosí (Bolivia) y la de Zacatecas (México) y, de todo el mineral extraído en el continente, una quinta parte era para la corona, que además cobraba el 7,5% de todo el comercio, controlado también por la corona desde la Casa de Contratación de Indias de Sevilla. A la altura de 1560 habían llegado a Sevilla más de 100 toneladas de oro y plata, el doble de lo que circulaba en el resto de Europa. Hasta terminar el siglo XVI fue mayor la cantidad. No por casualidad proliferó la piratería; por ejemplo, Francis Drake capturó, en 1579, un barco con 26 toneladas de plata y 26 kg de oro. Por otra parte, la plata y oro americanos no solo impulsaron un extraordinario crecimiento económico en Castilla, con un fuerte desarrollo manufacturero y mercantil con ferias como la de Medina del Campo y sus extensos intercambios internacionales, sino que dieron soporte a las constantes guerras de los reyes y a la brillantez arquitectónica y artística de catedrales, iglesias, palacios, lujos y, por supuesto, anudaron fortunas con extraordinarias acumulaciones de capital entre las clases mercantiles de la Europa occidental.

Comuneros, agermanats y campesinos en rebelión

Las sublevaciones de las Germanías y de las Comunidades no estuvieron coordinadas, Valencia y Castilla eran reinos diferentes, acababan de convertirse en parte de una misma monarquía con Carlos I, pero en ambos emergió un órdago al poder de la Corona y en ambos convergieron aspiraciones de las clases medias urbanas con rebeliones antiseñoriales de los campesinos. Lucharon contra los privilegios de los estamentos feudales y contra las ambiciones absolutistas del poder imperial.

En Valencia, en 1519, cuando las autoridades abandonaron la ciudad por la epidemia de peste, los gremios aprovecharon la oportunidad para hacerse cargo del gobierno municipal. Un gremio era una institución del Antiguo Régimen por el que los artesanos de un mismo oficio se asociaban obligatoriamente y disfrutaban del monopolio del trabajo en su especialidad, controlando precios, modalidades de los productos y el acceso a tal profesión. También ofrecían protección social a los agremiados y participaban en el arte y manifestaciones artísticas y festivas de la comunidad. Este monopolio chocó con el incipiente capitalismo comercial de unos mercaderes que promovían el trabajo libre, sobre todo en el sector textil, y falsificaban el sello de calidad de los paños valencianos. Por eso los gremios, liderados por Joan Llorenç, tejedor de lana, exigieron participar en el gobierno de la ciudad para controlar la calidad y el sello de una confección tan prestigiada en los mercados exteriores. También para oponerse al impuesto real que gravaba la lana que debían importar de Castilla, cuando tenían un mismo rey.

Establecieron la Junta de los Trece y gobernaron la economía y la justicia, asumiendo, por tanto, la soberanía real. Por eso esta rebelión se ha interpretado como un anticipo del principio de soberanía nacional. Además, apoyaron a los campesinos reclamando a los nobles que presentaran los documentos de sus señoríos sobre las tierras, y si no eran válidos, las tierras debían volver a la jurisdicción real. El ejemplo se expandió a Mallorca, donde la Germanía logró echar al virrey. Sin embargo, en Valencia el movimiento se radicalizó bajo el liderazgo de Vicent Peris, quien cuestionó la legitimidad de Carlos I y buscó otro rey. La rebelión tomó un rumbo milenarista con medidas como la abolición de los impuestos u obligar a monasterios e iglesias a repartir sus riquezas entre los pobres para que los eclesiásticos diesen ejemplo de pobreza.

La otra cara fueron los ataques de los campesinos cristianos a los campesinos musulmanes, mudéjares, plegados a la creciente explotación por parte de la aristocracia señorial. El odio antiseñorial se volcó contra su congénere mudéjar. Cometieron matanzas y bautismos forzados, con escenas trágicas como las de Palop, en el ducado de los Borja, donde Vicent Peris forzó el bautismo de los mudéjares antes de degollarlos, lo que provocó la huida de muchos. La respuesta de las grandes casas nobiliarias, lideradas por los Mendoza, con intereses tanto en el reino de Valencia como en el de Castilla, fue igualmente sangrienta. Aplastaron la rebelión en 1522, ejecutaron a los líderes y la virreina Germana de Foix amplió, en 1523, la represión con más de 150 ejecuciones y embargos de bienes. La rebelión perduró en Mallorca, una flota llevó las tropas que aplastaron a los agermanados en mayo de 1523, ejecutando a 200 personas y con castigos económicos más duros aún que los de Valencia.

Entre los vencedores figuraron la nueva élite mercantil y el alto clero, pero sobre todo los nobles, que se vengaron contra los campesinos agermanados, con multas desorbitadas en dinero y en especie, por ejemplo 4.000 ducados y 12.000 arrobas de aceite impuso el conde de Albaida a su señorío. Pero los mudéjares, un 30% del campesinado, sufrieron en sus vidas y haciendas el conflicto. Fueron carne de cañón para todos. Sus aljamas o morerías tuvieron que financiar las tropas de los nobles e incluso fueron alistados por los duques de Gandía y de Segorbe, sin mirar las diferencias de religión.

Respecto al movimiento comunero en Castilla, también fue liderado, desde 1520, por las capas medias urbanas de baja nobleza e hidalgos, mercaderes, maestros de gremios enriquecidos, abogados, médicos y otros profesionales. Se sumaron artesanos y oficios urbanos, y frailes. Aspiraron a gobernar sus ciudades para limitar la voracidad fiscal de la monarquía, inspirándose también en el modelo de las ciudades libres italianas, y exigieron poder elegir libremente a sus representantes en las Cortes. Porque Carlos I gobernó con una corte flamenca; por ejemplo, nombró sucesor de Cisneros en el arzobispado de Toledo, la diócesis más rica del reino, a su amigo Guillermo de Croy, de 20 años. En las Cortes de Valladolid (1518) se le pidió que aprendiera castellano, que no nombrase extranjeros en los cargos del reino y que prohibiese la salida de metales preciosos. El rey no aceptó ninguna y se inició una sublevación que se ha interpretado como prueba de una conciencia de nación soberana que, al cabo de tres siglos, mitificarían los liberales como su precedente histórico.

Comenzó en Toledo donde Juan de Padilla, hidalgo, esto es, de rango noble, capitán de la milicia de la ciudad, casado con María Pacheco, de la familia de los Mendoza, organizó la ciudad como “Comunidad” (abril de 1520). Se extendió a Segovia, Burgos, Guadalajara, León, Zamora, Ávila… En esta última se reunieron las ciudades con voto en las Cortes y formaron la Santa Junta del Reino, con 13 de las 18 ciudades con voto en Cortes. Tuvieron un programa político claro: la limitación del poder real con unas Cortes que fuesen partícipes en el gobierno de Castilla y que las ciudades pudiesen nombrar libremente a sus procuradores. El regente, otro flamenco, Adriano de Utrecht, intentó apaciguar los ánimos nombrando gobernadores a dos naturales, al Condestable de Castilla y al Almirante de Castilla, acercándose así a la aristocracia, pero los comuneros se plantearon que la reina Juana fuera la única titular de la corona.

Ahora bien, los comuneros no representaban a la mayoría de la población. Los campesinos, en un momento de exasperación social por malas cosechas, epidemias y crecientes tributos impuestos por los nobles en los señoríos, se rebelaron en paralelo. Desde el 1 de septiembre se sublevaron los campesinos de Dueñas contra el conde de Buendía, se generó un rosario de revueltas antifeudales que, lideradas por el obispo Acuña de Zamora, sumaron una tropa de 10.000 campesinos con un programa igualitario. Radicalizaron los objetivos políticos al atacar los señoríos de nobles y eclesiásticos y exigir igualdad fiscal. Las ciudades, aunque reacias a tales objetivos, se pusieron del lado de las aspiraciones igualitarias de los campesinos. Llegados a este punto, el regente, Adriano de Utrecht, pudo contar con el apoyo de las grandes familias aristocráticas, que veían peligrar sus señoríos. Así, mientras Carlos I lograba la corona imperial en octubre de 1520, en ese mes el regente Adriano declaraba la guerra a la Junta establecida en Ávila.

Las tropas del rey contaron con las de la aristocracia y los apoyos de los grandes comerciantes, mientras a las milicias de las Comunidades se sumó el ejército de campesinos dirigidos personalmente por el obispo Acuña, que también tenía una tropa formada por eclesiásticos. Los de Acuña asaltaron las fortalezas de la alta nobleza, subvirtieron el sistema feudal y una amplia mayoría de pueblos de La Mancha, sometidos a las órdenes militares de san Juan, Calatrava y Santiago, se adhirió a los comuneros. El obispo Acuña, mientras hacía frente a las tropas del gran prior de la orden de san Juan y del duque del Infantado, se convirtió en candidato al arzobispado de Toledo, pues había muerto el joven arzobispo nombrado por Carlos I.

La guerra estuvo cargada de situaciones trágicas. Por ejemplo, el 12 de abril de 1521, el prior de san Juan quemó vivos a los niños y mujeres de Mora, refugiados en la iglesia, tras arrasar casa por casa. A los pocos días, las tropas imperiales demostraron su poderío el 23 de abril de 1521 en Villalar, cuando la caballería organizada por la aristocracia feudal dispersó a la infantería comunera con un balance de más de 1.000 bajas y 6.000 prisioneros. Al día siguiente, el 24 de abril, fueron decapitados los líderes Juan Bravo, Juan de Padilla y Francisco Maldonado. Toledo, liderada por María de Pacheco, viuda de Padilla, fue la última en ser sometida. El obispo Acuña fue ahorcado en Simancas. También ejecutaron a miles de comuneros anónimos, en especial a miles de campesinos. En algunos casos conocemos sus oficios; eran profesionales (doctores, licenciados, escribanos, bachilleres), menestrales (carpinteros, sastres, zapateros, plateros, silleros, bordadores, pellejeros, boneteros, caleros) y también canónigos, frailes y monjas de ciudades castellanas y del reino de Murcia, con la consiguiente confiscación de bienes.

Además, las cuantiosas multas a las ciudades rebeldes para reparar los gastos de una guerra que tenían que costearle al vencedor supuso el inició la decadencia de las ciudades medias castellanas, excepto Burgos, beneficiada por haberse cambiado al bando imperial y porque sus mercaderes de lanas tenían fuertes lazos con la burguesía flamenca cercana al emperador. Por su parte, los aristócratas reforzaron sus poderes señoriales e incluso la corona los indemnizó con nuevos señoríos por los daños en sus tierras y los gastos en tropas y, aunque ya no fueron convocados más a Cortes, monopolizaron las más altas responsabilidades institucionales en lo civil y en lo eclesiástico hasta el siglo XIX. Además, las Cortes de Castilla dejaron de reunir a los tres estamentos, se redujeron a las 18 ciudades tradicionales, solo para atender cuestiones fiscales y jurar a los reyes.

Las sublevaciones indígenas y las luchas de los esclavos

La obsesión de los conquistadores por encontrar y acumular oro y plata e imponer cultivos exportables, como el azúcar, supuso tal grado de explotación física e imposición de nuevas costumbres que los indígenas o se rebelaban —“indios alzados”, los llamaron en los documentos— o huían, además de padecer enfermedades, ya señaladas, que les mermaron sus fuerzas y produjeron numerosas muertes.

Baste referenciar algunos de casos significativos. Ya en la navidad de 1492, los taínos, liderados por Caonabó, asaltaron el fuerte construido en La Española por Colón y degollaron a sus ocupantes. Más tarde, Enriquillo, un taíno bautizado, mantuvo una guerra de guerrillas desde 1519 hasta 1533. En el virreinato del Perú, Manco Inca lideró una rebelión en 1536, estableciendo un Estado neo-inca en las montañas. Sus herederos continuaron la resistencia, y también surgieron movimientos milenaristas como el de Taqui Unquy, que predicó la vuelta de los dioses incas (1560-1572). En el norte de México, los pueblos caxcanes se levantaron en la guerra del Mixtón matando misioneros, quemando iglesias y castigando a los nativos convertidos a la fe católica (1541-1542). Aunque derrotados, se mantuvieron como guerrillas 10 años más. El pueblo chichimeca se mantuvo en guerra desde 1546, durante medio siglo, luchando contra la mita o captura de varones para trabajar en las minas, y con éxitos frente a las tropas. No fueron los únicos, están documentadas las resistencias y sublevaciones de los mapuches, chiriguanos, guaraníes, mayas, apaches y navajos. Todos contra las encomiendas, el tributo de indios, la mita y los repartimientos. Por otra parte, la prohibición de sus creencias y costumbres, junto con la imposición del cristianismo, provocó el surgimiento de movimientos milenaristas que buscaban el restablecimiento de sus tradiciones y el fin de la explotación.

En lo referido a los africanos esclavizados hay datos imprescindibles como que, en 1518, Carlos I autorizó a tres genoveses asentar 4.000 esclavos o esclavas “tomándolos de la isla de Guinea y de las otras partes donde se acostumbra”, sin tener que pasar por la Casa de Contratación de Indias de Sevilla. Pagarían a la hacienda real directamente. Este permiso para vender esclavos en América se llamó “derecho de asiento”. Tenían que bautizar a los africanos al desembarcar y asentarlos en tierras americanas. Carlos I amplió el asiento de esclavos a personajes de la corte, por ejemplo, al marqués de Astorga, que revendió la licencia a banqueros y comerciantes genoveses, y, en 1528, concedió nuevos permisos de asiento a la casa Welsers, banqueros que le habían prestado cuantiosas cifras para sus guerras e introdujeron la esclavitud en tierras de la actual Venezuela. No fueron, por tanto, extranjeros —como se afirma con frecuencia— los introductores de la esclavitud, sino el rey de Castilla, con intereses y súbditos de su Imperio germánico quien impulsó la esclavitud africana en América. Además, la demanda de esclavos y su precio aumentaron por la debacle demográfica de los nativos, lo que multiplicó la piratería y los secuestros en la costa africana por capitanes negreros.

Los esclavos asentados se sublevaron muy pronto. Fue también en La Española, en 1521, cuando los esclavos wolof musulmanes se alzaron contra el almirante Diego Colón, destruyeron las cosechas y mataron a quienes se interpusieron. Se conjetura que pretendían crear una república negra. Desde entonces los esclavos africanos desplegaron una resistencia constante con sublevaciones, fugas y creación de comunidades libres por los fugados, llamados cimarrones, esto es, animales salvajes. También mostraron su resistencia con el asesinato de capataces y amos, la quema de haciendas, el robo o el sabotaje y las huelgas de brazos caídos. Los fugitivos se organizaron en lugares de difícil acceso y sus comunidades cimarronas, llamadas palenques o quilombos, funcionaron como repúblicas con una economía autárquica y formas igualitarias de trabajo y distribución de alimentos, con jefes solo para defenderse con cuchillos y espadas, no tenían armas de fuego, y construyendo fosos, trampas y empalizadas. Asaltaban las haciendas cercanas para surtirse de semillas y herramientas y desarrollaron una lengua propia, el palenquero, mezcla de bantú, alguna lengua amerindia y castellano que les permitió organizarse sin ser entendidos por los colonizadores.

En estas insurrecciones y organización de poblados cimarrones destacaron personajes como Sebastián Lemba Calembo cuya prolongada rebelión en Santo Domingo (1532-1547) con un grupo de 400 esclavos, desafió el poder colonial, liberando a los esclavos y organizando palenques por toda la isla, hasta ser capturado y ajusticiado. En la actual Venezuela, El Negro Miguel o Rey Miguel, en 1552, asaltó las minas y liberó a los esclavos, creando un poder propio de cimarrones con indígenas incluidos y una iglesia disidente. En la zona de Veracruz (México), Gaspar Yanga, un esclavo con ascendencia real de Gabón, desde 1609 organizó a los fugitivos y logró un pacto con la corona para establecer “El pueblo libre de San Lorenzo de los Negros” (1630). En Colombia, Benkos Biohó gobernó un palenque, San Basilio de Palenque (así se sigue llamando), hasta ser capturado, ahorcado y descuartizado (1599-1621). Posteriormente, destacó en Cartagena de Indias Domingo Angola Criollo con un palenque que duró hasta que fue asesinado y exhibida públicamente su cabeza (1680-1694).

En definitiva, los palenques y quilombos marcaron la historia del continente en extensas comarcas, aunque se les haya silenciado. Fueron decisivos en el control de rutas comerciales y de abastecimiento. Por ejemplo, en Panamá, la población cimarrona, que era un 45% en 1575, fue cómplice de los desembarcos de Francis Drake. Las respuestas de la corona y de las autoridades coloniales fueron brutales. En la temprana fecha de 1522, Carlos I estableció los castigos contra “los negros y esclavos que se alzan y hacen delitos”, legislación reiterada por los siguientes reyes porque las sublevaciones y el cimarronaje fueron persistentes, por más que los propietarios de esclavos creasen la figura del rancheador, encargado de capturar a los fugitivos y castigarlos cortándole un pie para que ya no se escaparan, o castrando a los hombres y cortándole los pechos a las mujeres.

Guerras imperiales de Carlos I y Felipe II,
por herencias y por la fe

El siglo XVI estuvo marcado por continuas guerras de las que Carlos I y Felipe II se responsabilizaron como herederos de los territorios y ambiciones de los Trastámara-Habsburgo, y también por defender la versión católica del cristianismo contra los reformistas luteranos y sus posteriores seguidores calificados como protestantes. Lógicamente, tanto en unas como en otras se implicaron actores sociales con intereses dispares. Por ejemplo, en la extenuante guerra de los Ochenta Años, con treguas incluidas (1568-1648), conocida como la guerra de Flandes, Felipe II defendió ante todo su herencia familiar. Pero se sumaron intereses más complejos, como el surgimiento de un sentimiento nacional en los Países Bajos, la oposición de los grupos burgueses a los impuestos, la resistencia de las clases dirigentes al autoritarismo del rey, el peso del activismo calvinista anticatólico e incluso intereses transatlánticos que, al defender el libre comercio, buscaban abrir rutas mercantiles en el Caribe, ampliadas a Brasil y las Indias Orientales, pues en esos años las posesiones de Portugal eran parte de la herencia de Felipe II.

No por casualidad, en 1602, se creó la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, siguiendo el modelo empresarial iniciado por la Compañía Británica de las Indias Orientales (1600). Tampoco fue casual que el neerlandés Hugo Grocio publicase, en 1625, la obra clave Sobre el derecho de la guerra y de la paz, con tesis racionalistas frente a la visión teológica del derecho natural e internacional del castellano Francisco de Vitoria (1539). Avaló, por tanto, la práctica del derecho de resistencia calvinista, incluyendo la destitución del rey y la creación de una República organizada como federación que mantenía las diferentes estructuras institucionales.

En síntesis, hubo cuatro ejes en la política exterior. El primero, el control de la herencia de María de Borgoña, abuela de Carlos I a quien el rey de Francia le disputó los condados de Flandes y Artois. El triunfo de Carlos I en Pavía (1525) supuso poder conservar ambos condados y añadió el ducado de Milán. Su hijo Felipe II heredó esos territorios y resurgió la disputa con el rey de Francia, pero su triunfo en San Quintín (1557) estabilizó su dominio. Sin embargo, al poco, se rebelaron los Países Bajos y comenzó la guerra de los Ochenta Años.

El segundo espacio de la política exterior estuvo en el control del Mediterráneo, por herencia de Fernando de Aragón. Se mantuvo el reino de Nápoles, Cerdeña y Sicilia, más el dominio sobre el Milanesado, ruta terrestre para los tercios camino de Flandes, y se aseguraron las alianzas con la República de Génova y los ducados de Saboya y Toscana frente a los vaivenes del papado y de Venecia, aliados cambiantes pero necesarios igualmente, como ocurrió en Lepanto (1571) frente al empuje del Imperio otomano. Además, la piratería turca creó una inseguridad permanente en las costas mediterráneas con saqueos y captura de esclavos (recuérdese a Cervantes, cautivo cinco años en Argel), de ahí la conquista de Túnez en 1535.

El tercer espacio fue la herencia del reino de Portugal. En 1581, Felipe II, nieto de Manuel I, defendió militarmente su derecho al trono contando con sectores decisivos de las clases dirigentes portuguesas. Mantuvo las instituciones propias del reino y patrocinó sus intereses comerciales; a cambio, amplió sus dominios americanos con Brasil y los enclaves comerciales en África y Asia, además de tener Lisboa como base atlántica contra los holandeses e ingleses, donde concentró la “Grande e Felicísima Armada” que ampararía el desembarco planeado en Inglaterra y que se derrumbó con el naufragio de 1588.

Porque esa Gran Armada respondió al cuarto eje de las guerras de los Austrias: la lucha contra los protestantes. Carlos I, al ejercer como el emperador germánico Carlos V, se implicó en las reformas exigidas por Lutero en 1517 para abolir la avaricia económica y los abusos de las jerarquías eclesiásticas. La controversia teológica con el papado se hizo política, pues la Iglesia era parte crucial de los poderes existentes en todos los reinos. El emperador presidió la Dieta de Worms (1521), pero Lutero no se retractó, sino que logró el apoyo de importantes príncipes alemanes que rompieron la unidad religiosa del imperio, por más que fuesen derrotados en Mühlberg (1547).

El concilio convocado por el papado en Trento desde 1545 tampoco logró recuperar la unidad del cristianismo y el protestantismo se extendió por Flandes, Francia y países nórdicos, además de Inglaterra, en la versión liderada por el rey Enrique VIII. Posteriormente, la guerra de los Treinta Años (1618-1648) culminó en tablas la lucha contra el protestantismo, como se verá en el epígrafe siguiente. Por lo demás, tan constantes campañas militares provocaron la ruina del imperio, especialmente en Castilla, a causa de la elevada fiscalidad que se le impuso y la consiguiente inflación, así como por el abuso y especulación en la emisión de los juros reales (equivalente a la deuda pública actual) que supuso la dependencia de la hacienda real de los banqueros externos. En cambio, la Corona de Aragón quedó al margen, no intervino y además sus leyes impedían tan agobiantes cargas.

Guerra de los moriscos y otras alteraciones

La guerra ocurrida en el reino de Granada —provincias de Málaga y Almería incluidas— mostró no solo un conflicto religioso y la marginación de un grupo social, sino las tensiones por las tierras. A los nuevos cristianos se les marginó por considerarlos criptomusulmanes. Aunque se integraron los más acomodados, los campesinos y artesanos mantuvieron su lengua y costumbres. Los cristianos viejos los llamaron “nación morisca” y hubo conflictos entre frailes católicos y alfaquíes musulmanes. Además, la lucha contra el Imperio otomano atizó la paranoia de la conspiración que vio a los moriscos como potenciales aliados de los berberiscos y turcos. En la década de 1560, Solimán el Magnífico había logrado el dominio de Túnez y Argelia mientras Felipe II subía los impuestos sobre las sedas granadinas y prohibía su exportación y, por su parte, la Inquisición confiscaba las tierras de moriscos acusados de falsos creyentes que la hacienda real vendía a los castellanos.

La espoleta saltó cuando, por petición de los obispos del reino de Granada, Felipe II relanzó, en 1567, la conversión forzosa, prohibiendo ahora la lengua árabe, los baños públicos, los vestidos moriscos y los velos en las mujeres. Trataron de mediar moriscos como Francisco Núñez Muley alegando que era imposible “quitar a las gentes su lengua natural, con que nacieron y se criaron” y razonando que “los egipcios, sirianos, malteses y otras gentes cristianas en arábigo hablan, leen y escriben, y son cristianos como nosotros”. Fracasaron las mediaciones y los moriscos se sublevaron en 1568 con un plan de independencia del reino de Castilla para defender la fe y cultura musulmanas. Fue una guerra de religión y contra la corona, liderada por Fernando de Córdoba y Válor, caballero cristiano cuyo abuelo musulmán había recibido del rey el señorío de Válor. Cambió su nombre por Muley Muhammad Aben Humeya y buscó el apoyo de los berberiscos y turcos.

La guerra duró dos años, Juan de Austria con los tercios y el catalán Requesens con las naves, para evitar el apoyo turco, derrotaron a unos sublevados que, entre tanto, habían restablecido la práctica del islam (previa matanza de 62 curas y 86 frailes) y la estructura del reino nazarí, con juegos deportivos incluidos. Juan de Austria pasó a cuchillo a los hombres de cada pueblo, apresó al resto, quemó sus hogares y cosechas y logró que o se rindieran, o huyeran a África. A las matanzas siguió la deportación de los 80.000 moriscos supervivientes, más de un tercio de la población de todo el reino granadino. Incluyeron a los “moriscos de paz”, como los 10.000 de la ciudad de Granada que no se habían sublevado. Llevados en reatas a distintas poblaciones de Castilla, por el camino murió uno de cada cinco y en cada pueblo quedaron registrados sin poder salir de ahí, un control que facilitaría su expulsión en 1610.

Por lo demás, el siglo XVI se cerró con las llamadas alteraciones de Aragón, donde la nobleza ejercía su poder señorial o feudal con creciente voracidad económica con cargas cada vez más gravosas para los campesinos. Estos se acogían a los fueros y reclamaban ante el rey que se cumplieran las normas de concesión del señorío. Sin embargo, la justicia la ejercía el propio noble en cada señorío, nombraba jueces, alcaldes y alguaciles y la justicia del rey no podía intervenir en ese espacio feudal. Ese sistema estaba protegido por el Justicia de Aragón que impedía la intromisión del rey en los privilegios de los señores de cada pueblo, aunque también podía beneficiar a la gente común en ciertos conflictos.

En síntesis, había dos poderes, el del rey, ejercido en su nombre por un virrey, siempre aragonés, y aplicado por la Audiencia, y el poder del tribunal del Justicia, que resolvía los pleitos entre la Corona, los señores (laicos o eclesiásticos) y los súbditos, que podía ser a dos o tres bandas. Por eso, en los pleitos entre los campesinos y los señores, los primeros se encontraban con el apoyo del rey que pretendía mermar los poderes señoriales. Hubo pleitos que desembocaron en conflictos sangrientos por el aprovechamiento de pastos y aguas y abundaron las insurrecciones armadas contra los señores como sucedió en las baronías de Ayerbe y de Monclús, en el marquesado de Ariza y en el condado de Ribagorza, todos reprimidos con la ejecución de numerosas personas. A esos movimientos de protesta organizada y armada se sumó la expansión del bandolerismo y la persistente rivalidad con los moriscos que, por miedo, se plegaban a las exigencias económicas de los señores.

En ese contexto, Felipe II nombró un virrey no aragonés, el marqués de Almenara, y nuevos inquisidores, lo que hizo temer a la nobleza y clero que podrían tener menos apoyos en sus constantes pleitos con los campesinos. Coincidió con la llegada a Zaragoza del antiguo secretario del rey, Antonio Pérez, huyendo de la justicia real y amparándose en los fueros de Aragón. Tuvo el apoyo del conde de Aranda, entre otros nobles. El propio rey, para no entrar en conflicto con el Justicia de Aragón, de la familia Lanuza, echó mano de la Inquisición que, bajo acusación de herejía, podía intervenir sin permiso del Justicia. Fue la espoleta para el motín de nobles, clérigos, hacendados y artesanos de Zaragoza que, en 1591, se opusieron a la entrega de Antonio Pérez a la Inquisición. El Justicia apresó al virrey, que, herido en el tumulto, murió al poco en la cárcel. Los vaivenes entre los amotinados, la Inquisición y la corona facilitaron la fuga de la cárcel de Antonio Pérez, que se sumó la rebelión. El rey, contraviniendo los fueros, envió tropas del reino de Castilla, se enfrentaron a las tropas del Justicia Lanuza, ocuparon Zaragoza sin dificultad y el rey mandó decapitar a los líderes, Lanuza entre ellos. La nobleza, en las Cortes de Aragón reunidas en 1592, acató el nombramiento de un virrey no aragonés y quedó el Justicia bajo la jurisdicción real. A cambio conservaron los señoríos con capacidad para ampliar sus rentas a costa de los campesinos.

El debilitamiento de la Monarquía imperial hispánica (1598-1659)

Cronología
1598 | Inicio del reinado de Felipe III.
1599 | Duque de Lerma, valido del rey. Benkos Biohó organiza un palenque cimarrón (Colombia).
1600 | Se crea la Compañía Británica de las Indias Orientales, modelo de explotación privada.
1602 | Se crea la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales.
1605 | Primera parte de El Quijote.
1607 | Suspensión de pagos: la deuda flotante pasa a deuda consolidada o juros y se negocia tregua.
1609 | Tregua de Doce Años con los Países Bajos. Primer decreto de expulsión de moriscos de Valencia. Siguen decretos expulsando de reinos de Castilla y Murcia. Gaspar Yanga organiza el poblado cimarrón San Lorenzo de los Negros en Veracruz.
1615 | Segunda parte de El Quijote.
1618 | Guerra de los Treinta Años, implicados los principales reinos europeos.
1621 | Muere Felipe III, le sucede Felipe IV.
1624 | Plan de Unión de Armas del conde-duque de Olivares, valido de Felipe IV.
1625 | El neerlandés Hugo Grocio publica Sobre el derecho de la guerra y de la paz.
1626 | Las Cortes catalanas no aceptan la Unión de Armas.
1627 | Bancarrota o suspensión de pagos.
1632 | Motín de la sal en Vizcaya y contra impuestos abusivos hasta 1634: ejecución de los cabecillas y retirada de la subida del precio de la sal en el Señorío, monopolio del rey.
1640 | Corpus de Sangre en Barcelona, guerra dels Segadors con la Diputación al frente. En Portugal, se declara rey Juan IV de Braganza, guerra de Restauración hasta el Tratado de Lisboa (1668).
1641 | Cataluña es parte de la monarquía francesa, con un virrey francés hasta el asedio y rendición de Barcelona, cuando Cataluña vuelve a la Monarquía Hispánica en 1652.
1643 | Felipe IV jura en Lérida las leyes e instituciones catalanas. En Rocroi los tercios españoles son derrotados en la guerra de los Treinta Años.
1647 | Bancarrota de la corona. Sublevaciones populares en Nápoles y Sicilia contra la Monarquía Hispánica. Alteraciones antifeudales en Andalucía hasta 1653.
1648 | Tratado de Westfalia: fin de la guerra con los Países Bajos, independientes, la razón de Estado se sitúa por encima de la religión.
1659 | Tratado de los Pirineos: el rey francés se casa con la hija del rey español, recibe el Rosellón y la Cerdaña y se indulta y restituyen bienes a los sublevados en Cataluña.

La monarquía compuesta en tiempos de bancarrotas,
validos y catolicismo barroco

En 1598, a la vez que se vivía la mayor bancarrota del reinado de Felipe II, su hijo Felipe III heredaba aquella monarquía compuesta por distintos reinos desde los Reyes Católicos y cuyo poder se fortaleció con el impacto de la obra de Giovanni Botero, La Razón de Estado (1589). Este defendía, frente a Maquiavelo, la religión católica como fundamento para gobernar y exigía uniformidad de creencias para evitar guerras civiles, deportando, por tanto, a los disidentes religiosos. En concreto, el poder real se acrecentó nombrando los corregidores territoriales y organizando las Chancillerías o Audiencias para imponer la justicia real sobre la justicia de la nobleza señorial. Más decisiva fue la creación de un ejército real permanente, sin depender de las tropas que históricamente habían organizados los aristócratas y jerarcas eclesiásticos.

Por otra parte, la agregación de herencias y conquistas propias de esta monarquía compuesta se basaba en la cooperación de las clases dominantes en cada reino, leales siempre que se les reconocieran sus leyes y privilegios y se aplicara el principio de igualmente importantes entre los reinos, sin sometimiento a otro reino. Pero la monarquía necesitaba mayor uniformidad y control para sostener su ejército en continuas guerras y pagar sus progresivos endeudamientos desembocados en bancarrotas sistemáticas. Era la fórmula que posteriormente motivaría la política del conde-duque de Olivares: Multa regna, sed una lex (Muchos reinos, pero una sola ley).

Porque, en efecto, las guerras y las bancarrotas requerían un creciente poder financiero e impulsaron el fortalecimiento de lo que hoy se llama Estado moderno. Felipe II también había comenzado su reinado asumiendo las enormes deudas de Carlos I y prosiguió idéntico endeudamiento porque ni los ingresos de la corona ni el oro y plata de América eran suficientes para sostener tantas guerras. Así, Felipe II, en 1557, había consolidado la deuda flotante con sus banqueros prestamistas por títulos a más largo plazo y menor interés. Hubo otra grave crisis en 1575 que arruinó a la ciudad de Amberes y la banca de los Fugger (Fúcares), pero la de 1596 fue tan grave que, con Felipe III, la monarquía tuvo que suspender pagos en 1607, convertir la deuda flotante en deuda consolidada o juros y parar la guerra de Flandes, cediendo una tregua de 12 años a los Países Bajos, que, de hecho, era reconocer su independencia. Era el inicio de la pérdida progresiva de la hegemonía política de la Monarquía Hispánica en Europa.

Por otra parte, en el seno de esta monarquía se desarrolló una estrategia propia del Estado moderno, fue el arte de gobernar a distancia que se sustentaba tanto en una calculada política matrimonial como en la política informal, mediante clientelas leales al rey a cambio de beneficios económicos y privilegios políticos a fin de controlar territorios alejados del centro de poder. Por eso fue un sistema que combinó elementos institucionales y administrativos con otros simbólicos y culturales para mantener la lealtad al rey, y que se hizo imprescindible para gobernar los dominios de América. Y como la presencia física del rey era imposible, se hizo imprescindible contar con una capital donde residiera la corte de modo permanente, Madrid en este caso.

Se desplegó, en consecuencia, una serie de rituales religiosos y civiles, con ceremonias cuidadosamente elaboradas, para crear la sensación de cercanía y respeto en los distintos reinos, además de reproducirse la imagen del rey en monedas, medallas y escudos, junto al sello real como garantía de un poder sacralizado por la religión. En este sentido, el poder de los virreyes, sobre todo en América, fue decisivo, porque permitió gobernar desde la lejanía, aunque conllevó la corrupción y el abuso de poder por los funcionarios como parte del sistema, practicando el conocido “obedezco, pero no cumplo”. Tales abusos también contribuyeron al declive del imperio, aunque no estuviesen previstos por quienes los practicaron.

Ahora bien, la complejidad del gobierno obligó a delegar aspectos importantes en alguien de confianza. Así surgió la figura del valido, un miembro de la aristocracia en quien confiaba el rey. Ocurrió también en Francia, por ejemplo, con el famoso cardenal Richelieu. En la Monarquía española fue el duque de Lerma quien obtuvo el valimiento del joven Felipe III hasta 1618. Pero con Lerma se creó tal red de corrupción con el que, a su vez, fue valido del valido, Rodrigo Calderón, que este fue ejecutado en la plaza Mayor de Madrid por acusaciones precisamente del hijo de Lerma, que sustituyó a su padre como valido.

Por lo demás, fue una época marcada por el peso de la Contrarreforma católica que, tras el Concilio de Trento (1545-1563), fue omnipresente en todos los ámbitos de la Monarquía Hispánica. El conjunto de la Iglesia, su personal religioso, la Inquisición y la orden de los jesuitas empaparon la sociedad de dialécticas entre la teología y la mística, la euforia por la fe y el pesimismo por el pecado, el poderío del imperio y la decadencia de sus ejércitos o el lujo de nobles y obispos frente a la pobreza y mendicidad del pueblo. Su máxima expresión artística, el barroco, integró tanto el movimiento desatado como el impulso contenido en sublimes creaciones literarias, pictóricas, escultóricas y arquitectónicas; también en el pensamiento y en la vida cotidiana de todas las clases sociales con una extensa religiosidad en torno a las imágenes de santos y en especial de la Virgen María y de la pasión de Cristo. Esta cultura cruzó el Atlántico y dejó huellas indudables como las catedrales de México, Bogotá, Lima o La Habana, y, por ejemplo, la figura tan excepcional de Juana Inés de la Cruz (1651-1695), que ensalzó el derecho de la mujer al cultivo de la mente.

¿Conflicto de convivencia? La expulsión de los moriscos

Tras la deportación de los moriscos de Granada, unos 80.000, dispersos entre los casi seis millones de habitantes de Castilla, el conflicto de convivencia se trasladó a los reinos de Valencia y Aragón donde eran entre el 25 y el 30% de la población, unos 270.000. Las voces a favor de expulsarlos se intensificaron, con el patriarca Juan de Ribera al frente, mientras que el valido del rey, el duque de Lerma, también marqués de Denia, se oponía, como toda la nobleza valenciana, porque eran campesinos más fácilmente doblegables.

Se impuso la Iglesia con el decreto de 1609, solo para los moriscos valencianos. En tres días, embarcaron en naves ya preparadas para salir al norte de África con los bienes que pudieran llevarse; el resto del patrimonio quedaba para los nobles como indemnización por perder vasallos. Cada señor feudal seleccionaría a seis para conservar las cosechas y enseñar a los nuevos pobladores las técnicas de trabajo y regadío agrícola. Más de 20.000 se fugaron a las montañas o se rebelaron, la mitad murió a manos de las tropas reales, y unos 120.000 salieron embarcados para el destierro, más los que optaron por salir hacia países europeos.

De enero a octubre de 1610 fueron expulsados sucesivamente los moriscos de Andalucía, pasando sus bienes a la corona, los del reino de Aragón, los pocos del Principado de Cataluña, los de las dos Castillas y Extremadura y los de Murcia. Cervantes en El Quijote relata la experiencia del morisco Ricote, manifestando compasión con el desterrado y rechazo a una intolerancia de tan dramáticas consecuencias. Porque fue un momento de crueldad social donde abundaron las extorsiones y avaricia de los nobles, también de la corona, así como de los vecinos cristianos viejos que secuestraron niños para venderlos como esclavos, se quedaron con sus casas o los apalearon por ser moros. Hubo autores que, aun siendo favorables a la expulsión, como Pedro Aznar Cardona, teólogo, relató cómo

[los moriscos] reventando de dolor y de lágrimas, cargados de sus hijos y mujeres, de sus enfermos, viejos y niños, llenos de polvo, sudando y carleando […] iban a pie cansados, doloridos, perdidos […] padeciendo incomportables trabajos, grandísimas amarguras, muriendo muchos de pura aflicción, pagando el agua y la sombra por el camino por ser tiempo de estío.

La expulsión sacudió a la opinión pública de la época. Lo evidencia el citado relato de Cervantes que, por otra parte, testimonia que hubo quienes volvieron. Se subrayó el desastre social y económico en ciertos oficios y sobre todo en el campo de Aragón y muy severamente en Valencia y en Murcia. Por ejemplo, en Valencia, de los 405 pueblos de moriscos en 1609, la mitad seguían despoblados al cabo de cuarenta años. Se beneficiaron al final los grandes nobles que endurecieron las condiciones para trabajar en sus dominios con un régimen señorial que llegó intacto al siglo XIX.

La crisis de 1640: conflictos de poderes territoriales

Al bajar la cantidad de plata americana en el primer tercio del siglo XVII y encontrarse exhaustos los pecheros castellanos, se entró en una década de profunda inestabilidad con necesidades acuciantes para la Monarquía y un contexto general de crisis económica y política europea que supuso la pérdida de la hegemonía hispánica. Porque la crisis interna en esta Monarquía imperial estuvo indisolublemente unida a la guerra de los Treinta Años, que implicó a gran parte de Europa. La espoleta fue el proyecto de Unión de Armas del conde-duque de Olivares, valido de Felipe IV, que propuso tal fórmula en 1624 para que todos los reinos de la monarquía contribuyeran al sostenimiento del ejército. Generó una fuerte oposición en los reinos no castellanos por alterar sus fueros y privilegios, desde Cataluña hasta Nápoles.

El plan de Olivares, si bien mermado, se aplicó en Valencia y Aragón, pero las Cortes catalanas de 1626 y 1632 no aprobaron la Unión de Armas ni cualquier contribución equivalente porque sus constituciones solo preveían la ayuda en caso de guerra en territorio catalán. Los estamentos defendieron sus leyes y privilegios, y, si hubiesen aceptado tal propuesta, su Diputación habría tenido que gestionar las exigencias fiscales y militares de la corona, una tarea impopular. A esto se sumó que, desde 1636, por la guerra con Francia, el ejército real tuvo que establecerse en tierras catalanas, obligando a su alojamiento y manutención. Los robos y saqueos de las tropas, obviamente mercenarias, generaron un malestar que estalló en el Corpus de Sangre de 1640 cuando los segadores que buscaban ser contratados en Barcelona para la cosecha se rebelaron y asesinaron al virrey.

Ante el vacío de poder, Pau Claris, al frente de la Diputación del General (de ahí la Generalitat), compuesta por nobles, eclesiásticos y síndicos de ciudades, tomó las riendas y buscó el apoyo del rey de Francia, puesto que la sublevación se convirtió en una lucha abierta de los campesinos contra los nobles y ricos, además de oponerse a la monarquía. La Diputación, sin fuerzas para controlar la situación, ofreció su fidelidad al rey de Francia. Este monarca, como nuevo conde de Barcelona, desde enero de 1641 nombró un virrey, esta vez francés. Además, Richelieu, valido del rey francés, convirtió Cataluña en un frente de guerra para debilitar la Monarquía Hispánica, lo que amplió el descontento de unas poblaciones que tenían que soportar a tropas de uno y otro bando. En esa situación se vivió hasta que, en 1651, el ejército dirigido por Juan José de Austria asedió Barcelona, las tropas franco-catalanas se rindieron en 1652, en plena epidemia de peste, y se reconoció como rey a Felipe IV, que previamente había jurado en Lérida obedecer las leyes catalanas (1643). Cuando, posteriormente, se firmase la Paz de los Pirineos, la corona francesa mantuvo la posesión del Rosellón y parte de la Cerdaña (1659).

Esta guerra, en parte, quedó en la memoria de las clases dirigentes catalanas como una rebelión nacional contra el unitarismo del conde-duque de Olivares, aunque también expresó la persistente lucha de los campesinos y de los menestrales contra las oligarquías sociales. En todo caso, supuso un desafío institucional de tal calibre que contribuyó a la separación de Portugal. En efecto, el 1 de diciembre de 1640, un grupo de nobles portugueses se hicieron con el poder en Lisboa, asesinando al secretario de Estado y proclamando rey al duque de Braganza como Juan IV. Comenzó así la guerra de la Restauración, con una etapa de desgaste, solo con escaramuzas fronterizas, por falta de recursos de ambos bandos y porque la Monarquía Hispánica tenía otros muchos frentes abiertos, el de Cataluña y en el resto de Europa.

Portugal buscó y obtuvo el apoyo de las monarquías de Francia, Inglaterra y también de los Países Bajos, todas en guerra contra la corona hispánica. Fue decisiva la ayuda militar, naval y financiera de Carlos II de Inglaterra, tras casarse con Catalina de Braganza en 1661, y también la del rey francés, con un balance bélico de varias victorias portuguesas hasta la más decisiva de Montes Claros (1665), aunque, hasta 1668, por el Tratado de Lisboa, la corona hispánica no reconoció a la dinastía de Braganza como reinante en Portugal. Ya antes habían logrado su reconocimiento de independencia los Países Bajos.

Por lo demás, la coyuntura de debilidad política facilitó dos conspiraciones aristocráticas de intenciones confusas, quizás con idea de crear reinos propios, la del duque de Medina Sidonia en 1641 en Andalucía, y, en 1648, la del duque de Híjar en Aragón, sofocadas con dureza. De mayor calado, aunque con impacto internacional limitado, fueron las rebeliones sociales de Nápoles y Sicilia en 1647-1648, donde las guerras sostenidas por la Monarquía Hispánica también conllevaron el aumento de la presión fiscal y la deuda pública. Se involucraron distintos grupos e intereses sociales, comenzó cuando las clases más pobres de Nápoles, lideradas por Tommaso Aniello (Masaniello), un vendedor de pescado, con la adhesión de los gremios tomaron la ciudad. Se sumaron juristas, letrados y funcionarios, opuestos tanto al autoritarismo monárquico como a la nobleza feudal, así como ciertos grupos de la burguesía, que anhelaban un peso mayor en el gobierno municipal. Un amplio abanico social que instauró una República opuesta al dominio español, mientras la nobleza feudal se mantuvo fiel a la corona, y el campesinado, igualmente sublevado, no entró en coordinación con la rebelión urbana. Masaniello se convirtió en símbolo revolucionario en Europa hasta el XVIII.

Simultánea fue la sublevación en Sicilia donde, sin embargo, no hubo enfrentamiento con la nobleza tradicional, sino que esta fue parte del bloque de comerciantes y altos funcionarios con aspiraciones de poder autónomo y tampoco el campesinado coordinó su revuelta con los rebeldes de Palermo. La derrota de ambas rebeliones supuso el reforzamiento del poder monárquico al reducir su presión fiscal y apoyarse en la nueva aristocracia de comerciantes y banqueros a los que se le facilitaron sus operaciones financieras con especulación y adquisición de tierras.

Amotinamientos y emigración a mitad de siglo

En todas las rebeliones hubo espoletas constantes: la recarga de impuestos y las continuas levas de varones para guerrear, nunca aceptadas más que por miedo o resignación; expresaban la voracidad del Estado fiscal-militar pensado para la ambición dinástica y, por tanto, la guerra. Se vencía la resignación y brotaba el motín cuando una serie de malas cosechas y la acumulación del trigo en los almacenes señoriales encarecían el pan, ingrediente casi único de la dieta de esas clases populares del campo y de la ciudad. Así ocurrió en el motín en el Señorío de Vizcaya (1632-1634) por la subida del precio de la sal, que terminó con la ejecución de los cabecillas; o en la cadena de levantamientos antifeudales y antifiscales de Andalucía contra los monopolios señoriales entre 1647 y 1653. También los realizados contra el duque de Segorbe en Lucena, Espejo y Comares, aristócrata con señoríos también en Cataluña, era Ramón Folch de Cardona y Fernández de Córdoba que monopolizaba el comercio del vino, trigo y cebada, y ponía el precio a su antojo. Un fraile carmelita lo denunció: “Tiene estancados los frutos, vendiéndolos a mayores precios que en toda la comarca y comprando otros muchos. […] y así ha traído de Ronda gran cantidad de ganado vacuno y de cerda, lo vende en las carnicerías públicas y gana dos cuartos más en cada libra”. El carmelita insistió en que “los ánimos de los vasallos [estaban] irritados”, pues el duque arruinaba a los campesinos y también a los comerciantes y labradores acomodados.

Similares fueron otras muchas revueltas en los pueblos andaluces de señorío donde los propios duques o marqueses ejecutaban la represión eran quienes aplicaban la justicia con penas de horca. Por ejemplo, el marqués de Priego mandó ahorcar a dos insumisos o el marqués de Estepa dictó y presenció la ejecución de los líderes de la revuelta de los Ardales, en Málaga. También los artesanos de los gremios de las ciudades se amotinaron como ocurrió en 1648 en Granada, Córdoba y Sevilla. Muchos de ellos en paro, arrastraron a capas medias y clérigos opuestos a los privilegios de la nobleza que controlaba el poder municipal, se manifestaron pacíficamente, al grito de “¡Viva el rey y muera el mal gobierno!”, y hubo casos, como en Córdoba, que se les sumó el obispo. Lograron un cambio de autoridades y la bajada del precio del pan; en otros casos los amotinados requisaron los almacenes de trigo que tenían los aristócratas y los cabildos, o directamente se apropiaron del pan de las tahonas.

Muy ilustrativo es el testimonio del corregidor de Ayamonte quien relató a su superior, el duque de Medinaceli, lo ocurrido en esa población. Detalló que más de trescientas personas, “la gente más vil de esta villa, barqueros y de la plaza”, al grito de “¡Viva el rey y muera el mal gobierno!”, movidos por la falta de pan, le saquearon la casa y acordaron no pagar ni las alcabalas ni los demás impuestos; en suma, “querían vivir con mucha libertad”. Tales eran los afanes de unas clases populares encadenadas al pago de crecientes tributos por cuyas protestas eran castigadas habitualmente con la pena de muerte, como ocurrió en Córdoba en 1652 cuando las autoridades, arropadas por los nobles, ejecutaron a quienes querían vivir con mucha libertad: tres sombrereros, dos tintoreros, dos sastres, dos herradores, un zapatero, un carpintero, un tirador de damascos, un barbero, un carretero, un tendero, un boticario, un maestro de escuela…

Estos eran los súbditos que anhelaban otra forma de gobierno. Los arbitristas, intelectuales que criticaron el mal gobierno, dieron cuenta del declive de la población como problema urgente, preocupados también por la fiscalidad, el endeudamiento, las manos muertas y la supeditación de la política a los intereses familiares de la dinastía. Y es que en Castilla, Valencia y Cataluña los ciclos de malas cosechas por sequías habían generado periódicas hambrunas entre 1617 y 1659 con los consiguientes picos epidémicos. Además, las levas de jóvenes para las guerras mermaron los brazos para el campo. Se calculan, por ejemplo, unos 10.000 varones al año por levas forzosas en el reino de Castilla. Sin olvidar que bien pudieron embarcar para América unas 400.000 personas desde 1500, siendo la mitad entre 1600 y 1650. Una cuarta parte ilegalmente, y del total, cerca del 50% fueron andaluces, un 30% castellanos, el 15% extremeños y pocos los de otros territorios.

El desenlace de las guerras
y los tratados de Westfalia y de los Pirineos

La guerra de los Treinta Años (1618-1648) comenzó como conflicto religioso entre príncipes del Imperio germánico reformistas o protestantes unos, y contrarreformistas o católicos los otros. La rebelión de los reformistas de Bohemia en contra del emperador Habsburgo, católico, concitó el inmediato apoyo de su primo Habsburgo, reinante en la Monarquía Hispánica. Sin embargo, Francia, también católica, y los gobiernos protestantes de los Provincias Unidas de Holanda, Dinamarca y Suecia apoyaron a los protestantes. La guerra adquirió un calibre prácticamente planetario ya que se cuestionaron las posesiones coloniales, sobre todo las hispánicas para ampliar los intereses comerciales de ingleses, franceses y holandeses. Incluso llegó a replicarse la guerra entre daneses, portugueses y holandeses en tierras como la India.

Aunque hubo victorias de los dos Habsburgos, como la de Breda (1626), pronto comenzaron las derrotas, la más sonada sufrida por los tercios hispanos fue la de Rocroi (1643). Se destruyeron tanto entre sí que la población centroeuropea, por la guerra, penurias y epidemias, se mermó en un 30% y todos los contendientes consideraron que era mejor solución pactar una paz. Se acordó en Westfalia (1648) e hicieron historia por la importancia y número de las delegaciones que negociaron lo que se considera el acta de nacimiento del Estado soberano que postergó la identidad religiosa al situar por encima la lealtad al rey como responsable del Estado. El papado perdió su primacía legitimadora al aceptarse la fórmula de que, según la religión del rey, esto es, del Estado, así sería la fe de sus súbditos. Se llamó “razón de Estado”, idea amasada por influjo de Maquiavelo y posteriores pensadores políticos, que supuso en la práctica la desintegración del Sacro-Imperio.

Respecto a la Monarquía Hispánica, esta reconoció la independencia de los Países Bajos y, por tanto, dejó de ser parte de Centroeuropa. Mantuvo la guerra con Francia en tierras catalanas hasta que, en el tratado de los Pirineos (1659), hubo indulto y devolución de bienes a los catalanes sublevados, mientras el rey francés, Luis XIV, ganaba varias plazas de Flandes más el Rosellón y parte de la Cerdaña, y se casaba con María Teresa de Austria, hija del monarca hispánico Felipe IV, de modo que un nieto de este matrimonio sería el Borbón Felipe V. Entre tanto, las constituciones o Usatges vigentes en el Rosellón fueron derogadas al año siguiente y se prohibió el catalán en las instituciones, mientras la guerra de Portugal finalizaría con el citado tratado de Lisboa (1668).

Balance

Comenzó la modernidad cuando un continente inesperado, América, abrió el camino para una economía-mundo de rasgos capitalistas, incluyendo la explotación esclavista. Se reforzaron, sin embargo, los poderes de la nobleza y de la Iglesia que, con la monarquía al frente, implantaron la uniformidad religiosa obligando a convertirse a judíos y musulmanes, para expulsarlos, por último, y usando la Inquisición contra todo sospechoso de hereje o falso cristiano. Por otra parte, las capas medias urbanas lucharon por ampliar su peso político, las rebeliones campesinas contra la voracidad tributaria fueron constantes, como también las sublevaciones de indígenas y esclavos en América. Además, emergieron grupos de comerciantes con un radio de acción internacional, mientras el campesinado experimentó diversas evoluciones del régimen señorial, entre el enfiteuta y el jornalero. Entre tanto, las guerras de la corona por sus herencias o por la fe absorbieron todos los impuestos, el oro y la plata de América y unas enormes deudas que hicieron de la bancarrota una costumbre. A su vez, alentaron la concentración de poder en los monarcas cuyos dominios, tan extensos, exigieron una administración que sentó las bases del Estado moderno. Se mantuvieron las instituciones de cada reino, con sus respectivos idiomas, fue una “monarquía compuesta”, aunque el poder de los virreyes y la creación de las Audiencias y de los Consejos reforzaron el protagonismo del monarca. Desde 1640, la dinámica imperial de guerras derivó en crisis económica y política, con sublevaciones sociales y territoriales internas, más la pérdida de dominios europeos en la paz de Westfalia. Comenzó el declive de una Monarquía que, no obstante, había albergado el soberbio esplendor creativo del Siglo de Oro de la cultura española, con la excepcional originalidad del barroco.

Capítulo 5

La Edad Moderna (2). Las sociedades hispánicas entre el reformismo patriótico y la fortaleza de los privilegiados (1659-1808)

En este segundo período de la Edad Moderna ocurrieron en Occidente tres hechos decisivos: la Revolución inglesa, que decapitó al rey absolutista (1649), proclamó la República y, tras varios altibajos, implantó una monarquía parlamentaria (1688), con un teórico como Locke en su haber; la Revolución de los Estados Unidos, que inauguró la descolonización en América y aportó la primera Constitución escrita con libertades y separación de poderes (1776-1787); y, en fin, la Revolución francesa, que abolió el feudalismo y proclamó la soberanía popular y los derechos del hombre, con la utópica trilogía de “libertad, igualdad y fraternidad” (1789).

Respecto a la economía, las prácticas e ideas del primer capitalismo tuvieron su vademécum en La riqueza de las naciones de Adam Smith (1776). Simultáneamente, la revolución científico-técnica iniciada con Copérnico (1543), ampliada por Descartes (con el axioma pienso, luego existo, 1637) y las leyes físicas de Newton (1687), fue sintetizada por Kant con el sapere aude (atrévete a pensar, 1784) de la Ilustración, que arrumbó la escolástica para situar el filtro de la razón en todos los ámbitos. Lo que empíricamente se plasmó en la máquina de vapor de James Watt (1769), una tecnología que alteraría radicalmente la historia de la humanidad.

También surgieron voces que sacaron a las mujeres del silencio y sumisión. Sobre todo, en los países protestantes donde grupos como los cuáqueros reconocieron su igual capacidad para predicar la palabra divina. En el catolicismo fue pionero un cura cartesiano, Poullain de la Barre, que, en 1673, deslegitimó la inferioridad atribuida a las mujeres y propugnó su derecho a la educación como factor de progreso. Ideas que circularon por primera vez en la Monarquía Hispánica con Juana Inés de la Cruz (1692) y Benito Jerónimo Feijoo (1726) y que se afianzarían, aunque de modo minoritario, con la Ilustración en toda Europa.

En definitiva, cada época alberga sus contradicciones, porque todas son de tránsito. En el caso de la Monarquía Hispánica, adalid del absolutismo y del catolicismo, se mantuvieron los poderes señoriales de la nobleza y de los eclesiásticos, pero no todos sus habitantes, americanos y peninsulares, se quedaron en la trastienda de tan enormes novedades. Al contrario, desde la segunda mitad del siglo XVIII, la construcción de un Estado y al afán de reformas se impusieron en los sucesivos gobiernos de dicha monarquía. Porque, además de las revoluciones políticas expuestas, el ascenso económico de ingleses y holandeses, imparables en las rutas oceánicas, impulsó entre las élites hispanas la necesidad de un nuevo rumbo que buscase el interés de la patria, esto es, el bien común a una y otra orilla del Atlántico. Los arbitristas fueron las primeras voces críticas, pidieron al rey desde fines del siglo XVI arbitrar remedios, sobre todo no sacar metales preciosos a otros países, y en el siglo XVII desplegaron un arbitrismo más reformista, diagnosticando los males de España y reclamando soluciones.

La idea de patria adquirió entonces un significado político, el de una comunidad con derecho a ser gobernada para lograr objetivos beneficiosos para todos, y no para defender una fe o la herencia de una dinastía. Esta convicción se reforzó en la segunda mitad del siglo XVIII cuando prosperó entre las élites un reformismo que, amparado por el ideario ilustrado, apeló con rotundidad a la patria para derribar la obstinada oposición de los estamentos nobiliario y eclesiástico. En consecuencia, la Ilustración española, aunque limitada en el ámbito teórico, pues no hay que olvidar la losa de la Inquisición, tuvo un desarrollo de carácter aplicado y abrió la sociedad a las novedades de cambio económico y político, de progreso técnico y ampliación de saberes, con una meta de regeneración patriótica que se manifestará de modo revolucionario en 1808.

Se explicarán estas cuestiones en tres etapas. En la primera, hasta 1715, de recuperación y guerra, se dio fin a la monarquía compuesta y a las posesiones hispánicas en Europa, de modo que la segunda, hasta 1789, estuvo marcada por las tensiones y conflictos generados por el reformismo ilustrado, y en la tercera, hasta 1808, se entró de lleno en lo que se califica como crisis del Antiguo Régimen.

Recuperación, guerra
y uniformidad política (1659-1716)

Cronología
1659 | Tratado de los Pirineos: la Monarquía Hispánica pierde el Rosellón y la Cerdaña.
1660 | Muere el pintor Diego Velázquez.
1664 | Motín en Madrid contra los impuestos.
1665 | Muere Felipe IV, reina Carlos II, con su madre regente y el jesuita Nithard como valido.
1667 | Locke publica Ensayo sobre la tolerancia.
1668 | Tratado de Lisboa: Portugal, independiente. Luis XIV de Francia y Leopoldo, emperador Habsburgo, piensan repartirse la Monarquía Hispánica, si Carlos II no tuviera descendencia
1677 | Juan José de Austria, hermanastro del rey, es el valido.
1680 | Motín en Madrid contra los impuestos. El duque de Medinaceli, nuevo valido del rey.
1681 | Fallece Calderón de la Barca, autor señero del Siglo de Oro cultural.
1684 | Francia se hace con Luxemburgo, antes con el Franco Condado.
1686 | El conde de Oropesa, valido del rey.
1687 | Revuelta de los barretines en Cataluña contra los abusos de las tropas.
1689 | Carta de Derechos en Inglaterra, tras la Revolución gloriosa de 1688.
1692 | Motín del pan en México. Juana Inés de la Cruz: derecho de las mujeres a la educación.
1693 | Segunda Germanía en Valencia, de carácter antifeudal.
1699 | Motín de los gatos (apodo de los madrileños) contra la aristocracia por la carestía del pan.
1700 | Muere Carlos II y sucede Felipe V, nieto de Luis XIV de Francia.
1701 | Felipe V jura como rey en Castilla, Aragón y Valencia. Inglaterra y Holanda, con emperador Habsburgo, declaran la guerra a los Borbones.
1704 | Inglaterra conquista Gibraltar.
1707 | Batalla de Almansa, las tropas de Felipe V arrasan Xátiva. Decretos de Nueva Planta para los reinos de Aragón y Valencia, sometiéndolos a las leyes y lengua de Castilla.
1708 | Se establece la imprenta en La Habana.
1713 | Tratado de Utrecht, fin de la guerra de Sucesión: hegemonía de Gran Bretaña y fin de los dominios hispánicos en Europa. Se crea la Real Academia de la Lengua Española.
1714 | El 11 de septiembre, Barcelona, asediada, es conquistada por las tropas borbónicas.
1715 | Decreto de Nueva Planta para el reino de Mallorca. Menorca queda bajo dominio británico.
1716 | Decreto de Nueva Planta para el Principado de Cataluña, se abolen las Cortes, la Diputación y el Consejo de Ciento, sigue el derecho civil propio y el Consulado del Mar e implantan el castellano.

Reajustes y recuperación con motines y críticas sociales

En efecto, durante la segunda mitad del siglo XVII se extendió entre las élites hispanas la conciencia de que tantas guerras habían sido “sepulcro de sus ejércitos, consumo de sus tesoros”, según el noble Ortiz de Zúñiga (1677). La población y riquezas de Castilla fueron las más afectadas, tan vinculadas a los gastos bélicos de la monarquía, con sobrecargas para sus campesinos, sobre todo. Por eso, y por las periódicas malas cosechas, que conllevaban más enfermedades y epidemias, emigraron casi medio millón a América en este siglo. Los arbitristas, con aportaciones indudables al pensamiento económico, consideraron que la clave estaba en la estabilidad monetaria, que no existía desde hacía un siglo, con sus graves bancarrotas. Lograron la reforma monetaria de 1680, cuando el gobierno volvió a la moneda de plata, que había sido expulsada por la de vellón, con un alto porcentaje de cobre.

A la vez se moderó la recaudación fiscal, aunque al carecer de un censo general de Castilla no se pudieron contrastar las cifras de vecinos en los pueblos que reclamaban contribuir menos por estar despoblados. En todo caso, en 1682, en tiempos de Carlos II, se rebajaron las alcabalas o se eximió de impuestos durante 10 años a los nuevos moradores que repoblasen ciertas comarcas de Castilla, con incentivos para atraer artesanos extranjeros. También se protegieron las manufacturas al eximir del pago de alcabalas y prohibir el embargo de telares, tornos y otros utensilios por deudas y se creó la Junta de comercio (1679) cuyas ideas mercantilistas trataron de conectar las necesidades del comercio colonial con la mejora de los sectores productivos castellanos.

Aunque los arbitristas criticaron de modo recurrente los gastos exagerados y suntuarios de la familia real, de la aristocracia y de los jerarcas eclesiásticos, no por eso dejó de aumentar el número de aristócratas pues, para sanear la hacienda real, se prosiguió la política de vender títulos nobiliarios y cargos municipales de modo que los nobles monopolizaron todas las instituciones, desde las más altas a las municipales. Fue más intensa la crítica al clero, pues la Iglesia era un Estado dentro del Estado, con sus propias leyes y tribunales, acumulaba señoríos, rentas y diezmos, y en Castilla controlaba el 24% de las rentas agrarias, exentas de impuestos. Además, el alto clero era parte de las clases dirigentes, se nutría de hijos de la aristocracia y de la familia real. Las críticas al crecimiento de eclesiásticos, en torno a 150.000 se calculaban, llevaron a que el gobierno de Carlos II, en 1689, pidiera a los obispos suspender las ordenaciones de curas, porque bastantes lo hacían para escapar de la pobreza.

En este contexto hubo frecuentes protestas, destacaron las protagonizadas en las ciudades por menestrales y jornaleros de distintos oficios cuyo alimento básico era el pan, como ocurrió en 1699 en el mercado de Valladolid. El más sonado fue el Motín de los gatos (apelativo de los madrileños), cuando miles de personas, desesperadas por el precio del pan, asaltaron los palacios de los poderosos, entre ellos, el del valido del rey, el conde de Oropesa, que tuvo que dimitir. Finalizó la revuelta cuando el propio Carlos II se disculpó ante la multitud congregada en el palacio real.

Si esto ocurría en Castilla, la recuperación y el crecimiento económico tomaron mayor empuje en la periferia peninsular. De hecho, la población peninsular de la Monarquía en 1700 contaba casi con 8 millones de habitantes, algo más de los 7 o 7,5 calculados para 1600, pero con un paisaje de nueva pujanza en las periferias. Fue decisiva la entrada de la patata, en general, y del maíz en todo el norte y alto Ebro. En el reino valenciano, por ejemplo, la roturación de nuevas tierras y la extensión de la agricultura comercial supuso en 1700 un 20% más de habitantes que en 1600. Sin embargo, la repoblación tras la expulsión de los moriscos había reforzado el poder de la aristocracia que trató a los nuevos colonos como vasallos feudales sometidos a pagos en especie, con todos los poderes municipales designados por el señor. Por eso estalló en una nueva rebelión de agermanats, la segunda Germanía, esta vez de campesinos que se negaron a entregar la parte de la cosecha que reclamaban los aristócratas en nombre de su dominio eminente. En el ducado de Gandía, 3.000 campesinos tomaron esta ciudad en julio de 1693 al grito de “¡Vivan los pobres!”, pero una tropa de 400 a caballo y 1.500 infantes con artillería dispersaron a los campesinos, ejecutaron o condenaron a galeras a los más destacados y los escuadrones se cobraron las rentas reclamadas por los aristócratas.

Muy destacable fue la recuperación de Cataluña, cuya autonomía monetaria le permitió mantenerse al margen de las políticas económicas de Castilla a la vez que estuvo exenta de las cargas fiscales del imperio, excepto de las propias de defensa en su territorio. Además, sus manufacturas tuvieron que competir con productos extranjeros por la libertad de comercio impuesta en el tratado de los Pirineos (1659). Se renovó la industria textil, y se abrieron a mercados ingleses y holandeses con la producción y exportación de vino y aguardiente; en concreto, el tráfico del puerto de Barcelona se dobló en 1700 respecto al de 1600. Cuando sus comerciantes buscaron mercados en América, les exigieron en Cádiz, en 1764, tener un consulado, pero protestaron por ser tratados como extranjeros, debían “ser tenidos por españoles, como lo son, y no por naciones”, como si fueran los franceses. Por lo demás, no faltaron las revueltas antiseñoriales, la más conocida, la de los Barretines (1687-1689), que, tras dos años de malas cosechas por la plaga de langostas, movilizó a unos 18.000 campesinos opuestos a los alojamientos de las tropas reales en guerra con Francia.

Los virreinatos americanos en transformación

En el reinado de Carlos II, se relajaron los controles de la corona hispánica en los virreinatos de Nueva España (México y Centroamérica) y Perú (el continente sur). Ambos cumplían su tarea de producir y exportar metales preciosos, también de consumir productos europeos drenados desde Sevilla con régimen monopolista. Además, invertían en su administración, defensa y servicios coloniales. Por ejemplo, la prolongada guerra de Arauco contra las rebeliones mapuches hasta 1664 había sido financiada por el propio virreinato de Perú. Sin duda, América no fue una carga para la corona de Castilla. Al contrario.

En definitiva, en los dos virreinatos despegaron unas economías con una cierta división interterritorial del trabajo basado en un comercio entre ambos muy activo, además de los mercados propios de productos agrícolas y manufacturas locales cuyos excedentes se exportaban dentro del propio continente. Perú, por ejemplo, exportaba capital a México para pagar importaciones y productos chinos. Este proceso se basó en la recuperación demográfica de la población indígena y mestiza, sin olvidar la constante aportación de esclavos africanos, así como que tales economías autónomas apuntalaron la prosperidad de la nueva clase criolla.

Los datos de población son reveladores. En el virreinato de Nueva España, tras la caída demográfica de la conquista, se calcula una población de poco más de 5 millones de personas en 1700, incluyendo el Caribe, cuyo 70% eran indígenas, un 17% mestizos y afrodescendientes, y un 13% europeos y criollos. En el virreinato de Perú se calculan, en 1700, 8 millones de habitantes, sin contar las zonas no controladas, llamadas salvajes. También un 70% eran indígenas, un 11% africanos esclavos, un 11% de mestizos tanto de indígenas como de afrodescendientes y un 9% europeos y criollos. Los mestizajes dieron origen a las llamadas castas, un calificativo que etiquetó a cuantos se hubiesen casado con africanos esclavizados y, por tanto, a sus descendientes, aunque fuesen libertos, de modo que el sello de la esclavitud marginaba.

Respecto a los indígenas, la mayoría, no solo eran mano de obra explotada, sino que pudieron ajustar su producción para poder pagar tributos y ser consumidores. Sin desdeñar que el tráfico esclavista persistió y su asiento supuso entre 6.000 y 9.000 los esclavizados asentados cada año en tres puertos: La Habana, Cartagena y Portobelo, siendo este último el de mayor calibre pues enviaba a todo el virreinato de Perú. Por los apuntes de gastos de las compañías sabemos que, por cada esclavo vendido en el puerto americano, una cuarta parte del precio obtenido era para la corona, otro cuarto eran costes de captura y transporte y la mitad, beneficio para el traficante.

Al desarrollo autónomo de los virreinatos se sumó la competencia del empuje de las burguesías inglesa y holandesa, y del reino francés. Se hicieron con colonias propias en el Caribe y en el continente americano, en estrecha alianza con el Imperio portugués. Es más, en Sevilla, puerto de monopolio para exportar a América productos europeos, entre 1675-1700 los franceses lograron más beneficios que el resto (genoveses, holandeses e ingleses), mientras los españoles (andaluces y catalanes) apenas tuvieron un 5% de negocio. Una muestra de la débil capacidad manufacturera de la Monarquía española.

Guerra dinástica internacional y guerra civil.
El fin de la monarquía compuesta

La herencia de Carlos II puso en guerra a las familias que gobernaban los distintos reinos europeos, todas con herederos de similares derechos. Lógicamente, tras cada candidato se alineaban las clases dirigentes de los respetivos países que anhelaban hacerse con una corona con extraordinarias riquezas americanas y que en Europa todavía conservaba parte de los Países Bajos y Flandes, el Milanesado y Nápoles. Carlos II, con una corte de aristócratas y jerarcas eclesiásticos dividida, firmó a favor del sobrino-nieto Borbón, nieto del poderoso Luis XIV, frente a otro sobrino Habsburgo.

Felipe V, en 1701, fue proclamado rey sucesivamente por las Cortes de Castilla, de Aragón y Cataluña, jurando sus respectivos fueros y constituciones y una de sus primeras medidas fue conceder el monopolio de la trata de esclavos con América y el permiso de traficar con metales precisos y otras mercancías libres de impuestos, a una compañía formada al 50% por su abuelo con él mismo. Esto confirmó los temores de Inglaterra y Holanda, potencias beligerantes contra la monarquía católica universal y ansiosas por romper el monopolio español del comercio con América. Promovieron en La Haya (1701) una Gran Alianza con el emperador germánico, padre del candidato Habsburgo, interesado en los dominios hispánicos en Italia. Declararon la guerra a Felipe V y a Luis XIV, quien intervenía con cientos de cartas dictando a su nieto los asuntos de gobierno. Fue, por tanto, una guerra internacional entre potencias y una guerra civil entre la corona de Aragón a favor del Habsburgo y la de Castilla con el Borbón, aunque con grupos disidentes minoritarios en cada territorio.

Hasta 1704, la guerra entre la Gran Alianza y Luis XIV se centró en las posesiones españolas en Italia y los Países Bajos. Sin embargo, cuando los aliados desembarcaron en Valencia y Cataluña, se desencadenó una guerra civil entre las clases dominantes de los respectivos reinos hispanos. Las de Cataluña, Valencia y Aragón mayoritariamente se opusieron a Felipe V por desconfiar del unitarismo practicado por Luis XIV y por intereses divergentes a los de Francia. Además, la clase mercantil catalana, interesada en mantener sus vínculos mercantiles con el Atlántico norte e incrementar sus exportaciones a América, apoyaba la determinación inglesa de romper ese nuevo monopolio hispano-francés sobre el comercio americano. En Castilla, hubo división en el seno de la aristocracia.

Ahora bien, en el reino de Valencia, cuando la flota de la Alianza desembarcó en Altea, el líder de la Segunda Germanía (ya explicada, de 1693), reclamó la liberación del campesinado de las cargas feudales y prometió tierras a los campesinos sin propiedades. Formó un ejército de campesinos que atacaron a los señores y se les sumaros los desheredados de las ciudades que lograron suprimir el derecho de puertas. El candidato Habsburgo, como señor de tierras de realengo y de la Orden de Montesa, no podía estar interesado en mermar los ingresos feudales que también existían en sus dominios. Tomó la decisión de recuperar el favor de la nobleza valenciana, partidaria del Borbón, restableciendo esas rentas feudales que los llamados maulets acababan de suprimir. Además, necesitaba esos ingresos para sostener las tropas.

La evolución militar zanjó el conflicto social porque mientras los campesinos seguían sin pagar rentas ni derechos de puertas, en 1707, en la batalla de Almansa, el ejército hispano-francés triunfó, incendió Játiva, deportó a sus vecinos y puso el reino de Valencia bajo Felipe V, que decretó una Nueva Planta en los reinos de Valencia y Aragón (1707). Porque sus tropas, el año anterior, ya habían tomado Zaragoza. Cuando se supo la subyugación de Aragón y Valencia, Cataluña optó decididamente por el candidato Habsburgo. Sin embargo, tras distintos vaivenes bélicos, el azar intervino en 1711, Carlos de Habsburgo heredó el Imperio germánico y la posible unión del imperio con España alarmó a Holanda e Inglaterra que comenzaron a negociar secretamente la paz con Luis XIV, sin contar con España.

La guerra prosiguió en Cataluña como guerra civil. Por un lado, los llamados austracistas defendían al candidato Habsburgo, con sus propias instituciones al frente, pues aunque en su día habían jurado como rey a Felipe de Borbón, consideraron que las Constitucions i altres drets de Catalunya eran su patria, por encima de la fidelidad al rey, que en ningún caso no podría violar esas constituciones, como reiteradamente argumentaron en 1713-1714. Ahí estaban un sector de la nobleza, pero especialmente las élites urbanas y mercantiles cuyo objetivo no era la secesión, sino fortalecer el sistema político propio frente al poder del rey, desarrollar un modelo productivo y mercantil frente a Francia y situar a Barcelona en el liderazgo español del comercio libre con América. Por otro lado, Felipe V contó con gran parte de la alta nobleza y alto clero, seguidos por grupos de burócratas adeptos. El núcleo austracista de la Plana de Vich, los vigatans, extendieron por todo el territorio la lucha contra los felipistas, apodados como gabachos y botiflers.

En 1713, se retiraron de la guerra tanto los británicos y franceses como el Imperio germánico. Los catalanes, solos, resistieron un largo año con Barcelona asediada por tierra y mar con más de 90.000 soldados frente a unos 5.000 defensores, hasta el 11 de septiembre de 1714, derrota grabada como hito esencial de la memoria en la historia catalana. El bombardeo destruyó un tercio de la ciudad y, tras su conquista, el ejército borbónico comenzó una represión con ejecuciones consideradas ejemplarizantes, como la de Manresa, destruida, o Arbùcies, quemada toda, salvo la iglesia, aunque las atrocidades no fueron exclusivas de un bando, por ejemplo, los austracistas habían degollado a 700 soldados borbónicos en Oristà… La conquista de Mallorca, Ibiza y Formentera ocurrió a los 10 meses, en julio de 1715.

A la tragedia de la sangre derramada, se sumó la confiscación de bienes de los austracistas, que en Castilla dobló el valor de los incautados en Cataluña y 10 veces más que los de Valencia, porque en Castilla sobre todo fueron de aristócratas. Ahora bien, el decreto de Nueva Planta de 1716 para Cataluña, como los similares decretos para Mallorca, Aragón y Valencia, trataron a estos reinos y a sus habitantes como tierras conquistadas y, por tanto, sin derecho a tener “más privilegios ni fueros que aquellos que su Majestad quisiere conceder”. En este sentido, sucedió el primer gran exilio político con más de 30.000 austracistas, en su mayoría de la corona de Aragón, instalados muchos en Viena donde fueron catalogados como el partido español. Entre ellos, el aragonés Juan Amor de Soria, en su obra Enfermedad crónica y peligrosa de los reinos de España y de Indias (1741) se propuso “hermanar y concordar las dos Coronas y sus naciones” creando unas Cortes territoriales como alternativa al absolutismo uniformizante.

Tales decretos cambiaron drásticamente la organización de la Monarquía, al abolir las Cortes e instituciones derivadas del concepto pactista propio de la corona de Aragón.

Se impuso el absolutismo homogeneizador y terminó la monarquía compuesta. Se instaló en cada reino un capitán general y una Audiencia, un ejército unificado y el sistema municipal castellano, dando fin al sistema representativo corporativo, importante en los municipios con el conseller sexto, artesano, e imponiéndose el uso oficial del castellano. Valencia sufrió el decreto más drástico, con una mitad de castellanos en los cargos de la Audiencia, la sustitución del derecho valenciano por el de Castilla y un régimen de impuestos castellano. En Aragón, se mantuvo el derecho privado, como en Mallorca, aunque Menorca, al quedar bajo dominio británico, conservó sus instituciones y lengua. En Cataluña se mantuvo el derecho civil, pero el derecho público fue reemplazado por el castellano, como el idioma.

El Tratado de Utrecht:
afirmación de la hegemonía del Reino Unido

Firmado en 1713 entre los reinos de Francia, Gran Bretaña, Prusia, Portugal y el ducado de Saboya y las Provincias Unidas (Holanda), confirmó la primacía del Reino Unido recién constituido en 1707. Hubo otros tratados bilaterales y multilaterales. Lo más decisivo, que la Monarquía española quedó ausente en Europa: los Países Bajos de religión católica, Flandes, el Milanesado, el reino de Nápoles y Cerdeña pasaron al dominio del Archiducado de Austria, y Sicilia pasó al ducado de Saboya. Igual de trascendente fue lo acordado con el Reino Unido que obtuvo de la Monarquía española, además de su dominio sobre Menorca y Gibraltar, el monopolio de asentar esclavos en América durante 30 años y un navío de permiso que le permitía enviar un barco anual con mercancías, rompiendo el monopolio de Sevilla, lo que supuso ampliar el contrabando desde Jamaica, al reconocérsele la soberanía sobre la isla de San Cristóbal. En 1750, recuperaría la Monarquía española el monopolio a cambio de una indemnización económica.

En definitiva, comenzaba una etapa política y económica en los territorios de la Monarquía española cuyos sucesivos gobiernos se vieron obligados a centrarse en los asuntos peninsulares y americanos en exclusiva, aunque la pérdida de Nápoles no fue aceptada por los Borbones. A su vez, las relaciones familiares de la dinastía Borbón facilitaron, en cierto modo, una más inmediata recepción de las ideas desarrolladas en el país más destacado del movimiento de la Ilustración.

El reformismo absolutista:
tensiones y resistencias (1716-1788)

Cronología
1716 | Decretos de Nueva Planta para Cataluña.
1717 | Guerra de la Cuádruple Alianza (Imperio germánico, Francia, Gran Bretaña y Holanda) contra Felipe V que, por intereses de su esposa Isabel de Farnesio, conquista temporalmente Cerdeña y Sicilia. En 1720, solo obtuvo para los hijos de Farnesio ducados en la Toscana.
1718 | Creación del virreinato de Nueva Granada.
1721 | Felipe V ordena construir el Palacio de la Granja de San Ildefonso.
1723 | Se publica la Gaceta de México.
1724 | Abdicación de Felipe V. Le sucede su hijo Luis I, de 16 años, muere y vuelve su padre.
1725 | Paz de Viena entre Felipe V y su antiguo contrincante, el emperador germánico, con amnistía para todos los exiliados austracistas. Fundación de la Universidad en Caracas.
1726 | El discurso en defensa de las mujeres de Benito Jerónimo Feijoo.
1728 | Fundación de la Universidad de La Habana.
1729 | Gaceta de Guatemala.
1734 | Los Borbones se hacen con Nápoles y Sicilia, independiente de España, con Carlos, hijo de Felipe V.
1735 | El duende crítico de Madrid, semanario anónimo hasta 1736, contra la familia real y los gobernantes, subrayando la inferioridad frente a las potencias europeas.
1738 | Tras el incendio del Real Alcázar (1734) se construye el actual Palacio Real.
1743 | Se publica la Gaceta de Lima.
1746 | Fallece Felipe V y le sucede su hijo Fernando V.
1748 | Montesquieu publica El espíritu de las leyes, plantea la separación de poderes del Estado.
1749 | Gran Redada contra los gitanos y plan de impuesto único del Marqués de la Ensenada.
1750 | Fin de la venta de oficios y altos cargos en la Monarquía Hispánica.
1751 | Aparición de La Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers.
1753 | Concordato con papado: posición regalista de predominio de la corona sobre la Iglesia.
1758 | Primer diario publicado en España, Diario Noticioso, Curioso, Erudito� de Madrid.
1759 | Muerte de Fernando VI, le sucede su hermanastro, Carlos III, rey de Nápoles y Sicilia.
1760 | Memorial de Greuges de las ciudades de la corona de Aragón cuyos diputados hablan en las Cortes en nombre de las provincias no castellanas.
1764 | Se publica la Gaceta de La Habana.
1766 | Motín de Esquilache en Madrid y rebelión social en 100 poblaciones. Cese de Esquilache y nombramiento del conde de Aranda, ilustrado reformista también.
1767 | Expulsión de los jesuitas de España y América, acusados de instigadores de los motines.
1768 | Francisco Romà y Rossell publica Las señales de la felicidad de España y medios de hacerlas eficaces defendiendo liberalismo económico y el reparto de tierras a campesinos.
1769 | James Watt patenta la máquina de vapor: inicio de era de las máquinas.
1776 | José de Gálvez, ministro de Indias, creación del virreinato de la Plata. Las monarquías española y francesa apoyan la sublevación de las 13 colonias americanas contra Inglaterra .
1778 | Libertad de comercio con América. Imprenta en Santiago de Chile.
1781 | Rebelión de Tupac-Amaru en Perú, el virrey lo ejecuta y descuartiza. Colonos hispanos fundan Los Ángeles. El Censor, periódico en Madrid, ataca los parásitos sociales y oscurantistas.
1782 | La Enciclopedia francesa en la voz “España” se pregunta: “¿Qué ha hecho por Europa” “¿Qué se debe a España? Y desde hace dos siglos, desde hace cuatro, desde hace diez, ¿qué ha hecho por Europa?”. Respuestas de Antonio Cavanilles, Luis Cañuelo y Juan Pablo Forner.
1783 | Tratado de París, fin de la guerra de la Independencia Americana. Monarquía Hispánica recupera de manos británicas Menorca, Honduras y Florida, no Gibraltar.
1784 | La RAE convoca concurso para “Apología o defensa de la Nación� y sus progresos en las ciencias y artes”.
1786 | Se publica El Correo de Madrid, de divulgación literaria, económica y científica.
1787 | Constitución de los Estados Unidos. Los esclavos liberados de Londres establecen Freetown en Sierra Leona. Se publica en Madrid Semanario Erudito.
1788 | Muere Carlos III.

El tránsito al Estado moderno
y la voluntad de reformar la sociedad

La recuperación económica y demográfica del último tercio del siglo XVII prosiguió durante el siglo XVIII con un ritmo de crecimiento algo superior al resto de países europeos, salvo Gran Bretaña y Holanda. Se constata una mejora sostenida de la vida material de los habitantes pues hubo tres millones y medio más de población registrada entre 1700 y 1800, en torno al 40% de crecimiento. Otro dato revelador, el comercio exterior creció a una media anual de 1,2% en esta centuria. También aumentó la producción agrícola, sobre todo en Andalucía, Cataluña y Valencia, al ampliarse la tierra cultivable y por mejoras tecnológicas, de hecho, los precios agrícolas se triplicaron y los ingresos procedentes de la agricultura se quintuplicaron. Otro tanto ocurrió en los virreinatos americanos.

En la Península, esas ganancias en recursos humanos y económicos adquirieron mayor envergadura en las periferias, que tomaron desde entonces el mando con unas economías regionales mejor conectadas e integradas en los circuitos mercantiles, destacando la industria sedera valenciana y la siderúrgica vasca junto al textil catalán que, en el primer tercio del siglo XIX, se situaría a las puertas de la industrialización. En el caso de la prosperidad catalana se considera clave la figura jurídica de la enfiteusis, por haber estabilizado el trabajo de los campesinos y facilitar, por tanto, la especialización agrícola con los consiguientes intercambios comerciales interiores y exteriores.

Con semejante soporte material las clases dirigentes se propusieron ampliar y fortalecer un Estado administrativo, impersonal y situado por encima de las obsesiones dinásticas y aunque hubiese reyes presos de sus neurastenias. Lo concibieron como un agente unitario que monopolizaba el poder político y tenía que ser promotor de las necesarias reformas en todos los aspectos, con ideas tan concretas como las de Francisco Romà y José de Carvajal a favor de crear el mercado nacional, o apuntar más alto, a reformar la sociedad, como planteó el conde de Peñaflorida a la Sociedad Vascongada de Amigos del País: “corregir y pulir las costumbres, desterrar el ocio, la ignorancia y sus funestas consecuencias” (1765).

En el siglo XVIII, por tanto, se solapó la utilidad de un Estado moderno, aunque absolutista, con el afán de reformas para construir una patria gobernada con las luces de la razón y conseguir el bien público. Entre sus adalides destacó la temprana obra de Benito Jerónimo Feijoo asociando la patria al Estado. Los reformistas ilustrados consideraron inútiles los valores tradicionales de la aristocracia y del clero, anclados en privilegios lejanos al bien común, pero se quedaron entrampillados en el absolutismo político, y su meta de regenerar y modernizar España, mirando a los países más avanzados de nuestro entorno, fue sobre todo el precedente decisivo para la agenda de la posterior generación liberal de 1808.

De la legislación de aquel siglo, se pueden destacar las siguientes reformas. En la organización del Estado, se centralizó el poder y se implantó la uniformidad administrativa. Frente a los validos y los Consejos, dominados por la aristocracia, se crearon los secretarios o ministros, que fueron cinco: de Estado, Guerra, Gracia y Justicia, Marina e Indias (1717) y de Hacienda (1721). No necesariamente de la alta nobleza y cada cual con su equipo de técnicos instalados en las covachas del ministerio. Los covachuelistas ejercieron, en nombre del rey, un poder absoluto en cada ramo. También se reorganizó la administración en América creando dos nuevos virreinatos, el de Nueva Granada (1717) y de la Plata (1776) y las capitanías generales de Venezuela y Chile (1778).

Más trascendental fue el papel del Estado creando mercado. Se quitaron las aduanas interiores entre los reinos de Castilla, Aragón, Valencia y Cataluña (1714) y los puestos aduaneros se trasladaron a las fronteras territoriales de España, salvo en el País Vasco que estuvieron en el Ebro y esto les garantizó privilegios fiscales. El decreto de libre comercio (1778), puso fin al monopolio del puerto de Cádiz (en 1717 se había trasladado desde Sevilla el consulado de cargadores a Indias). Una oportunidad que aprovecharon los puertos de Barcelona, Valencia y Bilbao. Además, se protegió la manufactura interna al prohibirse desde 1718 la importación de tejidos de seda y algodón, muselinas, terciopelos y quincallería, mientras en 1758 se creaba la Junta de Comercio de Barcelona que importó máquinas y técnicos, estableció escuelas para el textil, una Escuela de Náutica (1769), otra de Diseño (1775) y otra de Química (1805), que se ampliarían a diversos campos de la mecánica, la botánica y la economía. Más aún, el Estado mejoró las infraestructuras de transporte y de regadío (Canal de Castilla, Canal Imperial de Aragón, 1.000 km de carreteras radiales desde Madrid), creó fábricas de manufacturas de lujo (tapices, platería, cristales, paños…) y fundó el Banco de San Carlos (1782) para gestionar la deuda del Estado. También repobló zonas como la de Sierra Morena, donde el bandolerismo era endémico.

En el ámbito social fue rupturista el decreto de 1783 estableciendo que las profesiones manuales eran “honestas y honorables”, pues los oficios, tan detestados por los hidalgos, no debían perjudicar el disfrute y las prerrogativas de dicha condición. Por otra parte, trataron de rehabilitar a los vagabundos y mendigos mediante el trabajo en obras públicas, manteniendo el recurso de enviarlos al ejército o las casas de caridad (1775). Fue el contexto del decreto, tan discutido ya en su día, del marqués de Ensenada por el que, en 1749, se realizó la Gran Redada de unos 12.000 gitanos, enviando los hombres a los astilleros y las mujeres y niños a fábricas o cárceles. La resistencia fue tan contundente, sobre todo de las mujeres, y contaron con tales apoyos, que esa decisión tan inhumana se abolió en 1763.

Una reforma innovadora, que se quedó en el intento, fue la del impuesto único sobre la renta para sustituir la multiplicidad de impuestos existentes, aboliendo los impuestos sobre los bienes de consumo y de servicios. Previo era hacer el catastro de personas, edificios, propiedades, oficios e ingresos de todos los hogares castellanos habidos en 1750. Organizado por el marqués de la Ensenada se completó en 1754, pero el plan se abandonó, por la tenaz resistencia de las clases e instituciones privilegiadas. Sentó, no obstante, un precedente y su objetivo reformista se mantuvo vivo, aunque no se cumpliese en posteriores generaciones.

Respecto a la reforma de las universidades, monopolizadas por órdenes religiosas, los resultados fueron limitados, a pesar del rotundo anticlericalismo de una parte de los ilustrados. El conflicto con la iglesia fue constante, aunque en el Concordato de 1753 el papado aceptó la tutela o patronato de la corona sobre la Iglesia, y por eso el rey tuvo capacidad para expulsar a los jesuitas en 1767. En contrapartida, fue innovadora la tupida red de Sociedades Económicas de Amigos del País que, impulsada por las élites ilustradas e incluyendo grupos del clero y de la nobleza, debatieron cómo modernizar la agricultura, el comercio y la industria mediante el estudio y la experimentación para el País, no para la corona ni para un estamento. La primera se organizó en el País Vasco, fue el ejemplo a seguir, que se expandió también por América. En algunas hubo voces, como la de Josefa Amar en Zaragoza, que defendió la educación de las mujeres. En suma, expandieron mejoras técnicas e hicieron gala de hablar con las luces de la razón por toda la geografía peninsular y también por América.

En este ambiente intelectual se produjo la novedosa polémica sobre el progreso de las naciones y, en concreto, sobre las aportaciones de España, provocada por la Enciclopedia francesa que, en 1782, al publicar la voz “España”, terminó interrogándose “¿Qué se debe a España? Y desde hace dos siglos, desde hace cuatro, desde hace diez, ¿qué ha hecho por Europa?”. Además, catalogaba el desarrollo de las artes y ciencias en España como el propio de un “pueblo de pigmeos”. Respondió el botánico Cavanilles, muy respetado en Francia, mientras la Academia de la Lengua convocaba un concurso para una “Apología o defensa de la Nación”. Se abrió una grieta importante entre ilustrados como Luis Cañuelo, editor de El Censor, opuesto a todo tipo de apología nacionalista y dispuesto a aceptar cuantas críticas mejorasen el país, por un lado, y, por otro, el ilustrado Juan Pablo Forner cuya Oración apologética por la España y su mérito literario, quedó como referencia para el pensamiento reaccionario.

Un denso paisaje de conflictos sociales

Ni la voluntad de reforma ni la mejora del nivel material de la población cambiaron la estructura de unas desigualdades ancladas en los privilegios de la nobleza, por herencia, y del clero, por su condición religiosa. A esto se sumó una mayor complejidad social. En el campo, junto a los señores y campesinos vasallos, se consolidaron dos grupos sociales, el de labradores y el de jornaleros. Justo, en 1734, la Real Academia definió al labrador como “persona que posee hacienda de campo, aunque no la cultive por sus manos”, y también quien vivía de su propio terreno en propiedad. En el siglo siguiente serán un ariete decisivo en las medidas desamortizadoras de los bienes del clero.

También, en 1734, se definió jornalero, “el que trabaja por su jornal”, y fue motivo de preocupación para los ilustrados, sin olvidar que el gobierno concedió a los patronos en 1767 libertad de salarios. Con los datos del catastro de Ensenada, la zona con mayor porcentaje de jornaleros estaba al sur del Tajo, con Extremadura, La Mancha y Andalucía por encima del 50%. Era un trabajo temporal, los intendentes de La Mancha y Andalucía informaron de que esta población “la mitad del año son jornaleros y la otra mitad mendigos”, que alternaban su vida según fuesen las cosechas, siempre con la inseguridad vital a cuestas. Esta población se incrementó y en el censo de Floridablanca (1787) suben los porcentajes por la extensión del olivar y del viñedo. Constan, por lo demás, protestas y reclamaciones de mejoras salariales, como ocurrió desde 1785 en varias poblaciones de Aragón (Barbastro, Calatayud, Huesca, Tarazona, Zaragoza…).

Por otra parte, los pueblos sometidos al régimen señorial llevaron a pleito el cobro de unas rentas y del diezmo que cuestionaron abiertamente por injustos. Fue una lucha larvada por la tierra, con nuevas realidades como las surgidas, por ejemplo, en Gran Canaria, donde, desde el motín de Agüimes en 1718 hasta la revuelta de Barranco Hondo en 1780, fueron persistentes los enfrentamientos por el agua y la tierra, medios de producción cruciales porque el aumento demográfico obligaba a ocupar los baldíos y controlar el recurso del agua. Los señores y los eclesiásticos, tan lejos del poder central, abusaban de sus poderes jurisdiccionales y en estos pleitos ante la Audiencia se implicaron vecinos y autoridades, incluyendo obispos y cabildos catedralicios.

En las ciudades también crecieron los jornaleros en los distintos oficios y tanto estos como los menestrales empobrecidos se rebelaron con frecuencia contra la subida del precio del pan. Por ejemplo, en Zaragoza se produjeron conflictos que enfrentaron dentro del respectivo gremio a maestros y aprendices o mancebos de larga duración, como los habidos entre los cirujanos de 1728 a 1765, y entre sastres desde 1781 hasta 1803. Luchaban, en suma, por la subsistencia de cada familia. Simultáneamente, en las ciudades crecía la clase de comerciantes o burguesía mercantil y la de profesionales y empleados públicos. En estos grupos anidaron las ideas ilustradas y la defensa del progreso técnico y económico cuyos resultados llegaban sobre todo del noroeste europeo, como también las novedades políticas.

En el ámbito de las manufacturas surgieron las protestas laborales en centros fabriles, como, por ejemplo, en Galicia, con el ciclo de rebeliones protagonizadas por las rancheras del arsenal en Ferrol en 1753 y 1769, con algaradas y robos contra las autoridades por impago de sueldos y abusos de los funcionarios. Constan más protestas desde 1780 por impago de salarios, oponiéndose a “tener que vender sus cuerpos”, como alegaron, para sostener a sus familias. Tan enérgica implicación de las mujeres se comprobó también en el motín contra la fundición para armamento instalada en Sargadelos (1794-1798). También constan en la industria lanera de Béjar, con mujeres en las hilaturas (1729), como también en las manufacturas locales de Ávila (1784), o en la Real Fábrica de Guadalajara. En todas se produjeron protestas y paros laborales contra impagos de salarios y por subirlos, contra las largas jornadas y por mejorar las condiciones laborales.

Un nuevo tipo de motín fue el provocado por el reclutamiento militar cuyo sistema de quintas impuesto, por falta de voluntarios durante la guerra de Sucesión, obligaba exclusivamente a los pecheros, esto es, a quienes pagaban impuestos, que no eran ni nobles ni eclesiásticos. Enardeció a madres, hermanas y esposas, era una “contribución de sangre” que podía durar hasta ocho años y dejaba a las familias con menos brazos para el trabajo. Se sumaban las duras condiciones de vida de los soldados y el trato indigno. Los motines ocurrían cuando se realizaban nuevas levas. En las zonas rurales eran de más fácil control, aunque fuesen violentos, como en Tembleque (1762), cuando los jóvenes afectados por el sorteo, armados, impidieron la recluta. En las ciudades esa protesta involucraba a una población con mayor envergadura, como sucedió en Barcelona en 1773 al coordinarse los gremios en un auténtico desafío al absolutismo que el fiscal Campomanes interpretó como un intento “republicano incompatible con la soberanía […] para establecer en Barcelona una democracia contraria a las leyes y a la constitución establecida por Felipe V”.

Aumentó lógicamente el número de desertores, también ocurrió en los virreinatos americanos, tanto que las órdenes reales para atajar la deserción se hicieron persistentes. Por otra parte, hubo fraudes, sobornos y falsificaciones tanto por las familias de los reclutados como de las autoridades locales. A este respecto, los desertores y los campesinos sin tierras renovaron la fórmula persistente del bandolerismo sobre todo en Andalucía, La Mancha y Cataluña.

Torrentera de motines en 1766: Esquilache como pretexto

Lo que comenzó como una revuelta popular contra el precio del pan en la primavera de 1766 en Madrid, se reprodujo en 100 poblaciones. El precedente se remonta a 1502 cuando la Monarquía estableció el precio de los cereales porque el pan era la alimentación básica de las clases populares. Sin embargo, en 1765, el gobierno ilustrado, con Esquilache y Ensenada como hombres fuertes, abolió esa tasa e implantó el libre comercio, idea básica del primer liberalismo económico como sucedió en Gran Bretaña y Francia. Se excluyó a Madrid, porque se temía la protesta, pero el abastecimiento de la capital fue tan ineficaz que provocó el mayor motín. Además, Esquilache, responsable directo de abastecer Madrid, se había propuesto, construyendo canalones, desagües y fosas sépticas, transformar al “pueblo más asqueroso del mundo”, que arrojaba los excrementos a la calle, en el más “limpio de Europa”.

Con tal fin alumbró las calles con faroles y relanzó la orden de 1716 de prohibir el uso de la capa larga, fácil tapadera de armas, y el chambergo cuya ala ancha ocultaba el rostro. Periódicamente las gentes de los pueblos, por malas cosechas, llenaban sus calles buscando un mendrugo de pan, y una quinta parte de la población carecía de domicilio estable, simplemente aspiraban a comer. En ese contexto, por marzo de 1766, unos pasquines con versos fáciles de llegar a una población analfabeta lanzaron mensajes contra “los ladrones ricos”, señalando a Esquilache que, por extranjero, se preocupaba más de capas y sombreros que de mejorar al pueblo.

Los amotinados estaban organizados, pues, tras un incidente de los alguaciles contra un hombre con capa larga, se sumaron de inmediato unas 2.000 personas con capas y chambergos al grito de “¡Viva el rey, muera Esquilache!”. Sus líderes eran zapateros, panaderos, criados, campesinos recién llegados y muchas mujeres, que pedían “buen gobierno”, rompieron los faroles llamados esquilaches, y se dirigieron a la casa del ministro, la asaltaron y mataron a un criado. El matrimonio Esquilache ya había huido.

Al día siguiente, los amotinados, con mujeres y niños en la multitud, se plantaron en la plaza interior del palacio. Los guardias reales dispararon y mataron. La ira se desbocó contra unos guardias que hacía dos años habían matado a 30 personas en otro tumulto, y las gentes del pueblo mataron a pedradas a los guardias que sorprendieron solos y quemaron sus cadáveres. Pidieron desterrar a Esquilache, nombrar solo ministros españoles, extinguir el cuerpo de guardias valones, bajar los precios de alimentos, conservar el uso de la capa larga y chambergo, el indulto general y que el rey diera la cara y prometiera “a la vista de todos, cumplir y satisfacer las peticiones”.

El rey, atemorizado, recibió a los representantes de los amotinados, escuchó de un zapatero las peticiones, cedió en todo, se asomó al balcón y los amotinados, con vivas al rey, se fueron. Siguieron organizados hasta ver que se cumplía lo prometido y desfilaron por las calles mujeres y hombres batiendo tambores; las clases pudientes se vieron amedrentadas por una “abominable chusma”, decían. Al final, la carta del rey prometiendo cumplir fue pregonada por las calles y los amotinados devolvieron las armas, Esquilache marchó al destierro, se bajaron los precios de los alimentos en Madrid y el rey indultó a todos los participantes en el motín.

Pero esto no ocurrió solo en Madrid. Los motines se reprodujeron como un reguero de pólvora en más de 100 poblaciones, desde Valencia, Zaragoza, Valladolid, Burgos, Sevilla, Granada, Oviedo, Bilbao, Cuenca, Ciudad Real… hasta pueblos como Liétor y Tobarra en Albacete o Pastrana y Renera en Guadalajara. Sin duda, el impacto de lo ocurrido y logrado en la capital debe tenerse en cuenta, pero en cada caso se desenvolvió con unos actores sociales y resultados distintos. Adquirieron un fuerte carácter antifeudal en las poblaciones de señoríos, donde los campesinos y los jornaleros destruyeron los símbolos del poder del nobel de turno, abolieron los monopolios señoriales y exigieron incorporarse a la corona. En las ciudades fueron los trabajadores y menestrales quienes se sublevaron contra el precio del pan.

En el País Vasco, hubo motines, conocidos como matxinadas, por Matxin, apelativo del aldeano fornido, a lo largo del siglo XVIII contra los impuestos, por exenciones fiscales por considerarse hidalgos o por oponerse al abuso de los señores feudales. En 1766, fue en Guipúzcoa donde los campesinos, que veían cómo el diezmo y las rentas señoriales mermaban sus ingresos, al grito de “¡Pan, vino y carbón!”, se sublevaron contra el diezmo de lechones y de la castaña concejil (pan de los pobres), y contra pagar por los servicios religiosos. También exigieron la libre entrada de grano por el mar, el aprovechamiento de montes, la defensa de hidalguía, la limitación del número de capellanías, la supresión de la sisa y la regulación del auzolán (trabajo colectivo obligatorio). Los nobles y curas montaron una tropa que desarticuló a los amotinados y desde entonces impidieron las asambleas en los municipios, salvo para los hidalgos.

En este caso no fue dura la represión, pero la pena de muerte se aplicó en bastantes poblaciones. El rey absoluto cesó a Esquilache y nombró a otro destacado ilustrado, el conde de Aranda, que prosiguió con las reformas y creó dos nuevos cargos en los municipios, ya citados anteriormente. Para prevenir más tumultos, detuvo a más de 6.000 parados, considerados vagabundos, los envió a obras públicas y al ejército, y abrió diligencias para dilucidar quiénes habían tramado los motines, si los jesuitas, agentes del papa, o los aristócratas antirreformistas como el duque de Alba. Lo español comenzó a usarse como coartada y argumento; en los motines, contra un ministro por ser extranjero, y, en la averiguación de sus promotores, contra los jesuitas por defender al papado frente a la política patriótica del regalismo que situaba la soberanía del Estado por encima.

En 1767, se consideró responsables a los jesuitas y se les expulsó de toda la Monarquía, incluyendo América, donde los jesuitas gestionaban de modo excepcional las reducciones o misiones guaraníes. En las zonas mineras de México (Nueva España), en rebelión los indios mata-gachupines contra los señores del Cerro, escondieron a los jesuitas, pero el visitador José de Gálvez reprimió la revuelta ahorcando a 56 cabecillas, decapitados después y sus cabezas colgadas en picas, y 400 condenados a trabajos forzados, mientras Floridablanca, apoyado por los frailes agustinos y dominicos, lograba del papa suprimir la orden de los jesuitas (1773). Confiscaron sus tierras y, subastadas, fueron a manos de los privilegiados, gran parte al duque de Alba.

La quiebra del Antiguo Régimen: factores internacionales y antagonismos internos (1789-1808)

Cronología
1788 | Reinado de Carlos IV, tras la muerte de su padre, Carlos III. Con Floridablanca al frente.
1789 | Revolución francesa con Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano.
1790 | Se publica Diario erudito, económico y comercial de Lima, primero de América Latina Abolición de señoríos de nobleza e iglesia en Francia.
1791 | Rebelión de esclavos liderados por Toussaint Louverture en Haití. Thomas Paine publica Los derechos del hombre, y Olympe de Gouges, la Declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana.
1792 | El conde de Aranda sustituye a Floridablanca en el gobierno, luego vuelve Godoy.
1793 | Luis XVI y María Antonieta, guillotinados en Paris. Guerra de la Convención: la Monarquía Hispánica contra la República francesa. Canadá prohíbe la esclavitud.
1794 | La República francesa abole la esclavitud en todas las colonias. Impacto internacional.

1795

Sublevación de esclavos en Coro (Venezuela) exigiendo una república como la francesa. Paz de Basilea, fin de la guerra con la República Francesa: España recupera Guipúzcoa y entrega a Francia su parte de la isla de Santo Domingo. Informe sobre ley agraria de Jovellanos. Conspiración republicana de Picornell en Madrid.

1796 | Tratado de san Ildefonso con Francia. Guerra con el Reino Unido, con interrupciones del comercio con América hasta 1802. E. Jenner desarrolla la vacuna contra la viruela.
1797 | Godoy apoya la divulgación de El Semanario de agricultura y arte dirigido á los párrocos.
1798 | Relevo de Godoy y primera desamortización eclesiástica por el gobierno Urquijo y Soler.
1800 | Carlos IV entrega la Luisiana a Napoleón a cambio de ducado para hija del rey.
1801 | Godoy en el gobierno. Guerra de las naranjas con Portugal: España se hace con Olivenza. Sale el primer diario argentino, El Telégrafo Mercantil, Rural, Político, Económico e Historiográfico del Río de la Plata.
1803 | Expedición Balmis con la vacuna contra la viruela a la América hispana. Crisis de subsistencia en España hasta 1804.
1804 | Código Civil de Napoleón: la mujer, subordinada al varón en el matrimonio.
1805 | Desamortización de señoríos eclesiásticos para pagar las deudas por tantas guerras. Derrota en Trafalgar de la Armada hispano-francesa por la británica de Nelson.
1807 | Tratado de Fontainebleau, reparto de Portugal y entrada del ejército francés en la Península. Gran Bretaña prohíbe el comercio de esclavos por presión de protestantes abolicionistas.
1808 | Un golpe de Estado en Aranjuez hace rey a Fernando VII. Motín del 2 de mayo en Madrid y abdicación de toda la familia real a favor de Napoleón, que convoca Cortes en Bayona.

El reformismo absolutista a remolque
de la Revolución francesa

Desde el último tercio del siglo XVIII, el factor internacional irrumpió de modo apremiante en la política española. La revolución norteamericana, apoyada paradójicamente por las monarquías española y francesa guerreando contra el Reino Unido (1779-1783), abrió un camino inesperado para la América hispana, aunque la corona española lograse en esa guerra recuperar Menorca y proteger Cuba y la Luisiana. Sin embargo, la monarquía francesa se endeudó tanto que esto desencadenó precisamente la revolución de 1789. Y esta revolución, tan próxima, condicionó todo el reinado de Carlos IV cuyo poder absoluto estuvo delegado casi todo el tiempo en un joven ministro ilustrado y reformista, Godoy, procedente de la baja hidalguía, que alcanzó los máximos títulos, incluido el de Generalísimo, y fue pararrayos del conservadurismo reaccionario.

En efecto, Floridablanca, líder del reformismo, se horrorizó con el estallido revolucionario en Francia. Ministro clave desde 1787, giró drásticamente, estableció una rígida censura de prensa y prohibió la entrada de obras sobre la revolución (1790). Fueron apartados de la vida pública los ilustrados de más peso como Cabarrús, Jovellanos y Campomanes que, no obstante, prosiguieron su producción intelectual. Sin embargo, el rumbo de la Revolución francesa, con la vida del rey Luis XVI en cuestión, obligó a Carlos IV a unos cambios de gobierno que llevaron a Godoy a la máxima responsabilidad en 1792 y a la alianza con el Reino Unido en 1793 cuando los revolucionarios guillotinaron al rey.

Comenzó así la guerra contra la Convención (gobierno de la República francesa) o Guerra Gran en catalán, porque se libró en los Pirineos (1793-1795). La capacidad estratégica del nuevo ejército nacional de la Francia republicana fue superior, se anexionó Guipúzcoa y parte de los Pirineos orientales mientras Godoy, como buen ilustrado, lanzó una campaña patriótica de rasgos nacionalistas que, sin embargo, los antiilustrados convirtieron en una cruzada religiosa contra el “impío francés”. Esta coyuntura bélica reforzó el antagonismo ideológico entre los partidarios del programa de la Ilustración, muy plural en su propio desarrollo, con estrategias reformistas, y los defensores del orden y valores propios del Antiguo Régimen. A los antiilustrados (aristócratas y alto clero) se les llamó ultramontanos por defender al papado como el más alto poder, ubicado “más allá de los montes”, en Roma. En una fabulosa campaña propagandística, vincularon la religión con la patria, el rey, la familia y la propiedad; y divulgaron que los ilustrados eran los agentes de una conspiración masónica universal.

La guerra terminó con la paz de Basilea (1795), recuperándose Guipúzcoa donde, como también en Cataluña, habían surgido planes contra el “yugo castellano”, pues se habló de república vasca independiente. A cambio, Francia obtuvo la parte oriental de La Española (Santo Domingo), junto al Haití entonces en plena revolución antiesclavista. El poder de Godoy salió reforzado y, para proteger los dominios hispanos en América, acordó con Francia al año siguiente (1796) una alianza militar ofensiva y defensiva contra Gran Bretaña. Por lo demás, el programa reformista de los ilustrados prosiguió, Godoy incluyó en el gobierno a Jovellanos, Cabarrús y Saavedra. El Estado siguió marcando las directrices económicas al liberalizar la fabricación de azúcar de caña, la extracción de minerales, la exportación de carbón, reducir las trabas gremiales para las manufacturas, impulsar fábricas de fundición para armamento, como la citada en Sargadelos y otras, o crear escuelas de minas y navegación.

Godoy fue denunciado por los ultramontanos como ateo y corrupto por querer aplicar las ideas de Jovellanos quien, en el Informe sobre la ley agraria (1795), había diagnosticado los obstáculos políticos, sociales y físicos que se oponían al progreso en agricultura y, en consecuencia, defendía la privatización de las tierras comunales la desamortización de los bienes en “manos muertas”, esto es, la libre explotación por propietarios privados, todo esto instruyendo a los agricultores en las técnicas más avanzadas. Era un programa de libre empresa con libre relación entre capital y trabajo, un compendio de liberalismo económico. Se distribuyeron entre los campesinos extractos de estas ideas y hubo tal euforia reformista que Meléndez Valdés redactó un poema en el que animaba a Godoy a convencer al rey para abolir la servidumbre del campesinado y hacerlo libre en su trabajo.

Sin embargo, la división entre los ilustrados y la campaña de los ultramontanos contra las reformas, hizo caer a Godoy (1798). El gobierno de Mariano Luis de Urquijo mantuvo el programa de Godoy, que prefiguró las políticas liberales posteriores: desamortizó bienes de la Iglesia y le quitó al nuncio del papa su poder sobre la Iglesia española. Tuvo el apoyo de los eclesiásticos catalogados como jansenistas, que luego colaborarían con el gobierno de José Bonaparte. Comenzó así en 1800 la desamortización eclesiástica y muy pronto volvió Godoy a gobernar, hasta 1808.

Se mantuvo, por tanto, el ritmo de reformas. Las necesidades bélicas obligaron a extender la desamortización a más bienes eclesiásticos en 1805, esta vez con la autorización del papa. El proceso desamortizador, cuyos remates se usaron para liquidar los vales reales de la deuda pública, benefició a los labradores acomodados y a la incipiente burguesía urbana de comerciantes y rentistas agrarios. Supuso la privatización de tierras en importantes comarcas rurales. Fue el contexto en el que se produjo la enorme conmoción popular de la crisis de subsistencia entre 1803 y 1805 en toda la geografía, desde el País Vasco hasta Andalucía, salvo Cataluña, y con una mayor duración en las dos Castillas y Madrid en las que las hambrunas y epidemias más que duplicaron las muertes de niños y también entre adultos.

En el señorío de Vizcaya, tuvo lugar la Zamakolada (1804), revuelta de campesinos contra la nobleza que se proponía crear un nuevo puerto en perjuicio del bilbaíno. Pero fue en los pueblos de la mitad sur peninsular donde proliferaron los motines de jornaleros y arrendatarios, los más perjudicados tanto por la privatización de bienes eclesiásticos como por las subidas de precios del pan, con una participación enérgica de mujeres, luego encarceladas también cuando llegaba la represión. Se confirmó la extraordinaria difusión de la propaganda revolucionaria cuando, por ejemplo, en 1803 el escribano de Madridejos relató que las mujeres gritaban “a estos pícaros de los ricos que comen con el sudor de los pobres, [hay que] matarlos y quitarlos el pellejo”, todo esto entre “palabras de igualdad, guillotina y otras de que usaban en Francia en tiempo de la Revolución”.

Sin duda, desde 1795, se propagaron tales ideas. Las obras de Voltarie y Rousseau circularon profusamente y en las aduanas quedó constancia de numerosas llegadas de obras ilustradas con destino a los clérigos, las personas cultas de cada localidad. Porque las relaciones con Francia fueron intensas, no solo con influencias políticas, sino también con intercambio de saberes científicos (un ejemplo, el botánico Cavanilles fue muy leído en Francia). Además, desde 1799, se permitió la entrada de obras indiferentes, en concreto de historia, artes, máquinas, matemáticas, astronomía, navegación, comercio, materia militar, medicinas, física, etc. En ese ambiente intelectual se crearon los Colegios de cirugía, la primera Escuela veterinaria y se acogieron, por ejemplo, las novedades pedagógicas de Pestalozzi en un Instituto militar pestalozziano, iniciativa del coronel Amorós y decisión de Godoy (1805), cerrado por los reaccionarios del motín de Aranjuez en 1808.

Los dominios en América: planes y realidades

Si la Revolución francesa condicionó la política peninsular de la Monarquía, en los dominios americanos se sumó la influencia inmediata de la revolución norteamericana, también el impacto de la revolución antiesclavista de Haití (1791). Además, la competencia de nuevas economías imperiales, como la británica, la holandesa y la francesa, obligaron a los gobiernos ilustrados a superar el modo de gobierno de los Austrias, quienes, al vender los empleos públicos, legislaron a sabiendas de que apenas se cumplirían sus órdenes, les bastaban las remesas de metales preciosos para sus guerras. Los ilustrados desligaron el Estado y lo público de los intereses de la familia del rey e impulsaron la idea de gobernar para la prosperidad de la patria.

Sin embargo, también en América los planes de reforma de los ilustrados se frustraron. Tropezaron con administración colonial estancada en la ineficacia por la corrupción. Por eso, la primera reforma fue eliminar en 1750 la venta de oficios que la corona venía practicando para obtener más ingresos, pero que, a largo plazo, suponía pérdidas por la corrupción. Los corregidores, al haber comprado sus cargos, imponían su exclusivo abastecimiento a la población indígena de su distrito. Fueron sustituidos por los intendentes, pero esto chocó con los criollos cuya prosperidad económica los había situado como la clase dirigente de la respectiva localidad.

Además, el ministro de Indias, José de Gálvez, desde 1776, aunque reordenó el territorio americano con los intendentes, fundó la Compañía de Filipinas haciendo de Manila un puerto franco (1785), fomentó las Sociedades económicas de amigos del país, reforzó los ingresos fiscales e impuso una explotación cada vez más dura de la mano de obra indígena para multiplicar la producción de plata, practicó una medida inaudita: marginó a los criollos en los puestos de responsabilidad civil y eclesiástica. Si en 1760 eran mayoría en esos cargos, bajaron drásticamente al 23% en 1808, siendo mayoría los españoles peninsulares.

Esto generó frustración entre los españoles americanos. Además, la militarización tan estricta aplicada por Gálvez para proteger los dominios frente a las potencias europeas y contra las sublevaciones indígenas y de esclavos, redujo aún más el poder de las élites criollas entre las que anidó el resentimiento y la frustración de expectativas ignoradas. Por lo demás, los repartimientos, finalizados en teoría desde 1632, persistieron igual o con mayor sobreexplotación de los indígenas; de hecho, no se abolieron efectivamente hasta las Cortes de Cádiz (1812). Esos repartimientos, justificados durante tres siglos porque el indio era un pueblo indolente y apático, así como la mita y el obraje se hicieron tan insoportables que los marinos y científicos ilustrados Jorge Juan y Antonio de Ulloa, nada sospechosos, confirmaron que “el trabajo (de obrajes y mita) que hacen los indios, a quienes toca esta suerte verdaderamente desgraciada, y el riguroso castigo que experimentan aquellos infelices, excede a todo cuanto nos es posible referir”.

Mapa 6. América en 1794

Fuente: Elaboración propia.

No fue casual que, en 1780, se reavivase la memoria del Imperio incaico y José Gabriel Condorcanqui, con el título de Túpac Amaru II, apresara al corregidor artífice de los repartimientos y lo hiciera ahorcar ante una población a la que arengó a luchar por su liberación y el fin de los repartimientos y de la mita. Proclamó también la liberación de los esclavos, tuvo los apoyos de quechuas, puneños y aymaras, más grupos de criollos y mestizos y parte del clero. Fue capturado, ejecutaron en su presencia a su esposa y dos hijos, lo descuartizaron vivo y despedazaron su cuerpo en trozos repartidos por los pueblos rebeldes. Además, se prohibió el uso de la lengua quechua, de ropas indígenas, y todo recuerdo de la cultura incaica.

Esta rebelión mostró el amplio descontento social que existía en los dominios americanos, con nuevos amotinamientos indígenas, como el ocurrido en la zona minera de México (1767) y otros en la frontera norte del virreinato, así como el persistente de los araucanos en Perú o el surgimiento de las confederaciones militares interétnicas de la frontera de este Virreinato con la Amazonia (1766). También persistieron las sublevaciones de esclavos, pues además el gobierno en 1789 terminó con el sistema de asientos y liberalizó, esto es, amplió el tráfico de africanos esclavizados. Es obligado insistir en el enorme impacto que tuvo la rebelión de esclavos en Haití con Toussaint Louverture (1791), que tuvo inmediata réplica en todo el continente, por ejemplo, en Venezuela con la insurrección en 1795 de los negros de Coro, con José Leonardo Chirino al frente (ahorcado y descuartizado), reclamando la aplicación de la “ley francesa” de libertad republicana. En este punto, hay que recordar que Gran Bretaña prohibió dicho tráfico en 1807, lo que supuso, por ejemplo, pasar de entrar 23.812 esclavos en 1802 en La Habana a 1.162 en 1809. Este asunto se verá en el capítulo siguiente a lo largo del siglo XIX.

La corona, los partidos y las potencias británica y francesa:
el colapso

En los procesos históricos los actores no controlan todos los posibles efectos de sus decisiones y con frecuencia generan resultados opuestos a los calculados. Así ocurrió entre la batalla de Trafalgar (1804) y el motín de Aranjuez (1808), que desembocaron en un vacío de poder inaudito que aprovechó Napoleón para jugar con la familia real y recibir el regalo de la corona hispánica, sin invasión alguna.

En efecto, las políticas reformistas de Godoy más su alianza con Napoleón generaron una profunda crisis a ambas orillas del Atlántico. Era, por otra parte, un momento de auge de intercambios comerciales, plataforma idónea para fraguar y difundir la mentalidad liberal, a la vez que patriótica, sobre todo desde ciudades portuarias como Buenos Aires, Lima, Quito, Caracas y México hasta Cádiz, Coruña, Valencia, Barcelona y, por supuesto, la capital, Madrid. Ahí estaban los grupos sociales que podrían definirse como burgueses que, junto con capas medias de profesionales y labradores, hicieron del liberalismo económico un programa político. Además, compartían el afán de seguir el modelo de rasgos capitalistas que mostraba la potencia británica.

En tal contexto, Godoy concitó la enemiga del clero ultramontano y de la aristocracia, incluidas las jerarquías militares. Importantes figuras de estos sectores arroparon al príncipe heredero, Fernando, formaron un partido reaccionario y se sumaron al descontento de los reformistas desilusionados, como Jovellanos, o de otros que exigían reformas más profundas, liberales explícitos, como Ramón de Salas. Por otra parte, fue determinante la guerra entre las potencias británica y francesa por controlar el apetecible Imperio hispánico en América, pugna en la que Carlos IV regaló nada menos que la Luisiana a Napoleón a cambio de que protegiera a su hija y nieto en el ducado de Parma.

Ahora bien, para debilitar al Reino Unido Napoleón vendió los enormes y ricos territorios de la Luisiana a los Estados Unidos, 2 millones de km2 que hicieron de la joven República norteamericana una potencia territorial. También forzó que España entrara en la guerra contra el Reino Unido (1804) y así se produjo la batalla de Trafalgar (1805). Vencieron los británicos, muriendo Nelson y Gravina, jefes de ambas armadas. La guerra llegó a Buenos Aires y Montevideo, conquistadas por los británicos (1806) y cuya reconquista fue obra de la defensa organizada por los criollos, sin el virrey, lo que sentó el primer paso para los planes independentistas.

Como América era el objetivo, Napoleón pensó en romper la alianza de los británicos con Portugal ocupando este país. Esto se pactó en Fontainebleau (1807) con Godoy, se repartieron Portugal: el norte para la hija y el nieto de Carlos IV, el centro para Napoleón y el sur, un Principado para Godoy. Las colonias se repartirían después. Entraron, por tanto, legalmente en la Península unos 100.000 soldados (noviembre de 1807). Tomaron Lisboa y controlaron las ciudades españolas de paso (San Sebastián, Pamplona, Burgos, Salamanca y Barcelona), más la capital, pues el ejército español, por acuerdo con Napoleón, estaba en Dinamarca para luchar contra los británicos.

De inmediato, el rey de Portugal trasladó su corte a Brasil. La familia real española se trasladó a Aranjuez, tras haber fracasado en El Escorial el intento del príncipe heredero de cesar a Godoy. La única fuerza militar del gobierno era la tropa francesa acantonada en Madrid con Murat al frente. Todo ejército, aunque tuviera abastecimientos contratados, era un termitero que carcomía a su paso los excedentes de todas las clases sociales, practicando el botín y la violación. De ahí su impopularidad, lo que permitió al partido de la reacción propagar que ese ejército era la encarnación de la revolución atea y la intromisión francesa contra las tradiciones católicas del pueblo español. Porque Napoleón había roto en Europa los poderes de las dinastías del Antiguo Régimen, hizo añicos las fronteras creadas por las familias reales europeas e invalidó el concepto teocrático del poder absoluto. Él mismo se declaró emperador y escenificó, con el papa como testigo, la primacía de la razón humana sobre la voluntad divina. En efecto, una hidra revolucionaria, como decían los absolutistas. Godoy y Napoleón quedaron así ensamblados como personificación de todos los males.

A todo esto, los ingresos de América no llegaban, la desamortización apenas cubría el 15% del gasto de la hacienda real y el plan de nuevos gravámenes y empréstitos a costa de los estamentos privilegiados aumentó la enemiga de la jerarquía eclesiástica y del partido aristocrático. La reacción actuó y organizó el golpe de Estado de Aranjuez en marzo de 1808. Fue un motín con personas del llamado pueblo que, llevadas desde Madrid y pagadas por los reaccionarios, asaltaron y saquearon el palacio de Godoy y lograron que el rey abdicara en su hijo.

Fernando VII quedó entronizado y la primera medida de su gobierno, absolutista, fue suspender la desamortización y perseguir a Godoy. Pero la corona estaba sujeta al tratado de Fontainebleau y el rey, sin fuerza militar, pues el ejército español estaba en Dinamarca, solo podía apoyarse en los más de 30.000 franceses acantonados alrededor de la capital, al mando del general Murat. Por eso ordenó suministrarles a las tropas cuanto necesitasen, pero Carlos IV había comunicado a Murat que su abdicación fue forzosa. Napoleón lanzó hábilmente una campaña en la prensa de la época explicando la nulidad de la abdicación y anunció que se personaría en la Península. Fernando VII envió de inmediato una comisión de grandes aristócratas para agasajar al emperador en la frontera de Bayona y él mismo se personó también en la frontera.

Y ahí se puso la corona en almoneda, al postor más fuerte. En Bayona, el clérigo Escoiquiz y el duque de Frías, defensores de las tradiciones absolutistas, defendieron el trueque propuesto por Napoleón a Fernando VII: la corona de Etruria a cambio de la española. Tal fue su patriotismo. Pero llegaron a Bayona los reyes destronados y comenzó la opereta familiar. Entre tanto, el 2 de mayo, un incidente con los guardias reales existentes en Madrid, que mataron a varios paisanos, provocó un motín que quizás hubiera sido uno más si las tropas francesas no hubieran intervenido. Hubo dos horas de refriega y al mediodía ya estaba controlado el motín, aunque Murat, máxima autoridad nombrada por Fernando VII al salir para Bayona, decidió fusilar esa tarde del 2 de mayo a 32 personas en la zona de Atocha y por la noche en la zona del Príncipe Pío, además de 71 militares en el Parque de Monteleón. Se maneja un balance final de 400 muertos españoles y más de 100 franceses.

Ese mismo día, en Bayona, Carlos IV invalidaba su abdicación para cederle legalmente a Napoleón el trono de España e Indias. Sus potenciales herederos también renunciaron, regalando así una soberanía heredada por transmisión familiar al aspirante a emperador de toda Europa y de las Américas. En consecuencia, como depositario de la corona, convocó Cortes en Bayona que legitimasen la nueva dinastía y dotase de una Constitución al reino. Comenzaba una nueva etapa.

Balance

La Monarquía Hispánica se desenvolvió en este período entre la conservación y la modernización, entre el reformismo ilustrado y los poderes de los estamentos privilegiados del Antiguo Régimen, y determinado además por la avidez de otras potencias europeas para hacerse con el enorme mercado de América. Tras la paz de Westfalia y el decaimiento demográfico y económico por tantas guerras, en la segunda mitad del siglo XVII, comenzó una recuperación social y política que también afectó a los virreinatos de América. Esa tendencia se reforzó a lo largo del siglo XVIII, con medidas de uniformidad política tras la guerra de Sucesión, de liberalización económica a ambas orillas del Atlántico y de regeneración cultural que, sin embargo, en América conllevó la marginación de una pujante clase criolla. Ahora bien, al filo de 1800, los impactos de la Revolución francesa y de su evolución, con la ambición imperial de Napoleón por el continente americano, desencadenaron una imprevista desintegración del absolutismo encarnado en la familia real. Un desenlace protagonizado igualmente por el conflicto interno entre élites ilustradas y fuerzas reaccionarias cuyas respectivas ideas de patria cimentaron la divisoria que marcaría la Edad Contemporánea entre progresistas y conservadores.

Capítulo 6

La revolución liberal y los anclajes
para la economía de mercado (1808-1868)

El Imperio napoleónico, al expandirse por Europa entre 1804 y 1814, inició una etapa de revoluciones liberales que abolieron los poderes absolutistas y los privilegios feudales amasados durante siglos, e implantaron la libertad y la igualdad como principios de organización de la sociedad. España entró de lleno en ese proceso europeo desde 1808. Ahora bien, las botas imperiales provocaron sublevaciones nacionales en los diversos territorios europeos, también en España y en América Latina. Esto supuso otra novedad de largo alcance: el ascenso de la nación a sujeto de soberanía. Frente a las dinastías absolutistas, los liberales de cada territorio enarbolaron la nación como la patria inviolable integrada por ciudadanos que, libres e iguales, tenían el derecho a constituir mediante el voto un Estado que los representase. Esta idea de pacto ciudadano, sumada al romanticismo, se plasmó en unos idearios e identidades nacionalistas que, desde entonces, se hicieron omnipresentes en la vida de las sociedades. Y ahí también comenzaron los nacionalismos iberoamericanos y el español. Se inició lo que se llama Edad Contemporánea.

Por otra parte, esta revolución de soberanía política se reforzó a lo largo del siglo XIX con la expansión de la Revolución Industrial iniciada en Gran Bretaña. Su desarrollo tuvo ritmos distintos en los países occidentales y en todos los casos modificó paulatina y drásticamente las relaciones sociales y económicas con una economía de mercado siempre ajustado a las fronteras de cada nación que se consolidó como el modo de organización capitalista. Semejante ensamblaje de revoluciones políticas con la nueva era económico-tecnológica supuso otra novedad histórica: el ascenso de las burguesías como clases dominantes y el desarrollo y organización de los trabajadores como clase social con intereses propios.

La palabra progreso se convirtió desde esos años en talismán para defender tan rotundas novedades, fue la religión de la modernidad. En España, lo que estaba por venir se sustantivó como “el porvenir”, conceptualización del afán de un futuro de innovaciones tecnológicas y abundancia económica con ilustración política y cultural. Es lo que se cataloga como modernización, la lucha constante por un mundo mejor. Esto no supuso que lo antiguo desapareciera ya que pervivió hasta los inicios del siglo XX en Europa y, en el caso de España, tuvo una prolongación más persistente que se analizará en posteriores capítulos. Hay que considerar, por tanto, que hubo múltiples modernidades, porque en la historia no existe un camino único e inmejorable. Además, tal y como diagnosticaron en la temprana fecha de 1848 dos jóvenes revolucionarios, Marx y Engels, el propio capitalismo, en su despliegue de novedades, conlleva tal capacidad de cambio e innovación que “desvanece todo lo sólido en el aire”.

En concreto, este intrincado proceso de transformaciones tuvo en España su partida de nacimiento en 1808 y se podría sostener que su desarrollo no ha terminado. Al contrario, cabe defender que estamos instalados en una nueva fase de modernización generada por otra revolución tecnológica y, por eso, desde este capítulo hasta el final del capítulo 9, se examinarán las esperanzas y conflictos desplegados en la sociedad española con el deseo común de progresar. Persiste como desafío la noción de progreso, esto es, el afán de construir un futuro de mayor bienestar económico, más justicia social y crecientes derechos y libertades individuales y colectivas.

En consecuencia, en este primer capítulo de la Edad Contemporánea se expondrán tales cambios operados en dos fases. Una primera, de 1808 a 1839, de carácter revolucionario, cuando los liberales de la extensa Monarquía Hispánica acabaron con los poderes feudales y construyeron Estados nacionales a ambos lados del Atlántico, republicanos en el continente americano, con guerras civiles y violencias incluidas. La segunda fase, de 1840 a 1868, fue de organización y estabilización de una España liberal en la que se cimentaron los anclajes de una economía de mercado que daría paso al despegue del capitalismo.

La nación en marcha: el desarrollo
de la revolución liberal (1808-1839)

Cronología
1808 | Cortes y Constitución en Bayona: juran al rey José I. Alternativa de Juntas soberanas en guerra con Napoleón, y abastecidas por Gran Bretaña. Derrota del ejército francés en Bailén, Napoleón en España decreta la abolición del Antiguo Régimen. Poesías patrióticas de Manuel José Quintana.
1809 | José I gobierna con españoles ilustrados. Se desamortizan las órdenes religiosas y militares. La Junta soberana de Quito se declara independiente.
1810 | Grito de Dolores, inicio de independencia en México con abolición de esclavitud. La Junta Central convoca Cortes en Cádiz y estas declaran la soberanía nacional.
1811 | Sublevaciones independentistas en Venezuela, Paraguay y Nueva Granada. Los Desastres de la guerra de Goya (hasta 1820).
1812 | Se aprueba la Constitución española en Cádiz. Napoleón invade Rusia.
1813 | Derrota y retirada de José I a Francia. Campaña de Bolívar desde los Andes a Caracas.
1814 | Abdicación de Napoleón. Golpe absolutista de Fernando VII, cárcel y exilio para los liberales y los bonapartistas. Invención de la locomotora, por Stephenson.
1816 | Independencia de Argentina.
1817 | España firma la abolición del tráfico de esclavos. Frankenstein de Mary Shelley.
1818 | Independencia de Chile.
1819 | Batalla de Boyacá: la Gran Colombia con Bolívar. Muere Carlos IV en el exilio.
1820 | Pronunciamiento de Riego por la Constitución gaditana. Gobiernos liberales hasta 1823.
1821 | Batalla de Carabobo, independencia de Venezuela. Independencias de Perú, Guatemala y Santo Domingo. En Alcoy los campesinos tejedores destruyen las nuevas máquinas.
1822 | Iturbe emperador de México y Pedro de Portugal, emperador de Brasil. Batalla de Pichincha: independencia de Ecuador. Código penal en España. Sublevación de partidas absolutistas.
1823 | Se proclama la República en México. Los Cien Mil Hijos de San Luis restablecen el absolutismo de Fernando VII: nuevo exilio de los liberales españoles.
1824 | Batalla de Ayacucho: independencia de Perú, posteriormente se organizó Bolivia (1825).
1827 | Rebelión de agraviats o malcontents, antiliberales precursores del carlismo.
1830 | Inicio de la Renaixença, movimiento cultural en catalán.
1831 | Ejecución de Mariana Pineda y Torrijos. La Libertad guiando al pueblo de Delacroix.
1832 | Amnistía para los liberales exiliados. La niña Isabel heredera al trono. El empresario Bonaplata instala la primera máquina de vapor en el textil catalán.
1833 | División provincial de España. Muere Fernando VII, le sucede su hija con tres años, su tío Carlos inicia la guerra civil por el trono y por el absolutismo.
1834 | Gobierno liberal moderado de Martínez de la Rosa. Matanza de frailes en Madrid.
1835 | Las Juntas se pronuncian por Mendizábal para el gobierno. Destrucción de la fábrica El Vapor. Larra, figura periodística. El duque de Rivas estrena Don Álvaro o la fuerza del sino.
1836 | Nuevas Juntas restablecen la Constitución de Cádiz y su legislación complementaria.
1837 | Reforma de la Constitución: voto censitario, bicameralismo y abolición de señoríos. Persiste la esclavitud en Cuba y Puerto Rico, regidas como Filipinas, directamente por la corona. Los amantes de Teruel de Hartzenbusch.
1839 | Fin de la guerra civil. Flórez Estrada publica La cuestión social, los campesinos ocupan tierras y nace la primera Asociación de tejedores en Barcelona. El cartismo, movimiento popular por derechos políticos en el Reino Unido.

Bonaparte de Bayona a Chamartín,
más la soberanía juntera con apoyo británico

Napoleón, tras recibir la corona española por abdicación de todos los Borbones y asesorado por Murat, que conocía la tradición hispana, convocó unas Cortes en Bayona para jurar y legitimar al nuevo rey; también para promulgar un texto constitucional. Por primera vez se convocaron representantes de las Canarias y de las Américas. De hecho, José I fue el primer rey que borró la retahíla de reinos, al uso absolutista, para definirse solo como rey de las Españas y la Indias, en plural. Se reunieron 91 diputados que, para regenerar la patria, aprobaron la primera Constitución española donde se consagró como nación con un mismo Estado representativo la pluralidad de territorios de las Españas y las Indias. Este precedente fue ineludible para la posterior política, como se comprobaría en las Cortes en Cádiz. Además, implantó la libertad e igualdad de cada individuo, estableció la inviolabilidad del domicilio, el habeas corpus y la independencia del poder judicial, además de abolir expresamente la tortura.

A los llamados afrancesados no los movió la lealtad a un rey u otro, sino el objetivo de reformar la nación. Moratín lo explicó, muchos españoles como él optaron por el rey Bonaparte para acometer “las reformas que necesitaba la nación” a partir de “los sólidos cimientos de la razón y la justicia”. El propio Jovellanos dudó y declaró que la nación no luchaba ni por los Borbones ni por los Bonapartes, sino por sus “derechos originales, sagrados, imprescriptibles, superiores e independientes de toda familia o dinastía”. Optó contra Napoleón por no aceptar las abdicaciones de Bayona.

En todo caso, con José I se desplegó un programa de liberalismo moderado que reguló las tareas y ámbitos del Estado desde el principio de igualdad institucional en municipios y provincias, con un “sistema de contribuciones igual en todo el reino”. Además, impulsó el primer plan de cultura nacional española, creó el Museo Nacional, precedente del Museo del Prado, también el primer Teatro Español en cuya plaza (creada sobre un convento desamortizado) colocaron la estatua de Calderón. Se desarrolló, sin duda, el primer programa de españolización de los referentes públicos del Estado.

Ahora bien, frente a la legalidad que se construía en Bayona, también, en mayo de 1808, surgieron en varias ciudades Juntas de ciudadanos que asumieron la soberanía que estimaron vacante por la abdicación de Fernando VII. Un hecho inédito. Se juntaron desde absolutistas opuestos a las reformas hasta liberales dispuestos a ocupar el vacío de poder para implantar su ideario. La primera Junta se creó en Asturias, sus protagonistas se intitularon patriotas, reclutaron y pagaron una fuerza armada con campesinos de los pueblos aledaños y, al fin, el 25 de mayo, teatralizaron la lectura pública de un documento que expresaba, con frase propia de Flórez Estrada, que “la soberanía reside siempre en el pueblo”.

La nación, por tanto, se hizo concepto político, fue el sujeto de la soberanía, idea revolucionaria pues abolía los poderes absolutos de los monarcas. Por eso la Junta de Asturias envió a Londres dos representantes, investidos de plenos poderes, para negociar de nación a nación con los británicos. Un hecho insólito. No eran los pactos de familia de los Borbones, ni una guerra dinástica entre monarcas, sino unas relaciones entre naciones soberanas, nueva terminología política que irrumpió de modo asombrosamente enérgico desde mayo de 1808. No fue un acto aislado, con pocos días de diferencia se crearon similares Juntas soberanas desde Asturias a Sevilla y Granada, pasando por Zaragoza, Valencia o Murcia, excepto en las ciudades donde había tropas francesas acantonadas.

En todas se recurrió al motín popular para establecer la nueva autoridad de las Juntas, y en todas se organizaron milicias como brazo armado del nuevo poder. En los motines, los gritos populares contra el francés expresaron la exasperación social contra la aristocracia que, prácticamente en bloque, se había situado en la obediencia a Napoleón. Al grito de “¡Traidores!”, el pueblo amotinado ejecutó con formas viles —ahorcados o descuartizados— a personajes que simbolizaban los antiguos poderes, un exministro, cuatro generales aristócratas (de Madrid, Galicia, Cádiz, Sevilla y Extremadura) y casi 400 miembros de familias francesas (mujeres y niños incluidos) masacrados en Valencia por orden de un furibundo canónigo absolutista.

Ahora bien, los británicos fueron los activos promotores del levantamiento de las Juntas. En junio de 1808, el gobierno británico hizo pública su alianza con las Juntas sublevadas y destinó una serie de diplomáticos a España para negociar con cada Junta la ayuda, todos con el encargo de favorecer el comercio británico y que la ayuda financiera y armamentística se cargase como préstamo que en su día devolvería la corona española a la corona británica. Así, en junio de 1808, hubo dos legitimidades, la emanada de Bayona y la surgida de las Juntas, una guerra que algunos han calificado como guerra civil, solapada y opacada por la que mantenían Gran Bretaña y Napoleón en la Península.

Tras la batalla de Bailén en julio de 1808, ganada por las Juntas soberanas andaluzas contra los franceses, Napoleón entró en la Península y logró el total dominio francés hasta enero de 1812. Más de tres años en que prácticamente la Península estuvo bajo el mando de los Bonaparte y se aplicaron los decretos que Napoleón firmó en diciembre de 1808 en Chamartín. Estos decretos fueron revolucionarios, un precedente insoslayable para el liberalismo español. El primero suprimió la Inquisición en todos los territorios hispanos. Otro redujo las órdenes religiosas a un tercio de las existentes y desamortizó sus bienes, lo que supuso que los frailes exclaustrados redoblasen las prédicas de odio contra Napoleón. Con otro decreto se abolió el régimen señorial, un asunto de la mayor trascendencia, que obligaría a intensos debates en las Cortes de Cádiz. De un plumazo, en unas pocas líneas, se suprimieron más de ochos siglos de poder de la aristocracia. Por último, se decretó para América la prohibición de poseer más de una encomienda a partir del 1 de enero de 1809. Era un paso importante para desmantelar aquella denostada institución de explotación de la población nativa. El emperador, consciente de la necesidad de crear una opinión pública favorable, acompañó los decretos con un manifiesto a los españoles definiéndose como el regenerador de España al haber instalado una monarquía dulce y constitucional.

Entre la Junta Central y las Cortes,
una América independentista

En el verano de 1808, no había un proyecto político ni unívoco ni claramente definido en las Juntas. Sin embargo, los hechos se precipitaron. Sin que mediara decreto de por medio, la libertad de imprenta fue decisiva para reforzar los planteamientos de los liberales porque reclamaron la unión de todas las Juntas en una Junta Central que fuese la única cabeza visible de la nación. Esta Junta Central se formó en Aranjuez, pues el éxito de la batalla de Bailén, con un ejército formado solo por las Juntas andaluzas, demostró que la unión hacía la fuerza. Dicha Junta fue embrión de un Estado inédito, sin monarca, aunque monárquico, se dio a sí misma el rango de Majestad y todos sus miembros se declararon nacionales, inmunes e iguales. Tres adjetivos que reflejaban la nueva soberanía de los nacionales. Albergó tendencias federalizantes e incluso cierta idea confederal en algunas Juntas. Las islas de Baleares y Canarias, por primera vez, tuvieron voz y voto en los asuntos nacionales. Además, emulando lo aprobado en Bayona, dieron asiento a nueve representantes de los “dominios en las Indias [que] no son propiamente colonias o factorías como las de las otras naciones, sino una parte esencial e integrante de la monarquía española”.

La Junta Central dirigió la guerra contra Napoleón y además organizó la guerrilla, que no fue algo espontáneo. En diciembre de 1808, decretó el reglamento para “partidas y cuadrillas” de campesinos, nacimiento oficial de una guerrilla que fue controvertida desde su inicio. Los absolutistas la exaltaron, no así los liberales que trataron de encauzarla bajo control militar pues bastantes guerrilleros eran desertores de los reclutamientos y sobrevivían como bandoleros. De hecho, entre 1808 a 1813, se solaparon el bandolero y el guerrillero. La guerrilla no se entiende sin la enorme maquinaria de los ejércitos franceses requisando alimentos y ganados a los campesinos, más las levas forzosas de unos y otros ejércitos por campos y ciudades.

También con la Junta Central nació la libertad de ideas, eclosionó la prensa política y se hizo de la opinión pública el máximo exponente de la voluntad nacional. Por todas las ciudades se editaron periódicos y folletos para insuflar ideas de libertad y patriotismo y, copiando a la Iglesia, se propagaron en catecismos políticos tanto las nuevas ideas, como el odio a Napoleón y a los franceses. En 1809, Flórez Estrada razonó que “sin libertad de imprenta no pueden difundirse las luces [de la razón]”, y, al no haber luces, “no puede haber reforma útil y estable ni los españoles podrán jamás ser libres y felices”.

Con tal fin, la Junta Central convocó Cortes para 1810 y, al estar la Península en manos del gobierno de José I, se tuvieron que reunir en Cádiz, ciudad protegida por la flota británica. Se convocó por un lado al clero y a la aristocracia y, por otro, al pueblo, pero los liberales solo tramitaron la convocatoria para el brazo del pueblo, dijeron que, por las circunstancias de guerra, se habían traspapelado las citas a la nobleza y al clero. Por otra parte, hubo una desigualdad notoria, pues para 11 millones de habitantes en la Península había 208 diputados mientras que para los territorios de Ultramar, con más de 16 millones de habitantes, solo 30 representantes (28 para América y 2 para Filipinas).

Ahora bien, las noticias del levantamiento de la Península en Juntas soberanas generaron actos similares en varias ciudades americanas. Reprimidos inicialmente por las autoridades virreinales, en 1810, desde México hasta Montevideo triunfaron las Juntas organizadas de modo similar a las de la Península. El contexto internacional lo propició. Napoleón declaró que la independencia de las tierras americanas era lógica y el Reino Unido no quería que tan enormes territorios quedasen en manos de la nueva nación que se organizaba en las Cortes de Cádiz.

En un primer momento, tales Juntas se justificaron por el vacío de poder creado al disolverse la Junta Central y porque la Península estaba bajo control de José I. Salvo los fidelistas o lealistas a la Península, dominantes en Perú, en el resto de América, los criollos formaron Juntas con un carácter de soberanía independentista. En Caracas, fue la primera en abril de 1810. Al mes siguiente, se instaló la Junta Suprema de Buenos Aires, luego la de Santa Fe de Bogotá en julio, la de Chile en septiembre y este mes también se levantaron los mexicanos. En conclusión, el procedimiento de organizarse en Juntas soberanas fue tan inédito como revolucionario en la Península como en América.

Las Cortes en Cádiz y la brutalidad de la guerra peninsular

Al fin, desde septiembre de 1810, las Cortes iniciaron su andadura en Cádiz que, durante tres años fue un hervidero político, aunque asediada por tropas francesas. Albergó a unos 50.000 refugiados políticos, se multiplicaron las imprentas y los periódicos transmitieron las crónicas de las sesiones de las Cortes. Por primera vez los debates políticos se hicieron públicos y se convirtieron en motivo de tertulia y comentarios populares en la calle. Fue crucial la taquigrafía que, según Martí, inventor del sistema, era el “arte […] compañero inseparable de la libertad de las naciones”. Desde entonces hasta hoy los taquígrafos son obligatorios y ya entonces esos debates de las Cortes se prolongaron en un nuevo espacio de sociabilidad, el café. Además, se fomentó el teatro, por ser del mayor “interés político patriótico”, y se estrenaron obras como La viuda de Padilla del diputado Martínez de la Rosa, con los Comuneros de Castilla como protomártires de la libertad contra la tiranía del emperador extranjero Carlos, argumento contra los absolutistas que acusaban a los liberales de extranjerizantes. En definitiva, el ideario liberal adquirió la solidez de un programa político bien definido.

En este Cádiz liberal, también se hicieron oír las mujeres. Aristócratas de ideas absolutistas fundaron, en 1811, la Asociación Patriótica de Damas de Fernando VII. De militancia contraria era Carmen Silva, que se hizo cargo del periódico El Robespierre Español, cuando su marido estuvo preso por la censura. Surgieron periódicos dirigidos a las mujeres, editados y escritos por hombres. También organizaron tertulias, unas con ideas liberales y otras absolutistas, como fue la de Frasquita Larrea quien, defendiendo el absolutismo católico, no dejó de leer a los pensadores ilustrados e incluso tradujo a Byron y a la pionera del feminismo Mary Wollstonecraft.

Entre tanto la brutalidad de la guerra se enseñoreaba del resto de la Península. Baste remitirse a los ochenta y dos grabados de Goya de Los desastres de la guerra, expresión de la crueldad vivida entre 1808 y 1813. Las ejecuciones a garrote, los fusilamientos a quemarropa, las violaciones a diestro y siniestro, los apuñalamientos incluso por mujeres que actuaban “como fieras”, los descuartizamientos de cadáveres y toda la posible gama de atrocidades realizadas por todos, en una guerra a la vez civil e internacional. Iluminaron trágicamente la imaginación de Goya de tal modo que esos grabados revelan la inhumana realidad con más fuerza que cualquier dato estadístico.

Las investigaciones demuestran que fue la guerra más letal de la historia contemporánea española pues superó a la guerra civil de 1936-1939 en mortalidad relativa. Si en esta las 700.000 muertes alcanzaron casi un 3% de los 25 millones de españoles, las víctimas de la guerra de la Independencia supusieron el 4% de los once millones y medio de habitantes de la época. Además, habría que sumar las 250.000 víctimas que hubo entre las tropas napoleónicas y las aliadas (británicos y portugueses). Es justo recordar que en el ejército dirigido por lord Wellington más de un tercio eran portugueses. En todo caso, hay que subrayar que las muertes entre la tropa se produjeron más por enfermedades infecciosas que por las heridas en el campo de batalla.

De la Constitución liberal a la guerra civil de los absolutistas

Entre 1812, que se aprobó la Constitución en las Cortes de Cádiz, hasta 1833, en que, al morir Fernando VII, su hermano Carlos desencadenó una guerra civil, transcurrieron dos décadas de antagonismo entre liberales y absolutistas. Estos dos grupos organizados políticamente con objetivos socioeconómicos enfrentados pueden ser considerados los primeros partidos políticos. Nacieron con la libertad, algo impensable en los siglos anteriores. Y los realistas, opuestos a la libertad, la usaron para defender una monarquía absoluta, sin libertades, simbolizada por una escarapela blanca. Los liberales, por el contrario, usaron una escarapela verde, color de esperanza y confianza en la libertad amparada por la soberanía nacional plasmada en la Constitución. Fueron catalogados como los nacionales frente a los realistas.

En efecto, la Constitución de 1812 estableció de modo categórico la soberanía de la nación. Fue el eje decisivo de la revolución cuyos adalides liberales contaron con figuras tan descollantes como el cura Muñoz Torrero, antes rector de la universidad de Salamanca, o Agustín Argüelles, entre otros muy señeros. El texto constitucional definió en el artículo 1º que “La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios”. Transformó la yuxtaposición de dominios de la corona en una comunidad unida políticamente por una misma identidad, la española. Y para evitar la acusación de copiar la Constitución francesa de 1791, los derechos y libertades de y para los españoles, esencia de la nación, no fueron en el título I, sino desperdigados en su articulado. Les molestaba a los liberales que dijeran que copiaban del “enemigo francés” e insistieron que no copiaban, que simplemente ordenaban “con enlace, armonía y concordancia […] las leyes fundamentales de Aragón, de Navarra y de Castilla”.

Los liberales tuvieron que enarbolar lo español y declarar la fe para construir una nación de ciudadanos libres, pero su doctrina era revolucionaria, nada que ver con leyes medievales. Con la soberanía de la nación, no del rey, implantaron la separación de los poderes legislativos, ejecutivo y judicial, hicieron del voto (masculino) el instrumento de la expresión soberana de la voluntad de los ciudadanos, situaron la instrucción pública como obligación del Estado, afirmaron la propiedad privada y las libertades en lo económico y en las ideas y abolieron cuantas instituciones feudales impedían el desarrollo detales libertades. Por eso suprimieron los señoríos, la mita en América, la Inquisición y la Mesta; aprobaron un centenar de decretos en apenas tres años con los que reglamentaron las distintas facetas de esa nueva sociedad, desde la organización de los poderes hasta el Ejército organizado como nacional y la fuerza de orden público, una Milicia igualmente nacional. Al establecer la igualdad de acceso a todos los cargos públicos, terminó el monopolio nobiliario y el hijo de un carretero manchego, Espartero, joven luchador contra Napoleón entonces, alcanzaría la Jefatura del Estado, por votación. Sin embargo, hubo un clamoroso silencio sobre las mujeres, ni se les mentó, y se omitió conscientemente la abolición de la esclavitud.

Fue una Constitución muy avanzada, un espejo para las constituciones de otros países europeos y para las nuevas repúblicas americanas en proceso de independencia. Sin embargo, tras convocarse las primeras elecciones legislativas sin guerra, en 1813, el triunfo de los liberales dejó a los absolutistas con solo 70 diputados y se lanzaron al golpe de Estado. Se movilizaron importantes aristócratas opuestos a la abolición de los señoríos y la mayoría de la jerarquía eclesiástica, dolida por la abolición de la Inquisición, con miles de empleados del anterior régimen, desde regidores y justicias de señoríos expulsados de sus cargos gracias a la convocatoria de elecciones a los ayuntamientos. El golpe, en mayo de 1814, lo impuso el general Elio, absolutista como el recién regresado Fernando VII.

Hubo una auténtica cruzada antiliberal con destacados clérigos al frente. Propagaron que los reformistas como Godoy y los afrancesados, la Revolución francesa, Napoleón y las Cortes de Cádiz eran distintas caras de Satán para destronar el reinado de Dios. Proponían purificar la patria. En La Atalaya de La Mancha, periódico dirigido por un fraile, se le aclaró al rey la fórmula:

Tres o cuatro mil enemigos de vuestra majestad, mandados los unos a la hoguera y los otros a una isla incomunicable, en nada disminuyen el número de vuestros vasallos […] traed a la memoria cuántos millares más fue menester […] para arrojar de España a los moriscos y a los judíos, muchos menos perjudiciales que nuestros jacobinos, y con todo su expulsión se ejecutó y desde entonces comenzamos a vivir felices y sin susto.

Y así se hizo en 1814, se abolió toda la legislación gaditana y se implantó un absolutismo fanatizado encarcelando liberales y provocando su exilio, fue un sexenio caótico hasta 1820. Cierto es que hubo más complejidad que la derivada estrictamente del antagonismo político. Sobre todo, porque las guerras independentistas en América no solo supusieron el corte radical de ingresos en la hacienda real, sino que esta tuvo que afrontar una guerra muy costosa y dificultosa en el muy extenso continente. Fue el contexto en el que el ejército de Riego, preparado para embarcarse camino de América, se pronunció a favor de la Constitución gaditana en enero de 1820, debidamente apoyado por el banquero Bertrán de Lis y su representante el gaditano Mendizábal. Se sumaron importantes ciudades y el rey absolutista aceptó la Constitución y se restableció toda la legislación gaditana.

De 1820 a 1823 gobernaron los liberales, ya escindidos entre moderados y radicales o progresistas, algunos con ideas republicanas. Fue un trienio constitucional, una nueva eclosión de libertades, con un fuerte empuje a la desamortización eclesiástica así como a la abolición de los señoríos, de conflictiva aplicación contra los aristócratas. Se precisó y debatió la división provincial que, sin embargo, no se aprobaría hasta 1833. Se organizaron las Milicias de ciudadanos en pueblos y ciudades para defender el orden constitucional y el ideario liberal se propagó y se afianzó tanto desde la prensa y por las Sociedades patrióticas creadas por todo el territorio como por la celebración de elecciones por sufragio masculino. Tanto fue así que fracasó la sublevación absolutista de 1822 y tuvo que ser un ejército de ocupación enviado por la Santa Alianza de potencias absolutistas (Rusia, Prusia, Francia e Imperio austríaco) el que restableciera el absolutismo en 1823.

Fue una década absolutista sostenida por este ejército francés de ocupación. Los liberales sufrieron drásticas depuraciones y un nuevo exilio a Europa, donde reforzaron sus ideas y se impregnaron de romanticismo. Pero el azar actuó. En 1830, al ser destronado el último rey absoluto de Francia, se implantó una monarquía constitucional y esto cambió las relaciones con el país vecino. Además, ese año nacía Isabel, hija de Fernando VII y María Cristina, y estos tuvieron que garantizar el trono para su hija, por encima de la norma, más o menos importada, de la primacía del varón defendida por el hermano del rey, Carlos. Así, el absolutismo no podía contar con Francia y el rey, muy enfermo tuvo que amnistiar, en 1832, a los liberales exiliados para arropar a su hija como heredera. Los liberales del exilio y los del interior constituían un grupo compacto de profesionales y clases mercantiles, imprescindibles, de tal modo que, a los cuatro meses de morir el rey, con el infante Carlos desencadenando una guerra civil por el trono, la regente María Cristina encomendó, en enero de 1834, el gobierno al liberal moderado Martínez de la Rosa para defender el trono de su hija de tres años.

El primer paso fue organizar el ejército contra los carlistas, y también dotar de un Estatuto real a la monarquía, para no parecer absolutista. Sin embargo, los liberales progresistas presionaron para avanzar en un programa que, ante todo, era desamortizador. Ese afán se expresó de modo violento el verano de 1834 con la primera matanza de frailes de la historia de España. Ocurrió en la capital, donde las clases populares de los barrios más empobrecidos padecían una ola de epidemia con tintes apocalípticos. Morían más de 500 personas diarias en julio de ese año, cuando corrió el bulo de que los frailes habían envenenado las aguas. Esto desencadenó el asalto a los conventos situados en el corazón de la ciudad con 73 frailes asesinados en una orgía de sangre y venganza. Se comprobó la pasividad sospechosa de las autoridades liberales de modo que cabe plantearse si tal pánico colectivo no fue una táctica consciente contra el gobierno para reclamar la exclaustración y la consiguiente desamortización de los bienes tan deseados de las órdenes religiosas.

Los liberales se apuntalan y triunfan en la guerra civil

Entre 1833 y 1839, la regente de la Monarquía, aunque de ideas absolutistas, se tuvo que apoyar en los liberales para conservar la corona de su hija. Estos afianzaron su poder político y aplicaron, en general, la legislación aprobada en las Cortes de Cádiz y durante el Trienio constitucional (1820-1823). Consumaron su revolución política y socioeconómica, a pesar de que tan largos años de guerra civil, conocida como carlista, supusieron un nuevo desastre para la sociedad española.

Esta guerra fue mucho más que una lucha por el trono entre un tío y su sobrina. Ante todo, fue una enorme sublevación de campesinos perjudicados por las políticas liberales de las desamortizaciones y la quiebra de los arrendamientos señoriales, a la que se sumaron los nobles rurales desposeídos de sus privilegios municipales y el bajo clero de frailes exclaustrados por el cierre de conventos desamortizados. Con frecuencia se organizaron en partidas que la prensa liberal catalogó como “latro-facciosas”, desde Galicia al sureste levantino, incluyendo los campesinos de La Mancha. Simultáneamente se movilizaron también los defensores de los fueros del País Vasco. La novedad estuvo en que tan extraordinaria rebelión social contó con un ejército armado por los absolutistas, con el pretendiente Carlos a la cabeza, y tuvo sólidos apoyos internacionales. No afectó a todos los territorios por igual. Como en toda guerra, fue constante la requisa de bienes para sostener las tropas, las violaciones de mujeres, el destrozo de viviendas y bastantes momentos de atrocidad extrema entre ambos bandos, grabados en la memoria durante décadas.

Las pérdidas humanas afectaron especialmente a los lugares donde las batallas fueron más constantes, esto es, las comarcas y ciudades vascas, catalanas y aragonesas. Los más recientes estudios proponen entre 100.000 y 300.000 muertos, mayormente militares, y entre 35.000 y 85.000 heridos, inutilizados para el trabajo y dependientes de sus familias. También se calculan más de 30.000 los carlistas exiliados que en gran parte volvieron con el indulto de 1841, y los jefes y eclesiásticos más recalcitrantes fueron amnistiados entre 1846 y 1848. En lo económico, muchos ayuntamientos tuvieron que vender bienes comunales para pagar las deudas, lo que engrosó las filas de los labradores con recursos, mientras proletarizaba a otros muchos. El Estado pudo pagar su deuda con la desamortización realizada por Mendizábal desde 1836. Además, esta guerra implicó de forma activa una Cuádruple Alianza (1834) con la que los gobiernos liberales de Francia y Gran Bretaña apoyaron a los liberales de España y Portugal, país este enfrascado también en una guerra civil contra los absolutistas, mientras las monarquías absolutistas de Austria, Prusia y Rusia, con el papa, arrimaron apoyos dispares a los carlistas.

Militarmente las fuerzas carlistas perdieron fuelle desde 1838, sobre todo por sus fuertes divisiones internas y el desgaste del apoyo de las capas sociales campesinas. Además, cuando el debate de los señoríos se zanjó a favor de la aristocracia, transformada, desde 1837, en propietaria de total derecho sobre la tierra, esta clase social dejó de estar contra el régimen liberal. Por su parte, la jerarquía católica, aunque no comulgase con el liberalismo, quedó más afianzada al desaparecer el poder económico de las órdenes religiosas desamortizadas. Por eso, aunque prosiguieran partidas carlistas hasta 1840, el convenio de Vergara firmado por los generales Espartero y Maroto, liberal y carlista respectivamente, con términos generosos y aceptando la persistencia de los fueros para las tierras vascas, dio paso, en 1939, a la estabilización de un Estado liberal de prolongada vida.

El Estado liberal, la riqueza agraria
y la temprana cuestión social

Los liberales llegaron a 1839 divididos políticamente. Las experiencias de los exilios de 1814 y 1823, donde vivieron de cerca la evolución del liberalismo occidental, más el conocimiento de las realidades e intereses existentes en España, marcaron, desde 1834, la divisoria entre moderados o conservadores y progresistas con tendencias democratizadoras. Ambas tendencias, fase primera de los partidos políticos, contaron con una prensa propia y, para concurrir a las elecciones, tuvieron que organizarse en todo el territorio por provincias y distritos electorales. Coincidieron en abolir los fundamentos del Antiguo Régimen feudal y se diferenciaron en el ritmo a seguir para aplicar los principios y criterios formulados en la Constitución de 1812.

Hubo también diferencias en el concepto de libertad e igualdad. Tras varios vaivenes políticos, una nueva serie de Juntas provinciales exigieron a la regente, en 1836, restablecer la Constitución de Cádiz; eso es lo que le comunicaron los sargentos en la Granja y la regente lo hizo, mientras Larra escribía que “la España que constituimos”, en guerra contra el absolutismo carlista, aspiraba a la meta de “libertad en literatura, como en las artes, como en la industria, como en el comercio, como en la conciencia. He aquí la divisa de la época, he aquí la nuestra, he aquí la medida con que mediremos”. Era, según concluía, la “expresión de la sociedad nueva que componemos”.

Y eso se plasmó en la reforma constitucional de 1837. Moderaron el radicalismo liberal de 1812 y la soberanía nacional pasó al preámbulo, sin ser un artículo específico, pero incluyó esta vez una declaración expresa y sistemática de los derechos ciudadanos, aunque significativamente se escamoteó la abolición de la esclavitud, fabuloso negocio que se concentró en Cuba y Puerto Rico, gobernadas directamente por la corona. Se introdujo el Senado en consonancia con el liberalismo europeo, abriendo esta Cámara a las clases conservadoras, y, sobre todo, se implantó el sufragio censitario, gracias al que solo votarían los varones con cierto nivel de riqueza. De modo que solo pudo votar desde entonces el 5% de la población.

Ahora bien, en una sociedad agraria, la riqueza estaba marcada por la propiedad de la tierra. En este sentido, las medidas tomadas por los liberales subvirtieron las relaciones sociales del régimen señorial e hicieron de la propiedad de tierras la palanca de una primitiva acumulación de capital. Tal y como se había documentado en las Cortes de Cádiz, la superficie cultivada de España estaba controlada en más de un 50% por los señoríos nobiliarios o solariegos, un 28% eran los de realengo y el resto, eclesiásticos, más los comunales, no contabilizados como cultivables, aunque eran indispensables para la leña, la ganadería doméstica, la caza y la pesca.

Los liberales insistieron sobre todo en privatizar los señoríos eclesiásticos. Los declararon bienes nacionales para, a continuación, venderlos a manos privadas. Se creó así una nueva clase de propietarios de diverso calibre social (desde labradores a rentistas urbanos), y terminó el poder económico de la Iglesia que, a cambio, por ley de Espartero (1841), obtuvo indemnización asumiendo el coste de los seminarios y pagando al clero equiparando desde párroco rural a obispo con sueldos de teniente a general del Ejército. Los señoríos nobiliarios se convirtieron en propiedad libre desde 1837 y los bienes de realengo se privatizaron en 1865, mientras que los bienes comunales, oficialmente no cultivables, con un proceso paulatino privatizador desde la guerra contra Napoleón, entraron de lleno en la privatización con la ley del progresista Madoz de 1856.

Cierto que la usurpación de los señoríos por los nobles fue impugnada en los tribunales por los pueblos y las desamortizaciones fueron criticadas desde su inicio. En concreto, en 1839, ya diagnosticó el citado Flórez Estrada “la cuestión social”, surgida por el modo privatizador de los bienes eclesiásticos. Defendió que la tierra era un bien natural que no podía ser de una clase social que viviera de las rentas de los que otros trabajaban, y propuso que la propiedad de todos los señoríos (eclesiásticos, solariegos o realengos) se incorporase a la nación, la administrase el Estado y, por tanto, se organizase una sociedad en la que se premiara el trabajo y no la ociosidad de los rentistas. No se trataba de una propuesta socialista, sino de un liberal que asignaba al Estado la tarea de regular los modos de distribución de la riqueza, a partir del trabajo individual y no de la propiedad acumulada por una clase ociosa.

Esta tesis encontró apoyo en diputados tempranamente republicanos como Espronceda, y reflejó el conflicto que emergía con las desamortizaciones y la abolición de los señoríos. En el campo andaluz, comenzaron muy pronto las ocupaciones de tierras, baste recordar el caso de Algarinejo (Granada), en 1834, cuando los campesinos exigieron el reparto de una dehesa que era laborable, y no había ni por asomo ideas de comunismo ni añoranzas comunitarias, solo querían tierra para trabajar, con la conciencia de que la dehesa les pertenecía. Esto se hizo constante en una extensa geografía en cuyas elecciones municipales se planteó la propiedad de los comunales y también de los señoríos abolidos. No por casualidad los moderados decidieron que los alcaldes dejasen de ser elegibles desde 1843, y en 1844, tras disolver la Milicia nacional, crearon la Guardia civil porque, tal y como argumentó el ministro del Interior, “el orden social reclama este auxilio […] una fuerza siempre disponible para proteger las personas y las propiedades”. Así, la cuestión agraria zarandeó la vida política de España desde entonces y, en concreto, se convirtió en asunto preferente para el ideario republicano.

Por otra parte, en las poblaciones urbanas la implantación de la libertad de industria y de trabajo inauguró el proceso de proletarización del artesanado tradicional, aunque en un primer momento tuvo lugar un amargo empobrecimiento del que surgió la necesidad de organizarse en sociedades de socorros mutuos, creándose precisamente en 1839 en Barcelona la primera, la Asociación de Tejedores. Ya antes, en 1835, en otro motín o bullanga anticlerical, los obreros habían incendiado El Vapor, la primera fábrica de la innovación tecnológica más avanzada cuyos telares mecánicos les robaban el trabajo. Cuatro obreros fueron fusilados y los dueños de la fábrica, indemnizados por el gobierno.

Consolidación de la España LIBERAL (1840-1868)

Cronología
1840 | Regencia de Espartero, partido progresista. Se crea la primera Sociedad Mutua, la de tejedores de Barcelona. Se publica El diablo mundo de Espronceda.
1841 | Abolición del mayorazgo nobiliario y ley desamortización del clero secular, su organización y la abolición definitiva del diezmo. Ley paccionada del sistema foral navarro.
1842 | Insurrección en Barcelona contra previsión de acuerdo librecambista con Gran Bretaña. Bombardeo de la ciudad.
1843 | Pronunciamientos de ciudades, con moderados y progresistas contra Espartero, que se exilia. Mayoría de edad de Isabel II con 13 años. Regresa su madre María Cristina del exilio.
1844 | Don Juan Tenorio de Zorrilla.
1845 | Constitución moderada, con soberanía compartida entre nación y corona.
1846 | Segunda guerra carlista hasta 1849, sobre todo en Cataluña, en crisis agraria e industrial.
1848 | Primer ferrocarril, entre Barcelona y Mataró. Revoluciones democráticas en Europa; Manifiesto comunista de Marx y Engels y Declaración de Seneca Falls, programa feminista por Lucrecia Mott y Elisabeth Cady Stanton.
1849 | Creación del Partido Democrático en España, incluyendo republicanos y socialistas utópicos.
1850 | Se finaliza el Diccionario geográfico, estadístico e histórico de Madoz.
1851 | Concordato con el papado: se reconocen las desamortizaciones y el poder moral de la Iglesia. Primera Exposición Universal en Londres.
1854 | Pronunciamiento de O’Donnell, fundador de la Unión Liberal, y Espartero, líder progresista. Barricadas en Madrid con quema de palacios de la reina madre y de José Salamanca.
1855 | Ley de desamortización general de Madoz. Ley de ferrocarriles. Primera huelga general, en el textil de Cataluña. Motines de subsistencia en toda España.
1856 | Constitución non nata. Ley de sociedades bancarias y crediticias. Golpe militar de Narváez.
1857 | Campesinos de Utrera y Arahal queman los registros de la propiedad: “mueran los ricos”.
1858 | Gobierno de la Unión Liberal de O’Donnell.
1859 | Guerra contra el sultán de Marruecos que, vencido, cede más tierras en Ceuta y Melilla y paga una indemnización millonaria. Ola de exaltación nacionalista española.
1860 | Prim derrota a marroquíes en Castillejos.
1861 | Sublevación campesina de Loja liderada por Pérez del Álamo.
1863 | Cantares gallegos de Rosalía de Castro.
1865 | Ley de privatización del Patrimonio real con motín republicano la noche de san Daniel.
1867 | Muere O’Donnell. El Capital de Marx. La dinamita de Alfred Nobel.
1868 | Muere Narváez. Revolución gloriosa y destronamiento de Isabel II.

Centralismo, elecciones, partidos e impugnación del Estado

Algunos estudiosos subrayan que el Estado liberal fue débil, porque aplican un modelo ideal de Estado y de gobierno, normalmente el británico o el francés, pensando en la España que pudo ser o en la que debería haber sido. Sin embargo, en cada país existen intereses, aspiraciones y ventanas de oportunidad que son distintos y, en el caso de la España liberal, sus clases dirigentes consideraron el centralismo la opción más racional que llevaría las luces de la razón y los derechos por igual a todos los ciudadanos y a todos los territorios. Por eso abolieron los privilegios estamentales, los fueros y las jurisdicciones señoriales. Además, la proximidad del modelo francés, de centralismo predominante, defendido por los ilustrados que gobernaron con José I, sentó un precedente que hizo suyo en gran medida las Cortes de Cádiz y sobre todo el liberalismo moderado del reinado de Isabel II cuyos rasgos, tras dos breves paréntesis, perduraron hasta 1978, cuando se implantó en la Constitución el Estado de las autonomías.

En todo caso, desde la Constitución de Cádiz, se desarrolló una codificación racional e igualitaria de las facetas civil, penal y mercantil de la vida ciudadana. El código penal fue el primero y más fácil en aprobarse, en 1822, reformulado en 1848, y el código de comercio, aprobado por un gobierno reformista del rey absoluto en 1829, persistió hasta fin de siglo. El más proceloso fue el código civil por afectar al derecho de propiedad, tan enmarañado en el tránsito de los derechos feudales a la propiedad libre de la burguesía, y no se aprobó hasta 1888.

Por otra parte, al abolirse los gremios, se estableció un mercado nacional de trabajadores, afianzando el de mercancías. También se regularizó el sistema fiscal (1845), que perduró hasta 1900, y en 1849, se implantó el sistema métrico decimal para unificar los intercambios. El telégrafo, desde 1834, y el posterior sistema ferroviario también reforzaron la centralización del poder ubicado en Madrid. Los ayuntamientos, las diputaciones y los poderes legislativo, ejecutivo y judicial se organizaron con pautas centralizadoras y uniformes, con la excepción del País Vasco y Navarra. Se pensó que un Estado centralizado garantizaría mejor los negocios en todos los niveles y daría un más sólido soporte al crecimiento de una riqueza nacional que se concebía como la suma de las respectivas riquezas individuales. De ahí que el derecho al voto, un mecanismo revolucionario, se adscribiese a cuantos tuvieran un cierto nivel de riqueza. Desde 1837, podían votar los varones que pagasen 200 reales de impuestos directos o poseyeran una renta anual de 1.500 reales, solo eran 270.000, apenas un 2,5%. Pero bastaba que el ayuntamiento certificara que cumplían los requisitos y así los municipios y las diputaciones pudieron inflar el censo con electores afines; en 1844, de una población de casi 15 millones, los electores solo eran 640.000, en torno al 5%, el más numeroso de la Europa parlamentaria continental.

Desde 1837, se estabilizó la organización de los electores, porque abundaron las convocatorias de elecciones por continuos cambios de gobierno. Se configuró una red nacional de comités extendida por toda la geografía, regulada por estatutos, con un registro de afiliados, y además con una prensa propia, sostenida por los militantes. Porque la prensa se convirtió en lo que se llamó el cuarto poder; el periodista creaba la opinión pública y, por tanto, marcaba la agenda de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. No hubo partido o grupo ideológico o cultural que no contase con su periódico o revista.

Respecto a los partidos, en estas décadas se afianzaron. Sobre todo el liberal moderado, que gobernó casi todo el reinado de Isabel II hasta 1868. Este defendió el centralismo y la preeminencia del poder ejecutivo sobre el legislativo, una tendencia autoritaria persistente, y pactaron con frecuencia con los grupos tradicionalistas. El partido progresista, por su parte, tuvo breves pero decisivos gobiernos con Mendizábal, Calatrava y Espartero y fue proclive a un Estado descentralizado, apoyado en poderes locales y provinciales. El partido demócrata, en gran medida republicano, aunque activo desde 1837, se oficializó en 1849, estuvo en la oposición con una táctica de persistente insurrección y defendió un Estado federal, con diferentes grados y líderes que serían protagonistas del sexenio democrático (se verá en el capítulo siguiente). Por último, la Unión Liberal creada en 1856 por O’Donnell y Cánovas gobernó varias veces entre 1855 y 1868. Los carlistas o tradicionalistas, en cambio, tuvieron organizaciones políticas de incidencia más limitada.

En otro orden de cosas, el Estado liberal gravó la vida de las clases populares con dos obligaciones, las quintas y los consumos, que provocaron su impugnación radical. El servicio militar, tal y como se ha expuesto en el capítulo anterior, suponía perder a un varón para el sostén de la familia. Para colmo, los liberales abrieron una vía visiblemente clasista: quien pagase cierta cantidad, se libraba de esa carga y se pagaba así un sustituto. La patria solo la defenderían los sin recursos, y los sustitutos, también extraídos de las clases más desfavorecidas. Abundaron, por tanto, los prófugos, se buscaron exenciones, se trampeó… Hubo un 10% de prófugos en cada quinta y en las provincias más pobres, sumando prófugos e incapacitados, casi la mitad de los reclutados esquivaron el servicio militar. Por más que haya cierta literatura más o menos jovial sobre las fiestas de los quintos, abundaron los motines con una muy destacada movilización y la unión de las gentes que, con las mujeres al frente, al grito de “¡Abajo las quintas!” y “¡Mueran los ricos!”, en pueblos y ciudades, objetaron la legitimidad de un Estado en el que los ricos podían pagar y liberar, por tanto, a sus hijos de servir a la patria.

Respecto a la obligación de contribuir todos al sostenimiento del Estado en proporción a los recursos de cada cual, fue un mandato constitucional de 1812 que no se cumplió (se empezó a ejecutar con el IRPF en 1979, a los dos siglos, casi). El Estado recaudó mediante impuestos indirectos como los llamados consumos, que subían el precio de los productos de “arder y comer”. No resultaban igual de gravosos a los ricos, porque suponían el 25% de los ingresos de una familia de trabajadores. Tal desigualdad fiscal provocó continuas revueltas, baste recordar, por ejemplo, la oleada de mujeres y jóvenes asaltando las paneras de las ciudades en 1847, en una sincronía generada por el hambre.

Se repitió en julio de 1854, cuando un gobierno, minado por la corrupción, trató de cobrar por anticipado los impuestos de consumos y puertas. El descontento fue de tal calibre, con pasquines por las ciudades invitando a no pagar, que Karl Marx, periodista para el New York Daily Tribune, escribió que “los decretos del gobierno han convertido al recaudador de contribuciones en un propagandista revolucionario de la máxima eficacia”. Y así fue, se levantaron en barricadas los habitantes de varias ciudades, con el partido demócrata al frente e incendiando en Madrid los palacios de la reina madre y del banquero José Salamanca, símbolos de la corrupción. A partir del bienio progresista, entre 1854 y 1856, los motines fueron constantes contra los consumos, también contra el acaparamiento de los especuladores.

La guerra de Crimea (1853-1856) atrajo la especulación con el trigo y harina. España fue el primer exportador y la carestía y hambre fue de tal calibre que los motines contra las tahonas fueron constantes entre 1854 y 1856, desde Pamplona a Málaga, con milicianos nacionales incluidos. Muy grave fue en Castilla y León con campesinos incendiando los cargamentos del canal de Castilla y las mujeres de Palencia, Rioseco y Valladolid quemando casas al grito de “¡Mueran los ricos!”. La prensa relataba que “los capitalistas huyen o emigran con su familia […] porque el populacho lanza amenazas y no se da por vencido”. Se condenó a muerte a nueve cabecillas, una mujer entre ellos. Por eso la abolición de los consumos y las medidas contra la especulación se convirtieron reivindicación prioritaria en la revolución de 1868 que destronó a la reina.

Crecimiento con especulación
e internacionalización capitalista

Los liberales iniciaron el fin de las llamadas sociedades premodernas. Por ejemplo, era mínima la distancia en la base material de vida entre los habitantes de 1500 y 1800; sin embargo, la población pasó de 11 millones en 1808 a 15,6 millones en 1860. A pesar de las guerras descritas y de haberse independizado tan enorme imperio, hubo un empuje demográfico inaudito, en medio siglo se creció un 40%. La proletarización de campesinos y artesanos cambió las condiciones de vida, se mejoró la higiene pública con alcantarillados y recogida de basuras, se sacó del casco urbano los cementerios, se construyó hospitales y se extendió la vacuna contra la viruela, tan mortífera. Aunque en 1860 todavía estaba sin vacunar el 66% de la infancia, una media tan alta por la pobreza de los campos de la mitad sur, que mantenían una mortalidad infantil de un 50% hasta los siete años. Sin embargo, Cataluña, vacunada en su totalidad, duplicó la población. Las desigualdades territoriales se hicieron palpables.

A su vez, con las desamortizaciones y la abolición de los señoríos, aumentó la superficie cultivada y el libre mercado fomentó la expansión de cultivos. Se pudo alimentar a una creciente población. Incluso fue libro de lectura obligatoria en primaria el Manual de agricultura de Alejandro Oliván, aunque la realidad de la modernización fuese lenta y las innovaciones tardasen en llegar. Gran parte del campesinado no contaba con capital para la renovación y los grandes propietarios mantuvieron sus ganancias sin intensificar cultivos, sobraban jornaleros y además trasvasaron sus beneficios a los sectores financiero-especulativos, tan pujantes con inversiones en ferrocarriles y minas.

En este aspecto era crucial mejorar las comunicaciones, se mejoraron las carreteras y se pusieron en marcha diligencias entre ciudades, que redujeron el tiempo, pero lo revolucionario fue la construcción de la red ferroviaria. De las más importantes obras públicas de la historia, modificó el paisaje con desmontes, terraplenes, puentes, viaductos y túneles atravesando montañas. Atrajo ingentes capitales, especulativos y entrelazados con las corrupciones de los gobiernos; también supuso la dependencia tecnológica de Francia y, en todo caso, la definitiva implicación con el capitalismo europeo. Se legisló en el bienio progresista el plan (1855) y se realizó en poco tiempo, con un boom de 4.760 km construidos, casi la mitad de la red actual, hasta que, en 1866, la primera crisis financiera del capitalismo frenó su construcción que, reiniciada en 1876, alcanzaría en 20 años la casi totalidad de la red prevista.

El humo de las locomotoras que movían personas y mercancías se convirtió en imagen del progreso y las estaciones de ferrocarril fueron los nuevos espacios urbanos a donde llegaban unas máquinas cuya potencia se medía por cientos de caballos de vapor. Además, se hicieron parte del paisaje las redes de postes de madera para las líneas telegráficas. Hasta entonces las comunicaciones iban a lomos de caballos, pero sobre todo mulos y burros, más baratos. No recorrían más de 9 o 10 leguas diarias, o sea, 50 o 60 km, lo que suponía 15 días en un carro de 7 mulas entre Madrid y Barcelona. Sin embargo, en 1858, al terminarse la línea de Madrid-Alicante, el tiempo menguó de 8 días a solo 17 horas, a 25 km/h. En 1868, los ferrocarriles ya movilizaban 2.600.000 toneladas de mercancías, dato resolutivo para el mercado interior y la interacción entre regiones.

El agiotismo o especulación de capitales se hizo norma en las compañías de ferrocarril y mineras, amparadas en una legislación financiera desarrollada desde 1846 y estabilizada por el gobierno progresista de 1856 al autorizar los bancos de emisión privados y la creación de sociedades anónimas. Se forjaron, entonces, las futuras familias bancarias, entrelazadas con capitales británicos y franceses. Simultáneamente, el proceso de industrialización tuvo una primera fase, de 1830 a 1854, de implantación limitada de la tecnología del vapor en el textil catalán, y una definitiva etapa de revolución industrial, entre 1855 y 1880, caracterizada por tres realidades: la regionalización (textil en Cataluña, siderúrgico-minero en Asturias y País Vasco, alimentario en Castilla); la dependencia tecnológica y de materias primas y la aplicación del principio de “mercado reservado” para sus productos. Esto último supuso la garantía de un consumo interior en exclusiva, pero también su fragilidad pues tal consumo necesitaba a la mayoría campesina, tan dependiente de las fluctuaciones en las cosechas.

Condiciones de vida y movilizaciones sociales

En efecto, el mercado nacional era muy frágil. Hubo clases pudientes. Las más importantes podrían resumirse en cuatro grandes grupos: los terratenientes castellano-andaluces del cereal, olivar y viñedo, amalgama de vieja aristocracia y nuevos propietarios liberales; los burgueses industriales catalanes; los industriales de la cornisa minera y siderúrgica del Cantábrico, y un cuarto grupo, ensamblado con los anteriores, dedicado a la especulación, la banca y un jugoso tráfico antillano de esclavos (ilegal desde 1817). Además, entre sus filas se integraban las cúpulas del Ejército y de la Administración, así como destacados profesionales liberales y las jerarquías eclesiásticas. Es cierto que a estas nuevas clases dominantes y dirigentes les gustaba ennoblecerse, pero ya no eran los señores feudales de antaño, sino potentados catalogables como burgueses. Si en el censo de 1797 había 1.323 familias de nobles titulados, rentistas de señoríos casi todos, Isabel II creó 401 títulos nuevos para especuladores como el marqués de Salamanca, esclavistas como el marqués de Manzanedo, empresarios como el marqués de Casa Loring o militares como el general Serrano, duque de la Torre.

Creció significativamente la clase media de comerciantes y pequeños industriales urbanos, más los labradores acomodados en toda la geografía agraria. Los casinos de capitales de provincia y poblaciones agrourbanas expresaron los nuevos poderes locales basados tanto en el campo como en el comercio y en las rentas por inversiones en bolsa. Los profesionales liberales, sobre todo abogados, médicos e ingenieros, constituyeron un ingrediente innovador en cada provincia. Ahora bien, más del 75% de la población era agraria, con importantes diferencias entre la masa de jornaleros de la mitad sur de la Península y las diversas modalidades de pequeños y medianos agricultores desde Galicia a la Andalucía oriental y Murcia.

En los campos de antiguos señoríos proliferaron las ocupaciones de tierras, desde Clavecín (Cáceres) a Cádiz, Huelva y Málaga (1854), exigiendo la tierra de esos antiguos señoríos, por más que se hubiesen registrado como propiedades libres a nombre de duques y condes. Hubo dos casos muy relevantes, organizados por militantes del partido demócrata-republicano: la insurrección de Utrera y Arahal en 1857 y la de Loja, dominio de Narváez, en 1861. Fue el ejército la fuerza represora. En el primero, junto a 25 muertos por la tropa, fusilaron sumariamente a unos 150; y en Loja e Iznájar, los miles de jornaleros dirigidos por el albéitar Pérez del Álamo, al grito de “¡Viva la República y muera la reina!”, fusilaron a 17 cabecillas.

Por lo demás, en la población urbana despegaron las clases medias con profesionales liberales, trabajadores en el comercio y en oficios artesanales, funcionarios y, en algunos casos, un proletariado de fábrica y de la construcción cuyo 90% de esposas e hijas, más las campesinas que llegaban a la ciudad, trabajaron de sirvientas, casi siempre solo por comer. Esas nuevas clases medias tuvieron, por tanto, a su alrededor una nube muy barata de criadas, costureras, planchadoras y amas de cría que marcaron las diferencias sociales de modo bien palpable. Sin olvidar a los pobres, atendidos en los centros de beneficencia pública que, tras las desamortizaciones eclesiásticas, patrocinaron las diputaciones provinciales, según las leyes liberales de beneficencia de 1821 y 1849.

En ese contexto hay que resaltar la exasperación de una menestralía urbana lanzada a una ley de mercado inédita en su historia: la de la libre competencia. Un conglomerado heterogéneo de zapateros, carpinteros, silleros, ebanistas, cerrajeros, herreros, sastres, sombrereros, albañiles, pintores, cereros, impresores, encuadernadores, pasteleros, panaderos… había apostado por el liberalismo. Junto a ellos, un extenso abanico de empleados en actividades mercantiles: taberneros, tenderos, carniceros, quincalleros y trabajadores y dependientes en general del comercio. Todos componían la masa popular de milicianos que había defendido la Constitución entre 1820 y 1823, entre 1834 y 1843 y en el bienio de 1854-1856, siempre con gobiernos progresistas. Fueron decisorios en los motines, asonadas y barricadas y el soporte para los pronunciamientos soberanos de las Juntas revolucionarias. No por casualidad, los moderados disolvieron la Milicia, organizada democráticamente en sus mandos, bajo las órdenes de los alcaldes, para crear la citada Guardia civil, con disciplina militar y dependiente del ministerio de Interior.

Pronto emergieron en estos sectores nuevas formas de asociación para defenderse en sus trabajos al no existir gremios. En 1839, el gobierno autorizó la libre creación de sociedades para que los trabajadores pudieran “auxiliarse mutuamente en sus desgracias, enfermedades, etc.”, se fundó en Barcelona la Sociedad de Tejedores del algodón y al año siguiente el tejedor Juan Munts creó la Asociación mutua de obreros de la industria algodonera. Justo en ese año hubo los primeros movimientos huelguísticos, primero del artesanado granadino y, en 1840, de los sombrereros madrileños, en 1842, de los albañiles madrileños y, en 1843, los conflictos en el sector de la seda valenciana. Lo más importante, los demócrata-republicanos impulsaron las sociedades de socorros mutuos por oficios, se pagaba una cuota que serviría para tener jornal en caso de enfermedad y también de despido o luego en caso de huelga.

Este mutualismo adquirió, así, un cariz democrático y en su seno surgieron grupos cercanos al primer socialismo utópico. Sin embargo, el código penal de 1848 castigó expresamente la “coligación para encarecer o abaratar abusivamente el precio del trabajo”, o sea, que actuasen como sindicatos. No obstante, crecieron y se expandieron sobre todo cuando gozaron de más licencias para asociarse durante el bienio progresista (1854 a 1856), en gran parte en la órbita del republicanismo. En Barcelona, se constituyó la primera Confederación de Sociedades Obreras de España con el nombre de Unión de Clases, y, en general, en todas las ciudades se organizaron sociedades de socorros mutuos, por oficios. En casi todas hubo de sastres y de zapateros cuyos talleres siempre formaban parte del paisaje urbanístico, más las de aquellos oficios específicos en cada población. La competencia los proletarizaba, muchos talleres sobrevivían en condiciones de pobreza y por eso se produjeron acciones de movilización de los trabajadores en toda España (Granada, Madrid, Valencia, Béjar, Alcoy, Antequera…) en las que la huelga se convirtió en el instrumento para las reivindicaciones.

La primera huelga general tuvo lugar en Cataluña en 1855 contra el establecimiento de nuevas máquinas hiladoras, las selfactinas, porque quitaban puestos de trabajo, y contra la orden del capitán general de disolver las asociaciones obreras y controlar las sociedades de socorros mutuos. La huelga general, convocada por la Unión de Clases, duró del 2 al 11 de julio con el lema de “Asociación o muerte” y exigieron la libertad de asociación, aumento salarial y reducción de la jornada laboral. La respuesta del gobierno fue la deportación de más de 70 líderes obreros. A los pocos días, O’Donnell, ministro de Guerra, declaró el estado de sitio, disolvió la Milicia nacional y restableció la Constitución moderada de 1845 en un decreto que él mismo calificaba de dictatorial, dando fin al bienio progresista.

La educación y el prestigio
de los profesionales e intelectuales

La Constitución de 1812 hizo de la instrucción pública una obligación estatal, hecho totalmente innovador, y, en cierto modo, un derecho ciudadano al afirmar que “en todos los pueblos de la Monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en las que se enseñará a los niños a leer, a escribir y contar, y el catecismo de la religión católica, que comprehenderá también una breve exposición de las obligaciones civiles” (art. 366). Se requería estar alfabetizado para votar, esto es, contar con las luces de la razón para poder oponerse al oscurantismo clerical; sin embargo, el 90% de la población era analfabeta y ese deseo se postergó. En el plan de Manuel José Quintana (1814), se organizó el sistema educativo liberal en tres niveles de enseñanza, la primaria, la secundaria y la universitaria y esto no se pudo cumplir sino a partir de 1835, tras las etapas absolutistas de Fernando VII.

El Eco del Comercio, periódico del liberalismo progresista, lo explicitó en 1835: “La revolución que se está verificando en nuestras instituciones políticas debe extenderse también a nuestra educación; y el carácter de utilidad pública que aquellas van adquiriendo tiene que comunicarse igualmente a nuestra enseñanza”. Así, interpretando el genérico “niños”, se organizaron las escuelas primarias para niños y para niñas, aunque segregadas. Se le dio prioridad a la de niños, pues el varón era el responsable del trabajo, del voto y de la voz pública. Desde la regencia de Espartero se crearon las Escuelas Normales para formar maestros y maestras, ya que la profesión docente se consideraba adecuada a la naturaleza maternal de las mujeres.

A la altura de 1860, el avance en primaria todavía era muy parco: solo el 31% de los hombres y el 9% de las mujeres sabían leer y escribir, debida a la baja escolarización del conjunto de la sociedad. Los maestros eran pagados por unos ayuntamientos no siempre con suficientes recursos. Sin embargo, la secundaria era impartida por catedráticos, funcionarios del Estado por oposición, y estuvo limitada, según estableció la ley de 1838, a los institutos creados en las capitales de provincia y grandes poblaciones, solo para los varones de “una clase determinada, aunque numerosa, cual es la clase media […] [pues] los conocimientos que en ellos se comunican no son indispensables para las clases pobres”. En 1860, existían 58 institutos con 20.149 alumnos, cifra rebasada por los 21.170 seminaristas de los 59 seminarios españoles, sostenidos por el Concordato firmado con la Santa Sede en 1851. Sumaban solo un 6% de los varones entre 16 y 20 años. En estos años, tras las desamortizaciones, la enseñanza privada dependiente de órdenes religiosas apenas tuvo peso, solo se mantuvieron las Escuelas Pías.

Las universidades, hasta entonces en manos eclesiásticas, se desamortizaron y se crearon las actuales universidades públicas para formar a los grupos dirigentes, con catedráticos, también funcionarios del Estado, y una estructura de Facultades de Ciencias, Filosofía y Letras, Derecho, Farmacia y Medicina, más las Escuelas Superiores de ingenieros agrónomos e industriales, Arquitectura y Veterinaria. En 1860, las 10 universidades existentes sumaban 11.132 varones matriculados, con un tercio estudiando Derecho, un 20% Filosofía y Letras, un 10% Medicina, un 8% veterinaria y alcanzaban un 5% los de Farmacia e Ingenierías, mientras que en Ciencias solo un 1,4%.

La sucesiva legislación progresista y moderada fue sistematizada en la ley del ministro Moyano, en 1857, que perduró un largo siglo. El Estado, por tanto, monopolizó el control de acceso al ejercicio de nuevas profesiones que ampliaron la tipología del trabajo intelectual. Se estatalizó el profesorado de universidad y secundaria, todos funcionarios, con los maestros a cargo de los ayuntamientos, se profesionalizó la administración pública, mientras los ingenieros, médicos y farmacéuticos adquirieron un prestigio social indudable, junto con los abogados y periodistas, siendo estos dos últimos la cantera de una clase política prácticamente profesionalizada.

Por lo demás, fue un período de extraordinaria efervescencia cultural donde lo artístico y lo ideológico se ensamblaron para renovar el panorama creativo con una larga nómina de destacadas personalidades de la cultura de la época, en su mayoría tan importantes creadores como afanosos políticos. Desde el neoclasicismo de los ilustrados y el romanticismo conservador o revolucionario, más el realismo costumbrista de las décadas centrales del siglo XIX, se nadó por igual en las aguas del compromiso con la libertad que en la renovación de contenidos y formas estéticas. Todo vertebrado desde pautas de un nacionalismo español que implicó a todas las facetas del saber y de la creación artística, estableciendo Modesto Lafuente en su historia de España un paradigma de larga vida sobre el pasado español del que han bebido los manuales para la enseñanza primaria y secundaria concebidos para formar “ciudadanos buenos e ilustres”.

Por lo demás, en la citada ley Moyano (1857), se reguló el oficio de maestra, lo que supuso una cantera de mujeres adelantadas, con voz propia en la esfera pública, aunque muy limitada, junto a otras mujeres intelectuales de clase media como fue Concepción Arenal que, con extraordinaria valentía, en 1841, disfrazada de varón, burló la prohibición de asistir las mujeres a la universidad. Al ser descubierta, de forma inaudita, la aceptaron. Contra quienes la acusaron de inmoral, escribió: “¡Sería fuerte cosa que los señoritos respetasen a las mujeres que van a los toros y faltaran a las que entran en las aulas!”. Es deslumbrante en este aspecto la clarividencia de la joven Carolina Coronado que, desde su Extremadura natal, en 1846, su poema Libertad expresó con rotundidad el sentimiento de discriminación; vale la pena reproducir algunas estrofas:

¡Libertad! ¿qué nos importa?

¿qué ganamos, qué tendremos?

¿un encierro por tribuna

y una aguja por derecho?

¡Libertad! ¿de qué nos vale

si son los tiranos nuestros

no el yugo de los monarcas,

el yugo de nuestro sexo?

Los mozos están ufanos,

gozosos están los viejos,

igualdad hay en la patria,

libertad hay en el reino.

Pero, os digo, compañeras,

que la ley es sola de ellos,

que las hembras no se cuentan

ni hay Nación para este sexo.

En 1845, fue la escritora cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda quien lanzó, en Madrid, una revista elaborada por y para mujeres, La Ilustración. Pretendió ser elegida para la Real Academia de la Lengua (hasta 1981 no entraría una mujer). Sin duda, la prensa femenina, aunque no feminista, tuvo una presencia significativa en la España liberal, y se hizo más numerosa conforme avanzaba el siglo XIX. La mujer comenzó a contar en la sociedad liberal, aunque, hay que repetirlo, solo como “ángel del hogar” y sumisa al varón. Se aceptó la educación de las mujeres de clases medias, insistiendo siempre en los peligros demoníacos que anidaban en el sexo femenino, por lo que la ética de la discreción y la educación religiosa se convirtieron en garantías para la conservación del orden patriarcal.

Además, la cultura católica, oficial por decisión del Estado liberal, impuso un concepto de mujer cuyo modelo era la Virgen María. Se predicaba la sumisión y se proclamaba que la religión cristiana ya conllevaba la emancipación de las mujeres ya que todos, hombres y mujeres, eran iguales ante Dios, así que la mujer se encontraba en su lugar. La fe cristiana, por tanto, le asignaba la condición de reina del hogar, según argumentaba El defensor del bello sexo (1845-1846), revista con temas de “literatura, moral, ciencias y modas”. También hubo voces alternativas y pioneras de mujeres socialistas fourieristas que, en Cádiz (1856), en El pensil gaditano, y luego El nuevo pensil de Iberia, editados por Margarita Pérez de Celis, defendieron la igualdad de las mujeres y denunciaron la discriminación salarial que sufrían. Se cerró por presión del obispo de Cádiz.

Balance

Entre 1808 y 1868, la sociedad española experimentó un proceso revolucionario similar al del resto de países europeos que construyeron una sociedad liberal y sentaron las bases para la expansión del capitalismo. El concepto de progreso actuó como motor de cambio. Se inició con las constituciones de Bayona y Cádiz que abolieron los poderes feudales y el absolutismo en nombre de la nación, convertida en sujeto de soberanía única y exclusiva. Se implantó la propiedad privada de la tierra y la libertad económica en todos los sectores productivos y en el mundo laboral, así como la libertad de pensamiento en las ideas y la cultura. Se construyó un Estado centralizado, con división de poderes, y representativo del voto de los ciudadanos propietarios. Las elecciones y la prensa jugaron un papel decisivo en la formación de la opinión pública, y la educación se concibió como una responsabilidad del Estado, aunque su desarrollo fuese desigual. Ahora bien, los cambios en la estructura de la propiedad agraria crearon nuevos conflictos en el campo, a la vez que la proletarización en las manufacturas generó un nuevo asociacionismo obrero. También surgieron minorías de mujeres que lograron hacer oír su voz en espacios públicos. Este proceso de modernización en todo caso ni fue lineal ni homogéneo, porque las nuevas relaciones económicas y de poder sociopolítico fraguaron unas desigualdades que marcarían el posterior desarrollo de España.

Capítulo 7

El proceso democratizador
y el desarrollo capitalista: avances,
discordias y violencias (1868-1936)

El cúmulo de nuevas realidades ocurridas en España entre 1868 y 1936 tuvo tal envergadura que alcanzó el estatus de “país casi rico” a la altura de 1920, en palabras del historiador Vicens Vives. Casi como los más avanzados de Occidente, aunque a la vez, para Ortega y Gasset, intelectual liberal de aquel tiempo, se trataba de una España invertebrada y desbordada por una caudalosa rebelión de las masas. Valga subrayar un dato revelador: en la década de 1860, comenzó un largo ciclo de desarrollo económico cuya curva ascendente ha supuesto, hasta hoy, un crecimiento del PIB del 2,27% anual de promedio, incluyendo las etapas de crisis propias del capitalismo y, sobre todo, los 20 años de profundo retroceso entre 1936 y 1956, por la guerra civil y la dictadura.

En efecto, el crecimiento de una economía capitalista se hizo predominante desde el tercio final del siglo XIX, cuando en España se ensambló el despegue de la Primera Revolución Industrial del vapor con la segunda revolución de las turbinas y los motores de combustión interna. Así, con el cambio de siglo llegaron la electricidad y el petróleo como nuevas fuentes de energía, la bombilla eléctrica y el automóvil, la aeronáutica y la radiotelegrafía, más el teléfono y la radio en la década de 1920. Simultáneamente se personaban en la escena histórica los sindicatos obreros, el feminismo sufragista y el positivismo científico, sin olvidar las nuevas formas de ocio más popularizadas en todo Occidente como el cine o el deporte… Fue una oleada de revoluciones científico-tecnológicas, sociales y culturales.

A la altura de 1900, España ya estaba interconectada con el resto del planeta, llegaban las noticias e ideas al minuto por primera vez en la historia, gracias a los cables submarinos, y las personas y las mercancías se podían mover por tierras y mares en viajes de pocos días o de pocas semanas. Por eso, desde fines de siglo, desaparecieron las hambrunas y el movimiento emigratorio de españoles a la América independizada fue el mayor de la historia, unos cinco millones entre 1868 y 1935.

Las industrias y las ciudades crecieron y se convirtieron en los espacios decisivos de una modernización que abarcó cuatro dimensiones sociopolíticas: la lucha por la emancipación de las clases trabajadoras, las aspiraciones democratizadoras de las clases medias, la vindicación de la igualdad de las mujeres y la articulación de nuevas identidades nacionalistas. Sin dejar de ser cruciales las esperanzas y el dinamismo de la población agraria, pues, tal y como han demostrado los especialistas, ni el campo español fue el “pozo de todos los males”, ni un freno retardatario por esencia. Porque el proceso de industrialización implicó una simultánea desagrarización, lenta pero creciente ya que, si en la década de 1870 dos tercios de la población activa trabajaba en el campo, en la de 1935 solo era el 45%. El sector industrial aumentó del 15% de 1870 al 26,5% en 1935, y el de servicios del 19,5% al 28,5%.

En suma, la población creció de 16 millones en 1870 a 24,5 millones en 1935, sobresaliente duplicación de personas, sin contar los emigrados. Además, la esperanza de vida de 31 años en la década de 1880 subió a 50 en la de 1930. Fue la transición a una demografía moderna en la que se mantuvo una alta tasa de natalidad, con un leve descenso, mientras bajó extraordinariamente la mortalidad infantil cuyo promedio, con graves desigualdades entre territorios, fue de 225 por mil en la década de 1860 (o sea, morían casi una cuarta parte de los menores de 5 años) y se redujo a 150 por mil en 1900 y a 85 por mil en la década de 1930 (menos de una décima parte de infantes). Aunque el hambre como tal había desaparecido, la mortalidad seguía relacionada con las desigualdades sociales en alimentación y condiciones de vida de modo que, por cada hijo de matrimonio acomodado, morían dos de matrimonios pobres y cuatro que eran hijos naturales. Más aún, de los niños entregados a las 49 inclusas existentes, la mitad fallecían el primer año y el 82% en los cinco primeros años.

Esas estadísticas, tan desoladoras, expresan la persistencia de fuertes desigualdades, por encima de la magnitud de los cambios y movilidad social en marcha. Se desglosarán estas transformaciones en tres etapas. La primera, marcada por el empuje democratizador, desde la Revolución gloriosa de 1868, con el destronamiento de la reina, hasta 1890, con la implantación del sufragio universal masculino y la abolición de la esclavitud. La segunda y la tercera, de 1890 a 1935, abarcan cuatro décadas de excepcional modernización económica con una tumultuosa conflictividad social y tal efervescencia creativa que se considera la Edad de Plata de la cultura española. Se analiza diferenciando políticamente dos fases, con 1923 como año bisagra.

Energías democráticas y resistencias conservadoras (1868-1890)

Cronología
1868 | Revolución gloriosa: juntas y gobierno de Prim. Inicio de la guerra de los Diez Años en Cuba. La peseta, moneda nacional. Rebeliones federales. Fanelli propaga la Internacional obrera.
1869 | Elecciones constituyentes con voto universal masculino (25 años): Constitución democrática. Se crea la patronal Fomento de la Producción Nacional en Cataluña.
1870 | Elegido rey Amadeo de Saboya. Asesinato de Prim. Ley Moret para abolir la esclavitud en Cuba y Puerto Rico. Organización del lobby negrero.
1871 | Acceso de mujeres al bachillerato. Paul Lafargue propaga el marxismo. La Comuna en Paris.
1872 | Segunda guerra carlista. Primera mujer en la universidad, María Elena Maseras, medicina.
1873 | Abdica el rey Amadeo, se instaura la República: Cortes constituyentes federales. Sublevación cantonal, represión y destierro de federales e internacionalistas. República unitaria.
1874 | Gobierno republicano del general Serrano. Un pronunciamiento militar restablece la Monarquía.
1875 | Reinado de Alfonso XII, gobierno de Cánovas, liberal conservador, Cortes constituyentes.
1876 | Constitución liberal flexible. Se reimplanta el voto censitario. Fin de la guerra carlista, unidad jurídica en el País Vasco, sin fueros.
1878 | Paz de Zanjón en Cuba: promesa de autonomía. Primer concierto económico vasco.
1879 | Se crea clandestinamente el PSOE, líder Pablo Iglesias.
1880 | Valentín Almirall organiza el primer congreso catalanista, nace el Centre Català.
1881 | Gobierno del liberal Sagasta: legalización de todos los partidos. La Internacional se organiza como Federación de Trabajadores de la Región Española, FTRE.
1883 | La mano negra: represión del anarquismo. Rebelión militar republicana. Se crea la Comisión de Reformas Sociales con Jaime Vera por el PSOE. Muere Marx.
1885 | Muere Alfonso XII. Memorial de greuges del catalanismo. Conferencia internacional de Berlín: reparto de África. Publicación de La Regenta, de Clarín.
1886 | Definitiva abolición de la esclavitud en Cuba. Nace Alfonso XIII.
1887 | Ley de Asociaciones, se legalizan todos los partidos y sindicatos.
1888 | Ley del jurado popular. Validez del matrimonio civil. Se organiza la UGT. Exposición Universal de Barcelona.
1889 | Código civil. Nace la II Internacional, es socialista.
1890 | Ley de voto universal masculino. Fiesta del 1º de mayo obrero. Huelga minera en Vizcaya.

La Revolución gloriosa, eclosión de libertades y conflictos

Para entender el final de Isabel II, gobernando con camarillas corruptas, es adecuado leer La corte de los milagros, de Valle-Inclán, y recordar que la primera crisis del capitalismo de 1866 derrumbó las sociedades de crédito paralizando la construcción del ferrocarril, la industria y el comercio —el marqués de Salamanca, por ejemplo, perdió en un día 150 millones de reales, unos 300 millones de euros actuales—, mientras el partido moderado, liderado por Narváez, sembraba el terror contra los opositores, cerraba las Cortes y obligaba a enseñar la doctrina católica en las Escuelas de Magisterio para desterrar esa “ciencia indigesta, peligrosa y errónea” en la que se forman maestros que “emponzoñan el alma de los niños” propagando la “impiedad y la rebelión”.

Los otros tres partidos políticos firmaron un pacto de oposición: la Unión liberal, el progresista y el demócrata-republicano. Contaron con los militares contrarios al gobierno y, sobre todo, con ciudades organizadas en Juntas soberanas al grito de “¡Abajo los Borbones!” y “¡Viva España con honra!”, integradas en su mayoría por republicanos. La reina se exilió y estalló una euforia colectiva de regeneración nacional que conmocionó al resto de Europa.

Ahora bien, logrado el objetivo de derribar los gobiernos corruptos, se mostraron dos proyectos de cambio. El de los unionistas y progresistas, apoyado por liberales acomodados, ricos hacendados, industriales, comerciantes y profesionales que, liderados por Prim y Sagasta, se plasmó en la Constitución de 1869. Y otro, sostenido por capas medias, profesionales liberales, menestrales urbanos, pequeños comerciantes, trabajadores proletarizados y un amplio campesinado que, liderados sobre todo por Pi y Margall y Castelar, cambiaron el nombre de Partido Demócrata por Partido Republicano Federal. Entre ambos hubo posiciones intermedias representadas por el primer alcalde demócrata de Madrid, Nicolás María Rivero, y por Ruiz Zorrilla, procedente del progresismo más radical.

Los resultados de las primeras elecciones municipales con sufragio universal masculino reflejaron, en diciembre de 1868, una nueva realidad. Los republicanos federales lograron mayoría en 20 capitales, desde Barcelona y Coruña hasta Toledo, Murcia y Cádiz, entre otras muchas poblaciones. Por eso, para las elecciones a las Cortes constituyentes, en enero de 1869, se formó una coalición de partidarios de una monarquía parlamentaria. El censo fue de 4,5 millones de varones mayores de 25 años, participó un 70% y la coalición monárquica sumó 160 escaños del partido progresista, 80 de la Unión liberal y 40 de los demócratas escindidos del republicanismo. Los republicanos federales lograron 85 escaños, emergieron los carlistas con 20 diputados y oficialmente el partido moderado desapareció.

Entre tanto, la ola de libertad también llegó a Cuba donde el hacendado Céspedes lanzó, en octubre de 1868, un manifiesto por la independencia y él mismo liberó a sus esclavos mientras un comité revolucionario, instalado en Nueva York, proclamaba la consigna de “Puerto Rico y Cuba libres, y muera España para siempre en América”. Se enfrentaron a las tropas organizadas por los esclavistas con un primer choque en Yara, hasta que, a los pocos meses, el nuevo gobierno español envió a Cuba a un nuevo capitán general que apoyó a los negreros y pasó a sangre y fuego a las poblaciones sublevadas. Así se abordó la llamada guerra de los Diez Años, porque, hasta 1878, constituyó un factor de conflicto constante y además frustró la principal demanda popular de la revolución de 1868, la abolición de las quintas.

Por otra parte, la propia dinámica de libertades desencadenó procesos sociopolíticos como, por recordar solo un caso, el ocurrido en Málaga, donde, tras ganar los republicanos federales las municipales, más de 8.000 parados se plantaron ante el ayuntamiento en espera de pagas, todos armados como Voluntarios de la Libertad. Se les unieron los campesinos y los obreros descontentos de la Industria Malagueña por los bajos salarios que les pagaba su dueño, huido a Gibraltar. El choque con las tropas enviadas para restablecer el orden tuvo un balance de víctimas sobrecogedor: 50 soldados y 88 federales. Hechos como este reforzaron el papel del Ejército como represor. De ser uno de los soportes de la revolución liberal hasta entonces, los propios liberales hicieron del Ejército una institución de orden público, y así se fraguó en su seno una cúpula militar mayoritariamente conservadora.

En todo caso, se implantó la libertad de reunión y asociación y se expandieron las asociaciones obreras; es más, llegaron los representantes de la Internacional creada por Marx y Bakunin en Londres y surgieron los embriones de un nuevo protagonista histórico, el obrero. A la par, el librecambismo se hizo norma de gobierno para atraer capitales, estabilizando a perpetuidad las concesiones de ferrocarril y la explotación de minas y creando la peseta, al fin una moneda nacional. Despegaron las exportaciones mineras de Río Tinto, Almadén y Bilbao, ciudad esta donde se desarrolló la siderurgia con capitales ingleses, se renovaron los puertos y, en general, se derribaron las murallas de las ciudades para sus respectivos ensanches urbanísticos. También se proclamó la libertad de enseñanza y de cultos por primera vez y se afianzó el concepto de patrimonio nacional obligando a los eclesiásticos a dar cuenta de los objetos de arte existentes en todos sus edificios. Por esta medida rompió el papa las relaciones diplomáticas y los reaccionarios asesinaron al gobernador civil en la catedral de Burgos.

En suma, la Constitución recogió, en 1869, el programa del partido progresista, y en gran parte de los demócratas, con una extensa declaración de derechos individuales y libertades colectivas, definidos como “ilegislables e imprescriptibles”. Se especificó la separación de poderes y se organizó el poder judicial con la ley de 1870, que emancipó a los jueces de las intromisiones del poder ejecutivo al implantar las oposiciones para ser juez, y se crearon los jurados como expresión de la soberanía popular. Esta ley del poder judicial, como la del registro civil (que no existía), la del matrimonio civil (otra novedad) y las que regularon los municipios y provincias, así como las hipotecas, sobrevivieron largas décadas.

Gobiernos constitucionales,
rebeliones federales y el lobby esclavista

Aprobada la Constitución, siguieron gobernando los progresistas, con el liderazgo del general Prim y en alianzas con los unionistas o con los demócratas, hasta diciembre de 1870, cuando fue asesinado justo al llegar el rey votado por las Cortes, Amadeo de Saboya. También con el rey Amadeo gobernaron los progresistas hasta 1873, pero escindidos entre los constitucionalistas de Sagasta y los radicales de Ruiz Zorrilla, con dos guerras por solventar, porque a la de Cuba se sumó desde 1871 la guerra carlista, más la oposición de un partido republicano federal en ebullición social y la incansable y poderosa interferencia de los esclavistas.

A este respecto, los republicanos federales fueron el primer partido de masas en España. Se organizaron con una red de comités electorales y ateneos populares en los que se leía su prensa para una población analfabeta en su mayoría. Se fraguaron dos direcciones, la parlamentaria, con líderes brillantes como Figueras, Castelar o Pi y Margall; y la formada por líderes locales de enorme eco en sus poblaciones como Almirall en Barcelona o Salvochea en Cádiz, por ejemplo. A los primeros les preocupaban las libertades, los derechos y las formas de gobierno. A los segundos les empujaban las demandas sociales contra las quintas, la necesidad de trabajar y mejorar los salarios, la organización de sociedades de socorros mutuos y el reparto de las tierras prometido por los liberales desde las Cortes de Cádiz.

La faceta más tumultuosa del republicanismo se manifestó en las protestas contra las quintas, que fueron constantes porque había dos guerras. La recluta de soldados de 1869 para la guerra en Cuba provocó una oleada de motines entre los que destacaron miles de mujeres madrileñas protestando ante las Cortes, como también en Sevilla, Málaga y Barcelona, donde los ayuntamientos republicanos acudieron a un préstamo para librar a los quintos de su ciudad. En este contexto se afianzó la propuesta federal cuando, por iniciativa del catalán Almirall, se firmó en Tortosa un pacto federal de los comités republicanos de Cataluña, Aragón, País Valenciano e Islas Baleares, idea que se extendió por el resto de España (desde Andalucía a Galicia y Euzkadi) hasta firmarse en Madrid el “pacto nacional o general” que, además, acordó el derecho a la sublevación armada.

Y así se hizo en el otoño de 1869, cuando, en Cataluña, con líderes obreros republicanos e internacionalistas al frente, se declaró la lucha contra los “capitalistas”, pidiendo el fin de la “explotación del hombre por el hombre”. También ocurrió en la simultánea rebelión republicana ocurrida en Andalucía, Extremadura, Aragón y parte de Valencia: proclamaron la república quemando los registros de la propiedad, además de exigir el derecho al trabajo. La nueva leva de 40.000 quintos en 1870 provocó otra cadena de insurrecciones desde Barcelona, con el barrio de Gracia bombardeado, hasta Galicia con los campesinos espoleados por el conflicto de los foros.

Por su parte, los gobiernos progresistas desplegaron importantes medidas. Así, en 1870, la ley Moret, conocida por su ministro impulsor, aceptó la abolición de la esclavitud defendida por los republicanos y por destacadas mujeres como Carolina Coronado, Gómez de Avellaneda y Concepción Arenal, pero optó por la fórmula de los “vientres libres”, esto es, serían libres los nacidos desde septiembre de 1868. Se pensó calmar así a los negreros que, con Antonio López (futuro marqués de Comillas) y Julián de Zulueta (marqués de Álava) al frente, financiaban la guerra contra los independentistas.

De otro tenor fue el intento de los progresistas de prohibir la Internacional, tras el impacto de la Comuna de París (1871). En España, no eran más de 25.000 los internacionalistas, de tendencia bakuninista, pero es revelador que Bravo Murillo editase una revista titulada La Defensa de la Propiedad. Por otra parte, en Andalucía persistía el bandolerismo cuyos asaltos a la propiedad zanjó el gobernador civil de Córdoba, Julián Zugasti, conocido luego por sus libros sobre el tema, organizando partidas de seguridad pública que aplicaron la ley de fugas. Terminó con los bandoleros, pero hasta el conservador Silvela denunció sus métodos; en un mes había matado a más de 60 presuntos delincuentes.

De los gobiernos de Ruiz Zorrilla destacó la decisión de abrir la enseñanza secundaria a las mujeres y abrir institutos femeninos en las capitales; también permitió que accedieran a la universidad, con autorización del gobierno, siempre individualizada, y comenzó un goteo lento y limitado de mujeres universitarias. A la vez, se propuso lograr la paz en Cuba implantando ayuntamientos constitucionales y aplicando la ley Moret sin cortapisas. Intervino el citado lobby de negreros, que orquestó una fabulosa campaña antigubernamental apoyada por los industriales con clientela antillana, los harineros y trigueros, los vinateros, los arroceros… más la nobleza. Le hicieron saber al rey Amadeo que estaba comprometiendo la monarquía y lograron que el rey, tras firmar un decreto de reorganización de la artillería, un conflicto de mínimo relieve, decidiera abdicar. Fue una tormenta inesperada pero los negreros habían paralizado las reformas. Sin embargo, diputados y senadores, en su gran mayoría radicales de Ruiz Zorrilla, votaron por 258 votos contra 32 instaurar una República y se eligió un poder ejecutivo con Figueras de presidente, Castelar en Estado, Pi y Margall en Gobernación y Echegaray en Hacienda, en los más destacados ministerios.

El naufragio del programa federal

La República llegó en medio de una desconfianza internacional, por los recientes acontecimientos de la Comuna de París. Solo los Estados Unidos y Suiza la reconocieron. Hubo un plan de reformas sociales y territoriales que se truncó por la impaciencia de los federales intransigentes y las conspiraciones conservadoras. Así, en Barcelona, se proclamó en marzo el Estado catalán de la República federal española, pretensión que logró desactivar el propio presidente del Gobierno, Figueras, tarraconense por más señas. En Andalucía y Extremadura, se desencadenó un amplio movimiento de jornaleros que ocuparon y distribuyeron tierras, cundiendo el pánico entre los propietarios. Convocada la Asamblea constituyente, con una mayoría que declaró España como país federal, comenzó la redacción de una nueva Constitución, pero todo el proceso reformista dirigido por Pi y Margall como presidente desde junio de 1873 se paralizó con la sublevación de federales intransigentes.

Primero fueron los motines de julio exigiendo tierras en varias poblaciones andaluzas y la revolta del petroli en Alcoy, con incendio del ayuntamiento y muerte del alcalde republicano. Los internacionalistas fueron los protagonistas, gobernaron tres días, aunque el Ejército entró sin resistencia. Pi y Margall aceleró la redacción de la Constitución, cuyo texto definitivo creaba una organización federal del Estado inédita en la historia, y dimitió para intentar un gobierno de conciliación, pero los republicanos moderados, por miedo a lo ocurrido en Alcoy, votaron por Salmerón y esto sirvió a los intransigentes para desencadenar la sublevación cantonal, entre el 19 y el 22 de julio, desde Cádiz, Algeciras y Granada a Salamanca y Ávila.

Por su parte, el cantón de Cartagena acordó condenar al gobierno de Salmerón por traidor y atribuirse ser el verdadero gobierno de la Federación española creando un gobierno provisional. No hubo independentismo ni separatismo; al contrario, se erigieron en representantes de una España federal y publicaron su programa en el periódico El Cantón Murciano. Es importante reseñarlo para conocer los objetivos de los cantones. Ante todo, dieron prioridad a los campesinos. Abordaron la redención de los foros en Galicia y Asturias, la supresión de las rentas feudales vigentes en las poblaciones más dispares de España, como, por ejemplo, la gabela de 3.000 gallinas y 9.000 celemines de cebada anuales en pueblos de León y Segovia para el duque de Sesto, principal conspirador de la vuelta de Alfonso XII. Abolieron los títulos supletorios usados por los nobles para quedarse con las tierras de señorío desde 1837 y, en consecuencia, suprimieron el registro de la propiedad, sustituido por uno municipal gratuito. También declararon que las fincas sin cultivar por sus dueños pasarían a propiedad del municipio, y con estas y con las comunales el Estado haría lotes a censo redimible.

Revelador fue que en todos los cantones se reconociese el derecho al trabajo y la jornada de ocho horas y hubo propuestas como en el de Granada, que estableció un sueldo máximo en lo público y la contribución sobre el capital, creando además bancos agrícolas, industriales y mercantiles, con un interés nunca superior al 3%, para favorecer el “desarrollo de la riqueza desamortizada, matar la usura y crear familias laboriosas y honradas”. En Jerez y Sanlúcar, los latifundistas y comerciantes abandonaron el municipio y durante 33 días funcionó una comuna colectivista.

Lo cierto es que la sublevación cantonal inmovilizó la vía reformista legal defendida por Pi y Margall que, por ejemplo, en la ley de 24 de julio 1873, aprobaba la primera norma del Estado para regular el trabajo y la instrucción de los niños obreros, quizás el único logro normativo de esta República. En suma, los cantonalistas más los grupos internacionalistas excitaron los miedos de las clases propietarias y también de los republicanos unitarios. En consecuencia, el presidente Salmerón envió las tropas de los generales monárquicos (Pavía, Martínez Campos y López Domínguez) a disolver los cantones. Solo Cartagena resistió hasta enero de 1874.

El orden como prioridad: la República unitaria
y la Monarquía restaurada

Para disolver la sublevación cantonal, la República echó manos de la jerarquía militar, monárquica casi toda, mientras el ejército carlista convertía Estella en sede de un Estado alternativo. Salmerón dimitió y la Asamblea constituyente votó a Castelar con plenos poderes para acabar con las guerras carlista y cubana, un contexto agravado por las nuevas reclutas de quintos y las agudas divisiones de los republicanos. Así, el 2 de enero de 1874, Castelar fue reprobado por la Asamblea entre cuyos diputados se abrió la opción de un gobierno antiesclavista. Se movilizaron de nuevo los negreros y los soldados del general Pavía disolvieron la Asamblea para entregar el gobierno al general Serrano, vinculado a los esclavistas. Su primer acto fue suspender las garantías constitucionales, prohibir la Internacional y deportar a más de 5.000 militantes cantonalistas e internacionalistas a las islas Marianas, de donde nunca volverían. De inmediato, este gobierno fue reconocido por Alemania y las repúblicas americanas.

Ahora bien, la posible estabilización de una República unitaria no contó con suficientes apoyos de modo que, al final de 1874, el general Martínez Campos se pronunció por la monarquía borbónica y entregó el poder a Cánovas del Castillo. Este se propuso gobernar imitando el modelo inglés, con alternancia de los partidos liberales, para no repetir el monopolio del partido moderado bajo Isabel II. Cánovas gobernó dictatorialmente el año 1875, permitiendo solo la prensa monárquica, disolvió los ayuntamientos que no se adhirieron a la monarquía y decretó el necesario juramento de todos los profesores de fidelidad al rey y al dogma católico. Fue cuando catedráticos como Giner de los Ríos, Azcárate y Salmerón, entre otros, no juraron, fueron expulsados de la universidad y crearon, como alternativa, la Institución Libre de Enseñanza (1876).

Al año siguiente, tras sucesivas victorias del Ejército, finalizó la guerra carlista y Cánovas abolió los fueros e implantó la unidad legislativa, aunque desde 1878 estableció un concierto económico por el que, al no tener el Estado estructuras y personal propio, las tres provincias vascas gestionarían temporalmente el sistema tributario. También se aprobó la Constitución de 1876 redactada por el propio Cánovas, que mantuvo los derechos ciudadanos, recuperó la noción de soberanía nacional depositada en el rey con las Cortes, propia del liberalismo doctrinario, y restauró el catolicismo como religión del Estado, aunque incluyó la tolerancia de otras religiones. Lo decisivo fue que los asuntos más polémicos se dejaron para ser desarrollados en futuras leyes.

La guerra en Cuba seguía estancada en acciones guerrilleras, con inferioridad de las tropas españolas, pues frente a los 29.000 soldados de los independentistas, conocedores del terreno y animados por su sentimiento patriótico, los 70.000 españoles eran reclutas forzosos, mal alimentados, mal vestidos, casi la mitad con enfermedades tropicales que producían una alta mortalidad. A la altura de 1878, sumaban ambos bandos 200.000 muertos y una deuda enorme. Cánovas aceptó (paz de Zanjón, 1878) las peticiones cubanas de convertirse en provincia autónoma dentro del Estado, como Puerto Rico, con amnistía total y libertad para los esclavos en armas. Nació así el Partido Autonomista en Cuba para gestionar la paz y la aplicación de la ley Moret. Se encumbró a Alfonso XII como el Pacificador, con estatua a caballo en el Retiro de Madrid.

A partir de 1879, comenzó una dinámica de turno en el gobierno. Cánovas al frente de un partido liberal-conservador con los cuadros procedentes de los moderados y unionistas, y Sagasta liderando un partido conocido como liberal, que fusionó los progresistas y demócratas de años anteriores y aceptó la nueva monarquía. Este partido normalizó el régimen y apuntaló las libertades sin violentar los intereses de las clases propietarias. De hecho, hubo una etapa boyante de desarrollo industrial y de expansión de pautas capitalistas en el sector agrario. Castelar apoyó esta dinámica de turno en el gobierno, mientras los republicanos de Pi y Margall y de Salmerón se reorganizaron calladamente en ateneos y asociaciones culturales, pueblo a pueblo, aprovechando los resquicios del sistema. En 1879, se creó clandestinamente el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con tres objetivos: la toma del poder por la clase trabajadora; la transformación de la propiedad privada en colectiva e implantar una federación económica de colectividades obreras que garantizase la educación y la dignidad de vida a hombres y mujeres, por igual. Partidario de la lucha política, dentro de la ley, estuvo en contra de la estrategia insurreccional de los anarquistas.

Por su parte, en 1880, Almirall, el antiguo federalista ya citado, promovió el primer congreso catalanista del que surgió el Centre Català que se convertiría en partido político y elevaría al rey el Memorial de Greuges, en 1885, defendiendo el proteccionismo arancelario y un derecho civil propio. Entre tanto, gracias a los mecanismos de control electoral mediante las redes clientelares de los dos grandes partidos, el llamado caciquismo político, en 1881, ganó el Partido Liberal de Sagasta que decretó la legalización de todos los partidos. Volvió a gobernar en 1883 y creó el primer organismo científico para analizar la situación de la enorme masa de trabajadores, fue la Comisión de Reformas Sociales, en cuyos trabajos participó Jaime Vera en nombre del PSOE.

Al morir el rey con su esposa embarazada, Cánovas y Sagasta acordaron sostener la monarquía, y de nuevo gobernó Sagasta que, con el apoyo de Castelar, impulsó la recuperación de los derechos y libertades alcanzados en el sexenio democrático anterior (1868-1873). Ante todo, aplicó en 1886 la ley Moret aboliendo, al fin, la esclavitud sin indemnización. Siguieron la ley de asociaciones (1887), que permitió organizarse a los sindicatos y nació así la Unión General de Trabajadores (UGT); la ley del jurado popular (1888), y la de validez del matrimonio civil, con la oposición de la Iglesia, más la promulgación, al fin, del Código civil (1889).

Entre tanto, la Exposición Universal realizada en 1888 en Barcelona supuso la celebración de la fuerza de la burguesía catalana y el escaparate de una ciudad de nivel europeo con amplias avenidas y monumentos tan significativos como la estatua dedicada a Colón, o el Arco del Triunfo que daba entrada a la Exposición. Los cinco años de gobierno liberal culminaron con la ley de 1890 que restableció el sufragio universal masculino, en contra del criterio de Cánovas. Comenzaba así una etapa de indudable pluralismo político, con el despliegue de distintas alternativas políticas, aunque los gobiernos recurriesen con bastante frecuencia al estado de excepción.

Modernización y desigualdades:
nuevos actores SOCIALES (1890-1923)

Cronología
1891 | Encíclica Rerum Novarum de León XIII.
1892 | Sublevaciones campesinas en Jerez. Bases de Manresa: catalanismo con Prat de la Riba.
1893 | Choques militares en Melilla, pacto con el Sultán de Marruecos. Atentados anarquistas.
1894 | Primera ley contra terrorismo: el Ejército juzga estos delitos.
1895 | Inicio de guerra de independencia en Cuba. Se funda el Partido Nacionalista Vasco, PNV.
1896 | Rebelión de Filipinas, fusilamiento del líder José Rizal. Atentado anarquista en Corpus de Barcelona.
1897 | Montjuic: ejecución de anarquistas. Asesinato de Cánovas, presidente del Gobierno.
1898 | Guerra con Estados Unidos, tratado de París, España sin tierras imperiales.
1899 | Reforma tributaria de Fernández Villaverde, se crea el Registro de Sociedades.
1900 | Unión Nacional liderada por J. Costa, S. Alba y B, Paraíso: el regeneracionismo. Leyes de protección del trabajo de mujeres y niños, y ley de accidentes de trabajo.
1901 | Se funda la Lliga Regionalista, catalanismo conservador. Creación del Banco Hispanoamericano, el de Vizcaya y la Hidroeléctrica Ibérica.
1902 | Reinado de Alfonso XIII. Huelgas en todos los sectores laborales. Ley de jornada máxima de 11 horas diarias, o semanas de 66 horas.
1903 | Huelgas en todo el territorio. Creación del Instituto de Reformas Sociales.
1904 | Ley de descanso dominical.
1905 | La Federación de Sindicatos Católicos se organiza en Bilbao.
1906 | Ley de jurisdicciones: el Ejército, juez y parte. Conferencia de Algeciras, el norte de Marruecos bajo control español. Se crea la Inspección de Trabajo.
1907 | Solidaritat Catalana gana las elecciones generales en toda Cataluña, se rompe el bipartidismo.
1908 | Se crea el Instituto Nacional de Previsión, ley de trabajos prohibidos a menos de 16 años. Regulación de huelgas por consejos de arbitraje.
1909 | Motines contra la guerra en Marruecos, Semana Trágica en Barcelona, Ferrer y Guardia fusilado en consejo de guerra. Cae el gobierno de Maura. Elecciones: Pablo Iglesias, primer diputado socialista.
1910 | Gobierno de Canalejas. Acceso libre de mujeres a la universidad. Jornada laboral de 10 horas. Se organiza la CNT, anarquista.
1911 | Primera huelga general de CNT y UGT, violencia en Cullera. Se crea Eusko Langileen Alkartasuna-Solidaridad de los Trabajadores Vascos (ELA-STV). Ley de contratos de aprendizaje.
1912 | Prohibición del trabajo nocturno de mujeres en talleres y fábricas. Asesinato de Canalejas.
1913 | Se crea la Mancomunitat de Cataluña, con Prat de la Riba. El Socialista se hace diario.
1914 | Neutralidad española en Guerra Mundial.
1915 | Congreso Internacional de Mujeres en La Haya: nace la Liga de Mujeres por la Paz.
1916 | Irmandade de Fala, núcleo del galleguismo, por Antón Villar Ponte.
1917 | Juntas militares. Asamblea de Parlamentarios y huelga general revolucionaria liderada por UGT. La Lliga entra en el gobierno. Revolución bolchevique en Rusia.
1918 | Gripe española. Fin de Guerra Mundial. Trienio bolchevique en el campo latifundista.
1919 | Jornada de 8 horas, en teoría. Lenin crea la III Internacional.
1920 | Ministerio de Trabajo en España. Se organiza la Legión en África. Se crea la Oficina Internacional de Trabajo, OIT. Pistolerismo y violencia de patronos y obreros en Cataluña.
1921 | Asesinato de Dato, jefe del gobierno. Desastre de Annual. Primera manifestación feminista en España por derecho al voto. Se organiza el Partido Comunista.
1922 | Nace Estat Català con Francesc Macià, independentista. Marcha de Mussolini sobre Roma. Se constituye la URSS.
1923 | Asesinato del anarquista Seguí y del arzobispo de Zaragoza. Golpe de Estado militar.

Las realidades socioeconómicas de la Edad de Plata

La feliz etiqueta de Edad de Plata propuesta por José-Carlos Mainer para el primer tercio del siglo XX, cabría ser ampliada para acotar la extraordinaria producción cultural y científica desarrollada desde 1885, con la publicación de La Regenta, de Leopoldo Alas Clarín, hasta la publicación, en 1939, de Doble esplendor, autobiografía de Constancia de la Mora, en el exilio, y las Nanas de la cebolla, de Miguel Hernández, en la cárcel. Con la novedad tan fructífera de una Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (1907), con Santiago Ramón y Cajal al frente, premio Nobel en Medicina (1906), sin olvidar el Nobel de literatura para el científico y político Echegaray (1904). Aunque los aspectos culturales y científicos no se abordan en este libro, es justo recordar su importancia para descifrar los claves sociales y económicas de un país inmerso en transformaciones tan inéditas como conflictivas por los ritmos siempre desiguales de crecimiento del capitalismo.

La incorporación de España a la Segunda Revolución Industrial en los sectores químico, eléctrico y de transportes amplió la internacionalización de la economía con la llegada de multinacionales. Hubo una importante regionalización del sector industrial. Junto al textil catalán y las siderurgias instaladas desde Asturias a Vizcaya, se vertebró una extensa red de industrias de bienes de consumo, más intensivas en trabajo que en capital, como las fabriles de Valencia y las alimentarias (conservas, destilados y harineras) más las vinateras y aceiteras, desde Galicia a Andalucía. Aumentaron en toda España los obreros industriales, aspecto clave para descifrar las implantaciones de los sindicatos de la UGT y la Confederación Nacional del Trabajo (CNT).

Por otra parte, desde la década de 1890 la globalización económica impulsada por los barcos de vapor obligó al reajuste de las agriculturas europeas por la competencia de Argentina, Australia y Estados Unidos. El cultivo del trigo bajó de 5 millones de hectáreas a 3,3 millones, fue un acicate porque desde 1900 el crecimiento agrícola anual estuvo entre el 1,1 y el 1,4% mientras la población crecía al 0,8% anual. Significativamente el Estado creó el ministerio de Agricultura en 1900 para proteger los intereses agrarios y diseñar políticas para un sector que albergaba dos espacios con fragilidades dispares: el minifundismo existente desde Galicia hasta el Sureste, de donde procedía casi todos los emigrantes de la época; y el latifundismo imperante desde Salamanca, Extremadura y La Mancha hasta Andalucía con una población jornalera que ni podía pagar el pasaje del barco para emigrar por lo que la reforma de la estructura de propiedad se convirtió desde entonces en exigencia de justicia social y factor de antagonismo político.

En todo caso, España no estaba estancada ni atrasada como se lamentaron algunos intelectuales al desaparecer el último vestigio de la España imperial en Cuba y Filipinas. Estaba a un 85% de desarrollo humano de los países imperiales del momento, Gran Bretaña, Alemania o Francia, y por encima de Italia y Portugal, esta con un importante imperio en su haber. Fueron años de una importante movilidad y diversificación de la estructura social, clave para entender la complejidad y novedad de las organizaciones políticas de estas décadas. En la cúspide se situaba un mundo burgués pujante, nada que ver con el Antiguo Régimen, por más que se adornase con títulos nobiliarios. A los 400 títulos concedidos por Isabel II, su hijo Alfonso XII otorgó más de 300, y desde la regencia de su viuda María Cristina y el reinado de Alfonso XIII se sumaron otros 550 títulos. Así se engalanó la clase alta de una sociedad burguesa que fomentó trazados urbanos de arquitecturas historicistas y modernistas, edificios monumentales para sedes de bancos e inició la práctica del turismo en costas y montañas, con una demanda de balnearios gracias a las preocupaciones higienistas.

Inmediatamente después estaban los profesionales liberales, con diferentes niveles de ingresos según la posición, desde el ingeniero al periodista o al maestro. Junto a ellos, una amalgama de comerciantes, pequeños propietarios, labradores enriquecidos, con dispar cultura. Eran todos integrantes de las clases medias que se consideraban parte esencial del pueblo que había derribado los poderes del Antiguo Régimen y que ahora aspiraba a liderar a los obreros como pensaban los republicanos populistas de Lerroux, las izquierdas catalanistas, o los fieles de Blasco Ibáñez en Valencia. Sin duda, estas clases medias constituyeron los soportes sociológicos de la expansión de la democracia y del republicanismo, también de un potente feminismo y de una constante lucha por la educación. Su afán regeneracionista impulsó, en 1901, la creación del ministerio de Educación mientras leían novedades culturales e ideológicas y llenaban teatros y conciertos con espectáculos y transgresiones inéditas tanto morales como estéticas. Sin estos grupos sociales no se entendería el esplendor de las sucesivas generaciones culturales del 98, del 14 y del 27. También fueron el vivero para corrientes autoritarias, como se comprobó en el golpe militar de 1923. Por otra parte, el creciente consumo de prensa creó líderes de opinión que, en casos como los de Unamuno, Ortega y Gasset y Azaña, entre otros, lograron una relevancia inédita en una época que el propio Ortega enjuició como de “rebelión de las masas”.

Unas masas de ningún modo amorfas y manipulables. Al contrario, las clases trabajadoras, irrumpieron en la historia con sindicatos y partidos que inauguraron propuestas de emancipación para toda la sociedad. No constituían una clase compacta y homogénea. El proletariado urbano de obreros industriales, más los asalariados de distintos oficios y empleados de baja cualificación, muchos en el servicio doméstico, tenían vidas inseguras por la constante amenaza del despido y del paro, con ciertas ventajas de modernización por vivir en las ciudades. El proletariado agrícola, sin embargo, sometido a trabajos estacionales con las incertidumbres de los avatares climáticos, vivía en espacios rurales de secular dominación oligárquica. Es significativo que la UGT apenas se preocupara del trabajador agrícola hasta estas décadas y sería en 1930 cuando crease la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT). En todo caso, no por casualidad, los gobiernos liberales y conservadores crearon, en 1908, el Instituto Nacional de Previsión y en 1920 el ministerio de Trabajo y Previsión social, embriones institucionales en el dificultoso camino hacia el Estado de bienestar.

Los obreros en acción:
la utopía de la emancipación de la humanidad

En concreto, las ideas y metas sociales fraguadas en las filas de la Primera y Segunda Internacional de Trabajadores se bifurcaron entre el socialismo de Marx y el anarquismo de Bakunin. En España, se extendieron desde 1869, como se ha visto en páginas anteriores y, tras distintas prohibiciones, se organizaron legalmente gracias a la citada ley de 1887. Impugnaron drásticamente el capitalismo y propagaron como alternativa la emancipación de la humanidad, rompiendo las lindes nacionales y convirtiendo el pueblo abstracto enarbolado por los republicanos en la clase trabajadora, la única capaz de romper las cadenas de la explotación y construir la utopía igualitaria.

Ahora bien, las luchas obreras por conquistar esa meta estuvieron divididas por estrategias y tácticas enfrentadas entre los anarquistas y los marxistas; los primeros con la idea de abolir el capitalismo de forma inmediata y, por tanto, todo poder, incluyendo el Estado, y los segundos con la idea de hacer precisamente del Estado el instrumento para avanzar en la construcción de una sociedad progresivamente igualitaria. Ambos contaron con organizaciones sindicales diferenciadas, y además los marxistas con un partido político, que, en España, fue el PSOE, integrado en la II Internacional. Desde fines del siglo XIX, por tanto, el conjunto de las izquierdas se desenvolvió en un difícil triángulo protagonizado por anarquistas, socialistas y republicanos, estos con larga experiencia en asociaciones de socorros mutuos. Se sumaría posteriormente una cuarta divisoria, el factor nacionalista en Cataluña.

Socialistas y anarquistas entraron en la escena pública en la década de 1890 con energías inauditas, aunque no eran muchos los afiliados. La UGT, vinculada al PSOE, no contaba con más de 20.000 afiliados en toda España, pero, desde 1890, dirigieron las sucesivas huelgas mineras de Bilbao reivindicando una jornada de 10 horas y la libertad de no comprar en las cantinas de las empresas ni vivir en sus barracones. Lograron, tras la represión con tropas militares, con muertes incluidas, la libertad de compra y alojamiento y la jornada de 10 horas. Además, el PSOE logró, en 1891, en las elecciones municipales de Bilbao, sus primeros concejales, y editó, desde 1894, el semanario La Lucha de Clases.

Por su parte, los anarquistas adquirieron fuerza en dos espacios diferentes, en el sur latifundista y en el textil catalán. En los latifundios, la miseria de los jornaleros generaba constantes atentados contra la propiedad. Ya en 1883, coincidiendo con una huelga de jornaleros en el campo de Cádiz, pidiendo aumento de jornal y menos horas, la policía se había inventado la conspiración de una Mano Negra con miles de afiliados bajo las órdenes de Ginebra, pretexto para detener en Jerez a más de 5.000 supuestos miembros, mientras los latifundistas no lograron traer obreros portugueses y fue el Ejército el que hizo la cosecha. La justicia ejecutó a seis líderes y, en septiembre, soltaron al resto, y, en 1890, de nuevo los jornaleros asaltaron Jerez, con ejecución de sus líderes.

1890 fue un año significativo. Por primera vez se celebró el 1º de mayo como día internacional del trabajo y fiesta proletaria, al margen del calendario católico. En manifestaciones pacíficas, con himnos y banderas rojas, reclamaron la jornada de 8 horas como conquista inmediata. Destacaron las celebraciones de los anarquistas en varias poblaciones catalanas y también la de Madrid, convocada por los socialistas que, junto a la jornada de 8 horas, reclamaron la prohibición de trabajar a los menores de 14 años, el cese del trabajo de noche, el descanso semanal de 36 horas ininterrumpidas, suprimir los almacenes de compra patronales y las agencias privadas de colocación, y pidieron la creación de inspectores de trabajo para supervisar las condiciones laborales. No eran una utopía, sino unas exigencias mínimas de dignidad laboral.

Otro cariz tuvo la política de “propaganda por el hecho” predicada por Kropotkin y practicada por los anarquistas del textil catalán con atentados contra los capitalistas. Daban por seguro el impacto de cada acción, y cuanto más relevante fuera el hecho, más eficaces serían sus resultados para la causa obrera. En 1893, la bomba contra el general Martínez Campos provocó numerosas víctimas; otra lanzada en el Liceo, una carnicería. La respuesta del gobierno fue la primera ley antiterrorista (1894) que entregó al Ejército la tarea de juzgar los atentados violentos en consejos de guerra. Así se hizo en los procesos de Montjuic por el atentado en la procesión del Corpus de 1896 con 12 muertos. Detenidas y torturadas 120 personas, en un consejo de guerra condenaron y ejecutaron a cinco, descubriéndose que hubo inocentes entre los ejecutados. Estos juicios se convirtieron en símbolo de la pervivencia de una “barbarie gubernamental” anclada en “métodos inquisitoriales”, además de hacer del Ejército el dique de contención de las reivindicaciones obreras. Como venganza, un anarquista italiano mató al presidente del Gobierno, Cánovas en 1897.

De Cuba a Marruecos: antimilitarismo, anticlericalismo
y catalanismo. ‘Despensa y escuela’ de 1898 a 1912

Era la época del imperialismo, en Berlín, las potencias europeas se habían repartido el continente africano (1885) y España hacía su pequeña guerra en Melilla (1893) firmando un tratado con el sultán de Marruecos. Hubo muchos intelectuales, incluso republicanos, que pensaron que Marruecos era la prolongación natural de la Península. Francia había ocupado Túnez en 1887 y ya dominaba Argelia desde 1830. En contrapartida, los tagalos, en su mayoría católicos, enarbolaron la idea de independencia en el archipiélago filipino, donde las órdenes religiosas mandaban como en el Antiguo Régimen. Liderados por José Rizal, fusilado por sedición en un juicio militar (1896), se sublevaron mientras en Cuba el Partido Revolucionario con José Martí a la cabeza, comenzaba la definitiva guerra de independencia con notoria ayuda norteamericana.

Terminó siendo una guerra contra Estados Unidos, que se encontraba a 120 km de una isla de la que importaba el 90% de su industria azucarera, la primera del mundo, así como de tabaco y bananos, mientras que a España exportaba apenas un 4%. Así, por el tratado de Paris, Estados Unidos se quedó con la soberanía de Cuba, Puerto Rico y Filipinas (1898), aunque los filipinos siguieron luchando hasta 1902, con más de 200.000 muertos, esta vez contra el Imperio norteamericano. En España, la derrota produjo el clamor de unas clases medias que exigieron la regeneración política y social del país. Fue retumbante la movilización organizada por el republicano Joaquín Costa quien, para alcanzar el nivel de las potencias europeas, señaló dos culpables, la oligarquía económica y el caciquismo político, y lanzó tres soluciones: doble llave al sepulcro del Cid, “Despensa y escuela” y un cirujano de hierro en el gobierno. Exigía, por tanto, el fin de los sueños imperiales, la prioridad para la economía y la educación y un sistema transitorio dictatorial. Tales mensajes calaron entre las élites políticas que abordaron reformas en tales direcciones.

Entre tanto, el catalanismo, en 1892, había presentado en Manresa un proyecto de constitución catalana que, dentro de España, recuperase la situación previa a la Nueva Planta de 1714. En 1899, lograba la alcaldía de Barcelona con el doctor Robert, de conocidas ideas racistas, que presidiría la Lliga regionalista, creada como partido del catalanismo conservador, que obtuvo cuatro diputados en las elecciones de 1901, rompiendo el bipartidismo de conservadores y liberales. Estos tuvieron que afrontar el antimilitarismo creciente entre unas clases populares opuestas a un sistema de quintas que en la guerra de Cuba había mostrado la doble cara de miles de soldados desvalidos frente a una oficialidad oronda y derrotada.

Cuando el semanario catalanista Cu-Cut publicó una viñeta ridiculizando al Ejército, varios oficiales asaltaron el periódico (1905), un acto grave contra la libertad de prensa, y la presión del Ejército con el rey desembocó en la ley de jurisdicciones (1906) que asignó a los tribunales militares juzgar todo acto que se considerase deshonroso para el Ejército. Se creó una justicia independiente gestionada por militares y, en respuesta, los republicanos y catalanistas crearon para las elecciones convocada una candidatura común, Solidaritat Catalana, que obtuvo 41 de los 44 escaños en toda Cataluña (1907), indiscutible ruptura de la hegemonía de los partidos estatales.

Y el antimilitarismo se agravó cuando el Ejército español, que ocupaba el norte de Marruecos como protectorado, por decisión de la Conferencia Internacional de Algeciras (1906), tuvo una grave derrota con las cabilas independentistas en julio de 1909, en el Barranco del Lobo, con 153 militares muertos y casi 600 heridos. El gobierno decretó el envío de tropas de reserva, esto es, de padres de familia casi todos, para proteger unas minas entre cuyos accionistas estaban el marqués de Comillas, también conde de Güell, y el conde de Romanones. Hubo un rosario de protestas en varias ciudades que en Barcelona se convirtieron en una Semana Trágica donde, al grito de “¡Que vayan los ricos, o todos o ninguno!”, los jóvenes republicanos radicales de Lerroux lideraron una colérica expresión de anticlericalismo incendiando numerosos edificios religiosos y ultrajando a monjas y frailes por considerarlos aliados de los patronos. El gobierno ocupó la ciudad con 10.000 soldados y hubo 75 civiles y 3 militares muertos, más cientos de heridos. Se procesó en consejos de guerra a 2.000 personas, con 5 condenas de muerte, 59 cadenas perpetuas y más de 100 destierros. Entre los condenados a muerte el caso de Ferrer Guardia, por considerarlo autor intelectual del amotinamiento, provocó una ola de protestas nacional e internacional que supuso la caía del gobierno de Maura.

Por otra parte, en estos años los gobiernos practicaron consensos decisivos en la protección de las clases trabajadoras: se creó el Instituto de Reformas Sociales (1903), se puso un cimiento de Estado benefactor creando el Instituto Nacional de Previsión (1908), sin olvidar que, en 1900, ya se había legislado sobre los accidentes de trabajo creando un primer sistema de seguridad social, luego llegaría el de jubilación obrera (1919) y el de maternidad (1923). De igual modo, se creó el primer organismo en España para la investigación científica, la citada Junta de Ampliación de Estudios (1907). En estas iniciativas participaron destacados intelectuales republicanos, en su mayoría del entorno de la Institución Libre de Enseñanza creada por Giner de los Ríos, cantera de respetables especialistas de las distintas áreas del saber. Y en todos latía una pulsión regeneracionista, pues la consigna de Joaquín Costa, “Despensa y escuela”, supuso la reforma del sistema tributario y de la Hacienda estatal, con el conservador Fernández Villaverde a la cabeza, y, en 1910, Canalejas nombró al republicano Rafael Altamira el primer director general de enseñanza primaria con un plan para erradicar el analfabetismo.

Canalejas también reformó el sistema de quintas, con una fórmula controvertida; todos cumplirían el servicio militar, pero los ricos podían elegir arma, la caballería habitualmente, y estar no tres años sino cinco o 10 meses, según pagasen 2.000 o 1.000 pesetas. Por otra parte, la llamada ley del candado trató de calmar el anticlericalismo limitando la actividad de las órdenes religiosas. Se les atribuía el control de la enseñanza secundaria y, por tanto, de las mentes de las clases dominantes. Esta medida de Canalejas, católico practicante, provocó la creación de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNP) y la organización de un masivo Congreso eucarístico en Madrid. Republicanos como Blasco Ibáñez propagaron la idea de que el asesinato de Canalejas fue obra de los jesuitas.

Distinta trascendencia tuvo el peso del catalanismo en la agenda política estatal. Por iniciativa de la Lliga catalanista se planteó, en 1911, crear un ente regional con las cuatro diputaciones catalanas, se truncó con el asesinato de Canalejas, defensor de la idea, y fue el conservador Dato quien decretó las Mancomunidades provinciales. Se organizó en Cataluña en 1914 con Prat de la Riba al frente, y su ejemplo no cuajó en otras regiones. Por otra parte, el nacionalismo vasco contaba, en 1895, con el Partido Nacionalista Vasco (PNV) que, junto al exclusivismo de raza católica de su fundador, Sabino Araba, albergó voces pragmáticas que lograron, en 1917, ganar la diputación de Vizcaya y algunos diputados en las de Álava, Guipúzcoa y Navarra. Respecto al nacionalismo gallego, que contaba con un notable desarrollo cultural entre clases profesionales, su práctica política no cuajó hasta más tarde. En suma, desde las primeras décadas del siglo XX, los nacionalismos catalogados como subestatales, periféricos o alternativos al nacionalismo español, entraron de lleno en la agenda sociopolítica de España, con un extraordinario protagonismo del catalán.

Lucha de clases con mejoras laborales (1913-1923)

España, como país neutral en la Primera Guerra Mundial, se benefició de exportar a diestro y siniestro, creció económicamente y aumentaron las expectativas de alcanzar el bienestar que existía en otros países. En este sentido, la huelga se convirtió en hecho cotidiano en la vida española. El anarquismo se organizó desde 1910 como CNT, y fue un actor sindical de primera, con una sólida red de periódicos y una militancia que pasó de unos 30.000 afiliados en 1910 a 700.000 en 1920. Los socialistas, con el liderazgo de Pablo Iglesias, se afianzaron en el mundo laboral con la UGT, que creció de 50.000 a más de 200.000 afiliados en esta década, mientras el PSOE, aunque de menor militancia, lograba tener un grupo de diputados en las Cortes y concejales en algunas ciudades, además de la red de Casas del Pueblo y prensa propia. Por otra parte, se organizó un sindicalismo católico, con carácter alternativo a los sindicatos de clase (CNT y UGT), y en esta década también se implantó con fuerza en una extensa geografía agraria.

Los sindicatos, por tanto, constituyeron un hecho de innovación social indudable y hubo tres momentos claves en una lucha de clases implacable. El primero fue la huelga general de 1917, parte de una crisis del régimen constitucional provocada por la entrada de los militares en la actividad política al organizarse los oficiales y suboficiales del Ejército para reclamar mejoras económicas y distintos criterios de ascenso. Lograron la caída de dos gobiernos y el cierre de las Cortes. Los diputados republicanos, socialistas, reformistas y catalanistas se reunieron como Asamblea de Parlamentarios para reclamar unas Cortes constituyentes, a lo que se sumaron los sindicatos UGT y CNT convocando una huelga general indefinida y, por tanto, revolucionaria. El sindicato socialista arropó así al PSOE para alcanzar el objetivo de que la clase obrera dirigiera la emancipación igualitaria, mientras que la CNT apoyó de modo desigual la convocatoria.

La represión fue inmediata, se detuvo al comité de huelga con Largo Caballero y Besteiro al frente, abundaron los enfrentamientos con las fuerzas de orden, con momentos crueles como el del “tren de la muerte” cuando los soldados dispararon indiscriminadamente contra niños, mujeres y hombres en la cuenca minera de Asturias. Esta primera huelga general de la historia española tuvo un final dramático: 127 muertos (20 de ellos, soldados y guardias civiles), con cientos de heridos y 2.000 detenidos. En consejo de guerra se condenó a cadena perpetua por sedición a los cuatro socialistas del comité de huelga, que serían elegidos diputados en las elecciones de 1918. La crisis fue de tal calibre que se formó un gobierno de concentración formado por conservadores y liberales e incluyó como ministro el catalanista Francesc Cambó. Amnistiaron a los condenados.

Por otra parte, en el campo estaban creciendo las sociedades obreras y se consolidó la implantación de la UGT frente a la CNT, predominante hasta entonces. Al agravarse las condiciones de vida con la gripe de 1918, se desencadenó un segundo momento de lucha social aguda con las huelgas en la Andalucía latifundista, entre 1918 y 1920. Las clases propietarias hablaron del trienio bolchevique porque Trotsky comparó la situación del campo andaluz con el ruso, y en los asaltos a los cortijos se pintaba “Viva Rusia”, lo que daba alas a quienes hablaban del dinero de Moscú. Solo reivindicaban el aumento de unos jornales devaluados por el alza de precios. El gobierno declaró el estado de guerra y la ilegalización de las sociedades obreras, encarceló a sus dirigentes, la represión hizo mella y de estas huelgas quedó en el escenario político un asunto crucial: qué hacer con los latifundios.

Pero la cuestión agraria quedó opacada por un tercer momento de lucha de clases, el del grave enfrentamiento vivido en Cataluña por el pistolerismo de patronos y obreros, la parcialidad militar y la connivencia de la Lliga catalanista con la patronal. Previamente, en 1919, la huelga liderada por la CNT en la empresa eléctrica La Canadiense contra los bajos salarios y el despido de ocho trabajadores había provocado la solidaridad obrera paralizando dos tercios de las fábricas de Barcelona. A pesar de la militarización y de casi 3.000 encarcelados, la huelga terminó a los 44 días con la readmisión de los despedidos, el pago de los días de huelga, la subida de salarios y la liberación de los detenidos. Además, el gobierno aceptó y decretó la jornada laboral de ocho horas.

Frente a estos éxitos, la patronal organizó el somatén, institución medieval de vecinos armados contra el bandolerismo feudal. La reconvirtió en cuerpo paramilitar para romper las huelgas. Además, usó el cierre patronal y contrataron pistoleros a sueldo para matar a los sindicalistas más destacados. La CNT respondió organizando nuevas huelgas y grupos de sabotajes y violencias. Se entró en una trágica espiral en la que fue igualmente grave el apoyo del gobierno a la patronal con una dura represión policial y militar aplicando la ley de fugas, mientras ciertos anarquistas derivaron en bandas criminales con líderes como Durruti o García Oliver, que lo mismo mataban al cardenal de Zaragoza que asaltaban bancos para sostener al sindicato. Recientes estudios concluyen que murieron más de 400 personas entre 1917 y 1923, de las que 200 fueron obreros y afines al sindicalismo, 69 patronos y encargados de empresa y unos 50 pistoleros de sindicatos libres, más 30 policías y otros sin adscripción fidedigna, sin olvidar que el creador del ministerio de Trabajo, Eduardo Dato, también fue víctima de esta violencia.

Sin obviar las trágicas cifras expuestas, la creación del ministerio de Trabajo y el reconocimiento de la jornada de 8 horas, aunque escasamente cumplida, expresaron conquistas sindicales evidentes. De hecho, tras las huelgas convocadas por UGT o CNT, según el sector, los salarios aumentaron desde 1915 en la mayoría de los casos, entre el 60 y el 80%, y en algunos se duplicaron en cinco años, con notables diferencias entre las zonas industriales del norte, con Madrid y ciudades valencianas donde el alza de salarios fue mayor que para los trabajadores urbanos de las mesetas castellanas y Andalucía. Los salarios agrícolas, en cambio, apenas subieron un 20%, con jornales entre 2 y 3 pesetas para los varones y la mitad para las mujeres; salarios que podían subir en temporada de recolección, con jornadas más largas, hasta las 5,5 pesetas. Insuficiente porque el gasto diario de una familia solo en alimentación, a la altura de 1920, era de 4 a 5 pesetas en las provincias con mayor índice de empobrecimiento y más bajos salarios. En general, la mayoría de los trabajadores, de cualquier sector, vivía con un ajustado nivel de ingresos, acechando siempre la enfermedad, la vejez y un paro especialmente grave en el campo.

Caminos del feminismo: católicas,
liberales, socialistas, anarquistas

El camino hacia la igualdad en educación fue muy dificultoso desde que se abriera, en 1871, el bachillerato a las mujeres con un acceso siempre individualizado a la universidad. Así, en 1900, solo había 16 mujeres universitarias, y en bachillerato poco más de 5.000 cuando los varones eran 51.000. El gobierno de Canalejas fue el que abrió la universidad a las mujeres (1910) y en una década ya hubo más de mil mujeres matriculadas, sobreponiéndose a los acosos de los “machos españoles” que, denunciados por Rosario Acuña, las satirizaban al entrar y salir de las aulas universitarias. Se construyó entonces un discurso que, aunque minoritario, se difundió en revistas, prensa, libros y conferencias entre públicos urbanos de clases medias, con influencias tanto de ciertas mujeres católicas como liberales, republicanas, socialistas y anarquistas.

El contexto internacional también ayudó. Eran los años de pujanza del sufragismo en tierras anglosajonas, cuando los argumentos seudocientíficos de la primacía del varón fueron cuestionados por amplios sectores intelectuales, tarea que, en España, realizaban con extraordinaria valentía Emilia Pardo Bazán, creando La Biblioteca de la mujer (1891), y los núcleos de mujeres masonas defendiendo el librepensamiento, con figuras tan sobresalientes como Rosario Acuña o el intelectual de la Institución Libre de Enseñanza, Adolfo Posada. Además, junto a este feminismo de clases medias ilustradas, emergieron voces decisivas dentro del asociacionismo obrero, destacando Virginia González, organizadora de la Agrupación Femenina Socialista (1912), y las anarquistas Soledad Gustavo y Teresa Claramunt, junto con otras muchas empleadas en oficios manuales. En todo caso, obreras y clases medias (maestras, periodistas, abogadas o escritoras) reflejaban la modernización social y cultural que experimentaba España en esas décadas, con enormes desigualdades y lastres, pues, en 1920, solo la mitad de las mujeres menores de 20 años estaba escolarizada y, en general, dos de cada cinco mujeres eran analfabetas.

Tan cruda realidad fue un acicate para el despegue del feminismo como movimiento organizado para la reivindicación de la igualdad en la educación y en la vida social. Con tal fin se editó, desde 1913, El Pensamiento Femenino, dirigido por Benita de Asas Manterola, que desplegó una excepcional militancia en su condición de católica, como también Carmen Karr y Dolors Monserdà que, dentro de la cultura catalana, impulsaron escuelas profesionales y lucharon contra la discriminación laboral, sobre todo en los momentos de la maternidad, enarbolando el catolicismo social como base de la igualdad de las mujeres. Este movimiento se amplió, desde 1917, con asociaciones feministas que fueron plurales por las ideas de sus integrantes, con propuestas heterogéneas que compitieron entre sí, y a las que no cabe aplicarles la etiqueta simplificadora de ser de derechas, izquierdas o centro…

En definitiva, coincidieron en impulsar unas bases de igualdad política y social y divergieron en puntos concretos de aplicación como el derecho al voto. El grupo liderado por Consuelo González Ramos, conocida como Celsia Regis, publicó La Voz de la Mujer (1917-1931), desde 1925, se convirtió en el órgano de la Unión del Feminismo Español, bajo la dictadura militar, con un feminismo de contenido católico. En 1918, se crearon dos grupos de raigambre liberal, la Unión de Mujeres de España (UME), fundada por la marquesa de Ter, y la Asociación Nacional de Mujeres Españolas (ANME), creada por María Espinosa de los Monteros. En ambas convivieron sensibilidades distintas que coincidieron, sin embargo, en un feminismo laico que admitía el divorcio, lo que provocó la intensa repulsa desde ámbitos clericales católicos. Lograron, en 1918, que se les abrieran las puertas de la administración estatal, aunque solo en la escala más baja, la de auxiliar.

Sin duda, el activismo de estas mujeres incrementó su visibilidad desde la década de 1920, cuando se fundó la Juventud Universitaria Femenina en la que destacaron Victoria Kent y Clara Campoamor, y la asociación organizada por Carmen de Burgos, Colombine, a la que se debe la primera manifestación sufragista en España, la celebrada en mayo de 1921 por las calles de Madrid, a favor de la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. En enero de ese año, Benita Asas Manterola, de la ANME, había defendido en el Ateneo de Madrid el derecho a votar las mujeres como “el único medio de hacer disuadir de sus designios a los poderosos de la tierra”.

Antagonismos cruzados: dictadura,
democracia y revolución entre 1923 y 1936

Cronología
1923 | Dictadura de Primo de Rivera: directorio militar. La UGT acepta la cooperación laboral.
1924 | Nace la Telefónica, monopolio con multinacional ITT; el edificio se inaugura en 1929.
1925 | Muere Pablo Iglesias, primer líder del PSOE y de la UGT.
1926 | Fin de guerra en Marruecos. Se crean comités paritarios, participa la UGT y logra el 60% de puestos. Se crean las Confederaciones Hidrográficas. Dictadura civil en Portugal.
1927 | Nace la FAI: táctica de violencia. Se organiza la CAMPSA, monopolio estatal de petróleos.
1928 | Servicio de telefonía directo con Estados Unidos. Huelgas en Asturias.
1929 | Exposiciones Internacionales de Barcelona y Sevilla. Se organiza la Organización Republicana Gallega Autónoma (ORGA), partido galleguista con Casares Quiroga. Nace la General Eléctrica. Crisis económica del capitalismo.
1930 | Dimite el dictador Primo de Rivera. Pacto de San Sebastián de las fuerzas de oposición.
1931 | Elecciones municipales, triunfo republicano. Exilio de Alfonso XIII, proclamación de la República: el gobierno provisional inicia las reformas. Esquerra Republicana de Catalunya lidera el soberanismo catalanista. Constitución democrática. Alcalá Zamora, presidente.
1932 | Primera huelga insurreccional anarquista, en enero. Ley de divorcio. Golpe de Estado frustrado del general Sanjurjo. Se aprueban el Estatuto catalán y la Reforma Agraria.
1933 | Dos huelgas insurreccionales anarquistas (enero y noviembre): represión en Casas Viejas. Se crea la CEDA, gana las elecciones. Gobiernos del Partido Radical, segundo partido, con apoyo de la CEDA.
1934 | Amnistía a conjurados de Sanjurjo. Rebelión de la Generalitat y huelga revolucionaria coordinada por PSOE-UGT: balance sangriento. Entra la CEDA en el gobierno radical.
1935 | La corrupción del estraperlo hunde el Partido Radical. Coalición electoral de Frente Popular.

1936

Triunfo electoral del Frente Popular. Gobierno de republicanos, con Azaña. Amnistía a revolucionarios de 1934. Prohibición de actos de la Falange, prisión de su líder. Ola de violencia de milicias de juventudes, partidos y sindicatos de todo signo. Golpe militar, división del Ejército, se abre una guerra civil.

El ‘cirujano de hierro’, ruptura constitucional (1923-1931)

Se debate si la dictadura militar fue por salvar al rey de sus responsabilidades en el desastre de Annual, donde un reguero de 12.000 cadáveres de soldados españoles pudriéndose al sol, fotografiados y reproducidos en la prensa, consternaron a la opinión pública. O fue una respuesta represora contra las exigencias sociales y democráticas expuestas en las páginas anteriores; o también la versión autoritaria de modernización capitalista en sintonía con el fascismo de Italia, o similar al general Salazar en Portugal.

En todo caso, el pronunciamiento militar de septiembre de 1923 fue aceptado por el rey, que no declaró fuera de la ley a su promotor. Suspendió la Constitución, liquidó casi 100 años de historia parlamentaria y cuatro décadas de una Constitución bastante flexible que, a pesar de insuficiencias y corrupciones, permitió libertades y derechos equiparables a los países liberales vecinos. En contrapartida, la propia dictadura produjo efectos no calculados: deslegitimó la monarquía y su plan para resolver la lucha de clases produjo resultados opuestos. En concreto, los socialistas, con su táctica de colaboración con la Dictadura desde el sindicato UGT, pasaron de 7 diputados en 1923 a 115 escaños en 1931; y la CNT, aunque clandestina, eclosionó en militancia y quedó en manos de la minoría de la Federación Anarquista Ibérica (FAI), de tácticas directamente insurreccionales. Además, en la cuestión regional, el dictador, que había contado con el apoyo de la Lliga catalanista, destrozó la credibilidad de esta ya que convirtió en delito el separatismo, prohibió el catalán en la enseñanza, con multas a los profesores que difundieran “doctrinas antisociales y antiespañolas en las aulas”, e incluso al clero, si predicaba en catalán, de modo que el liderazgo del catalanismo pasó a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) cuyas propuestas soberanistas eran mucho más radicales.

Así, aunque la economía ofreció un balance positivo con entrada de multinacionales en la instalación de la telefonía, por ejemplo, o creando el monopolio del petróleo en una compañía mixta con el Estado (CAMPSA), eso no se plasmó en una organización de masas entusiasmadas, al modo fascista, ni logró estabilizarse como régimen. Se militarizó desde el poder municipal hasta el judicial, lo nunca hecho por los generales decimonónicos, aunque, desde 1925, se optó por un Directorio civil con expertos como Calvo-Sotelo o el conde de Guadalhorce. Contó con el apoyo de las clases propietarias, con la patronal catalana a la cabeza, pero su proyecto de partido único, la Unión Patriótica, máxima expresión de un nacionalismo español autoritario, no cuajó por más que usase el nuevo invento de la radio con sus charlas directas.

Por lo demás, la represión no fue sangrienta; se permitieron las asociaciones obreras con fines de mutualismo laboral, casi bastaba con presentar unos estatutos con datos de afiliados, y esto no lo cumplió la CNT, coartada para prohibir sus actividades, mientras se agravaba la división entre anarquistas como Joan Peiró, opuesto al “revolucionarismo de opereta” con pistolas en la mano que practicaban los hermanos Ascaso, Durruti o García Oliver que, en 1927, creaban la FAI, opuesta totalmente al anarquismo pragmático.

Los socialistas puntualizaron que los responsables de la dictadura eran “los partidos burgueses” y que la dictadura hasta podría “moralizar la administración”. Por eso la UGT se implicó en el corporativismo sindical organizado por Eduardo Aunós, quien, cercano a la Lliga regionalista, implantó con criterios de paternalismo católico, por primera vez, los comités paritarios de obreros y patronos para negociar los contratos de trabajo. La UGT, liderada por Largo Caballero tras la muerte de Pablo Iglesias, aceptó participar y se hizo con el 60% de tales comités, Caballero llegó a vocal del Consejo de Trabajo y del Consejo de Estado y la UGT amplió su poder en el campo. Supuso la primacía de la UGT sobre el PSOE.

Mientras tanto, los republicanos, en su conjunto, fueron los más activos opositores a la dictadura. Los buenos datos macroeconómicos, el esplendor eléctrico de las ciudades, la ampliación de las carreteras y el cableado para teléfonos que rompían las distancias tuvieron un giro en 1929, cuando, a las malas cosechas y la depreciación de la peseta, se sumó el fracaso del plan de institucionalizar un Estado corporativo antidemocrático. El dictador consultó a sus conmilitones, pues el ejército era su apoyo, y, ante la indiferencia de los generales, dimitió en enero de 1930. Tal vacío de poder dejó al rey en un laberinto, sin interlocutores con fuerza política y así, con el almirante Aznar al frente del gobierno, se convocaron elecciones municipales pensando que serían un tránsito airoso al sistema constitucional.

Sin embargo, en San Sebastián, los socialistas, los republicanos, los catalanistas y personalidades de los partidos dinásticos habían pactado una oposición de carácter republicano que se presentó como conjunción electoral a las municipales convocadas para el 12 de abril de 1931. Ganó las alcaldías de 41 capitales de provincia, frente a 9 de los monárquicos, triunfando también en grandes poblaciones, de Vigo y Gijón a Elche, Cartagena o Algeciras. Había participado el 64,8% del censo de varones mayores de 25 años, cifra muy superior al 33,7% de media de décadas anteriores. El ministro Romanones confirmó en público la derrota de los monárquicos y, al socaire de una revolución política pacífica, la República se proclamó el 14 de abril. El rey optó por exiliarse reconociendo que “las elecciones revelan claramente que no tengo hoy el amor de mi pueblo […] y mientras habla la nación […] me aparto de España”.

La República: medidas urgentes,
conflictos inmediatos y nueva Constitución

La primera medida del gobierno provisional de la República fue convocar elecciones a Cortes constituyentes, con una sola cámara, bajando de 25 a 23 años la edad de votar, solo varones, aunque podían ser elegidas las mujeres. Participó el 70% y la coalición republicano-socialista ganó. Se mantuvo el gobierno de alianza de las izquierdas con la derecha republicana representada por Alcalá-Zamora y Maura, y se inauguró una etapa que albergó las más diversas esperanzas sociales. Así, por iniciativa del ministro de Trabajo, Largo Caballero, se promulgaron varios decretos para mejorar las condiciones laborales de una España agraria en la que trabajaba la mitad de la población activa, cuyo 50%, a su vez, era de jornaleros de la mitad sur.

El decreto de términos municipales obligaba a los patronos a “emplear preferentemente a los braceros” del municipio donde se realizasen las faenas. Otro decreto prorrogó los arrendamientos rústicos, en otro se crearon los jurados mixtos en el campo, otro de “laboreo forzoso” entregaba las tierras sin cultivar a los campesinos y un quinto decreto reguló que las asociaciones de obreros agrícolas pudiesen arrendar colectivamente las tierras no cultivadas y evitar, por tanto, “el parasitismo de los intermediarios y el inmoral sistema de subarriendos”. Además, se extendió al campo el seguro de accidentes, que solo existía para el trabajo industrial, y un último decreto anuló la jornada de sol a sol e implantó las 8 horas para los jornaleros y, si echaban más horas, nunca más de 12, se pagarían como extraordinarias.

En medio de estos decretos, el PSOE fue el partido más votado en las elecciones a Cortes constituyentes con 123 diputados de los que 26 eran obreros, cifra inédita en la historia parlamentaria, más otros que eran periodistas, empleados y un grupo de 50 con nivel universitario. Por otra parte, con dichos decretos agrarios, se consolidó la FNTT, cuya militancia pasó de apenas 50.000 a prácticamente 400.000 afiliados en 1932. Superó al anarquismo y se convirtió en la fuerza más decisiva del sindicalismo en la mitad sur de España (Extremadura, Castilla la Nueva y Andalucía).

Sin embargo, en el verano de 1931, la CNT mezcló huelgas con actos de violencia en numerosas provincias en los distintos sectores (construcción, transporte, metalurgia, textil, minas y agricultura). Una táctica que hizo fracasar muchas huelgas que terminaron con una dura represión que alimentó los adeptos a la FAI. Estos desplazaron a los sindicalistas reformistas de los comités y controlaron la prensa anarquista de modo que impusieron la “gimnasia revolucionaria, el ir a por todo”, en palabras de García Oliver. Fue una confrontación persistente contra la República, la sublevación revolucionaria prevaleció sobre la conquista de mejoras sindicales y se opusieron a los jurados mixtos y los convenios colectivos negociados por los socialistas, coincidiendo con la patronal al incumplir leyes y normas en bastantes momentos.

Por otra parte, las izquierdas catalanistas, fusionadas desde marzo de 1931 como ERC, al ganar en las elecciones municipales declararon la República Catalana el 14 de abril, en clara deslealtad con lo pactado en San Sebastián. Durante tres días fue un Estado integrante de la Federación Ibérica. El gobierno, acogiéndose a esos lazos federales, logró que se limitasen a regir la Generalitat de Cataluña y su autonomía quedó pendiente en la agenda estatal. Más expeditiva fue la modernización del Ejército acometida por Azaña que, por decreto de abril, obligó a los militares a prometer fidelidad a la República y obedecer sus leyes, a la vez que reducía el excesivo número de jefes: había un alto mando por cada cinco soldados y, por ejemplo, 800 generales para 118.000 soldados. En 1932, quedaron 90 generales y de los 20.500 jefes y oficiales se pasó a 12.300. Azaña se convirtió así en el enemigo para gran parte de los mandos militares.

Distintas fueron las tensiones con la Iglesia y, por tanto, con las convicciones católicas de gran parte de la ciudadanía. A las dos semanas de proclamarse la República comenzaron las primeras maniobras conspirativas de los monárquicos católicos, mientras grupos anticlericales, tanto de republicanos como socialistas y anarquistas, incendiaron conventos e iglesias por media España. Un desastre que la prensa de izquierdas exculpó. El gobierno declaró el estado de guerra el 12 de mayo, el día 13 ordenó retirar los crucifijos de las escuelas, el 21 exigió el título de maestro para ejercer como docente, el 15 de junio desterró al integrista cardenal Segura y, en 1932, disolvían y expulsaban a los jesuitas. Sin embargo, el cardenal Vidal y Barraquer corroboró “la confianza que en un numeroso sector de católicos había inspirado la actuación directa del gobierno en muchas de sus primeras disposiciones”.

En este ambiente se discutió el texto de la Constitución. Hubo fuertes debates en numerosos asuntos, sobre todo en la definición del Estado, con su organización territorial y la opción de establecer gobiernos autonómicos; en la secularización del Estado, en choque abierto con los grupos católicos, y en el derecho al voto de las mujeres, donde el brío de Clara Campoamor, del Partido Radical de Lerroux, fue determinante. En conjunto, lo decisivo fue la instauración de un Estado democrático cuyos contenidos eran de lo más avanzado en la Europa del momento. Se definió España como una “República democrática de trabajadores de toda clase”, fórmula que provocó un duro debate doctrinal y que situó la reforma social y las clases trabajadoras como actores prioritarios. Por eso, en el capítulo dedicado a los derechos, libertades e igualdad ciudadana se incorporaron los derechos sociales, fue un constitucionalismo social, inspirado por Fernando de los Ríos, que estableció la subordinación de la propiedad a los “intereses de la economía nacional”, se elevó el trabajo al rango de “obligación social” y se abrió un campo inédito al considerar que “el servicio de la cultura es atribución esencial del Estado”.

Además, al establecerse que el Estado español no tiene religión oficial, hubo largos debates sobre laicismo y enseñanza, se regularon las órdenes religiosas, se extinguió el presupuesto para el clero, se secularizaron los cementerios sin recintos diferenciados por creencias, se reconoció el divorcio por mutuo disenso o a petición de cualquiera de los cónyuges y se estableció la enseñanza laica, aunque se reconoció a cada iglesia o religión el derecho a enseñar su doctrina en sus centros.

Respecto a la realidad de los nacionalismos ya afianzados, como el catalán y el vasco, en la Constitución se introdujo el concepto de Estado integral, intermedio entre el Estado unitario y el federal porque permitía diversos grados de autonomías regionales sin imponerlas y unas relaciones de interdependencia con el Estado. Esto reforzó el nacionalismo gallego y surgieron planes autonomistas en Andalucía, Aragón, Valencia y Baleares.

Reformas y obstáculos: el bienio
republicano-socialista (1931-1933)

Tras aprobarse la Constitución, se eligió a Alcalá Zamora presidente de la República y se formó un gobierno de republicanos de izquierda y socialistas, presidido también por Azaña, sin el Partido Radical. Se le dio prioridad a la reforma educativa y a la agraria. En educación, el Estado abordó con urgencia la erradicación del analfabetismo extendiendo la escuela primaria obligatoria, gratuita, laica y mixta con un plan de construcción de 27.000 escuelas sobre todo en la España agraria. Se contrataron 7.000 docentes formados en contenidos y métodos pedagógicos innovadores. En seis años aumentó la escolarización en un 20% en su conjunto. Se estableció la enseñanza en lengua materna en Cataluña y se organizaron Misiones Pedagógicas y colonias escolares para las comarcas más desfavorecidas.

Aunque la reforma educativa fue controvertida por la supresión de la enseñanza obligatoria de la religión, las furias más virulentas se desencadenaron contra la reforma agraria en una España en cuya mitad sur el 30% eran parados. Suponían la mitad del paro nacional con escenas de poblaciones en las que, habiendo “dehesas dilatadas sin cultivo, o mal cultivadas, apíñanse de mañana los jornaleros en las plazas, en espera de que se acerque el capataz, manijero o encargado y los contrate”, como había escrito Fernando de los Ríos. Las dehesas eran el ejemplo de la desidia de los grandes propietarios, muchas no aptas para el cultivo, porque las realidades fueron más complejas. De hecho, en este asunto no solo hubo resistencias de patronos y de sectores de medianos y pequeños propietarios, sino también la impaciencia revolucionaria del anarquismo e incluso los usos —con abusos— de los alcaldes socialistas en las bolsas de trabajo y en los jurados mixtos.

En el vaivén de proyectos y debates sobre la reforma agraria y sobre el Estatuto de Cataluña, en agosto de 1932, se destapó el plan golpista del general Sanjurjo, instalado en Sevilla, cerca de la frontera portuguesa, por si acaso, y además arropado por aristócratas terratenientes, excitados contra la reforma agraria. Fracasó y se aprobó una reforma agraria tan moderada que solo hubo 19 votos en contra, con 120 abstenciones, pero 318 votos a favor. También se aprobó el Estatuto de Cataluña por 314 votos contra 24. La ley recogió la herencia de los republicanos del siglo XIX: el fin de las supervivencias feudales expropiando las tierras de señoríos jurisdiccionales y aboliendo sin indemnización “todas las prestaciones provenientes de derechos señoriales”. Sin embargo, no se resolvió la situación de las tierras perdidas por los pueblos en los pleitos durante el siglo XIX contra la abolición de los señoríos, y tampoco la restitución de los bienes comunales.

La CNT se opuso frontalmente y desde enero de 1932 la FAI llamó a sucesivas insurrecciones revolucionarias contra la República burguesa, con frecuente violencia entre campesinos y fuerzas del orden como ocurrió en Castilblanco (Badajoz) en diciembre de 1931, en enero de 1932, en Arnedo (La Rioja) y el más grave en Casas Viejas (Cádiz), en enero de 1933, más los de noviembre de 1933, tras ganar las derechas y el centro las elecciones, con dramas como el de Bujalance. En todos estos casos hubo trágicas escenas de violencia y muerte. En Casas Viejas, las decisiones de disparar e incendiar la choza de un carbonero cuya familia murió acribillada y calcinada por las fuerzas de seguridad, más el posterior fusilamiento de 14 vecinos, provocaron tal tormenta política que se llevó a juicio a los mandos de la Guardia de Asalto y, a la vez, las responsabilidades en las decisiones se elevaron hasta el propio presidente del Gobierno, Azaña, que, al final, quedó tan desgastado, por más que fuese exculpado judicialmente, que tuvo que dimitir en septiembre de 1933.

A este respecto, el conjunto de medidas reformistas generó un constante obstruccionismo político con fuerte dosis de pánico social entre grupos conservadores de los poderosos, pero también entre amplias capas medias y de trabajadores que interpretaron las propuestas modernizadoras como ataques al corazón de un sistema de propiedad y de valores intocables por sus creencias religiosas, su identidad nacional o sus convicciones conservadoras. El éxito de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) radicó precisamente en la movilización de los medianos y pequeños propietarios, amén de muchos obreros de creencias católicas. Simultáneamente, la revolución social que predicaban los anarquistas, las juventudes socialistas y los pocos comunistas del momento apasionaron a muchos ciudadanos mientras asustaban a otros muchos que temían la repetición de la Rusia bolchevique. La sensación de apocalipsis, de uno u otro signo, fue creciente en amplios sectores sociales.

El bienio radical-conservador y la insurrección revolucionaria

En 1933, por primera vez votaron las mujeres, dato al que no cabe atribuir los resultados, pues en 1936, con prácticamente las mismas mujeres, el signo de los resultados fue opuesto. En 1933, cabe conjeturar que el triunfo de las fuerzas de centro y de las derechas estuvo motivado por su intensa movilización contra las reformas y gracias a la norma electoral que primaba las coaliciones, ya que las izquierdas fueron desunidas y con una CNT pregonando la abstención, aunque no se cumplió en gran parte. Ganó la CEDA, liderada por Gil Robles, seguida del Partido Radical de aquel Alejandro Lerroux extremista en la Semana Trágica de 1909, ahora en el espacio de centro derecha. Las izquierdas perdieron casi 100 escaños y la hostilidad al gobierno cambió de signo al negarse los socialistas a aceptar su derrota y realizar una oposición frontal en la que, con demasiada frecuencia, se enarboló el peligro a un fascismo que apenas si tenía presencia en España.

El presidente de la República, Alcalá Zamora, encomendó gobernar al Partido Radical, porque la CEDA, católica y conservadora, aceptaba la República accidentalmente, pensaba en reformar la Constitución, como también hacían los socialistas. Era un partido de masas con Gil Robles en rango de jefe y unos militantes jóvenes con querencias autoritarias y antiliberales. Fueron gobiernos muy inestables porque el Partido Radical necesitaba constantemente de la CEDA y del Partido Agrario, partido este que hizo expreso acatamiento de la República, aunque integrado por conservadores opuestos a la reforma agraria. Pero nada más saberse el triunfo de las derechas, los anarquistas convocaron otra “huelga general revolucionaria” proclamando en diversas poblaciones el comunismo libertario con asaltos a los cuarteles de la Guardia Civil, apresando autoridades y ricos, quemando los registros de la propiedad hasta dar con las fuerzas de orden que reprimieron brutalmente, como pasó en Bujalance (Córdoba), con un final de 75 anarquistas y 14 miembros de las fuerzas de orden muertos en todo el territorio.

Los gobiernos radicales, aunque trataron de rectificar las reformas para contar con el apoyo de la CEDA, en gran medida fueron continuistas en la reforma militar, en el divorcio y en educación, donde subieron el gasto por encima de los años anteriores y aumentaron las construcciones escolares y la contratación de maestros. De igual modo, en la legislación laboral y en el subsidio de paro no se dio marcha atrás, salvo en designar la presidencia de los jurados mixtos (sería un juez o funcionario público) y en la derogación del decreto de términos municipales antes citado, pero la ley de reforma agraria siguió vigente y se aplicó incluso con mayor rapidez. Fue innovadora la ley de coordinación sanitaria (1934) que, sin embargo, tuvo el lastre de asignar su gestión a los ayuntamientos, sin recursos para atender un derecho a la salud que se quedó truncado. Además, aprobaron la amnistía a los golpistas de 1932, incluido Sanjurjo, y reforzaron las políticas de orden público.

En abril de 1934, sucedió un conflicto grave con la Generalitat de Cataluña, presidida por Lluis Companys. El Parlamento catalán aprobó una ley de contratos de cultivo, pensando sobre todo en los rabassaires (cultivadores de viñedos). Facilitaba la compra de las tierras tras 15 años de ser arrendatarios; se opuso la Lliga, dirigida por Cambó, que movilizó a los propietarios, y el gobierno recurrió la ley ante el Tribunal de Garantías Constitucionales que la declaró inconstitucional. La Generalitat aprobó de nuevo la misma ley desafiando así al Tribunal y al gobierno. Socialistas y republicanos de Azaña arroparon la rebelión catalana y así se llegó a octubre de 1934, cuando el PSOE y la UGT, con Largo Caballero e Indalecio Prieto al frente, que no habían aceptado la derrota electoral de 1933, programaron una huelga general revolucionaria, apoyada solo por un minoritario Partido Comunista de España (PCE) y en Asturias con la CNT.

Los líderes socialistas coincidieron con los anarquistas al postergar la vía parlamentaria ya que “el socialismo reformista está fracasado”, según escribía Luis Araquistain, guía intelectual de un Largo Caballero que animaba a los obreros a “luchar en las calles con la burguesía, sin lo cual no se podrá conquistar el poder”. Hay que considerar que la CNT tenía en torno al millón de afiliados, y otro tanto de cotizantes la UGT, o sea, la cuarta parte de los algo más de 8 millones de población ocupada en la España del momento, una cifra de militancia sindical extraordinaria. Gracias al peso social de la UGT, el PSOE había acrecentado su poder en las elecciones municipales parciales de 1933, sumando 347 alcaldías y miles de concejales. Sin embargo, tras la huelga de jornaleros convocada en junio de 1934 por la FNTT en casi mil municipios de Extremadura, La Mancha y Andalucía, con 10.000 detenidos, el gobierno destituyó 200 ayuntamientos socialistas y cerró las Casas del pueblo y las sedes sindicales de la FNTT.

A fines del verano, las huelgas convocadas en Madrid estuvieron plagadas de choques armados de jóvenes socialistas y comunistas, incondicionales de las tesis de Largo Caballero, frente a grupos de falangistas cuyo balance de 13 jóvenes muertos conmocionaron a todo el país. En ese contexto se convocó la huelga general revolucionaria de octubre de 1934 con desarrollo muy desigual por regiones, con idéntica represión: el Estado, con la Guardia Civil, la Guardia de Asalto y el Ejército, con Franco al mando, derrotó a unos revolucionarios sin posible competencia militar, por más que contasen con el teniente de Asalto Castillo o el instructor oficial de la Guardia Civil, Fernando Condés. Una catástrofe de unos 1.500 muertos (unos 300 de las fuerzas de orden y más de mil trabajadores y vecinos de las zonas afectadas) con miles de heridos, 15.000 detenidos y unas poblaciones saqueadas y bombardeadas por unas tropas que practicaron matanzas tan crueles como las de Carbayín, mientras habían padecido antes, bajo organización socialista, comunista o libertaria, una justicia revolucionaria con víctimas como los 34 clérigos asesinados. En paralelo, en Cataluña se proclamó el Estado Catalán, el gobierno declaró el estado de guerra y detuvo al gobierno de la Generalitat, más Azaña que, por circunstancias personales, estaba en Barcelona.

Fue duro el debate entre sindicatos y partidos de izquierdas sobre la oportunidad y las secuelas del intento revolucionario, y persiste en una memoria política polarizada. Por otra parte, tras la entrada del líder de la CEDA en el gobierno, se afianzó la necesidad de coaligarse electoralmente las izquierdas y se formó un Frente Popular integrado por el PSOE, la Izquierda Republicana (IR) de Azaña, ERC, un PCE que, obedeciendo a Stalin, aparcó su enemistad con el PSOE, el Partido Sindicalista del anarquista Pestaña, creado en 1934, el Partido Galleguista y otros grupos minoritarios. Coincidían en continuar las reformas emprendidas en 1931-1932, amnistiar a los presos de la sublevación de octubre y extender los Estatutos de autonomía, aunque a los socialistas de Largo Caballero y a los comunistas les parecían objetivos de una República burguesa, asumibles solo como tránsito hacia la revolución.

Por lo demás, conviene señalar que, en estos años, hubo una novedad de graves consecuencias para la democracia republicana: la captación de jóvenes para la acción violenta, en las derechas y en las izquierdas. Despreciaron los medios legales para lograr el gobierno. En las izquierdas obreras ya existía la tradicional táctica insurreccional de la FAI, pero las juventudes socialistas, desde 1934, constituyeron las milicias mejor armadas, con más de 1.000 integrantes, y las juventudes comunistas también. Defendieron todos la “violencia colectiva y constante” para tomar el poder en nombre de la clase obrera, añadiendo su lucha contra el fascismo. Desde 1931, el grupo fascista de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (JONS) había formado unas escuálidas milicias, la “violencia absoluta” era su estrategia, que, en 1934, se fusionaron con la Falange Española. Desde 1933, los escamots, de las Joventuts d’Esquerra Republicana-Estat Català (JEREC), surtidos de fusiles por altos cargos de la Generalitat, reventaban las huelgas de unos obreros a los que calificaban de forasteros que infestaban “nuestra casa”. Por su parte, los carlistas organizaron milicias de requetés desde 1936.

En semejante contexto, los defensores de una democracia liberal, desde la derecha de Lerroux a la izquierda de Azaña, se quedaron entrampillados en una defensa muy precaria de las prácticas legales.

Del Frente Popular a la sublevación militar
contra la democracia

Tal situación de violencia fue parte de la campaña para las elecciones a celebrar en febrero de 1936. Fue mes y medio no solo con proclamas y consignas antagónicas, sino con 41 muertos y decenas de heridos por choques entre militantes de signos opuestos o contra las fuerzas de orden, entre derechas e izquierdas casi por mitades. La movilización de masas fue abrumadora y además se sumaron los líderes anarquistas propagando la necesidad de votar. Votó un 71,3% del censo, las izquierdas, al ir coaligadas, sumaron millón y medio de votos más que en 1933 y pasaron del 33 al 46,3% en la primera vuelta, lo que supuso 259 escaños. Las derechas y centro-derecha, a pocos miles de votos de distancia, al ir divididas, obtuvieron solo 189 escaños. Tras la segunda vuelta y la revisión de datos y denuncias de fraudes ante una Comisión de Actas de las Cortes, no siempre imparcial, la coalición de izquierdas amplió a 267 sus diputados frente a 206 de centro y derechas.

La suma de los tres partidos republicanos era mayoría: 84 de IR, 37 de Unión Republicana (UR) y 36 de ERC. Azaña formó gobierno, quiso contar con el PSOE, el más votado, con 89 escaños, pero Largo Caballero, líder de UGT, se opuso y, por tanto, no hubo un gobierno del Frente Popular, solo de republicanos, sin la fuerza de la UGT. Otra novedad fue la presencia de 16 diputados del PCE, más 5 comunistas catalanes de distintos grupos que se fundieron en julio de 1936 como Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), un partido distinto y hermano del PCE, adscrito igualmente a la III Internacional.

El gobierno de los republicanos de IR con los de UR solo sumaba 121 diputados, con una agenda política gravemente borrascosa por la lucha abierta dentro del socialismo entre revolucionarios y pragmáticos y por el recurso a la pistola por parte de jóvenes socialistas y comunistas con respuesta violenta de derechistas y falangistas. En la primavera de 1936, se cumplió el diagnóstico escrito en 1928 por César Arconada: “Un joven puede ser comunista, fascista, cualquier cosa menos tener viejas ideas liberales”. El gobierno de los republicanos, por tanto, tuvo que lidiar con la lluvia de huelgas más grande e intensa de las habidas hasta entonces, sobre todo con la impresionante movilización de jornaleros en la mitad sur de España. Creció la violencia política en la calle y las conspiraciones de los militares golpistas, programadas desde antes, arreciaron y se hicieron a la luz pública.

No obstante, el gobierno republicano cumplió el programa electoral, restableció la Generalitat, decretó la amnistía de los presos por las sublevaciones de 1934, con readmisión de los obreros despedidos en anteriores huelgas y se reactivó el cumplimiento de las reformas aprobadas en el bienio republicano-socialista. También restableció a los concejales socialistas destituidos por el gobierno radical-cedista tras octubre de 1934, aunque el gobierno de Azaña, sin mediar rebelión alguna, constituyó en cientos de municipios unas comisiones gestoras controladas por republicanos y sobre todo por socialistas. Así, en el proceso de legítima reposición de aquellos concejales socialistas destituidos en octubre de 1934, se expulsó a miles de ediles de centro y derechas que habían sido democráticamente elegidos en 1931 y 1933, mientras que se postergó la convocatoria de elecciones municipales, anunciada para abril.

Respecto a la reforma agraria, aunque estaba en marcha, en esta primavera se desplegó una amplia movilización de ocupación, no siempre legal, de fincas. Fue liderada por la FNTT en Extremadura, La Mancha y Andalucía, las clases propietarias paralizaron las tareas del campo antes que pagar más salarios o cumplir la normativa existente y el diálogo social se quebró. Hubo momentos de máxima violencia, como el ocurrido en mayo en este, con un guardia civil y 17 campesinos muertos, tras la agresión a los guardias civiles que llevaban presos a varios campesinos por talar árboles. En general, la efervescencia de huelgas adquirió cotas intensas ya que, a pesar de las directrices del gobierno de no encrespar los ánimos respondiendo con violencia, hubo más de 25.000 detenidos. En algunas provincias, como Córdoba, se lograron acuerdos, pero no en La Mancha, por ejemplo, y, en general, los jurados mixtos controlados en su mayoría por la UGT fueron decisivos, lo que supuso un aluvión de militantes, muchos de ellos parados, lo que motivó la idea del reparto del trabajo con semanas de 36 horas.

En junio, la efervescencia del campo, en plena recolección, se acrecentó con jornaleros que lograron duplicar e incluso triplicar sus salarios respecto a años anteriores y propietarios en rotunda oposición a los jurados mixtos. En las ciudades ocurrieron situaciones de violencia extrema, en Santander, Oviedo, Málaga, Sevilla… y en Madrid, donde todo acto repercutía con un impacto nacional que la prensa y la radio relataban cada día detallando los muertos de uno u otro signo cuyos entierros masivos eran escoltados por jóvenes uniformados y seguidos por los miles de manifestantes en calles abarrotadas. Los discursos de tonos beligerantes se concretaron en unos grupos armados que, desde partidos y sindicatos, más las intervenciones de las fuerzas de orden, desnaturalizaron la convivencia social con un balance, según la más reciente investigación, de 484 muertos y más de 1.600 víctimas graves, todas cargadas de claroscuros pues ni las víctimas tenían la exclusiva de una ética democrática ni los verdugos habían nacido para matar, fuesen socialistas, anarquistas y comunistas, o falangistas, cedistas, carlistas y republicanos radicales. Compartieron iniciativas y muertes, como también las fuerzas de orden.

Aunque se les cancelaron centros y actos, los grupos armados derechistas siguieron activos, mientras los izquierdistas, al estar consentidos, crearon poderes paralelos, como se comprobó en el asesinato del diputado Calvo-Sotelo. Eran minorías, sin duda, pero agudizaron los enfrentamientos entre los partidos políticos, sin puentes de consenso, a pesar de los intentos de los partidos republicanos de construir un centro político. Se propagó el miedo entre amplios sectores de población: por ejemplo, unos 500 curas, que sabían que en la revolución de Asturias se había matado a 34 religiosos, se fueron de aquellos pueblos donde pensaban que peligraría su vida.

Sin duda, la mayoría de la población no se implicó en esas trincheras. La voz de las urnas en 1931, 1933 y 1936 permite defender que la mayoría no sintonizaba con la violencia armada. No hubo dos Españas ni los militares expresaron la voluntad nacional. Era rotunda la heterogeneidad sociopolítica de actores, ideas y metas tanto entre los republicanos como en las derechas y en los partidos nacionalistas de Cataluña y Euskadi. De hecho, en julio de 1936, la sublevación militar fracasó en más de media España, fue el paso del Estrecho de las tropas de Franco, desde Marruecos a España, garantizado por Hitler, lo que reforzó a los rebeldes y desencadenó una guerra civil que hizo del asesinato del adversario la solución política inmediata.

Balance

El período entre 1868 y 1936 se caracterizó por un esfuerzo notable de modernización económica, política, social y cultural. El crecimiento económico de carácter capitalista conllevó una considerable movilidad social cuyos cambios, conflictos y mejoras abrieron la escena pública a los trabajadores, las clases medias y las mujeres, que, al menos, conquistaron la igualdad jurídica. Además, emergieron los nacionalismos subestatales, con especial protagonismo del catalán, y se desplegó una fértil Edad de Plata en la cultura y, por primera vez, en la ciencia. Aumentó la población y su esperanza de vida, como también las expectativas y demandas sociales que se enarbolaron con los sindicatos UGT y CNT a la cabeza y que, en parte, fueron asumidas por las reformas desarrolladas por distintos gobiernos, tanto conservadores como progresistas. En este sentido, la conflictividad social albergó momentos de agudos antagonismos, con una fase de dictadura militar que, entre 1923 y 1930, logró resultados opuestos a los previstos ya que deslegitimó la monarquía y dio paso a una República que reforzó las esperanzas sociales y políticas. Estas se plasmaron en la Constitución y en las reformas impulsadas por republicanos y socialistas y hubo alternancia de gobiernos durante seis años, con una intensa polarización social, aunque minoritaria en el recurso a la violencia como vía para lograr sus objetivos políticos. En ningún caso hubo razón alguna para que un grupo de militares se considerasen los intérpretes de la voluntad de toda España; su insurrección desencadenó la mayor tragedia social del siglo XX español, una guerra civil.

Capítulo 8

La tragedia de la guerra civil
y la dictadura de los vencedores (1936-1975)

Este capítulo explica el período más traumático y de mayor excepcionalidad en la historia española. Porque la guerra provocada por la sublevación militar supuso derrota, muerte, cárcel y exilio para cuantos españoles no comulgaban con las ideas de los insurrectos; y, a su vez, la dictadura, implantada desde 1936 por los militares rebeldes, se perpetuó casi 40 años con el precepto constante de silenciar cualquier disidencia. Son los dos rasgos que permitirían calificar a España como diferente en relación con las democracias coetáneas. Una diferencia determinada, sin embargo, por factores internacionales en los momentos más cruciales, tanto en el desarrollo de la guerra como en la evolución de la dictadura.

También fueron decisivas las condiciones económicas. Hubo dos grandes etapas, una de hundimiento y políticas autárquicas entre 1936 y 1956 y otra de reajuste y un nivel de crecimiento económico que transmutó la estructura social del país. En la primera, la guerra paralizó y desbarató el proceso de convergencia con el capitalismo occidental a lo que se sumó la política económica de una dictadura que militó contra el liberalismo. Se creyó que España era rica, no necesitaba nada del exterior, e hizo del Estado el gestor económico que enseñaría al mundo la patria —una, grande y libre— construida sin lucha de clases, con patronos y obreros unidos en un mismo sindicato. La libertad, fuese económica, política, social o cultural, era la causa de esas luchas y de la debilidad patriótica. Tan enemigos eran los liberales masones como los marxistas soviéticos.

Fue un callejón sin salida y la dictadura tuvo que girar. El anticomunismo occidental lo facilitó y, tras ingresar España en la ONU, los ministerios económicos, en manos de tecnócratas, dieron entrada al capital y tecnología foráneos y abrieron las fronteras a la emigración y al turismo. Fue la segunda etapa, marcada por el desarrollo de una economía enganchada a la extraordinaria expansión capitalista de las democracias de la Europa Occidental por los efectos del Plan Marshall y la construcción del Estado de Bienestar. Tanto fue así que estas democracias se convirtieron en el modelo para la población, para la oposición antifranquista y también para las autoridades de la dictadura que, desde febrero de 1962, insistieron en integrarse en la Comunidad Económica Europea y fueron rechazadas precisamente por no ser una democracia. Simultáneamente, el calibre de los cambios sociales desbordó la estructura dictatorial, zarandeó sus instituciones y se abrieron grietas por las que adquirieron un protagonismo creciente de fuerzas de oposición. El dictador murió en la cama, pero la dictadura ya se había derrumbado antes en las calles.

La guerra: actores y políticas
antagónicas (1936-1939)

Cronología

1936

17 de julio, sublevación del ejército en Melilla. Los días siguientes se sublevan otros militares en la Península, el gobierno republicano arma Milicias populares y el 23 de julio los sublevados crean la Junta de Defensa Nacional. A primeros de agosto Franco pasa el estrecho de Gibraltar con apoyo de Hitler y Mussolini. Queda dividido el territorio entre el controlado por sublevados, donde se prohíben partidos y sindicatos, y el de la República, con el poder sindical junto al de los partidos. Se extiende el terror político en ambas zonas con asesinatos masivos. Azaña encomienda el gobierno al socialista Largo Caballero, con comunistas primero y luego también anarquistas. Franco, elegido por los sublevados Generalísimo y Jefe del gobierno del Estado, reconocido por Alemania e Italia. Batalla de Madrid, el gobierno se traslada a Valencia en noviembre.

1937

Batallas de Málaga, Jarama y Guadalajara en los primeros meses. 26 de abril, bombardeo de Guernica. En mayo, guerra interna de milicias en Barcelona y nuevo gobierno del socialista Negrín, con comunistas y sin anarquistas. En junio, los rebeldes ganan el País Vasco, y Asturias en septiembre. El gobierno se traslada a Barcelona.

1938

Primer gobierno de Franco mientras ocurre la batalla de Teruel, conquista y pérdida republicana. Rebeldes conquistan Lérida y Vinaroz. En julio, se inicia la batalla del Ebro, hasta noviembre, repliegue republicano, los rebeldes avanzan hacia Cataluña. Franco promulga el Fuero del Trabajo, establece la censura y entrega la enseñanza secundaria a la Iglesia católica.

1939

En enero, los rebeldes en Tarragona y Barcelona. Azaña y Companys se retiran a Francia, donde dimite Azaña. En marzo, golpe de Estado de Casado dentro de la República, Negrín se refugia en Paris y los rebeldes entran en Madrid. 1 de abril, fin oficial de la guerra. Franco es reconocido por Estados Unidos y el Vaticano lo bendice. Se retiran la Legión Cóndor alemana y las tropas italianas. Exilio masivo de republicanos, cárcel y represión con la ley de responsabilidades políticas.

Del golpe militar a la guerra:
el terror sanguinario y la clave internacional

La sublevación militar del 18 de julio de 1936 fracasó por la fidelidad de parte del Ejército y de las fuerzas de orden público, pero Azaña no logró formar un gobierno de unidad nacional y el día 19 decidía disolver las unidades militares sublevadas y entregar armas a las milicias de sindicatos y partidos de izquierdas que, sobre todo en Madrid y Barcelona, fueron decisivas para frenar la expansión de los sublevados. La República, por tanto, quedó en manos de unas milicias revolucionarias, sin un ejército profesional, y así, desde el 22 de julio, el país quedó roto entre un tercio controlado por militares rebeldes y el resto, por las milicias obreras.

Ahora bien, aunque la marina republicana dominaba el estrecho de Gibraltar, el general Franco, estancado en el norte de Marruecos, logró pasar a la Península, gracias a Mussolini y Hitler, conocedores de que Francia y Gran Bretaña optaban por la “No Intervención”. Desde el 29 de julio, llegaron 89 aviones alemanes e italianos que lograron pasar a la Península más de 13.000 soldados, con los consiguientes suministros de armas, apoyo técnico y cuantiosos créditos para sostener el ejército. Comenzaron así, desde agosto, las operaciones propias de una guerra, con el territorio partido en dos zonas. En el de los sublevados se implantó un orden social militarizado y conservador, marcado por el catolicismo y el exterminio físico de toda disidencia, alentado por los propios militares y ejecutado por falangistas y requetés. Bajo la República, sin apoyo internacional y un gobierno eclipsado, los sindicatos y partidos obreros acometieron la revolución social con una primera medida, la eliminación de quienes por su posición social o sus ideas fueron catalogados como fascistas, con una feroz saña anticlerical en muchos casos.

Tanto el terror en una zona como en otra fue estremecedor. La mayoría de las 50.000 víctimas del llamado terror rojo son de julio a diciembre de 1936 ya que los tribunales populares, aunque decretados desde fines de agosto por la República, solo comenzaron a ser eficaces por la presión internacional tras miles de ejecuciones sin juicio en Paracuellos, entre noviembre y diciembre de 1936. Los integrantes populares de los tribunales eran “designados por los Comités provinciales de cada partido u organización sindical” para ejercer una “justicia revolucionaria”, creándose, a tal efecto, los campos de trabajos forzosos, como el de Albatera, para los condenados por su “delincuencia político-fascista”, decisión del ministro anarquista García Oliver de la que se enorgulleció, a sabiendas de que esos campos ya existían en Alemania.

Desde entonces mermó drásticamente la condena a muerte en la zona republicana, mientras que la limpieza ideológica practicada por los sublevados prosiguió con cada avance de sus tropas. Por ejemplo, en Málaga, los comunistas y socialistas controlaron la ciudad y colectivizaron la economía hasta el 7 de febrero de 1937, tiempo en el que ejecutaron a unas mil personas. Cuando los rebeldes tomaron la ciudad, ejecutaron a unas 3.600 personas en su primera semana, y enjuiciaron a más de 7.000 hasta 1944, cifra sin incluir la Desbandá de hombres, mujeres y niños masacrados por las bombas de la aviación y de la marina en su huida por la carretera de Motril.

Cabe personificar la desoladora barbarie de tales prácticas terroristas en el trágico final de Federico García Lorca, fusilado por el bando rebelde en el barranco de Víznar por sus ideas, nada revolucionarias, y a los nueve días el asesinato de su fraternal amigo, Joaquín Amigo Aguado, profesor de filosofía, asesinado por los milicianos revolucionarios arrojándolo por el tajo de Ronda por ser “católico y conservador”. Este carácter fratricida, propio de toda guerra civil, creó un doloroso trauma en la convivencia social. Es cierto que los violentos fueron minorías, pero muy activas, que, en gran parte, eran civiles armados de uno u otro signo, sin pertenecer a una fuerza militar.

Respecto al compromiso ciudadano con la guerra hay que subrayar que no pasaron de 120.000 los voluntarios en la zona republicana, y unos 100.000 en la sublevada. La mayoría no quiso la guerra. De los cinco millones de varones a los que correspondía ir a la guerra en un país de 24,7 millones de habitantes, el gobierno republicano reclutó a 1,3 millones de jóvenes, y los sublevados a 1,2. Dos millones y medio de jóvenes forzados; pero eran cinco millones los de edad de luchar, se libraron otros dos millones y medio: 700.000 por ser declarados “inútiles” o “exceptuados” y 1,8 millones por “prófugos”. Porque también, una vez reclutados, abundaron los desertores, tantos que en ambas zonas se dieron instrucciones al respecto. Estos datos confirman que la mayoría no quiso hacer la guerra, lo que obliga a moderar el calibre épico de la violencia.

En otro aspecto, sostener un ejército bien armado requería apoyos internacionales. Los sublevados contaron desde el inicio con el suministro de armas, más de 1.500 aviones de Hitler y Mussolini, con unos generosos préstamos de 6.000 millones de pesetas que Franco tuvo que devolver posteriormente, más la importante ayuda de 108.000 soldados (en su mayoría italianos, más alemanes, portugueses e irlandeses), añadiendo los 70.000 marroquíes reclutados para luchar —como se les argumentó— contra el ateísmo. Sin embargo, la República sufrió la neutralidad de las democracias vecinas y solo ayudó Stalin con poco más de 600 aviones y un armamento que tuvo que pagar en efectivo, con oro, junto con 2.000 técnicos y unas Brigadas Internacionales de solo 15.000 alistados al mismo tiempo (un total de 31.369 en toda la guerra). En conclusión, la ayuda internacional recibida por los militares rebeldes constituyó uno de los factores determinantes del triunfo de Franco.

Revolución social y luchas intestinas en la zona republicana

Fueron sobre todo UGT y CNT los organizadores de las milicias armadas para sostener la legalidad republicana. Ocuparon el vacío de poder de fines de julio de 1936 y pensaron que era el momento de abolir la propiedad y colectivizar la economía para garantizar el funcionamiento del Estado. Formaron con los partidos de izquierdas un nuevo poder a la vez militar, social, político y económico en comités conjuntos a escala local y provincial. En concreto, se puede hablar de poder obrero cuando Largo Caballero, líder de la UGT, formó gobierno desde septiembre de 1936 incluyendo un ministro comunista que en noviembre ampliaría a otro más, en Agricultura, por más señas, y sobre todo a cuatro ministros de una CNT que también se integró en la Generalitat de Cataluña. Los anarquistas gobernaron, la primera y única vez en su historia, y Federica Montseny fue la primera mujer ministra en España.

Con la colectivización se quiso organizar la sociedad sobre nuevas bases de distribución de la riqueza. UGT y CNT compartieron criterios económicos y sociales en el nivel local y provincial, pero no en la forma de colectivizar la producción a escala nacional. De igual modo coincidieron contra el analfabetismo y en la creación de comités de sanidad pública, escuelas, bibliotecas y centros para formación de adultos. Implantaron pensiones para los ancianos, algo que no existía todavía, y a los parados se les dio trabajo repartiendo la jornada laboral si era necesario. Eran medidas de justicia social, unas reformas que hoy conocemos como Estado de bienestar, que entonces chocaron con la lógica capitalista existente.

En tal proceso, hubo una movilización importante para que las mujeres trabajasen en la retaguardia, tan necesitada de brazos en todos los sectores productivos. Así, de la miliciana con fusil de primera hora se pasó a la propaganda de mujeres enfermeras o trabajando en fábricas, siempre cumpliendo unos roles tradicionales que completarían con esas otras tareas “con abnegación y sacrificio silencioso”. Se les declaraba iguales en teoría, pero se les mantuvo en la órbita maternal de esposas, madres y hermanas de varones que luchaban en las trincheras. Los medios de izquierdas insistían en la tarea de aportar valor a los hombres y ternura a los hijos. Los criterios patriarcales se mantuvieron intocables, significativamente los salarios de hombres y mujeres no se equipararon y en el campo, por ejemplo, el ingreso semanal de un hombre independiente (sin obligaciones familiares) era de 35 pesetas, pero el de una mujer en similares circunstancias solo de 17,50 pesetas.

En la agricultura las colectividades se implantaron en la mitad aproximadamente de los 5,5 millones de hectáreas expropiadas en aplicación de la reforma aprobada por las Cortes, también en las tierras de los declarados como desafectos. Fue en torno al 40% de la superficie útil gobernada por la República y en tales colectivizaciones se implicaron tanto los socialistas, anarquistas y comunistas como los republicanos. En el sector industrial y de servicios, la colectivización se desarrolló sobre todo en Barcelona (3.000 empresas) y Madrid (2.500). En Cataluña, contó además con el refrendo de la Generalitat cuyo decreto de octubre de 1936 instituyó la colectivización y control obrero que ya estaban practicando los sindicatos tras doblegar la sublevación militar.

Ahora bien, estas colectivizaciones tuvieron consecuencias no previstas como el desabastecimiento en el campo y la implantación del racionamiento en las ciudades. En general, no resultó fácil la coordinación; por ejemplo, los anarquistas despreciaron el dinero e ignoraron la banca, controlada por la UGT, lo que dificultó el flujo de créditos a las empresas autogestionadas. Y entre los trabajadores hubo que adoctrinar y explicar que ya no se trataba de “gandulear” contra los capitalistas, sino que, al ser propiedad de todos, “el que no trabaja es un fascista”. El hecho cierto es que el desabastecimiento y el racionamiento desmoralizó de modo creciente a la población de la retaguardia republicana.

A esto se sumaron las graves diferencias surgidas entre las izquierdas conforme la guerra se hacía cada vez más costosa y menos esperanzadora. El momento más grave ocurrió en mayo de 1937, en Barcelona, entre milicias anarquistas y marxistas de tendencia trotskista frente a los milicianos comunistas de tendencia estalinista, aliados con los de ERC y Estat Català. Expresó de modo sangriento el conflicto entre familias del marxismo y el dilema tan agudo entre guerra y revolución. Si se daba prioridad a concentrar todo el poder en el gobierno para ganar la guerra y, por tanto, posponer la revolución, que era la estrategia del PSOE, UGT y PCE-PSUC, eso implicaba disolver las milicias y centralizar todos los esfuerzos en un Ejército Popular con capacidades para vencer.

Precisamente en ese Ejército los comunistas habían logrado un importante control mediante los comisarios de guerra. Y el dilema político se solventó cambiando el gobierno de Largo Caballero y sus ministros anarquistas por otro dirigido por Negrín con los partidos socialista y comunista, más los republicanos. Trató de recuperar la organización democrática del Estado, se hizo con la dirección de la economía y de la guerra con la ayuda de la URSS, mientras la Alianza Obrera establecida por la CNT con la UGT se evaporó y adquirió una creciente influencia tanto el PCE como su gemelo en Cataluña, el PSUC, ambos de la III Internacional Comunista, adversarios de la CNT.

Junto a estos conflictos entre izquierdas, se desarrollaron tensiones graves entre la Generalitat y el gobierno estatal por la dirección de la guerra y las competencias de orden público. Al cabo del año, el gobierno de Negrín había logrado la unidad de las fuerzas que lo apoyaban, incluyendo la CNT, había disuelto las checas y recuperado la libertad de cultos, mejorando la imagen ante las democracias occidentales. Formó, en abril de 1938, un gobierno de Unión Nacional para ganar la guerra a la par que abría el posible acuerdo con los sublevados. Sin embargo, Franco se mantuvo en la rendición incondicional y las gestiones con las democracias europeas no dieron fruto, de modo que, el 18 de julio de 1938, Azaña dio el último discurso de su vida expresando que los muertos de esta guerra “ya no tienen odio, ya no tienen rencor y nos envían […] el mensaje de la patria eterna que dice a sus hijos: Paz, Piedad, Perdón”.

Desde septiembre de 1938, tras el beneplácito de Francia y Reino Unido a Hitler para adueñarse de parte de Checoslovaquia, con el desinterés de la URSS, el curso de la guerra fue de mal en peor, a pesar del enorme esfuerzo de la batalla del Ebro, que no logró frenar a unas tropas rebeldes que entraron en Barcelona el 26 de enero de 1939 sin resistencia. Desde ese día, la derrota era palpable, sensación agravada por el racionamiento que padecían los ciudadanos de la zona republicana a los que Franco bombardeaba con bolsas de pan. El consumo medio de calorías bajó casi a la mitad de lo necesario, se había perdido la confianza en ganar la guerra, solo cabía organizar la evacuación, salvo intentos desesperados de negociación como el golpe de Estado del coronel Casado en Madrid. Fueron acontecimientos que persisten como debate o más bien discordia, como otros muchos de la guerra civil. La derrota inauguró una etapa impensable para las izquierdas: a cuantas personas habían defendido o simpatizado con sus idearios se les vino encima la muerte, la cárcel, el exilio o el pavor a ser denunciadas.

Contrarrevolución, dictadura militar y cruzada católica

Al fracasar el golpe de Estado, mientras la República organizaba las milicias obreras, el 24 de julio de 1936, los militares rebeldes creaban en Burgos una Junta de Defensa Nacional que asumía todos los poderes del Estado en el territorio que controlaban. Sus primeras medidas fueron apremiantes: suprimir los partidos políticos y sindicatos y suspender la reforma agraria, devolviendo a sus antiguos propietarios las tierras afectadas por dicha reforma. Y, por supuesto, declarar el estado de guerra en su territorio.

Por otro lado, ante las fricciones entre generales, dicha Junta militar eligió, el 21 de septiembre, a Franco como “jefe del gobierno del Estado y generalísimo de los ejércitos”; y se disolvió para que Franco asumiera esa tarea desde el 1 de octubre, hecho que la prensa propagó titulándolo solo Jefe del Estado. Días antes, el obispo de Salamanca, Pla y Deniel, en su pastoral Las dos ciudades, argumentó que no era una guerra más, sino “una cruzada por la religión, la patria y la civilización”. Legitimó la sublevación ante los católicos, reforzando la tesis del cardenal primado Isidro Gomá de que estaban en guerra “la España y la anti-España, la religión y el ateísmo, la civilización cristiana y la barbarie”. Se puso a Franco bajo palio, al entrar y salir de las iglesias, un protocolo exclusivo de reyes, y se inició una campaña de su exaltación como Caudillo, sinónimo de Führer y Duce, usados por Hitler y Mussolini respectivamente.

El poder militar, la contrarrevolución social y la represión fueron de la mano con la militancia enfervorizada de carlistas y falangistas, ejecutores de los adversarios, y el apoyo de los grupos sociales más conservadores de católicos y monárquicos que se sentían maltratados por las reformas y con pánico a las propuestas revolucionarias de los sindicatos obreros. El mando único de Franco se hizo efectivo cuando, en abril de 1937, fusionó a los adeptos en un partido único llamado Falange Española Tradicionalista (FET) y de las JONS que, desde 1943, comenzaría a ser llamado Movimiento Nacional, para erradicar la palabra de partido político. Perduró hasta 1977 y en aquel momento fundacional su ideólogo y jefe fue Serrano Suñer, cuñado de Franco, que lo organizó con notorios rasgos fascistas. Su militancia se multiplicó exponencialmente ya que fue un seguro de vida y de promoción social en el territorio rebelde.

En suma, desde abril de 1937, Franco ocupó la jefatura del Estado y del gobierno, generalísimo de los ejércitos, cruzado de la fe de Cristo y jefe del partido único. Monopolizó el poder militar, legislativo, judicial, ejecutivo y económico y se instaló en todas las escuelas un crucifijo flanqueado por los retratos de Franco y José Antonio Primo de Rivera, fusilado en noviembre de 1936. En enero de 1938, nombró el primer gobierno de su dictadura, integrado por militares con falangistas, monárquicos y tradicionalistas. La idea de construir un Nuevo Estado comenzó con el Fuero del Trabajo, copiado del modelo sindical fascista, que prohibió las huelgas y creó los sindicatos verticales sometidos a las directrices estatales. Estableció la censura previa, promulgó una nueva ley de enseñanza que oficializó el poder de la Iglesia en los estudios de bachillerato y, una vez conquistada Barcelona, en febrero de 1939, dictó la ley de responsabilidades políticas que juzgaría, con carácter retroactivo, a cuantos hubiesen pertenecido a alguno de los partidos, sindicatos o logias masónicas durante la República.

Ese mismo febrero de 1939, los gobiernos del Reino Unido y de Francia reconocían el gobierno de Franco como el legítimo de España, mientras Francia se encontraba con el aluvión de 400.000 españoles (soldados y civiles de los que muchos regresaron) que huían tras la toma de Barcelona por los sublevados. Además, el Vaticano había nombrado un embajador desde marzo de 1938, sin olvidar que Alemania e Italia lo habían hecho en septiembre de 1936. La dictadura, por tanto, tras vencer militarmente, comenzaba el 1 de abril de 1939 su andadura como la España vencedora, reconocida, al día siguiente, por los Estados Unidos.

Datos dramáticos y devastadores

Nunca en la historia de España se había producido tan sangrienta ruptura de la convivencia social. El saldo del cataclismo provocado por la sublevación militar alcanzó cifras trágicas: más de 150.000 muertos en acciones bélicas, pero lo más trascendente fue el odio social generado por las ejecuciones desde 1936 en ambas retaguardias y en la posguerra dictatorial. Se calculan 50.000 las víctimas de la violencia revolucionaria entre 1936 y 1939, y en torno a 140.000 las ejecuciones por los sublevados entre 1936 y 1945, una cifra todavía no definitiva. Casi 200.000 muertes a las que se debe sumar la sobremortalidad por hambre y enfermedades de unas 340.000 personas. Se aproxima el total a unas 700.000 muertes, sin contar la caída de la natalidad, dato demográfico nada desdeñable.

Hubo otras cifras igualmente calamitosas: 350.000 presos hacinados en cárceles y en más de 150 edificios ocupados como centros de reclusión, más 300.000 exiliados definitivos en una diáspora que fue desde América a la Unión Soviética, con una mayoría que permaneció en Francia donde, al ser ocupada por Hitler, deportaron a los militantes de izquierdas, más de 15.000, a campos de concentración nazis, con unos 7.500 muertos por explotación.

Quizás la crueldad y violencia en número de muertes puedan compararse con otras guerras civiles, pero el calado social de la inédita represión posterior y del exilio, más la larga dictadura de los vencedores, adquirieron tal envergadura que sus repercusiones perduran en la convivencia española al cabo casi de un siglo. Los vencedores aplicaron de modo retroactivo, con unos tribunales formados por militares y falangistas, la citada ley de responsabilidades políticas, también la de represión de la masonería, el comunismo y otras sociedades clandestinas (1940) y la de seguridad del Estado (1941) para delitos de traición a la patria, juzgados solo por militares. Se institucionalizó el terror iniciado con la sublevación militar, y del total citado de 140.000 víctimas, un tercio fueron juzgadas y ejecutadas entre 1939 y 1944, año en el que, ante el avance de los aliados en Europa, se multiplicaron las conmutaciones de penas de muerte por años de cárcel.

Además de aplicar las citadas leyes, se depuró a todos los empleados públicos y muy especialmente se purgó a los docentes por sospechosos de portar el virus del laicismo, la coeducación y la renovación pedagógica. Se decapitó, sin duda, la Edad de Plata de la cultura y de la ciencia española con el exilio de lo más granado de aquella intelectualidad y España se privó de dos futuros premios Nobel, el de Literatura, en 1956, de Juan Ramón Jiménez, exiliado en Puerto Rico, y el de Medicina, en 1959, de Severo Ochoa, un discípulo de Negrín afincado en Estados Unidos.

La dictadura: de la autarquía y el aislamiento
a su integración internacional (1939-1955)

Cronología

1939

Represión, exilio y cárcel de las izquierdas. Muere Antonio Machado en el exilio. Racionamiento: hambruna en las clases populares. La Sección Femenina de Falange: formar mujeres católicas y nacional-sindicalistas. Franco se adhiere al pacto Antikomintern de Alemania y Japón. Republicanos exiliados organizan la Agrupación de Guerrilleros Españoles.

1940 | Muere Azaña en el exilio. Ejecución de Companys, presidente de la Generalitat. Ley de Organización Sindical Española, sindicato vertical obligatorio juntando patronos y obreros.
1941 | Creación de Renfe, empresa estatal para reconstruir la red ferroviaria. Creación del INI. El PCE emite desde Moscú Radio España, La Pirenaica. Alemania invade la URSS, Franco envía la División Azul y 10.500 obreros en apoyo a Hitler.
1942 | Creación de las Cortes orgánicas. Desembarco aliado en el norte de África. Muere en la cárcel Miguel Hernández.
1943 | Desembarco aliado en Sicilia, destitución de Mussolini. Disolución de la División Azul. Federación de grupos guerrilleros antifranquistas en León-Galicia, existentes desde 1937.
1944 | Estados Unidos decreta el embargo de petróleo a España. Los Aliados entran en Paris. El PCE planea una “reconquista” invadiendo España por el valle de Arán: derrota.
1945 | Creación del monopolio Tabacalera. Capitulación de Alemania, España excluida de la creación de la ONU. Se dicta el Fuero de los Españoles, se suprime el saludo oficial con el brazo en alto .
1946 | Recrudecimiento de la hambruna. Huelga en Manresa. La ONU declara fascista el régimen de Franco, Francia cierra la frontera. Acuerdo con Argentina, gobernada por Perón.
1947 | Huelga en Vizcaya y Guipúzcoa. La guerrilla antifranquista actúa y tensiona. Doctrina Truman: Guerra Fría entre EE UU y URSS: el anticomunismo ampara la dictadura de Franco.
1948 | Fin del estado de guerra en España. Francia abre la frontera. Se crea el Estado de Israel.
1949 | Creación de la OTAN y formación de la República Federal Alemana. Bloqueo soviético de Berlín.
1950 | Estados Unidos nombra embajador en España y da préstamos. Se crea la Seat y Ensidesa. Guerra de Corea, enfrentamiento militar de la Guerra Fría.
1951 | Huelga de tranvías en Barcelona y huelgas obreras en País Vasco.
1952 | Se crea junta de censura para el cine; fin del racionamiento y exterminio de la guerrilla.
1953 | Tratados con Estados Unidos y con el Vaticano.
1954 | Reforma de ley de vagos y maleantes de la República para incluir la homosexualidad como delito.
1955 | Ingreso de España en la OCDE y en la ONU.

Autarquía fascista y hambruna

La dictadura arrancó como Estado totalitario, nacionalista y unipersonal. Además, tal y como Franco proclamó en 1939, “España es un país privilegiado que puede bastarse a sí mismo. No tenemos necesidad de importar nada”, y, por tanto, se implantó una política económica de autarquía cuartelera. Solo en 1942 se creó un Consejo de Estado, consultivo, y unas Cortes, llamadas orgánicas, exclusivamente asesoras para las leyes que dictara el Caudillo. El partido único en la práctica era la Falange con su millón de afiliados, se solapó con el Estado y ocupó las alcaldías, los gobiernos civiles y las diputaciones, o sea, todos los poderes locales y provinciales, y obligó a todos los jóvenes universitarios a ser afiliados del Sindicato Español Universitario (SEU) y realizar unas milicias universitarias que terminaban con el rango de alférez.

Por su parte, la Sección Femenina de la Falange, liderada por Pilar Primo de Rivera, exaltó el papel tradicional de la mujer sometida al varón, aunque comprometida con la glorificación de la patria. En esto coincidió con la Iglesia cuyo ideario conservador se impuso aboliéndose el divorcio y el matrimonio civil aprobados por la República. Se sometió la educación al dogma católico, censuró todos los medios escritos, radio, teatro y cine, con obsesión por reprimir el sexo, midiendo los centímetros de vestidos y trajes de baño de las mujeres, o impidiendo hacer una película, por ejemplo, de Fortunata y Jacinta de Pérez Galdós, por escabrosa. Por otra parte, el Opus Dei expurgó y reorientó la Junta de Ampliación de Estudios convirtiéndola en Consejo Superior de Investigaciones Científicas para desplegar los saberes derivados del tronco de la teología.

Entre tanto, el organismo para las “regiones devastadas” reconstruyó las infraestructuras, monumentos y viviendas en gran parte con batallones de miles y miles de presos políticos republicanos que, por cada tres días de trabajo, reducían un día de condena y obtenían un escuálido salario. Con este sistema, la dictadura descargó el hacinamiento de las cárceles, se tuvo mano de obra barata y se practicó la caridad de la redención cristiana arrancando de los presos “el veneno de las ideas de antipatria”. Así se reconstruyó una España que se quería autosuficiente y que hizo del Estado el interventor de todos los sectores productivos.

En concreto, en 1937, se creó el Servicio Nacional del Trigo para controlar la producción, comercialización y consumo de trigo, fijando un precio único, sin diferenciar la calidad, lo que provocó una menor producción y, por tanto, la necesidad de importar. El pan que los sublevados prometían al acabar la guerra no llegó; al contrario, empeoró el racionamiento desde mayo de 1939, esta vez para toda España, y la institución encargada del abastecimiento y distribución de los artículos de consumo no funcionó; se hizo norma el desabastecimiento, escasez y desigualdad de tal modo que el nivel de consumo de pan de 1935 no se recuperó en toda la década de 1940. El pan blanco prometido por la propaganda de Franco solo fue para ricos, los demás soñaban con, al menos, un pan negro de cereales sin refinar (cebada o centeno, con salvado). Era un desastre político, por más que la dictadura atribuyera las penurias a una guerra civil provocada por “judeomasones y marxistas” y a una “pertinaz sequía”, cuando esta, salvo la cosecha de 1945, fue la habitual del clima mediterráneo.

No sobra recordar que en la guerra civil española hubo más pérdidas humanas que las ocurridas en Francia o Italia durante la Segunda Guerra Mundial; se perdió el 4% de la población activa, retrocediéndose a la cifra de 1930, se destruyeron más de 250.000 viviendas, y, al sufrimiento por cientos de miles de muertes en el frente y por exterminio político, se sumaron el exilio y el hambre. En la vida cotidiana fue una década marcada por la hambruna, con una dieta de calorías por debajo de los mínimos, sobre todo entre las clases populares que sufrieron una debilidad física propicia para las enfermedades contagiosas: difteria, tuberculosis pulmonar, fiebres tifoideas, etc. Se estima que, de los 200.000 muertos en el momento álgido entre 1939 y 1942, fallecieron directamente por inanición el 10%, y el 90% restante por enfermedades relacionadas y agravadas por la malnutrición de una autarquía lastrada por una desorbitada corrupción.

En efecto, el abastecimiento estuvo hipotecado por el estraperlo o mercado negro. Hubo, según documentos de la propia dictadura, una casta estraperlista de grandes empresarios, terratenientes olivareros y trigueros y altos funcionarios de la Administración con una red de intermediarios por toda la geografía. Las clases sociales con recursos sobrados se pudieron pagar los productos del mercado negro y mantener una dieta suficiente, mientras que el salario medio de 7 pesetas diarias de la mayoría de los trabajadores ni por asomo alcanzaba, por ejemplo, para pagar 200 pesetas por una docena de huevos. Hasta la estatura adulta disminuyó en la España rural y más pobre y solo en los años 50 se recuperó la talla promedio de 1936. El estraperlo, enorme fraude a Hacienda, entre 1939 y 1950, comercializó un 56,73% del trigo frente al 43,27% del mercado oficial. Además, la agricultura cumplió en esa década de 1940 la función de acumular recursos para financiar el crecimiento industrial, con un coste social de privaciones como la citada hambruna.

En cuanto a la industria se creó, en 1941, un Instituto Nacional de Industria (INI) que, siguiendo el modelo del fascismo italiano, creó 40 sociedades de capital público o mixto con capital privado, como la SEAT en el automóvil, o en fertilizantes, aluminio, refino de petróleo, energía eléctrica, sector naval, más la nacionalización de la red ferroviaria creando la Renfe. Eran los años de alianza con las potencias del Eje (Alemania e Italia), lo que limitó, sin duda, la colaboración económica con las potencias aliadas. Entre 1939 y 1944, Alemania absorbió más de una cuarta parte de la exportación española, sobre todo volframio para su industria militar, y un 16% de las importaciones.

Aislamiento, giro nacionalcatólico y exterminio de la guerrilla

Ya durante la Segunda Guerra Mundial, por las presiones de Estados Unidos y Gran Bretaña, Franco retiró, en 1943, la División Azul que había enviado en apoyo a Hitler, una aventura fascista que solo dejó muertos y prisioneros. Tras la rendición de Alemania, Franco suprimió, en 1945, la ley y el tribunal de responsabilidades políticas implantado en 1939, ya citado, y promulgó el Fuero de los Españoles, un simulacro de Constitución que se podía suspender siempre que fuese necesario. No bastó, no convenció y la recién creada ONU acordó, en 1946, romper relaciones con un gobierno que “no representa al pueblo español” y que, por su “origen, naturaleza, estructura y conducta”, definió como un régimen de carácter fascista. Francia cerró la frontera, se agudizó el retroceso económico y se recrudeció la hambruna.

Aislada la dictadura, salvo para el Vaticano, Portugal, Argentina y Suiza, tuvo que reajustar su funcionamiento. Aunque insistió en achacar las carencias a la ya citada conspiración “judeomasónica marxista” y la “pertinaz sequía”, la dictadura realizó dos operaciones significativas para mejorar su imagen y romper el aislamiento internacional. Primero, en 1947, sometió a referéndum la ley de sucesión en la Jefatura del Estado que definió como “católico, social y representativo […] constituido en Reino”, lo que solo era un barniz y unos calificativos que disfrazaban el poder omnímodo de un Caudillo de España y de la Cruzada con carácter vitalicio, autodesignado regente de una Monarquía sin rey, que decidía educar al nieto de Alfonso XIII, Juan Carlos, como posible heredero. Esa ley se votó en las Cortes y luego en referéndum, obviamente favorable, sin libertades de ningún tipo, aunque se mantuvo el voto de las mujeres.

En segundo lugar, el dictador se desprendió de los más recalcitrantes falangistas y dio mayor peso a la ACNP, citada en el capítulo anterior. Ya ocupaba el ministerio de Educación y le encomendó también, desde 1945, el de Asuntos Exteriores con la misión de romper el aislamiento, ya que, en países como Italia, Bélgica o luego en la Alemania Federal la democracia cristiana podría servir de puente internacional.

Entre tanto, el exilio republicano también tuvo que gestionar su frustración tras la victoria de los aliados. Se mantuvieron vivas en el exilio las instituciones republicanas (las Cortes y el gobierno), reconocidas por México, Yugoslavia y países de la órbita soviética (Hungría, Checoslovaquia, Rumania y Polonia), pero no por la URSS. Hasta 1945 pensaron que los aliados, tras rescatar Francia, bajarían por los Pirineos a rescatar España. De hecho, al organizarse la ONU estuvieron invitados los exiliados Negrín y el lehendakari Aguirre, entre otros, con sus desavenencias. Pero los Aliados no pasaron los Pirineos y, en agosto de 1945, se reorganizó el gobierno republicano en el exilio que prosiguió con disputas permanentes, ahora no sobre cómo invadir y echar a Franco, sino sobre el posible pacto con los monárquicos.

Porque la idea de derrotar militarmente a Franco se sostuvo desde muy temprano. Ya desde 1937, había surgido una actividad guerrillera de aquellos militantes de izquierdas que, ante el avance de los sublevados, se echaban al monte para sobrevivir. Se les llamó maquis, y, desde 1938, actuaron tanto en las zonas montañosas de Andalucía y Extremadura como en las de León, Asturias y Galicia. Al terminar la guerra se organizaron como asociaciones guerrilleras, ampliándose a las serranías de La Mancha, Aragón y Levante, sumándose otros grupos urbanos en Madrid, Barcelona, Valencia, Granada… Participaron anarquistas, socialistas y anarquistas que mantuvieron en jaque al régimen porque sus actos de sabotaje perturbaban la seguridad y control que predicaba la dictadura.

Por otra parte, en 1944, el PCE, con los guerrilleros que habían luchado en Francia contra la ocupación nazi, lanzó una operación “reconquista” pensando que, al pasar los Pirineos, provocarían un levantamiento popular que derrocaría la dictadura. Se plasmó en la invasión del Valle de Arán y fracasaron con más de 100 muertos. La derrota provocó el cambio en la dirección del PCE en el exilio y, desde 1948, renunció a la lucha guerrillera, quedándose los maquis sin apoyo exterior. Además, el contexto internacional no era el más favorable para esta actividad, mientras, enfrente, la dictadura creaba grupos antiguerrilleros especializados dentro de la Guardia Civil que no derrotaron a los maquis, sino que los acorralaron y exterminaron físicamente. Se estiman unas 8.000 muertes de personas relacionadas con la guerrilla, integrantes o colaboradoras, y un total de 256 guardias civiles. En 1952, se puede considerar dramáticamente finalizada, aunque persistiesen algunas partidas de limitado alcance.

Por lo demás y a pesar de la tenaz represión, afloraban hilos de continuidad que la dictadura no lograba exterminar. Por ejemplo, Antonio Buero Vallejo, condenado a pena de muerte por comunista, conmutada por cárcel, ganó, en 1948, el premio Lope de Vega con Historia de una escalera, convocado por el Ayuntamiento de Madrid y cuyo estreno fue un éxito tan rotundo como insólito. Ese año, María Lafitte publicó La secreta guerra de los sexos, libro de un compromiso feminista sorprendente; y más aún, en 1946, en Manresa, una plantilla casi toda de mujeres hizo huelga de brazos caídos, logró en parte sus demandas, y los plantes y protestas, aunque se silenciaron, se hicieron habituales en empresas catalanas, vascas y madrileñas, incluso en comarcas agrarias. O muy ilustrativo fue el testimonio de la pobreza de una gran mayoría de la población en la película Surcos de Juan A. Nieves Conde (1951), declarada paradójicamente de interés nacional por el recién creado ministerio de Información y Turismo.

Integración en la Guerra Fría y mejoría económica

De nuevo, el factor internacional determinó la política española. Los Estados Unidos lanzaron el Plan Marshall para reconstruir Europa (1947), pero el rechazo de Stalin más el bloqueo que este decretó sobre Berlín en 1948 manifestó abiertamente un antagonismo que inició lo que se conoce como Guerra Fría. Desde entonces, Francia reabrió los Pirineos (1948) y junto con el Reino Unido y Estados Unidos firmaron acuerdos comerciales y créditos financieros con la dictadura para que adquiriese alimentos. En 1949, los Estados Unidos crearon la OTAN y en la guerra de Corea, desde 1950, se produjo el primer enfrentamiento directo con el comunismo. En ese año, la ONU levantó el veto a la dictadura, pudieron volver los embajadores y dio entrada a España en la FAO (1950), la OMS y la UNESCO (1952).

Los acuerdos de 1953 con Estados Unidos dieron el espaldarazo internacional a Franco, además del pago de más de 1.500 millones de dólares por el arriendo de las bases militares, más envíos de leche y queso para reforzar la nutrición de la infancia. Las esperanzas suscitadas en la mayoría de la población se captaron de modo punzante en la tragicomedia Bienvenido, Míster Marshall (1953). De hecho, en 1952 se había terminado el racionamiento de alimentos y materias primas y, desde 1951, el PIB comenzó a crecer al 4% anual, gracias a la industrialización con recuperación del mercado libre y las facilidades para el éxodo rural de modo que en cinco años la renta por habitante casi se multiplicó por cuatro, recuperándose el nivel económico de 1935.

Además, para simular ante las potencias occidentales que la dictadura contaba con la voluntad popular, se había celebrado el citado referéndum de 1947 y en 1948 se anuló el bando de guerra que, decretado por los sublevados, había estado vigente desde julio de 1936. Se propagó, en contrapartida, la superioridad de la democracia orgánica que, sin esos partidos políticos “destructores de la convivencia”, permitiría participar no por clases sociales ni ideas antipatrióticas, sino mediante los tres órganos naturales de toda sociedad: la familia, el municipio y el sindicato. Sin embargo, los españoles comenzaban a mostrar horizontes de vitalidad bien distintos; por ejemplo, la huelga de tranvías de 1951 en Barcelona, ni programada por la oposición ni concebible para la dictadura, o el muy silencioso crecimiento de la matrícula para estudiar bachillerato, sobre todo de mujeres, un dato muy significativo de la pujanza de la sociedad.

Además, hubo debates históricos sobre el “enigma” y el “ser” de la esencia de España liderados por dos intelectuales en el exilio, Sánchez Albornoz y Américo Castro, mientras que, en el interior, falangistas y nacionalcatólicos (Laín Entralgo y Calvo Serer, respectivamente) trataban de descifrar el “problema” de España. Muy reveladora fue la intervención, en 1952, del historiador Vicens Vives rescatando las propuestas de lo que llamó “los periféricos [del 98], sobre todo los catalanes, [que] predicaron una solución optimista, construccionista, económica, burguesa e historicista” para resolver unas polémicas que expresaban rendijas de anhelo por superar el fanatismo opresivo de la dictadura. Y así se abrió otra rendija cuando, en 1953, renació la Asociación Española de Mujeres Universitarias —creada en la década de 1920—, de manos liberales como las de Jimena Menéndez Pidal o Isabel García Lorca.

En conclusión, la ONU, a fines de 1955, admitió a España junto con Albania, Bulgaria, Hungría, Marruecos o Portugal, entre otros. Entraba con Marruecos, país recién independiente, al que Franco había tenido que entregar, meses antes, el territorio de un protectorado que él consideraba español. No sin mixtificar las fronteras de ese protectorado y provocando la guerra de Ifni por tal de conservar ciertos territorios, Sahara incluido. Una guerra impopular (1957-1958), y sin aliados internacionales en la que Marruecos reincorporó parte del territorio, salvo el Sahara, que se mantuvo como español hasta la misma agonía del dictador (1975).

La dictadura: entre el ‘milagro económico’
y el desbaratamiento POLÍTICO (1956-1975)

Cronología

1956

Revuelta universitaria en Madrid con manifiesto de los “hijos de los vencedores y de los vencidos”, cese del ministro de Educación. El PCE lanza manifiesto por la reconciliación nacional. Fin del Protectorado del Rif que se integra en un Marruecos reconocido país independiente. Premio Nobel de Literatura para el exiliado Juan Ramón Jiménez. España reingresa en la OIT. Se crea el Instituto Nacional de Emigración. Comienza a emitir la TVE: se extenderá con rapidez.

1957 | Nace en Roma la Comunidad Económica Europea (CEE). Gobierno con tecnócratas en carteras económicas: devaluación de la peseta. Se lanza el Seat 600, coche popular. Guerra de Ifni con Marruecos, Franco retiene el Sahara como provincia española.
1958 | Ley de convenios colectivos. Surgen comisiones obreras de católicos y comunistas en fábricas. Huelgas en Cataluña.
1959 | Plan de estabilización económica con directrices del FMI y OCDE. Acuerdo de emigración con Alemania. La colonia de Guinea Ecuatorial es organizada como dos provincias españolas.
1960 | Marruecos reclama Ceuta y Melilla en la ONU.
1962 | Huelga minera en Asturias: ola solidaria, se afianzan las comisiones obreras. La dictadura pide el ingreso en la CEE, rechazado por no ser democracia. Reunión en Munich de fuerzas antifranquistas.
1963 | Fusilamiento de Grimau: ola internacional por el indulto. Fin de jurisdicción militar para delitos políticos, se crea el Tribunal de Orden Público (TOP). Primer plan de desarrollo y ley de bases de la Seguridad Social.
1964 | Plan Nacional de Abastecimiento y Saneamiento (1964-1967) de agua potable generada por el crecimiento urbano e industrial. Huelga minera en Asturias, intelectuales contra la represión. Las comisiones obreras se estructuran como alternativa sindical. España rechazada de nuevo por la CEE.
1965 | Movilizaciones universitarias, disolución del SEU. Congreso del PCE, Santiago Carrillo publica su informe Después de Franco, ¿qué?
1966 | Ley de prensa e imprenta, sin censura previa. Comisiones Obreras gana las elecciones sindicales, es fuerza alternativa estatal. Creación del SDEUB en universidad de Barcelona. Referéndum para ley de organización del Estado, con voto a los 21 años. Revolución cultural en China.
1967 | Ley de libertad de religión. Se declaran ilegales las comisiones obreras. Nuevo régimen de Seguridad Social. Gobierno de predominio de tecnócratas con Carrero Blanco.
1968 | El 39% de los hogares tiene lavadora; el 38% televisor, el 35% frigorífico, el 13% un coche y el 8% un tocadiscos. Movilizaciones universitarias y obreras. Cierre del diario Madrid. Asesinato por ETA de un policía. Invasión de Checoslovaquia por la URSS. Mayo de rebelión universitaria en Paris.
1969 | Revueltas estudiantiles: muerte de Enrique Ruano, estado de excepción. Huelgas obreras. Franco designa sucesor a Juan Carlos de Borbón. Independencia de Guinea Ecuatorial. España elegida para el Consejo de Seguridad de la ONU.
1970 | Huelgas en Asturias y en metro de Madrid, proceso de Burgos contra militantes de ETA.
1971 | Asamblea de obispos y curas rompe con la dictadura. La Asamblea Democrática de Cataluña, unitaria de toda la oposición, lanza la consigna: “Llibertat, Amnistia, Estatut d’Autonomia”.
1972 | Tarancón, presidente de la Conferencia Episcopal, distanciado de la dictadura. Congreso del PSOE en Suresnes: Felipe González, nuevo secretario general. Muerte de obreros del Ferrol por policía.
1973 | Congreso de UGT elige secretario a Nicolás Redondo. Guerra del Yom Kipur: encarecimiento del petróleo, crisis internacional. Asesinato de Carrero, presidente del Gobierno.
1974 | El 34% de las familias españolas tiene coche. El PCE, con otras fuerzas, monta la Junta Democrática. Caen dictaduras de Portugal y Grecia. Jordi Pujol organiza Convergència de Catalunya. Marruecos reclama el Sahara. Asesinatos de ETA.

1975

PSOE, con otros grupos, crea la Plataforma de Convergencia Democrática. Ejecución de integrantes de ETA y FRAP por asesinatos. El Tribunal de la Haya falla contra Marruecos, este invade el Sahara con civiles; España se retira, deja el territorio para Mauritania y Marruecos. La inflación sube por la crisis al 17,6%. Muere Franco, le sucede Juan Carlos como rey.

El régimen y la oposición: giros y reacomodos estratégicos

La sociedad estaba cambiando. Y los condicionantes internacionales, también. En 1956, hubo dos hechos decisivos para el futuro. El primero, la revuelta de universitarios en Madrid, hijos de familias privilegiadas implicadas en la dictadura, entre los que había militantes comunistas y socialistas. Se oponían al SEU y en un manifiesto lanzado el 1 de abril —día de memoria de la victoria de Franco— se definieron: “nosotros, los hijos de los vencedores y de los vencidos”. Y reclamaron como tales “un porvenir común, [para] reconciliarnos con España y con nosotros mismos”. Franco cesó al ministro de Educación, un nacionalcatólico partidario de escuchar al menos a los jóvenes.

El segundo hecho ocurrió también ese año, en otro día de memoria oficial, el 18 de julio, festivo para los vencedores y doloroso para los vencidos, cuando el PCE proclamó su apuesta “Por la reconciliación nacional”. Consideró madura “la posibilidad de un entendimiento para la lucha contra la dictadura entre fuerzas que veinte años antes habían combatido en campos opuestos”. Su estrategia, sumar a todas las fuerzas antifranquistas en la lucha por las libertades democráticas y, en consecuencia, exigía cancelar responsabilidades de la guerra civil y la posguerra e insistía en suprimir la dictadura sin pasar por una nueva guerra civil.

Una meta que costaría 20 años, pero, en el intervalo, la épica de la lucha armada y de la insurrección revolucionaria desapareció del discurso comunista, como ya habían hecho los socialistas de Largo Caballero, mientras la utopía de la revolución anarquista se disolvía en una clandestinidad caótica. Lo decisivo fue que las fuerzas de oposición al franquismo comenzaron una nueva andadura de alianzas, aunque con altibajos. En 1957, por ejemplo, el gobierno republicano en el exilio logró la unidad con grupos de oposición del interior como el del antiguo falangista Ridruejo o el líder de la antigua CEDA, Gil Robles. Lo decisivo, todas las fuerzas antifranquistas coincidieron desde entonces en reivindicar unas elecciones libres como método de transición.

Simultáneamente la dictadura giró en su política económica. 1957 fue un año de bancarrota por la asfixia derivada de las políticas autárquicas, con las reservas agotadas y un enorme déficit en la balanza de pagos cuyos efectos de inflación crearon un evidente malestar social. Hasta entonces la mitad de los ministros eran militares, incluyendo las carteras de Hacienda e Industria y el resto, falangistas y nacionalcatólicos, pero, desde 1957, adquirió un poder decisivo una nueva élite católica vinculada al Opus Dei y por cuya preparación profesional se catalogaron como tecnócratas. Ocuparon las carteras de Hacienda y Comercio y nada menos que la Secretaría de la presidencia del gobierno, que coordinaba todos los ministerios. Además, los nacionalcatólicos conservaron Educación y Asuntos Exteriores.

El Secretario de la presidencia, López Rodó, dirigió el proceso de liberalizar la economía para converger con la Europa capitalista. Un equipo de cualificados expertos aplicó las recomendaciones de la OCDE y del Banco Mundial, conocían la relevancia del Tratado de Roma firmado ese mismo año constituyendo la Comunidad Económica Europea para organizar un mercado común y por eso pedirían pronto su ingreso. También dominaban el modelo y el lenguaje de la planificación indicativa practicada en Francia. Además, normalizaron las relaciones entre Estado y ciudadanos. Sin pretender ser un Estado de derecho, se impuso el imperio de la ley (aunque fuese la ley de un dictador) sobre las posibles arbitrariedades de las autoridades ya que estas fueron sometidas al poder judicial.

A la vez, equipos de economistas y técnicos solventes elaboraron el Plan de Estabilización de 1959 con medidas como la apertura de las fronteras para la emigración de mano de obra excedente en el campo y la elaboración de planes de desarrollo económico y social, por encima del rechazo que formularon los patronos beneficiados por la autarquía. Sus resultados, solapados con el alarde conmemorativo de “25 años de paz”, se propagaron como el “milagro español”, igualándolo al “milagro alemán” de la reconstrucción de aquel país tras la Guerra Mundial.

Significativo fue, a este respecto, el Plan Nacional de Abastecimiento y Saneamiento (1964-1967), para satisfacer la necesidad de agua potable generada por el crecimiento urbano e industrial de esos años. No fue un hecho trivial, prácticamente toda la población, al fin, pudo tener agua corriente, esto es, agua potable que llegaba a las casas por canales y tuberías. Se terminaron siglos de supeditación al acarreo de agua, tarea doméstica generalmente cargada sobre las espaldas de mujeres y niños; se instalaron los cuartos de aseo en todos los hogares, aumentó la higiene con la ducha, y —dato trascendental— se pudo poseer progresivamente una lavadora, invento extraordinario para que pasasen a la historia las agotadoras jornadas de las mujeres lavando toda la ropa de la familia con el agua fría consumiendo sus manos destrozadas.

Crecimiento económico y metamorfosis sociales

En efecto, la España del éxodo campesino, del 600, de los electrodomésticos, de la televisión y del turismo supuso una etapa nueva en el proceso de modernización capitalista iniciado a principios del siglo XX. Ocurrió dentro de un corsé dictatorial que se resquebrajó precisamente por los efectos sociales no previstos de tal modernización. No hay recetas simples para explicar las transformaciones sociopolíticas y, por tanto, de ideas, pero de ningún modo se pueden obviar los factores económicos. Aunque es más complejo explicar los procesos económicos, basten algunos datos reveladores como la recuperación del PIB, que, en la década de 1950, como se ha expuesto, creció un 4% anual, y, entre 1960 y 1973, creció un 7% anual, inédito en la historia española hasta entonces.

Se partía de un atraso muy grave pues la renta per cápita existente antes de la guerra bajó drásticamente en la fase de autarquía y solo se recuperó desde 1955, pero con una distancia enorme respecto a la renta media de Francia, Gran Bretaña y Alemania, solo el 45% de aquellos países. España estaba catalogada como país subdesarrollado con un enorme paro agrícola; por eso fueron decisivos dos factores: la liberalización económica de 1959 y la coyuntura expansiva europea. Se recuperaron la libertad de comercio, sin comisarías de control, y la libertad de inversión de capitales extranjeros; España se adhirió a la OCDE, al FMI y al Banco Mundial; y además, los planes de desarrollo albergaron un nuevo proteccionismo a base de créditos, ayudas, subsidios, aranceles, siempre con el INI como subsidiario de la empresa privada.

Destacó la libertad de movimiento para la mano de obra que facilitó la migración más trascendente de la historia de una España que pasó de ser agraria durante siglos a convertirse en irreversiblemente urbana, con niveles de industrialización y servicios en constante crecimiento. Venía de antes, pero fue entre 1950 y 1973 cuando entre seis y ocho millones, prácticamente todos campesinos, salieron de niveles casi de pobreza ancestral para ser trabajadores urbanos con salarios estables y unas expectativas de mejora cuyos anhelos y desazones se plasmaron en la novela de Francisco Candel, Donde la ciudad cambia su nombre (1957), o vivieron una alteración de sus pautas culturales como muestra la película sobre emigración interna de Josep María Forn, La piel quemada (1967), o de la emigración exterior en Españolas en Paris (1971) de Roberto Bodegas.

Fue un profundo movimiento histórico, más de un millón y medio de españoles en edad laboral emigró a la Europa industrial más cercana y envió remesas que, al aumentar el nivel adquisitivo de sus familias, contribuyeron a la mejora del país. Las cifras fueron rotundas: la agricultura empleaba en 1950 al 49,5% de la población activa y en 1970 a la mitad, el 25%, y su aportación al PIB bajó del 30% en 1950 al 11% en 1970. En definitiva, el proletariado agrícola perdió el 70% de sus integrantes, desaparecieron los afanes y angustias por la tierra y obligó a una fulgurante mecanización del campo: en 1973, la tracción mecánica ya alcanzaba el 95%, desaparecieron los burros, mulos y bueyes, ya que solo resistían para fotografías turísticas.

Subieron los salarios de los que se quedaron, la conflictividad social fue menor y más contra el Estado que contra los patronos, porque se permanecieron, además de los latifundistas, los pequeños y medianos agricultores mecanizados, mirando al mercado y al Estado. La mecanización rompió el ciclo de agricultura tradicional (o de subdesarrollo) y triplicó de 1965 a 1975 la producción de carne, leche, frutas, huevos, con una mejor producción de cereales, leguminosas y hortalizas. El trasvase de personas activas del campo a la industria y a los servicios adquirió una magnitud y un ritmo inéditos, proceso que, en Francia, por ejemplo, había requerido el triple de tiempo.

Este vuelco en las estructuras sociales trasladó el peso político de los problemas del campo a otros nuevos, los propios de los sectores industriales y de servicios instalados en las ciudades donde se concentraron esos millones de emigrantes rurales que se integraron en las reivindicaciones y huelgas organizadas por las comisiones obreras y lograron subir los salarios el 40%, globalmente. También en las ciudades crecieron esas clases medias que, si en 1936 eran pequeños patronos de industria y comercio —propios del primer capitalismo—, en 1970 eran técnicos medios y cuadros superiores, profesionales y empleados de servicios privados y públicos. En suma, el sector secundario subió entre 1950 y 1970 del 24,5 al 37,5%, y el de servicios, del 26 al 37,5%. Recuérdense estos datos para comprender la conflictividad laboral de las décadas de 1960 en adelante.

En paralelo, llegaron de Europa, por quinquenio, más de 4.100 millones de dólares de remesas de los emigrantes, que financiaron el 50% del déficit comercial. Esto más los ingresos del turismo equilibraron la balanza de pagos y solucionaron el paro. Los turistas pasaron de seis millones en 1960 a 34 en 1973, tantos como ciudadanos españoles, y no solo impulsaron la economía, sino que agitaron las costumbres y hasta el tamaño de los bañadores… Los capitales extranjeros facilitaron la modernización y la renovación de la maquinaria y tecnología de las industrias y servicios. El 40% llegó de Estados Unidos y el resto de Europa (Suiza, Alemania y Reino Unido, sobre todo), de modo que pasaron a controlar la propiedad de una quinta parte de las 300 empresas más importantes y a compartir la propiedad con otra quinta parte. Así, en torno al 40% de esas grandes empresas ensamblaron intereses nacionales con internacionales. Por otra parte, el capital nacional se canalizó sobre todo a través de la banca privada que incorporó a los grandes propietarios agrarios, industriales y del comercio: los siete grandes bancos se convirtieron en el centro de poder económico y político, gestionaron más de dos tercios de los bienes derivados del ahorro privado, de los valores de la bolsa y de los créditos.

Grietas y represión: Europa en el horizonte

Al reincorporarse España a la Oficina Internacional de Trabajo (OIT) en 1956 (estuvo cancelada desde 1941), se promulgó, en 1958, la ley de convenios colectivos, hecho trascendente porque reintrodujo la negociación colectiva entre empresarios y trabajadores, eso sí, dentro del Sindicato vertical, aunque sin la obligación de ser falangista para ser elegido enlace sindical (se evitaba la palabra representante). Ahí estuvo el resquicio legal de la fórmula de “comisiones” que los militantes católicos venían usando durante la década de 1950 para escoger sus representantes dentro del sindicato oficial. Eran tanto varones como mujeres de la Juventud Obrera Católica (JOC) y la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), creadas desde 1946. Se les sumaron los militantes del PCE-PSUC, el partido mejor organizado en la clandestinidad, que supo atraer —como militantes o simpatizantes— a cuantos trabajadores se mostraban más activos contra los modos de explotación laboral. Además, la mayoría de estos trabajadores no había vivido la República ni percibía la presencia de los sindicatos históricos, UGT y CNT, inmovilizados en la clandestinidad por la represión.

Se fraguó un nuevo movimiento obrero que, en la primavera de 1962, saltó a la palestra en una oleada de huelgas por los espacios más decisivos de la producción nacional. Se desencadenó en las minas asturianas contra las sanciones aplicadas a unos picadores que habían protestado por los turnos y el destajo. Las huelgas solidarias en la zona minera e industrial, tan pacíficas como insospechadas, con un especial activismo de las mujeres exhibieron la sintonía de los militantes de las JOC y HOAC con los del PCE. Crearon un fondo común para sostener la huelga, y esa ola de solidaridad se extendió por toda la geografía, desde Vigo y El Ferrol hasta la Vega arrocera del Guadiana y la comarca de Jerez.

El gobierno decretó el estado de excepción en Asturias, Vizcaya y Guipúzcoa, mientras que un ministro tuvo que negociar con los mineros. Lograron mejoras salariales y anulación de despidos, pero les sobrevino la represión y esto generó la solidaridad de personalidades del mundo de la cultura, de muy dispares ideologías, desde exfalangistas hasta comunistas, incluyendo a Menéndez Pidal, director de la RAE. Quedaron abiertas dos grietas, la laboral y la cultural, justo cuando la dictadura llamaba a las puertas de la Comunidad Europea. El PCE hizo campaña internacional para que no se le aceptase hasta que no hubiera democracia. Además, las huelgas coincidieron con el Congreso del Movimiento Europeo celebrado en Múnich (1962) donde todas las fuerzas políticas opuestas a la dictadura —excepto el PCE— fueron invitadas para defender la implantación de una democracia en España. Los asistentes, de ideologías de centro, derecha y socialdemócratas, al regresar de Múnich fueron castigados con el arresto y confinamiento en ciertos territorios de España.

Más trágica fue la represión aplicada al líder comunista Julián Grimau, fusilado en consejo de guerra sin garantías en 1963, tras sufrir brutales torturas, por haber pertenecido a la policía republicana. Condenado a muerte, se desencadenó una enorme presión internacional para que se permutase por pena de prisión, participaron jefes de Estado y altas jerarquías católicas. Se empeoró la imagen de la dictadura y, con la idea de entrar la Comunidad Europea, se abolió la jurisdicción militar para los delitos políticos y se creó ese año el Tribunal de Orden Público, que funcionaría hasta 1976. Los delitos de terrorismo siguieron bajo la justicia militar.

La dictadura desbordada

A fines de 1961, al borde de los 70 años, Franco había tenido un grave accidente practicando la caza. Un percance que dejó al descubierto que el régimen carecía de un plan institucional de permanencia de la dictadura, lo que se agravó con la citada eclosión de huelgas de 1962 y la mala imagen internacional tras fusilar a Grimau. En todo caso, en 1964, se celebró con extraordinaria ostentación los “25 años de paz” y quedó claro que no existía fuerza suficiente ni para derrocar a Franco ni para reformar su régimen. Por eso, Santiago Carrillo, líder del clandestino PCE, la referencia política mejor organizada en la oposición, ponía al descubierto que solo cabía esperar la muerte del dictador para abordar una “transición pacífica de la dictadura a la democracia” al titular en 1965 su libro con un interrogante: Después de Franco, ¿qué? Planteaba un proceso de “reconciliación nacional” en el que se apoyaría a cualquier gobierno que aprobase una amnistía total y convocara unas elecciones libres con carácter constituyente.

Con tal estrategia, el PCE-PSUC, desplegó una intensa y amplia actividad en todos los sectores sociales, aceptó en sus filas o como aliados a cuantas personas compartieran la idea de alcanzar la democracia mediante ese plan pacífico de reconciliación con elecciones constituyentes. Esto y el activismo que desplegó dentro del movimiento de Comisiones Obreras (CC OO) consolidó su fuerza sociopolítica, sobre todo tras las elecciones sindicales de 1966 donde tales Comisiones se convirtieron en una alternativa determinante contra la dictadura. Además, desde 1965, el Movimiento Democrático de Mujeres (MDM), la primera organización feminista que, aunque clandestina, con la implicación de jóvenes universitarias como Cristina Almeida o Manuela Carmena, no solo introdujeron la perspectiva de lucha contra la subordinación de la mujer, sino que se aliaron con grupos femeninos católicos, como las citadas JOC y HOAC, y con las Asociaciones de Amas de Casa aceptadas por el propio régimen desde 1964, en un intento de apertura política, permitiendo a las cabezas de familia asociarse para tener representantes en los ayuntamientos.

Semejante resquicio legal facilitó a los comunistas y católicos antifranquistas crear comisiones de barrio en la nueva España urbana donde se concentraban masas de campesinos emigrados en periferias insalubres. El PCE-PSUC aportó los vínculos de unión entre este movimiento vecinal, tan decisivo, el asociacionismo de amas de casa vinculado al citado Movimiento Democrático de Mujeres y el movimiento laboral de CC OO. Lideró, por tanto, una red de tramas solidarias en una ofensiva política para exigir simultáneamente mejores convenios colectivos en el trabajo, equipamientos urbanos con escuelas y centros sanitarios en los nuevos barrios, luchar contra la especulación y cuidar el medio ambiente de tal modo que, a la muerte del dictador, era la fuerza política con una presencia de mayor raigambre social y cultural.

También estuvo presente en un intenso activismo del mundo cultural y de colegios profesionales como los de abogados, arquitectos, ingenieros y profesores y, de modo más explosivo, en las movilizaciones de estudiantes universitarios que también comenzaron en 1965 cuando se opusieron a la existencia del SEU y a la alternativa creada por el gobierno de unas Asociaciones profesiones de estudiantes. Crearon una alternativa que, iniciada en Barcelona como Sindicato Democrático de Estudiantes Universitarios de Barcelona (SDEUB) en 1966, se propagó a las más importantes de las 15 universidades entonces existentes, con no más de 170.000 jóvenes matriculados. Un número exiguo, de élite, pues apenas un 4% de los universitarios eran hijos de clases trabajadoras. No eran una masa social decisiva, pero el impacto de sus movilizaciones fue extraordinario, ya que eran los hijos de las clases privilegiadas. Esto desconcertaba a los gobernantes, les parecía inconcebible. Además, junto a la militancia comunista, surgieron en los campus universitarios varias escisiones de un marxismo revolucionario más radical, que consideraba derechizado al PCE de Carrillo y La Pasionaria.

La dictadura replicó no solo con la policía y el Tribunal de Orden Público (TOP), reprimiendo y encarcelando, sino que reforzó la propaganda anticomunista para deslegitimar cualquier atisbo de oposición. Pero las grietas abiertas en el edificio institucional se hacían boquetes inesperados que desbordaban la propaganda oficial. Porque la represión retroalimentaba nuevas movilizaciones callejeras con un radicalismo político que resquebrajó los esquemas y previsiones de las autoridades franquistas. Cerraron universidades, declararon el estado de excepción en varias ocasiones, la policía y la guardia civil se enfrentó a huelguistas y manifestantes provocando en ciertos momentos muertes de obreros o estudiantes, como ocurrió en la SEAT de Barcelona, en la construcción de Granada o en la universidad de Madrid. Además, actuó el TOP diariamente, aunque fue una represión de menor intensidad que la practicada por la justicia militar. De hecho, de los más de 9.000 personas juzgadas en sus 15 años de funcionamiento, condenó a 2.389, quienes sumaron casi 12.000 años de condena (una media de cinco años), de los cuales el 70% eran obreros y el 22% universitarios, en su mayoría del PCE.

Más aún, sectores decisivos de la Iglesia, implicados en la renovación auspiciada por el Concilio Vaticano II, también se distanciaron de la dictadura. Franco, obligado por el Concilio, tuvo que aceptar por ley en 1967 la libertad religiosa, permitiendo la entrada de otras religiones. Además, a las mujeres y hombres de fe católica que lucharon en las empresas con sus compañeros comunistas o de otras ideas, en las comisiones obreras, se sumaron los llamados curas obreros y numerosas monjas en tareas de asistencia social y educativa. En una asamblea inaudita de obispos y sacerdotes, celebrada en 1971, se reclamaron los derechos y libertades propios de una democracia y, a la vez, pidieron perdón por haber sido el brazo religioso de la dictadura.

Ahí estuvo el obispo Tarancón que, al año siguiente, fue elegido presidente de la Conferencia episcopal. Esto supuso un gran boquete para una dictadura oficialmente católica. Más aún, hubo curas tan comprometidos con alcanzar la democracia —la mitad del clero, según encuestas internas—, que el gobierno tuvo que crear en Zamora, desde 1968, una cárcel específica para los que eran condenados por sus críticas públicas y actividades políticas. Casi dos centenares, más de la mitad vascos implicados en una lucha nacionalista que, por lo demás, contaba con la existencia de ETA (Euskadi Ta Askatasuna, País Vasco y Libertad) practicando el asesinato como táctica política, actos que este clero justificaba como legítima respuesta a la violencia estructural.

Intentos de adaptación y derrumbe con crisis económica

Ante semejantes fracturas en los apoyos a la dictadura, sus gobiernos trataron de encauzar las nuevas realidades. Por ejemplo, respecto a la situación de la mujer, fue por iniciativa de mujeres juristas la reforma en 1958 del Código civil, sustituyendo la “casa del marido” por la “vivienda común del matrimonio”, y en 1961, la dictadura tuvo que permitir el acceso a una mayoría de trabajos, salvo altos puestos de la administración y de la justicia o entrar en el ejército. En 1962, se anuló el despido por casarse y, gracias a las movilizaciones del clandestino MDM, se dieron facilidades para la maternidad de las trabajadoras, con un tímido fomento de las guarderías. En 1972, se anuló la autoridad del padre sobre las solteras menores de 25 años, aunque la mayoría de edad estaba ya en 21 años, y se mantuvo la de los maridos para las casadas. En 1975, al ser organizado por la ONU el Año Internacional de la Mujer, la dictadura tuvo que celebrarlo, a cargo de la Sección Femenina, mientras varios colectivos de mujeres se organizaban y replicaban la propaganda oficial de la dictadura.

Distinto fue el impacto de la ley de prensa e imprenta de 1966 que, al quitar la censura previa, abrió las compuertas a la crítica y a la eclosión de editoriales publicando libros con idearios democráticos y también revolucionarios, siempre con la amenaza de multas o el cierre si lo publicado “atentaba contra los principios del Movimiento”. De igual modo, la Ley General de Educación del ministro Villar implantó, en 1970, la escolarización obligatoria hasta los 14 años y la coeducación, con postulados modernizadores que han persistido, aunque renovados, y que, sin duda, reafirmaron la igualdad de las mujeres en el acceso a todos los niveles educativos. De igual modo, amplió el sistema de becas, con el restrictivo criterio de la excelencia académica.

Sobre la seguridad social, la dictadura mantuvo bastantes medidas existentes desde la creación del Instituto Nacional de Previsión (1908), con sus limitados sistemas de seguros, incluyendo el de maternidad (1929) y los implantados por la República. El seguro obligatorio de enfermedad creado en 1942 apenas se aplicó y en 1963 se tuvo que replantear, pero muy incompleto ya que, a fines de la dictadura, apenas cubría a la mitad de los asalariados. Por otra parte, al seguro de desempleo, existente en la República, no se recuperó hasta 1961, con duros requisitos para cobrarlo solo seis meses. Igual de restrictivas y escasamente dotadas fueron las pensiones por vejez. En definitiva, el gasto social no fue una prioridad política y, además, el Estado estaba muy constreñido por un sistema fiscal basado en los impuestos indirectos.

Por lo demás, la dictadura trató de garantizar su permanencia con el referéndum sobre la ley orgánica del Estado de 1966, para el que se bajó la mayoría de edad y el derecho a votar de mujeres y hombres de los 23 a los 21 años. Se deslindó la Jefatura del Estado de la presidencia del gobierno y, al cabo de tres años, el dictador designó como heredero a título de rey a Juan Carlos de Borbón, nieto de Alfonso XIII. En estas fechas surgió un nuevo actor, ETA, escisión de jóvenes nacionalistas vascos que optaron por la violencia como estrategia política. Desde 1968, programaron asesinatos de policías y guardias civiles que crearon admiración entre los partidos marxistas surgidos a la izquierda del PCE: pensaron que representaba una opción revolucionaria. Así, en 1970, el consejo de guerra celebrado en Burgos contra 16 etarras, de los cuales seis cargaban con condenas a muerte por haber matado a tres personas, fue el detonante para amplias movilizaciones estudiantiles y obreras y campañas internacionales pidiendo el indulto. ETA captó la simpatía de los antifranquistas sobre todo cuando en 1973 mató al presidente del Gobierno, Carrero Blanco, acción solo criticada entre las izquierdas por el PCE.

1973 se convirtió así en año crucial no solo por la masiva huelga de maestros con cese del ministro Villar Palasí o la declaración de los obispos pidiendo la separación entre Iglesia y Estado, más el citado asesinato del presidente del Gobierno, sino porque el PIB bajó drásticamente del 7 al 1% de crecimiento por la crisis internacional. Tras la guerra del Yom Kipur, se triplicaron los precios del petróleo y se zanjó la larga fase de crecimiento capitalista desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Repercutió muy directamente en España. Tuvieron que regresar cientos de miles de españoles que trabajaban en Europa y quedaron al descubierto la falta de rentabilidad y la frágil sostenibilidad de sectores y empresas privadas y públicas favorecidos por la dictadura. Comenzó una etapa de estancamiento e inflación, una estanflación que asfixió a los gobiernos del último franquismo y del primer año de reinado de Juan Carlos ya que entre 1973 y 1976 la inflación interanual fue del 20%, el paro creció del 4 al 12% y el déficit del Estado subió al 12%, como el de la balanza exterior por cuenta corriente, en gran parte por la bajada del turismo.

Fruto de la crisis económica, en 1975, se multiplicaron los conflictos laborales, dos tercios en las zonas industriales, desde Barcelona, Madrid, Vizcaya y Asturias hasta Vigo y Málaga. También las hubo en sectores como la enseñanza, la sanidad (huelga de hospitales en mayo de 1975), transportes y hasta el teatro, televisión y radio. El TOP multiplicó sus detenciones mientras los 18 asesinatos de ETA (11 fueron de agentes del orden público) multiplicaron la alarma política porque se le sumó un nuevo actor violento con seis asesinatos, el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), de ideas marxistas-leninistas, partidario de la violencia revolucionaria. Sin embargo, más decisivo que la violencia de estos grupos terroristas, fue el triunfo de CC OO en las elecciones sindicales de junio de 1975.

Esto dio un protagonismo insoslayable al PCE en la desestabilización de la dictadura. Esta tuvo que declarar el estado de excepción en Guipúzcoa y Vizcaya y dictó una ley antiterrorista que devolvió a la jurisdicción militar los delitos de violencia política, por la que ejecutó, en septiembre de 1975, a tres militantes del FRAP y dos de ETA por sus asesinatos terroristas. El rey de Marruecos usó la coyuntura para lanzar la Marcha Verde sobre el Sahara e impedir que se celebrase el referéndum de autodeterminación previsto cumpliendo las directrices de la ONU. El Jefe del Estado en funciones, Juan Carlos, firmó con Marruecos y Mauritania el día 14 de noviembre el abandono del Sahara para ser repartido entre ambos países. El día 20 murió Franco. Y la vida siguió.

A los cinco días, el nuevo jefe del Estado, al investirse rey, concedió un indulto por el que salieron de la cárcel más de 700 presos políticos (incluyendo los líderes de CC OO, Camacho y Sartorius) y, sobre todo, el 5 de diciembre, se anularon las sanciones impuestas por la ley de responsabilidades políticas de 1939, lo que permitió el reingreso o recuperación de sus derechos a miles de empleados públicos depurados. También en diciembre se celebraron clandestinamente las Primeras Jornadas por la Liberación de la Mujer que aprobaron las reivindicaciones de equiparación laboral y salarial, legalización del divorcio y de los anticonceptivos y la despenalización del adulterio femenino; convocaron para enero de 1976 la primera manifestación feminista, que fue reprimida por la policía al no ser autorizada.

Balance

Este período es el más traumático de la historia de España. Abarca la tragedia de la guerra civil desencadenada por la sublevación militar de 1936 y una posterior dictadura de los vencedores que supuso la derrota, muerte, cárcel y exilio para quienes no apoyaron a los insurrectos. El terror político practicado durante la guerra, el exilio de los vencidos y la dilatada dictadura dejó un trauma social que hizo de España un país diferente en comparación con las democracias coetáneas. Se analiza, en general, para todas las etapas, los conflictos internos, fruto de las desigualdades sociales y el peso de las potencias internacionales en cada momento, así como los marcos de evolución económica. Porque la economía marcó el rumbo de la sociedad cuando las políticas autárquicas desembocaron en un callejón sin salida en 1957, y desde entonces se tuvo que girar hacia la integración en el capitalismo internacional con créditos e inversiones y con la apertura de fronteras a la emigración y al turismo. Comenzó una fase de crecimiento económico que conllevó cambios sociales no previstos que agrietaron las instituciones dictatoriales, permitiendo el protagonismo creciente de las fuerzas de oposición. Se subraya la novedad de la reconciliación nacional promovida desde 1956 por el PCE cuya conjunción con los trabajadores católicos originó las Comisiones Obreras, tan determinantes en el mundo laboral. También se examinan los cambios experimentados por las mujeres y se enfatiza el inédito movimiento migratorio que transformó a millones de campesinos en trabajadores urbanos de la industria y servicios, con el consiguiente traslado del peso social y político a las ciudades, donde se apuntaló un antifranquismo ascendente cuyas movilizaciones políticas zarandearon el régimen de tal modo que, al morir el dictador, comenzó una etapa en la que resultó insoslayable negociar con las fuerzas de la oposición.

Capítulo 9

Despliegue de la democracia
y transformaciones sociales
y económicas (1976-2025)

Conviene recordar que en la historia nadie tiene el guion completo del futuro, aunque todos sus protagonistas, sean de uno u otro espacio social, cultural o ideológico, tengan planes y preferencias más o menos precisos. Este precepto vale para todas las épocas históricas y se hace imprescindible en un capítulo que trata hechos vividos por quienes lean estas páginas. No sobra, en todo caso, enfatizar que, en este medio siglo de historia, en la sociedad española han ocurrido y están en desarrollo mudanzas que no se han cerrado todavía. Podrían resumirse en cuatro esos profundos cambios, catalogables quizás como revoluciones.

El primero, el relevante acceso de las mujeres a la educación y al trabajo; el segundo, la llegada de millones de inmigrantes; el tercero, la alteración más inesperada, la gran revolución científico-tecnológica de la humanidad, también llamada Cuarta Revolución Industrial que, desde inicios de este siglo, ha inundado la sociedad española de internet, dispositivos móviles, inteligencia artificial, ingeniería genética, etc. Y, por último, ser parte de una Europa democrática, un afán conquistado desde 1985 y que ha sido tan determinante que, en las últimas décadas, el 70% de la legislación española, por ejemplo, es fruto de las directivas de la Unión Europea, sin olvidar el extraordinario impulso debido a la entrada de fondos de ayuda europea.

En concreto, desde la década de 1970 hasta la mitad de la década de 1990, la democracia se construyó en una España desagrarizada que, en un tiempo muy corto, superó el trabajo industrial para entregarse a un creciente sector de servicios, con un peso determinante del Estado. Se modificaron radicalmente las expectativas que tradicionalmente habían tenido las clases populares y medias. Por ejemplo, la reforma agraria, que tanta conflictividad social y política había concitado durante un largo siglo, se disolvió. En contrapartida, las masas de campesinos emigrados a los barrios insalubres de la España urbana surtieron de energías un movimiento vecinal y un asociacionismo de amas de casa que ampliaron las luchas contra la dictadura, practicaron espacios de democracia y, sobre todo, sus hijos pudieron acceder a la educación en todos los niveles, con especial protagonismo de las jóvenes mujeres.

Fue el contexto del surgimiento del feminismo, la objeción de conciencia, las reivindicaciones ecologistas y las exigencias de libertad y dignidad de lesbianas y gais. Era una nueva demografía que desechó las utopías revolucionarias, renunció a la dictadura de uno u otro ideario (salvo la minoría terrorista de ETA), apoyó masivamente los pactos para implantar la democracia e incluso se secularizó tanto que se desactivó el conflicto religioso, aunque grupos ultraconservadores y eclesiásticos se opusiesen a las leyes del divorcio, de la interrupción del embarazo o al uso de los preservativos. Se esfumó aquel anticlericalismo tan apasionado y violento del siglo XIX y parte del XX.

Se estabilizó la sociedad postindustrial y democrática fraguada en las décadas anteriores y los datos de 1995 ya expresaron rotundamente una nueva estructura de clases. En ese año, el sector secundario (industria y construcción) ocupaba al 23%, el primario solo el 8%, y el sector terciario era el predominante con un 70% de las personas ocupadas y la muy considerable novedad de la incorporación de las mujeres al trabajo fuera del hogar. España se había transmutado en una sociedad con otras desigualdades y distintos conflictos y con otro nuevo proceso en marcha: de país de emigración, pasó a país receptor de inmigración. Si en 1995 había un 2,6% de población inmigrante, poco más de medio millón de personas, en 2008 eran más de 5 millones, el 11,5%, una demografía inédita que ha crecido de tal modo que en 2025 son 10 millones sumando los siete millones de inmigrantes oficiales más los cerca de tres millones de inmigrantes nacionalizados, en torno al 18% del total.

Radicalmente nuevo fue también el citado acceso de las mujeres al trabajo de modo que, entre 1995 y 2008, entre mujeres e inmigrantes, casi se duplicó la población ocupada, de 13 a 20,5 millones, el mayor crecimiento de la historia. Y esta estructura se mantiene, a pesar de la crisis financiera de 2008 y la de la covid en 2020, ya que en 2025 casi la mitad de los 21,7 millones de personas ocupadas son mujeres, exactamente 10,5 millones, el 46,6%, ocupando cada vez más empleos de cualificación universitaria que los varones. Es lógico, por tanto, que el ideario feminista se encuentre en la primera línea de la agenda política en las últimas décadas.

Por lo demás, el sector servicios sigue siendo preeminente en 2025, con un 75% de la población ocupada, mientras la industria ocupa al 14%, la construcción al 6% y la agricultura, ganadería y pesca baja a un 4%. Tan determinantes novedades han modificado los intereses y exigencias sociales, siempre como parte del marco sociopolítico de la Unión Europea y de un capitalismo global con la presencia inapelable de las nuevas tecnologías de la sociedad del conocimiento. Se desglosarán en tres momentos: el primero, más breve y fundamental, la construcción de la democracia (1976-1982); el segundo, la consolidación democrática con la entrada en la Comunidad Europea y el afianzamiento del Estado de bienestar, liderado por los socialistas hasta 1996, cuando ya cabe hablar de un tercer período que, gobernado tanto por el Partido Popular (PP) como por el PSOE, se examinará tanto en sus momentos de prosperidad como en las crisis económicas y políticas experimentadas hasta el presente.

La construcción de la democracia (1976-1982)

Cronología

1976 | Se crea la Platajunta, unión de fuerzas de oposición. Ola de huelgas intensa, el rey designa jefe del gobierno a Adolfo Suárez que amplía la amnistía política y su ley de reforma política es aprobada en referéndum. El Frente Polisario declara la independencia del Sahara.

1977

Se suprime el TOP, nace la Audiencia Nacional. Ultraderechistas asesinan abogados laboralistas en Madrid. Legalización del PCE y sindicatos CC OO y UGT. Elecciones libres, gana la UCD y las Cortes deciden redactar una Constitución. Se autodisuelve el gobierno de la República en el exilio. Primera manifestación gay en Barcelona. Se restablece la Generalitat en Cataluña con Tarradellas al frente. Ley de amnistía incluye delitos con violencia. ETA sigue asesinando.

1978

Carmen Conde, primera mujer en la RAE. El PCE se desprende del leninismo. Se organizan las preautonomías en Euskadi, Valencia, Aragón, Galicia, Andalucía, Baleares, Extremadura y Castilla y León. Se aprueba la Constitución por referéndum. Reformas de Deng Xiaoping en China. ETA asesina a 66 personas.

1979 | Concordato con la Santa Sede. Elecciones generales, gana la UCD y en las primeras municipales: las izquierdas gobiernan las principales ciudades. EL PSOE se desprende del marxismo. Se aprueban los estatutos de Cataluña y Euskadi. ETA asesina a 80 personas.

1980

Referéndum por la autonomía de Andalucía, con 87% síes. Primeras elecciones autonómicas: en Euskadi gana el PNV; en Cataluña gana CiU. Asesinato de 17 pescadores por el Frente Polisario en costas del Sahara. El Batallón Vasco Español, ultraderecha, asesina a 12 supuestos militantes de ETA. Referéndum de autonomía en Galicia: abstención del 72%. Son 98 los asesinatos de ETA.

1981

Suárez dimite, intento golpista de militares que ocupan las Cortes. Calvo Sotelo, nuevo presidente del Gobierno. Primeras elecciones autonómicas en Galicia, gana la derecha. El síndrome por consumir aceite de colza mata a 234 personas e intoxica a casi 20.000. Ley del divorcio. Regresa el cuadro Guernica de Picasso. ETA mata a 32 personas.

1982 | España entra en la OTAN. Se aprueban Estatutos de autonomía de Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Aragón, Canarias, Navarra, La Rioja, Murcia y Comunidad Valenciana. ETA mata a 41 personas.

La ruptura pactada: conflictos,
violencias y primeras elecciones libres

Tal y como se ha visto en el anterior capítulo, las movilizaciones de las clases trabajadoras contra la dictadura y para construir la democracia ocurrieron en las ciudades, donde se concentraron los antiguos campesinos que engrosaron los dos sectores, industrial y de servicios, locomotoras de la economía y de la sociedad en su conjunto. Ahí se amasaron las exigencias de un sistema democrático con derechos sociales, sin propuestas utópicas ni revolucionarias y con una cultura de pacto social practicada tanto por las derechas que renegaron de la dictadura como por las izquierdas que arrinconaron la lucha de clases como motor de la historia. En gran medida, fueron demandas plasmadas tanto en la ya citada Junta Democrática de España impulsada por el PCE, como en la Plataforma de Convergencia Democrática organizada por la nueva dirección del PSOE, así como en la Asamblea de Cataluña con su lema de Llibertat, Amnistia i Estatut d’Autonomia.

Tras el citado indulto del rey Juan Carlos, tales organizaciones lanzaron en 1976 fuertes campañas proamnistía en las que implicaron a numerosas entidades, incluyendo la Conferencia episcopal, presidida por el cardenal Tarancón. Fue un año de crisis económica galopante y un crecimiento asfixiante del paro con el mayor número de huelgas de la historia, más de 17.000, según datos oficiales, y un hecho dramático, la matanza de cinco obreros por la policía en Vitoria, lo que zarandeó las tímidas previsiones reformistas del primer gobierno del reinado. En ese momento, la Junta Democrática liderada por el PCE y la Plataforma, con el PSOE, se unieron y sumaron a los grupos nacionalistas organizados en Asambleas o Coordinadoras, tanto la ya citada de Cataluña como las constituidas en otras regiones. En el País Vasco, en 1976, se formó la Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS), de defensores del independentismo vasco y, en general, partidarios de la violencia de ETA, aunque con repetidas disputas internas sobre el carácter revolucionario del asesinato.

Fue todo un tsunami antifranquista el que forzó al rey a cambiar el gobierno; designó en julio como presidente a Adolfo Suárez, nada menos que el ministro-secretario general del Movimiento, la columna vertebral de la dictadura. Su primera medida, la amnistía de presos políticos, salvo los de actos violentos, no satisfizo a las fuerzas de oposición que pretendían arrancar la democracia con un gran perdón que clausurase la guerra civil y la dictadura. En todo caso, el gobierno de Suárez logró, a fines de 1976, aprobar en referéndum una ley de Reforma Política. De inmediato, el propio Suárez se reunió con representantes de tales fuerzas de oposición con el compromiso de convocar elecciones libres a Cortes.

Sin embargo, 1977 comenzó con graves perturbaciones. Grupos de ultraderecha mataron el 23 de enero al estudiante Arturo Ruiz, al día siguiente murió una estudiante en la protesta por el anterior asesinato, y, lo más grave, esa noche del 23 al 24 un comando fascista mató a cinco jóvenes abogados laboralistas de CC OO en su despacho de la calle Atocha en Madrid. Por su parte, un extraño Grupo de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO), teóricamente marxista, mantenía secuestrados en esos días a dos altas autoridades del franquismo y mataba a dos policías y un guardia civil la víspera del entierro de los abogados de Atocha.

La violencia armada parecía ahogar el plan de reforma del presidente Suárez, pero avanzaron las negociaciones entre el gobierno y representantes de la oposición, con Felipe González y Santiago Carrillo sobre todo, aunque el PCE era ilegal. En marzo, se amplió la amnistía que benefició a la práctica totalidad de presos políticos, incluidos los de ETA, aunque estos siguieron asesinando. Se regularon las elecciones a las Cortes previstas por la ley de Reforma política y, en abril, fueron legalizados el PCE y los sindicatos CC OO, UGT y Unión Sindical Obrera (USO). En mayo de 1977, hubo otro momento de tensión grave cuando en los actos proamnistía organizados en el País Vasco la represión ocasionó seis víctimas mortales, recién constituida la Unión de Centro Democrático (UCD) el partido de las derechas reformistas.

El 1 de junio de 1977, comenzó una campaña electoral de 15 días de auténtica fiesta política, con la alegría de lanzar al viento, sin tapujos ni mordazas, todas las ideas posibles. Más de 22.000 mítines regaron toda la geografía, participó casi el 80% del censo, a partir de los 21 años. Hubo libertad para elegir entre 82 partidos o coaliciones electorales. De forma anómala o inexplicable no se legalizó Acción Republicana Democrática Española (ARDE), fusión de dos grupos históricos de republicanos, no pudo concurrir —sería legalizada en agosto—, ni ERC ni una miríada de pequeños partidos marxistas revolucionarios a la izquierda del PCE que, no obstante, pudieron presentarse como coaliciones con resultados muy exiguos.

Existen importantes análisis de las campañas y de los resultados electorales. Solo cabe resaltar algunos aspectos. Ante todo, que el 90% de los votantes lo hicieron por primera vez. Y ganó la UCD con 165 diputados, a 11 de la mayoría absoluta, dato revelador de la existencia de una ciudadanía conservadora, pero partidaria de sacudirse la dictadura, porque no siguió el reclamo de la Alianza Popular (AP) de Fraga, que, alabando “la obra de los pasados 40 años” frente a “los grandes enemigos de España, el marxismo y el separatismo”, solo obtuvo 16 diputados, 13 de ellos ex ministros de la dictadura.

En contrapartida, actuó la memoria política del socialismo y el PSOE desbordó a un PCE tan decisivo y omnipresente en la oposición a la dictadura. Los socialistas, con casi un 30% de votos, fueron la sorpresa, 118 diputados, mientras que el PCE-PSUC se quedó en 20, de los cuales 8 eran del PSUC. Ni la represión ni la carencia de organización previa impidieron la memoria socialista. Además, porque hubo memoria, las izquierdas proclamaron el compromiso de evitar otra guerra civil, como también lo hizo la UCD, que centró su campaña en escuchar y atender al pueblo soberano. Hubo más grupos políticos, como los socialistas de Tierno Galván con seis diputados, más los nacionalistas del Pacte Democràtic per Catalunya con 11 escaños, entre ellos ERC, y el PNV con 8.

Pactos, amnistía y constitución

Los resultados electorales de junio habrían permitido a la UCD una holgada mayoría absoluta para gobernar con apoyo de AP y limitarse a unas pocas reformas, pero Adolfo Suárez optó por convertir las Cortes en constituyentes para atender el pluralismo expresado en las urnas. Fue un pacto trascendental, se eligió una comisión para elaborar una Constitución cuya redacción exigió un año largo de tensiones y equilibrios consensuados palabra por palabra. Además, en agosto, fueron legalizados ERC, ARDE y los partidos a la izquierda del PCE: nueve de adscripción marxista radical, más ocho nacionalistas como Unión do Pobo Galego (UPG), Partido Nacionalista Canario (PNC) o Euskadiko Ezkerra (EE), entre otros.

Se llegó así a los pactos de la Moncloa que, firmados por partidos, sindicatos y patronal, permitieron, desde octubre de 1977, un ajuste económico que cortó el alza inflacionista de precios y salarios, bajó el déficit público y la deuda y, en contrapartida, estableció, por fin, el Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). También se liberalizó el sistema financiero y se acordó un nuevo marco de relaciones laborales con el Estatuto de los Trabajadores de 1980. Tales ajustes, más la devaluación de la peseta, redujeron la tasa de inflación del 25 al 15% en un año, pero a la crisis económica se añadió la explosiva violencia con la ETA matando en 1977 a 11 personas, el GRAPO a 8 y grupos ultraderechistas a 7, lo que se recrudeció en 1978, en plena negociación de la Constitución, cuando ETA mató a 68 personas, con 4 por los grupos ultraderechistas. La conmoción social era constante y un caldo de cultivo para las conspiraciones reaccionarias.

A pesar de la crispación por las noticias diarias de violencia política, la UCD prosiguió pactando y se acordó la amnistía a los despedidos por motivos político-sindicales y la devolución del patrimonio sindical, el expropiado en 1939 a la CNT y UGT, más el acumulado por el Sindicato franquista que se repartió también con la patronal. De gran calado fueron la abolición del delito de adulterio, la legalización de los anticonceptivos, la reforma de los medios de comunicación estatales y, desde 1978, la organización del Instituto Nacional para la Salud (INSALUD), el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), el Instituto Nacional de Empleo (INEM) y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para gestionar las prestaciones por paro y las pensiones. Fueron cimientos fundamentales del Estado de bienestar que en los años 80 extenderían y consolidarían los gobiernos del PSOE.

También en octubre se abordó una ley de amnistía sin excluir delitos con sangre, por iniciativa del PCE-PSUC, planteada como la clausura de la guerra civil y de la dictadura y votada favorablemente por todos los grupos, salvo la abstención de AP de Fraga. Fue un pacto debatido con luz y taquígrafos. Marcelino Camacho, líder de CC OO, fue rotundo: “Queremos abrir la vía a la paz y a la libertad. Queremos cerrar una etapa; queremos abrir otra. Nosotros, precisamente, los comunistas, que tantas heridas tenemos, que tanto hemos sufrido, hemos enterrado nuestros muertos y nuestros rencores”. Además, como “viejo militante, encarcelado y despedido muchas veces”, se enorgulleció de votar una ley que también incluía una amnistía laboral: “la democracia no debe detenerse a las puertas de la fábrica”. Se beneficiaron los presos de ETA, GRAPO y otros grupos violentos, y, en contrapartida, los policías y autoridades de la dictadura con actos anteriores a 1977. Se pensaba sosegar el País Vasco, pero no ocurrió.

Eso sí, conllevó la rehabilitación política y la reparación económica de los republicanos y de los opositores a la dictadura. Los gobiernos de UCD y luego los del PSOE desarrollaron las normas que beneficiaron a 608.683 personas que, por republicanas (fusiladas, encarceladas, sobrevivientes o depuradas) o por haber sufrido cárcel en la dictadura, fueron rehabilitadas y restituidas como acto de justicia. Posteriormente, el PSOE amplió los derechos económicos y el reconocimiento como años trabajados a efectos de la Seguridad Social el tiempo de prisión, así como los derechos y servicios a quienes durante la guerra civil pertenecieron al Ejército y fuerzas de orden de la República.

Cierto es que no se adoptaron medidas eficientes para exhumar y dignificar a los fusilados y enterrados en fosas comunes ni se tocó el Valle de los Caídos ni los espacios de memoria de los vencedores. Sin embargo, las compensaciones económicas (pensiones, indemnizaciones, etc.) incluidas en los sucesivos presupuestos del Estado desde 1978 hasta 2024 para los cientos de miles de personas citadas que ya suman más de 25 mil millones de euros, una rehabilitación política y ética que adquirió la joven democracia española con la República y con quienes habían luchado contra la dictadura.

Por otra parte, de fines de 1977 a junio de 1978, se celebraron las primeras elecciones sindicales en libertad. CC OO obtuvieron el 38%, y la UGT, recién organizada tras la clandestinidad, alcanzó un 31%. Entre ambas, casi el 70%. No obstante, hubo un 30% de representantes no afiliados y varias minorías (USO y sindicatos vinculados al maoísmo), con un hecho significativo, que la CNT no se presentó e incluso se opuso al mecanismo de representación sindical propuesto por no ajustarse el modelo de bases de trabajo de la II República.

Al fin, en el otoño de 1978, en una oleada de sangrientos atentados de ETA, se cerró el texto constitucional con la novedad del consenso: hubo renuncias en todos los partidos para alcanzar acuerdos como el de incluir los derechos y libertades, así como las garantías jurídicas, económicas y sociales, como artículos fundamentales para que la constitución se cimentase en el principio de la soberanía del pueblo. Fue una aportación sustancial de las izquierdas que, de este modo, sin exhibirlo, vinculó el texto de 1978 con el de 1931 y con las constituciones europeas elaboradas tras la Segunda Guerra Mundial. Recogió lo que había sido el ideario de los demócrata-republicanos españoles desde el siglo XIX y se proyectó un Estado social de derecho que subordinó la propiedad privada y la empresa al conjunto de derechos económicos y sociales que, tal y como se expresó el artículo 9.2, obligaba a los poderes públicos a crear las condiciones y a superar las barreras para que la libertad y la igualdad fueran reales en los ámbitos político, económico, social y cultural.

Por otra parte, las izquierdas también impulsaron la nueva organización territorial de un Estado definido como autonómico, recogiendo la herencia del “Estado integral” de la Constitución de 1931. Lo que en 1931 eran regiones autónomas, en 1978 se denominaron comunidades autónomas, con capacidad para dictar normas con rango de ley. Fue un cambio radical en una historia constitucional que, salvo el intento de la República federal de 1873, siempre había concebido el Estado de modo centralista y uniforme. Cabría afirmar, por tanto, que el ideario de la República venció al cabo de los años, por más que se aceptara la monarquía o se pactase una aconfesionalidad aceptando que “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española” mediante “relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones” (art. 16.3).

Ayuntamientos democráticos
y un nuevo mapa político y cultural

A fines de 1978, se aprobó en referéndum la Constitución y el gobierno convocó nuevas elecciones generales y, al fin, las primeras elecciones municipales en democracia (las últimas fueron en 1931). En la primavera de 1979, se celebraron ambas elecciones con resultados contrapuestos: volvió a ganar la UCD en las generales, quedando de nuevo el PSOE como segunda fuerza y los comunistas como tercera, pero las izquierdas políticamente ganaron las municipales. Aunque la UCD triunfó en la mitad de las alcaldías y obtuvo 40 de las 50 diputaciones provinciales, el PSOE con el PCE-PSUC gobernaron las 50 capitales de provincia y los municipios más poblados, sumando más habitantes. Los grupos a la izquierda del PCE se diluyeron y sus cuadros se integraron en el PSOE o posteriormente, desde 1986, en Izquierda Unida (IU). Por otra parte, en el País Vasco apareció un nuevo actor político, Herri Batasuna (HB), formado por grupos integrantes de KAS y bases sociales con una cultura política que arropaba el terror practicado por ETA militar. Esta mató, en 1979, a 80 personas y, en las elecciones generales de este año, HB obtuvo tres diputados y un senador, en las municipales, 250 concejales, y 1 diputado foral en el parlamento navarro.

El voto municipal mostró los extensos apoyos ciudadanos que conquistaban las propuestas y programas catalogables como socialdemócratas. Al gobernar las poblaciones más importantes, con un peso demográfico decisivo política y económicamente, se surtieron de los líderes formados en luchas vecinales y movilizaciones sociales y, en definitiva, todos los ayuntamientos, de un signo u otro, acometieron la modernización y mejora de las estructuras de cada población, con dotaciones educativas, culturales, deportivas y de ocio.

Sin embargo, en esos años surgió el fenómeno del desencanto, palabra en boga para explicar que aquella democracia no era la deseada… De hecho, la transición desde sus mismos inicios fue cuestionada por sectores contrarios al consenso, idea que luego se prolongó en debates académicos y entre antiguas militancias revolucionarias que repitieron un dicho paradójico y frustrante: “contra Franco vivíamos mejor”. Se puso de moda la palabra pasota para definir a quienes presumían de pasar de la política. La realidad era distinta de las quejas. Con las libertades recién estrenadas se produjo una auténtica eclosión de creatividad cultural, incluyendo fórmulas contraculturales que no se deben minusvalorar porque, desde unos espacios y otros, la transgresión se hizo consigna. Se abrieron las compuertas a la riqueza cultural que marcaría la década de los 80. Es más, a partir de 1978 se legalizaron los anticonceptivos, la natalidad cayó en picado, como nunca en la historia, y las mujeres tomaron las riendas de su maternidad; también el disfrute de una sexualidad libre de ataduras ancestrales. Muy importante, la ley del divorcio de 1981, promulgada por la UCD, no supuso el apocalipsis predicado por sectores recalcitrantes.

Este contexto puede explicar, en parte, el fracaso de la intentona golpista del 23 de febrero de 1981, porque los asesinatos de ETA habían subido a 98 a lo largo de 1980 más los realizados por los citados FRAP y GRAPO, y por unas bandas paramilitares de extrema derecha, avaladas incluso por los servicios secretos del Estado. Además, el crecimiento económico se frenó en 1980 por la guerra entre Irán e Irak, productores de petróleo, se estancó la inflación en el 15% anual y subió el déficit público del 1,7 al 6% del PIB. En todo caso, estremece pensar que entre 1976 y 1982 la ETA asesinó a 469 personas que, además del dolor de las víctimas, azuzó las conspiraciones entre los militares y sectores ultras, aunque las bandas ultraderechistas asesinaron en esos mismos años 65 personas.

Con tal cúmulo de problemas, las tensiones en la coalición de grupos que formaban la UCD minaron el liderazgo de Adolfo Suárez, que dimitió y fue sustituido por Calvo Sotelo, mientras la oposición socialista prometía solucionar el paro, creando un millón de puestos de trabajo, y sacar a España de la OTAN, medida adoptada por el nuevo gobierno de UCD para integrar el Ejército español en un sistema de seguridad avalado por países democráticos. El ambiente, en cualquier caso, era el de un torbellino por cambiar España y desembarazarse del pasado. De ahí el éxito del PSOE cuando, en la convocatoria electoral de 1982, enarboló como consigna política el cambio.

La consolidación democrática
del Estado de bienestar (1982-1996)

Cronología
1982 | Triunfo electoral del PSOE. Juan Pablo I, primer papa que viaja a España. Carrillo dimite en el PCE.
1983 | Aprobados los Estatutos de autonomía de 13 comunidades autónomas nuevas, se celebran sus primeras elecciones. Decretos de reconversión industrial, ley del aborto, ley de reforma universitaria. ETA mata a 43 personas.
1984 | Nace el primer bebé probeta en España. Los GAL asesinan a un dirigente abertzale. Reforma militar reorganizando el Ejército. Regulación de la objeción de conciencia y de la prestación social sustitutoria. ETA asesina a 32 personas, entre ellas el senador socialista Casas.
1985 | España y Portugal entran juntas en la Comunidad Económica Europea. Se aprueba la LODE y la despenalización del aborto. Gorbachov, primer ministro de la URSS. Ley orgánica del poder judicial: sus integrantes elegidos por las Cortes. Atentados de ETA, 38 víctimas.

1986

Muere Tierno Galván, alcalde socialista de Madrid. Volkswagen compra la SEAT. Referéndum sobre la OTAN: gana seguir. Ley de Sanidad que universaliza el derecho a la salud. Nace IU sobre el eje del PCE. Elecciones generales, nueva mayoría absoluta del PSOE. Explosión en la central nuclear de Chernóbil, en Ucrania, entonces en la URSS. ETA mata a 41 personas, una es Yoyes, antigua militante. Nace la Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria, pacifista y plural.

1987 | Movilizaciones estudiantiles. Primera intifada en Palestina, hasta 1993. Matanza de ETA en Hipercor de Barcelona, 21 muertos, más otros 20 en más acciones.

1988

Pacto de Ajuria Enea por la paz, no firma HB. Anguita, elegido secretario del PCE. Acceso de las mujeres al ejército. Dos mujeres en el gobierno socialista, Rosa Conde y Matilde Fernández. María Zambrano, primera mujer con premio Cervantes. Huelga general secundada por todo el país. Se crea Al Qaeda.

1989 | Negociaciones en Argel con ETA, que rompe y sigue matando. Asesinato de un dirigente abertzale. Elecciones generales: mayoría absoluta del PSOE. Fraga, presidente autonómico de Galicia. Cae el muro de Berlín y los sistemas comunistas de Polonia, Checoslovaquia, Hungría y Rumania.

1990

Comienza la televisión privada a emitir. Escándalo Juan Guerra en el PSOE. Aznar, líder del PP. España participa en guerra del Golfo con fuerza internacional. Se aprueba la LOGSE. Campaña para prevenir enfermedades de transmisión sexual: “Póntelo, pónselo” escandaliza a sectores conservadores. Reunificación alemana. ETA mata a 25 personas.

1991 | Ataque de fuerza internacional a Irak que había ocupado Kuwait. Disolución de la URSS. Juicio y condena a artífices de los GAL. ETA mata a 46 personas.

1992

Pacto PSOE-PP de transferencia de competencias a gobiernos autónomos. Inauguración del AVE. Juegos Olímpicos en Barcelona y Exposición Universal en Sevilla. Se destapa trama Filesa de financiación del PSOE. Tratado de Maastricht para formar la Unión Europea. Guerra en Bosnia. En marzo, las policías francesa y española detienen la cúpula de ETA en Bidart. ETA sigue matando con nueva táctica de “socialización del sufrimiento”.

1993

Crisis económica, tres devaluaciones de la peseta. Elecciones generales, PSOE pierde mayoría absoluta y gobierna con pactos. Escándalo Roldán, enriquecido con fondos de la Guardia Civil. Acuerdos de Oslo, se reconocen mutuamente Israel y Palestina. ETA mata a 14 personas. Gesto por la Paz recibe el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia.

1994 | Huelga general contra la reforma laboral. Nelson Mandela, presidente de Sudáfrica.
1995 | Se destapan crímenes de los GAL. ETA asesina a Ordóñez, líder del PP vasco.
1996 | Asesinato de Tomás y Valiente, ex presidente del Tribunal constitucional, por ETA. Netanyahu gana elecciones en Israel y bloquea la paz. Elecciones generales: gana el PP.

Embridar la crisis y universalizar los derechos
con igualdad de las mujeres

El PSOE logró en las legislativas de octubre de 1982, en solitario, un poder nunca conseguido democráticamente, que, en mayo de 1983, amplió con mayorías absolutas en 10 de los 13 gobiernos autonómicos que se eligieron, más una mayoría de los gobiernos locales. Al frente del gobierno, Felipe González, y unos equipos de ministerios, de gobiernos autonómicos y de ayuntamientos que eran una generación de 30 a 40 años, crecida en las luchas contra la dictadura. Fue un terremoto para unas derechas tan aclimatadas al poder. El PSOE, previamente, en un congreso polémico, en 1979, había renunciado al marxismo, como antes el PCE, con el PSUC al leninismo, pero habría sido impensable años antes la apabullante cifra de 202 diputados socialistas y solo 4 comunistas, mientras que la UCD se hundía con 11 escaños y AP, la derecha, subía a 107.

Su primera medida provocó un terremoto en la patronal: se redujo a 40 horas semanales las 48 horas existentes, y benefició a cuatro millones y medio de trabajadores. En síntesis, de los retos puestos en marcha por los socialistas, se pueden concluir resultados en tres materias fundamentales: primero, la fijación y garantía de la educación, la sanidad y las pensiones como derechos universales, incluyendo la igualdad de la mujer como constante; en segundo lugar, pero simultánea, la reestructuración de los sectores primario y secundario para superar la crisis arrastrada desde 1973, con las consiguientes regulaciones laborales; y, en tercer lugar, con similar importancia, la vertebración del Estado autonómico. Por supuesto, no se debe pasar por alto la política antiterrorista, factor de zozobra constante, y las decisiones de política exterior, con el referéndum de la OTAN y la entrada en la Comunidad Europea, con trascendentales impactos en la vida española.

Hubo dos áreas donde los progresos fueron bien visibles: la sanidad y la educación. Se universalizaron ambos derechos a pesar de la crisis económica que obligó a cierta contención del gasto público hasta 1986, pero desde este año hasta 1996 el gasto social se incrementó extraordinariamente. Por primera vez en la historia todos los españoles se integraron en un sistema de sanidad pública gratuita y universal. En esa tarea fue decisiva la dirección del ministerio de Sanidad por Ernest Lluch, trágicamente asesinado por ETA, ya que la ley de Sanidad de 1986 estructuró uno de los mejores y más solidarios sistemas de salud.

De igual modo se desarrolló el derecho universal a la educación. Aunque persiste el debate con la enseñanza religiosa y los centros concertados, lo decisivo fue que, durante el ministerio de José María Maravall, se escolarizaron al fin todos los menores de 14 años, obligatorio desde la ley de 1970, pero que todavía no incluía a 300.000 adolescentes, y subió la obligatoriedad a los 16 años. Se multiplicaron las becas y, por tanto, los jóvenes que accedieron a la universidad, situándose España en pocos años entre los cinco primeros países del mundo con más porcentaje de universitarios entre los 18 a 25 años, con datos, al fin, de igualdad de mujeres. Dos leyes de 1983 y 1985, la del derecho a la educación (LODE) y la de reforma universitaria (LRU), han marcado desde entonces las bases y evolución del sistema educativo, con posteriores reformas para cambiar determinados aspectos. También se organizó la investigación con la ley de la ciencia y la tecnología de 1985.

Por otra parte, el desempleo se hizo un problema insoportable: si en 1982 era un 16,4%, en 1985 había subido al 21,5 con más de tres millones de parados de una población activa de poco más de 12,5 millones de personas. La promesa electoral de crear un millón de puestos de trabajo se esfumó. Para salir de la crisis se exigía reestructurar el sistema productivo, siguiendo los criterios planteados desde 1981 por la OCDE para los sectores industriales anquilosados por el proteccionismo franquista. Esto supuso cerrar 83.000 puestos de trabajo de 800 importantes empresas. Fueron decisiones duras, negociadas en 1983 con UGT y CC OO y con las dos asociaciones empresariales, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), aunque el proceso de reindustrialización generó fuertes protestas.

La clave de la reconversión no solo fue el coste económico de 1,5 billones de pesetas, sobre todo en prejubilaciones, sino los efectos sociales de unas regiones punteras y ricas —especialmente Asturias y Vizcaya, más Reinosa, Sagunto, Vigo, Cádiz, El Ferrol y Getafe— cuyas estructuras socioeconómicas se vieron desmanteladas en dos o tres años. Los trabajadores fueron indemnizados pero las familias que vivían de los empleos indirectos, de difícil cuantificación, con una red tupida de pequeñas y medianas empresas alrededor de las grandes siderúrgicas, mineras y navales, no tuvieron indemnizaciones ni sindicatos para defenderlas. En esas comarcas el paro alcanzó datos superiores al 30%.

Además, hubo otra reconversión posterior, al entrar España en 1986 en la Comunidad Económica Europea. Afectó a la producción láctea, viñedo y olivar. Se destruyó empleo, por tanto, en agricultura e industria, aunque las medidas del gobierno sobre todo en educación y sanidad crearon empleo público, un 4,65% de incremento anual, más de medio millón de empleos netos. En este contexto, la reforma del Estatuto de los Trabajadores en 1984 para crear empleos introduciendo los contratos temporales con una menor indemnización por despido generó una dualidad laboral frente a los indefinidos, con una economía sumergida de precarios, paralela al mercado laboral legal.

Respecto a las mujeres, su acceso a la educación y al mercado laboral constituyen los soportes para implantar la igualdad efectiva. En definitiva, la Constitución había establecido la igualdad de mujeres y hombres y la prohibición de discriminación por sexo u orientación sexual, con la contradicción de postergar a la mujer en la sucesión de la jefatura del Estado. Se suprimieron en todas las leyes cuantos artículos suponían sometimiento de la mujer. El movimiento feminista convirtió el ideario de igualdad en agenda de las nuevas autoridades municipales elegidas en 1979 y de los gobiernos central y autonómicos formados entre 1982 y 1983. Se desplegó lo que se define como “feminismo institucional”.

El gobierno socialista creó con tal fin en 1983 el Instituto de la Mujer y esta fórmula se propagó a los gobiernos autonómicos socialistas y a la creación de concejalías de igualdad y mujer. Las militantes de las asociaciones feministas cogieron las riendas de estas instituciones y adoptaron medidas inéditas en la historia española. En primer lugar, en 1985, el PSOE legisló la despenalización de la interrupción del embarazo, con una fuerte polémica social. Se aceptó en tres situaciones, una terapéutica cuando peligraba la salud física o psíquica de la madre, otra en caso de violación y la tercera por malformaciones en el feto. En 1987, el gobierno aprobó otra medida reseñable, la inclusión de un 25% de mujeres en las listas electorales, que se iría subiendo al 30 y al 40%.

Por último, en 1985, se cerró la crisis cuando un crecimiento superior al 3% creó empleo neto. El balance de tan larga crisis, desde 1973, confirmó la desagrarización de la economía española y el tránsito a una sociedad de servicios. De los 1,7 millones de empleos destruidos, un millón eran agrarios, pero se crearon dos millones de empleos no agrarios, la mitad de ellos clasificables de buenos empleos, con titulación universitaria en un sector de servicios que alumbraba una nueva estructura social. No obstante, la economía siguió debilitada pues los 12,6 millones de personas empleadas en 1976 solo eran 10,9 en 1985, y la cifra de 1976 no se recuperó hasta 1990.

Europeizar y vertebrar España con referéndum por la OTAN

Los socialistas encauzaron una tarea igualmente esencial y novedosa, el reto de la doble vertebración político-institucional del Estado de las autonomías, por un lado, y su inclusión e inserción en Europa. La integración en Europa transcurrió con fluidez y bastante optimismo. Desde la década de 1960, tanto los gobiernos tecnócratas de la dictadura como las fuerzas antifranquistas aspiraban a entrar en la Comunidad Económica Europea (CEE). La CEE siempre se exigió a la democracia como requisito para integrarse y, al fin, en 1985, el gobierno de Felipe González firmó el Acta de Adhesión de España.

Europa pasó a ser actor directo de la historia de España. Con el consenso de la práctica totalidad de los partidos políticos y con un amplio apoyo de la opinión pública. Se arrinconó el castizo complejo de inferioridad envuelto en el supuesto orgullo de “ser diferentes”. Se esfumaron en gran medida los lamentos jeremíacos sobre el subdesarrollo de España y por detectar frustraciones de todo tipo en el pasado. Los españoles se sintieron europeos y así vivió la mayoría las pompas festivas del 92.

Aquella euforia contó con el soporte de unas ayudas económicas que han supuesto más recursos que los aportados por el Plan Marshall para reconstruir Europa tras la Guerra Mundial. Fue decisivo el liderazgo del presidente español, Felipe González, en el concepto de ciudadanía europea que se afianzó en Maastricht (1991) creando un fondo de cohesión en 1992 y más adelante unos fondos específicos para el sur mediterráneo en 1995. No basta con sumar los miles de millones recibidos para modernizar las infraestructuras, comunicaciones y grandes obras públicas, tan decisivas para todo el territorio, y los más de 100.000 millones para la agricultura, que, por otra parte, permitieron al Estado conceder ayudas estatales a las empresas y dedicar más recursos a educación y servicios públicos. También habría que sumar transferencias directas en I+D, el acceso al mercado único con la consiguiente internacionalización de la economía española y además la integración en las normas de una Europa democrática con tribunales de justicia que han establecido una soberanía supranacional. El dato más directo puede ser el incremento progresivo de la renta per cápita de los españoles que pasó del equivalente a 5.000 euros en 1985 a más de 26.000 euros del año 2008.

Ahora bien, la entrada en la CEE conllevó la continuidad en la OTAN. El PSOE, opuesto a la entrada de España en la OTAN, giró al estar en curso la entrada de España en la CEE y tener las presiones de los socios europeos y, en especial, de los Estados Unidos, enfrascados en una nueva fase de Guerra Fría contra la URSS, la “Guerra de las Galaxias” del presidente Reagan. Felipe González asumió convocar el referéndum prometido sobre la OTAN, defendió abiertamente seguir frente al criterio de sectores del propio PSOE y las amplias movilizaciones que, junto a las suscitadas por la reconversión industrial, podían debilitar gravemente la continuidad del gobierno. Se votó en marzo de 1986, ganó el sí y Felipe González convocó elecciones para junio. Aunque perdió por el camino un millón de votos, ganó de nuevo las elecciones por mayoría absoluta.

Hubo novedades en estas elecciones. La principal, nació IU como resultado de las movilizaciones de los numerosos comités anti-OTAN que lograron casi siete millones de votos en el referéndum, frente a los nueve millones del sí. Una lectura simple permitía concluir que era la ocasión para organizar a todos los grupos a la izquierda del PSOE en una amplia coalición del PCE con otros grupos a su izquierda. Sin embargo, aquellos casi siete millones del no a la OTAN, no llegaron ni siquiera al millón de votos para IU, un 4,6%, con solo siete diputados, tres más que el PCE en 1982. De distinto calibre fueron los cinco diputados de HB, controlada por ETA que, entre 1982 y 1986, sin contar secuestros u otras acciones, sumaba 196 asesinatos. Muy grave fue la existencia de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) que, patrocinados por fuerzas de orden público con la venia del ministerio de Interior socialista, respondieron con 27 asesinatos de miembros o personas del entorno de ETA, más varios secuestros y atentados entre 1984 y 1987, destacando el caso de Segundo Marey, erróneamente considerado de ETA. Se verán más adelante sus consecuencias.

Porque, simultáneamente, se abordó también la organización del Estado de las autonomías. El PSOE transitó del reconocimiento de la autodeterminación de las nacionalidades españolas, con la consiguiente propuesta de federalismo bebido de fuentes republicanas españolas y socialistas centroeuropeas, a la recuperación del discurso de una España cuya soberanía, entroncando con el ideario de Azaña, incluía la organización de los gobiernos autónomos. Eso sí, lo más descentralizados posibles, como se hizo con la transferencia de competencias. Fue la idea de España que, por consenso, y con la activa abstención de la AP de Fraga, se plasmó en la Constitución. La autodeterminación se quedó para los independentistas vascos y catalanes con algunos sectores de izquierdas, y el federalismo se marginó como asunto académico, aunque en la práctica los gobiernos autonómicos se han convertido, según bastantes analistas, en piezas de un Estado que catalogan como cuasi-federal.

De la huelga general y los avances sociales
a la crisis con escándalos

Tras solventar la crisis económica, llegó la recuperación, robustecida con los fondos europeos. El gasto público, un 38% del PIB en 1982, subió al 46% en 1996, más de la mitad en educación, sanidad y pensiones, prioridades prometidas por los socialistas. Se apuntalaron aquellos marcos de modernización iniciados en la década de 1960 como el acceso de las mujeres a la educación y al mundo laboral, la secularización de la sociedad en ideas y costumbres, los hábitos de ocio y consumo propios de poblaciones urbanas y de niveles superiores de cultura y, en suma, en una rápida y eficiente sincronización con los países democráticos más avanzados de Europa.

Ahora bien, las transformaciones sociales no transcurren sin conflicto, se generan damnificados por el cambio y expectativas crecientes ante las novedades. A esto respondió la huelga general más total habida en la historia. Se paralizó el país el 14 de diciembre de 1988. Quizás fue el canto del cisne del movimiento obrero tradicional, pues, convocada por los sindicatos de clase, CC OO y UGT, se le sumaron otros sindicatos minoritarios, pero sobre todo los sindicatos profesionales (sanitarios, docentes, etc.), importantes PYMES regionales y hasta la Asociación de futbolistas… Además de la clase obrera tradicional, actuaron unas clases medias, casi la mitad de la población activa, protagonistas del ascendente sector terciario, justo cuando la economía crecía el 5,5% anual y creaba más de un 10% de empleo anual.

Se exigió el reparto de riqueza con cuatro reivindicaciones: recuperar el 2% de la pérdida de poder adquisitivo de pensionistas y funcionarios; equiparar las pensiones mínimas con el salario mínimo interprofesional, promesa incumplida del PSOE; ampliar la cobertura por paro hasta el 48% de los afectados, también sin cumplir; extender a los funcionarios el derecho de negociación colectiva; y retirar el contrato de inserción para jóvenes, causa inmediata de la huelga y, en contrapartida, lanzar un plan de empleo general. Unas exigencias moderadas, eran mejoras del Estado de bienestar.

Felipe González reconoció el éxito político de la huelga y abrió un diálogo con los sindicatos que rechazaron la presencia de la patronal. El gobierno retiró el plan de empleo juvenil, extendió la cobertura sanitaria al 99% de la población, revalorizó las pensiones, amplió la cobertura del desempleo y la protección a parados de larga duración y mayores de 45 años, y creó nuevas prestaciones para los grupos ciudadanos más desfavorecidos con la ley de pensiones no contributivas, el avance social de mayor equidad, sin duda.

Estos acuerdos aumentaron extraordinariamente el gasto social. Así, en tres años, en 1992, las prestaciones por desempleo se duplicaron, el gasto en pensiones casi se triplicó, el de sanidad se cuadruplicó y en educación subió a un 4,5% del PIB, cerca de la media de la OCDE, unido a importantes inversiones en viviendas —ya compartidas con las comunidades autónomas—, medio ambiente (ley de Aguas de 1985 y de Costas de 1988) y promoción cultural, todo ello acompañado de un plan excepcional de modernización de infraestructuras, facilitadas por las ayudas europeas. Los fastos de las Olimpiadas y la Exposición universal de 1992 constituyeron la imagen de una sociedad abierta, plural y con expectativos de un futuro optimista, sin por eso desaparecer las desigualdades sociales y unas contradicciones políticas importantes que, de momento, los fondos europeos envolvieron en ese modelo de progreso que parecía ilimitado.

Persistía un grave problema: el terror de ETA en plena democracia. Entre 1986 y 1989, ETA endureció su violencia con 120 asesinatos y niveles de impacto insólitos como el atentado de Hipercor (1987), justo cuando el gobierno cortaba la acción del GAL, que entre 1982 y 1987 había matado a 27 personas. El gobierno optó por la dispersión de terroristas encarcelados para evitar su control por ETA, y además negociar con los partidos políticos la unidad en las medidas antiterroristas mediante el Pacto de Ajuria Enea y el Acuerdo sobre Terrorismo de Madrid.

En ese contexto se convocaron elecciones generales en 1989. Ganó el PSOE con el 39,5% de votos, a pesar de haberse roto el vínculo originario entre UGT y PSOE, que supuso un giro estratégico en la historia del socialismo. La ocupación del espacio a la izquierda del PSOE no pasó de la irrelevancia política de IU, porque justo entonces, entre 1989 y 1991, ocurrió el desplome y desaparición del Imperio soviético. La orfandad para los partidos comunistas occidentales fue palpable. Ya en España incluso se había esquivado el nombre de comunista, pues el PCE desde 1986 usaba el paraguas de IU.

En contrapartida, crecía el feminismo desde las instituciones. El primer plan para la igualdad de oportunidades de las mujeres dio resultados como la creación del permiso parental de tres meses, a elegir por la madre o el padre (1996) y se atendieron cambios decisivos en el mundo educativo y laboral. Baste un dato: si en 1975 solo el 38% del medio millón de personas matriculadas en las universidades eran mujeres, en 1995 el 53% del millón y medio de estudiantes, creciendo en las carreras técnicas del 5% de 1975 al 26% en 1995. A la par, desde la década de 1980 se produjo una auténtica conquista del mercado de trabajo por la mujer, con la consiguiente disminución del número de amas de casa a jornada completa, por un lado, y el promedio de hijos, 3 por mujer en 1970, que bajó a 1,2 en 1995.

Por otra parte, en la década de los 80, se asentó en España el ecologismo con una acentuada diversidad interna que le permitió desplegar un ideario “atrápalotodo”. Desplegó acciones importantes como, por ejemplo, la organizada en defensa de Cabañeros que logró que el gobierno de Castilla-La Mancha se enfrentase al ministerio de Defensa impidiendo instalar un campo de tiro en tal paraje natural. También se desarrolló la objeción de conciencia al servicio militar como parte del movimiento pacifista, con cierta relevancia en la campaña contra la OTAN en 1984. El PSOE reglamentó, en 1988, la objeción al servicio militar, pero no satisfizo al movimiento de objetores que lanzó una campaña de insumisión contra la prestación social sustitutoria. La objeción se incrementó en 1991 cuando la guerra del Golfo. En 1995, el gobierno socialista suavizó las penas a los insumisos y correspondió al PP terminar con el servicio militar obligatorio en 2001.

Por su parte, las movilizaciones por la liberación lésbica y gay adquirieron un relieve social insoslayable cuando, en la década de 1980, el sida concienció y movilizó a amplios sectores ciudadanos. El gobierno realizó, desde 1988, diversas campañas de prevención rechazadas por sectores eclesiásticos y grupos de católicos, escandalizados por el eslogan “Póntelo, pónselo” para el uso del preservativo. Tras el trágico asesinato en 1991 de la mujer transgénero Sonia Rescalvo en Barcelona por neonazis, se organizó, en 1992, la Federación Estatal de Gais y Lesbianas, luego FLGTB, impulsora de la ley de parejas de hecho cuyos primeros registros fueron decretados por dos gobiernos autonómicos socialistas, el valenciano en 1994 y en abril de 1995 el madrileño.

Mientras sucedían estas novedades, también se revelaba la corrupción existente en el PSOE. El caso Guerra fue el primero que, en 1990, supuso la dimisión del vicepresidente del Gobierno; en 1991, la financiación irregular del PSOE obligó a dimitir a sus responsables y, en 1993, fue más dañino el enriquecimiento del director general de la Guardia Civil con los fondos reservados. Con escándalos a cuestas, el gobierno afrontó una grave crisis iniciada por la burbuja inmobiliaria de Japón (1990) y la guerra del Golfo (1991). El paro subió al 24% en 1993, afectó a los trabajos de baja cualificación, porque siguieron creándose empleos de cualificación universitaria. La moneda fue devaluada tres veces (también lo hicieron otros países) y se remontó la crisis en 1994, creciendo un 2,4% el PIB y un 3% en 1995, con medio millón de empleos nuevos.

Con tal situación, el gobierno adelantó en 1993 las elecciones y el PSOE, respecto a 1989, solo bajó del 39,6 al 38,7%, aunque recuperó un millón de votos. Perdió la mayoría absoluta y pactó con los nacionalistas catalanes y vascos una legislatura endiablada por la reapertura judicial del caso GAL y por el endeudamiento del Estado para pagar el paro, las pensiones, la sanidad y la educación. Se produjo por primera vez déficit en la Seguridad Social y, en 1995, los socialistas lograron el Pacto de Toledo, votado por todos los partidos, asegurando las pensiones y las prestaciones futuras de la Seguridad Social. Había, de 40 millones de habitantes, más de siete millones de pensionistas, de modo que estos se situaron en el eje del Estado de bienestar. Sin embargo, el caso GAL llevó a la cárcel al ex ministro de Interior y su secretario de Estado y Felipe González decidió convocar nuevas elecciones en marzo de 1996. Ganó el PP por un punto, el PSOE mantuvo 9,4 millones de votos, con escaños insuficientes para gobernar con pactos.

Una España transformada:
prosperidad y crisis superpuestas (1996-2025)

Cronología
1996 | Elecciones generales, gobierna el PP, apoyado por nacionalistas catalanes y vascos.
1997 | Asesinato de Miguel Ángel Blanco por ETA, movilizaciones ciudadanas contra la violencia. El Tribunal Supremo condena a los 23 líderes de HB por cómplices de ETA. El asesinato de Ana Orantes impulsa una creciente ola de conciencia contra la violencia machista.
1998 | Nace el Foro Ermua, iniciativa ciudadana contra violencia etarra, con figuras como Savater. Posterior el pacto de Estella entre partidos políticos, incluyendo HB, a favor del diálogo soberanista, que logra una tregua de ETA. Cárcel para responsables socialistas por los GAL.
1999 | CiU en Cataluña pacta con el PP. Fin de tregua de ETA, inicio de última ola de violencia etarra. Fusión bancaria, el BBVA. Putin presidente de Rusia.
2000 | Elecciones: mayoría absoluta del PP. Dimisiones en las izquierdas: PSOE elige a Zapatero e IU a Llamazares. Segunda intifada en Palestina. ETA mata a Ernest Lluch y otras 22 personas.
2001 | Fin del servicio militar obligatorio. Se destapan los casos ERE, corrupción socialista. Se inicia Wikipedia en español. Ataque sangriento de Al Qaeda en Nueva York. EE UU interviene en Afganistán como represalia. ETA mata a 15 personas, incluyendo políticos del PSOE y PP.
2002 | Circulación del euro. La ley de partidos políticos permite ilegalizar Batasuna. Marea negra en costas gallegas por hundimiento de petrolero, nace la plataforma Nunca Máis.
2003 | España participa en la guerra de Irak: movilizaciones en contra. El PP mantiene el poder autonómico en Madrid, tras dos votos desertores del PSOE. Gobierno de izquierdas en Cataluña.

2004

Atentado islamista en Madrid con 191 muertos, tres días antes de elecciones generales: pierde el PP, se forma gobierno del PSOE en minoría, apoyado por nacionalistas, el primero paritario con mujeres, que retira las tropas en Irak. Reconversión de astilleros. Ley contra la violencia de género. Antiguos países de la órbita soviética entran en la OTAN. Creación por Cuba y Venezuela de la Alianza Bolivariana de América.

2005 | Las Cortes rechazan el nuevo Estatuto vasco. En Galicia ganan los socialistas y nacionalistas. Se aprueba matrimonio entre personas del mismo sexo. La nueva Constitución europea, aprobada en España, es rechazada en Francia y Holanda. Nace Youtube.
2006 | Ley antitabaco. En España hay más líneas de teléfonos móviles que habitantes. Tregua de ETA y negociación. Se aprueba ley de educación. Aprobado en referéndum el nuevo Estatuto de Cataluña, con participación del 48,8%. ETA mata en la T4 de Barajas, fin de negociación con el gobierno.
2007 | Ley de dependencia. ETA confirma la tregua. Ley de memoria histórica. China, segunda potencia económica, revolución de los smartphone y redes sociales.
2008 | AVE Madrid-Barcelona. Elecciones generales: gana el PSOE, gobierno con mayoría de mujeres. Estallido bancario por las hipotecas subprime en EE UU. Rescate de bancos y empresas en EE UU. Obama, elegido presidente de EE UU Plan E del gobierno español contra la crisis.
2009 | Se destapa trama Gürtel de corrupción en el PP. Huelga de jueces. Elecciones vascas: el PSOE gobierna con apoyos de derecha y centro. En Galicia, mayoría absoluta del PP. Tratado de Lisboa sustituye a la Constitución de la UE, no aprobada en 2005.
2010 | Ley de interrupción del embarazo flexibiliza los requisitos. Drásticos recortes presupuestarios del gobierno, intervención de Cajas de ahorros por crisis hipotecaria. Reforma laboral. CiU gana elecciones catalanas. Sindicatos aéreos cierran aeropuertos. EE UU se retira de Irak.
2011 | Movilización de jóvenes indignados: 15 de mayo. PSOE y PP reforman la Constitución: prioridad al pago de la deuda. ETA anuncia el alto el fuego. Elecciones: mayoría absoluta del PP.
2012 | CiU plantea concierto económico, rechazado por el gobierno, opta por el independentismo. Huelga general y plan de ajuste por la crisis.
2013 | Caso Bárcenas, corrupción en el PP. Suben a más de 6,2 millones los parados. Se popularizan los teléfonos inteligentes, superan a los celulares básicos.

2014

Recuperación económica. Elecciones europeas, 44% de participación, irrumpe Podemos. Juan Carlos abdica y asume la jefatura del Estado Felipe VI. Corrupción en CiU y la familia Pujol; la operación Púnica en el PP. Imputación de la infanta Cristina por delitos fiscales. CiU lidera la diada y lanza una consulta independentista en noviembre.

2015

Elecciones autonómicas: se rompe el bipartidismo con Podemos y Ciudadanos. Podemos entra en gobiernos de grandes ciudades. Elecciones generales: Podemos, sin IU, suma alianza con 20,5% de votos, cerca del 22% del PSOE; y Ciudadanos, con el 14% de votos, deja al PP sin escaños para gobernar. Fracasa pacto de investidura del PSOE.

2016 | Nuevas elecciones con idéntico empate. Conflicto en el PSOE, Sánchez cesado, se da paso al gobierno del PP. Baja el paro al 16% y el PIB sube 3,2%. Gana el Brexit en el Reino Unido.
2017 | La militancia socialista vota a Sánchez de nuevo. Inicio del “proceso independentista”, atentados islamistas en Cataluña, referéndum ilegal por la independencia de Cataluña, el gobierno aplica la Constitución y la justicia imputa a los líderes. MeToo feminista en EE UU.
2018 | Moción de censura del PSOE contra la corrupción del PP. Forma gobierno, subida del salario mínimo, no logra aprobar presupuestos. Disolución definitiva de ETA.
2019 | Elecciones generales en abril, se repiten en noviembre: pacto de gobierno del PSOE y Unidas Podemos. Se diluye el partido de Ciudadanos. Huelga masiva de mujeres el 8M.
2020 | 8M feminista. Pandemia de covid, estado de alarma. Plan multimillonario de la UE para el paro, los ERTES y las pérdidas económicas. El Tribunal supremo inhabilita al presidente de la Generalitat. Se aprueba la ley de educación, LOMLOE.
2021 | Elecciones y gobierno en Cataluña de ERC. CaixaBank absorbe Bankia. Elecciones autonómicas en Madrid: el candidato Pablo Iglesias abandona la política. Conflicto con Marruecos y asalto de miles de inmigrantes de la frontera de Ceuta, Ley de eutanasia.
2022 | La inflación sube al 8,5%. Reforma laboral. Leyes de Memoria Democrática y Libertad sexual (“solo sí es sí”). Escándalo Ábalos, líder socialista, por corrupción. Rusia invade Ucrania.
2023 | Ley trans, matanza de israelíes por Hamás, el gobierno israelí masacra a palestinos de Gaza. Elecciones: el PP no logra investidura; gobierno del PSOE con Sumar. Amnistía a los condenados por el proceso independentista catalán. Se lanza el ChatGPT de OpenAI (Inteligencia Artificial).
2024 | Dana en Valencia con 225 muertes, ley de paridad en puestos ejecutivos, ley para atender la ELA.
2025 | Trump preside EE UU con medidas que zarandean las relaciones internacionales. Escándalos de corrupción en el PSOE y el PP. Siguen la guerra imperial contra Ucrania y la pasividad internacional ante la masacre de palestinos en Gaza. Surge el competidor chino DeepSeek a OpenAI.

Es evidente que esta España ni es la de 1936 ni tampoco la de 1970, mucho menos la de cualquier otra fecha del pasado. Es una sociedad transformada en todas sus escalas, aunque se usen vocablos idénticos a los de otros tiempos. Ni el gobierno manda como antaño, ni los varones imperan en la vida pública y privada, por ejemplo. Tampoco los poderosos son los aristócratas de la propiedad agraria o los burgueses de industrias nacionales, sino empresas y fondos de inversión internacionales cuyos tentáculos abarcan desde la producción energética hasta los medios de comunicación y de ocio. Más aún, los trabajadores del campo y de la industria, tan protagonistas en otros siglos, apenas asoman en la agenda de los conflictos sociales. Al contrario, el sector más desfavorecido, mayoritariamente de inmigrantes, se encuentra desconectado de dicha agenda. Los más activos y movilizados en estas primeras décadas del siglo XXI son los empleados públicos y las nuevas clases medias profesionales con demandas dirigidas ante todo al Estado, un patrono cuyas decisiones repercuten en el conjunto de la ciudadanía.

Son trasformaciones que se han desarrollado con tres factores igualmente novedosos en la historia de este país. Ante todo, la pujanza democrática de una sociedad capaz de superar pacíficamente las crisis de alto calibre económicas y políticas ocurridas, derrotando la cuña de un terrorismo totalitario perseverante hasta 2011. De igual modo, aunque haya resistencias antifeministas y vociferadores xenófobos, predomina el apoyo al igual acceso de las mujeres a la educación y el empleo, rompiendo milenios de subordinación, y se ha naturalizado la incorporación de millones de inmigrantes.

El segundo factor, de carácter institucional, ha supuesto la redistribución de la soberanía nacional entre el Estado autonómico y la UE, de modo que el gobierno ha quedado muy limitado en competencias. Por un lado, los gobiernos autonómicos gestionan la educación, la salud, la dependencia, el medio ambiente o la tan retrasada aplicación del derecho a la vivienda, ámbitos en los que significativamente el 72% de sus normas están aprobadas con el voto o la abstención de los rivales. Por otra parte, las directrices de la UE ejercen una indudable soberanía económica, política y judicial; su aplicación supone más del 70% de la legislación estatal de las tres últimas décadas.

El tercer factor constituye el inicio de una nueva era con el torbellino de impactos generados por las nuevas tecnologías digitales en todos los espacios de la vida individual y colectiva a lo que se suma la reciente y veloz implantación de la inteligencia artificial. En contrapartida, suele ocurrir que en los momentos de grandes mudanzas se recurre al pasado y adquiere un auge inusitado la memoria de determinados momentos históricos, tal vez para compensar los vértigos de un presente sumido en una globalización de cambios inciertos. En España, quizás hayan sido las mitificaciones de aquellos pasados que surten a todo nacionalismo la principal manifestación de este fenómeno que conlleva emociones polarizadas y, en general, bastante segregacionistas. Bien distinto es cuanto concierne a la memoria de una trágica guerra civil con el doloroso epílogo de una larga dictadura, por tratarse de la obligada y digna exhumación de quienes quedaron silenciados en fosas comunes.

En estas páginas solo se esbozarán estas cuestiones como procesos abiertos. Además, quien las lea ha sido y es, de un modo u otro, protagonista de los procesos aquí expuestos. Puede considerar incompleta y frágil la jerarquización de los hechos y factores ocurridos en estas tres décadas; en todo caso, su más precisa interpretación corresponderá a futuros historiadores.

El mayor crecimiento del empleo
con una nueva estructura social

Tras superar la crisis de 1993, la economía española protagonizó la etapa de mayor crecimiento y transformación del mercado laboral de su historia. Creció a más del 3,5% anual entre 1995 y 2007 y el nivel de vida de los españoles se aproximó al de los países más desarrollados, superó el de Italia y se aproximó al de Francia, situándose en 2007 en el octavo puesto de los países más ricos. Se basó en que la población ocupada casi se duplicó, subió de 13 a 20,5 millones de trabajadores entre 1996 y 2008. Fue resultado de la expansión económica y del crecimiento demográfico aportado por los inmigrantes, contando con la incorporación de las mujeres al mercado laboral. Fue un cambio profundo en la estructura productiva y, por tanto, en las clases sociales.

En concreto, el histórico peso del proletariado agrícola se esfumó y los sindicatos agrarios se convirtieron en asociaciones profesionales con reivindicaciones frente al Estado. Los trabajadores manuales cualificados, integrantes del tradicional proletariado industrial, se redujeron a no más del 15% de la población ocupada. En consecuencia, el peso de las luchas sindicales se alteró, se centró en los nuevos ámbitos laborales del sector terciario que, por otra parte, presenta una dicotomía importante entre los empleos no cualificados y los de cualificación especializada. En concreto, las nuevas clases profesionales, compuestas por las ocupaciones altamente cualificadas y por los directivos y profesionales intermedios (ingenieros y técnicos en nuevos oficios, sanitarios, docentes, agentes de mercado, etc.), ocuparon una cuarta parte de los empleos, con un porcentaje creciente de mujeres en tales empleos. Constituyeron las nuevas clases medias, que ganaron terreno a la clásica pequeña burguesía, reconvertida desde entonces en “autoexplotación” de autónomos y una miríada de micropymes de diversos oficios, pequeños empresarios, agricultores y comerciantes.

En contrapartida, los trabajadores no cualificados, un tercio de los empleos, formaron un proletariado de los servicios que van desde los empleos domésticos y la hostelería a los repartidores y los más recientes riders, sumando los empleados en el sector primario y en la construcción (ubicada en el sector secundario). Es un proletariado en su mayoría de inmigración, siendo las mujeres decisivas en los trabajos domésticos y de cuidados de personas dependientes. Por otra parte, ha sido un proceso muy rápido: si en 1998 Alemania, por ejemplo, tenía un 9% de inmigrantes, España contaba solo con un 1,5%; sin embargo, en 2008 España alcanzaba un 11,6% de inmigrantes cuando en Alemania era un 8,8% o Italia, un país más cercano, era un 5,8%.

En definitiva, la prosperidad económica se apoyó en parte en un aumento de empleos con baja productividad, porque simultáneamente hubo otra fragilidad grave, la del bajo porcentaje de inversión en capital tecnológico, que en 2008 seguía estando por debajo de 15 países europeos. También ocurrió otro proceso, causa y efecto del crecimiento económico, el ensanchamiento del mercado nacional por el aumento de los hogares, que de 12 millones en 1995 aumentó a 16 en 2008. Fue por la inmigración y el aumento de divorcios, de hogares monoparentales y por la independencia económica de los hijos. Además, la construcción de viviendas respondió a dos nuevas realidades: el nivel de vida permitió invertir en una segunda residencia a un alto porcentaje de familias, por un lado, y, por otro, el clima atrajo la demanda europea de segundas residencias de jubilados y de vacaciones. La financiación contó con la política monetaria expansiva de la Unión Europea que amplió la movilidad de capitales y las disponibilidades de crédito.

Se lanzaron las cajas de ahorro y bancos a inversiones totalmente especulativas; también los hogares se endeudaron sin temor e invirtieron en vivienda y bienes de consumo duraderos; una onda expansiva impulsada por las leyes de liberalización del suelo de 1997 y 1998 aprobadas por el PP que implicaron a los ayuntamientos y gobiernos autonómicos, responsables de las competencias urbanísticas. Sus ingresos crecieron exponencialmente, pudieron ampliar los servicios públicos y los servicios sociales, modernizaron calles e instalaciones, pero la simbiosis entre inmobiliarias, intermediarios, gerentes de cajas y bancos más las autoridades municipales y autonómicas creó una cadena especulativa de suelos rústicos, recalificaciones como urbanizables, promociones de viviendas, hipotecas bancarias con bajos intereses que corrompió importantes núcleos del poder político, sobre todo del PP y de las entidades de crédito.

El resultado fue espectacular. El sector de la construcción pasó de un 6,5% del PIB en 1997 a casi el 11% en 2007, lo que no solo incrementó el empleo directo, sino que multiplicó los consumos intermedios con los consiguientes empleos indirectos. Se pasó de construir 200.000 viviendas por año a más de 700.000, sus activos se revalorizaban entre el 16 y el 20% anual, por encima de los demás sectores productivos. Una auténtica burbuja cuyo estallido produjo secuelas sociales muy severas que se expondrán posteriormente.

La alternancia democrática: continuismo y novedades

El PP en las elecciones municipales y autonómicas de 1995 había logrado la hegemonía municipal más el gobierno de tres comunidades autónomas, la madrileña, valenciana y murciana, donde las citadas nuevas clases medias adquirían creciente peso y los datos de prosperidad eran palpables. En las elecciones generales de 1996, el PP, con el apoyo de los nacionalistas catalanes, formó gobierno y conservó las medidas de los anteriores gobiernos. Ya en 1995, había mantenido los registros de parejas de hecho implantados en las Comunidades de Madrid y Valencia, y en 1996, como gobierno de España, preservó el Estado de bienestar desarrollado por los socialistas y el diálogo con los sindicatos. Fue una etapa de tal bonanza económica que CC OO y UGT, protagonistas de cuatro huelgas generales frente a gobiernos socialistas, a los del PP, entre 1996 y 2004, solo le convocaron una en 2002. En concreto, el gasto social público por habitante prosiguió una línea ascendente, todavía por debajo de la media europea, aunque, al crecer tanto el empleo, el gasto en el desempleo bajó drásticamente mientras crecía el de pensiones.

El gobierno popular pregonaba que “España va bien”, aunque entre 1995 y 1998 ETA estaba asesinando a 40 personas, entre ellas el concejal del PP, Miguel Ángel Blanco y el expresidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente, ataques directos a la democracia que provocaron, al fin, que millones de ciudadanos manifestaran su rechazo. En el contexto de la organización ciudadana del Foro de Ermua contra la violencia, más el pacto de Estella firmado en 1998 por los partidos vascos, incluida HB, a favor de un diálogo soberanista, con la tregua anunciada por ETA, el gobierno del PP abordó en 1999 la negociación con lo que llamó “el entorno del Movimiento de Liberación Nacional Vasco” (MLNV), pero sin resultados. En el 2000, ETA volvió a matar a 23 personas.

Distintos fueron los resultados de un liberalismo económico por el que se bajaron los impuestos a los más ricos y se relanzó el proceso privatizador iniciado por los socialistas que habían disuelto el INI y privatizado la Seat. El PP lo amplió a 52 empresas públicas (Endesa, Argentaria, Telefónica, Repsol, Aceralia, Indra, Iberia, etc.). Las operaciones millonarias de tales privatizaciones alimentaron los nichos de corrupción con la simbiosis de poderes económicos con poderes políticos. El Tribunal de Cuentas reconocería “actuaciones” reprochables al vender las empresas a precios “sensiblemente inferiores” a la realidad del mercado. Esta senda proseguiría con el PSOE de Zapatero y el PP de Rajoy (Renfe, Aena, Paradores, Loterías, Correos…).

Es un asunto crucial en la historia económica de España, con valoraciones contrapuestas entre expertos. En todo caso, el ambiente de euforia económica del año 2000, con la entrada en la moneda única europea, se expresó en la mayoría absoluta del PP en las elecciones generales de ese año. El PSOE mantuvo casi ocho millones de votantes e IU se quedó en un 5,5%, solo 5 escaños. A estas alturas se había iniciado una “guerra cultural” entre derechas e izquierdas. Quizás comenzó cuando la ministra de Educación del PP, Esperanza Aguirre, planteó el quebranto de la “identidad” nacional por no explicarse toda la historia de España adecuadamente en el currículo escolar. Abrió un debate sobre la enseñanza del pasado que se amplió cuando autores de antigua militancia comunista, arropados por los medios de comunicación conservadores, rescataron la interpretación franquista de la guerra civil y las bondades de la dictadura.

Sin embargo, las investigaciones sobre la guerra civil y la represión de posguerra, se habían desarrollado extraordinariamente, solo en 1999 salieron más de 2.000 publicaciones al respecto y un elenco de rigurosos historiadores, Santos Juliá y Julián Casanova, entre otros, hicieron el balance de 20 años de investigaciones incuestionables en Víctimas de la guerra civil. Simultáneamente, los afines a IU objetaron los consensos de la transición democrática, lo que facilitó la prédica de Aznar que decía gobernar una segunda transición, y además propagaron reiteradamente un supuesto olvido o pacto de silencio, comparando la amnistía de 1977 con lo ocurrido en Sudáfrica y varios países latinoamericanos para exigir en España el deber de memoria.

Con tal fin, el 20 de noviembre de 2002, el PSOE e IU lograron que las Cortes condenasen por unanimidad la sublevación de Franco, incluyéndose el PP, que estaba en el gobierno, un dato muy relevante. Se daba, por tanto, “reconocimiento moral” a quienes “padecieron la represión de la dictadura” y se apoyó la exhumación de las fosas de víctimas. En esta línea, el nuevo líder del PSOE, Rodríguez Zapatero, firmó con el gobierno un pacto contra el terrorismo en respuesta a ETA, que había asesinado ese año a 23 personas, incluyendo militantes socialistas, en su táctica de socializar el sufrimiento. Mataban “por necesidad histórica —argumentaron—, por responsabilidad ante el pueblo vasco […] un pueblo muy distinto al de los españoles”. Decían ser “simples instrumentos” del pueblo que los obligaba a cumplir esa encomienda. Además, convirtieron el apelativo de españolista en sinónimo de fascista, coartada para excluir, incluso matando, a quienes no comulgasen con sus ideas. A la vez, las guerras sobre el pasado se multiplicaron con el auge de los soberanismos nacionalistas.

También, en 2002, el gobierno reformó el sistema de protección por desempleo abaratando el despido. Los sindicatos convocaron huelga general, lograron el cambio del ministro de Trabajo y con el nuevo ministro se restableció el diálogo, se suprimieron los puntos más conflictivos de la reforma, se mejoró el subsidio agrario y de los autónomos y se regularizaron los salarios de tramitación en los despidos improcedentes. Sin embargo, el PP sufrió el desgaste del desastre ecológico de una marea negra derramada en 2002 por el petrolero Prestige en la costa gallega, y, sobre todo, desde marzo de 2003, tuvo una enorme contestación al implicar a España en la guerra de Irak.

Así se llegó a las elecciones generales en 2004 cuando, el 11 de marzo, tres días antes de votar, hubo un terrible atentado en los trenes de cercanías de Madrid, con 193 muertos y más de 2.000 heridos. El gobierno del PP trató de atribuir el atentado a ETA, ocultando que era obra de un grupo islamista. Hubo tres días de inmensa tensión. El 14 de marzo, las urnas mostraron un voto de castigo. El PP perdió 35 escaños, se quedó con 148, y el PSOE subió a 164. Los distintos grupos nacionalistas (vascos, catalanes, canarios, aragoneses) pactaron con el PSOE y Rodríguez Zapatero presidió el nuevo gobierno.

Gobernando con valores e identidades

Las izquierdas en conjunto no recuperaron espacio electoral el 14 de marzo de 2004 y comenzó una etapa de gobiernos del PSOE apoyados por los partidos nacionalistas durante dos legislaturas, la primera, de bonanza económica, y la segunda, de 2008 a 2011, gestionando la más grave crisis económica a las órdenes de la UE. En la primera etapa, el optimismo económico contagió todas las esferas sociales y, en lugar de abordar las desigualdades sociales, se abrieron debates sobre identidades y “alianzas de civilizaciones”.

En este sentido, el feminismo se situó en primera línea de gobierno. No solo se formó el primer gobierno paritario, sino que se promulgó una ley urgente contra la violencia de género, aprobada por unanimidad (2004); se legalizó el matrimonio homosexual en 2005, incluyendo la adopción por primera vez a nivel mundial, rechazada por la Iglesia católica, luego convalidada por el Tribunal constitucional; se aprobó la ley del llamado divorcio exprés (2005); se estableció la paridad electoral, ventajas a las empresas que adoptasen este criterio en sus órganos directivos y un permiso de paternidad de 15 días (2007); también la ley de identidad de género (2007), que protegió la igualdad y dignificación de las personas transexuales, facilitando el cambio de nombre y sexo sin someterse a cirugía, solo con el requisito de que un médico o psicólogo clínico acreditara disforia de género. De 2010 fue la ley de despenalización de la interrupción del embarazo sin tener que alegar motivos en las primeras 14 semanas de embarazo.

Además, en 2006, se aprobó una ley de educación que reguló, con polémica, la elección de centro, el carácter voluntario de la asignatura de religión, aunque era obligatorio ser ofertada, y la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. Se sumó, en 2007, la conocida como ley de memoria histórica (2007) que declaró “ilegítimos” los tribunales y sentencias de la dictadura y se comprometió a exhumar y sepultar dignamente los restos de cuantas víctimas continuaban en el anonimato de las fosas comunes. La ley no obligaba, dejó su aplicación a la voluntad de cada gobierno, como así ocurrió, que posteriormente el gobierno del PP no asignó recursos para la exhumación de fosas.

Junto a estos nuevos cauces de valores sociales con más libertades e igualdad, en economía el PSOE mantuvo el signo liberal, bajó el IRPF, haciéndolo menos progresivo, rebajó el impuesto de sociedades y, en 2008, ya con la crisis iniciada, suprimió el impuesto a las grandes fortunas, creado en 1991 por los socialistas y que tuvieron que resucitar en 2011, en plena bancarrota. Esta medida repercutió gravemente en los presupuestos del Estado: los más de 9.000 millones de euros que se dejaron de ingresar en dos años obligaron a gastar el primer superávit logrado desde 2005. Así, aunque se obviaron las fragilidades de una economía dependiente del ladrillo y del turismo, se decretó la regularización de un millón de inmigrantes sin papeles y sin derechos, el PP ya había aprobado varias regularizaciones que beneficiaron a medio millón de personas. En todo caso, fueron muy controvertidos los planes para gestionar los flujos migratorios, cuando se reforzaron con concertinas las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla, retiradas posteriormente.

También fue importante la ley de dependencia (2006) el cuarto pilar del Estado de bienestar, junto a sanidad, educación y pensiones. Su desarrollo y cumplimiento fue de distinto calado pues se gestionó desde los gobiernos autonómicos, que completarían la financiación aportada por el Estado.

Crisis económica con el aldabonazo del 15-M

En 2007, nadie vio llegar la crisis, el optimismo imperante hizo olvidar que el crecimiento y expansión propios del capitalismo ni son ilimitados ni equitativos y el gobierno socialista, con elecciones en 2008, se negó a tratarla hasta fines de ese año. Fue una crisis mundial, la Gran Recesión de 2008 a 2013, afectó a todos los sectores productivos y, en España, frustró las perspectivas laborales y de promoción de unas generaciones nacidas en democracia y educadas en fase de prosperidad económica. Estalló en 2007 en Estados Unidos, cuando se destapó la burbuja de las hipotecas subprime de la vivienda. La recesión económica fue tan profunda entre 2008 y 2013 que en 2020 aún no se habían recuperado los niveles de producción y consumo previos. Ese mismo año, conviene adelantarlo, llegó un inesperado estancamiento por la pandemia del covid.

En ambas crisis, la económica de 2008 y la derivada de la pandemia en 2020, la Unión Europea ha marcado las soluciones, por encima de las derechas e izquierdas nacionales, con criterios opuestos, de brutal austeridad en 2008 y de copiosa solidaridad en 2020. Así, aunque los socialistas ganaron en las elecciones de marzo de 2008, la recesión se hizo presente en España desde julio. Comenzó el derrumbe de la construcción que arrastró a las cajas de ahorro y bancos y mermó los ingresos públicos. En 2009, el PIB fue -4,5%, cifra similar a la de 1940, aunque era muy distinta la realidad social y política.

Los socialistas pasaron de gestionar la bonanza a enfrentarse a una profunda recesión. El llamado Plan E, de fines de 2008, para combatir el paro con inversiones públicas, no resultó eficaz. Crecieron tanto las prestaciones por desempleo que, para afrontar el déficit, el gobierno subió el IVA y una emisión de deuda que se tambaleó por el pánico creado por la crisis de Grecia que arrastró al euro.

La UE, para reducir la deuda y garantizar que se pagaría, hizo prioritario el control del déficit público; impuso medidas de austeridad y, en mayo de 2010, creó un Fondo Europeo de Estabilidad Financiera para los países llamados en los circuitos financieros PIIGS (acrónimo en inglés de Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España, que en español se podría traducir como “cerdos”). Estos obedecieron para no caer en la bancarrota y poder asumir gastos sociales de extrema urgencia, como el paro. Además, en España, el gobierno socialista en 2010 recortó drásticamente el gasto público, congeló las pensiones y el sueldo de los funcionarios y reformó la legislación laboral sin diálogo con los sindicatos limitando la capacidad de realizar los ERTE (expediente de regulación temporal de empleo o con reducción parcial de la jornada), previstos en el Estatuto de los Trabajadores de 1980. La huelga general convocada en septiembre de 2010 por los sindicatos tuvo un éxito relativo y desigual según sectores y territorios, con acciones violentas de grupos antisistema en Barcelona.

A principios de 2011, el nuevo gobierno catalán formado por Convergència i Unió (CiU) aplicó medidas de recortes y austeridad con el apoyo del PP, exhibiéndose como modelo frente al gobierno socialista. En ese contexto de prolongación de la crisis, el 15 de mayo de 2011 estallaron unas movilizaciones juveniles inéditas en toda España. En Madrid, se mostraron clamorosas en su acampada en la Puerta del Sol durante varias semanas, con una ebullición de ideas y exigencias políticas que encontraron eco prácticamente en todas las ciudades de modo que las inercias de los partidos hegemónicos fueron zarandeadas en sus comodidades organizativas. Objetaron contra el sistema de partidos e impugnaron las limitaciones de las políticas gestionadas por el PSOE bajo directrices de la Unión Europea. Además, en Barcelona, cercaron el parlamento catalán y sus políticos tuvieron que entrar desde un helicóptero. Fueron movilizaciones sin precedentes realizadas sobre todo por los menores de 30 años, los más afectados por la crisis, entre los que había un 53% de parados, aunque las movilizaciones estuvieron protagonizadas sobre todo por universitarios, muchos de ellos abocados a empleos subcualificados.

La crisis de la deuda soberana alcanzó tal calibre en la UE que esta decidió sancionar a los países que no mantuvieran una relación inferior al 3% entre déficit y PIB. El líder socialista, Zapatero, decidió ser el más estricto cumplidor y en pleno agosto de 2011, con el apoyo del PP, las Cortes españolas reformaron la Constitución para prohibir gastar más de lo que se ingresaba para todas las administraciones, dando prioridad al pago de la deuda pública. Tuvo fuertes protestas internas por quienes, dentro del PSOE, pensaron que no era obligatorio darle rango constitucional a tal pacto fiscal, el PSOE perdió, en consecuencia, cinco gobiernos autonómicos en mayo de 2011 y en noviembre, en las elecciones generales, el PP obtuvo la mayoría absoluta.

Recuperación económica
y tránsito electoral al bibloquismo

Con un déficit del 8,5% del PIB a fines de 2011, el PP comenzó a gobernar hasta 2018. Mantuvo la austeridad marcada por la UE, los sindicatos convocaron en 2012 otra huelga general con una participación desigual, sin faltar grupúsculos con actos de violencia urbana. Una segunda huelga simultánea con Italia, Portugal, Chipre y Malta, con impactos limitados, conllevó nueva violencia con las fuerzas de orden. También hubo huelgas masivas convocadas en enseñanza y sanidad contra los recortes de personal y de gastos en dos servicios tan básicos. La destrucción de empleo llegó al máximo en enero de 2013, un 27,2% de paro, nada menos que 6,2 millones de personas. El consumo per cápita de los hogares, que había superado la media de la UE, bajó seis puntos respecto a 2007 y España se situó por detrás de Italia de nuevo.

El ambiente social era de aguda crispación por más que el gobierno duplicara las prestaciones por desempleo, porque los beneficiarios de una u otra prestación fueron unos tres millones, pero había casi dos millones sin prestación alguna. Estas no eran las mismas personas, rotaban entre el desempleo y el contrato temporal, pero sí la misma cifra sin cobertura social, 773.200 hogares sin ingresos o sin alguna pensión, porque las pensiones sostuvieron a muchos hogares, mientras los inmigrantes, que ocupaban un tercio de los empleos destruidos, sufrieron las peores condiciones, eran hogares sin jubilados.

La economía comenzó a recuperarse desde 2014, se restablecieron las inversiones empresariales y las exportaciones, mejoró el consumo y progresivamente se recuperaron cuatro millones de empleos desde ese año hasta fines de 2019. Ahora bien, las citadas movilizaciones contra las políticas de austeridad impulsaron la renovación de las agendas de los partidos políticos. Se abrió un mapa político distinto. Entre mayo de 2014 y junio de 2016, hubo elecciones europeas, autonómicas, municipales, catalanas y dos legislativas generales. Fueron seis manifestaciones de la voluntad popular que presentaron varias novedades. En el espacio político de centro y de derechas existía desde 2006 un nuevo partido con voz propia para Cataluña, Ciudadanos, con Albert Rivera al frente, que, desde 2014, alcanzó un peso nacional. Le mermó votos al PP y también al PSOE que, aunque cambió de líder eligiendo a Pedro Sánchez, se quedó en su peor resultado en 2015, a pocos votos del nuevo actor político surgido de las movilizaciones del 15M, Podemos, liderado por Pablo Iglesias, que captó votos socialistas y de IU, aunque esta también había cambiado de líder, sin éxito.

Podemos se distanció de la lucha de clases y del eje derecha-izquierda para, en contrapartida, proponer una nueva hegemonía en torno al pueblo y frente a la casta, con una dialéctica amigo-enemigo que resignificó los conceptos de patria y patriota. Los antipatriotas eran los integrantes de la casta y de las corporaciones económicas entrelazados por tramas de corrupción que la “gente decente” tenía que desmontar. Este discurso, cercano al régimen de Chávez en Venezuela, tuvo un éxito fulgurante logrando un rápido crecimiento electoral hasta situarse en 2015, con un 20,5% de votos, solo a punto y medio del PSOE.

Podemos atravesó diversos vaivenes, pero junto con IU, fue parte del grupo de fuerzas situadas a la izquierda del PSOE desde entonces hasta el presente año 2025, en alianzas de distinto nombre. En la derecha, Ciudadanos se derrumbó en 2018, pero surgió otra fuerza a la derecha del PP, prácticamente una escisión titulada Vox, centrada en un apasionado nacionalismo españolista conjugado con propuestas xenófobas y antifeministas. El resultado ha sido la sustitución del anterior bipartidismo del PP y PSOE por un mapa que, desde 2018, se califica de bibloquismo, nueva palabra para designar dos bloques de partidos en pugna por el poder cuyos respectivos votantes solo fluctúan dentro de cada bloque. Con la misma ley electoral a la que se responsabilizaba del bipartidismo, ahora esa ley captaba un mayor pluralismo y la disposición al cambio del voto en una sociedad con unas extensas clases medias y una mayor y diversa información, pero dentro de unos bloques con lindes de valores encontrados. En ese nuevo mapa los partidos nacionalistas vascos y catalanes se hicieron imprescindibles para decidir el gobierno, aunque esa práctica ya contaba con acuerdos en anteriores momentos.

Agitación en las Autonomías:
soberanismos y solidaridades imprecisas

La creación del Estado de las Autonomías en la Constitución fue una solución innovadora en 1978, se desarrolló durante dos décadas y, al completarse la transferencia de competencias a todos los gobiernos autonómicos, se pudo hablar de que en la práctica era un casi-federalismo. Sin embargo, el artículo 150.2 de la propia Constitución podría interpretarse como un camino abierto a un proceso ilimitado de transferencia de competencias a las comunidades autónomas. Pero más que un debate de interpretación jurídico-política del texto constitucional, lo ocurrido se enraíza ante todo en la existencia de unas identidades nacionales que, desde el siglo XIX, se fraguaron en Cataluña, País Vasco y Galicia, distintas y alternativas al nacionalismo español. Existen abundantes investigaciones al respecto, baste recordar que en la Segunda República se aprobaron los Estatutos de autonomía para esas tres comunidades, y por eso la Constitución de 1978 les reconoció la categoría de nacionalidades históricas. De hecho, el gobierno de UCD, antes de aprobarse la Constitución, restableció la Generalitat republicana con su presidente que volvió del exilio con plena legitimidad.

En concreto, al cabo de dos décadas de democracia, la evolución era muy dispar. En Galicia, su identidad nacional conservaba su fuerza cultural pero no alcanzaba la hegemonía política, mientras que, en Cataluña y País Vasco, los nacionalismos respectivos desarrollaron una hegemonía política indudable. Además, el soberanismo adquirió una presencia decisiva a los veinte años de rodaje del Estado de las autonomías. Cierto que con una diferencia sustancial: en el País Vasco la versión violenta y totalitaria de ETA distorsionó la vida democrática de toda la sociedad española y esto cortocircuitó la propuesta soberanista de 2003, el llamado plan Ibarretxe, elaborado por el PNV.

El soberanismo se anudó en el pacto de Estella que, firmado en 1998 por los partidos, sindicatos y asociaciones, incluida HB, para abrir un “proceso de diálogo y negociación” imitando el caso de Irlanda, supuso una nueva táctica, fruto de la cual fue el nuevo Estatuto aprobado por el parlamento vasco en 2004 como “ejercicio del derecho del pueblo vasco a decidir su propio futuro”. Llegó a las Cortes generales y en febrero de 2005, fue rechazado por el PSOE, IU y el PP mientras ERC y BNG lo apoyaron y CiU solo aceptaba su tramitación, no su contenido. La existencia de ETA facilitó el rechazo al plan Ibarretxe. Porque fue insoslayable la creciente movilización ciudadana contra el terrorismo etarra, impulsada por las asociaciones de víctimas, sobre todo desde 1998 con el Foro Ermua.

Además, la ilegalización de HB en 2003 por ser el apoyo político de ETA y la simultánea colaboración de los gobiernos y servicios de seguridad de Francia y España cercaron a ETA de modo que depuso las armas a fines de 2011. Esto forzó la reorganización de los entornos sociopolíticos que sustentaban a ETA cuya nueva formación, Bildu, fue legalizada por el Tribunal constitucional en 2011, al renunciar explícitamente a la violencia. Desde entonces, el soberanismo vasco más radical, aunque conserva una memoria partidista que justifica su historial de asesinatos, el hecho constitucional es que ha aceptado los cauces de la legalidad democrática. De este modo, desde 2020, tanto Bildu como el PNV, la versión tradicional de dicho nacionalismo, constituyen puntales decisivos para los gobiernos formados por el PSOE con otras fuerzas de izquierdas. Una realidad que, por controvertida que sea, expresa la capacidad de una sociedad democrática para resolver sus conflictos con métodos pacíficos.

Por su parte, el nacionalismo catalán, con la hegemonía de CiU, partido democrático y pactista, evolucionó de modo distinto. Desde 1980, durante 23 años, CiU, liderada por Jordi Pujol, afianzó el catalanismo como diferencia político-cultural dentro del marco constitucional. Paradójicamente los dirigentes del Partido Socialista de Cataluña, más imbuidos de nacionalismo que su electorado, gobernaron de 2003 a 2010 en alianza con los herederos de un comunismo fragmentado precisamente por la cuestión nacional, y con ERC, minoritaria dentro del catalanismo. Este gobierno tripartito reforzó las aspiraciones soberanistas, planteó un nuevo Estatuto que, ratificado en referéndum por los catalanes con una abstención del 51%, situó el factor soberanista en primera línea de la política española. De hecho, se realizaron reformas de estatutos en siete comunidades en 2007 y se aprobó en 2009 una ley que modificó la financiación de las comunidades autónomas que, sin embargo, desde entonces ha sido cuestionada porque no aborda soluciones estables para la solidaridad interterritorial del Estado de las Autonomías, ni para hacer eficiente la aplicación igualitaria de los derechos de toda la ciudadanía, viva en el rincón que viva de la geografía española.

En 2010, el Tribunal Constitucional ratificó el nuevo Estatuto catalán, salvo algunos contenidos de 14 de sus 245 artículos. El presidente del Gobierno catalán, socialista, indignado, convocó una manifestación multitudinaria contra la sentencia, y este tono de polarización pasó a manos de CiU que, al gobernar de nuevo, planteó un concierto económico similar al del País Vasco buscando así los máximos recursos posibles para gestionar la crisis de 2008 y tapar, en consecuencia, sus drásticos recortes antisociales. Al no lograrlo, expandió la soflama de “España nos roba”, giró radicalmente hacia el soberanismo y convocó una consulta en 2014 para saber si los catalanes querían “que Cataluña sea un Estado”. CiU, que tuvo que refundarse como Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT), para librarse de la corrupción de la familia Pujol y de otros dirigentes, organizó la plataforma independentista, Junts pel Sí (JxSí), para las elecciones catalanas de 2015. Ganó JxSí, pero solo pudo formar gobierno con los votos de otro nuevo actor, la Candidatura de Unidad Popular (CUP) que, con un ideario anticapitalista, antipatriarcal y ecologista, votó en 2016 a Carles Puigdemont, con el compromiso de crear las estructuras de Estado para la independencia.

Así, se llegó al referéndum el 1 de octubre de 2017, aunque sus leyes preparatorias y la misma convocatoria estaban amuladas por la justicia. A los dos días el rey intervino para asegurar el orden constitucional, el 10 de octubre Puigdemont, arropado por JxSí y la CUP, declaraba la independencia a lo que el día 27 el gobierno del PP respondió suspendiendo la autonomía catalana (artículo 155 de la Constitución), con el respaldo del PSOE liderado por Sánchez. El gobierno de la Generalitat, al ser citados sus miembros por la justicia por el delito de sedición, en parte huyó, en parte fueron encarcelados, así como los integrantes de asociaciones independentistas. Se volvieron a celebrar elecciones autonómicas en diciembre de 2017 y ganaron los partidos independentistas y así se llegó a 2018, cuando, al conocerse la sentencia judicial contra la trama Gürtel, red de corrupción del PP, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, lanzó una inesperada moción de censura que ganó gracias a los votos de las demás fuerzas de izquierdas y sobre todo de los nacionalistas catalanes y vascos.

En la agenda nacional quedaron instalados los fuertes impactos generados por el proceso independentista en el conjunto de unas izquierdas zigzagueantes ante el soberanismo nacionalista y sin consensos para la mejor organización del Estado de las autonomías. De hecho, el debate sobre la financiación de las comunidades autónomas se encuentra estancado y las fórmulas de solidaridad social por encima de las diferencias identitarias persisten tan confusas como indeterminadas. Se sumó, por otra parte, dentro del espacio conservador, el desafiante ascenso de Vox, partido residual de 40.000 votos que en 2019 llegaría a más de 3,6 millones, un 15%, en gran medida como expresión de un encendido nacionalismo español opuesto drásticamente a la diversidad y pluralismo de culturas e identidades dentro de España.

Gobiernos de alianzas socialdemócratas

Desde 2018, el PSOE ha gobernado apoyándose en pactos y alianzas parlamentarias con decisiones inevitablemente controvertidas por lo que han supuesto de cambios no siempre incluidos en su ideario político, o insuficientemente explicados. En la práctica han predominado las mejoras socialdemócratas junto a medidas más vinculadas a unos valores ideológicos sin fácil consenso. De hecho, los dirigentes socialistas han rescatado nociones clásicas del liberalismo como la modernización y el progreso, junto a otras los nuevos conceptos de inclusión de la diversidad y la paridad de género. No se habla de gobiernos socialistas, sino progresistas; tampoco de alterar las pautas del capitalismo, sino de modernizar el conjunto de la sociedad.

En un contexto de recuperación económica, el PP, paralizado por la corrupción, no pudo rentabilizar esa mejoría y en las elecciones celebradas en abril 2019, que se tuvieron que repetir en noviembre, se confirmó el bibloquismo antes expuesto y solo se formó gobierno cuando, al ver que no cambiaba la voluntad del electorado, el PSOE y Unidas Podemos (UP) firmaron un acuerdo de gobierno con el rótulo de “coalición progresista”. Las ideas de cambio radical se habían disuelto, contaron con el apoyo de los nacionalistas vascos y catalanes, mientras el partido de centro derecha, Ciudadanos, se hundía en pocos meses, al tiempo que en el espacio de las derechas se alzaba creciente el citado partido, Vox, una ultraderecha convertida en la tercera fuerza parlamentaria tras el PSOE y el PP. Esta realidad obligó a las izquierdas a aparcar sus diferencias pues, al fin y al cabo, coincidían en proyectos socialdemócratas.

Así, esta coalición progresista comenzó a gobernar sobre la curva de crecimiento económico ascendente empujada por el dinamismo de la sociedad, pero, en marzo de 2020, irrumpió la pandemia del covid. Se paralizó la economía todo el año y la recuperación se inició a fines de 2021 gracias a que la UE obvió esta vez la austeridad y acordó una respuesta contraria e inédita. El Banco Central Europeo lanzó un plan de compra de casi un billón en activos públicos y privados para proteger la economía y la unidad del euro, la UE aumentó su presupuesto, distribuyó ayudas financieras y acordó un plan de recuperación multimillonario a largo plazo.

Las medidas europeas permitieron, por tanto, un extraordinario crecimiento del gasto social para absorber la parálisis económica y las necesidades sanitarias y educativas. Un gasto que, a diferencia de lo ocurrido durante los gobiernos de Zapatero y Rajoy, el gobierno de Sánchez tuvo garantizada la compra de sus emisiones de deuda para acometer medidas de protección social de las clases trabajadoras, de las familias, de los autónomos y de las empresas. Más aún, se emitió deuda a tipos de interés negativos por primera vez en la historia. Los resultados fueron contundentes. Frente al 27,2% de parados en la crisis de 2008-2013, en esta crisis pandémica el máximo fue el 13,3% de parados, porque conservaron el empleo otro 13% que, en lugar de los ERE (expedientes de regulación de empleo, o sea, de despido), se beneficiaron de los ERTE gracias a las abundantes ayudas públicas avaladas por la financiación europea para sostener el sistema productivo. Ese 13% de trabajadores acogidos a los ERTE supuso que no se destruyesen 3,5 millones de puestos de trabajo. Por eso, la recuperación económica comenzó en menos de dos años, no en los siete años que costó salir de la crisis de 2008.

Por lo demás, el gobierno de coalición se mantuvo tras las elecciones generales de 2023, con una mayor fragilidad por las nuevas divisiones planteadas a la izquierda del PSOE y lo controvertido de los pactos establecidos con los nacionalistas catalanes. En las izquierdas los grupos de UP se reconvirtieron en 2022 en una nueva organización con el rótulo de Sumar, aunque en su seno pronto surgió la discrepancia con Podemos. En todo caso, a modo de balance de los gobiernos de coalición del PSOE, primero con UP y luego Sumar, es necesario subrayar que se han aprobado importantes medidas, muchas con lógica controversia, y en todo caso con mayorías parlamentarias suficientes, por encima del ruido mediático y del ambiente que se dice polarizado.

En la primera legislatura, hasta 2023, destacaron la implantación del salario mínimo vital, las leyes de reforma laboral, educación, formación profesional, cambio climático, regulación de la eutanasia, ampliación de criterios en el aborto y tres leyes más discutidas como la de memoria democrática, la de garantía integral de la libertad sexual (conocida como del “solo sí es sí”), reformada al poco de aprobarse, y la ley trans, debatida dentro del propio feminismo. Algunas han sido cuestionadas por sectores eclesiásticos, como la eutanasia, cuando, por citar un dato revelador al respecto, en 2023, de los 172.000 matrimonios celebrados, solo el 17,7% fueron religiosos.

Han predominado las mejoras socialdemócratas salvo la revalorización de las pensiones, nada progresiva, sino lineal, de un 8,5% en 2023, un año electoral, lo contrario de la equidad intergeneracional y la redistribución social, cuando España registraba precisamente ese año la tasa más alta de pobreza infantil en la zona euro. Expresaba las prioridades electorales, pues el gobierno de coalición socialdemócrata suprimía, también en 2023, el Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil creado en 2018, aunque integró esa materia en un nuevo ministerio de Infancia y Juventud que, ocupado por IU, hasta el momento no ha tomado medidas significativas.

Respecto a la legislatura iniciada a fines de 2023 hay que señalar la aprobación de leyes polémicas, fruto de pactos criticados no solo por la oposición sino también por socialistas con reconocido calibre político. Así ha ocurrido con la ley de amnistía para los condenados por la organización de la independencia de Cataluña, ratificada por el Tribunal Constitucional con criterios controvertidos; y también con la supresión del delito de sedición en el Código penal. En otro sentido, se han votado leyes como la de paridad de mujeres y hombres en los cargos directivos; la ley ELA para incorporar cuidados las 24 horas del día y otras medidas como la suspensión de los desahucios en viviendas habituales o las relacionadas con la modernización de la Justicia, tan necesarias.

Destaca, en todo caso, el constante aumento del SMI (Salario Mínimo Interprofesional) que, desde 2018, con un 61% de subida, de 735,90 € a 1.184 € mensuales en 14 pagas, ha mejorado el poder adquisitivo de los trabajadores. En este punto de políticas sociales, produce extrañeza la parsimonia con la que se trata la regularización de más de medio millón de inmigrantes, una iniciativa legislativa popular promovida por asociaciones católicas, aprobada por todos los partidos, menos por Vox, o el incumplimiento del mandato constitucional de presentar los presupuestos anuales.

Por último, cabría enunciar materias que se encuentran empantanadas por falta de amplio consenso sobre la aplicación del derecho a la vivienda, la organización y financiación de los poderes territoriales del Estado de las autonomías, el refuerzo de los diques contra la corrupción en los poderes públicos, la política internacional, con una trágica coyuntura de guerra imperial contra Ucrania y de masacre de los palestinos de Gaza, y, en general, las medidas para afrontar con urgencia y en profundidad unas desigualdades sociales cuya solución requiere la máxima solidaridad. Tales desigualdades son la otra cara de la moneda de un país con unas cifras de PIB, renta per cápita y niveles de bienestar material y educativo que lo sitúan dentro de los mejores del mundo ya que en 2023 se recuperó el PIB anterior a la pandemia. Esto ha ocurrido gracias a los apoyos financieros europeos y la pujanza social del consumo interno, más las cifras estratosféricas de turismo (casi 100 millones se calculan para 2025, más del doble que los residentes en España) con el constante aumento de la población ocupada que, por otra parte, no ha supuesto el aumento de la productividad ni de la renta per cápita, otros desafíos pendientes.

Son asuntos tan del presente que las medidas y cuestiones expuestas en estas últimas páginas están marcadas lógicamente por las incertidumbres propias de todo proceso histórico. Podrían girar en uno u otro sentido por múltiples condicionantes entre los que no es baladí el factor internacional del que tanto depende cualquier país, y, por supuesto, un cambio de gobierno. Por eso, la justa ponderación de la gobernanza de estos años corresponderá a futuros historiadores.

Balance

En el período 1976-2025 la sociedad española ha experimentado tres profundas y aceleradas transformaciones estructurales. En política se transitó de una dictadura a una democracia; en economía se finalizó la desagrarización y se pasó de una etapa de desarrollo industrial al predominio absoluto del sector terciario; y, por tanto, en lo social, en un tiempo récord, las clases de la España agraria de mitad del siglo XX se transformaron en clases urbanas del sector servicios mayoritariamente, con un dato inédito: de ser un país de emigración, se convirtió en país de recepción de inmigrantes, casi el 18% de la población de 2025. De igual modo, ha sido revolucionario el rápido acceso de las mujeres a la educación y al trabajo remunerado, alcanzando casi el 50% de la población ocupada y colocando el ideario feminista en primera línea política. Los partidos políticos y los sindicatos, por tanto, se han adaptado a estas realidades y, en concreto, las izquierdas han aparcado sus alternativas al capitalismo y todas se han instalado en propuestas socialdemócratas, incluyendo en sus programas una serie de valores postmaterialistas e identitarios. En estos procesos ha sido decisiva la integración en la Unión Europea con la cesión de soberanía en aspectos económicos, sociales y de justicia. De igual modo, tras embridar la larga crisis de 1973-1986, se han vivido otras tres crisis, la de 1993, la grave recesión de 2008-2013 y la provocada en 2020 por la pandemia del covid. En cada caso se han resuelto con medidas ajustadas a los recursos pertinentes, siendo decisiva la UE en las crisis de 2008 y 2020. Por lo demás, el factor soberanista de los nacionalismos vasco y catalán, primero con la sangrienta persistencia de ETA hasta 2011, y luego el conato independentista en Cataluña, han sido factores de tensión política y social para toda la sociedad con el reto que supone para España abordar la diversidad territorial y las pautas de solidaridad que fortalezcan la convivencia democrática.

Orientaciones bibliográficas

Las transformaciones socioculturales experimentadas desde la década de 1970 hasta hoy han conllevado una extraordinaria eclosión de las investigaciones históricas, sobre todo desde que en la década de 1980 se afianzaron institucionalmente los recursos para los programas de I+D. Esto ha supuesto una extensísima ampliación de los estudios sobre todas las épocas del pasado peninsular con cuyas aportaciones y datos está endeudado este libro de síntesis que, por su propio carácter divulgativo, impide relacionar todas y cada una de las investigaciones utilizadas. Gran parte de ese caudal historiográfico ya cuenta con un balance imprescindible en los 12 volúmenes de la Historia de España, dirigida por Josep Fontana y Ramón Villares y publicada hace poco más de 10 años por las editoriales Marcial Pons y Crítica. Del 1 al 10, cada volumen aborda una época e incluye una bibliografía especializada muy completa; el vol. 11 analiza las relaciones entre España, Europa y el mundo desde el siglo XIX, y el vol. 12, titulado Las historias de España: visiones del pasado y construcción de identidad, desglosa con precisión los relatos historiográficos, las ideas y los mitos sobre lo español, también con una bibliografía enriquecedora.

Contando con los estudios que se referencian en los distintos volúmenes de dicha Historia de España, sin abrumar detallando más obras y, a sabiendas de ser injusto en la relación, baste aportar una selección de especialistas cuyas obras permiten ampliar los procesos descritos en los distintos capítulos del libro, y en concreto las nuevas investigaciones sobre las mujeres en cada época. Son nombres cuyas investigaciones son fácilmente localizables en la web de Dialnet². Así, para la Prehistoria son recomendables las más recientes publicaciones de Juan Luis Arsuaga, Germán Delibes, Rosario García Huerta, Iñigo García-Martínez de Lagrán, Almudena Hernando, Alicia Perea, Manuel Salinas de Frías, Margarita Sánchez Romero y Rodrigo Villalobos. De igual modo, para la Edad Antigua, desde la conquista romana hasta los visigodos, los estudios de Jaime Alvar, Javier Arce, Abilio Barbero, Gonzalo Bravo, Santiago Castellanos, Rosa María Cid, Henar Gallego, Mikel Pozo Flores, José Remesal, José Manuel Roldán, Juan Santos Yanguas, Margarita Vallejo y Marcelo Vigil.

Sobre la Edad Media son nombres obligados los de Ignacio Álvarez Borge, José Beneroso, José Luis Corral, Maribel Fierro, María Jesús Fuente, José Ángel García de Cortázar, Francisco García Fitz, Alejandro García Sanjuán, Eduardo Manzano, Emilio Mitre, José María Monsalvo, Ángela Muñoz, Rafael Peinado, Ana María Rodríguez López, Bilal Sarr y Julio Valdeón. De la nómina de especialistas en los siglos de la Edad Moderna, sin olvidar nombres clásicos como los de John Elliot y Antonio Domínguez Ortiz, se debe contar con las publicaciones de Joaquim Albareda, Amelia Almorza Hidalgo, James Amelang, Ángela Atienza, María Antonia Bel Bravo, Fernando Bouza, Manuel Burón, Antonio Espino, María Adela Fargas, Roberto Fernández, Pablo Fernández Albaladejo, Felipe Fernández-Armesto, Mercedes García-Arenal, Ricardo García Cárcel, Serge Gruzinski, Enrique Martínez Ruiz, Carlos Martínez Shaw, Isabel Morant, Josefina Muriel, Margarita Ortega, Anthony Pagden, Geofrey Parker, Manuel Peña, Joseph Perez, María Ángeles Pérez Samper, Ofelia Rey, Inmaculada Rodríguez Moya, Porfirio Sanz Camañes, Bernard Vincent, Bartolomé Yun y Fernando Wulff.

Si las investigaciones para todas las épocas históricas se han multiplicado en las últimas décadas, este crecimiento ha sido exponencial para la Edad Contemporánea. Son nombres necesarios, entre otros muchos imprescindibles, los de Ana María Aguado, Francisco Alía, Manuel Álvarez Tardío, Miguel Ángel del Arco, Nerea Aresti, Juan Avilés, Ángel Bahamonde, Pilar Ballarín, Oscar Bascuñán, Inmaculada Blasco, Cristina Borderías, Mercedes Cabrera, William James Callahan, Jordi Canal, Julio Carabaña, Julián Casanova, José Antonio Castellanos López, Ángela Cenarro, Julio de la Cierva, Carlos Gil Andrés, José Luis de la Granja, Ángel Duarte, Mariano Esteban, Pilar Folguera, Juan Pablo Fusi, Ángeles González, Damián González, Juan Jesús González, Eduardo González Calleja, Elena Hernández Sandoica, Montserrat Huguet, Juan Antonio Inarejos, Santos Juliá, Emilio La Parra, Frances Lannon, Joseba Louzao, Ascensión Martínez Riaza, Carme Molinero, Enrique Moradiellos, Mónica Moreno, Encarna Nicolás, Teresa María Ortega, Rosa Pardo, Alfonso Pinilla, José Antonio Piqueras, José María Portillo, Lucía Prieto, Juan Pro, Fernando del Rey Reguillo, Antonio Rivera, Gemma Rubí, Germán Rueda, Pedro Rújula, Manuel Santirso, Enric Sebastià, Manuel Suárez Cortina, Susana Sueiro, Manuel Tuñón, Roberto Villa, Ángel Viñas y Mercedes Yusta.

Por lo demás, las perspectivas aquí sintetizadas también se apoyan en investigaciones de historia económica de cuyos autores baste enunciar los nombres de Carlos Barciela, Antonio Miguel Bernal, Albert Carreras i Odriozola, Francisco Comín, Lourenzo Fernández Prieto, José Luis García Delgado, Ramón Garrabou, Manuel González de Molina, Pablo Martín Aceña, José Miguel Martínez Carrión, Jordi Nadal, Vicente Pérez Moreda, Leandro Prados de la Escosura, Josep Pujol, David S. Ringrose, Carmen Sarasúa y Gabriel Tortella. De igual modo, aunque en esta síntesis la historia cultural solo se esboce como contexto, es justo remitirse al uso de los distintos volúmenes editados de Historia de la literatura española, dirigidos por José-Carlos Mainer, como también los 9 volúmenes de Historia y crítica de la literatura española, dirigidos por Francisco Rico, ambas en la editorial Crítica. Para la historia del arte existe una publicación de referencia clásica, los distintos volúmenes de Summa Artis: historia general del Arte, editados por Espasa, con una información abundante e ilustraciones muy atinadas, más la correspondiente bibliografía.

NOTAS

1 . Se usa el término peninsulares incluyendo a los habitantes de las islas Baleares cuya evolución estuvo ensamblada con la peninsular.

2 . Veáse https://dialnet.unirioja.es/.