A José María y Luis, mis nietos.

Los momentos que paso con ellos son inmejorables

Prefacio

Este libro divulgativo pretende que el lector comprenda qué nos está pasando en los tiempos actuales tomando la inflación como centro del debate y abordando el entorno económico de una manera sencilla y clara que parte de los principios del análisis económico ortodoxo o, si se quiere, de la economía no radical. Consideramos, pues, que el mercado es el modelo de asignación de recursos que mejor funciona, aunque tiene fallos. Lo mejor, en general, es dejar que el mercado funcione y esperar a que se ajuste, pero, incluso haciéndolo, en ocasiones tiene fallos que requieren de una intervención del Estado y una mayor regulación pública.

Quizá la inflación no sea un fallo del mercado, sino la consecuencia de unos impactos en la economía que se producen de forma inesperada, como una guerra, pero también de determinadas políticas económicas que la impulsan a estar siempre en un nivel de actividad máxima; entonces, la capacidad de producción no da más de sí y los precios suben. Ante la inflación, si los gobiernos no actúan y no siguen alimentando la subida de precios, la inflación se reduciría por sí misma, pero el proceso sería muy largo y originaría de inmediato una mayor desestabilización económica, recesión en la producción y un desempleo permanente.

Por otro lado, la experiencia de países que han tenido procesos de inflación largos e intensos arroja unos escenarios nefastos que debemos evitar, aunque también es posible, pero no deseable, vivir con una inflación crónica, como ocurre actualmente en algunas economías.

Esta es la óptica que vamos a adoptar en este libro, una visión ortodoxa pero práctica de la economía en la que los gobiernos pueden ayudar a solucionar los problemas económicos y los fallos de mercado, aunque siendo conscientes de que, en muchas ocasiones, son los causantes de estos problemas.

En estas páginas pretendemos contestar a diversas preguntas: ¿qué nos está pasando?, ¿qué es la inflación y cómo nos afecta?, ¿quién gana y quién pierde con ella?, ¿qué diferentes tipos de inflación existen?, ¿cómo la medimos?, ¿por qué hay que subir los tipos de interés cuando hay inflación?, o ¿qué podemos hacer para vivir con ella?

El último capítulo sobre lo que puede pasar en el futuro y las reflexiones finales cierran el contenido de este escrito que solo pretende acercar al lector, no experto pero interesado, a la comprensión de la actualidad económica.

Este libro ofrece una perspectiva amplia de lo que puede pasar en los próximos trimestres, aun cuando los datos se han cerrado a finales de 2023.

Incluimos también recuadros explicativos sobre temas puntuales y un apéndice final con algunos datos que hemos omitido en el relato para facilitar la lectura.

Introducción

¿Otra crisis económica?

En la actualidad (primeros meses de 2024), es difícil saber si estamos saliendo de una crisis económica leve, provocada por la inflación de la pandemia y la guerra de Ucrania, o entrando en una más larga y profunda generada por las políticas económicas llevadas a cabo para estabilizar una inflación persistente. En 2022, los países ricos registraron la más alta de los últimos cuarenta años. Desde 2019, la inflación mundial pasó de un 6 a un 20 % tres años después: la tasa interanual llegó a estar en el 9,1 % en Estados Unidos, mientras en la eurozona se elevó al 10,6 % y, en la economía mundial, alcanzó el 10,4 %.

Es un hecho que la inflación se disparó en 2022 y que, a pesar de moderarse, persiste en la actualidad. Otro es que los bancos centrales han retirado masa monetaria y elevado los tipos de interés a tasas que no se conocían desde 2007, cuando se intentó parar, con poco éxito, la burbuja financiera que terminaría estallando en 2009.

Si aquella fue una crisis financiera debida en parte a la expansión monetaria en la década previa a 2009, la deficiente asignación del crédito y la especulación bursátil, la situación actual responde al parón que todas las economías se vieron obligadas a llevar a cabo para controlar la pandemia; las expansivas políticas fiscales y monetarias adoptadas para salir de aquella profunda recesión; el incremento del precio del gas, el petróleo y las materias primas debido a la guerra de Ucrania; y, por último, la evolución del conflicto israelí en Gaza y sus repercusiones en los precios energéticos a medio plazo.

Lo que diferencia la situación actual es que, mientras en las crisis anteriores crear dinero y aumentar el gasto público eran las medidas inmediatas que había que tomar para recuperar la economía, es probable que, para controlar la inflación, tenga que hacerse lo contrario y originar una nueva crisis económica en la que las tasas de crecimiento sean negativas y el paro empiece a subir.

Tenemos que ir avanzando paso a paso, pero quizá antes debamos diferenciar una situación de riesgo de otra de incertidumbre. En los entornos de riesgo, podemos distinguir los escenarios posibles que pueden producirse, además de las consecuencias económicas, sociales y geopolíticas que pueden derivarse de cada caso, e incluso las probabilidades de que estos escenarios prevalezcan. En situaciones de incertidumbre, nada de esto es factible, y desconocemos sus escenarios, consecuencias y probabilidades.

La incertidumbre caracteriza estos primeros años de este siglo XXI. No supimos ver venir la crisis financiera, la pandemia mundial nos dejó paralizados y nos han sorprendido las guerras y sus derivaciones económicas, energéticas y geopolíticas.

En situaciones de incertidumbre debemos abrir debates sobre lo que nos pasa con la esperanza de atisbar escenarios posibles y sus implicaciones, pero siempre siendo conscientes de que, una vez convirtamos un entorno de incertidumbre en otro de riesgo, también deberemos afrontarlo.

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¿Qué nos ha pasado?

Desde la década de los años ochenta del siglo pasado, las economías occidentales no habían vivido una secuencia de inflación tan alta como la actual. En nuestro tiempo, se ha convertido en el principal problema económico, y parece que nuestras economías no cuentan con los instrumentos necesarios para contener el alza generalizada de los precios. Por tanto, está claro que tardaremos un tiempo en controlar esta situación.

¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos está pasando? Estas son las preguntas que todos nos planteamos ante el escenario de incertidumbre que nos anuncian. Para comprender lo que nos sucede, debemos remontarnos a septiembre de 2021, cuando pensábamos que la pandemia estaba al fin controlada. Después de un verano en el que parecía que habíamos recuperado la normalidad, las familias intentaron recobrar muy rápidamente su nivel de actividad económica prepandemia. Pero entonces se fueron dando una serie de acontecimientos que nos abocaron a la situación actual.

Crecimiento de la demanda y crisis de abastecimiento

En primer lugar, recordemos que la pandemia obligó a parar por completo la actividad económica. Se pensó que la economía era una máquina que contaba con un interruptor que se podía apagar o encender a conveniencia. Sin embargo, la economía es más como un gran buque de contenedores que navega a veinticinco nudos y que, cuando se detiene, tarda mucho en recuperar su velocidad de crucero y sus condiciones de navegación. En nuestro caso, no las alcanzamos hasta el primer trimestre de 2023: intentamos reactivar la máquina y el sistema se encontró con un problema muy serio en el abastecimiento de suministros.

Hay que advertir, además, que, durante la pandemia, casi todos los países implementaron una política monetaria y fiscal muy expansiva. El gasto público ascendió a cantidades insospechadas para abordar los costes sanitarios de los contagios y el elevado número de enfermos y, por lo que respecta a la política monetaria, los bancos centrales optaron por inyectar grandes cantidades de dinero y bajar los tipos de interés para que la economía mantuviera cierta actividad y la recesión no fuera aún más fuerte.

Durante la pandemia, los gobiernos de todos los países aplicaron políticas monetarias y fiscales muy expansivas; esto creó una gran cantidad de dinero y aumentó considerablemente el gasto público.

Las familias no pudieron gastar la renta que acumularon en los meses de confinamiento, así que, durante el último trimestre de 2021, el consumo se incrementó y la demanda agregada creció a tasas elevadas. Los consumidores querían bienes y servicios, y las empresas no obtenían las materias primas necesarias para producirlos. En ocasiones, los puertos de muchos países seguían cerrados por el confinamiento para controlar la pandemia. Además, durante esos meses mandaron al desguace muchos barcos que estaban ya obsoletos. El coste del transporte subió enormemente en un mundo globalizado en el que, durante años, habíamos sido capaces de producir y vender bienes por todo el planeta, es decir, que el modelo de asignación de materias primas y productos intermedios había funcionado. La realidad fue que las empresas no pudieron abastecer los mercados y, ante el impulso de la demanda, los precios empezaron a subir. Así pues, al principio se produjo tanto una inflación de la demanda por el incremento del consumo, el enorme gasto del Estado y la política monetaria expansiva, como una inflación de los costes originada por la crisis de suministros. En ese momento no parecía que la subida de precios causara más problemas. Todos pensábamos que los mercados se ajustarían a medida que los confinamientos fueran desapareciendo, las líneas de transporte empezaran a recuperar su eficiencia habitual y el funcionamiento de la oferta y la demanda de los diferentes mercados resolviera el problema de asignación de recursos. Pero no fue así.

Sufrimos tanto una inflación de la demanda por el incremento del consumo, el elevado gasto del Estado y la política monetaria expansiva, como una inflación de los costes originada por la crisis de suministros.

Aumento del precio de la energía y de otras materias primas

Nuevos acontecimientos surgieron y precipitaron la situación de inestabilidad. En el último trimestre de 2021, tenía que inaugurarse el gaseoducto Nord Stream 2, una obra de ingeniería de la empresa rusa Gazprom en la que había invertido cerca de 12.000 millones de dólares y que suponía la garantía del abastecimiento de gas a Alemania y a los países europeos centrales. Este gaseoducto surcaba el Báltico junto al Nord Stream 1, de menor capacidad de conducción. Con el nuevo, Rusia pretendía ir limitando el envío de gas a Europa por los gaseoductos que surcaban Polonia y Ucrania y, de esta forma, evitar el peaje que se pagaba a estos países. Sin embargo, al final el Gobierno alemán no aprobó la inauguración del nuevo gaseoducto y nunca llegó a abrirse. Por tanto, Rusia empezó a limitar el suministro del gas a Europa: subió de precio y, poco a poco, fue haciendo que en todos los países europeos el coste de la electricidad se incrementase de forma muy significativa.

Así pues, a la subida del precio de los bienes por la crisis de suministros se le sumó el aumento del coste de la electricidad, que poco a poco fue filtrándose en los de toda la producción de bienes y generalizándose.

Los tres últimos meses de 2021 tuvimos una inflación preocupante en las economías occidentales. Muchos empezaron a recordar a los bancos centrales su obligación de frenarla, disminuyendo la cantidad de dinero emitida y haciendo subir los tipos de interés. Sin embargo, ellos consideraron que era un fenómeno transitorio y optaron por ser prudentes y mantener el crecimiento económico del que nos estábamos recuperando cuando acabó la crisis del COVID-19. Los salarios para el año 2022 se negociaron con unas expectativas de inflación moderadas. No obstante, cuando estalló la guerra de Ucrania a finales de febrero y los precios —tanto del gas como del petróleo— se dispararon, las familias comenzaron a ver que, mes a mes, iban perdiendo capacidad adquisitiva. La guerra no solo originó una subida de los precios energéticos, sino que muchas materias primas —el trigo y otros cereales, los fertilizantes, el aceite de girasol y varios minerales, de los que tanto Ucrania como Rusia eran grandes productores y exportadores— también alcanzaron precios muy elevados. Esta subida de costes fue incrementando el importe de los alimentos y, poco a poco, la inflación de todos los países fue alcanzando unos niveles desconocidos desde hacía décadas. Al principio, el IPC empezó a reflejar esta subida de precios por el encarecimiento de las materias primas, el suministro eléctrico y los combustibles, pero después la inflación subyacente también indicaba que el incremento de costes de las materias primas y de la energía se estaban introduciendo en las cadenas de producción de todos los bienes.

A la subida del precio de los bienes por la crisis de suministros se le sumó el incremento del coste de la electricidad, que fue filtrándose en los de todos los bienes, generalizando el aumento.

La inflación había llegado a la mayor parte de los bienes, y el indicador de inflación subyacente, que omite la subida de los precios energéticos y de los bienes agrarios sin elaborar, también empezó a subir.

Descoordinación en las medidas adoptadas por los Estados miembros de la Unión Europea

Las respuestas de los diferentes países a la inflación fueron diversas y un tanto desordenadas. Muchos consideraron que el origen era el modelo de fijación del precio de la electricidad que viene determinado por el de la fuente de energía más cara y, por tanto, del precio del gas, que había multiplicado su valor. En ese momento, se puso sobre la mesa el debate sobre cómo se forman los precios de la energía eléctrica en Europa. El gas era el recurso más caro y contaminante, el que marcaba el precio de energías que eran más baratas, como las solares y las eólicas. Sin embargo, a pesar del mal funcionamiento del modelo de regulación del mercado eléctrico y de haber sido el principal causante de la elevada inflación, la Unión Europea tardó mucho en ser capaz de cambiar dicho modelo que, en el fondo, ha originado el mayor motor de la inflación que padecemos.

LA REGULACIÓN ELÉCTRICA EUROPEA

La primera pregunta que podemos plantearnos es si el proceso de inflación ha favorecido una crisis energética con la subida del gas. No lo parece, pero ha puesto en evidencia una dicotomía paradójica: la transformación a energías sostenibles es más necesaria para los países europeos por su dependencia del gas ruso, y el precio de la electricidad, en buena parte, se ha disparado por querer hacer esta transformación demasiado deprisa, con la reducción de los derechos de emisiones de CO₂ que hizo subir este precio y que, además, encareció el recibo de la luz.

Como se sabe, gran parte del bienestar de los países europeos, en especial de Alemania, se debe a que, durante años, han dispuesto de una energía abundante y barata derivada del gas ruso. Por las previsibles consecuencias del cambio climático, la Unión Europea lleva tiempo virando hacia una economía verde que utilice las energías no contaminantes como la solar y la eólica. Por ello, se han adoptado diferentes normas regulatorias para incentivar esta transformación. Entre ellas, se ha creado un mercado de emisiones, de manera que, el que más contamina, paga más. Esto se consigue porque las empresas disponen de unos derechos de emisión de CO₂ que pueden usar para producir electricidad u otros bienes desprendiendo gases contaminantes, pero si utilizan energías verdes, pueden vender los derechos a quien los necesite y obtener unos ingresos adicionales. Para acelerar el proceso de transformación energética, se limitaron estos derechos y, al hacerlo, subió el precio para incentivar el uso de las energías renovables. Sin embargo, las energéticas no tenían la capacidad de usar con tanta rapidez estas energías alternativas, de modo que repercutieron esta subida en la factura de la luz, que, como hemos comentado, ha sido una de las principales causas de la inflación que padecemos. Con el aumento del coste del gas, este efecto se aguzó: el precio de los derechos de emisión, cada vez más escasos y necesarios, subió e impulsó el coste de la energía eléctrica.

Pero ¿por qué subió tanto la electricidad y no se utilizó la capacidad de las energías alternativas al gas? Se debió a un fallo en la regulación del mercado eléctrico europeo que ha puesto en evidencia la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania.

Simplificando, podríamos decir que la electricidad se puede producir por fuentes de energía hidráulica, nuclear, solar, eólica, gas y carbón. Lo lógico sería pensar que si cada una tiene un precio, el precio del kilovatio reflejara el porcentaje de uso de cada energía. Por ejemplo, si queremos producir 100 kW/hora y utilizamos un 5 % de recursos hidráulicos, un 20% nucleares, un 30% solares, un 35% eólicos y 10% del gas, y estas fuentes tuvieran un precio distinto entre ellas, el coste final del kW/hora tendría que ser el resultado de aplicar estas ponderaciones al precio de cada fuente energética. Parece lo lógico, pero no es así.

La realidad es que la fuente energética más cara establece el precio del kW/hora. Así, si se produce electricidad con las fuentes más baratas, pero en este mix se usa el coste de la más cara, toda se pagará a ese precio. Mientras el gas ha sido barato, la energía también, pero las restricciones que se impusieron al gas ruso por la guerra y la no apertura del gaseoducto Nord Stream 2 dispararon el precio del gas y el del kW/hora, además de los beneficios caídos del cielo de las eléctricas con mayor capacidad de producir electricidad con fuentes de energía alternativas, como las españolas.

Esta manera de determinar el precio de la electricidad del mercado energético europeo —en la que el coste de la energía más cara determina el del mercado— quizá tenía sentido al empezar a sustituir las fuentes de energía fósiles por otras sostenibles como el sol y el viento. Era, pues, una manera de cubrir los costes de la energía solar y eólica (que entonces eran las más caras) e incentivar su desarrollo. Sin embargo, ahora estas energías se han abaratado notablemente y el incentivo de la regulación provoca que sea más interesante para las empresas producir electricidad con gas, que es en la actualidad más caro, que hacerlo con renovables.

Los debates sobre este cambio de regulación se han producido en la Comisión Europea y deben ser aprobados por el Parlamento Europeo. Pero no han llegado al fondo del problema, puesto que abogan por una regulación que permita el control de los precios de manera más o menos automática en situaciones extraordinarias, contratos a largo plazo a precios cerrados y contratos por diferencias en los que se compensen los costes por encima del intervalo pactado con que están por debajo de este, pero sin modificar cómo los deforman, pues no pretenden abaratarlos, sino estabilizarlos.

En el caso de la economía española, el problema se agrava porque son pocas las empresas productoras de energía con un poder relevante de mercado. En principio, el precio del kW/hora se fija entre las empresas productoras y las comercializadoras, pero en todos los casos las productoras tienen filiales comercializadoras y los precios para el consumidor suelen determinarlos entre unas y otras sin pasar por el mercado.

A pesar de esta compleja situación, se entenderá que, si bien las medidas del Gobierno al reducir el Impuesto del Valor Añadido (IVA) de la factura energética y los impuestos especiales ayudan a bajar el coste y son positivas para el control de la inflación, establecer un impuesto a los beneficios de las eléctricas provocará que estas empresas repercutan en el precio del kW/hora la cuantía de esta imposición extraordinaria, de manera que los consumidores, como siempre, terminemos pagando ese impuesto. En lugar de tomar esta medida con un interés recaudatorio, el Gobierno debería fomentar la competencia en el sector, por ejemplo impidiendo que las empresas generadoras de energía pudieran comercializarla al mismo tiempo. Así, en vez de tener una energía cara para los consumidores y gravada con un impuesto implícito, dispondríamos de otra más económica para las familias y las empresas.

Se optó entonces, como siempre ocurre en la Unión Europea, por tomar medidas particulares y diferenciadas por parte del gobierno de cada país. Así, para paliar esta subida de la electricidad, muchos optaron por disminuir los impuestos indirectos que la gravan, como el IVA y los impuestos especiales. Otros, como los de España y Portugal, propusieron topar el precio del gas como fuente principal de la energía eléctrica. En otros casos, como en Francia, el precio de la electricidad estaba acordado anualmente y no sufría la volatilidad del mercado diario. La inflación afectó de manera diferente a cada país, y a ello se sumaron las expectativas de que, a finales de 2022 y durante el invierno de 2023, tendríamos un fuerte problema de suministro de gas, lo cual empezó a generar una volatilidad extrema en los mercados de los combustibles fósiles.

Si al principio todos esperábamos que la guerra de Ucrania terminaría pronto, con el paso de las semanas se comprobó que era un conflicto de medio o largo plazo. El elevado precio del gas no iba a remitir, y era posible que siguiera subiendo. Los bancos centrales optaron por entender que la inflación era un fenómeno persistente y comenzaron a aplicar políticas monetarias más restrictivas. Los tipos de interés empezaron a subir; los créditos, a ser más restringidos; las hipotecas, mucho más caras. Como respuesta, poco a poco el consumo comenzó a moderarse. Sin embargo, durante el último semestre de 2022, el consumo, el principal componente de la demanda agregada, siguió manteniendo su crecimiento y, por tanto, impulsando la subida de precios. Las economías occidentales, que habían experimentado una fuerte crisis en 2020 y que apenas se habían recuperado en 2021, continuaban arrojando cifras de crecimiento positivo, aunque en algunos casos los datos trimestrales empezaron a reflejar que se estaban parando.

En la actualidad, parece que la inflación convive con nosotros, aunque todo indica que se está controlando, pero estamos a la espera de ver qué ocurrirá en el crecimiento y el desempleo con las políticas monetarias restrictivas que se están administrando en casi todos los países. En realidad, el desconocido final de las guerras, los ajustes necesarios para superar la crisis de suministros, los procesos de negociación colectiva para determinar las subidas de salarios en los distintos países y el efecto de la política monetaria restrictiva marcarán su ritmo de control o quizá un escenario de varios años con una inflación elevada.

Los tipos de interés empezaron a subir; los créditos, a ser más restringidos; las hipotecas, mucho más caras, pero se esperaba que el consumo comenzara a frenarse.

Pero ha llegado la hora de que seamos más precisos y abordemos qué entendemos por inflación y cómo afecta este fenómeno a la actividad económica y a sus agentes.

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¿Qué es la inflación y cómo nos afecta?

Cualquier subida de los precios no es inflación. Los ajustes son normales en los mercados de bienes y servicios, ya que es la forma que tienen los agentes económicos, los consumidores y las empresas de adaptarse a nuevas situaciones del mercado. Imaginemos un mercado cualquiera, por ejemplo, el de pelotas de tenis. Sería microeconómico, dado que se refiere a un solo bien, a un número de consumidores concretos y a unas empresas determinadas que fabrican estos productos. Supongamos que, ante las victorias de un nuevo jugador de tenis nacional, hubiera más personas que deseasen practicar este deporte. Algunos serían nuevos jugadores; otros, en vez de entrenar una vez a la semana, lo harían dos o tres veces, y, en conjunto, la demanda de pelotas de tenis se incrementaría. Las tiendas de deportes pedirían a las fábricas que aumentasen la producción, pero la demanda sería tan fuerte que no podrían abastecerla, de manera que el precio del bote de pelotas de tenis pasaría de cinco a seis euros.

¿Sería un proceso de inflación? No. Se consideraría un ajuste del mercado ante una fuerte subida de la demanda. A medio plazo, tras unos meses, los fabricantes serían capaces de incrementar la producción y la oferta, y quizá el precio volvería a bajar a los cinco euros iniciales. En ese caso, el mercado se habría ajustado. La subida de precios sería la señal para que los fabricantes contratasen a más trabajadores, incrementasen el ritmo de producción e incluso invirtieran para fabricar más bienes ante la fuerte demanda. Por tanto, la oferta se habría ajustado a la demanda produciendo más.

Supongamos ahora que se hubiera producido un fuerte incremento de precio en el caucho con el que se fabrican esas pelotas. Los fabricantes se darían cuenta de que, al vender el bote a cinco euros, no se cubrían los costes de producción, de forma que subirían a seis euros el precio final del producto. Como el coste del caucho sería el mismo para todos los fabricantes, ninguno querría vender a cinco euros y asumir las pérdidas, por consiguiente, seis euros sería el nuevo precio de equilibrio de ese mercado. Si no cambiase el precio de las materias primas, a medio plazo las pelotas de tenis seguirían costando seis euros, y eso quizá moderase la demanda. Los jugadores pensarían que practicar ese deporte se había encarecido y dejarían de jugar tres días a la semana, o quizá usarían las mismas pelotas en varios partidos. De nuevo, el mercado se habría ajustado. En este caso, ante la subida de costes de producción, la demanda reaccionaría disminuyendo la cantidad de pelotas que adquirirían y el mercado alcanzaría un nuevo equilibrio.

Ambos ejemplos demuestran que una subida de precios sirve para ajustar el mercado de un bien o servicio concreto, pero también indican que puede venir por una mayor demanda de bienes o por un incremento de los costes, tal como ocurre con la inflación. Este ejemplo también demuestra que el mecanismo de precios transmite información sobre lo que quieren los compradores o las alteraciones de los costes de producción. Por tanto, es clave para llegar a un nuevo punto de ajuste entre la oferta y la demanda, lo que denominamos un «nuevo punto de equilibrio» del mercado.

Un entorno de inflación es diferente. Cuando hablamos de este tema, no nos estamos refiriendo a una subida de precios en un mercado microeconómico, sino a un ascenso generalizado y constante del coste de todos los bienes. En el ejemplo anterior, los precios se estabilizaban cuando se alcanzaba el nuevo equilibrio del mercado. En un proceso de inflación, los precios no tienen por qué estabilizarse, y podemos llegar, como ocurrió en la década de los setenta y principios de los ochenta del siglo pasado, a varios años en que los precios y los salarios subieron de manera persistente e hicieron perder a los agentes que compiten en los mercados, empresas y consumidores las señales que transmiten la variación del coste y que contribuyen a estabilizar los precios. Esta situación inflacionista suele originar un escenario de expectativas negativas que, junto con las políticas monetarias restrictivas que suelen aplicarse para acabar con la inflación, llevaron a las economías occidentales a una recesión económica y a un incremento del paro de los que fue muy largo y costoso salir por la elevada tasa de desempleo que originó y la pérdida generalizada de bienestar.

La inflación de los años setenta y ochenta marcó un antes y un después en la manera que teníamos de entender la macroeconomía de un país. Por lo general, y hasta la crisis de la década de 1970, pensábamos que el motivo de que las economías tuvieran paro era que estaban en recesión y que las tasas de crecimiento económico eran muy bajas, incluso negativas. En esta situación, no deberían subir los precios de todos los bienes. Paralelamente, cuando estaban en pleno empleo,[1] si la demanda seguía queriendo comprar bienes, los empresarios no encontraban trabajadores ni disponían de materias primas para producirlos, de manera que subían los precios y se originaba así la inflación. Por tanto, cuando había paro, no tenía que haber inflación y, si había inflación, la economía estaba creciendo tanto que no debería haber paro. Además, si había inflación porque la economía crecía demasiado, había que pararla, pero, si había paro, debían proponerse políticas expansivas para que las economías crecieran. Sin embargo, la crisis de los años setenta fue muy desconcertante porque hubo inflación y paro al mismo tiempo; si se quería arreglar un problema, se empeoraba el otro. A este nuevo fenómeno se le llamó «estanflación» (stagflation) y tardamos mucho en entender sus causas y volver a estabilizar las economías. Por eso intentamos que no vuelva a ocurrir.

La experiencia de estos años nos demuestra que ningún país que quisiera acabar con el paro en vez de atacar la inflación con políticas expansivas, gastando más el Estado o creando más dinero su banco central, lo consiguió. Solo los que lograron controlar primero la inflación pudieron, a medio plazo, ver cómo crecían sus economías y reducir el paro, pero a corto plazo subió y las recesiones económicas fueron profundas. Es decir, había que acabar primero con el problema de la inflación y, para moderarla, era necesario originar, a corto plazo, más paro. Por ello, en la actualidad, ha aparecido el fantasma de que, para acabar con la inflación, debemos soportar de nuevo altas tasas de paro, y de ahí la anunciada recesión para 2024, que parece que no está llegando con la contundencia esperada.

Tipos de inflación

De lo visto hasta aquí, podemos intuir que existen varios tipos de inflación. En ocasiones, toda la demanda agregada provoca que los precios suban. En otros casos, los costes de producción impulsan los precios al alza. Recordemos que existen diferencias entre la subida de precios de un mercado microeconómico y la subida de precios generalizada que conocemos como inflación, que es más un efecto de naturaleza macroeconómica. Así pues, inicialmente tenemos que diferenciar la inflación de la demanda de la inflación de la oferta por un aumento de los costes de producción.

LA INFLACIÓN DE LA DEMANDA

Para empezar, consideremos la inflación de la demanda. La demanda agregada (DA) de un país es el deseo de bienes y servicios de todos sus agentes económicos. Dado que el funcionamiento económico es muy complejo y puede ser difícil de entender, solemos simplificar este funcionamiento; a esta simplificación la llamamos modelo económico. En el modelo económico que utilizamos en macroeconomía, consideramos que todas las personas, empresas e instituciones que se relacionan con la economía de un país se agrupan en cuatro sectores: familias, empresas, sector público y sector exterior.

Desde la perspectiva de la demanda agregada, el principal sector económico lo componen las familias, que son las que realizan el consumo (C) en el país. Todas ellas requieren bienes y servicios para satisfacer las necesidades de sus integrantes y suponen la mayor parte del gasto general de la economía en los países occidentales de economías de mercado.

Las empresas también demandan bienes y servicios, pero lo hacen para ser capaces de producir más bienes en el futuro. Es lo que llamamos inversión (I), que hay que diferenciar de la inversión financiera o bursátil. Los bienes de inversión no son dinero ni activos financieros, sino bienes que sirven para producir más el próximo año, como equipos y vehículos industriales, fábricas, bienes tecnológicos, etc.

El tercer sector de la economía es el público, que provee a los ciudadanos de bienes en forma de educación, sanidad, seguridad, infraestructuras y tantos otros que contribuyen al bienestar de la sociedad. A este conjunto de bienes que provee el Estado a las familias y empresas se le denomina gasto público (G) y es diferente de las transferencias (TR) que hace el Estado a las familias y empresas en forma de pensiones, seguros de desempleo, ayudas contra la pobreza, subvenciones a empresas, etc. El gasto público son bienes y servicios que el Estado, los políticos, deciden demandar, mientras que las transferencias son recursos que da a las familias y empresas para financiar el consumo y la inversión de estos agentes económicos en forma de ayudas, prestaciones sociales y subvenciones.

SALDO PRESUPUESTARIO, IMPUESTOS, GASTO PÚBLICO Y TRANSFERENCIAS

La situación de las cuentas públicas se mide mediante el saldo presupuestario (SP), que es la diferencia entre los ingresos del Estado y el gasto público, las transferencias y la carga financiera de la deuda. Si el saldo es positivo, las cuentas públicas presentan un superávit y, si es negativo (lo más habitual), origina un déficit público.

Por lo que respecta a los ingresos (T) del Estado, se pueden clasificar en tres grupos:

• Impuestos directos: como el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) o el Impuesto sobre Sociedades (IS) a las empresas.

• Impuestos indirectos: como el IVA o los impuestos especiales a los carburantes, la electricidad, el alcohol o el tabaco.

• Cargas sociales: las pagan los trabajadores, en especial las empresas al contratarlos, para financiar las prestaciones sociales.

En general, los ingresos del Estado son procíclicos, es decir, aumentan cuando la economía va bien y disminuyen en caso de recesión económica. Por esta razón, el saldo presupuestario mejora y los ingresos empeoran con la evolución del Producto Interior Bruto (PIB). Cuando la economía está en pleno empleo y el PIB está creciendo, si aún existe déficit público, se dice que es estructural. Sin embargo, el déficit en situaciones de recesión y desempleo tiene carácter cíclico y tenderá a desaparecer cuando se alcance el pleno empleo.

La diferencia entre el gasto público (G) y las transferencias (TR), consiste en que el primero lo gasta directamente el Estado —como las partidas en educación y sanidad—, mientras que las transferencias son fondos públicos que se envían a las familias y empresas para que estas decidan cómo gastarlos. Entre ellas están las pensiones, las ayudas por desempleo o por tener rentas muy bajas y las subvenciones a las empresas para que acometan determinadas inversiones o generen empleo.

La carga de la deuda es un gasto público financiero. Dado que cuando se tiene déficit público hay que financiarlo emitiendo deuda pública y por esta deuda hay que pagar un tipo de interés, la carga de la deuda será el resultado de multiplicar el tipo de interés nominal de la deuda (i) por el total de esta que aún no se hay amortizado (Dp).

Por tanto:

SP = T – G – TR – iDp

Cuando en procesos de inflación se lleva a cabo una política monetaria restrictiva que eleva de forma sustancial el tipo de interés, la carga de la deuda se dispara y el saldo presupuestario disminuye drásticamente, o lo que suele ser lo mismo, el déficit público crece y puede hacerse insostenible. En la crisis de 2009, países como Grecia, Portugal e Irlanda, pero también Italia y España, entraron en fuertes déficits que aumentaron bastante su deuda pública y su carga financiera; en el caso de los tres primeros países, incluso tuvieron que ser rescatados. Cuando la carga financiera del saldo presupuestario es muy elevada, absorbe buena parte de los ingresos públicos y se provoca un nuevo déficit público. En estos casos, solo cabe aumentar los impuestos o reducir el gasto público y las transferencias. La otra posibilidad, antes de declarar la quiebra del Estado, es que alguien se haga cargo de la deuda a tipos de interés bajos mientras se sanean las cuentas públicas. En esto consistió el rescate de la Unión Europea a determinados países.

Debemos conocer un último concepto: el saldo presupuestario primario (SPP). Es la diferencia entre los ingresos públicos menos el gasto público y las transferencias, es decir, el saldo presupuestario menos la carga de la deuda.

SPP = T – G – TR

Para acabar, el sector exterior lo constituye el área comercial de cada Estado, formado por las empresas, las familias y los gobiernos de los países con los que comercia y que demandan bienes y servicios nacionales, como el turismo. Esta demanda de bienes nacionales son las exportaciones (X). Cuando un país compra bienes y servicios a los países de su área comercial, estas compras son importaciones (M). Hay que añadir que las exportaciones suponen una mayor demanda de bienes y servicios nacionales que tiran de la producción y el empleo del tejido productivo nacional, mientras que las importaciones suponen que parte del consumo, la inversión o incluso el gasto público adquieren bienes de otros países y, por tanto, demandan bienes de las empresas extranjeras.

La inflación de la demanda se debe a que los deseos de bienes de todos los sectores de una economía son tan elevados que la producción —lo que denominamos la oferta agregada (OA)— no es capaz de abastecer esta fuerte demanda. Como las empresas no pueden producir más y esta persiste, los costes suben de forma generalizada. Tenemos, pues, que contestar a dos preguntas: ¿por qué la demanda agregada es tan fuerte?, y ¿por qué las empresas no pueden producir más?

La inflación de la demanda se debe a que los deseos de bienes de todos los sectores de una economía son tan elevados que las empresas son incapaces de abastecer esta fuerte demanda y suben los precios.

¿Qué hace que la demanda agregada sea tan alta?

Por lo general, el origen directo de una inflación de la demanda no suele ser el consumo de las familias o la inversión de las empresas, ni tampoco las exportaciones, aunque puede que sostengan la presión de la demanda agregada. Puede ocurrir —como nos pasó en el último trimestre del año 2021— que la inflación se deba al elevado consumo de las familias, pero una inflación persistente de la demanda suele deberse, en primer lugar, a una política fiscal muy expansiva, es decir, a que el Estado está realizando un gasto público excesivo —o concediendo numerosas transferencias a las familias para mantener el consumo o bien aumentando las subvenciones a las empresas para incrementar la inversión— y, además, que lo haga de forma permanente. Cuando el Estado mantiene una política fiscal expansiva, suele incurrir en déficit presupuestario, que es la diferencia entre los impuestos que recauda y los gastos y transferencias del Estado, y este déficit hay que financiarlo. Para ello, hay dos maneras posibles: emitiendo deuda pública o fabricando dinero.

Aunque parezca increíble, los bancos centrales pueden fabricar la cantidad de dinero que deseen. La oferta monetaria, la cantidad de dinero en circulación, no está limitada por oro o divisas que custodie el Banco Central o por otra restricción. Cuando un gobierno decide incrementar el gasto público y no tiene impuestos suficientes para financiarlo, podría ordenar al Banco Central que fabricara más dinero y, en este caso, el incremento de la demanda agregada podría ser sostenido en el tiempo con la expansión monetaria. Esto, que suele denominarse vulgarmente «darle a la maquinita», en economía se llama monetizar el déficit público, y es la base del pensamiento, muy extendido, que afirma que siempre que hay inflación es porque se ha fabricado demasiado dinero. Por tanto, junto a la política fiscal expansiva, si se monetiza el déficit, se realiza también una política monetaria expansiva.

LAS COMBINACIONES DE POLÍTICAS FISCAL Y MONETARIA

Como se sabe, la política fiscal la realizan los Gobiernos y, en la mayoría de los países, la política monetaria la llevan a cabo los bancos centrales de forma independiente. Quizá estas instituciones deberían estar más coordinadas, pero los intereses de ambos agentes económicos no suelen coincidir, así que, al margen de la declaración de intenciones y de los intentos de influir uno en las acciones del otro, no es habitual que estas políticas se coordinen.

Los gobiernos tienen un claro objetivo electoral: quieren ganar las elecciones y, antes de celebrarse, que las economías estén en expansión con pleno empleo. Así pues, mantienen una política fiscal proelectoral de naturaleza expansiva antes de las elecciones y sacrifican los déficits fiscales y el aumento de la deuda pública para alcanzar su objetivo. En los países miembros de la eurozona, esta manera de hacer política está limitada por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC). En su primera versión, los gobiernos no podían superar el 3% del déficit sobre el PIB en la fase recesiva del ciclo y debían tener un déficit máximo del 0,5% en sus fases expansivas, lo que garantizaba limitar el gasto excesivo sin equilibrio fiscal. La deuda pública también debía estabilizarse alrededor del 60% del PIB nominal. Estos requisitos del pacto pretenden evitar que se lancen las economías con incrementos de gasto público y bajadas de impuestos antes de las elecciones y, después, tener que hacer los ajustar necesarios.

En la crisis financiera de 2009, todos los gobiernos realizaron políticas fiscales muy expansivas con déficits públicos alrededor del 10 % del PIB, y, en la actualidad, la deuda emitida supera el 100 % del PIB en muchos de los grandes países. El intento de hacer cumplir el PEC hacia 2011 originó una nueva recesión económica que se dice que fue originada por la conocida como política de austeridad. Después de la pandemia y de la guerra de Ucrania, el pacto se dejó en suspenso y los países volvieron a establecer políticas fiscales muy expansivas, lo que disparó la deuda para financiar los elevados déficits públicos. En principio, en 2024 se volverá a exigir un PEC, debatido en los meses finales de 2023 entre «halcones y palomas». Es decir, los países que quieren estabilizar las cuentas de manera rápida y de forma estricta, que suelen ser los centroeuropeos, y los que piden más tiempo y flexibilidad para hacer los ajustes, que por lo general son los mediterráneos. En el acuerdo final, el primer objetivo de la nueva regulación no es el control del déficit, sino la reducción de la deuda, y todo ello asegurando que se mantengan las inversiones públicas para la transformación verde y la digital. Según el nivel de deuda pública vigente de cada país, se le requerirá un ajuste en el déficit público para que, de manera paulatina, vaya alcanzando el 60 % del PIB permitido y que el déficit no supere el 3 %. En este ajuste, habrá que ir moderando el gasto público y las transferencias permitidas o subir los impuestos, manteniendo la inversión pública en determinados sectores.

Si la política fiscal la hacen los gobiernos, de la monetaria se ocupan los bancos centrales. Los objetivos de su actuación están marcados en sus estatutos: preferentemente, controlar la inflación y suavizar el ciclo económico. Quizá haya un tercer objetivo no explícito, mantener la solvencia del sistema financiero, y es lo que hace que salgan al rescate de cualquier entidad financiera con problemas, algo que aprendieron en la crisis financiera de 2009. Los bancos centrales crean y destruyen la oferta monetaria; como consecuencia, bajan o suben los tipos de interés, con las repercusiones que esto tiene en el precio de los activos financieros. Por lo general, no les tiembla la mano al subir los tipos si la economía presenta una tasa de inflación muy por encima de la tasa objetivo, que suele ser del 2%.

Si consideramos que la política fiscal y la monetaria actúan juntas, aunque no de forma coordinada, y que ambas pueden ser expansivas o restrictivas, podemos diferenciar cuatro escenarios posibles de combinaciones de política fiscal y monetaria.

Escenario 1. Implementar ambas políticas expansivas: se aumenta el gasto público, se bajan los impuestos por parte del Gobierno, se crea dinero y se baja el tipo de interés por parte del Banco Central. Esta combinación suele ponerse en práctica en momentos de ciclo económico muy recesivo o de grandes crisis como la pasada, el parón por la pandemia o la guerra de Ucrania, pero siempre que no salte la inflación.

Escenario 2. Establecer una política fiscal y monetaria restrictivas. El Gobierno reduce la demanda agregada bajando el gasto público y subiendo los impuestos, y el Banco Central, al subir el tipo de interés, frena el consumo y la inversión. Esta suma de políticas macroeconómicas busca la recesión económica, y suele hacerse en situaciones de elevada inflación de los precios de los bienes o cuando el mercado inmobiliario y el bursátil están en una burbuja próxima a explotar. Recordemos que, en esta combinación de políticas, los gobiernos serán reacios a mantener una política fiscal restrictiva si alguna entidad superior, como la Comisión Europea, no les obliga a ello.

Escenario 3. De esta descoordinación suele surgir el tercer escenario: una política fiscal expansiva junto a una política monetaria restrictiva. Esta es la combinación que se está haciendo en la actualidad en España y la Unión Monetaria Europea (UME). El Gobierno sigue gastando mientras el Banco Central sube el tipo de interés para frenar el consumo y la inversión. Esta unión suele denominarse crowding out y tiene un resultado un tanto perverso, dado que, al principio sin pretenderlo, el sector público gana peso en la demanda agregada y el sector privado —el consumo y la inversión— lo pierde. Por eso se dice que el sector público expulsa al sector privado de la demanda agregada. Suele ser la opción elegida por los gobiernos progresistas de izquierda que quieren un mayor peso del Estado en la economía.

Escenario 4. La última opción, conocida como crowding in, consiste en retirar al Estado de la economía con una política fiscal restrictiva y animar el crecimiento del consumo y la inversión con una política monetaria expansiva que reduzca el tipo de interés. Esta es la combinación preferida por los gobiernos occidentales de filosofía conservadora y liberal, y ha sido la opción vigente desde principios de los noventa hasta el año 2007, en el inicio de la crisis financiera. Ha permitido mantener las economías con tasas de crecimiento sostenidas en pleno empleo y sin inflación a pesar de la fuerte expansión monetaria. En aquellos años, la expansión monetaria no originó la subida de los precios de los bienes, pero sí las burbujas inmobiliaria y bursátil, que originaron una crisis muy grave. Por tanto, toda combinación de políticas tiene sus inconvenientes.

Seguramente, cuando tengamos estabilizada la inflación, volveremos a esta última combinación de política macroeconómica, y es de esperar que, esta vez, los bancos centrales estén más atentos a las subidas desproporcionadas del precio de las acciones y de las viviendas para evitar nuevas crisis financieras.

Para evitar la monetización del déficit público, desde la inflación de los años setenta e inicios de los ochenta, se otorgó a los bancos centrales de los países occidentales un estatuto de autonomía en su funcionamiento, es decir, que cada banco decidiera de forma independiente la cantidad de dinero que iba a fabricar y que no tuviera que obedecer a los gobiernos si estos decidían gastar más de lo que ingresaban con los impuestos. Así pues, en lugar de financiar el déficit fiscal que originan recurriendo a su monetización por parte del Banco Central, deben salir a los mercados a buscar financiación para la deuda pública que emiten.

Los bancos centrales, como la Reserva Federal de Estados Unidos o el Banco Central Europeo (BCE), tienen como objetivo prioritario en su diseño de la política monetaria no el crecimiento económico y bajar el desempleo, sino mantener los precios de la economía estables. Por ello, suelen destruir dinero, es decir, establecer una política monetaria restrictiva para frenar la inflación y que la demanda agregada se restrinja, como veremos más adelante.

En la actualidad, los gobiernos de los países occidentales tienen que financiar su déficit público emitiendo bonos. Los mercados financieros adquieren estos activos financieros con el ahorro nacional e internacional, pero a cambio piden un tipo de interés sobre este préstamo. Cuando no tienen mucha confianza en un país concreto, exigen unos tipos de interés más elevados para financiar el déficit, que está, ahora, cuestionado por los mercados internacionales. Si se compara el tipo de interés al que se financia un país con el tipo de interés al que se financia Alemania (el Estado que se considera más fiable del mundo) la diferencia es lo que se llama prima de riesgo país.[2]

En la actualidad, los gobiernos de los países occidentales tienen que financiar su déficit público emitiendo bonos en los mercados financieros, y no pueden recurrir a sus bancos centrales para monetizarlo.

Así pues, la inflación de la demanda viene impulsada por el hecho de que las familias, las empresas, el Estado o el sector exterior demandan bienes al sistema productivo de un país que no puede abastecer con rapidez. Por lo general, el Estado es más proclive a demandar una relevante cantidad de bienes de forma persistente, dado que los políticos que deciden este gasto suelen estar sometidos a procesos electorales en los que se prometen cada vez más bienes públicos y gastos para incrementar el bienestar social, sin explicar cómo se pagarán. Pero, como hemos dicho, desde que a los bancos centrales se les dio un estatuto de independencia, no tienen por qué monetizar este déficit y, por tanto, el principal peligro para la inflación de la demanda queda, en cierta medida, controlado.

Esta es la razón por la que en la década de los años noventa y en las dos primeras del siglo XXI, a pesar de que los bancos centrales han ido implementando políticas monetarias muy expansivas, la inflación no ha sido elevada, dado que, al aumentar la cantidad de dinero, no pretendían financiar el déficit público, sino que las empresas incrementaran los procesos de inversión en equipos y que las familias compraran viviendas y tuvieran acceso a créditos para lo que denominamos bienes de consumo duraderos, aquellos que se financian con préstamos, como coches, electrodomésticos, viajes, etc.

¿Por qué, ante la presión de la demanda, las empresas no producen más bienes y optan por subir los precios de todos los productos?

Normalmente, si las empresas perciben que se incrementa la demanda de bienes, intentan producirlos rápidamente para abastecerla. Puede que un mercado tenga falta de materias primas, haya limitado su producción debido a su capacidad productiva o no encuentre trabajadores cualificados y, entonces, suba los precios con la seguridad de que las empresas del sector con las que compite harán lo mismo. Pero cuando, a nivel macroeconómico, todas las empresas de todos los sectores suben los precios, se debe a que todo el sistema productivo está al límite y no puede producir más a corto plazo. En esta situación, decimos que la economía está en pleno empleo, lo cual no significa que tenga una tasa de desempleo igual a cero, sino que está en la situación que se denomina tasa natural de paro, como ya hemos dicho. Así pues, por lo general, cuando existe una inflación de la demanda, la economía alcanza su máximo nivel de producción y por eso suben los precios. Este caso es diferente de cuando se produce una subida en los costes de producción, y este es el segundo tipo de inflación que debemos considerar.

Por lo general, cuando existe una inflación de la demanda, la economía alcanza su máximo nivel de producción y por eso suben los precios.

LA INFLACIÓN DE LOS COSTES

La inflación de los costes es el segundo tipo de inflación que debemos analizar. Si suben algunos de los componentes de los costes de la producción de bienes de una economía —lo que denominamos la oferta agregada—, los empresarios intentarán repercutirla en sus precios finales. Sin embargo, unas veces podrán hacerlo y otras no. En las economías muy abiertas que compitan con productos fabricados en otros países, si allí no se han experimentado estas subidas de costes, será difícil que puedan repercutir estos incrementos en los precios finales de los productos de ese país. Los consumidores nacionales comprarán productos extranjeros en lugar de bienes producidos aquí, lo que aumentará las importaciones, y los empresarios tendrán que mantener los precios o dejar de producir, originando un incremento del paro. Sin duda, en los últimos años, el crecimiento de las compras online ha favorecido que los precios se mantengan estables en productos que los consumidores pueden comprar en la web, que en muchos casos son producidos en otros países y que, por tanto, son importaciones de bienes que aminoran la demanda agregada nacional.

¿Cuáles son, a nivel macroeconómico, los diferentes componentes de los costes de la producción? El primero es el coste de las materias primas, tales como el petróleo, el gas, el trigo, el girasol, el maíz y tantos otros. Por lo general, estos precios se determinan en los mercados internacionales y suelen comprarse a futuros, es decir, pensando en el uso que le dará el sistema productivo a estas materias primas dentro de unos meses. Esto suele generar a los mercados una gran volatilidad, ya que los hace muy sensibles a los diferentes acontecimientos que se produzcan, como una guerra, un desastre natural, etc., ya que las industrias quieren asegurarse el suministro para que no se corte la cadena de producción. Ni que decir tiene que este primer componente de coste de los bienes producido por la oferta agregada ha sido el principal detonante de la inflación que vivimos hoy en día, dado que el mundo occidental ha sufrido un aumento de los costes por la falta de suministros, el encarecimiento de las materias primas y la subida del precio de la energía.

En segundo lugar, debemos de considerar las rentas salariales, cada vez más importantes en la producción de bienes y servicios. En ellas debemos incluir tanto los salarios que perciben los trabajadores como los impuestos en forma de cargas sociales que las empresas y los trabajadores tienen que pagar para sostener determinadas políticas de bienestar como son, en el caso de España, las pensiones. Así pues, una subida de los salarios o de las cargas sociales origina incrementos de costes que los empresarios repercuten en el precio final de los bienes y que alimentan los procesos de inflación.

En tercer lugar, el precio de los bienes incluye las rentas empresariales y del capital. Estas retribuyen a la actividad de empresarios, directivos y de los agentes que han prestado sus ahorros para que las compañías adquieran bienes de capital y puedan producir, como es el caso de los accionistas o de los empresarios, si la empresa es de su propiedad. Las rentas de los empresarios y del capital suelen estar gravadas con los impuestos a los beneficios, como es el caso del IS, y, por tanto, una subida de este hará que las empresas intenten repercutirlo en el incremento del precio final siempre y cuando el mercado en el que compiten se lo permita.

Estas rentas empresariales y del capital se suelen determinar como un margen a los costes salariales o a los de las materias primas; es la retribución que inicialmente hace de colchón ante cambios en otros componentes de los costes si los precios no cambian. Por eso se dice que los márgenes empresariales son más reducidos en los mercados en competencia, en los que haya muchas empresas fabricando bienes, que en los monopolísticos u oligopolísticos, donde son pocas las empresas que fabrican esos bienes, y pueden llegar a un acuerdo, explícito o tácito, subiendo los precios y recuperando los márgenes si suben los otros componentes del coste.

CODICIA EMPRESARIAL Y CONTROL DE LOS PRECIOS

De un tiempo a esta parte se ha abierto un debate sobre los motivos de la inflación una vez que el precio de la energía ha bajado, ya que, al diseccionar los salarios, los beneficios y otros costes de la producción, la rentabilidad se mantiene, incluso se incrementa.

Parece, pues, que el comportamiento de los empresarios y directivos es una de las principales causas de la inflación, y que la codicia empresarial de querer ganar cada vez más está impulsándola con estos incrementos de márgenes sobre los que no existen instrumentos tradicionales de política económica para actuar sobre ellos.

En este debate, hay quien ha justificado la existencia de estos márgenes y quien ha optado por combatirlos con un control de los precios de los bienes para reducir estos beneficios extraordinarios, incluso gravándolos con impuestos específicos.

Existen varias teorías que explican la existencia de estos beneficios tan elevados. Una de ellas los justifica por la existencia de economías de escala en la producción. Esto quiere decir que, a medida que las empresas crecen, sus costes medios por unidad de producto van descendiendo, y si el precio de los bienes se mantiene, los márgenes empresariales suben. Por tanto, es lógico que lo hagan a medida que las empresas son más grandes. Pero en tal caso no originarían inflación.

Otros piensan que, aun siendo así, si hubiera mercados con suficiente nivel de competencia, los precios de los bienes terminarían bajando si los costes medios por unidad de producto descendieran. Si no lo hacen, es porque las empresas están en situación de mercados no competitivos, como el monopolio o el oligopolio, con acuerdos entre empresas.

En algunos casos, la propuesta es el control de los precios para evitar que los márgenes sigan aumentando, y se ha puesto sobre la mesa si es conveniente o no.

Naturalmente, los defensores del mercado ponen de manifiesto que los precios transmiten información y generan incentivos, y que, gracias a su función, equilibran los mercados. Si los precios suben, es porque es más caro producirlos: los factores con los que se crean son más escasos, y los consumidores compran bienes más baratos producidos con factores más abundantes, lo que origina una asignación eficiente de los recursos. También se sabe que establecer un control de los precios —como se hizo en la economía estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial— es complejo y difícil de llevar a la práctica, además de que genera una gran distorsión cuando este se elimina.

¿Qué podemos decir sobre el control de los precios como instrumento para evitar la subida de los márgenes empresariales? Antes que nada, debemos diferenciar una situación de precios estables de una de inflación. En la primera, el coste transmite información y genera incentivos, y, en la segunda, deja de hacerlo y se convierte en uno de sus costes inevitables. Todos los precios suben en los procesos inflacionistas: la información que transmiten es confusa y los incentivos pueden ser inconsecuentes.

En segundo lugar, debemos considerar que hay muchos mercados en los que el Estado fija los precios. Es el caso, por ejemplo, de las empresas públicas o de los monopolios naturales; aunque regidos por empresas privadas con concesiones administrativas, están muy regulados por el Estado, que fija el precio de los bienes o servicios que presta. En estos casos, si los costes de producción subieran por el proceso inflacionista y los precios regulados no lo hicieran, las empresas incurrirían en pérdidas que, quizá, serían cubiertas con subvenciones públicas. Esta alternativa se ha puesto en funcionamiento en la economía española, por ejemplo, en las tarifas del transporte local y de cercanías.

Pudiéramos, pues, concretar que, antes de la inflación de los precios, es difícil saber qué subida de precios se debe a un aumento de los costes de producción o de los salarios y qué parte es por la codicia empresarial.

Además, establecer un sistema de precios en mercados hasta el momento no regulados sería muy complicado por la cantidad de bienes y calidades que existen. Imaginemos que queremos establecer un control en los precios de bienes alimenticios de primera necesidad: frutas, verduras, pan, leche, huevos, carne, pescado… ¿Cómo fijar un coste común para todos los tipos y marcas de leche, por ejemplo? Y esto advirtiendo que es muy posible que se dejen de fabricar bienes con precios regulados porque no sean rentables para las empresas, y los consumidores tengan que comprar sustitutivos más caros.

Cuando tenemos mercados en situación casi de monopolio o de oligopolio colusivo, lo mejor es regularlos para facilitar la competencia, no para dar a las empresas aún más poder de mercado. Tampoco debemos hacer lo que ha hecho el Gobierno español con dos mercados en situación de poder, como son el eléctrico y el de los servicios bancarios: en lugar de cambiar la regulación para aumentar la competencia y beneficiar a consumidores y clientes, ha optado por querer apoderarse de esos márgenes gravándolos con un impuesto extraordinario. Además, estos dos mercados son capaces de transmitir con facilidad cualquier incremento de los costes o impuestos a los consumidores, impulsando aún más la subida de los precios de estos bienes y servicios.

Por último, debemos tener claro que, en economías de mercado, los empresarios quieren maximizar sus beneficios y, los consumidores, potenciar su satisfacción de consumo. Si estamos en un escenario de competencia perfecta, los beneficios empresariales retribuyen con beneficios ordinarios la actividad empresarial y el uso de los bienes de capital, con lo que los beneficios extraordinarios desaparecerían.

Eso sí, esto no ocurre cuando las empresas tienen poder de mercado. Por ello debemos acercar lo más posible los mercados a la competencia perfecta y tener siempre presente que, en muchos casos, la regulación del Estado origina lo contrario, les da más poder —como pasa por ejemplo en el mercado eléctrico español— y es, en cierta medida, responsable de los beneficios extraordinarios que originan para las empresas.

La falta de competencia en una economía o el exceso de poder de mercado de algunas empresas puede hacer que el incremento de márgenes empresariales sea una de las causas de la inflación, aunque en economías abiertas con una competencia exterior fuerte es más difícil que se dé esta situación. En el caso español, en los mercados eléctrico y de combustibles, son pocas las empresas que abastecen la demanda, y suelen darse prácticas oligopolísticas que hacen subir sus márgenes y, por tanto, el precio final de los bienes y la inflación generalizada de la economía, dado que la electricidad y los combustibles son necesarios para producir y transportar cualquier tipo de bienes.

Por lo general, los mercados en los que existen prácticas contra la competencia suelen ser de bienes con demanda inelástica, es decir, aunque los precios suban bastante, los consumidores seguirán consumiendo casi lo mismo porque son bienes necesarios para las familias. Además de estos sectores, existen otros en los canales de distribución y transporte en los que también se da esta falta de competencia. El resultado es que, ante cualquier subida de los costes de producción, se incrementan de inmediato los precios de los productos finales, dado que lo hacen todas las empresas del sector. En ocasiones, no solo mantienen sus márgenes empresariales y del capital, sino que los incrementan aprovechando la subida generalizada de precios de los procesos inflacionistas y la escasa capacidad de reacción de los consumidores en este escenario.

Para acabar, el último componente del coste de producción son los impuestos indirectos, aquellos con los que el Estado grava la producción y venta de bienes. El principal de estos impuestos es el IVA, que grava el valor añadido en la producción y hace que el precio de los bienes finales sea más elevado. También existen determinados impuestos especiales que gravan la electricidad, los combustibles, el consumo de alcohol y de tabaco, las bolsas de plástico, la contaminación, las bebidas azucaradas, etc. Por tanto, una subida de estos impuestos hará que los precios suban. En la crisis actual, el Estado español, como el de otros países, ha intentado aminorar el efecto de la subida de los costes de las materias primas reduciendo alguno de estos impuestos —como el IVA y los impuestos especiales— para compensar así los costes de producción y evitar una inflación mayor.

Vemos por consiguiente que, junto a la inflación de la demanda, tenemos otra de los costes en la que el precio de las materias primas, las rentas salariales, las rentas empresariales y del capital, y los impuestos a la producción pueden hacer que los precios finales de los bienes también se incrementen. Por ello, si la demanda agregada mantiene una fuerte intensidad y por la parte de la oferta agregada se están incrementando algunos costes, la subida de precios está más que garantizada. Si la demanda agregada es persistente en su incremento, y en la parte de la oferta agregada algunos componentes de costes, como pueden ser las materias primas, mantienen la subida de precio, el proceso inflacionista está servido y será difícil controlarlo.

Si la demanda agregada crece con intensidad y la oferta agregada experimenta subidas de costes, el proceso inflacionista está servido y será difícil controlarlo.

LA ESPIRAL INFLACIONISTA

Si con estos dos tipos de inflación podemos entender lo que ocurrió en las economías de los países occidentales durante los últimos meses de 2021 y todo 2022, hay un tercer tipo de inflación que debemos considerar: la espiral inflacionista. Esta se produce más a medio plazo, es decir, en un periodo superior a doce meses, y se origina porque al final de cada año se suele negociar el incremento de salarios y pensiones para el siguiente y determinar los precios regulados por el Estado, como el transporte público o las tasas a la actividad económica, las cargas sociales, etc. Es frecuente que las subidas que se negocian estén basadas tanto en la inflación pasada —para recuperar la pérdida de capacidad adquisitiva— como en la esperada durante el año siguiente para no seguir en la misma senda de deterioro de la renta real de las familias. Por ello, en procesos de inflación, suelen pedirse unas subidas de salario muy elevadas que, si se aprueban, hacen que los precios vuelvan a subir al año siguiente. Por eso muchos países se han metido en un proceso de subidas de precios, incrementos salariales, nuevos aumentos de precios y subida de salarios… que han originado un escenario económico muy difícil de controlar y que ha dado lugar a lo que se ha denominado espiral inflacionista, generando una economía que, durante muchos años, tendrá que acostumbrarse a vivir con la inflación o a realizar unas políticas económicas muy restrictivas y dolorosas para acabar con este tercer tipo.

En los últimos meses de 2021 y durante 2022 y 2023, estuvimos sometidos a una inflación tanto por parte de la demanda como de la oferta agregada. La subida de los costes de las materias primas incrementó el precio de los bienes, y la fuerte demanda agregada permitió que los bienes se siguieran vendiendo a esos precios altos. Las políticas monetarias restrictivas intentan reducir la demanda agregada haciendo que el consumo y la inversión se reduzcan, si bien, por lo general, los gobiernos aún no están realizando políticas fiscales restrictivas que disminuyan el gasto público, sino todo lo contrario, incrementando numerosas transferencias a las familias para paliar los efectos de la inflación y manteniendo un elevado incremento en el gasto social, lo que en cierta medida hace que solo se intente controlar la inflación mediante una política monetaria restrictiva.

Desde hace años, el objetivo de los bancos centrales por lo que se refiere a la inflación se centraba en mantener una cifra alrededor del 2 % anual, muy alejada de las tasas que, en la actualidad, casi todos los países están sufriendo, y por eso se ha implementado una política monetaria restrictiva al retirar dinero de la circulación y aumentar los tipos de interés de los préstamos monetarios. ¿Persistirá esta política muchos meses? Para saberlo, será clave conocer el efecto que las subidas de salarios tengan en la inflación durante estos años. Hasta el momento, no parece que se esté produciendo la espiral inflacionista y, en general, la subida de los salarios ha sido moderada. Sin embargo, es evidente que los bancos centrales continuarán manteniendo elevado el tipo de interés si la inflación no se modera, y solo cuando observen varios meses de aminoración y control, dejarán de hacerlo.

¿Cómo medimos la inflación?

Las noticias que recibimos acerca de la inflación nos llegan mediante las variaciones de los indicadores que observan cómo cambian los precios de determinados bienes y servicios. Por lo general, para elaborar estos indicadores, se observa la alteración del precio de distintos bienes seleccionados en el último mes o año, y se elabora un índice dando un mayor peso o ponderación a los bienes que se estiman más representativos. Según su tipo, podemos obtener un índice u otro, dependiendo del que queramos conocer.

EL ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO (IPC)

El IPC es el más conocido de los indicadores de inflación de una economía y quizá el más importante. Los agentes económicos suelen formar sus expectativas sobre la inflación observando la tendencia de este índice, y por eso suele tener un gran impacto en los medios de comunicación y en la vida política, principalmente cuando es elevado. Se suele presentar en tasas anuales, mensuales, acumuladas desde principio de año e interanuales. Estas últimas recogen la subida de precios entre el mes actual y el mismo mes del año anterior; es, pues, un índice interanual, es decir, una tasa anual presentada mes a mes.

Para obtener el IPC, se observa la variación de precios de los bienes que se estiman usuales en la cesta de la compra de los habitantes de un país: alimentación, vestido, transporte, vivienda, medicina, menaje, cultura y otros, dando una ponderación diferente a cada categoría según su relevancia en el consumo de las familias. Como el hábito de consumo de un país cambia con el paso del tiempo, las ponderaciones de las diferentes categorías de bienes del IPC deben adaptarse para seguir respondiendo a la realidad que pretenden medir. Por tanto, estas modificaciones alteran las ponderaciones que el índice otorga a las distintas categorías de bienes, pero también a su tipo, dado que pueden aparecer otros nuevos en los hábitos de consumo. Lo normal es que, con el paso del tiempo, en los países occidentales pierdan peso los bienes de alimentación, que suelen ser los de mayor peso en el índice, en beneficio de los otros, y que ganen peso las comunicaciones y los bienes tecnológicos.

Por lo general, la composición del IPC de cada país es diferente, dado que los hábitos de consumo de los ciudadanos suelen diferir. Con la creación de la UME, y en la medida en que la inflación de los diferentes países que la integran tiene que ir convergiendo y es un indicador clave para el diseño de la política monetaria del BCE, se ha instituido el Índice de Precios al Consumo Armonizado (IPCA), que considera que todos los europeos tienen los mismos hábitos y pondera en la misma cuantía las diferentes categorías de bienes para todos los países. Generalmente el IPC y el IPCA suelen diferir en unas décimas, dado que la composición de ambos es diferente.

Cuando el IPCA es muy distinto entre los países de la Unión Europea, se puede considerar que el que tiene los precios más caros está perdiendo competitividad respecto al que tiene un IPCA más reducido. En el espacio económico comunitario —que es muy abierto y no hay aranceles—, tener unos precios más bajos que los países con los que se compite garantiza que se exportarán más bienes nacionales y que los turistas lo elegirán como destino para pasar sus vacaciones.

Otra cuestión que debemos considerar es que el IPC y el IPCA no incluyen la variación de precios por la compra de la vivienda, solo el alquiler, dado que se considera un bien de inversión, no de consumo. Así pues, la subida de los alquileres mide la subida de los precios de la vivienda en el IPC. Por eso, en ocasiones, extraña que el precio de las viviendas se dispare y que el IPC no refleje esta variación. Además, en el indicador del IPC de la inflación de la vivienda se incluye la subida del precio de la electricidad y del gas para calefacción, dos componentes que han originado buena parte de la inflación actual. Es decir, una subida del componente de la vivienda en el IPC significa que han subido los alquileres o los suministros como el agua, la electricidad o el gas.

COMPONENTES DEL IPC

El IPC indica el nivel de los precios que consumimos directamente, y su cambio mide la inflación. En el caso de la economía española, el Instituto Nacional de Estadística (INE) lo elabora y mide la subida de los precios de diferentes bienes y servicios aplicando a cada uno de ellos distintas ponderaciones, según su relevancia en la cesta de la compra de los hogares españoles. A lo largo de los años, estas ponderaciones han ido cambiando según lo han hecho las preferencias de consumo de las familias.

En la actualidad, las principales categorías de bienes y servicios de consumo y sus ponderaciones son las siguientes:

Grupo | Sectores | Ponderaciones (%)
1 | Alimentación y bebidas no alcohólicas | 23,62
2 | Bebidas alcohólicas y tabaco | 3,20
3 | Vestido y calzado | 6,37
4 | Vivienda | 13,58
5 | Menaje | 5,94
6 | Sanidad | 3,93
7 | Transporte | 12,45
8 | Comunicaciones | 3,73
9 | Ocio y cultura | 6,79
10 | Enseñanza | 1,66
11 | Hoteles, cafés y restaurantes | 11,64
12 | Otros | 7,10

El cierre de la elaboración estadística se hace el día 20 de cada mes, por lo que a finales de mes suele salir un avance del IPC y, en los primeros días del mes siguiente, los datos detallados.

Por lo general, el IPC se elabora mensualmente. Es normal que haya meses de más inflación, como enero y julio por las tradicionales rebajas, y otros de menos. Es lo que se conoce como estacionalidad de la serie.

LA INFLACIÓN SUBYACENTE

Otro indicador que suele observarse junto al IPC es la inflación subyacente. Este índice se realiza con todos los componentes del IPC menos las alteraciones de los precios de los productos energéticos y alimenticios sin elaborar. Con él se pretende conocer la subida de los precios de un país al margen de las alteraciones debidas al coste de la energía, que en los últimos decenios han estado muy condicionadas por los acuerdos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), sin considerar las variaciones en los precios de los productos agrarios sin elaborar que, por lo general, responden a factores climáticos.

Este índice refleja mejor que el IPC la tendencia inflacionista de una economía, ya que elimina factores externos y aleatorios. Si no hay alteraciones en los precios de la energía y de los productos agrícolas sin elaborar, el IPC y la inflación subyacente tenderán a coincidir. En cambio, serán muy dispares si se producen fuertes subidas de la energía y de las materias primas agrícolas, como lleva ocurriendo desde septiembre de 2021.

EL DEFLACTOR DEL PIB

Puesto que tanto el IPC como el índice de inflación subyacente recogen las variaciones en los bienes de consumo, es necesario disponer de otro indicador que comprenda el cambio de los precios representativo del conjunto de bienes de una economía: consumo, que recoge el IPC, pero también industriales, agrarios, del comercio al por mayor y al por menor, de servicios, etc. Esto es lo que pretende el deflactor del PIB, que mide la subida de precios de todos los bienes económicos. Se calcula anualmente y arroja un dato que aparece junto con el cierre de la contabilidad nacional o sus estimaciones previas; sirve para elaborar las proyecciones de crecimiento nominal y el proyecto de presupuestos del Estado. La tasa de crecimiento nominal del PIB menos el incremento de su deflactor nos ofrece el crecimiento real de la economía.

INFLACIÓN Y VARIABLES NOMINALES Y REALES

Por lo general, cuando hablamos de las tasas de crecimiento de las variables económicas como el PIB, el consumo, la inversión, el gasto público o las exportaciones, siempre lo hacemos en términos reales. Hay que considerar que todas ellas multiplican las cantidades producidas por sus precios y el resultado son las variables nominales.

Si queremos saber el valor de una variable en un año concreto, las nominales y reales no cambian, pero como sí lo hacen los precios de un año a otro, si queremos comparar la evolución durante varios años, puede que los cambios de precios distorsionen la comparación.

Pongamos un ejemplo. Supongamos que estamos comparando la producción de lápices durante dos años en dos países, A y B. En ambos, en el año 1 se producen cien lápices y el precio es de un euro la unidad. La producción total del año 1 es de cien lápices a un euro = cien euros. En el año 2, el país A produce doscientos lápices y el precio no cambia, de manera que la producción total le arroja doscientos euros. En el país B, siguen haciendo cien lápices, pero el precio, debido a una fuerte inflación, sube de uno a dos euros, de manera que su producción total es también de doscientos euros. Mirando las cifras, podríamos decir que ambos países han tenido un crecimiento similar de cien a doscientos euros en términos nominales, pero nada más lejos de la realidad económica. El país A ha visto duplicar su producción en términos reales y el B se ha quedado con el mismo nivel. En el análisis económico de los datos, nos interesan las variables reales, no la nominales, pero el problema es que no medimos en lápices, sino en euros, de forma que se distorsionan las comparaciones en procesos de inflación.

¿Cómo solucionar el problema? En primer lugar, las cifras nominales no permiten la comparación entre años si los precios cambian. Para comparar los datos, debemos pasar de variables nominales a reales. Para ello, utilizamos los precios de un mismo año (año base). En nuestro ejemplo, podemos tomar como referencia en ambos países el precio de los lápices del año 1.

• En el país A, la producción del año 1 era de cien euros a precios del año 1, y en el año 2, de doscientos euros a precios del año 1.

• En el país B, la producción del año 1 era de cien euros a precios del año 1, y en el año 2, de cien euros a precios del año 1.

Como vemos, ahora podemos comparar con más exactitud cómo ha evolucionado la producción de ambos países y concluir que el país A la ha duplicado, mientras que el B no ha crecido. Por eso es importante diferenciar entre variables reales y nominales.

OTROS ÍNDICES DE PRECIOS

Junto a estos tres índices, existe toda una batería de indicadores de precios, sobre materias primas, bienes industriales y de equipos, bienes intermedios, energía, vivienda, etc. Si tenemos que utilizar algún índice con una finalidad concreta, debemos elegir el índice más conveniente, puesto que hay variaciones entre la subida de precios de unos bienes y otros, y eso puede distorsionar el análisis que estemos realizando.

También hay que resaltar la diferencia entre los principales índices que intentan aproximarnos a las subidas de coste del factor trabajo. Los costes laborales miden las variaciones del valor total de las retribuciones pagadas por los empresarios a los trabajadores, incluyendo, además de los salarios, las cotizaciones de las empresas a la Seguridad Social, los pagos en especie, las prestaciones sociales a los trabajadores, etc.

Otro indicador importante de los costes de producción es el coste laboral unitario (CLU), que mide el coste laboral por unidad de producto. El interés de este indicador es fundamental cuando se analizan las tasas de variación, dado que indica el incremento de los costes laborales menos el incremento de productividad. Si en un país los costes laborales suben mucho, pero lo hace aún más el incremento de productividad, no hay peligro de inflación. Los trabajadores se estarían beneficiando de la mejora de la productividad con unos salarios más altos. Esto es lo habitual en los países occidentales en crecimiento. Sin embargo, una subida del CLU indicaría que los costes laborales suben más que la productividad, lo que terminaría repercutiendo en una subida de los precios y, a medio plazo, en una pérdida de la competitividad para un país respecto a su área comercial.

La productividad del trabajo es el valor que se origina por cada hora de trabajo. Puede subir porque se fabriquen los mismos bienes en menos horas o porque se produzcan unos de más valor, es decir, aquellos que los consumidores entiendan que satisfacen mejor sus necesidades, de manera que estén dispuestos a pagar más no por una situación de inflación, sino porque entiendan que son mejores o más adecuados para su consumo. Por lo general, los países que tienen un sistema productivo que genera bienes y servicios de mucho valor suelen tener salarios altos, mientras que los que mejoran la productividad gracias a echarle muchas horas no suelen tenerlos.

¿Cómo nos afecta la inflación?

Cuando queremos saber cómo nos afecta, tenemos que diferenciar dos escenarios posibles:

• Cuando la inflación nos sorprende. Es decir, sin inflación previa, de pronto los precios de todos los bienes se incrementan y no nos da tiempo de tomar medidas correctoras. Esto es lo que vivimos a finales de 2021 y durante 2022: los precios subían, pero considerábamos que no lo harían mucho más, que pronto volverían a las tasas de años anteriores.

• Cuando la inflación es permanente. En la situación anterior, los salarios no habrían tenido tiempo de subir para adaptarse a la inflación, pero en este entorno se habrá producido lo que denominamos indexación de salarios y precios, es decir, los salarios subirán a una tasa parecida a la inflación para que los trabajadores no pierdan su capacidad adquisitiva.

Veamos con detalle estos posibles escenarios.

CUANDO LA INFLACIÓN NOS SORPRENDE

Si de pronto se inicia un proceso inflacionista y los precios de todos los bienes suben, las familias experimentarán una importante pérdida de capacidad adquisitiva de la renta que obtienen. Podrán comprar menos con los mismos ingresos, les quedará menos renta disponible para ahorrar o para asumir gastos imprevistos y tendrán, por lo general, que cambiar sus hábitos de consumo adquiriendo bienes más baratos, quizá de peor calidad y, en muchos casos, la renta no les permitirá llegar a final de mes. Las familias con rentas altas se verán menos afectadas por este proceso de inflación imprevista, sin embargo, las familias de clase media o con niveles de ingresos muy bajos tendrán dificultades para acometer esta nueva situación, de modo que los indicadores de desigualdad y pobreza subirán, así como el malestar social.

Junto a este primer efecto de la inflación imprevista —que quizá sea el más importante, pues afecta a todas las familias y al consumo de toda la economía—, se producirán también importantes efectos en los sectores productivos: los precios cambiarán con rapidez y las empresas tendrán que asumir los costes derivados de este aumento, además de la incertidumbre que produce no saber si el uso de los distintos factores de producción es correcto. Es lo que se conoce como variación en los precios relativos. Pensemos en un bien que se produce con energía, materias primas, mano de obra y determinados componentes tecnológicos. Por lo general, la subida de precios no afecta por igual a todos los costes de producción; puede ocurrir que sectores productivos ultraintensivos, por ejemplo en electricidad (si es el factor que más ha incidido en la subida de precio), se vean obligados a dejar de producir, cerrar las fábricas o tener que diseñar unos sistemas productivos distintos utilizando factores cuyos costes hayan subido menos. Esto es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en la cerámica, un sector ultraintensivo en el uso de la energía producida por centrales de gas que está teniendo que adaptarse al uso de otras energías alternativas. Todos estos cambios suelen requerir tiempo. En ocasiones, las compañías tienen que cerrar plantas industriales que utilizaban una tecnología que la inflación ha dejado obsoleta y construir otra con una relación de factores de producción alternativa. Así, en la actualidad, muchas industrias ultraintensivas en electricidad que utilizan el gas como principal aprovisionamiento energético, si el precio del gas sigue elevado, tendrán que cambiar su tecnología productiva por otra diferente que utilice, por ejemplo, la energía solar, o tendrán que cerrar sus establecimientos, con la pérdida de empleo y de bienes de capital que esto conlleva.

En otras ocasiones, cuando la inflación nos sorprende, se produce una situación de confusión en cuanto a las señales que transmiten los precios. Como ya hemos visto en el ejemplo de los mercados microeconómicos, si el precio de un bien sube, por lo general se debe a que hay una mayor demanda por parte de los consumidores, de manera que las empresas fabrican más de estos bienes si tienen la capacidad para hacerlo. Sin embargo, si existe una inflación generalizada en los precios de todos los bienes, la subida no debe identificarse con un incremento en la demanda. Si los empresarios aumentan la producción, pueden encontrarse con que las ventas se estanquen o incluso disminuyan ante la caída de la capacidad adquisitiva de los consumidores. Por tanto, una subida de los precios no transmite información alguna sobre la situación del mercado, y las empresas desconocen las necesidades y los deseos de los consumidores, de manera que, en muchas ocasiones, paralizan los procesos ante la confusión generada. Este podría ser el caso del aceite de oliva, que casi ha triplicado su precio. Podría indicar que hay que plantar más olivos porque la demanda ha crecido, pero no es el caso, dado que el coste sube por la inflación, no porque haya una mayor tendencia a consumir este bien.

Por otra parte, el dinero en efectivo pierde valor de compra, puesto que los precios suben sistemáticamente, lo que origina una pérdida de la riqueza por parte de las familias. A esto hay que añadir que, cuando se inician los procesos de inflación, los bancos centrales, como veremos, por lo general toman medidas de política monetaria restrictiva que suelen originar subidas en los tipos de interés que pueden afectar a las cuotas que se pagan para amortizar los préstamos hipotecarios, lo que provoca caídas de los precios de los activos financieros como las acciones, los bonos o los fondos de inversión. Todo esto contribuye a una nueva pérdida de la riqueza de las familias que incidirá en el consumo futuro y, en muchas ocasiones, aminora el poder adquisitivo de los ahorros de toda la vida para cuando llegue el momento de la jubilación.

DINERO, RENTA Y RIQUEZA

Es importante que diferenciemos entre dinero, renta y riqueza:

• Dinero. Medio de pago, también llamado liquidez del sistema. Solemos pagar con dinero legal, como los billetes, y con dinero bancario, como las tarjetas de débito, las transferencias y la domiciliación de recibos en la cuenta corriente del banco. Las cuentas corrientes las denominamos depósitos a la vista.

• Renta o ingresos. Lo que ganamos cada mes, con lo que vivimos. Están compuestos por salarios (si trabajamos), alquileres (si tenemos viviendas o fincas en alquiler), intereses (si hemos invertido en activos financieros de renta fija, como depósitos a plazo, bonos, deuda pública, obligaciones, etc.), dividendos (si somos propietarios de acciones de una empresa) o beneficios empresariales (si tenemos nuestra propia compañía).

• Riqueza. Conjunto de activos reales y financieros que tenemos, como casas, fincas, acciones, depósitos, bonos, empresas y dinero.

Con frecuencia, estos conceptos suelen utilizarse como sinónimos, y eso provoca confusión. Que suba la riqueza de un país puede deberse a que existan los mismos activos, pero que haya aumentado su valor porque la Bolsa haya subido, aunque sigan siendo los mismos. Una persona rica puede no tener dinero: contar con muchos activos, pero no disponer de liquidez. También es incorrecto decir que lo importante es que aumente la riqueza de un país, cuando lo fundamental es aumentar la renta de sus habitantes. El PIB mide la producción de un país, es decir, la renta que se ha generado para producir bienes y servicios, pero no valora la riqueza. Para que sus habitantes vivan mejor, el dinero y la riqueza no es lo importante, sino la producción de bienes y servicios y la renta que esta origina.

El dinero es un activo financiero con el que hacemos intercambios, por eso se dice que es el activo de mayor liquidez. Tener dinero significa que he invertido una parte de mi riqueza en el activo más líquido que existe, pero no suele darme rentabilidad, a diferencia de otros activos reales y financieros. Por tanto, si los activos que constituyen la riqueza de una persona mantienen su valor, pero suben los precios de los bienes, la riqueza real disminuirá, dado que con la riqueza nominal que se posee se comprarán menos bienes. En términos reales, seremos, por consiguiente, menos ricos.

Cuando el precio de todos los bienes aumenta, se produce un nuevo efecto en los presupuestos familiares: los impuestos indirectos se disparan en la medida en que tanto el IVA como los impuestos especiales a determinados consumos suponen un porcentaje del nivel de precios inicial. Al elevarse, los impuestos pagados por las familias y las empresas se disparan, y el Estado recauda ingresos con mayor facilidad. Así pues, no siempre la inflación afecta negativamente a todos, sino que, como en todo proceso económico, hay ganadores y perdedores. Es posible también que muchas empresas no experimenten fuertes subidas en sus costes o que tengan margen para no elevar los precios, pero, a pesar de ello, aprovechen la inflación generalizada para aumentar el coste de sus productos por encima de los incrementos que se estén experimentando, presionando aún más a la subida de precios de toda la economía.

Así pues, cuando aparecen los procesos de inflación de forma imprevista, distorsionan por completo el funcionamiento de la economía, y eso hace que tanto las familias como las empresas tomen decisiones económicas muy diferenciadas de la situación anterior en la que los precios eran estables y los mercados iban bien.

Si la inflación es imprevista, distorsiona por completo el funcionamiento de la economía, y familias y empresas toman decisiones económicas distintas a cuando los mercados iban bien.

CUANDO LA INFLACIÓN ES PERMANENTE

Así es como nos afecta la inflación cuando nos sorprende, pero si la sociedad sabe que esta será permanente, intentará adaptarse a ella para reducir los costes que origina. De esta manera, cuando entramos en un proceso de inflación que se extiende año tras año, debemos aprender a vivir con él y adaptarnos a ese escenario. Quizá lo más importante es que los salarios se indexen a la subida de precios, de manera que las familias no pierdan capacidad adquisitiva. Las cláusulas de revisión salarial se irán incluyendo en los convenios colectivos y en los contratos salariales, y nos iremos acostumbrando a que, de forma sistemática, los precios suban mes a mes e incluso a que los salarios se ajusten por meses, semanas y, en ocasiones, por días, o que se pague un salario por la mañana y otro por la tarde.

Ante procesos de inflación permanente que se extienden año tras año, debemos aprender a vivir con ellos y adaptarnos a esos escenarios.

PROCESOS DE HIPERINFLACIÓN

Los procesos de inflación que se han producido durante la historia económica han sido, en ocasiones, disparatados y han dado pie a un anecdotario aún más sorprendente. Por supuesto, estas situaciones se generan en economías con unas elevadas tasas de inflación que han llegado a alcanzar niveles inimaginables. Una de las más señaladas fue la de Alemania en 1922, que llegó a ser del 29.500% al mes, es decir, un bien valía 100 marcos a principios de mes y, a finales, 29.500 marcos. Se cuenta que al banco central alemán no le daba tiempo a fabricar billetes, así que el dinero eran trozos de papel con el sello del banco y la firma del cajero. Las cervezas se pedían de dos en dos, dado que en pocos minutos subía su precio. Algo igualmente extremo ocurrió en Argentina en 1989, con una inflación al mes del 185%, o en Brasil en 1990, que ascendió al 82% al mes. En la actualidad, parece que Venezuela llegó a tener una inflación del 230% al mes, aunque estos datos no están confirmados.

Estas tasas de inflación son extremas y suelen llevarse por delante gobiernos de diferentes signos y regímenes. Por ello, en la actualidad, los países occidentales hacen todo lo posible para que no se inicien estos procesos inflacionistas. Sin duda, comparado con estas cifras, un 10 % de inflación anual parece irrelevante, pero hay que evitar entrar en procesos de espiral inflacionista. La inflación se expande con rapidez y, una vez que los precios suben de forma generalizada, es muy difícil volver a estabilizarlos.

Por otra parte, los alquileres deberán ajustarse a esta subida de la inflación, y lo mismo ocurrirá con las rentas y los beneficios originados por los bienes de capital. Por ello, los tipos de interés de los depósitos en los bancos también deberán subir.

Además, en este proceso de inflación será necesario deflactar los impuestos, puesto que algunos de ellos —como el IRPF— tienen unas tarifas progresivas, de manera que, cuando se gana más, se pasa de un tramo impositivo a otro superior y el porcentaje de impuestos que se paga es mayor, por lo que con esa renta nominal superior se podrán comprar menos bienes que con la del año pasado. Esta modalidad de impuestos progresivos está pensada para que los contribuyentes que tienen una renta más alta paguen unos porcentajes superiores a los que ganan menos; sin embargo, en un proceso de inflación, ganar más dinero no significa que aumente la capacidad adquisitiva y la renta real de las familias, puesto que todos los precios suben. Por eso hay que ajustar las tarifas de los impuestos progresivos para que las familias, en términos reales, paguen una cantidad similar a la que ingresaban cuando la inflación estaba controlada. De no hacer este ajuste, el Estado estará incrementando los ingresos fiscales sin que se haya producido una subida expresa de los impuestos, dado que la dinámica de la inflación los elevará de forma automática. Además, como hemos dicho, los impuestos indirectos irán aumentando la recaudación, con lo cual la subida de impuestos será masiva.

Cuando la inflación es permanente e intentamos adaptarnos a ella, las cláusulas de revisión salarial irán incluyendo las subidas de los salarios, de manera que se producirán ajustes mensuales, semanales e incluso diarios.

EL EFECTO DESLIZAMIENTO

Cuando los impuestos son progresivos, la inflación origina un efecto perverso o no deseado que se conoce como efecto deslizamiento. Este hace que los contribuyentes paguen más impuestos, aunque no cambie la tarifa de los mismos. Veamos en qué consiste este efecto.

El IRPF es un impuesto progresivo: a medida que se obtienen más ingresos del trabajo, se paga más. Esta es la tabla del IRPF actual en España:

Tramos del IRPF | Tipo total
De 0 a 12.450 euros | 19%
De 12.450 a 20.200 euros | 24%
De 20.200 a 35.200 euros | 30%
De 35.200 a 60.000 euros | 37%
De 60.000 a 300.000 euros | 45%
Más de 300.000 euros | 47%

Esta tabla indica que si ganáramos 35.000 euros al año, pagaríamos un 19% por los primeros 12.450 euros. Entre esa cantidad y 20.200 euros, un 24% y, desde esa cantidad hasta los 35.000 euros, un 30%. Imaginemos ahora que estamos en una situación de inflación del 20% y que los salarios han subido ese mismo 20% para no perder capacidad adquisitiva. Ganaríamos 42.000 euros, aunque nuestra capacidad adquisitiva sería la misma que el año anterior, pero, como habríamos saltado de tramo, pagaríamos un 37% por la cantidad entre el límite del tramo anterior, 35.200, y los 42.000 euros que ganamos ahora. Habríamos superado el tramo, así que, ganando lo mismo en términos reales, pagaríamos más impuestos.

Para evitar el efecto deslizamiento, los límites de cada tramo también deberían subir un 20%. En ese caso pagaríamos los mismos porcentajes de impuestos y se corregiría este efecto que hace que el Estado ingrese más impuestos sin subir sus tarifas.

Si las economías entran en esta dinámica de ajuste sistemático ante procesos de inflación permanente, estaríamos en una espiral inflacionista, de manera que el ajuste a la inflación pasada provocaría la inflación de los próximos años. En esta situación entraron muchos países en la década de los setenta y principios de los ochenta, y, en la actualidad, algunos siguen inmersos en ella. En un escenario de inflación permanente, los salarios tienen que ajustarse de forma sistemática. A los agentes les preocupa no perder su capacidad adquisitiva, y por ello tienen el dinero en sus cuentas bancarias, las cuales tendrán que ofrecer tipos de interés elevados para, de esta manera, mantener la capacidad adquisitiva de los ahorros. Suele decirse que los agentes económicos están más preocupados por meter y sacar el dinero del banco, para obtener estos extratipos de interés que eviten la pérdida de su riqueza, que por analizar la viabilidad de nuevos negocios, procesos de innovación y proyectos de inversión y formación de capital físico y humano, que son las acciones que originan crecimiento y empleo, en definitiva, la mejora del bienestar de toda la sociedad.

¿Quién gana y quién pierde con la inflación?

Podría parecer que la inflación es algo que perjudica a todos los agentes económicos, pero no es así.

Por lo general, los trabajadores pierden. Será difícil que los salarios suban tanto como los precios, por lo que los trabajadores irán perdiendo el poder de compra de sus ingresos.

Las personas mayores que se acercan a la jubilación también pierden. Sus ahorros de toda la vida, guardados para ese momento, suelen mantenerse en sus valores nominales o disminuir, por lo que se desvanece la esperanza de mantener el mismo nivel de vida cuando se jubilan, además de que carecen de tiempo para generar nuevos ahorros.

Como hemos dicho, los agentes privados suelen pagar más impuestos, dado que es difícil que se produzca una deflactación completa de las tasas impositivas de una manera eficiente.

El Estado es, por tanto, uno de los agentes que gana con la inflación, al igual que las personas que deben dinero y tienen préstamos, dado que, cuando estos finalizan, en términos reales devuelven menos de lo que recibieron inicialmente.

Los ahorradores, en cambio, experimentan fuertes pérdidas en su riqueza: cuando les devuelven las cantidades de los activos financieros que en su día compraron, ya han perdido su valor real.

Además, por lo general, las personas con menos nivel de renta, los más pobres, suelen perder con la inflación. Les será muy difícil adaptarse a esta situación, mantener sus pocos ahorros y ser capaces de abordar este futuro tan incierto.

Las personas con mayores niveles de renta y riqueza encontrarán la forma de mantener su estatus invirtiendo en países con menos inflación, en monedas más estables y en activos que mantengan una rentabilidad real por encima de las tasas de inflación existentes.

Así pues, no todos pierden con la inflación. Hay agentes que ganan con ella, al igual que hay empresarios que pueden subir los precios de sus bienes por encima de los costes de producción, lo que incrementa sus márgenes empresariales.

Otro efecto relevante que origina una elevada inflación es reducir la deuda pública. Como se sabe, los estados la emiten para financiar el déficit público. Para saber si esta deuda emitida es muy elevada o no, se relaciona el total de la deuda pública existente con el PIB nominal. Así, decimos que el Reino de España debe el 120 % de su PIB nominal, que es el PIB real por los precios de los bienes. De esta manera, al subir los precios, sube el PIB nominal y baja la ratio de la deuda sobre este. El Estado puede que deba incluso más de un año para otro, pero, por el efecto de la subida de los precios, la deuda sobre el PIB nominal disminuye y los gobiernos se felicitan por su aminoración que, por otro lado, devolverán en el futuro con más facilidad al mantenerse constante el nominal de los activos financieros.

No todos pierden con la inflación. Hay empresarios que pueden subir los precios de sus bienes por encima de los costes de producción, lo que incrementa sus márgenes empresariales.

DEUDA PÚBLICA Y PIB

Como sabemos, la deuda pública se emite para financiar el déficit público anual de un país. Cuando medimos el total de la deuda emitida vigente, no solemos hablar de cifras absolutas, sino de un porcentaje del PIB. Por ejemplo, si un país debe un billón de euros y su PIB es de un billón de euros, decimos que debe el 100% de su PIB.

Cuando analizamos la evolución en el tiempo de la deuda pública sobre el PIB, como es un porcentaje, debemos analizar la de la deuda y la del PIB, con la particularidad de que es sobre el PIB nominal, no el real. Por tanto, la ratio de la deuda en tanto por ciento del PIB disminuye si se amortiza en términos netos, porque se pague una parte y la nueva deuda sea una cantidad menor que la que se amortiza o porque suba el PIB nominal, es decir, el real por el nivel de precios.

Quizá un ejemplo pueda ayudarnos a comprender este análisis. Imaginemos que un país tiene una deuda pública emitida de un billón de euros y que solo produce lápices por un total de un billón de lápices, que sería su PIB real, al precio de un euro el lápiz. Su PIB nominal sería de un billón de euros (un billón de lápices × un billón de euros), de manera que la deuda representaría el 100% de su PIB nominal (un billón sobre un billón). Supongamos que la deuda no crece de un año para otro, pero el PIB real, los lápices, se duplican (dos billones). Si los precios no cambian, el PIB nominal será de dos billones y el porcentaje de deuda sobre este descenderá al 50% (un billón sobre dos billones). Lo mismo ocurriría si, en lugar de aumentar el número de lápices, subieran los precios a dos euros: el porcentaje de la deuda también habría bajado al 50 %. Finalmente, si la deuda sigue constante, los lápices se duplican y los precios también, el PIB nominal subiría a cuatro billones y el porcentaje de la deuda sobre este PIB sería de uno sobre cuatro, es decir, el porcentaje habría bajado al 25%. Como puede apreciarse, una subida del PIB real o de la inflación de los precios facilita el control de la deuda pública en porcentaje del PIB nominal. Sin embargo, debemos tener presente que, en todos estos casos, la deuda en euros no ha cambiado y el país sigue debiendo un billón de euros, aunque el porcentaje haya bajado.

Esto nos lleva a considerar que si la deuda se mantiene estable, un proceso de inflación que aumente el PIB nominal disminuirá el porcentaje de la deuda, de manera que la inflación también beneficiará al Estado. Recordemos que, para los países de la eurozona, suele existir un PEC que fija uno de sus objetivos en que la deuda pública vigente de cada país sea el 60% del PIB. Cuando hay inflación, si la deuda no crece, la proporción de deuda pública sobre el PIB va disminuyendo con rapidez porque suben los precios y el PIB nominal, y es más fácil cumplir este objetivo del PEC sin tener que realizar ajustes fiscales, que siempre son socialmente dolorosos y suelen tener un elevado coste electoral.

¿Qué aprendimos de la inflación de los años setenta?

Como hemos dicho, en los inicios de los años setenta se produjo una fuerte subida de los precios del petróleo. Las economías occidentales estaban acostumbradas a un coste de la energía muy bajo, y sus empresas y sistemas productivos la utilizaban de manera intensiva, al igual que las familias. Los precios siguieron subiendo y, al final de la década, un nuevo shock del precio del barril de petróleo impulsó la inflación. La pérdida de poder adquisitivo fue deteniendo las economías y poco a poco entraron en recesión y aumentaron el paro. Los gobiernos respondieron con políticas monetarias expansivas para animar la economía e incrementaron el déficit público monetizando su financiación, es decir, fabricando dinero. Además, los salarios se negociaron al alza para ajustarse a la inflación. Al principio, estas subidas de salarios pretendieron mantener y recuperar la pérdida de poder adquisitivo que habían sufrido los trabajadores a lo largo del año anterior, pero, de forma paulatina, empezaron a anticiparse a la inflación del año siguiente. Sus expectativas empezaron a jugar un papel un tanto perverso, y los precios entraron en una espiral ascendente sin que las políticas monetaria y fiscal expansivas pudieran reducir el desempleo, como hemos dicho anteriormente, a esta nueva situación, no prevista en los modelos teóricos, se la llamó «estanflación» (stagflation). Los precios seguían subiendo y el paro también.

Acabar con este escenario no fue fácil. Ningún país lo consiguió manteniendo el crecimiento de su economía y con una tasa de paro reducida. Se demostró que querer acabar con la inflación sin detener la economía era una tarea imposible, pero los gobiernos y el resto de los agentes económicos tardaron en aceptar esta realidad que los llevó, en algunos casos, a soportar unas elevadas tasas de sacrificio cuando quisieron estabilizarla.

La primera enseñanza que nos dejó aquel proceso inflacionista fue que la economía tiene que entrar en recesión para que la demanda agregada deje de impulsar la subida de precios, y eso solo se consigue con una política fiscal restrictiva, es decir, que el Estado deje de gastar, y con una política monetaria igualmente restrictiva que retire dinero de la economía y haga subir el tipo de interés. Por otra parte, ambas políticas restrictivas deben ser creíbles y mantenerse el tiempo necesario.

La segunda enseñanza que tuvimos que aprender fue que, cuando una tasa de inflación se ancla en las previsiones de una economía, es muy difícil acabar con ella. Cambiar las expectativas de los agentes económicos es complejo y requiere de un alto nivel de credibilidad sobre el mantenimiento de estas políticas, a pesar de las presiones sociales que originan, y de un grado relevante de persuasión por parte del Gobierno para convencer a los trabajadores de que cambien sus exigencias de subidas de salarios, y a los empresarios, para que no repercutan estas subidas en los precios.

CÓMO SE FORMAN LAS EXPECTATIVAS

Las expectativas son una variable muy importante en el entorno económico, en especial en una coyuntura de inflación. Tienen la particularidad de no poder cuantificarse y, en general, son difíciles de explicar. Algunos economistas como Keynes recurrieron a la expresión «animal spirits» para indicar que las familias y las empresas creaban sus expectativas sobre el consumo y la inversión sin demasiada lógica.

En los modelos económicos, se suelen utilizar determinadas teorías sobre la formación de las expectativas. La primera es la de las expectativas extrapolativas. Esta teoría considera que los agentes económicos piensan que, lo que ocurrió en el pasado, volverá a ocurrir. Por tanto, sindicatos, empresarios y familias creerían que la tasa de inflación del año anterior volvería a repetirse en el actual y se negociarían los salarios del año en curso según aquella inflación.

La teoría de las expectativas adaptativas es algo más compleja. Los agentes económicos recordarían las expectativas de principios de año y, tras compararlas con los datos efectivos a finales de año, analizarían su grado de error. Al formar las expectativas del año siguiente, las corregirían tomando como referencia el error cometido. Así, por ejemplo, a principios del año pasado se pensaba que la inflación sería del 5% y al final fue del 8% (un 3% más). Por tanto, si para el año en curso se prevé que sea del 7%, se negociarían los salarios con una subida del 10% para no cometer el mismo error.

La teoría de las expectativas racionales presupone que los agentes económicos analizan todas las variables de coyuntura económica y crean las expectativas de forma racional. Esto supondría que todos los agentes económicos tienen unos profundos conocimientos de Economía y no cometen errores. La manera de superar esta limitación es que suelen existir instituciones, formadas por expertos económicos que utilizan modelos muy sofisticados, que se ocupan de realizar una tarea de arbitraje. Conforme con esta teoría, se negociarían los salarios del año en curso según las previsiones del Ministerio de Economía, el Banco Central, los institutos de previsión económica, las publicaciones especializadas, etc.

Desde que los bancos centrales realizan una política monetaria acomodaticia para estabilizar las economías de forma permanente, podemos hablar de expectativas ancladas. Dado que estos bancos tienen un objetivo de inflación —sobre el 2% anual—, los agentes creen que, al perseguir este objetivo, se gestiona la política monetaria y las expectativas se forman en el 2%. Ni que decir tiene que si el Banco Central ha conseguido este objetivo repetidamente y, por consiguiente, es creíble, los agentes formarán sus expectativas según el objetivo del Banco Central y este conseguirá su objetivo con facilidad.

En el proceso de inflación que hemos vivido —y en el que, en parte, seguimos viviendo—, las expectativas de inflación se han desanclado. Con las subidas de los tipos de interés y las señales que envía el Banco Central en forma de declaraciones institucionales, pretende que en unos años vuelvan a anclarse en el 2 %.

Muchos gobiernos prometían reducir la inflación dejando de crear dinero para pagar los gastos del Estado, pero a los pocos meses volvían a hacerlo. Los precios subían de nuevo y los agentes económicos se mostraban cada vez más escépticos, de manera que los gobiernos fueron perdiendo credibilidad. Hay que tener también presente que los procesos de inflación suelen estar impulsados, como hemos dicho, por la creación de dinero. Al haber más, este pierde valor en relación con las monedas extranjeras y se va depreciando. Con cada depreciación o devaluación de la moneda nacional, los productos que se importan —es decir, se compran a otros países—, se encarecen, y esto, a su vez, vuelve a presionar a la inflación, lo que provoca un malestar general ante la subida de los precios como el de los combustibles, las materias primas o los productos de consumo básico que se importan.

La depreciación de la moneda nacional tiene además otro efecto muy negativo. Para pagar las importaciones, muchos países pedían préstamos internacionales en divisas, por lo general en dólares. A medida que la moneda nacional se depreciaba, el dólar se apreciaba, y el préstamo en divisas era cada vez más alto en moneda nacional, hasta provocar que muchos países no pudieran pagar esta deuda y tuvieran que declararse en quiebra, lo que se conoce como default. En estos casos, el Fondo Monetario Internacional (FMI) intentó ayudarlos con préstamos en divisas para pagar las deudas, facilitando su reestructuración para aminorarla, pero a cambio exigía políticas monetarias y fiscales restrictivas y enviaba a sus hombres de negro para asegurarse de que se cumplían estas imposiciones. Ante estos ajustes, cuando empezaban a aparecer dificultades ante la falta de estímulos estatal, el malestar de la sociedad aumentaba y se llevaba por delante a no pocos gobiernos, mientras otros continuaban monetizando déficits fiscales para mantener la actividad económica y apaciguar el malestar social a costa de seguir alimentando el proceso inflacionista.

INFLACIÓN Y TIPOS DE CAMBIO

La inflación de un país suele afectar negativamente al sector exterior de la economía. Cuando los precios de una economía suben y los de los socios comerciales no lo hacen, decimos que perdemos competitividad vía precios. Al subir, los bienes y servicios que exportamos se encarecen y caen las exportaciones. En paralelo, los agentes económicos nacionales comprueban que sus productos son más caros que los extranjeros, de manera que empiezan a importar. El resultado es que la balanza de bienes y servicios entra en déficit, y este déficit hay que financiarlo. Lo habitual es utilizar otras monedas para pagarlo, es decir, divisas. Estados Unidos paga en la moneda nacional, dólares norteamericanos, y los demás países la aceptan porque es la divisa internacional por excelencia. Esto permite que este país tenga, desde hace varias décadas, unos déficits comerciales muy relevantes sin problemas para financiarlos. Algo parecido ocurre con el euro y los países de la eurozona. Sin embargo, en el resto de los países, la inflación provoca fuertes problemas con la balanza de pagos.

Sus déficits comerciales tienen que cubrirlos con divisas y, como no pueden fabricarlas, han de conseguirlas de alguna manera. Por ejemplo, pueden hacerlo gracias a las remesas que envían sus ciudadanos emigrados o a que reciban ayudas de otros países u organizaciones internacionales en forma de transferencias internacionales. Una posibilidad adicional es solicitar un préstamo en divisas en los mercados financieros internacionales, es decir, asumir una deuda en divisas o bien, como suele denominarse, una deuda externa. Sin embargo, tarde o temprano habrá que devolverla… En ocasiones, los tenedores de estos activos financieros piensan que no podrán hacerlo porque el déficit exterior persiste y cada año origina más deuda externa. En estos casos, en los mercados financieros se procede a vender la deuda externa de un país, de manera que el precio de estos bonos desciende drásticamente. Con la misma intensidad, sube el tipo de interés, lo que aumenta la prima de riesgo de los activos de ese país.

En la actualidad, financiarse es casi imposible y la crisis está en el horizonte. No queda otra que corregir el déficit exterior que originó la inflación, y para ello debe producirse una devaluación de la moneda nacional en relación con la divisa internacional de referencia. Cuando se produzca la devaluación, las importaciones se ajustarán, ya que en este momento los bienes extranjeros son más caros en divisa nacional. Por otro lado, las exportaciones crecerán, dado que la devaluación elevará la capacidad adquisitiva de la divisa en términos de la moneda nacional para los extranjeros, es decir, consideran que los productos nacionales son muy baratos. En este caso decimos que el país ha ganado competitividad vía tipo de cambio, y esto ayudará a corregir el déficit en la balanza de bienes y servicios.

Si la inflación persiste, la devaluación será solo una solución momentánea. Poco a poco, año tras año, el superávit exterior irá desapareciendo y volverá a convertirse en déficit. Al final, vendrá un nuevo endeudamiento exterior y una nueva devaluación de la moneda nacional.

Como puede verse, además de todos los problemas que origina la inflación, su efecto sobre la deuda externa y la balanza de pagos suele ser devastador. Vale la pena hacer un esfuerzo para estabilizar la subida de precios.

La pérdida de credibilidad de los gobiernos de muchos países llevó a plantear ideas para mejorarla. Algunas eran viejas, otras nuevas y, en ocasiones, se tomaron decisiones a veces extremas y a veces novedosas. Unos quisieron recuperar el patrón oro para asegurarse de que no volvería a crearse dinero de forma indiscriminada. Otros sugirieron cambiar la Constitución nacional para evitar que se presentaran presupuestos públicos con déficit que, al final, serían monetizados creando dinero. Algunos cambiaron de moneda y emitieron nuevos billetes que equivalían a millones de unidades de la moneda antigua. Incluso se llegó, como fue el caso de Argentina, a dolarizar la economía comprometiéndose a no fabricar un nuevo peso si no se disponía de un dólar adicional, dejando que las transacciones se hicieran indistintamente en dólares o en pesos y que las cuentas corrientes se nominaran en ambas monedas.

La mayoría optó por una solución más razonable y menos traumática: pusieron los bancos centrales en manos de personas independientes que no dependieran de los gobiernos. Desde entonces, los bancos centrales de la mayoría de los países tienen autonomía en sus funciones, y el principal objetivo que deben perseguir es el control de los precios. Hasta el proceso inflacionista que estamos viviendo, los bancos centrales independientes habían conseguido su objetivo, pero la inflación actual ha puesto en evidencia su política, quizá demasiado laxa en los últimos años, y ahora se juegan su prestigio y razón de ser si no consiguen controlar la inflación y llevarla a un nivel que parezca razonable. De un tiempo a esta parte, una inflación razonable era del 2 %, que es el objetivo que se pretende conseguir.

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¿Por qué hay que subir los tipos de interés para acabar con la inflación?

La respuesta a esta pregunta tiene que ver con el objetivo que, según hemos comentado, persiguen los gobernadores y los presidentes de los bancos centrales: el control de la inflación.

Como hemos visto, el banco central de un país o área monetaria (el BCE en la UME o la Reserva Federal norteamericana) puede crear la cantidad de dinero que quiera. Detrás del dinero no hay nada que lo respalde, ni oro, ni dólares. Pero no siempre ha sido así. Al principio, las monedas eran de oro o plata; después se crearon billetes que representaban una cantidad de oro que guardaba el banco emisor del billete como respaldo de ese dinero fiduciario, es decir, billetes que representaban una cantidad real de oro o plata. Más adelante se empezaron a fabricar más billetes que el oro que lo respaldaba, pero en una proporción concreta. En los años de la Primera Guerra Mundial, los gobiernos tuvieron que fabricar dinero para financiar los gastos de la guerra, de manera que los billetes se quedaron sin respaldo metálico. Cuando terminó este conflicto, los países quisieron volver a los patrones metálicos, pero la crisis de 1929 y los procesos inflacionistas alemanes mostraron la dificultad de recuperar este modelo.

Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los países ganadores firmaron los acuerdos de Bretton Woods y se creó el FMI, el Banco Mundial y el patrón de cambios oro, modelo que planteaba que tanto el dólar como la libra esterlina pudiesen cambiarse por oro. Las demás monedas integradas en este sistema no tenían ese respaldo metálico y se cambiaban por dólares o libras; por consiguiente, era posible su devaluación ante situaciones de crisis económicas nacionales. En pocos años, la libra dejó de ser convertible al oro y solo quedó el dólar. Sin embargo, desde los inicios de la década de los setenta —cuando los norteamericanos no tuvieron suficiente oro para respaldar todos los dólares que habían creado, entre otros motivos, para financiar la guerra de Vietnam—, ninguna moneda fue ya convertible al oro y desaparecieron los patrones metálicos.

Hay muchos teóricos de la economía y movimientos políticos que siguen queriendo recuperar el patrón oro. Incluso con la aparición de las criptomonedas se pretendía tenerlas descentralizadas para hacer pagos que evitaran la fabricación ilimitada de moneda por parte de los gobiernos y que, por tanto, evitasen la inflación. No parece, por el momento, que las criptomonedas vayan a sustituir al dinero legal fiduciario para realizar la mayoría de los pagos, ni que constituyan patrones monetarios tal y como los entendemos, aunque quizá aparezcan euros o dólares digitales encriptados que permitan la verificación de las transacciones por el sistema de blockchain, así como abrir cuentas en bancos centrales por parte de empresas, instituciones y particulares.

En la actualidad, entendemos que el dinero tiene dos formas: legal y bancario. El dinero legal son los billetes y las monedas. En el caso de nuestra economía, aunque tanto los billetes como las monedas las fabrica físicamente la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FMNT), el BCE es el encargado de introducir este dinero legal en la economía. El dinero bancario son las cuentas corrientes que tenemos en los bancos comerciales. A través de ellas, pagamos recibos, hacemos transferencias a otros agentes económicos, realizamos pequeños pagos a través de plataformas digitales como Bizum, pagamos con tarjeta muchas transacciones en la economía real o hacemos compras por internet.

Cuando el Banco Central quiere crear dinero, tiene dos opciones: comprar activos financieros u ofrecer préstamos a los bancos comerciales. Al comprar un activo financiero (letras del Tesoro, bonos, obligaciones, deuda pública…), introduce dinero en la economía, dado que el poseedor del activo que lo ha comprado antes tenía un activo y ahora cuenta con dinero con el que puede realizar pagos, retenerlo en la cuenta corriente, sacar efectivo en previsión de imprevistos, comprar otro activo financiero (acción, bitcoin…) o real (vivienda, coche…), o bien pagar deudas atrasadas.

Por otro lado, cuando los bancos centrales dan préstamos a los bancos comerciales, también crean dinero legal. Estos préstamos de regulación monetaria se devuelven en poco tiempo —un día, una semana, un mes, por lo general—, y los bancos comerciales tienen que pagar por ellos un tipo de interés. Este se denomina tipo de intervención y es el referente cuando hablamos del tipo de interés de la economía. Con estos préstamos de regulación monetaria que concede el Banco Central a los bancos comerciales, estos obtienen un exceso de liquidez, es decir, de dinero legal, y, para sacarle rentabilidad, ofrecen préstamos a sus clientes.

Cuando los bancos comerciales dan un crédito a sus clientes (ya sean personas o empresas), les abren una cuenta corriente y estas pueden empezar a realizar pagos con el dinero bancario mediante cheques, transferencias o el uso de tarjetas, aunque también es posible, pero poco usual, que saquen dinero de los depósitos a la vista (cuentas corrientes) y paguen en efectivo. Periódicamente, el Banco Central da créditos a los bancos comerciales creando dinero legal, y estos conceden créditos a sus clientes —que, usualmente, pagan con dinero bancario—. Por tanto, si los bancos comerciales reciben una cantidad concreta de dinero legal y otorgan préstamos a sus clientes creando dinero bancario en mayor proporción, el dinero bancario es varias veces mayor que el legal.

Como hemos dicho, en el momento en que el Banco Central presta dinero a los bancos comerciales, les cobra un tipo de interés de intervención. Al dar un préstamo, los bancos comerciales cobran a sus clientes otro tipo de interés que suele ser mayor al de intervención, y de esta diferencia obtienen sus beneficios, además del cobro de las comisiones por los servicios prestados. Sin embargo, existe un tercer tipo que debemos retener: el tipo de interés de los préstamos entre bancos comerciales. Con frecuencia, estos bancos no recurren al Banco Central para obtener financiación, sino a otros, quizá de mayores dimensiones, que les cobran un tipo de interés por el préstamo, llamado interbancario; en nuestra área monetaria, se conoce como euríbor. Generalmente, el tipo de intervención del Banco Central es más bajo que el euríbor, y este inferior al tipo de interés que los bancos comerciales aplican al prestar dinero a sus clientes. Por tanto, debemos esperar que si el tipo de intervención sube, el euríbor también lo haga, al igual que los tipos de interés de los préstamos de los bancos comerciales a los clientes, dependiendo del riesgo que las entidades financieras identifiquen en sus clientes. Por lo general, si el tipo de interés de intervención de los préstamos de regulación es bajo, los bancos comerciales piden otros al Banco Central y, con esta bajada de tipos, también los agentes económicos demandan préstamos a los bancos comerciales, con lo que se crea más dinero legal y bancario. Por el contrario, con tipos de interés más elevado, la demanda de préstamos disminuye y se crea menos dinero.

Si el tipo de intervención sube, el euríbor también lo hará, al igual que los tipos de interés de los préstamos de los bancos comerciales a sus clientes.

¿Qué hacemos cuando hay inflación? Políticas contra la inflación

La inflación es un proceso que suele ir autoalimentándose. Puede que en los inicios sea una inflación de los costes: se produce una subida de los costes de los componentes de producción y el precio de los bienes se eleva; esto puede originar una subida de los salarios para no perder capacidad adquisitiva, lo que hará subir los precios de nuevo. También puede ocurrir que se monetice el déficit de manera permanente y el incremento de gasto público haga subir el precio de los bienes y se inicie la espiral inflacionista vía subida de los salarios. En uno u otro caso, la demanda agregada sigue comprando bienes e impulsando los precios.

Si la inflación se debe a una subida de los costes de los bienes provocado por un incremento en el precio de la energía, como ha ocurrido en estos años, es difícil actuar directamente sobre la causa de la inflación, porque es imposible acabar con una guerra lejana o con acuerdos entre los países productores de petróleo. Se puede recurrir, como se ha hecho, a aminorar el precio de los bienes reduciendo los impuestos indirectos que recaen sobre los combustibles o la producción de electricidad, o bien intentando disminuir los márgenes empresariales de las empresas de estos sectores para que bajen los precios de los suministros. A medio plazo, también ayudará a reducir la dependencia de estas fuentes de energía cuyos precios no se controlan de forma directa. Por eso, en el caso de la economía española, que no tiene aprovisionamientos propios de combustibles fósiles, hacer la transición al sol y el viento como origen de la energía que consumimos es la estrategia adecuada.

Si la inflación se retroalimenta por el aumento de los salarios y la espiral inflacionista amenaza con un nuevo incremento de los precios, un pacto de rentas entre sindicatos, patronal y Gobierno ayudaría a moderar la subida de los sueldos y frenar la inflación en unos meses o años. Sin duda, fabricar dinero para frenar el déficit público que se esté monetizando también ayudaría a acabar con la inflación, pero habría que subir los impuestos, moderar el gasto público directo del Estado y disminuir las transferencias que se envían a las familias y empresas. Sin embargo, la experiencia de los años setenta nos enseñó que los gobiernos no suelen implementar estas políticas correctoras, pues son medidas que generan malestar social y, como consecuencia, pérdida de votos. Los gobiernos son reacios a enfrentarse a los sindicatos y soportar el coste político de huelgas generales y manifestaciones de trabajadores en las calles, de manera que suelen mantener su exceso de gasto público.

Ante la espiral inflacionista, un pacto de rentas entre sindicatos, patronal y Gobierno ayudaría a moderar la subida de los sueldos y frenar la inflación.

Al final, el origen de este tipo de inflación no es el déficit público en sí, sino financiarlo emitiendo dinero sin límites por parte del Banco Central. Por eso, tras la experiencia de años pasados, la mayoría de los países occidentales dotaron a sus bancos centrales de independencia de los gobiernos, lo que supone que los bancos no tienen que obedecer a los gobiernos si les piden que fabriquen dinero para financiar los déficits fiscales. Es decir, si los gobiernos tienen déficit, tendrán que acudir a los mercados financieros para que estos compren la deuda pública que deberán emitir para hacer frente al exceso de gastos públicos sobre los impuestos que recauda.

Además, el estatuto de autonomía de los bancos centrales suele determinar que se controle la inflación como objetivo primordial de la política monetaria y, en su caso, erradicarla. Por supuesto, los bancos centrales también tienen como objetivo ayudar a que los países mantengan una senda de crecimiento estable que origine el bienestar de la población y la reducción del desempleo, pero la prioridad es tener controlada la inflación. Lógicamente, también tienen otro objetivo prioritario, dado que los bancos centrales son la autoridad monetaria y deben velar por la estabilidad financiera y la solvencia de los bancos comerciales. La inflación siempre se asocia con periodos en los que la masa monetaria es abundante. Cuando abunda la liquidez, los tipos de interés de los préstamos son reducidos y las empresas comparan el coste de la financiación de los proyectos de inversión en equipos y tecnología con la rentabilidad que esperan obtener. Si el tipo de interés de la financiación es inferior a la tasa de retorno de la inversión, realizan los proyectos: compran equipos que instalan en nuevas fábricas, contratan a nuevos trabajadores que cobran sus salarios, y todo ello aumenta el consumo de la economía y la demanda de bienes y servicios.

Estos tipos de interés reducidos permiten que las familias compren viviendas con préstamos hipotecarios baratos que incentivan el sector de la construcción, lo que genera nuevos empleos y salarios. Además, pueden pedir préstamos para adquirir coches, electrodomésticos y otros bienes de consumo duradero. Este incremento del consumo y la inversión alimenta la demanda agregada y terminará haciendo subir los precios de los bienes cuando estos empiecen a escasear.

El estatuto de autonomía de los bancos centrales suele determinar que se controle la inflación como objetivo primordial de la política monetaria.

Los efectos de los tipos de interés bajos son la razón por la que, cuando se percibe que la subida de los precios puede derivar en un proceso inflacionista, los bancos centrales suelen eliminar liquidez de la economía, hacer que los tipos de interés suban, parar el consumo y la inversión, y detener el crecimiento económico, originando, incluso, una recesión económica y un fuerte crecimiento del paro si es necesario.

La subida del tipo de interés provoca, además, daños colaterales. Un primer efecto radica en que, al haber menos dinero en la economía, los agentes económicos se desprenden de los activos financieros en los que mantienen su riqueza para obtener los medios de pago que necesitan para realizar sus transacciones.

La venta generalizada de bonos y acciones origina la caída de los precios de estos activos, y las bolsas de valores se desploman, provocando la pérdida de riqueza de toda la economía. Como se sabe, el mundo financiero reacciona con prontitud ante las noticias económicas. Es frecuente que un mal dato de inflación haga caer las bolsas en el mismo día. Ante una subida de los precios, los agentes bursátiles anticipan una política monetaria restrictiva que retirará dinero de la economía y subirá los tipos, además de poner a la venta los valores, lo que desploma las cotizaciones bursátiles y anticipa los efectos de la política monetaria que esperan que implemente el Banco Central.

Ante un proceso inflacionista, los bancos centrales suelen eliminar liquidez de la economía, hacer que los tipos de interés suban, parar el consumo y la inversión, y detener el crecimiento económico, originando desempleo si es necesario.

LA INELASTICIDAD DE LA DEMANDA AGREGADA AL TIPO DE INTERÉS Y EL MECANISMO DE TRANSMISIÓN DE LA POLÍTICA MONETARIA

Como ya hemos dicho, para combatir la inflación, los bancos centrales han iniciado una senda de subida de los tipos de interés. Es el tipo de intervención de los préstamos que hacen a los bancos comerciales y que estos transmiten a sus clientes con el consiguiente margen bancario. Cuando los bancos comerciales conceden créditos a unos tipos de interés más altos, los clientes modifican su comportamiento ante el cambio de incentivo. Las familias se dan cuenta de que financiar un coche, una vivienda, electrodomésticos o los bienes que adquieren gracias a los préstamos es más caro y, por tanto, disminuye el consumo y la compra de vivienda. Las empresas, por su parte, reducen las inversiones en equipos, dado que comparan el coste de financiación con la tasa de retorno que obtienen por esa inversión. El resultado, pues, debería ser que la demanda agregada disminuyera y la economía se frenara, quitando presión a la subida de los precios. Pero a veces, como está ocurriendo ahora, no sucede así o no lo hace tan rápido.

Una primera explicación de por qué no ocurre de este modo puede deberse a que tanto el consumo como la inversión sean inelásticos al tipo de interés, es decir, que las familias y las empresas sean poco sensibles a estas subidas del tipo de interés a la hora de tomar la decisión. Puede que una familia haya decidido cambiar de coche o comprarse una vivienda y que una subida del coste de la financiación no la haga cambiar de parecer. Igualmente, un empresario puede que haya decidido cambiar su sistema de información o adquirir equipamiento nuevo y seguir pensándolo. En estos casos, la política monetaria restrictiva de los bancos centrales no tendrá efecto sobre la demanda agregada ni, por tanto, sobre el control de la inflación.

Otra razón de ineficacia de la política monetaria se debe a que el mecanismo de transmisión, desde que se formula hasta que los agentes cambian su comportamiento, es largo y sufre un cierto retardo. Tienen que pasar unos trimestres desde que suben los tipos de interés hasta que las familias y las empresas cambian su comportamiento y se altera la demanda agregada. Es lo que parece estar ocurriendo en la actualidad.

Por último, puede que las familias y empresas no sean sensibles al cambio del tipo de interés, sino a los cambios de expectativas sobre este. Si una familia quiere comprarse una vivienda, puede que, cuando lo haga, el tipo del préstamo hipotecario sea elevado, pero si espera que en unos trimestres vuelva a bajar, mantendrá su decisión de compra porque este se moderará. Igual puede ocurrir con un empresario que quiere financiar una inversión a sabiendas de que deberá refinanciarla años más tarde a tipos más bajos, por lo que mantendrá su decisión. Así pues, en el comportamiento de los agentes económicos incide más el tipo de interés esperado que el actual. Quizá, ante la opinión extendida de que la inflación se controlará en breve y que los tipos de interés volverán a bajar, las familias y las empresas no cambian sus comportamientos, de manera que la política monetaria no será eficaz ni terminaremos de controlar la inflación.

Sea por unas razones o por otras, la realidad es que los tipos de intervención han subido cuatro o cinco puntos en las principales economías, y la demanda agregada no se ha resentido tal como se esperaba.

Un segundo efecto colateral tiene que ver con los préstamos concedidos a empresas y familias. Si las empresas tienen que refinanciar alguno de sus préstamos, se encontrarán con restricciones para renovarlos a un coste financiero superior. Las familias se verán afectadas si tienen préstamos a tipo de interés variable, como ocurre con las hipotecas. Cuando anualmente se actualicen las cuotas de los préstamos, estas subirán y las familias verán que les queda menos renta disponible para sus gastos mensuales.

También el Gobierno sufrirá un efecto colateral importante con la subida de los tipos de interés. Si ha presentado un presupuesto con déficit, tendrá que pagar un coste financiero más elevado al emitir deuda para financiarlo, por lo que la carga de la deuda se incrementará y eso aumentará de nuevo el déficit. Si el Estado está muy endeudado, como ocurre en la actualidad tras la crisis financiera del año 2009 y de la originada por la pandemia, refinanciar toda la deuda emitida cuando vaya venciendo será cada vez más caro, la carga financiera de la deuda subirá y volverá a incrementarse el déficit público del presupuesto siguiente, de manera que aumentará otra vez la deuda para financiar este nuevo déficit.

Como puede apreciarse, los efectos de la política monetaria restrictiva son considerables: recesión, desempleo o pérdida de la riqueza de los agentes económicos. Sin embargo, la subida del tipo de interés, aunque tiene efectos inmediatos en la economía financiera, suele sufrir ciertos retrasos en la ralentización de la economía real. Por otra parte, la recogida de datos que muestran estos efectos también lleva su tiempo. Los bancos centrales actúan a diario inyectando o retirando liquidez de la economía. Toman decisiones considerando la inflación, la tasa de crecimiento del PIB y la evolución del paro, pero la tasa de inflación les llega a final de cada mes, al igual que las cifras del paro registrado, y el dato trimestral del crecimiento del PIB tarda aún más. Se dice que llevar a efecto la política monetaria es un arte. Los indicadores adelantados pueden darnos una idea de cómo va la economía, pero las expectativas cambian y lo mejor es no cometer errores. Por esta razón, los bancos centrales no realizan cambios drásticos en los tipos de interés. Los suben o bajan 0,25 puntos y esperan a ver cómo reacciona la economía. Si los subieran 0,50 puntos, los mercados interpretarían que el escenario es preocupante, pero si lo hicieran 0,75 puntos o un 1 %, cundiría el pánico en las bolsas.

Para evitar la volatilidad en los activos financieros, la autoridad monetaria siempre anuncia lo que piensa hacer. De esta forma, los mercados financieros anticipan los cambios, de manera que, cuando se producen, apenas tienen efectos. Es lo que se denomina política de señales: el Banco Central dice cómo va a actuar, aunque luego no lo haga, pero provoca la reacción esperada en los agentes económicos. Ahora bien, si siempre dice cosas que no hace, pierde credibilidad, y los mercados financieros aprenden. Ante todo, un banco central debe ser creíble.

Los efectos de la política monetaria restrictiva son considerables: recesión, desempleo o pérdida de la riqueza de los agentes económicos.

En cualquier caso, al margen de lo que ocurra en los mercados financieros, la economía real termina sufriendo la subida de los tipos de interés. Saber que al Banco Central no le temblará el pulso al subir los tipos y parar la economía para acabar con la inflación genera unas expectativas que ayudan a moderar los precios y a que los salarios no suban en exceso para no alimentar la espiral inflacionista.

También es importante tener en cuenta la contundencia de la política monetaria restrictiva ante la subida de la inflación. Como detendrá la economía y originará desempleo, la autoridad monetaria deberá decidir si opta por una tasa de sacrificio elevada para acabar con la inflación en poco tiempo a costa de un desempleo muy alto o por no frenarla del todo para no aumentar el paro y tener una tasa de inflación elevada durante más tiempo. Por lo general, es preferible controlar la inflación rápidamente y soportar una tasa de sacrificio mayor, pero hay que tener en cuenta el coste social y político de esta opción. Hasta ahora se ha optado por una estrategia que afronte una tasa de sacrificio suave, aunque dependerá de si al final se controla la subida de los precios y no repunta de nuevo.

Debemos plantearnos una última cuestión: ¿la política monetaria es eficaz o no lo es del todo? Si los empresarios y las familias no son sensibles a las variaciones del tipo de interés para tomar sus decisiones de inversión y consumo, una subida del tipo de interés no cambiará mucho su comportamiento. Así, economías no muy endeudadas, con pirámides de población envejecidas que no adquieren ya viviendas ni bienes de consumo duraderos, no serán muy sensibles a esta política y mantendrán el consumo, por lo que la economía no se parará demasiado y los precios seguirán con su secuencia alcista.

También puede ocurrir que los empresarios se fijen más en la evolución del tipo de interés real que en la del nominal. El nominal es el de intervención, el que aparece publicado en los medios y en los préstamos. El real es el nominal menos la tasa de inflación. Por tanto, si la inflación es mayor que el tipo de interés nominal, el de interés real será negativo. Quizá los empresarios piensen que les sale a cuenta endeudarse e invertir en un proyecto si ellos obtienen una tasa de retorno más elevada que el tipo de interés real. Dicho de otra forma, les merece la pena endeudarse con una inversión rentable, porque, cuando retornen el préstamo, devolverán menos en términos reales.

Puede haber ocasiones en las que la política monetaria no sea suficiente para frenar la economía y controlar la inflación. En esos casos, habría que actuar con la política fiscal que, como sabemos, no depende de los bancos centrales, sino de los gobiernos.

En resumen, una cuestión es detectar el origen de la inflación y otra muy distinta implementar una política para estabilizar los precios. El inicio de la inflación puede venir por shocks en la demanda o en la oferta agregada. El proceso inflacionista se debe a la persistencia de estos shocks y a la subida de los salarios para adecuarse a la inflación, lo que inicia la espiral inflacionista.

Si la inflación la provoca la demanda agregada, la acción más inmediata será establecer una política monetaria restrictiva que reduzca la oferta monetaria y eleve el tipo de interés. Si no da resultado, habrá que iniciar una política fiscal expansiva que reduzca el gasto público y las transferencias o bien que aumente los impuestos directos a las personas físicas. Estas políticas provocarán que se moderen los precios, se produzca un estancamiento económico y aumente la tasa de desempleo.

Si la inflación se debe a unos persistentes shocks de oferta —como el incremento del precio de las materias primas—, bajar las cargas sociales al trabajo, los impuestos indirectos al consumo como el IVA y los impuestos especiales ayudaría a moderar los precios, al tiempo que habría un crecimiento económico y se mantendría el empleo. Por tanto, los shocks de oferta implican que los costes de producción se encarecen y la demanda reacciona pidiendo menos bienes, por lo que la producción disminuye.

Si el shock de oferta se produce por el incremento que generan los márgenes empresariales, una situación de una mayor competencia en los diferentes sectores económicos ayudaría a contenerlos, así como bajar los impuestos directos a las empresas. En situaciones de sectores con poder de mercado, es decir con poca competencia en los que imperan oligopolios colusivos, aumentar los impuestos a los beneficios extraordinarios suele ser inflacionista, dado que las empresas transmiten estas subidas a los precios y los terminan pagando los consumidores.

Para acabar, si se ha entrado ya en la espiral inflacionista, la política de rentas es la única posible, pues promueve acuerdos entre sindicatos y patronales empresariales destinados a cambiar las expectativas de inflación de los años futuros para conseguir que los precios y salarios se ajusten a unas tasas más moderadas.

En el caso de la economía española durante 2022 y 2023, se estuvo realizando una mezcla de políticas un tanto especial. Por un lado, el BCE inició una política monetaria restrictiva y fue subiendo los tipos interés de forma continuada. Por otro, el Gobierno mantuvo una política fiscal expansiva con ayudas y subvenciones que mantuvo la demanda agregada y es posible que contrarrestase el efecto de la política monetaria. El turismo intenso también ayudó a mantener esta demanda, haciendo que el sector exterior tirase de la economía nacional.

Por lo que se refiere a la oferta, se rebajaron impuestos indirectos y especiales, lo que ayudó a moderar la inflación, pero se implementaron impuestos a los beneficios empresariales de sectores con muy bajo nivel de competencia, como el eléctrico y el financiero. Este último, incluso, se resistió a pagar tipos de interés más elevados por los depósitos de sus clientes. También se intervino la subida del precio de las materias primas con el tope al precio del gas.

El acuerdo entre sindicatos y empresarios aconsejando una subida de los salarios un 4 % en 2023, un 3 % en 2024 y 2025, y un 1 % cada año en función de la evolución de la inflación, ayuda a evitar una espiral inflacionista intensa, pero son indicaciones que solo han seguido algunas empresas y algunos convenios colectivos.

El resultado fue un descenso del IPC debido principalmente al abaratamiento de los precios energéticos, aunque persistió la inflación subyacente. Esto nos obliga a abordar un problema más de fondo que afecta a los márgenes empresariales.

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El problema de la economía

española

Para entender lo que nos pasa, es necesario comprender que el proceso de inflación que padecemos ha acabado con el modelo productivo de nuestra economía desde la crisis financiera de 2009. En los años previos, desde inicios de los ochenta, la economía española había seguido un modelo de crecimiento muy diferente caracterizado por el peso en la producción de bienes de tres sectores económicos concretos, la pérdida constante de competitividad y el recurso sistemático a la devaluación de la peseta en el marco del Sistema Monetario Europeo (SME).

De los tres sectores, la agroindustria y el turismo eran exportadores. El tercero, la construcción, aportaba la creación masiva de empleo no muy cualificado. Desde mediados de los años setenta, los precios españoles subieron más que los de los bienes de los países con los que competíamos, de manera que, de forma progresiva, íbamos perdiendo competitividad y empeorando el saldo de la balanza de bienes y servicios, siempre con un importante déficit parcial en la cuenta de los productos energéticos que se pagaban en dólares norteamericanos. Esta situación de déficit comercial permanente originaba endeudamiento exterior, pérdidas de reservas de oro y divisas, y la imposibilidad de mantener la peseta, lo cual obligaba a devaluar la moneda y, así, la pérdida de competitividad vía costes y precios se amortiguaba con la devaluación de la moneda nacional. En 1982 ocurrió dos veces, y cuatro entre los años 1992 y 1994.

LOS FACTORES DE COMPETITIVIDAD

La competitividad de un país depende de diversos factores y es un concepto difícil de precisar. Primero, hay que aclarar que competencia no es lo mismo que competitividad. En un mercado, la competencia consiste en que haya muchas empresas que fabrican y muchos consumidores que compran, y ninguno de estos agentes puede manipular el mercado. La competitividad de un país implica que compite con los socios de su área comercial y lo hace con éxito. Un indicador inicial de la competitividad de un país puede ser su balanza exterior de bienes y servicios, cuyo saldo muestra la relación entre las exportaciones y las importaciones. Un saldo positivo implicaría que se demandaran más bienes nacionales por parte de otros países que los bienes y servicios que se importaran de ellos; esto tiraría de la demanda agregada y haría crecer la economía.

Además de este indicador, existen índices de competitividad que hacen hincapié en aspectos institucionales de cada país, en su facilidad para los negocios, la educación, la infraestructura, la corrupción, el marco jurídico laboral y fiscal, etc. Sin embargo, si nos fijamos en los factores económicos, podemos diferenciar cuatro que hacen que un país sea más competitivo que los otros con los que compite.

El primero es el tipo de cambio, es decir, la relación entre las monedas de los diferentes países. Cuando la moneda de un país se deprecia (si la relación de tipos de cambio es flexible) o se devalúa (si la relación de tipos de cambio es fija), el país gana competitividad porque sus bienes y servicios, como el turismo, son más baratos que los de los demás, de manera que suben las exportaciones y bajan las importaciones. Por tanto, los países que ven que su moneda se aprecia pierden competitividad. Tradicionalmente, la economía española ha sido muy poco competitiva, y su balanza de bienes y servicios casi siempre ha sido deficitaria, lo que ha originado problemas importantes porque había que financiar ese déficit exterior. En 1982 y en 1992-1993, los problemas se aguzaron y se realizaron varias devaluaciones de la peseta, que entonces estaba dentro del SME. Devaluar la peseta fue la manera tradicional de ganar competitividad de la economía española, pero esto quebró en la crisis de 2009: España había entrado en la UME, la eurozona, y ya no podía devaluarse la inexistente moneda nacional española. En ese momento tuvimos que recurrir a los otros tres factores de competitividad.

El segundo factor de competitividad es la tasa de inflación. Si un país tiene más inflación que aquellos con los que compite, pierde competitividad. Sus productos se encarecen y los otros dejan de comprarlos. España tuvo una inflación más elevada que los países de su área comercial —formada por Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y Portugal—, y por eso perdió competitividad de forma sistemática. Tras la crisis de 2009, la economía española se deprimió durante varios años. La inflación fue muy baja e incluso negativa, lo que hizo que ganase competitividad.

El tercer factor son los costes de producción. Entre ellos, los salarios son quizá los más importantes, pero debemos incluir los costes energéticos, las materias primas, los impuestos a la producción e incluso los costes de transacción, molestias que impiden producir con mayor flexibilidad y prontitud. Las subidas de los salarios siempre eran altas en España, de modo que la economía española perdía competitividad por este motivo, que se corrigió tras la crisis de 2009.

Por último, el cuarto y quizá el factor de competitividad más importante es la productividad. La productividad del trabajo es el valor que genera un trabajador por hora de trabajo. Las maneras de ser productivo son dos: fabricando bienes y servicios que sean más valorados por los consumidores y, por tanto, que paguen un precio mayor; y siendo más eficiente al producir un bien con menos horas de trabajo cada vez. La productividad siempre ha sido la gran carencia y el gran lastre de la economía española.

Un indicador relevante de competitividad son los Costes Laborales Unitarios (CLU). Su variación muestra la subida de los salarios menos la subida de la productividad de la economía. Así, se puede tener unos CLU bajos y ser muy competitivo con salarios al alza, pero con una productividad que se incremente en mayor medida.

Subida de los CLU =
= subida de los salarios – subida de la productividad

Tras cada devaluación de la peseta, la agroindustria empezaba su impulso exportador y recibíamos nuevamente a turistas que llegaban a un país barato. Las crisis económicas duraban un año escaso, dado que el incremento de las exportaciones, debido a las devaluaciones recurrentes, tiraban de la economía española. Por su parte, el sector de la construcción, ya fuera construyendo infraestructura pública o edificando viviendas, volvía a impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo.

La crisis de 2009 fue diferente. En los años anteriores se habían creado grandes cantidades de dinero y, gracias a los tipos de interés bajos que originaba esta política monetaria expansiva generalizada, familias y empresas se endeudaron de manera desmesurada. Como resultado, se produjeron dos burbujas de precios, una en los mercados de activos financieros y otra en el mercado de la vivienda. Los precios de los bienes y servicios se incrementaron, pero no de una forma tan abrupta. Las bolsas de valores subieron a niveles insospechados y el precio de las viviendas se disparó, financiándose su compra con elevados préstamos hipotecarios. Las familias pedían préstamos para mantener un nivel de vida que no podían permitirse con la confianza de que la euforia económica originada por el sostenido crecimiento de esos años les permitiría afrontar la deuda tiempo después. Sin embargo, cuando empezó a verse que no podrían pagar los préstamos que los bancos comerciales les habían concedido, la desconfianza fue generalizada y la crisis financiera, inevitable.

En el caso de la economía española, el sector de la construcción colapsó en 2009, y su peso en el PIB, casi del 15 %, cayó a la mitad. El sistema financiero bancario tuvo que reestructurarse por completo y, gracias a que las cajas de ahorro no cotizaban en bolsa, se evitó la quiebra de muchas de estas entidades, que fueron reabsorbidas por otras de mayor dimensión y solvencia. El Estado respondió a esta recesión económica con un fuerte gasto público para mantener la demanda agregada, y se dispararon el déficit público y la deuda pública emitida. Para agravar aún más la crisis, la economía española que partía de un déficit comercial elevado no pudo acudir a su tabla de salvación tradicional: la devaluación de la peseta. Al habernos integrado en la UME y haber adoptado el euro como moneda ya no podíamos ganar competitividad respecto a los países de nuestra área comercial con una rápida devaluación, como habíamos hecho en las crisis anteriores. Además, después de los primeros años tras la crisis, la pertenencia a la UME nos obligó a estabilizar las cuentas fiscales con subidas de impuestos y recortes en el gasto público y las transferencias, y la economía española ahondó en la recesión económica con una subida muy fuerte de la tasa del paro al 26 %.

LA SECUENCIA DEL CRECIMIENTO Y LA INFLACIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

En Macroeconomía, se suele utilizar el modelo de Oferta y Demanda Agregadas (OA-DA) para el análisis general de la economía de un país, que muestra de forma visual el nivel de los precios de la economía y la evolución del PIB. Por tanto, no consideramos las tasas de crecimiento de estas variables, sino el nivel de los precios y bienes de una economía. Por ejemplo, si suponemos que una economía solo produce bocadillos, mide el total que produce cada año (PIB) y su precio, no cuántos más se fabrican anualmente, que sería la tasa de crecimiento del PIB, ni cuánto suben los precios al año, que sería el IPC.

El modelo OA-DA es gráfico: en el eje horizontal o de abscisas se establece la producción de bienes, y en el eje vertical o de ordenadas, sus precios. Así, los precios y el PIB están representados por dos índices base 100 de 2015, al nivel de precios del año 2015 se le asigna el valor 100 y lo mismo se hace con el nivel de producción:

Modelo OA-DA (IPC – PIB) OECD Data base 100 = 2015

Analizar este gráfico es del máximo interés para entender la evolución de la economía española. Entre los años 2000 y 2007, el PIB y el IPC crecieron casi de forma lineal. Eso sería la evolución estándar de una economía: cada año crece el PIB y sube algo el precio de los bienes. El año 2008 fue el último de esta secuencia, si bien puede percibirse que los precios fueron más altos que en los años anteriores. Después llegó la crisis de 2009 y la evolución fue tan errática como preocupante. El PIB descendió y siguió haciéndolo hasta 2013, momento en el que llegó a bajar al nivel de producción de 2005, pero, entre 2009 y 2013, los precios empezaron a subir. Fueron años de «estanflación», con subida de precios y decrecimiento en la producción. A partir de 2013, la economía empezó a crecer hasta 2019, prácticamente sin subida de precios hasta 2016, y después con un ascenso moderado, y en 2017 superamos el nivel de producción de 2008. Pero en 2020 llegó la pandemia: los precios se frenaron y caímos al nivel de producción de 2006. En 2021, la economía creció con precios al alza, pero en 2022 se produjo un cambio de tendencia de la curva con una subida de los costes muy pronunciada y sin haber superado el nivel de producción de 2019, algo que conseguimos en el segundo trimestre de 2023.

Como puede apreciarse, para la economía española, de 2008 a 2022 perdimos varios años en términos de producción. El año 2022 fue de crecimiento, con una tendencia al alza de los precios muy pronunciada.

La salida de esta crisis fue muy dura y larga. Tardamos once años en recuperar el nivel del PIB que teníamos en 2008… ¡Hasta 2017 no lo conseguimos! En pocas palabras, fue una década de pérdida de crecimiento y bienestar. Cuando en 2018-2019 iniciamos una nueva senda de crecimiento superando el nivel de producción de 2008, la pandemia nos devolvió al nivel del PIB de ese año, y hasta el segundo trimestre de 2023 no recuperamos el nivel de renta e ingresos de 2019, aunque alcanzamos de nuevo los veinte millones de personas ocupadas que teníamos en el año 2008.

¿Cómo salimos de la crisis de 2009?

Como en 2009 España pertenecía a la eurozona, ya no podía devaluar la moneda, de manera que la única solución que nos quedó —a la que llegamos tras varios años de desencuentros— fue devaluarnos a nosotros mismos. Entre 2009 y 2020, apenas subieron los salarios, y durante muchos años tuvimos una inflación negativa. La mayoría de las pequeñas y medianas empresas vieron reducirse sus márgenes, el sector turístico cogió el relevo a la construcción y sostuvo el crecimiento, si bien, por desgracia, fue la principal víctima económica de la pandemia, lo cual agravó la crisis originada por el COVID-19. La recuperación de la economía en los años previos a la pandemia se debió a que nos convertimos en un país barato, con salarios y precios bajos. La mejora en la competitividad que antes ganábamos con la devaluación de la moneda, la conseguimos en aquel momento al moderar los costes de producción, de los salarios y de los precios de los bienes. Y, de pronto, cuando parecía que habíamos salido de los efectos de la pandemia y que nuestro modelo de país barato podía devolvernos a una senda de crecimiento y recuperación, el proceso de inflación provocado por la guerra entre Rusia y Ucrania destrozó ese modelo y puso en evidencia para muchas empresas la dificultad de subsistir en un entorno de encarecimiento de los suministros y las materias primas. Ante la inflación, las compañías, sin márgenes de beneficios o con excedentes muy ajustados, subieron el precio de los bienes y servicios que producían y esto, junto con el aumento del coste de la electricidad, los carburantes y muchas materias primas, provocó una inflación generalizada que dejó a las familias sin renta para pagar el carro de la compra o bien enfrentarse a los recibos del hogar o al pago de la hipoteca.

La recuperación de la economía en los años previos a la pandemia se debió a que nos convertimos en un país barato, con salarios y precios bajos.

El modelo se ha roto, y la subida generalizada del precio de los bienes es una forma de buscar un nuevo equilibrio al que seguirá la subida de los salarios, con la consecuente pérdida de competitividad que quizá rompa la tendencia de estos años de contar con un superávit en la balanza de bienes y servicios. Esto puede originar desequilibrios entre las empresas de las cadenas de producción y situaciones de desigualdad aún más pronunciadas en las rentas familiares.

Hasta el momento, la buena noticia es que la inflación en España se está moderando más rápidamente de lo que lo está haciendo en nuestra área comercial: Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Portugal. Con ello, estos países pierden competitividad vía precios respecto a la economía española. De todas formas, como la devaluación ya no es posible, la competitividad depende del coste de los factores, la inflación y la productividad. De mantenerse esta moderación de los precios, ganaríamos competitividad vía inflación, pero la evolución de la productividad de la economía española en relación con estos países nunca ha sido superior, y la subida de los márgenes empresariales y de los salarios nos harían perder competitividad vía precio de los factores. Este será un equilibrio que tendremos que ver cómo evoluciona.

La inflación en España se está moderando más rápidamente de lo que lo está haciendo en nuestra área comercial.

El hecho de que la inflación subyacente siga sobre el IPC obedece a que el precio de la electricidad descendió en los últimos meses de 2023, pero también indica que tenemos un proceso inflacionista interno sobre el que se está extendiendo una generalizada opinión que se debe a la subida de los márgenes empresariales. Parece que los empresarios están aprovechando la coyuntura inflacionista, unos para recuperar unos márgenes que hagan viables sus empresas y otros para incrementar los ya existentes, aprovechando el desequilibrio de precios propio del proceso inflacionista. Esta situación afecta a diferentes sectores, algunos de los cuales, como la producción agraria y ganadera, estaban produciendo casi sin cubrir costes, y se está buscando un nuevo equilibrio que haga viables estas explotaciones.

Cuando el proceso de inflación termine estabilizándose, veremos la nueva relación de precios relativos entre las rentas salariales, el coste de las materias primas y las rentas empresariales y del capital, aunque es previsible que el resultado final nos depare unos costes de artículos de consumo básico a precios muy elevados que no volverán a bajar en el futuro.

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Aprender a vivir con la inflación

Aprender a vivir con la inflación es difícil, aún más si durante décadas hemos tenido precios estables y no estamos acostumbrados a este entorno tan inestable. También es cierto que no a todos la inflación nos afecta de igual manera. Utilicemos una distinción tradicional en Economía que diferencia cuatro sectores económicos a modo de agentes macroeconómicos: las familias, las empresas, el sector público y el sector exterior.

Las familias

LOS INGRESOS Y LA RIQUEZA

Si lo analizamos desde el punto de vista de las familias y queremos seguir unas pautas para aprender a vivir con la inflación, tendremos que diferenciar entre los ingresos y las rentas que percibimos, la riqueza que tenemos y el dinero, aclaración que ya hemos hecho antes (recuadro «Procesos de hiperinflación»). Efectivamente, una familia puede verse desde distintas perspectivas, y a todas ellas les afectará una situación de inflación más o menos permanente. Pensemos que somos personas de renta media: tenemos algo de dinero en el banco (dinero bancario) o en casa (dinero legal), obtenemos ingresos mensuales en forma de salarios por nuestro trabajo y contamos con algunos activos reales, como una vivienda o un coche, además de algunos activos financieros en forma de fondos de inversión, fondos de pensiones y, quizá, acciones o bitcoins.

Por la parte de los ingresos que obtienen las familias, quizá algunas dispongan de otra vivienda que tienen alquilada y obtienen, así, unas rentas adicionales. Lo mismo ocurrirá si cuentan con unos niveles de riqueza mayor y poseen locales comerciales o si son propietarios de fincas agrícolas que alquilan. Algunas familias tienen un pequeño comercio o una empresa de mayores dimensiones y reciben beneficios empresariales por su actividad. Otras quizá tengan depósitos a plazo en el banco o letras del Tesoro, deuda pública, obligaciones o bonos que les reporten intereses todos los años, que son también ingresos que pueden gastar. Incluso es posible que tengan parte de su riqueza en acciones de empresas que cotizan en bolsa y que cada año reparten dividendos que también les sirven para hacer frente a los gastos en los que incurre la familia. Por último, también puede ser que reciban transferencias del Estado en forma de pensiones, ayudas familiares, rentas mínimas o prestaciones por desempleo. Por tanto, los ingresos que recibe una familia pueden ser de distinta naturaleza, y en cada uno de ellos la inflación repercutirá de diferente manera.

En cuanto a la riqueza de las familias, entraría aquí la vivienda si es en propiedad, los bienes valiosos y todos los activos reales y financieros a los que hemos aludido como originadores de ingresos. Pero también puede que, en vez de tener riqueza con un saldo positivo, estén cargadas de deudas que aminoren el valor total de su riqueza. Es habitual que las familias tengan un préstamo hipotecario sobre la vivienda o un préstamo personal para adquirir el coche. Puede que incluso hayan pedido otros préstamos por múltiples razones o que se hayan endeudado al hacer compras con las tarjetas de crédito. En estos casos, tendrán que pagar unas cuotas mensuales en las que se incluye la amortización del préstamo y los intereses que pagan por este, que puede ser a interés fijo o variable. Así pues, las familias tienen una riqueza determinada y la inflación afecta de diferente manera a los activos que constituyen la riqueza.

El valor de la riqueza que tenemos es importante en la toma de decisiones familiares. Si ven que su riqueza va aumentando, suelen consumir más y ahorrar menos, pero, cuando ven que se evapora, hacen lo contrario: consumen menos y ahorran más. Y recordemos que el consumo es el principal componente de la demanda agregada y, sin ella, la economía se detiene y el paro aumenta.

Otra cuestión importante es que tanto los ingresos como la riqueza se valoran en dinero: solemos comparar lo que ganamos y lo que tenemos con lo que podemos comprar. Si los precios de los bienes suben y no lo hacen nuestros ingresos, decimos que perdemos capacidad adquisitiva. Si el valor de la riqueza se mantiene y el precio de los bienes sube, decimos que nuestra riqueza real disminuye, aunque la nominal se mantenga. Cuando no hay inflación o esta es baja, no prestamos atención a la diferencia entre los valores nominales y los reales, pero, cuando la inflación es elevada, quizá el valor nominal de lo que ganamos o tenemos se mantenga sin cambios, pero el valor real de los ingresos o de la riqueza disminuye con rapidez. En estos casos, en términos reales, ganamos menos y somos más pobres, o menos ricos, según lo veamos.

Desde otra perspectiva, las familias necesitan adquirir bienes y servicios para vivir, e intentan que sea lo mejor posible dentro de sus posibilidades. Por lo general, la inflación no hace subir todos los precios por igual y, como veremos, hay que hacer ajustes para aprender a vivir con la inflación.

Veamos cómo las familias pueden abordar esta situación desde el punto de vista de sus ingresos y gastos.

Si los precios de los bienes suben y no lo hacen nuestros ingresos o el valor de la riqueza, perdemos capacidad adquisitiva y nuestra riqueza real disminuye.

Salarios

El principal problema de las familias en los procesos inflacionistas es ver que los sueldos no suben con la inflación y que van perdiendo capacidad de compra. En los primeros meses de inflación, los salarios no suelen subir y, en términos reales, descienden, así que decimos que estamos perdiendo capacidad adquisitiva: ganamos lo mismo, pero cada vez podemos comprar menos bienes. Cuando llegue final de año y vuelvan a negociarse los salarios, se intentará recuperar la capacidad adquisitiva pidiendo subidas salariales iguales a la inflación pasada. Es difícil que se consiga en su totalidad, ya que las políticas de pactos de rentas intentarán atenuar el efecto de la espiral inflacionista, pero los salarios habrán subido menos que la inflación.

La siguiente causa de pérdida real de la masa salarial vendrá cuando, al año siguiente, la inflación siga subiendo. Si ya es difícil que la subida de sueldos cubra la inflación pasada, aún es más complicado que abarque la inflación esperada para el siguiente año. A veces, cuando los procesos de inflación son habituales y se producen durante un periodo prolongado, los salarios se indexan a la inflación, es decir, suben según la inflación pasada o la esperada. También suelen incluirse cláusulas de revisión salarial en los acuerdos anuales, de manera que si la inflación persiste en los primeros meses del año, a mediados los salarios volverán a subir, incluso con efectos retroactivos desde enero, adaptándose así a la subida de precios del año en curso.

El principal problema de las familias en los procesos inflacionistas es ver que los sueldos no suben con la inflación y que van perdiendo capacidad de compra.

La situación que vivimos no parece que derive en un proceso de inflación que dure muchos años, y se confía en llevar el IPC a unos valores próximos al objetivo del 2% en los últimos meses de 2024 o en los primeros trimestres de 2025. Es de esperar, por tanto, que los ajustes salariales, para no perder capacidad adquisitiva, no se realicen por completo y, cuando termine este periodo inflacionista, los trabajadores habrán perdido un porcentaje relevante de su salario real y de su capacidad de compra. Seguramente habrá empresas que puedan subir el sueldo a sus trabajadores y mantener la capacidad adquisitiva de sus empleados, pero no serán todas, solo una minoría. Cabe suponer que, cuando se controle esta situación, los sueldos seguirán subiendo debido a los incrementos de productividad y se irán recuperando los salarios reales atrasados.

LA DINÁMICA DEL CRECIMIENTO

Todos los años, las economías de los países crecen con algo de inflación. Esto se debe a que casi siempre se fabrica una cantidad adicional de dinero y a que el Estado suele gastar por encima de lo que ingresa. Estas políticas monetaria y fiscal expansivas impulsan la demanda agregada, lo que hace que crezca la economía y suban los precios.

En paralelo, casi cada año suben algo los salarios, lo cual aumenta los precios y detiene el crecimiento ante la subida de la oferta agregada, que se encarece. La productividad también sube algo, y esto hace que la oferta agregada se abarate, lo que aumenta la producción de bienes y modera la inflación.

El resultado es que, salvo los años de crisis, lo normal es que las economías crezcan con inflación gracias a esta dinámica: una política monetaria y fiscal suavemente expansiva, una subida moderada de los salarios y un incremento de la productividad.

Las crisis económicas rompen esta dinámica porque la demanda agregada reduce y paraliza el crecimiento, y los procesos de inflación provocan que la oferta agregada se encarezca, lo que disminuye la producción y aumenta los precios.

Es posible que, en el intento de controlar la inflación, la política monetaria sea cada vez más restrictiva, y quizá la fiscal también tenga que serlo. En este caso, la economía entrará en recesión, aumentará el paro y las personas desempleadas verán que sus ingresos se reducen aún más, dado que los ingresos por las ayudas a los desempleados serán inferiores a los salarios de los trabajadores en activo; es lo que se conoce como salario de sustitución. También suele ocurrir que los trabajadores en paro, cuando encuentran empleo, aceptan retribuciones inferiores a las que tenían antes.

Como vemos, las rentas del trabajo son las que más sufren con la inflación, y las familias en las que la mayoría de los ingresos sean salarios saldrán muy perjudicadas.

Como vemos, las rentas del trabajo son las que más sufren con la inflación, y las familias en las que la mayoría de los ingresos sean salarios saldrán muy perjudicadas.

¿Qué se puede hacer?

Una opción es indexar los salarios a la inflación de forma automática; de esta manera, los trabajadores no perderán capacidad adquisitiva. El coste de esta opción es que se alimenta la espiral inflacionista, ya que las subidas de sueldo suponen una subida de los costes para las empresas, y estas intentarán repercutirla en los precios finales, alimentando la inflación del próximo año, que hará subir los salarios de nuevo. La otra opción es, mediante el pacto de rentas, asumir esta pérdida generalizada de ingresos reales a cambio de acabar rápido con la inflación y volver a un entorno más estable.

Parece que, en la actualidad, estamos siguiendo una tercera opción que quizá esté dando mejores resultados. Viene originada por las enseñanzas del elevado coste social de la política de austeridad emprendida tras la crisis de 2009. Son muchas las instituciones, como el FMI o el Banco de España, que abogan por una política monetaria restrictiva para frenar la inflación, junto a una política de ayudas y subvenciones muy selectiva a las personas y agentes económicos, pymes y autónomos que más se resientan ante el escenario inflacionista y la posible recesión.

En definitiva, por lo que se refiere a los salarios de las familias, la inflación es una pesadilla que afectará a las rentas más bajas. Si antes conseguían ahorrar, dejarán de hacerlo y, quizá, para mantener su nivel de vida mientras dura este proceso, tengan que tirar de sus ahorros, es decir, de su riqueza, o bien endeudarse. También es posible que reciban transferencias del Estado en forma de ayudas, como hemos señalado, o que tengan que reducir sus gastos y nivel de consumo, como veremos más adelante.

Transferencias públicas

Si una buena parte de los ingresos familiares son transferencias públicas —pensiones, rentas mínimas, ayudas, subvenciones o el seguro de desempleo—, será complicado que la familia mantenga su capacidad de compra. Las pensiones públicas y el resto de las transferencias a las familias forman parte del presupuesto del Estado. Si crecen mucho, incrementan el déficit público y la deuda que hay que emitir para financiar este aumento del gasto. Si el periodo de inflación previsto es corto, revalorizar las pensiones puede ser una política adecuada para evitar un mayor malestar social y ayudar a los más desfavorecidos, pero si la inflación persiste y las pensiones se actualizan cada año, el endeudamiento empezará a ser excesivo y los mercados financieros exigirán a estos países unos intereses más elevados para comprar esa deuda, lo que se llama la prima de riesgo país. Esta subida del coste de la deuda hay que pagarla con los ingresos públicos y, si no suben, el déficit presupuestario aumenta, teniendo que emitir más deuda para hacer frente al nuevo déficit. Entraremos entonces en una situación muy difícil. Nadie querrá los activos españoles, y los capitales internacionales abandonarán el país, provocando una depreciación de la moneda. Si el país está endeudado en divisas, el préstamo internacional subirá con cada depreciación de la moneda. Muchos estados han tenido que declararse en bancarrota.

Otros países optan por asumir ese mayor déficit público monetizando el desajuste en las cuentas públicas, es decir, mantienen las ayudas y el crecimiento del déficit público fabricando más dinero. Por supuesto, esta situación es explosiva. A la inflación de la demanda impulsada por la política fiscal —originada por el incremento de transferencias y gasto público—, se une un nuevo impulso a la inflación de la demanda con la política monetaria ultraexpansiva. En la actualidad, esta situación, propia de muchos países en las décadas de los setenta y ochenta, solo la mantienen algunos, como Argentina o Venezuela, y sus resultados son desastrosos. En los países occidentales, la independencia de los bancos centrales no la permite y, en la UME, los pactos de estabilidad monetaria, aunque se han relajado con la pandemia, marcan la senda del ajuste fiscal, aumentando los impuestos, reduciendo drásticamente el gasto público o ambas cosas a la vez.

Si el Gobierno opta por mantener estas transferencias y la inflación es duradera, tarde o temprano tendrá problemas. En nuestro caso, estas ayudas se están manteniendo con subidas de impuestos, al principio a la banca y las eléctricas, pero también incrementando los impuestos indirectos a toda la economía.

A la hora de recibir estas ayudas —que para muchas familias son sus únicos ingresos—, el Estado debe realizar un ajuste adicional. Normalmente, para recibir algunas de estas ayudas, no se pueden superar unos ingresos mínimos, y dado que los salarios aumentan, muchas familias verán que estas subidas de ingresos, nominales pero no reales, les impiden tener la posibilidad de recibir estas ayudas por superar las rentas mínimas exigibles. El Gobierno tendrá que ir indexando estas rentas mínimas si no quiere que las reciban cada vez menos familias.

Rentas del alquiler

Otras familias obtienen ingresos derivados de su riqueza: cuentan con viviendas que alquilan, naves industriales o incluso fincas y explotaciones agrícolas por las que reciben rentas. En los contratos que firman con los arrendatarios, suelen incluir las subidas de los alquileres y las rentas según el IPC. En estos casos, están protegidas de la inflación y mantienen sus ingresos reales. En las viviendas, puede también ocurrir que, debido a la presión social, el Gobierno limite las subidas de las actualizaciones anuales de las rentas, a veces para los propietarios de varios inmuebles y en ocasiones con carácter generalizado. Muchas personas complementan los ingresos de su pensión con el alquiler de una propiedad y, en estos casos, quizá pierdan ingresos reales tanto por la pensión como por el alquiler que perciben.

Rentas de activos financieros

Algunas familias tienen activos financieros fruto de sus ahorros o de alguna herencia. Suelen ser fondos de pensiones o de inversión, acciones de empresas, letras o bonos del Estado o depósitos a medio y largo plazo en los bancos. El impacto directo de la inflación y la política monetaria restrictiva que suele originar para combatirla hace que estos activos financieros se desplomen. La restricción monetaria y la consiguiente subida de tipos hace que su precio descienda rápidamente.

Cuando cae la bolsa, aminora la riqueza de las familias. Además, es difícil pensar que, en general, todas las empresas vayan a mantener sus beneficios y repartir mayores dividendos. Esto suele provocar disminuciones considerables en los fondos de rentas variables y en el valor de las carteras de inversión de las familias. Las letras del Tesoro, obligaciones y bonos emitidos por el Gobierno suelen dar tipos de interés superiores a las otras emisiones, con lo cual el precio de la deuda emitida se desploma y hunde los fondos de pensiones y de renta fija. A medida que suban los tipos de interés, es conveniente cambiar los ahorros a las emisiones que ofrecen más rentabilidad. También es previsible que el tipo de interés que los bancos ofrecen por los depósitos vaya subiendo, dado que en otro caso los clientes optarán por sacar su dinero de la cuenta corriente y comprar letras del Tesoro o algún otro activo financiero seguro y más rentable. Pero todos estos ajustes tardan en producirse.

En el caso de la economía española, los sectores industriales relacionados con el incremento del coste de los suministros —electricidad, gas y combustibles— suelen ofrecer altos beneficios y reparten altos dividendos, de manera que, por lo general, sus acciones suben. También hay un retardo en el ajuste de los bancos al aumento de los tipos de interés: repercuten rápidamente estas subidas a los préstamos que conceden, pero tardan en pagar más intereses a los depósitos en cuenta corriente de sus clientes, lo que aumenta su margen de intermediación y, por lo tanto, sus beneficios y dividendos. Algo similar ocurre en el sector de los supermercados y la distribución: repercuten las subidas de costes aumentando el margen empresarial, pues los consumidores son incapaces de comparar los precios cuando todos aumentan de forma indiscriminada.

A medida que suban los tipos de interés, es conveniente cambiar los ahorros a las emisiones de activos financieros que ofrezcan más rentabilidad.

Rentas de actividad empresarial

Las familias cuyos ingresos provengan de su trabajo como empresarios autónomos o propietarios de comercios y pequeñas empresas intentarán repercutir la subida del coste de las materias primas y los salarios e impuestos que pagan al precio final de los bienes y servicios que venden. Si los consumidores los aceptan y siguen demandando estos bienes y servicios, podrán mantener el valor real de sus ganancias. Sin embargo, es muy posible que sus clientes cambien sus hábitos de consumo y moderen el gasto que realizan. En este caso, los pequeños empresarios verán que sus ingresos se reducen rápidamente, y son pocas las ayudas que recibirán para abordar las pérdidas en las que pueden incurrir. Tirarán de sus ahorros y, quizá, tengan que despedir a trabajadores y replantear su modelo de negocio.

Como vemos, la inflación no ayuda a las familias por lo que se refiere a los ingresos que reciben ni al mantenimiento de la riqueza que poseen. Con la indexación de salarios, alquileres e intereses, es posible que la pérdida de poder adquisitivo sea más llevadera, pero, en su conjunto, no parece posible que salgan de un proceso inflacionista, ya sea corto o largo, con unos ingresos reales superiores a los que tenían en los meses previos a que se desatara el proceso de inflación. Tampoco parece que puedan mantener el nivel de riqueza, aunque siempre cabe esperar que, a largo plazo, los fondos de inversión y la bolsa se recuperen, y que el valor de las viviendas se mantenga o, incluso, siga subiendo si están en grandes ciudades que reciben flujos migratorios relevantes o turistas que las visitan. En esos casos, es posible que el precio de las viviendas y sus alquileres se mantenga alto.

LOS GASTOS DE CONSUMO

Si las familias se ven perjudicadas en sus ingresos y en el mantenimiento de su riqueza, aún será mayor la pérdida cuando analicemos los gastos de consumo. La renta de la familia se dedica básicamente a: consumir, pagar impuestos y ahorrar. Por lo general, el ahorro funciona como colchón del consumo. Si consumimos más, ahorramos menos, y viceversa, y hay que pagar los impuestos. En términos generales, las familias pagan dos tipos de impuestos: el IRPF y los impuestos indirectos cuando consumen.

Impuestos

Es posible que, de una manera u otra, en los procesos de inflación las familias paguen más impuestos. Como sabemos, el IRPF, ya sea a las rentas del trabajo o a las del capital, es un impuesto progresivo, no proporcional. A medida que se gana más, el porcentaje que se paga es más alto. Por lo tanto, salvo que el Ministerio de Hacienda modifique los tramos impositivos a medida que suban los salarios, cada vez pagaremos un porcentaje mayor de nuestra renta. Es decir, aunque ganemos lo mismo —o menos en términos reales—, cada vez pagaremos un porcentaje más alto de nuestra renta en impuestos. Esto es lo que se llama efecto deslizamiento. Los gobiernos deberían deflactar las tablas de las tarifas impositivas, pero rara vez lo hacen, y así ingresan más. Nos dicen que no suben los impuestos directos, pero lo hacen.

En cuanto a los indirectos —como el IVA o los impuestos especiales a la electricidad, los combustibles, el alcohol, el tabaco, las bebidas azucaradas, etc.—, en la medida que estos bienes van subiendo de precio, la recaudación también. Es cierto que el porcentaje que se paga es el mismo, pero se hace sobre una base cada vez más alta. Seguimos pagando el 21 % de IVA como tipo general, pero, cuando hay inflación, es el 21 % sobre un precio sin IVA que va subiendo de forma sistemática.

Ahorro y deudas

Si por la parte de los impuestos hay poco que las familias puedan hacer, deben tomar decisiones en cuanto al consumo y al ahorro. Habrá familias que puedan moderar el consumo y mantener la cantidad ahorrada cada mes, pero la mayoría tirarán del ahorro para seguir con su nivel de vida, e incluso puede que se endeuden para ello. Endeudarse para mantener los gastos corrientes no es una buena decisión, pero a veces no hay alternativas si se estima que la situación de estrechez económica es pasajera. Lo más común es utilizar el crédito disponible en las tarjetas de crédito. Como se sabe, hay dos tipos de tarjetas de plástico: crédito y débito. Estas últimas disponen del saldo de la cuenta corriente, es decir, si no hay saldo, no se realiza el pago. Las de crédito nos permiten endeudarnos y aplazar el pago el tiempo que deseemos a cambio de un interés muy alto, próximo al 20 % anual o incluso superior. Muchas familias han incurrido en créditos que no terminan de devolver, dado que las cuotas cubren solo los intereses del crédito y nunca lo amortizan. Existen muchas demandas judiciales por estas prácticas abusivas por parte de las entidades financieras. En muchas ocasiones, las familias recurren a estos créditos inmediatos sin valorar las consecuencias. Pueden usarse cuando se trata de un gasto esporádico que es posible pagar con facilidad, pero los procesos de inflación no suelen ser temporales. Si se tienen ahorros, es mejor recurrir a ellos que endeudarse a tipos de interés tan elevados. Es difícil que obtengamos de nuestros ahorros una rentabilidad superior a la que nos cobran por los créditos con estas tarjetas. Pero recuerda que, en los procesos de inflación, es aconsejable endeudarse y no prestar dinero, dado que, cuando se devuelve el préstamo, en términos reales es menos dinero del que se recibió. Esto es válido siempre que el tipo de interés del préstamo sea inferior a la tasa de inflación y que la inflación sea superior al 20 % anual para que endeudarse con las llamadas tarjetas revolving sea una buena estrategia.

Endeudarse para mantener los gastos corrientes no es una buena decisión, pero a veces no hay alternativas si se estima que la situación de estrechez económica es pasajera.

Por lo general, endeudarse es conveniente para adquirir activos rentables u obtener plusvalías por el incremento del valor de lo que se adquiere —como una vivienda que, además, nos ahorra el alquiler que tendríamos que pagar si no la tuviéramos— o para adquirir bienes de consumo duraderos, aquellos que no consumimos de inmediato, sino en varios años, como un coche o los electrodomésticos del hogar. También nos endeudamos para obtener más ingresos en el futuro, como es el caso de la educación y la formación, que está dirigida a adquirir un capital humano de ámbito profesional que nos reporte unos salarios más elevados en nuestro futuro o el de nuestros hijos. Pero endeudarse para mantener los gastos corrientes no es una buena idea, aunque en situaciones de auténtica necesidad parece ser la única salida.

Consumo

Ante procesos de inflación, quizá en el consumo de las familias es donde se pueden hacer más ajustes. Por lo general, las familias distribuyen su renta disponible en la compra de alimentos, vestido y calzado; en el pago de suministros (electricidad, gas y agua); en el transporte (vehículo propio o servicios públicos); en los gastos en telecomunicaciones (móvil o conexión a internet); en el pago del alquiler o de la cuota de la hipoteca si la vivienda es propia y se compró con un préstamo hipotecario; y, finalmente, en ocio (restaurantes, viajes y bienes culturales). Esto, dando por supuesto que, para los servicios de la educación de los hijos y la sanidad de la familia, se utilizan los servicios públicos, puesto que en otro caso la sanidad y la educación serán unas partidas relevantes del consumo de los hogares.

En los procesos de inflación sostenidos, en los que es difícil que los salarios mantengan la capacidad adquisitiva, será necesario hacer ajustes en el consumo para llegar a fin de mes.

Por lo que se refiere a los suministros, hay que buscar los contratos más baratos de electricidad y gas. Son sectores muy regulados por la Administración, y es posible que los gobiernos tomen medidas sobre tarifas reguladas con precios establecidos o fijos, según las condiciones del mercado. Por suerte, los medios de información dan buena cuenta de las mejores condiciones en cada momento, pero hay que tener una perspectiva de medio plazo. Cambiar de tarifa o de compañía cada semana genera unos costes de transacción en forma de molestias para el consumidor muy elevados.

Una semana puede ser aconsejable una tarifa y, a la siguiente, no serlo. Actualmente, la volatilidad del precio del gas y los combustibles es muy elevada, y los precios cambian ante cualquier noticia que afecte a estos mercados. Quizá un buen consejo es buscar una opción que garantice una cuota mensual estable que se pueda pagar, además de estar atento a las mejores condiciones de las empresas comercializadoras que surjan en el mercado. A medio plazo, los precios de los suministros se estabilizarán y será el momento de ver si la solución adoptada es la óptima.

En paralelo, debemos reducir el consumo de estos suministros según las posibilidades de cada familia para conseguir un ahorro energético. En el proceso de inflación actual, la subida de la electricidad originada por el aumento del coste del gas y la nefasta regulación europea sobre la formación de los precios de la electricidad, así como la subida de los combustibles por el incremento del precio del petróleo, ha supuesto un aumento del gasto familiar muy relevante en los primeros meses del proceso de inflación. El Gobierno de España ha tomado medidas reduciendo temporalmente los impuestos especiales a la electricidad, topando el precio del gas, bajando el IVA y, durante unos meses, subvencionando el precio de la gasolina y el diésel. También se ha reducido el precio del transporte público tanto urbano como de los trenes de cercanías. Estas medidas no son permanentes, pero ayudan, en estos primeros meses y hasta que los salarios se ajusten y la inflación se modere, a reducir los gastos de las familias y a adecuarlos a los ingresos mensuales.

En los procesos de inflación sostenidos, es difícil que los salarios mantengan la capacidad adquisitiva, así que será necesario hacer ajustes en el consumo para llegar a fin de mes.

MEDIDAS DEL GOBIERNO ESPAÑOL CONTRA LA INFLACIÓN

Desde que se inició el proceso de subida de precios, el Gobierno de España ha ido adoptando diferentes medidas para controlar la inflación y rebajar la tensión social que provoca.

Desde el punto de vista de las medidas que han afectado a los componentes de la oferta agregada, las principales fueron:

• Eliminación del IVA en los alimentos de primera necesidad.

• Reducción del IVA en la electricidad.

• Reducción de los impuestos especiales a la electricidad.

• Reducción del IVA del 10 al 5% en el aceite de oliva, semillas y pasta.

• Fijación de un precio máximo de 19,55 euros para la bombona de butano.

• Subvención de 20 céntimos a los carburantes, primero para todos los agentes económicos y después solo para transportistas, agricultores, navieras y pescadores.

• 660 millones de ayudas a los agricultores ante la subida de los fertilizantes y del gasóleo a los sectores agrícola y pesquero.

• 450 millones de ayudas a las industrias ultraintensivas en electricidad y gas.

• Fijación de un tope al precio del gas en la denominada solución ibérica.

• Reducción del IS y del IRPF para pymes y autónomos. • 30% de rebaja al precio del transporte público urbano e interurbano, completado hasta el 50% por gobiernos locales y autonómicos.

Todas estas medidas sobre la oferta agregada van en la dirección correcta: intentan reducir el precio de los bienes y actuar sobre el coste de las materias primas, en especial sobre los impuestos a la producción. También se puede considerar el control de los precios, como es el caso del tope del gas.

Otra medida que ha afectado a la oferta agregada, aunque no es del Gobierno español, ha sido el pacto de rentas alcanzado entre las patronales de empresarios y sindicatos de trabajadores, que establece indicaciones de subidas de salarios del 4% en 2023 y del 3 y el 2% en los dos años siguientes.

Si las actuaciones sobre la oferta agregada parecen correctas, las medidas acometidas sobre la demanda agregada tienen una calificación más contradictoria. Debería esperarse que, para acabar con la inflación, las medidas sobre la demanda fueran todas restrictivas, pero han sido expansivas, en especial las ayudas y subvenciones encaminadas a mantener el consumo. Veamos las principales:

• 200 euros de ayudas a las familias de hasta 27.000 euros de renta anual.

• Subidas de las pensiones un 8,5% para compensar la inflación de 2022.

• Implantación de un ingreso mínimo vital.

• Reducción del IRPF a las clases medias trabajadoras.

• Limitación de la subida de alquileres al 2% con determinadas condiciones, e impedir el desahucio de los más desfavorecidos.

• Creación de una tarifa de último recurso para calderas comunitarias y bonificación al combustible.

Con estas medidas, se ha intentado actuar sobre la población más desfavorecida para mejorar la pérdida de capacidad adquisitiva, contribuyendo a mantener el impulso del consumo y el crecimiento económico.

Visto esto, la gran medida contra la inflación para controlar la demanda agregada ha sido la política monetaria paulatinamente restrictiva del BCE para reducir la inversión empresarial y el consumo de bienes duraderos.

Si se valora el conjunto, esta combinación de medidas ha sido interesante porque, desde el punto de vista del crecimiento, la única restrictiva ha sido la política monetaria. Las políticas sobre la demanda agregada, casi todas de incremento de gasto público social, han tenido su aportación al mantenimiento del consumo, evitando su descenso, pero sin impulsar la inflación, y todas las medidas sobre la oferta agregada han contribuido a aminorar su impacto sin afectar al crecimiento económico. El efecto resultante está siendo el control moderado de la inflación sin que el crecimiento y el empleo se resientan en exceso.

Durante 2024, muchas de estas medidas fiscales se irán retirando para alcanzar durante el año la fiscalidad originaria. Así ha ocurrido ya con el IVA y sucederá con los impuestos especiales a la electricidad, que a principios de 2025 habrán escalado a sus niveles normales, y lo mismo ocurrirá con las ayudas al gas, aunque se mantienen los bonos eléctrico y térmico a las personas más desfavorecidas y el precio máximo de la bombona de butano. La reducción del IVA a los alimentos básicos se mantendrá hasta mediados de 2024.

También debemos reflejar que, en 2024, está prevista una subida de las pensiones del 3,8 % y del 2% para el sueldo de los funcionarios, esperando que el aumento de los asalariados privados sea del 3%, que se mantengan las subvenciones al transporte urbano e interurbano y que no se deflacten los tramos del IRPF para evitar el efecto deslizamiento.

Otro de los gastos mensuales que se ha disparado en este proceso de inflación ha sido el pago de la cuota hipotecaria si el préstamo suscrito estaba a tipo de interés variable. Hay que decir que las personas que tenían hipotecas a tipos fijos no han notado esta subida y aquellas a las que, teniéndola a tipo variable, aún no se les ha revisado la cuota anual, tampoco lo han notado aún. En realidad, la subida de las cuotas mensuales de la hipoteca no se debe a la inflación, sino a la política monetaria restrictiva que se pone en marcha para combatirla. Durante los años noventa y las primeras décadas de este siglo, la política monetaria fue muy expansiva, se creó mucho dinero y los tipos de interés fueron muy bajos, prácticamente cero, con lo cual el euríbor también era insignificante y solo se pagaba el diferencial pactado con el banco sobre este índice de referencia. Si era el euríbor más el 0,4 %, solo se pagaba este incremento. Pero cuando empezó a escalar, las cuotas mensuales subieron en cantidades importantes según la cuantía del préstamo, el incremento pactado sobre el euríbor, el plazo de amortización y lo que quedase por pagar. En el pago de las hipotecas se suele utilizar un sistema de amortización, de manera que los primeros años se pagan los intereses y los últimos el principal; por lo tanto, no se cargan intereses. A las familias que están en los últimos años de la hipoteca no les habrá subido tanto la cuota, mientras que será muy elevada para las que acaban de empezar.

La subida de las cuotas mensuales de la hipoteca no se debe directamente a la inflación, sino a la política monetaria restrictiva que se pone en marcha para combatirla.

¿Qué hacer?

Por supuesto, lo lógico es pasarse a una hipoteca a tipo fijo, pero teniendo en cuenta que es una inversión a largo plazo y que, en veinte o treinta años, nadie sabe qué pasará ni cómo evolucionará el tipo de interés. Cuando los tipos empezaban a subir, cambiar el préstamo a interés fijo era una buena opción, dado que seguramente el tipo pactado sería bajo y el euríbor evolucionaba al alza. Pero hacerlo ahora que los tipos están altos, aunque subirán un poco más y se mantendrán elevados un tiempo, quizá no sea una buena estrategia, dado que en unos años serán más bajos de nuevo.

Lo que parece evidente es que, en muchos años, no volveremos a ver tipos de interés próximos al 0 % de forma permanente. Hasta ahora, el tipo objetivo de los bancos centrales de los países de Occidente ha sido del 2 %, de manera que tuvieran un margen de bajada para expandir la economía si se entraba en recesión: si el tipo de interés es del 0 % y hay que sacar a la economía de una crisis, se entra en una forma de hacer política monetaria muy compleja, con tipos de interés negativos en unos activos y aplanando la curva de tipos de todos los activos a medio y largo plazo. Esto nos llevaría, como ha ocurrido, a una situación de enorme exceso de liquidez que, además de alimentar la inflación de los precios de los bienes, puede provocar una burbuja de los valores bursátiles y del precio de la vivienda, como ocurrió en la crisis de 2009.

La subida de las cuotas hipotecarias ha originado también la aparición de préstamos a tipos de interés mixtos Combinan un tipo fijo en los primeros años del préstamo, garantizando la cuota ese tiempo, con un tipo variable y, por lo tanto, una cuota variable en los últimos años. Es una medida flexible que hay que estudiar con detalle, dado que es posible que, al final del préstamo, la carga financiera haya sido muy elevada. Hay que ver el tipo fijo que aplican al principio del préstamo y compararlo con el tipo del mercado, prever la evolución del euríbor y ver el margen que se está aplicando. Por otra parte, muchos bancos ofrecen la posibilidad de alargar el periodo de amortización del préstamo manteniendo fija la cuota mensual de la actualidad Es una forma de evitar los agobios de no llegar a final de mes a cambio de pagar más años por la vivienda.

Las familias que no tengan la vivienda en propiedad y vivan de alquiler también verán que a principios de cada año los alquileres intentarán ajustarse al IPC, según lo pactado con el arrendador. Los gobiernos pretenden topar esta subida en beneficio de los inquilinos, lo cual, por otro lado, afecta muy negativamente a las rentas de los propietarios. En general, suelen limitar estos topes a los pisos que son propiedad de grandes propietarios pero, en cualquier caso, los alquileres subirán y los ingresos mensuales de las familias tendrán que volver a ajustarse.

Cambiar de lugar de residencia, de barrio o de ciudad es una decisión difícil. Puede que el ahorro del cambio de vivienda en alquiler implique un gasto de transporte al trabajo y al colegio de los hijos mayor que el ahorro que quizá conlleve pagar un alquiler más bajo. Por otra parte, puede que si se elige bien el nuevo lugar de la vivienda, se ahorre en el alquiler y los gastos de transporte. Cambiar de casa siempre es una decisión difícil, pero a veces es una buena medida dado el precio de los alquileres de las viviendas en las grandes ciudades o en aquellas tensionadas por la aparición de los apartamentos turísticos.

¿Comprar o alquilar?

Como se sabe, vivir de alquiler o comprar una vivienda es cada vez más caro y demanda un porcentaje más alto de nuestros ingresos. Hay personas que cambian con frecuencia de trabajo y de ciudad, en cuyo caso deben optar por el alquiler. Otras no quieren asumir la dependencia y responsabilidad económica que supone tener una vivienda en propiedad: pago de gastos de comunidad, seguros, reparaciones y conservación, averías inesperadas etc. Comprar una casa supone, además, gastos de notaría, registro, comisiones bancarias, etc. Sin embargo, muchas personas ven una inversión en la compra de la vivienda: cambian de casa cada cierto tiempo, se compran una más grande y mejor situada dando como entrada la venta de la anterior y amplían la hipoteca o contratan una nueva.

Para muchos, pagar alquiler es tirar el dinero. Otros quieren vivir en una zona determinada de la ciudad donde los precios de las viviendas no les permiten comprar, así que no les importa sacrificar parte de sus ingresos en el alquiler. Por el contrario, hay personas que piensan en tener una vivienda en propiedad para vivir tranquilos cuando se jubilen o incluso venderla si la pensión que reciben es baja y, con el importe de la venta, consiguen vivir con más holgura los años finales de sus vidas. Hay también quien opinan que quizá sea el único bien que dejará en herencia a sus hijos. Sea como fuere, los procesos de inflación afectan a la compra y al alquiler de las viviendas, alteran los escenarios de ciclo vital y nos deben hacer reflexionar sobre nuestros objetivos a medio y largo plazo, además de tener que ajustar los incrementos del gasto por alquiler o amortización de préstamo a nuestros ingresos mensuales.

La subida de los precios de los bienes de alimentación son los que provocan un mayor malestar en los procesos inflacionistas. En los países ricos, los bienes de alimentación ocupan algo más del 10 % de la cesta de la compra, pero la subida de estos precios suele ser de los más altos. El aumento del coste de las materias primas, de los suministros necesarios para la producción, del transporte de los alimentos y de los embalajes y su distribución impulsan la inflación de los alimentos y las bebidas a unas subidas muy elevadas en unos bienes absolutamente necesarios.

En sus categorías básicas, son bienes de primera necesidad, y tienen una demanda de consumo inelástica: a pesar de que los precios suben, los consumidores siguen consumiendo estos bienes porque son imprescindibles para vivir. Los bienes de demanda inelástica originan una cierta situación de poder de mercado a las empresas. Si estas transmiten una subida de costes y márgenes a los precios, los consumidores no tienen apenas alternativas y deben pagar elevadas cuantías.

Otra de las características de los bienes de demanda inelástica es que no tienen sustitutivos: no hay otros bienes que los consumidores puedan elegir y les ofrezcan el mismo nivel de satisfacción. Sin embargo, esto es relativo en los bienes de alimentación. En cada categoría, hay varias marcas y se venden en diferentes establecimientos. Los precios fluctúan mucho de unas tiendas a otras y de unas marcas a otras. Algunos de estos bienes se venden como marca blanca: son más baratos, dado que pueden reducir el gasto en publicidad, envasado, el costo de compra a proveedores por acuerdos comerciales, etc. En una situación de estabilidad de precios, las familias tienen sus hábitos de consumo y realizan la compra de alimentos y bebidas de forma casi repetitiva, sin atender al precio de los bienes que adquieren, pero, cuando nos encontramos en un escenario de elevada inflación, estos hábitos tienen que cambiar drásticamente y los consumidores deben convertirse en los principales agentes para combatirla. Comparar precios, cambiar de marca y punto de venta es la principal función que las familias pueden prestar al proceso de estabilizar la inflación. Está claro que, ante las subidas de las materias primas y los otros costos de producción, los precios subirán, pero hay que impedir que se eleven por encima de lo necesario para cubrir estos costes empresariales y que se incrementen de una manera desmedida los márgenes aprovechando que todos los precios suben.

También es posible que, para ajustar el coste de la cesta de la compra, haya que cambiar su contenido, adecuando las preferencias de consumo hacia los alimentos que menos subida de precios experimenten. Además, hay que tener presente que, durante los periodos de inflación, el precio de las diferentes categorías de alimentos irá cambiando: a veces bajarán o no subirán tanto como otros. Por ello, según el nivel de renta de cada familia, adecuar la cesta de la compra a los precios diarios del mercado es una forma de estirar la renta disponible y sobrellevar de la mejor manera el escenario inflacionista persistente. Sin duda, es molesto estar siempre vigilando y comparando precios, y cambiando los hábitos de consumo. Estos costes no monetarios que provoca todo proceso inflacionista se denominan costes de transacción.

Otros gastos relevantes en la cesta de la compra son los dedicados al teléfono y a las conexiones de internet. Son una necesidad, pero también forman parte del ocio. Estar atentos a ofertas o sacrificar algunas suscripciones a contenidos digitales puede ser también una opción para resistir la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos familiares.

Los costes de transporte son una partida importante que el Gobierno español ha intentado reducir con la subvención al transporte urbano y los viajes en tren de cercanías. El precio de los combustibles se disparó bastante al principio de la crisis, pero después ha descendido hacia valores más normales. Por otra parte, el teletrabajo es una forma de ahorrar gastos de desplazamiento por motivos laborales y, claro, también ayuda utilizar más el transporte público o las nuevas modalidades de transporte urbano en lugar de los vehículos privados. En cuanto a estos, extender su vida y no renovarlos es lo más natural en estas situaciones, cuando además sube el tipo de interés de los préstamos para la compra de estos bienes de consumo duraderos.

La última categoría de bienes que comentaremos es la que realmente sirve de colchón para resistir la pérdida de poder adquisitivo que los procesos inflacionistas provocan en las familias: vestido, calzado, salud, ocio y cultura. Aprovechar más la ropa o el calzado de un año para otro será una buena medida para las familias y una pésima decisión para los fabricantes y establecimientos de venta de estos bienes, que verán caer la demanda. Lo mismo puede pasar con los gastos familiares en parafarmacia y cosmética, aunque estos bienes se consideran más de primera necesidad y tienen, por lo tanto, demandas más inelásticas.

Los gastos en restaurantes, bares, viajes, espectáculos culturales y, en general, de ocio serán también proclives a moderarse. Quizá se mantendrá el mismo hábito de consumo, pero con un tíquet de compra más reducido: salidas de fin de semana a restaurantes y bares de menús más asequibles, viajes nacionales en lugar de internacionales, menor asistencia a espectáculos musicales o deportivos… Todas ellas serán las formas de ajustar los ingresos familiares para mantener el pago de la hipoteca o la compra de bienes de alimentación.

Otros consumidores no se verán tan afectados por este proceso inflacionista. Los que cuentan con unas rentas muy elevadas solo ahorrarán menos, o quizá tengan una acumulación de riqueza cuantiosa de la que puedan disponer para mantener su nivel de vida. Pero serán los menos. La mayoría de la clase media de un país como el español tendrá que hacer algunos de los ajustes expuestos, y las rentas más bajas necesitarán una ayuda pública no ya para llegar a final de mes, sino para subsistir. Por este motivo, organismos internacionales como el FMI, la OCDE o los bancos centrales, como el Banco de España, aconsejan, junto a una política fiscal más restrictiva, implementar ayudas públicas más selectivas para quienes necesitan este soporte si quieren mantener su precaria condición de vida.

La mayoría de la clase media del país tendrá que hacer ajustes, y las rentas más bajas necesitarán una ayuda pública no ya para llegar a final de mes, sino para subsistir.

Las empresas

El objetivo de las empresas es conseguir el mayor beneficio posible. Intentan hacer máximos los ingresos y mínimos los costes. Cuando los mercados están en competencia perfecta, no pueden subir los precios si el resto de los competidores no lo hacen, ya que los consumidores cambiarían de vendedores y tendrían que ajustar los precios al nivel normal del mercado. En competencia perfecta, las empresas obtienen unos beneficios ordinarios, es decir, normales, para retribuir la actividad empresarial y las rentas de los bienes de capital que utilizan para producir, por lo general pagando dividendos si son sociedades mercantiles.

Normalmente, las empresas no saben los beneficios que van a obtener y, a la hora de determinar el precio de mercado de los bienes que producen, suelen marcar un margen sobre el coste de las materias primas y las rentas salariales, incluyendo las cargas sociales, o ambas a la vez. Si se produce un incremento de estos costes, intentan repercutirlos en el precio final del producto, y será el consumidor quien decida si está dispuesto a pagarlo. Cuando los costes se mantienen, debe ajustarse el margen si los precios bajan. Si nos encontramos en un sector que está sufriendo una fuerte caída en la demanda porque, por ejemplo, los gustos de los consumidores han cambiado, los márgenes desaparecen y los empresarios incurren en pérdidas, y es posible que, después de algún tiempo, tengan que cerrar el negocio.

Las empresas también intentan repercutir en los precios los impuestos incluidos en la producción de los bienes. Estos están compuestos por las cargas sociales y los impuestos a la producción que incluyen el IVA, los impuestos especiales, las tasas y otros tributos a la actividad económica. Igualmente, intentan que recaigan en el precio final de los bienes los impuestos a los beneficios empresariales, ya sean los IS o aquellos otros que, con carácter sectorial y a veces extraordinario, impone el Estado.

Si en una economía o un sector hay muchos competidores, es difícil que una empresa pueda fijar los precios muy por encima del precio de mercado. Para ello, suele diferenciar el producto con una marca o una mayor calidad o característica que lo distinga. Estos mercados se denominan en competencia monopolística. Si el consumidor aprecia el valor de una marca, una mayor calidad del producto o una característica que le aporta satisfacción, estará dispuesto a pagar un precio superior. A veces, estas situaciones de cierto poder de mercado suelen durar poco dado, que otras empresas diseñan otra marca o copian determinados aspectos que diferencian al producto.

También hay que advertir que, cuando en una economía se pueden comprar productos a otros países, los consumidores podrían dejar de adquirir bienes nacionales y elegir los extranjeros, limitando así la subida de los precios. Esto es lo que ocurre con algunas plataformas digitales como Amazon, AliExpress, eBay o tantas otras.

Cuando estamos en un proceso inflacionista, todos estos equilibrios sutiles se hacen añicos. Las empresas repercuten en los precios los incrementos del coste de materias primas, suministros, impuestos y rentas salariales, y para el consumidor es muy difícil determinar el bien más barato en relación con su calidad cuando todos los precios están subiendo. Muchas empresas ni siquiera subiendo los precios podrán mantener sus márgenes. Otras aprovecharán la ocasión para aumentar sus beneficios de forma injustificada dada la inflación que se vive, en la que es imposible diferenciar los beneficios ordinarios de los extraordinarios. Si persiste esta situación tan negativa para los consumidores, se mantendrá la inflación, y mientras unas empresas verán incrementarse sus beneficios por encima de lo normal, otras se quedarán sin márgenes y tendrán que cerrar.

Como vemos, en el ámbito empresarial, los procesos de inflación determinan un entorno para los negocios muy inestable, en el que las empresas siempre se preocupan de fijar unos precios mensuales, semanales o incluso diarios, que respondan a las subidas de los costes que experimentan o de los márgenes que quieren mantener o aumentar.

Los gobiernos no ayudan a estabilizar la inflación si incrementan los impuestos a la producción, las cargas sociales o los impuestos a los beneficios empresariales. Si han caído en elevados gastos públicos y transferencias a las familias, para evitar el malestar social, incurrirán en déficit presupuestario y, antes de subir el IRPF, que afecta a la demanda agregada, optarán por incrementar algunos de los impuestos a la oferta agregada con el argumento de que las empresas paguen la carga que origina el proceso inflacionista. La realidad es que estas repercutirán de forma generalizada los impuestos a la producción y, al final, además de provocar más inflación, los consumidores pagarán esta nueva carga impositiva, no las empresas, aunque se pretendía que las familias se beneficiaran de estas medidas.

En el caso de la economía española, la gestión impositiva ha sido variada por lo que se refiere a los impuestos a la oferta agregada. En relación con la electricidad, se redujo el IVA de algunos epígrafes de la factura, así como algunos impuestos especiales. También se subvencionó el precio de la gasolina y el diésel, pero se aumentaron las cargas sociales con el argumento de la sostenibilidad de las pensiones, y se introdujeron impuestos extraordinarios a los beneficios desorbitados de determinados sectores económicos, como el eléctrico o el bancario. Los tribunales que defienden la competencia no consiguen incidir en uno ni en otro —ambos sectores poco competitivos que no atienden a las indicaciones gubernamentales—, y el Gobierno, en lugar de regularlos de otra forma para que sean más competitivos y redunde en una caída del precio de los servicios que prestan en beneficio de los consumidores, les imponen impuestos a los beneficios y los depósitos que repercuten en sus clientes y alimentan el proceso inflacionista. De un tiempo a esta parte se ha creado un observatorio de los márgenes empresariales que puede contribuir a disponer de una información más precisa sobre su evolución, además de señalar los orígenes de la inflación de algunos bienes de la cesta de consumo.

Por último, hay decir que la herramienta más adecuada con la que cuentan las empresas para afrontar la inflación es la mejora de la productividad, pues aumentará su eficacia y les ofrecerá la capacidad de crear más valor para sus clientes. El uso de las tecnologías de la información aplicadas a la producción y el mejor conocimiento de los gustos y necesidades de los consumidores les permitirán reducir los costes de fabricación y publicidad, y mantener los precios y márgenes empresariales. La dificultad está en llevar a cabo este proceso de transformación digital cuando lo que más preocupa a las empresas es fijar unos precios siempre crecientes porque los costes suben sin parar. Y este es uno de los principales costes de la inflación que no debe pasar desapercibido: los denominados costes de menú.

La herramienta más adecuada con la que cuentan las empresas para afrontar la inflación es la mejora de la productividad, pues aumentará su eficacia y les ofrecerá la capacidad de crear más valor para sus clientes.

El Estado

Ante un escenario inflacionista, debemos diferenciar dos aspectos relevantes en la actuación del Estado sobre la actividad económica: la ejecución presupuestaria y la regulación económica.

LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Por lo que se refiere al presupuesto público, el Estado es el sector económico que mejor se lleva con la inflación. La subida de impuestos indirectos hace que recaude más de forma automática, los aumentos de sueldo le permiten ingresar más cargas sociales y, respecto a los impuestos directos, como el IRPF, el efecto deslizamiento incrementa la recaudación de manera silenciosa. No es de extrañar que, en el caso de la economía española, en 2022 se alcanzara un récord de recaudación que ha permitido al Gobierno lograr también un récord en el techo de gasto público. Entre los años de pandemia y los de inflación, el presupuesto del Estado se ha incrementado en más de seis puntos porcentuales del PIB. Sin embargo, cuando la inflación se estabilice y la recaudación aminore su crecimiento, este incremento tendrá que moderarse para no incurrir en un elevado déficit público.

Como sabemos, si se incurre en déficit público, hay que emitir deuda pública. El indicador que mide el nivel de endeudamiento de un país es el montante total de la deuda en circulación en relación con el PIB nominal, es decir el PIB real por los precios. Si la deuda se incrementa menos que la inflación, la ratio deuda/PIB nominal disminuye, y el Gobierno presumirá de estar bajando el endeudamiento público, aunque el montante de la deuda emitida crezca vertiginosamente. Como vemos, la inflación beneficia al sector público y perjudica a los sectores privados de la economía.

La inflación beneficia al sector público y perjudica a los sectores privados de la economía.

LA REGULACIÓN ECONÓMICA

Debemos hacer una última referencia al papel regulador del Estado en la economía respecto a la inflación. Además de los impuestos, las transferencias y las subvenciones con los que los gobiernos intervienen en la economía a través de los presupuestos, el Estado ejerce un importante papel regulador con las leyes que están a favor de la competencia y en contra de las prácticas monopolistas que pretende mejorar el funcionamiento de los mercados acercándolos a la competencia perfecta —la estructura de mercado más favorable para los consumidores—, dado que en ella estos obtienen la mayor satisfacción de sus necesidades de precios más bajos. Esta normativa legal regula situaciones de monopolio o casos de oligopolio en los que las empresas llegan a acuerdos en perjuicio de los consumidores. También intenta mejorar la información de los bienes que se intercambian, evitar los efectos no deseados de los mercados, como las externalidades, y, por último, proveer de bienes preferentes a las familias, ya sea directamente a través de empresas públicas o por convenios con empresas privadas, como ocurre con la sanidad y la educación.

En los procesos inflacionistas, estas situaciones de fallos de mercado cambian con rapidez, apareciendo nuevos escenarios para los que la regulación previa no es la más adecuada. Y el Estado reacciona muy despacio ante situaciones nuevas.

Los pensionistas

Los pensionistas y las personas próximas a la jubilación son, junto a las familias y los trabajadores, uno de los colectivos más afectados ante un proceso de inflación.

Hay tres maneras de financiar las pensiones:

1. Pensiones privadas. Cada futuro pensionista hace aportaciones durante una parte de su vida, que entidades financieras y fondos de pensiones gestionan intentando obtener el mayor nivel de capitalización posible.

2. Pensiones de empresas. Detraen una parte de los beneficios anuales y crean un fondo de pensiones para cuando se jubilen sus trabajadores.[3]

3. Pensiones públicas. El Estado, a través de las cargas sociales que ingresan los trabajadores y las empresas, paga a los pensionistas.

En España, las pensiones públicas son las que, en su mayoría, mantienen a los jubilados. La economía española no cuenta con muchas grandes empresas, que son las que suelen tener estos planes de pensiones empresariales. Mejorar los incentivos fiscales a esta modalidad de pensiones está en debate al objeto de garantizar una pensión suficiente tras la jubilación en el caso de la economía nacional. Tampoco son mayoritarios los planes de pensiones privados a los que se les han ido restando beneficios fiscales año tras año con el afán de recaudar más impuestos, algo que también ha pasado con las cuentas de ahorro vivienda y las deducciones fiscales por el pago de los préstamos hipotecarios para la primera vivienda.

En estos dos tipos de pensiones que dependen de los activos financieros en los que invierte el fondo, la inflación causa estragos. Por una parte, cuando alguien se jubila y recupera sus ahorros, se da cuenta de que las cantidades que había previsto tener ahorradas para vivir los últimos años de su vida han perdido la capacidad adquisitiva que esperaba ante la subida de los precios de los bienes de consumo. Pero, además, como para controlar la inflación se suelen subir los tipos de interés, esto hace que el precio de los activos se desplome y los ahorros de toda una vida se reduzcan considerablemente, más aún si los fondos de pensiones eran de renta variable, no de renta fija. Con el tiempo, estos valores se recuperarán cuando remita la inflación, pero si las personas se jubilan antes y han de utilizar estos fondos, no tendrán tiempo de recuperar el valor de sus ahorros ni siquiera en términos nominales. Los futuros pensionistas y los jubilados actuales que aún no hayan dispuesto de sus ahorros son de los principales colectivos que perderán con la inflación.

Por lo que se refiere a las pensiones públicas, de nuevo hay que diferenciar si las personas están ya jubiladas o esperan hacerlo pronto. En el primer caso, dependerán de cómo el Gobierno ajuste las pensiones a la subida del IPC en los presupuestos. Si lo hace, los pensionistas mantendrán su capacidad adquisitiva; en caso contrario, perderán su poder de compra año tras año. Si el Gobierno tiene el compromiso de reducir el déficit público, será difícil que indexe precios y pensiones. En los países ricos, la población está muy envejecida, son muchos los pensionistas y el montante de las pensiones supera el 10 % del PIB, lo que es más de la cuarta parte de la partida de gastos del presupuesto público. Por tanto, si hay que reducir el déficit sin subir los impuestos, las partidas de pensiones, sanidad y educación serán las más efectivas para lograr este objetivo.

En el caso de las pensiones contributivas, si las personas aún no están jubiladas y esperan a hacerlo en unos años, el montante de las pensiones a las que se tendrá derecho viene fijado en una tabla que no suele indexarse a la inflación.

Es decir, el montante al que tiene derecho el pensionista se mantiene inalterado, mientras que la capacidad adquisitiva disminuye por la inflación. En consecuencia, se produce un efecto deslizamiento a la baja: el importe de la pensión a la que se tiene derecho es el mismo en términos nominales, pero habrá descendido mucho en términos reales si no se realiza el ajuste para evitar este efecto deslizamiento mientras el proceso de inflación es fuerte y sostenido.

En los países ricos, la población está muy envejecida y el montante de las pensiones es muy elevado. Por tanto, si hay que reducir el déficit sin subir los impuestos, las partidas de pensiones, sanidad y educación serán las más efectivas para lograr este objetivo.

¿Qué se puede hacer ante esta situación?

La única salida posible es ahorrar más para aumentar el fondo de pensiones que, por otra parte, irá perdiendo valor, y esto es muy difícil en los casos de familias a las que les cuesta llegar a final de mes. Una solución que no es nada sencilla.

Como vemos, la inflación ataca a los más débiles, y lo paradójico es que, gracias al sacrificio de estos, es como se sale de ella.

La gestión de la riqueza

En los procesos de inflación, pierden los que ahorran y ganan los que se endeudan. Son pocos los activos que mantienen su capacidad adquisitiva y, como hemos dicho, con la subida de los tipos de interés que origina la política monetaria restrictiva, los precios de los activos financieros tienden a desplomarse. Por tanto, si tenemos activos cuyo valor nominal cambia, como las acciones o los fondos de inversión y pensiones, veremos que el valor de nuestra riqueza mengua con rapidez y perderemos tanto su valor nominal como real, es decir, la capacidad adquisitiva de los ahorros.

En los procesos de inflación, pierden los que ahorran y ganan los que se endeudan.

¿Qué podemos hacer?

Estos valores tenderán a recuperarse con el tiempo, pero habrá que esperar. Comprar bonos indexados a la inflación puede ser una alternativa; o bonos, deuda pública u obligaciones que ofrezcan tipos de interés elevados que en parte compensen la subida del IPC. Interesante, pero más arriesgado, sería apostar por valores de renta variables que estén a precios bajos y que sean de empresas con buenas expectativas de obtener beneficios y repartir dividendos.

El oro siempre ha sido el activo refugio ante la inflación, y su aumento de valor puede mantener la riqueza. Se dice que las criptomonedas pueden servir también de valor refugio, pero es un mercado muy volátil y con riesgos derivados de la tecnología que utilizan.

Otro valor refugio tradicional es la vivienda, que suele mantener su valor, aunque se modere la subida del precio de los pisos con el incremento de los tipos de interés. La vivienda ofrece unos ingresos mensuales en forma de alquiler o como alojamiento turístico, y podremos venderla cuando tengamos necesidad, sin aparente pérdida de valor. Los gastos de mantenimiento que origina y los costes fiscales, de escrituración y registro aminoran la rentabilidad que ofrece. Ahora bien, comprar activos inmobiliarios con préstamos a intereses bajos (lo que será complicado) puede ser una opción bastante buena para mantener el valor de nuestros ahorros y obtener una rentabilidad ante situaciones de inflación elevadas.

Es también usual que los bancos ofrezcan supertipos de interés por los depósitos de sus clientes, con lo cual aseguraríamos una rentabilidad y mantendríamos el nominal de los ahorros. Sin embargo, en el caso de la economía española, la negativa a subir los tipos de los depósitos de los bancos españoles, a pesar de que han subido rápidamente el tipo de interés de los préstamos, ha sido incluso denunciado por miembros del Gobierno español sin que haya tenido incidencia alguna, al margen de los enormes beneficios obtenidos por la banca que, eso sí, han sido gravados con un impuesto específico de carácter extraordinario. De nuevo, pierden los clientes y ahorradores y ganan los bancos y el Gobierno. Si la inflación persiste, los tipos de interés de los depósitos empezarán a subir cuando los bancos pequeños rompan los acuerdos tácitos para no retribuir los depósitos de las grandes entidades y captar así nuevos clientes. Por último, los bancos grandes tendrán que reaccionar retribuyendo los depósitos.

Se comprende, pues, que los pequeños ahorradores hagan cola en el Banco de España para suscribir los bonos públicos emitidos por el Gobierno, financiar el déficit y refinanciar la deuda, ya que ofrecen un tipo de interés más acorde con el tipo de intervención del BCE.

6

¿Qué nos puede pasar?

Para saber qué nos puede pasar ante este entorno inflacionista, quizá deberíamos tener claro, en primer lugar, los factores que inciden y han incidido en la subida de los precios y, en segundo lugar, los escenarios posibles que podrían darse. Veamos primero los factores que repercuten en la inflación.

Factores del entorno inflacionista

En primer lugar, hay que tener presente que la pandemia y la forma de controlarla, con un parón económico total, originó la crisis de suministros que inició la inflación. Es de esperar que no entremos en otra crisis por una pandemia o un fenómeno parecido que nos obligue a tomar medidas similares.

Tampoco ayudó llevar a cabo políticas monetarias ultraexpansivas junto a políticas fiscales de elevado déficit público y crecimiento de la deuda pública. Sin duda, son dos factores a los que debemos prestar una cierta atención en un entorno próximo. En cuanto a la política fiscal, en los próximos ejercicios, los países miembros de la zona euro estarán sometidos a un nuevo PEC que limitará sus políticas y la deuda pública emitida con relación al PIB nominal. El PEC anterior se dejó de cumplir para combatir la pandemia y los posibles efectos recesivos de la guerra de Ucrania, pero ese periodo de política fiscal laxa parece que terminó, y el nuevo PEC centra más el foco en la deuda pública que en el déficit público de cada país. En ambos casos, los niveles del 60 y el 3 % respectivamente del PIB se mantienen, pero a aquellos países con una deuda elevada se los obligará a reducir el déficit cada año en determinados puntos del PIB mediante planes de ajustes de cuatro años prorrogables tres años más.

Como hemos visto, tanto esta política fiscal como la monetaria están sujetas a una obvia dicotomía: si son expansivas, ayudan al crecimiento económico y baja el desempleo, pero impulsando la inflación; si son restrictivas, frenan la inflación, pero también la actividad económica, aumentando la tasa de paro.

En tercer lugar, el proceso de inflación se debió a la subida del precio del gas y los combustibles fósiles por la declaración de la guerra de Ucrania, a la regulación europea del mercado eléctrico y a la subida del precio de las materias primas que originó ese enfrentamiento bélico. Como se sabe, el final de la guerra es desconocido, la división geopolítica que ha originado es más previsible con la alineación de los países más estratégicos en dos grandes bloques, pero hay conflictos latentes que pueden saltar en cualquier momento, como la difícil relación entre China y Taiwán y la posible respuesta de Estados Unidos o la de Rusia a una pérdida de posicionamiento en suelo ucraniano. El reciente conflicto israelita en la región de Gaza también puede generar una elevada volatilidad internacional. Cualquier alteración del problemático statu quo actual puede alterar el mercado de futuros del gas y el petróleo y originar otra subida de los precios y un relanzamiento de la inflación.

Otro factor que puede mantener la inflación subyacente elevada es el incremento de los precios internos en las economías occidentales. Esto podría estar impulsado por tres factores determinantes:

1. La subida de los márgenes empresariales debida a la falta de competencia en algunos sectores económicos, que hace que las empresas aprovechen su poder de mercado.

2. La negociación de salarios anual, que podría generar una subida sistemática de los precios por el aumento en los sueldos.

3. A medio o largo plazo, el deterioro de la economía globalizada, tal y como hoy la concebimos, que provoque que las empresas relocalicen plantas industriales de componentes semiterminados y la producción de materias primas para garantizar el suministro en la producción, lo que puede provocar un inevitable incremento de los costes empresariales.

Por supuesto, en los tiempos actuales, el driver tecnológico focalizado en el análisis de datos, el metaverso y la inteligencia artificial es el principal factor condicionante del entorno económico de los negocios, pero no parece que incida en el proceso inflacionista a corto plazo.

Escenarios posibles

El escenario más optimista sería aquel en el que precios energéticos se estabilizaran, como está ocurriendo; la guerra de Ucrania terminara o se convirtiera en un contexto estable y bastante controlado, quizá también como está sucediendo; los salarios subirían de forma muy controlada, como también está pasando; la inflación subyacente y el IPC irían remitiendo; los bancos centrales anunciarían que la escalada de tipos de interés habría terminado y que, en breve, empezarían a moderarse; y la Comisión Europea acordaría un PEC que permitiera a países como España moderar el déficit público durante años y afrontar la reducción de la deuda pública a medio y largo plazo.

En este caso, habríamos salido de la crisis de la inflación sin costes en términos de recesión y desempleo. En breve tomaríamos una senda de crecimiento estable, con una inflación entre el 1 y el 3 % tanto del IPC como de la inflación subyacente, y unos tipos de interés que bajarían hasta el 2 %. En este escenario, los precios de los activos financieros aumentarían y tendríamos una subida de la bolsa significativa y un cambio en las expectativas del consumo y la inversión que mejorarían significativamente la demanda agregada.

Requeriría, además, una fina gestión de la política monetaria porque, al estar en pleno empleo, ante cualquier exceso de la demanda agregada, los precios volverían a subir. Hay que reconocer que algunos de los requisitos de este entorno ya se están dando.

El segundo escenario es un tanto pesimista. Puede incluso agravarse si el entorno geopolítico cambia al tensarse la marcha de la guerra o si entramos en nuevos conflictos globales. Además, sería una situación en la que los precios de la economía alemana —la primera en Europa y la más relevante para el BCE a la hora de diseñar la política monetaria— no se estabilizaran, obligasen a seguir subiendo los tipos de interés y, al mismo tiempo, los denominados «países halcones» europeos forzasen a la Comisión Europea a fijar una senda dura de ajuste fiscal para restablecer el déficit y reducir el porcentaje de deuda sobre el PIB nominal. Si a ello sumáramos que los sindicatos exigieran compensar la pérdida de poder adquisitivo con fuertes subidas de salarios, entraríamos en un proceso de recrudecimiento de la inflación y deberíamos implementar políticas fiscales y monetarias muy restrictivas. Solo con unas altas tasas de paro y recesión económica durante varios trimestres conseguiríamos evitar la espiral inflacionista. La política monetaria tan restrictiva desplomaría las bolsas, los tipos de interés elevados aumentarían el riesgo de muchos bancos por el incremento de la tasa de morosidad y quizá entráramos en una crisis financiera generalizada que requiriese el rescate de algunos bancos.

Podría darse por un cambio sustancial en las condiciones geopolíticas mundiales, debidas a la escalada de la tensión en el conflicto palestino-israelí, que afectasen al precio de los combustibles fósiles o porque la inflación en Alemania no remitiera de forma visible.

Quizá sería aún más grave en el caso de la economía española si, al fin, la subida de precios nacionales fuera más elevada que la de los bienes de los países con los que competimos, en especial Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Portugal. Este diferencial de precios supondría una pérdida de competitividad vía precios y afectaría de forma muy negativa a nuestras exportaciones y a la balanza por cuenta corriente, originando una caída de la demanda agregada y una necesidad de financiación externa.

Para acabar, es necesario que abordemos un escenario más probable, pero con algunas variantes. En este escenario no aparecerían nuevas amenazas sobre el precio de los combustibles y las materias primas, la inflación en Alemania iría remitiendo poco a poco, pero de manera perceptible, y el BCE y la FED mantendrían el tipo de intervención y anunciarían que la escalada de tipos habría terminado. Quizá, a medida que pasase el tiempo, el consumo empezara a resentirse con tantos meses de pérdida de poder adquisitivo y, ante las expectativas más inciertas, disminuyera la inversión de las empresas, aumentase algo el paro y el crecimiento fuera muy leve. En esta situación, no deberían subir mucho los salarios en 2024 y, a finales de 2025, las economías occidentales se estabilizarían y lograrían de nuevo el pleno empleo. En unos años, volveríamos al ajuste de la deuda pública y el déficit fiscal.

En este tercer escenario, habríamos superado la crisis provocada por la pandemia y la guerra de Ucrania en un periodo de cinco años, pero sin haber originado una situación de extremo desempleo y malestar social ni una nueva recesión económica con varios trimestres de crecimiento negativo.

Lo más probable es que no se dé ninguno de estos escenarios de forma aislada, sino una mezcla de los factores que los determinan. Por eso, estar atentos a la coyuntura de cada momento quizá nos permita aventurar la respuesta de los bancos centrales y convertir estos tiempos de incertidumbre en escenarios más previsibles.

RESUMEN

LA INFLACIÓN Y LAS POLÍTICAS CONTRA LA INFLACIÓN

Por último, vamos a presentar un resumen de todo lo expuesto. Para ello, diferenciamos los tipos de inflación y apuntamos los instrumentos de política económica para combatir la subida de precios.

INFLACIÓN DE LA DEMANDA

Causas:

• Incremento en el consumo de las familias, tanto en los bienes normales como en los duraderos.

• Aumento de la inversión empresarial en existencias, equipos y tecnología.

• Incremento del gasto público.

• Aumento de las exportaciones de bienes y servicios, como el turismo.

Políticas contra la inflación de la demanda:

• Subida del IRPF.

• Bajada de las transferencias, pensiones, ayudas y subvenciones a las familias.

• Disminución del gasto público.

• Reducción de la oferta monetaria y subida del tipo de interés.

INFLACIÓN DE LA OFERTA

Causas:

• Subida de los salarios.

• Subida de las cargas sociales.

• Pérdidas en la productividad. • Aumento de los márgenes empresariales.

• Aumento de los impuestos a la producción: IVA, impuestos especiales, tasas...

• Subida del coste de las materias primas.

Políticas contra la inflación de la oferta:

• Bajada de los salarios.

• Bajada de las cargas sociales.

• Mejora de la competencia.

• Bajada del impuesto a los beneficios de las empresas.

• Bajada de los impuestos a la producción: IVA, impuestos especiales, tasas…

• Subvención al precio de las materias primas y a los costes de producción.

• Control de los precios para reducir los márgenes empresariales.

• Mejoras en la productividad que ayuden a producir a precios más bajos.

ESPIRAL INFLACIONISTA

Causas:

• Negociación colectiva tomando como referencia la inflación pasada y las expectativas futuras.

Políticas contra la espiral inflacionista:

• Pacto de rentas: acuerdos entre sindicatos y empresarios, en muchos casos con apoyo del Gobierno, que moderen la subida de los salarios y ayuden a estabilizar las expectativas de inflación de los próximos años.

Reflexiones finales

La crisis actual ha sido fruto del cuello de botella de suministros de materias primas y bienes semiterminados originado por el cierre de la economía durante la pandemia; de las políticas monetaria y fiscal expansivas que se venían haciendo; del impacto de la guerra de Ucrania sobre el precio de las materias primas, el gas y el petróleo; y, en el caso europeo, de la regulación específica que determinaba el coste de la electricidad, que ha aumentado el precio del kW/hora en todas las economías muy por encima del coste medio de producción.

La inflación se ha producido tanto en la oferta como en la demanda. Por parte de la oferta agregada, junto al precio de las materias primas y los costes de producción ya citados, los márgenes empresariales también la han impulsado.

Por lo que se refiere a la demanda agregada, el consumo se ha mantenido alto desde 2021 hasta la actualidad a pesar de la pérdida de poder adquisitivo. La inversión empresarial y el gasto público han seguido una política fiscal expansiva que se ha completado con numerosas ayudas, transferencias y subvenciones a familias y empresas. En el sector exterior de la economía española, las exportaciones de bienes han seguido tirando de la demanda, al igual que los servicios turísticos.

Por suerte, hasta el momento, no parece que tengamos el riesgo de entrar en la espiral inflacionista por subidas excesivas de los salarios.

Los gobiernos y los bancos centrales han optado por una senda lenta para estabilizar la inflación en aras de ahorrar el malestar social que hubiera originado un desempleo masivo. Esta modulación de la política macroeconómica se conoce como afrontar la inflación con una tasa de sacrificio suave, que podría cambiar si repuntara el IPC y la inflación subyacente en los principales países. Quizá las políticas de austeridad con las que se afrontó en la eurozona la crisis de 2009 y los efectos tan recesivos que originó, han servido como referencia para acometer esta crisis desde una visión de la política económica diferente.

Para abordar la crisis de la inflación, se han llevado a cabo toda clase de políticas económicas con una visión general de los instrumentos de intervención disponibles.

Por lo que se refiere a la demanda agregada, se ha mantenido una política monetaria moderadamente restrictiva en la subida de los tipos de interés y atenta a los rescates puntuales de entidades financieras que se vieran afectadas por la huida de depósitos, incrementos de la morosidad o desequilibrio en las cuentas de balance por el desplome de los activos financieros. En relación con la política fiscal, esta ha seguido siendo expansiva en el incremento del gasto público, aunque ha actuado de manera más selectiva, otorgando ayudas y transferencias a las familias más afectadas, regulando el precio de los alquileres y, a su vez, concediendo subvenciones a empresas de sectores en los que ha incidido la inflación.

En cuanto a la oferta agregada, se ha actuado en especial en los impuestos a la producción, como son el IVA y los impuestos especiales a la electricidad y los combustibles, incidiendo algunos países con timidez sobre el coste del gas y el impacto que ha tenido en la producción de la energía eléctrica.

En conclusión, parece que, en estos momentos, y si no se producen acontecimientos inesperados, la crisis de la inflación en los países occidentales, en especial en los europeos, se ha afrontado de una manera práctica, reduciendo el coste social de esta, para que, en el año 2025, tengamos economías estabilizadas en términos de inflación, desempleo, tipos de interés, déficits públicos y crecimiento.

Apéndice

Algunos datos

Con el objeto de facilitar la lectura del texto, no hemos incluido ni comentado gráficos o tablas en los diferentes capítulos. Pensamos que era mejor dejarlos para el apéndice, seguros de que aportan exactitud y una visión de conjunto del recorrido de la inflación de los principales países.

En la tabla 1 se presentan los datos de la evolución del IPC en las principales economías y países. Sobre estos, en el gráfico 1 ofrecemos las tasas de crecimiento del IPC en la OCDE, la Unión Europea de los veintisiete, Estados Unidos y Japón desde el año 2000 y, en el gráfico 2, los datos de Francia, Alemania, España, Italia y Reino Unido.

Como puede apreciarse, en los últimos veinte años la inflación estuvo muy controlada hasta 2021, pero se disparó en 2022 a excepción de Japón, que lleva varios años con tasas de inflación negativas. La OCDE aún no ha cerrado los datos de 2023; presentamos estimaciones.

Los gráficos 1 y 2 muestran esta evolución. Como puede verse, en 2022, tanto la OCDE como la Unión Europea de los veintisiete tuvieron una inflación más elevada que Estados Unidos y mucho más que Japón.

En el gráfico 2 se aprecia que, entre los países europeos, la economía española tuvo una mayor tasa de inflación en 2022, seguida de Italia y Reino Unido. Tanto en un gráfico como en el otro se perciben tasas muy moderadas de todos los países y áreas económicas desde la crisis de 2009 hasta 2020, con varios años de crecimiento negativo de este indicador.

En la tabla 2, presentamos los datos de la inflación subyacente de los países seleccionados. Como se ve, las tasas fueron más elevadas en 2022, mientras que en 2021 no eran demasiado altas. Esto se debe a que, al elevarse inicialmente el precio de los bienes energéticos y de las materias primas agrícolas, estas subidas ya las reflejaba el IPC, pero aún no la inflación subyacente, que más tarde muestra que el shock inflacionista afectó al resto de los bienes de la cesta de la compra. De nuevo, los datos de 2023 son estimaciones.

En los gráficos 3 y 4 se representa la evolución de la inflación subyacente en las principales economías. Según este indicador, la norteamericana, la británica y la alemana han respondido más negativamente, mientras que la española ha tenido un dato más moderado en 2022. En el caso de Alemania y Estados Unidos, este indicador será clave para el diseño de la política monetaria del BCE y la FED. El ascenso de los tipos de interés de estos bancos centrales no se estabilizará y empezará a descender hasta que la inflación subyacente no vuelva a tener valores próximos al 2 % en sus economías.

Si comparamos la evolución del IPC y la inflación subyacente en los distintos países analizados, podemos apreciar que la primera se parece más en las diferentes economías, mientras que la subyacente refleja las particularidades de cada una de ellas.

Finalmente, representamos el índice de precios base 100 de la OCDE elaborado tomando como referencia el nivel de 2015. Este dato no es un indicador de la inflación, sino de la evolución de los precios, y nos permite visualizar la constante subida desde el año 2000.

Los datos de Estados Unidos y Reino Unido son concluyentes: superan los veinte puntos de inflación desde 2015, con subidas de precios más elevadas en los dos últimos años. También hay que destacar cómo se han disparado los precios en Alemania en 2022, después de una etapa muy estable. Por último, merece la pena reseñar que Japón se ha mantenido al margen del proceso de inflación y, en las dos décadas precedentes, sus precios han sido muy estables.

En general, según los datos estimados, todos los países han presentado una moderación en todos los indicadores de inflación en el año 2023, señal de que las políticas implementadas contra las subidas de los precios están dando sus frutos.

Agradecimientos

Mi agradecimiento a Concha Rivero por las infinitas correcciones que hace a mis escritos y por su compañía permanente.

A Ángel Sánchez, Checo para los amigos, le agradezco su constante atención y su invariable amistad.

Finalmente, un especial agradecimiento a Alba Adell, editora ejemplar de este libro, que ha contribuido en gran medida a hacerlo mejor. Gracias por su esfuerzo y comprensión. Y me gustaría extender este agradecimiento a su equipo.

Una reflexión lúcida y rigurosa del entorno económico actual por parte del profesor José María O’Kean.

Durante los últimos años, el precio de los alimentos, los combustibles o la electricidad ha experimentado fuertes subidas, y el de algunos productos básicos sigue aumentando. Para hacer frente a la escalada de precios, los bancos centrales toman medidas drásticas, suben los tipos de interés con la intención de enfriar la economía. Pero ¿qué consecuencias tiene esto en el bolsillo de los españoles? José María O’Kean, catedrático de Economía y colaborador habitual en medios de comunicación, presenta una radiografía de la situación económica actual, los efectos de la inflación a corto y medio plazo (incremento de los precios y de los tipos de interés) y sus consecuencias en las hipotecas, el consumo, el ahorro y la inversión. Este libro ofrece respuesta a las inquietudes del lector sobre lo que está por llegar y le enseña a proteger su economía contra la adversidad (la recesión, el desempleo).

Un libro que advierte del impacto de la escalada de precios en la economía real y ofrece herramientas para protegernos en tiempos de incertidumbre.

José María O'Kean es doctor en Economía por la Universidad de Sevilla, executive master en e-Bussiness por el Instituto de Empresa, catedrático de Economía Aplicada y, desde 1997, profesor de Teoría Económica, Económica Política, Economía Digital y Pensamiento Económico en la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

Participa como analista económico en diferentes medios de comunicación, como La Sexta, Canal Sur, Antena 3, Telecinco, Cuatro, Negocios TV y TVE1, y ha publicado artículos de actualidad económica en El País, ABC, Expansión y Cinco Días.

Además, José María O'Kean es autor de, entre otros libros, España competitiva, donde aborda las razones de la crisis de la economía española y sus posibles salidas, y La pizarra de José María O'Kean, un libro para entender de forma clara y sencilla la economía en general y la situación económica española en particular.

Primera edición: mayo de 2024

© 2024, José María O’Kean Alonso

© 2024, Penguin Random House Grupo Editorial, S. A. U.

Travessera de Gràcia, 47-49. 08021 Barcelona

Diseño de portada: Penguin Random House Grupo Editorial /
Andrea Ferrandis y David Ayuso

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[1] Lo que en Economía se entiende por pleno empleo no significa que no haya parados. Que exista un paro entre el 3 y el 5% de la población activa es inevitable, dado que algunas empresas cierran y que hay personas que se apartan del mercado laboral para estudiar y cuidar de la familia, o bien que no quieren trabajar durante un tiempo y después vuelven a buscar empleo. El paro que una economía tiene en pleno empleo se denomina tasa natural de paro. Para muchos, el término «natural» no es muy acertado y prefieren hablar de una tasa de paro en la que la economía está creciendo tanto que los precios empiezan a subir. Por eso también se denomina NAIRU (por sus siglas en inglés, Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment, tasa de paro que no acelera la inflación).

[2] Si Alemania se financia con bonos públicos a diez años al 1% y España financia su déficit público emitiendo bonos a diez años al 3%, la diferencia que los mercados financieros imponen a España es de un 2% de tipo de interés. Por lo general, multiplicamos ese 2% por 100 y tenemos 200 pb (puntos básicos), que es lo que conocemos como la prima de riesgo de los bonos españoles respecto a los alemanes.

[3] En la actualidad el Gobierno está en trámites de aprobar que los trabajadores puedan hacer aportaciones a los planes de empresas en un marco jurídico y fiscal diferenciado.