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Director de la colección

Pascual Serrano

Diseño interior y cubierta: RAG

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Título original: Il potere segreto. Perché vogliono distruggere Julian Assange e WikiLeaks

© 2021 Chiarelettere editore S.r.l.

© Ediciones Akal, S. A., 2024

para lengua española

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ISBN: 978-84-460-5503-7

Stefania Maurizi

El poder secreto

Por qué quieren destruir a Julian Assange y WikiLeaks

Prefacio de Ken Loach

Traducción de Cristina Piña

En la celda de una de las prisiones de máxima seguridad del Reino Unido, un hombre lucha contra algunas de las instituciones más poderosas del planeta, que llevan más de una década queriendo destruirle. No es un delincuente, es un periodista. Se llama Julian Assange y fundó WikiLeaks, que ha cambiado profundamente la manera de informar en el siglo xxi, explotando los recursos de la red y violando sistemáticamente el secreto de Estado cuando se utiliza no para proteger la seguridad de los ciudadanos, sino para ocultar delitos y garantizar la impunidad de los poderosos.

En 2008, la periodista Stefania Maurizi comenzó a investigar a una organización aún no muy conocida llamada WikiLeaks. Desde entonces, y en estrecho contacto con Assange, no ha dejado de trabajar para poner al descubierto a ese poder que, oculto tras gruesas capas de secretismo, persigue sin piedad a quienes se empeñan en contar la verdad de las cosas.

Este libro, que incluye documentos inéditos, aborda un caso decisivo de nuestro tiempo, la historia de una venganza silenciosa pero feroz en la que está en juego la misma esencia de nuestra libertad.

Stefania Maurizi es una periodista de investigación italizana que trabaja para el diario Il Fatto Quotidiano, tras haberlo hecho durante 14 años para L’Espresso y La Repubblica. Entre los periodistas internacionales, es la única que ha investigado todos los documentos secretos de WikiLeaks. Ha ganado importantes premios, entre ellos el Archivio Disarmo-Colombe d’Oro per la Pace 2008, el Premio Europeo de Periodismo de Investigación y Judicial 2021, el Alessandro Leogrande 2022 y el Angelo Vassallo 2022. Es autora de Una bomba, dieci storie (2004) y Dossier WikiLeaks. Segreti italiani (2011, con introducción de Julian Assange).

A mi madre, con amor y gratitud.

A quienes tienen el valor moral de arriesgar vida, libertad y seguridad económica por sacar la verdad a la luz.

Presentación

Existen libros que merecen la pena por el tema que abordan y la necesidad de informar sobre él. Existen libros que son acertados por lo anterior y, además, por la calidad del trabajo realizado por el autor. Y luego están los libros que tratan un tema oportuno, están escritos con precisión y conocimiento, y ese tema tiene la característica de que es necesario y justo, para el periodismo y para toda la sociedad, que lo contemos con el grado de detalle y compromiso necesario.

Este es uno de esos libros. El poder secreto recorre la historia de WikiLeaks, su aportación a que los ciudadanos del mundo entero pudieran conocer informaciones fundamentales sobre la guerra contra el terrorismo, las finanzas y la geopolítica, y el despropósito y la perversión judicial de la persecución a su fundador, Julian Assange. Relata la injusticia promovida desde el poder contra el «delito» de contar la verdad y nos presenta a todas las personas que, desde un lado, han protagonizado el crimen de esa persecución y, desde el otro, han acompañado y defendido la razón y la lucha de Assange.

La autora es la italiana Stefania Maurizi, que, más que periodista autora del libro, es testigo y protagonista de todos estos acontecimientos como media partner, es decir, una periodista que trabaja para su periódico con los archivos de WikiLeaks y los utiliza para sus investigaciones y publicaciones, y que ha seguido la lucha de Assange a lo largo de diez años. Cuando usted lea este libro, comprenderá la suerte que tenemos lectores y editores de poder contar con sus testimonio y trabajo.

Maurizi nos explicará el gran salto periodístico y de libertad de prensa que supuso la invención de WikiLeaks, fusionando la tecnología, la globalización y los valores de transparencia y denuncia. Una transparencia que llega incluso a poner a disposición de todos los ciudadanos la información original que consiguen, algo que ni siquiera los grandes medios de comunicación tradicionales se atreven a hacer. Yo mismo comprobé los principios y valores de WikiLeaks cuando entrevisté en 2011, en un lugar remoto de Brasil, a Kristinn Hrafnsson, el segundo de la organización. Entonces me reconoció que fue un error difundir exclusivamente a un cartel de grandes medios los cables del Departamento de Estado, «porque escondieron historias de las que habrían tenido que informar».

WikiLeaks y la persecución que está sufriendo Julian Assange han servido para desnudar a muchos: a gobiernos «democráticos» que han mostrado su complicidad con horrendos crímenes –incluido el plan de secuestrar y asesinar a Assange–; a instituciones financieras que aplicaron bloqueos bancarios sin mediación judicial; a grandes medios de comunicación que abandonaron su decencia y profesionalidad para ponerse del lado de los que reprimían la libertad de prensa mintiendo para desprestigiar a Assange, y a funcionarios de aparatos judiciales que se han situado más cerca de represores y torturadores en dictaduras que de miembros de la justicia en democracias. A todos ellos los deja en evidencia Maurizi con su detallado conocimiento de los hechos y su valor para contarlo. Del mismo modo que también repasa los casos de Chelsea Manning y Edward Snowden, entre otros.

Porque El poder secreto, como dice Maurizi, va mucho más allá de Julian Assange y WikiLeaks. Va de periodismo, del necesario control del poder, de la verdad como principio y valor, de la injusticia contra los que ayudan a desvelar la verdad, y de la impunidad de los que gobiernan el mundo cometiendo crímenes. Y así, con su lectura, se llega a la conclusión de que no es tanta la diferencia entra una cruel dictadura y nuestras «democracias» cuando observamos el precio que paga un periodista por exponer los crímenes del más alto nivel del poder.

Como dice nuestra autora, «el poder secreto actúa en las democracias con la misma impunidad que en las dictaduras. En los países autoritarios usa un puño de acero, y comete muchos de sus crímenes y abusos a plena luz del día, en parte para intimidar y someter a la población. En las democracias, por el contrario, el puño de acero del poder secreto se oculta a menudo dentro de un grueso guante de terciopelo. Una dictadura habría enviado matones y sicarios para deshacerse de Julian Assange y los periodistas de WikiLeaks tras las primeras publicaciones. El complejo militar y de inteligencia estadounidense y sus aliados, por el contrario, han usado, y siguen usando, métodos menos descaradamente brutales. Bajo la dirección de Mike Pompeo, la CIA planeó matar o secuestrar a Assange y otros, pero al final decidió no hacerlo. […]. El guante de terciopelo hace que el trato dado a Assange parezca mucho menos maligno que el que le reservaría un país autoritario, pero hay que decir que, en esencia, es igual de abominable. Por publicar documentos sobre crímenes de guerra, tortura, ejecuciones extrajudiciales mediante drones y malos tratos a los detenidos de Guantánamo, el fundador de WikiLeaks ha sido acusado de delitos que comportarían una pena de 175 años de prisión. Los criminales de Estado no han pasado ni un solo día en la cárcel».

En el momento de escribir estas líneas, Julian Assange lleva privado de libertad catorce años y está esperando la decisión de los tribunales y gobernantes británicos sobre la petición de extradición a Estados Unidos, donde le espera esa acusación de 175 años de cárcel. Algunos recordamos la petición de extradición española a las mismas autoridades británicas para el dictador Augusto Pinochet, bajo cuyo cruel gobierno se asesinó o «desapareció» a tres mil opositores, además de saquear las finanzas de Chile. El Gobierno británico entonces no aceptó la extradición y Pinochet abandonó Londres impune e insultante. Si ahora enviase a Assange a una prisión estadounidense por sacar a la luz crímenes y torturas del ejército de ese país, se mostraría el ejemplo más vergonzoso de injusticia y doble rasero del mundo occidental.

El mismo doble rasero que lleva a nuestras democracias a acusar a las dictaduras cuando son denunciadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, pero terminan ignorándolo cuando esa misma institución acusa a los gobiernos de Suecia, Reino Unido, Ecuador y Estados Unidos por la detención ilegal de Julian Assange.

Por ello, Maurizi está convencida de que el caso WikiLeaks y Assange «decidirá el futuro del periodismo en nuestras democracias, y en cierta medida también en las dictaduras, ya que todos los gobiernos se sentirán aún más capacitados para reprimir la libertad de información si el “mundo libre occidental” puede encarcelar a perpetuidad a un periodista que ha revelado la matanza de miles de civiles inocentes, un periodista que ha sacado a la luz torturas y brutales transgresiones de los derechos humanos».

A lo largo de su trabajo con WikiLeaks y de preparación de El poder secreto, Stefania Maurizi se ha enfrentado con valor y determinación a las instituciones judiciales y de inteligencia de varios países; la han asaltado en Roma para robarle documentación importante del caso; la empresa española encargada de la seguridad de la embajada ecuatoriana en Londres, donde se refugiaba Assange, le incautó sus aparatos electrónicos y le «destripó» el móvil supuestamente para hackearselo (el asunto está en la Audiencia Nacional), pero nada de todo ello la ha intimidado.

La colección A Fondo, de la editorial Akal, no podía mantenerse al margen de la causa de la justicia de Julian Assange, de la denuncia de los crímenes de los gobiernos implicados en su persecución y del inmenso trabajo de Stefania Maurizi para sacar todo esto a la luz.

Quiero compartir estas palabras de Julian Assange cuando le preguntaron por qué creó WikiLeaks pudiendo, con su talento, ser un millonario de Silicon Valley: «Todos vivimos solo una vez. Por eso estamos obligados a darle un buen uso al tiempo del que disponemos, y a hacer algo significativo y satisfactorio. Esto es lo que a mí me parece significativo y satisfactorio. Ese es mi temperamento. Disfruto creando sistemas a gran escala, disfruto ayudando a personas vulnerables. Y disfruto aplastando sinvergüenzas. De modo que es un buen trabajo».

Y termino con las del director de cine Ken Loach en su prefacio: «Si pensamos que vivimos en una democracia, deberíamos leer este libro. Si nos importa la verdad y la política honrada, deberíamos leer este libro. Y si creemos que la ley debería proteger a los inocentes, no solo deberíamos leer este libro, sino también exigir que Julian Assange se convierta en un hombre libre». A ellas añadiría yo lo siguiente: «Además de leer este libro, tenemos la obligación de contar al mundo lo que en él se revela y la injusticia que denuncia».

Pascual Serrano

Prefacio

Este libro debería causarnos un gran enfado. Cuenta la historia de un periodista encarcelado y tratado con una crueldad insoportable por sacar a la luz crímenes de guerra; de la determinación de políticos británicos y estadounidenses para destruir a ese periodista; y de la silenciosa connivencia de los medios de comunicación con esta injusticia monstruosa.

A estas alturas, Julian Assange es bien conocido. WikiLeaks, organización en la que él ocupaba un lugar destacado, ha sacado a la luz secretos ignominiosos sobre la Guerra de Iraq, y muchos otros. Gracias a Assange y su equipo, hemos podido ver brutales crímenes de guerra como los mostrados en el vídeo titulado Collateral Murder (Asesinato colateral) o los cometidos por contratistas estadounidenses, por ejemplo, en la plaza Nisour de Bagdad, donde mataron a catorce civiles. Murieron dos niños, y otras 17 personas resultaron heridas. Trump, en los últimos días de su presidencia, indultó a los asesinos. Pero se aseguró de que Assange siguiera en prisión.

El trabajo de WikiLeaks ha sido extenso. Sus principios fundamentales deberían aplicarse en todas las sociedades democráticas. La población debería saber todo lo que se hace en su nombre. Cuando los políticos ocultan secretos vergonzosos, los periodistas tienen la responsabilidad de publicarlos. Y son los políticos los que deberían pagar el precio, con sentencias judiciales si hubiesen cometido ilegalidades. Nada de esto ha ocurrido en el caso de Julian Assange; y los crímenes y la corrupción denunciados por WikiLeaks han quedado impunes.

Stefania Maurizi ha seguido el caso desde el comienzo. Aprovechando las leyes sobre el derecho a la información, ha desenterrado documentos que ponen de manifiesto los ataques contra Julian Assange. Ha seguido con detalle estos acontecimientos extraordinarios a lo largo de una década. En el centro de este relato se sitúa el terrible precio pagado por un hombre tratado con crueldad extrema por haber sacado a la luz la realidad del poder impune que se oculta tras una apariencia de democracia.

Por el momento, el reto lo tiene el sistema judicial británico. Reino Unido se jacta de poseer unos tribunales independientes, de respetar el imperio de la ley y de tener unos abogados incorruptibles. Veremos. Julian Assange es un periodista que ha cometido el delito de contar la verdad. Por ello ha perdido la libertad y pasado los dos últimos años aislado en una cárcel de alta seguridad, con las consecuencias predeciblemente devastadoras que ello tendrá para su salud mental.

Si lo extraditan a Estados Unidos, lo encarcelarán para el resto de su vida. ¿Colaborará un tribunal británico con tamaña injusticia?

En Reino Unido hay otras cuestiones que nos preocupan: los grandes gastos y los recursos utilizados para mantener a Assange aislado en la Embajada de Ecuador; la cobardía despreciable de la prensa y los medios de comunicación, con su incapacidad para defender la libertad periodística; y la alegación de que el Servicio de Fiscalía de la Corona, dirigido en su momento por Keir Starmer, ha atrapado a Assange en una pesadilla judicial y diplomática.

Si pensamos que vivimos en una democracia, deberíamos leer este libro. Si nos importa la verdad y la política honrada, deberíamos leer este libro. Y si creemos que la ley debería proteger a los inocentes, no solo deberíamos leer este libro sino también exigir que Julian Assange se convierta en un hombre libre.

¿Durante cuánto tiempo más aceptaremos que el mecanismo del Estado secreto, responsable de los crímenes más atroces, siga burlándose de nuestros intentos de vivir en democracia?

Ken Loach

(Primavera de 2021)

IntroduccióN

El hombre que se alzó contra el poder secreto

Desde hace más de una década, un hombre se ha convertido en el objetivo de las instituciones más poderosas del planeta. Algunas han planeado matarlo o secuestrarlo. Le han robado los mejores años de su vida. Entre estas instituciones se encuentran el Pentágono, la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos. Encarnan el núcleo de lo que el presidente Dwight Eisenhower, uno de los principales arquitectos de la victoria sobre los nazis en Europa, denominó el «complejo industrial militar» de Estados Unidos, el mismo complejo contra el que el propio Eisenhower, pese a haber sido con anterioridad un gran líder militar, advertía a su país. El poder y la influencia ejercidos por estas instituciones se dejan sentir en todos los rincones del planeta; planean guerras, golpes de Estado, asesinatos. Influyen en gobiernos y elecciones.

Ese hombre es Julian Assange. Es el fundador de WikiLeaks, una organización que ha transformado de manera radical el periodismo, aprovechando el potencial de internet y rompiendo sistemáticamente el secretismo estatal cuando este no se usa para proteger la seguridad de los ciudadanos, sino para ocultar crímenes de Estado, garantizar la impunidad de quienes dirigen las instituciones que cometen dichos crímenes, e impedir que la ciudadanía descubra la verdad y les pida cuentas por sus actos.

Julian Assange y los periodistas de WikiLeaks han publicado cientos de miles de expedientes secretos del Pentágono, la CIA y la NSA en los que se ponen de manifiesto masacres de civiles, torturas, escándalos políticos y la presión política ejercida sobre gobiernos extranjeros. Estas revelaciones han desatado la furia de las autoridades estadounidenses, pero en realidad no hay un solo Gobierno en el mundo que vea con buenos ojos a Assange y a WikiLeaks. Incluso los menos golpeados por sus publicaciones hasta el momento los miran con recelo, conscientes de que, antes o después, el método de WikiLeaks puede también arraigar en sus propios países y sacar a la luz sus trapos sucios. Y no solo gobiernos, ejércitos y servicios secretos los odian y los ven como enemigos, también son temidos por poderosas instituciones económicas y financieras, a menudo coaligadas con diplomáticos y organismos de inteligencia, ya que las operaciones financieras más rentables prosperan en el secretismo.

En el momento de escribir este libro, Julian Assange se enfrenta a una condena de 175 años en una prisión de máxima seguridad de Estados Unidos. Su salud física y mental está destruida. Es de suponer que otros periodistas de WikiLeaks vivan con miedo a sufrir el mismo destino.

Pero este caso va mucho más allá de Julian Assange y WikiLeaks. Es la batalla por un periodismo que arroje luz sobre el nivel de poder más alto, en el que operan servicios secretos, ejércitos y diplomáticos. Un nivel que el ciudadano ordinario de nuestras democracias –en especial de las europeas– ni siquiera percibe por lo general como algo importante para la vida diaria, y al que rara vez prestan atención noticieros y tertulias. La ciudadanía común mira hacia el poder visible: la política que determina las posibilidades de encontrar trabajo, recibir atención sanitaria, obtener una pensión. Y sin embargo, ese poder invisible, protegido tras el secretismo estatal, condiciona inmensamente nuestra vida. Decide, por ejemplo, si nuestro país va a dedicar veinte años a librar una guerra en Afganistán mientras carece de recursos para colegios y hospitales, como en el caso de Italia. O si un ciudadano alemán puede ser de repente secuestrado, torturado, violado y entregado a la CIA porque lo confunden con un terrorista peligroso. O si un hombre puede desaparecer en el centro de Milán a plena luz del día, secuestrado por la CIA y los servicios secretos italianos.

La ciudadanía común no tiene control sobre este poder secreto, porque carece de acceso a la información restringida sobre su funcionamiento. Pero, por primera vez en la historia, WikiLeaks ha abierto un agujero en este poder secreto, dando a miles de millones de personas un acceso sistemático y sin restricciones a enormes archivos de documentos clasificados que revelan cómo se comportan nuestros gobiernos cuando, completamente protegidos del escrutinio público y mediático, preparan guerras y cometen atrocidades.

Solo por esta actividad, Julian Assange corre el riesgo de ser sepultado en una prisión para siempre. Y no es el único que corre un grave riesgo: el poder secreto no solo quiere destruir a Julian Assange. Quiere destruirlos a él y a los periodistas de WikiLeaks, y, en último término, matar una revolución. Pero si hay un periodismo que merezca ser practicado, es precisamente aquel que revela el abuso en los niveles de poder más elevados. Y no hay libertad de prensa si los periodistas no tienen libertad para revelar e informar sobre la delincuencia estatal sin acabar muertos o encarcelados de por vida. En los regímenes autoritarios no es posible cumplir esas tareas sin afrontar consecuencias graves. Pero en una sociedad verdaderamente no autoritaria, deben estar permitidas.

Por eso este caso decidirá el futuro del periodismo en nuestras democracias y, en cierta medida, también en las dictaduras, ya que todos los gobiernos se sentirán aún más capacitados para reprimir la libertad de información si el «mundo libre occidental» puede encarcelar a perpetuidad a un periodista que ha revelado la matanza de miles de civiles inocentes, un periodista que ha sacado a la luz torturas y brutales transgresiones de los derechos humanos.

Julian Assange y su organización irrumpieron en mi vida profesional hace once años. La intriga y la alteración que han provocado en mi periodismo nunca han disminuido. Desde 2009 hasta la actualidad hemos trabajado juntos, ellos para WikiLeaks, yo para mi periódico –primero para L’Espresso y la Repubblica, y ahora para il Fatto Quotidiano–, en la publicación de millones de documentos clasificados. He viajado por todo el mundo con secretos de la CIA y la NSA. Assange y sus periodistas me han enseñado a usar el cifrado para proteger a mis fuentes. Yo estaba con él en Berlín cuando le desapareció el ordenador. Estaba en la embajada ecuatoriana en Londres cuando él, su personal, su compañera y el hijo de ambos, sus abogados y sus visitantes fuimos filmados y grabados de manera encubierta; y cuando desatornillaron en secreto mi teléfono, y lo abrieron en dos.

En el transcurso de estos años, ha habido varios intentos de intimidarme. Me han seguido con descaro. En una ocasión me asaltaron en Roma, y me robaron documentos importantes que no he vuelto a ver. Pero nadie me ha encarcelado; ni siquiera me han amenazado o interrogado. No he tenido que pagar el terrible precio de Julian Assange. Después de publicar archivos secretos del Gobierno estadounidense en 2010, perdió la libertad. Hace más de una década que no puede moverse como un hombre libre. Lo que yo he presenciado desde 2010, el trato al que lo han sometido, el grave deterioro de su salud, la campaña difamatoria en su contra, la persecución judicial contra WikiLeaks y sus fuentes –sobre todo, contra ese ejemplo de valentía moral, Chelsea Manning– me han causado una profunda inquietud. Dicha inquietud ha ido creciendo en paralelo a mi descubrimiento de la crueldad y la criminalidad estatales puestas al desnudo por los archivos secretos revelados por WikiLeaks.

Este libro es un viaje a esos archivos, y a la historia de Julian Assange y los periodistas de WikiLeaks, a lo que he experimentado y descubierto en más de diez años de trabajo junto a ellos. Por la sencilla razón de que no he pagado el precio terrible que ha soportado Assange, me siento obligada a contar esta historia, a ayudar a defender la libertad de los periodistas para iluminar los rincones más oscuros de nuestros gobiernos, y el derecho de la ciudadanía a conocerlos.

I

La revolución de WikiLeaks

Mi fuente corre peligro

Todo comenzó en 2008, cuando una de mis informantes dejó de hablar conmigo porque estaba convencida de que le habían intervenido ilegalmente las comunicaciones.

Cuando una persona se pone en contacto con los periodistas para confiarnos información sensible –información que alguien con poder querría mantener oculta–, solo lo hace si confía en que no la van a descubrir y que no soportará consecuencias terribles, como el despido, demandas demoledoras o, en casos extremos, la cárcel o incluso la muerte. Mi fuente había tenido la valentía de ponerse en contacto conmigo, pero después de nuestros primeros encuentros, el miedo se había impuesto.

Esperé mucho tiempo a que apareciera para la que habría sido nuestra última reunión. Al final comprendí que no llegaría, y que no habría más encuentros. No tenía manera de saber con seguridad si de verdad le habían pinchado ilegalmente el teléfono o solo estaba paranoica, pero por fortuna me tomé muy en serio su miedo.

A lo largo de los años había hablado con docenas de fuentes periodísticas. Algunas me habían proporcionado información útil, otras solo me habían hecho perder el tiempo, y otras me habían permitido sacar exclusivas notables. Pero ninguna tuvo un impacto tan profundo en mi vida y mi profesión como ella. Esa fuente, que no había querido revelar una sola palabra de lo que sabía, cambió mi trabajo para siempre.

De hecho, ese fue el momento en el que comprendí que tenía que encontrar una manera mucho más segura de comunicarme con las fuentes. Las viejas técnicas, usadas por desgracia todavía en la actualidad en todas las salas de redacción, estaban y están completamente desfasadas; son completamente inadecuadas para un mundo en el que las fuerzas policiales, los espías a sueldo de grandes empresas y los servicios secretos pueden escucharnos a los periodistas, y a cualquiera que hable con nosotros, con una facilidad pasmosa.

Si hubiese estudiado derecho, habría buscado protección en las leyes. Pero había estudiado matemáticas, de modo que lo natural para mí era buscar una solución posible en los códigos y las contraseñas. Había aprendido algo de cifrado en la universidad. Solo tenía conocimientos teóricos, pero el arte de proteger la comunicación entre dos personas para que no pueda acceder cualquiera de manera indiscriminada me había intrigado.

Como había escrito Philip Zimmermann, inventor del programa PGP (Pretty Good Privacy) para cifrar mensajes electrónicos y documentos: «Puedes estar planeando una campaña política, comentando tus impuestos, o manteniendo un romance secreto. O puedes estar comunicándote con un disidente político en un país represivo. Sea lo que sea, no quieres que otros lean tu correo electrónico personal o tus documentos confidenciales. No hay nada malo en reafirmar tu intimidad»[1].

No solo no tiene nada de malo, sino que constituye un derecho básico de los periodistas y nuestras fuentes; si no podemos garantizar la protección de quienes nos proporcionan información confidencial, nadie nos la va a proporcionar.

En el viejo mundo analógico anterior a la era digital, los aparatos del Estado, desde las fuerzas policiales a los servicios secretos, podían abrir cartas con vapor para leer la correspondencia privada de un ciudadano, o escuchar conversaciones telefónicas y transcribirlas una a una, pero estos métodos exigían tiempo, y no podían usarse de manera sistemática en poblaciones enteras. Con las comunicaciones digitales, sin embargo, todo ha cambiado. Monitorizar la correspondencia electrónica de millones de personas se ha convertido en un mero juego de niños.

Fue precisamente esta transformación la que animó a Philip Zimmermann, programador informático y pacifista estadounidense, a crear este programa, el PGP. Desde el comienzo, había comprendido que existía un riesgo inminente para la democracia.

Sus preocupaciones pueden resumirse en esta declaración efectuada ante una comisión del Senado estadounidense en 1996: «Parece que el Gobierno de Clinton intenta desplegar y afianzar una infraestructura de comunicaciones que negaría a la ciudadanía la capacidad de proteger su privacidad. Esto causa inquietud porque en una democracia es posible que acaben siendo elegidas malas personas; muy malas personas en ocasiones. Por lo general, una democracia que funciona bien tiene maneras de retirar a esta gente del poder. Pero una infraestructura tecnológica inadecuada podría permitir en el futuro que uno de esos gobiernos vigile a cualquiera que se le oponga. Y ese podría resultar ser el último gobierno que eligiésemos»[2].

Zimmermann no era un radical, solo un pacifista que creía en la disensión política, y que había sido detenido de hecho por sus protestas pacíficas contra el armamento nuclear. Previendo la amenaza que la comunicación digital suponía para la democracia, se embarcó en un acto de desobediencia civil: mientras el Senado estadounidense negociaba la aprobación de la Ley 266 –un proyecto de ley que permitía al Gobierno acceder a las comunicaciones de cualquiera–, creó PGP, un programa informático para cifrar mensajes de correo electrónico. Después lo distribuyó de manera gratuita, para difundirlo en la mayor medida posible antes de que el Gobierno pudiera ilegalizar el cifrado.

Fue un paso revolucionario. Como explicaba el propio Zimmerman[3], antes del PGP, los ciudadanos corrientes no podían comunicarse a larga distancia entre sí de manera segura, sin riesgo de ser interceptados. Esa capacidad estaba sola y exclusivamente en manos del Estado. Pero el PGP puso fin a dicho monopolio. Fue en 1991.

El Gobierno de Estados Unidos no se quedó de brazos cruzados: investigó a Zimmermann. No obstante, la investigación acabó cerrándose sin cargos en 1996. Con usuarios que iban desde Amnistía Internacional hasta activistas políticos de América Latina y la antigua Unión Soviética, PGP comenzó a extenderse por el mundo, generando un debate crucial acerca de las libertades civiles y la vigilancia, e inspirando la creación de otros tipos de programas para cifrar las comunicaciones.

El día que mi fuente no se presentó a nuestra cita supuso para mí un punto de inflexión. Si los códigos y las contraseñas podían proteger a los activistas, también podrían protegernos a los periodistas y a quienes hablan con nosotros.

Fue uno de mis asesores en el mundo del cifrado el que puso a Julian Assange y WikiLeaks en mi radar, en 2008. Todavía no habían publicado las grandes exclusivas que los harían famosos en todo el mundo, de modo que muy poca gente los conocía. «Deberías echarle un vistazo a esta panda de lunáticos», me recomendó mi amigo experto. Los «lunáticos» a los que se refería eran Assange y su equipo de WikiLeaks. Mi amigo criptógrafo usaba un tono irónico, pero el respeto que le causaban era evidente. Si una persona con su experiencia y dedicación a los derechos humanos se interesaba por ellos, pensé yo, debían de estar haciendo algo digno de atención.

Comencé a observar metódicamente el trabajo efectuado por WikiLeaks. Creado solo dos años antes, en 2006, el grupo estaba verdaderamente en su infancia. La idea era revolucionaria: aprovechar el poder de internet y del cifrado para obtener documentos clasificados, con un interés público significativo, y después «filtrarlos» [leak]: de ahí el nombre, «WikiLeaks». Al igual que los medios de comunicación tradicionales reciben información de personas desconocidas, que envían cartas o paquetes con documentos a las redacciones, también Assange y su organización recibían archivos sensibles, enviados electrónicamente a su plataforma de internet por fuentes anónimas. La identidad de quienes compartían esos documentos sensibles estaba protegida mediante soluciones tecnológicas avanzadas como el cifrado, junto con otras técnicas ingeniosas.

En 2006, cuando se fundó WikiLeaks, no había ni un solo periódico importante en el mundo que ofreciera sistemáticamente a sus fuentes protección basada en el cifrado; pasaron años antes de que el periódico más influyente del mundo, The New York Times, y otros grandes medios de comunicación decidiesen adoptarla, inspirados por la intuición de WikiLeaks.

Julian Assange y su organización fueron sin duda precursores. Les interesaban en especial los «denunciantes» [whistleblowers, los que hacen sonar las alarmas], las personas que, en el curso de su trabajo en una empresa gubernamental o privada, conocen abusos, una corrupción generalizada o incluso crímenes de guerra o torturas cometidos por sus superiores o compañeros, y deciden publicarlos por razones de interés público, proporcionando a los periodistas información comprobable. Los denunciantes son individuos que actúan siguiendo su propia conciencia. No miran para otro lado, fingiendo no ver. Denuncian una cuestión a sabiendas de que las consecuencias que les esperan pueden ser muy duras, mortales incluso en algunos casos. Quienes revelan crímenes cometidos por los servicios secretos están literalmente poniendo su vida en peligro y, a menudo, solo cuentan con dos formas de protección: ocultarse tras el anonimato, o hacer todo lo contrario, mostrarse y esperar que la opinión pública los respalde.

Al manejar el poder de internet y del cifrado, WikiLeaks ofrecía soluciones técnicas avanzadas para proteger a los informantes. No solo proporcionaba un escudo a quienes revelan secretos que afectan al interés público, sino que también atraía a fuentes con talentos y experiencias profesionales especiales, potencialmente a fuentes con acceso a información importante. Porque, después de todo, ¿quién podría por aquel entonces apreciar una herramienta tan inusual y compleja como el cifrado? Quienes lo habían estudiado, trabajaban en el campo de la informática o en inteligencia. La estructura tecnológicamente avanzada de WikiLeaks atraía a toda una comunidad familiarizada con el lenguaje de la ciencia y la tecnología.

Pronto obtuvo resultados, y cuando yo empecé a observarla atentamente desde fuera, en aquel año distante de 2008, me impresionó profundamente.

Le dicen que «no» al Pentágono

Era uno de los lugares más impenetrables del mundo. El centro de detención de Guantánamo, creado por el Gobierno de George W. Bush el 11 de enero de 2002, exactamente cuatro meses después de los atentados contra las Torres Gemelas, se había convertido con rapidez en un símbolo de la crueldad de la guerra contra el terror lanzada por Bush. De acuerdo con el entonces secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, allí solo estaban confinados los terroristas más peligrosos del mundo: los peores de los peores. En realidad, nadie sabía con exactitud quiénes eran todos los prisioneros, ni qué sucedía en el interior del centro. Estaba dirigido por una fuerza operativa conjunta, la Jtf-gtmo (Joint Task Force Guantanamo), pero nadie disponía de información fidedigna acerca de su funcionamiento. Solo el Comité Internacional de la Cruz Roja tenía permiso para acceder al centro de detención y, en un informe clasificado redactado en noviembre de 2004, afirmaba que todos los presos sufrían torturas físicas y psicológicas[4].

Unos meses antes, en abril de 2004, el gran periodista de investigación estadounidense Seymour Hersh había revelado que la tortura en la cárcel iraquí de Abu Ghraib era generalizada[5], y las fotos de las atrocidades cometidas por los soldados estadounidenses que habían invadido el país y derrocado a Sadam Husein solo un año antes dieron la vuelta al mundo. Todavía hoy, las imágenes impresionan por su crueldad: más tarde serían inmortalizadas por el artista colombiano Fernando Botero en el ciclo de pinturas titulado Abu Ghraib, que captaba la ferocidad de los perros de presa con los que se amenazaba a los prisioneros indefensos, aterrorizados ante la posibilidad de que los despedazasen en cualquier momento.

Muchos sospechaban que el Comité Internacional de la Cruz Roja no tenía acceso a todos los detenidos presos en Guantánamo, y una de las principales organizaciones de defensa de los derechos civiles y humanos, la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU – American Civil Liberties Union), había intentado en vano obtener el manual de operaciones de la fuerza operativa. La ACLU había solicitado una copia del manual a las autoridades estadounidenses basándose en la Ley de Libertad de Información, la herramienta que permite a los ciudadanos acceder a archivos gubernamentales de interés público. Imposible: el Gobierno de Bush rechazó la solicitud. Fue WikiLeaks la que divulgó el manual, en noviembre de 2007[6].

Se trataba de un archivo del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el Pentágono, fechado en marzo de 2003, exactamente un año después de que comenzase a funcionar el centro. Estaba firmado por el general Geoffrey D. Miller que, de acuerdo con informaciones citadas por la revista estadounidense Wired[7], había visitado Abu Ghraib en 2003, poco antes de que salieran a la luz los horrorosos episodios de tortura sufridos por sus presos, documentados por Hersh. El manual confirmaba las sospechas de muchos: las autoridades estadounidenses habían mentido, el Comité Internacional de la Cruz Roja no tenía acceso a algunos presos, y eso le impedía comprobar el trato que estos recibían: «Nada de acceso, ningún tipo de contacto con el CICR. Esto incluye la entrega de cartas del CICR», indicaba el manual.

El archivo no describía ninguna forma de tortura física, pero las formas de tortura psicológica estaban detalladas: el aislamiento y las técnicas para someter psicológicamente a los detenidos aparecían en toda su crudeza. El documento explicaba cómo usar los perros en el centro de detención, cómo manejar las preguntas y las relaciones con los periodistas, en especial contaba con directrices sobre las conversaciones con la prensa, centradas en el progreso de la lucha internacional contra el terrorismo.

Cuando este archivo llamó mi atención, no solo me sorprendió que WikiLeaks hubiera conseguido obtenerlo, sino también que la organización de Julian Assange hubiera desafiado la exigencia planteada por el Pentágono de que la retirase de su página digital, puesto que, como el Departamento de Defensa de Estados Unidos había escrito a WikiLeaks, su «publicación no ha sido aprobada»[8]. Negarse a cumplir una exigencia del Pentágono, cuyo poder e influencia se extienden por todo el mundo, exige independencia y coraje. Assange y WikiLeaks no solo fueron precursores en el uso de tecnología para proteger a individuos que revelaban secretos de interés público, también eran valientes. Y para mí, esa valentía constituía un rayo de esperanza en medio de la oscuridad que rodeaba al periodismo por aquellos años.

La guerra contra el terror puso de manifiesto la brutalidad del Gobierno de Bush, pero también la considerable responsabilidad de los medios de comunicación convencionales, que muy a menudo no habían mostrado escepticismo respecto a las maquinaciones de su Gobierno. Como en los meses que precedieron a la invasión de Iraq, The New York Times había publicado artículos insustanciales sobre los intentos de Sadam Husein de obtener armas de destrucción masiva. El periódico estadounidense contribuyó a la campaña mediática que hizo aceptable –incluso para una opinión pública políticamente contraria al Gobierno de Bush– la invasión de Iraq y la destructiva guerra que la siguió, un baño de sangre que costó al menos seiscientas mil vidas[9].

Y esa no fue la única vez que los medios convencionales estadounidenses se convirtieron en herramienta de su Gobierno, en lugar de constituir un medio para contenerlo. Durante años, el New York Times prefirió no usar la palabra «tortura» para referirse a las atroces técnicas de interrogatorio empleadas en las cárceles de Iraq, Afganistán, Guantánamo y otros países de todo el mundo en los que la CIA manejaba sus llamados «black sites», sitios negros, completamente clandestinos, en nombre de la lucha contra el terrorismo. Técnicas como la tortura con agua, en la que se mantiene a un ser humano atado a un tablero inclinado, con un trapo sobre los ojos, y se le vierte agua en la cara para provocar la sensación de ahogamiento. En lugar de llamar «tortura» a dichas prácticas, hasta 2014, el New York Times las llamaba en general «interrogatorios potenciados»[10], un término críptico que impedía a la opinión pública percibir la crueldad de operaciones en las que se permitía que un detenido muriese de frío, como le ocurrió a Gul Rahman en Afganistán[11].

En el Washington Post no iban mejor las cosas. En 2005, había aceptado no publicar el nombre de los países del este de Europa en los que se situaban las cárceles secretas de la CIA: Polonia, Lituania y Rumanía. También en su caso la solicitud de no dar nombres había procedido del Gobierno de Bush, y el periódico la había aceptado[12].

En medio de ese paisaje, un periodismo nuevo, audaz y valiente, que no se dejaba intimidar por el Pentágono y no estaba dispuesto a publicar u ocultar información de acuerdo con la manipulación gubernamental, hacía tanta falta como el aire. Y eso era lo que prometía WikiLeaks. Pero eso no era todo. La organización también me impresionó por otra razón.

Publican lo que nadie se atreve a publicar

En 2008, un gran banco suizo, Julius Baer, entró en la mira de la organización de Julian Assange. Era el mismo banco que afloraría dos años después en una investigación penal italiana sobre Angelo Balducci, expresidente del Consejo Superior de Obras Públicas, implicado en último término en un escándalo de corrupción que le costó el nombramiento de «caballero de Su Santidad», la mayor dignidad que la Santa Sede podría conceder a un seglar católico.

Gracias a un denunciante suizo, Rudolf Elmer[13], que había reunido coraje suficiente para filtrar una serie de documentos internos de la filial de Julius Baer en las islas Caimán, WikiLeaks había sacado a la luz la supuesta implicación del banco en delitos como la evasión fiscal o el blanqueo de dinero, y el banco pasó de inmediato al ataque. Exigió que se retirase el artículo y tomó medidas judiciales. Pero lo que parecía una batalla clásica, con una conclusión inevitable, se convirtió en un completo fiasco.

WikiLeaks estaba diseñada para dificultar la censura de los archivos publicados; sus servidores estaban situados en ubicaciones desconocidas; excepto en el caso de Julian Assange y el portavoz alemán, Daniel Schmitt, la identidad de quienes trabajaban para la organización no era pública[14]; y rastrear la dirección de Assange y de su plantilla era, cuando menos, problemático. Julius Baer contrató, sin embargo, un beligerante despacho de abogados especializado en demandas de famosos, Lavely & Singer de Los Angeles, que, en sus esfuerzos por localizar a los responsables de las publicaciones, calificaron de «entidad de forma desconocida» a WikiLeaks y al registrador del nombre de dominio de WikiLeaks, Dynadot LLC, una empresa con sede social en California. Los abogados del banco solicitaron al juez la orden de retirar los archivos, y este la concedió. Parecía cosa hecha. Pero no.

WikiLeaks se dedicó a crear «espejos», páginas con contenido idéntico a la prohibida por el juez, que empezaron a rebotar por todo el mundo. Llegados a ese punto, los abogados de Julius Baer solicitaron el cierre completo de WikiLeaks y la prohibición de transferir contenido no autorizado a otras páginas. Sin embargo, esta medida se les volvió en contra, ya que la solicitud de cierre completo llevó a las principales organizaciones estadounidenses de defensa de los derechos digitales y civiles a entrar en la refriega. Desde la Electronic Frontier Foundation (EFF), con sede en San Francisco, hasta la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU), algunas de las instituciones defensoras de los derechos civiles más influyentes de Estados Unidos apoyaron a WikiLeaks ante el tribunal federal, invocando la Primera Enmienda, el principio fundamental de la Constitución estadounidense que proporciona una firme protección a la prensa y a la libertad de expresión. En marzo de 2008, el juez revocó la orden, rechazando la solicitud presentada por el banco de que cerrase la página de WikiLeaks, y sentenció que la publicación de los archivos disfrutaba de la protección constitucional en virtud de la Primera Enmienda.

La firme resistencia planteada por la organización de Assange y la batalla judicial que siguió, respaldada por organizaciones influyentes como EFF y la ACLU, habían llevado el nombre de Julius Baer a las páginas de los principales periódicos del mundo, desde el New York Times[15] hasta The Guardian, obteniendo exactamente el efecto contrario al deseado por el poderoso banco. Los documentos que Julius Baer había deseado que se retirasen de manera discreta eran ahora un asunto de interés internacional. Por si fuera poco, WikiLeaks publicó también su correspondencia con los abogados del banco, a quienes les había respondido, impertérrita: «Mantengan un tono civilizado»[16].

Me asombró esta muestra de temple. Todavía no conocía a Julian Assange en persona, pero los estaba estudiando, a él y a su organización, de lejos, a través de su trabajo. Mostraban la valentía necesaria para publicar archivos extremadamente sensibles, poniéndose en riesgo y desafiando al mismo tiempo a instituciones que, desde el punto de vista judicial y extrajudicial, intimidaban incluso a las redacciones de medios informativos con los mejores presupuestos y las conexiones más importantes. Me impresionó también su enfoque estratégico. Si hubieran jugado el partido con Julius Baer como lo habría hecho un medio informativo tradicional, probablemente habrían recibido una paliza considerable. Los periódicos italianos, británicos o suizos, por ejemplo, deben operar dentro de los límites establecidos por las leyes del país en el que cada uno de ellos está registrado; sus publicaciones tienen pocas probabilidades de disfrutar de la libertad de prensa otorgada por la Constitución de Estados Unidos. Pero al jugar el partido en un ámbito planetario, aprovechando los recursos de internet y las alianzas internacionales con defensores de los derechos civiles y digitales, beneficiándose del poderoso escudo proporcionado por la Primera Enmienda y por el megáfono de los medios de comunicación tradicionales, WikiLeaks había infligido una sonora derrota a un banco muy rico.

Para una periodista de investigación obligada a enfrentarse a diario a la capacidad intimidatoria de los ricos y los poderosos, con sus demandas judiciales, y a las graves restricciones que eso supone para la libertad de prensa, contemplar la evolución de ese fiasco resultó una experiencia espectacular. Pese a todo el poder de su dinero y sus abogados, Julius Baer se había vuelto a casa con el rabo entre las patas, mientras que WikiLeaks había logrado publicar lo que muchos periódicos habrían considerado impublicable, por ser demasiado arriesgado desde el punto de vista judicial.

El caso de Julius Baer, como el del manual de Guantánamo, demostraba que podía ganarse la batalla contra el secretismo. Y yo tenía sin falta que seguir a Assange porque, como periodista, esa también era mi guerra.

Llamada de teléfono nocturna

Escurridizos y misteriosos, ¿quiénes eran Julian Assange y WikiLeaks? Me llevó cierto tiempo establecer una conexión con ellos. Para saber más, contacté con activistas, expertos en secretos de Estado y en criptografía, buscando contactos y cualquier información que pudiera ayudarme a entender quiénes eran. Al comienzo, WikiLeaks estaba organizada como una wiki: aceptaba documentos, los analizaba y luego los publicaba, pidiendo a todo el mundo que examinase los archivos y estableciese un debate acerca de lo que revelaban. La organización no trabajaba habitualmente con periodistas; tenía colaboradores en los medios de comunicación, pero no grandes equipos de colaboradores como los que reunieron en años posteriores. Una noche, sin embargo, me pidieron ayuda.

Era el verano de 2009. Me llamaron en plena noche. Me costaba despertar, pero el teléfono seguía sonando sin parar y acabé por cogerlo. «Le hablo de WikiLeaks», dijo alguien. Apenas entendía qué estaba pasando, pero al final comprendí que la persona que estaba al teléfono era Daniel Schmitt. Me estaba transmitiendo un mensaje: tenía una hora para descargar un archivo de internet, después de lo cual lo eliminarían para que nadie más pudiera acceder a él. Me dijo que estaban realizando comprobaciones acerca de la autenticidad del archivo y lo que revelaba. «¿Podrías echarnos una mano?», preguntó.

Descargué el archivo de inmediato, y comencé a examinarlo. Era una grabación realizada en julio de 2008. Se oía a Walter Ganapini, en aquel momento consejero de medioambiente de la región italiana de Campania, hablar acerca de la infame crisis de los residuos que había llevado imágenes de Nápoles ahogada en basura a periódicos y televisiones de todo el mundo.

Sin embargo, el hombre fuerte del juego no era Ganapini, sino el comisario extraordinario nombrado para la crisis de los residuos, Gianni De Gennaro, que más tarde asumiría la dirección del Departamento de Información para la Seguridad (dis), el organismo coordinador de la inteligencia italiana.

En la época en la que se produjo la crisis, cuando Ganapini se reunía con comités y asociaciones ciudadanas, alguien había grabado una de las conversaciones y la había enviado a WikiLeaks. En un largo archivo de audio que duraba más de tres horas, el consejero analizaba por qué la crisis de los residuos había llegado a ese punto, a pesar de que –en sus propias palabras– había disponible un espacio como Parco Saurino que podría haber albergado los residuos de Campania durante seis meses, evitando así el desastre.

«En lo que a Parco Saurino se refiere –decía Ganapini–, una vez discutí sobre él con el actual jefe de inteligencia; no es cualquier cosa ser el jefe de inteligencia». El consejero proseguía: «Definitivamente ese sitio es un misterio nacional». La grabación ofrecía una idea de la posible participación de los servicios secretos italianos en la crisis de los residuos en Campania, y específicamente en lo que Ganapini definía como un «misterio nacional»: Parco Saurino, situado en Santa Maria La Fossa, un municipio de Caserta, se encuentra en el centro del territorio controlado por los Casalesi, el clan mafioso que ha acumulado una enorme fortuna gracias al tráfico ilegal de residuos. El consejero aludía a la intervención por parte de los servicios de inteligencia y posiblemente a la existencia de acuerdos entre mafia y Estado en la crisis de los residuos. «Sé que en este país existen negociaciones del Estado contra el Estado», añadía.

Especialmente inquietante, a continuación, era un fragmento en el que Ganapini contaba que habían intentado asaltarlo en la plaza de Gesù, en pleno centro de Nápoles, cuatro personas cubiertas con cascos. «Me advirtieron un poco, digamos, de que me había enterado de algo que no debería haber visto», explicó.

Además de compartir el archivo conmigo esa noche, WikiLeaks me había puesto en contacto con una persona familiarizada con algunos de los hechos mencionados en la grabación y me pidió que hiciera todas las comprobaciones periodísticas que considerase necesarias. En los días siguientes, contacté con varias personas, primero con el propio Ganapini, haciendo referencia a un extracto de unos minutos que había acabado en YouTube poco tiempo antes y que había sido reproducido por el periódico italiano la Republica. En un primer momento el consejero lo había desmentido, pero la grabación de más de tres horas que yo había escuchado contenía todos los elementos mencionados en YouTube. Ante mis preguntas precisas y detalladas, Ganapini levantó un muro, confirmando solo las amenazas y el inquietante encuentro en Piazza del Gesù. Tras una serie de comprobaciones, el 6 de agosto de 2009 publiqué un artículo con los extractos más significativos en L’Espresso[17], la reconocida revista italiana en la que trabajaba por entonces, que había efectuado ya investigaciones importantes sobre la crisis de los residuos, mientras que WikiLeaks publicó el archivo de audio en su página digital[18].

Con ese documento, Julian Assange y su organización habían pasado de los secretos de Guantánamo a los misterios de la República de Italia. Pero tras la publicación del archivo, todos mis intentos de contactar con WikiLeaks resultaron infructuosos.

Como una banda de rebeldes

Intenté volver a ponerme en contacto con ellos, pero sin éxito. Comprendí que, logísticamente, esa era su forma de operar. Como una banda de rebeldes que ataca y se desvanece, ellos daban el golpe y desaparecían. Cambiaban de contactos y eran perfectamente conscientes de la vigilancia a la que las fuerzas policiales, los ejércitos, los servicios secretos y las grandes corporaciones someten a aquellos periodistas a los que consideran una amenaza. Después de todo, eso había sido exactamente lo que había despertado mi interés por WikiLeaks cuando mi fuente se había negado a hablar conmigo. Durante un tiempo, se habían desvanecido en el aire, pero yo sabía que antes o después volverían a emerger. Mientras tanto, seguí observando su trabajo desde lejos.

En Londres, en septiembre de 2009, dos gigantes de la información, la BBC y el periódico The Guardian, informaron de que un barco de Trafigura, la multinacional comercializadora de materias primas, había vertido residuos tóxicos en aguas de Costa de Marfil. De acuerdo con los cálculos oficiales citados con posterioridad por Naciones Unidas, el resultado fueron 15 personas muertas, 69 hospitalizadas y más de 108.000 que habían requerido tratamiento médico[19]. Sin embargo, Trafigura negaba esta devastación, y para sofocar el escándalo contrató uno de los despachos de abogados más combativos, especializado en litigios contra los medios de comunicación: Carter-Rock. Mientras que la BBC comenzó a retirar sus noticias sobre el tema, The Guardian tenía en su mano un dosier, el Informe Minton, que confirmaba la naturaleza peligrosa del residuo: «los compuestos enumerados arriba», decía el archivo, «son capaces de causar daños graves para la salud humana por inhalación e ingestión. Los posibles efectos son dolores de cabeza, dificultad respiratoria, náuseas, irritación ocular, ulceración de la piel, inconsciencia y fallecimiento».

La investigación que sustentaba el Informe Minton había sido encargada por asesores de la propia multinacional, de modo que estos eran conscientes del riesgo[20]. Alguien había enviado una copia del informe al periódico londinense. Pero Trafigura apeló a los juzgados y arrinconó a The Guardian con un «superrequerimiento», una orden judicial que no solo prohibía al periódico publicar el archivo, sino que también lo obligaba a no revelar a los lectores que estaba secuestrado por requerimiento judicial. Fueron WikiLeaks y algunos periódicos extranjeros los que acabaron publicándolo[21]. Los blogs y las redes sociales, en especial Twitter, hicieron el resto, con millones de búsquedas en internet. Fue una derrota espectacular para el gigante de la logística petrolífera.

Como en el caso del banco Julius Baer, WikiLeaks había eludido la censura en el caso de Trafigura porque estaba diseñada para hacerlo. Al igual que las multinacionales usan las lagunas jurídicas de las diversas jurisdicciones para eludir leyes e impuestos, la creación de Assange usaba su estructura planetaria de organización informativa nacida en internet para intentar ampliar la red de la libertad de prensa.

Apenas habían transcurrido dos meses del caso Trafigura cuando WikiLeaks logró otra primicia sensacional: en noviembre de 2009 divulgaron más de medio millón de mensajes de ciudadanos estadounidenses grabados el 11 de septiembre de 2001, en un rango temporal que abarcaba desde cinco horas antes hasta veinticuatro horas después de los atentados [22].

Los mensajes se habían intercambiado mediante una tecnología muy popular en Estados Unidos tanto en ese momento como después: los mensáfonos. Estos dispositivos, más tarde sustituidos por los teléfonos móviles, los empleaban también los funcionarios de organismos públicos tales como el FBI, el Pentágono y el Departamento de Policía de Nueva York. Las comunicaciones interceptadas no solo contenían mensajes de ciudadanos comunes sino también información sobre el terreno que revelaba cómo habían respondido ciertas autoridades federales a la emergencia, dando instrucciones, por ejemplo, para garantizar la operatividad de las instituciones en un momento tan crítico.

«¿Quién podría haber interceptado estas comunicaciones?», se había preguntado de manera inmediata el experto en seguridad de las comunicaciones Bruce Schneider en relación con las revelaciones de WikiLeaks. Alguien debió de hacerse con ellas y las envió a la organización de Assange. «Es inquietante descubrir que alguien, posiblemente ni siquiera un ente público, estaba interceptando de manera ordinaria la mayor parte de los datos (¿todos?) transmitidos mediante mensáfonos en el centro de Manhattan ya en 2001. ¿Quién lo hacía? ¿Con qué fin? No se sabe», concluía Schneider[23].

Después de esa gran primicia, transcurrieron poco más de tres meses hasta que WikiLeaks volvió a materializarse en mi vida.

Destruir WikiLeaks

Esta vez fue el propio Julian Assange quien se presentó. Era marzo de 2010 y quería dirigir mi atención hacia un expediente secreto del Gobierno de Bush que su organización acababa de publicar.

El documento hacía referencia a la propia WikiLeaks, y era un análisis efectuado por el Centro de Contrainteligencia del Ejército de Estados Unidos (Army Counterintelligence Center – ACIC), la unidad militar de contraespionaje especializada en detectar entidades que pudieran suponer una amenaza para las tropas, las instalaciones y la información estadounidenses. El documento describía la organización de Assange como sigue: «WikiLeaks.org fue fundada por disidentes chinos, periodistas, matemáticos y tecnólogos de Estados Unidos, China, Taiwán, Europa, Australia y Sudáfrica. Su página digital entró en funcionamiento a comienzos de 2007. Su consejo asesor está formado por periodistas, especialistas en cifrado de datos, un “exanalista de inteligencia estadounidense” y expatriados de las comunidades de refugiados china, rusa y tibetana»[24].

La caracterización de WikiLeaks como una organización fundada por disidentes, periodistas, matemáticos y expatriados se correspondía con la descripción que WikiLeaks hacía de sí misma en su propia página, y la contrainteligencia estadounidense no lo cuestionaba ni mostraba escepticismo alguno respecto a la veracidad de la información que hacía referencia a un esfuerzo de creación colectivo.

En cuanto a Assange, el archivo lo definía como sigue: «Julian Assange es un antiguo pirata informático juzgado por la administración pública australiana[25] por entrar en redes informáticas del Gobierno y del Departamento de Defensa de Estados Unidos en 1997. Es bien conocido por su respaldo a las iniciativas de gobierno abierto, su ideología de izquierda, sus opiniones antiestadounidenses y su oposición a la guerra global contra el terrorismo».

El documento argumentaba a continuación que, puesto que cualquiera podía subir un archivo a WikiLeaks, «sin revisión o supervisión editorial que verifique la precisión de la información adjuntada», la página «podía usarse para difundir información falsa; o para difundir información errónea, desinformación y propaganda política».

De ser cierto que la organización de Assange no verificaba la autenticidad de los archivos antes de publicarlos, el riesgo habría sido real; pero mi experiencia personal contradecía esa afirmación. Aunque había tenido poco contacto con WikiLeaks hasta entonces, a partir de nuestras escasas interacciones yo había deducido que los documentos se sometían de hecho a verificación, en parte porque, como había observado desde el comienzo, en la organización había un nivel considerable de paranoia. ¿Y qué podría ser más fácil, para destruir la credibilidad de una organización informativa, que enviarle documentos falsos, esperar a que los publicase y después descubrir su falsedad?

El análisis de la contrainteligencia estadounidense captaba de hecho el objetivo de la creación de Assange, sin embargo: «El objetivo de WikiLeaks.org es el de garantizar que la información filtrada se distribuya a muchas jurisdicciones, organizaciones y usuarios individuales porque, una vez subido a internet un documento filtrado, es extremadamente difícil eliminarlo por completo». Eso era exactamente lo que Assange y su personal habían hecho para eludir la censura en los casos de Julius Baer y Trafigura, superando así las limitaciones y las barreras judiciales a las que se enfrentaban los medios de comunicación tradicionales.

El archivo secreto enumeraba algunas de las herramientas usadas por WikiLeaks para proteger a las fuentes que les enviaban los archivos, por ejemplo, pgp y Tor, el programa informático que protege a un usuario que navega por internet dificultando que quienes lo siguen descubran qué páginas está visitando y qué actividades está llevando a cabo. Al reconocer que «los desarrolladores y el personal técnico de WikiLeaks parecen demostrar un elevado nivel de complejidad en sus esfuerzos por proporcionar un entorno de operación seguro a los denunciantes que desean subir información a la página digital», la contrainteligencia estadounidense no descartaba que «sea posible la compra de equipamiento, medios de transmisión y protocolos de cifrado más seguros si la organización logra acceder a recursos económicos adicionales». Pese a ello, de acuerdo con el documento, un adversario con la capacidad y los medios necesarios podría «obtener acceso a la página digital, a los sistemas de información o a las redes de WikiLeaks.org que permitan ayudar a identificar a las personas que proporcionan los datos y los medios por los que han transmitido esos datos».

Guiándonos por ese análisis, varios países «como China, Israel, Corea del Norte, Rusia, Vietnam y Zimbabue, han denunciado o bloqueado el acceso a la página digital de Wikileaks.org, para impedir que ciudadanos o adversarios accedan a información sensible, información embarazosa o lo que califican de propaganda política». El Gobierno de Estados Unidos, por su parte, todavía no la había censurado, aunque el documento detallaba con claridad el punto de vista del servicio de contrainteligencia del país: «Wikileaks.org, una página de internet de acceso público, representa una potencial amenaza para la protección de las fuerzas, la contrainteligencia, la seguridad operativa (OPSEC) y para la seguridad de la información (INFOSEC) del ejército estadounidense», porque «no puede descartarse» la posibilidad de que un empleado público estadounidense proporcione información sensible o secreta a la página.

Una vez concluido que WikiLeaks constituía una amenaza, era necesario destruirla. ¿Cómo? Con métodos más presentables que los usados por regímenes como el de China o países como Israel, que, de acuerdo con el documento, resolvieron el problema de raíz mediante herramientas autoritarias tales como una censura completa. Pero aunque las intenciones de Estados Unidos eran más presentables, no resultaban menos alarmantes: «Wikileaks.org usa la confianza como centro de gravedad, asegurando a las personas con información confidencial, a los delatores o a los denunciantes que pasan información al personal de Wikileaks.org, o que envían información a la página digital, que mantendrán el anonimato», indicaba el documento. «La identificación, la exposición o el despido o la presentación de acciones judiciales contra actuales o anteriores poseedores de información confidencial, delatores o denunciantes podría dañar o destruir este centro de gravedad».

Me quedé pasmada cuando leí ese documento. El archivo estaba fechado en marzo de 2008. WikiLeaks se había fundado el 4 de octubre de 2006; poco más de un año después, la inteligencia de una superpotencia, Estados Unidos, había decidido que habría que destruirla. Yendo tras sus fuentes: señalando, despidiendo y encarcelando a quienes enviasen a WikiLeaks archivos que no debían hacerse públicos, como los del centro de prisioneros de Guantánamo. La eliminación de una organización enérgica como la de Assange, que había tenido la valentía de decirle que no al Pentágono, dejaría el megáfono de la información en gran medida en manos de los viejos medios de comunicación, que en tantos casos –aunque no todos– se habían mostrado sumisos ante las exigencias de un Gobierno como el de Estados Unidos, cuya influencia se deja sentir en todos los rincones del planeta. Hacía falta neutralizar a WikiLeaks precisamente porque no formaba parte de ese club, y no jugaba de acuerdo con sus reglas.

La situación parecía problemática en todos los frentes. De acuerdo con el documento, regímenes como el de China habían cortado WikiLeaks de raíz, censurándola, mientras que democracias como Estados Unidos tramaban para destruirla mediante técnicas más presentables, pero aun así incompatibles con la libertad de prensa, como el ataque a sus fuentes periodísticas y a los denunciantes que sacaban a la luz los abusos. ¿Qué les depararía el futuro a Julian Assange y a WikiLeaks?

[1] Philip Zimmermann, «Why I wrote pgp», junio de 1991, disponible en [www.philzimmermann.com/EN/essays/WhyIWrotePGP.html].

[2] Declaración de Philip R. Zimmermann ante la Subcomisión de Ciencia, Tecnología y Espacio, perteneciente a la Comisión de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado estadounidense, 26 de junio de 1996, disponible en [https://philzimmermann.com/EN/testimony/index.html].

[3] Philip Zimmermann, «Creator of pgp, Phil Zimmermann talks at Bitcoin Wednesday», 30 de julio de 2018, disponible en [www.youtube.com/watch?v=M8zoNx8svC4&tab_channel=BitcoinWednesday].

[4] Neil A. Lewis, «Red Cross finds detainee abuse in Guantánamo», New York Times, 30 de noviembre de 2004.

[5] Seymour Hersh, «Torture at Abu Ghraib», New Yorker, 30 de abril de 2004.

[6] El documento revelado por WikiLeaks se denomina Camp Delta Standard Operating Procedures (sop), y está disponible en [https://wikileaks.org/wiki/Camp_Delta_Standard_Operating_Procedure], consultado el 19 de mayo de 2022.

[7] Ryan Sigel, «Sensitive Guantánamo Bay manual leaked through Wiki site», Wired, 14 de noviembre de 2007.

[8] El mensaje electrónico del Pentágono a WikiLeaks está disponible en [https://wikileaks.org/wiki/Camp_Delta_Standard_Operating_Procedure], consultado el 19 de mayo de 2022.

[9] Philip Bump, «15 years after the Iraq war began, the death toll is still murky», The Washington Post, 20 de marzo de 2018. El cómputo de muertos se estudiará en el capítulo V.

[10] Hasta agosto de 2014, The New York Times no reconoció que esas técnicas de interrogatorio eran tortura, como admitió el director ejecutivo, Dean Baquet, en un artículo: «The executive editor on the Word “torture”», The New York Times, 7 de agosto de 2014.

[11] Larry Siems, «Inside the CIA’s black site torture room», The Guardian, 9 de octubre de 2017.

[12] Dana Priest, «CIA holds terror suspects in secret prisons», The Washington Post, 2 de noviembre de 2005.

[13] Tax Gap Reporting Team, «Isles of plenty», The Guardian, 13 de febrero de 2009.

[14] Daniel Schmitt era, de hecho, un seudónimo de Daniel Domscheit-Berg.

[15] Adam Liptak y Brad Stone, «Judge orders WikiLeaks web site shut», The New York Times, 19 de febrero de 2008.

[16] La correspondencia está disponible en [www.wikileaks.com/wiki/Full_correspondence_between_Wikileaks_and_Bank_Julius_Baer], consultado el 19 de mayo de 2022.

[17] Stefania Maurizi, «Dai rifiuti spunta lo 007», L’Espresso, 6 de agosto de 2009, en [https://espresso.repubblica.it/palazzo/2009/08/06/news/dai-rifiuti-spunta-lo-007-1.15163]; y en [https://wikileaks.org/wiki/Dai_rifiuti_spunta_lo_007].

[18] El archivo está disponible en [https://wikileaks.org/wiki/Ganapini_servizi_segreti_presidenza_della_repubblica,_1-4_jul_2008], consultado el 19 de mayo de 2022.

[19] Naciones Unidas ha publicado también el siguiente cálculo: «Diez años después, los supervivientes del vertido ilegal de residuos tóxicos en Costa de Marfil siguen careciendo de información», 19 de agosto de 2016, disponible en [www.ohchr.org/en/press-releases/2016/08/ten-years-survivors-illegal-toxic-waste-dumping-cote-divoire-remain-dark], consultado el 18 de agosto de 2022.

[20] David Leigh, «Minton Report: Carter-Ruck give up to keep Trafigura study secret», The Guardian, 16 de octubre de 2009.

[21] El Informe Minton está disponible en [https://wikileaks.org/wiki/Minton_report:_Trafigura_toxic_dumping_along_the_Ivory_Coast_broke_EU_regulations,_14_Sep_2006], consultado el 19 de mayo de 2022.

[22] Los mensajes están disponibles en [https://911.wikileaks.org/files/index.html].

[23] Bruce Schneier, «Leaked 9/11 text messages», 26 de noviembre de 2009, en [www.schneier.com/blog/archives/2009/11/leaked_911_text.html].

[24] El archivo está disponible en [https:/file.wikileaks.org/file/us-intel-wikileaks.pdf], consultado el 19 de mayo de 2022.

[25] Lo que el Centro de Contrainteligencia del Ejército de Estados Unidos (ACIC) informa acerca de Julian Assange es incorrecto: es cierto que de adolescente Julian Assange fue jáquer, pero en diciembre de 1996 no fue condenado por entrar en redes del gobierno estadounidense como afirma el documento del ACIC, sino por acusaciones de jaqueo relacionadas con RMIT, Northern Telecommunications Corporation y la Universidad Nacional de Australia; comunicación a la autora, 14 de marzo de 2022.

II

La excepcional valentía de Chelsea Manning

Asesinato colateral

Ni siquiera había transcurrido un mes desde que Julian Assange se pusiera en contacto conmigo para señalar el informe del servicio de contrainteligencia estadounidense cuando WikiLeaks se convirtió en una sensación internacional. El 5 de abril de 2010, publicaron Collateral Murder, un video clasificado en el que se muestra a un helicóptero Apache estadounidense disparando contra civiles indefensos en Bagdad mientras la tripulación se ríe[1]. Veinticuatro horas después, dos millones de personas habían visto las imágenes en YouTube, y a ello hay que sumar los espectadores de los canales televisivos que habían retransmitido las imágenes por todo el mundo.

La grabación tenía fecha del 12 de julio de 2007 y era un archivo del Pentágono. Había sido efectuada en tiempo real por uno de los dos helicópteros Apache que sobrevolaban la ciudad ese día en busca de insurgentes, y la carnicería se mostraba sin filtros ni censura. Unos doce civiles –incluidos un estimado fotógrafo de guerra de veintidós años, Namir Noor-Eldeen, y su asistente y conductor de cuarenta, Saíd Chmagh, ambos empleados por la agencia de prensa internacional Reuters– fueron despedazados por los proyectiles de 30 milímetros disparados por el cañón del helicóptero, mientras dos niños iraquíes quedaban gravemente heridos. Su padre, Saleh Matasher Tomal, que conducía una camioneta, había parado para ayudar al conductor del fotógrafo de Reuters, que yacía herido en el suelo, pero el helicóptero lo acribilló a balazos, acabando también con el superviviente. Solo los dos niños sentados en el vehículo, de 5 y 10 años, sobrevivieron milagrosamente, aunque con heridas graves. A juzgar por las conversaciones captadas en el video, a la tripulación todo el espectáculo le producía satisfacción. «Bien, jajaja», dice uno de ellos riendo, «les he dado». Y después: «mira esos bastardos muertos». Unos minutos después, cuando llegan a la escena de la matanza soldados estadounidenses en un vehículo de combate Bradley, la tripulación del Apache parece volver a divertirse: «Creo que acaban de atropellar un cadáver», dice uno, observando cómo avanza el Bradley. «¿De verdad?», pregunta otro. «¡Sí!», contesta su compañero de tripulación, riendo.

Inicialmente las autoridades estadounidenses habían afirmado que los muertos eran insurgentes, y más tarde que el ataque se había producido durante unas operaciones de combate contra fuerzas hostiles. El video desmentía las declaraciones oficiales: no se estaba produciendo ningún combate[2]. A la agencia de prensa internacional Reuters, que intentó posteriormente reconstruir los hechos, la convencieron de la versión oficial, hasta el punto de que Dean Yates –director de la corresponsalía de Reuters en Bagdad en el momento del ataque– acusaría más tarde a las autoridades estadounidenses de engañarlo deliberadamente, usando palabras muy duras a la hora de contar el trasfondo a The Guardian.

Tras la muerte de sus dos colaboradores, Yates se reunió con dos generales estadounidenses que habían supervisado la investigación de la masacre. En el transcurso de la reunión, le mostraron unos minutos del metraje. A Yates le hicieron creer que el helicóptero había abierto fuego contra sus compañeros porque la tripulación había creído ver hombres armados que actuaban de manera sospechosa: el fotógrafo se movía de un lado para otro, y los soldados estadounidenses habían confundido su cámara con teleobjetivo con un lanzacohetes antitanque rpg. Reuters intentó por todos los medios obtener el metraje completo para hacer su propia verificación de los hechos, incluso solicitando una copia en cumplimiento de la Ley de Libertad de Información (DAIP), pero todos sus intentos habían resultado inútiles; ni siquiera una organización de noticias poderosa como Reuters, con todos sus recursos, logró obtener las imágenes. Solo después de que WikiLeaks publicase Collateral Murder, pudo entender Yates cómo se habían desarrollado realmente los acontecimientos. «Nos jodieron», declaró años después a The Guardian[3], en referencia a las autoridades militares estadounidenses. «Sencillamente nos jodieron. Nos mintieron. Era todo mentira». En los años posteriores a la muerte de sus colaboradores, Yates cayó en un infierno mental, víctima de un síndrome de estrés postraumático que lo llevó al borde del suicidio.

Dos semanas después de que WikiLeaks publicara Collateral Murder, Ethan McCord, uno de los soldados estadounidenses que había llegado a la escena de la carnicería unos minutos después, describió el traumático incidente a la revista estadounidense Wired[4] como sigue: «Fue una impresión terrible, cuando llegamos allí a ver qué había ocurrido, la carnicería y todo eso». A la periodista de Wired que objetó: «Pero tú ya habías estado antes en combate. No debería haberte sorprendido lo que veías», McCord le respondió: «No había visto nunca a nadie que hubiera recibido disparos de un arma con un calibre de 30 milímetros. No parecía real, en el sentido de que no parecían seres humanos».

De acuerdo con Ethan McCord, en el escenario de la matanza había armas; algunos de los muertos las portaban. En cualquier caso, el vídeo no mostraba ninguna acción amenazadora por parte de los iraquíes que se convirtieron en blanco del helicóptero, ni ninguna operación de combate. Aunque los disparos iniciales del Apache hubieran sido provocados de hecho por la presencia de esas armas y, en concreto, por una cámara con teleobjetivo confundida con un lanzacohetes, la lluvia de disparos contra la camioneta, que diezmó a civiles completamente desarmados que intentaban ayudar al asistente herido del fotógrafo de Reuters cuando se arrastraba por el suelo, parecería difícil de justificar.

McCord recordaría más tarde con detalle ese día. Al llegar al lugar de la matanza, corrió hacia la camioneta atraído por los gritos de los niños, mientras que otro de sus compañeros no pudo soportar la escena y empezó a vomitar antes de alejarse corriendo. Las terribles heridas sufridas por los niños, el padre destrozado, la sangre por todas partes, los trozos de cristal en el cuerpecito de la niña, él corriendo con los pequeños en brazos para intentar salvarlos, y su jefe de pelotón gritándole que dejara de preocuparse por «esos jodidos niños». «Ocurre a diario en Iraq», declaró McCord. «Este es el final, necesitamos traer a los soldados de vuelta, ya», añadió, explicando que en 2007 las reglas de enfrentamiento, las directivas internas que delinean cómo deben comportarse los soldados en el teatro de guerra y en qué situaciones es legítimo disparar, eran «un chiste»[5]. De acuerdo con estas reglas, las tropas estadounidenses podían matar a cualquiera que considerasen una amenaza, y «muchos soldados se sentían amenazados por una simple mirada, de modo que disparaban a cualquiera que los estuviera mirando».

Una cosa es matar civiles sin pretenderlo en el transcurso del combate, y otra muy distinta apuntar directamente contra ellos. En el primer caso, hablamos de daño colateral; en el segundo, de crímenes de guerra. El vídeo documentaba cómo el helicóptero Apache había exterminado a civiles, en especial al asistente gravemente herido del fotógrafo de Reuters y a los dos hombres que intentaron rescatarlo, que no suponían amenaza alguna para las fuerzas estadounidenses. Collateral Murder podía abrir el camino a una investigación sobre los crímenes de guerra cometidos por soldados estadounidenses.

Para dejar que la ciudadanía determinase si el ataque cumplía las reglas de enfrentamiento o no, WikiLeaks no solo publicó el video, sino también cuatro archivos clasificados que contenían las reglas de enfrentamiento vigentes en los años 2006 y 2007[6]. Esos cuatro informes se encuentran entre los documentos por los que Julian Assange corre el riesgo de pasar el resto de su vida en una cárcel de máxima seguridad de Estados Unidos.

Hasta la publicación de Collateral Murder, Dean Yates no comprendió que las declaraciones oficiales y los pocos minutos de metraje que le había mostrado el ejército estadounidense en la reunión lo habían engañado por completo. «Llegué a culpar del ataque a Namir [el fotógrafo de Reuters fallecido a causa de los disparos del Apache], pensando que el helicóptero había disparado porque se había comportado de manera sospechosa, y esto simplemente borró de mi memoria el hecho de que la orden de abrir fuego ya estaba dada», contó más tarde a The Guardian[7], añadiendo que «la única persona que se fijó fue Assange. El día que publicó la cinta [5 de abril de 2010] dijo que el helicóptero abrió fuego porque había pedido permiso y se lo concedieron. Y dijo algo así como que “si eso se basa en las reglas de enfrentamiento, esas reglas están mal”»[8].

De no haber sido por la valentía de la fuente que envió el video clasificado a WikiLeaks, y la de la organización de Julian Assange que lo publicó, es muy improbable que esas imágenes hubieran salido jamás a la luz, pese a todos los esfuerzos de Reuters por descubrir la verdad. Y WikiLeaks no se limitó a recibir los materiales y difundirlos de manera indiscriminada en internet, sino que antes hicieron todas las comprobaciones periodísticas necesarias. También se esforzaron por sacar a la luz la historia de las víctimas, colaborando con el periodista de investigación islandés Kristinn Hrafnsson, en ese momento empleado de ruv, la televisión pública de Islandia, y ahora director de WikiLeaks, que voló a Bagdad para hacer un reportaje sobre los dos niños iraquíes y su madre.

Tras publicar Collateral Murder, WikiLeaks pasó de ser una organización conocida solo por un público minoritario a convertirse en un fenómeno internacional. Pero inmediatamente después ocurrió algo con un resultado trágico. La estrategia diseñada por la contrainteligencia estadounidense comenzaba a ponerse en marcha.

Una lección

El 6 de junio de 2010, exactamente dos meses después de que se publicase Collateral Murder, la revista estadounidense Wired informó de que un joven estadounidense de solo veintidós años había sido detenido en Iraq por revelar en un chat que había sido él quien había enviado el vídeo a WikiLeaks, junto con cientos de miles de documentos clasificados del Gobierno de Estados Unidos.

La noticia fue una primicia considerable: las revelaciones de una revista bastante especializada, normalmente leída por entusiastas de la tecnología digital, se publicaron en todo el mundo. El joven de veintidós años era Chelsea (entonces Bradley) Manning, analista de inteligencia del ejército estadounidense desplegado en Bagdad.

Los analistas como Manning recopilan y examinan información sobre las fuerzas enemigas y sobre posibles amenazas. Manejan de ordinario archivos clasificados, es decir, calificados oficialmente como secretos, a los que acceden mediante redes informáticas protegidas y solo tras ser considerados aptos para hacerlo mediante un procedimiento de autorización conocido como «autorización de seguridad». Para obtener esta autorización, deben ser investigados por autoridades gubernamentales, que realizan comprobaciones de campo sobre la personalidad, el perfil psicológico y la situación económica, social y familiar del analista.

Lo que nos llamó la atención de inmediato, tanto a mí como a otros que observábamos WikiLeaks de cerca en aquel momento –en especial al estadounidense Glenn Greenwald, abogado especializado en derecho constitucional y columnista posteriormente reconocido por su destacada labor periodística– fue cómo habían llegado las autoridades estadounidenses hasta Manning. La noticia de la detención había sido revelada por dos periodistas de Wired, Kim Zetter y Kevin Poulsen[9].

Antes de entrar en el periodismo, Poulsen había conocido el mundo de la piratería informática y efectuado diversos ciberataques, en especial a redes telefónicas. Julian Asssange también había sido jáquer en la adolescencia y en sus primeros años de juventud, pero solo mucho después, en diciembre de 1996 –cuando tenía veinticinco años–, lo condenó la juez Leslie Ross, del Juzgado del Condado de Victoria, por esas actividades de jaqueo. Reconociendo que sus acciones se habían guiado única y exclusivamente por una «inquietud intelectual», no con ánimo de lucro, la sentencia dictada por la juez fue muy indulgente: una multa de 2.100 dólares australianos[10].

En el caso de Kevin Poulsen, por el contrario, parece que las motivaciones de su piratería informática no siempre fueron tan nobles: al menos en una ocasión, el objetivo era ganar un Porsche y un considerable premio en efectivo. Sentenciado a poco más de cinco años, tras saldar su deuda con la justicia estadounidense, Poulsen empezó a trabajar como periodista especializado en ciberdelincuencia. Dos semanas antes de la detención de Manning, Poulsen había publicado un artículo sobre un conocido y controvertido jáquer estadounidense conocido como Adrian Lamo, al que también habían condenado por intrusiones informáticas. El periodista de Wired contó que a Lamo le habían diagnosticado síndrome de Asperger, un trastorno del espectro autista común entre matemáticos, científicos y genios de la informática. El artículo de Wired describía las dificultades experimentadas por Lamo, que abarcaban desde cuestiones psiquiátricas hasta problemas sociales.

Apenas 15 días después, Kevin Poulsen y un compañero, Kim Zetter, publicaban en Wired la detención de Manning. Al parecer, después de que se publicase el artículo sobre Adrian Lamo, Manning se había puesto en contacto con este y, pese a no conocerlo de nada, ni en persona ni en internet, le confesó abiertamente en un chat que había sido ella quien le había enviado el vídeo Collateral Murder a WikiLeaks, junto con otros importantes documentos clasificados del Gobierno de Estados Unidos, incluidos unos 260.000 expedientes diplomáticos. Quien revela documentos clasificados se expone a una condena penal formidable; en el caso de Estados Unidos, incluso a la cadena perpetua o a la pena de muerte. ¿Por qué, tras revelar tales documentos, Manning se puso en contacto con un extraño, vigilado ya por la justicia estadounidense por piratería informática, y le confesó todo? Una cosa es cierta: inmediatamente después de recoger las confidencias de Manning, Lamo alertó a las autoridades estadounidenses, que detuvieron al momento a la joven analista de inteligencia en Iraq, mientras Kevin Poulsen y Wired publicaban la noticia, obteniendo una primicia que llegó a los titulares de todo el mundo.

¿Fue de verdad una coincidencia, o acaso Kevin Poulsen y Adrian Lamo formaban parte de una conspiración contra Manning? Glenn Greenwald[11] presentó públicamente sus dudas acerca de la primicia de Wired y señaló que no solo Kevin Poulsen y Adrian Lamo se conocían desde hacía un tiempo, sino que algunas de las personas conectadas con la detención, incluido el propio Lamo, formaban parte de un sombrío programa denominado Proyecto Vigilante [Project Vigilant][12].

Dirigido por una empresa privada, en apariencia el Proyecto Vigilante hacía un seguimiento de las actividades de los usuarios en internet, como una especie de «policía de internet» que entrega información sobre casos sospechosos a las autoridades estadounidenses. Desde 2010, sin embargo, no se han encontrado pruebas de que existiera una conspiración entre Poulsen y Lamo. A día de hoy, la verdad es que las autoridades detuvieron a Manning precisamente por haberlo confesado en conversación con un perfecto extraño en un momento de fragilidad psicológica. Y echando la vista atrás, la detención sirve aún como lección para los periodistas y sus fuentes: puedes proteger una fuente con todas las técnicas de cifrado y las soluciones avanzadas que WikiLeaks había proporcionado, pero a veces ninguna tecnología puede proteger a una fuente de su propia fragilidad humana.

Al publicar la noticia de la detención de Manning, Wired solo había publicado algunos extractos del chat, y esos retazos de información no permitían obtener una imagen completa de lo ocurrido, pero el joven analista se mostraba como una persona de 22 años enormemente inteligente y compleja. Manning se declararía más tarde transgénero, y adoptó el nombre de Chelsea tras una lucha de casi cinco años para que el Pentágono reconociera su identidad.

Cuando Wired publicó el chat completo[13], un año después de la detención, el relato de la integridad de Chelsea Manning brilló con toda su fuerza.

Podría haber mirado hacia otra parte

«Nací en el centro de Oklahoma, y me crie en un pueblo llamado Crescent»[14], le contó Manning al desconocido, recordando el lugar en el que había vivido su niñez, un pueblo con apenas 1.200 habitantes en el estado de Oklahoma. «Era bajito (sigo siéndolo), muy inteligente (sabía leer a los tres años, y multiplicar y dividir a los cuatro), muy afeminado, y pegado a una pantalla de ordenador a esas edades tan jóvenes […] un blanco fácil en el parvulario […] crecí en un pueblo muy evangélico, con más bancos de iglesia que personas, de modo que se metieron bastante conmigo en el colegio […] “nenaza”, “perrito faldero de la profe”, etc. En casa era lo mismo, padre y madre alcohólicos […] mi madre era muy cariñosa, pero muy inestable emocionalmente […] mi padre tenía mucho dinero (montones de juguetes buenos, cacharros informáticos), pero era un maltratador»[15].

Cuanto más avanzaba Manning en su relato, más problemática se veía su situación familiar. «Vivía en medio de la nada, así que no tenía vecinos con los que quedar […] y mi padre nunca me llevaba a ningún lado, porque después del trabajo le daba a la botella», continuaba, describiendo cómo, siendo estudiante de secundaria, la habían echado de casa: «Mi padre, borracho, se enfadó conmigo porque estaba haciendo una tarea de clase ruidosa mientras él veía la tele […] se fue a su dormitorio, sacó una escopeta, y me persiguió por toda la casa […] el cerrojo estaba echado, de modo que no podía salir antes de que él me alcanzase […] así que mi madre (también bebida) le lanzó una lámpara a la cabeza […] y yo empecé a pelear con él, le rompí la nariz, y conseguí salir de casa […] mi padre disparó una o dos veces, causando daños, pero sin herir a nadie, excepto el correazo que me llevé por “hacerle tirotear la casa”»[16].

Los padres se separaron tras ese incidente violento. Más tarde la madre intentó suicidarse, cayó gravemente enferma y sufrió un ictus. Lo que Manning deseaba principalmente era obtener becas para pagar sus gastos de universidad, y eso la llevó a alistarse en el Ejército de Estados Unidos, no para combatir en el campo de batalla sino para emplear sus dotes intelectuales como analista de inteligencia. Un desastre en ciernes; no solo carecía de la disposición violenta de muchos de sus compañeros, sino que era también un espíritu crítico e independiente, completamente inadecuado para la función de soldado, que debe obedecer las órdenes de un superior sin cuestionarlas. Pese a haber recibido una educación católica en un pueblecito caracterizado por las fuertes creencias evangélicas –algo que la hizo estar sometida a fuerte presión social–, nadie había logrado nunca que se conformase. Le dijo a Lamo que era la única atea de Crescent.

Una vez en Iraq, su situación pronto se volvió crítica. «En este momento estoy muy aislada», le dijo a Adrian Lamo en el chat, «he perdido todos mis canales de apoyo emocional […] familia, novio, colegas de confianza […] soy un desastre. Estoy en el desierto, tengo de vecinos a un montón de reaccionarios ignorantes, hipermasculinos y de gatillo fácil […] y el único lugar seguro que parezco tener es esta conexión de internet por satélite»[17]. Poco después de alistarse en el ejército, comprendió que había cometido un error: «Creo que lo que más me impresionó […] lo que más me hizo reconsiderar el mundo fue ver 15 detenidos por la policía federal iraquí […] por difundir “bibliografía antiiraquí”»[18]. Continuando con su explicación a Lamo: «La policía federal iraquí no cooperaba con las fuerzas estadounidenses, de modo que me ordenaron investigar el tema, descubrir quiénes eran los “malos”, y qué importancia podrían tener para la policía federal […] Resultó que habían imprimido una crítica documentada contra [el primer ministro] Maliki […] Le pedí a un intérprete que me la leyera […] y cuando descubrí que era una crítica política inocua titulada ¿Dónde ha ido el dinero?, que seguía la pista de la corrupción en el Gobierno del primer ministro […] cogí inmediatamente la información y “corrí” a explicarle al oficial lo que ocurría […] y no me hizo ni caso […] me dijo que me callase y que le explicase cómo podíamos ayudar a la policía federal a encontrar “MÁS” detenidos […] después de eso todo empezó a desmoronarse […] empecé a ver las cosas de otra manera. Siempre cuestioné cómo funcionaban las cosas, e investigué para buscar la verdad […] pero llegó un punto en el que formaba “parte” de algo […] estaba activamente implicada en algo a lo que me oponía por completo»[19].

Eran los años en los que la tortura y los malos tratos imperaban en las prisiones iraquíes, y una persona con conciencia como Manning nunca podría haber sido cómplice de una cadena de mando que toleraba e incluso fomentaba los crímenes de guerra y la tortura.

En Iraq, y en las redes en las que el Gobierno estadounidense almacenaba documentos clasificados, Manning había visto muchas cosas, como le describió a Lamo: «si tuvieras rienda suelta [sic] con las redes clasificadas durante largos periodos de tiempo […] pongamos, 8-9 meses […] y vieras cosas increíbles, cosas horribles […] que deberían ser de dominio público, y no estar en un servidor, en una habitación oscura de Washington dc […] ¿qué harías?»[20].

Manning empezó a enumerarlas: «[Documentos sobre] Guantánamo, Bagram [base aérea en Afganistán]», explicó, «cosas que tendrían consecuencias para 6.700 millones de personas. Digamos […] ¿una base de datos de medio millón de sucesos durante la Guerra de Iraq […] entre 2004 y 2009 […] con informes, grupos de fecha y hora, ubicaciones latitud-longitud, cifras de bajas […]?, ¿o cables de embajadas y consulados de todo el mundo al Departamento de Estado, que explican cómo explota el primer mundo al tercero, en detalle, desde una perspectiva interna?»[21].

Y enseguida, su confesión: «en otras palabras […] la he cagado :-( lo siento […] me he hundido emocionalmente. Soy un desastre total»[22].

Claramente Chelsea Manning temía las posibles consecuencias de lo que había hecho, pero la decisión que había tomado era la correcta. Se había topado con vulneraciones flagrantes de los derechos humanos, como las del vídeo Collateral Murder, que muestra cómo el helicóptero Apache volaba en pedazos a civiles; había encontrado detalles sobre las torturas practicadas en Guantánamo, sobre los escándalos y los abusos transmitidos en la correspondencia diplomática estadounidense. Podría haber mirado hacia otra parte y hacerse la tonta, porque el riesgo personal de sacar a la luz esos archivos era demasiado grande. Podría haber olvidado lo que había descubierto y simplemente dejarlo atrás, consciente como los demás de que solo tenemos una vida: ¿por qué correr el riesgo de pasarla en la cárcel o en el corredor de la muerte si filtraba esos secretos y la descubrían? Pero no: Chelsea no había mirado hacia otra parte, había tomado la decisión más difícil. Envió los archivos a la organización de Julian Assange, incluido el vídeo Collateral Murder, apenas un mes antes de su conversación con Adrian Lamo. Se había fijado en WikiLeaks, explicó, por los mensajes de mensáfono grabados el 11-S. «Reconocí inmediatamente que procedían de una base de datos de la NSA»[23].

La Agencia Nacional de Seguridad (National Security Agency – NSA) de Estados Unidos es el organismo de inteligencia más poderoso y tecnológicamente más avanzado del mundo, capaz de interceptar conversaciones telefónicas y de internet en todo el planeta. De acuerdo con Chelsea Manning, por lo tanto, los más de medio millón de mensajes enviados por estadounidenses el 11 de septiembre de 2001 y publicados por WikiLeaks en noviembre de 2009 procedían de una base de datos de la NSA: alguien con acceso a ellos los había copiado y se los había enviado a la organización de Julian Assange, y Manning –el mundo entero, de hecho– se había fijado en su publicación.

Al decidir no mirar para otro lado, Manning había demostrado una valentía poco común, y su excepcional calibre moral brilló en ese chat.

«Quiero que la gente vea la verdad»

Adrian Lamo intentó repetidamente descubrir qué tipo de archivos había enviado Chelsea Manning a WikiLeaks, además del vídeo Collateral Murder. Entre los que le describió Manning se encontraban unos 260.000 documentos diplomáticos secretos de Estados Unidos. Le dijo a Lamo que la inmensa base de datos contenía «las versiones reales, no las de rp, sobre sucesos y crisis mundiales […] ehhh […] cosas de todo tipo, desde la escalada hacia la Guerra de Iraq con [Colin] Powell, hasta cuál es el verdadero contenido de los “paquetes de ayuda”»[24]. Como la ayuda a Pakistán: «Las declaraciones de rp dicen que la ayuda enviada por Estados Unidos a Pakistán incluye fondos para agua/comida/ropa […]», explicaba Manning. «Eso es cierto, también incluye eso, pero el otro 85 por 100 es para cazas F-16 y municiones para ayudar en la Guerra de Afganistán, así los estadounidenses pueden pedirles a los pakistaníes que se encarguen de los bombardeos aéreos, en vez de hacerlo ellos y correr el riesgo de matar civiles y provocar una crisis de relaciones públicas»[25].

Tras confesar que había enviado archivos secretos de tanta importancia a WikiLeaks, Manning no ocultaba su aprensión: «Dios sabe qué va a ocurrir ahora, esperemos que se produzca un debate mundial, y reformas. Si no […] estaremos condenados como especie. Renunciaré oficialmente a la sociedad que tenemos si no ocurre nada»[26].

La reacción suscitada por la publicación del vídeo Collateral Murder en WikiLeaks pocas semanas antes le había dado esperanza: «Twitter explotó», le dijo a Lamo, «quienes lo veían, sabían que algo iba mal». Después explicó por qué no había mirado hacia otra parte y había decidido filtrar los documentos clasificados: «quiero que la gente vea la verdad», y continuaba, «porque sin información no puedes tomar decisiones informadas como ciudadano». Por eso, si le hubiera motivado el interés propio, habría tomado decisiones diferentes, como le contó a Lamo con sinceridad: «si fuese alguien más malicioso, podría habérselos vendido a China o a Rusia, y hacer caja»[27]. «¿Por qué no lo hiciste?», preguntó Lamo de inmediato. «Porque son datos de los ciudadanos», respondió ella sin dudarlo. «La información debería ser libre, pertenece al ámbito público, porque otro Estado se aprovecharía de la información sin más»[28].

Así, Manning sostenía que el motivo de sus acciones era muy honorable: sacar a la luz los crímenes de guerra y revelar la verdad sobre hechos importantes para el interés público, con el fin de suscitar un debate en torno a esas vulneraciones tan evidentes de los derechos humanos. No era una espía que vendiera información a una potencia extranjera que podría usar el conocimiento de dichos escándalos para presionar y chantajear en negociaciones internacionales. Era una denunciante que, tras descubrir incidentes atroces, había filtrado esos documentos para suscitar un debate público, de modo que los responsables de posibles crímenes de guerra como los que se veían en el vídeo Collateral Murder pudieran ser identificados y castigados.

Diez años después prevalece una verdad: Manning actuó en conciencia, y ni siquiera la administración pública estadounidense ha intentado acusarla jamás de entregar información a potencias extranjeras, de jugar en ese mundo lúgubre de los espías en el que vender secretos puede proporcionar mucho dinero.

El chat demostraba que, pese a tener solo veintidós años, Chelsea Manning no solo era una persona de profunda integridad, sino también capaz de efectuar análisis políticos inteligentes. «Ya no creo en esas cosas de buenos y malos […] solo en una plétora de Estados que actúan por interés propio […] con éticas y criterios morales distintos, por supuesto, pero interés propio al fin y al cabo», le comentó a Lamo, y añadía «quiero decir, estamos mejor en algunos aspectos […] somos mucho más sutiles […] usamos muchas más palabras y técnicas jurídicas para legitimarlo todo, es mejor que desaparecer en medio de la noche, pero que algo sea más sutil no quiere decir que esté bien»[29].

Chelsea Manning desnudó su alma ante ese contacto desconocido, y aunque le preocupaba lo que pudiera ocurrir, también le dijo a Lamo que le parecía improbable que las autoridades estadounidenses la descubrieron como fuente de las revelaciones de WikiLeaks. Según ella, las infraestructuras y las redes informáticas en las que el Ejército de Estados Unidos almacenaba los documentos secretos estaban llenas de agujeros, hasta el punto de que sus compañeros de trabajo cargaban archivos prohibidos, como películas, música y juegos, en los mismos ordenadores que usaban para trabajar con materiales clasificados. Y cuando Lamo le preguntó cómo pudo sacar los archivos enviados a WikiLeaks, respondió hipotéticamente: «Pongamos que entro con música en un cd-rw [un disco compacto que se puede grabar, leer, borrar] etiquetado con algo como “Lady Gaga” […] borro la música […] y después grabo un archivo comprimido. Nadie sospecharía nada»[30].

Cuando se conoció, a raíz de la detención de Manning, el fallo espectacular que existía en la red de seguridad del Pentágono, esto supuso un enorme bochorno para las autoridades estadounidenses.

Por su parte, Adrian Lamo le había asegurado que su conversación sería estrictamente confidencial: «Soy periodista y pastor. Puedes escoger lo que quieras de los dos, y tratarlo como una confesión o como una entrevista (que nunca va a publicarse)»[31]. Lo que hizo, sin embargo, fue correr inmediatamente a denunciarla. Detenida en Iraq en mayo de 2010, Chelsea fue primero trasladada a Kuwait y luego encarcelada en la base del Cuerpo de Marines de Quantico, en Virginia.

Vi con desaliento la detención de Manning, tanto por las consecuencias que sufriría ella, como porque confirmaba la estrategia de la contrainteligencia estadounidense: destruir la organización de Julian Assange atacando a las fuentes que le filtraban documentos para sacar a la luz abusos y atrocidades. Y mientras temía el trato que las autoridades estadounidenses le darían a Chelsea Manning, me preguntaba cuánto tiempo más aguantaría WikiLeaks.

[1] Collateral Murder está disponible en [https://collateralmurder.wikileaks.org/], consultado el 19 de mayo de 2022.

[2] Paul Daley, «“All lies”: how the us military covered up gunning down two journalists in Iraq», The Guardian, 14 de junio de 2020; Paul Daley, «Julian Assange indictment fails to mention WikiLeaks video that exposed us “war crimes” in Iraq», The Guardian, 14 de junio de 2020.

[3] P. Daley, «“All lies”: how the us military covered up gunning down two journalists in Iraq», cit.

[4] Kim Zetter, «us soldier on 2007 Apache attack: what I saw», Wired, 20 de abril de 2010.

[5] Estas citas están tomadas del discurso público pronunciado por Ethan McCord en 2010, después de que WikiLeaks publicara Collateral Murder. El discurso está disponible en [www.youtube.com/watch?v=8tgzygMxZZc], consultado el 19 de mayo de 2022.

[6] Las reglas de enfrentamiento del ejército estadounidense para Iraq están disponibles en [https://collateralmurder.wikileaks.org/en/resources.html], consultado el 19 de mayo de 2022.

[7] P. Daley, «“All lies”: how the us military covered up gunning down two journalists in Iraq», cit.

[8] Ibid.

[9] Kim Zetter y Kevin Poulsen, «us intelligence analyst arrested in Wikileaks video probe», Wired, 6 de junio de 2010.

[10] La sentencia la dictó, el 5 de diciembre de 1996, la jueza australiana Leslie Ross, del Juzgado del Condado de Victoria, Melbourne, The Queen vs. Julian Paul Assange.

[11] Glenn Greenwald, «The strange and consequential case of Bradley Manning, Adrian Lamo and WikiLeaks», Salon, 18 de junio de 2010.

[12] Glenn Greenwald, «The worsening journalistic disgrace at Wired», Salon, 27 de diciembre de 2010.

[13] Evan Hansen, «Manning-Lamo chat logs revealed», Wired, 13 de julio de 2011.

[14] Ibid.

[15] Ibid.

[16] Ibid.

[17] Ibid.

[18] Ibid.

[19] Ibid.

[20] Ibid.

[21] Ibid.

[22] Ibid.

[23] Ibid.

[24] Ibid.

[25] Ibid.

[26] Ibid.

[27] Ibid.

[28] Ibid.

[29] Ibid.

[30] Ibid.

[31] Ibid.

III

Afganistán: la guerra distante

La guerra eterna

Tras la detención de Chelsea Manning, estaba claro que Estados Unidos no iba a quedarse quieto mientras Julian Assange y su gente publicaban cientos de miles de documentos secretos de la administración pública estadounidense.

Quince días después de que Wired publicara su primicia internacional, volé a Bruselas. Sabía que el Parlamento Europeo había invitado a Assange a dar un seminario sobre libertad de expresión. La publicación del vídeo Collateral Murder y la detención de Chelsea Manning había convertido a WikiLeaks en una sensación internacional, y la oficina de prensa de Bruselas estaba literalmente sitiada por periodistas que intentábamos acercarnos a él. El misterio que rodeaba al fundador de WikiLeaks y a todo su personal, acerca de quienes se sabía poco, atraía a los medios de comunicación como un imán.

Yo sabía que a Bruselas iría Assange, no el entonces portavoz alemán de WikiLeaks, Daniel Schmitt, y que podría hablar con él en persona y a solas. Se movía como un hombre acosado. Era obvio que las autoridades estadounidenses querían ponerles las manos encima a él y a su equipo, y hacerse con los archivos secretos que tenían en su posesión, pero era igualmente obvio que no se atreverían a tocarlo mientras estuviera dando un seminario en el Parlamento Europeo. El seminario, de hecho, concluyó sin incidentes.

Un mes después, sin embargo, se desató el infierno. El 25 de junio de 2010, WikiLeaks publicó los Diarios de la Guerra de Afganistán, y el Pentágono entró en cólera[1].

Los archivos constaban de 76.910 informes confidenciales sobre la guerra en Afganistán, redactados por las tropas estadounidenses destinadas en la zona entre enero de 2004 y diciembre de 2009. Ofrecían una visión insólita de aquella guerra lejana y olvidada. Los medios de comunicación occidentales hablaban muy poco de ella[2], pese a que las tropas de coalición que luchaban en Afganistán –incluidos soldados italianos– llevaban allí desde 2001.

El conflicto, que acabó veinte años después, con la retirada de las tropas estadounidenses y occidentales en agosto de 2021, es un símbolo de lo que los periódicos estadounidenses denominan las «guerras eternas», una guerra perpetua contra el terrorismo, en la que Estados Unidos ha destruido la vida de miles de jóvenes soldados estadounidenses, aniquilado a miles de civiles afganos inocentes, y gastado más de dos billones de dólares[3]. ¿Y con qué fin?

Este país extremadamente pobre es también uno de los principales ejemplos de la miopía que caracteriza la política exterior estadounidense: para luchar contra el comunismo, Estados Unidos apoyó y financió a fundamentalistas radicales como Gulbudin Hekmatiar, cuyos hombres arrojaban ácido a la cara de las mujeres, abriendo la caja de Pandora del fanatismo islámico que en último término provocó los atentados del 11 de Septiembre y que en la actualidad sigue manteniendo el mundo en llamas.

Para entender las revelaciones de WikiLeaks, es útil hacer una revisión rápida de la serie de acontecimientos que provocó el inicio de este conflicto.

La de Afganistán es una historia de guerras, invasiones y enfrentamiento civil. Su posición estratégica lo ha situado en el centro de las ambiciones del Imperio británico y la Unión Soviética, y más recientemente de la guerra estadounidense contra el terrorismo. Por múltiples razones, ninguna de estas tres potencias ha conseguido jamás derrotar a este país infinitamente más atrasado y pobre; de hecho, en ocasiones se le denomina «el cementerio de imperios».

La invasión por parte de la Unión Soviética, en 1979, suscitó una guerra de liberación, librada del lado de Afganistán por los muyahidines, fundamentalistas islámicos armados y financiados por la CIA, en calidad de anticomunistas, a través de Pakistán. Entre los partidarios de los muyahidines se encontraba Osama bin Laden, nacido en Arabia Saudí en el seno de una familia adinerada de constructores, que había ido a hacer la guerra santa en Afganistán. El conflicto entre los soviéticos y los muyahidines provocó la muerte y el desplazamiento de millones de personas. Según cálculos de Naciones Unidas, al menos 6,2 millones de afganos huyeron a Pakistán e Irán entre 1979 y 1990[4]. Atrapados en medio de la insurgencia, una guerra de guerrillas que los dejó maltrechos y magullados, los soviéticos se retiraron del país en 1989.

En ese momento, Afganistán se hundió en una guerra civil entre distintas facciones de muyahidines. La de Gulbudin Hekmatiar era una de las más violentas.

En 1994 emergió una nueva fuerza militar y política, los talibanes, fundamentalistas islámicos formados en escuelas religiosas de Pakistán que en la década de 1990 se hicieron prácticamente con el control de todo Afganistán. Los talibanes establecieron en esencia un régimen de apartheid, pero a diferencia de la segregación racial de Sudáfrica, el apartheid de Afganistán se basada en el género, e iba dirigido contra las mujeres: excluidas de la educación, obligadas a cubrirse de pies a cabeza, sin permiso para trabajar fuera del hogar y reducidas en consecuencia a la pobreza extrema, sin posibilidad de salir de casa sin un acompañante masculino, ni siquiera para acudir al hospital. En un país en el que, solo en la capital, había 30.000 viudas[5], las consecuencias de no poder salir de casa sin un hombre ni siquiera por motivos de salud podían ser verdaderamente horribles. Los talibanes anunciaron una política rígida de segregación por sexos incluso entre los pacientes hospitalarios. Como resultado, en 1997 medio millón de personas corrían en Kabul el riesgo de verse obligadas a recibir atención sanitaria en un único hospital, el Rabia Balkhi[6], que tenía treinta y cinco camas y carecía de las instalaciones sanitarias más rudimentarias. Solo después de las negociaciones entre el Comité Internacional de la Cruz Roja y los talibanes se evitó que la directiva de estos desencadenase una enorme catástrofe sanitaria.

Inmediatamente después del 11-S, los talibanes fueron acusados de dar refugio a Osama bin Laden y su grupo terrorista, al-Qaeda, considerados los responsables de los atentados. El 7 de octubre de 2001, una coalición internacional encabezada por Estados Unidos invadió Afganistán alegando este motivo. La tragedia del trato dado por los talibanes a las mujeres se convirtió de inmediato en una herramienta de propaganda militar estadounidense y occidental para generar respaldo a la ofensiva. De ese modo, por una parte, Estados Unidos y sus aliados usaban la situación de las mujeres sometidas por los talibanes para justificar el ataque a Afganistán, mientras que, por otra, los críticos a la ofensiva de Estados Unidos llegaban a tolerar las políticas medievales de los talibanes, argumentando que era la norma cultural del país. En realidad, no era la norma, como han documentado organizaciones tan fiables como Médicos por los Derechos Humanos[7].

Tras el comienzo del conflicto, en octubre de 2001, los talibanes fueron derrotados militarmente en semanas. Pero las tropas estadounidenses, las tropas de coalición integradas en la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (International Security Assistance Force – ISAF)[8] y las fuerzas del ejército y la policía afganos que colaboraban con Estados Unidos pronto se encontraron luchando contra una insurgencia talibán que duró veinte años, hasta el final de la guerra. Al igual que la Unión Soviética había tenido su Vietnam en Afganistán, le había llegado el turno a Estados Unidos y sus aliados. Los Diarios de la Guerra de Afganistán, publicados por WikiLeaks en julio de 2010, permiten a quienes los leen reconstruir casi cada día de ese conflicto.

Unos meses antes de sacar a la luz los archivos, WikiLeaks había publicado un memorando confidencial[9] de la CIA, fechado el 11 de marzo de 2010. El memorando no había atraído demasiada atención, pero era importante porque explicaba qué estrategias debían emplearse para evitar el riesgo de que la opinión pública francesa y alemana se opusiera a la guerra y exigiera la retirada de sus tropas. Después de Estados Unidos y Reino Unido, Francia y Alemania eran los países con los mayores contingentes destinados en Afganistán en aquel momento: para el Pentágono, la retirada de sus tropas habría supuesto un problema, por decirlo suavemente. Uno de los factores en los que aparentemente más confiaba la CIA era la indiferencia de la opinión pública occidental hacia la guerra: rara vez salía en los periódicos, y menos aún en televisión, de modo que las masacres y los horrores relacionados suscitaban poca, o ninguna, reacción entre la ciudadanía occidental. «La baja importancia pública de la misión en Afganistán», escribía la CIA en el documento revelado por WikiLeaks, «ha permitido a los líderes franceses y alemanes eludir la oposición popular y aumentar de manera constante su aportación de tropas a la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF)»[10].

Sin embargo, el documento recomendaba no depender solo de la apatía, sino preparar también posibles estrategias de persuasión, por si cambiaba el estado de ánimo de la ciudadanía. Los argumentos que debían emplearse al dirigirse a los ciudadanos franceses era el posible retorno de los talibanes al poder y las consecuencias que eso tendría para la vida de las afganas: «La perspectiva de que los talibanes deshicieran el difícil avance en la educación de las niñas podría provocar indignación en Francia y convertirse en un punto unificador para una ciudadanía francesa en gran medida laica».

La carta que debía jugarse con los alemanes, por el contrario, era la de los refugiados: «mensajes que ilustren que la derrota en Afganistán podría aumentar la exposición de Alemania al terrorismo, el opio y los refugiados tal vez ayudarían a destacar la guerra entre los escépticos».

Pese a su importancia, el documento no tuvo mucho impacto. Pero cuando WikiLeaks publicó los Diarios de la Guerra de Afganistán, el 25 de julio de 2010, los archivos llegaron a los titulares de todo el mundo, y la reacción del Pentágono fue de ira extrema.

Una extraordinaria ventana a la guerra

Los 76.910 archivos secretos detallaban la guerra de una manera antes imposible. Eran informes breves, redactados por soldados estadounidenses que luchaban sobre el terreno. Contenían datos concretos, incluidas las coordenadas de los puntos en los que se habían producido enfrentamientos, ataques y matanzas de civiles, todos descritos con la fecha y la hora exactas, en la concisa jerga militar.

Los archivos registraban en tiempo real acontecimientos significativos (SigActs, actividades significativas) ocurridos entre enero de 2004 y diciembre de 2009, un periodo que comprendía el segundo mandato presidencial de George W. Bush y el primer año del Gobierno de Obama. Cada unidad y destacamento en el teatro de operaciones enviaba informes extremadamente concisos sobre ataques soportados, enfrentamientos, muertos, heridos, secuestrados, prisioneros, fuego amigo, mensajes de advertencia, así como detalles de incidentes relacionados con artefactos explosivos improvisados (AEI), los explosivos de fabricación casera activados por control remoto que se colocaban a lo largo de los caminos para provocar el caos entre soldados y civiles.

Cada informe era como una instantánea que captaba el conflicto de Afganistán en un momento y un lugar específicos. Reuniendo las instantáneas, las tropas y los servicios de inteligencia podían obtener una visión general de la guerra desplegada sobre el terreno, acción tras acción, y eso les permitía efectuar planes operativos y análisis de inteligencia. Los informes estaban redactados por soldados del Ejército estadounidense, era su propia narración del conflicto. No contenían información sobre sucesos ultrasecretos, porque los archivos solo estaban clasificados como secretos.

Los archivos sacaron a la luz la existencia de cientos de víctimas civiles nunca antes contabilizadas. Basándose en ellos, The Guardian computó al menos 195 muertos y 174 heridos, aunque resaltó que las cifras se quedaban sin duda cortas. Los archivos permitían intuir también la guerra secreta que libraban fuerzas especiales de las que nunca se había oído hablar, como la Fuerza Operativa (Task Force) 373, y los drones, aeronaves no tripuladas que, controladas por soldados estadounidenses desde una base de Nevada, provocaban muertes en lugares tan distantes como Afganistán.

La Fuerza Operativa 373 era una unidad de elite que recibía órdenes directamente del Pentágono, y tenía la misión de capturar o matar a dirigentes de al-Qaeda y combatientes talibanes. Al parecer era la propia fuerza de élite la que decidía a quién capturar y a quién matar extrajudicialmente, sin el proceso debido[11].

El valor de los Diarios de Guerra de Afganistán publicados por WikiLeaks radicaba precisamente en que revelaban datos que la maquinaria bélica del Pentágono había mantenido ocultos. Las operaciones secretas de la Fuerza Operativa 373 eran uno de los ejemplos principales. La brutalidad de los ataques nocturnos emprendidos por estas fuerzas especiales había provocado la muerte de soldados aliados afganos, mujeres y niños. Este tipo de ataques contribuyó a provocar un fuerte resentimiento contra las fuerzas estadounidenses y de la coalición entre las poblaciones locales.

El nombre, «Task Force 373», no aparecía en las declaraciones oficiales del Ejército, sin embargo, y como revelaba The Guardian[12], la información se ocultaba para encubrir errores y matanzas de inocentes. Durante una de sus operaciones, por ejemplo, los soldados de la Fuerza Operativa 373 habían matado varios niños. La coalición dio la noticia de las muertes en uno de sus comunicados de prensa, pero sin explicar el contexto en el que se habían producido. Nadie informó de que a menudo esas fuerzas especiales no sabían literalmente a quién estaban matando: en ese caso concreto, habían disparado cinco proyectiles contra una escuela religiosa, una madrasa, convencidos de que estaban atacando a un líder de al-Qaeda, Abu Laith al-Libi. En otra ocasión, mataron a siete policías afganos e hirieron a cuatro, convencidos de que estaban disparando contra hombres dirigidos por un comandante talibán.

Pero los archivos no solo revelaban la carnicería cometida por las tropas estadounidenses, también descubrían la cometida por las fuerzas talibanes, en especial sus horribles atentados con artefactos explosivos improvisados (AEI). De acuerdo con The Guardian, la base de datos de los Diarios de la Guerra de Afganistán registraba que entre 2004 y 2009 los AEI habían causado la muerte de más de dos mil civiles, y que 2009 había sido un año especialmente terrible, con cien atentados en solo tres días[13]. El periódico londinense resaltaba que los AEI eran las armas preferidas por los talibanes, las que usaban para intentar compensar la abrumadora superioridad tecnológica de las tropas occidentales.

El aumento de los atentados contra las tropas de Estados Unidos y de la coalición occidental era perceptible en los documentos registrados desde finales de 2005. Buceando en la base de datos, el semanario alemán Der Spiegel determinó que esta escalada derivaba en parte del hecho de que los talibanes, y caudillos militares como el notorio Gulbudin Hekmatyar, estaban amenazando a los insurgentes locales para hacerlos emprender acciones contra las tropas, o incluso pagándoles considerables sumas de dinero, de hasta diez mil dólares estadounidenses[14], por hacerlo.

Los archivos revelaban también otra información importante e inédita hasta entonces: de acuerdo con la investigación de la base de datos efectuada por el New York Times, los talibanes habían obtenido misiles tierra-aire con detectores de calor completamente análogos a los Stingers que la CIA había proporcionado a los muyahidines veinticinco años antes. De modo que las mismas armas que los insurgentes afganos habían usado para infligir pérdidas devastadoras a los soviéticos, obligándolos en último término a retirarse, habían acabado en manos de los enemigos que Estados Unidos tenía en Afganistán[15].

En cuanto a los drones, a menudo presentados como armas infalibles y de riesgo cero –pilotados de manera remota por soldados que operan en la completa seguridad de una base militar estadounidense, como en un videojuego–, parece que no siempre eran tan infalibles. Los archivos documentaban episodios, reunidos por Der Spiegel, de tropas obligadas a efectuar peligrosas operaciones de recuperación después de que una aeronave no tripulada se estrellase sobre el terreno, con el riesgo de que los datos secretos de sus ordenadores acabasen en manos enemigas. De hecho, no siempre era posible borrar en remoto la información clasificada contenida en los sistemas de TI del dron; y cuando una operación fracasaba, los soldados destacados sobre el terreno en Afganistán se veían obligados a emprender misiones peligrosas para recuperar los equipos.

A día de hoy, los Diarios de la Guerra de Afganistán siguen siendo la única fuente pública que puede usarse para reconstruir los ataques, las muertes y las ejecuciones extrajudiciales que se produjeron allí entre 2004 y 2009, dado el secretismo de esas operaciones militares. Son también una de las pocas fuentes que tenemos para intentar determinar el número de civiles muertos antes de 2007, del que nadie parece disponer de fuentes fiables, ni siquiera la misión de Naciones Unidas en Afganistán, unama, que recopila estas estadísticas[16].

Después de veinte años, en agosto de 2021, la guerra en apariencia interminable llegó a su fin. Las fuerzas de Estados Unidos y de la coalición abandonaron Afganistán en una retirada dramática, un fiasco en el que ni siquiera lograron salvar a los afganos que habían colaborado con sus tropas. Derrotado y humillado, Estados Unidos había perdido la guerra. En el momento en el que escribo este texto, los talibanes han recuperado el poder, y el ISIS ya ha ganado terreno en el país. Puesto que las sanciones de Estados Unidos bloquean el acceso de los talibanes a cualquier financiación, Afganistán se acerca a un colapso económico que está produciendo ya un hambre masiva, y el futuro de las mujeres en concreto parece lúgubre.

Nadie sabe qué futuro le espera a Afganistán; lo único que sabemos con seguridad es que la guerra más prolongada de Estados Unidos ha resultado un fracaso completo, un fiasco que era evidente ya en los Diarios de la Guerra de Afganistán. Carecemos de datos fiables acerca de cuántos civiles murieron entre octubre de 2001 y 2006, pero sí sabemos que solo entre 2009 y 2019 los ataques relacionados con la guerra causaron al menos 35.518 muertos y 66.546 heridos entre los civiles. Esto equivale a más de 3.000 muertes de civiles al año: es como si entre enero de 2009 y diciembre de 2019 se hubiera producido en Afganistán un 11-S anual[17]. Pero esta guerra ha permanecido siempre fuera del radar de la opinión pública occidental. Y sin la valentía de Chelsea Manning y de WikiLeaks, la maquinaria de propaganda bélica y el secretismo estatal nunca nos habrían permitido obtener la información precisa que nos han aportado los Diarios de la Guerra de Afganistán. El director del New York Times en aquel momento, Bill Keller, los llamó «una ventana extraordinaria a esa guerra»[18].

Inmediatamente después de esa publicación, el semanario alemán Der Spiegel preguntó lo siguiente a Julian Assange[19] en una entrevista: «Podrías haber creado una empresa en Silicon Valley y vivir en una casa con piscina en Palo Alto. Y sin embargo decidiste crear el proyecto WikiLeaks, ¿por qué?»

Assange respondió: «Todos vivimos solo una vez. Por eso estamos obligados a darle un buen uso al tiempo que tenemos, y a hacer algo significativo y satisfactorio. Esto es lo que a mí me parece significativo y satisfactorio. Ese es mi temperamento. Disfruto creando sistemas a gran escala, disfruto ayudando a personas vulnerables. Y disfruto aplastando sinvergüenzas. De modo que es un buen trabajo».

En el Pentágono lo veían de otra manera. La revelación de los Diarios de la Guerra de Afganistán los hizo entrar en cólera. El entonces secretario de Defensa, Robert Gates, prometió de inmediato «una investigación enérgica», mientras que el almirante Mike Mullen declaraba lo siguiente: «El Sr. Assange puede decir lo que le plazca acerca del bien superior que él y su fuente están haciendo. Pero la verdad es que podrían tener ya las manos manchadas con la sangre de un joven soldado o la de una familia afgana»[20].

Los medios de comunicación repitieron de manera crédula esta acusación durante más de una década, dañando gravemente la reputación de WikiLeaks. ¿Pero era cierta?

El veneno del Pentágono

Los esfuerzos hechos por el Departamento de Defensa estadounidense para inyectar el miedo en el debate público en torno a la publicación de WikiLeaks no tardaron en dar fruto. Pocos días después de que se publicasen los archivos secretos sobre la guerra en Afganistán, comenzó a circular en las redacciones internacionales la idea de que Julian Assange y su organización eran peligrosamente irresponsables. Las palabras del almirante Mike Mullen acerca de las «manos manchadas de sangre» hacían referencia al hecho de que, de acuerdo con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, la publicación de los 76.910 archivos secretos había expuesto a las tropas estadounidenses, a las tropas de la coalición internacional y a los colaboradores afganos que les proporcionaban información y ayuda sobre el terreno, al riesgo de los ataques talibanes, puesto que algunos archivos contenían nombres o detalles que permitían la identificación.

Era evidente que al Pentágono le interesaba desacreditar a WikiLeaks por haber publicado esos documentos, por no hablar de otros anteriores, como el vídeo denominado Collateral Murder. Los Diarios de la Guerra de Afganistán constituían una verdadera mina de información: la prensa y la ciudadanía podían comparar las declaraciones de diversos líderes militares y gobiernos que habían enviado tropas a Afganistán con los datos contenidos en los archivos, y descubrir las mentiras, las omisiones y las distorsiones oficiales. Por primera vez, los archivos permitían despejar la niebla de la guerra mientras un conflicto estaba todavía en marcha, no veinte o treinta años después, cuando los datos solo serían de interés para los historiadores profesionales.

Desde 1971, cuando Daniel Ellsberg había filtrado los Documentos del Pentágono –siete mil documentos ultrasecretos sobre el conflicto de Vietnam–, la ciudadanía no había tenido acceso a miles de páginas de información confidencial sobre una guerra que estaba todavía en marcha. La acusación hecha por el almirante Mike Mullen merecía una fuerte dosis de escepticismo, puesto que era obvio que el Pentágono estaba furioso con Assange. Pero sus palabras resonaron de inmediato en los medios de comunicación.

WikiLeaks no había publicado las revelaciones sobre Afganistán por sí sola, lo había hecho en colaboración con tres grandes periódicos internacionales: The New York Times, el diario británico The Guardian y el semanario alemán Der Spiegel. Como habían hecho conmigo en el caso del archivo de audio sobre la crisis de los residuos en Nápoles, Assange y su personal prefirieron aliarse con periodistas de estas tres redacciones importantes, y trabajar varias semanas con ellos, que durante ese tiempo pudieron acceder en exclusiva a los archivos secretos, para verificar su autenticidad e investigar las revelaciones más significativas.

Hecho el trabajo, The New York Times, The Guardian y Der Spiegel publicaron sus investigaciones basadas en los Diarios de la Guerra de Afganistán, mientras WikiLeaks colgaba los 76.910 archivos en su página de internet. De ese modo, tras un periodo de acceso exclusivo garantizado solo a esos tres medios, los archivos podían ser leídos y analizados por cualquiera.

Assange y su personal llamaban a ese tipo de cooperación colaboración mediática, y la estrategia había cumplido su fin: todo el mundo había seguido esas revelaciones, que habían tenido considerable impacto internacional y habían sido recogidas por periódicos, cadenas de televisión y medios de comunicación de todos los rincones del planeta. A esas alturas, WikiLeaks era un fenómeno mundial.

Dos cosas de esta organización me impresionaban especialmente. En primer lugar, su decisión de democratizar el acceso al conocimiento y a la información publicando los archivos para todos, de modo tal que cualquier ciudadano, periodista, investigador, político o activista del mundo pudieran leer sobre la Guerra de Afganistán por sí mismos, y pudieran efectuar una investigación específica y examinarla, sin fiarse exclusivamente de lo publicado en los periódicos. Me pareció una decisión revolucionaria, porque significaba que cualquier lector o lectora podía acceder a las fuentes originales de la información publicada por los medios de comunicación, podía buscar los datos que más le interesasen, usar los archivos para solicitar justicia ante los tribunales o incluso contrastar la información proporcionada por los periodistas en sus artículos: ¿la habían escrito con precisión, o la habían distorsionado, exagerado, censurado? Este proceso de democratización otorgaba poder a los lectores ordinarios, que dejaban de ser receptores pasivos de lo que periódicos, televisiones o radios informasen; por primera vez tenían acceso directo a las fuentes originales, y eso disminuía enormemente la asimetría entre quienes disfrutan de ese privilegio, como los periodistas, y quienes no.

Además de esta democratización de la información, me impresionó de nuevo la valentía de Julian Assange y WikiLeaks. El Departamento de Defensa de Estados Unidos no solo había acusado a WikiLeaks de haber puesto vidas en riesgo, sino que también le había ordenado retirar por completo los Diarios de la Guerra de Afganistán de su página digital y devolver los quince mil archivos que no habían publicado aún. «El único curso aceptable es que WikiLeaks tome medidas para devolver de inmediato todas las versiones de todos esos documentos a las autoridades estadounidenses, y que los borre de manera permanente de su página de internet, sus ordenadores y sus registros», declaró públicamente el portavoz del Pentágono, Geoff Morrell. Y añadía que: «Si hacer lo correcto no es suficientemente bueno para ellos, buscaremos cualquier alternativa que esté a nuestra disposición para obligarlos a hacerlo»[21].

Este tipo de intimidación no debía tomarse a la ligera. Con la guerra contra el terror, Estados Unidos había demostrado que no pararía ante nada, que usaría todos los medios, legales o no, desde la tortura al asesinato con drones, contra todo aquel al que considerase una amenaza para su seguridad. Al mismo tiempo, era improbable que usaran esos métodos tan descaradamente brutales para neutralizar a Assange y a WikiLeaks, era una organización mediática occidental y a esas alturas tenía la atención de todo el mundo centrada en ella. Un documento redactado por el Centro de Contrainteligencia del Ejército (acic), y revelado por la propia WikiLeaks, había dejado claro que las autoridades estadounidenses pretendían aplastarla atacando a las fuentes que le enviaban documentos secretos, en lugar de golpearla directamente.

En todo caso, las amenazas debían tomarse muy en serio. Le sonaban grotescas a cualquiera con la más mínima idea de la asimetría entre el poder y los recursos del Pentágono y los de una organización pequeña como WikiLeaks. El Departamento de Defensa de Estados Unidos podría haberla aplastado en cualquier momento como a una mosca. Pero Assange y su personal no se doblegaron ante ese tipo de intimidación. Y pagarían un precio muy alto por ello.

La niebla de la guerra

Dos semanas después de la publicación de los Diarios de la Guerra de Afganistán, las acusaciones vertidas por el Pentágono en las que afirmaba que Julian Assange y WikiLeaks podían haber puesto vidas en peligro seguían siendo noticia de importancia en los principales medios de comunicación de todo el mundo. El secretario de Prensa Geoff Morrell confirmó a la prensa que había detectado que WikiLeaks no había publicado aún 15.000 archivos sobre la Guerra de Afganistán que él consideraba extremadamente sensibles. Morrell informó también de que un grupo de trabajo del Pentágono, compuesto por 100 expertos en inteligencia[22], estaba trabajando contra reloj para examinar los casi 92.000 documentos –los 76.910 ya publicados y 15.000 que todavía no se habían hecho públicos– en busca de nombres sensibles, para determinar quién corría riesgo. «Todavía no hemos visto que hayan perjudicado a nadie en Afganistán», admitía Morrell[23].

Preocupadas por la publicación de esos 15.000 informes, unos días más tarde, organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras se pronunciaron también para condenar a WikiLeaks por haber publicado «indiscriminadamente» los demás. En realidad, los Diarios de la Guerra de Afganistán no se habían publicado de manera indiscriminada. Assange y su organización habían trabajado sobre ellos en colaboración con tres periódicos destacados. El propio The Guardian había escrito lo siguiente: «La mayor parte del material, aunque clasificado como “secreto” en su momento, ya no es sensible desde el punto de vista militar. Una pequeña cantidad de información se ha dejado sin publicar porque podría poner en peligro a informadores locales o revelar verdaderos secretos militares»[24].

Y sin embargo, la acusación hecha por el Pentágono de que tenían «las manos manchadas de sangre» se extendió, y los medios de comunicación se apresuraron a sugerir que estas alegaciones habían exacerbado las divisiones existentes en el seno de WikiLeaks, y algunos individuos habían abandonado la organización[25].

Solo hacía unos días que se habían publicado los archivos, pero las percepciones de los medios de comunicación habían cambiado ya hasta tal punto de que me sentí obligada, junto con el periodista estadounidense Glenn Greenwald, de la cadena televisiva catarí Al Jazeera, a responder a las críticas mordaces contra WikiLeaks. Las acusaciones del Pentágono se habían impuesto de tal manera que se trataban como un hecho establecido, y prácticamente todo el debate público se centraba en las acciones de Julian Assange y su organización en lugar de fijarse en las de las tropas estadounidenses y los talibanes, que sí habían matado a miles de civiles inocentes.

Sin duda los archivos secretos ayudaron a despejar la niebla de la guerra, pero no la niebla provocada por la propaganda del Pentágono. Y en los meses siguientes, esa niebla descendería todavía con más espesor sobre el debate público desatado en torno a WikiLeaks, impidiendo cada vez en mayor medida distinguir los hechos, en parte porque ocurrió algo que cambiaría para siempre el destino de Assange.

Reunión confirmada

Tras publicar los Diarios de la Guerra de Afganistán, WikiLeaks mantuvo un perfil muy discreto. Parecía haber desaparecido. Después, de repente, el silencio fue sacudido por una noticia que se extendió como la pólvora por el mundo entero: el fundador de WikiLeaks estaba siendo investigado en Suecia por violación y abuso sexual, y los fiscales habían ordenado detenerlo, después de que dos mujeres suecas acudieran a la policía.

La investigación se abrió el 20 de agosto de 2010, cuando no habían transcurrido siquiera cuatro semanas desde la publicación de los archivos sobre Afganistán. La prensa sueca informó de que tras las revelaciones Julian Assange había viajado al país escandinavo a un congreso sobre los archivos, y había mantenido relaciones sexuales con dos mujeres, de las que solo publicaban las iniciales, S. W. y A. A., aunque pronto comenzaron a circular sus nombres completos.

Ni siquiera hubo tiempo para comprender qué había ocurrido, cuando se revocó la orden de detención. El 21 de agosto, la fiscal jefe de Estocolmo, Eva Finné, comunicó oficialmente en la página digital de la autoridad judicial, la Fiscalía General sueca, que la orden de detención emitida el día anterior se había revocado. «No creo que haya razones para sospechar que haya cometido una violación», escribía la fiscal sin dar más detalles, de acuerdo con la información publicada por la BBC[26].

Cuatro días después, el 25 de agosto, la fiscal cerró por completo la investigación, declarando que la conducta del acusado respecto a S. W. no constituía delito. Dejó abierta, sin embargo, la investigación sobre el supuesto abuso sexual a la otra mujer, A. A. El 30 de agosto de 2010, la policía sueca interrogó a Julian Assange por esta acusación y, en apariencia, el caso quedó limitado al delito de abuso sexual. Pero no: dos días después, el 1 de septiembre de 2010, otra fiscal, Marianne Ny, reabrió la investigación preliminar por violación, abuso sexual y coerción, después de que Claes Borgström, el abogado de las dos mujeres, solicitase que se revisara la decisión de cerrarla.

Era muy difícil entender las noticias que llegaban de Estocolmo. La ráfaga de aperturas y cierres del caso tampoco ayudaba. Pero aparte de la sucesión caótica de noticias procedentes de Suecia, había otras dos complicaciones fundamentales. En primer lugar, la investigación estaba en fase preliminar, de modo que los hechos exactos se desconocían, por estar bajo secreto de sumario, pese a que la noticia de la orden de detención por violación se había filtrado a la prensa, incumpliendo el derecho a la intimidad de las dos mujeres y de Assange. En segundo lugar, este país escandinavo reconocido por su cultura de respeto a las mujeres tiene una definición amplia de qué constituye una agresión sexual, de modo que lo que se considera «violación» en Suecia no coincide necesariamente con la definición jurídica usada en otras partes del mundo.

Observé con desaliento las noticias procedentes de Estocolmo. Pese al aprecio que me merecía el trabajo de Julian Assange, la violación es un delito horrible, en caso de que la hubiese cometido.

Yo había concertado una reunión con WikiLeaks en Berlín para el 27 de septiembre de 2010, porque me interesaba trabajar en los archivos secretos sobre la Guerra de Afganistán. Habría intentado aprovechar esa ocasión para enterarme mejor del caso sueco. Pero el hecho de que Assange y su personal no respondieran a mis mensajes repetidos me hicieron suponer que todo se había venido abajo. Una tarde, sin embargo, aparecieron por fin: la cita estaba confirmada. No decían nada más.

Alexanderplatz

Volé a Berlín y esperé todo el día en el hotel. Cuando se había hecho tan tarde que me había convencido de que la reunión estaba suspendida, sonó el teléfono: era una llamada desde recepción. «Soy Julian, ¿puedes bajar?», oí. Era de noche, hacia las 11, y la lluvia y la niebla no animaban a salir a la calle.

«Mira, esto es todo lo que me han dado en el aeropuerto», me dijo en cuanto entré en el vestíbulo, levantando una bolsita de plástico transparente que contenía una camiseta, un cepillo de dientes y unas cuantas botellitas de jabón. Aparte de eso, no llevaba más equipaje que un bolso de bandolera que sujetaba con fuerza, como si alguien pudiera arrancárselo en cualquier momento. Me costó reconocer a Julian Assange: se había teñido el pelo canoso de un color castaño claro, y lo tenía pegado a la cara por la lluvia. Parecía cansado y mucho más delgado que cuando me había reunido con él en Bruselas, solo tres meses antes. Se sentó en un rincón discreto del vestíbulo, con una iluminación muy tenue. Una taza de té humeante le proporcionó un poco de calor en ese frío vestíbulo en el que nos sentamos, alejados de la gran entrada de cristaleras para evitar que nos viesen fácilmente desde el exterior.

Se tomó el té a sorbos, sumido en sus pensamientos. «Para llegar aquí he tomado un avión directo desde Estocolmo –me dijo– y aun así me han perdido el equipaje. Un poco extraño». Sacó el ordenador de su bolso de bandolera.

«¿Y qué me dices de eso?», pregunté. «¿Por qué iba a perderse una maleta con los calcetines de Julian Assange, pero no la bolsa con su ordenador?», lo presioné con escepticismo, para disipar parte de su paranoia.

«Esto lo llevo conmigo todo el tiempo», respondió sin dudar, señalando el ordenador. «No puede desaparecer». El episodio de la pérdida de su equipaje en un vuelo directo desde Suecia le preocupaba, y temía que pudiera salir a la luz cualquier material «incriminatorio», como imágenes de pornografía infantil. Muy al contrario, pese a los numerosos intentos de Assange y sus contactos por recuperarlo, el equipaje no se ha encontrado y ha desaparecido para siempre. En él había varios ordenadores cifrados: probablemente el cifrado había protegido la información. Mientras él se preguntaba por lo ocurrido, yo empezaba también a atar cabos en mi mente.

Assange había pasado varias semanas en Suecia, después había salido del país el 27 de septiembre, viajando directamente a Berlín para reunirse conmigo y con otros periodistas. Yo había concertado la reunión un mes antes, el 25 de agosto. WikiLeaks había publicado los 76.910 archivos secretos sobre Afganistán cuatro semanas antes y hacía solo cinco días que había estallado el caso sueco. Para organizar nuestra reunión, yo había usado un mensaje de correo no cifrado. A un servicio de inteligencia le habría sido fácil interceptar el contenido de mi mensaje, y habría tenido tiempo de sobra para preparar el robo del equipaje. Los aeropuertos son lugares peligrosos para los periodistas que viajan con archivos sensibles. Para los servicios de inteligencia y la policía es extremadamente fácil hacer desaparecer un ordenador durante los controles de seguridad o después de la facturación del equipaje, simulando una pérdida ordinaria. Este modo de funcionamiento se denomina negabilidad plausible, y es sencillamente la forma de operar de los servicios secretos. Les permite efectuar operaciones y después negar su participación en cualquier suceso, que se atribuye por completo a causas accidentales o perfectamente verosímiles. ¿Qué podía ser más ordinario que la pérdida de una maleta en un aeropuerto? Yo me perdí en la confusión, parece. ¿Era realmente eso lo que había sucedido? No podía saberse, pero aproveché esa reunión para acordar con Assange cómo proteger nuestra comunicación en el futuro, porque ese episodio me había vuelto a recordar la necesidad urgente de cifrarla.

Llevábamos poco tiempo hablando cuando llegó Kristinn Hrafnsson, portavoz de WikiLeaks[27]. Hrafnsson era un periodista de investigación islandés que había trabajado con anterioridad en la televisión pública de Islandia y que había volado a Bagdad para hacer un seguimiento de los dos niños iraquíes heridos por el helicóptero Apache. Los dos se abrazaron con afecto. Cuando se sentaron frente a mí, vi los dos únicos rostros públicos de WikiLeaks, puesto que los nombres de los demás periodistas no se habían divulgado.

Ya era tarde, y la luz escasa del vestíbulo, con su brillo tenue, invitaba a una relajación que no podía permitirme: necesitaba mantenerme alerta para captar todos los detalles. Assange sacó una memoria USB de debajo del suéter. «Esto también lo llevo siempre conmigo», dijo, mostrándome el cordón con el que lo llevaba sujeto al cuello. Entonces sacó de la bandolera un maletín que parecía de juguete. Contenía multitud de papeles diminutos, enrollados a modo de pizzini, las instrucciones manuscritas que usaban los jefes de la mafia siciliana para comunicarse confidencialmente sin usar el teléfono. Eran contraseñas. Empezamos a hablar de ellas. Hasta ese momento, mis conocimientos sobre el cifrado eran solamente teóricos: en los estudios de matemáticas, vi algo de criptografía. Pero había sido precisamente el deseo de usar el cifrado para proteger archivos y fuentes lo que me había llevado a WikiLeaks, la única organización de noticias del mundo que en aquel momento se basaba en el uso sistemático del cifrado.

«¿Cuántas enes mayúsculas has visto?», me preguntó Assange en un momento dado, mientras yo contemplaba una contraseña compuesta por una hilera muy larga de palabras, letras y caracteres especiales. Solo había visto una. «Mira mejor», me dijo, con un tono levemente decepcionado. De hecho, había dos enes mayúsculas: quien había creado la contraseña había doblado la letra «N» en una palabra normalmente deletreada con una, para prevenir lo que los expertos denominan un «ataque de diccionario». Entonces me explicó que las contraseñas nunca deben hacerse públicas, ni siquiera cuando se quedan obsoletas, porque a quienes intentan romperlas les resulta mucho más fácil si conocen los criterios usados para crearlas. Conversar con Assange era muy interesante; hablamos de cifrado y de Afganistán hasta la madrugada. En nuestras conversaciones, Assange daba la impresión de ser una persona extremadamente inteligente.

A la mañana siguiente, Hrafnsson, Assange y yo nos dirigimos a pie desde el hotel a Alexanderplatz, donde nos instalamos en una cafetería de gran tamaño. Deslucido y prácticamente vacío, el local nos ofrecía un lugar discreto en el que podíamos trabajar prácticamente solos, asistidos por un abundante surtido de café y pastas. El fundador de WikiLeaks puso sobre el mostrador dos o tres teléfonos móviles que había mantenido desmontados hasta entonces. Montó uno, que timbró de inmediato: «¿Quieren interrogarme?», dijo al teléfono en inglés. «He estado seis semanas en Suecia, ¿no podían haberme interrogado antes?». Al terminar la llamada, me dijo que la persona que estaba al teléfono era su abogado sueco, Björn Hurtig[28]. Me habló del caso sueco con despreocupación, negando las acusaciones, y me resultó difícil plantearle preguntas críticas y específicas, puesto que carecía de información objetiva sobre la investigación que me permitiera cuestionar sus afirmaciones.

Centramos nuestra atención en los documentos sobre la Guerra de Afganistán. Assange esbozó las condiciones de seguridad para trabajar con los documentos: a partir de ese momento, tendría que usar cifrado. No me permitían hablar por teléfono sobre los documentos secretos ni escribir sobre ellos en mensajes electrónicos. Los archivos nunca debían enviarse por correo electrónico. Para las comunicaciones con WikiLeaks referentes a los archivos o a cualquier otro tema sensible, solo podía usar un chat cifrado específico. Los archivos debían mantenerse cifrados, y para trabajar con ellos solo podía usar ordenadores air-gapped, es decir, no conectados nunca a internet, y nunca debía dejarlos sin supervisión, bajo ningún concepto.

Era la primera vez que me veía obligada a cumplir unas reglas de trabajo tan estrictas. No conocía a ningún periodista, italiano o no, que trabajase con ese tipo de condiciones, ni siquiera mis compañeros que trabajaban habitualmente en cuestiones de mafia o terrorismo, y ni siquiera, como descubrí más tarde, periodistas de las redacciones más destacadas, a los que de hecho les molestaban las exigencias de WikiLeaks.

Los tres analizamos en detalle el trabajo que debía hacerse con los archivos y el trabajo efectuado ya por The Guardian, The New York Times y Der Spiegel. Hrafnsson se basó en su considerable experiencia como periodista de investigación. Hombre de pocas palabras, parecía distante e impenetrable al comienzo, pero en nuestra larga conversación me pareció amistoso, muy inteligente, nada arrogante. Firmamos un acuerdo de «medios de comunicación colaboradores»: yo, en nombre de L’Espresso, ellos, como periodistas de WikiLeaks. El objetivo era efectuar un análisis en profundidad de los Diarios de la Guerra de Afganistán, que se uniría a los de Der Spiegel, The Guardian y The New York Times, puesto que la Guerra de Afganistán no le interesaba solo a los ciudadanos estadounidenses, británicos y alemanes: Italia tenía casi cuatro mil soldados en ese conflicto, acerca del que poco se sabía, y del que todavía menos se informaba en los medios o se debatía en la esfera pública.

Solo entonces, después de firmar los acuerdos, WikiLeaks me dio acceso a los 91.910 Diarios de la Guerra de Afganistán.

Me dirigí al aeropuerto con la memoria USB cifrada que contenía los archivos secretos metida en el bolso. Al salir de Berlín, lo sujeté con fuerza. La suave lluvia que caía daba un poco de melancolía a ese día otoñal cargado de adrenalina. Dejé al fundador y al portavoz de WikiLeaks en ese café de Alexanderplatz el 28 de septiembre de 2010. Fue la última vez que vi a Assange en libertad.

«Nuestros muchachos»

Carros de equipaje, maletas, estudiantes, soldados con sus morrales, niños con juguetes de peluche y minicarros. El aeropuerto presentaba el ajetreo habitual de viajeros apresurados. Miré a mi alrededor con cautela, tan atenta como un narcotraficante. Acababa de dejar a Julian Assange y a Kristinn Hrafnsson en Alexanderplatz, y me encontraba en la fila de salidas internacionales del aeropuerto de Berlín, de camino a Roma. En el bolso llevaba 91.910 documentos. Era una periodista extranjera con documentos secretos estadounidenses que el Pentágono había ordenado a WikiLeaks que se los devolviera, y me encontraba en un país miembro de la OTAN.

En ese momento trabajaba para uno de los medios informativos más importantes de Italia, el semanario L’Espresso, y parecía improbable que las autoridades alemanas me detuvieran, pero no era inconcebible que me parasen para hacerme preguntas, y no quería que mi bolso acabase como los ordenadores de Julian Assange. La base de datos estaba cifrada. Gracias a WikiLeaks, por primera vez en mi vida profesional, otros periodistas internacionales y yo viajábamos con nuestros materiales protegidos, no inmediatamente accesibles a cualquiera. Pero si esos archivos se perdían o alguien los robaba en el aeropuerto, sería una cuestión grave, que sin duda las autoridades estadounidenses utilizarían en nuestra contra. Avancé por los controles de seguridad con sumo cuidado, sin permitirme un solo momento de distracción mientras pasaba la maleta y el bolso por el escáner de rayos X, me quitaba los zapatos y atravesaba los detectores de metales. Mientras hacía cola, era como si me hubieran salido cientos de ojos y oídos, tan concentrada estaba en cualquier movimiento anómalo que se produjese a mi alrededor. Finalmente aterricé en Roma. Lo había conseguido.

Por fin pude descifrar la base de datos y bucear en busca de información objetiva sobre la función que mi país desempeñaba en esa guerra, librada hasta entonces en medio de la indiferencia y la apatía generales.

Desde noviembre de 2001, cuando Italia había llegado a Afganistán, inmediatamente después de los atentados del 11-S, la versión oficial del Gobierno italiano no había variado: nuestras tropas –«nuestros muchachos» en la retórica nacional– están allí para ayudar a la población local y protegerla de los talibanes. Pero los archivos contaban otra historia: la de la guerra real, la que las tropas italianas habían luchado a diario desde 2004 hasta 2009, con cientos de insurgentes muertos, ataques aéreos, artefactos explosivos improvisados, emboscadas, kamikazes, docenas de soldados heridos, algunos de gravedad, otros menos, de los que nada se había informado en Italia. En los archivos afloraban episodios misteriosos y difíciles de interpretar, como aquel en el que uno de nuestros oficiales disparó contra un agente de los servicios secretos de Kabul que de alguna manera había bloqueado nuestras misiones sobre el terreno.

Otro episodio confuso tenía que ver con el traspaso a nuestro Gobierno de un prisionero que había estado en Bagram, una base aérea de Estados Unidos en Afganistán, notoria por las torturas a las que sometían a los prisioneros. Miles de sospechosos de terrorismo estuvieron detenidos en esa instalación militar en condiciones aterradoras, sin posibilidad de que nadie obtuviera información sobre quiénes eran y por qué habían sido capturados y recluidos allí. Algunos llevaban años confinados en ese infierno, sin derecho a abogado ni oportunidad de que los periodistas investigasen e informasen sobre ellos, porque lo que ocurría en la base estaba envuelto en el mayor de los secretos.

Subido a bordo de un Hércules C-130 el 20 de diciembre de 2009 en el aeropuerto de Bagram, el prisionero llevaba la denominación ISN 1455, equivaliendo ISN a «Internment Serial Number» (número de serie de internamiento), el número que identifica a los presos que se encuentran bajo la custodia del Departamento de Defensa estadounidense[29].

Los archivos no contenían información que pudiera hacer temer que nuestras tropas hubieran cometido abusos o actos de violencias graves contra la población local. ¿No había existido nunca ese tipo de violencia, o no tenían esos informes un nivel de clasificación suficientemente alto como para incluirla? Los archivos tenían una clasificación de secreto, de modo que podían haberse dado hechos no registrados en los Diarios de la Guerra de Afganistán porque solo pudieran registrarse en informes con la clasificación de ultrasecreto.

En todo caso, una cosa sí estaba clara: lo poco que las tropas occidentales habían conseguido en Afganistán después de tantos años de guerra. Los documentos confirmaban, por ejemplo, que incluso transcurrida más de una década, los estadounidenses no tenían ninguna confianza en las fuerzas locales, que en muchos casos habían sido entrenadas por soldados italianos.

Los informes calificaban a la gran mayoría de los policías afganos de la región de Herat, situada bajo el control de las tropas italianas, de no confiables. Muchos desertaron para unirse a los talibanes porque no les pagaban sus salarios, y no estaba claro adónde habían ido a parar esos salarios. Los policías afganos complementaban sus salarios con secuestros, y los informes sugerían que los secuestradores y los altos oficiales de la policía afgana eran cómplices.

Otro gran misterio estaba relacionado con los fondos para el desarrollo donados a las autoridades afganas por los países occidentales: ¿adónde iba el dinero? Los archivos documentaban la falta de transparencia en torno a la gestión de dichos recursos. En ellos se encontraban, por ejemplo, las actas de una reunión[30] entre el ministro de Finanzas del Gobierno afgano durante la presidencia de Hamid Karzai y un representante de la ISAF, la misión de la OTAN. La reunión se había convocado para estudiar la construcción de una carretera que uniera el distrito bajo control italiano, Herat, con Dowshi, una vía que habría pasado por Chaghcharan, una ciudad de la provincia de Ghor, «el área más pobre de Afganistán». Durante la reunión, sin embargo, había surgido una discusión: solo se había gastado el 60 por 100 de los fondos entregados el año anterior, ¿qué había pasado con el resto? Los estadounidenses concluyeron que «revisarían cómo se está gastando el dinero para carreteras y se asegurarían de que se construyen carreteras en las áreas correctas»[31]. Al igual que ocurre con las camarillas políticas locales en Italia, en Afganistán las carreteras no se construían de acuerdo con las necesidades reales, sino a discreción de los potentados locales, y el dinero público desaparecía sin una verdadera supervisión.

Me sumergí durante días en la base de datos de los Archivos de la Guerra de Afganistán con ayuda de mi director en L’Espresso en aquel momento, Gianluca Di Feo. Al final logramos reconstruir con detalle la participación de Italia en la guerra en los años documentados por los archivos, con una descripción de las operaciones de combate que, excepto en aquellos casos raros en los que habían fallecido uno o más soldados italianos, no habían emergido en Italia. Solo en esas raras ocasiones aparecía la Guerra de Afganistán en los periódicos y las televisiones durante unos días, provocando cierta reacción política pasajera, para después sumirse nuevamente en el silencio.

Mi director y yo publicamos nuestra investigación en el semanario L’Espresso[32], con la esperanza de suscitar por fin un verdadero debate público, investigaciones parlamentarias, artículos e investigaciones de los medios de comunicación italianos, en parte porque, solo un año antes, el 17 de septiembre de 2009, un coche bomba cargado con 150 kilos de explosivos había despedazado a seis paracaidistas de la brigada «Folgore» que habían volado en pedazos en Kabul[33], matando también a quince civiles afganos, e hiriendo a cuatro soldados italianos y unos sesenta civiles afganos.

Con los Diarios de la Guerra de Afganistán habíamos aportado datos fehacientes e información a los políticos, los medios de comunicación y los ciudadanos italianos, dándoles por fin la oportunidad de analizar y discutir sobre ese conflicto más allá de la niebla de la guerra y la propaganda de «nuestros muchachos» que se van a la guerra a hacer el bien. Pero no hubo debate. El silencio de los políticos y la incapacidad o la falta de voluntad de los medios de comunicación italianos para unirse, para ayudar a ejercer presión sobre las instituciones, fueron verdaderamente patéticos. Con un país así, la CIA no tenía razones para preocuparse: nunca tendría que apresurarse a buscar los puntos de propaganda que había preparado para influir en los franceses y los alemanes, por si los políticos, los medios de comunicación y la opinión pública empezaban a cuestionar su participación en la guerra.

Sin embargo, yo no dejé que el silencio y la apatía me desanimasen. Una joven militar, Chelsea Manning, lo había arriesgado todo por sacar esos archivos a la luz. Una pequeña organización de noticias, la de Julian Assange, había mostrado una valentía excepcional al publicarlos, pese a las amenazas del Pentágono. Quería hacer también mi parte, con mi trabajo de investigación. Tenía la oportunidad de investigar en bases de datos que revelaban los rincones más oscuros de nuestros gobiernos, en los que tienen lugar abusos y atrocidades protegidos por el secreto estatal que rara vez pueden sondear los periodistas. Tenía la oportunidad de informar a la ciudadanía sobre ellos, porque era la única forma de que la ciudadanía pudiera tomar decisiones informadas y ejercer el control sobre sus instituciones. No podía dejar que se me escapara la oportunidad. Seguiría adelante.

[1] Los Diarios de la Guerra de Afganistán, 76.910 documentos secretos, están disponibles en [https://wardiaries.wikileaks.org/], consultado el 10 de enero de 2022.

[2] De acuerdo con el informe del Centro Tyndall, que revisa las cadenas de televisión estadounidenses, en 2020, el año anterior al final de la guerra, los noticieros nocturnos de CBS, ABC y NBC dedicaron solo cinco minutos a cubrir el conflicto, y, entre 2015 y 2019, la guerra en Afganistán no recibió siquiera una media de una hora anual de cobertura en los tres noticieros sumados: 58 minutos en total. Véase Brendan Morrow, «Afghanistan got just 5 minutes of coverage on the network newscasts last year, analysis says», The Week, 27 de agosto de 2021.

[3] El cálculo de que Estados Unidos gastó 2.313 billones de dólares en su guerra de 20 años en Afganistán lo ha efectuado el proyecto Costs of War, fundado por el Instituto Watson de Asuntos Públicos e Internacionales, perteneciente a la Universidad de Brown. Disponible en [https://watson.brown.edu/costsofwar/figures/2021/human-and-budgetary-costs-date-us-war-afghanistan-2001-2022], consultado el 19 de mayo de 2022.

[4] Rupert Colville, «Refugees Magazine Issue 108 (Afghanistan: the unending crisis) – the biggest caseload in the world», Refugees Magazine 108, 1 de junio de 1990, disponible en [www.unhcr.org/uk/publications/refugeemag/3b68ofbfc/refugees-magazine-issue-108-afghanistan-unending-crisis-biggest-caseload.html].

[5] Final report on the situation of human rights in Afghanistan, emitido por Choong Hyun Pail, Relator Especial, de acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos, resolución 1995/74, un, e/cn.4/1996/64, 27 de febrero de 1996.

[6] En 2003, en mi calidad de periodista, había conocido el impacto de las políticas de los talibanes gracias al trabajo de la ONG estadounidense Médicos por los Derechos Humanos (mdh), ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1997. mdh había documentado las consecuencias terribles que las políticas de los talibanes habían tenido en la salud física y mental de las mujeres afganas, gracias a una experiencia médica que, en décadas recientes, ha permitido documentar vulneraciones extremadamente graves de los derechos humanos, desde el régimen brutal de Pinochet en Chile hasta las torturas de la CIA durante la guerra contra el terrorismo. mdh ha investigado los abusos perpetrados tanto por los talibanes como por las tropas estadounidenses en Afganistán. Véanse los informes de la organización: Vincent Iacopino, The Taliban’s war on women, agosto de 1998; Phisicians for Human Rights, Women’s health and human rights in Afghanistan: A population-based assessment, 2001. Véase asimismo Caitriona Palmer, «The Taliban’s war on women», Lancet 352, 29 de agosto de 1998

[7] Véanse los informes de MDH recogidos en la nota anterior.

[8] La ISAF combatió en Afganistán bajo el mando de la OTAN hasta 2014. Las cifras dadas por la OTAN indican que, en su momento más alto, la ISAF incluía 130.000 soldados extranjeros procedentes de 51 países (Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Italia, Francia, etc.). En 2015 se estableció una nueva misión, Resolute Support (Apoyo Decidido), que se mantuvo hasta el final de la guerra, en agosto de 2021.

[9] Como en todas sus revelaciones, WikiLeaks puso los documentos a disposición de la ciudadanía en [https://wikileaks.org/wiki/CIA_report_into_shoring_up_Afghan_war_support_in_Western_Europe,_11_Mar_2010], consultado el 10 de enero de 2022.

[10] Ibid.

[11] Comunicado de prensa de WikiLeaks sobre los Diarios de la Guerra de Afganistán, consultado el 19 de mayo de 2022, disponible en [https://wikileaks.org/afg/]; Nick Davies, «Afghanistan War Logs: Task Force 373–special forces hunting top Taliban», The Guardian, 25 de julio de 2010.

[12] Ibid.

[13] Nick Davies y David Leigh, «Afghanistan War Logs: massive leaks of secret files exposes the truth of occupation», The Guardian, 25 de julio de 2010; Declan Walsh, Paul Simon y Paul Scruton, «WikiLeaks Afghanistan files: every IED attack with co-ordinates», The Guardian, 26 de julio de 2010.

[14] Redacción, «Explosive leaks provide image of war from those fighting it», Der Spiegel, 25 de julio de 2010.

[15] C. J. Chivers, C. Gall, A. W. Lehren, M. Mazzetti, J. Perlez, E. Schmitt et al., «View is bleaker than official protrayal of war in Afghanistan», The New York Times, 25 de julio de 2010.

[16] Liam McDowall, director de Comunicaciones Estratégicas de la unama, en mensaje electrónico a la autora, 18 de noviembre de 2020.

[17] «Afghanistan protection of civilian in armed conflicts 2019», unama, febrero de 2020.

[18] «The War Logs articles», The New York Times, 25 de julio de 2010.

[19] John Goetz y Marcel Rosenbach, «I enjoy crushing bastards», Der Spiegel, 26 de julio de 2010.

[20] Philip Steward y Adam Entous, «WikiLeaks may have blood on its hands, u. s. says», Reuters, 30 de julio de 2010.

[21] Sue Pleming, «Pentagon tells WikiLeaks: “Do right thing”», Reuters, 5 de agosto de 2010.

[22] Ellen Nakashima, «Pentagon: undisclosed WikiLeaks documents “potentially more explosive”», The Washington Post, 11 de agosto de 2010.

[23] Ibid.

[24] Davies y Leigh, op. cit.

[25] Assange despidió al portavoz alemán, Daniel Domscheit-Berg.

[26] «Swedish rape warrant for WikiLeaks’ Assange cancelled», BBC news, 21 de agosto de 2010.

[27] Julian Assange había suspendido al portavoz alemán, Daniel Domscheit-Berg.

[28] Informé sobre esta llamada telefónica en el artículo «L’eversore», publicado en la revista informativa para la que trabajaba en ese momento (L’Espresso, 9 de diciembre de 2010), y también en una declaración jurada para la defensa de Julian Assange fechada el 5 de mayo de 2011.

[29] Gracias a una de las organizaciones para la defensa de los derechos humanos y civiles más importantes de Estados Unidos, la ACLU, que había obtenido una lista de 645 detenidos en Bagram en septiembre de 2009, descubrí que el ISN 001455 correspondía al nombre de Moez Bin Abdul Qadir Fezzani; y gracias a los cables de la diplomacia estadounidense revelados por WikiLeaks, pude verificar que el prisionero misterioso era de hecho el tunecino en cuestión. La lista obtenida por la ACLU está disponible en [www.aclu.org/press-releases/aclu-obtains-list-bagram-detainees]. El cable que confirma la identidad del detenido es el [09STATE130318_a], fechado el 22 de diciembre de 2009.

[30] El archivo original está disponible en [https://wardiaries.wikileaks.org/id/84C205D3-D277-4AC9-A3A4-BoA757CF5C19/].

[31] Ibid.

[32] Gianluca Di Feo y Stefania Maurizi, «Afghanistan, ecco la verità», L’Espresso, 15 de octubre de 2010.

[33] «Afghanistan, attacco ai militari italiani: uccisi sei parà della Folgore, quattro feriti», la Repubblica, 17 de septiembre de 2009.

IV

Los cypherpunks

Un individuo altamente inteligente

Me impresionaron Julian Assange y su organización. Llevaba mucho tiempo intentando saber más de ellos, y no solo estudiaba en detalle cada una de nuestras interacciones, sino que también hablaba con cualquier experto capaz de comprender un fenómeno como el de WikiLeaks. Unas de las personas que me ayudó a entenderlos fue el estadounidense Bruce Schneier[1], experto en cifrado y considerado por The Economist «un gurú de la seguridad».

Unas semanas después de que se publicasen los Diarios de la Guerra de Afganistán, le pregunté a Schneier cómo podía haberse descargado la entonces supuesta fuente de WikiLeaks, Chelsea Manning, ese diluvio de archivos secretos sin que nadie observase nada fuera de lo común. La respuesta de Schneier fue la siguiente: «A diario, los militares consultan y descargan de las redes del Pentágono cientos de miles de documentos clasificados. ¿Por qué iba nadie a observar nada inusual?»[2]. Me explicó que tras los atentados del 11-S, el acceso a archivos secretos se había ampliado a un número muy elevado de analistas de inteligencia, militares y contratistas, los individuos empleados en empresas privadas que trabajan para el Gobierno estadounidense. «Uno de los factores que condujo a la tragedia de las Torres Gemelas –me contó– fue la incapacidad de las diversas agencias para intercambiar información que les hubiera permitido prevenir el atentado: la CIA no hablaba con la NSA, que a su vez no se comunicaba con el FBI, y así sucesivamente. Después de la catástrofe, se tomó la decisión de ampliar el acceso a archivos confidenciales y compartirlos en mayor medida»[3].

Claramente, ampliar el tipo de individuos que podían consultar archivos confidenciales suponía aumentar la probabilidad de que los archivos se filtrasen. «¿Cómo puedes parar un sistema como ese?», preguntaba Schneier[4].

En cuanto al propio Julian Assange, gradualmente fui obteniendo informaciones sobre él.

Sabía que había estudiado unos años de física y matemáticas en la Universidad de Melbourne, Australia. No me sorprendió; definitivamente mostraba características que a menudo había visto en individuos que había conocido durante mis años en las facultades de matemáticas y física: inteligencia lógica y una mente inquisitiva, conducta inusual que a alguien ajeno a ese mundo puede parecerle extraña, concentración intensa en un objetivo, hasta el punto de olvidar las necesidades prácticas y prosaicas –como comprar un billete de tren–, dificultad para las relaciones sociales, interés por el trabajo intelectual, efectuado con una intensidad casi obsesiva, hasta el punto de descuidar las relaciones humanas.

No conocí mejor su pasado hasta más tarde. Había tenido una adolescencia poco convencional. Nacido el 3 de julio de 1971 en Townsville, en la costa nororiental de Australia, hijo de Christine Hawkins y John Shipton, que estaban separados, creció con su madre y recibió el apellido del nuevo marido de esta, el director teatral Brett Assange. El teatro y el arte eran los principales intereses de su madre, con la que se movía de ciudad en ciudad. El estilo de vida nómada hizo que asistiera a docenas de colegios distintos, algunos incluso durante un solo día. La necesidad de viajar la conservaría, así como la sensación de ser un hijo de internet, sin geolocalización: alguien que miraba el mundo de manera global. No era casual que hubiera creado una organización informativa apátrida como WikiLeaks.

Se puede descubrir mucho sobre una persona conociendo a sus padres, o simplemente interactuando con ellos, incluso desde la distancia. Cuando hablé y me escribí con Christine Hawkins y John Shipton en años posteriores, observé que Julian Assange tenía la mente lógica del padre y el antiautoritarismo y la independencia de la madre.

Preocupada por la posibilidad de que el sistema de enseñanza público pudiera arruinar la inteligencia y el ánimo de su hijo, Christine fomentó una educación informal marcada por el pensamiento crítico[5]. Fueron los libros y un ordenador Comodore 64 los que alimentaron la mente de Assange, no los estudios tradicionales.

A los 18 años ya tenía un hijo, Daniel. A los 25, lo declararon culpable de piratear la empresa de telecomunicaciones canadiense, Nortel. La sentencia[6] dictada por Leslie Ross, jueza del Juzgado del Condado de Victoria, en Melbourne, contiene una reprimenda bastante leve. «Julian Assange, se ha declarado usted culpable de 24 ofensas contra la Ley Penal de la Mancomunidad», afirma la sentencia, que añade: «la información que ha obtenido y la interferencia que ha causado en varias de las redes informáticas a las que ha accedido no le han reportado ningún beneficio personal. No hay pruebas de que se haya dejado llevar por nada distinto de su interés por la informática y el deseo de acceder a este material para capacitarse, por así decirlo; acceder a este material concreto fue el estímulo para comportarse como lo hizo».

La jueza continuaba: «De haberse embarcado en este ejercicio con ánimo de lucro personal, yo habría considerado, pese a las circunstancias atenuantes, que la única opción habría sido una pena de cárcel. Debe usted saber que la más grave de estas faltas comporta una pena máxima de diez años de prisión».

¿Cuáles eran los atenuantes reconocidos por la jueza Ross? Que Assange había actuado por un deseo de conocimiento intelectual, sin ánimo de lucro económico, que había cooperado plenamente con la investigación, e incluso sus antecedentes personales: «Acepto lo que su abogado ha dicho acerca del ambiente personal inestable que ha tenido usted que soportar durante sus años formativos, y la existencia prácticamente nómada que su madre y usted se vieron obligados a llevar, así como la perturbación personal que tuvo lugar en su familia». La jueza concluía que: «Eso no debió de ser fácil para usted. Ha influido en su capacidad para obtener cualificaciones educativas formales, que parece que sin duda no estaban fuera de su alcance; y la deducción de que es usted un individuo altamente inteligente parece bien fundada […]. Son faltas que solo podrían cometer individuos inteligentes». La sentencia, relativamente benévola, fue una multa de 2.100 dólares australianos.

Por los documentos judiciales archivados en el Juzgado del Condado de Victoria, en Melbourne, descubrí que, en 1993, cuanto tenía veintidós años, Assange había proporcionado ayuda técnica a la unidad policial australiana encargada de luchar contra la pornografía infantil en internet, la Unidad Policial contra la Explotación Infantil de Victoria. Usó sus conocimientos informáticos para identificar a pedófilos que publicaban y distribuían material en internet. «La participación del Sr. Assange concluyó a mediados de la década de 1990 –decían los documentos–, y su experiencia técnica fue valiosa para las investigaciones. El Sr. Assange no recibió beneficios personales por esta aportación, y se mostró satisfecho con estar en posición de ayudar»[7].

La página Cryptome también resultó fundamental en mi esfuerzo por comprender de dónde partía Assange. Fundada por el estadounidense John Young en 1996, diez años antes de que se crease WikiLeaks, Cryptome fue la primera en empezar a publicar de ordinario documentos confidenciales o restringidos de algún modo. En aquellos meses de 2010, cuando la fama de WikiLeaks estaba explotando, intenté contactar con Youg para que me explicase su punto de vista, pero recibió mis intentos con un considerable recelo.

Cryptome servía de archivo digital, en el que Young publicaba documentos sin consultar antes con medios de comunicación tradicionales, al contrario de lo que haría WikiLeaks, de manera sistemática y con grandes equipos a partir de los Diarios de la Guerra de Afganistán, para que los medios de comunicación colaboradores pudiesen investigar los archivos y confirmar su autenticidad al mismo tiempo que la organización. Por lo que sabía desde mi posición de observadora externa, Cryptome trabajaba sola, y nunca me quedó claro cómo hacía para autenticar los archivos. En el caso de WikiLeaks, los medios de comunicación colaboradores efectuaban nuevos controles independientes antes de la publicación. De cualquier modo, Assange me contó en las conversaciones que mantuvimos por aquel entonces que, en su opinión, John Young había hecho un «trabajo heroico».

Unas semanas después de que se publicase Collateral Murder, Cryptome publicó el contenido de la lista de correo de cypherpunks[8]. Esos mensajes electrónicos ofrecían un retrato del paisaje cultural que tanto había contribuido a producir al fundador de WikiLeaks.

Visionarios y libertarios

En la década de 1990, Julian Assange era uno de ellos. Visionarios y libertarios, los cypherpunks incluían matemáticos como Eric Hughes, de la Universidad de California en Berkeley, que había escrito A Cypherpunk’s manifesto, y el físico Timothy May, que había trabajado para el gigante de los microprocesadores Intel. La solución dada por May a un problema técnico le había proporcionado una riqueza tal que pudo jubilarse a los 34 años, tras calcular que nunca más tendría que volver a trabajar.

En la lista estaba también John Gilmore, que había sido el quinto empleado del gigante informático Sun Microsystems, y que con menos de 30 años también había ganado lo suficiente como para jubilarse[9] y dedicarse a sus intereses personales, entre ellos los derechos digitales. Gilmore ayudó a fundar Electronic Frontier Foundation (eff), la influyente organización estadounidense que más tarde se pondría del lado de WikiLeaks en el caso del banco suizo Julius Baer.

Estaban Esther Dyson, experta en tecnologías digitales y directora en ese momento de eff, y John Young, fundador de Cryptome, junto con jóvenes talentos informáticos como Julian Assange, activo en la lista de correo desde 1995, cuando tenía solo 24 años y la investigación de las autoridades estadounidenses sobre Philip Zimmermann y pgp avivaba el debate sobre el cifrado.

Todos los cypherpunks estaban unidos por un interés primordial: el impacto de la vigilancia, y el desarrollo de herramientas para defender la privacidad personal y el anonimato, incluidos sistemas de pago anónimos que protegiesen al individuo del control absoluto ejercido por el Estado. Como explicaba Eric Hughes en el «Manifiesto cypherpunk»[10]: «La privacidad es necesaria para mantener una sociedad abierta en la era electrónica. Privacidad no equivale a secretismo. Un asunto privado es algo que no se quiere que sepa todo el mundo, mientras que un asunto secreto es algo que no se quiere que sepa nadie. La privacidad es la capacidad de revelarse al mundo de manera selectiva». Y continúa: «Si compro una revista en una tienda y pago en efectivo, no hay necesidad de saber quién soy. […] Cuando el mecanismo subyacente de la transacción revela mi identidad, carezco de privacidad. No puedo decidir selectivamente si revelarla o no; debo revelarla siempre. En consecuencia, en una sociedad abierta, la privacidad exige sistemas de transacción anónimos. Hasta ahora, el dinero en efectivo ha sido el principal sistema de este tipo. Un sistema para efectuar transacciones anónimas no es un sistema para efectuar transacciones secretas. Un sistema anónimo permite a los individuos revelar su identidad solo si lo desean y cuando lo desean; esta es la esencia de la privacidad».

Los cypherpunks eran antiautoritarios, pero sus opiniones políticas variaban. Timothy May, por ejemplo, era un anarquista de derechas, que no aceptaba ninguna interferencia estatal en la vida política, social y económica, y defendía una forma de capitalismo desprovista de intervención institucional. El propio Tim May había sido autor de uno de los documentos más provocativos, «Manifiesto criptoanarquista»[11], cuyo comienzo parafraseaba el Manifiesto del Partido Comunista de Karl Marx y de Friedrich Engels: «Un fantasma recorre el mundo moderno: el fantasma de la criptoanarquía. La tecnología informática está a punto de proporcionar a individuos y grupos la capacidad de comunicarse y relacionarse entre sí de manera totalmente anónima. Dos personas pueden intercambiar mensajes, hacer negocios y negociar contratos electrónicos sin conocer siquiera cada una el nombre verdadero o la identidad jurídica de la otra».

May continuaba: «El Estado intentará, por supuesto, ralentizar o paralizar la difusión de esta tecnología, alegando cuestiones de seguridad nacional, el uso de la tecnología por narcotraficantes y evasores de impuestos, y el miedo a la desintegración social. Muchas de esas preocupaciones serán válidas; la criptoanarquía permitirá comerciar [sic] libremente con secretos nacionales y permitirá comerciar con materiales ilícitos y robados. Un mercado informatizado y anónimo permitirá incluso que surjan horribles mercados de asesinato y extorsión. Diversos elementos criminales y extranjeros serán usuarios activos de la CriptoRed. Pero esto no impedirá la expansión de la criptoanarquía».

Cuando le pregunté a Philip Zimmermann qué pensaba del «Manifiesto criptoanarquista», me contestó que no creía que fuera una perspectiva verosímil: era una distopía[12]. Y yo entendería más tarde que la distopía de Tim May no coincidía con la visión que Julian Assange tenía del cifrado: no quería usarlo para permitir que narcotraficantes, evasores fiscales o asesinos quedaran impunes, quería usarlo para hacer que los delincuentes estatales no quedaran impunes. En todo caso, estos eran los análisis, las incitaciones y las noticias sobre el impacto del cifrado, el anonimato y los sistemas de pago anónimos que avivaban los debates en la lista de correo de los cipherpunks. Es un debate en el que el joven Assange participó intensamente entre 1995 y 2002, cuando aún no había creado WikiLeaks, que no se fundaría hasta el 4 de octubre de 2006.

Los debates recogidos en esa lista de correo permiten ver que Assange era un libertario inflexible en lo referente a derechos digitales tales como el anonimato y el cifrado, pero no un defensor del capitalismo descontrolado, a diferencia de los libertarios estadounidenses[13].

En una de las publicaciones, un cypherpunk apodado Declan, escribía: «Se puede admitir que la globalización tiene efectos perjudiciales […] Pero cuando se responde a las afirmaciones de que los trabajadores fabriles de los países más pobres ganan solo dos dólares por hora o cosas por el estilo, tiene sentido preguntar: ¿y eso es peor que sus otras alternativas, como las chozas de barro en aldeas?».

He aquí la respuesta de Julian Assange: «No hace falta ser un premio Nobel para darse cuenta de que la relación entre un gran empresario y un empleado es brutalmente asimétrica. Una entidad sabe mucho más sobre las reglas de negociación que la otra. Estás tú, como posible empleado, y el monopolio del trabajo local con cientos de abogados expertos en relaciones industriales, psicólogos y otros estrategas que te entregarán un documento lleno de jerga jurídica y te dirá que firmes. Sin un equipo jurídico, nunca entenderás el documento ni las conexiones políticas que lo respaldan. Y si tú lo entiendes, podrán escoger entre otro millón de tipos que no lo entiendan. Para contrarrestar este tipo de asimetría los empleados naturalmente empiezan por intentar colectivizarse para aumentar su comprensión de la información y su capacidad negociadora. Eso está bien. ¡Sindicatos, Declan!, esas entidades retorcidas que las empresas y los gobiernos del primer mundo han ayudado a suprimir en el tercer mundo, recortando la libertad de asociación, de expresión y otros derechos políticos básicos que nosotros damos por sentados».

Eso escribió Assange en octubre de 2001, a los 30 años. Políticamente, eso es lo que era y lo que sigue siendo. Antibelicista y firme libertario en lo referente al derecho del individuo a protegerse de la vigilancia y el control estatal, pero no a favor de liberalizar los mercados.

Por último, la lista de correo de los cypherpunks resaltaba el trabajo de Assange en un programa de cifrado llamado Rubberhose, que había comenzado a desarrollar en 1997, a los 26 años, junto con Suelette Dreyfus, una inteligente investigadora australiana que trabajaba en la Universidad de Melbourne, experta y entusiasta de la tecnología[14] que conocía a Assange desde muy joven.

El programa Rubberhose estaba diseñado para proteger a los defensores de los derechos humanos y a los periodistas que trabajaban en sociedades autoritarias, o que por cualquier otra razón se encontraban en ambientes hostiles, en caso de que los parasen y los registrasen para buscar información incriminatoria.

La idea en la que se basaba el proyecto Rubberhose era ocultar esa información en archivos cifrados y difíciles de detectar, de modo que si los periodistas o los activistas sufriesen amenazas de violencia –como evoca el término rubberhose (manguera de goma)– pudieran afirmar de manera creíble que no los tenían en su propiedad.

Rubberhose no llegó a difundirse mucho, pero la determinación de proteger a fuentes que estuviesen en posesión de documentos sensibles se convertiría en un elemento central del trabajo de WikiLeaks. «Creemos que la transparencia en las actividades gubernamentales conduce a una reducción de la corrupción, a un mejor gobierno y a un fortalecimiento de la democracia», explicaba la página de la organización unos meses después de su creación[15]. «Todos los gobiernos pueden beneficiarse de un aumento del escrutinio por parte de la comunidad mundial, así como de su propia gente. Creemos que este escrutinio exige información», continuaba la página digital de WikiLeaks. «Históricamente, esa información ha sido costosa, tanto en términos de vida humana como de derechos humanos. Pero con los avances tecnológicos –internet y el cifrado– los riesgos de transmitir información importante pueden reducirse».

Este fue precisamente el riesgo que Chelsea Manning había afrontado al revelar archivos secretos como el vídeo Collateral Murder o los documentos sobre la Guerra de Afganistán. Y por aquellos días de octubre de 2010, cuando yo acababa de publicar las revelaciones sobre la participación de Italia en el conflicto afgano, no podía saber qué precio tan alto acabaría teniendo que pagar Chelsea Manning, pero sí sabía que, gracias a su excepcional valentía, pronto se revelarían nuevos archivos de importancia crucial.

[1] El trabajo de Bruce Schneier puede consultarse en [www.schneier.com/].

[2] Stefania Maurizi, Dossier WikiLeaks: Segreti Italiani, Milán, bur Rizzoli, 2011.

[3] Ibid.

[4] Ibid.

[5] Christine Assange, mensaje electrónico a la autora, 9 de febrero de 2019.

[6] The Queen vs. Julian Paul Assange, sentencia emitida por la jueza Ross, 5 de diciembre de 1996.

[7] Juzgado del Condado de Victoria, Revocación de la Orden de Prohibición, 11 de febrero de 2011.

[8] El contenido de la lista de correo de cypherpunks está disponible en [https://cryptome.org/0001/assange-cpunks.htm], consultado el 17 de enero de 2022.

[9] John Gilmore, mensaje electrónico a la autora, 18 de febrero de 2021.

[10] «A Cypherpunk’s manifesto», disponible en [www.activism.net/cypherpunk/manifesto.html], consultado el 17 de enero de 2022.

[11] «The Crypto Anarchist manifesto», disponible en [https://groups.csail.mit.edu/mac/classes/6.805/articles/crypto/cypherpunks/may-crypto-manifesto.html], consultado el 17 de enero de 2022.

[12] Philip Zimmermann, mensaje electrónico a la autora, 24 de junio de 2011.

[13] Robert Manne: «The Cypherpunk revolutionary», The Monthly, marzo de 2011, disponible en [www.themonthly.CO.au/issue/2011/february/1324596189/robert-manne/cypherpunk-revolutionary#mtr], consultado el 17 de enero de 2022.

[14] En colaboración con Suelette Dreyfus, Julian Assange escribió Underground: Tales of hacking, madness, and obsession on the electronic frontier, Kew (Australia), Mandarin, 1997.

[15] Citado en el documento de ACIC mencionado en el capítulo I: «Wikileaks.org–an online reference to foreign intelligence services, insurgents, or terrorist groups?». Véase [https://file.wikileaks.org/file/us-intel-wikileaks.pdf], consultado el 19 de mayo de 2022.

V

Una base de datos del infierno: Diarios de la Guerra de Iraq

La palabra democracia solo ocho veces

No había transcurrido ni un mes desde mi reunión con Julian Assange y Kristinn Hrafnsson en Alexanderplatz cuando WikiLeaks volvió a publicar documentos de un valor periodístico extraordinario: el 22 de octubre de 2010 subieron a su página 391.832 archivos secretos sobre la Guerra de Iraq. Como los de Afganistán, los Diarios de la Guerra de Iraq[1] eran informes escritos desde el campo de batalla por soldados estadounidenses, relatando de manera concisa cada acontecimiento significativo (SigAct) a medida que se iba produciendo en el teatro de operaciones iraquí, en general en la escueta jerga militar, llena de abreviaturas. Los informes abarcaban el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2009, y permitían registrar seis años de ese conflicto a través de relatos de hechos, cada uno de los cuales proporcionaba, como sendas Polaroids, una instantánea de lo ocurrido en un lugar específico (latitud y longitud), un día concreto, a una hora específica: ataques soportados y emprendidos, artefactos explosivos improvisados (IED), prisioneros, muertos, heridos, secuestros, informes y advertencias aportadas a las tropas por la población local.

La Guerra de Iraq es un ejemplo perfecto de manipulación de los servicios de inteligencia con fines políticos. Estados Unidos invadió el país el 20 de marzo de 2003, basándose en una información completamente falsa, de acuerdo con la cual el régimen de Sadam Husein poseía armas de destrucción masiva y mantenía vínculos con al-Qaeda. Fue un completo invento del Gobierno de Bush, en coalición con el Gobierno británico de Tony Blair, para justificar la invasión. Pero sus datos de inteligencia falsificados habrían logrado su propósito con mucha menos facilidad si los medios de comunicación estadounidenses hubieran hecho su trabajo y tratado con escepticismo a los servicios secretos y a sus jefes políticos.

Algunas organizaciones informativas intentaron de hecho hacerlo: los periódicos de la editorial estadounidense McClatchy, por ejemplo, publicaron una serie de exclusivas en las que ponían de manifiesto las falsedades del Gobierno de Bush acerca de las armas de destrucción masiva[2]. El New York Times aceptó el engaño, por el contrario.

Con posterioridad se reveló que ciertos periodistas del New York Times[3] habían intentado expresar dudas después de que las fuentes de las que disponían en los servicios de inteligencia estadounidenses les hubieran confiado sus recelos, pero no habían logrado cambiar la postura editorial de su periódico. Julian Assange me ha expresado más de una vez su convicción de que si WikiLeaks hubiese existido antes de la guerra en Iraq, fuentes con documentos que demostrasen el engaño del Gobierno de Bush habrían tenido la oportunidad de publicarlos e introducirlos en el debate internacional, gracias a la capacidad de WikiLeaks de alcanzar el máximo impacto con sus publicaciones. También sentía que si WikiLeaks hubiera estado ya activa en las primeras fases del conflicto de Iraq, y hubiese podido obtener y publicar de inmediato archivos como Collateral Murder, la guerra habría terminado antes.

¿Habría sido realmente así? Es difícil decirlo, pero al menos WikiLeaks habría dado a las fuentes que dispusieran de pruebas sobre las mentiras del Gobierno de Bush una oportunidad de compartir sus dudas con ciudadanos de todo el mundo.

Sin embargo, la organización de Assange no existía en aquel momento, y el New York Times resultó ser de gran ayuda para Bush y sus halcones, al apoyar sus mentiras. No solo era (y es) el periódico más influyente del mundo, sino también políticamente opuesto a Bush, y eso ayudó a hacer más creíbles las afirmaciones falsas acerca de las armas de destrucción masiva, «corroboradas» como lo estaban por un periódico con autoridad pero políticamente hostil.

La combinación de falsedades de los organismos de inteligencia y propaganda mediática dio lugar a una guerra de la que Oriente Próximo no se ha recuperado aún, no solo porque provocó millones de muertos y refugiados, sino porque ha ayudado a generar las barbaries del ISIS, que surgió precisamente en los territorios iraquíes sumidos en el caos y la violencia desatados por la invasión estadounidense. Desde allí, sus fanáticos han golpeado a Europa y han llegado a Afganistán, en un crescendo de decapitaciones, atentados suicidas, crucifixiones y violaciones en masa más brutales aún –si cabe– que los de al-Qaeda.

La invasión de Iraq comenzó el 20 de marzo de 2003, bajo el nombre de «Operación Libertad Iraquí», y para una superpotencia como Estados Unidos derrocar al régimen de Sadam Husein fue tremendamente fácil. George W. Bush declaró la «misión cumplida» el 1 de mayo de 2003, y Husein fue capturado unos siete meses después. Al dictador lo ahorcaron el 30 de diciembre de 2006, acusado de crímenes contra la humanidad que incluían el uso de armas químicas contra los kurdos de Halabja, al norte de Iraq, en 1988, un ataque en el que murieron al menos cinco mil personas.

Derrocado Sadam Husein, el país no siguió en absoluto la senda predicha por la propaganda estadounidense, que afirmaba que los iraquíes le estarían agradecidos a Estados Unidos por liberarlos de su dictador y vivirían en paz por fin en un país democrático. En realidad, Iraq entró en una espiral de violencia indiscriminada de la que no se ha recuperado. La población, abrumadoramente musulmana pero dividida entre chiíes y suníes[4], se hundió en la violencia sectaria.

Los suníes eran la minoría, pero habían dominado la nación hasta entonces bajo el liderazgo brutal de Sadam Husein. Caído el dictador, Iraq se hundió en el caos: suníes contra chiíes, contratistas estadounidenses contra la población iraquí, milicias locales contra el invasor estadounidense, y al-Qaeda contra todos.

Los Diarios de la Guerra de Iraq detallan ese infierno día a día. Como comentó de inmediato el semanario Der Spiegel[5]: «No han sido ni los opositores estadounidenses, ni los aliados escépticos, ni los medios de comunicación opositores los que han recopilado estos documentos que describen lo desastrosa que fue en realidad la Operación Libertad Iraquí. Los han redactado las mismas personas que han expulsado a Sadam».

Muchos de los informes nos permiten hacer un seguimiento, hora a hora, en el transcurso del mismo día, de los vehículos blindados volados mediante JED, las mujeres y los niños decapitados, los extranjeros secuestrados, los contratistas que disparaban sin saber a quién estaban matando, los soldados estadounidenses que mataban a hombres, mujeres y niños en los puntos de control. Un ciclo de barbarie infinito. Hace falta mucho aguante para leer los Diarios de la Guerra de Iraq, con los horrores infinitos que describen.

3 de noviembre de 2007, 16:46:00. Una nacional iraquí informa de que «AQI [al-Qaeda en Iraq] fue a su casa y amputó [sic] a sus bebés», dice uno de los documentos clasificados[6], que concluye: «se confirma bebé decapitado».

También son abrumadores los documentos que relatan los malos tratos y las torturas infligidos a detenidos, en ocasiones a manos de los estadounidenses, pero principalmente por parte de las fuerzas iraquíes. Hay 1.088 informes de este tipo en la base de datos.

3 de diciembre de 2008, 11:00:00. Un informe describe a un detenido que murió de insuficiencia renal mientras se encontraba bajo arresto, observando que: «había pruebas de que se le había efectuado algún tipo de procedimiento quirúrgico en el abdomen […]. Había también signos de hematomas en la cara, el pecho, el tobillo y la parte posterior del cuerpo»[7].

En otro archivo, los soldados estadounidenses describen el trato dado a un prisionero por las fuerzas iraquíes que lo habían detenido en un control[8]. «[La víctima] afirma que durante el interrogatorio le golpearon las manos con una vara de madera/metal, le pegaron con cables y lo insultaron. Afirma que le dijeron que se tumbara boca abajo con las manos detrás de la espalda, y entonces supuestamente los soldados iraquíes se subieron y saltaron sobre él, le orinaron encima, y lo escupieron. También afirma que lo abofetearon y lo golpearon con un cable. Declara también que le dieron descargas eléctricas. Afirma que esto duró unas ocho horas, y que se repitió dos veces más».

El informe explicaba a continuación que el detenido había sido trasladado al hospital con lesiones que incluían: «Visión borrosa, disminución de la audición en el oído izquierdo, sangrado de oídos, hematomas en frente, cuello, pecho, espalda, hombros, brazos, manos y muslos, cortes sobre el ojo izquierdo y en los labios superior e inferior, hemorragias oculares, sangre en las cavidades nasales, e hinchazón de manos/muñecas». Y concluía: «Debido a que no existe alegación o pruebas de que hubiera estadounidenses involucrados, no se inicia investigación estadounidense».

Fue la Guerra de Iraq la que engendró las atrocidades contra los presos que se convertiría en símbolo de la crueldad utilizada en la guerra contra el terror: Abu Ghraib. Esta cárcel infame, usada anteriormente por Sadam Husein para encarcelar y torturar a sus opositores, se convirtió de inmediato en epicentro de los horrores. Los torturadores de Sadam fueron sustituidos por torturadores estadounidenses e iraquíes. Cuando WikiLeaks publicó los Diarios de la Guerra de Iraq, en octubre de 2010, el escándalo de Abu Ghraib ya había sido revelado seis años antes[9] por el gran periodista de investigación Seymour Hersh. Pero los archivos proporcionaban documentación fehaciente sobre el archipiélago de tortura, y cómo Estados Unidos había hecho caso omiso y lo había tolerado.

La invasión, que el Gobierno de Bush vendió a la ciudadanía como una guerra para liberar a la población iraquí de un dictador brutal y crear una sociedad democrática que serviría de ejemplo en Oriente Próximo, se reveló como un completo fracaso en las instantáneas tomadas por los propios soldados estadounidenses. Como observó de inmediato el semanario alemán Der Spiegel[10]: «En los cerca de 400.000 documentos, la palabra “democracia” solo aparece ocho veces. Los “artefactos explosivos improvisados” [ied] que instalaron el miedo en el corazón de los soldados estadounidenses, sin embargo, se mencionan 146.895 veces».

Solo gracias a los Diarios de la Guerra de Iraq pudo una respetada organización de investigadores, Iraq Body Count (Cómputo de muertos en Iraq), fundada conjuntamente por Hamit Dardagan y John Sloboda[11], confirmar la muerte de quince mil civiles víctimas de la Guerra de Iraq que no habían aflorado antes. Puede parecer una mera cuestión estadística, pero se trataba de padres, madres, hijos. E hizo falta el trabajo tenaz de investigadores de Iraq Body Count como Josh Dougherty para revelar esas muertes antes desconocidas[12]. Diez años después de la publicación, los Diarios de la Guerra de Iraq siguen siendo la única fuente disponible para efectuar una reconstrucción meticulosa de dichas muertes.

Iraq Body Count ha determinado que, entre marzo de 2003 y octubre de 2020, el número de civiles inocentes fallecidos a causa de la Guerra de Iraq se situó entre 185.395 y 208.419: estas cifras representan solo las víctimas de la violencia directa, y no incluyen a quienes fallecieron por consecuencias indirectas, como el colapso de los hospitales y de la atención sanitaria debido al conflicto[13]. Si se incluyen estas últimas, la cifra ronda las 600.000 víctimas[14], aunque es imposible obtener datos fiables sobre dichas muertes. Son solo cálculos aproximados, mientras que el cálculo de víctimas civiles registrado por Iraq Body Count es una cifra real de muertes verificables. La guerra obligó a 9,2 millones de iraquíes –es decir, el 37 por 100 de la población de Iraq antes de la invasión estadounidense– a huir de sus hogares y buscar refugio en el extranjero, o desplazarse a otras áreas del país[15].

Los Diarios de la Guerra de Iraq, como el vídeo Collateral Murder y los archivos sobre Afganistán, eran una de las bases de datos secretos que Chelsea Manning encontró coraje para descargar de las redes del Departamento de Defensa de Estados Unidos y entregar a WikiLeaks.

Su publicación suscitó una reacción feroz del Pentágono, como ya había ocurrido con los archivos sobre Afganistán. «Deploramos que WikiLeaks haya inducido a algunos individuos a incumplir la ley, filtrar documentos clasificados y después compartir descuidadamente esa información secreta con el mundo, incluidos nuestros enemigos», declaró de inmediato el Pentágono[16], añadiendo: «El único curso de acción responsable llegados a este punto es que WikiLeaks devuelva el material robado y lo elimine de sus páginas de internet lo antes posible».

Pero Julian Assange y su organización tampoco acataron esta orden. Y pronto, además del Pentágono, tendrían al New York Times en su contra.

Como un ácido corrosivo

Personaje cambiante, que vagaba por el mundo cual fugitivo de la justicia, tiñéndose el pelo, durmiendo en hoteles con nombres falsos, usando caros teléfonos cifrados, pagando en efectivo para eludir las tarjetas bancarias. Un hombre con un carácter imperioso que se estaba enemistando con su propia organización y que se había visto envuelto en un caso de violación y abuso sexual en Suecia. Pero, ante todo, un hombre que no tenía reparos en poner en riesgo la vida de su propia gente, publicando archivos secretos a la ligera.

Así describía The New York Times a Julian Assange en un largo artículo[17] publicado exactamente un día después de que salieran a la luz los Diarios de la Guerra de Iraq.

Habían transcurrido apenas tres meses desde la publicación por parte de WikiLeaks de los 76.910 archivos referentes a Afganistán que habían causado sensación en todo el mundo, y desde que el semanario alemán Der Spiegel había publicado la entrevista en la que Assange explicaba qué lo había llevado a no usar su talento para fundar una empresa en Silicon Valley y ganar dinero, sino para crear el proyecto WikiLeaks. «Disfruto ayudando a las personas vulnerables. Y disfruto aplastando a los bastardos», había declarado[18].

Pero ahora, el periódico más poderoso del mundo retrataba a ese hombre de 39 años[19], inteligente y antiautoritario, que viajaba por el mundo con poco más que una mochila y un ordenador, como un excéntrico caprichoso que ponía de manera temeraria en riesgo la vida de otros. ¿Eran reales esos peligros, o no?

Los archivos sobre las guerras de Iraq e Irán se publicaron en colaboración con The New York Times, The Guardian y Der Spiegel y, en el caso de los diarios de Iraq, también con Bureau of Investigative Journalism [Oficina de Periodismo de Investigación], una agencia de noticias con sede en Londres. Cada una de estas empresas de comunicación ayudaron a determinar qué información censurar. WikiLeals también apartó quince mil archivos sobre Afganistán que contenían nombres sensibles. Como en el caso de los Diarios de la Guerra de Iraq, estaban tan fuertemente censurados[20] que incluso nombres que llevaban ya años en los medios de comunicación, como el de Blackwater –la empresa de mercenarios que perpetró la masacre de la plaza de Nisour en Bagdad en 2007– se habían eliminado.

Todas las precauciones tomadas, las insólitas medidas de seguridad y el minucioso trabajo periodístico hacían muy improbable que las fuentes mencionadas en los documentos corrieran peligro alguno.

Una cosa estaba ya muy clara, sin embargo. Tras solo tres meses, The New York Times estaba modelando la opinión pública de acuerdo con las afirmaciones hechas por el Pentágono de que Assange y WikiLeaks habían actuado de manera insensata. Pero había una voz en el artículo publicado por el periódico que se pronunció en defensa de Julian Assange. Fue la de Daniel Ellsberg, el legendario denunciante estadounidense que, en 1971, se había jugado el pellejo para sacar a la luz los Papeles del Pentágono [Pentagon Papers], un informe de siete mil páginas redactado por el Pentágono en el que se revelaban las falsedades vertidas por las autoridades estadounidenses acerca de la Guerra de Vietnam. Ellsberg manifestó que sentía una afinidad espiritual con Julian Assange y Chelsea Manning. «Estaban dispuestos a ir a la cárcel de por vida o a ser ejecutados, por sacar esta información», le dijo a The New York Times, confesando que «llevo 40 años esperando a que alguien revele información a una escala suficientemente amplia como para marcar una diferencia».

Desde 1971, Daniel Ellsberg ha sido un icono de ciudadano dotado de excepcional valentía moral. Evitando ser cómplice en una guerra como la de Vietnam –que costó tres millones de vidas–, lo arriesgó todo para copiar los miles de páginas, una a una, usando una simple fotocopiadora típica de aquellos años, en secreto, por la noche[21].

Ellsberg, que era analista militar y había ayudado a redactar los Papeles del Pentágono, entregó a la prensa estadounidense todos esos documentos considerados ultrasecretos para hacer que se abriera el caso, de modo que la ciudadanía pudiera por fin tener pruebas de que las autoridades estadounidenses habían mentido a sus ciudadanos y enviado a miles de jóvenes a morir en una guerra que sabían perfectamente que no podían ganar y que, en último término, costaría la vida a millones de vietnamitas.

Para revelar los Papeles del Pentágono, no solo tuvo Ellsberg que arriesgar su vida y su libertad por tratarse de documentos ultrasecretos, sino que The New York Times y The Washington Post tuvieron que librar una batalla judicial que llegó al Tribunal Supremo de Estados Unidos, porque el Gobierno de Richard Nixon intentó bloquear su publicación, basándose en que se trataba de documentos clasificados.

Desde entonces, Daniel Ellsberg y los Papeles del Pentágono se han convertido en un símbolo de la integridad moral y de la libertad de prensa. Para Julian Assange y Chelsea Manning no podía haber, por lo tanto, un defensor con más autoridad o más admirado que Daniel Ellsberg. Y, sin embargo, la defensa que él hizo de Assange y de Manning quedó completamente diluida en el artículo de The New York Times, que transmitía un mensaje completamente distinto.

En el retrato publicado por el diario más influyente del mundo, el fundador de WikiLeaks aparecía, en el mejor de los casos, como una figura controvertida, en ocasiones sospechosa, si no completamente siniestra. Era solo el comienzo de una prolongada campaña mediática que desde 2010 hasta hace poco ha contribuido enormemente a quitarle el apoyo de la opinión pública, que constituye siempre el escudo más importante para quienes, como Assange y los periodistas de WikiLeaks, tenían (y tienen) en su contra a algunas de las instituciones más poderosas del mundo, como el Pentágono.

Era perfectamente legítimo plantear dudas acerca de los riesgos potenciales que los archivos de Iraq y Afganistán podían suponer para los civiles citados en ellos. Pero The New York Times no pareció tener en cuenta en absoluto el enorme trabajo que WikiLeaks había hecho para proteger a las fuentes mencionadas en esos archivos. Y paradójicamente, desde aquel lejano 2010 hasta hoy, toda la atención de los medios de comunicación se centraría en la figura de Assange y su organización, y no en la culpabilidad de quienes habían diezmado, torturado y destruido naciones enteras.

Como un ácido que corroe lentamente hasta los metales más brillantes, también la acusación de que ponía en peligro vidas humanas –blandida por el Pentágono sin prueba alguna– sería asumida y repetida sin cuestionamiento durante más de una década, ayudando a manchar la reputación de WikiLeaks. Y no es difícil imaginar lo mucho que esto debía de satisfacer al Pentágono.

[1] Los 391.832 Diarios de la Guerra de Iraq están disponibles en [https://wardiaries.wikileaks.org/], consultado el 19 de enero de 2022.

[2] «John Walcott receives first I. F. Stone medal for journalistic Independence for pre-Iraq War coverage», Nieman News, 23 de julio de 2008, disponible en [https://nieman.harvard.edu/news/2008/07/john-walcott-receives-first-i-f-stone-medal-for-journalistic-independence-for-pre-iraq-war-coverage/], consultado el 19 de enero de 2022.

[3] Para obtener un relato desde dentro sobre cómo ayudó The New York Times a difundir las falsedades que condujeron a la Guerra de Iraq es importante leer la reconstrucción de James Risen, ganador del Premio Pulitzer, cuyas informaciones lo hicieron chocar con su periódico, del que acabó dimitiendo. James Risen, «The biggest secret: my life as a New York Times reporter in the shadow of the War on Terror», The Intercept, 3 de enero de 2018. Una crítica interesante sobre la participación de los medios de comunicación estadounidenses en la construcción del consenso que condujo a la Guerra de Iraq es la de Matt Taibbi, «16 years later, how the press that sold the Iraq war got away with it», Rolling Stone, 22 de marzo de 2019.

[4] El cisma religioso entre chiíes y suníes se produjo hace catorce siglos, a partir de una disputa respecto a quién debía liderar la comunidad tras la muerte del profeta Mahoma en 632. Hoy en día, los 1.500 millones de musulmanes son mayoritariamente suníes, pero Irán es chií y compite por el predominio regional con Arabia Saudí, que practica una forma de islamismo suní extremadamente rígida, el wahabismo.

[5] H. Hoing, C. Meyer, J. Von Mittelstaedt, F. Ott, M. Rosenbach, G. P. Schmitz, H. Stark, «The Iraq War Logs: a protocol of barbarity», Der Spiegel, 25 de octubre de 2010.

[6] El documento está disponible en forma redactada en [https://wardiaries.wikileaks.org/id/0691646F-0D1C-F0D1-0364DF9D4FFD9438/], consultado el 19 de enero de 2022; el archivo se publicó originalmente en Hoing et al., op. cit.

[7] El archivo está disponible en forma censurada en la página digital de WikiLeaks. [https://wardiaries.wikileaks.org/id/FC615C05-E517-5C89-78B2CF941B76EDE4/], consultado el 19 de enero de 2022; el archivo se publicó originalmente en Nick Davies, Jonathan Steele y David Leigh, «Iraq War Logs: secret files show how US ignored torture», The Guardian, 22 de octubre de 2010.

[8] El archivo está disponible en forma censurada en [https://wardiaries.wikileaks.org/id/EF414A9C-3EAA-4A7D-8E3B-3D9BAAE09C7E/], consultado el 19 de enero de 2022.

[9] Seymour Hersh, «Torture at Abu Ghraib», The New Yorker, 30 de abril de 2004. La cadena de televisión estadounidense cbs también publicó algunas fotos de las torturas practicadas en Abu Ghraib.

[10] H. Hoing et al., op. cit.

[11] Iraq Body Count Project, [www.iraqbodycount.org/about/], consultado el 24 de enero de 2022.

[12] Hamit Dardagan, comunicación a la autora, 20 de mayo de 2022.

[13] Hamit Dardagan, cofundador de Iraq Body Count, mensaje electrónico a la autora, 17 de noviembre de 2020.

[14] Philip Bump, «15 years after the Iraq War began, the death toll is still murky», The Washington Post, 20 de marzo de 2018.

[15] D. Vine, C. Coffman, K. Khoury, M. Lovasz, H. Bush, R. Leduc, J. Walkup, «Creating refugees: displacement caused by the US post-9/11 wars», Proyecto sobre los Costes de la Guerra, Universidad de Brown, 21 de septiembre de 2020, disponible en [https://watson.brown.edu/costofwar/files/cow/imce/papers/2020/Displacement_Vine%20et%20al_Costs%20of%20War%202020%2009%2008.pdf], consultado el 25 de enero de 2022.

[16] «The Defense Department’s response», The New York Times, 22 de octubre de 2010.

[17] John F.Burns y Ravi Somaiya, «WikiLeaks founder on the run, trailed by notoriety», The New York Times, 23 de octubre de 2010.

[18] John Goetz y Marcel Rosenbach, «I enjoy crushing bastards», Der Spiegel, 26 de julio de 2010.

[19] Julian Assange nació el 3 de julio de 1971.

[20] El cofundador de Iraq Body Count testificaría más tarde, en la vista sobre la extradición de Assange celebrada en Londres, sobre la importancia crucial de los Archivos de la Guerra de Iraq y de la aportación que Iraq Body Count hizo a la censura, el tachado de nombres, en dichos documentos. Declaración Testifical presentada por John Sloboda el 17 de julio de 2020 ante el Tribunal de Magistrados de Westminster.

[21] Niraj Chokshi, «Behind the race to publish the top-secret Pentagon Papers», The New York Times, 20 de diciembre de 2017.

VI

Cablegate: sacudiendo las esferas más altas del poder

Crímenes, escándalos y presión política

Fue una de las mayores primicias en la historia del periodismo. Sacudió a la Casa Blanca y a toda la política mundial, desde el presidente estadounidense Barack Obama y el entonces primer ministro ruso Vladimir Putin, hasta los creadores de opinión estadounidenses, que llegaron a sugerir que debían tomarse medidas extremas contra Julian Assange, incluso «matar ilegalmente al hijo de puta»[1]. El 28 de noviembre de 2010, solo un mes después de publicar los Diarios de la Guerra de Iraq, WikiLeaks empezó a publicar 251.287 cables diplomáticos estadounidenses, en colaboración –aunque en algunos casos tormentosa– con cinco grandes periódicos internacionales: The New York Times, The Guardian, Der Spiegel, el diario francés Le Monde y el español El País.

Era el comienzo del «Cablegate», llamado así en recuerdo del Watergate, el escándalo que acabó provocando la dimisión del presidente estadounidense Richard Nixon en 1974 y que partió de acontecimientos puestos en marcha por una «filtración» masiva anterior[2]: los Papeles del Pentágono. Después de que Daniel Ellsberg filtrase los documentos, Nixon creó una unidad especial de operativos, los «fontaneros» [plumbers], que supuestamente debían taponar las filtraciones de información confidencial que estaban perjudicando a su Gobierno. Los fontaneros se colaron primero en la consulta del psiquiatra de Ellsberg en busca de secretos que les permitieran chantajearlo y hacerle guardar silencio[3], pero más tarde llegaron a irrumpir en la sede del Partido Demócrata, situada en un edificio del complejo Watergate en Washington DC.

A diferencia de los Papeles del Pentágono, los cables publicados por WikiLeaks no eran archivos calificados de ultrasecretos; su mayor nivel de clasificación era el de secret/noforn, es decir, secreto y no publicable a ciudadanos no estadounidenses[4]. Constaban de correspondencia enviada por 260 embajadas y consulados estadounidenses en 180 países distintos al Departamento de Estado en Washington, el organismo gubernamental estadounidense encargado de la política exterior y las relaciones internacionales. En esos archivos, los embajadores y los cónsules destinados en cada uno de los 180 países informaban sobre los asuntos más importantes que estaban en marcha en el país pertinente: política interior y exterior, asuntos militares, delincuencia organizada, acuerdos de comercio internacional. Los archivos estaban fechados desde finales de 2001 hasta febrero de 2010.

Por lo general los cables se mantienen clasificados durante décadas, y normalmente transcurren treinta, cuarenta o incluso más años antes de que decaiga su confidencialidad, momento en el cual los hechos que revelan están tan alejados en el tiempo como para resultarles interesantes solo a los historiadores profesionales. Pero en esta ocasión, por primera vez en la historia, gracias a WikiLeaks y su fuente, Chelsea Manning, esos secretos podían romperse y esa correspondencia extremadamente actual podía ser leída por todos, revelando la existencia de delincuencia estatal, escándalos y presión política en todos los países del mundo. Los nombres de individuos de gobiernos extranjeros que pasaban información confidencial a diplomáticos estadounidenses, las opiniones de los diplomáticos sobre los políticos de 180 países, sobre líderes religiosos, sobre los entresijos del Vaticano bajo la dirección de dos papas, Juan Pablo II y Benedicto XVI.

Los cables no presentaban la verdad absoluta, transmitían el mundo a través de los ojos de la diplomacia estadounidense. Y lo hacían con mucha franqueza. En el secreto de su correspondencia, los diplomáticos no se mostraban en absoluto diplomáticos. En ocasiones eran extremadamente directos, en muchos casos maquiavélicos incluso, escribiendo como si tuviesen la certeza de que sus análisis y opiniones no se harían públicos hasta muchas décadas después, cuando ya no pudieran avergonzar a nadie.

Los 251.287 archivos constituían un inmenso depósito de información, organizado de tal modo que permitía buscar en ellos por palabras clave. Era un poco como preguntarle al espejito mágico del cuento de hadas por los secretos del reino. ¿Qué pensaban realmente en Estados Unidos sobre Vladimir Putin? ¿Qué tipo de presión usaban para garantizar el apoyo de los aliados de Estados Unidos en Afganistán? ¿Qué pensaban realmente de Silvio Berlusconi, dejando a un lado las declaraciones oficiales? ¿Y cómo negociaban con el Vaticano, en el santuario de la diplomacia? Y así sucesivamente… Cuba, Irán, China, Guantánamo, la guerra con drones.

Algunas de las revelaciones más interesantes eran las referentes a Rusia, que los diplomáticos describían, desde su punto de vista por supuesto, muy sombríamente, haciendo referencia no solo a alegaciones de corrupción grave, sino también a los análisis del fiscal antimafia español José Grinda González, que describía a Rusia, Bielorrusia y Chechenia como países situados prácticamente en manos de la mafia. «En esos países –alegaba él– resulta imposible diferenciar entre actividades del Gobierno y actividades de grupos del CO [crimen organizado]», añadiendo que Ucrania se estaba convirtiendo en uno de esos países.

El fiscal español, a quien los diplomáticos estadounidenses consideraban un profesional cualificado y riguroso, profundamente conocedor de esa materia, había llegado a decirles a los estadounidenses que coincidía con la «tesis» de Alexander Litvinenko, el exespía ruso envenenado en Londres en 2006 con una dosis de polonio.

De acuerdo con Litvinenko, servicios de seguridad como el FSB (Servicio Federal de Seguridad), heredero de la KGB, así como el departamento militar de inteligencia, gru, y el servicio de inteligencia exterior, SVR, «controlan el CO en Rusia». A juzgar por los cables, el fiscal español había concluido lo siguiente: «la estrategia del GOR (Gobierno de Rusia) es usar grupos de CO para hacer todo aquello que el GOR no puede hacer de manera aceptable para un gobierno». Eran opiniones devastadoras, y The Guardian informó de que su corresponsal en Moscú, Luke Harding, fue expulsado del país después de que se publicasen estos archivos[5] en el diario londinense. Los cables mostraban también que los diplomáticos estadounidenses acusaban a Vladimir Putin de usar el gas y el petróleo rusos como arma política contra Europa[6], una acusación que se situaría en el centro del debate público tras la invasión de Ucrania, en febrero de 2022. Más de una década después de su publicación, los cables siguen informando a la ciudadanía sobre los orígenes de esta y de otras grandes crisis que el mundo experimenta hoy en día.

Si la imagen de Rusia que emergía de los cables era sombría, la de Estados Unidos tampoco resultaba especialmente alentadora. Parte de la correspondencia diplomática examinada por el semanario estadounidense The Nation, en colaboración con Haïti Liberté, la principal revista haitiana, revelaba que las empresas textiles que trabajaban en ese país caribeño para empresas textiles estadounidenses, como Levi’s, Fruit of the Loom y Hanes, «colaboraron estrechamente con la Embajada de Estados Unidos cuando maniobraron agresivamente para bloquear un aumento del salario mínimo para los haitianos que trabajaban en la zona de montaje, los peor pagados del hemisferio»[7]. Usando los cables, los dos medios informativos mostraban que la diplomacia estadounidense había garantizado un firme respaldo a los contratistas de esas grandes marcas, que se negaban a subir los salarios a 62 centavos por hora, un nivel que habría garantizado un mínimo de 5 dólares al día. En un país en el que la población vive en condiciones de pobreza extrema y en el que, de acuerdo con estadísticas citadas por The Nation, una familia de tres personas con un trabajador y dos personas a su cargo necesitaba al menos 12,50 dólares al día para sobrevivir, la negativa a pagar 62 centavos la hora permitía medir la brutalidad del capitalismo estadounidense, respaldado por el servicio de exteriores más poderoso del mundo.

The Nation y Haïti Liberté escribían que uno de los diplomáticos estadounidenses destinados en Haití había calificado la ley que pretendía subir el salario mínimo como una de esas medidas populistas que «no tienen en cuenta la realidad económica pero que atraen a las masas desempleadas e infrarremuneradas».

Igualmente sombrías eran las revelaciones sobre el complejo militar-industrial de Estados Unidos, una maquinaria bélica capaz a menudo de obtener cualquier cosa que les pidiera a países aliados como Italia, en parte porque la ciudadanía carecía de la información necesaria para reflexionar sobre la participación de su país en las guerras eternas de Estados Unidos. El debate era (y es), de hecho, inexistente, e incluso cuando surgieron disensiones –como en el caso de los grupos pacifistas italianos que se opusieron a la Guerra de Iraq en los primeros meses de 2003–, se usaron métodos inquietantes para neutralizarlas[8]. Muchos de los cables revelaban hechos que podríamos considerar explosivos, como la orden de recopilar inteligencia sobre funcionarios de alto rango de Naciones Unidas, incluido el secretario general, Ban Ki-moon. La información solicitada incluía datos biométricos, como ADN, huellas digitales, reconocimiento de iris, e incluso información técnica sobre sus sistemas de comunicación, incluidas contraseñas y claves de cifrado[9]. La orden procedía de un cable secreto fechado en julio de 2009, y llevaba la firma de la entonces secretaria de Estado, Hillary Clinton. Era una directiva de legalidad dudosa y que, como señalaba The Guardian, difuminaba la línea existente entre la diplomacia y el espionaje.

Un número considerable de archivos muestra, por decirlo con suavidad, opiniones poco amables sobre jefes de Estado y políticos; de hecho, justamente antes de su publicación, las autoridades estadounidenses entraron en pánico y empezaron a contactar con gobiernos aliados para disculparse[10] por adelantado por las incómodas revelaciones. La franqueza de los cables sobre países como el Túnez de Zine al-Abidine Ben Ali –descrito como una cleptocracia atrincherada en la que los ciudadanos comunes vivían en la miseria, en medio de la represión y la crisis económica, mientras la familia de Ben Ali nadaba en el lujo– contribuyó al final del régimen de veintitrés años, hasta tal punto que más tarde Amnistía Internacional atribuiría a WikiLeaks una cierta importancia en el desencadenamiento de la Primavera Árabe[11].

La organización de Assange no publicó de inmediato toda la base de datos de 251.287 cables, como había hecho con los informes sobre Afganistán e Iraq. Esta vez fue publicando los archivos poco a poco, para dar a los periodistas de los cinco periódicos destacados tiempo para examinar la inmensa base de datos, que exigía un análisis mucho más complejo que el de los dos archivos anteriores. The New York Times, The Guardian, Der Spiegel, El País y Le Monde examinaron los archivos uno a uno, también por si era necesario tachar los nombres de individuos que corrieran un riesgo potencial. Pero, aunque la base de datos no se publicó de inmediato en su totalidad en internet, las reacciones del Gobierno estadounidense, dirigido en ese momento por los demócratas, fueron como mínimo furiosas.

La Casa Blanca condenó la publicación de los cables, tachándola de «acción temeraria y peligrosa»[12]. El Departamento de Estado, dirigido por Hillary Clinton, la calificó de «ataque a la comunidad internacional». Cuando se le preguntó si Assange se parecía más a un terrorista tecnológico o al denunciante de los Papeles del Pentágono, el entonces vicepresidente Joe Biden[13] –más tarde elegido 46 presidente de los Estados Unidos– optó por «terrorista tecnológico», pese a que, por extraño que parezca, solo un día antes había declarado: «no creo que haya ningún daño sustancial». En cuanto a la derecha estadounidense, perdió los estribos. La cadena televisiva Fox retransmitió al comentarista Bob Beckel proclamando públicamente que la cuestión debía solucionarse mediante el uso de fuerzas de operaciones especiales. ¿Cómo? Simplemente «matando ilegalmente al hijo de puta» de Assange.

Sarah Palin, la exgobernadora ultraconservadora de Alaska, sugería darle caza con un operativo como el de al-Qaeda, mientras que el republicano Newt Gingrich[14] instaba a tratarlo como si fuera Bin Laden: «Julian Assange está implicado en el terrorismo», dijo Gingrich, y añadía: «Habría que tratarlo como un combatiente enemigo. Habría que cerrar WikiLeaks de manera permanente y decisiva».

Las palabras de condena de los demócratas, y las amenazas de la derecha estadounidense, fueron seguidas por acciones concretas. WikiLeaks había sacudido al poder en sus instancias más altas. Y el poder reaccionó. Desde el 28 de noviembre de 2010, Julian Assange y su organización sabrían lo que significaba tener toda la fuerza del Estado en su contra. Y no cualquier Estado, sino el más poderoso del mundo, el de Estados Unidos.

Rodeados

Desde las Américas hasta India, desde Europa hasta Rusia, en los días que transcurrieron entre el 28 de noviembre de 2010 y comienzos de diciembre, el nombre de «WikiLeaks» salió en todos los medios de comunicación del mundo. Revelación tras revelación. Comenzaban en los cinco medios de prensa escrita más importantes, con acceso exclusivo a los miles de cables, y se iban extendiendo a periódicos y cadenas televisivas de todo el planeta.

Fue un gran espectáculo de la era global del periodismo. Pero poco después de que WikiLeaks comenzase a publicar en colaboración con los cinco periódicos, su página digital sufrió un ciberataque masivo que la cerró por completo. El ataque fue una operación gigantesca que duró días, y en Twitter apareció una declaración de responsabilidad, o quizá un mensaje falso: «WikiLeaks.org –TANGO DOWN– por intentar poner en peligro la vida de nuestros soldados, “otros activos” & las relaciones internacionales». Llevaba la firma «th3j35t3r», es decir, «The Jester» [el bufón]. En cuanto a «tango down», es una expresión usada en la jerga de las fuerzas especiales para indicar el asesinato de un terrorista. Quien se ocultase detrás de la firma también afirmaba haber atacado cientos de páginas de yihadistas en el pasado. ¿Se trataba solo de un fanático patriótico?

En los servidores de Amazon apareció una copia de la página de WikiLeaks, pero la prensa informó de que a esas alturas había intervenido la política y la página de WikiLeaks había sido expulsada[15]. Amazon emitió una declaración[16] negando haber actuado como respuesta a la presión gubernamental, y alegando que WikiLeaks había incumplido las condiciones del servicio. Las protestas de WikiLeaks, que apeló a la protección constitucional ofrecida a la prensa en Estados Unidos por la Primera Enmienda, no sirvieron de nada, pese a ser el mismo escudo formidable que había permitido años antes a The New York Times y The Washington Post ganar la batalla judicial por los Papeles del Pentágono. El Tribunal Supremo de Estados Unidos había sentenciado de hecho que el Gobierno de Nixon no podía impedir que los periódicos los publicasen, porque la prensa está protegida por la Primera Enmienda, una protección tan firme que permite incluso la publicación de documentos clasificados como ultrasecretos.

Invocar la Primera Enmienda no bastó en el caso del Cablegate, sin embargo, pese a tratarse de la misma situación. WikiLeaks había publicado archivos secretos proporcionados por una fuente, Chelsea Manning, que en su calidad de analista de inteligencia con permiso para consultar dichos archivos tenía acceso legítimo a ellos, pero que después los había entregado a una organización informativa, la de Julian Assange. Esto es precisamente lo que había ocurrido con The New York Times y The Washington Post en 1971: los Papeles del Pentágono se los había entregado un analista militar, Daniel Ellsberg, que tenía acceso legal a la documentación y había decidido filtrarla a dos grandes organizaciones informativas.

Pero la Primera Enmienda protegía (y protege) a la prensa y a los ciudadanos ordinarios frente a la censura del Estado, no frente a la censura de empresas privadas como Amazon. El coloso de Jeff Bezos podría haber protegido la publicación de los cables en nombre de la libertad de expresión, pero no lo hizo. Solo dos años después, probablemente las autoridades de Estados Unidos recordasen este gesto cuando adjudicaron a Amazon un contrato extremadamente importante: la construcción de la nube para los servicios de análisis, procesamiento y almacenamiento de datos de la CIA[17]. «Amazon tenía la oportunidad de defender el derecho de su cliente a la libertad de expresión. Sin embargo, salió corriendo con el rabo entre las patas», declaraba la Fundación Frontera Electrónica[18].

La organización de Julian Assange consiguió por fin volver a levantar la página y seguir publicando, pero entonces se produjo otra ofensiva. PayPal –el servicio que permite enviar y recibir pagos por internet– suspendió la cuenta de la organización, y el vicepresidente de PayPal, Osama Bedier[19], afirmó públicamente que lo había hecho por solicitud explícita del Departamento de Estado de Estados Unidos, aunque este lo negó. El bloqueo por parte de PayPal fue seguido por el de los señores del crédito: Visa, Mastercard, Bank of America y Western Union cortaron abruptamente cualquier posibilidad de efectuar donaciones a WikiLeaks, cuyo único medio de subsistencia son las donaciones de sus lectores y partidarios. Fue un asedio inaudito. Por primera vez, una organización periodística de alcance internacional soportaba un bloqueo bancario llevado a cabo sin la más mínima medida judicial que lo justificase. Si esto les hubiera ocurrido a The New York Times o a Le Monde, habría provocado un escándalo mundial: ¿cómo podían cerrarse las cuentas de una organización periodística de un día para otro sin justificación judicial? Hubo artículos de prensa y protestas, pero pocos lo tacharon de escandaloso.

Acusados de ciberterroristas, amenazados, consumidos por un bloqueo económico, Julian Assange y su equipo se preocuparon. ¿Podían empeorar las cosas? Sí, y lo hicieron.

Interpol publicó una notificación roja que ponía en busca y captura en todo el mundo al fundador de WikiLeaks. La fiscal sueca Marianne Ny había emitido de hecho una orden europea de detención. Assange solo estaba siendo investigado: Ny solicitó su extradición a Suecia para interrogarlo en relación con las alegaciones de violación, abuso sexual y coerción, no para enjuiciarlo. No estaba procesado, y el caso estaba aún en fase preliminar.

El 7 de diciembre de 2010, Julian Assange se entregó a la Policía Metropolitana de Londres, más conocida como Scotland Yard. Lo trasladaron a Wandsworth, una cárcel para hombres ubicada en Londres, con capacidad para 1.600 reclusos, construida durante el reinado de la reina Victoria. En 1895, el conocido escritor Oscar Wilde estuvo encarcelado allí, acusado de homosexualidad y sentenciado a dos años de trabajos forzados, con consecuencias devastadoras para su salud física y mental. Murió solo tres años después de su liberación, con apenas 46 años. Fue de hecho una famosa cita de Wilde la que animó a Assange a trabajar el concepto de WikiLeaks, una criatura de la era digital que ayuda a sacar la verdad a la luz, al permitir que las fuentes oculten sus verdaderas identidades y envíen documentos confidenciales de manera anónima. «Cuando menos él mismo es el hombre es cuando habla en propia persona», dijo Oscar Wilde. «Dale una máscara, y te contará la verdad»[20]. Wilde no podía haber imaginado que, más de un siglo después, un periodista que había creado una máscara digital acabaría, como él, en Wandsworth. Por fortuna, Julian Assange no permaneció allí mucho tiempo.

Una casita de campo en la campiña inglesa

Diez días después de entregarse a Scotland Yard, el fundador de WikiLeaks fue puesto en libertad condicional, con la obligación de llevar un brazalete de seguimiento electrónico, presentarse a diario a la policía y depositar una fianza de doscientas mil libras esterlinas ante el tribunal. Las autoridades británicas habían presentado alegaciones contra su liberación, pero no habían conseguido hacer valer su opinión ante el juez, y eso le permitió salir de la cárcel de Wandsworth.

Julian Assange no tenía vivienda en Reino Unido en la que poder permanecer bajo arresto domiciliario. Uno de sus partidarios, Vaughan Smith, exoficial del Ejército británico, reportero de guerra y fundador de un club de periodismo independiente, el Frontline Club de Londres, ofreció dejar que Assange se alojara en Ellingham Hall, su hermosa propiedad de estilo georgiano, a unos doscientos kilómetros de la capital. La prensa británica consideraba a Smith un «inconformista», un librepensador. Y The Guardian no dejó de señalar la ironía de que el periodista que había contribuido a la mayor ruptura de secretos diplomáticos de la historia, Julian Assange, fuese alojado por el hijo de un «mensajero de la reina», un mensajero encargado de entregar correspondencia diplomática del reino, siguiendo una tradición de casi mil años de antigüedad[21] que se retrotrae al menos a 1199, durante el reinado del rey Juan de Inglaterra, firmante de la Carta Magna.

Assange tampoco tenía los cientos de miles de libras necesarios para pagar la fianza. Era una cifra considerable para sus recursos económicos. Entre quienes le ayudaron a recaudar el dinero y los avales por más de 240.000 libras que necesitaba, cada uno aportando lo que podía, se encontraban el gran director cinematográfico Ken Loach, el Premio Nobel John Sulston[22], la actriz y activista británica Tracy Worcester, dos periodistas británicos que trabajaban para WikiLeaks, Sarah Harrison y Joseph Farrell, y la chef británica Sarah Saunders.

Saunders, junto con su madre, Susan Benn, y el marido de su madre, Gavin MacFadyen –un destacado periodista de investigación que fundó el Centro para el Periodismo de Investigación (Centre for Investigative Journalism – CIJ) de Londres–, se convirtieron en una especie de «familia británica» de Assange. Con el tiempo, llegué a conocerlos: inteligentes, independientes, apasionados. Y yo siempre tendría en mente la lección de Gavin MacFadyen: «Nunca creas nada hasta que lo desmientan oficialmente».

Una vez fuera de Wandsworth, Julian Assange podía volver a trabajar, siempre que cumpliera las condiciones impuestas por el juez. Después de las Navidades de 2010, WikiLeaks se puso de nuevo en contacto conmigo a través de un mensaje cifrado, en medio de la noche: «¿Puedes volar a Londres de inmediato?». Tomé un vuelo el 10 de enero de 2011 y llegué a la cita acordada en una casita de campo situada en la verde campiña inglesa, no una mansión como Ellingham Hall. La ubicación era problemática, ya que estaba cortada de toda comunicación por teléfono móvil y carecía de acceso a internet.

Yo sabía que la organización quería seguir efectuando trabajo periodístico sobre los cables, aparte del que habían hecho los cinco grandes periódicos implicados inicialmente. The New York Times, The Guardian, Der Spiegel, El País y Le Monde se habían mostrado reacios a ampliar el club de medios con acceso exclusivo a los archivos. Organizar la coordinación de docenas de periódicos de todo el mundo, desde Japón hasta Argentina, habría constituido una pesadilla organizativa, pero, por otra parte, esos archivos concernían a todos los países del mundo. Era esencial efectuar un trabajo más profundo, país por país, con periodistas de investigación que tuvieran experiencia en las situaciones locales y que fuesen capaces también de analizar los archivos del Gobierno estadounidense, eliminando el nombre de cualquier individuo que pudiera correr peligro.

Había sido un golpe de brillantez por parte de WikiLeaks inventar la fórmula de las colaboraciones con medios internacionales, implicar a periodistas de diferentes países para que cada uno pudiera bucear en las bases de datos, aportando su propia experiencia específica y buscando las revelaciones de importancia para su propio país. Desde Estados Unidos hasta Italia, desde Francia hasta India: era un método inteligente e inaudito, que más tarde sería copiado prácticamente por todos los consorcios de periodismo internacionales. Pero fue WikiLeaks la que inventó esta estrategia, no solo para dar un impacto máximo a sus revelaciones sino también porque, surgida de internet, contemplaba el mundo y sus problemas como un todo.

Llegué a una casa de campo en la que nos esperaban a mí y a otros periodistas de todos los rincones del mundo. Todos nos íbamos a reunir por separado con Julian Assange y sus periodistas, porque teníamos por delante una tarea complicada. Lo primero que hizo el fundador de WikiLeaks fue cerrar las gruesas cortinas, para que no se pudiera ver desde el exterior. «Es paradójico», dije, quejándome de que allí no funcionasen ni los teléfonos móviles ni internet. Estábamos completamente aislados de la comunicación exterior. «Es a propósito», me dijo Assange.

Hablamos sobre la base de datos, y volvieron a explicarme las condiciones de seguridad extremadamente estrictas que debería observar mientras trabajase con los archivos. A esas alturas estaba familiarizada con ellas, y sabía lo completamente desconocidas que eran; ni yo ni mis compañeros extranjeros habíamos conocido un solo periodista que trabajase con procedimientos tan estrictos como los exigidos por Assange.

Tras analizar juntos una serie de archivos, WikiLeaks me dio acceso a los 4.189 cables referentes a Italia y al Vaticano. Yo no consultaría la base de datos completa hasta más tarde: con sus 251.287 cables diplomáticos, ciertamente no podía guardarla en una simple memoria USB como hice con los 4.000 archivos referentes a mi país y a la Santa Sede.

Era tarde cuando salí de la casa. El personal de WikiLeaks me llevó a una de esas estaciones ferroviarias decrépitas típicas de la Inglaterra rural para tomar uno de los últimos trenes que me devolvería al hotel a tiempo para hacer las maletas y regresar a Roma al día siguiente. Estaba completamente sola en esa estación victoriana; no había personal ferroviario, ni sala de espera, ni cafetería, pero al menos allí sí me funcionaba el teléfono. Me tocó esperar mucho por el tren, porque acababa de perder el anterior, y no tenía más opción que permanecer fuera, de pie, congelada por el frío de enero aderezado con unas gotas de lluvia. No había una sola alma viviente en los alrededores. En un momento, se acercó un coche dirigiendo las luces hacia mí. Me preocuparon los haces de luz elevados. Empecé a alejarme de la estación y el coche me siguió un momento, y después se paró. Tan pronto como volví a la estación, el coche volvió a enfocarme con los faros. Era un acosador corriente, de esos a los que las estaciones de tren atraen como imanes. Solo tuve que llamar a la policía local, que llegó enseguida y le hizo unas cuantas preguntas, para conseguir que parase. Yo había decidido, cuando empecé a trabajar en los archivos de WikiLeaks, que no dejaría que nadie me intimidase o asustase. Era improbable que cualquiera atacase físicamente a los periodistas que trabajábamos sobre los archivos confidenciales.

Al día siguiente, en el aeropuerto, pasé los controles de seguridad con mucho cuidado, como había hecho en Berlín al viajar con los documentos sobre la Guerra de Afganistán. Subí al avión, que solo unos minutos después del despegue fue golpeado por un rayo. Nada serio, pero tuvimos que regresar al aeropuerto para abordar otro avión. En aquel momento, más que nunca, agradecí ser una periodista en la era digital. Los 4.189 cables estaban almacenados en una diminuta memoria USB, protegida mediante cifrado, que llevaba en mi bolso. Pasaban completamente desapercibidos, obviamente, y podía transportarlos sin esfuerzo. En 1971, para transportar las siete mil páginas fotocopiadas de los Papeles del Pentágono, el periodista de The Washington Post –que obtuvo las páginas cuando The New York Times ya había empezado a publicarlas– tuvo que reservar[23] dos billetes de avión en primera clase: uno para él y otro para la abultada caja llena de documentos. Cuarenta años después, yo pude volar a Roma con miles de archivos secretos, correspondientes a decenas de miles de páginas, en el bolso, y trasladarlos a otro avión sin ninguna dificultad.

Los archivos estaban seguros, e incluso en la situación más extrema, como la amenaza de violencia, nadie podría obligarme a descifrar la base de datos para poder acceder a ella, porque ni siquiera yo conocía la contraseña. Para añadir una capa extra de protección, WikiLeaks había diseñado los procedimientos de seguridad de manera tal que las bases de datos volasen cifradas sin que los periodistas dispusieran de las contraseñas para acceder a ellas. Hasta varios días después de regresar a Italia, no recibí las instrucciones para descifrar los archivos. A partir de entonces podía descubrir los secretos italianos.

Una democracia con la rienda muy corta

La contraseña para descifrar la base de datos era muy complicada, y teclearla todas las veces exigía bastante paciencia. Pero valía la pena, considerando la importancia de los 4.189 cables referentes a Italia y el Vaticano. Abarcaban desde finales de 2001 hasta febrero de 2010. Cuando por fin pude acceder a los archivos, en ese enero de 2011, apenas podía creer que estuviese leyendo correspondencia diplomática estadounidense que revelaba secretos sobre miembros del Gobierno que todavía ejercían un cargo, o que en todo caso seguían siendo actores clave en la política italiana. Había nombres de periodistas, cardenales, papas, generales, altos funcionarios extranjeros e italianos de aquel momento. Y estaban todos allí; ninguno de los archivos había sido tachado en lo más mínimo, como a menudo ocurre con las copias de cables que la administración pública estadounidense envía a quienes solicitan que se desclasifiquen treinta o cuarenta años después. No, esta vez podíamos leerlo todo.

Era un número enorme de archivos. Examinarlos metódicamente me permitió «entrar en la mente» de los gobiernos de Bush y Obama, entender exactamente cómo operaban en el ámbito mundial y qué pensaban realmente, más allá de sus declaraciones oficiales y de las noticias vagas y distorsionadas que publican los medios de comunicación.

No fue difícil confirmar la autenticidad de los archivos. Podía confiar en la experiencia de colegas extranjeros que ya habían trabajado con ellos, y podía también confiar en los análisis que yo había hecho sobre doscientos intercambios diplomáticos estadounidenses que databan de cuarenta años antes, y que había logrado que me desclasificasen después de todo ese tiempo gracias a la experiencia de un antiguo diplomático y algunos expertos estadounidenses especializados en políticas de desclasificación de documentos públicos.

La Italia revelada por los cables era la de una democracia sujeta con una rienda muy corta, en la que los políticos estaban sometidos a una enorme presión. Desde la Guerra de Afganistán hasta la comida por la que somos famosos en todo el mundo, Estados Unidos intervenía extensamente en los asuntos italianos. Esta vez la presión no la ponían de manifiesto libros o artículos antiestadounidenses, ni siquiera el j’accuse ideológico de intelectuales o activistas: eran los propios diplomáticos estadounidenses. La describían, negro sobre blanco, en su correspondencia oficial con el Departamento de Estado. Los 4.189 cables sobre Italia y el Vaticano aportaban la prueba[24]. Algunos de los documentos más explícitos hacían referencia a la guerra en Iraq. En uno fechado el 12 de mayo de 2003, ni siquiera dos semanas después de que el presidente George W. Bush proclamase la victoria, el embajador estadounidense en Roma, Mel Sembler, analizaba la aportación que Italia, encabezada en ese momento por el presidente Carlo Azeglio Ciampi y el primer ministro Silvio Berlusconi, había hecho a la invasión[25].

La guerra había suscitado una oposición muy fuerte en todo el mundo, especialmente en Europa, donde se había hecho el vacío y criticado al Estados Unidos de Bush. Pero la Italia de Berlusconi rompió el aislamiento de Estados Unidos y garantizó su apoyo, pese a que la opinión pública estaba fuertemente en contra y pese a lo establecido en el Artículo 11 de la Constitución: «Italia rechaza la guerra como instrumento de agresión contra la libertad de otros pueblos y como medio para resolver conflictos internacionales».

«El GOI [Gobierno de Italia] tomó la decisión estratégica de mantener su política alineada con Estados Unidos y la ha mantenido, pese a la intensa presión política interna para que se repliegue», escribía el embajador estadounidense, Sembler, en el cable, explicando que: «Cuando el presidente Ciampi parecía a punto de cuestionar la constitucionalidad del transporte de la 173 Brigada Aerotransportada del Ejército estadounidense hacia Iraq directamente desde territorio italiano, el GOI trabajó con nosotros las tácticas para calmar sus dudas. El apoyo logístico al ejército estadounidense ha sido sobresaliente. Nos daban lo que pedíamos»[26]. Sembler narraba a continuación cómo habían podido usar Italia para transportar a Iraq los suministros bélicos necesarios: «Pusieron a nuestra disposición los aeródromos, los puertos y la infraestructura de transportes italianos»[27].

Una cuestión crucial en la que el Gobierno de Berlusconi había sido, de acuerdo con el diplomático estadounidense, fundamental para resolver el posible rechazo del presidente Ciampi a la cooperación de Italia, por considerarla inconstitucional. Sembler escribía: «El GOI consiguió que el presidente Ciampi no planteara una moción de constitucionalidad al traslado de la 173 Brigada desde Vicenza hasta el norte de Iraq»[28]. El embajador relataba que el traslado de la 173 Brigada había sido «el mayor traslado aéreo de fuerzas de combate desde la Segunda Guerra Mundial». Tras detallar la cooperación recibida, afirmaba que: «El Gobierno de Berlusconi llevó un país rotundamente opuesto a la guerra lo más cerca políticamente que pudo a la categoría de país beligerante». Y el ejecutivo de Silvio Berlusconi lo había facilitado todo: «si hubiera habido otro Gobierno en el poder –en especial uno controlado por el centroizquierda–, habríamos tenido entre manos una situación mucho más difícil», subrayaba.

Para resumir, escribía lo siguiente: «Reconociendo que Italia puede parecer frustrantemente esotérica y bizantina, estamos convencidos de que es un lugar excelente para realizar nuestras actividades de carácter político-militar»[29].

Además de los hechos referidos y el descaro del lenguaje utilizado, también resultaban asombrosas las revelaciones sobre los métodos adoptados para impedir que la población –que se estaba manifestando contra una guerra que en último término demostraría ser devastadora– «parase trenes y camiones que transportaban equipamiento estadounidense por toda Italia». Todo se hizo de manera aparentemente democrática, pero los cables permitían atisbar los métodos reales que habían empleado.

«El GOI», escribía el embajador Sembler[30], «nos impresionó con su capacidad para equilibrar el imperativo de no usar la violencia contra los manifestantes pacifistas con la necesidad de ayudar al ejército estadounidense a hacer su trabajo. Aunque los métodos italianos difieren de los estadounidenses (nuestros anfitriones prefieren los movimientos nocturnos, los cambios de programación en el último minuto, y el engaño en general), el GOI, trabajando mano a mano con el ejército y la embajada de Estados Unidos, logró impedir que los manifestantes parasen los trenes y los vehículos que movían nuestro equipamiento militar por Italia».

¿Pero cómo se había neutralizado exactamente a los manifestantes pacifistas? Sembler lo explicaba en otro cable de febrero de 2003, solo un mes antes de la invasión de Iraq[31]: «El Departamento de Seguridad Pública del MOI [Ministerio del Interior italiano] ha establecido un centro de crisis para efectuar un seguimiento de los acontecimientos y las tácticas de trabajo, junto con representantes de los ferrocarriles nacionales (Ferrovie di Stato)». Y continuaba: «Se ha activado un sistema de contramedidas que incluye una fuerte vigilancia de las comunicaciones de los manifestantes [sic], el despliegue de cientos de agentes policiales en puntos clave de las rutas ferroviarias, y el traslado del equipamiento durante la noche. El GOI, jugando al gato y al ratón con los trenes –a menudo cambiando rutas sin previo aviso–, ha logrado desequilibrar a los activistas».

¿Era así como funcionaba la República de Italia, entonces? Desde fuera todo se hacía como estaba establecido, pero en realidad, de acuerdo con el relato del embajador, se eludía la libertad de disentir, la sangre vital de la democracia, y se espiaba a los manifestantes, igual que en cualquier país autoritario. Los métodos usados eran, bajo todas las apariencias, respetables, no brutales como los de una dictadura, pero no por ello menos reprensibles.

Como explicaba Chelsea Manning al describir el contenido de los archivos confidenciales que decidió enviar a WikiLeaks: «[los estadounidenses somos] mejores en algunos aspectos […] somos mucho más sutiles […] usamos muchas más palabras y técnicas jurídicas para legitimarlo todo, es mejor que desaparecer en medio de la noche, pero el mero hecho de que algo sea más sutil no significa que sea lo correcto».

Los cables mostraban que el mismo veredicto podía aplicarse a las instituciones italianas. ¿Quién había escuchado en secreto a los pacifistas italianos para impedir que bloqueasen los trenes que transportaban equipamiento destinado a la Guerra de Iraq? ¿Los servicios secretos italianos o los estadounidenses? ¿O quizá la policía italiana? ¿Y quién había autorizado las escuchas telefónicas?

La correspondencia diplomática también revelaba cómo veían los estadounidenses a Silvio Berlusconi, fuera de las declaraciones oficiales. «Sus frecuentes meteduras de pata verbales y su mala elección de palabras han ofendido prácticamente a todos los grupos demográficos de Italia y a muchos líderes de la UE», escribía el embajador Ronald Spogli, que sucedió al anterior, Mel Sembler, en febrero de 2009[32]. Y añadía: «Su voluntad perceptible de anteponer los intereses personales a los del Estado, su preferencia por las soluciones cortoplacistas frente a la inversión a largo plazo, y su uso frecuente de las instituciones y los recursos públicos para obtener ventaja electoral sobre sus adversarios políticos han dañado la reputación de Italia en Europa y proporcionado un tono tristemente cómico a la reputación de Italia en muchos ámbitos de la administración pública estadounidense».

Un veredicto muy duro, pero no debía menospreciarse a Silvio Berlusconi: «La combinación de decadencia económica e idiosincrasias políticas de Italia han hecho que muchos líderes europeos desdeñen las aportaciones de Berlusconi e Italia. No deberíamos. Deberíamos reconocer que un compromiso duradero con Italia y sus líderes nos reportarán importantes dividendos estratégicos ahora y en el futuro», concluía Spogli.

Los documentos narraban de hecho que la diplomacia estadounidense lo había tenido fácil durante el Gobierno de Silvio Berlusconi. En 2002, por ejemplo, el Gobierno de Bush intentaba socavar la eficacia de la Corte Penal Internacional –cuya misión es procesar a responsables de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio– firmando una serie de acuerdos bilaterales que vinculaban a países como Italia para que no entregasen a soldados estadounidenses a los jueces del tribunal, protegiéndolos así del derecho internacional. De acuerdo con los cables[33], el Gobierno de Berlusconi mostró de inmediato su disposición a firmar un acuerdo de este tipo. Como escribía el embajador: «Parece que, de nuevo, cuando el presidente Bush pide ayuda al primer ministro Berlusconi, la ayuda está disponible».

No es que los gobiernos de centroizquierda se hubieran negado a cooperar con Estados Unidos, sino que, como escribía Spogli[34] en vísperas de las elecciones generales celebradas en Italia en abril de 2006, «si gana el centroizquierda, podemos trabajar y trabajaremos con un Gobierno, el de [Romano] Prodi, que proporcionará una continuidad relativa a la política exterior italiana. Pero los días en los que Italia [la de Berlusconi] se ponía automáticamente de nuestra parte se habrán acabado, porque Prodi busca deliberadamente subordinar la política exterior italiana a la de la UE. Para mantener las actuales iniciativas italianas, tendremos que trabajar mucho más y debemos esperar sacudidas en el camino».

El centroizquierda del momento solo tenía un político que, en lo referente a las relaciones con Estados Unidos, creía que Silvio Berlusconi había tomado la decisión correcta: Marco Minnit, a quien The New York Times denominaría más tarde «“el señor de los espías” italiano». Al menos, la base de datos no mencionaba nadie más. De acuerdo con los cables[35], en marzo de 2006, Minniti «alabó las relaciones estrechas que el pm Berlusconi ha construido con Estados Unidos y ha considerado que esa relación es “un activo que no debería desperdiciarse”».

Los numerosos archivos sobre Italia y el Vaticano documentaban las intervenciones de Estados Unidos en la política italiana en una amplísima variedad de cuestiones: desde la Guerra de Afganistán hasta la comida italiana. Los archivos revelan la intensa presión[36] ejercida por Estados Unidos contra la decisión de mantener los organismos genéticamente modificados fuera de la agricultura y la cocina italianas, uno de los elementos que dan fama mundial al país. Estaban en juego los enormes intereses económicos de multinacionales como Monsanto y Pioneer, la filial del gigante de la industria química Du Pont. Los diplomáticos estadounidenses defendían estos intereses con una presión incesante ante el Gobierno italiano y mediante un vigoroso esfuerzo de cabildeo en el Vaticano.

En cuanto a Afganistán, había una interminable solicitud de más: más soldados, más carabineros para entrenar a la policía afgana, más fondos, más libertad respecto a las restricciones («advertencias») impuestas a los soldados italianos en la guerra contra los talibanes. La presión era constante, tanto durante el Gobierno de Bush como con el de Obama.

«Cuando pedimos más recursos militares o donaciones para Afganistán», escribía un diplomático estadounidense en febrero de 2009, cuando Barack Obama asumió la presidencia[37], «los miembros del GOI responden que su ajustado presupuesto les impide hacer más. No deberíamos aceptar esta excusa. El hecho es que el GOI ha tomado una decisión política de gastar en defensa menos –aproximadamente el 1 por 100 del pib– de lo necesario para mantener su posición de aliado de primera fila en la OTAN. Deberíamos empujarlos a asignar a su presupuesto de defensa fondos suficientes para cumplir con sus responsabilidades en Afganistán».

El Gobierno de Bush también consideraba a la izquierda italiana muy problemática por esta razón. «Una victoria fuerte del centroizquierda devolvería al poder a los sindicatos y a los “aliados sociales” tradicionales, con predecibles demandas de aumento del gasto público que erosionarían los compromisos exteriores y de defensa», escribían los diplomáticos estadounidenses en vísperas de las elecciones generales italianas celebradas en abril de 2006[38]. Los recursos asignados por Italia a la Guerra de Afganistán no eran la única causa de insatisfacción: de acuerdo con los cables, Italia era sospechosa de prácticas corruptas. «Basándose en información obtenida en 2008 que indica que los servicios de inteligencia italianos estaban pagando a insurgentes de la región de Kabul para que no atacasen a las tropas italianas», informaban diplomáticos estadounidenses en febrero de 2009[39], «el entonces embajador Spogli le planteó la cuestión al primer ministro Berlusconi y recibió garantías de que el Gobierno italiano investigaría la cuestión y, en caso de que las alegaciones fueran ciertas, pondría fin a dichas prácticas. Parece que el presidente Bush también le planteó directamente la cuestión al pm Berlusconi, que reiteró que el GOI no efectuaría actividades de ese tipo».

¿Se trataba de acusaciones fundadas? Entre abril de 2008 y febrero de 2009, los documentos informaban repetidamente de estas sospechas. Hasta el momento no ha aflorado prueba alguna de dicha corrupción, pero si algún día emergiera una confirmación más allá de cualquier duda razonable, constituiría un escándalo tremendo.

En el momento en el que escribo, Italia ha salido de Afganistán tras permanecer allí veinte años. Ha perdido 54 soldados, repatriado otros 700 heridos, y gastado 8.474 millones de euros[40], una cantidad notable considerando la terrible crisis económica que el país arrastra desde hace más de una década. Todo esto por una misión fracasada que se cobró la vida de decenas de miles de afganos inocentes. ¿Y supuestamente estábamos pagando también a los talibanes y a los caciques locales?

Los cables sobre Italia revelaban mucho más que la presión para colaborar en las guerras de Iraq y Afganistán. Daban una imagen asombrosa de lo crucial que se había vuelto Italia para el complejo militar-industrial estadounidense y sus guerras eternas, más que nunca después del 11-S. «Italia sigue siendo el aliado europeo más importante para proyectar nuestro poder militar sobre el Mediterráneo, Oriente Próximo y el norte de África», escribía el embajador Spogli en octubre de 2008[41]: «Tenemos 15.000 soldados y miembros del personal civil del DOD [Departamento de Defensa], más 17.000 familiares, en cinco bases italianas. El GOI ha aprobado la ampliación de la base de Vicenza para consolidar la 173 Brigada Aerotransportada, el despliegue de UAV [vehículos aéreos no tripulados, también llamados drones] Global Hawk de la USAF [Fuerza Aérea estadounidense] en Sicilia, y estamos trabajando con los italianos para establecer Comandos de Componentes de la Marina y el Ejército de Tierra del AFRICOM en Italia»[42].

Con la falta de atención general de los medios de comunicación italianos a la presencia de bases de Estados Unidos y de la OTAN en Italia –al margen de los escasos enfrentamientos políticos–, el país se había convertido en «plataforma de lanzamiento para las guerras estadounidenses», como escribió The Guardian en 2013[43].

Los cables permitían hacer un seguimiento de esta transformación desde el comienzo, proporcionando información precisa sobre el modo en el que, de manera muy gradual, con la mayor discreción posible, Estados Unidos convirtió Italia, con apoyo de los estamentos políticos, en esa plataforma de lanzamiento.

Sin los relatos detallados de las conversaciones entre los diplomáticos y las autoridades italianas acerca de este tema, yo nunca habría adquirido la aguda conciencia que esos archivos me transmitieron: desde las guerras secretas con drones hasta los conflictos de botas sobre el terreno, como la invasión de Iraq, que situó la ciudad de Vicenza en centro del «mayor traslado aéreo de tropas desde la Segunda Guerra Mundial». Así lo describía el embajador estadounidense Mel Sembler, en referencia a la 173 Brigada Aerotransportada[44], la Fuerza de Respuesta de Contingencia del Ejército estadounidense en Europa, que proporciona fuerzas rápidas a los comandos Europeo, Africano y Central de Estados Unidos. La 173 Brigada Aerotransportada, con capacidad para desplegarse en 18 horas[45], luchó en Iraq y en Afganistán.

Los cables no solo narraban cómo se convirtió Italia en una plataforma de lanzamiento para las guerras estadounidenses, sino que también revelaban el relato interno de cómo se permitió al complejo de inteligencia y militar de Estados Unidos operar con impunidad incluso cuando cometía delitos indignantes, como el secuestro de seres humanos en las calles de Milán a plena luz del día.

Como en el Chile de Pinochet

Desapareció sin más. El 17 de febrero de 2003, Hassan Mustafa Osama Nasr, conocido como Abu Omar, un egipcio que había llegado a Italia en régimen de refugiado, fue secuestrado hacia el mediodía en Milán. Era el imán de la mezquita de via Quaranta y estaba siendo investigado por sospechas de terrorismo internacional. Los Digos –la división de la policía italiana que se ocupa de contraterrorismo y subversión–, junto con los fiscales de Milán, habían estado reuniendo el mosaico de sus contactos[46].

Pero en ese día de febrero, investigadores y fiscales descubrieron que su sospechoso había desaparecido. De acuerdo con una mujer que había presenciado la escena, lo introdujeron en una camioneta blanca en la calle Guerzoni.

La investigación efectuada por Ferdinando Pomarici y Armando Spataro, fiscales de Milán, sobre la desaparición de Abu Omar, se apoyó en buena medida en metadatos telefónicos que muestran quién efectuó llamadas telefónicas entre las once de la mañana y la una de la tarde del 17 de febrero de 2003 en las inmediaciones de la calle Guerzoni. El análisis de estos metadatos llevó a la policía antiterrorista a identificar un grupo de teléfonos sospechoso. Inmediatamente después del secuestro, parece que algunos de los usuarios de esos teléfonos recorrieron el tramo de autopista que conduce a Aviano –una de las dos bases militares en las que Estados Unidos almacena armas nucleares en Italia– y habían efectuado llamadas, entre otros, al coronel Joseph Romano, jefe de seguridad de la base. Cruzando datos con los registros de hoteles donde habían pasado la noche algunos de los usuarios de los teléfonos, y con las transacciones de tarjetas de crédito, reservas de hotel y vuelo –en algunos casos hechas con números de teléfonos presentes en via Guerzoni–, los agentes antiterroristas y los dos magistrados, Pomarici y Sparato, lograron determinar las identidades de los secuestradores.

El caso representaba una de las infames «entregas extraordinarias», las operaciones secretas por las que la CIA secuestraba a individuos sospechosos de terrorismo y los trasladaba a prisiones secretas de todo el mundo, donde los torturaban para obtener información.

Abu Omar fue trasladado primero a la base de Aviano y después a Egipto, donde fue brutalmente torturado con diversas técnicas[47], incluido abuso sexual y descargas eléctricas con electrodos humedecidos colocados sobre la cabeza, el pecho y los genitales.

La investigación efectuada por los fiscales Spataro y Pomarici llevó a la incriminación de veintiséis ciudadanos estadounidenses, la mayoría agentes de la CIA, y de varios oficiales del servicio secreto militar italiano, SISMI, incluidos el general Nicolò Pollari, jefe del servicio, y Marco Mancini, director de contrainteligencia.

El sistema judicial italiano fue eficiente: entre 2012 y 2014, los veintiséis estadounidenses recibieron sentencias firmes con condenas de seis a nueve años. Italia dio ejemplo al mundo, el único país que ha hecho justicia en un caso de entrega extraordinaria. Alemania, por el contrario, nunca había llegado a sentenciar en firme a los agentes de la CIA responsables de la entrega extraordinaria de un ciudadano alemán inocente, Khaled el-Masri, secuestrado en 2003 cuando viajaba en autobús cerca de la frontera con Macedonia, golpeado brutalmente, sodomizado y trasladado a Afganistán.

Y sin embargo, los veintiséis convictos han permanecido tan libres como el aire: entre 2006 y 2012, seis ministros de Justicia diferentes, tanto de gobiernos de centroderecha como de centroizquierda –Roberto Castelli, Clemente Mastella, Luigi Scotti, Angelino Alfano, Nitto Palma y Paola Severino–, se negaron a extender las búsquedas al plano internacional para solicitar su detención y extradición a Italia[48]. Asimismo, dos presidentes de la República de Italia han indultado a cuatro de ellos: en 2013, Giorgio Napolitano indultó al coronel Joseph Romano, mientras que unos años después Sergio Mattarella indultó a Robert Seldon Lady, Betnie Medero y Sabrina De Sousa.

En febrero de 2016, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentenció que Italia había incumplido los artículos 3, 5, 8 y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Estos artículos prohíben la tortura y el trato inhumano y degradante, establecen el derecho a la libertad y a la seguridad, el respeto a la vida privada y familiar de la persona y, por último, el derecho a una reparación efectiva ante una autoridad nacional. Italia, el único país del mundo cuyos fiscales y jueces emitieron una sentencia firme contra los agentes de la CIA responsables de una entrega extraordinaria, se veía ahora condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por el modo en el que sus instituciones –incluidos dos presidentes de la República y el Tribunal Constitucional– habían gestionado el caso de Abu Omar. El tribunal estableció que, en la medida en que la investigación y el juicio no habían conducido al cumplimiento de la sentencia por parte de los responsables, tanto los agentes de la CIA como los altos cargos del SISMI «habían disfrutado en último término de impunidad»[49]. Aunque el general Pollari, del SISMI, y Mancini, el director de la sección de contrainteligencia, fueron declarados culpables, el secreto estatal los protegió y sus sentencias quedaron anuladas. La sentencia emitida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contenía, sin embargo, palabras de elogio para el trabajo efectuado por los fiscales italianos, señalando que, en contraste con casos como el de Khaled el-Masri en Alemania, los fiscales italianos habían llevado a cabo una investigación minuciosa para determinar la verdad.

Todos estos hechos relativos al caso de Abu Omar eran de dominio público, porque la investigación había sido seguida en todo el mundo por la prensa y los medios de comunicación que, gracias a las pesquisas de Spataro y Pomarici, podían por fin obtener datos sobre el programa de entregas extraordinarias puesto en marcha por la CIA. Pero solo gracias a los cables pude obtener pruebas de la presión ejercida por las autoridades de Estados Unidos sobre los políticos italianos para que no solicitasen la extradición de los veintiséis convictos estadounidenses.

Los archivos dejaban claro que los diplomáticos estadounidenses comprendían que no tenían posibilidad de influir en la investigación de Spataro y Pomarici, en la medida en que consideraban a los fiscales italianos, en general, «ferozmente independientes». Dado que no podían presionar directamente a los fiscales, presionaron a los políticos, tanto de izquierda como de derecha. En uno de los archivos[50], fechado el 24 de mayo de 2006, el embajador del Gobierno de Bush en Roma, Ronald Spogli, describía su reunión con Enrico Letta, entonces subsecretario del primer ministro en el Gobierno de centroizquierda de Romano Prodi, como sigue: «En el contexto de mantener nuestra excelente relación bilateral en buenos términos, el embajador le explicó a Letta que nada dañaría las relaciones bilaterales más rápidamente o con mayor gravedad que una decisión del GOI de emitir órdenes de detención contra los supuestos agentes de la CIA relacionados con el caso de Abu Omar. Esto era absolutamente fundamental».

¿Puso Enrico Letta objeciones a una presión tan descarada? A juzgar por el cable, no. «Letta», dice, «tomó nota de esto y sugirió al embajador que discutiera personalmente el asunto con el ministro de Justicia, Mastella».

Unos meses después, en agosto de 2006, el embajador Spogli volvió a escribir a Washington[51]: «El ministro de Justicia, Mastella, ha contenido las repetidas exigencias judiciales de que se solicite la extradición de los presuntos funcionarios de la CIA que supuestamente estuvieron implicados en la entrega del clérigo musulmán Abu Omar, y Prodi se negó a dar detalles sobre el conocimiento o la involucración potenciales de Italia en el caso, citando el imperativo de proteger información clasificada que atañe a la seguridad nacional».

Al año siguiente le tocó el turno a Massimo D’Alema, ministro de Asuntos Exteriores en el Gobierno de Romano Prodi. El embajador estadounidense resumió como sigue la reunión mantenida en abril de 2017[52]: «D’Alema cerró la reunión de una hora de duración observando que había preguntado al secretario si el Departamento podía enviarle algo por escrito explicando que Estados Unidos no atendería las solicitudes de extradición relacionadas con el caso de Abu Omar, de ser enviadas. El GOI podría utilizar esto preventivamente, explicó, si los fiscales italianos solicitasen la extradición de los estadounidenses implicados».

Un año después, el Gobierno de centroizquierda de Romano Prodi fue seguido por el de centroderecha de Berlusconi, pero el resultado siguió siendo el mismo. «Berlusconi ha seguido poniéndose de nuestra parte como mejor puede en el juicio de los veintiséis estadounidenses», escribía el embajador Ronald Spogli en octubre de 2008[53].

Esta presión de Estados Unidos está documentada en la base de datos de cables hasta febrero de 2010, ya que por desgracia los archivos no van allá de esa fecha. Pero estaba presente hasta el final de este periodo. De hecho, en el momento culminante del Gobierno de Obama, en febrero de 2010, los diplomáticos estadounidenses seguían presionando a Berlusconi y al ministro de Defensa, Ignazio La Russa: «En relación con el caso de Abu Omar», escribían[54], «el SecDef [secretario de Defensa estadounidense] ha solicitado el apoyo del GOI en el reconocimiento de la jurisdicción estadounidense sobre el coronel Joseph Romano, en virtud del SOFA [Estatuto de los Cuarteles Generales Militares Internacionales] de la OTAN. Berlusconi expresó su confianza en que la cuestión se resolverá de manera favorable durante el proceso de apelaciones». En un cable posterior, Gates reiteraba exactamente el mismo concepto con La Russa[55].

En el momento de escribir este libro han transcurrido casi veinte años de la «entrega extraordinaria» de Abu Omar. Veintiséis estadounidenses –ayudados por los servicios secretos italianos– secuestraron un hombre a plena luz del día para someterlo a meses de tortura brutal. Igual que en el Chile de Pinochet. Solo que eso ocurrió en el corazón de Europa, en la ciudad más moderna de Italia. Con impunidad. Y no solo en incumplimiento de los derechos humanos más básicos sino, de acuerdo con el fiscal italiano Armando Spataro, también en detrimento de la investigación que él y su compañero realizaban sobre Abu Omar, que les habría permitido identificar y detener a sus cómplices.

La CIA podía haber seguido la senda del respeto a los derechos humanos. Los fiscales y las fuerzas policiales italianas consiguieron detectar a los propios agentes de la CIA, pese a que los operativos de esta tienen mucha más preparación, por no hablar de recursos económicos y tecnológicos, que los terroristas. La CIA prefirió, sin embargo, escoger el camino de la delincuencia y la brutalidad medieval. Y las instituciones políticas italianas se aseguraron de que quedaran impunes.

Sin la valentía de Chelsea Manning y WikiLeaks, tal vez podríamos imaginar cómo se había conseguido esta impunidad, pero no tendríamos pruebas, o quizá solo las obtuviésemos décadas después, cuando ya no fuese de interés para nadie. Y precisamente por esto han acabado Chelsea Manning y Julian Assange en prisión, y es de suponer que muchos periodistas de WikiLeaks se arriesgan a sufrir el mismo destino: por haber revelado archivos clasificados como los de Abu Omar, en los que el secreto estatal impuesto por las autoridades estadounidenses no sirvió para proteger vidas humanas, sino para encubrir delitos y garantizar la impunidad de las instituciones y los individuos que los cometieron.

Cuando, en febrero de 2010, empezamos a revelar los cables en el periódico para el que yo trabajaba en aquel momento, el semanario italiano L’Espresso[56], así como en el diario la Repubblica, los archivos generaron mucho más revuelo que el causado por los informes sobre la Guerra de Afganistán. Y trabajando en colaboración con Julian Assange y su equipo de WikiLeaks, hicimos un esfuerzo tremendo para publicarlos uno a uno, poco a poco, solo tras un análisis adecuado y una cuidadosa censura de cualquier información que pudiera constituir, así fuese de manera remota, un riesgo para las fuentes y los individuos mencionados. Supuso trabajar día y noche durante meses.

Sin embargo, pese a todo nuestro trabajo, y a pesar de la tormenta que los cables generaron, ni un solo partido político o asociación italianos intentaron usarlos para pedir a los tribunales que investigasen la colaboración de Italia en la Guerra de Iraq, o el espionaje a los pacifistas, o la presión aplicada en el caso de Abu Omar, u otra multitud de asuntos importantes.

Lo único peor que los delitos de la CIA fue la apatía de la ciudadanía italiana.

[1] Huffington Post, Redacción, «Fox News’ Bob Beckel calls for “illegally” killing Assange: “a dead man can’t leak stuff”», Huffington Post, 7 de diciembre de 2010.

[2] Como ya he explicado, el término leak (filtración) hace referencia explícita a la publicación de revelaciones no autorizadas, de ahí el nombre de WikiLeaks.

[3] «The Watergate story: timeline», The Washington Post, en [www.washingtonpost.com/wp-srv/politics/special/watergate/timeline.html], consultado el 7 de marzo de 2022; Niraj Chokshi, «Behind the race to publish the top-secret Pentagon Papers», The New York Times, 20 de diciembre de 2017.

[4] El acrónimo noforn significa «Not Releasable to Foreign Nationals» (No publicable a ciudadanos no estadounidenses); por tanto la información secret/noform es secreta y no revelable a ciudadanos de otros países.

[5] Este cable está disponible en [https://wikileaks.org/plusd/cables/10MADRID154_a.html], consultado el 7 de marzo de 2022. Los cables que describían a Rusia como un Estado mafioso los publicó originalmente The Guardian. Véase Luke Harding, «WikiLeaks cables condemn Russia as a mafia state», The Guardian, 1 de diciembre de 2010. He publicado una reconstrucción completa de los cables de la diplomacia estadounidense en referencia a Rusia en S. Maurizi, Dossier WikiLeaks.

[6] Ibid.

[7] Dan Coughlin y Kim Ives, «WikiLeaks Haiti: let them live on $3 a day», The Nation, 1 de junio de 2011. El cable en el que el diplomático estadounidense decía que un salario mínimo de 5 dólares al día «no tenía en cuenta la realidad económica», y era una medida populista, está disponible en [https://wikileaks.org/plusd/cables/09PORTAUPRINCE881_a.html], consultado el 7 de marzo de 2022.

[8] Stefania Maurizi, «I no global italiani erano spiati», L’Espresso, 16 de julio de 2002.

[9] Ewen MacAskill y Robert Booth, «WikiLeaks cables: CIA Drew up UN spying wishlist for diplomats», The Guardian, 2 de diciembre de 2010. El cable original está disponible en [https://wikileaks.org/plusd/cables/09STATE80163_a.html], consultada el 7 de marzo de 2022.

[10] Daniel Kurtz-Phelan, «In his first book, Ronan Farrow laments the decline of diplomacy», The New York Times, 9 de mayo de 2018.

[11] Scott Shane, «Cables from American diplomats protray US ambivalence on Tunisia», The New York Times, 15 de enero de 2011; Peter Walker, «Amnesty International hails WikiLeaks and Guardian as Arab Spring “catalysts”», The Guardian, 13 de mayo de 2011.

[12] Reuters, redacción, «White House condemns latest WikiLeaks release», Reuters, 28 de noviembre de 2010.

[13] Ewen MacAskill, «Julian Assange like a hi-tech terrorist, says Joe Biden», The Guardian, 19 de diciembre de 2010.

[14] James Hohmann, «Gingrich faults Obama administration over WikiLeaks», Politico, 5 de diciembre de 2010.

[15] Ewen MacAskill, «WikiLeaks website pulled by Amazon after US political pressure», The Guardian, 2 de diciembre de 2010.

[16] Amazon Web Services, en [https://aws.amazon.com/it/message/65348/], consultado el 8 de marzo de 2022.

[17] Frank Konkel, «Sources: Amazon and CIA ink cloud deal», The Business of Federal Technology, 18 de marzo de 2013.

[18] Rainey Reitman y Marcia Hofmann, «Amazon y WikiLeaks: online speech is only as strong as the weakest intermediary», Electronic Frontier Foundation, 2 de diciembre de 2010, disponible en [www.EFF.org/deeplinks/2010/12/amazon-and-wikileaks-first-amendment-only-strong], consultado el 8 de marzo de 2022.

[19] Josh Rogin, «State Department: we did not ask PayPal to cut off WikiLeaks», Foreign Policy, 8 de diciembre de 2010.

[20] Oscar Wilde, The critic as artist, 1891.

[21] La página digital de la Oficina de Relaciones Exteriores, Commonwealth y Desarrollo británica ofrece una breve historia de los mensajeros de la reina. Véase [www.fcdoservices.gov.uk/about/our-history/], consultado el 8 de marzo de 2022.

[22] Sir John Sulston recibió el Premio Nobel de Medicina en 2002. Fue una de las principales figuras que defendieron el mantenimiento del genoma como un bien público, aponiéndose a su privatización.

[23] Michael S. Rosenwald, «Fact checking “The Post”: the incredible Pentagon Papers drama Spielberg left out», The Washington Post, 23 de diciembre de 2017.

[24] En mi libro, S. Maurizi, Dossier WikiLeaks, ofrezco una reconstrucción detallada de lo que los cables revelan sobre Italia.

[25] El cable original está disponible públicamente en [https://wikileaks.org/plusd/cables/03ROME2045_a.html], consultado el 8 de marzo de 2022.

[26] Ibid.

[27] Ibid.

[28] Ibid.

[29] Ibid.

[30] Ibid.

[31] El cable original está públicamente disponible en [https://wikileaks.org/plusd/cables/03ROME810_a.html], consultado el 8 de marzo de 2022.

[32] El cable original está disponible públicamente en [https://wikileaks.org/plusd/cables/09ROME128_a.html], consultado el 8 de marzo de 2022. Se publicó originalmente en Stefania Maurizi y Gianluca Di Feo, «Ha reso comica l’Italia», L’Espresso, 18 de febrero de 2011.

[33] El cable original está públicamente disponible en [https://wikileaks.org/plusd/cables/02ROME3796_a.html], consultado el 8 de marzo de 2022.

[34] El cable original está públicamente disponible en [https://wikileaks.org/plusd/cables/06ROME864_a.html], consultado el 8 de marzo de 2022.

[35] El cable original está públicamente disponible en [https://wikileaks.org/plusd/cables/06ROME839_a.html], consultado el 8 de marzo de 2022.

[36] S. Maurizi, Dossier WikiLeaks.

[37] El cable original está públicamente disponible en [https://wikileaks.org/plusd/cables/09ROME177_a.html], consultado el 8 de marzo de 2022.

[38] El cable original está públicamente disponible en [https://wikileaks.org/plusd/cables/06ROME864_a.html], consultado el 8 de marzo de 2022.

[39] El cable original está públicamente disponible en [https://wikileaks.org/plusd/cables/06ROME177_a.html], consultado el 8 de marzo de 2022.

[40] Estas estadísticas proceden del Osservatorio Mil€x, del que Francesco Vignarca es cofundador. Mensaje electrónico de Vignarca a la autora, 27 de noviembre de 2020.

[41] El cable original está disponible públicamente en [https://wikileaks.org/plusd/cables/08ROME1226_a.html], consultado el 8 de marzo de 2022.

[42] africom es el mando de combate responsable de las operaciones, los ejercicios y la cooperación de seguridad del Departamento de Defensa estadounidense en el continente africano.

[43] David Vine, «Italy: home of pizza, pasta, wine and the us military», The Guardian, 3 de octubre de 2013.

[44] El cable original está disponible públicamente en [https://wikileaks.org/plusd/cables/o3ROMe2045_a.html], consultado el 8 de marzo de 2022.

[45] Nancy Montgomery, «173rd Airborne Brigade troops to deploy to Middle East», Stars and Stripes, 6 de enero de 2020.

[46] Armando Spataro, Ne valeva la pena, Roma-Bari, Laterza, 2010.

[47] Las técnicas de tortura usadas contra Abu Omar se describen en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Nasr e Ghali c. Italia, 23 de febrero de 2016, disponible en [https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-162280%22]}], consultado el 8 de marzo de 2022.

[48] La ministra de Justicia italiana Paola Severino aceptó ampliar al plano internacional la búsqueda de uno solo de los veintiséis declarados culpables: Robert Seldon Lady, exjefe de la CIA en Milán.

[49] Esto está citado de la sentencia pronunciada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Nasr e Thali c. Italia, 23 de febrero de 2016, disponible en [https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-162280%22]}], consultado el 8 de marzo de 2022.

[50] El cable original está disponible públicamente en [https://wikileaks.org/plusd/cables/06ROME1590_a.html], consultado el 9 de marzo de 2022.

[51] El cable original está disponible públicamente en [https://wikileaks.org/plusd/cables/06ROME2436_a.html], consultado el 9 de marzo de 2022.

[52] El cable original está disponible públicamente en [https://wikileaks.org/plusd/cables/07ROME710_a.html], consultado el 9 de marzo de 2022.

[53] El cable original está disponible públicamente en [https://wikileaks.org/plusd/cables/08ROME1226_a.html], consultado el 9 de marzo de 2022.

[54] El cable original está disponible públicamente en [https://wikileaks.org/plusd/cables/10ROME174_a.html], consultado el 9 de marzo de 2022.

[55] El cable original está disponible públicamente [https://wikileaks.org/plusd/cables/10ROME172_a.html], consultado el 9 de marzo de 2022.

[56] S. Maurizi y G Di Feo, cit.

VII

Guantánamo: el agujero negro de la civilización

¿Los peores de los peores?

En el corazón de la glamurosa Londres, al mismo tiempo que se preparaba la boda real del príncipe Guillermo con Kate Middleton, que se celebraría el 29 de abril de 2011, un grupo de periodistas había organizado una reunión con WikiLeaks para revelar los secretos del campo de detención que se había convertido en símbolo de la crueldad de Estados Unidos en la guerra contra el terror: Guantánamo. Estábamos todos sentados alrededor de una mesa en una sala de prensa, listos para bucear en esos archivos, mientras las calles de la ciudad irradiaban una atmósfera festiva, y los parques y jardines lucían en todo su esplendor.

El campo se había abierto el 11 de enero de 2002 –exactamente cuatro meses después del 11-S– y no solo era emblema de la tortura y la brutalidad infligidas a los detenidos. También representaba un ataque a un principio con casi mil años de antigüedad: el habeas corpus, el derecho de una persona a no ser encarcelada sin conocer el delito del que se la acusa, y a comparecer ante un juez para defenderse[1].

El habeas corpus se introdujo en la Carta Magna en 1215, durante el reinado de Juan de Inglaterra. «Ningún hombre libre será capturado, encarcelado […] se someterá solo al juicio justo de sus iguales y la ley del territorio», decía. Y desde aquel año distante es un derecho que se ha mantenido profundamente arraigado en la jurisprudencia angloestadounidense, convirtiéndose en piedra angular de la Constitución de Estados Unidos[2].

El campo de detención, conocido también como «Gitmo», estaba situado en la base naval que Estados Unidos posee en la bahía de Guantánamo, en el sureste de Cuba, y se instituyó precisamente con el fin de eludir el derecho estadounidense e internacional en el caso de sospechosos de terrorismo que, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, representasen una amenaza excepcional por estar relacionados con los atentados del 11-S, o que fueran sospechosos de ser operativos destacados de al-Qaeda.

El secretario de Defensa del Gobierno de Bush en aquel momento, Donald Rumsfeld, había calificado a estos sospechosos de «los peores de los peores», y el miedo ubicuo que reinaba en esos meses, junto con el secretismo que rodeaba la instalación, hicieron el resto. Se llevó a los ciudadanos de todo el mundo a creer que quienes acababan en Guantánamo eran verdaderos desalmados a los que había que encerrar para siempre. Nadie tenía información exacta sobre quiénes eran los prisioneros, o por qué razón habían sido trasladados allí.

Transcurrieron años antes de que empezara a filtrarse información. Julian Assange y su organización habían permitido atisbar el interior del secreto en noviembre de 2007, cuando publicaron el manual de operaciones de la fuerza operativa militar que dirigía Guantánamo, la «Jtf Gtmo». Fue uno de los archivos que me llamaron la atención cuando empecé a interesarme por WikiLeaks.

Cuando Assange y sus periodistas se pusieron en contacto conmigo, en marzo de 2011, habían transcurrido menos de tres meses desde la reunión sobre los cables que habíamos mantenido en Londres. Yo seguía trabajando día y noche en esos 4.189 archivos, publicando reportajes de investigación y artículos.

Volví a oírle: «¿Puedes venir?». WikiLeaks disponía de miles de páginas de documentos clasificados sobre Guantánamo, y quería saber si me interesaba formar parte del equipo internacional de periodistas con acceso exclusivo a los archivos.

Tomé un vuelo a Londres poco después. Estábamos todos juntos: Julian Assange y algunos de los periodistas de su organización, junto con Der Spiegel, Le Monde, El País, el diario inglés The Telegraph, el sueco Aftonbladet, The Washington Post, la editorial estadounidense McClatchy –que participaba de manera telemática en la reunión– y yo, que por aquel entonces trabajaba para L’Espresso y la Repubblica, y Andy Worthington, un periodista británico experto en Guantánamo. Worthington había dedicado muchos años a reunir una lista de todas las personas encerradas en el campo de detención.

The Guardian y The New York Times no se encontraban en nuestro equipo esta vez, tras la controversia que había estallado entre ellos y WikiLeaks durante la publicación de los cables, pero sí estaban presentes dos grandes medios de información estadounidenses: The Washington Post y McClatchy. Assange y sus periodistas tenían a McClatchy en mucha estima en ese momento, precisamente por la independencia que sus periodistas habían mostrado al poner de manifiesto las mentiras sobre las armas de destrucción masiva que supuestamente tenía Sadam Husein, mentiras difundidas por el Gobierno de Bush para justificar la invasión de Iraq. McClatchy también disfrutaba de la experiencia de Carol Rosenberg[3], una periodista que había trabajado sobre Guantánamo desde el comienzo; de hecho, estaba allí cuando llegaron los primeros veinte prisioneros, el día que comenzó a funcionar el campo. Invitar a Andy Worthington fue otra decisión sensata; ha efectuado una investigación incansable e independiente sobre el campo durante años. Julian Assange y WikiLeaks mostraron de nuevo la determinación de publicar los documentos secretos que tenían en su mano de manera juiciosa, meticulosamente y con cuidado, en parte compartiéndolos con un equipo internacional de periodistas expertos en informar sobre las entregas extraordinarias, los centros clandestinos y las torturas de la CIA.

Los archivos en cuestión eran registros de presos de Guantánamo: nombres, apellidos y nacionalidades de 765 individuos que habían estado detenidos allí a lo largo de los años: prácticamente todos, puesto que el total de presos del campo había sido de 780. Al menos veintidós eran menores. Omar Khadr, por ejemplo, tenía 16 años cuando lo internaron en la instalación, aunque ni siquiera su tierna edad lo salvó de la tortura brutal y de diez años de detención.

Los documentos constaban de miles de páginas clasificadas como secretas y correspondientes a los años de Bush. Por primera vez, revelaban las razones por las que se había trasladado y encerrado a los prisioneros en Guantánamo, y mostraban los rostros en fotografía de al menos 172 de ellos.

Los archivos demostraban rotundamente la falsedad de la versión difundida por el Gobierno de Bush: que en Guantánamo estaban encerrados «los peores de los peores». De acuerdo con la investigación de 765 archivos efectuada por el periódico británico The Telegraph[4], la «Jtf Gtmo», la fuerza operativa militar que dirigía el campo, solo había calificado a 220 de los presos como terroristas peligrosos; mientras que a los 395 restantes los había catalogado de nivel bajo; y a 150, como completamente inocentes. Esa era al menos la evaluación en la fecha mostrada en los archivos; estaba sujeta a cambios posteriores, a medida que la fuerza operativa revisase la situación de cada preso. Pero incluso en el caso de presos catalogados como peligrosos, los archivos dejaban claro que a menudo dichas evaluaciones se basaban en informantes muy poco fiables, como presos que acusaban a otros bajo tortura, o que esperaban obtener con ello beneficios personales.

Los documentos ponían de manifiesto el caos y las decisiones chapuceras tomadas por las autoridades estadounidenses al establecer el campo de detención, exagerando enormemente la amenaza planteada por los prisioneros, aparte de unos pocos, y basándose en testigos poco fiables y en el sistema de recompensas, que fomentaba la detención de inocentes.

Uno de los hombres había acabado en Guantánamo por tener un nombre similar al de un antiguo comandante talibán: se llamaba «Mohamed Nasim», un nombre que sonaba parecido al interceptado en una comunicación de radio, «Mullah Nasim».

Mohamed Nasim era un agricultor que no sabía leer ni escribir, y que desconocía hasta su edad exacta. No tenía nada que ver con los talibanes, como había escrito la propia fuerza operativa del ejército estadounidense: «Se considera que el detenido es un campesino pobre, y su detención se ha debido a una confusión con su identidad». Internado el 9 de mayo de 2003, todavía seguía allí en febrero de 2005[5].

Había algunos que no tenían el más mínimo deseo de luchar, como Asad Ullah[6], un joven paquistaní de 21 años «reclutado por un individuo que convenció al detenido de que viajase a Afganistán a participar en la yihad para arrepentirse de sus pecados por fumar opio y mantener relaciones sexuales prematrimoniales», escribía la fuerza operativa de Guantánamo en su registro, concluyendo que «no supone una amenaza futura para Estados Unidos o sus intereses».

Había un maderista, Ezat Khan[7], que había tenido dificultades para «pagar los opresivos impuestos de su explotación maderera, lo que le dificultaba cada vez más el mantenimiento de su familia». Emigró de Afganistán a Pakistán, pero fue detenido allí y entregado al ejército estadounidense, que lo transfirió a Guantánamo en junio de 2002. ¿Por qué? «Por conocer una ruta secreta para viajar por las montañas del sur de Jalalabad, Afganistán, hasta Parachinar, Pakistán». Pero seis meses después, los militares concluyeron que «ha cooperado, pero la Fuerza Operativa Conjunta de Guantánamo considera que la información obtenida de él o sobre él no es valiosa ni tácticamente explotable».

En los archivos estaba también Mohamed Sadiq[8], nacido en 1913, y transferido al campo el 4 de mayo de 2002, a la tierna edad de 89 años. De acuerdo con los archivos de la fuerza operativa, padecía cáncer de próstata, demencia senil, depresión severa y osteoartritis. ¿Cómo había llegado allí? Detenido el 7 de enero de 2002, en su casa de Afganistán, le habían encontrado un teléfono satélite Thuraya, propiedad de un vecino, y una lista de teléfonos asociada con individuos sospechosos de ser talibanes. Pese a que la lista no estaba directamente relacionada con él, y el anciano no tenía la más mínima idea de cómo usar el teléfono, lo habían enviado a Guantánamo.

Por último, había un hombre que había acabado en ese infierno por una rifa. Abdulah Bayanzay[9], un afgano de cuarenta y dos años, fue reclutado a la fuerza por los talibanes después de que los ancianos de su aldea, sabiendo que los someterían a represalias horribles si no les proporcionaban nuevos reclutas para sus operaciones militares, decidieran en ausencia de voluntarios organizar un sorteo para seleccionar al infortunado ganador. Cuando Estados Unidos invadió Afganistán, Bayanzay fue detenido y transferido al campo de detención en junio de 2002, pero seis meses después la fuerza operativa concluyó que no suponía amenaza alguna.

Los 765 archivos sobre los detenidos de Guantánamo se los había pasado Chelsea Manning a WikiLeaks, al igual que el vídeo Collateral Murder, los informes sobre las guerras de Afganistán e Iraq y los cables diplomáticos estadounidenses. Assange y su organización pretendían publicarlos solo después de que hubiésemos hecho juntos todo el trabajo de investigación.

Yo llevaba varias semanas trabajando en esos archivos, junto con WikiLeaks y otros medios colaboradores, cuando de repente, el 25 de abril de 2011, The New York Times[10] y The Guardian publicaron sus propias investigaciones basadas en ellos. Aunque no habían participado en nuestro trabajo, los dos periódicos habían recibido una copia de los archivos, quizá entregada por alguien que hubiera trabajado antes en la organización.

Más de una década después, me llegaría un mensaje electrónico interno[11] del Departamento de Estado estadounidense que revelaba que sabía que The New York Times había consultado con el Pentágono antes de publicar los archivos de Guantánamo. «El lunes a las 10 p. m., el NYT [The New York Times] incluirá las primeras noticias en la edición del lunes, una “primicia” de 3-4 páginas con documentos de apoyo en internet. Dicen que son menos perjudiciales que el basurero de cables del Estado», escribía el Departamento de Estado en su correspondencia interna, y añadía: «Proporcionará munición a quienes quieren cerrar GTMO [Guantánamo]». The New York Times «envía al general [el nombre del general y de otros está tachado] los documentos pertinentes para que los revise», de acuerdo con el mensaje electrónico del Departamento de Estado, que detalla las solicitudes de las autoridades estadounidenses: «Les pedimos que no den ningún nombre por debajo del rango de general, nada de informantes, nada de nombres de los que están ya reasentados/repatriados» y les dijimos que «mencionar a algunos, como Pakistán, que visitaron a sus detenidos a posteriori, estaría bien; pero no queríamos que salieran los que ayudaron a detener a los individuos, por ejemplo los países de Europa del Este y de Oriente Próximo que ayudaron a detenerlos y trasladarlos».

En su mensaje electrónico, las autoridades estadounidenses afirman que The New York Times «tomará en cuenta todas nuestras peticiones y volverá a ponerse en contacto con nosotros» y que habían «apreciado que el NYT fuese responsable y se pusiera en contacto con nosotros».

No mostraron el mismo aprecio por WikiLeaks; de hecho, cuando WikiLeaks y los medios colaboradores publicamos los documentos originales[12], los archivos del Gitmo, y las investigaciones basadas en ellos –después de que The New York Times y The Guardian hubieran publicado ya sus artículos–, el Pentágono condenó con firmeza la publicación de archivos secretos «obtenidos ilegalmente por WikiLeaks»[13].

Nuestro trabajo analítico en profundidad quedó fuertemente mermado, porque tuvimos que apresurarnos a publicar los artículos en el plazo de días, para impedir que dos periódicos importantes publicasen en primicia todas nuestras revelaciones. Fue una lástima, porque si hubiéramos podido trabajar con los documentos varios meses, como habíamos hecho con los cables, es probable que hubiéramos publicado investigaciones mucho más eficaces, con la esperanza de suscitar un debate internacional en torno al trato inhumano dado a los detenidos, los efectos devastadores de la información totalmente falsa obtenida por la inteligencia estadounidense mediante tortura, y cómo el propio Guantánamo había avivado las llamas del extremismo islámico.

De hecho, ya en 2004 había terroristas que habían empezado a decapitar a rehenes occidentales secuestrados en Iraq o Siria, grabando en vídeo las horribles ejecuciones de los prisioneros, a los que vestían con uniformes de color naranja como los que llevaban los presos de Guantánamo. Era un mensaje claro a Estados Unidos y sus aliados: la barbarie de la guerra contra el terror será respondida de la misma forma. Desde los centros de detención clandestinos de la CIA hasta prisiones como Abu Ghraib o Guantánamo, los abusos cometidos por los servicios de inteligencia estadounidenses y sus contratistas fueron un potente combustible para la propaganda terrorista: ayudaron a crear y radicalizar más enemigos de Estados Unidos de los que cabrían jamás en el campo de detención.

La barbarie de Guantánamo persiste y podría sentar precedente

El Gobierno republicano de George W. Bush creó el campo de detención en enero de 2002, y aunque el demócrata Barack Obama prometió durante su campaña presidencial que lo cerraría, y el 22 de enero de 2009 –su segundo día de presidente– emitió una orden ejecutiva para proceder a su cierre en el plazo de un año[14], Guantánamo sigue abierto. Mientras escribo este texto, no está claro qué decidirá al respecto el Gobierno demócrata de Joe Biden.

Hasta la fecha, de los 780 detenidos internados desde su apertura, nueve han salido en ataúd, tras fallecer en circunstancias poco claras, mientras que 735 han salido después de que las seis grandes agencias de inteligencia estadounidenses autorizasen su liberación[15], puesto que no constituían «ninguna amenaza para Estados Unidos o sus socios de coalición».

En el momento de escribir este texto, quedan en Guantánamo treinta y seis presos, cada uno de los cuales les cuesta a los contribuyentes estadounidenses más de trece millones de dólares anuales[16]. De los treinta y seis, cinco han sido imputados, bajo la acusación de estar directamente relacionados con los atentados del 11-S. Se trata de Jalid Sheij Mohamed, supuesto autor intelectual de los atentados, Walid bin Atash, Ramzi bin al-Shibh, Ammar al-Baluchi, Mustafa Ahmad al-Hawsawi. Fueron imputados oficialmente en 2008, y desde entonces esperan juicio.

Sí, porque en último término el plan ideado por el Gobierno de Bush de convertir Guantánamo en un agujero negro judicial –en el que los detenidos quedarían encerrados de manera indefinida, fuera del derecho estadounidense e internacional, sin revisión judicial, para que ningún juez pudiera jamás emitir sentencia sobre su inocencia o culpabilidad– no logró imponerse. Y si no se impuso fue gracias a que algunos abogados estadounidenses, como Michael Ratner, ya fallecido, del Centro de Derechos Constitucionales de Nueva York, y Clive Stafford Smith, Joe Margulies y Tom Wilner pelearon hasta llegar al Tribunal Supremo de Estados Unidos para que se les aplicase el habeas corpus a los presos de Guantánamo[17].

Pese al clima de miedo causado por el 11-S, y a diferencia de muchos que temían ser considerados enemigos del pueblo estadounidense simplemente por defender el imperio de la ley y la Constitución, estos abogados se negaron a dejarse intimidar. En junio de 2004, con la sentencia dictada por el tribunal supremo en el caso de Rasul vs. Bush, obtuvieron el habeas corpus, dando a sus clientes detenidos el derecho a una revisión judicial. Los arduos esfuerzos hechos por estos abogados a lo largo de muchos años con el fin de encontrar pruebas habían sacado a la luz la poca fiabilidad de los informantes cuyo testimonio se había utilizado para justificar la detención indefinida de sus clientes.

De acuerdo con la investigación efectuada por Clive Stafford Smith[18], por ejemplo, un preso acusó a otros noventa y tres prisioneros en una declaración de 85 minutos; más de un detenido por minuto. El testimonio del prisionero fue aceptado pese a que lo habían considerado poco fiable en toda una serie de casos en el pasado. Otro informante tenía problemas psicológicos, y usó sus declaraciones para ganarse el favor de las autoridades estadounidenses con la esperanza de viajar a Estados Unidos para que le hicieran una operación de alargamiento de pene.

Si el mundo occidental no se hundió en la barbarie y el autoritarismo después de los atentados contra las Torres Gemelas fue gracias a fiscales como Armando Spataro y Ferdinando Pomarici, y a abogados como Ratner, Stafford Smith, Margulies, Wilner y otros. Michael Ratner siempre sostuvo que Estados Unidos disponía de todos los recursos necesarios para luchar contra el terrorismo usando la ley en lugar de la tortura. Fiscales italianos altamente experimentados, como Spataro, que lleva toda la vida apresando a criminales peligrosos y terroristas, coinciden completamente con este punto de vista.

Su lucha por el respeto al habeas corpus fue una batalla por la civilización, por defender los derechos de los detenidos y las bases del imperio de la ley. Y sin embargo, para los treinta y seis individuos que permanecen en Guantánamo pese a no haber sido acusados de delito alguno, la justicia sigue estando muy lejos.

Está lejos para prisioneros como Ahmed Rabbani, vendido en 2002 a Estados Unidos por una recompensa de cinco mil dólares como si se tratase del terrorista Hassan Ghul. Ahmed fue torturado durante 540 días en un centro clandestino de detención en Afganistán, y finalmente trasladado a Guantánamo en 2004. Cuando un dron estadounidense mató al verdadero Hassan Ghul en 2011, quedó claro que Ahmed Rabbani no era el terrorista con el que lo habían confundido. Sin embargo, en el momento de escribir este texto sigue retenido en Guantánamo. Desde 2013, ha declarado una serie de huelgas de hambre que lo han hecho bajar de 77,1 a 36,3 kilos, y ha sido sometido a alimentación forzosa con métodos tan brutales que vomita sangre. Tiene un hijo de 18 años al que nunca ha visto, porque nació unos meses después de que él fuera entregado a los estadounidenses. Desde 2002 solo ha conocido terror, malos tratos y detención.

El Gobierno de Obama prohibió oficialmente las técnicas de tortura introducidas después del 11-S, aunque Donald Trump amenazó con reintroducirlas tras su elección. Pero mientras la instalación permanezca abierta, no solo continúa la barbarie, sino que existe el riesgo de que siente precedente. Después de cada atentado terrorista, no faltan políticos que defiendan la creación de un Guantánamo en Europa.

De hecho, después del 11-S, Reino Unido mantuvo a ciudadanos extranjeros sospechosos de terrorismo encarcelados en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh en Londres. Sin embargo, en diciembre de 2004, el Tribunal de Apelaciones de la Cámara de los Lores [Law Lords] –que en aquel momento funcionaba como Tribunal Supremo– eliminó cualquier oportunidad de convertir Belmarsh en el «Guantánamo británico», al sentenciar que el Gobierno –entonces encabezado por el primer ministro Tony Blair– no podía detenerlos de manera indefinida sin imputarlos y juzgarlos[19].

Como en Estados Unidos, también en Reino Unido resultarían cruciales los esfuerzos de un abogado: en este caso se trató de Gareth Peirce, que defendió a los reclusos extranjeros detenidos en Belmarsh. Peirce es una leyenda viva. Formada en la cultura de las batallas por los derechos civiles de Martin Luther King, su dedicación a la justicia y su independencia la llevaron a descubrir la verdad en casos de errores flagrantes de la justicia contra individuos considerados los desechos de la sociedad, como los Cuatro de Guilford. Tres hombres y una mujer sospechosos de ser terroristas del ira que fueron declarados culpables de poner bombas en dos pubs frecuentados por soldados británicos y sentenciados a cadena perpetua. Los Cuatro de Guilford pasaron quince años en la cárcel, pero eran inocentes. El caso se ha recogido también en una película, En el nombre del padre, con la actriz Emma Thompson en el papel de Gareth Peirce. También fue Peirce quien representó a los británicos encarcelados en Guantánamo e hizo posible su liberación. Entre los presos se encontraban Shafiq Rasul, el prisionero en el que se basó la sentencia del caso Rasul vs. Bush, por la que los abogados estadounidenses Michael Ratner, Clive Stafford Smith, Joe Margulies y Tom Wilner obtuvieron el habeas corpus.

Pero mientras que el Tribunal Supremo de Estados Unidos sentenció a favor del habeas corpus pero no cerró el campo de internamiento, en Reino Unido la decisión del Tribunal de Apelaciones anuló el «Guantánamo» que el Gobierno intentaba instituir en Belmarsh, la cárcel de máxima seguridad de Londres.

Las atroces violaciones de los derechos humanos que marcaron la guerra contra el terror –Guantánamo, los centros de detención clandestinos de la CIA y las entregas extraordinarias– siempre constituirán una mancha moral para Estados Unidos y para todos aquellos gobiernos que, en diversos grados, contribuyeron a ellas, como el italiano en el caso de Abu Omar. Las técnicas utilizadas eran tan crueles que en ocasiones hasta los agentes de la CIA lloraban al presenciar sesiones de tortura como el ahogamiento simulado[20]. Sin embargo, ninguno de los operativos de la CIA que cometieron estas atrocidades han cumplido un solo día de cárcel. El único agente de la CIA que acabó en la cárcel fue John Kiriakou, pero no por haber torturado a nadie. Muy al contrario, en una entrevista me dijo[21] que él había sido uno de los dos agentes que se negaron a entrenarse siquiera en las técnicas introducidas después del 11-S y que después sostuvieron que la tortura no fue el resultado de los abusos de unas cuantas manzanas podridas, sino la política oficial del Gobierno de Bush.

En 2014, el Comité Selecto del Senado sobre Inteligencia, la comisión del Senado estadounidense encargada de supervisar las actividades de los servicios de inteligencia estadounidenses, desclasificó parte de su informe ultrasecreto sobre el uso de la tortura en la guerra contra el terror. En cinco años, la comisión estudió 6,3 millones de páginas[22] de archivos internos clasificados de la CIA sobre las llamadas «técnicas de interrogatorio mejoradas», que incluían el ahogamiento simulado. El resultado de ese esfuerzo monumental fue un informe de 6.779 páginas, del que solo se han hecho públicas 520 páginas fuertemente censuradas. El informe concluye que, de acuerdo con documentos de la propia CIA, las técnicas no fueron eficaces, y de hecho proporcionaron información falsa. Jalid Sheij Mohamed, por ejemplo, el supuesto cerebro intelectual de los atentados del 11-S, sometido entre otras cosas a 183 sesiones de ahogamiento simulado, se inventó[23] información que «llevó a la CIA a capturar y detener a sospechosos de terrorismo que resultaron ser inocentes».

En lo referente a la información inventada bajo tortura, el caso más escandaloso fue el del libio Ibn al-Sheij al-Libi, investigado a fondo por el periódico digital Middle East Eye[24]. Después del 11-S lo capturaron en Afganistán y lo trasladaron a la base aérea de Bagram, y finalmente la CIA lo trasladó a Egipto en un ataúd sellado. Como Abu Omar, otra infame «entrega extraordinaria», el sospechoso de terrorismo fue entregado a un régimen que podía hacerle a Estados Unidos el trabajo sucio. Sometido a tortura, Ibn al-Sheich al-Libi confesó todo aquello que pudiera satisfacer a su torturador: dijo que Sadam Husein había proporcionado instrucción y ayuda a al-Qaeda para fabricar armas de destrucción masiva. Una vez devuelto a la CIA, Ibn al-Sheij al-Libi afirmó que se lo había inventado todo para que parase la tortura, pero a esas alturas era demasiado tarde. Como revelaba el informe del Comité del Senado de Estados Unidos[25]: «Parte de esta información la citó el secretario Powell en un discurso pronunciado ante Naciones Unidas, y fue utilizada como justificación para invadir Iraq en 2003».

De acuerdo con Middle East Eye, ningún otro detenido, aparte de Ibn al-Sheij al-Libi, habló de que existieran conexiones entre Iraq y al-Qaeda, y mucho menos con el propósito de fabricar armas de destrucción masiva. Pero el primer ministro británico Tony Blair trasladó esta historia inventada al Parlamento para justificar la invasión del país.

Por lo tanto, una información falsa, decisiva para desencadenar una guerra que mató a cientos de miles de civiles inocentes y ayudó a engendrar los horrores del ISIS, fue resultado de la tortura[26]. Sin embargo, cada vez que resurge el debate sobre esta, reaparecen también sus firmes defensores. Pero como señalaba Scientific American, la prestigiosa revista sobre ciencia y tecnología[27], no hacía realmente falta que una Comisión del Senado estadounidense efectuase un estudio basado en 6,3 millones de páginas de archivos secretos de la CIA: desde la Edad Media sabemos que la tortura no funciona. La edad oscura de Guantánamo, los centros de detención clandestinos de la CIA y las entregas extraordinarias amenazaron con devolvernos a aquella época.

Los archivos del Gitmo, los cables diplomáticos, los informes sobre las guerras de Afganistán e Iraq y las reglas de enfrentamiento de los soldados estadounidenses en Iraq son la razón por la que Julian Assange corre el riesgo de ser condenado a 175 años de cárcel en Estados Unidos y, en el momento en el que escribo este texto, lleva más de tres años recluido en Belmarsh, la misma prisión que podría haberse convertido en el Guantánamo británico.

El 27 de abril de 2011, exactamente dos días después de que empezásemos a publicar los expedientes de Guantánamo, el periodista estadounidense Glenn Greenwald reveló que las autoridades de su país habían emitido una citación para obligar a un individuo a testificar en relación con una investigación penal abierta contra WikiLeaks por publicar documentos clasificados de Estados Unidos[28]. De hecho, se hablaba del tema desde hacía meses. En enero, se supo que las autoridades estadounidenses habían ordenado a Twitter[29] entregar los datos disponibles acerca de las cuentas de WikiLeaks, Julian Assange y otros periodistas y defensores de WikiLeaks. En abril, finalmente, las revelaciones de Glenn Greenwald confirmaron que se había abierto de hecho una investigación.

Como abogado para representarlos en Estados Unidos, Assange y su organización habían elegido a Michael Ratner, mientras que en Reino Unido la defensa de Assange la encabezó más tarde Gareth Peirce e incluyó también a una brillante abogada defensora de los derechos humanos, Jennifer Robinson[30]. Ratner seguiría representando a Assange y WikiLeaks hasta su muerte, en 2016. «Formaba parte de una generación de abogados absolutamente audaz, y que entendía los aspectos políticos del derecho», declararía en aquella ocasión a The New York Times su exesposa, Margaret Ratner Kunstler, también destacada abogada[31] y gran defensora de los derechos humanos y civiles en Estados Unidos. Y considerando lo que tenían ante sí, abogados valientes que entendieran los aspectos políticos del derecho era precisamente lo que necesitarían en extremo Julian Assange y WikiLeaks.

[1] «Habeas Corpus», Cornell Law School, disponible en [www.law.cornell.edu/wex/habeas_corpus], consultado el 10 de marzo de 2022.

[2] «Background on Habeas Corpus», aclu, disponible en [www.aclu.org/other/background-habeas-corpus], consultado el 10 de marzo de 2022.

[3] En el momento de escribir este libro, Carol Rosenberg trabaja para The New York Times y sigue cubriendo de manera sistemática las noticias referentes a Guantánamo.

[4] Christopher Hope, Robert Winnett, Holly Watt y Heidi Blake, «WikiLeaks: Guantanamo Bay terrorist secrets revealed», The Telegraph, 25 de abril de 2011.

[5] El archivo original está disponible públicamente en [https://wikileaks.org/gitmo/prisoner/958.html], consultado el 11 de marzo de 2022. Publicado originalmente en Stefania Maurizi, «Guantanamo, gli errori e gli orrori», L’Espresso, 11 de enero de 2012.

[6] El archivo original está disponible públicamente en [https://wikileaks.org/gitmo/prisoner/47.html], consultado el 11 de marzo de 2022. S. Maurizi, cit.

[7] El archivo original está disponible públicamente en [https://wikileaks.org/gitmo/prisoner/314.html], consultado el 11 de marzo de 2022. S. Maurizi, cit.

[8] El archivo original está disponible públicamente en [https://wikileaks.org/gitmo/prisoner/349.html], consultado el 11 de marzo de 2022. Publicado originalmente en James Ball, «Guantánamo Bay files: children and senile old men among detainees», The Guardian, 25 de abril de 2011, y más tarde en S. Maurizi, cit.

[9] El archivo original está accesible públicamente en [https://wikileaks.org/gitmo/prisoner/360.html], consultado el 11 de marzo de 2022. Este archivo se publicó originalmente en Carlo Bonini y Stefania Maurizi, «Abdullah, il Taliban per caso finito in carcere dopo una lotteria», la Repubblica, 26 de abril de 2011.

[10] The New York Times publicó su primer artículo la noche (hora de Europa central) del 24 de abril de 2011; The Guardian, en la madrugada del 25 de abril.

[11] Mensaje electrónico enviado por Dana S. Smith, Departamento de Estado de Estados Unidos a varios destinatarios tachados y no tachados, incluido Jacob J. Sullivan, el 23 de abril de 2011. Obtuve este mensaje en forma censurada gracias al litigio amparado en el DAIP que mantengo contra el Departamento de Estado de Estados Unidos, en el que inicialmente me representaron los abogados estadounidenses expertos en DAIP Kristel Tupja y Alia Smith, de Ballard Spahr. En el momento en el que escribo este libro, estoy representada por Lauren Russell y Alia Smith, de Ballard Spahr. Analizaré el litigio que mantengo basándome en el DAIP en el capítulo XI.

[12] Los archivos del Gitmo están disponibles públicamente en [https://wikileaks.org/gitmo/], consultado el 11 de marzo de 2022.

[13] «A statement by the United States government», The New York Times, 24 de abril de 2011, en [www.nytimes.com/2011/04/25/world/guantanamo-files-us-government-statement.html], consultado el 11 de marzo de 2022.

[14] La Orden Ejecutiva 13492, fechada el 22 de junio de 2009, está disponible en [https://irp.fas.org/offdocs/eo/eo-13492.htm], consultado el 11 de marzo de 2022.

[15] El hecho de que los detenidos solo pueden ser liberados tras la autorización de los seis grandes organismos de inteligencia de Estados Unidos me lo confirmó Clive Stafford Smith en mensaje electrónico de 21 de mayo de 2022. El trabajo de Clive Stafford Smith se analizará en este mismo capítulo.

[16] Carol Rosenberg, « “20th hijacker” is returned to Saudi Arabia for mental health care», The New York Times, 7 de marzo de 2022; Julian Borger, «Guantánamo’s last inmates detect a glimmer of hope after 19 years inside», The Guardian, 13 de diciembre de 2020.

[17] Sam Roberts, «Michael Ratner, lawyer who won rights for Guantánamo prisoners, diez at 72», The New York Times, 11 de mayo de 2016; Onnesha Roychoudhuri, «The torn fabric of the law: an interview with Michael Ratner», Mother Jones, 21 de marzo de 2015; Michael Ratner, «On closing Wantanamo: a Sisyphean struggle», Huffington Post, 23 de enero de 2009.

[18] Declaración testifical presentada por Clive Stafford Smith en el Tribunal de Magistrados de Westminster, Londres, durante la vista de extradición de Julian Assange, septiembre de 2020.

[19] Lizette Alvarez, «British court strikes down Antiterror Act», The New York Times, 17 de diciembre de 2004. Un año después, el Tribunal se pronunció también contra el intento por parte del gobierno británico de usar pruebas obtenidas mediante tortura. Redacción y agencias, «Torture evidence inadmissible in uk courts, Lords rules», The Guardian, 8 de diciembre de 2005.

[20] Conor Friedershorf, «The torturers wanted to stop, but the CIA kept going», The Atlantic, 23 de enero de 2020.

[21] Stefania Maurizi, «La spia in prigione lancia le sue accuse: Obama ha mancato le promesse», L’Espresso, 1 de agosto de 2014.

[22] Daniel J. Jones, «Opinion: The CIA tortured prisoners. Americans should know the whole truth», The Washington Post, 12 de diciembre de 2019.

[23] Report of the Senate Select Committee on Intelligence Committee Study of the Central Intelligence Agency’s Detention and Interrogation Program [Informe del Comité Selecto del Senado acerca del Estudio efectuado por el Comité de Inteligencia sobre el Programa de Detención e Interrogatorio de la Agencia Central de Inteligencia], disponible en [www.intelligence.senate.gov/sites/default/files/publications/CRPT-113srpt288.pdf], consultado el 12 de marzo de 2022. La cita sobre Jalid Sheij Mohamed se encuentra en la página 485, y se publicó originalmente en Patrick Cockburn, «CIA torture report: it didn’t work then, it doesn’t work now», The Independent, 7 de noviembre de 2018.

[24] Ian Cobain y Clara Usiskin, «exclusive: uk spy agencies knew source of false Iraq war intelligence was tortured», Middle East Eye, 14 de diciembre de 2014.

[25] Report of the Senate Select Committee on Intelligence Committee Study of the Central Intelligence Agency’s Detention and Interrogation Program, cit., p. 141.

[26] Ibn al-Sheij al-Libi fue internado al principio en un área muy secreta del Gitmo, pero después trasladado a centros de detención clandestinos de la CIA, y finalmente entregado al régimen de Gadafi, al que aparentemente se oponía. Murió en prisión en Libia en 2009. El régimen de Gadafi calificó su muerte de «suicidio», pero organizaciones internacionales de derechos humanos como Human Rights Watch pusieron en duda esta versión oficial y afirmaron haber visto fotografías de su cadáver con hematomas. I. Cobain y C. Usiskin, cit.; Nadine Dahan, «Codename Cuckoo: who was Ibn al-Sheikh al-Libi?», Middle East Eye, 6 de noviembre de 2018.

[27] Michael Shermer, «We’ve known for 400 years that torture doesn’t work», Scientific American, 1 de mayo de 2017.

[28] Glenn Greenwald, «FBI serves Grand Jury subpoena likely relating to WikiLeaks», Salon, 27 de abril de 2011.

[29] Scott Shane y John F. Burns, «us subpoenas Twitter over WikiLeaks supporters», The New York Times, 8 de enero de 2011.

[30] En la pasada década, el equipo jurídico de Assange y WikiLeaks ha incluido muchos profesionales de prestigio, como Geoffrey Robertson, Mark Summers, Carey Shenkman, Christophe Marchad, Ben Emmerson, Renata Ávila y otros muchos a los que se hará referencia más adelante.

[31] Margaret Ratner Kunstler representa a Sarah Harrison, que será introducida más adelante en este libro, y es una de las abogadas de WikiLeaks y asesora de Julian Assange.

VIII

«Esa banda del Huffington Post me está volviendo loco»

Ellingham Hall

Entre el verde frondoso de la campiña inglesa, Ellingham Hall se erguía discretamente en toda su belleza elegante y contenida. Esta mansión georgiana del siglo xviii situada en el condado de Suffolk, al sureste de Inglaterra, es propiedad de la familia de Vaughan Smith.

Exoficial de la Armada británica convertido más tarde en corresponsal de guerra y fundador del Frontline Club, una asociación con sede en Londres que tiene por objetivo defender el periodismo independiente, Vaughan Smith invitó a Julian Assange a cumplir su arresto domiciliario en Ellingham Hall, pendiente de la decisión que tomase el tribunal británico respecto a su extradición a Suecia. En parte gracias a esta oferta, Assange pudo salir de la cárcel de Wandsworth, en libertad condicional, el 16 de diciembre de 2010, tras diez días de detención por orden de las fiscales suecas, que habían emitido una orden europea de detención con el fin de solicitar la extradición para interrogarlo por las denuncias de violación, abuso sexual y coerción.

Al salir de Wansworth, Assange siguió trabajando intensamente. En enero de 2011 me reuní con él y los periodistas de WikiLeaks en esa casa de la campiña inglesa para analizar y publicar conjuntamente los 4.189 cables sobre el Vaticano e Italia. Unos meses después, en abril, también trabajamos juntos sobre los archivos clasificados de Guantánamo.

Las condiciones de su libertad condicional eran estrictas y llevaba un brazalete electrónico en el tobillo. Lo obligaron a entregar el pasaporte, de modo que no podía viajar al extranjero, pero por el día le permitían desplazarse incluso hasta Londres. Por la noche tenía que someterse al toque de queda, desde las diez de la noche hasta las ocho de la mañana, dormir en Ellingham Hall y presentarse en la cercana comisaría de Beccles entre las ocho y las once de la mañana para firmar el registro y someterse a los controles ordinarios.

A menudo los medios de comunicación recalcaban que estaba de invitado en una mansión, quizá para describirlo como alguien que, tras hacer temblar a la elite más poderosa del mundo, había acabado por llevar una vida privilegiada. Pero quienes lo conocíamos sabíamos que de hecho vivía con muy poco.

Desde 2010, cuando la fama de la organización explotó en todo el mundo, todas las críticas contra WikiLeaks se habían centrado en Julian Assange. Esto no solo se debía a que él, con Kristinn Hrafnsson, eran los rostros públicos de la organización, mientras que los otros se mantenían deliberadamente en segundo plano, sino también a que su carisma y originalidad atraían y repelían como un imán. Los medios lo retrataban como un jáquer excéntrico, o un Peter Pan egocéntrico, a menudo como un hombre misterioso y paranoico situado en el corazón de una intriga internacional. Pero en el trato que yo mantuve con él y con su organización, llegué a conocer a un periodista con una gran preparación intelectual, capaz de pensar estratégicamente, que no actuaba movido por el dinero y que era, sin duda, valiente. Su pasión por la tecnología y las implicaciones sociales de esta era natural, considerando que había sido jáquer de adolescente; pero Assange entendía también el poder y sus estructuras. Ese tipo de inteligencia política era claramente menos común en personas que, como él, viven en el mundo de la tecnología.

Y sin embargo WikiLeaks no era solo Julian Assange y una plataforma tecnológicamente avanzada a la que los denunciantes anónimos podían enviar archivos. Era una organización periodística compuesta por personas que piensan por sí mismas, al menos las que yo había conocido o llegaría a conocer en el futuro. Como el respetuoso Kristinn Hrafnsson, que tenía una sólida experiencia en el periodismo de investigación. Para nada «glacial», como lo retrataban en ocasiones los medios de comunicación, Hrafnsson era tan bueno para apaciguar la controversia como Assange para desatarla.

Joseph Farrell y Sarah Harrison, periodistas británicos de WikiLeaks, se habían formado profesionalmente en el Centro para el Periodismo de Investigación (Centre for Investigative Journalism – CIJ) de Londres, fundado por Gavin MacFadyen. MacFadyen, duramente crítico con la grave decadencia del periodismo convencional, había creado su centro para formar periodistas de investigación que trabajasen por el interés público, realizando investigaciones en profundidad y con sentido crítico en lugar de limitarse a redactar artículos basados en sugerencias de los poderosos. Ambos muy brillantes y modestos, Farrell –que todavía pertenece a la junta directiva del cij– era ocurrente y capaz de efectuar análisis asombrosamente perspicaces. Y solo unos años después, Sarah Harrison mostraría su valentía y de qué era capaz.

Yo había conocido personas con mucho talento en WikiLeaks y alrededor de la organización. La abogada y activista guatemalteca Renata Ávila era una de ellas. Cultivaba un estilo exuberante que inicialmente me llevó a juzgarla como una persona frívola, pero en realidad era muy apasionada e inteligente. No concebía la abogacía como un medio para amasar dinero y clientes prestigiosos; se inspiraba, por el contrario, en abogados como Michael Ratner, que había usado su profesión y su pasión cívica para ayudar a mejorar el mundo, obteniendo por ejemplo el habeas corpus para los más desdichados de la tierra.

No me sentía tan cerca de Stella Moris, que trabajaba en el caso sueco y solo se abría a otras personas poco a poco; me llevó cierto tiempo conocerla mejor. Y gradualmente fui conociendo a un cineasta y periodista guatemalteco de origen italiano y disposición alegre, Juan Passarelli, que filmó algunas fases especialmente cruciales del trabajo.

No faltaban pasión y brillantez dentro y alrededor de WikiLeaks. Pero en el verano de 2011 ocurrió algo que tendría profundas consecuencias para el futuro de la organización.

¿Quién ha tenido la culpa?

Siete meses después de publicar los archivos de Guantánamo, fui a visitar a Julian Assange en Ellingham Hall para analizar el trabajo periodístico sobre los cables diplomáticos de Estados Unidos que llevaba un tiempo realizando. A esas alturas, podía buscar en toda la base de 251.287 archivos, no solo en los relativos a Italia y al Vaticano. Era el 26 de agosto de 2011, un viernes de verano. WikiLeaks estaba en pleno auge, y el personal de Assange me había organizado una cita de fin de semana para que pudiera pasar dos días en Ellingham Hall.

Al entrar, vi un magnífico tigre disecado atrapado en una jaula de cristal con forma de cúpula. Debía de tener más de un siglo, pero el vívido color de su pelaje y sus poderosas garras hacían que pareciese a punto de saltar sobre cualquiera que entrara en la casa. Había otros parecidos en toda Ellingham Hall, incluso delante de la habitación con chimenea que WikiLeaks me había preparado para pasar la noche. Los tigres disecados y las cabezas de ciervo con grandes astas colgadas de las paredes eran solo una parte del legado de la familia Smith, que incluía militares y mensajeros de la reina, pero también había producido un descendiente como Vaughan Smith, que nunca dejó de prestar su apoyo a Assange, un hombre despreciado por los poderosos.

Ellingham Hall era una casa de campo preciosa, pero vieja, con grifos que soltaban agua fría incluso en ese agosto inglés, y camas bastante incómodas. Vaughan Smith y su familia habían mostrado mucha generosidad al acoger no solo al fundador de WikiLeaks sino también a todo su personal e incluso a visitantes y periodistas como yo que invadíamos la residencia. Pero Ellingham Hall no era el Versalles que los medios de comunicación daban a entender, insinuando que Julian Assange llevaba una nueva vida de privilegios.

Me llamó la atención la escena curiosa que se desarrollaba en una gran sala del piso bajo, de cuyas paredes colgaban varios retratos de antepasados de la familia Smith y en cuyo suelo se extendía un laberinto de cables eléctricos, cámaras, mochilas y cargadores de ordenador acumulados por WikiLeaks. Casi me pareció ver los rostros serios de los antepasados de la familia Smith fruncir el ceño ante la llegada de Julian Assange y sus periodistas, que perturbaban la paz secular de la casa. Me impresionó la ironía de la situación. El fundador de WikiLeaks y su personal parecían un grupo de rebeldes acampado en el cuartel general de los poderosos.

Cuando llegué a Ellingham Hall, me encontré a Julian Assange y sus periodistas muy preocupados. El día anterior, el semanario alemán Der Freitag había revelado[1] que la base de datos de los cables estaba disponible en su totalidad en internet, sin haber tachado los nombres de las personas que pudieran correr peligro. Ese enorme conjunto de archivos estaba cifrado, pero Der Freitag comunicó que la contraseña estaba disponible para todos, solo había que saber dónde buscarla. El semanario no reveló detalles, pero a quienes habían seguido de cerca el caso no les resultaba imposible atar cabos. A esas alturas era solo cuestión de tiempo que todos los cables estuvieran disponibles en internet, con nombres de fuentes, políticos y activistas que habían hablado confidencialmente con los diplomáticos estadounidenses, tanto de países democráticos como autoritarios.

Todos nos quedamos atónitos. Desde el 28 de noviembre de 2010, WikiLeaks había ido publicando los cables poco a poco: yo era una de los periodistas que llevaba sus buenos ocho meses trabajando en ellos, analizando el contenido y censurando nombres cuando hacía falta. Por eso la organización no había publicado ya toda la base de datos en su página digital, como había hecho con los otros archivos.

El trabajo periodístico necesario para los cables era especialmente exigente; de hecho, nuestras publicaciones avanzaban con mucha lentitud. ¿Y ahora todo estaba a punto de acabar caóticamente en internet, anulando los esfuerzos que habíamos hecho para proteger a los individuos que pudieran correr peligro? No parecía real.

WikiLeaks había comenzado a publicar los cables en noviembre de 2010. Ahora, a finales de agosto de 2011, era razonable suponer que el Departamento de Estado de Estados Unidos, el núcleo de la política exterior del país, habría desplegado estrategias para minimizar el riesgo, tales como alertar a todos los individuos potencialmente afectados y, si fuese necesario, proporcionarles ayuda. Pero las autoridades estadounidenses nunca mencionaron plenamente ni en público dichas estrategias. En todo caso, ni WikiLeaks ni periodistas como yo, que habíamos trabajado con tanta intensidad en los cables y observado al mismo tiempo los estrictos protocolos de seguridad que se nos exigían, habíamos querido nunca ver los archivos publicados en internet sin tachar antes los nombres sensibles. ¿Cómo había ocurrido? Para entenderlo necesitaríamos sumergirnos en el funcionamiento interno de los sistemas usados por WikiLeaks para publicar archivos.

Cuando Assange cesó al portavoz alemán de entonces, Daniel Domscheit-Berg, en el verano de 2010, este calificó públicamente su choque con el fundador de WikiLeaks como una diferencia de opinión profunda e irreconciliable acerca de cómo dirigir la organización, y anunció la creación de su propia WikiLeaks, a la que llamó «OpenLeaks». De acuerdo con Domscheit-Berg, su nueva organización también tendría medios de comunicación colaboradores: periódicos y medios tradicionales con los que compartiría en exclusiva todos los archivos secretos que recibiera, como hacía Wikileaks. Uno de los aliados periodísticos de OpenLeaks sería Der Freitag, el mismo semanario que, el 26 de agosto de 2011, reveló que toda la base de datos cifrada con los cables estaba disponible en internet, y que la contraseña también era pública.

La crítica de Domscheit-Berg a Julian Assange la asumía también extensamente el conjunto de la prensa internacional, que –con excepción de Der Spiegel– no profundizó mucho en la crisis. Pero el choque entre ambos hacía referencia de hecho a cuestiones muy graves.

Cuando lo despidieron de la organización, Domscheit-Berg se había llevado tres mil archivos enviados a WikiLeaks, todavía inéditos, junto con, por lo que pudo deducir Der Spiegel[2], el servidor de envío por el que llegaban de manera anónima los archivos de las fuentes, así como otro servidor con todas las publicaciones antiguas de WikiLeaks. En apariencia, estas últimas no solo contenían documentos ya revelados sino también un archivo cifrado con los 251.287 cables de diplomáticos estadounidenses. El archivo tenía un nombre insignificante en una subcarpeta difícil de encontrar.

Transmito lo publicado por Der Spiegel, porque no estaba presente cuando ocurrieron estos hechos. Solo puedo relatar lo que ocurrió en Ellingham Hall el 26 de agosto de 2011 y en los días inmediatamente posteriores.

En un intento de recuperar esos materiales extremadamente importantes que se había llevado Domscheit-Berg, WikiLeaks confió en la mediación del experto en seguridad informática y periodista alemán Andy Müller-Maguhn, por aquel entonces uno de los portavoces y miembro de la junta directiva del Chaos Computer Club (CCC). Con sede en Berlín, el CCC siempre ha sido una de las organizaciones de jáqueres más respetadas del mundo. Con «jáquer» no se refieren a «ciberdelincuente»: el CCC es un punto de referencia para una galaxia mundial de individuos y organizaciones apasionados por la tecnología, la privacidad y el cifrado, así como sus repercusiones políticas y sociales. El CCC era una especie de familia para Assange y WikiLeaks, de modo que habrían podido mediar en la situación, puesto que Domscheit-Berg era miembro.

La verdad es que no salió bien. La organización no logró recuperar los 3.000 archivos más o menos que Domscheit-Berg se había llevado. Sí recuperó, sin embargo, el servidor con las publicaciones antiguas.

Unos días después de que Julian Assange y WikiLeaks empezasen a revelar la correspondencia diplomática estadounidense, fueron objeto de un ciberataque masivo que paralizó por completo su página digital y su infraestructura informática. «Rápidamente se crearon varios servidores espejo para evitar que WikiLeaks desapareciera por completo de internet. Defensores de WikiLeaks bien intencionados también subieron mediante el protocolo de intercambio de archivos BitTorrent una versión comprimida de todos los datos que habían sido publicados por Wikileaks hasta ese momento», escribía Der Spiegel. Esto dificultó mucho la censura. Dado que BitTorrent es un protocolo de intercambio de archivos, cualquiera podía descargarse una copia de los datos que Domscheit-Berg se había llevado consigo y almacenarla en su ordenador. Lo que los defensores no sabían era que el conjunto de datos no contenía solo publicaciones antiguas, sino que también incluía una copia de todos los cables diplomáticos protegida mediante contraseña.

En cualquier caso, aunque la totalidad de los cables había acabado inadvertidamente en internet, y con toda probabilidad había sido descargada por miles de seguidores de todo el mundo de manera completamente inconsciente, el archivo estaba cifrado, y la contraseña no era pública. Además, era una contraseña tan segura que cuando más tarde le pregunté al maestro de la seguridad en internet Bruce Schneier si era suficientemente fuerte, me dijo[3]: «Sin la clave, nadie podría haber entrado por la fuerza en el archivo. Nadie, probablemente ni siquiera alienígenas con ordenadores de tamaño planetario».

Pero en febrero de 2011, dos periodistas de The Guardian, David Leigh y Luke Harding, publicaron la contraseña en su libro[4], afirmando que, cuando les había dado acceso a la base de datos cifrada, el fundador de WikiLeaks había escrito «ACollectionOfHistorySince_1966_ToThe_PresentDay#» en un papel: «Esa es la contraseña», le dijo a David Leigh: «Pero tienes que poner la palabra “Diplomatic” delante de “History”. ¿Te acordarás?».

Era una medida de seguridad adicional; si el papel acababa en manos de alguien sin autorización para acceder a los archivos, pero que supiera dónde buscarlos, seguiría sin poder descifrar la base de datos, porque la contraseña estaba incompleta. Era increíble que dos periodistas de The Guardian hubieran publicado la contraseña completa.

Se trataba de una información para proteger los archivos que nunca debería revelarse. Assange me lo había dejado completamente claro y, que yo sepa, ningún otro medio colaborador ha revelado una contraseña de WikiLeaks.

Aunque la contraseña se había divulgado, la ciudadanía no parecía haber captado la importancia de dicha información. Y probablemente WikiLeaks mantuvo silencio para evitar llamar la atención al respecto. Pero cuando, el 25 de agosto de 2011, el semanario alemán Der Freitag reveló que los documentos cifrados estaban disponibles en internet y que la contraseña también estaba publicada, todo cambió. A partir de ese momento cualquiera que supiera dónde buscar el archivo podría descifrarlo y acceder a los cables completos, con nombres sin censurar.

Técnicamente, ya no había nada que WikiLeaks pudiera hacer para impedir la revelación de los archivos. No podía eliminar la base de datos, porque tras ser distribuida mediante sistemas de intercambio de archivos como BitTorrent, probablemente ya se la habrían descargado miles de partidarios y detractores. Lo mismo puede decirse de la contraseña: los dos periodistas de The Guardian la habían publicado en su libro. No podían borrarla de la mente de quienes la hubiesen leído.

Llegué a Ellingham Hall al día siguiente de que Der Freitag publicase su artículo y fui testigo de la crisis, que se desplegó ante mis ojos a lo largo de todo el fin de semana que permanecí allí. Julian Assange y Sarah Harrison, que en ese momento trabajaba de periodista para WikiLeaks, intentaron repetidamente contactar con el Departamento de Estado estadounidense para alertar del riesgo inminente que suponían los archivos publicados en internet, con los nombres sin tachar. Contemplé sus intentos repetidos de alertar a las autoridades estadounidenses y conseguir su cooperación.

Salí de Ellingham Hall el sábado, 27 de agosto, convencida de que era solo cuestión de días. El primero que encontrase los archivos, los publicaría.

El 1 de septiembre de 2011, Cryptome, la página digital neoyorquina fundada por el cypherpunk John Young, publicó la base de datos de cables completa, sin censurar nombres[5]. Al día siguiente, 2 de septiembre, WikiLeaks volvió a publicar los archivos que estaban ya disponibles en Cryptome[6].

WikiLeaks publicó enseguida un editorial indicando que The Guardian había «revelado de manera negligente la contraseña del Cablegate»[7]. Pero lejos de admitir cualquier responsabilidad, el diario londinense acusó a WikiLeaks de imprudencia por publicar los cables sin censurarlos, pese a que llevaban desde el día anterior completamente disponibles en Cryptome. Muchos medios internacionales se alinearon rápidamente con la versión y la condena de The Guardian[8], sin hacer el más mínimo intento de entender qué había ocurrido realmente. Durante más de una década, observé esta misma actitud hacia Julian Assange y WikiLeaks en la mayoría de los medios internacionales, que repetían sin sentido crítico la acusación del momento.

Solo un año antes, cuando empezaron a publicar los cables, Assange y su organización habían alcanzado una fama mundial comparable a la de las estrellas de rock[9]. «Mi instinto me dice que time nombrará hombre del año a Assange», había escrito Philip J. Crowley, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, en un mensaje electrónico al que tuve acceso una década más tarde[10]. Alec Ross, alto asesor de innovación de la entonces secretaria de Estado, Hillary Clinton, escribía en su correspondencia interna: «Esa banda del HuffPo [Huffington Post] / gobierno abierto me está volviendo loco. Piensan que Assange es una especie de héroe»[11].

Pero solo ocho meses después de estos mensajes, buena parte de los medios de comunicación había degradado a Julian Assange y a WikiLeaks de estrellas de rock a temerarios.

Aislados

¿Quién había alertado a Der Freitag de que el archivo cifrado estaba en internet y que la contraseña también se había publicado? Por supuesto, el semanario alemán nunca ha revelado la fuente, pero debió de ser alguien muy familiarizado con la dinámica interna de WikiLeaks: ¿cuántas personas sabían que la base de datos había acabado subida inadvertidamente a internet?

Quien fuese lo había hecho con toda probabilidad por dos razones: en primer lugar, socavar el trabajo de edición que WikiLeaks estaba efectuando con los medios colaboradores para publicar los cables de manera gradual y segura; y segundo, dañar la reputación de Julian Assange y su organización, haciendo que la opinión pública concluyera que eran irresponsables, por poner vidas en peligro.

Muy probablemente las autoridades estadounidenses consideraron el incidente un punto a su favor. Después de todo, ¿qué habían hecho para impedir la publicación de los archivos sin censurar, una vez alertadas por WikiLeaks? En ese momento no supe la medida en la que la organización había intentado conseguir la colaboración del Departamento de Estado estadounidense: en agosto de 2011, cuando Julian Assange y Sarah Harrison contactaron con ellos yo estuve presente durante algunas de sus llamadas telefónicas; además de los intentos que presencié, se produjeron otros. No obstante, toda la condena de los medios de comunicación se centró en WikiLeaks. Y hasta la fecha, nadie parece haber hecho ninguna pregunta. ¿Por qué, por ejemplo, se llevó Daniel Domscheit-Berg más de tres mil archivos no publicados y después, como informaba Der Spiegel, afirmó haberlos destruido? Assange me confesó más tarde[12] que estos archivos eran su «mayor pérdida». Y nadie parece haber preguntado qué le ocurrió a la organización alternativa, OpenLeaks, que Domscheit-Berg había anunciado como una versión mejorada de WikiLeaks. Hasta el momento, no se ha materializado.

La campaña de desprestigio emprendida por los medios de comunicación, que hizo que Assange y sus periodistas parecieran responsables de poner en peligro a miles de personas en todo el mundo porque los cables contenían nombres que había que «proteger estrictamente», me pareció de inmediato exagerada. Había trabajado día y noche sobre esos documentos durante ocho meses, y sabía que la etiqueta «proteger estrictamente» no se aplicaba necesariamente a fuentes que pudieran correr peligro: se usaba también simplemente para proteger del bochorno político a altos cargos extranjeros, o incluso a entidades que no eran personas físicas, como la policía italiana.

No solo la campaña de los medios de comunicación contribuyó sin ningún sentido crítico a la de las autoridades estadounidenses contra WikiLeaks, sino que, además, el enfrentamiento entre el exportavoz alemán y Julian Assange creó una grieta en el prestigioso Chaos Computer Club de Berlín, que decidió expulsar a Domscheit-Berg.

Como más tarde me ayudaría a entender la abogada y activista Renata Ávila, muchos grupos de la sociedad civil inspiraron y apoyaron a Assange y a su organización entre 2007 y 2011. Ávila conocía muchos de estos grupos, porque formaba parte de ellos. Había una comunidad amplia y diversa que defendía el software libre y la protección de la privacidad, que giraba en torno a CCC y a la Wau Holland Foundation y sus contactos de referencia, como Andy Müller-Maguhn. Estaba la comunidad que aspiraba a democratizar los medios de comunicación y ampliar el acceso a la información y al conocimiento, liberándolo del control de las oligarquías que siempre han controlado los periódicos, la televisión y la radio. Había comunidades de América Latina y África que luchaban por lograr que los perpetradores de genocidios y graves violaciones de los derechos humanos rindiesen cuentas ante la justicia por sus crímenes. Eran grupos muy diferentes entre sí, pero compartían ciertas pasiones y proyectos: la democratización de la tecnología, los medios de comunicación y el acceso a internet; la defensa de la privacidad y el cifrado; la lucha por la justicia.

El conflicto entre Assange y Domscheit-Berg, y la expulsión de este último de CCC, creó brechas y rencores en un club que había sido como una familia para Assange y WikiLeaks. Mientras tanto, la campaña de desprestigio alejó más aún el apoyo de los medios de comunicación y de la opinión pública. Unos meses antes, en febrero de 2011, había salido también a la luz un plan dirigido a dañar la reputación de WikiLeaks, perturbando su trabajo periodístico y destruyendo el respaldo público del que era objeto. Se basaba en las técnicas de la guerra sucia.

Divide, desacredita, sabotea

El plan se denominaba «La amenaza de WikiLeaks», y estaba esbozado en un documento con los logotipos de tres empresas estadounidenses: HBGary Federal, Berico Technologies y Palantir, la empresa cofundada por el multimillonario germanoestadounidense Peter Thiel, cofundador también de PayPal, uno de los primeros servicios de pago por internet que cortó el acceso de WikiLeaks a las donaciones inmediatamente después de que empezase a publicar los cables. Palantir sería después bien conocida por su trabajo para la NSA y la CIA, y por haber sido financiada por la CIA en las fases iniciales de su creación, a través del fondo In-Q-Tel[13], utilizado por los servicios de inteligencia estadounidenses para financiar empresas de alta tecnología que consideran estratégicas.

De acuerdo con informaciones publicadas en Estados Unidos, la empresa HBGary Federal trabajaba para un despacho de abogados que representaba a uno de los mayores bancos estadounidenses: Bank of America. En noviembre de 2010, en una entrevista concedida a la revista Forbes, Julian Assange anunció que publicaría archivos relacionados con «uno o dos bancos», sin dar nombres.

El documento que revelaba el plan tramado contra WikiLeaks solo había emergido gracias a las actividades de jaqueo atribuidas a Anonymous, un movimiento de activistas digitales cuyas identidades son de hecho anónimas y que se ocultan tras la famosa máscara de Guy Fawkes. Anonymous era un colectivo, no una organización informativa como WikiLeaks, pero compartía algunos partidarios. En diciembre de 2010, cuando la organización de Assange comenzó a publicar los cables y las empresas de tarjetas de crédito Visa y Mastercard, así como los sistemas de pago de PayPal, Western Union y Bank of America, les bloquearon todas las donaciones, Anonymous lanzó una serie de ataques digitales contra Visa, Mastercard y PayPal como acto de protesta. Tras los ataques, el director gerente de HBGary Federal se jactó de que podía desenmascarar a los activistas del colectivo. Llegados a ese punto, Anonymous jaqueó la página digital de la empresa, y los archivos que obtuvo revelaron una serie de documentos internos, incluido el plan para paralizar WikiLeaks[14].

La estrategia de guerra sucia proponía actividades de sabotaje en varios niveles: «Alimentar el combustible entre grupos enfrentados. Desinformación»; «Enviar documentos falsos y después señalar el error»; «Crear preocupación acerca de la seguridad de la infraestructura. Crear relatos de exposición. Si se cree que el procedimiento no es seguro, están acabados»; «Ciberataques contra la infraestructura, para obtener datos sobre los remitentes de documentos. Esto mataría el proyecto»; «Una campaña en los medios de comunicación para plantear la naturaleza radical y temeraria de las actividades de WikiLeaks. Presión sostenida». Y por último, técnicas de sabotaje dirigidas a debilitar el respaldo de periodistas como Glenn Greenwald. «Este es el plano de apoyo que hay que interrumpir», afirmaba el documento, concluyendo que: «Son profesionales establecidos, con una inclinación progresista, pero en último término la mayoría, si se les presiona, preferirá la continuidad profesional al caso, porque esa es la mentalidad de la mayoría de los profesionales del sector. Sin el apoyo de periodistas como Greenwald, WikiLeaks fracasaría».

No hay pruebas de que las tres empresas que cocinaron el plan hubieran puesto en marcha estas estrategias de guerra sucia; y tan pronto como se hizo público, Bank of America negó conocerlas y haber contratado a HBGary Federal. En cuanto a Palantir, cuyo logotipo aparecía en todas las páginas del documento que esbozaba la estrategia, emitió una disculpa pública. Una cosa es segura, sin embargo: desde 2010 hasta hoy, se ha mantenido una prolongada campaña mediática contra WikiLeaks y una presión continua, como proponía el plan.

En el transcurso de ese año, entre abril de 2010 y 2011, Julian Assange y los periodistas de WikiLeaks habían sacado algunas de las mayores primicias de la historia del periodismo, publicando el vídeo Collateral Murder, los diarios de las guerras de Iraq y Afganistán, los cables diplomáticos y los archivos de Guantánamo. Pero se encontraron acusados de poner vidas en peligro, privados por los gigantes bancarios de las donaciones, y atacados duramente por los mismos periódicos importantes que tanto se habían beneficiado de las primicias de WikiLeaks, como The New York Times y The Guardian. El caso sueco haría el resto.

[1] Steffen Kraft, «Leck bei Wikileaks», Der Freitag, 25 de agosto de 2011, disponible en [www.freitag.de/autoren/steffen-kraft/leck-bei-wikileaks], consultado el 19 de marzo de 2022.

[2] Christian Stöcker, «A dispatch disaster in six acts», Der Spiegel, 1 de septiembre de 2011.

[3] Bruce Schneier, mensaje electrónico a la autora, 5 de septiembre de 2011.

[4] David Leigh y Luke Harding, Inside Julian Assange’s war on secrecy, Londres, Guardian Books, 2011.

[5] Los cables de la diplomacia estadounidense publicados por John Young en Cryptome siguen disponibles en [http://cryptome.org/z/z.7z], consultado el 20 de marzo de 2022. En septiembre de 2020, John Young declaró en el Tribunal de Magistrados de Westminster en Londres, durante la vista de extradición de Julian Assange: confirmó que había publicado la base de datos completa de cables sin censurar el 1 de septiembre de 2011, y reveló información crucial que se analizará en este libro.

[6] Los cables de la diplomacia estadounidense están disponibles en [www.wikileaks.org/plusd/], consultado el 20 de marzo de 2022.

[7] «Guardian journalist negligently disclosed Cablegate passwords», WikiLeaks, 1 de septiembre de 2011, disponible en [https://wikileaks.org/Guardian-journalist-negligently.html], consultado en mayo de 2022.

[8] James Ball, «WikiLeaks publishes full cache of unredacted cables», The Guardian, 2 de septiembre de 2011.

[9] Nick Squires, «WikiLeaks: Julian Assange crowned “Rock Star of the Year” by Italian Rolling Stone», The Telegraph, 14 de diciembre de 2010; corresponsal en Roma de Hindustan Times, «Assange elected “Rockstar of the Year”», Hindustan Times, 15 de diciembre de 2010.

[10] Mensaje electrónico enviado por Philip J. Crowley a Harold Hongju Kho y varios destinatarios más, incluido Jacob J. Sullivan, el 9 de diciembre de 2010. Obtuve este mensaje de manera fuertemente censurada gracias al litigio amparado en el DAIP que mantengo contra el Departamento de Estado de Estados Unidos. Analizaré mi batalla relacionada con el DAIP más adelante, en el capítulo XI de este libro. Philip J. Crowley dimitiría más adelante por los comentarios que hizo acerca del trato dado a Chelsea Manning. Los redactores de Time escogieron al fundador y ceo de Facebook, Mark Zuckerberg, como persona del año de la revista Time, pero Julian Assange ganó la votación popular en internet. Daniel Trotta, «Time names Mark Zuckerberg 2010 Person of the Year», Reuters, 15 de diciembre de 2010.

[11] Mensaje electrónico de Alec J. Ross a Jared Cohen, 4 de diciembre de 2010. Obtuve este mensaje, en forma fuertemente censurada, gracias al litigio amparado en el DAIP que mantengo contra el Departamento de Estado estadounidense.

[12] Stefania Maurizi, «Julian Assange: WikiLeaks Will go ahead», L’Espresso, 30 de noviembre de 2012.

[13] In-Q-Tel es el fondo de capital riesgo que los servicios de inteligencia estadounidenses usan para invertir en tecnologías punta útiles para llevar a cabo sus misiones. El nombre In-Q-Tel deriva de la palabra «intel», es decir, inteligencia, y «Q», el personaje de ficción que proporciona accesorios de alta tecnología a James Bond. La página digital de In-Q-Tel está disponible en [www.iqt.org/], consultado el 21 de marzo de 2022.

[14] El plan «The WikiLeaks Threat» se puede consultar en Nate Anderson, «Spy games: inside the convoluted plot to bring down WikiLeaks», Wired, 14 de febrero de 2011; y también en [https://wikileaks.org/IMG/pdf/WikiLeaks_Response_v6.pdf], consultado el 21 de marzo de 2022.

IX

De Suecia a Ecuador

«Que le remojen la cabeza en un retrete de Guantánamo»

Cinco meses después de que se publicasen los cables completos, incluidos los nombres de contactos y fuentes de los diplomáticos estadounidenses, una resolución judicial cambió para siempre el destino de Julian Assange. El 30 de mayo de 2012, el Tribunal Supremo de Reino Unido sentenció que debía ser extraditado a Suecia a petición de la fiscal Marianne Ny, que había solicitado su extradición para interrogarlo en relación con las acusaciones de violación, abuso sexual y coerción.

Desde diciembre de 2010, el fundador de WikiLeaks había permanecido bajo arresto domiciliario en la campiña inglesa con un brazalete electrónico en el tobillo, esperando el veredicto de los tribunales. Assange había estado luchando todo el tiempo contra la extradición a Suecia, convencido de que esta facilitaría a su vez la extradición a Estados Unidos. En los tribunales británicos, había apelado hasta el Tribunal Supremo. No había una solicitud pública de las autoridades estadounidenses, pero esto no significaba en absoluto que no se hubiera emitido bajo secreto. Hasta el momento en el que se hacen públicos, los procedimientos de extradición permanecen envueltos en secreto, precisamente para que los presuntos delincuentes no reciban un soplo que les permita huir.

Al menos desde finales de 2010, era sabido por todos que Estados Unidos había abierto una investigación sobre WikiLeaks por haber publicado archivos clasificados pertenecientes a la administración pública estadounidense; y en abril de 2011, Glenn Greenwald reveló que el FBI había enviado una citación a un residente de Cambridge, Massachusetts, cuya identidad no se hizo pública, para testificar ante el Gran Jurado de Alexandria, Virginia.

El gran jurado es una institución consagrada en la Constitución de Estados Unidos, pero desempeña una función controvertida en el sistema de justicia del país. No es un jurado que declare la inocencia o la culpabilidad de un acusado en un juicio, sino un jurado convocado para decidir si hay o no suficientes razones para imputar a un individuo. Cerrado al público, a la prensa y a los abogados de las personas llamadas a testificar, el gran jurado opera en secreto. Las revelaciones de Greenwald confirmaron los rumores que circulaban desde hacía un tiempo sobre la apertura de una investigación en Estados Unidos. Pero nadie sabía cómo avanzaba, precisamente por el secretismo con el que opera este tipo de procedimiento.

Dos meses antes de que el Tribunal Supremo británico dictara sentencia, WikiLeaks y los medios colaboradores habíamos revelado 5,3 millones de mensajes electrónicos internos de Stratfor[1], una empresa privada de inteligencia estadounidense que compra y vende información a clientes ricos e influyentes, como multinacionales, organismos estatales y medios de comunicación, y que mantiene lazos estrechos con el FBI y con los organismos de inteligencia de Estados Unidos. En un mensaje digital fechado el 26 de julio de 2010 –un día después de que WikiLeaks comenzase a publicar los archivos clasificados sobre la Guerra de Afganistán–, el vicepresidente de contraterrorismo de Stratfor en ese momento, Fred Burton, comentaba lo siguiente[2]: «El propietario [de WikiLeaks] es un pacifista. Lo que necesita es que le remojen la cabeza en un retrete de Guantánamo».

Y de nuevo, el 14 de diciembre de 2010, una semana después de que Assange fuera detenido en Londres a solicitud de la fiscal sueca Marianne Ny, Burton escribía[3]: «Solicitud de pena de muerte para Manning. Assange se enfrenta a cadena perpetua con Ramzi Yousef@El SuperMax. No podremos obtener la extradición pidiendo la pena de muerte, pero podremos ponernos de acuerdo en la acusación bajo secreto».

En cuanto a Chelsea Manning, Burton también citaba comentarios de una de sus fuentes del FBI más altas: «Manning debería freírse, y esperemos que lo haga»[4], y explicaba que con «freír» la fuente del FBI quería decir que deberían imponerle una condena extremadamente dura, quizá incluso la pena de muerte.

Y por último, el 26 de enero de 2011, Burton escribió a sus compañeros[5] lo siguiente: «Esto no es para el Pub: tenemos acusación bajo secreto contra Assange. Porfa, proteged».

Los mensajes internos de Stratfor no solo demostraban la animadversión que personas con vínculos estrechos con los servicios de inteligencia estadounidenses albergaban contra Assange, WikiLeaks y Manning, sino también que había una acusación secreta. ¿Era cierto?

Definitivamente el directivo de Stratfor tenía fuentes con acceso a ese tipo de noticias confidenciales: había sido agente especial en el Departamento de Estado estadounidense, estaba especializado en antiterrorismo, y había participado en operaciones importantes como la detención de Ramzi Yousef, considerado autor intelectual del atentado contra el World Trade Center de Nueva York en 1993.

En la incertidumbre en torno a cómo avanzaba la investigación sobre WikiLeaks, una cosa estaba segura: Assange lucharía contra el riesgo de ser extraditado a Estados Unidos con todos los recursos posibles. Pero la sentencia del Tribunal Supremo de Reino Unido lo había dejado sin salida. Solo unos días después, las autoridades británicas lo extraditarían a Estocolmo y, a partir de ese momento, nadie sabía qué destino le esperaba.

Una investigación abierta, cerrada y reabierta

Suecia es reconocida por su cultura de respeto a los derechos de las mujeres, y a los derechos humanos en general.

Pero después del 11-S, su reputación quedó considerablemente dañada por cooperar con el programa de entregas extraordinarias de la CIA, ya que los servicios secretos suecos entregaron varios solicitantes de asilo sospechosos de terrorismo a la Agencia, que después los transfirió a Egipto, donde fueron brutalmente torturados[6]. Sin embargo, la cultura de transparencia y libertad de expresión de Suecia lo había convertido en un país que WikiLeaks observaba con interés, con la esperanza de encontrar allí un lugar en el que poder disfrutar de protección.

En agosto de 2010, dos semanas después de publicar los informes clasificados sobre la Guerra de Afganistán, Julian Assange viajó a Suecia para dar una conferencia, invitado por una asociación socialdemócrata. Mientras estaba allí, mantuvo relaciones sexuales, por separado, con dos mujeres suecas[7]: Anna A., que trabajaba para la organización que lo había invitado y que lo alojó en su casa, y Sofia W. Las dos mujeres no se conocían entre sí. Solo después de entrar en contacto y comprender que ambas habían mantenido relaciones sexuales con Assange acudieron juntas a la policía. ¿Por qué?

Según la reconstrucción de los hechos acordada por la fiscal y la defensa de Assange en la apelación ante el Tribunal Supremo de Reino Unido[8], las dos mujeres acudieron a la policía sueca a solicitar consejo, puesto que Sofia W. quería que al fundador de WikiLeaks le hicieran una prueba para detectar posibles enfermedades de transmisión sexual. Tras escucharlas, sin embargo, la policía procedió ex oficio a redactar dos informes formales: uno por violación a Sofia W. y otro por abuso sexual a Anna A.[9] De acuerdo con el informe redactado por la policía sueca, el incidente de violación había transcurrido como sigue: el 17 de agosto, Sofia W. y Julian Assange mantuvieron relaciones sexuales más de una vez protegidos con preservativo y, tras uno de estos casos: «Durmieron un rato y ella se despertó y sintió cómo él la penetraba». De inmediato le preguntó: «¿Llevas algo?» y a la respuesta negativa de Assange respondió: «Espero que no tengas VIH», y él respondió: «Por supuesto que no». El informe policial continúa: «A ella le pareció que era demasiado tarde. Ya lo tenía dentro y le dejó seguir. No tenía energía para repetírselo. Había insistido una y otra vez en los condones toda la noche. Hasta entonces ella nunca había mantenido relaciones sexuales sin protección. Él le dijo que quería eyacular dentro de ella; no le dijo cuándo lo hizo, pero lo hizo. Después a ella le estuvo saliendo mucho»[10].

En el episodio de abuso, de acuerdo con el informe policial, Anna A. y Julian Assange mantuvieron relaciones consentidas, pero él abusó de ella «durante un acto de copulación –que había comenzado y continuado bajo la condición expresa de que debía usarse condón– al dañar intencionadamente el condón y continuar la cópula hasta que eyaculó en su vagina»[11].

Había al menos dos cosas llamativas en el informe policial sobre la presunta violación: Sofia W. no lo había firmado, y había interrumpido su entrevista cuando le informaron de que detendrían a Assange. Asimismo, después de que la agente de policía mantuviera una entrevista con ella en persona el 20 de agosto de 2010, que no fue registrada sino solo resumida, un superior ordenó a esa policía crear y firmar una nueva entrevista en el sistema informático de la policía sueca, lo cual hizo el 26 de agosto «con los cambios necesarios»[12].

Después de que Sofia W. y Anna A. acudieran a la comisaría, la tarde del 20 de agosto de 2010, los agentes abrieron las dos investigaciones ex oficio, y de inmediato llamaron al fiscal de guardia, que ordenó ese día la detención de Julian Assange. Ni siquiera habían transcurrido cuatro semanas desde la publicación de los archivos clasificados sobre la Guerra de Afganistán, y WikiLeaks y Julian Assange eran a esas alturas famosos y célebres por el vídeo Collateral Murder y los Diarios de la Guerra de Afganistán. Assange acababa de recibir el Premio Sam Adams a la Integridad[13]: uno entre la larga lista de premios prestigiosos que él y WikiLeaks han recibido en más de una década.

La noticia de la orden de detención por violación fue trasladada de inmediato al periódico sensacionalista sueco Expressen, incumpliendo la privacidad de las dos mujeres y de Assange. Expressen la publicó, y la noticia se extendió por el mundo.

Al día siguiente, 21 de agosto, se hizo cargo del caso la fiscal jefe de Estocolmo, Eva Finné, que tras examinar los hechos decidió revocar la orden de detención contra Julian Assange y cerró la investigación por violación el 25 de agosto porque, a su juicio, la conducta del sospechoso no suponía delito alguno[14]. Pero decidió mantener abierta la investigación por supuesta conducta indebida contra Anna A.

El 30 de agosto, el fundador de WikiLeaks fue interrogado en relación con esta acusación. Afirmó que no había roto el condón, ni siquiera se había dado cuenta de que se hubiera roto, y añadió que, en toda la semana que pasó en casa de A, la chica nunca habló con él de ese episodio y no mencionó las acusaciones hasta el 20 de agosto, el día que acudió a la policía.

Solo dos días después de que interrogasen a Assange, el 1 de septiembre, una fiscal distinta, la directora de la Fiscalía Pública de Gotemburgo, Marianne Ny, decidió reabrir la investigación por violación y ampliar la investigación por abuso, después de que el abogado de las dos mujeres, Claes Borgström, apelase contra la decisión de la fiscal jefe de Estocolmo de cerrar el caso de violación.

Assange permaneció en Suecia varias semanas, hasta el 27 de septiembre, cuando voló a Berlín para reunirse conmigo y con otros periodistas interesados por publicar los informes sobre las guerras de Iraq y Afganistán. Antes de salir del país, su abogado sueco en ese momento, Björn Hurtig, consultó con Marianne Ny para asegurarse de que le daba permiso para viajar. Julian Assange llegó a mi hotel en Berlín la noche del 27 de septiembre de 2010 sin equipaje, aparte de su bolso de bandolera. Ese mismo día, Ny emitió una orden de detención.

En los dos meses siguientes, mientras WikiLeaks y sus medios de comunicación colaboradores revelábamos cientos de miles de documentos clasificados de la administración pública estadounidense, los abogados de Assange le proponían a la fiscal Ny diversas soluciones para interrogarlo en relación con las alegaciones. Pidieron que se efectuase la entrevista por teléfono o por videoconferencia, por escrito, o en persona en la embajada de Australia. Estas opciones eran perfectamente admisibles de acuerdo con las leyes suecas, pero la fiscal las rechazó todas[15].

El 18 de noviembre, diez días antes de que WikiLeaks empezase a publicar los cables de la diplomacia estadounidense, Marianne Ny ordenó su detención como sospechoso de violación, coerción ilícita y tres episodios de abuso sexual. Era una orden de detención in absentia, puesto que Assange no se encontraba ya en Suecia. La defensa de Assange apeló, pero el tribunal de apelaciones sueco mantuvo la orden, aunque sí redujo las acusaciones de abuso a dos episodios en lugar de tres y, algo más importante, sentenció que la supuesta violación debía rebajarse a violación menor, un delito menos grave, puesto que en 2010 la ley sueca establecía en esencia tres grados de delito: violación grave, violación y violación menor. La sentencia máxima para la primera categoría era de diez años, seis para la segunda y cuatro para la tercera. La violación menor, también denominada menos grave, podía aplicarse en los siguientes casos: un individuo mantiene relación sexual consentida con una pareja y entonces, sin que se haya retirado el consentimiento, mantiene relación en otra ocasión en la que la misma pareja se encuentra en situación vulnerable, por estar dormida o inconsciente, de modo tal que se encuentra en estado de indefensión.

El 2 de diciembre de 2010, cinco días después de que empezaran a publicarse los cables en The Guardian y otros medios colaboradores, Marianne Ny emitió una orden europea de detención contra Assange, que en ese momento se encontraba en Londres trabajando con los archivos. La orden solicitaba su extradición a Suecia para interrogarlo por sospecha de violación (violación menor), abuso y coerción. Mientras tanto, Suecia había activado ya Interpol, que emitió una notificación roja, convirtiendo al fundador de WikiLeaks en una persona buscada en todo el mundo[16]. Cinco días después, Assange se entregó a Scotland Yard, le tomaron una muestra de ADN y lo encarcelaron en Wandsworth, en régimen de aislamiento, durante tres días, hasta que salió en libertad bajo fianza, el 16 de diciembre. Pasó los siguientes 18 meses en los tribunales británicos luchando contra la extradición, alegando en particular que una orden de detención europea que exigía la extradición de un sospechoso con el único fin de interrogarlo –no para encarcelarlo, puesto que no había sido imputado– era una medida desproporcionada, y que había sido emitida por la misma fiscal, Marianne Ny, que estaba efectuando la investigación preliminar, no por un juez.

Perdió todas las apelaciones. El 30 de mayo de 2012, el Tribunal Supremo de Reino Unido sentenció que un fiscal público era una autoridad judicial capacitada para emitir legalmente una orden europea de detención.

En los mensajes electrónicos de Stratfor, revelados por WikiLeaks y los medios colaboradores dos meses antes de esta sentencia, los analistas que trabajaban en la empresa privada de inteligencia estadounidense habían hecho los siguientes comentarios sobre[17] la detención de Assange en diciembre de 2010, en medio de la publicación de los cables: «Las acusaciones de abuso sexual rara vez se trasladan a través de notificaciones rojas de Interpol, como en este caso, de modo que esto sin duda lo que intenta es impedir que WikiLeaks siga publicando documentos del Gobierno».

Stratfor hablaba de «acusaciones», pero en realidad la fiscal sueca Ny nunca presentó acusaciones formales contra Julian Assange. Solo lo estaba investigando, y eso hacía más anómalo aún que Interpol emitiese una notificación roja para él. Pero Assange estaba ya atascado en el relato de la violación: en lo que a los medios concernía, ya no era solo un hombre paranoico y enigmático situado en el centro de una intriga internacional que podría poner en peligro vidas humanas. Era también un sospechoso de violación que intentaba eludir la justicia de un país altamente civilizado como Suecia y, por lo tanto, doblemente sospechoso de culpabilidad.

Tras la sentencia emitida por el Tribunal Supremo británico[18] el 30 de mayo de 2012, la defensa de Assange solicitó que se reabriese su apelación, pero el 14 de junio se rechazó la solicitud. El veredicto era definitivo.

El Tribunal Supremo británico tiene como símbolo la última letra del alfabeto griego, «omega», porque, para quienes apelan al tribunal, es la última oportunidad de obtener justicia en suelo británico. Julian Assange se había quedado sin posibilidades. Solo era cuestión de días que lo extraditaran a Suecia. Pero no llegó a ese país escandinavo.

Cuando Ecuador dijo: «Los tiempos de la colonia se terminaron»

Disfrazado de motorista para eludir la inevitable vigilancia –estaba bajo arresto domiciliario, con un brazalete electrónico en el tobillo, pendiente de una extradición inminente a Suecia–, el 19 de junio de 2012, cinco días después de que el Tribunal Supremo de Reino Unido emitiera sentencia definitiva, el fundador de WikiLeaks incumplió su libertad condicional, se refugió en la embajada de Ecuador en Londres y pidió asilo.

La noticia provocó asombro, y a muchos les pareció extraña, en el mejor de los casos, por no decir claramente sospechosa: si era inocente como decía, ¿por qué había huido? Muy pocos creían los motivos declarados, a saber, que no había solicitado asilo para huir de Suecia, sino para protegerse de Estados Unidos. Oficialmente no había solicitud de extradición, ni siquiera un expediente de acusación de las autoridades estadounidenses, de modo que muchos lo describieron como un fugitivo de la justicia sueca. Pero entonces, se preguntaron muchos, ¿por qué Ecuador?

En 2012, América Latina se encontraba en medio de la «marea rosa»[19], la oleada de gobiernos de izquierda, desde el Brasil de Lula y Dilma Rousseff a la Venezuela de Hugo Chávez y la Bolivia de Evo Morales, que luchaban contra el devastador modelo económico neoliberal y la interferencia de Estados Unidos en toda la región. Ecuador, dirigido en aquel momento por el presidente progresista Rafael Correa, tenía como principal socio económico a Estados Unidos, de modo que a Correa no le interesaba arruinar las relaciones de su país con la superpotencia estadounidense. El propio Correa había mantenido unos fuertes vínculos económicos con Estados Unidos, pero también había tomado diversas decisiones independientes, como negarse a firmar acuerdos de libre comercio que no consideraba beneficiosos para los intereses de su país, y pedir a las tropas estadounidenses que abandonasen la base militar de Manta, en el océano Pacífico. Estas políticas habían situado a Correa en el centro de un acalorado choque con las viejas oligarquías que dominaban la política y la economía de su país, y que controlaban gran parte de los medios de comunicación nacionales.

En 2011, los periodistas de WikiLeaks me comentaron cuánto les había sorprendido que las autoridades ecuatorianas contactasen con la organización para solicitarle que hicieran públicos todos los cables sobre su país. Era una solicitud opuesta a la de la mayoría de los gobiernos, que ciertamente no querían ver sus asuntos expuestos a la vista de todos, incluidas las bochornosas evaluaciones que los diplomáticos estadounidenses hacían de sus políticos.

Cuando Julian Assange se refugió en la embajada de Ecuador en Londres para pedir asilo, el Gobierno de Correa no dijo que no. En los años más oscuros de las dictaduras y la violencia política en los países de América Latina, las embajadas extranjeras, como la de Italia en Chile durante el golpe de Estado de Pinochet, habían sido lugar de salvación para miles de personas. Muchos países de la región, como Ecuador, habían firmado y ratificado la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático, que permite a los refugiados solicitar la protección de un país firmante, incluso si el refugiado no se encuentra en las fronteras de ese país, pero ha logrado llegar a una de sus embajadas. Eso es lo que había hecho Julian Assange.

Decisivos en todo esto fueron el cónsul de Ecuador en Londres en ese momento, Fidel Narváez, que no dejó de apoyar a Assange ni siquiera en las fases difíciles de su presencia en la embajada, y el exjuez y ahora abogado español Baltasar Garzón, que dirige desde entonces el equipo jurídico de Assange.

Garzón es un icono de la lucha por la justicia en algunos de los casos más desgarradores de crímenes de lesa humanidad, como los cometidos por las dictaduras chilena y argentina. En 1998, ordenó la detención de Pinochet –que había volado a Londres para someterse a una intervención quirúrgica– a través de una notificación roja emitida por Interpol: la misma herramienta usada por Suecia para poner a Julian Assange en busca y captura internacional. Garzón luchó tenazmente para obtener la extradición del dictador a España y juzgarlo por torturar y asesinar a ciudadanos españoles en Chile durante su feroz régimen. Pero tras 503 días de arresto domiciliario en una lujosa casa de campo de Surrey, calmado por el refinado güisqui escocés que le enviaba Margaret Thatcher, Pinochet consiguió volver a Chile intacto, después de que el secretario de Interior británico de aquel entones, el laborista Jack Straw, denegara su extradición por motivos médicos. El 3 de marzo de 2000 salió de Londres en silla de ruedas, como un anciano demasiado enfermo y frágil para mantenerse en pie. Al desembarcar en Santiago de Chile volvía a caminar sin ayuda, y fue recibido como un héroe por sus seguidores y por el ejército[20].

Reino Unido no fue tan benévolo con Julian Assange. Nadie le mandó güisqui. El 15 de agosto de 2012, el día antes de que Ecuador le concediera oficialmente asilo, las autoridades británicas amenazaron con asaltar la embajada para detenerlo. Una situación impensable, ya que las embajadas gozan de inmunidad incluso en tiempos de guerra. La respuesta del pequeño país latinoamericano de Rafael Correa fue firme. «Queremos dejar muy claro que no somos una colonia británica. Los tiempos de la colonia terminaron», declaró públicamente el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño[21] . Las autoridades británicas dieron un paso atrás, pero desplegaron un gran contingente policial alrededor de la embajada y cerraron al público la calle de acceso. «La noche que los británicos amenazaron la embajada fue probablemente la más tensa», me diría más tarde Fidel Narváez, cónsul de Ecuador en aquel momento[22], recordando la presencia de policías por todas partes: «estaban delante de todas las ventas, e incluso dentro del edifico, que tenía un patio interior».

Ecuador no se acobardó: el 16 de agosto de 2012, concedió asilo diplomático al fundador de WikiLeaks, por considerar fundado el miedo de Julian Assange a la persecución política de Estados Unidos. Patiño expresó su esperanza de que la causa acabara con una solución diplomática, un salvoconducto que permitiera a Assange salir de la embajada, pero las autoridades británicas hicieron saber de inmediato que no lo concederían, afirmando que estaban obligadas legalmente a extraditarlo a Suecia.

Incluso antes de concederle el asilo, Ecuador ofreció su cooperación al país escandinavo. En correspondencia diplomática fechada el 25 de julio de 2012, las autoridades ecuatorianas escribieron al ministro sueco de Asuntos Exteriores[23]: «El Sr. Julian Assange, a través de sus abogados, ha hecho saber a la Fiscalía General sueca su disponibilidad a ser interrogado en las instalaciones de la Embajada del Ecuador en Londres. En este contexto, la Embajada del Ecuador pone de manifiesto la voluntad del Gobierno Nacional de proporcionar la cooperación que fuera necesaria en conformidad con la decisión de las autoridades suecas pertinentes». El ministerio sueco ni siquiera respondió.

Confinado en 20 metros cuadrados

Fui a visitarlo casi de inmediato[24]. El 15 de noviembre de 2012 me dirigí a la embajada de Ecuador en Londres, situada en el exclusivo distrito de Knightsbridge, justamente detrás de los grandes almacenes Harrods. El edificio estaba vigilado día y noche por agentes de Scotland Yard. A veces había uno o más furgones policiales en las inmediaciones, equipados con cámaras que mantenían una vigilancia constante y otras tecnologías que no pude identificar. Una vez dentro, incluso vi la cabeza de un policía mirando por la ventana del baño, situada en el piso bajo, de modo que había que mantener la cortina cerrada para evitar encuentros cercanos y la tensa sensación de estar siendo observado. Aparte de eso, la atmósfera en la embajada era relajada y el personal diplomático se mostró amable. El edificio no era una de esas grandes instalaciones que por lo general albergan las sedes diplomáticas; era un apartamento normal, y ni siquiera tenía un jardincito o un patio donde Assange pudiera salir tranquilamente a tomar aire y disfrutar un poco de la luz del sol.

La primera vez que lo visité en la embajada, estaba confinado en una habitación de unos 20 metros cuadrados, con una sola ventana. El área estaba dividida por una estantería que separaba su cama de la zona de trabajo. Ese pequeño espacio lleno de libros, archivadores, ordenadores, estantería, cama, mesa y sillas producía una sensación opresiva, intensificada por la falta de aire fresco y de luz natural. La única forma de que hiciera algo de ejercicio físico era una cinta de correr. Assange llevaba allí apenas cinco meses, pero un observador atento podría ver ya los efectos de este confinamiento. La última vez que lo había visto había sido en febrero, cuando trabajamos juntos en los archivos de Stratfor; solo habían transcurrido nueve meses. Había perdido mucho peso desde entonces, casi 10 kilos. Estaba demasiado blanco y tenía una tos seca. Colgada de la pared, observé una pequeña pizarra con una lista de instrucciones ante el caso de que experimentase alguna emergencia médica.

Assange me dijo que WikiLeaks seguiría adelante. De hecho, en julio, mientras él se encontraba en la embajada esperando la decisión de Ecuador sobre su asilo, la organización había revelado los archivos de Siria[25], de nuevo en cooperación con los medios colaboradores: más de dos millones de mensajes electrónicos sobre el régimen sirio de Bashar al-Asad. Era una declaración de la determinación y la capacidad de WikiLeaks para seguir publicando pese a la situación del fundador, pese a las amenazas de las autoridades estadounidenses, pese a la investigación del Gran Jurado y al bloqueo bancario de las donaciones. Estaban sitiados, pero no derrotados. Muy al contrario, me dijo Assange: «El Pentágono y la Casa Blanca nos han exigido en múltiples ocasiones que lo destruyamos todo. Lo hemos publicado todo con éxito. Nos enfrentamos a las amenazas del Pentágono, aguantamos el chaparrón y ganamos». De nuevo, me impresionó su valentía, como siempre.

Cuando salí de la embajada ese día de noviembre y volví a sentir en la cara el aire agradablemente fresco, me pregunté qué sentiría él al no poder salir ni un minuto, y sabiendo que si alguna vez enfermaba e intentaba ir a un hospital lo detendrían. Las autoridades británicas habían apostado agentes de Scotland Yard alrededor de todo el edificio, con el fin explícito de capturarlo en el instante preciso en el que pusiera un pie fuera.

Seis meses después, en mayo de 2013, volví a visitarlo, y esa vez llevé conmigo una llamativa máscara de color amarillo y anaranjado, con forma de sol. La habían confeccionado en el mismo taller veneciano que el director de cine Stanley Kubrick había contratado para la famosa escena de la orgía enmascarada en su película Eyes Wide Shut.

No sabía que, durante los siguientes seis años, ese sería el único sol que Julian Assange contemplaría.

[1] Los mensajes internos de Stratfor están disponibles en [https://search.wikileaks.org/gifiles/], consultado el 24 de marzo de 2022. Mi exclusiva basada en dichos archivos es la siguiente: Stefania Maurizi, «WikiLeaks, la nuova ondata», L’Espresso, 27 de febrero de 2012.

[2] El mensaje electrónico enviado por Fred Burton el 26 de julio de 2010 está disponible en [https://search.wikileaks.org/gifiles/emailid/364817], consultado el 24 de marzo de 2022.

[3] El mensaje enviado por Fred Burton el 14 de diciembre de 2010 está disponible en [https://search.wikileaks.org/gifiles/emailid/1645706], consultado el 24 de marzo de 2022. En cuanto a Ramzi Yousef, fue declarado autor intelectual del atentado con bomba contra el World Trade Center en 1993. Cumple cadena perpetua en la cárcel de máxima seguridad adx Florence de Colorado, Estados Unidos.

[4] El mensaje en el que Stratfor menciona a Chelsea Manning está disponible en [https://search.wikileaks.org/gifiles/emailid/1522200], consultado el 24 de marzo de 2022.

[5] El mensaje enviado por Fred Burton el 26 de enero de 2011 está disponible en [https://search.wikileaks.org/gifiles/emailid/1112549], consultado el 24 de marzo de 2022.

[6] «Sweden violated torture ban in CIA redition», Human Rights Watch, 9 de noviembre de 2006, disponible en [www.hrw.org/news/2006/11/09/sweden-violated-torture-ban-CIA-rendition], consultado el 24 de marzo de 2022.

[7] La violación de la intimidad de las dos mujeres, y la de Julian Assange, que cometemos al describir sus relaciones sexuales se realiza exclusivamente para reconstruir la causa judicial.

[8] «Agreed statement of facts and issues», disponible en [www.scribd.com/document/80912442/Agreed-Facts-Assange-Case], consultado el 24 de marzo de 2022.

[9] Los informes se cubrieron como Caso N. K246314-10 para las alegaciones de violación a Sofia W. y Caso N. K246336-10 para las alegaciones de abuso sexual a Anna A.

[10] Los dos informes redactados por la policía sueca como casos N. K246314-10 y N. K246336-10 están en sueco. Todos mis intentos de obtener una copia de la Autoridad Policial sueca, en cumplimiento del derecho de acceso a la información pública, han sido rechazados. Pude consultar una copia de los dos informes a través de otras fuentes. Una reconstrucción de los documentos policiales suecos se ha publicado en Nick Davies, «10 days in Sweden: the full allegations against Julian Assange», The Guardian, 17 de diciembre de 2010. El artículo de The Guardian no contiene, sin embargo, ninguna referencia a la frase «lo dejó seguir», que sí figura en el informe policial. De acuerdo con Davies, la frase estaba incluida en su redacción original, pero después, en la redacción de The Guardian reescribieron el artículo para incluir los comentarios del abogado de Julian Assange, de ahí que se recortaran muchos detalles, para hacer espacio. Nick Davies, mensaje electrónico enviado a la autora el 28 de marzo de 2022. La frase, sin embargo, está correctamente incluida en Nils Melzer (con Oliver Kobold), The Trial of Julian Assange: A story of persecution, Londres, Verso Books, 2022.

[11] Ibid.

[12] Analizaré el asunto de la modificación de la entrevista en el capítulo XVIII, en referencia a la carta oficial enviada por el Relator Especial de Naciones Unidas contra la Tortura, Nils Melzer, al gobierno sueco, fechada el 12 de septiembre de 2019, así como a las preguntas planteadas por mí a la policía sueca.

[13] El Premio Sam Adams se concede a periodistas y denunciantes que muestran su integridad al denunciar los crímenes y las mentiras del complejo de inteligencia militar. Véase [https://samadamsaward.ch/), consultado el 22 de mayo de 2022; Craig Murray, «Julian Assange wins Sam Adams Award for Integrity», blog de Craig Murray, 19 de agosto de 2010, disponible en [www.craigmurray.org.uk/archives/2010/08/Julian_assange/], consultado el 27 de marzo de 2022.

[14] «Agreed statement of facts and issues», en [www.scribd.com/documents/80912442/Agreed-Facts-Assange-Case]. Véase también la declaración de Eva Finné: «No creo que haya razón para sospechar que haya cometido violación», informaba la BBC en «Swedish rape warrant for Wikileaks’ Assange cancelled», BBC, 21 de agosto de 2010, disponible en [www.BBC.com/news/world-europe-11049316], consultado el 27 de marzo de 2022.

[15] Analizaré cómo Assange intentó repetidamente ser interrogado por la fiscal sueca Marianne Ny en el capítulo XI, usando documentación que he obtenido de las autoridades suecas y británicas. El hecho de que Assange pidiera ser interrogado por teléfono, videoconferencia, mediante declaración escrita o en persona en la embajada australiana está también documentado en la reconstrucción de los hechos aceptada tanto por la fiscalía como por los abogados defensores de Assange en la apelación ante el Tribunal Supremo de Reino Unido: «Agreed statement of facts and issues», disponible en [www.scribd.com/document/80912442/Agreed-Facts-Assange-Case].

[16] «Sweden authorizes interpol to make public Red Notice for WikiLeaks founder», disponible en [www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2010/Sweden-authorizes-INTERPOL-to-make-public-Red-Notice-for-WikiLeaks-founder], consultado el 28 de marzo de 2022.

[17] El mensaje electrónico de Stratford enviado el 7 de diciembre de 2010 está disponible en [https://search.wikileaks.org/gifiles/emailid/1092001], consultado el 28 de marzo de 2022.

[18] La sentencia del Tribunal Supremo está disponible en [www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2011-0264-judgment.pdf], consultado el 28 de marzo de 2022. La nota de prensa emitida por el Tribunal Supremo sobre su decisión de rechazar la solicitud presentada por la defensa de Julian Assange para que se reabriese la apelación se encuentra en [www.supremecourt.uk/news/julian-assange-v-swedish-prosecution-authority.html], consultado el 28 de marzo de 2022.

[19] A veces conocida como «roja» o «vuelta a la izquierda» [N. editorial].

[20] David Connett, John Hooper y Peter Beaumont, «Pinochet arrested in London», The Guardian, 18 de octubre de 1998; Clare Dyer, «Extradition refused as “unjust and oppressive”», The Guardian, 13 de enero de 2000; Mat Youkee, «Thatcher sent Pinochet finest Scotch during former dictator’s uk house arrest», The Guardian, 4 de octubre de 2019; «Pinochet retreats to luxury estate», BBC News, 2 de diciembre de 1998, disponible en [http://news.BBC.CO.uk/2/hi/225567.stm], consultado el 28 de marzo de 2022; Alex Bellos y Jonathan Franklin, «Pinochet receives a hero’s welcome on his return», The Guardian, 4 de marzo de 2000; Warren Hoge, «After 16 months of house arrest, Pinochet quits England», The New York Times, 3 de marzo de 2000.

[21] Eduardo García y Alessandra Prentice, «Britain threatens to storm Ecuador Embassy to get Assange», Reuters, 16 de agosto de 2012.

[22] Stefania Maurizi, «I was fired for helping Julian Assange, and I have no regrets», Jacobin, 25 de octubre de 2019, disponible en [www.jacobinmag.com/2019/10/julian-assange-fidel-narvaez-ecuador-moreno], consultado el 28 de marzo de 2022.

[23] La misiva diplomática fue enviada desde la «Embajada del Ecuador, Estocolmo, Suecia» al «Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia, Departamento de las Américas, Estocolmo». Nota núm. 4-2 154/2012, con fecha 25 de julio de 2012. Una copia de esta carta me fue entregada en cumplimiento del DAIP por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia, que me confirmó que en los archivos del ministerio no figura ninguna respuesta de las autoridades. Utrikesdepartementer, Rättssekretariatet, mensaje electrónico a la autora, 12 de marzo de 2021.

[24] Relaté esta visita en uno de mis artículos: Stefania Maurizi, «Julian Assange: WikiLeaks Will go ahead», L’Espresso, 30 de noviembre de 2012.

[25] Los archivos de Siria están disponibles en [https://search.wikileaks.org/syria-files/], consultado el 28 de marzo de 2022.

X

No hay dónde protegerse

NSA: la agencia inexistente

Lo recogieron todos los periódicos, todas las cadenas de televisión y todos los medios informativos del mundo. Una de las mayores primicias en la historia del periodismo. El 6 de junio de 2013, The Guardian publicó una investigación de Glenn Greenwald en la que revelaba que la National Security Agency (NSA – Agencia Nacional de Seguridad) estaba recopilando metadatos telefónicos de millones de ciudadanos estadounidenses, a saber, los clientes de Verizon, una de las mayores empresas de telecomunicaciones de Estados Unidos. La prueba estaba en un documento ultrasecreto obtenido por Greenwald, que escribía: «El documento demuestra por primera vez que durante la presidencia de Obama se están recopilando de manera indiscriminada y en cantidades ingentes los registros de comunicación de millones de ciudadanos estadounidenses, con independencia de que sean o no sospechosos de haber cometido algún delito»[1].

La NSA es el organismo público estadounidense responsable de recopilar inteligencia procedente de comunicaciones telefónicas, satelitales y de internet, de proteger las comunicaciones de las autoridades estadounidenses mediante cifrado, y de descifrar las comunicaciones de dirigentes y líderes extranjeros para extraer información. A diferencia de la CIA, que envía a sus espías por el mundo para obtener secretos de fuentes humanas mediante compra o extorsión, la NSA no tiene operativos sobre el terreno; obtiene los secretos espiando teléfonos y ordenadores. De acuerdo con lo que explicó Chelsea Manning en su chat con Adrian Lamo, el medio millón de mensajes recogidos el 11 de septiembre y publicado por WikiLeaks en 2009, que había atraído a Manning hacia la organización de Assange, procedía de una base de datos de la NSA.

La NSA se ha calificado como «la organización de espías más grande, cara, y tecnológicamente más avanzada que el mundo haya conocido jamás»[2]. Tres veces mayor que la CIA, absorbe un tercio del presupuesto de inteligencia de Estados Unidos, que en 2020 ascendía a 85.800 millones de dólares[3]. Declara ser el mayor empleador de matemáticos del país[4], a los que contrata para cifrar y descifrar comunicaciones. Es el organismo de inteligencia más secreto de Estados Unidos, tanto que el acrónimo se traduce jocosamente como No Such Agency [la agencia inexistente]. Pero ahora había perdido el control de sus secretos.

Para la NSA supuso una conmoción insólita: ver sus documentos ultrasecretos en los medios de comunicación mundiales fue como ver sangre brotar de sus venas. Pero hubo quienes le quitaron importancia a la noticia, recalcando que, en el fondo, las revelaciones de Glenn Greenwald solo hacían referencia a los metadatos, no al contenido concreto de las conversaciones mantenidas por millones de personas.

Los metadatos telefónicos son aquellos que indican quién ha llamado a quién, desde dónde, a qué hora y durante cuánto tiempo. A menudo se subestima el valor de esta información, porque no revela lo que dicen de hecho las personas en el transcurso de una llamada telefónica. Pero cuando un organismo de inteligencia reúne enormes cantidades de metadatos no necesita realmente conocer el contenido de la conversación para descubrir quiénes somos. Los metadatos revelan tanto acerca de nuestras vidas y contactos sociales que Michael Hayden, exdirector general de la NSA, llegó a decir[5] que «mataremos personas basándonos en metadatos». De hecho, la inteligencia estadounidense los usa en países como Pakistán para identificar a sospechosos de terrorismo a los que mata con drones[6].

Inmediatamente después de esta primicia, Glenn Greenwald, Ewen MacAskill del Guardian y los periodistas estadounidenses Laura Poitras y Barton Gellman del Washington Post[7] publicaron un nuevo documento ultrasecreto de la NSA que revelaba que el organismo tenía acceso directo a los servidores de los gigantes de Silicon Valley –Google, Apple, Facebook, Microsoft, Yahoo, YouTube, Skype, aol, Paltalk– a través de un programa llamado «Prism», por el que la NSA podía recopilar todo el contenido de mensajes electrónicos, transferencias de archivos, chats en directo y búsquedas en internet de millones de personas. De acuerdo con el documento, el programa Prism se instaló en colaboración con esas nueve empresas, a pesar de que en público lo hayan negado. Como ocurrió con la revelación sobre Verizon, la revelación sobre Prism alcanzó los titulares de todo el mundo.

¿Cuántos documentos ultrasecretos de la NSA seguían dando vueltas por ahí, y quién se los había enviado a los periodistas?

La valentía excepcional de Edward Snowden

El 9 de junio de 2013, la fuente de los documentos ultrasecretos se reveló en una entrevista publicada por The Guardian y filmada por la realizadora de documentales y periodista Laura Poitras. Se llamaba Edward Snowden. Tenía veintinueve años y había trabajado para la NSA en el paraíso natural conocido como estado estadounidense de Hawai, siendo empleado del contratista de defensa privado Booz Allen Hamilton, y después de haber trabajado con anterioridad como experto técnico para la CIA.

Usando PGP, el famoso programa de Philip Zimmermann, y otros chats cifrados, Snowden se había contactado con Greenwald y Poitras, y les había pedido que se reunieran con él en Hong Kong. Había volado desde Hawai para hablar allí con ellos, comprendiendo que si intentaba revelar los secretos de la NSA a los periodistas en territorio estadounidense corría el riesgo de ser detenido antes de haber terminado siquiera su trabajo con ellos.

También escogió Hong Kong, le dijo a Greenwald y Poitras[8], por otra razón: por aquellos años, la excolonia británica, que había vuelto al dominio chino en 1997, disfrutaba de una libertad y una protección de la disensión política que no se encontraba en territorio chino. «Podría haber ido a otros lugares, que le habrían ofrecido mayor protección frente a una posible acción de Estados Unidos, incluida la China continental. Y ciertamente había países que disfrutaban de mayor libertad política», explicaba Greenwald, «pero, en su opinión, Hong Kong proporcionaba la mejor mezcla de seguridad física y fuerza política».

Snowden había escogido a los dos periodistas porque ambos eran independientes. Se mostraba escéptico respecto a medios informativos como The New York Times, que en 2004 –bajo la dirección de Bill Keller– había retrasado más de un año sin orden judicial la publicación[9] de una gran primicia sobre las escuchas de la NSA a ciudadanos estadounidenses, un escándalo que habría podido poner en peligro la reelección de George W. Bush. Consciente de esto, Snowden decidió no compartir estos documentos ultrasecretos de la NSA con el poderoso periódico estadounidense, aunque sí aceptó compartir algunos de los archivos con Barton Gellman, que en aquel momento colaboraba como independiente con The Washington Post.

Poitras y Greenwald, que en ese momento trabajaba como columnista para The Guardian, volaron a Honk Kong acompañados de Ewen MacAskill, experimentado reportero que trabajaba para el mismo periódico. Verificaron el relato sobre la historia personal y el trabajo de Snowden para la NSA, y recibieron acceso a una gran base de datos con documentos ultrasecretos.

Después del 11-S, la NSA no aplicó una vigilancia específica de redes terroristas, sino que se dedicó a realizar una vigilancia masiva.

Un año antes de las revelaciones de Snowden, yo había viajado a Estados Unidos para reunirme con Thomas Drake y Bill Binney, que habían trabajado muchos años para la NSA. Binney en concreto trabajó treinta y seis años en el organismo, y estaba considerado uno de los mejores descifradores de códigos de todos los tiempos. Los descifradores descodifican la comunicación cifrada de un país extranjero, de un sospechoso de terrorismo o de cualquier otro objetivo, para obtener datos de inteligencia.

Inmediatamente después del 11-S, Binney había dejado la NSA y, junto con Drake y otros compañeros, denunció el sistema de vigilancia masiva que había adoptado el organismo. Al hacerlo, se arriesgaba a que lo condenasen a treinta y cinco años de cárcel. Me contó que, tras decidir hablar sobre su propio caso con la abogada estadounidense Jesselyn Radack, escribió y firmó una declaración con las palabras: «Si algo me ocurre, no me he suicidado».

Resultaba profundamente inquietante oír a Binney, matemático políticamente conservador que llevaba toda la vida trabajando en la NSA, expresar su miedo a que, si el sistema de vigilancia empleado por ese organismo acabase en manos de un político autoritario, un nuevo Hitler, los disidentes no tuvieran ninguna oportunidad. Binney me había explicado también[10] por qué, en su análisis, recopilar de manera indiscriminada las comunicaciones y los datos de miles de millones de personas, en lugar de vigilar redes terroristas específicas, no lograba impedir los atentados: la NSA se ahogaba en un mar de datos tan grande que era imposible ver las amenazas antes de que se materializasen, de modo que la agencia era incapaz de alertar a las autoridades antes de que los terroristas atacasen.

Thomas Drake, Bill Binney y otros compañeros habían alertado sobre los abusos de la NSA antes de que lo hiciese Edward Snowden, pero solo gracias a este último pudo la ciudadanía conocer la enorme extensión, la omnipresencia de esta vigilancia masiva, e iniciar un debate abierto sobre su incapacidad para prevenir atentados terroristas. De hecho, Snowden proporcionó a Glenn Greenwald y a Laura Poitras un tesoro de documentos ultrasecretos que describían programas de la NSA como Prism, y que revelaban los países que eran objeto del espionaje.

Durante el Gobierno de Bush, el sistema se había convertido en un leviatán. En lugar de buscar a los terroristas como agujas en el pajar, se dedicaron a recoger el pajar entero, cualquier forma de comunicación humana, siguiendo la estrategia de «recogerlo todo»[11]. Al trabajar para la agencia, a Snowden este método le resultaba profundamente preocupante.

«Veía los drones en tiempo real, vigilando a personas a las que podrían matar. Se veían aldeas enteras y lo que hacía cada uno», le contó a Greenwald[12], añadiendo: «Veía a la NSA siguiendo las actividades de las personas en internet mientras estas tecleaban. Me di cuenta de lo invasivas que se habían vuelto las capacidades de vigilancia estadounidenses. Comprendí el verdadero alcance de este sistema. Y casi nadie sabía lo que estaba pasando».

Snowden esperaba que con la elección de Barack Obama, que había prometido un cambio, se corrigieran esos excesos del Gobierno de Bush. Pero no. Y como Chelsea Manning, podría haber fingido no ver y simplemente seguir adelante. Tenía fuertes incentivos para mirar hacia otro lado: ni siquiera había cumplido los treinta, era un joven intelectualmente dotado, con un empleo de alto perfil, un buen salario, que vivía en un paraíso como Hawai con su joven novia. ¿Por qué jugarse el cuello y arruinarlo todo? «No podía guardármelo. Me parecía que estaba mal, de hecho, ayudar a ocultarle todo esto a la opinión pública», le contó a Glenn Greenwald[13].

Snowden, como Chelsea Manning, fue un denunciante que arriesgó su vida por abrir un enorme agujero en el poder secreto, ese poder cuyos crímenes y abusos los ciudadanos no tenemos oportunidad de conocer a no ser que alguno de los enterados salga de la oscuridad del secreto estatal y nos los revele.

Pero después de la entrevista que lo hizo famoso en todo el mundo, Edward Snowden se había desvanecido. ¿Dónde estaba?

Una ley atroz que data de la Primera Guerra Mundial: la Ley de Espionaje

Todos querían encontrarlo. Su rostro aparecía en todas las cadenas de televisión, todas las páginas de internet, todos los periódicos del planeta. Cientos de periodistas lo buscaban. Pero, sobre todo, la NSA y las autoridades estadounidenses lo buscaban. ¿Dónde podía ocultarse alguien así, después de salir del Mira, un hotel de cinco estrellas?

En los barrios más pobres de Hong Kong, entre personas aún más vulnerables que él. Dos abogados locales, Robert Tibbo y Jonathan Man, le proporcionaron asistencia jurídica, y Tibbo le organizó una estancia de unos días con algunas familias de refugiados[14], que lo recibieron en sus casas humildes: Vanessa Rodel y su hija Keana Kellapatha; la familia de Supun Kellapatha, su compañera Nadeeka Nonis, y las dos hijas de ambos; y, por último, la familia de Ajith Pushpa Kumara. Podrían haberlo denunciado y cobrar la recompensa: eran pobres y buscaban protección, y muy probablemente el Gobierno estadounidense les habría mostrado su gratitud. Pero no lo traicionaron.

Estados Unidos no perdió el tiempo. El 21 de junio de 2013, el día en el que Snowden cumplía los treinta años, el Washington Post reveló que la fiscalía federal había presentado una querella contra él[15]. La acusación más grave era el supuesto[16] incumplimiento de la Ley de Espionaje, una draconiana ley de 1917, usada a escala masiva por las autoridades estadounidenses durante la Primera Guerra Mundial para perseguir a individuos que se oponían al conflicto, así como a líderes políticos despreciados por el Gobierno y los empresarios, como los socialistas William Haywood y Eugene Debs. Fue la misma ley usada por Estados Unidos para acusar a Daniel Ellsberg por entregar los Papeles del Pentágono a la prensa, la misma con la que habían procesado a Chelsea Manning por enviar documentos clasificados a WikiLeaks y, por último, la misma utilizada por el Gran Jurado de Alexandria, Virginia, para investigar a Julian Assange y su organización.

La Ley de Espionaje se ha usado para imponer duras penas a quienes revelan información clasificada. Es muy controvertida, porque no hace distinción entre denunciantes y espías[17], entre quienes actúan por conciencia y revelan secretos a la prensa para sacar a la luz la verdad sobre crímenes de guerra y tortura, y quienes entregan secretos nacionales a los agentes de otro país. No distingue entre una persona que pretende advertir de la criminalidad estatal y quienes pretenden perjudicar a Estados Unidos. La Ley de Espionaje ni siquiera admite el interés público como argumento de defensa. El acusado no puede defenderse ante un juez alegando que «es cierto que he revelado información clasificada, pero lo he hecho por razones de conciencia y en beneficio de la colectividad y de la justicia, para informar a la prensa de hechos graves que la ciudadanía debería conocer».

Cuando las autoridades estadounidenses anunciaron la imputación de Snowden, quedó claro que corría el riesgo de pasar al menos treinta años en ese infierno especial de Estados Unidos conocido como prisión de máxima seguridad, siempre que no se añadieran nuevos cargos que lo sepultaran en la cárcel de por vida.

El trato dado a Chelsea Manning por las autoridades estadounidenses hacía temer lo peor.

El trato cruel e inhumano dado a Chelsea Manning

Tras su detención en 2010, Chelsea Manning había permanecido encarcelada primero en Kuwait y después en la base del cuerpo de marines en Quantico, en Virginia, donde recibió un trato extremadamente severo. Durante veintitrés horas al día, la mantenían desnuda en confinamiento solitario; privada de sueño porque la obligaban a responder a continuos controles de los vigilantes a lo largo de la noche; privada de ejercicio físico, incluso en su propia celda, y de sus gafas, para que no pudiera leer. Hasta el portavoz del Departamento de Estado en ese momento, Philip J. Crowley, calificó sus condiciones de detención de «contraproducentes y absurdas», un comentario por el que acabaría teniendo que dimitir[18].

Hizo falta una campaña internacional para que la trasladasen a una prisión menos restrictiva, la de Fort Leavenworth en Kansas. El Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura, Juan Méndez[19], estableció que durante aquellos once meses de confinamiento solitario, el trato que le habían proporcionado las autoridades estadounidenses había sido cruel, degradante e inhumano.

El 3 de junio de 2013, tres días antes de que Glenn Greenwald publicase su explosiva primicia sobre la NSA basada en los documentos proporcionados por Snowden, comenzó el consejo de guerra contra Chelsea Manning en Fort Meade, Maryland, donde la NSA tenía su sede central. Manning fue acusada, entre otras cosas, de incumplir la Ley de Espionaje, como lo sería Snowden unas semanas después, y de ayudar al enemigo, un delito sancionable con la pena de muerte, aunque como publicó The Guardian, las autoridades estadounidenses no tenían intención de solicitar dicha pena[20]. Si la declaraban culpable, sin embargo, podría ser condenada a cadena perpetua, sin posibilidad de salir en libertad provisional.

Estados Unidos nunca acusó a Chelsea Manning de entregarle archivos clasificados al enemigo, pero intentó reafirmar el argumento de que, puesto que se los había enviado a WikiLeaks, y la organización de Julian Assange los había publicado en internet, enemigos de Estados Unidos como al-Qaeda habían podido leerlos.

El trato extremadamente duro dado a la fuente de WikiLeaks sugería que Edward Snowden corría el riesgo de sufrir el mismo destino, en el mejor de los casos, y probablemente peor incluso.

En primer lugar, los documentos revelados por Chelsea Manning estaban mayoritariamente clasificados como secretos, mientras que los revelados por Snowden eran ultrasecretos, y por lo tanto más sensibles aún. Además, no era difícil imaginar la furia y el bochorno experimentados por las autoridades estadounidenses cuando, solo tres años después de que Manning revelase setecientos mil documentos del Pentágono y del Departamento de Estado, un nuevo denunciante filtrase documentos de su organismo más secreto.

El 23 de junio, Snowden salió de Hong Kong. Pero no iba solo.

El exilio

Mujer de aguda inteligencia, fuertes destrezas organizativas y disposición alegre, Sarah Harrison no solo era una profesional seria y motivada, sino también una persona muy valiente que no permitía que nadie la tratara a empujones. Era Harrison, periodista británica que en aquel momento trabajaba para WikiLeaks, quien acompañaba a Snowden cuando salió de Hong Kong.

Yo la conocía muy bien, no solo directamente, sino también a través del cofundador del Centro para el Periodismo de Investigación de Londres, Gavin MacFadyen, que la tenía en gran estima tanto en el plano profesional como en el personal.

Tras seguir muy de cerca la causa judicial y diplomática de Julian Assange, Harrison sabía cómo moverse para solicitar protección internacional bajo asilo, y estaba familiarizada con la ciudad de Hong Kong, donde tenía amigos y familia. También sabía cómo cifrar sus comunicaciones para protegerlas.

Assange estaba atrapado en una habitación de la embajada de Ecuador y Sarah Harrison estaba en Hong Kong. Parecía «misión imposible», pero WikiLeaks consiguió salvar a Snowden de la detención y la cárcel.

Tras la entrevista que atrajo la atención de todo el mundo, Snowden fue abandonado a su suerte. Ni The Guardian ni The Washington Post, que publicaron sus archivos ultrasecretos y lograron primicias por las que acabarían obteniendo el Premio Pulitzer, se encargaron de protegerlo. No fue porque a los tres periodistas que habían trabajado con él sobre el terreno les resultara indiferente su destino, sino porque los dos gigantes de la comunicación no querían asumir los riesgos judiciales. The Washington Post ni siquiera quiso enviar a Barton Gellman a reunirse con Snowden en Hong Kong, para obtener una de las mayores primicias de todos los tiempos.

Estando como estaban en posesión de los secretos de la NSA, los dos periódicos tenían considerable capacidad de negociación, pero no hicieron nada por ayudar a su fuente. Solo WikiLeaks colaboró con Edward Snowden. El escritor estadounidense Bruce Sterling lo resumió bastante bien[21]: «Me parece increíble que, entre los tropecientos mil grupos de la sociedad civil del planeta que odian y temen a los espías y a los infiltrados policiales, solo WikiLeaks pudiera ofrecer ayuda real a Snowden».

Si el denunciante hubiera permanecido en Hong Kong y solicitado asilo allí, el procedimiento habría sido prolongado e incierto. Las autoridades locales habrían evaluado su solicitud de asilo y la solicitud de detención y extradición presentada por Estados Unidos. Habría pasado varios años esperando una decisión, muy probablemente en la cárcel. En la cárcel habría estado aislado y se le impediría participar en el debate público que acababa de suscitar acerca de la vigilancia masiva. Y muy probablemente habría corrido también peligro: las cárceles son lugares peligrosos en cualquier parte del mundo.

Ese domingo 23 de junio, Edward Snowden y Sarah Harrison disponían de billetes de avión para volar de Hong Kong a Quito, la capital de Ecuador, donde Snowden había solicitado asilo. El cónsul ecuatoriano en Londres, Fidel Narváez, le había extendido un salvoconducto en el que daba fe de su estatus, para que pudiera viajar con una protección mínima.

No existían vuelos directos de Hong Kong a Quito, pero sí una serie de rutas posibles. La única forma de evitar transitar por espacio aéreo estadounidense era volar de Hong Kong a Moscú, de allí a La Habana, Caracas y, finalmente, Quito[22].

Cuando llegó a Moscú, sin embargo, le informaron de que Estados Unidos le había anulado el pasaporte. Esta medida de su Gobierno lo metía en una trampa; estaba atascado en Rusia. Snowden y Harrison permanecieron en el aeropuerto Sheremetyevo de Moscú treinta y nueve días con sus noches, en una habitación sin ventanas ni ducha, y pidiendo comida a Burger King.

WikiLeaks anunció que Snowden había solicitado asilo a más de veinte países[23]: desde Austria hasta China, desde Cuba hasta Alemania, o Italia. Algunos, como Cuba, no respondieron, mientras que otros, como China, negaron tener conocimiento de su solicitud, y otros, como India, dijeron que «no» sin más explicaciones. La mayoría de los países, Italia incluida[24], rechazaron la solicitud de asilo con la disculpa de que tenía que presentarla en la frontera o dentro del territorio de dicha nación.

El ecuatoriano Rafael Correa, dispuesto al principio a conceder a Snowden asilo siempre que, como se había planeado inicialmente, llegase al país o a una de sus embajadas, como había hecho Julian Assange, ya no estaba dispuesto a organizar el viaje para trasladarlo desde Rusia, después de que se quedara atrapado en el aeropuerto de Moscú.

El 2 de julio se produjo un incidente que subrayó lo complicado que sería llevar a Edward Snowden a América Latina, aunque WikiLeaks consiguiera encontrar una forma de meterlo en un avión teniendo el pasaporte anulado. El presidente de Bolivia, Evo Morales, que no había ocultado su voluntad de conceder asilo a Snowden, volaba de vuelta a su país en el avión presidencial, tras asistir a una cumbre en Moscú. Para llegar a su destino, Morales tenía que atravesar el espacio aéreo de Italia, Francia, España y Portugal, y de hecho tenía autorización para hacerlo. Pero antes de llegar a territorio italiano fue obligado a redirigirse a Viena, porque el espacio aéreo de los cuatro países europeos estaba cerrado. Ocultos tras «razones técnicas» o el silencio, los cuatro países negaron a Morales el acceso a su espacio aéreo. Snowden no había subido a ese vuelo.

Los aviones presidenciales gozan de inmunidad en virtud de las leyes internacionales. Tras esa flagrante trasgresión, estaba claro que aunque Venezuela, Bolivia y Nicaragua hubieran ofrecido protección a Snowden, volar de Moscú a América Latina supondría el riesgo de que obligasen a aterrizar el avión y lo detuviesen. No todo lo que una superpotencia tiene capacidad para hacer –directamente o a través de sus aliados– demuestra siempre ser una medida inteligente; el «incidente» de Morales demostró al mundo hasta dónde estaba dispuesto Estados Unidos a llegar para atrapar a Snowden, confirmando ante la opinión pública mundial su categoría de víctima de persecución.

Para la Rusia de Vladimir Putin, ofrecer a Snowden protección se convirtió en causa de orgullo nacional y en una oportunidad fantástica. De un solo golpe, Putin podía meterle un dedo en el ojo a Estados Unidos, asumir el mérito de haber salvado a un importante denunciante, demostrar a la ciudadanía mundial, crítica con su gobierno autoritario, la necesidad de un país capaz de decirle que «no» a Estados Unidos cuando hiciera algo mal y, por último, poner de manifiesto la hipocresía de las democracias occidentales, que predicaban la libertad de prensa pero abandonaban y perseguían a una de las mayores fuentes periodísticas de todos los tiempos.

El 1 de agosto de 2013, Rusia concedió a Edward Snowden asilo temporal. Por fin pudo salir del aeropuerto con Sarah Harrison, tras treinta y nueve días y treinta y nueve noches. Harrison se quedó con él cuatro meses en Moscú.

Vi con gran amargura cómo Europa abandonaba completamente a Edward Snowden y lo arrojaba a los brazos de Vladimir Putin. ¿No era paradójico que, tras arriesgar su vida para revelar la monstruosa amenaza contra la democracia que suponía el programa de vigilancia masiva de la NSA, solo pudiera escapar del mismo destino de Chelsea Manning exiliándose en un país autoritario? Lo que Snowden había revelado era de excepcional interés público; de hecho, sus revelaciones siguen constituyendo una llamada de alerta para nuestras democracias. Como más tarde me explicaría Daniel Ellsberg[25]: «Podríamos ser Alemania Oriental de un día para otro, y tener un Estado policial con el que los alemanes orientales ni siquiera habrían soñado, porque por aquel entonces carecían de esta capacidad. Todavía no lo tenemos, porque [la NSA y los organismos de inteligencia estadounidenses] no han usado la información que están recopilando, pero tienen la información personal […] y eso significa, como ha dicho Snowden, que somos una “tiranía preconfigurada”: en otras palabras, si le dieran a un botón podríamos convertirnos en un estado policial total».

Hablé con los periodistas de WikiLeaks varias veces para saber qué los había llevado a intentar ayudar a Edward Snowden, a embarcarse en una empresa tan arriesgada desde el punto de vista jurídico como desde el extrajurídico. Después de todo, no era una de sus fuentes; no tenían obligación profesional o ética directa con él. Los medios de comunicación se centraron mucho en la idea de que Julian Assange había actuado principalmente por darse autobombo: tras varios años de publicar primicias menos explosivas que las de 2010, volvía al candelero.

Como todas las organizaciones periodísticas que valoran su imagen, sin duda a WikiLeaks no le molestaban el prestigio y la fama mundiales. No hay nada indecoroso en ello. Pero me dijeron que habían querido intentar hacer por Snowden lo que no habían logrado por Chelsea Manning.

Esto me lo confirmaría años después el propio Snowden. De hecho, ahora que Julian Assange corre el riesgo de pasar su vida en la cárcel, el denunciante de la NSA se ha convertido en uno de sus defensores más activos. Aunque criticase al fundador de WikiLeaks en el pasado, siempre ha sentido que el compromiso de Assange con el derecho de los ciudadanos a saber y con los denunciantes es genuino. «Es cierto que Assange puede ser egoísta y vanidoso, malhumorado e incluso abusón», escribía Snowden en su libro[26], «pero se ve sinceramente a sí mismo como un combatiente en la batalla histórica por el derecho de la ciudadanía a saber, una batalla que hará todo lo posible por ganar. Por eso considero demasiado reductivo interpretar su ayuda solo como un ejemplo de intriga y autobombo. Para él era más importante, creo, la oportunidad de establecer un contraejemplo al caso de la fuente más famosa de su organización, la militar estadounidense Chelsea Manning».

¿Podía haber, sin embargo, un final feliz para quienes, como Manning, Snowden, Assange y los periodistas de WikiLeaks, revelan los abusos del poder secreto?

En la cárcel, en el exilio o confinados

Con Edward Snowden seguro en Rusia, al menos por el momento, sus archivos ultrasecretos siguieron proporcionando primicia tras primicia, ofreciendo revelaciones en todos los países y acerca de la función del homólogo británico de la NSA, el Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno (Governement Communications Headquarters – GCHQ), que mantenía programas de vigilancia masiva en alianza con la agencia estadounidense. Fueron de hecho las autoridades británicas las que lanzaron dos de los ataques más preocupantes contra periodistas que trabajaban en los archivos.

En el aeropuerto londinense de Heathrow, solo dos semanas después de que a Snowden le concedieran el asilo temporal, las autoridades británicas detuvieron a David Miranda, esposo de Glenn Greenwald, que viajaba con algunas copias de los documentos de Snowden. A Miranda lo retuvieron nueve horas en el aeropuerto, lo interrogaron sin asistencia de letrado y le confiscaron todos sus dispositivos electrónicos: teléfonos, ordenador y memorias USB[27].

Para detenerlo, las autoridades británicas usaron el controvertido «Artículo 7» de la Ley Antiterrorista de 2000, que las autoriza a parar a cualquier persona que transite por puertos, aeropuertos o terminales ferroviarias internacionales para determinar si está involucrada en la preparación o la instigación de actos terroristas. Además de detener a la persona sospechosa, pueden interrogarla e incautar sus pertenencias personales, incluidos los dispositivos electrónicos, y copiar el contenido de estos. La persona retenida está obligada a cooperar –no puede invocar el derecho a guardar silencio– y a revelar las contraseñas de sus dispositivos, so pena de ser encarcelada.

Era obvio que David Miranda no era terrorista: su detención fue un acto de intimidación descarado.

Dos días después salió a la luz otro incidente serio. The Guardian admitió[28] que un mes antes, en sus oficinas de Londres, había sido obligado, bajo supervisión del gchq, a destruir los discos duros que contenían los archivos ultrasecretos, tras una presión repetida para que el periódico pusiera fin a las publicaciones. En lugar de denunciar públicamente esta presión, el diario se había rebajado por desgracia a ese gesto de sumisión a los servicios secretos británicos. Es cierto que después The Guardian procedió a publicar otras investigaciones basadas en los archivos, pero a finales de 2013 su director gerente, Alan Rusbridger, afirmó que solo había publicado un 1 por 100[29]. A día de hoy, nadie ha publicado la base de datos completa, ni el periódico británico, ni Glenn Greenwald, ni Laura Poitras.

Las autoridades británicas no fueron las únicas que intimidaron a periodistas. Mientras trabajaba en el caso y en los archivos de Snowden sobre Italia –que finalmente publiqué[30] en el periódico para el que trabajaba, L’Espresso– también me vi envuelta en situaciones extraordinarias, aunque nada comparable con la intimidación ejercida sobre David Miranda y The Guardian.

En las semanas que dediqué a viajar para reunirme con fuentes y contactos, me sometieron a una inspección en el aeropuerto de Fiumicino, en Roma. Antes de abordar mi vuelo a Londres, me llamaron por altavoz y me pidieron que me sometiera a controles de seguridad adicionales, durante los cuales inspeccionaron cuidadosamente mi equipaje y me hicieron preguntas sobre el viaje. Cuando pregunté por qué me volvían a inspeccionar, si estaba por casualidad en alguna lista negra, solo recibí respuestas vagas.

Cuando la conocí en agosto de 2011, durante mi visita a Ellingham Hall, Laura Poitras me dijo que había soportado cuarenta de esas inspecciones aeroportuarias, que en Estados Unidos llaman «revisiones secundarias» [secondary screenings]. Sin embargo, en su caso habían sido mucho más agresivas, puesto que habían incluido interrogatorios completos y confiscación de sus dispositivos electrónicos. Pero no fue la única. A lo largo de los años, muchos de los profesionales que orbitaban en torno a Julian Assange y WikiLeaks habían sido detenidos, interrogados e intimidados en los aeropuertos estadounidenses. Entre ellos se encontraban el prodigioso informático y activista de los derechos digitales francés Jérémie Zimmermann, y el periodista y experto en seguridad informática estadounidense Jake Appelbaum. Yo los conocía a ambos. Appelbaum, que había trabajado en los archivos de Snowden con el semanario alemán Der Spiegel, obtendría más tarde su doctorado en criptografía sin haber obtenido un grado universitario previo. En cuanto a Zimmermann, su destreza técnica iba unida a la pasión por la tecnología, cómo funciona y cómo puede usarla para mejorar el mundo, y no de maneras indiscriminadas y mercantilizadas.

En el verano de 2010, Appelbaum reemplazó a Julian Assange en un congreso, tras lo cual empezaron a molestarlo en los aeropuertos. En una entrevista concedida a la organización de noticias independiente Democracy Now!, contó que había sido detenido repetidamente en los aeropuertos estadounidenses por agentes de control de fronteras que lo habían interrogado acerca de sus ideas políticas, acerca de la guerra en Afganistán e Iraq, y le habían preguntado si estaba relacionado de alguna forma con Assange y WikiLeaks. «No me preguntaron nada sobre terrorismo. No me preguntaron nada sobre contrabando o drogas, ni sobre cosas de aduanas que se supone que deberían hacerse en las aduanas», contó a Democracy Now! Appelbaum. Y añadió que: «Lo hacían exclusivamente por razones políticas y para intimidarme, me negaban la asistencia de abogado. Me daban agua, pero me impedían ir al baño, por daros una idea de lo que hacían»[31].

Jérémie Zimmermann, por su parte, fue detenido en 2012 en el aeropuerto de Washington-Dulles por dos individuos que se presentaron como agentes del FBI, aunque no le mostraron ninguna placa. Le dijeron que su nombre había aparecido en la investigación estadounidense sobre WikiLeaks, y que querían información sobre el funcionamiento interno de la organización. Le dieron una dirección anónima de Yahoo y le pidieron que se pusiera en contacto con ellos, una táctica de intimidación clara, con el intento de convertirlo en informante.

En el caso de los periodistas de investigación, las inspecciones continuas en los aeropuertos suponen riesgos para sus fuentes. En esos meses de trabajo intenso sobre el caso y los documentos de Snowden, viajé a Londres exclusivamente con lápices de memoria cifrados que no contenían archivos sensibles. Solo me llevaba los discursos y las cartas de Sandro Pertini. Si me hubieran parado alegando la aplicación de la Cláusula 7, como a David Miranda, y me hubieran obligado a entregar las contraseñas, las autoridades británicas se habrían encontrado una sorpresa en los archivos descifrados. Habrían leído una misiva que contenía algo así como: «Madre, ¿cómo has podido hacer eso? No tengo paz desde que me han dado la noticia de que has solicitado que me indulten». Fue una de las cartas políticamente apasionadas escritas por Pertini[32], un presidente de la República de Italia muy querido, que luchó contra el fascismo con un coste personal inmenso, en medio de detenciones, exilio interno y duras condiciones de cárcel. Pero le reprochaba a su madre que hubiera pedido al régimen de Mussolini que lo indultase. Pertini entendía profundamente que la vigilancia masiva forma la base de cualquier Estado autoritario.

Encontré dificultades para viajar no solo en Londres, sino también en Berlín; cuando me dirigía a reunirme con una fuente, me siguieron con descaro. Era un intento obvio de asustarme, pero nada parecido a las dificultades experimentadas por Sarah Harrison, que después de ayudar a Snowden no pudo volver a Londres durante mucho tiempo. Considerando que, en el mejor de los casos, corría el riesgo de que la retuviesen en la frontera de Reino Unido, como a David Miranda[33], se instaló en Berlín. En 2015, el partido de centroizquierda alemán spd le concedió el Premio Willy Brandt[34] por su «especial valentía política».

El caso de Edward Snowden mostraba hasta dónde están dispuestas a llegar las democracias occidentales para acosar a los periodistas y a sus fuentes cuando golpean en el núcleo del poder secreto. Algo de cuyo alcance tendríamos muy pronto nueva confirmación.

La «sangre en las manos» que nunca existió

Solo veinte días después de que se le concediera asilo temporal a Snowden, el 21 de agosto de 2013, Chelsea Manning fue condenada a treinta y cinco años de prisión por filtrar a WikiLeaks setecientos mil archivos clasificados del Gobierno estadounidense, incluido el vídeo Collateral Murder, los informes sobre las guerras de Iraq y Afganistán, los cables diplomáticos de Estados Unidos y los expedientes de presos en Guantánamo. Manning fue declarada culpable de incumplir la Ley de Espionaje, pero absuelta de la acusación de ayudar al enemigo.

El consejo de guerra, presidido por una jueza militar, la coronel Denise Lind, quedó casi completamente eclipsado por las explosivas revelaciones sobre la NSA.

Durante la vista penal se llamó como testigo al general de brigada Robert Carr. De acuerdo con lo publicado por The Guardian[35], Carr dirigía el Grupo de Trabajo de Revisión de Información encargado de investigar qué consecuencias tuvo la publicación de esos archivos secretos. Carr testificó que las investigaciones de su grupo de trabajo no habían revelado ni siquiera un caso de un individuo que hubiera sido asesinado como consecuencia de las revelaciones.

En el transcurso del juicio, Manning describió[36] las medidas que había adoptado para seleccionar documentos cuya publicación no perjudicase a Estados Unidos, sino que como mucho le provocasen bochorno, revelando escándalos, presión política e interferencia. A su precaución se unió después la de WikiLeaks y los medios colaboradores a la hora de publicar los archivos, que los censuramos como consideramos adecuado. Con las conclusiones de Carr, la campaña de «las manos manchadas de sangre» usada durante años por el Pentágono para demonizar a WikiLeaks y su fuente, se fundió cual nieve al sol.

Como observaba The New York Times[37], la condena de treinta y cinco años dictada contra Manning era la más larga que se haya aplicado a una fuente por revelar a la prensa documentos clasificados de Estados Unidos. De la sentencia le restaron ciento doce días por los once meses que había pasado detenida en condiciones crueles, inhumanas y degradantes.

Manning –que había actuado en conciencia, que no había causado la muerte ni las lesiones de nadie, y que no se había dejado llevar por motivos de lucro personal– recibió un castigo draconiano, basado en una ley de 1917 que no distingue entre espías y denunciantes.

Fue Barack Obama quien lanzó el recurso a la Ley de Espionaje a escala masiva para atacar a los denunciantes que revelan información secreta a la prensa como si fueran traidores que pasan secretos al enemigo.

Julian Assange, los periodistas de WikiLeaks, Chelsea Manning y Edward Snowden habían sacado a la luz los delitos cometidos por las instancias de poder más altas. Assange estaba confinado en una embajada, Manning había sido sentenciada a 35 años de cárcel, y Snowden estaba atascado en Rusia. De los tres, solo dos habían encontrado lugares para refugiarse, y eso a un precio muy elevado; Snowden se vio obligado a vivir en el exilio, y Assange descubriría pronto que su asilo no tenía salida.

[1] Gleen Greenwald, «NSA collecting phone records of millions of Verizon customers daily», The Guardian, 6 de junio de 2013.

[2] Esta cita procede de un libro escrito por el periodista de investigación estadounidense James Bamford, The shadow factory, y hace referencia al artículo de Jane Mayer, «The secret sharer», The New Yorker, 23 de mayo de 2011. Durante la Guerra de Vietnam, James Bamford pasó varios años en la Marina de Estados Unidos, y estuvo destinado en una unidad de la NSA. Después se hizo periodista y escribió el primer libro sobre dicha agencia: The puzzle palace. Lleva toda su vida informando sobre la NSA y ha entrevistado a Edward Snowden: James Bamford, «Edward Snowden: the untold story», Wired, 22 de agosto de 2014.

[3] Steven Aftergood, mensaje electrónico a la autora, 4 de febrero de 2021. Los datos sobre el presupuesto que Estados Unidos dedica a inteligencia están disponibles en [https://irp.fas.org/budget/index.html], consultado el 1 de abril de 2022.

[4] En las Reuniones Conjuntas sobre Matemáticas (Joint Mathematics Meetings) de 2021, la NSA presentó una sesión titulada: «La Agencia Nacional de Seguridad te necesita». En ella se afirmaba lo siguiente: «Somos el mayor empleador de matemáticos del país y trabajamos en una cultura dinámica que acoge la diversidad, fomenta la exploración intelectual, exige una ética inquebrantable y fomenta la búsqueda del bien superior», disponible en [https://meetings.ams.org/math/jmm2021/meetingapp.cgi/Session/2975], consultado el 1 de abril de 2022.

[5] Cora Currier, Glenn Greenwald y Andrew Fishman, «u.s. government designated prominent Al Jazeera journalist as “Member of al Qaeda”», The Intercept, 8 de mayo de 2015.

[6] Las ejecuciones extrajudiciales con drones se efectúan sobre la base de información ultrasecreta recopilada por los organismos de inteligencia, pero a menudo dicha información demuestra ser defectuosa, y las personas convertidas en objetivos son completamente inocentes.

[7] Glenn Greenwald y Ewen MacAskill, «NSA Prism program taps into user data of Apple, Google and others», The Guardian, 7 de junio de 2013; Barton Gellman y Laura Poitras, «u.s., British intelligence mining data from nine u.s. internet companies in broad secret program», The Washington Post, 6 de junio de 2013.

[8] Glenn Greenwald, No place to hide: Edward Snowden, the NSA and the u.s. surveillance state, Nueva York, Metropolitan Books, 2014.

[9] James risen, «The biggest secret: my life as a New York Times reporter in the shadow of the War on Terror», The Intercept, 3 de enero de 2018.

[10] Cinco años después de que nos reuniésemos en Estados Unidos, Bill Binney me concedió una entrevista en profundidad en la que analizaba los programas de vigilancia masiva de la NSA revelados por los archivos filtrados por Snowden: Stefania Maurizi, «NSA, Bill Binney: “Things won’t change until we put these people in jail”», la Repubblica, 11 de febrero de 2017.

[11] Glenn Greenwald, «The crux of the NSA story in one phrase: “collect it all”», The Guardian, 15 de julio de 2013.

[12] G. Greenwald, No place to hide, cit.

[13] Ibid.

[14] Las revelaciones sobre la protección proporcionada a Edward Snowden por solicitantes de asilo en Hong Kong, denominados «los ángeles de la guarda de Snowden», se conocieron gracias a la investigación efectuada por Oliver Stone para la película que realizó sobre el denunciante. Fueron publicadas por el periódico canadiense The National Post y por Ewen MacAskill, «Hong Kong refugees helped hide Edward Snowden after NSA leak», The Guardian, 7 de septiembre de 2016. Por último, se publicaron en Edward Snowden, Permanent Record, Nueva York, Metropolitan Books, 2019.

[15] Peter Finn y Sari Horwitz, «us charges Snowden with espionage», The Washington Post, 21 de junio de 2013.

[16] Uso el adjetivo «supuesto» para resaltar la idea de que las acusaciones no deberían tomarse al pie de la letra: un individuo acusado de un delito sigue siendo inocente mientras no se demuestre su culpabilidad.

[17] Jameel Jaffer, «The Espionage Act and a growing threat to press freedom», New Yorker, 25 de junio de 2019.

[18] «aclu calls military treatment of accused WikiLeaks supporter Pfc. Manning cruel and unusual», aclu, 16 de marzo de 2011, consultado el 4 de abril de 2022, disponible en [www.aclu.org/press-releases/aclu-calls-military-treatment-accused-wikileaks-supporter-pfc-manning-cruel-and].

[19] El informe del Relator Especial sobre la Tortura, Juan Méndez, está disponible en [www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A_HRC_19_61_Add.4_EFSonly.pdf], consultado el 4 de abril de 2022.

[20] Ed Pilkington, «us government claims it has proof of Bradley Manning aiding the enemy», The Guardian, 16 de julio de 2012; «The Chelsea Manning case: a timeline», aclu, 9 de mayo de 2017, disponible en [www.aclu.org/blog/free-speech/employee-speech-and-whistleblowers/chelsea-manning-case-timeline], consultado el 4 de abril de 2022.

[21] «The Ecuadorian library or The blast shack afer three years», Bruce Sterling, 3 de agosto de 2013, disponible en [https://bruces.medium.com/the-ecuadorian-library-aiebd2b4aoe5], consultado el 5 de abril de 2022.

[22] Edward Snowden, Permanent Record, cit.

[23] WikiLeaks ha publicado la lista en [https://wikileaks.org/Edward-Snowden-submits-asylum.html], consultado el 5 de abril de 2022.

[24] Emma Bonino, por entonces ministra italiana de Asuntos Exteriores, declaró lo siguiente: «Puesto que desde el punto de vista jurídico no se dan las condiciones necesarias para aceptar dicha solicitud, en opinión del Gobierno tampoco sería aceptable desde el punto de vista político». «Italy rejects Snowden asylum request», Reuters, redacción, 4 de julio de 2013. La reconstrucción completa de la respuesta de la ministra italiana de Asuntos Exteriores a la solicitud de asilo puede encontrarse en Stefania Maurizi, «Bonino, perché non risponde?», L’Espresso, 9 de julio de 2013.

[25] Daniel Ellsberg, entrevista con la autora, 7 de febrero de 2022.

[26] E. Snowden, cit.

[27] Glenn Greenwald, «Glen Greenwald: detaining my partner was a failed attempt at intimidation», The Guardian, 19 de agosto de 2013.

[28] Julian Borger, «NSA files: why the Guardian in London destroyed hard drives of leaked files», The Guardian, 20 de agosto de 2013.

[29] «Only 1% of Snowden files published–Guardian editor», BBC News, 3 de diciembre de 2013, disponible en [www.BBC.com/news/uk-25205846], consultado el 5 de abril de 2022.

[30] Glenn Greenwald y Stefania Maurizi, «Revealed: how the NSA targets Italy», L’Espresso, 5 de diciembre de 2013.

[31] «“We don’t live in a free country”: Jacob Appelbaum on being a target of widespread Gov’t surveillance», Democracy Now!, 20 de abril de 2012, disponible en [www.democracynow.org/2012/4/20/we_do_not_live_in_a], consultado el 6 de abril de 2022.

[32] «El carácter de Pertini ha estado profundamente marcado por su lucha contra el fascismo y el sufrimiento personal que esto le causó: ocho meses de cárcel, la huida a Francia y, tras su regreso a Italia, 15 años más de cárcel», escribía un diplomático en un cable desclasificado por el Gobierno estadounidense y reeditado por WikiLeaks. El cable, que data de 1978, afirma lo siguiente: «La experiencia inflamó su compromiso ya existente con la libertad individual y su preocupación por el indefenso, el inconformista, el disidente», disponible en [https://wikileaks.org/plusd/cables/1978ROME13249_d.html], consultado el 4 de mayo de 2022.

[33] Sarah Harrison, «Britain is treating journalists as terrorists–believe me, I know», The Guardian, 14 de marzo de 2014.

[34] Der Spiegel, redacción, «spd ehrt Snowden-Vertraute für “politischen Mut”», Der Spiegel, 17 de septiembre de 2015.

[35] Ed Pilkington, «Bradley Manning leak did not result in deaths by enemy forces, court hears», The Guardian, 31 de julio de 2013.

[36] Glenn Greenwald, «Finally: hear Bradley Manning in his own voice», The Guardian, 12 de marzo de 2013.

[37] Charlie Savage y Emmarie Huetteman, «Manning sentenced to 35 years for a pivotal leak of us files», The New York Times, 21 de agosto de 2013.

XI

Mi guerra de trincheras para desenterrar la verdad

Cuando Google entregó los datos de WikiLeaks

Avanzaba en secreto. La investigación penal sobre Julian Assange y los periodistas de WikiLeaks abierta por las autoridades estadounidenses en 2010 se mantenía bajo secreto desde entonces, porque Estados Unidos trataba la publicación de documentos clasificados como una amenaza para la seguridad nacional tan importante como al-Qaeda. La investigación la estaba efectuando el Gran Jurado de Virginia, «sede del Pentágono, la CIA y la mayor base naval del mundo», escribió The Washington Post[1], observando que, desde el 11-S, era el Distrito Oriental de Virginia el que investigaba los casos de seguridad nacional más destacados, incluido el de WikiLeaks.

Pese al secretismo, de vez en cuando afloraban fragmentos de información, como la orden judicial emitida por un juez del Distrito Oriental de Virginia en diciembre de 2010 para obtener los datos sobre las cuentas en Twitter de WikiLeaks, Julian Assange[2], Chelsea Manning, Jake Appelbaum –que se había pronunciado a favor de Assange en una conferencia pública[3] dada en Nueva York– y otros, como la activista y entonces parlamentaria islandesa Birgitta Jónsdóttir, que trabajó en la publicación del vídeo titulado Collateral Murder y más tarde adoptó una actitud crítica respecto a Assange y WikiLeaks.

También aportaron información crucial la citación publicada en abril de 2011 por Glenn Greenwald y, sobre todo, el consejo de guerra contra Chelsea Manning. Otra pieza del rompecabezas salió a la luz en enero de 2015. WikiLeaks acababa de recibir la información[4] de que las autoridades estadounidenses habían ordenado a Google entregar todos los datos de tres de sus periodistas: Kristinn Hrafnsson, Sarah Harrison y Joseph Farrell.

El gigante de internet recibió la orden[5] de proporcionar todas las direcciones de correo electrónico, los datos de correo electrónico, el contenido de los mensajes, las fuentes de pago, los números de tarjetas de crédito y cuentas bancarias asociadas con las cuentas de Google, todos los borradores de mensajes, todos los mensajes borrados, todos los metadatos y listas de contactos, las fotos y los archivos. Como en el caso de Twitter, la orden de búsqueda y entrega era muy amplia. A diferencia de Google, sin embargo, Twitter se había opuesto en principio a la orden judicial, permitiendo así que algunos de los colaboradores y voluntarios de WikiLeaks conocieran su existencia y apelaran contra ella. En el caso de Google, por el contrario, la orden, fechada en 2012, se había mantenido en secreto durante casi tres años. De acuerdo con el gigante de Silicon Valley, una orden de secreto sumarial emitida por las autoridades estadounidenses, que sus abogados habían intentado impugnar sin éxito[6], le había impedido revelarlo. A WikiLeaks no se le notificó la orden hasta diciembre de 2014, solo tres meses después de que Julian Assange publicase un libro esclarecedor sobre Google[7].

Firmada por el mismo fiscal del Distrito Oriental de Virginia que acusaría a Edward Snowden un año después, la orden de busca y entrega demostraba que la investigación de Estados Unidos sobre WikiLeaks avanzaba, y que se centraba en supuestos incumplimientos de la Ley de Espionaje. ¿Cómo van a hacer los periodistas un trabajo independiente y resuelto si los investigan por incumplir una ley completamente ciega al interés público y si el Estado puede obtener de manera completamente secreta unas comunicaciones que podrían revelar interacciones con sus fuentes?

Yo observaba de cerca el avance de la causa penal contra WikiLeaks en Estados Unidos. En Suecia, por el contrario, la investigación sobre Julian Assange llevaba años paralizada. Demasiado tiempo.

Una paralización sospechosa en Suecia

En agosto de 2015 decidí que la falta completa de avance del caso sueco merecía una profunda investigación periodística. Habían transcurrido casi cinco años desde que la fiscal Marianne Ny lo había reabierto, el 1 de septiembre de 2010. Julian Assange seguía bajo investigación por violación menor –la categoría menos grave de violación contemplada en las leyes suecas en ese momento– y por abuso sexual y coerción. La investigación estaba completamente estancada en la fase preliminar: ni lo habían imputado por dichos cargos, ni se había desestimado el caso.

El fundador de WikiLeaks estaba confinado en la embajada desde el 19 de junio de 2012, el día que había entrado en ella. En agosto de 2015, el edificio seguía rodeado día y noche por agentes de Scotland Yard. En cada visita, yo percibía cada vez más señales de que este confinamiento le estaba minando la salud. Además de vivir en un espacio de unos veinte metros cuadrados, no podía salir en ningún momento, ni siquiera durante una hora al día, a diferencia de los presos que han cometido los crímenes más horrendos, como los mafiosos italianos condenados por estrangular a un adolescente y disolver el cadáver en ácido.

Dentro de la embajada, Julian Assange seguía trabajando. WikiLeaks continuaba con sus revelaciones, en ocasiones de manera independiente, pero en la mayoría de los casos junto con medios de comunicación colaboradores. Periódicos como The New York Times y The Guardian llevaban un tiempo distanciados de WikiLeaks, o adoptaban incluso una actitud abiertamente hostil, después de los conflictos relacionados con los cables, como cuando los dos periodistas de The Guardian publicaron la contraseña para descifrar el archivo. Pero WikiLeaks siguió colaborando con medios informativos de calidad, como el diario alemán Süddeutsche Zeitung, el periódico digital de investigación francés Mediapart y el semanario italiano L’Espresso, en el que yo trabajaba por aquel entonces.

La publicación hacía que Assange se sintiera vivo. Cada vez que revelábamos documentos que causaban revuelo y eran difundidos a su vez por otros, se mostraba radiante, como todos los periodistas que consiguen una primicia. Pero de cerca, era triste contemplar su sufrimiento físico y mental. No quería parecer débil. Cuando nos reuníamos, adoptaba siempre una actitud estoica. Y, sin embargo, el confinamiento tenía un impacto innegable sobre él. Era un proceso lento y gradual, pero en mis visitas regulares a la embajada veía menguar su salud poco a poco. Un día hablé con él de Ravello, la ciudad de la costa de Amalfi amada por el gran intelectual estadounidense Gore Vidal. Mientras describía el azul zafiro del mar, lo vi cerrar los ojos. Me dijo que intentaba recordar cómo era la sensación de estar en el espacio abierto del mar. Estaba enterrado entre cuatro paredes, sin vislumbrar un final.

Fue un fiscal italiano el que me hizo comprender lo anómala que era la parálisis judicial sueca. «¿Por qué no avanza la investigación?», me preguntó a comienzos de 2015, durante una conversación casual. Le expliqué que la investigación llevaba paralizada en la fase preliminar desde el lejano 1 de septiembre de 2010, porque la fiscal Marianne Ny no quería desplazarse a Londres para interrogar a Assange antes de decidir si presentar cargos contra él o limpiar su nombre de una vez por todas, solo quería interrogarlo después de que lo extraditasen a Suecia.

Assange llevaba luchando con uñas y dientes contra la extradición desde 2010, seguro de que una vez trasladado a Suecia correría el riesgo de que lo enviasen a Estados Unidos. A través de sus abogados, había intentado obtener garantías diplomáticas de las autoridades suecas al efecto de que si aceptaba viajar a Estocolmo para ser interrogado no lo enviarían a Estados Unidos. Dichas garantías son práctica habitual en el caso de individuos que corren peligro de ser torturados o sometidos a trato inhumano en caso de acabar en un país concreto, y el riesgo que corría Assange era real, considerando la furia mostrada por las autoridades estadounidenses tras las publicaciones de WikiLeaks.

Técnicamente hablando, la prohibición de transferir un individuo a un país en el que corre un riesgo grave se denomina «principio de no devolución», y constituye uno de los pilares del derecho internacional, desde la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados hasta la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura. Es cierto que las garantías diplomáticas distan mucho de ser fiables, como ha demostrado el propio país escandinavo[8], pero el hecho de que las autoridades suecas no estuvieran dispuestas a proporcionarle dicha garantía confirmaba su miedo a una posible extradición.

Nunca he tenido acceso al asesoramiento proporcionado a Assange por sus abogados respecto al caso sueco, puesto que está protegido por la confidencialidad. Pero tras la muerte de Michael Ratner –el destacado jurista clave en la consecución del habeas corpus para Guantánamo–, leí en su libro, publicado tras su fallecimiento[9], que en octubre de 2010, inmediatamente después de que se publicasen los Diarios de la Guerra de Iraq, Ratner había volado a Londres con un colega, Leonard Weinglass, para reunirse con Assange.

En esa entrevista, Ratner y Weinglass predijeron lo que ocurriría en 2019: el fundador de WikiLeaks sería imputado en virtud de la Ley de Espionaje por haber publicado documentos clasificados de Estados Unidos, y las autoridades estadounidenses intentarían implicarlo en una conspiración criminal con Chelsea Manning. «Da igual que en la Casa Blanca esté Nixon, Obama o Bush, que haya un republicano o un demócrata», le dijeron. «El Gobierno estadounidense intentará impedir que sigas publicando sus trapos sucios. Y si tienen que destruiros a ti y contigo la Primera Enmienda y los derechos de las editoriales, están dispuestos a hacerlo». En cuanto al caso sueco, en aquel distante 2010, Ratner aconsejó lo siguiente a Assange: «Me parece que probablemente consigas el mayor respaldo y el mejor equipo jurídico en un país grande como Reino Unido. En un país más pequeño, como Suecia, Estados Unidos puede usar su poder para presionar al Gobierno, sería más fácil extraditarte desde allí». Después, Ratner le dijo a Assange, que escuchaba atentamente pese a no mostrar emoción alguna: «Es mucho menos arriesgado pedirle a la fiscal sueca que te interrogue en Londres». El problema era que Marianne Ny se negaba rotundamente a hacerlo.

«Intenta saber por qué la fiscal sueca no quiere viajar a Londres para interrogarlo», me dijo el fiscal italiano a comienzos de 2015, explicando que a no ser que Assange no se pusiera a disposición de la justicia sueca, Marianne Ny solo tenía que utilizar los tratados internacionales de cooperación judicial, tomar un vuelo de dos horas de Estocolmo a Londres para interrogarlo, y después decidir si acusarlo y enviarlo a juicio, o definitivamente cerrar la investigación.

No era la primera vez que alguien me había manifestado tales dudas acerca de cómo se estaba manejando el caso. Unos meses antes, Eva Joly –fiscal francesa cuyas investigaciones sobre la corrupción de los gigantes financieros de Francia habían sacudido al estamento– me dijo sin rodeos[10]: «Yo he viajado por toda Europa para efectuar interrogatorios, basándome en los convenios europeos de asistencia judicial mutua redactados hacia 1959, y desde entonces los convenios han mejorado mucho. A los fiscales suecos no les resultaría muy difícil interrogar a Assange en Londres, y pienso que se equivocan [al no hacerlo], que no están informados, que llevan veinte años sin asistir a cursos de actualización». Joly me dijo también, y me confirmó más tarde, que si Ny hubiera decidido acusar a Assange después de interrogarlo, incluso podría haber encontrado una forma de juzgarlo sin extraditarlo, como la de delegarlo todo a un fiscal ecuatoriano.

Por supuesto que un fiscal tiene todo el derecho a decidir cómo interrogar a un sospechoso, pero ¿por qué las autoridades de un país en el que supuestamente importan los derechos humanos, como Suecia, mostraban un desprecio tan absoluto por las preocupaciones legítimas de Assange? La furia que alimentaba las afirmaciones de los políticos estadounidenses cuando alegaban que había que matarlo, o darle caza como a un terrorista de al-Qaeda, daban una idea de cómo lo tratarían en Estados Unidos si lograsen ponerle las manos encima.

Por su parte, el fundador de WikiLeaks no había eludido la justicia sueca. De hecho, había pedido que lo interrogaran cuando todavía estaba en aquel país. Incluso cuando se refugió en la embajada, en junio de 2012, antes de concederle asilo, Ecuador les había comunicado oficialmente a las autoridades suecas[11] la disposición de Assange, y la del Gobierno de Quito, a organizar el interrogatorio en la embajada. La parálisis derivaba por completo de la decisión de Marianne Ny de no usar los procedimientos de cooperación judicial, e insistir, por el contrario, en la extradición a toda costa para interrogarlo.

Solo unas semanas después de mi conversación con el fiscal italiano, Ny anunció de repente, en marzo de 2015, que interrogaría de hecho a Assange en Londres. Tras casi cinco años, había aceptado hacer por fin lo que habría podido efectuar en 2010, cuando los recuerdos del sospechoso, por no mencionar los de las supuestas víctimas y diversos testigos, estaban todavía frescos. Cuando todavía no habían sido influenciados por los miles de artículos escritos sobre el caso, habría sido mucho más fácil determinar cuáles habían sido los hechos y, por supuesto, mucho más rápido.

El Ecuador de Rafael Correa emitió de inmediato un comunicado de prensa[12]: «Nos felicitamos de la decisión tomada por las autoridades suecas de entrevistar finalmente a Julian Assange en nuestra embajada en Londres. El Gobierno del Ecuador ha efectuado repetidamente esta oferta desde 2012», y añadía: «Esta decisión podría haberse tomado desde el comienzo, y no solo cuando la causa está a punto de ser sometida al estatuto de limitaciones». De hecho, a mediados de agosto de 2015 habría expirado el estatuto de limitaciones para al menos dos de las alegaciones, abuso y coerción.

Pese al anuncio de Marianne Ny, y aunque habían transcurrido varios meses desde entonces, el interrogatorio no se había producido. Desconcertada por la interminable paralización, decidí que había llegado el momento de intentar escarbar en el caso obteniendo toda la información.

Mirar por la ventana

Me parecía intolerable que un periodista que había revelado crímenes de guerra y torturas estuviera encerrado en una embajada con la salud deteriorada, y que ni un solo reportero hubiera intentado investigar el manejo anómalo del caso sueco, reunir las piezas de manera rigurosa y contribuir a su resolución. Julian Assange no estaba encerrado en la embajada de Corea del Norte o en cualquier otro país lejano. Estaba en el corazón de Europa. Cientos de periódicos nacionales e internacionales, agencias de prensa, cadenas de radio y televisión de todo el mundo habían cubierto su caso, informando simplemente sobre los argumentos opuestos de la defensa y la fiscalía. Resultaba desalentador que, pese a todos los recursos de los que disponen estos grandes periódicos y cadenas de televisión, nadie hubiera intentado profundizar un poco.

Hay una expresión famosa[13] que resume la tarea del periodismo: «Si una persona dice que llueve y otra que está seco, tu tarea no es citarlas a ambas. Lo que tienes que hacer es mirar por la ventana, y comprobar quién tiene razón».

El 3 de agosto de 2015, amparándome en el derecho de acceso a la información pública (DAIP), envié una solicitud a la Fiscalía General sueca, encargada de la investigación, para que se me permitiese acceder a todos los documentos relacionados con el caso de Assange. Inmediatamente después, presenté una solicitud análoga ante el Servicio de Fiscalía de la Corona, la autoridad pública británica que se encarga de la acusación en los juicios penales celebrados en Inglaterra y Gales, y que proporcionaba asistencia a la fiscalía sueca. Dado que el fundador de WikiLeaks estaba bajo investigación en Suecia pero físicamente en Londres, Marianne Ny dependía de la cooperación de sus homólogos británicos. Más tarde, también presenté solicitudes amparadas en el DAIP respecto al caso de Assange en Estados Unidos y Australia; y una ante Scotland Yard, para acceder a toda la correspondencia que esta había mantenido con el Departamento de Justicia de Estados Unidos acerca de los tres periodistas de WikiLeaks afectados por las órdenes de busca y entrega enviadas a Google: Kristinn Hrafnsson, Sarah Harrison y Joseph Farrell. Dado que Harrison y Farrell son ciudadanos británicos, era razonable suponer que las autoridades estadounidenses se habrían comunicado con las británicas, y Scotland Yard sería el interlocutor natural.

Nunca podría haber imaginado que abrir esa ventana me sumergiría en una investigación periodística que todavía sigue en toda su intensidad en el momento de escribir este libro. Han pasado siete años y, representada por seis abogados diferentes[14], sigo librando una batalla judicial en Suecia, Reino Unido, Estados Unidos y Australia, ya que las autoridades de esos cuatro países siguen negándome el acceso a la documentación. Sola, sin el respaldo de nadie, puesto que cuando me embarqué en esa tarea ni siquiera le interesaba al periódico para el que trabajaba en ese momento. Al principio pagaba de mi bolsillo las minutas de los abogados, mientras pude permitírmelo; después busqué financiación[15] para cubrir los gastos judiciales. Llevo trabajando en esta investigación relacionada con el DAIP, sin remuneración alguna, desde 2015; pero había que hacerla sin más: alguien tenía que hacer el trabajo duro de escarbar en busca de datos.

Los pocos documentos que he conseguido obtener hasta ahora son solo la punta del iceberg. Pero me han permitido descubrir lo que había detrás de la parálisis sueca.

No es una solicitud de extradición cualquiera

Doscientas veintiséis páginas. Eso fue todo lo que la Fiscalía General sueca me entregó como respuesta a la solicitud amparada en el DAIP que presenté en esos meses del verano de 2015. Pero al leer los documentos, apenas pude creer lo que me habían entregado.

Suecia es un país con potentes leyes de transparencia en los asuntos públicos. Y yo tenía una estrategia: usarlas como palanca para fisgonear en documentos sobre el caso de Assange procedentes de países como Reino Unido, donde el acceso es mucho más arduo. De hecho, me vi obligada de inmediato a demandar al Servicio de Fiscalía de la Corona solo para obtener 551 páginas en siete años, muchas de ellas tachadas por completo. En Suecia, por el contrario, al principio fue más fácil. Ya tuviera que agradecérselo a la transparencia de Suecia o a la simple distracción de algún funcionario, el resultado fue que la Fiscalía General sueca me entregó los documentos que me permitieron descubrir las razones de la parálisis judicial.

Después de que Marianne Ny reabriera la causa por violación, el 1 de septiembre de 2010, Julian Assange permaneció voluntariamente en Suecia para colaborar con la investigación, y el abogado sueco que lo asistía en ese momento, Björn Hurtig, solicitó enseguida que se interrogara a su cliente. Pero la fiscal pospuso la entrevista[16]. El 27 de septiembre, Assange viajó a Berlín para reunirse con varios periodistas, entre los que me incluía. Antes de salir de Suecia, sin embargo, se aseguró de que no había objeciones a su partida. El 14 de septiembre, el abogado sueco se puso en contacto con Marianne Ny para que se lo confirmase. «Por teléfono», escribió[17] la fiscal Ny en su correspondencia con el Servicio de Fiscalía de la Corona, «se informó al Sr. Hurtig de que había algunas medidas de investigación todavía pendientes antes de que fuera pertinente una nueva entrevista con Julian Assange, y que no se había emitido orden de detención contra él».

Convencido de que no había objeciones a su salida de Suecia, el 27 de septiembre el fundador de WikiLeaks voló a Berlín y llegó a mi hotel sin equipaje; le había desaparecido en un vuelo directo. Ny planeaba interrogarlo al día siguiente, pero Hurtig le dijo que no había podido contactar con su cliente. Ese mismo día, el 27 de septiembre, la fiscal ordenó que lo detuvieran.

Fue un tiempo muy intenso. WikiLeaks trabajaba en la publicación de los informes de guerra clasificados sobre Iraq. No obstante, a través de su abogado, Assange transmitió a Marianne Ny la disposición a ser interrogado el domingo 10 de octubre de 2010, o cualquier día de la semana siguiente, la del 11 de octubre. «Ninguna de las fechas que le sugerimos entonces, ni cualquier otra ocasión sugerida, le parecían aceptables a usted; en algunas ocasiones, las fechas propuestas le parecían demasiado alejadas en el futuro (unas semanas); en otra ocasión, uno de sus investigadores estaba enfermo», escribió Hurtig a la fiscal. «Debe de parecer extraño, en consecuencia», concluía el abogado, «que no pudiera celebrarse una vista porque un investigador estuviera enfermo»[18].

Después, todos los medios propuestos por los abogados de Julian Assange para interrogar a su cliente, ya fuera por teléfono o mediante videoconferencia, por escrito o en una entrevista personal en la embajada de Australia –después de todo era ciudadano australiano– fueron rechazados por la fiscal. De acuerdo con la ley sueca, todos ellos eran métodos perfectamente legítimos para interrogar a un sospechoso, pero Ny solo quería interrogarlo en persona, y en Suecia.

El 2 de diciembre de 2010, cuando WikiLeaks estaba en medio de la publicación de los cables, Marianne Ny emitió una orden europea de detención en la que solicitaba la extradición. Assange, que estaba en Londres para trabajar en los archivos, se entregó a Scotland Yard el 7 de diciembre. Lo tuvieron diez días en régimen de aislamiento en la cárcel de Wansworth, y después lo mantuvieron bajo arresto domiciliario.

Los documentos que me envió la Fiscalía General sueca incluían la carta escrita por Hurtig a los abogados londinenses que se habían hecho cargo de la causa cuando el fundador de WikiLeaks se trasladó a Reino Unido. «El caso es uno de los menos fundados que he visto en mi carrera profesional», escribía Hurtig[19]. «Debería añadir que no se me ha proporcionado el expediente completo del caso referente al Sr. Assange. Las leyes suecas no exigen que se proporcione el informe completo de un caso, pero se puede solicitar, y yo lo he solicitado por escrito y verbalmente. La fiscal sueca, Sra. Ny, me ha denegado de palabra el acceso a este expediente. Sé que el archivo completo contiene material exculpatorio extremadamente importante, que demuestra por ejemplo las incongruencias que contiene la narración de los hechos por parte de las denunciantes». Y a continuación explicaba que: «Se me ha preguntado cuál podría ser el resultado probable del procedimiento si el Sr. Assange fuese extraditado a Suecia. En mi opinión, no es seguro que al Sr. Assange llegasen a procesarlo en caso de ser extraditado».

Hurtig añadía que consideraba «altamente improbable que lo condenen» y continuaba: «en el caso extremadamente improbable de que lo condenen a cárcel inmediata, considero que la sentencia se situaría en el rango de los 8-12 meses, que en la práctica, con la rebaja de dos tercios de la pena contemplada en las leyes suecas, significan el cumplimiento real de 6-8 meses (teniendo en cuenta, por supuesto, el tiempo pasado en la cárcel en Reino Unido)».

Eso escribía el abogado de Assange en diciembre de 2010, cuando su cliente estaba investigado por violación menor, para la que se contempla una pena máxima de cuatro años, dos episodios de abuso sexual y uno de coerción, ambos sancionables con un máximo de dos años de cárcel. Se podría objetar que la evaluación de Hurtig estaba sesgada, procediendo como procedía del abogado defensor de Assange, pero la alegación de violación era tan débil que la fiscal jefe de Estocolmo, Eva Finné, la había descartado de inmediato, concluyendo que: «No creo que haya razón para sospechar que se haya cometido violación»[20].

A finales de diciembre, Assange estaba bajo arresto domiciliario en Ellingham Hall, con un brazalete electrónico en el tobillo. La fiscal Ny podía haber decidido interrogarlo en Reino Unido en virtud de los acuerdos de cooperación judicial mutua, pero no deseaba hacerlo; solo quería interrogarlo después de conseguir su extradición a Suecia.

El 13 de enero de 2011, Paul Close, letrado británico que trabajaba en el Servicio de Fiscalía de la Corona, escribió[21] a los fiscales suecos lo siguiente: «Es simplemente asombroso cuánto trabajo está generando este caso. A veces parece una industria. Ciertamente es un no parar. Por favor, no piensen que se está tratando como otra solicitud de extradición cualquiera».

Qué extraño que una causa judicial ordinaria referente a supuestos delitos sexuales estuviera generando tanto trabajo como «una industria». ¿Y qué tenía de especial para que no fuese «una solicitud de extradición cualquiera»? El letrado del Servicio de Fiscalía de la Corona no daba más explicaciones. En un mensaje electrónico anterior, también había expresado su satisfacción con el poco interés generado en los medios de comunicación por una de las vistas sobre el caso[22]. «Creo que a la prensa le decepcionó que todo fuera bastante aburrido y técnico, que por supuesto es lo que yo quería que ocurriese». Días después de estos mensajes, Close daría a la Fiscalía General sueca un consejo crucial.

De cómo el Servicio de Fiscalía de la Corona dirigido por Keir Starmer ayudó a crear el atolladero

El 25 de enero de 2011, Paul Close dio a sus homólogos suecos su opinión sobre el caso, aparentemente no por primera vez. «Mantengo mi consejo anterior, de que en mi opinión no sería prudente que las autoridades suecas intentaran entrevistar al acusado en Reino Unido», escribía Close[23]: «Incluso si el acusado consintiese en dicha entrevista [mediante cita] de mutuo acuerdo, la defensa intentaría sin duda aprovechar el evento a su favor. Alegaría inevitablemente que era prueba concluyente de que las autoridades suecas no tenían alegación alguna contra él, y que, por lo tanto, la entrevista se hacía con la esperanza de que él hiciera una confesión completa y sincera. Por supuesto no tendría obligación [en virtud de las leyes inglesas] de responder a ninguna pregunta que se le hiciese. Cualquier intento de interrogarlo bajo la estricta ley sueca estaría invariablemente plagado de problemas». El letrado del Servicio de Fiscalía de la Corona proseguía: «La experiencia general también ha demostrado que los intentos por parte de las autoridades extranjeras de entrevistar a acusados en Reino Unido conducen con frecuencia a la defensa a alegar que que [sic] los entrevistadores hicieron algunas inducciones o amenazas [como la actitud de los fiscales ante la concesión de libertad bajo fianza en caso de que el acusado se entregue al país extranjero]. Sugiero, por lo tanto, que lo entrevisten solo cuando sea entregado a Suecia y de acuerdo con las leyes suecas. Como ya hemos hablado, la imputación que ustedes presentan está bien fundada en las pruebas existentes y es suficiente para llevarlo a juicio, que es la intención de la fiscalía. La obtención de una muestra de ADN del Acusado en Reino Unido es una cuestión operativa que deben determinar usted y sus colaboradores. Haría falta una carta de solicitud. Creo que solo podrían pedir una muestra no íntima. No estoy seguro de que esta prueba sea realmente fundamental [o que haya cuestiones temporales implicadas]. Deben sopesar asimismo que la obtención de dicha prueba podría aumentar la propensión al perjuicio o al problema por parte de la defensa más de lo que beneficiaría a la causa fiscal. Tienen ustedes las pruebas aportadas por las denunciantes».

La investigación que inicié en Suecia en virtud del DAIP aclaró enseguida uno de los misterios que rodeaban el propio núcleo del caso. Fueron las autoridades británicas del Servicio de Fiscalía de la Corona las que aconsejaron a los suecos que no siguieran la única estrategia judicial que habría producido una rápida resolución de la causa, a saber, interrogar a Julian Assange en Londres, en lugar de insistir en su extradición. Es cierto que Marianne Ny había insistido en entrevistarlo en persona en Suecia desde el comienzo, pero dada la falta de avance de la investigación preliminar, podría haber reevaluado su estrategia y usar los procedimientos de cooperación judicial para interrogar a Julian Assange en persona en Londres. Por desgracia, no lo hizo: siguió insistiendo en la extradición a toda costa. Al aconsejar a los suecos que no lo interrogaran en Reino Unido, el Servicio de Fiscalía de la Corona había ayudado a crear la parálisis judicial que ha tenido atrapado al fundador de WikiLeaks en Reino Unido desde 2010. Cuando se agotaron todas las opciones para oponerse a su traslado a Suecia y Assange se refugió en la embajada de Ecuador, a esa parálisis judicial se sumó un punto muerto diplomático en el que estaban involucrados cinco países: Australia, Suecia, Reino Unido, Ecuador y Estados Unidos. Este embrollo lo había dejado en un limbo judicial, investigado durante años, sospechoso de ser un violador, pero nunca acusado o libre de cargos de una vez por todas.

Una de las anomalías del mensaje de Paul Close era el uso del término «defendant» [acusado][24], cuando Assange solo estaba siendo investigado: no había sido imputado. Su referencia a la intención de las autoridades suecas de mandarlo a juicio resultaba también extraña, puesto que, el 19 de enero de 2011, solo seis días antes de ese mensaje, la fiscal Ny le había explicado[25] de hecho a Close que: «De acuerdo con las leyes suecas, la decisión de presentar cargos puede no tomarse en la fase en la que se encuentra actualmente la investigación preliminar».

Enfrentado a la negativa de Marianne Ny a interrogarlo en Londres, Assange luchó contra su extradición a Suecia hasta llegar al Tribunal Supremo del Reino Unido. Dos días antes de su apelación al tribunal, el Servicio de Fiscalía de la Corona volvió a escribir[26] a la fiscal sueca: «No creo que nada de esto haya ocurrido jamás, ni en lo referente a la velocidad ni a la naturaleza informal de los procedimientos. Supongo que este caso nunca deja de sorprender».

De nuevo las autoridades británicas aludían a una situación especial, sin explicar qué la hacía tan especial.

Tan pronto como se le concedió al fundador de WikiLeaks permiso para apelar al Tribunal Supremo de Reino Unido, el miembro sueco de Eurojust –el organismo de la Unión Europea para la cooperación en materia de justicia penal– contactó con su homólogo británico, expresando su optimismo de que el tribunal se pronunciara contra Julian Assange, y explorando tácticas para extraditarlo a Suecia antes de que pudiera apelar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para solicitar medidas protectoras. Escribió un mensaje electrónico con el asunto «Assange pick up» [«Recogida de Assange»], y el texto decía precisamente lo siguiente[27]: «Como Suecia debe estar dispuesta para recoger al Sr. Asange [sic] lo antes posible tras una decisión positiva, es extremadamente importante mantener un diálogo muy bueno con las autoridades de Reino Unido. Mi experiencia en situaciones similares de Eurojust es que es importante una recogida [pick] [sic] lo más cercana posible a la sentencia, para evitar conflictos con una previsible apelación al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Después de un marco temporal de 10 días [sic] ya no hay posibilidad de tomar medidas coercitivas contra el Sr. A.».

El 30 de mayo de 2012, el Tribunal Supremo sentenció que Assange debía ser extraditado. En cuanto la sentencia se hizo firme, el fundador de WikiLeaks no se sentó a esperar: solo cinco días después, se refugió en la embajada de Ecuador en Londres, y el 16 de agosto le fue concedido el asilo.

Quince días después de que se le concediera el asilo, se publicó un artículo de prensa titulado: «Suecia podría retirar la acusación, dice Assange». En un comentario acerca del artículo, el Servicio de Fiscalía de la Corona escribía[28] a Marianne Ny: «¡¡¡Periodistas!!! ¡No se atreva a echarse atrás!». Y de nuevo, en noviembre de 2012, el letrado británico Paul Close escribía[29] a la fiscal sueca: «No tengo ni idea de por qué quiere reunirse con usted el embajador adjunto británico. ¡Solo se me ocurre que como se mueven ustedes en esos círculos sociales, no resulta nada sorprendente!».

¿Qué interés tenían las autoridades británicas por la investigación sueca, hasta el punto de decirle a Ny que «no se atreviese» a cerrarla? ¿Y por qué quería reunirse con ella el embajador adjunto de Reino Unido?

Una cosa es segura: los derechos humanos o las condiciones de salud de Julian Assange parecían ser lo último que las autoridades londinenses tuviesen en mente. Hacia finales de 2012, cuando el fundador de WikiLeaks llevaba cinco meses confinado, el Servicio de Fiscalía de la Corona comentaba[30] en mensaje electrónico a la fiscal Ny lo siguiente: «Por supuesto que no se le va a permitir salir de la embajada de Ecuador, tratarse y volver a entrar. Lo detendríamos tan pronto como fuese conveniente. Su preocupación parece derivar de que vive en un espacio confinado [sin duda una buena práctica], de que tiene poca luz natural en Londres y le hace mucha falta el aire libre [de nuevo una práctica útil para ir al país más sano del mundo]. En cuanto a la pérdida de peso, entre mis conocidos, hay muchas personas [solo mujeres, obviamente] que siempre la recibirían de buen grado».

El mismo día que el Servicio de Fiscalía de la Corona escribía estas palabras, visité por primera vez a Julian Assange en la embajada: ya había perdido mucho peso, como inmediatamente escribí en mi artículo[31].

Transcurrió un año completo, y hasta las autoridades suecas empezaron a cuestionarse el punto muerto en el que se habían metido por el consejo de las británicas de que insistiesen en la extradición. En octubre de 2013, Marianne Ny escribía[32] al Servicio de Fiscalía de la Corona: «Parece que Julian Assange está absolutamente decidido a no viajar a Suecia, pase lo que pase» y «la probabilidad de que la sentencia de extraditar a Assange se cumpla en un plazo de tiempo razonable parece pequeña». Y por lo tanto concluía lo siguiente: «Las leyes suecas exigen que las medidas coercitivas sean proporcionadas. Con el paso del tiempo, deben tenerse en cuenta los costes y la gravedad del delito así como la intrusión o el detrimento para el sospechoso. Sobre esta base nos hemos visto obligados a considerar el levantamiento de la orden de detención (orden judicial) y la retirada de la orden europea de detención. En tal caso esto se efectuaría en el plazo de dos semanas. Esto no solo nos afectaría a nosotros sino también de manera significativa a ustedes».

La frase siguiente estaba tachada, de modo que no ayudaba a entender por qué la revocación de la orden de detención europea afectaría también a los británicos. ¿No era una investigación sueca? En cualquier caso, este mensaje electrónico demuestra que transcurrido poco más de un año desde que Julian Assange se refugiara en la embajada, Marianne Ny consideraba revocar el procedimiento de extradición. Era su investigación; tenía potestad para hacerlo. ¿Por qué no lo revocó? ¿Y por qué respondió el Servicio de Fiscalía de la Corona como sigue?[33]: «Me gustaría considerar todos los ángulos durante el fin de semana». ¿Qué ángulos tenían las autoridades británicas en una causa sueca por delitos sexuales? «Espero no haberle arruinado el fin de semana», respondió Ny[34]. No está claro por qué una fiscal sueca que revoca una solicitud de extradición podría arruinarles el fin de semana a las autoridades del Servicio de Fiscalía de la Corona.

Dos meses después de este intercambio de mensajes, Marianne Ny volvió a escribir al Servicio de Fiscalía de la Corona, esta vez ya sin mencionar la posibilidad de retirar la solicitud de extradición, sino preguntando por los costes que suponía para Scotland Yard mantener agentes vigilando día y noche la embajada. En Suecia se rumoreaba que se estaban volviendo «irrazonablemente elevados». Pero para las autoridades británicas no era un problema; respondieron[35] que «los costes no se consideran un factor de importancia en este asunto».

En los años transcurridos entre 2010 y 2013, el Servicio de Fiscalía de la Corona de Reino Unido tomó decisiones cruciales, como asesorar a Marianne Ny contra la única estrategia judicial que podría haber supuesto una conclusión rápida del caso: interrogar a Assange en Londres. Fue un consejo que ayudó a crear una paralización que debilitaría gravemente la salud de Julian Assange, denegaría la justicia para todos, y costaría millones de libras al erario británico. ¿Por qué el Servicio de Fiscalía de la Corona tomó esa vía?

Por aquel entonces, el Servicio de Fiscalía de la Corona estaba dirigido por Keir Starmer[36], que más tarde sustituiría a Jeremy Corbin, un político profundamente menospreciado por las clases dominantes británicas, en especial por el complejo industrial militar, debido a sus posiciones izquierdistas y pacifistas, como líder del partido laborista. ¿Qué papel tuvo, de tenerlo, Keir Starmer en el caso de Julian Assange?

Desde 2015, cuando abrí la ventana de la investigación amparada en el DAIP, lucho por encontrar respuesta a estas preguntas. Necesitaría acceder a los documentos pertinentes, pero mis intentos han fracasado hasta el momento, pese a siete años de esfuerzo y apelaciones en los tribunales y los juzgados de Reino Unido y Suecia.

Solo gracias a mi guerra de trincheras, sin embargo, descubriría también el hecho de que el Servicio de Fiscalía de la Corona había destruido mensajes electrónicos clave acerca del caso de Julian Assange. Pero antes de que yo entrara en esa madriguera, el embrollo empeoró todavía más.

Cuando por fin Marianne Ny cambió de idea

Tras el mensaje electrónico que Marianne Ny envió en octubre de 2013 al Servicio de Fiscalía de la Corona, indicando que estaba considerando retirar el procedimiento de extradición, pasó otro año sin progreso hasta que, el 13 de marzo de 2015, la fiscal anunció que interrogaría a Julian Assange en Londres. ¿Qué había llevado a Suecia a liberarse por fin de su parálisis? Ante todo, que las alegaciones de abuso sexual y coerción expirarían legalmente solo cinco meses después, debido al estatuto de limitaciones. Y en el intermedio se habían producido dos sucesos importantes.

El fundador de WikiLeaks había pedido al Tribunal de Apelaciones sueco que retirarse la orden de detención. En noviembre de 2014 el tribunal rechazó su apelación, pero por primera vez también criticó la parálisis judicial en términos bien claros[37]: «El Tribunal de Apelación observa, sin embargo, que la investigación de los supuestos delitos se ha paralizado, y considera que el hecho de que los fiscales no hayan examinado vías alternativas no se ajusta a su obligación –en interés de todos los afectados– de hacer avanzar la investigación preliminar».

Y eso no era todo. El 16 de septiembre de 2014, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (WGAD) de Naciones Unidas comunicó oficialmente a las autoridades suecas y británicas que había recibido una queja sobre las condiciones en las que estaba confinado Julian Assange, y pedía explicaciones a ambos países.

Estos tres factores constituyeron una llamada de atención para las autoridades suecas. Pero el interrogatorio que llevaba casi cinco años pendiente no se produjo, y en agosto de 2015 expiró el periodo en el que podría actuarse respecto a las alegaciones de abuso y coerción.

En esa ocasión, Ny declaró lo siguiente[38]: «llevo intentando obtener permiso para entrevistar a Julian Assange desde el otoño de 2010, pero se ha negado persistentemente a comparecer. Cuando se aproximaba el estatuto de limitaciones, decidimos intentar entrevistarlo en Londres. A comienzos de junio se emitió la solicitud de entrevistarlo en la sede de la Embajada de Ecuador, pero todavía no se ha recibido el permiso».

No se menciona la participación de Ny en el retraso, como revelan los documentos obtenidos en virtud del DAIP. Con cinco años a su disposición, las autoridades suecas decidieron interrogarlo solo cinco meses antes de que expirase el estatuto de limitaciones, y enviaron una solicitud de cooperación judicial a Reino Unido el 29 de mayo de 2015. Las autoridades británicas recibieron la solicitud el 2 de junio. El interrogatorio estaba previsto para el 17 y el 18 de junio; el tiempo se agotaba. El 12 de junio, Ny supo que Quito no había recibido aún la solicitud, y escribió lo siguiente al embajador ecuatoriano en Londres, Juan Falconí Puig[39]: «Lamento que la Carta de Solicitud de asistencia jurídica en la cuestión de Julian Assange no haya sido trasladada aún a la Embajada de Ecuador. Como supe a primera hora de hoy, el proceso necesario de autenticación de los documentos no había concluido aún la pasada noche. Espero información sobre cuándo se producirá esto y cuándo podrán trasladarse los documentos».

El 16 de junio por la tarde, el día antes del interrogatorio, el embajador ecuatoriano informó a Ny de que ya no había tiempo para recibir una respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores en Quito. Ny ya había enviado a sus investigadores a Londres, pero en ausencia de autorización gubernamental, Juan Falconí Puig no podía dar el visto bueno. «Decidí permitir que mi equipo de investigación viajara a Londres», escribió Marianne Ny al diplomático[40], «con el fin de que estuviese preparado, por si la República del Ecuador, pese a que la solicitud formal se entregase en una fase tan tardía, decidiera conceder permiso».

El interrogatorio tan esperado y programado para el 17 y el 18 de junio de 2015 quedó en nada. Y puesto que Juan Falconí Puig había sido nombrado para otro cargo, y el nuevo embajador llegaría en julio, el estatuto de limitaciones expiró en agosto. Ni la supuesta víctima de los delitos, Anna A., ni el fundador de WikiLeaks recibieron justicia. De hecho, de acuerdo con la ley sueca, un sospechoso no puede renunciar al estatuto de limitaciones con el objetivo de demostrar su inocencia y limpiar su nombre. Las alegaciones de acoso sexual y coerción quedarían siempre ligadas a Julian Assange.

El día antes de que expirase el estatuto de limitaciones, Claes Borgström, abogado de las dos mujeres en ese momento, comentó[41] a The New York Times que: «El Sr. Assange lleva muchos años en Londres, probablemente más tiempo del que habría estado en Suecia de haber venido aquí, aunque hubiera sido imputado y declarado culpable».

¿No se les ocurrió a él y a las autoridades suecas que si Julian Assange había preferido permanecer en la embajada más tiempo que la posible sentencia que podrían imponerle en Suecia –de darse el caso de que lo juzgasen y declarasen culpable– era en realidad porque temía la extradición a Estados Unidos? ¿Que esos miedos eran fundados, y no una mera excusa para eludir la justicia sueca?

En octubre de 2015, dos meses después de que expirase el estatuto de limitaciones sobre las alegaciones de abuso y coerción, Scotland Yard retiró los agentes que rodeaban el edificio día y noche desde 2012, explicando que su presencia permanente «ya no era proporcionada»[42]. Y las cifras lo respaldaban: de acuerdo con cálculos efectuados por la propia administración pública británica, tres años de cerco a un hombre indefenso les había costado a los contribuyentes 13,2 millones de libras[43]. Sin embargo, Assange seguía todavía bajo investigación en Suecia por violación, y la orden europea de detención que solicitaba su extradición seguía vigente. Pese a haber retirado sus agentes, Scotland Yard anunció que seguiría «haciendo todo lo posible por detenerlo», usando «tácticas abiertas y encubiertas»[44].

Que las autoridades británicas hablaban muy en serio se demostró solo unos días después, cuando el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador manifestó[45] que había solicitado a Reino Unido un pase que permitiera a Julian Assange salir de la embajada unas horas para hacerse una resonancia magnética, por un problema que le provocaba dolor en el hombro. El Gobierno británico respondió que podía salir cuando quisiera, pero que sería detenido.

Assange permaneció en la embajada, renunciando al tratamiento médico. Poco después, sin embargo, un organismo acreditado de Naciones Unidas, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, se puso de su lado.

[1] Sari Horwitz, «In Va.’s Eastern District, us attorney’s reach transcends geographic bounds», The Washington Post, 15 de diciembre de 2012.

[2] Scott Shane y John F. Burns, «U.S. subpoenas Twitter over WikiLeaks supporters», The New York Times, 8 de enero de 2011. En el momento en el que se emitió la orden judicial, no había ninguna cuenta pública en Twitter a nombre de Julian Assange.

[3] «Affidavit of Julian Paul Assange», Julian Assange, disponible en [https://wikileaks.org/IMG/html/Affidavit_of_Julian_Assange.html], consultado el 8 de abril de 2022; Eric Schmitt y David E. Sanger, «Gates cites peril in leak of Afghan War Logs by WikiLeaks», The New York Times, 1 de agosto de 2010.

[4] Stefania Maurizi, «Il governo USA ha ottenuto da Google le email e tutti i dati relativi ai giornalisti di WikiLeaks», L’Espresso, 23 de enero de 2015; Ed Pilkington y Dominic Rushe, «WikiLeaks demands answers after Google hands staff emails to US government», The Guardian, 26 de enero de 2015.

[5] Las tres órdenes de busca y entrega emitidas por el juez John F. Anderson están disponibles en [https://wikileaks.org/google-warrant/227-harrison.html], [https://wikileaks.org/google-warrant/228-farrell.html] y [https://wikileaks.org/google-warrant/229-hrafnsson.html], consultados el 10 de abril de 2022.

[6] Ellen Nakashima y Julie Tate, «Google says it fought gag orders in WikiLeaks investigation», The Washington Post, 28 de enero de 2015.

[7] Julian Assange, When Google met WikiLeaks, Nueva York, O/R Books, 2014. El libro habla sobre la reunión de Julian Assange con los entonces presidentes de Google y «Google Ideas», Eric Schmidt y Jared Cohen, respectivamente, en Ellingham Hall, en 2011. Una reunión de hombres y mentes situados en polos opuestos. Sus puntos de vista sobre internet se sitúan también en polos opuestos. Para Assange, «la fuerza liberadora de internet se basa en su libertad y su no pertenencia a ningún país». Para Schmidt, «la emancipación coincide con la política exterior de Estados Unidos», escribe Assange.

[8] Después del 11-S, Suecia entregó dos solicitantes de asilo a las autoridades estadounidenses, que los transfirieron a Egipto, tras recibir garantías diplomáticas de que Egipto no los torturaría. Era una mera hoja de parra: después los torturaron. «Sweden violated torture ban with U.S. help», Human Rights Watch, 19 de mayo de 2005, disponible en [www.hrw.org/news/2005/05/19/sweden-violated-torture-ban-us-help], consultado el 12 de abril de 2022.

[9] Michael Ratner, Moving the bar: My life as a radical lawyer, Nueva York y Londres, O/R Books, 2021.

[10] Stefania Maurizi, «Julian Assange, sfida per la libertà», L’Espresso, 15 de julio de 2014, disponible en [https://espresso.repubblica.it/inchieste/2014/07/15/news/Julian-assange-dopo-quattro-anni-di-impassegiudiziario-l-udienza-per-la-revoca-dell-arresto-1.173268], consultado el 15 de abril de 2022. En conversación telefónica que mantuvimos el 27 de mayo de 2019, Eva Joly me explicó también que los fiscales suecos podrían incluso haber llevado a Julian Assange a juicio sin que lo extraditasen a Suecia.

[11] Hice referencia al contenido de esta carta oficial enviada por las autoridades ecuatorianas a las suecas en el capítulo IX.

[12] Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, Comunicado Oficial, 13 de marzo de 2015, 14:40.

[13] La cita se atribuye a Jonathan Foster, periodista y profesor de periodismo británico.

[14] Más adelante hablaré sobre la importante aportación de los abogados que me representan en los litigios amparados en el DAIP.

[15] En los reconocimientos de este libro, analizo la financiación de mis litigios relacionados con el DAIP.

[16] Que Julian Assange había pedido a Marianne Ny que lo interrogase desde el principio lo confirman tanto la comunicación de Björn Hurtig a Ny, fechada el 12 de noviembre de 2010, que me fue enviada por la Fiscalía General sueca en cumplimiento del DAIP, como el documento de «Exposición Acordada de Hechos y Cuestiones», que establece: «El apelante [Julian Assange] dio instrucciones al Sr. Hurtig para que actuase en su nombre como abogado defensor. Entre el 8 y el 14 de septiembre de 2010, el abogado del Apelante solicitó que lo entrevistasen. La fiscal dilató esa solicitud». «Agreed statement of facts and issues», disponible en [www.scribd.com/document/80912442/Agreed-Facts-Assange-Case], consultado el 24 de marzo de 2022.

[17] Carta enviada por Marianne Ny al abogado del Servicio de Fiscalía de la Corona, Paul Close, el 19 de enero de 2011. Obtuve una copia de esta carta gracias a la litigación amparada en el DAIP que mantengo contra las autoridades del Servicio de Fiscalía de la Corona británico. La documentación puede publicarse en este libro en virtud de la Licencia de Gobierno Abierto v3.0, [www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-gobernement-licence/version/3/], consultado el 18 de abril de 2022.

[18] Carta de Hurtig a Marianne Ny, fechada el 12 de noviembre de 2012. La obtuve de la Fiscalía General sueca en cumplimiento del DAIP. Publiqué originalmente esta carta en mi investigación: Stefania Maurizi, «Five years confined: new foia documents shed light on the Julian Assange case», L’Espresso, 19 de octubre de 2015.

[19] Carta enviada por el entonces abogado defensor sueco de Julian Assange, Björn Hurtig, al abogado defensor de Assange en Reino Unido, Mark Stephens, del bufete británico Finers Stephens Innocent llp, con fecha 14 de diciembre de 2010. La Fiscalía General sueca me envió una copia de esta carta en virtud del DAIP.

[20] «Agreed statement of facts and issues», disponible en [www.scribd.com/documents/80912442/Agreed-Facts-Assange-Case]. Véase también la declaración de Eva Finné: «No creo que haya razón para sospechar que se haya cometido violación», publicada por BBC: «Swedish rape warrant for Wikileaks’ Assange cancelled», BBC, 21 de agosto de 2010, en [www.BBC.com/news/world-europe-11049316], consultado el 27 de marzo de 2022.

[21] Mensaje electrónico enviado por Paul Close a Ola Löfgren, con copia a Marianne Ny, el 13 de enero de 2011 a las 19:24. La Fiscalía General sueca me remitió, a solicitud mía, una copia de este mensaje en cumplimiento del DAIP.

[22] Mensaje electrónico enviado por Paul Close a Ola Löfgren, con copia a Marianne Ny, el 11 de enero de 2011, a las 15:48. La Fiscalía General sueca me remitió, a solicitud mía, una copia de este mensaje en cumplimiento del DAIP.

[23] Mensaje electrónico enviado por Paul Close a Ola Löfgren, con copia a Marianne Ny, el 25 de enero de 2011, a las 17:36. La Fiscalía General sueca me remitió una copia de este mensaje en 2015 en cumplimiento de una solicitud amparada en el DAIP. Sin embargo, la Fiscalía General sueca no me envió este mensaje completo hasta 2021, tras varias apelaciones en los tribunales suecos para acceder a la correspondencia completa en relación con el caso de Assange: la entrega previa tenía completamente tachado el párrafo sobre el ADN.

[24] El término «defendant» hace referencia a alguien que ha sido imputado.

[25] Carta de Marianne Ny a Paul Close, fechada el 19 de enero de 2011. La Fiscalía General sueca me remitió una copia de este mensaje electrónico, a solicitud mía, en virtud del DAIP.

[26] Mensaje electrónico enviado por el Servicio de Fiscalía de la Corona a Marianne Ny el 13 de diciembre de 2011, a las 14:30. La Fiscalía General sueca me remitió una copia de este mensaje como consecuencia de la litigación que emprendí acogiéndome al DAIP.

[27] Correspondencia entre el representante nacional de Suecia en Eurojust y las autoridades británicas de Eurojust y del Servicio de Fiscalía de la Corona, 8 de diciembre de 2011, 01:10 de la tarde. Obtuve una copia de este mensaje como resultado de la litigación que mantuve contra el Servicio de Fiscalía de la Corona en virtud del DAIP. Publiqué este documento en un artículo: Stefania Maurizi, «Will Assange be able to appeal to the European Court of Human Rights to fight his extradition to the us?», il Fatto Quotidiano, 6 de enero de 2021.

[28] Mensaje electrónico enviado por el Servicio de Fiscalía de la Corona a Marianne Ny el 31 de agosto de 2012, a las 12:27. Obtuve una copia de este mensaje gracias a mi litigación contra el Servicio de Fiscalía de la Corona.

[29] Mensaje electrónico enviado por Paul Close a Marianne Ny en noviembre de 2012 a las 11:28. La Fiscalía General sueca me entregó una copia de ese mensaje en respuesta a una solicitud que presenté amparándome en el DAIP.

[30] Mensaje electrónico enviado por el Servicio de Fiscalía de la Corona a Marianne Ny el 29 de noviembre de 2010, a las 11:28. Obtuve una copia de este mensaje gracias a mi litigación contra el Servicio de Fiscalía de la Corona.

[31] Stefania Maurizi, «Julian Assange: WikiLeaks Will go ahead», L’Espresso, 30 de noviembre de 2012.

[32] Mensaje electrónico remitido por Marianne Ny al Servicio de Fiscalía de la Corona el 18 de octubre de 2013, a las 12:01. Obtuve una copia de este mensaje gracias a mi litigación contra el Servicio de Fiscalía de la Corona.

[33] Mensaje electrónico enviado por el Servicio de Fiscalía de la Corona a Marianne Ny el 18 de octubre de 2013, a las 16:45. Obtuve una copia de este mensaje gracias a mi litigación contra el Servicio de Fiscalía de la Corona británico.

[34] Mensaje electrónico enviado por Marianne Ny al Servicio de Fiscalía de la Corona el 21 de octubre de 2013, a las 08:55. Obtuve una copia de este mensaje gracias a mi litigación contra el Servicio de Fiscalía de la Corona británico.

[35] Mensaje electrónico enviado por el Servicio de Fiscalía de la Corona a Marianne Ny el 10 de febrero de 2013, a las 16:29. Obtuve una copia de este mensaje gracias a mi litigación contra el Servicio de Fiscalía de la Corona.

[36] Keir Starmer asumió el cargo de director del Servicio de Fiscalía de la Corona el 1 de noviembre de 2008 y lo mantuvo hasta el 31 de octubre de 2013. Los archivos que yo he obtenido en virtud del DAIP documentan al menos desde enero de 2011 el consejo dado por Paul Close a la Fiscalía General sueca de que no se interrogase a Assange en Londres, pero ya se lo había dado antes. Keir Starmer fue elegido líder del Partido Laborista Británico en abril de 2020.

[37] S. Maurizi, «Five years confined: new foia documents shed light on the Julian Assange case», cit; David Crouch, «Julian Assange: Swedish court rejects appeal to lift arrest warrant», The Guardian, 20 de noviembre de 2014.

[38] S. Maurizi, ibid.

[39] Mensaje electrónico enviado por Marianne Ny a la Embajada del Ecuador en Gran Bretaña el 12 de junio de 2015 a las 12:49. La Fiscalía General sueca me entregó una copia de este mensaje en virtud de una solicitud mía basada en el DAIP.

[40] Mensaje electrónico enviado por Marianne Ny a la Embajada del Ecuador en Gran Bretaña el 18 de junio de 2015 a las 12:38. La Fiscalía General sueca me entregó una copia de este mensaje electrónico en virtud de una solicitud mía amparada en el DAIP.

[41] Stephen Castle, «Time is running out on part of Assange sex assault investigation», The New York Times, 12 de agosto de 2015.

[42] S. Maurizi, «Five years confined: new foia documents shed light on the Julian Assange case», cit.

[43] Alcaldía de Londres, Preguntas y Respuestas sobre Julian Assange, en [www.london.gov.uk/questions/2020/0144], consultado el 22 de abril de 2022.

[44] S. Maurizi, «Five years confined: new foia documents shed light on the Julian Assange case», cit.; Jamie Grierson, «Julian Assange: police removed from outside Ecuadorian Embassy», The Guardian, 12 de octubre de 2015.

[45] Ben Quinn, «Britain unmoved by Ecuadorian request to give Julian Assange “safe passage” for mri scan», The Guardian, 15 de octubre de 2015.

XII

Detenido arbitrariamente

Una legislación internacional para nosotros y otra para ellos: de cómo Suecia y Reino Unido ningunearon al grupo de trabajo de Naciones Unidas

Trabaja con discreción y rara vez atrae la atención de la ciudadanía. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas tiene el mandato de establecer cuándo se está privando arbitrariamente de libertad a los individuos: activistas políticos y periodistas perseguidos por regímenes, refugiados y solicitantes de asilo detenidos sin fin a la vista. Se ocupa de algunas de las personas más vulnerables del planeta. Varios abogados, entre los cuales se encontraba la conocida asesora jurídica australiana Melinda Taylor, experta en legislación internacional y derechos humanos y en su momento víctima de detención arbitraria en Libia, presentaron una queja ante el Grupo de Trabajo en nombre de Julian Assange.

En febrero de 2016, el Grupo de Trabajo publicó su opinión: el fundador de WikiLeaks estaba siendo de hecho detenido arbitrariamente por Suecia y Reino Unido. Pidió a los dos países que pusieran fin a la privación de libertad de Assange y le reconocieran el derecho a recibir una compensación. Entre las razones por las que consideraba arbitraria la detención, el Grupo de Trabajo indicaba cinco factores cruciales.

«Al Sr. Assange se le ha negado la oportunidad de prestar declaración» y «el acceso a pruebas exculpatorias y por lo tanto la oportunidad de defenderse de las alegaciones»; pruebas como los mensajes de SMS enviados por las dos mujeres en 2010, en el momento en el que se cometieron los supuestos delitos. Durante años, el fundador de WikiLeaks había denunciado el hecho de que a sus abogados suecos solo se les había permitido leerlos, pero no obtener copias ni tomar notas sobre ellos[1]. Y en consecuencia, de acuerdo con el Grupo de Trabajo, «la duración de dicha detención es incompatible ipso facto con la presunción de inocencia».

También hacían arbitraria su privación de libertad, «la naturaleza indefinida de su detención, y la ausencia de una forma efectiva de revisión judicial o solución», así como el hecho de que «la Embajada de la República del Ecuador en Londres no es ni mucho menos una casa o un centro de detención equipado para una prisión provisional prolongada, y carece de las instalaciones y el equipamiento médico necesarios y apropiados»[2]. El Grupo de Trabajo subrayaba que: «Es válido suponer que, tras cinco años de privación de libertad, la salud del Sr. Assange pueda haberse deteriorado hasta tal punto que todo aquello que no fuese una enfermedad superficial pondría su salud en un grave riesgo, y se le ha negado el acceso a una institución médica para recibir un diagnóstico adecuado, incluida la realización de una resonancia magnética».

El último factor planteado por el Grupo de Trabajo no era de importancia menor: «Respecto a la legalidad de la orden europea de detención, desde la sentencia en firme pronunciada por el Tribunal Supremo de Reino Unido en el caso del Sr. Assange, la legislación interna de Reino Unido en referencia a las cuestiones pertinentes ha cambiado drásticamente, como resultado también de las alegaciones de abuso presentadas contra la orden europea de detención emitida por Suecia, de modo tal que, en caso de que se solicitase, Reino Unido no permitiría la extradición del Sr. Assange. Pese a ello, el Gobierno de Reino Unido ha declarado, en lo relativo al Sr. Assange, que estos cambios “no son retroactivos” y por lo tanto no pueden beneficiarlo».

¿A qué se refería el Grupo de Trabajo? Desde 2014, con la introducción del «Artículo 12 A», Reino Unido ya no concedería la extradición de un sospechoso con el fin exclusivo de interrogarlo, como se había hecho en el caso de Assange. A partir de entonces, la extradición solo se concedería si la autoridad judicial extranjera que emitiera la orden de detención europea ya hubiese imputado al sospechoso y estuviera, en consecuencia, solicitando su transferencia para someterlo a juicio. Este era un argumento jurídico alegado de manera repetida por la defensa de Assange en su lucha contra la orden de Suecia, sosteniendo que la medida era desproporcionada; que la fiscal Ny había solicitado su extradición solo para interrogarlo como sospechoso, no como un acusado que debía someterse a juicio. Pero el fundador de WikiLeaks había perdido su apelación en todos los tribunales británicos, que sostenían la legalidad de la medida. Dos años después de que el Tribunal Supremo emitiera sentencia sobre Assange, Reino Unido cambió sus leyes, pero era demasiado tarde para él.

La opinión del Grupo de Trabajo estaba bien fundamentada, pero tanto Suecia como Reino Unido la rechazaron. De acuerdo con ambos gobiernos, Julian Assange había entrado en la embajada y había permanecido en ella voluntariamente, y podía salir cuando quisiera, de modo que no se trataba siquiera de una cuestión de detención, y mucho menos de detención arbitraria. Las autoridades suecas no apelaron la opinión del Grupo de Trabajo, simplemente hicieron caso omiso de ella. Era la primera vez en su historia[3] que el país escandinavo había sido acusado de detener arbitrariamente a un individuo. Reino Unido, por el contrario, la rechazó con desdén: el entonces secretario de Asuntos Exteriores, Philip Hammond, la calificó de «francamente ridícula»[4], tras lo cual las autoridades británicas intentaron apelar, y perdieron. «Reino Unido reacciona como ciertos países con los que uno no quiere verse comparado», me dijo en esa ocasión Mads Andenas[5], diplomático noruego altamente reputado y profesor de derecho en la Universidad de Oslo que había encabezado con anterioridad el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas y manejado las primeras fases del procedimiento sobre Assange. Andenas añadió: «puedo confirmar al emitir una opinión contraria a un país grande como Reino Unido, y a un país con tan buen expediente en materia de derechos humanos como Suecia, el Grupo de Trabajo está sometido a una fuerte presión».

Cuando los países autoritarios privan arbitrariamente de libertad a activistas, opositores políticos o periodistas, las democracias occidentales les exigen por lo general que respeten las decisiones del Grupo de Trabajo. En enero de 2016, unos días antes de que el organismo de Naciones Unidas publicara su opinión sobre Julian Assange, el Gobierno conservador del primer ministro británico David Cameron amenazó a Maldivas con imponerle sanciones[6] por detener de manera arbitraria al expresidente Mohamed Nasheed. Y en 2009, Reino Unido y la Unión Europea sostuvieron las sanciones aprobadas previamente contra Birmania, citando la detención arbitraria de Aung San Suu Kyi, activista y ganadora del Premio Nobel de la Paz[7].

En el caso de Assange, por el contrario, las autoridades británicas no solo reaccionaron con sarcasmo, sino que hicieron caso omiso de la deliberación, tachándola de no vinculante. Desde un punto de vista estrictamente técnico, tenían razón, en el sentido de que el Grupo de Trabajo no es una autoridad judicial. «El Grupo de Trabajo no es una mera ONG, es también la institución más elevada en el sistema de Naciones Unidas, creada por los países miembros para dirimir las diferencias entre ciudadanos y su Gobierno a la hora de abordar cuestiones relacionadas con la legalidad y la legitimidad de la detención», me explicaba Christophe Peschoux[8]. Hombre valeroso y modesto que trabaja en la Secretaría de Naciones Unidas, Peschoux señaló que las decisiones del Grupo de Trabajo son vinculantes en el sentido de que se basan en leyes y tratados internacionales que países como Reino Unido han ratificado y, que, por lo tanto, están obligados a cumplir. De hecho, ante estas reacciones de las autoridades británicas y de ciertos medios que trataron la opinión como un punto de vista más, el organismo publicó una declaración[9] con una «Nota a los directores» para subrayar: «Las Opiniones del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria son legalmente vinculantes en la medida en la que se basan en las leyes internacionales relativas a los derechos humanos, que tienen carácter vinculante […]. Otras instituciones judiciales destacadas, tanto internacionales como regionales, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, reconocen también la autoridad de las Opiniones del WGAD».

Como señalaban en The Guardian organizaciones defensoras de los derechos humanos como Human Rights Watch[10], la actitud adoptada por Suecia y Reino Unido no solo ha perjudicado a Assange, sino que también ha socavado la credibilidad del organismo de Naciones Unidas, que defiende a algunas de las personas más indefensas de la tierra, como los prisioneros que están en manos de regímenes brutales. Si democracias como Reino Unido rechazan públicamente sus opiniones, tachándolas de ridículas, ¿cómo van a darse la vuelta y esperar que los países autoritarios las cumplan y liberen a presos políticos, a activistas de los derechos humanos, a periodistas o a refugiados?

El organismo de Naciones Unidas había mostrado una gran valentía, me comentó también el profesor Mads Andenas[11]: «Este caso es especial: hay unos intereses tan fuertes que ha sido una decisión muy valiente de la gente del Grupo de Trabajo y de la Secretaría que la ha hecho posible. Esta gente ha hecho un trabajo impresionante y nadie le va a dar las gracias. La campaña contra Assange es altamente compleja».

A la luz de la opinión alcanzada por el organismo de Naciones Unidas, el fundador de WikiLeaks volvió a apelar a los tribunales suecos, solicitando que se revocase la orden de detención emitida por la fiscal Ny. De nuevo, volvió a perder en primera instancia y en la apelación. El riesgo de extradición seguía pendiendo sobre su cabeza, puesto que Suecia había decidido hacer caso omiso de la opinión emitida por el Grupo de Trabajo, como habría hecho cualquier país autoritario.

Justicia para nadie

Los fiscales suecos no interrogaron a Julian Assange en la embajada de Ecuador hasta el 14 de noviembre de 2016, seis años después de que se reabriese la investigación por violación. Marianne Ny no viajó a Londres en persona; envió a otro fiscal acompañado por un agente de policía. La lista de preguntas para el sospechoso se había preparado por adelantado y enviado a un fiscal ecuatoriano, que le formuló ese día las preguntas a Assange en presencia del fiscal y el policía suecos. Las autoridades ecuatorianas les enviaron después las respuestas a las suecas.

Esta forma de interrogar a un sospechoso fue objeto de múltiples insinuaciones y suspicacias, pero cuando más tarde pregunté por ella a las autoridades suecas, me respondieron que el procedimiento estaba establecido en el acuerdo de cooperación judicial[12] entre Estocolmo y Quito. Firmado meses antes, precisamente para proporcionar un marco regulador claro, era aplicable a cualquier individuo sometido a interrogatorio. «Es un acuerdo general, no hecho a medida para el Sr. Assange», me aclaró el Ministerio de Justicia sueco[13]. De ahí que, pese a las insinuaciones de algunos medios de comunicación, el fundador de WikiLeaks no recibiera un trato especial. Muy al contrario, el fiscal ecuatoriano impidió la presencia de Per Samuelsson[14], que junto con su colega Thomas Olsson representaba a Julian Assange en Suecia. A Samuelsson no se le permitió entrar en la embajada.

Después de todo lo que trabajó en la causa, Samuelsson no pudo asesorar a su cliente durante la fase más crucial: el interrogatorio, que llevaba seis años pendiente. «Es un grave incumplimiento de los derechos que le otorgan las leyes suecas a Assange en su calidad de sospechoso», me dijo Samuelsson. «Es una decisión tomada por el fiscal ecuatoriano. No sé por qué. Assange se sintió obligado a declarar, de lo contrario le echarían la culpa a él».

Recalcando que durante seis años había manifestado su disposición a someterse al interrogatorio, e invocando repetidamente la opinión del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, Assange respondió a las cincuenta y siete preguntas que le hizo el fiscal ecuatoriano y leyó una declaración[15] en la que recordaba las relaciones sexuales mantenidas con Sofia W. que habían dado lugar a la investigación preliminar por violación, las que tuvieron lugar la noche del 16 al 17 de agosto de 2010, cuando no habían transcurrido siquiera cuatro semanas desde la publicación de los Diarios de la Guerra de Afganistán.

El documento dice lo siguiente[16]: «Esa noche, y de nuevo por la mañana, mantuvimos relaciones sexuales consentidas en cuatro o cinco ocasiones: por sus palabras, sus expresiones y sus reacciones físicas me pareció obvio que promovía nuestras interacciones y disfrutaba de ellas». Y continuaba: «Por la mañana salió a buscar el desayuno para los dos. Tras desayunar juntos, salí de su casa en buenos términos. En ningún momento mientras estuve con ella me expresó que le hubiera faltado al respeto de modo alguno o actuado de manera contraria a sus deseos, aparte de quejarse de que no estuviera suficientemente interesado por ella. Incluso me llevó a la estación de tren en su bicicleta, y nos dimos un beso de despedida».

Assange contó que, tras dejarla esa mañana, habían hablado por teléfono al día siguiente, o tal vez dos días después. «Mantuvo conmigo una charla amistosa». Volvieron a hablar el 20 de agosto: Sofia W. le dijo que estaba en el hospital y le pidió que se hiciera una prueba de enfermedades de transmisión sexual. Assange recordaba su respuesta como sigue: «Pero estaba muy ocupado con las amenazas políticas y judiciales que me llegaban del Pentágono, que habían aumentado fuertemente, y le dije que no podía hacérmela hasta el día siguiente. Me contestó que la policía podía obligarme a hacerme pruebas de ets [enfermedades de transmisión sexual] si no acudía al hospital. Le dije que me parecía extraño y amenazante. Ella afirmó que en Suecia era normal acudir a la policía por todo tipo de problemas, y que no tenía mayor importancia».

De acuerdo con Assange, él estaba dispuesto a hacerse la prueba: «Le dije que no tenía problema en hacerme la prueba, para que se quedara tranquila, pero que no podría ser hasta el día siguiente, sábado. Aceptó mi sugerencia de encontrarnos al día siguiente a mediodía en un parque cercano, y me dijo que estaba bien y parecía cómoda. Puede imaginarse mi incredulidad cuando al día siguiente me desperté y vi en las noticias que me habían detenido en ausencia por “violación”, y que la policía andaba en mi “caza” por todo Estocolmo».

El 20 de agosto de 2010, Sofia W. acudió con Anna A. a la policía. De acuerdo con los hechos aceptados por la fiscalía y la defensa con ocasión de la apelación al Tribunal Supremo de Reino Unido en 2012[17], «SW quería que al Apelante [Julian Assange] se le hiciera una prueba de enfermedades. El 20 de agosto de 2010, SW acudió a la policía a solicitar asesoramiento. AA (Anna A.) la acompañaba para apoyarla. La policía trató la visita de ambas como una presentación de denuncias formales por violación a SW y abuso a AA». La entrevista hecha por la policía a Sofia W. el 20 de agosto no quedó registrada, solo resumida por la agente entrevistadora, Irmeli Krans, que observó que, tras ser informada de que Assange había sido detenido in absentia, «Sofia tenía dificultades para concentrarse, y por eso me pareció mejor poner fin a la entrevista». Sofia W. salió de la comisaría sin siquiera confirmar o firmar el informe.

En el interrogatorio que se le efectuó en noviembre de 2016, el fundador de WikiLeaks citó algunos de los mensajes enviados por las dos mujeres esos días. Eran mensajes de SMS que el abogado defensor de Assange no había podido copiar ni transcribir: solo leerlos y memorizarlos. Como el enviado el día en el que Sofia W. y Anna A. acudieron a la comisaría: «El 20 de agosto [SW] escribió[18] que “no quería presentar cargos [sic] contra Julian Assange, pero que la policía tenía ganas de ponerle las manos encima (14:26); y que se quedó en shock cuando lo detuvieron, porque ella solo quería que él se hiciera una prueba (17:06)”». Y al día siguiente Sofia fue a la policía: «El 21 de agosto [sw] escribió que “no quería acusar a Julian Assange de nada”, (07:27); y que fue la “policía la que se inventó las sospechas” (22:25)».

Toda la causa por violación menor se basaba en una alegación: «Assange, intencionadamente, mantuvo relaciones sexuales con ella abusando del hecho de que estaba dormida, y por lo tanto en un estado indefenso». Durante el interrogatorio, Assange declaró que no era cierto: «[SW] no estaba dormida, y desde luego que expresó su consentimiento [sic] de mantener relaciones sin protección antes de que comenzase el acto. Esto lo demuestran también los propios mensajes [de SW]», como el que le envió al día siguiente, en el que escribía que estaba «medio dormida»[19].

Seis meses después del interrogatorio en la embajada, el 19 de mayo de 2017, Marianne Ny cerró la investigación por violación, publicando esta declaración[20]: «De acuerdo con la legislación sueca, una investigación penal debe llevarse a cabo con la mayor celeridad posible. En el momento en el que un fiscal ha agotado todas las posibilidades de continuar la investigación, está obligado a cerrarla. En este punto, todas las posibilidades de efectuar la investigación están agotadas. Para avanzar en el caso, habría que notificar formalmente a Julian Assange las sospechas penales contra él. No podemos esperar recibir ayuda de Ecuador a este respecto. En consecuencia, se cierra la investigación».

Tras casi siete años, la causa sueca había concluido sin justicia para nadie: ni para las dos mujeres, ni para Assange, ni para la ciudadanía, en especial los ciudadanos británicos y suecos, cuyos gobiernos habían gastado una cantidad sustancial de recursos manteniendo esta causa. Y cargando toda la culpa en Assange y Ecuador, con la salud de Assange debilitada, su reputación profundamente dañada, y una opinión del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria completamente desoída por parte de dos democracias, la de Reino Unido y la de Suecia.

El estatuto de limitaciones para la alegación de violación menor expiraría en agosto de 2020, de modo que hasta entonces la investigación podía reabrirse. Y dos años después, eso es exactamente lo que harían las autoridades suecas.

[1] Que el expediente completo del caso contenía «material exculpatorio extremadamente importante» es algo que observó ya Björn Hurtig, el abogado sueco de Assange por aquel entonces, en una carta enviada el 14 de diciembre de 2010 al entonces abogado británico de Assange, Mark Stephens, como he explicado en el capítulo XI. Hurtig no aclaraba a qué tipo de material se refería, pero escribió que le habían «permitido inspeccionar los mensajes de SMS/texto de los teléfonos móviles de las denunciantes, pero no hacerles copias ni tomar notas al respecto».

[2] «The Working Group on Arbitrary Detention deems the deprivation of Liberty of Mr. Julian Assange as arbitrary», Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 5 de febrero de 2016, disponible en [www.ohchr.org/en/statements/2016/02/working-group-arbitrary-detention-deems-deprivation-liberty-mr-julian-assange], consultado el 22 de abril de 2022. La opinión Núm. 54/2015 que el Grupo de Trabajo emitió sobre Assange está disponible en el cuerpo de la nota de prensa.

[3] Esta información me la confirmó Katarina Fabian, directora adjunta del departamento de Derecho Internacional, Derechos Humanos y Derecho de los Tratados, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, Gobierno de Suecia. Mensaje electrónico a la autora, 5 de febrero de 2016.

[4] Matthew Weaver, «Julian Assange hails “sweet victory” of un report–as it happened», The Guardian, 5 de febrero de 2016.

[5] Stefania Maurizi, «Pressioni politiche sulle Nazioni Unite per la decisione su Julian Assange», L’Espresso, 9 de febrero de 2016.

[6] Redacción de Reuters, «Britain could use sanctions to pressure Maldives government», Reuters, 27 de enero de 2016.

[7] Jared Genser, The Working Group on Arbitrary Detention: Commentary and guide to practice, Cambridge, Cambridge University Press, 2020.

[8] Christophe Peschoux, comunicación a la autora, 9 de mayo de 2021.

[9] El comunicado de prensa, que incluye una «Nota a los directores» está disponible en [www.ohchr.org/en/press-releases/2016/02/julian-assange-arbitrarily-detained-sweden-and-uk-un-expert-panel-finds], consultado el 24 de abril de 2022.

[10] Owen Bowcott, «Britain “set dangerous precedent” by defying un report on Assange», The Guardian, 24 de febrero de 2016.

[11] Stefgania Maurizi, «Pressioni politiche sulle Nazioni Unite per la decisione su Julian Assange», L’Espresso, 9 de febrero de 2016.

[12] El acuerdo bilateral de cooperación judicial entre Suecia y Ecuador se puede consultar en [www.regeringen.se/sveriges-regering/justitiedepartementet/internationellt-rattsligt-samarbete/rattslig/hjalp/i/brottmal/], consultado el 24 de abril de 2022.

[13] Que el acuerdo bilateral no estaba «hecho a medida» para Assange me lo confirmó la oficina de prensa del Ministerio de Justicia sueco. Mensaje electrónico enviado a la autora el 10 de mayo de 2019.

[14] Per Samuelsson, mensaje electrónico enviado a la autora el 14 de noviembre de 2016.

[15] Obtuve una copia de las 57 preguntas, las respuestas y la declaración de Julian Assange gracias a la litigación amparada en el DAIP que mantengo contra la Fiscalía General sueca.

[16] Estas citas proceden del cuestionario presentado a Julian Assange y de la declaración de este, con fecha 14 de noviembre de 2016.

[17] «Agreed statement of facts and issues» [«Exposición acordada de hechos y cuestiones»], disponible en [www.scribd.com/documents/80912442/Agreed-Facts-Assange-Case], consultado el 24 de marzo de 2022.

[18] En la declaración prestada por Assange, que obtuve gracias a la litigación amparada en el DAIP, el nombre de Sofia está tachado. Uso «sw» cuando hago referencia al contenido de sus SMS por razones de claridad.

[19] Esta cita, como las anteriores de Assange, proceden del interrogatorio a Assange y su declaración, que tuvieron lugar el 14 de noviembre de 2016.

[20] La declaración de Marianne Ny está disponible en [www.aklagare.se/en/media/press-releases/2017/may/1/january/the-investigation-against-julian-assange-is-discontinued2/], consultado el 25 de abril de 2022.

XIII

¿Una conexión rusa?

Tontos útiles

No salió de la embajada de Ecuador. Aunque la investigación sueca estaba parada y la orden europea de detención emitida por Marianne Ny ya no pendía sobre su cabeza, Julian Assange no puso un pie fuera del edificio de ladrillo rojo situado en el elegante distrito de Knightsbridge.

Siempre afirmaba que se había refugiado allí por miedo a ser detenido, extraditado a Estados Unidos y condenado por publicar los documentos clasificados sobre las guerras de Iraq y Afganistán, los cables diplomáticos y los expedientes de los presos encarcelados en Guantánamo: los setecientos mil archivos que le habían supuesto a Chelsea Manning una sentencia a treinta y cinco años de cárcel. El Ecuador de Rafael Correa había considerado bien fundadas las preocupaciones de Assange por su vida y su libertad, hasta el punto de concederle asilo diplomático, pero pocos más le creían. Todos lo trataban como a un fugitivo que intentaba escapar de la justicia sueca.

El fundador de WikiLeaks permaneció en la embajada ecuatoriana porque el riesgo de detención continuaba, pese a que los suecos hubiesen retirado la orden. Para entrar en el edificio y solicitar asilo había incumplido las condiciones de la libertad condicional, que lo obligaban a permanecer bajo arresto domiciliario con un dispositivo electrónico y, por supuesto, entregarse a Scotland Yard para ser extraditado cuando perdió la apelación ante el Tribunal Supremo. Había incumplido esas condiciones para ejercer un derecho legítimo reconocido por las leyes internacionales, a saber, el derecho a solicitar asilo, pero ni Reino Unido ni Suecia mostraron nunca respeto por la decisión tomada por otra nación soberana, Ecuador, de concederle asilo. A ojos de esos dos gobiernos, Julian Assange siempre había sido un fugitivo. En consecuencia, si se atrevía a cruzar el umbral de la embajada para salir, Scotland Yard lo detendría por haber incumplido la libertad condicional.

La sanción habría sido relativamente leve; como máximo, cincuenta y dos semanas de cárcel. Pero una vez en manos de las autoridades británicas, correría de nuevo el riesgo de ser extraditado a Estados Unidos, bien directamente por Reino Unido, o, de nuevo, indirectamente por Suecia. Aunque la investigación por violación estaba cerrada, la fiscal Ny siempre podía abrirla por tercera vez, puesto que el estatuto de limitaciones por estas alegaciones no expiraría hasta agosto de 2020. Las autoridades británicas habían tratado con absoluto desdén la opinión emitida por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria –que Julian Assange debía ser liberado y recibir compensación–, sin prestarle la menor consideración. Y aparentemente, para los medios de comunicación internacionales y británicos esta actitud no constituía ningún problema. Desde la BBC hasta The New York Times, desde The Guardian hasta The Washington Post, nadie abordó el tema del trato dado por las autoridades británicas al fundador de WikiLeaks. Ya fuera por la alegación de violación o por la alegación de que había puesto vidas en peligro, siempre había una buena razón para pasar por alto la situación de Assange. Y en mayo de 2017, cuando se cerró la investigación sueca, había otra razón, esta de proporciones colosales.

Entre julio y octubre de 2016, en el fragor de la campaña presidencial estadounidense en la que Hillary Clinton se presentó como candidata demócrata y Donald Trump como candidato republicano, WikiLeaks publicó los mensajes internos del Comité Nacional Demócrata (CND) –el organismo que dirige el Partido Demócrata de Estados Unidos– y los de John Podesta, presidente de la campaña presidencial de Clinton.

Assange y su organización fueron acusados en último término de ayudar al candidato republicano a ganar, en connivencia con los hombres que trabajaban por la elección de Trump y con el Gobierno ruso. Se desató el infierno. ¿Pero era eso cierto?

Yo había contemplado el inicio de la campaña de demonización en 2012, cuando The Guardian acusó a Julian Assange de ser el tonto útil del Kremlin[1]. ¿Su delito? Presentar el programa El mundo de mañana –una serie de entrevistas con diversos individuos, desde figuras importantes de la política internacional hasta presos de Guantánamo, desde activistas a expertos en cifrado– que se emitía también por la cadena de televisión Russia Today, más tarde conocida como «RT». La crítica del periódico británico era incisiva: «El Mundo de Mañana confirma que no es un revolucionario intrépido. Es, por el contrario, un tonto útil».

Era una reacción exagerada. El mundo de mañana no era una alianza entre WikiLeaks y RT; era una producción independiente. Como mi propio grupo de comunicación[2], RT adquirió la licencia para emitirlo; compró los derechos televisivos y programó todos los episodios de la serie. Periodistas de otras cadenas de televisión europeas habían considerado también adquirir los derechos.

La crítica del Guardian era también exagerada, teniendo en cuenta que solo un año y medio antes WikiLeaks había revelado cables en los que la diplomacia estadounidense pintaba a Rusia como «un estado mafioso», archivos que el diario londinense había publicado con gran fanfarria, y que solo había obtenido gracias a WikiLeaks y su fuente, Chelsea Manning. Cuando The Guardian publicó el artículo sobre El día de mañana en el que llamaba tonto útil a Assange, nada de lo publicado hasta entonces por WikiLeaks podía relacionarse, ni siquiera remotamente, con Rusia.

De hecho, WikiLeaks había publicado hasta ese momento lo siguiente: los setecientos mil archivos de Manning; después los Spy Files, una serie de folletos de empresa sobre la industria de la vigilancia, que no eran archivos clasificados del Gobierno estadounidense sino el tipo de documentos que solo le interesan a la galaxia de individuos y organizaciones que defienden la privacidad; y, por último, los mensajes electrónicos de Stratfor.

No dispongo de información interna sobre cómo obtuvo WikiLeaks los mensajes electrónicos de Stratfor. De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los jaqueó una rama de activistas de Anonymous infiltrada por un agente provocador del FBI que actuaba con el seudónimo de «Sabu». El año siguiente a la publicación del artículo de The Guardian, el activista político y pacifista estadounidense Jeremy Hammond, acusado del jaqueo, fue sentenciado a diez años de cárcel[3], pese a no haber obtenido beneficio alguno de los archivos, ya fuera lucro económico o de otro tipo, y a pesar de que los archivos de Stratfor revelaban información de innegable interés público. Hammond se había inspirado en Chelsea Manning.

El ataque mordaz del Guardian desató una campaña de demonización a escala total. En 2013, cuando WikiLeaks ayudó a Snowden a pedir asilo, las acusaciones se intensificaron. ¿Pero convirtió a WikiLeaks realmente en una herramienta del Kremlin el hecho de ayudar a Snowden, a quien el propio Gobierno estadounidense había dejado atrapado en la Rusia de Putin, tras cancelarle el pasaporte? Todos los periódicos importantes que tenían los archivos de Snowden en sus manos, sobre todo The Guardian, podían haber buscado una forma de salvar a una de las mayores fuentes periodísticas de todos los tiempos, gracias a la cual el diario londinense ganó su primer Premio Pulitzer. Y sin embargo, tras conseguir la primicia, lo abandonaron a su suerte. The Washington Post, tras ganar el Pulitzer junto con The Guardian por las revelaciones basadas en los archivos proporcionados por Snowden, llegó a publicar un editorial[4] en el que se oponía al indulto presidencial, exigiendo un castigo para su propia fuente[5].

En su intento de ayudar a Snowden, la organización de Julian Assange pidió asilo para él en numerosos países europeos, pero fue en vano. Es una verdad embarazosa, pero pese a toda su glorificación de la libertad de prensa, Europa abandonó por completo a una de las fuentes más importantes de la historia. Y para comprender el riesgo que había corrido Snowden, solo necesitamos recordar las palabras pronunciadas por James Wollsey, exdirector de la CIA, en 2015: atribuyéndole mezquinamente parte de la responsabilidad por los atentados terroristas perpetrados en Francia en noviembre de 2015, Woolsey dijo de Snowden[6] lo siguiente: «Lo condenaría a pena de muerte, y preferiría verlo colgar del cuello hasta la muerte, no meramente electrocutado».

Es cierto que a menudo Julian Assange y WikiLeaks concedieron entrevistas en la cadena de televisión RT, pero trabajaban mucho más con los medios de comunicación occidentales, y, en todos los años en los que colaboré con ellos en nombre de mi periódico, nunca vi una situación en la que obtuvieran archivos sobre Rusia y no los publicasen. De hecho, observé que a los medios del Kremlin no se les permitía trabajar con WikiLeaks como medios colaboradores. Hasta donde yo sé, solo colaboraron con WikiLeaks en una publicación, la de los «Spy Files»[7] –los folletos de empresa de la industria de la vigilancia– en 2013, pero en ningún caso en la de archivos clasificados, incluidos los archivos de la administración pública estadounidense.

Las acusaciones repetidas de ser tontos útiles del Kremlin alcanzaron su cima en las elecciones presidenciales celebradas en Estados Unidos en 2016.

La información manda

Julian Assange anunció públicamente[8] que WikiLeaks publicaría archivos sobre Hillary Clinton el 12 de junio de 2016. Dos días después, The Washington Post reveló[9] por primera vez que expertos en it contratados por los demócratas habían determinado que ciberdelincuentes rusos habían penetrado en las redes del partido[10].

Aparte de esta vaga información difundida por los medios de comunicación, no existían en ese momento pruebas de que se hubiera producido un ciberataque. Cuatro días después de que WikiLeaks publicase los mensajes electrónicos del Comité Nacional Demócrata, The New York Times informaba de lo siguiente[11]: «Los organismos de inteligencia estadounidenses han dicho a la Casa Blanca que tienen “la firme convicción” de que el Gobierno ruso estaba detrás del robo de mensajes electrónicos y documentos al Comité Nacional Demócrata», y añadía: «Pero los funcionarios de inteligencia han advertido de que no están seguros de si el ataque electrónico a los sistemas informáticos del comité se efectuó como un acto ordinario de ciberespionaje –del tipo que Estados Unidos efectúa también en todo el mundo– o como parte de un intento de manipular las elecciones presidenciales de 2016».

Así de incierta era la situación en julio de 2016, cuando WikiLeaks publicó el primer conjunto de archivos del Partido Demócrata estadounidense. Fue el 6 de octubre, el día antes de que la organización revelase los del presidente de la campaña electoral de Clinton, John Podesta, cuando James Clapper, director de Inteligencia Nacional, la cabeza de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, publicó una declaración oficial[12] en la que acusaba a Moscú de interferir en el proceso electoral estadounidense.

Pero si las afirmaciones de Clapper se hubieran publicado incluso antes, alertando con prontitud a la ciudadanía de un supuesto intento ruso de interferir en las elecciones estadounidenses, ¿habría estado justificado que WikiLeaks dejase de publicar esos mensajes, y que los medios de comunicación no informasen sobre ellos?

Todos recordábamos cuando, en 2014, The Washington Post –un periódico ciertamente no hostil a los organismos de inteligencia estadounidenses– publicó un artículo[13] en el que pedía al presidente Obama el cese del entonces director de la CIA, John Brennan, por mentir. Brennan había negado que su agencia hubiera entrado en los ordenadores del comité del Senado encargado de investigar las torturas cometidas por la CIA. Pero sí lo había hecho. Más tarde Brennan se disculpó, pero no era la primera vez que no contaba la verdad. Había afirmado también en el pasado que los ataques con drones no habían causado bajas civiles. Otra falsedad. Y The Washington Post observó que Brennan no era el único director de inteligencia que había mentido: James Clapper «había mentido[14] bajo juramento ante el Congreso» al declarar que la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) no recopilaba metadatos telefónicos de los ciudadanos estadounidenses, tras lo cual, gracias a Edward Snowden, supimos que claramente sí los había recogido.

Con independencia de que la inteligencia estadounidense dijera o no la verdad al afirmar que los mensajes electrónicos del Partido Demócrata habían sido jaqueados por los rusos, los periodistas tienen el deber de publicar todo aquello que sea cierto y de interés público, sin importar la fuente de la que proceda. Y eso es lo que hizo WikiLeaks. De hecho, una vez publicados por WikiLeaks, docenas de organizaciones periodísticas estadounidenses e internacionales se refirieron a los documentos, The New York Times el primero.

El 22 de julio de 2016, la organización reveló miles de mensajes electrónicos internos del Comité Nacional Demócrata. Faltaban solo tres días para la convención demócrata que nombraría a Hillary Clinton candidata a la presidencia y marcaría la derrota de Bernie Sanders. Los mensajes ponían de manifiesto[15] que, en lugar de mantener la neutralidad en las primarias como supuestamente debía hacer, el comité boicoteó al candidato de izquierda, Sanders, y favoreció a Clinton, una demócrata situada mucho más a la derecha. Que la dirección del partido hubiera favorecido a una candidata que mantenía considerables vínculos con Wall Street y gozaba del apoyo de Silicon Valley y del complejo industrial militar, frente a un candidato que atraía a los segmentos más vulnerables de la población, confirmó las sospechas de los partidarios de Sanders. Las revelaciones provocaron una tormenta política. Reproducidas por medios estadounidenses e internacionales, condujeron finalmente a la dimisión de la presidenta del Comité Nacional Demócrata, Debbie Wasserman Schultz[16].

Los archivos se habían publicado sin medios colaboradores, y los periodistas de WikiLeaks fueron objeto de críticas por publicar de golpe miles de documentos en internet. Con los mensajes de John Podesta querían actuar de otro modo. Me dijeron que esta vez publicarían los materiales por partes, para permitir un análisis más profundo, y que lo harían en alianza con los medios colaboradores interesados. Yo decidí que trabajaría en ellos: las elecciones de Estados Unidos siempre han tenido repercusiones en todos los países del mundo, Italia incluida. Estaba sola, sin embargo; los otros medios colaboradores guardaron distancia. Me mantuve en contacto con la organización casi a diario, y observé sus intentos de obtener también archivos sobre Donald Trump. Recuerdo que los periodistas de WikiLeaks pidieron a los medios colaboradores que les ayudasen a analizar cuatro archivos sobre los asuntos empresariales del candidato republicano. Por desgracia, descubrimos que el material ya era público.

El 6 de octubre, los periodistas de WikiLeaks me informaron de que publicarían la primera parte de los mensajes electrónicos de Podesta al día siguiente. La elección de fechas no me sorprendió: el segundo debate presidencial entre Trump y Clinton se celebraría el 9 de octubre. En mis muchos años de colaboración con ellos, había visto que WikiLeaks escogía sus fechas de publicación estratégicamente, para asegurarse de que las revelaciones tuvieran un impacto máximo. Quedamos en volver a hablar al día siguiente. Yo sabía que publicarían a última hora de la mañana o a primera de la tarde: los mensajes electrónicos de Podesta iban dirigidos a la opinión pública estadounidense en especial, de modo que no tenía mucho sentido sacarlos mientras América dormía.

Los publicaron[17] poco después de que The Washington Post revelara un fragmento de Access Hollywood, un programa televisivo de 2005 en el que Donald Trump hacía comentarios extremadamente vulgares sobre las mujeres.

A WikiLeaks la crucificaron. Acusaron a sus periodistas de coordinar cuidadosamente la publicación de los mensajes electrónicos con los organizadores de la campaña electoral de Trump con el fin de desviar el efecto negativo del video, y ayudar así al candidato republicano. La decisión de publicar los mensajes por partes también fue objeto de ataques. En el caso de los mensajes del Comité Nacional Demócrata, habían hecho mal en publicarlos juntos. Ahora, con los mensajes de Podesta, habían hecho mal en publicarlos por trozos. Se interpretó como una estrategia malévola: desgastar a Hillary Clinton mediante un goteo constante de revelaciones en las cuatro semanas que faltaban para las elecciones. Para entonces, la furia contra Julian Assange y su organización era tan feroz que hicieran lo que hicieran se recibiría con suspicacia. El ambiente estaba tan cargado que, por primera vez, el Ecuador de Rafael Correa llegó a cortar el acceso de Assange a internet: su único medio para mantenerse en contacto con el mundo, confinado como estaba entre las cuatro paredes de la embajada.

No pretendo hacer creer que conozco la verdad de lo que ocurrió realmente; solo puedo informar de los hechos tal y como yo los experimenté. La decisión de publicar los primeros mensajes electrónicos de Podesta no se tomó en el último segundo; se tomó un día antes, cuando me informaron de ella. Por desgracia, por lo que sé, ningún otro medio colaborador de WikiLeaks puede confirmar mi testimonio, porque no había ningún otro colaborador presente. Y sin embargo, los mensajes eran de interés público, y aquellos en los que había trabajado y que pude verificar eran incuestionablemente auténticos[18]. Mostraban una dirección del Partido Demócrata elitista, que se movía sin esfuerzo entre los banqueros de Wall Street y los señores de Silicon Valley, a años luz de la clase media estadounidense a la que la crisis económica había puesto de rodillas[19]. También registraban sus relaciones y contactos con los partidos centristas de otros países, como Italia.

Entre los archivos importantes se incluían los discursos pronunciados a puerta cerrada por Hillary Clinton ante los gigantes financieros. Durante las primarias, Bernie Sanders la había criticado con dureza por esas conferencias, y la había instado a revelar su contenido. The New York Times también le había pedido que hiciera públicos esos «discursos bien pagados a los grandes bancos, a los que muchos estadounidenses de clase media siguen culpando de sus males económicos»[20]. Pero Hillary Clinton había eludido dicha transparencia durante su campaña electoral, y cuando WikiLeaks publicó los discursos[21] e importantes medios de comunicación estadounidenses informaron sobre ellos, quedó claro por qué. Contenían declaraciones como[22]: «Estoy muy alejada» de las luchas de la clase media, «por la vida que he llevado y la posición económica de la que, como ustedes saben, mi marido y yo disfrutamos en este momento». De acuerdo con The New York Times[23]: «Desde que Bill Clinton salió de la Casa Blanca, en 2001, los Clinton han ganado más de 120 millones de dólares en discursos pronunciados ante Wall Street y ante intereses especiales».

¿No tenían los ciudadanos estadounidenses tanto derecho a saber qué les había dicho Clinton a puerta cerrada a los gigantes financieros como a conocer el contenido de las declaraciones de la renta de Trump?

Hillary Clinton fue derrotada en las elecciones celebradas en noviembre de 2016. A Julian Assange y a su organización los pusieron en la picota, acusándolos de contribuir a la elección de Trump. Los atacaron especialmente cuando Trump declaró «Adoro WikiLeaks» en el transcurso de la campaña presidencial, y después de que salieran a la luz conversaciones por Twitter entre WikiLeaks, Donald Trump Jr., uno de los hijos del presidente, y Roger Stone, un controvertido cabildero y estratega cercano desde hacía tiempo a Trump. Aunque las conversaciones tuvieron lugar cuando WikiLeaks ya había publicado todos los mensajes electrónicos demócratas correspondientes a julio de 2016, al informar sobre dichas conversaciones los medios de comunicación insinuaron que existía connivencia entre la organización de Assange y los organizadores de la campaña presidencial de Trump, con el objetivo de perjudicar a Clinton.

En mayo de 2017, el Departamento de Justicia de Estados Unidos nombró a Robert S. Mueller fiscal especial encargado de investigar el «Rusiagate», las supuestas operaciones rusas dirigidas a influir en las elecciones presidenciales de 2016. Tras más de dos años de investigaciones, en abril de 2019 se publicó el «Informe Mueller», que resumía los resultados de la investigación. El informe concluía que Rusia había interferido en las elecciones, jaqueando los mensajes electrónicos del Partido Demócrata, pero el fiscal no encontró pruebas de conspiración ni cooperación entre Rusia y los encargados de la campaña electoral de Trump, el elemento central de la teoría del Rusiagate.

De acuerdo con el informe, el servicio de inteligencia militar ruso, oculto tras dos identidades digitales falsas, «DCLeaks» y «Guccifer 2.0», se había puesto en contacto con WikiLeaks a través de mensajes directos de Twitter para ofrecerle los archivos, y después los había enviado mediante mensajes electrónicos pgp cifrados. El informe no acusaba a la organización de Assange de saber que detrás de ambas identidades estaba Rusia, sin embargo, ni explicaba una incongruencia palpable: ¿cómo podía el fundador de WikiLeaks haber anunciado a todo el mundo el 12 de junio de 2016 que iban a publicar los mensajes si, de acuerdo con las investigaciones de Mueller, el primer contacto con DCLeaks se había producido el 14 de junio; y con Guccifer 2.0, el 22 de junio? El documento tampoco aclaraba por qué, en casi dos años de investigaciones, y con un equipo de diecinueve abogados asistidos por al menos cuarenta agentes del FBI, analistas de inteligencia y expertos en ti, el fiscal especial no había interrogado a Assange ni a WikiLeaks. La publicación de los mensajes electrónicos del Partido Demócrata se consideraba el incidente principal del Rusiagate. Mueller entrevistó a quinientas personas. ¿Por qué no interrogó a los periodistas que habían publicado de hecho los archivos?

Hasta hoy, con independencia de la opinión que se tenga de la investigación y el informe definitivo del fiscal Mueller, sigue habiendo muchos puntos sin aclarar, y contradicciones inexplicables. Y el informe tampoco parece ofrecer certeza respecto a quién envió los mensajes y cómo se enviaron exactamente.

Pese a esto, el informe sí dejó claro que Mueller había considerado imputar a WikiLeaks, Assange o incluso Stone por conspiración delictiva para jaquear los mensajes, pero decidió no hacerlo porque «Esta oficina ha determinado que las pruebas admisibles son insuficientes»[24] para demostrar que hubiesen participado activamente en el robo, o incluso que fueran conscientes de él. Asimismo, la publicación de los archivos podía gozar de protección constitucional en virtud de la Primera Enmienda. Mueller escribió al respecto que[25]: «De acuerdo con lo establecido por el Tribunal Supremo en la sentencia sobre el caso Bartnicki vs. Vopper, 532 U.S. 514 (2001), la Primera Enmienda protege la publicación de comunicaciones de partidos ilegalmente interceptadas que constituyan materia de interés público, aunque las partes que las publican conocieran o tuvieran razones para conocer el origen ilegal de las interceptaciones». Por último, el informe concluía que[26]: «Tampoco hay pruebas suficientes en la actualidad para establecer más allá de toda duda razonable que Roger Stone o cualquier otra persona asociada con la campaña presidencial se coordinase con WikiLeaks para publicar los mensajes electrónicos».

En el momento en el que escribo este libro, estas conclusiones del fiscal especial Robert S. Mueller siguen siendo ciertas: WikiLeaks y Julian Assange no han sido imputados por publicar los mensajes electrónicos del Partido Demócrata, y la investigación no ha detectado connivencia alguna entre miembros del comité de campaña de Donald Trump y la organización de Assange.

No afirmo saber la verdad sobre el caso, y desconozco la fuente de los mensajes. Si realmente procedían de Guccifer 2.0, WikiLeaks no ha sido el único medio que ha publicado documentos procedentes de esa cuenta. El influyente periódico digital estadounidense The Hill también recibió archivos de Guccifer 2.0, como el propio periódico reveló a sus lectores[27]. Personalmente, no me gustaron los mensajes directos intercambiados por la organización con Donald Trump Jr. y con Roger Stone, pero defiendo la publicación de los archivos del Comité Nacional Demócrata y de Podesta, que todavía sigo consultando hoy en día por las interesantes perlas que contienen.

Un mes después de que Trump ganara las elecciones, la BBC entrevistó[28] a Dean Baquet, director de The New York Times, que publicó una serie de artículos basados en los mensajes de Podesta y del Comité Nacional Demócrata revelados por WikiLeaks. Baquet afirmó que «la idea de que hubiera podido hacer la voluntad de Vladimir Putin me impide dormir a veces», pero añadía: «Pero menos habría podido dormir, o al menos habría tardado más en hacerlo, si me guardase información fiable, que los votantes y los ciudadanos necesitasen saber, aunque estuviese proporcionada por un corrupto. Eso me haría sentir verdaderamente incómodo… ¿Perderé el sueño por haberme dejado manipular? Sí. Pero lo perdería mucho más si metiera ese material en una caja fuerte».

La BBC resumía la idea del director de The New York Times como sigue: «En opinión de Baquet, la información es la que manda, no importa cómo se haya obtenido». Y sin embargo, la campaña de demonización desencadenada contra WikiLeaks por haber publicado los mensajes electrónicos del Partido Demócrata no es más que una muestra de lo que le esperaba a la organización en los dos años posteriores.

[1] Luke Harding, «The World Tomorrow: Julian Assange proves a useful idiot», The Guardian, 17 de abril de 2012.

[2] Mi grupo mediático compró la licencia a Journeyman Pictures, una distribuidora cinematográfica británica. El grupo mediático para el que yo trabajaba entonces era el italiano L’Espresso Group, con 1.950 empleados, periódicos nacionales y locales, revistas, radio, internet y televisión digital. Era propietario de dos de los medios de comunicación más importantes de Italia: el semanario L’Espresso y el diario la Repubblica.

[3] Ed Pilkington, «Lawyers in Stratfor leak case present letters of support ahead of sentencing», The Guardian, 4 de noviembre de 2013. Como informaba este artículo del Guardian, yo me encontraba entre los periodistas, abogados y activistas que pidieron al juez clemencia para Jeremy Hammong, en la medida en que las revelaciones de los archivos de Stratfor eran definitivamente de interés público y Hammond no se había beneficiado económicamente con ellas.

[4] Consejo Editorial, «No pardon for Snowden», The Washington Post, 17 de septiembre de 2016.

[5] Glenn Greenwald, «WashPost makes history: first paper to call for prosecution of its own source (after accepting Pulitzer)», The Intercept, 18 de septiembre de 2016.

[6] Bradford Richardson, «Ex-CIA director: Snowden should be “hanged” for Paris», The Hill, 19 de noviembre de 2022.

[7] Los Spy Files están disponibles en [https://wikileaks.org/spyfiles/], consultado el 29 de abril de 2016.

[8] Mark Tran, «WikiLeaks to publish more Hillary Clinton emails–Julian Assange», The Guardian, 12 de junio de 2016.

[9] Ellen Nakashima, «Russian government hackers penetrated dnc, stole opposition research on Trump», The Washington Post, 14 de junio de 2016.

[10] Si bien las noticias convencionales usan la expresión «jáqueres rusos», yo prefiero «ciberdelincuentes del Gobierno ruso», para indicar la diferencia entre «jáqueres» como Julian Assange en la adolescencia, que jaqueó las redes de Nortel por «curiosidad intelectual», como estableció la jueza, o el Chaos Computer Club, es decir, individuos apasionados por la tecnología e interesados por su funcionamiento y cómo impacta en la sociedad, por una parte, y los «ciberdelincuentes del Gobierno ruso» que penetran en las redes para efectuar actividades de espionaje y así obtener un beneficio económico o político.

[11] David E. Sanger y Eric Schmitt, «Spy agency consensus grows that Russia hacked dnc», The New York Times, 26 de junio de 2016.

[12] David E. Sanger y Charlie Savage, «us says Russia directed hacks to influence elections», The New York Times, 7 de octubre de 2016.

[13] James Downie, «Obama should fire John Brennan», The Washington Post, 31 de julio de 2014.

[14] El asesor general de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional negaría más tarde que James Clapper hubiera mentido, y, aunque reconoció que su testimonio «era impreciso», dijo que «no podía corregírsele en público, porque el programa aludido estaba clasificado». Martin Pengelly, «Clapper did not lie to Congress on NSA, says national intelligence counsel», The Guardian, 4 de enero de 2014.

[15] Los mensajes electrónicos del Comité Nacional Demócrata están disponibles en [https://wikileaks.org//dnc-emails/], consultado el 1 de mayo de 2022.

[16] Jonathan Martin y Alan Rappeport, «Debbie Wasserman Schultz to resign D.N.C. post», The New York Times, 24 de julio de 2016.

[17] Los mensajes electrónicos de Podesta están disponibles en [https://wikileaks.org/podesta-emails/], consultado el 1 de mayo de 2022.

[18] Stefania Maurizi, «WikiLeaks, per Hillary conta più papa Francesco che Renzi», la Repubblica, 8 de noviembre de 2016.

[19] Thomas Frank, «Forget the FBI cache; the Podesta emails show how America is run», The Guardian, 31 de octubre de 2016.

[20] Consejo Editorial, «Mrs. Clinton, show voters those transcripts», The New York Times, 25 de febrero de 2016.

[21] El mensaje electrónico de Podesta que contenía los discursos pronunciados por Hillary Clinton ante los gigantes financieros está disponible en [https://wikileaks.org/podesta-emails/emailid/927], consultado el 1 de mayo de 2022.

[22] Ibid.

[23] Amy Chozick, Nicholas Confessore y Michael Barbaro, «Leaked speech excerpts show a Hillary Clinton at ease with Wall Street», The New York Times, 7 de octubre de 2016.

[24] Esta cita procede de las pp. 177 y 178 del volumen 1 del Informe Mueller entregado en cumplimiento del DAIP al periodista estadounidense Jason Leopold y al Centro de Información sobre Privacidad Electrónica (epic), disponible en, [www.documentcloud.org/documents/20401632-updated-mueller-report-leopold-foia-11220], consultado el 1 de mayo de 2022.

[25] Ibid.

[26] Esta cita procede de la p. 189, volumen 1, del Informe Mueller entregado en cumplimiento del DAIP al periodista Jason Leopold y a epic.

[27] Joe Uchill, «Guccifer 2.0 leaks docs from “Pelosi’s pc”», The Hill, 31 de agosto de 2016.

[28] Ian Katz, «Hacking: truth or treason?», BBC News, 15 de diciembre de 2016, disponible en [www.BBC.com/news/world-us-canada-38303381], consultado el 1 de mayo de 2022.

XIV

La furia de la CIA

Un robo en Roma

No tomé notas en la agenda que siempre llevaba conmigo, para evitar dejar rastros escritos. No efectué búsquedas en Google sobre los términos mencionados en los archivos. Tomé todas las precauciones posibles. Estaba trabajando en archivos clasificados de la CIA que WikiLeaks no había publicado aún. Y un año antes, se había producido un incidente que me había hecho adquirir plena conciencia de lo vulnerables que son las notas escritas.

Entre el verano de 2015 y febrero de 2016, la organización de Julian Assange había publicado[1], junto con los medios colaboradores, documentos ultrasecretos que revelaban que, en años anteriores, la NSA había espiado a importantes líderes mundiales. Entre ellos se incluían tres presidentes de la República francesa: François Hollande, Nicolas Sarkozy y Jacques Chirac; la canciller alemana Angela Merkel y otros dirigentes de instituciones alemanas; líderes políticos y económicos de Brasil, incluida la entonces presidenta, Dilma Rousseff; y, por último, el primer ministro italiano Silvio Berlusconi y sus principales asistentes. Berlusconi fue interceptado en secreto por la NSA en el otoño de 2011, cuando Italia se enfrentaba a una profunda crisis económica y los escándalos de las «bunga bunga», las orgías organizadas por el primer ministro, alcanzaban titulares en todo el mundo, después de lo cual el hundimiento de la coalición de Berlusconi condujo al nombramiento del Gobierno tecnócrata de Mario Monti.

Tres meses antes de que se revelaran los archivos ultrasecretos sobre Italia, yo me dirigía en tren hacia Roma desde el aeropuerto de Fiumicino cuando me arrebataron de manera violenta la mochila, a plena luz del día. En ella llevaba cuadernos con anotaciones, teléfonos, una grabadora digital y varias memorias USB que contenían archivos importantes. Se trataba de materiales periodísticos que no tenían nada que ver con WikiLeaks, y no hacían referencia a Snowden o a cualquier otra base de datos estadounidense, pero seguían siendo archivos sensibles. Aterrada por el hecho de que me hubieran robado la mochila, grité, pero nada más parar en la estación de Magliana el ladrón saltó del tren. Lo perseguí un corto trecho entre las vías, pero en vano. Solo la certeza de que los archivos estaban cuidadosamente cifrados y que había borrado ciertos datos –incluidos metadatos que podían identificar las fuentes de información– pudo apaciguar mis temores.

En la comisaría a la que fui a denunciar lo que me parecía un mero robo –uno de los muchos que ocurren semanalmente en Roma–, el policía que redactó la denuncia me dijo que las tácticas usadas, atacarme físicamente y robarme la mochila, no eran las típicas de un atraco ordinario, sino las de un «robo atípico». Aunque enseguida se puso en marcha la comisaría central de Roma, mi denuncia quedó en nada. La mochila y los importantes materiales periodísticos que contenía no volvieron a aparecer, y tampoco tuve noticias de la policía italiana ni de ningún fiscal en referencia a mi denuncia. ¿Llegaron a investigar el «robo especial», como exige la ley italiana? Ese episodio me hizo comprender lo indefensos que están cuadernos y grabadoras. Al no estar cifrados, cualquiera puede acceder con facilidad a su contenido.

En lo que a las búsquedas en Google se refiere, por los archivos de Snowden había aprendido que, mediante programas como Prism, la NSA puede hacer un seguimiento en tiempo real de las búsquedas efectuadas por cualquier individuo que les interese[2]. Esta es una información extremamente importante para los periodistas, que debemos proteger a las fuentes que nos transmiten información sensible. Cuando más tarde descubrí una experiencia emblemática recordada por James Risen, el periodista estadounidense ganador del Premio Pulitzer[3], no me sorprendió en absoluto. Tras reunirse con una fuente a través de un intermediario, Risen había efectuado algunas búsquedas sobre esa persona. Una hora después, el intermediario lo llamó por teléfono, «deja de teclear su nombre en Google», le dijo.

Trabajar sobre los complicados temas resumidos en los documentos ultrasecretos de la CIA sin hacer búsquedas en internet, sin poder hablar libremente con nadie, sin tomar notas ni hacer diagramas o gráficos, era una pesadilla. A cada hora que pasaba, me preguntaba si WikiLeaks y los medios colaboradores podríamos publicar realmente el trabajo periodístico que hacíamos sobre esos archivos sin que la CIA nos descubriese antes. Entendí cómo debieron de sentirse Glenn Greenwald, Laura Poitras y Ewen MacAskill cuando estaban a punto de revelar los archivos de Snowden. ¿Lo sabían ya todo en la CIA?

El arsenal invisible: Vault 7

Si lo sabían, no nos pararon. El 7 de marzo de 2017, dos meses antes de que la fiscal Marianne Ny cerrase la investigación por violación, WikiLeaks publicó[4] los primeros 8.761 documentos de la CIA, y como medio colaborador yo publiqué de manera conjunta las revelaciones más importantes en el diario para el que trabajaba en aquel momento, la Repubblica[5].

La organización de Julian Assange había llamado «Vault 7» a la serie de documentos. Como reconoció la propia agencia estadounidense[6], fue «la mayor pérdida de datos en la historia de la CIA». Por primera vez, se revelaban las ciberarmas del organismo: los programas informáticos que la CIA usaba para jaquear los ordenadores, los teléfonos, los dispositivos electrónicos y las redes informáticas de sus objetivos, con el fin de robarles información. Programas maliciosos, también conocidos como malware, virus, troyanos: Vault 7 sacaba a la luz un enorme arsenal de jaqueo.

Tres años antes, había estallado un escándalo porque la CIA se había infiltrado[7] en una red informática del Comité de Inteligencia del Senado estadounidense, que en ese momento se encontraba investigando las brutales técnicas de tortura usadas por la agencia después del 11-S. Los documentos que componían el conjunto Vault 7 no revelaban operaciones ilegales de ese tipo, sino que detallaban las armas específicas que componían el ciberarsenal de la CIA. Una de esas armas era «Weeping Angel», un programa por el que la agencia podía introducir un código malicioso en un modelo específico de televisor inteligente Samsung, lo que le permitía utilizar el aparato para espiar las conversaciones que tuvieran lugar en donde estuviese instalado. Las preocupaciones por los televisores conectados a internet llevaban un tiempo circulando, pero ahora los archivos ofrecían pruebas que revelaban que Weeping Angel transformaba los televisores de esa marca tan importante en herramientas de espionaje.

Los documentos clasificados incluidos en la base de datos Vault 7 eran de una naturaleza técnica que suscitaba en particular el interés de individuos y organizaciones opuestos a la vigilancia, una de las «comunidades» que había dado lugar a WikiLeaks, y de la que se nutría. El mundo había descubierto el poder de las ciberarmas en 2010, cuando los ciudadanos conocieron la existencia de Stuxnet, el virus creado por la NSA y su homóloga israelí, Unit 8200, para sabotear el programa nuclear iraní, infectando los sistemas informáticos que controlan las centrifugadoras usadas para enriquecer el uranio. Al año siguiente, la organización de Julian Assange empezó a revelar documentos sobre la industria de la vigilancia privada.

De hecho, WikiLeaks llevaba publicando desde 2011, a menudo en alianza con los medios, los llamados «Spy Files»[8]: grandes bases de datos de archivos sobre tecnologías de vigilancia y ciberarmas creadas y comercializadas por empresas occidentales y rusas. También reveló más de un millón de mensajes electrónicos internos de Hacking Team[9], una empresa italiana que había vendido armas de ese tipo a algunos de los regímenes más infames del planeta, ayudándoles a espiar a disidentes, activistas y periodistas[10].

Uno de esos casos, digno de una película de terror, fue el de Jamal Khashoggi, el periodista saudí residente en Estados Unidos y columnista de The Washington Post, en el que publicaba editoriales altamente críticos contra el príncipe saudí Mohamed bin Salman. Khashoggi entró en el consulado de Arabia Saudí en Estambul y ya no salió vivo. Fue asesinado y descuartizado por funcionarios saudíes[11]. Por la información que se ha ido conociendo hasta el momento, sabemos que antes de su asesinato algunos de sus contactos cercanos fueron blanco de una de las ciberarmas comercializadas por nso Group, una empresa israelí[12]. Gracias a los mensajes electrónicos de Hacking Team revelados por WikiLeaks tres años antes del asesinato de Khashoggi, yo documenté[13] que los dos altos cargos saudíes implicados en esa ejecución atroz, Saud al-Qahtani, alto asesor del Gobierno de Arabia Saudí, y Maher Mutreb, de quien se cree que coordinó y efectuó toda la operación, habían contactado respectivamente con la empresa italiana en 2015 y 2011. Hacking Team proporcionaba a los saudíes ciberarmas y cursos de formación al menos desde 2010.

Los archivos de la industria de la vigilancia me hicieron comprender que, mientras que en el pasado los opositores al fascismo y al nazismo podían huir a otros países –como había hecho el presidente y partisano italiano Sandro Pertini, que se refugió en Francia–, en la era de las ciberarmas no hay salida. Incluso cuando los disidentes y los periodistas perseguidos consigan de algún modo encontrar un lugar en el que ocultarse, los espías de los regímenes pueden, con pocos recursos y menos esfuerzo, espiarlos, escucharlos, acosarlos a distancia, incluso desde el otro lado del mundo. Y una vez establecidos sus movimientos y contactos, no les resulta difícil eliminarlos, como demuestra el caso de Khashoggi.

Los Spy Files y los mensajes electrónicos de Hacking Team revelados por WikiLeaks ayudaron a poner en marcha un debate mundial sobre la industria de la vigilancia, concienciando a periodistas, activistas de los derechos humanos y opositores políticos. Los archivos fueron también clave para inspirar los esfuerzos de expertos informáticos que, al menos desde 2011, comenzaron un examen científico y metódico de la industria, efectuando análisis forenses para poner de manifiesto sus abusos, y exigiendo controles y leyes estrictos sobre la exportación de dichas armas a países autoritarios.

Pese a su importancia, los Spy Files y los mensajes electrónicos de Hacking Team hacían referencia a ciberarmas creadas y comercializadas por empresas privadas. Vault 7, por el contrario, revelaba una parte del arsenal de un país, o mejor dicho de una superpotencia: Estados Unidos. A diferencia de los aviones y los buques de guerra, las bombas y los drones, todas ellas armas visibles, las ciberarmas son programas informáticos: intangibles e invisibles, pueden crearse, almacenarse y exportarse a países extranjeros sin que la ciudadanía sea consciente de su existencia o de cómo se usan. Como explicó Julian Assange[14]: «Existe un riesgo de proliferación extrema en el desarrollo de “armas” cibernéticas. La proliferación descontrolada de tales “armas”, que deriva de la incapacidad de contenerlas y de su enorme valor de mercado, es comparable al comercio de armas mundial».

Los documentos revelados por WikiLeaks habían permitido que se estableciese un debate informado sobre dichas armas. Antes de publicar los archivos, la organización los censuró, y no publicó el nombre real de las ciberarmas –que podrían haber sido utilizadas por potencias extranjeras y organizaciones criminales–, sino la documentación relacionada.

Unos meses después de las primeras publicaciones, los medios de comunicación revelaron que un joven ingeniero informático estadounidense que había trabajado para la CIA en el pasado, Joshua Schulte, había sido detenido, acusado de ser la fuente que había entregado los archivos denominados Vault 7. Le aplicaron la Ley de Espionaje, la misma ley brutal de 1917 usada para procesar a Chelsea Manning y Edward Snowden, y que fue la base para la investigación de Julian Assange y los periodistas de WikiLeaks por parte del Gran Jurado de Alexandria, Virginia.

Poco se sabe de Schulte: a estas alturas no es completamente seguro que fuese realmente la fuente de los documentos Vault 7, como sostienen las autoridades estadounidenses. El primer intento de juzgarlo por el delito de entregar los archivos a WikiLeaks fracasó; la prueba contra él no convenció al jurado. Pero una cosa es cierta: lleva en la cárcel desde su detención, en agosto de 2017, y, en el momento de escribir este libro, está en marcha un nuevo juicio.

Lo encarcelaron durante más de tres años en el Metropolitan Correctional Center (mcc)[15] de Nueva York bajo un brutal régimen de aislamiento denominado «medidas administrativas especiales» (special administrative measures – sam), y se dice que lo trataban como a un animal[16]. «Los presos están encerrados en celdas de hormigón del tamaño de plazas de aparcamiento que tienen intencionadamente suprimida la vista al exterior», se quejaban sus abogados. «Las celdas están sucias e infestadas de roedores, heces de roedores, cucarachas y moho; carecen de calefacción y aire acondicionado, no funciona la fontanería, las luces brillan con gran intensidad las veinticuatro horas del día, y a los presos se les niega la salida al aire libre, una tienda normal, visitas normales, el acceso a libros y material jurídico, la atención médica y la atención odontológica. Los presos mantenidos bajo medidas administrativas especiales también están privados de cualquier privilegio abogado-cliente ya que la prisión confisca, abre y lee todo el correo relacionado con su juicio; a los presos se les prohíbe intercambiar material judicial con sus abogados». A los presos «no se les dan tazas ni cubiertos con los que comer o beber» y en consecuencia «se ven obligados a comer y beber con las manos como los animales enjaulados que son».

Por último, dice la queja: «en el invierno las celdas llegan al punto de la congelación y en el verano el calor es insoportable. En este momento, el Sr. Schulte lleva cuatro prendas de vestir, cinco pares de calcetines, una sudadera y pantalones de deporte, dos mantas, tres pares de calcetines en las manos, y aun así se congela cuando la temperatura de su celda cae por debajo de cero, y literalmente el agua se congela en ella. Los vigilantes y el personal del mcc son conscientes de esta tortura bárbara y se mantienen indiferentes a ella».

Aunque lo han trasladado a otra cárcel[17], sigue calificando sus condiciones de encarcelamiento, como la privación de sueño y la exposición a temperaturas extremadamente frías, como «una tortura»[18].

No tengo idea de si Joshua Schulte fue realmente la fuente de los documentos publicados por WikiLeaks con el título Vault 7. Lo fuera o no, nadie debería permanecer encarcelado en esas condiciones. Y con independencia de la fuente, es indiscutible que las revelaciones eran de interés público.

El miedo a que me descubrieran antes de poder publicar resultó infundado. La CIA no supo que había perdido el control de su ciberarsenal hasta el 7 de marzo de 2017, día que WikiLeaks y los medios aliados empezamos a publicar la primera tanda de documentos y revelaciones contenidos en el archivo Vault 7. Solo más tarde sabríamos qué había ocurrido entre bambalinas.

Un discurso escalofriante

Inmediatamente después de la publicación de los Vault 7, la CIA creó un grupo de trabajo para investigar la filtración. Esa investigación interna reveló que existían enormes defectos en la seguridad del organismo, detallados por escrito en el informe del grupo de trabajo. Solo se han desclasificado diez páginas del informe[19], en su mayoría fuertemente censuradas, pero los pocos párrafos legibles resultan desconcertantes.

Al parecer la CIA había perdido el control de los archivos un año antes: «Calculamos que en la primavera de 2016 un empleado de la CIA robó entre un mínimo de 180 gigabytes y un máximo de 34 terabytes de información», afirmaba el informe del grupo de trabajo, y añadía lo siguiente: «Esto supone aproximadamente entre 11,6 millones y 2.200 millones de páginas en Microsfot Word». En último término, sin embargo, la agencia no podía saber siquiera con seguridad cuántos archivos había perdido, porque la red de desarrollo informático en la que estaban almacenados estos datos «no exigía el control de la actividad de los usuarios ni otros mecanismos de seguridad que existen en nuestro sistema empresarial».

La investigación interna concluía que: «Debido a que los datos robados residían en un sistema de misiones que carecía de control de la actividad de los usuarios y de una sólida capacidad de auditoría del servidor, no nos dimos cuenta de que se había producido la pérdida hasta un año después, cuando WikiLeaks la anunció públicamente, en marzo de 2017. Si los datos se hubieran robado a beneficio de un Estado adversario y no se hubiesen publicado, tal vez seguiríamos sin ser conscientes de la pérdida, como ocurriría con la enorme mayoría de datos alojados en los sistemas de misiones de la Agencia».

Era una conclusión preocupante: ¿cómo iba la CIA a proteger la seguridad de los ciudadanos estadounidenses si no era capaz siquiera de proteger sus propias redes? Y no hablamos de organismos con escasez de fondos: tan solo en el ejercicio fiscal de 2017, Estados Unidos gastó 73.000 millones de dólares[20] en inteligencia, una cifra colosal.

Los documentos Vault 7 no solo suscitaron un debate informado sobre las ciberarmas, en especial entre los individuos y las organizaciones que se oponen a la vigilancia, sino que también sacó a la luz los patentes agujeros que existen en la seguridad del organismo que, si no se hubieran expuesto públicamente, muy probablemente se habrían tapado.

¿No tenía el contribuyente estadounidense derecho a saber que, pese a un gasto público tan grande en los organismos de inteligencia, su seguridad era tan defectuosa? ¿No tenían los ciudadanos de todo el mundo derecho a saber que el arsenal de ciberarmas de una superpotencia se manejaba de manera tan descuidada que una nación hostil o una organización criminal podrían haberlo robado sin que la CIA se diese cuenta siquiera? Las revelaciones de Vault 7 eran incuestionablemente de interés público.

Pero la CIA estaba furiosa. El 13 de abril de 2017, el nuevo director, Mike Pompeo, dio su primero discurso público. Hacía apenas cinco semanas que WikiLeaks había comenzado a revelar los archivos y solo dos días que The Washington Post había publicado un sincero editorial de Julian Assange[21], en el que sostenía que el motivo por el que WikiLeaks había revelado los documentos Vault 7 era «idéntico al reivindicado por The New York Times y The Post: publicar contenido de interés».

Pompeo había sido nombrado por Donald Trump, que había ocupado su cargo en la Casa Blanca solo tres meses antes, después de vencer en las elecciones de 2016 y declarar «Amo WikiLeaks». Parece que el amor había durado poco, como siempre ocurría con la organización de Assange; los líderes políticos podían simpatizar brevemente cuando las publicaciones les resultaban ventajosas, pero retomaban poco después la guerra.

Sería de esperar que, en el primer discurso pronunciado como nuevo jefe de la CIA, Pompeo abordase las amenazas más graves a las que se enfrentaba el mundo: terrorismo nuclear, por ejemplo, que en tiempos del ISIS representa una amenaza para toda la humanidad. Por el contrario, atacó a una pequeña organización periodística cuyo director estaba enterrado en una habitación de veinte metros cuadrados y ni siquiera podía acudir al hospital a que le hiciesen una resonancia magnética. «Es hora de llamar a WikiLeaks lo que verdaderamente es», dijo Pompeo, «un servicio no estatal de inteligencia hostil a menudo incitado por actores estatales como Rusia»[22]. A continuación entró en el plano personal: «Assange es un narcisista que no ha creado nada de valor. Aprovecha el trabajo sucio de otros para hacerse famoso. Es un fraude, un cobarde que se oculta tras una pantalla».

Se trataba de un ataque vengativo y malévolo, no del desahogo de un político. Era un ataque que procedía de una organización capaz literalmente de hacer desaparecer a Julian Assange y a los periodistas de WikiLeaks en mitad de la noche. Y llegaba en un momento de considerable aislamiento para ellos, tras la agitación política provocada por las elecciones presidenciales de Estados Unidos y después de que Rafael Correa, el presidente que había proporcionado protección a Assange desde 2012, terminase su mandato. Todo estaba a punto de cambiar. Y otro incidente más destructivo había salido a la luz ese otoño de 2016.

Por segunda vez, Chelsea Manning intentó suicidarse. Desde que la habían sentenciado a treinta y cinco años de cárcel por enviar los setecientos mil archivos clasificados de la administración pública estadounidense, permanecía recluida en la prisión militar masculina de Fort Leavenworth, en Kansas. Nada más ingresar en prisión, anunció que adoptaría el nombre de Chelsea y que pretendía luchar para obtener terapia hormonal que le permitiera efectuar el cambio de sexo. Sin embargo, el Pentágono le negó la terapia, afirmando que no proporcionan «terapia hormonal ni cirugía de reasignación de sexo para el trastorno de identidad de género»[23]. Manning no se rindió, y llevó al Departamento de Defensa de Estados Unidos a los tribunales, representada por la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU). Como resultado de su batalla judicial, se convirtió en «la primera persona en recibir atención sanitaria relacionada con la transición de género estando recluida en una cárcel militar»[24]. Aunque el Pentágono aceptó proporcionarle terapia hormonal, sin embargo, le prohibió llevar ropa femenina o dejarse crecer el pelo, algo que también formaba parte de la terapia.

Tras su primer intento de suicidio, en julio de 2016, el ejército la había sometido a confinamiento solitario como castigo por intentar matarse. En octubre, volvió a intentarlo[25].

Después de estos intentos de suicidio, el 17 de enero de 2017, solo tres días antes de que Donald Trump entrase en la Casa Blanca y se convirtiese en el presidente número 45 de Estados Unidos, Barack Obama anunció que conmutaría los treinta y cinco años de cárcel a los que había sido condenada, por los siete que ya había cumplido, y que, por lo tanto, Chelsea Manning saldría de prisión el 17 de mayo de 2017[26].

Obama acabó su presidencia con una triste marca: había usado la Ley de Espionaje para juzgar a denunciantes y fuentes que habían revelado documentos secretos a la prensa en más ocasiones que todos los presidentes anteriores juntos. Había procesado a ocho denunciantes, incluidos Chelsea Manning, Edward Snowden, Thomas Drake y John Kiriakou, el operativo de la CIA que se había negado a torturar y había llamado la atención sobre la práctica. Pero al conmutar la sentencia de Manning, el presidente Obama había permitido al menos que esta saliera de la cárcel que la estaba matando. El calvario de Assange, por el contrario, no solo no estaba terminando, sino que estaba a punto de empeorar mucho.

[1] Los documentos ultrasecretos revelados por WikiLeaks acerca del espionaje al que la NSA sometió a líderes mundiales están disponibles en [https://wikileaks.org/NSA-france/], consultado el 3 de mayo de 2022. Una de las exclusivas más importantes que yo publiqué basándome en estos documentos es: Stefania Maurizi, «WikiLeaks reveals the NSA spied on Berlusconi and his closest advisers», L’Espresso, 23 de febrero de 2016.

[2] Glenn Greenwald y Ewen MacAskill, «NSA Prism program taps in to user data of Apple, Google and others», The Intercept, 7 de junio de 2013.

[3] J. Risen, «The biggest secret. My life as a New York Times reporter in the shadow of the war on terror», The Intercept, 3 de enero de 2018.

[4] El primer grupo de documentos de la CIA está disponible en [https://wikileaks.org/ciav7p1/], consultado el 3 de mayo de 2022. La serie completa de archivos Vault 7 está disponible en la página digital de WikiLeaks.

[5] Stefania Maurizi, «WikiLeaks’ files reveal major security breach at the CIA», la Repubblica, 7 de marzo de 2017. Der Spiegel también publicó un artículo sobre Vault 7: Michael Sontheimer, «CIA spies may also operate in Frankfurt», Der Spiegel, 7 de marzo de 2017.

[6] La CIA admitía que se trataba de la mayor pérdida de datos en el «WikiLeaks Task Force Final Report» [«Informe final del Grupo de Trabajo sobre WikiLeaks»] de 17 de octubre de 2017, obtenido por el senador estadounidense Ron Wyden, miembro del Comité Selecto del Senado sobre Inteligencia, que supervisa los servicios de inteligencia estadounidenses. El documento está disponible en [www.wyden.senat.gov/imo/media/doc/wyden-cybersecurity-lapses-letter-to-dni.pdf], consultado el 3 de mayo de 2022. Lo publicaron originalmente Ellen Nakashima y Shane Harris, «Elite CIA unit that developed hacking tools failed to secure its own systems, allowing massive leak, an internal report found», The Washington Post, 16 de junio de 2020.

[7] Spencer Ackerman, «CIA admits to spying on Senate staffers», The Guardian, 31 de julio de 2014.

[8] Los Spy Files están disponibles en [https://wikileaks.org/spyfiles/], consultado el 3 de mayo de 2022. Los «Spy Files Russia» están disponibles en [https://wikileaks.org//spyfiles/russia/], consultado el 3 de mayo de 2022.

[9] Los mensajes electrónicos de Hacking Team están disponibles en [https://wikileaks.org//hackingteam/emails/], consultado el 3 de mayo de 2022.

[10] Stefania Maurizi, «Silence and mysteries: did Hacking Team play any role in the Khashoggi murder?», la Repubblica, 8 de abril de 2019; Stefania Maurizi, «Gli affari di Hacking Team in Sudan: vendeva tecnologia ai servizi segreti», L’Espresso, 29 de julio de 2015.

[11] Una investigación de la relatora especial de Naciones Unidas para Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Agnès Callamard, concluía que «La muerte del Sr. Khashoggi ha constituido una ejecución extrajudicial de la que es responsable el Estado del Reino de Arabia Saudí» y que «hay pruebas creíbles que exigen una investigación más amplia sobre la responsabilidad de altos cargos del Estado saudí, incluido el príncipe heredero». El informe está disponible en «Khashoggi killing: un human rights expert says Saudi Arabia is responsible for “premeditated execution”», ohchr, 19 de junio de 2019, [www.ohchr.org/en/press-releases/2019/06/khashoggi-killing-un-human-rights-expert-says-saudi-arabia-responsible?LangID=E&NewsID=24713], consultado el 4 de mayo de 2022.

[12] Dana Priest, «A uae agency put Pegasus spyware on phone of Jamal Khashoggi’s wife months before his murder, new forensics show», The Washington Post, 21 de diciembre de 2021; Oliver Holmes y Stephanie Kirchgaessner, «Israeli spyware firm fails to get hacking case dismissed», The Guardian, 16 de enero de 2020.

[13] S. Maurizi, «Silence and mysteries: did Hacking Team play any role in the Khashoggi murder?», cit. Quien primero reveló los contactos existentes entre al-Qahtani y Hacking Team fue David Ignatius, «How chilling Saudi cyberwar ensnared Jamal Kashoggi», The Washington Post, 7 de diciembre de 2018.

[14] Comunicado de prensa de WikiLeaks sobre Vault 7, disponible en [https:/wikileaks.org/ciav7p1/], consultado el 4 de mayo de 2022.

[15] El mcc es la cárcel en la que murió Jeffrey Epstein, supuestamente por suicidio.

[16] La queja presentada por los abogados de Joshua Schulte, en la que describen sus condiciones de reclusión, está disponible en: [https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.nysd.480183/gov.uscourts.nysd.480183.447.0.pdf], consultado el 4 de mayo de 2022. Véanse también las siguientes noticias de prensa: Larry Neumeister, «Ex-CIA engineer tells judge he’s incarcerated like an animal», Associated Press, 24 de enero de 2021; Kevin Gosztola, «us Justice Department tries to stifle alleged WikiLeaks source’s challenge to cruel confinement», ShadowProof, 29 de enero de 2021.

[17] Matthew Russell Lee, «In CIA leak case Schulte is moved to mdc after Oct 25 trial canceled and reassigned», Inner City Press, 19 de octubre de 2021, disponible en [www.innercitypress.com/sdnylive77schultefurman101921.html], consultado el 5 de mayo de 2022.

[18] Luc Cohen, «Ghislaine Maxwell sex crimes trial hightlights conditions at Brooklyn jail», Reuters, 18 de noviembre de 2021.

[19] «WikiLeaks Task Force Final Report», accesible en [www.wyden.senate.gov/imo/media/doc/wyden-cybersecurity-lapses-letter-to-dni.pdf], consultado el 3 de mayo de 2022.

[20] Estas estadísticas proceden de «Project on Government Secrecy of the Federation of American Scientists» [«Proyecto de la Federación de Científicos Estadounidenses sobre el Secreto Gubernamental»], dirigido durante décadas por el experto en secretos estatales Steven Aftergood. Véase [https://irp.fas.org/budget/index.html], consultado el 5 de mayo de 2022.

[21] Julian Assange, «Julian Assange: WikiLeaks has the same mission as The Post and the Times», The Wasghinton Post, 15 de abril de 2017.

[22] «A discusión on national security with CIA Director Mike Pompeo», Center for Strategic & International Studies, 13 de abril de 2017, en [www.csis.org/analysis/discussion-national-security-CIA-director-mike-pompeo], consultado el 5 de mayo de 2022; Stefania Maurizi, «Usa, nuovo direttore Cia attacca Wikileaks: “È un servicio segreto ostile”», la Repubblica, 14 de abril de 2017.

[23] «The Chelsea Manning case: a timeline», aclu, 9 de mayo de 2017, disponible en [www.aclu.org/blog/free-speech/employee-speech-and-whistleblowers/chelsea-manning-case-timeline], consultado el 5 de mayo de 2022.

[24] Ibid.

[25] Charlie Savage, «Chelsea Manning tried committing suicide a second time in October», The New York Times, 4 de noviembre de 2016.

[26] Ed Pilkington, David Smith y Lauren Gambino, «Chelsea Manning’s prison sentence commuted by Barack Obama», The Guardian, 18 de enero de 2017.

XV

Sitiado

De la protección de Correa a la opresión de Moreno

La diminuta embajada que siempre nos había hecho sentir bienvenidos parecía ahora una prisión. Al terminar la presidencia de Rafael Correa, todo cambió. Su sucesor, Lenín Moreno, asumió el cargo en mayo de 2017 prometiendo continuar con las políticas izquierdistas, al menos en parte, pero se distanció enseguida de ellas. Cada vez que entraba en el edificio de ladrillo rojo de Knightsbridge percibía un cambio que me decía que Julian Assange no permanecería allí mucho más tiempo. Su vida dentro de la embajada nunca había sido fácil. El cerco de Scotland Yard, que continuó sin pausa hasta octubre de 2015, era un recordatorio diario de que, si en cualquier momento ponía un pie fuera, lo detendrían. El riesgo persistía incluso después de que se retirasen los agentes que rodeaban el edificio; las cámaras de vigilancia instaladas alrededor de la entrada eran un recordatorio visual constante.

Pero mientras Rafael Correa permaneció en el poder, Assange estuvo protegido en el interior de la embajada. Había habido periodos tensos, como durante la publicación de los mensajes electrónicos del Partido Demócrata de Estados Unidos, cuando le cortaron la conexión a internet. Había habido embajadores menos «amistosos» que otros, pero el Ecuador de Correa nunca había cuestionado, por ejemplo, que pudiera recibir visitas. Entraban y salían buenos amigos continuamente. Y también académicos, periodistas, diplomáticos, políticos y estrellas. Desde el renombrado intelectual estadounidense Noam Chomsky hasta un icono de los derechos civiles, el reverendo Jesse Jackson; desde la rapera británica M.I.A. y la cantante estadounidense Lady Gaga hasta el rapero puertorriqueño Resident; desde la actriz y activista Pamela Anderson hasta Vivienne Westwood, la icónica diseñadora de moda con aguda conciencia social. Y periodistas de docenas de medios; parlamentarios del Movimiento Cinco Estrellas italiano; Alicia Castro, la embajadora argentina en Reino Unido, Yanis Varoufakis, exministro de Hacienda griego, y el filósofo croata Srećko Horvat, cofundadores del movimiento político progresista DiEM25 que siempre han apoyado a Julian Assange, incluso cuando no era políticamente conveniente hacerlo.

Amigos y visitantes hacían lo posible para proporcionar cierto alivio a la privación sensorial causada por el hecho de no poder salir nunca de aquel edificio. Un día le llevaban a Assange un tipo de café que nunca había probado; otro, un queso que nunca había degustado. Libros, música, chocolate, empanadas y vino argentino. El legendario director británico Ken Loach le regaló una cinta de correr, una de las pocas formas que tenía de hacer ejercicio físico dentro de la embajada. El fundador de WikiLeaks no solo carecía de luz solar y aire libre, sino también de la posibilidad de dar un paseo por la naturaleza, algo que le encantaba hacer.

Presidentes y ciclos políticos llegaron y se fueron, y Assange seguía allí, atrapado entre aquellas cuatro paredes. Y la superpotencia seguía también allí, con Assange todavía en la pantalla de su radar.

Poco antes de que terminase el mandato de Correa, llegó otro huésped a la embajada. Esta vez era un felino: Embassy Cat [Gato de la Embajada][1]. Julian Assange y su gato se volvieron inseparables. Le aportó algo de diversión y alegría, con sus feroces ataques a los adornos del árbol de Navidad, o su desfile a uno y otro lado de la ventana delantera con expresión seria en el rostro. Atraía a los fotógrafos como una celebridad, y también los chistes de los periodistas. En noviembre de 2016, cuando por fin llegaron los fiscales suecos a interrogar a Assange en relación con las acusaciones de violación, el gato miraba por la ventana con un cuello de camisa y una corbata de rayas rojas y blancas. A la vista del felino, en Twitter se multiplicaron comentarios como: «Las cosas se han puesto serias hoy en la embajada: hasta el gato llevaba corbata» y «El gato de Julian Assange iba vestido para impresionar en el gran día de su amo».

Pero terminada la presidencia de Correa, toda diversión y alegría se acabó también. Con Lenín Moreno, la atmósfera dentro del edificio fue al comienzo incierta, y después abiertamente hostil.

Entre noviembre y diciembre de 2017, solo seis meses después de que el nuevo presidente de Ecuador asumiera el cargo, fui a visitar a Assange en dos ocasiones. Quería hablar, entre otras cosas, sobre un descubrimiento asombroso que había hecho gracias a la litigación basada en el DAIP que mantenía.

¿Por qué destruyó documentos clave el Servicio de Fiscalía de la Corona?

Las páginas estaban tan fuertemente censuradas que revelaban muy poca información. El número era verdaderamente diminuto[2], solo 439. Para obtenerlas me había visto obligada a demandar a las autoridades del Servicio de Fiscalía de la Corona (Crown Prosecution Service – CPS) británico, porque se habían negado a entregarme los documentos sobre el caso de Assange, pese a la solicitud amparada en el DAIP que yo había presentado. Pero mi batalla judicial había valido la pena. Me había permitido descubrir que había sido el Servicio de Fiscalía de la Corona, una autoridad pública entonces dirigida por Keir Starmer, el que había ayudado a crear la parálisis judicial y el atolladero diplomático responsables de la detención arbitraria de Assange.

¿Por qué habían manejado las autoridades suecas y británicas de manera tan absurda la investigación por violación, cerrada en mayo de 2017? La única esperanza de obtener respuesta estaba en acceder a toda la documentación sobre el caso, en especial toda la correspondencia entre las autoridades británicas y las suecas. En el CPS me habían dicho que me la habían entregado toda.

Pronto me di cuenta, sin embargo, de que no era cierto; con total seguridad esa no era toda la correspondencia. No contenía ningún intercambio de correos electrónicos durante fases cruciales del caso: por ejemplo, cuando la fiscal sueca emitió la orden europea de detención, o cuando Assange se refugió en la embajada, o en el periodo en el que le concedieron el asilo. Simplemente no era verosímil que Londres y Estocolmo no se hubieran comunicado en esas ocasiones. Debía de existir documentación importante que las autoridades británicas no me habían entregado. Junto con mis dos abogadas británicas –Estelle Dehon, especialista de primer orden en DAIP, y Jennifer Robinson, una de las principales abogadas de derechos humanos, que también había representado a Julian Assange desde 2010 y que nunca ha dejado de trabajar en su caso, pese a que le habría sido más conveniente hacerlo– decidimos presentar una demanda en los tribunales de Londres para intentar obtener toda la correspondencia.

Cuando pedí explicación acerca de los vacíos correspondientes a fases cruciales del caso, el Servicio de Fiscalía de la Corona respondió: «Todos los datos asociados con la cuenta de Paul Close se borraron cuando él se jubiló, y resulta imposible recuperarlos»[3]. Close, letrado de la División del CPS dedicada a Delitos Especiales –la sección responsable de ejercer la acción fiscal en causas de especial importancia– era el mismo funcionario que había aconsejado desde el comienzo a la fiscal sueca Marianne Ny que no interrogase a Julian Assange en Londres. Fue Paul Close quien le dijo a Ny: «Por favor, no piense que se está tratando el caso como una solicitud de extradición cualquiera». Sus mensajes eran esenciales para aclarar muchas dudas que rodeaban la investigación sueca.

Al borrar su cuenta, el Servicio de Fiscalía de la Corona había destruido documentos clave en un caso de importancia, controvertido y todavía activo. ¿Por qué? ¿Y qué destruyó con exactitud del CPS, y quién había dado la orden de hacerlo? Los documentos no habían desaparecido por accidente: habían sido borrados por el mismo organismo público que había ayudado a crear el punto muerto que tenía atrapado a Assange desde 2010. El CPS no me dijo exactamente en qué fecha se habían destruido, pero Close se jubiló en 2014, de modo que debió de ocurrir por entonces, cuando Keir Starmer ya no era director del Servicio de Fiscalía de la Corona.

Unos días después de descubrir el hecho, compartí esta información con dos periodistas de The Guardian: el experimentado corresponsal judicial Owen Bowcott, y el supremo pero modesto Ewen MacAskill, que había obtenido un Premio Pulitzer por su trabajo en los archivos de Snowden. Publicamos conjuntamente la revelación de que se habían destruido los documentos del CPS[4]. Cuando The Guardian se puso en contacto con ellos, en el Servicio de Fiscalía de la Corona declararon lo siguiente: «No tenemos forma de saber el contenido de las cuentas de correo electrónico una vez borradas». Una afirmación como mínimo desconcertante: un organismo público había destruido documentación, pero no tenía ni idea de lo que había destruido. Añadían que la cuenta de correo electrónico se había borrado «siguiendo el procedimiento ordinario». Más tarde descubrí que este procedimiento distaba de ser ordinario. La destrucción de mensajes electrónicos fundamentales era claramente sospechosa.

Definitivamente era algo que debía comentar con Julian Assange. Volé a Londres en noviembre y en diciembre de 2017. Ni en mis pesadillas más enloquecidas podría imaginarme lo que ocurría en la embajada entre bambalinas.

La vida de los otros

Había estado muchas veces en la embajada, un piso pequeño con un vestíbulo en el que se situaban los vigilantes proporcionados por una empresa de seguridad privada. Era una empresa española llamada UC Global, y llevaba atendiendo la seguridad de la embajada –antes un servicio subcontratado– desde 2012[5]. La empresa de seguridad había llegado dos meses después de que el fundador de WikiLeaks se refugiase allí[6]. Por supuesto, Ecuador comprendía que estaba protegiendo a uno de los periodistas más despreciados, amados y vigilados del planeta. Al carecer del equipo de seguridad más rudimentario, la embajada era vulnerable. El Gobierno de Correa había optado por UC Global –que también proporcionaba seguridad a las hijas del presidente cuando se encontraban en Europa– porque, a diferencia de una empresa ecuatoriana, la española podía operar en Londres sin tener que pedir visados para sus trabajadores[7].

La sede central de UC Global estaba de hecho en Puerto Real y Jerez de la Frontera, Cádiz, en el sur de España, y su propietario era un ciudadano español. David Morales había sido infante de marina del ejército español y su contrato con el Gobierno de Quito lo manejaba el Senain, el servicio de inteligencia ecuatoriano en ese momento.

Cada vez que yo entraba en la embajada, la rutina era la misma. El servicio de seguridad pedía a todos los visitantes el pasaporte, para registrar su entrada y salida, y exigía que se entregasen los teléfonos móviles. Por razones de seguridad obvias, los visitantes no podíamos entrar en las habitaciones de la embajada con dispositivos electrónicos que pudieran tomar fotos o vídeos. Tras superar estos controles, y el detector de metales, siempre me habían permitido introducir mochilas, bolsos, cuadernos, lápices y grabadoras digitales. Pero ese día de diciembre de 2017 ocurrió algo insólito.

Cuando entré, solo había otra persona presente, además de Assange: un guarda de seguridad. Me confiscó la mochila con todos los materiales periodísticos, algo que nunca habían hecho. Ese día llevaba información muy importante: no se trataba de documentos de la administración pública estadounidense; eran documentos de otro tipo, pero altamente confidenciales. No había podido dejarlos a una tercera parte de confianza porque era 29 de diciembre, en plenas vacaciones navideñas. Protesté, pero sin resultado. Me confiscaron todo lo que llevaba encima, hasta el reloj de pulsera analógico. Ni siquiera me permitieron quedarme con un lápiz. Tan pronto como salí de la embajada, de hecho, tuve que informar a los directores de la Repubblica, el periódico en el que trabajaba por aquel entonces, de que no había podido entrevistar a Assange como estaba planeado. Mientras los dos charlábamos en la sala de conferencias, a mí me entró el pánico; algunos de los materiales más sensibles que yo había manejado jamás en mi vida profesional estaban en aquel momento en manos de extraños. Lo único que me consolaba, al menos en parte, era que los había cifrado, de modo que estaban protegidos.

Hasta dos años después no me enteré de lo que había ocurrido mientras Assange y yo charlábamos ese día. Alguien, supuestamente el vigilante de UC Global, fotografió en secreto los materiales periodísticos que yo guardaba en mi mochila. Llevaba conmigo un iPod Touch y dos teléfonos móviles, uno cifrado y el otro un dumbphone, es decir, un teléfono «tonto», sin el acceso a internet que proporcionan los teléfonos inteligentes. Quien ejecutó esta operación no se conformó con tomar fotos. También hizo un vídeo y una grabación sonora de mi reunión con Assange, y sacó la sim de mi móvil tonto y fotografió su código imei, el número único que identifica un teléfono y puede usarse también para interceptarlo. Cuando conocí estas actividades de espionaje, dos años después de la reunión que mantuvimos en diciembre de 2017, me indigné, y obtuve algunos de los vídeos y fotos que las documentaban entre los materiales hallados a UC Global.

A Julian Assange siempre le había preocupado que lo espiaran dentro del edificio. Solo un año después de su llegada, el Gobierno de Correa informó de que se había encontrado un micrófono oculto en el despacho del embajador. Ricardo Patiño, por aquel entonces ministro ecuatoriano de Relaciones Exteriores, afirmó públicamente que consideraba a Surveillance Group, una empresa de vigilancia británica, responsable de haber puesto el micrófono, pero esta rechazó la acusación[8]. El incidente siguió siendo un misterio[9], como me dijo Fidel Narváez, el cónsul ecuatoriano que pasó seis años con Assange, hasta julio de 2018, en la embajada de Ecuador en Londres. Pero terminada la presidencia de Correa, las preocupaciones de WikiLeaks por la vigilancia se intensificaron, como tuve ocasión de observar durante mis visitas a Londres.

Por su parte, Assange desplegó todos los medios imaginables –al menos en la medida en que se lo permitía su confinamiento– para protegerse y proteger a sus visitantes. Antes de empezar una conversación, siempre encendía un dispositivo de ruido blanco, cuyo sonido chisporroteante hacía más difícil entender lo que se decía. Además, en lugar de hablar, a menudo escribíamos. Cada vez que salía de la embajada, yo reflexionaba sobre las condiciones absurdas en las que nos veíamos obligados a trabajar; y cuando años después vi las fotos de mi teléfono móvil desmontado y el vídeo y el audio de algunas de nuestras conversaciones, me enfurecí. Era el tipo de vigilancia usada contra los periodistas por los peores regímenes del mundo. Y no se había desplegado en Corea del Norte o en China, sino en Londres, en el centro de la Europa democrática, que afirma defender la libertad de prensa. ¿Quién había ordenado estas operaciones? Quienes hubieran manipulado mi teléfono habrían intentado con toda seguridad acceder también a mis archivos cifrados. ¿Lo habían logrado?

En el momento de escribir este texto, el caso sigue bajo la investigación de la Audiencia Nacional, el organismo judicial español encargado de investigar los delitos más graves, desde la delincuencia organizada, al terrorismo o el narcotráfico. Inicialmente coordinado por el juez José de la Mata, como reveló el diario español El País[10] –que publicó la noticia y tuvo acceso a algunos de los archivos de vídeo y audio grabados[11]– y más tarde por Santiago Pedraz, la causa atañe al propietario de UC Global, David Morales, investigado por supuestos delitos contra la intimidad, violación del privilegio abogado-cliente, apropiación indebida, soborno y blanqueo de dinero. Morales fue detenido y puesto en libertad bajo fianza. Fue la investigación llevada a cabo por la policía y el sistema judicial españoles la que me permitió descubrir, entre otros materiales, las fotos de mi teléfono móvil desatornillado y abierto en dos. Soy una de las víctimas que han optado por presentar una querella criminal, al igual que John Goetz –destacado reportero de investigación que trabaja para la cadena de televisión pública alemana ard, y que había trabajado con WikiLeaks en calidad de colaborador desde 2010– y algunos de sus compañeros.

La investigación de la Audiencia Nacional se basa en las actividades de registro e incautación efectuadas por la policía española para obtener documentación y grabaciones de vídeo y audio, y en el testimonio de antiguos empleados de UC Global, que declaran en calidad de testigos protegidos. A partir de aquí me referiré a su reconstrucción de los hechos, que en la actualidad está siendo examinada por el sistema judicial español.

Todo comenzó tras la elección de Donald Trump: a comienzos de diciembre de 2017, la empresa sustituyó las cámaras de seguridad colocadas en el interior de la embajada. Mientras que las anteriores solo registraban imágenes, para detectar posibles robos y allanamientos, las nuevas, mucho más avanzadas, no solo registraban imágenes sino también sonido[12]. Assange preguntó en repetidas ocasiones si recogían también el sonido, y UC Global siempre lo negó, pese a que sí lo grababan. «A partir de entonces», recordó uno de los testigos protegidos[13], «las cámaras empezaron a registrar el sonido con regularidad, de modo que se captaban todas las reuniones del asilado». También se había instalado un micrófono en la base del extintor de incendios de la sala de conferencias. Esa era la habitación en la que los invitados nos reuníamos normalmente con Assange, y él a menudo se sentaba en la cabecera de la mesa, cerca de la puerta, el punto más cercano al extintor de incendios.

Al fundador de WikiLeaks siempre se le había considerado un paranoico; de hecho, a su propio equipo jurídico le pareció excesiva la solicitud de organizar las reuniones en el baño de señoras. En uno de los fragmentos de la cámara de seguridad que obtuve, se ve a dos de sus abogados, Gareth Peirce y el excelente Aitor Martínez, entrar en el baño para mantener una conversación privada con su cliente. Pero en ese baño también había micrófonos, de acuerdo con los testigos[14].

El personal de seguridad debía redactar perfiles detallados de los afectados por estas actividades de espionaje, y «había que prestar atención especial a los abogados del Sr. Assange»[15]. Los vigilantes de seguridad tenían orden de fotografiar «su documentación, los equipos electrónicos que había que dejar en la entrada de la embajada y, en la medida de lo posible, escuchar las conversaciones que los visitantes mantuvieran con el asilado [Assange]. En algunos casos, esto suponía seguirlos, monitorizando todos sus movimientos»[16]. Morales ordenó a sus empleados dar prioridad a Baltasar Garzón, el coordinador del equipo jurídico de Julian Assange. «Tengo muchas fotos, tomadas con móvil, del Sr. Garzón cuando recogió al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, en el aeropuerto de Madrid-Barajas», recordaba uno de los testigos protegidos[17].

Solo cuando los fiscales españoles pusieron en marcha su investigación sobre la empresa y pude ver algunos de los vídeos y la correspondencia interna de UC Global, comprendí realmente el tamaño de la operación de vigilancia. En uno de los mensajes electrónicos, Morales les pedía a sus empleados «datos del wifi de la embajada (si tenemos la contraseña o lo que sea). Necesito ver la composición de las paredes que rodean la habitación de invitados (ladrillo, mampostería, cemento)»[18]. Al parecer, la empresa estaba considerando colocar micrófonos capaces de grabar conversaciones a través de las paredes.

Los visitantes que tenían alta prioridad de vigilancia eran los abogados de Julian Assange: Baltasar Garzón, Jennifer Robinson, Renata Ávila, Melinda Taylor y Carlos Poveda; el periodista y documentalista Juan Passarelli y su hermano José; Sarah Harrison y el filósofo croata Srećko Horvat. E incluso la chef británica Sarah Saunders, que junto con su madre, Susan Benn, ayudaba a Assange con algunos de los aspectos más prácticos de su vida cotidiana, como comer adecuadamente.

Se reservó también una atención especial a visitantes como los alemanes Bernd Fix y Andy Müller-Maguhn. Yo los conocía a ambos. Fix, brusco en apariencia pero amable, era uno de los fundadores de la Fundación Wau Holland, creada en memoria de Herwart Holland-Moritz, conocido como «Wau» Holland, un informático visionario que entendía profundamente la importancia de los datos en la sociedad contemporánea y que ayudó a fundar Chaos Computer Club, para promover la ética de los jáqueres y el debate público sobre tecnología. La Wau Holland Foundation[19] era una de las organizaciones que habían ayudado a WikiLeaks a luchar contra el bloqueo de las donaciones. En cuanto a Müller-Maguhn, además de pertenecer al consejo directivo de la Wau Holland y mediar entre Julian Assange y Daniel Domscheit-Berg cuando este fue apartado de WikiLeaks, en 2010, era también un periodista independiente, con sólida experiencia en seguridad y privacidad informáticas. Cálido y siempre dispuesto a ayudar, había trabajado[20] en investigaciones importantes, como los archivos de Snowden, junto con Laura Poitras y la redacción del semanario alemán Der Spiegel. Otros expertos informáticos parecían haber sido también objeto de vigilancia, como el sueco Ola Bini y la australiana Felicity Ruby, que asesoraba al senador de los Verdes australianos Scott Ludlam y al Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para las Mujeres. Pero había una persona a la que la empresa española vigilaba en especial.

Un amor nacido en el infierno

«Atención especial a STELLA MORRIS […] creemos que es un nombre falso», escribía David Morales[21] a sus empleados el 21 de septiembre de 2017, y añadía que: «es la que, según el rumor que se ha extendido recientemente, ha tenido un hijo del invitado. Se supone que es uruguaya, pero hemos conseguido localizar una pariente suya (su madre) en Cataluña. Si hace falta quiero una persona dedicada a esta actividad a tiempo completo. Si tenéis que contratar a alguien, decídmelo. Todo esto debe considerarse máximo secreto».

A mí Stella Moris me parecía una mujer brillante, considerada y afable. Inicialmente había trabajado en el caso sueco como asesora jurídica. A finales de 2016 y comienzos de 2017, me pareció que ella y Assange estaban involucrados sentimentalmente, pero al menos en mi presencia nunca dieron muestras de afecto; tampoco me hablaron de su relación, ni me la insinuaron siquiera. Percibí que Assange, un hombre muy independiente, dependía cada vez más de ella, pero su vida privada era una esfera en la que yo nunca había querido inmiscuirme. La ciudadanía tenía derecho a conocer muchas cosas sobre WikiLeaks, pero no a husmear en la vida personal de sus periodistas, de modo que me guardé para mí la impresión de que habían establecido una relación sentimental, y no hice preguntas para confirmarlo.

Cuando más tarde descubrí que eran padres de dos niños, Gabriel y Max, concebidos en la embajada y nacidos respectivamente en 2017 y 2019, me sorprendió mucho. Como todos los periodistas, conocí esta noticia cuando Moris la reveló en una entrevista concedida a The Daily Mail[22]. Nunca había visto a Julian Assange relacionarse con niños, pero había oído más de una vez que se le daban bien. No me sorprendió: ciertamente sabría cómo estimular su curiosidad. Y después de todo, su primer hijo nació cuando él tenía solo dieciocho años, de modo que tenía experiencia con los niños. Me había dado cuenta de que Stella Moris había desaparecido durante mucho tiempo, después reaparecido con varios kilos más y aspecto cansado, pequeños detalles que me llamaron la atención, pero solo porque a lo largo de los años siempre había mantenido el mismo aspecto. Me preguntaba si podría haber tenido un hijo. No me extrañó en especial que se hubiera cambiado el nombre de Sara González Devant a Stella Moris. Daniel Domscheit-Berg usaba también una identidad encubierta: Daniel Schmitt.

Moris tenía una formación académica excelente: había cursado un Máster en Migración Forzosa en el Centro de Estudios para los Refugiados de la Universidad de Oxford, cuyo director, Matthew J. Gibney, me contó lo siguiente[23]: «Era una estudiante seria, decidida, motivada, madura e inteligente. Llegó a Oxford con una experiencia práctica importante porque había trabajado en la Oficina de la Presidencia de Timor Oriental, a comienzos de la década de 2000».

Las grabaciones de cámara que más tarde tuve oportunidad de ver mostraban que Julian Assange y Stella Moris tomaron diversas precauciones para mantener en la intimidad el nacimiento de su primer hijo, Gabriel. Los fragmentos muestran a un amigo de ambos, el actor Stephen Hoo, llevando al bebé a la embajada en un cochecito, para que cualquier observador externo no relacionara de inmediato a Gabriel con sus padres[24]. Y de acuerdo con mensajes electrónicos internos de UC Global, Hoo presentó al bebé como hijo suyo. Pero el hecho de que Stella Moris siempre llegara a la embajada poco antes o después que el bebé hizo sospechar a la empresa que era hijo de Moris y Assange. Según uno de los testigos[25], para determinar si era o no cierto, David Morales le pidió de hecho que robase uno de los pañales de Gabriel, con el objetivo de extraer el ADN para hacerle una prueba de paternidad. El plan se frustró, sin embargo, porque el vigilante advirtió a Moris que no volviera a llevar el recién nacido a la embajada.

No sé por qué Julian Assange y Stella Moris decidieron tener dos hijos en una situación tan complicada. En la entrevista concedida a The Daily Mail, Moris explicó su decisión como sigue: «Enamorarse, comprometerse, tener hijos mientras él estaba en la embajada, era un acto de rebelión».

Si ese embarazo fue un intento de recuperar sus vidas, de seguir delante de alguna forma y desafiar a quienes habían querido destruir a Assange durante años, un intento de alcanzar un ápice de normalidad para una pareja cuya vida tenía muy poco de normal, el episodio del pañal fue una siniestra llamada de atención: la vida normal estaba de hecho muy lejos. Tan pronto como nació, su primer hijo estaba ya en el objetivo de los espías.

Los amigos americanos

Todo había comenzado con una feria de comercio. En 2016, cuando Donald Trump todavía no había ganado las elecciones presidenciales, Morales viajó a la ciudad estadounidense de Las Vegas para participar en el SHOT Show, una exposición comercial de las industrias de la seguridad, la caza y las armas de fuego. En ese momento, UC Global solo podía jactarse de un trabajo importante: el contrato firmado con el Gobierno ecuatoriano para proteger la embajada del país en Londres. Un trabajo pequeño, pero que podía abrir puertas importantes. Después de todo, la empresa española se encargaba de la seguridad de la embajada que albergaba a uno de los enemigos más despreciados por el complejo militar y de inteligencia de Estados Unidos. En la ruleta del mundo empresarial, apostar por el complejo de la industria militar es prácticamente una garantía: un coloso con enormes recursos a su disposición, que puede proporcionar contratos suculentos y promover como ningún otro una red de relaciones.

De acuerdo con los testigos protegidos, tras participar en la feria de comercio, Morales firmó un contrato importante con la empresa Las Vegas Sands, propiedad del milmillonario Sheldon Adelson. Fallecido en enero de 2021 a los ochenta y siete años, Adelson había construido el mayor imperio de casinos del planeta, con propiedades en Macao, Singapur y Las Vegas, donde había construido una réplica ultrafalsificada de Venecia en «The Venetian Resort»[26], con campanile de San Marcos y puente de Rialto incluidos. «Un tributo a la opulencia italiana», proclamaba la página digital del hotel. Y ciertamente un tributo a la opulencia de Sheldon Adelson que, según cálculos realizados por Forbes en 2014, era el octavo o el noveno hombre más rico del mundo[27]; pero difícilmente un homenaje respetuoso al renombrado arte y la belleza de Italia, pese a haber sido inaugurado por la deslumbrante Sofía Loren[28]. En el plano político, Adelson fue el mayor donante de la campaña de Donald Trump, por no mencionar su firme postura sionista, opuesta a la creación de un Estado palestino, defensor del Israel derechista de Benjamin Netanyahu y de los asentamientos israelíes en los territorios ocupados.

Como informaron los testigos protegidos, tras varios viajes a Estados Unidos, Morales reunió a sus empleados y les dijo que a partir de entonces iban a «jugar en la primera división»[29], con los principales jugadores, y que se había pasado «al lado oscuro». Como resultado de esta colaboración con las autoridades estadounidenses, dijo: «los americanos nos van a dar contratos en todo el mundo»[30].

En la feria de seguridad de Las Vegas, Morales había contactado con Zohar Lahav, jefe de seguridad de la empresa de Sheldon Adelson, que negoció un contrato con él[31]. Parece improbable que Las Vegas Sands –equipada ya con un aparato de seguridad considerable, encabezado por un exagente del servicio secreto estadounidense llamado Brian Nagel– necesitara realmente que David Morales le organizara la seguridad del yate de Adelson, Queen Miri, cuando navegase por el Mediterráneo.

«Mi idea es que esta persona ofreció cooperar con las autoridades de inteligencia estadounidenses proporcionando información acerca del Sr. Assange», recordaba uno de los testigos[32], añadiendo que Morales le había dicho que «viajaba para hablar con “nuestros amigos americanos”». Cuando el testigo le preguntó quiénes eran esos «amigos», contestó sencillamente: «la inteligencia estadounidense».

Eran «los americanos» los que querían determinar la paternidad de Gabriel Assange. También fueron ellos quienes propusieron la lista de objetivos a los que vigilar. Andy Müller-Maguhn «era uno de los blancos a los que David Morales había ordenado darle prioridad en nombre de la inteligencia estadounidense»[33], y el director de UC Global «mostraba en ocasiones una verdadera obsesión en relación con el seguimiento y la grabación de los abogados que se reunían con el “huésped” (Julian Assange) porque “nuestros amigos estadounidenses” lo solicitaban»[34]. En nombre de los estadounidenses, Morales pidió a sus empleados que instalasen cámaras con sistema de streaming, para que «nuestros amigos de Estados Unidos» pudieran ver lo que ocurría dentro de la embajada en tiempo real, minuto a minuto, como en un reality. Pero cuando Morales le pidió a uno de sus hombres –más tarde uno de los testigos protegidos– que creara el acceso remoto, el empleado se opuso inicialmente, diciendo que no era técnicamente factible, y después se negó a colaborar «en un acto ilegal de esta magnitud»[35].

De nuevo, fueron «los americanos» quienes pidieron a Morales que aplicase pequeñas pegatinas rígidas a las ventanas, para que sus micrófonos láser situados fuera de la embajada pudieran captar las conversaciones que tenían lugar dentro del edificio mediante las vibraciones producidas por las palabras en el vidrio. El uso que Julian Assange hacía del dispositivo de ruido blanco, que también creaba una vibración, dificultaba la interceptación de las conversaciones. Al aplicar las pegatinas, se resolvía el problema. Curiosamente, las pegatinas llevaban el símbolo de cámaras de seguridad en funcionamiento. A un observador externo, el símbolo le parecería completamente inofensivo; lejos de levantar sospechas, parecía perfectamente natural anunciar la presencia de las cámaras.

Los testigos protegidos fueron observando también, a medida que aumentaban sus dudas, que entre mediados de 2017 y mediados de 2018 Morales «mostró un aumento perceptible de propiedades»[36], hasta el punto de que pudo comprarse un coche de lujo y una casa que debió de costar, según sus cálculos, alrededor de un millón de euros. Por la empresa corría el rumor de que Estados Unidos le pagaba doscientos mil euros al mes, y cuando uno de los testigos le reprochó que les pasara información a los americanos, él se descubrió el pecho y respondió: «soy un mercenario de los pies a la cabeza»[37].

En el momento de escribir este libro, la Audiencia Nacional está examinando estos informes y los testimonios de los testigos protegidos, así como de otros testigos y materiales. David Morales está siendo investigado: no ha sido acusado formalmente. La investigación se basa, entre otras cosas, en un elevado número de vídeos de cámaras de seguridad y fotografías, incluidas las tomadas a mi teléfono abierto en dos. ¿Era pura coincidencia o me estaban vigilando intensamente por haber descubierto que el Servicio de Fiscalía de la Corona había destruido documentos cruciales para el caso de Julian Assange?

El juez de la Audiencia Nacional ha solicitado la cooperación de diversas autoridades judiciales. Específicamente, ha pedido a las autoridades estadounidenses que proporcionen información sobre direcciones ip que supuestamente indicaban que Morales enviaba mensajes electrónicos desde el «Venetian Resort» de Sheldon Adelson y desde Alexandria, Virginia, donde el Gran Jurado de Estados Unidos estaba llevando a cabo la investigación sobre WikiLeaks[38].

La declaración de los testigos protegidos reveló también que en diciembre de 2017 «los americanos» estaban tan desesperados porque Julian Assange siguiera refugiado en la embajada –donde no podían ponerle las manos encima– que consultaron con Morales la posibilidad de dejar la puerta abierta, para poder secuestrarlo, e incluso la posibilidad de envenenarlo[39].

No llevaron a cabo sus planes extremos; en último término, otro tipo de veneno crearía las condiciones para que Estados Unidos le pusiera las manos encima. Pero había pruebas de que las propuestas de matar a Assange no habían sido una charla ociosa. Iban muy en serio.

[1] El gato tenía incluso una cuenta de Twitter: @embassycat.

[2] Más adelante obtuve algunas más, aunque en número muy limitado: un total de 551 páginas en los siete años de litigios amparados en el DAIP, como mencioné en el capítulo XI.

[3] Esta declaración del CPS procede de: «In the Matter of an appeal to the Information Tribunal between Stefania Maurici and (1) The Information Commissioner on the case of Julian Assange» [«En la cuestión de apelación al Tribunal de Información entre Stefania Maurizi y (1) la comisaria de Información (2) el Servicio de Fiscalía de la Corona»], EA/2017/2014, con fecha 2 de noviembre de 2017.

[4] Stefania Maurizi, «Seven years confined: how a foia litigation is shedding light on the case of Julian Assange», la Repubblica, 10 de noviembre de 2017; Ewen MacAskill y Owen Bowcott, «uk prosecutors admit destroying key emails in Julian Assange case», The Guardian, 10 de noviembre de 2017.

[5] En 2012, la seguridad la manejaba una empresa llamada Blue Cell, que subcontrató a UC Global. En 2015, se firmó un contrato directo con esta última.

[6] Stefania Maurizi, «“I was fired for helping Julian Assange, and I have no regrets”, an interview with Fidel Narvaez», Jacobin, 25 de octubre de 2019.

[7] En los años en los que Julian Assange permaneció en la embajada de Ecuador, Reino Unido era miembro de la Unión Europea. Se retiró de la Unión el 31 de enero de 2020, tras el referéndum sobre el Brexit.

[8] BBC, redacción, «Ecuador asks UK for help on Embassy bug», 4 de julio de 2013.

[9] Fidel Narváez me lo contó en una entrevista que me concedió el 16 de septiembre de 2019. La revista estadounidense Jacobin publicó una versión editada de la entrevista. Stefania Maurizi, «“I was fired for helping Julian Assange”», cit.

[10] José María Irujo, «Una empresa de seguridad española grabó las reuniones de Julian Assange con sus abogados en Londres», El País, 9 de julio de 2019; José María Irujo, «Detenido el director de la empresa de seguridad española que espió a Assange», El País, 9 de octubre de 2019.

[11] José Manuel Abad Liñán, «La vida de Assange según los españoles que lo vigilaban», El País, 14 de abril de 2019.

[12] Testigo anónimo 2. Las declaraciones del «Testigo anónimo 1» y el «Testigo anónimo 2» fueron enviadas al Tribunal de Magistrados de Westminster durante la vista de extradición de Julian Assange. Están disponibles de manera resumida en The Government of the us of America-v-Julian Paul Assange, Consolidated Annex, [www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2021/01/USA-v-Assange-annex-040121.pdf], consultado el 7 de mayo de 2022.

[13] Testigo anónimo 2.

[14] Ibid.

[15] Ibid.

[16] Ibid.

[17] Ibid.

[18] Mensaje electrónico enviado por David Morales a Cyberseguridad UC Global el 21 de septiembre de 2017 a las 22:41. Originalmente publicado en Stefania Maurizi, «A massive scandal: how Assange, his doctors, lawyers and visitors were all spied on for the u.s.», la Repubblica, 18 de noviembre de 2019.

[19] Fundación Wau Holland, [https://wauland.de/en/about/], consultado el 7 de mayo de 2022.

[20] Andy Müller-Maguhn, Laura Poitras, Marcel Rosenbach, Michael Sontheimer y Christian Grothoff, «The NSA breach of Telekom and other German firms», Der Spiegel, 14 de septiembre de 2014.

[21] La ortografía correcta es Stella Moris, pero en su mensaje Morales escribió MORRIS. Mensaje electrónico enviado por David Morales a Ciberseguridad UC Global el 21 de septiembre de 2017 a las 22:41. Obtuve este mensaje de una fuente periodística.

[22] Sarah Oliver, «WikiLeaks boss Julian Assange fathered two children inside the Ecuadorian Embassy with lawyer, 37, who fell in love with him while helping his fight against extradition to the us», The Daily Mail, 11 de abril de 2020.

[23] Matthew J. Gibney, mensaje electrónico a la autora, 16 de abril de 2020. Publicado originalmente en Stefania Maurizi, «Assange è il padre dei miei figli: rischia di nuovo la morte», il Fatto Quotidiano, 16 de abril de 2020. Tesis de máster de Sara González Devant, consultada el 7 de mayo de 2022, en [www.rsc.ox.ac.uk/publications/displacement-in-the-2006-dili-crisis-dynamics-of-an-ongoing-conflict].

[24] Los vídeos de Stephen Hoo llevando a Gabriel Assange a la embajada los tomaron las cámaras de seguridad situadas dentro y fuera del edificio. José María Irujo, «La empresa española que espió a Assange investigó si había sido padre durante su estancia en Londres», El País, 15 de abril de 2020.

[25] Testigo anónimo 2.

[26] Tras el fallecimiento de Sheldon Adelson, Las Vegas Sands Corporation vendió «The Venetian Resort».

[27] Robert D. McFadden, «Sheldon Adelson, billionaire donor to g. o. p. and Israel is dead at 87», The New York Times, 12 de enero de 2021.

[28] «In pictures: casino magnate Sheldon Adelson», cnn, 12 de enero de 2021.

[29] Testigo anónimo 1.

[30] Ibid.

[31] Ibid.

[32] Ibid.

[33] Testigo anónimo 2.

[34] Testigo anónimo 1.

[35] Testigo anónimo 2.

[36] Ibid.

[37] Testigo anónimo 1.

[38] José María Irujo, «Tres testigos protegidos acusan a un exmilitar español de espiar a Assange», El País, 21 de enero de 2020.

[39] Testigo anónimo 2.

XVI

Últimos intentos

La vía diplomática

Ya cuando era vicepresidente, a Lenín Moreno no le gustaba el fundador de WikiLeaks. «No entiende qué es WikiLeaks, ni lo que hace», me comentó más tarde Fidel Narváez, excónsul de Ecuador[1]. Aun así, al comienzo del mandato de Moreno, Assange contaba al menos con el respaldo de la ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, María Fernanda Espinosa, que trató de protegerlo con diversas medidas, como concederle la ciudadanía ecuatoriana o intentar otorgarle la inmunidad diplomática. De haber prosperado este último intento, Assange habría salido de la embajada sin correr el riesgo de que lo detuviesen. Pero las cosas no fueron como se habían planeado.

Las autoridades británicas se opusieron de inmediato. En diciembre de 2017, Quito intentó asignar a Assange un cargo diplomático en Reino Unido, pero el Foreign Office británico rechazó el nombramiento. «Ecuador sabe que la forma de resolver este tema es que Julian Assange abandone la embajada para presentarse ante la justicia», declaró un portavoz del ministerio a The Guardian[2].

Desde el comienzo, las autoridades británicas fueron fundamentales para crear el punto muerto que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas acabaría considerando una detención arbitraria. Hicieron caso omiso de la decisión de Naciones Unidas, hicieron caso omiso del derecho del fundador de WikiLeaks a beneficiarse del asilo político, hicieron caso omiso de los efectos perjudiciales que el confinamiento tendría sobre su salud. No mostraron consideración por la decisión soberana de Ecuador de darle asilo, ni de concederle protección diplomática. El procedimiento de nombrarlo para un cargo diplomático era perfectamente legítimo; dos años después, en marzo de 2019, Reino Unido probó una táctica similar[3], aunque no idéntica, concediéndole protección diplomática a Nazanin Zaghari-Ratcliffe, un ciudadano con doble nacionalidad, británico-iraní, detenido en Irán arbitrariamente, de acuerdo con el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, desde 2016 y finalmente liberado en marzo de 2022.

No solo fracasó el intento de asignarle a Assange un cargo diplomático en Reino Unido sino también el de asignarle dicho puesto en algún otro país que, a diferencia de Reino Unido, lo aceptase. Si se hubiera logrado nombrarlo agente diplomático en un tercer país, habría habido que respetar su inmunidad e inviolabilidad al salir de la embajada mientras permaneciese en tránsito hacia ese país, como establece la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas[4].

En el momento de escribir este libro, pese a la batalla que estoy librando en relación con el DAIP, no he logrado obtener información sobre cómo se desarrolló este intento fallido entre bastidores, y tampoco estaba presente cuando ocurrieron los acontecimientos. Solo puedo informar de lo que me dijo Baltasar Garzón, el coordinador del equipo jurídico de Julian Assange, puesto que solo un número muy limitado de personas conocía los detalles, y Garzón era una de ellas.

La operación del pasaporte diplomático la concibieron los abogados de Julian Assange y algunas autoridades ecuatorianas. Se consideraron varios países. Fidel Narváez, entonces cónsul ecuatoriano en Londres, me dijo que Ecuador consideraba Rusia como una opción posible; pero el equipo jurídico del fundador de WikiLeaks, no. Garzón me lo contó del siguiente modo: «Consideramos países como Grecia, Serbia, Bolivia, Venezuela y China, siempre descartando a Rusia y dejándoles claro a las autoridades ecuatorianas que este país no era viable, porque alimentaría las teorías conspirativas»[5].

Era un plan perfectamente lícito desde el punto de vista del derecho internacional: una nación soberana, Ecuador, tenía derecho a conceder a Julian Assange estatus diplomático y nombrarlo para que desempeñase un cargo en un tercer país, si ese país aprobaba el nombramiento. Pero en cuanto las autoridades estadounidenses se enteraron del plan, el riesgo de que Assange saliera de la embajada se hizo excesivo. Muy pocas personas conocían la operación. ¿Cómo se enteró Estados Unidos? «El plan lo descubrió UC Global por la vigilancia a la que sometió la reunión entre Julian Assange y sus abogados», me explicó Garzón, en referencia a una visita que él y Aitor Martínez le habían hecho a Assange el 18 de diciembre de 2017, en la que hablaron sobre el tema.

La misma noche que los abogados regresaron a Madrid, cuatro enmascarados asaltaron el despacho de Garzón: «No se llevaron nada (ni siquiera el dinero que había). Buscaban el servidor y registraron en busca de documentos», me dijo Baltasar Garzón. De acuerdo con los testigos protegidos, el jefe de UC Global había considerado entrar en el bufete del abogado español. «Morales habló de entrar en las oficinas de ilocad, la firma de abogados dirigida por Baltasar Garzón en Madrid», declaró uno de ellos[6], y añadió «esto nos permitiría obtener información sobre el Sr. Assange para los americanos. Dos semanas después de esta conversación, los medios de comunicación nacionales informaron de que unos hombres con pasamontañas habían entrado en el despacho de Garzón».

En el momento de escribir este libro, la causa de UC Global sigue siendo investigada por un magistrado de la Audiencia Nacional española. Una cosa es segura, sin embargo: tan pronto como las autoridades estadounidenses se enteraron del plan de asignar a Assange un cargo diplomático, saltaron a la acción. El 21 de diciembre de 2017, emitieron una querella penal secreta por el supuesto delito de conspiración para cometer una intrusión informática que incumplía la Ley de Fraude y Abuso Informático (Computer Fraud and Abuse Act – CFAA) de Estados Unidos. ¿De qué acusaban exactamente al fundador de WikiLeaks? De haber aceptado ayudar en 2010 a Chelsea Manning a romper el «hash» de contraseña[7] almacenado en los ordenadores del Pentágono conectados a siprnet, la red usada para almacenar archivos clasificados, a los que ella, al ser analista de inteligencia, tenía acceso legítimo. Las autoridades estadounidenses alegaron que si Chelsea Manning hubiera logrado romper el hash de contraseña habría podido entrar en esos ordenadores con un nombre de usuario que no le pertenecía, dificultando así su identificación como fuente de los documentos.

Al día siguiente de presentar la querella penal, el 22 de diciembre de 2017, las autoridades estadounidenses enviaron una solicitud de detención a las de Reino Unido por medios diplomáticos. Pero dado que la querella penal y la solicitud de detención eran secretas, ni Assange ni la ciudadanía conocían su existencia. Esto ocurrió aproximadamente por la época en la que yo lo visité, el 29 de diciembre de 2017, cuando el vigilante de UC Global me confiscó la mochila. El intento de conseguir sacar con seguridad al fundador de WikiLeaks de la embajada, protegido por la inmunidad diplomática, había fracasado. Pero todavía quedaba otra vía por explorar.

La vía judicial

Desconocedores de las decisiones tomadas por las autoridades estadounidenses, Julian Assange y sus abogados apelaron al Tribunal de Magistrados de Westminster, en Londres, solicitando la retirada de la orden de detención que las autoridades británicas habían emitido por incumplir la libertad condicional cuando, en 2012, no se presentó ante Scotland Yard para someterse a la extradición, sino que se refugió en la embajada y pidió asilo. Dado que en mayo de 2017 la fiscal Ny había cerrado la investigación por violación y retirado la orden europea de detención, Mark Summer, respetado abogado y miembro del equipo defensor de Julian Assange, sostuvo que la detención ordenada por los británicos no tenía vida independiente fuera del procedimiento de extradición, y que ya no era una medida proporcionada, puesto que Assange había perdido su libertad siete años antes.

Pero la jueza del Tribunal de Magistrados de Westminster encargada del caso, Emma Arbuthnot, rechazó la solicitud y mantuvo la orden de detención. En la sentencia emitida en febrero de 2018, Arbuthnot alegó que la medida era proporcionada y que el fundador de WikiLeaks debía someterse a juicio y afrontar las consecuencias de sus decisiones[8].

La defensa había demostrado –en vano– que Assange había cooperado con la investigación sueca, y que las autoridades británicas habían aconsejado a las suecas que no lo interrogasen en Londres, ayudando así a crear el embrollo judicial y diplomático en el que llevaba envuelto desde 2010. Como prueba, el equipo jurídico de Assange presentó al tribunal algunos de los documentos que yo había obtenido gracias a los litigios que inicié amparándome en el DAIP, los que no habían sido destruidos y que logré obtener y publicar en mi periódico. Pero no sirvió de nada; muy al contrario, la jueza Arbuthnot dejó claro que tampoco ella tenía en gran estima la decisión del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria. «No considero que la estancia del Sr. Assange en la embajada haya sido inapropiada, injusta, impredecible, irrazonable, innecesaria o desproporcionada», sentenció[9]. Y añadía que: «He leído los informes médicos. Por suerte el Sr. Assange conserva una salud física relativamente buena. Ha tenido un problema dental grave y necesita tratamiento odontológico, y necesita una resonancia magnética de un hombro que se ha descrito como congelado. Acepto que tenga depresión y sufra infección respiratoria. El Sr. Sommers [sic] sostiene que ha sido suficientemente castigado. No acepto que no haya luz solar; hay varias fotografías de él en un balcón conectado con las instalaciones en las que habita. Los problemas de salud del Sr. Assange podrían ser mucho peores»[10].

En los siete años de confinamiento en la embajada, el fundador de WikiLeaks había podido salir al balcón seis veces. Aun así, su situación no le parecía un problema a la jueza Arbuthnot. El trato dado a un ser humano que, desde junio de 2012 hasta febrero de 2018 –cuando ella dictó su sentencia– no había podido respirar al aire libre, disfrutar de la luz del sol o recibir atención médica, no era injusto ni desproporcionado, en opinión de Arbuthnot. Y poco importaba que solo unos días antes, en las páginas de The Guardian, tres médicos destacados, Sondra Crosby, Brock Chisholm y Sean Love, hubieran afirmado que[11]: «Nuestra opinión como profesionales es que las circunstancias físicas y psicológicas del Sr. Assange en la embajada incumplen el espíritu de las reglas mínimas establecidas por Naciones Unidas acerca del trato dado a los prisioneros».

En su sentencia, la jueza Arbuthnot puso negro sobre blanco[12]: «Le doy poco peso a las opiniones del Grupo de Trabajo». Y nadie hizo objeciones.

La jueza era esposa de lord James Arbuthnot, que había presidido el consejo asesor de la filial británica de la multinacional de sistemas de defensa y seguridad Thales y, hasta diciembre de 2017, había pertenecido al consejo de administración de la empresa de inteligencia privada SC Strategy Limited[13]. De acuerdo con Matt Kennard y Mark Curtis, dos de los pocos periodistas británicos que han investigado el caso[14], tanto antes como después de que la jueza Arbuthnot emitiera sentencia en la causa de Assange, su marido colaboraba estrechamente con la Henry Jackson Society, una organización neoconservadora. Influyente grupo de presión británico muy crítico con WikiLeaks, la Henry Jackson Society incluía entre sus colaboradores internacionales al exdirector de la CIA James Woolsey[15], el que quería ver a Assange «colgado del cuello hasta morir». Las afiliaciones y conexiones del marido de Emma Arbuthnot suscitaron la cuestión del conflicto de intereses en un caso como el de Assange. Pero en declaración efectuada a los periodistas Kennard y Curtis, la judicatura británica negó que la jueza Arbuthnot hubiera mostrado sesgo alguno.

Después de esa sentencia dictada en febrero de 2018, que mantuvo la orden de detención emitida por las autoridades británicas por haber incumplido las condiciones de la libertad condicional, Assange permaneció en la embajada. De hecho, de haber salido, Scotland Yard lo habría capturado. La sentencia de cárcel por dicho incumplimiento habría sido leve, como máximo un año de cárcel, pero una vez en manos de las autoridades británicas corría el riesgo de ser extraditado a Estados Unidos; desde el 22 de diciembre de 2017, pendía sobre su cabeza la solicitud de detención emitida por Estados Unidos. Esto Assange no lo sabía, porque se mantenía en secreto, pero era lo que siempre había temido, y lo que lo había llevado a solicitar la protección de Ecuador y a permanecer en la embajada pese a que Marianne Ny hubiese cerrado la investigación por violación. Sin embargo, pronto dejaría de ser un temor para convertirse en certeza.

El veneno

En marzo de 2018, cinco semanas después de la sentencia emitida por la jueza Arbuthnot, volví a visitarlo. Quería entrevistar a Assange, y esa vez, a diferencia de lo ocurrido tres meses antes, los controles de seguridad pasaron sin problemas, como había sucedido siempre. Pude entrevistarlo sin dificultades. Estábamos en medio de la investigación del Rusiagate, y muchos medios de comunicación acusaban a WikiLeaks de ser el actor principal en todos los dramas políticos. Assange había tuiteado, por ejemplo, acerca del referéndum sobre la independencia de Cataluña organizado en octubre de 2017: algunos artículos de prensa describían sus tuits como parte de una operación de influencia rusa a favor de la independencia. Que Nigel Farage, firme defensor del Brexit, hubiera visitado a Assange en la embajada probaba la participación de este en la gran conspiración, desde Trump hasta el Brexit. Los artículos no aportaban pruebas fehacientes sobre la participación de Assange o WikiLeaks en dichos asuntos, se basaban meramente en quién se había reunido con él, o con quién había contactado. Para mí, como periodista, todo esto tenía poco sentido; para hacer nuestro trabajo nos reunimos con todo tipo de fuentes, pero a juzgar por lo que decían ciertos medios, parecía que Assange y WikiLeaks estaban a punto de ser detenidos y juzgados por el Rusiagate. Y sin embargo, en el momento de escribir este libro, todavía no los han incriminado.

Este clima de escándalo continuo suscitado por un artículo tras otro relacionados con dichas sospechas y acusaciones, dañó gravemente la reputación de WikiLeaks. Durante una de las conversaciones que mantuvimos aquellos meses, Assange bromeó: «Estamos en el negocio de la crucifixión»[16]. Pero no era cosa de risa. El 27 de marzo de 2018, el Ecuador de Lenín Moreno aisló a Assange del mundo. Ya no le permitían recibir visitas, aparte de sus abogados, y ya no tenía acceso a internet. Para un ser humano que en aquel momento llevaba seis años encerrado en un piso, sin salida, la prohibición de recibir visitas era una forma de aislamiento muy dura. La prohibición de acceder a internet era también cruel. Para Assange, la red no es una simple herramienta de trabajo y ocio, como para la mayoría; forma parte de su identidad. Su mundo. Desconectarlo de internet era como matarlo intelectual y socialmente.

Lo aislaron de todos. Y la falta de acceso a internet también dificultaba la comunicación a personas situadas cerca de él, porque las autoridades ecuatorianas habían instalado inhibidores –dispositivos electrónicos que bloquean el uso de teléfonos y ordenadores– dentro de la embajada.

Tres semanas después de que comenzara su aislamiento, la revista digital estadounidense The Intercept escribía[17]: «Han aparecido pruebas de que el corte de las comunicaciones de Assange con el mundo exterior es consecuencia de la fuerte presión diplomática ejercida sobre el nuevo presidente ecuatoriano, presión que muy bien puede conducir, quizá de manera inminente, a la expulsión de Assange de la embajada. La presión procede del Gobierno español de Madrid y sus aliados de la OTAN, furiosos por el hecho de que Assange haya expresado su oposición a algunas de las medidas represivas usadas para intentar aplastar a los activistas que apoyan la independencia catalana». El artículo estaba escrito por Glenn Greenwald y M. C. McGrath, brillante especialista en datos abiertos, y se basaba en un análisis exhaustivo de datos publicados en Twitter.

Hasta 1830, Ecuador había sido colonia española; la presión del Gobierno español era un asunto muy serio para el país latinoamericano. La furia de Madrid hacía referencia a un referéndum de independencia organizado en Cataluña en octubre de 2017. El fundador de WikiLeaks siempre había sido un comentarista activo de los asuntos internacionales, y en Twitter había condenado la represión ejercida por el Gobierno español contra los catalanes que respaldaban el referéndum, considerado ilegal por Madrid. De inmediato surgió una campaña mediática que asociaba los tuits de Assange sobre Cataluña con una operación de influencia rusa para difundir desinformación favorable a la independencia. Sin embargo, The Intercept desmanteló esas acusaciones, publicando un análisis técnico de los datos de la red social para demostrar que la difusión de los tuits de Assange sobre Cataluña no había sido una anomalía, como afirmaban ciertos medios.

The Intercept apuntaba también en su artículo que la campaña mediática se basaba extensamente en información proporcionada por un grupo llamado Hamilton 68, que afirmaba estudiar las operaciones de influencia mediante un análisis de seiscientas cuentas que consideraba relacionadas con propaganda del Kremlin. «Pero desde su creación, Hamilton 68 era evidentemente sospechoso», escribían Greenwald y McGrath, observando que el grupo lo había creado «gente de Washington con los peores expedientes de falsedad y militarismo: Bill Kristol, algunos exagentes de la CIA, halcones del gop [el Partido Republicano], y neoconservadores del Partido Demócrata». Además de tener estos antecedentes, «Hamilton 68 era, y sigue siendo, increíblemente opaco respecto a su metodología, negándose siquiera a identificar qué cuentas designan como “promotoras de la influencia rusa en internet”», escribía The Intercept.

Las de Greenwald y McGrath eran dos de las pocas voces críticas. «Si, como parece cierto, estas alegaciones no sustentadas sobre la difusión de desinformación durante el referéndum de Cataluña se están usando como herramienta para la manipulación política en el caso de Julian Assange, está funcionando», escribían, añadiendo que: «La escalada de tensiones con España, que mantiene fuertes vínculos diplomáticos con Ecuador, amenaza el asilo de Assange de una manera no lograda por la prolongada presión ejercida por Estados Unidos y Reino Unido». Y lo logró. Aunque mi información sobre lo que ocurría dentro de la embajada era, en el mejor de los casos, incompleta, debido al aislamiento forzoso de Assange, sabía que su situación se volvía cada vez más precaria. Después de que fracasaran todos los intentos para conseguir que saliera sin que lo detuviesen, hasta el intento de protegerlo dentro de esas cuatro paredes se tambaleaba.

La cuestión de Cataluña fue solo una de las campañas para demonizar a Assange. Otra de esas campañas tan peligrosas se basó en un artículo[18] de The Guardian que recorrió el mundo entero, afirmando que el fundador de WikiLeaks había recibido una visita de Paul Manafort, exdirector de la campaña electoral de Donald Trump. Se decía que la reunión había tenido lugar en marzo de 2016, y que supuestamente había habido otros dos encuentros anteriores, en 2013 y en 2015. De ser cierto, servía como prueba de que había existido un contacto directo con alguien relacionado con Trump antes de que WikiLeaks revelase los documentos del Partido Demócrata. ¿Pero ocurrió realmente?

Esta vez, las dudas expresadas por las revelaciones de The Guardian procedieron de The Washington Post[19], un periódico definitivamente poco sospechoso de simpatizar con Julian Assange.

El artículo publicado online por The Guardian sobre Manafort lo firmaban dos periodistas: Luke Harding y Dan Collyns. Harding siempre se había mostrado áspero en sus retratos de Julian Assange. The Washington Post resaltaba que el artículo sobre Manafort se basaba exclusivamente en fuentes anónimas, y que los periodistas no habían publicado documentos que sostuvieran la afirmación. El nombre de uno de los periodistas indicado en la edición impresa del artículo publicada por The Guardian –el del periodista y activista político ecuatoriano Fernando Villavicencio[20]– se había eliminado de la versión digital. De acuerdo con The Washington Post, «un ministerio del anterior Gobierno de Ecuador acusó a Villavicencio de falsear documentos». El diario estadounidense subrayaba que The Guardian había alterado posteriormente el lenguaje usado en su noticia original, para hacer que las conclusiones sonaran menos firmes. El artículo original hablaba de una «reunión», pero se cambió a una «aparente reunión». The Washington Post observaba también que «ninguna otra organización periodística ha podido corroborar la información publicada por The Guardian para sustanciar la afirmación central de que se produjo una reunión», y añadía: «Las organizaciones periodísticas hacen por lo general investigación independiente para confirmar las noticias importantes». Por último, el Post citaba a Glenn Greenwald, que señalaba que la embajada de Ecuador estaba rodeada de cámaras que registraban quiénes entraban y salían. «Si Paul Manafort se hubiera acercado al edificio, y no digamos si lo hubiera hecho tres veces, habría montañas de pruebas». Por el contrario, hasta la fecha no se dispone de una sola fotografía o imagen de vídeo de su presencia, y es fácil imaginar que docenas de periodistas habrán intentado encontrar dichas imágenes.

Tanto Manafort como WikiLeaks negaron que se hubiera producido la reunión. El nombre de Manafort no aparece en el registro de personas que visitaron a Julian Assange en la embajada a lo largo de los años. Hasta hoy, no ha surgido ninguna prueba, fotográfica o de otro tipo, de su presencia. Y sin embargo, en el momento en el que escribo este libro, el artículo de The Guardian sigue disponible en internet. El clima de suspicacia creado a lo largo de los años por artículos como este ha contribuido a la campaña de desprestigio contra Assange y WikiLeaks que acabó por privarlos de la empatía ciudadana. El veneno difundido por los medios de comunicación ha funcionado.

La última reunión

Yo había escrito diez mensajes electrónicos a las autoridades ecuatorianas. Diez. Los había telefoneado en repetidas ocasiones, incluso al Ministerio de Relaciones Exteriores en Quito. Desde que Julian Assange había sido aislado del mundo, en marzo de 2018, pedí una y otra vez permiso para entrar en la embajada. Tras ocho meses de intentos, lo conseguí. Nos reunimos el 19 de noviembre de 2018. Fue la primera visita de una periodista autorizada desde su aislamiento completo. Y para concedérmela, las autoridades ecuatorianas me habían exigido que me registrase en el «Registro de Visitas», un impreso en el que, entre otra información personal, me preguntaron «La marca, el modelo, el número de serie, el número imei y el número de teléfono (si aplicable) de cada uno de los aparatos telefónicos, computadoras, cámaras y otro equipo electrónico que el solicitante desee introducir en la Embajada y conservar durante la entrevista». Proporcionar esa información técnica de mis dispositivos electrónicos me hacía correr el riesgo de que se espiasen mis comunicaciones más adelante, pero para obtener el permiso compartí esos datos, esperando que, como se indicaba en el impreso, me dejasen conservar el dumbphone y el teléfono cifrado.

Nada más entrar en la embajada me impresionó el ambiente frío y hostil. UC Global había sido sustituida por otra empresa llamada Promsecurity. Entré en la sala de conferencias con mi mochila y mis teléfonos, porque en la entrada nadie me pidió que los entregara, como siempre habían hecho los vigilantes de UC Global. Los saqué para ver si funcionaban, o si los inhibidores que impedían a los dispositivos electrónicos hacer llamadas y conectarse a internet seguían activos. Mis teléfonos parecían estar completamente bloqueados. Mientras los comprobaba, de repente un guarda de seguridad abrió la puerta. Me pidió que le entregase los teléfonos, a pesar de que les había proporcionado toda la información técnica que querían. Era obvio que me habían estado vigilando en tiempo real a través de las cámaras de seguridad instaladas en la sala, porque de lo contrario no podrían haberme visto, puesto que la puerta estaba cerrada.

Poco antes, el Ecuador de Lenín Moreno había establecido una serie de normas estrictas para asegurarse de que la vida de Assange fuera lo más incómoda posible. Estaba muy claro que ya no disfrutaba de ninguna protección. María Fernanda Espinosa, la ministra de Relaciones Exteriores que se había esforzado por concederle la ciudadanía y un estatus diplomático, había salido del Gobierno y asumido el cargo de presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas. Al cónsul en Londres que había estado con él en la embajada seis años enteros, Fidel Narváez, lo habían trasladado. Ya no estaba ni el gato, que le había proporcionado algo de alegría y distracción.

Cuando lo vi, me quedé impresionada. Tres días antes de mi visita, medios de Estados Unidos habían revelado[21] que el Gobierno de ese país había presentado en secreto acusaciones contra él. Aunque se trataba de una acusación secreta, al parecer la noticia había salido a la luz de manera inadvertida debido a un error burocrático. Solo se sabía que había una imputación; el delito del que se le acusaba seguía sin revelarse.

Hablando en voz baja para evitar que lo oyesen, revisó las diversas opciones que podrían presentarse en los meses siguientes. Se mantenía lúcido y racional, pero era obvio que experimentaba la ansiedad propia de una persona que ya no controlaba su vida. No podía darme formalmente ninguna declaración; temía que si hacía declaraciones que salieran en prensa, el Ecuador de Moreno lo acusaría de incumplir las restricciones y lo usaría para justificar su expulsión de la embajada. El aislamiento y las nuevas normas estaban designados para hacerle la vida insoportable, y tenían un efecto palpable sobre él. O permanecía allí de manera indefinida, hasta el colapso físico y mental, o se decidía a salir de la embajada, detonando el comienzo de su fin.

Nunca lo había visto así. La gran tensión que se observaba en su rostro, la extremada pérdida de peso, que ni siquiera el grueso suéter de invierno lograba ocultar. Y cuando, para aligerar el ambiente, le pregunté dónde había ido el gato, me dijo que había decidido confiárselo a unos amigos para que lo cuidasen. Pero siempre que salía, el animal tenía miedo de todo. Lo dijo con tristeza. Quería parecer fuerte, pero su sufrimiento físico y psicológico era evidente.

Salí de la embajada y escribí este mensaje a la Repubblica, el periódico con el que colaboraba en ese momento: «Julian Assange se muere lentamente, y no exagero: debe de haber perdido 12 kilos en los ocho meses que hacía que no lo veía (lo había visto anteriormente el 23 de marzo); ha perdido tanto peso que se le ven los hombros pequeños, como los de un modelo de moda esquelético. Lleva la barba y el pelo de un ermitaño. Me pregunto cómo puede funcionarle todavía el cerebro, porque está claro que todavía le funciona».

Al volver de Londres describí nuestra reunión en un artículo[22]. Mis directores de la Repubblica me dijeron que llevaban dos días intentando contactar conmigo. «¿Por qué no has respondido?», me preguntaron. No había rastro de llamadas telefónicas, SMS o mensajes electrónicos en mis teléfonos ni en mi ordenador. No era la primera vez que experimentaba problemas con las comunicaciones. Pero sí fue la última que me reuní con Julian Assange en la embajada.

Cinco meses después, lo vi fuera de ese edificio de ladrillo de Knightsbridge en el que había permanecido encerrado seis años y diez meses. Y también lo vio el mundo entero, con la misma barba y el mismo pelo de ermitaño que llevaba la última vez que yo había estado con él. Gritaba: «Reino Unido debe resistir».

[1] Stefania Maurizi, «“I was fired for helping Julian Assange, and I have no regrets”: an interview with Fidel Narvaez», Jacobin, 25 de octubre de 2019.

[2] Owen Bowcott, «Julian Assange’s bid for diplomatic status rejected by Britain», The Guardian, 10 de enero de 2018.

[3] Patrick Wintour, «Foreign Office grants Zaghari-Ratcliffe diplomatic protection», The Guardian, 8 de marzo de 2019.

[4] Artículo 40 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, Naciones Unidas, 1961, disponible en [https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_1_1961.pdf], consultado el 8 de mayo de 2022.

[5] Baltasar Garzón, comunicación con la autora a través de Aitor Martínez, 14 de abril de 2022.

[6] Testigo anónimo 2.

[7] Los ordenadores no almacenan las contraseñas de los usuarios en texto normal por razones de seguridad. Las contraseñas se cifran mediante un algoritmo matemático, que produce un valor hash [una función criptográfica] para una contraseña. Lo que se almacena en el ordenador es el hash, no la contraseña propiamente dicha.

[8] La jueza Emma Arbuthnot emitió dos sentencias relacionadas con esta causa: una, con fecha 6 de enero de 2018, y otra, el 13 de febrero de 2018, disponibles en [www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2018/02/Assange-Ruling.pdf]; y [www.judiciary.uk/up-content/uploads/2018/02/assange-ruling-2-feb2018.pdf], consultados el 9 de mayo de 2022.

[9] La cita procede de la sentencia correspondiente al 13 de febrero de 2018, disponible en [www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2018/02/assange-ruling-2-feb2018.pdf], consultado el 9 de mayo de 2022.

[10] Ibid.

[11] Sondra S. Crosby, Brock Chisholm y Sean Love, «We examined Julian Assange, and he badly needs care–but he can’t get it», The Guardian, 24 de enero de 2018.

[12] La cita procede de la sentencia dictada por Arbuthnot el 13 de febrero de 2018.

[13] «Appointment of Lord Arbuthnot to the Chair of the Thales UK Advisory Board», Thales Group, 12 de mayo de 2016, disponible en [www.thalesgroup.com/en/united-kingdom/news/appointment-lord-arbuthnot-chair-thales-uk-advisory-board], consultado el 9 de mayo de 2022; Jamie Doward, «Judge in Uber’s London legal battle steps aside over husband’s links to firm», The Guardian, 18 de agosto de 2018.

[14] Matt Kennard y Mark Curtis, «As British judge made rulings against Julian Assange, her husband was involved with right-wing lobby group briefing against WikiLeaks founder», Declassified UK, 4 de septiembre de 2020, disponible en [www.dailymaverick.com.za/article/2020-09-04-as-british-judge-made-rulings-against-julian-assange-her-husband-was-involved-with-right-wing-lobby-group-briefing-against-wikilekas-founder/], consultado el 9 de mayo de 2022.

[15] Es fácil verificar que James Woolsey era uno de los mecenas internacionales de la Henry Jackson Society en [https://henryjacksonsociety.org/%20international-patrons/], consultado el 10 de mayo de 2022.

[16] Stefania Maurizi, «Julian Assange: “I want to testify on Cambridge Analytica, but there has been political pressure”», la Repubblica, 27 de marzo de 2018.

[17] M. C. McGrath y Glenn Greenwald, «How shoddy reporting and anti-Russian propaganda coerced Ecuador to silence Julian Assange», The Intercept, 20 de abril de 2018.

[18] Luke Harding y Dan Collyns, «Manafort held secret talks with Assange in Ecuadorian Embassy, sources say», The Guardian, 27 de noviembre de 2018.

[19] Paul Farhi, «The Guardian offered a bombshell story about Paul Manafort. It still hasn’t detonated», The Washington Post, 4 de diciembre de 2018.

[20] Cinco años después de la publicación del artículo en The Guardian, Fernando Villavicencio se presentó como candidato a las elecciones presidenciales de Ecuador. El 9 de agosto de 2023, al final de un mitin durante la campaña, fue asesinado por tres disparos. Villavicencio estaba amenazado por la mafia del narcotráfico [N. editorial].

[21] Charlie Savage, Adam Goldman y Michael S. Schmidt, «Assange is secretly charged in us, prosecutors mistakenly reveal», The New York Times, 16 de noviembre de 2018.

[22] Stefania Maurizi, «The detention and isolation from the world of Julian Assange», la Repubblica, 26 de noviembre de 2018.

XVII

En el aspirante a Guantánamo

Una detención brutal

Lo sacaron siete agentes, sujeto por piernas y brazos mientras él forcejeaba, gesticulando y gritando. Los agentes de la Metropolitan Police, conocida en el mundo como Scotland Yard, iban de paisano. Si llevasen uniformes, probablemente la escena habría sido más lúgubre, más sugerente de un país autoritario. Para el Ecuador de Lenín Moreno, habría constituido también un embarazoso símbolo de sumisión. Las imágenes eran suficientemente brutales por sí mismas. Y todo el mundo estaba mirando. Un periodista indefenso, con la salud minada por nueve años de confinamiento y detención arbitraria, sacado a la fuerza por la policía, esposado, con el rostro fantasmalmente pálido y los cabellos y la barba blancos de un ermitaño. Mientras, un agente uniformado en primer plano apenas lograba contener la risa.

El 11 de abril de 2019, hacia las 10:50 de la mañana en Londres, Scotland Yard recibió permiso para entrar en la embajada con autorización de Moreno, que le retiró el asilo a Assange, quejándose, entre otras cosas, de supuestos incumplimientos de las condiciones estrictas que se habían diseñado para dificultarle la vida en la mayor medida posible, como yo había observado en la última visita que le había hecho, en noviembre de 2018.

Dos meses antes, The Financial Times[1] publicó que el Fondo Monetario Internacional le había concedido al país latinoamericano un préstamo de 4.200 millones de dólares. Muchos lo habían relacionado con la decisión tomada por Moreno de expulsar a Assange, aunque el presidente de Ecuador ya había realineado desde hacía un tiempo el país con Estados Unidos, distanciándose de Correa y firmando un pacto militar y otro de seguridad. Tras la visita el vicepresidente estadounidense Mike Pence[2] en junio de 2018, los rumores sobre la expulsión inminente de Assange se volvieron cada vez más insistentes.

Ante la amenaza de expulsión, el equipo jurídico de Assange, coordinado por Baltasar Garzón, había buscado todos los medios para protegerlo, apelando[3] a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta había advertido a Ecuador de que tenía una obligación de no devolverlo, es decir, de no entregarlo, directa o indirectamente, a Estados Unidos, donde corría el riesgo de ser torturado o sometido a trato inhumano y degradante. Aun así, Ecuador permitió que las autoridades británicas lo detuvieran.

Exactamente al mismo tiempo que Scotland Yard le ponía las manos encima a Assange, la policía ecuatoriana detenía al programador sueco Ola Bini, conocido desarrollador de programas informáticos cuyo trabajo se centra en la privacidad y el cifrado. Bini llevaba un tiempo viviendo en Quito. No lo conozco, pero, de acuerdo con sus abogados[4], era amigo personal de Julian Assange, aunque no formaba parte de WikiLeaks. Su nombre estaba incluido en la lista de personas sobre las que UC Global buscaba información. El Gobierno de Moreno lo acusó públicamente de «cooperar con los intentos de desestabilizar el gobierno». En el momento de escribir este libro, Bini sigue sometido a juicio. Amnistía Internacional ha declarado públicamente[5] que «la labor de quienes, como Ola Bini, defienden el derecho a la privacidad en medios digitales es fundamental para la protección de los derechos humanos alrededor del mundo».

El día de su detención, mientras lo sacaban a la fuerza, y a pesar de las esposas, Assange sujetaba un libro entre las manos. No era un libro cualquiera.

El Estado dentro del Estado

Se titulaba History of the National Security State, y se basaba en una serie de entrevistas realizadas a Gore Vidal por el periodista independiente Paul Jay[6]. Era uno de los libros que yo le había dado[7] a lo largo de los años, para ayudarle a mantener la mente activa durante el aislamiento en la embajada.

History of the National Security State es una joya. En él, Vidal resume cómo, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, en lugar de desmantelar la maquinaria bélica, amplió de manera drástica su complejo industrial militar. Lo hizo aprovechando el miedo a un enemigo presentado como una amenaza existencial omnipotente, la Unión Soviética, y creando el Estado de Seguridad Nacional, que después del 11 de septiembre de 2001 se convirtió en un leviatán. Un Estado dentro del Estado, con sus propios organismos, desde la CIA y la NSA hasta el Pentágono, entidades que en la práctica no responden esencialmente ante nadie, que se escudan en el secreto, a las que se les asigna un presupuesto grotesco para la compra de armas y las guerras eternas.

Intentando entender por qué Assange había escogido ese libro en concreto el día de su detención, The Washington Post entrevistó a su autor[8], Paul Jay. Este no conocía al fundador de WikiLeaks, de modo que no podía saber exactamente por qué Assange lo había elegido, pero describió como sigue sus conversaciones con Gore Vidal: «La esencia del libro es que este tipo de Estado de seguridad no redunda en interés de los estadounidenses o de los habitantes de cualquier otro lugar». Y continuaba: «Supongo que el argumento fundamental de lo que Vidal decía es que el imperio estadounidense no es bueno para los estadounidenses. La forma en la que nos lo venden a los ciudadanos es que es bueno para nosotros porque todos vamos en el mismo barco, pero muy al contrario. Es bueno para una elite, en especial los fabricantes de armas y la industria de los combustibles fósiles y otros que se enriquecen con este tipo de política exterior. Pero son los jóvenes trabajadores, hombres y mujeres, los que mueren por esto, y los que se van a morir a esas guerras extranjeras».

No tengo idea de por qué Julian Assange llevaba el libro de Vidal para enviarle un mensaje al mundo, pero entre los muchos enemigos de WikiLeaks, el Estado de Seguridad Nacional estadounidense era sin duda el gigante dispuesto a destruir a Assange y a los periodistas de WikiLeaks desde las primeras fases de su trabajo. Yo le había dado el libro pensando que le resultaría interesante observar los orígenes del gigante a través de la erudición y las facultades analíticas de un intelectual como Gore Vidal.

Recuerdo que, además del libro, le había llevado también unos limones de la costa de Amalfi, donde al escritor estadounidense le encantaba vivir, en medio del azul del mar de Ravello y los limonares. Había vigilado con mucho cuidado aquellos limones durante mi vuelo de Roma a Londres. «No porque tuviera miedo de que alguien los envenenase», le dije a Assange, «sino porque hay que tener cuidado con la comida que se introduce en la embajada». Hasta un caso menor de intoxicación alimentaria podía ser desastroso para él, ya que no podría acudir al hospital sin ser detenido. Cuando más tarde supe que, de acuerdo con los testigos protegidos, la inteligencia estadounidense había hablado con el director de UC Global de la posibilidad de envenenarlo, recordé cómo habíamos bromeado a costa de los limones envenenados.

No sabemos cómo celebraron la CIA, la NSA y el Pentágono, el corazón del Estado de Seguridad Nacional estadounidense, la detención de Julian Assange. Sí sabemos que la entonces primera ministra británica, Theresa May, la recibió con satisfacción, declarando que «demuestra que nadie está por encima de la ley»[9]. Por supuesto, nadie excepto los criminales de Estado responsables de los horrores revelados por las publicaciones de WikiLeaks.

Algunos retazos de información que revelan la satisfacción de las autoridades británicas ante la escena se encuentran también en los diarios[10] de sir Alan Duncan, exadjunto de Boris Johnson en el Foreign Office, que al parecer fue un actor clave en la «Operación Pelícano», el desalojo de Julian Assange de la embajada ecuatoriana.

Duncan, que en 2018 calificó[11] al fundador de WikiLeaks de «gusanito miserable», escribió que conseguir su detención había «costado muchos meses de paciente negociación diplomática, y al final se realizó sin obstáculos»[12]. Allá por 2016, se había reunido con Guillaume Long[13], ministro de Relaciones Exteriores en el Gobierno de Rafael Correa, que «defiende los supuestos derechos humanos de Julian Assange», escribía Dundan en su diario, sin ocultar su antipatía por Long. Pero con la salida de Correa y la llegada de Moreno, había habido muchas oportunidades de negociar. Moreno «rezuma buena voluntad y calidez. Adora Reino Unido y le di una preciosa bandeja de porcelana de la tienda de regalos del palacio de Buckingham. Trabajo hecho»[14], escribía sir Duncan, informando de que se había reunido con Moreno en Ecuador tres meses después de que la operación se llevara a cabo. En los diarios, Duncan no oculta su profunda satisfacción con la detención de Assange: «Doy millones de entrevistas, intentando quitarme la sonrisilla de la cara»[15].

Ese era el respeto que experimentaban las autoridades británicas hacia periodistas molestos como los de WikiLeaks. Sacado a la fuerza de las cuatro paredes de la embajada, que durante seis años y diez meses lo habían protegido, Julian Assange fue confinado pronto entre cuatro paredes diferentes: las del aspirante a Guantánamo británico.

Cincuenta semanas

Lo enviaron a la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, donde el Gobierno de Tony Blair había hecho su malogrado intento de detener indefinidamente a sospechosos de terrorismo después del 11-S, como los estadounidenses habían hecho en Guantánamo.

El mismo día de su detención, lo llevaron ante el juez Michael Snow[16], de la Corte de Magistrados de Westminster, en Londres, que lo declaró culpable de incumplir las condiciones de libertad condicional en 2012, cuando en lugar de presentarse ante Scotland Yard, que lo extraditaría a Suecia para que lo interrogasen por supuesta violación, se refugió en la embajada de Ecuador y pidió asilo.

En febrero de 2018, la defensa de Assange había solicitado que se retirase la orden de detención emitida por las autoridades británicas en 2012. Si la apelación hubiera prosperado, Assange habría abandonado la embajada sin correr el riesgo de ser detenido, y habría disfrutado de derecho de asilo en Ecuador. Pero el intento había fracasado cuando la jueza Emma Arbuthnot –esposa de lord Arbuthnot– había rechazado la apelación.

Cuando, el día de la detención, los asesores jurídicos de Assange plantearon dudas sobre la imparcialidad de la jueza Arbuthnot, Snow las rechazó con desdén. También calificó a Assange de «narcisista incapaz de ver más allá de sus propios intereses egoístas».

No estaba claro por qué un periodista detenido durante casi una década recibía un trato público tan despectivo. Pero lo que sí quedó claro ese día es que Julian Assange había estado en lo cierto desde el principio.

Una vez detenido por incumplir las condiciones de la libertad provisional, Estados Unidos solicitó de inmediato su extradición, acusándolo de conspiración para cometer intrusión informática, el delito por el que habían emitido una orden de detención secreta en diciembre de 2017. Era un supuesto incumplimiento de la Ley de Fraude y Abuso Informático (CFAA) de Estados Unidos. Si lo extraditaban y lo declaraban culpable, podrían condenarlo a un máximo de cinco años de cárcel. Cuando los agentes de Scotland Yard lo detuvieron, le notificaron la acusación[17] enviada por el Distrito Oriental de Virginia, el tribunal situado en el mismo estado en el que tanto la CIA como el Pentágono tienen su cuartel general, y que investiga algunos de los casos más destacados de terrorismo y seguridad nacional.

Por su parte, la justicia británica se movió con rapidez. El 1 de mayo de 2019, la jueza británica Deborah Taylor sentenció[18] al fundador de WikiLeaks a cincuenta semanas de cárcel por haber incumplido en 2012 las condiciones que le habían impuesto al concederle la libertad condicional. Taylor no mostró consideración alguna hacia la decisión del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria, ni al hecho de que las preocupaciones de Assange ante la posibilidad de ser extraditado a Estados Unidos hubieran resultado fundadas. También le achacó que su residencia continuada en la embajada le hubiese costado a Reino Unido el «gasto de 16 millones de libras de los contribuyentes». Y poco importó que –como demostraban los documentos obtenidos gracias a la litigación que yo emprendí acogiéndome al derecho de acceso a información pública, DAIP– alguien del Servicio de Fiscalía de la Corona hubiera ayudado a crear esa parálisis judicial y les hubiera dicho[19] también a los suecos que «no consideren los gastos como un factor relevante en este asunto».

La sentencia de cincuenta semanas se acercaba a la pena máxima por ese delito, que es de cincuenta y dos semanas. El Grupo de Trabajo declaró públicamente que se trataba de «una sentencia desproporcionada» y volvió a pedir[20] a Reino Unido que lo liberase: «El Grupo de Trabajo lamenta que el Gobierno no haya tenido en cuenta su Opinión y haya ampliado ahora la privación arbitraria de libertad del Sr. Assange». Londres hizo caso omiso del Grupo de Trabajo, como llevaba haciendo desde 2015.

Tras la justicia estadounidense y la británica, entró en acción la sueca. Poco más de un mes después de la detención de Assange, el 13 de mayo de 2019, la Fiscalía General sueca abrió por tercera vez la investigación por violación, a solicitud de Elisabeth Massi Fritz, abogada de la supuesta víctima, Sofia W.

Pero la reapertura de la investigación sueca palidecía en comparación con lo que les ocurrió inmediatamente después a Julian Assange y Chelsea Manning.

La espada de la ley

El 16 de mayo de 2019, unas dos semanas después de que Assange fuera sentenciado a cincuenta semanas de cárcel, volvieron a encerrar a Chelsea Manning, por negarse a testificar ante el Gran Jurado de Alexandria reunido en el tribunal del Distrito Oriental de Virginia donde se había abierto casi diez años antes la investigación sobre Assange y WikiLeaks. Ya la habían encarcelado en marzo por la misma razón, y había pasado dos meses entre rejas. Esta vez, se arriesgaba a sufrir un periodo de encarcelamiento más largo. Liberada en mayo de 2017, después de cumplir siete años en una cárcel militar y tras dos intentos de suicidio, a Manning volvieron a encerrarla, esta vez por un acto de desobediencia civil.

Los grandes jurados son una institución tan controvertida que desde hace años se solicita su abolición[21]. Tienen una historia prolongada de perseguir a activistas políticos y perdonar sistemáticamente a policías responsables de muertes violentas, como la del ciudadano estadounidense negro Eric Garner, cuyo homicidio suscitó enormes protestas convocadas por el movimiento Black Lives Matter[22].

Trabajan en secreto: están formados por un fiscal que presenta las pruebas al jurado, interroga a los testigos, emite órdenes de entrega de documentos y citaciones de testigos, y ofrece a los testigos inmunidad frente a cualquier consecuencia penal que derive de su declaración. Al final de este proceso, el jurado debe decidir si hay suficientes pruebas para procesar al individuo investigado. La tarea del gran jurado no es la de establecer la inocencia o la culpabilidad; se encarga de decidir si el sospechoso o la sospechosa debería ser procesado, es decir, si hay suficientes pruebas para enviarlos a juicio. Todo esto tiene lugar sin que se produzca comunicación alguna entre la fiscalía y la defensa, porque el gran jurado no se reúne en presencia de un juez, ni de los abogados o los testigos de los sospechosos.

Lo que ocurre tras la puerta cerrada de un gran jurado está envuelto en misterio. Es el ministerio fiscal quien decide qué pruebas presentarles a los miembros del jurado que, siendo personas ordinarias, no tienen por qué tener experiencia jurídica: deben basar su decisión en lo que les cuenta el fiscal. Al seleccionar qué pruebas presentar y cuáles omitir, a qué testigos interrogar y a cuáles dejar fuera, el ministerio fiscal disfruta de gran libertad para introducir pruebas capaces de incriminar o exonerar al sospechoso. En resumen, el fiscal es uno de los que «dirige la orquesta». Como dice un refrán conocido en círculos judiciales: «Cualquier fiscal podría conseguir que un gran jurado incrimine a un bocadillo de jamón, si se lo propone».

Precisamente por trabajar en secreto, no sabemos cuál era el objetivo del Gran Jurado al convocar a Chelsea Manning, pero esta se mostró de nuevo inquebrantable en sus principios. Se negó a testificar, pese a que le ofrecían inmunidad a cambio de su testimonio. En ese punto, el juez Anthony Trenga no solo la mandó a la cárcel por desacato, sino que también le impuso una multa: tras los primeros treinta días de cárcel, se le impondrían quinientos dólares por cada día que siguiera negándose a declarar, cantidad que se doblaría a mil dólares diarios transcurridos los dos meses.

En una carta escrita al juez Trenga, Manning explicaba que su negativa derivaba de la naturaleza secreta del procedimiento y de que en el pasado se había usado con fines políticos, para victimizar a activistas y a los grupos sociales más vulnerables, por ejemplo, al tiempo que se permitía que los policías salieran impunes: «el secretismo con el que el gran jurado lleva a cabo sus procedimientos suscita paranoia y miedo, y va en contra de nuestros ideales de transparencia en la justicia». Y terminaba la carta como sigue: «Cada persona debe hacer el mundo en el que quiere vivir de acuerdo con sus opiniones. Creo en el proceso justo, la libertad de prensa y el sistema judicial transparente. Me opongo al uso de los grandes jurados como herramientas para destruir comunidades vulnerables. Me opongo en especial a este gran jurado, porque lo considero un esfuerzo para amedrentar a periodistas y editores, que cumplen una función pública crucial. Tengo estos valores desde la infancia, y he dispuesto de años de confinamiento para reflexionar sobre ellos. Durante buena parte de ese tiempo, dependía de mis valores, mis decisiones y mi conciencia para sobrevivir. No los voy a abandonar ahora»[23]. Pese al encarcelamiento y a las fuertes multas, Chelsea Manning no cedió, y volvió a pagar el precio.

Tras mandar a la cárcel a la fuente de WikiLeaks, la justicia estadounidense se ensañó con el fundador de la organización.

[1] John Paul Rathbone y Colby Smith, «imf agrees to $4.2bn fund for Ecuador», The Financial Times, 21 de febrero de 2019.

[2] «Hoja informativa sobre la cooperación entre los Estados Unidos y Ecuador», us Mission Ecuador, 28 de junio de 2018, disponible en [https://ec.usembassy.gov/hoja-informativa-sobre-la-cooperación-entre-los-estados-unidos-y-ecuador/], consultado el 11 de mayo de 2022.

[3] Jennifer Robinson, Sidney Conference for International Law (scil), 26 de febrero de 2021. Véase Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-25/18, con fecha 30 de mayo de 2018, en [www.refworld.org/pdfid/5c87ec454.pdf], consultado el 11 de mayo de 2022.

[4] Reuters, Redacción, «Ecuadorean judge orders Swedish citizen close to Assange jailed pending trial», 13 de abril de 2019, disponible en [www.reuters.com/article/us-ecuador-wikileaks-idUSKCN1RP0HA], consultado el 11 de mayo de 2022.

[5] «Ecuador: Autoridades deben vigilar el juicio contra el defensor digital Ola Bini», Amnistía Internacional, 3 de marzo de 2020, disponible en [www.amnesty.org/es/latest/news/2020/03/ecuador-authorities-must-monitor-trial-digital-defender-ola-bini/], consultado el 10 de octubre de 2023.

[6] Paul Jay, Gore Vidal, History of the National Security State: Includes Vidal on America, Toronto, The Real News Network, 2014.

[7] Stefania Maurizi, «I’ve known Julian Assange for 10 years. His confinement and arrest are a scandal», Newsweek, 30 de abril de 2019.

[8] Stephanie Merry, «Julian Assange carried a book during his arrest. He may have been sending a message», The Washington Post, 11 de abril de 2019.

[9] Reuters, Redacción, «uk pm May says Assange arrest shows no one above the law», 11 de abril de 2019, disponible en [www.reuters.com/article/us-ecuador-assange-may-idUSKCN1RN1OA], consultado en mayo de 2022.

[10] Alan Duncan, In the thick of it: The private diaries of a minister, Londres, William Collins, 2021.

[11] Samuel Osborne, «Julian Assange branded “miserable Little worm” by UK minister», The Independent, 27 de marzo de 2018.

[12] Alan Duncan, «Theresa’s like a flaking old pit prop everyone knows will collapse…we are in meltdown…****-A-DOODLE-DOO!», The Daily Mail, 5 de abril de 2021.

[13] Matt Kennard, «Revealed: the uk government campaign to force Julian Assange from the Ecuadorian Embassy», Declassified UK, 28 de abril de 2021.

[14] Ibid.

[15] Ibid.

[16] Simon Murphy, «Assange branded a “narcissist” by judge who found him guilty», The Guardian, 11 de abril de 2019.

[17] La acusación está disponible en [www.justice.gov/opa/press-release/file/1153486/download], consultado el 12 de mayo de 2022.

[18] Sentencing Remarks [Exposición de motivos] de la jueza Deborah Taylor, disponible en [www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2019/05/sentencing-remarks-assange-010519.pdf], consultado el 12 de mayo de 2022.

[19] Mensaje electrónico enviado por el Servicio de Fiscalía de la Corona a Marianne Ny el 10 de diciembre de 2013 a las 16:29. Obtuve una copia de este mensaje gracias a mi litigación contra el Servicio de Fiscalía de la Corona. Lo he citado en el capítulo XI.

[20] «United Kingdom: Working Group on Arbitrary Detention expresses concern about Assange proceedings», UN OHCHR, 3 de mayo de 2019, disponible en [www.ohchr.org/en/news/2019/05/united-kingdom-working-group-arbitrary-detention-expresses-concern-about-assange], consultado el 12 de mayo de 2022.

[21] Mary Turck, «It is time to abolish the grand jury system», Al Jazeera, 11 de enero de 2016; LaDoris Hazzard Cordell, «Grand juries should be abolished», Slate, 9 de diciembre de 2014.

[22] Harry Bruinius, «Eric Garner case 101: why grand juries rarely indict police officers», Christian Science Monitor, 9 de diciembre de 2014; Katie Benner, «Eric Garner’s death Will not lead to federal charges for n.y.p.d. officer», The New York Times, 16 de julio de 2019.

[23] «Letter from Chelsea Manning to Judge Anthony Trenga», 28 de mayo de 2019, disponible en [www.releasechelsea.com/statements_by_chelsea/chelsea_letter_to_judge_trenga/], consultado el 12 de mayo de 2022.

XVIII

175 años por el delito de ejercer el periodismo

La primera vez en la historia de Estados Unidos

Lo habían acusado de paranoico, de ser un narcisista que se creía blanco de las intrigas internacionales, de invocar el miedo a la extradición a Estados Unidos como excusa para escapar de la justicia sueca. Y ahora todo lo que él había temido y anticipado estaba pasando.

El 23 de mayo de 2019, el mismo Gran Jurado ante el que Manning se había negado a testificar acusó[1] a Julian Assange de conspiración delictiva para que ella le entregase documentos clasificados de la administración pública estadounidense: las reglas de enfrentamiento de los soldados estadounidenses en Iraq –publicadas en conjunto con el video Collateral Murder–, los cables diplomáticos y los expedientes de los detenidos en Guantánamo.

Además de procesar a Assange por el papel que desempeñó en la obtención de los archivos, las autoridades estadounidenses lo imputaron por publicar los cables diplomáticos y los documentos sobre las guerras de Afganistán e Iraq, acusándolo de poner en riesgo a las fuentes citadas en dichos documentos.

Lo acusaron de cometer diecisiete infracciones de la Ley de Espionaje, que se añadieron a la acusación de aceptar ayudar a Chelsea Manning a romper el hash de contraseña. En caso de que fuese extraditado a Estados Unidos y lo declarasen culpable, Assange podría ser condenado a 175 años de cárcel. La noticia llegó mientras se encontraba en la enfermería de la cárcel de Belmarsh, por pérdida de peso excesiva y una depresión grave.

El Gobierno de Estados Unidos quería encerrarlo de por vida por obtener y publicar documentos que habían sacado a la luz crímenes de guerra, torturas, abusos horribles. Era la primera vez, en los 102 años transcurridos desde la promulgación de la Ley de Espionaje, que se enjuiciaba a un periodista aplicando esa ley draconiana.

Mientras que el Gobierno de Obama había investigado a Assange y a WikiLeaks entre 2010 y 2016 pero al final no los había incriminado, el de Trump había cruzado el Rubicón.

Las autoridades estadounidenses acusaron a Assange de no recibir los documentos de manera pasiva sino de buscarlos activamente. De acuerdo con la imputación, Chelsea Manning no actuó completamente por su propia cuenta, sino que había entrado en acción como respuesta a una lista de deseos publicada a finales de 2009 en la página digital de WikiLeaks con el título «Las filtraciones más deseadas de 2009», en la que los periodistas especificaban los documentos que les gustaría recibir. Eran secretos que todo periodista y toda redacción del mundo deseaba: las reglas de enfrentamiento en Iraq y Afganistán, los procedimientos de funcionamiento de Guantánamo, vídeos que mostrasen los interrogatorios de la CIA, más tarde destruidos por la agencia. Pero el ministerio fiscal interpretó la lista como una incitación a robar documentos clasificados y, por lo tanto, como una conspiración delictiva. Incluso los comentarios incluidos en los chats entre Manning y la persona que las autoridades estadounidenses afirmaban que era Julian Assange se presentaban como prueba de que la había animado a robar documentos. Comentarios como «los ojos curiosos nunca se secan» se juzgaron como una incitación a seguir extrayendo archivos clasificados. Incluso técnicas de protección de fuentes extremadamente comunes en el periodismo, como el uso del protocolo de mensajería cifrado Jabber y «medidas para ocultar a Manning como fuente de la revelación de expedientes clasificados a WikiLeaks, incluido mediante la eliminación de los nombres de usuario de la información revelada», se consideraron parte de la conspiración delictiva.

Abogados estadounidenses como Michael Ratner y Leonard Weinglass ya lo habían previsto en octubre de 2010, cuando volaron a Londres para advertir a Assange de que utilizarían la Ley de Espionaje para imputarlo por publicar esos archivos secretos, y que las autoridades estadounidenses intentarían hacer pasar el contacto entre WikiLeaks y Chelsea Manning por conspiración delictiva, y no como la entrega de documentos de una fuente a un periodista. Nueve años después, eso fue exactamente lo que ocurrió.

El mismo día que las autoridades estadounidenses publicaron estas acusaciones contra Julian Assange, Chelsea Manning emitió una declaración[2]. Tras repetir que ya había expresado todo lo que tenía que decir acerca de los archivos en el transcurso del consejo de guerra al que la sometieron en 2013 y que, por lo tanto, no testificaría ante el Gran Jurado, resaltó que «sigo aceptando la responsabilidad plena y exclusiva por las revelaciones que hice en 2010», negando así que lo hubiera hecho bajo la dirección de Assange y WikiLeaks. Y concluía que: «Este Gobierno describe a la prensa como el partido de oposición y como un enemigo del pueblo. Hoy, usan la ley como una espada, y han demostrado su voluntad de descargar todo el poder del Estado sobre la institución pensada para protegernos de esos excesos».

Desde 2010, la espada de la ley había caído con todo su peso sobre Manning, Assange y WikiLeaks. Este uso de la ley como arma se denomina «persecución judicial». Y la persecución judicial distaba mucho de haber terminado.

Toda la fuerza del Estado

Ciento setenta y cinco años de cárcel por obtener y publicar los documentos de la administración pública estadounidense proporcionados por Manning, y sacar a la luz crímenes y torturas. Yo había revelado exactamente los mismos documentos en mi periódico, y desde 2010 he seguido consultándolos y publicándolos siempre que encuentro información pertinente para mis investigaciones. Pero nunca me han interrogado, detenido o encarcelado. Y ninguno de los periodistas que, como yo, han trabajado en esos archivos secretos como medios colaboradores –desde Nueva York a Nueva Zelanda, Londres o Argentina– ha tenido que soportar repercusiones. Pero toda la fuerza del Estado había caído sobre la fuente de esas revelaciones, Chelsea Manning, y sobre Julian Assange y los periodistas de WikiLeaks que habían hecho posible que la ciudadanía las conociera.

Manning recibió la sentencia más larga[3] jamás impuesta por la justicia estadounidense a uno de sus ciudadanos por revelar documentos clasificados a la prensa: treinta y cinco años. Había pasado siete en una prisión militar, los primeros once meses en condiciones crueles, inhumanas y degradantes, intentó suicidarse dos veces, y estaba de nuevo en la cárcel. Assange había perdido su libertad el 7 de diciembre de 2010, y no la había recuperado. Había pasado de la cárcel de Wandsworth al arresto domiciliario, del confinamiento en la embajada de Ecuador a la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh. Su salud física y mental estaba gravemente dañada. Los periodistas de WikiLeaks habían vivido bajo investigación constante. Las autoridades estadounidenses habían intervenido de hecho las cuentas de correo de Google de al menos tres de ellos: Kristinn Hrafnsson, Sarah Harrison y Joseph Farrell. Y sin embargo, la organización y su fundador han ganado algunos de los premios periodísticos más prestigiosos: del New Media Award concedido por The Economist hasta el Amnesty International Media Award[4]; del Walkley Award, por la aportación más destacada al periodismo, al Martha Gellhorn Prize[5]; del premio de periodismo «Piero Passetti», concedido por la unión nacional de periodistas italianos[6], al Premio Günter Wallraff, que le fue concedido en 2022[7].

El mismo día que anunció la imputación de Assange por delitos relacionados con la Ley de Espionaje, el Departamento de Justicia de Estados Unidos declaró que «el Departamento se toma en serio la función de los periodistas en nuestra democracia y les estamos agradecidos. La política del Departamento no es y nunca ha sido la de convertirlos en blanco por sus informaciones. Julian Assange no es un periodista»[8].

Por razones obvias, no corresponde a quienes ejercen el poder decidir quién es y quién no es periodista. La misión del periodismo es ejercer de vigilante del poder. Si el poder decide quién puede y quién no puede definirse como «periodista», no hay esperanza de que se produzca una supervisión independiente. De hecho, las declaraciones efectuadas por el Departamento de Justicia fueron una llamada de atención incluso para los medios de comunicación que llevaban casi una década demonizando a WikiLeaks. Esta vez reconocieron la amenaza insólita que representaba la senda tomada por el Gobierno de Trump.

El periódico más influyente del mundo, The New York Times, publicó un artículo[9] señalando los riesgos que suponía para la libertad de prensa: «Aunque no sea un periodista convencional, buena parte de lo que el Sr. Assange hace en WikiLeaks es difícil de distinguir de manera legalmente significativa de lo que hacen organizaciones periodísticas tradicionales como The Times: buscar y publicar información que los dirigentes quieren mantener en secreto, incluidos asuntos de seguridad nacional clasificados, y tomar medidas para proteger la confidencialidad de las fuentes».

La influyente Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) también hizo sonar la alarma[10]. «Por primera vez en la historia de nuestro país, el Gobierno ha presentado acusaciones penales contra una editorial por la publicación de información veraz. Es una escalada extraordinaria de los ataques del Gobierno de Trump contra el periodismo, y un ataque directo a la Primera Enmienda», comentaba Ben Wizner, director del Proyecto sobre Expresión, Privacidad y Tecnología de la ACLU.

Wizner declaraba a continuación lo siguiente: «Sienta un precedente peligroso que puede usarse para intimidar a cualquier organización que publique secretos de los organismos públicos, obligándolos a rendir cuentas» y concluía que «es igualmente peligroso para los periodistas estadounidenses descubrir los secretos de otras naciones. Si Estados Unidos puede juzgar a un redactor extranjero por incumplir nuestras leyes sobre secretos, nada puede impedir que China, o Rusia, hagan lo mismo».

Wizner quería subrayar que, al pretender ejercer su jurisdicción sobre un periodista australiano, Julian Assange, juzgándolo por la acusación de incumplir una ley estadounidense, las autoridades estadounidenses están abriendo una caja de Pandora. Rusia, China, Arabia Saudí podrían intentar hacer lo mismo, juzgando a periodistas extranjeros por revelar sus secretos, y eso tendría un efecto dominó sobre la libertad de prensa.

Aunque en el pasado las autoridades estadounidenses habían considerado imputar a editoriales y periodistas por publicar secretos, siempre habían abandonado en último término dichos intentos. En todo caso, todos los intentos conocidos hacían referencia a editoriales y periodistas estadounidenses, sometidos a las leyes estadounidenses[11]. La imputación de un periodista no estadounidense por incumplir la Ley de Espionaje no tenía precedentes en la historia del país. Y la diferencia entre la forma en la que se ha aplicado esta ley a denunciantes y editores, y cómo se ha aplicado a funcionarios y espías, ha sido enorme. Como me explicó Julian Assange[12] en una entrevista anterior a su imputación: «Ahora ya no se finge que exista igualdad ante la ley».

La Ley de Espionaje aplicada a los denunciantes: cárcel, crueldad y ruina económica

Aprobada en 1917, pocas semanas antes de que el país entrase en la Primera Guerra Mundial, la Ley de Espionaje se convirtió de inmediato en una herramienta usada para aplastar la disensión política, percibida como una amenaza para el esfuerzo bélico. Se usó de hecho para enjuiciar a unos dos mil estadounidenses que se habían pronunciado contra la participación de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial[13].

Es una ley brutal, puesto que no distingue entre espías que entregan documentos secretos al enemigo para perjudicar a su país, y denunciantes y periodistas que revelan documentos a la ciudadanía para sacar a la luz atrocidades, crímenes de guerra, torturas o ejecuciones extrajudiciales. Los mete a todos en el mismo saco. Tampoco admite una defensa basada en el interés público. No permite que un periodista o un denunciante digan «sí, he infringido la ley, pero lo he hecho para sacar a la luz hechos extremadamente preocupantes que la ciudadanía de una democracia debería conocer». Privados de la capacidad de invocar el interés público, se quedan sin escudo para defenderse.

Uno de los intentos más infames de utilizar la Ley de Espionaje para acusar a fuentes y denunciantes fue el procedimiento iniciado contra Daniel Ellsberg por revelar los Papeles del Pentágono en 1971. El caso se vino abajo, sin embargo, al conocerse la conducta descaradamente impropia de la administración pública. El espionaje ilegal de las llamadas telefónicas de Ellsberg; los «fontaneros» del presidente colándose en la consulta de su psiquiatra en busca de información que permitiese obligarlo a guardar silencio mediante el chantaje; los activos de la CIA que recibieron órdenes de «incapacitar a Ellsberg, totalmente», que en lenguaje de las operaciones encubiertas significaba matarlo[14]. Todos estos abusos de poder llevaron al juez a desestimar el caso.

Pese a los repetidos intentos de usarla, en todo el siglo xx solo una fuente periodística[15] fue procesada y condenada en virtud de la Ley de Espionaje: Samuel Loring Morison, el analista de inteligencia estadounidense que entregó archivos clasificados a Jane’s Defence Weekly, una revista militar. Loring Morison fue condenado en 1985 a dos años de cárcel e indultado por el presidente Bill Clinton en 2001.

Fue Barack Obama quien tomó la desafortunada senda de normalizar el uso de la Ley de Espionaje contra denunciantes y fuentes periodísticas como si se tratara de espías y traidores. Pese a haber prometido que crearía la administración pública más transparente de la historia, su Gobierno procesó a más denunciantes y fuentes periodísticas que todos los presidentes anteriores juntos, ocho en total: Thomas Drake, Shamai Leibowitz, Stephen Kim, Chelsea Manning, Donald Sachtleben, Jeffrey Sterling, John Kiriakou y, finalmente, Edward Snowden.

A Drake, criptolingüista que trabajaba como alto ejecutivo en la NSA y que intentó informar sobre los abusos cometidos por la agencia antes incluso que Snowden, le pidieron una condena de treinta y cinco años. La causa judicial no prosperó finalmente, pero su vida quedó hecha añicos, casi en la quiebra y reducido a trabajar en una tienda de Apple[16].

John Kiriakou, exoperativo de la CIA destinado en el frente de las operaciones antiterroristas después del 11-S, se negó a usar las técnicas de tortura introducidas inmediatamente después de los atentados contra las Torres Gemelas. Cuando habló en público del uso del ahogamiento simulado por parte de la CIA en 2007, le aplicaron la Ley de Espionaje para enjuiciarlo, lo sentenciaron a treinta meses de cárcel, acabó arruinado económicamente y sin posibilidades de obtener un empleo para sostener a sus cinco hijos.

Lo entrevisté[17] por correo electrónico en 2014, mientras cumplía condena en la prisión de Loretto, Pensilvania. En carta manuscrita me respondió que se había negado a entrenarse en las técnicas de tortura debido a los escrúpulos morales que le provocaban, y que era «una de las dos personas que nos hemos negado». En conversación conmigo, me pudo aclarar las motivaciones éticas que lo habían llevado a dar un paso y denunciar la situación. Para la justicia estadounidense, sin embargo, sus motivaciones eran completamente irrelevantes. La Ley de Espionaje sitúa a un objetor de conciencia que revela a la prensa información reservada por razones morales al mismo nivel que a un espía que se la vende al enemigo.

Estaba también Chelsea Manning, castigada como ningún otro, hasta el punto de intentar matarse dos veces.

Y por último, Snowden, obligado a vivir en el exilio en Rusia, con la perspectiva de tener que mirar por encima del hombro el resto de su vida. ¿Por qué no volvió a Estados Unidos, como le habría gustado hacer, para enfrentarse a la justicia? Daniel Ellsberg lo explicó[18] con mucha claridad: Snowden no podría tener un juicio justo, puesto que no se le permitiría defenderse afirmando y demostrando que cuando reveló el sistema de vigilancia orwelliano establecido por la NSA había actuado en defensa del interés público. Si regresara a Estados Unidos, se sentenciaría a sí mismo a cadena perpetua y, con toda probabilidad, en confinamiento solitario.

Y sin embargo, el debate esencial al que dio lugar no solo sacó a la luz que la NSA recopilaba en secreto miles de millones de metadatos telefónicos de ciudadanos estadounidenses –pese a que la inteligencia estadounidense lo negaba públicamente–, sino que también reveló que esa recopilación de metadatos no había ayudado jamás a evitar ni un solo atentado terrorista[19]. Gracias a esta denuncia pública, el Congreso de Estados Unidos puso fin a esta recopilación indiscriminada de datos con la aprobación en 2015 de la Ley de Libertad de Estados Unidos de América. Desde el Tribunal Federal de Apelaciones de Estados Unidos para el Noveno Circuito[20] hasta la Corte Europea de Derechos Humanos[21], numerosas sentencias han establecido que la vigilancia masiva de la NSA y la de su homólogo británico, el gchq, es ilegal. Sin la valentía de Edward Snowden, esto no habría sido posible. Pese a ello, en el momento de escribir este libro, sigue exiliado en Rusia.

Este era el trato reservado a los periodistas, las fuentes y los denunciantes que revelasen documentos clasificados para hacer públicos crímenes y abusos cometidos en las instancias de poder más altas. Los encarcelaban, los llevaban al colapso mental, al borde del suicidio y, finalmente, los arruinaban y los obligaban a vivir en el exilio.

La Ley de Espionaje aplicada a generales y jefes de espías: impunidad

Mientras que las acusaciones basadas en la Ley de Espionaje han destruido la vida de Chelsea Manning, Edward Snowden y otros denunciantes por razones de conciencia, los altos funcionarios y los jefes de los espías han sufrido pocas consecuencias, o ninguna en absoluto. Cuando revelan los documentos clasificados, y lo hacen para manipular el debate público o hacerse con el mérito de operaciones importantes, tienen la impunidad asegurada.

En 2011, por ejemplo, nadie usó la Ley de Espionaje para juzgar al entonces director de la CIA Leon Panetta y a sus hombres por dejar que Mark Boal, guionista de la película Zero Dark Thirty dirigida por Kathryn Bigelow, asistiera a una ceremonia cerrada al público en honor del equipo que efectuó el ataque contra Osama bin Laden.

Al participar en ese acto, el guionista tuvo acceso a información clasificada como secret/noforn. «Espero que consigan que lo interprete Pacino [a Leon Panetta]. Eso es lo que quiere, ¡en serio!», escribieron en sus mensajes electrónicos altos cargos de las oficinas de relaciones públicas de la CIA y el Pentágono[22]. En lugar de Al Pacino se eligió a otro italoestadounidense, James Gandolfini. La película de Bigelow fue duramente criticada por justificar formas de tortura como el ahogamiento simulado, enviando el mensaje de que había sido vital para obtener la información necesaria para encontrar a Bin Laden, algo que era sencillamente falso[23].

Las cosas también le salieron bien al general James E. Cartwright, considerado el general favorito de Obama. En 2013 se vio implicado en una investigación por la filtración de información clasificada sobre el uso de la ciberarma Stuxnet para sabotear el programa nuclear iraní. Los fiscales estadounidenses pedían una sentencia de dos años, pero en enero de 2017, el mismo día que el presidente Obama le conmutó la sentencia a Chelsea Manning, indultó a Cartwright[24]. Mientras que Manning salió tras pasar siete años en una prisión militar y dos intentos de suicidio, Cartwright no pasó ni un solo día en la cárcel.

Todo le fue igualmente bien al general David Howell Petraeus en 2015. Petraeus le dio a su biógrafa y amante, Paula Broadwell, ocho cuadernos que había escrito siendo comandante de la misión ISAF en la Guerra de Afganistán. Cuando el FBI lo interrogó, negó haberle dado acceso a información confidencial[25]. Pero sí lo había hecho. Fue imputado, y el escrito de acusación describía el contenido de los ocho cuadernos como sigue[26]: «información clasificada referente a la identidad de agentes encubiertos, estrategia bélica, capacidades y mecanismos de inteligencia, conversaciones diplomáticas, citas y conversaciones deliberativas de las reuniones de alto nivel mantenidas por el Consejo Nacional de Seguridad, y conversaciones del acusado, DAVID HOWELL PETRAEUS, con el presidente de los Estados Unidos de América».

Aunque los cuadernos contenían esta información ultrasecreta, así como información aún más sensible, clasificada como top secret/sensitive compartmented información (ultrasecreto/información compartimentada sensible), el general Petraeus nunca fue acusado de incumplir la Ley de Espionaje. Alcanzó un acuerdo de conformidad con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y su sentencia fue muy leve: dos años en libertad condicional y una multa de 40.000 dólares.

«Demuestra la impunidad de todos ellos», me dijo Julian Assange[27] en 2015, unas semanas después de conocer el acuerdo de conformidad alcanzado por Petraeus. Y añadió: «Forma parte del cálculo de tener poder para proyectar poder, y una de las formas de proyectar poder es demostrar que no tienes que rendir cuentas: somos intocables, de modo que no intentéis tocarnos».

Pese a la persecución a la que se sometió a los denunciantes y el doble rasero, el Gobierno de Obama no llegó a utilizar la Ley de Espionaje para incriminar a ningún periodista. Mantuvo a Assange y a sus compañeros de WikiLeaks bajo investigación hasta 2010, pero finalmente optó por no incriminarlos. De acuerdo con The Washington Post[28] en 2013, se abstuvo de hacerlo porque no veía cómo podía el Departamento de Justicia acusar al fundador de WikiLeaks sin enjuiciar también a The New York Times, a The Washington Post y a todos los periodistas que habíamos publicado los mismos archivos clasificados en colaboración con WikiLeaks. Pero el Gobierno de Trump decidió que sí podía hacerlo.

Con la solicitud de extradición de Estados Unidos y la reapertura de la investigación sueca, Assange corría el riesgo de no volver a salir nunca de la cárcel.

Hay algo podrido en el Estado de Suecia

El manejo de la causa por violación había sido kafkiano desde que, el 1 de septiembre de 2010, la fiscal Marianne Ny la reabrió para después mantenerla en la fase preliminar otros siete años, pese a no presentar nunca cargos contra Julian Assange o declararlo de una vez inocente. Y una vez abierta la investigación por violación por tercera vez, el 13 de mayo de 2019, coordinada por una nueva fiscal, Eva-Marie Persson, volvió a cerrarse seis meses después, en esa ocasión definitivamente. Acabó de la misma manera kafkiana que había empezado.

Apenas habían transcurrido dos años desde que la entonces fiscal Ny había cerrado la investigación, culpando de la falta de progreso a Assange, por su decisión de refugiarse en la embajada. Inmediatamente después de que la nueva fiscal, Eva-Marie Persson, anunciase que abriría la investigación por violación por tercera vez, la abogada sueca Elisabeth Massi Fritz, en representación de la supuesta víctima Sofia W., declaró: «Mi cliente siente una enorme gratitud y esperanza de obtener restitución, y ambas esperamos que gane la justicia»[29]. Dado que la responsabilidad por la falta de progreso se le achacó de nuevo a Assange, contacté de inmediato con Massi Fritz para preguntarle si, en todos esos años de parálisis judicial, había pedido en alguna ocasión a la exfiscal Marianne Ny que interrogase a Assange en la embajada ecuatoriana. La abogada de Sofia W. no respondió a mi pregunta[30].

El estatuto de limitaciones sobre la supuesta violación expiraría el 17 de agosto de 2020, de modo que seguía habiendo mucho tiempo para acusar al fundador de WikiLeaks en caso de que Persson decidiera que disponía de pruebas suficientes para enjuiciarlo. ¿Presentarían cargos los suecos, ahora que tenían la oportunidad de conseguir su extradición? En ese momento, Assange se encontraba en una prisión de alta seguridad de Londres. Si tuvieran pruebas sólidas, podrían solicitar la extradición, juzgarlo, y condenarlo por violación. ¿Lo imputarían esta vez? No lo hicieron; cerraron la investigación sin interrogarlo siquiera.

Inmediatamente después de reabrir la investigación, la Fiscalía General sueca contactó con sus homólogos del Servicio de Fiscalía de la Corona británico para analizar la posibilidad de emitir una nueva orden europea de detención. «Debe saber usted que el nuevo artículo 12 A de nuestra ley establece que es imperativo que exista una decisión de acusar y juzgar a la persona solicitada en la declaración de solicitud para que una orden europea de detención pueda prosperar», respondió[31] el Servicio de Fiscalía de la Corona a la Fiscalía sueca el 21 de mayo de 2019, añadiendo lo siguiente: «Si hay algún indicio de que no se hayan tomado dichas decisiones, o de que JA no pueda ser llevado a juicio a no ser que se le interrogue primero, el tribunal no ordenará su extradición».

Entre 2010 y 2012, cuando estaba en los tribunales británicos luchando contra su extradición a Suecia, Assange hizo todos los esfuerzos posibles por refutar la legitimidad de la orden de detención europea emitida por Suecia con el único fin de interrogarlo, sin haber presentado cargos contra él; pero perdió todas las apelaciones. El propio Reino Unido demostró que esta era una batalla bien fundamentada en derecho al cambiar su normativa sobre extradición, introduciendo el artículo 12 A. A partir de entonces, Reino Unido ya no ha concedido la extradición de sospechosos con el único objetivo de interrogarlos. Pero a esas alturas era demasiado tarde para Assange: no podía beneficiarse de las nuevas garantías. Y la orden de detención europea emitida por Ny en 2010 se convirtió en una espada de Damocles que pendió sobre su cabeza durante siete largos años.

Inmediatamente después de reabrir la investigación sueca, la fiscal Persson presentó una solicitud de orden de detención[32] contra Julian Assange e indicó que, si el tribunal decidiera detenerlo, ella emitiría una nueva orden europea de detención solicitando la extradición del fundador de WikiLeaks a Suecia. Pero el tribunal de Upsala rechazó la solicitud, observando que, puesto que Assange ya estaba encarcelado en Londres, no había necesidad de solicitar su detención[33]. El tribunal consideró que la investigación podía seguir adelante con la ayuda de una orden europea de investigación, que permitiría entrevistar a Assange en Londres en cooperación con las autoridades británicas. La fiscal Persson anunció que emitiría dicha orden y seguiría adelante con el interrogatorio. Esto podría haberse hecho desde el comienzo, por supuesto; Assange había solicitado esta solución ya en 2010, pero Ny se había negado a interrogarlo en Londres hasta noviembre de 2016. Ahora la fiscal Persson expresaba la intención de volver a interrogarlo en Londres. Había tiempo suficiente para hacerlo, y enviar a Assange a juicio, si Persson consideraba que tenía pruebas suficientes. Pero transcurrieron seis meses, y el 19 de noviembre de 2019, la fiscal cerró la investigación de manera definitiva, sin interrogarlo siquiera.

Tras nueve años y tres meses, la causa sueca se cerraba definitivamente de la misma manera absurda que siempre se había manejado: sin justicia para nadie. Assange había perdido la libertad en aquel lejano 2010, y no la había recuperado. Y su destino pendía ahora de un hilo: corría el riesgo de pasar el resto de sus días en una cárcel de máxima seguridad de Estados Unidos.

La responsabilidad de que la investigación hubiese fracasado se le achacó de nuevo a él, si bien de manera implícita. Al comunicar su decisión de cerrar la causa, Persson se preocupó de resaltar[34] que: «la parte agraviada ha presentado una versión creíble y fiable de los hechos. Sus declaraciones han sido coherentes, extensas y detalladas; sin embargo, mi evaluación general es que la situación probatoria se ha debilitado en tal medida que no existe ya razón alguna para continuar con la investigación». La causa se atribuía al largo periodo de tiempo transcurrido desde los sucesos en cuestión, porque Assange había decidido refugiarse en la embajada.

El manejo de la investigación sueca está plagado de enigmas. Pero está meridianamente claro que el caso ha influido de manera decisiva en la demonización prolongada y continua de Julian Assange, al privarlo de la empatía de la opinión pública. En especial, la empatía de ese segmento de la ciudadanía más sensible a las revelaciones sobre crímenes de guerra y tortura, a menudo el mismo segmento que coincide con el que está más concienciado con los derechos de las mujeres.

Por último, la investigación sueca fue crucial para atrapar a Assange en Londres a partir de 2010, sometido a la vigilancia constante de Scotland Yard hasta que fue detenido por las autoridades británicas.

No soy la única que considera que el caso sueco está repleto de incongruencias. El Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura, Nils Melzer, cuyo mandato terminó en marzo de 2022, ha señalado públicamente las graves irregularidades[35].

Un relator especial

Resuelto e independiente, Nils Melzer se hizo cargo del caso de Julian Assange inmediatamente antes de que este fuese detenido. En las Navidades de 2018, mientras el fundador de WikiLeaks pasaba sus últimos meses en la embajada, la organización de Assange se puso en contacto con Melzer. La reacción inicial del relator, sin embargo, fue la de mantener la distancia. «Cuando Julian Assange estaba todavía en la embajada, en diciembre de 2018, su equipo jurídico se puso de hecho en contacto con mi despacho. Recuerdo que fue antes de Navidad; vi aparecer ese mensaje en la pantalla y no le hice caso», me dijo[36], recordando que la percepción que tenía sobre Julian Assange en aquel momento estaba modelada por la campaña de desprestigio de la prensa: «Tuve esa reacción intuitiva: ¿qué quiere este tipo? Es un violador, un narcisista, un jáquer, esto no es serio, de modo que lo pasé sin más», me explicó.

Pero cuando WikiLeaks le envió el dictamen profesional de la doctora estadounidense Sondra Crosby, profesora de medicina interna en la Universidad de Boston y una profesional muy estimada en la documentación de la tortura, Melzer empezó a tomarse en serio el caso. Decidió visitar a Assange en la prisión de Belmarsh, acompañado por dos especialistas: el profesor de medicina forense Duarte Nuno Vieira y el psiquiatra Pau Pérez Sales. Ambos eran expertos con considerable práctica para determinar las consecuencias físicas y psicológicas de la tortura y del trato inhumano y degradante.

Melzer visitó a Julian Assange en mayo de 2019, solo un mes después de que lo detuvieran. Lo encontró en su celda individual de 2 x 3 metros y 2,3 metros de altura, confinado allí «unas veinte horas al día». «Por favor, sálveme la vida», le dijo el fundador de WikiLeaks.

El Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura lo examinó durante una hora, el médico forense otra hora y, finalmente, el psiquiatra le hizo un examen de dos horas. Cada uno de ellos preparó su análisis por separado, para evitar influir en los otros. «Al final, los tres comparamos nuestras conclusiones y coincidimos en que mostraba todas las señales típicas de las víctimas de tortura psicológica. Debo admitir que no esperaba un resultado tan claro», me dijo Melzer.

Nils Melzer contactó oficialmente[37] con los cuatro gobiernos responsables de la situación de Assange: Reino Unido, Estados Unidos, Suecia y Ecuador. «Assange –escribió– mostraba todos los síntomas típicos de la exposición prolongada y sostenida a un estrés psicológico grave, a la ansiedad y al sufrimiento mental y emocional relacionado en un entorno altamente conducente a graves trastornos depresivos y de estrés postraumático»[38].

En su correspondencia con los cuatro gobiernos, expresó su «grave preocupación» tanto en relación con el hecho de que «desde agosto de 2010 el Sr. Assange ha estado, y todavía está, expuesto a un dolor y a un sufrimiento progresivamente graves, infligidos de diversas formas y en diversos grados de trato o castigo cruel, inhumano o degradante, cuyos efectos acumulativos equivalen claramente a tortura psicológica», y en relación con el riesgo de ser extraditado a Estados Unidos.

Basándose en estas evaluaciones de la salud de Julian Assange, Nils Melzer describió las responsabilidades de los cuatro países en la persecución del fundador de WikiLeaks.

En el caso de Suecia, cuestionó punto por punto el manejo de la investigación por violación, especificando que se le había dado acceso a la documentación judicial. Enumeró los cincuenta incumplimientos del proceso justo detectados por él[39], incluida: «La manipulación proactiva de pruebas. De acuerdo con las pruebas puestas a mi disposición, una vez cerrada formalmente por la fiscal jefe de Estocolmo la supuesta causa por violación referente a SW [Sofia W.], el 25 de agosto de 2010: al día siguiente, el 26 de agosto de 2010, la agente de policía IK, que había tomado declaración formal a SW el 20 de agosto de 2010, modificó y sustituyó el contenido de la declaración original de SW en la base de datos policial, por instrucciones de su oficial superior, MG, y sin consultar a SW».

Tras leer esta y otras asombrosas refutaciones en el informe y en el libro de Nils Melzer, me puse en contacto con la policía sueca para saber qué había sucedido con la declaración original de SW. La policía sueca se negó a dar una respuesta clara. También le pregunté a la fiscal sueca Persson por qué los mensajes de texto enviados por las dos mujeres no se les habían entregado a los abogados de Assange hasta 2019, cuando ella abrió la investigación por tercera vez. Me respondió lo siguiente[40]: «Desconozco qué consideraciones efectuó Marianne Ny respecto a esos mensajes de texto».

En su informe de Naciones Unidas, Melzer escribió: «Pese a los fuertes indicios de que la policía y la fiscalía suecas habían manipulado deliberadamente y presionado a SW, que había acudido a la comisaría con un propósito completamente distinto, para que presentara una declaración que pudiera usarse para detener al Sr. Assange bajo sospecha de violación, contra la propia voluntad de SW y la propia interpretación que ella hacía de su experiencia, no parece haberse efectuado investigación alguna por abuso de función, coerción o acusación falsa, y no se han impuesto sanciones disciplinarias o judiciales a los funcionarios responsables».

Tras repetidos intentos de contactar con Reino Unido, Estados Unidos, Suecia y Ecuador para que respondieran a los argumentos que él les había presentado en relación con las responsabilidades que debían asumir en el caso de Assange, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura se vio obligado a reconocer[41] que: «Ninguno de los cuatro gobiernos se mostró dispuesto a establecer un diálogo constructivo. Por el contrario, me encontré con tópicos diplomáticos o con ataques retóricos generalizados. Cuando insistí, los gobiernos pusieron fin al diálogo».

Era un muro de ladrillo que yo conocía muy bien.

[1] La imputación sustitutoria, fechada el 23 de mayo de 2019, está disponible en [www.justice.gov/opa/press-release/file/1165556/download], consultado el 12 de mayo de 2022.

[2] La declaración de Chelsea Manning está disponible en [https://sparrowmedia.net/2019/05/statement-from-chelsea-manning-her-lawyer-regarding-todays-superseding-indictment/], consultado el 13 de mayo de 2022.

[3] Charlie Savage, «Chelsea Manning ordered back to jail for refusal to testify in WikiLeaks inquiry», The New York Times, 16 de mayo de 2019; Charlie Savage, «Chelsea Manning to be released early as Obama commutes sentence», The New York Times, 17 de enero de 2017.

[4] «Amnesty International Media Awards 2009: full list of winners», The Guardian, 3 de enero de 2009.

[5] Jason Deans, «Julian Assange wins Martha Gellhorn journalism prize», The Guardian, 2 de junio de 2011.

[6] Roberto Borthy, «Giornalisti: Premio Cronista, anche New Media e WikiLeaks», PrimaOnline, 21 de marzo de 2011, disponible en [www.primaonline.it/2011/03/21/90338/giornalisti-premio-cronista-anche-new-media-e-wikileaks/], consultado el 13 de mayo de 2022.

[7] Die Zeit, Redacción, «Wikileaks-Gründer Assange erhält Günter-Wallraff-Preis», Zeit Online, disponible en[www.zeit.de/news/2022-05/18/wikileaks-gruender-assange-erhaelt-guenter-wallraff-preis?utm_referrer=https%3A%F%2Fwww.google.com%2F], consultado el 25 de mayo de 2022.

[8] «Remark from the briefing announcing the superseding indictment of Julian Assange», U.S. Department of Justice, 23 de mayo de 2019, disponible en [www.justice.gov/opa/press-release/file/1165636/download], consultado el 12 de mayo de 2022.

[9] Charlie Savage, «Assange indicted under Espionage Act, raising First Amendments issues», The New York Times, 23 de mayo de 2019.

[10] «aclu comment on Julian Assange indictment», aclu, 23 de mayo de 2019, disponible en [www.aclu.org/press-releases/aclu-comment-julian-assange-indictment], consultado el 12 de mayo de 2022.

[11] «Report of Carey Shenkman regarding us Espionage Act of 1917 and Computer Fraud and Abuse Act» [«Informe de Carey Shenkman referente a la Ley Estadounidense de Espionaje de 1917 y a la Ley de Fraude y Abuso Informático»], enviado al Tribunal de Magistrados de Westminster en la vista de extradición contra Julian Assange, septiembre de 2020. El informe está disponible de forma resumida en The Government of the US of America-v-Julian Paul Assange, Consolidated Annex, disponible en [www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2021/01/USA-v-Assange-annex-040121.pdf], consultado el 7 de mayo de 2022; Jameel Jaffer, «The Espionage Act and the growing threat to press freedom», The New Yorker, 25 de junio de 2019.

[12] Stefania Maurizi, «Julian Assange: “I still enjoy crushing bastards”», L’Espresso, 2 de abril de 2015.

[13] «Report of Carey Shenkman regarding US Espionage Act of 1917 and Computer Fraud and Abuse Act», cit.

[14] Stefania Maurizi, «Daniel Ellsberg: “It is outrageous that Biden has continued to pursue Julian Assange’s prosecution”», Il Fatto Quotidiano, 22 de marzo de 2022.

[15] Jameel Jaffer, «The Espionage Act and the growing threat to press freedom»; «Pardon–Samuel Loring Morison», Clinton Digital Library, en [https://Clinton.presidentiallibraries.us/items/show/36273], consultado el 12 de mayo de 2022.

[16] Stefania Maurizi, «Così spiavamo le vite degli altri», L’Espresso, 17 de junio de 2013; Timothy Bella, «NSA whistleblower Thomas Drake: “I’ve had to create a whole new life”», Al Jazeera, 12 de noviembre de 2015.

[17] Stefania Maurizi, «La spia in prigione lancia le sue accuse: Obama ha mancato le promesse», L’Espresso, 1 de agosto de 2014.

[18] Daniel Ellsberg, «Daniel Ellsberg: Snowden would not get a fair trial–and Kerry is wrong», The Guardian, 30 de mayo de 2014.

[19] Tan pronto como los periodistas empezaron a revelar la existencia de los programas de vigilancia de la NSA, gracias a los archivos filtrados por Snowden, las autoridades estadounidenses afirmaron que dichos programas, que incluían la recopilación de metadatos telefónicos, habían permitido prevenir 54 atentados terroristas. Pero más tarde afirmaron que la recopilación de metadatos había permitido de hecho prevenir solo un caso de actividad terrorista, por parte de Basaaly Moalin, un ciudadano somalí residente en Estados Unidos, acusado de transferir 10.900 dólares a Al Shabaab. Una sentencia dictada por el juez Berzon, del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Noveno Circuito, aclaró que la recopilación de metadatos no había sido crucial, por lo que hasta el único caso en el que esa recopilación fue defendida por las autoridades estadounidenses como crucial para impedir actividades terroristas se vino abajo. Véase la reconstrucción del caso en Mattathias Schwartz, «The whole haystack», The New Yorker, 26 de enero de 2015; Charlie Savage, «Disputed NSA phone program is shut down, aide says», The New York Times, 4 de marzo de 2019; Josh Gerstein, «Court rules NSA phone snooping illegal–after 7-year delay», Politico, 2 de septiembre de 2020.

[20] La sentencia del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Noveno Circuito está disponible en [https://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2020/09/02/13-50572.pdf], consultado el 12 de mayo de 2022.

[21] La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos está disponible en [https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-210077%22]}], consultado el 12 de mayo de 2022.

[22] Inspector General, Departamento de Defensa de Estados Unidos, disponible en [www.pogo.org/investigation/2013/06/unreleased-probe-finds-CIA-honcho-disclosed-top-secret-info-to-hollywood], consultado el 12 de julio de 2022.

[23] Glenn Greenwald, «Zero Dark Thirty: CIA hagiography, pernicious propaganda», The Guardian, 14 de diciembre de 2012; Jane Mayer, «Zero conscience in “Zero Dark Thirty”», The New Yorker, 14 de diciembre de 2012.

[24] Charlie Savage, «Chelsea Manning to be released early as Obama commutes sentence», cit.; Charlie Savage, «Obama pardons James Cartwright, general who lied to FBI in leak case», The New York Times, 17 de enero de 2017.

[25] Michael S. Schmidt y Matt Apuzzo, «Petraeus reaches plea deal over giving classified data to his lover», The New York Times, 17 de enero de 2015.

[26] El escrito de acusación contra David H. Petraeus está disponible en [https://sgp.fas.org/news/2015/03/petraeus.pdf], consultada el 12 de mayo de 2022; «Statement from the Justice Department on the criminal charges against David Petraeus», Departamento de Justicia de Estados Unidos, 3 de marzo de 2015, en [www.justice.gov/opa/pr/statement-justice-department-criminal-charges-against-david-petraeus], consultado el 12 de mayo de 2022. La información objetiva del caso puede encontrarse en la «Base probatoria» incluida en la Sentencia de Conformidad, en [www.justice.gov/sites/default/files/opa/press-releases/attachments/2015/03/03/petraeus-factual-basis.pdf], consultado el 12 de mayo de 2022.

[27] S. Maurizi, «Julian Assange: “I still enjoy crushing bastards”», cit.

[28] Sari Horwitz, «Julian Assange unlikely to face US charges over publishing classified documents», The Washington Post, 25 de noviembre de 2013.

[29] Reuters, Redacción, «Swedish lawyer urges prosecutor to move quickly in Assange investigation», Reuters, 13 de mayo de 2019.

[30] El hecho de que Elisabeth Massi Fritz no iba a responder a mi pregunta me lo comunicó su secretaria el 14 de mayo de 2019.

[31] Mensaje electrónico enviado por Alison Riley (Servicio de Fiscalía de la Corona) a Per Hedvall, de la Fiscalía General sueca, el 21 de mayo de 2019 a las 11:57. La Fiscalía General sueca me entregó este mensaje en cumplimiento del DAIP.

[32] «Request for detention of Julian Assange», Fiscalía General de Suecia, 20 de mayo de 2019, en [https://via.tt.se/pressmeddelande/request-for-detention-of-julian-assange?publisherId=3235540&releaseId=3257259], consultado el 12 de mayo de 2022.

[33] Owen Bowcott, «Swedish court rejects request to detain Julian Assange», The Guardian, 3 de junio de 2019.

[34] «The investigation against Julian Assange is discontinued», Fiscalía General sueca, 19 de noviembre de 2019, disponible en [https://via.tt.se/pressmeddelande/the-investigation-against-julian-assange-is-discontinued?puoblisherId=3235541&releaseId=3265699], consultado el 12 de mayo de 2022.

[35] Melzer fue Relator Especial sobre la Tortura entre el 1 de noviembre de 2016 y marzo de 2022.

[36] Stefania Maurizi, «Assange, Nils Melzer says the treatment of Julian leaves him “speechless”», il Fatto Quotidiano, 17 de abril de 2021.

[37] La correspondencia está disponible en [https://spcommreport.ohchr.org/Tmsearch/TMDocuments]. En concreto, la carta enviada a las autoridades británicas está disponible en [https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24631], consultado el 12 de mayo de 2022. Nils Melzer ha publicado también un libro sobre su investigación referente al caso de Assange: The trial of Julian Assange: A story of persecution, Londres, Verso Books, 2022.

[38] Ibid.

[39] La carta dirigida al gobierno sueco en la que se enumeran los cincuenta supuestos incumplimientos está disponible en [https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24838], consultado el 12 de mayo de 2022.

[40] Eva-Marie Persson, comunicación a la autora, 29 de abril de 2022.

[41] Nils Melzer, The trial of Julian Assance, cit.

XIX

Solo Kafka

El juicio

Volví a verlo el 24 de febrero de 2020, encerrado en una gruesa caja de vidrio en el Crown Court (el juzgado de lo penal) de Woolwich, en Londres. La vista de extradición estaba programada para las diez de la mañana. La jueza encargada del juicio, Vanessa Baraitser, no debía establecer la inocencia o culpabilidad de Assange en relación con los cargos de los que lo acusaba Estados Unidos, sino decidir si conceder o denegar la extradición a ese país para ser juzgado y, en caso de que lo declarasen culpable, cumplir su pena de cárcel. Podrían sentenciarlo a 175 años.

A las 5:45 de la mañana, cuando empecé a hacer la cola para conseguir uno de los asientos reservados a los periodistas en el juzgado número 2, todavía era de noche. No había más que treinta y cuatro asientos disponibles en la sala, y docenas de periodistas y de medios convencionales e independientes, desde Australia hasta Alemania, estaban cubriendo el juicio.

La oscuridad y el tiempo gélido no habían desanimado a los partidarios de Julian Assange y WikiLeaks. Junto a la enorme verja de hierro pintada de verde que rodea el juzgado, a lo largo de un sendero bordeado por árboles y arbustos, se habían plantado tiendas de campaña en las que los defensores se refugiaban del frío y de la llovizna que de vez en cuando nos atormentaba a los que hacíamos la fila. «¡Libertad para Assange! ¡Cárcel para los criminales de guerra!», decían sus pancartas y carteles. Eran los únicos toques de color en aquel lugar deprimente y amenazador.

El Crown Court de Woollwich se encuentra en el sureste de Londres, junto a la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh en la que permanecía detenido Julian Assange. Este juzgado se encargaba, entre otros, de los juicios por terrorismo. No había taxis en la zona, e incluso resultaba difícil encontrar una taza de café o un baño.

Hacia las seis de la mañana, llegó a la escena un equipo de Reporteros sin Fronteras, en el que se encontraba Rebecca Vincent, que en aquel momento dirigía las campañas internacionales y desde entonces no se perdería una sola vista. Al alba, empezó a formarse una larga cola de periodistas y defensores. Más tarde llegó John Shipton, el padre de Assange, así como su hermano, Gabriel Shipton, que pronto lanzarían una incansable campaña por su liberación. Después llegaron la prometida y posterior esposa de Assange, Stella Moris, el director de WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, el periodista Joseph Farrell y Nathan Fuller, presidente de la Courage Foundation, en cuya creación había colaborado también Julian Assange, para proteger a denunciantes destacados. El exembajador británico en Uzbekistán y escritor Craig Murray, que siempre ha criticado con dureza al Gobierno británico por el trato dado a Julian Assange, y el presentador de radio y humorista estadounidense Randy Credico, que rompió el silencio de los medios de comunicación estadounidenses sobre el caso entrevistando a iconos como Daniel Ellsberg y a activistas de base, estaban también presentes; al igual que el periodista estadounidense Joe Lauria, de Consortium News, que siempre había cubierto el caso extensamente. Estaba también la activista por los derechos humanos Naomi Colvin, y cientos de seguidores. Con los años, he observado la dedicación de activistas que nunca se han perdido una sola vista, vigilia, sentada o protesta: Emmy Butlin, Clara Campos y otros muchos[1].

Tras horas de espera, por fin nos dejaron entrar en la sala. Condujeron a Assange ante el tribunal y le hicieron sentarse en la caja, detrás de sus abogados. Las gruesas paredes de cristal de la caja lo mantenían aislado de todos, en especial de su asesor jurídico, con quien no podía intercambiar confidencias. Dos policías se sentaban dentro con él, uno a cada lado.

Lo veía muy bien, porque estaba a menos de cinco metros de mí y en ocasiones se giraba en mi dirección. Pulcro, pero muy delgado, parecía estoico, y su rostro no mostraba emoción alguna. La piel blanca había adquirido un tono grisáceo. Pese a la expresión pétrea, todavía destacaba su mirada. Estaba abatido, tenso. Definitivamente no se encontraba bien.

En el procedimiento de extradición de Reino Unido, las autoridades estadounidenses actuaban a través del Servicio de Fiscalía de la Corona, como ya había ocurrido con la solicitud de extradición sueca. Era el mismo organismo que había admitido haber destruido documentos relativos al caso sueco, y el mismo con el que yo mantenía desde 2015 una batalla basada en el DAIP.

Representando a Estados Unidos a través del Servicio de Fiscalía de la Corona se encontraba el abogado James Lewis, que puso mucho empeño en recalcar que al procesar a Julian Assange no se pretendía, ni mucho menos, procesar al periodismo.

Estados Unidos, sostenía Lewis, no había incriminado al fundador de WikiLeaks por publicar documentos que revelaban los abusos cometidos por sus tropas o que abochornaban al Gobierno, sino por publicar documentos clasificados que contenían nombres de fuentes y de informantes que habían hablado con militares o diplomáticos estadounidenses, poniéndolos en riesgo de ser asesinados, torturados o de sufrir cualquier otra forma de venganza. «Estados Unidos –dijo[2]– sabe de fuentes que usaron nombres no censurados u otra información identificativa contenida en los documentos clasificados por WikiLeaks que han desaparecido con posterioridad; si bien no puede demostrar en este punto que dicha desaparición se debiera al hecho de haber sido delatados por WikiLeaks». ¿Si no podían demostrarlo, por qué lo sacaron en la vista ante la jueza?

Las autoridades estadounidenses llevaban diez años acusando a WikiLeaks de tener «las manos manchadas de sangre». Desde 2010, cuando se publicaron los documentos, las autoridades nunca habían podido mencionar un solo individuo que hubiera sido asesinado, herido, torturado o encarcelado debido a dichas publicaciones. Y no porque no lo hubiesen buscado.

La CIA, el Pentágono y los servicios de inteligencia de Estados Unidos, así como los servicios secretos de todo el mundo, han examinado y estudiado las revelaciones efectuadas por Julian Assange y WikiLeaks. No me parece exagerado afirmar que dichas publicaciones han sido más escudriñadas y leídas con más atención que las de cualquier otra organización periodística de todos los tiempos. En 2013, durante el consejo de guerra a Chelsea Manning, el director del grupo de trabajo del Pentágono encargado de investigar las consecuencias que habían tenido las revelaciones de WikiLeaks, Robert Carr, declaró que no había encontrado un solo ejemplo de individuo que hubiera sido asesinado como consecuencia de dichas publicaciones. Hasta este momento, no ha aparecido ni una sola de esas víctimas.

Qué grotesco que una potencia cuya guerra en Iraq había provocado por sí sola la muerte de cientos de miles de inocentes y 9,2 millones de refugiados estuviera enjuiciando a un periodista del que no se sabía que hubiera causado una sola muerte, y pretendiera enterrarlo en una cárcel para siempre. Solo Franz Kafka en El proceso podía expresar realmente lo indignante, abrumador y absurdo que era.

Y si las autoridades estadounidenses estaban de verdad tan preocupadas, ¿por qué no ayudaron a WikiLeaks a minimizar el riesgo en 2010 y 2011, cuando Assange les pidió ayuda en repetidas ocasiones? Normalmente, cuando creen que la publicación de cierta información puede poner en riesgo a alguien, cooperan con organizaciones periodísticas. Lo habían hecho con The New York Times: de hecho, según Bill Keller[3], director del periódico por aquel entonces, el poderoso diario había mantenido videoconferencias diarias con especialistas en diplomacia estadounidenses mientras publicaba los cables.

Los escasísimos documentos que he recibido gracias a la litigación basada en el DAIP que he mantenido contra el Departamento de Estado de Estados Unidos demostraban que Julian Assange había contactado con el departamento al menos en dos ocasiones: el 26 de noviembre de 2010, dos días antes de que WikiLeaks comenzara a publicar los cables; y en agosto de 2011, cuando toda la base de datos estaba a punto de publicarse sin tachar nombres, y yo misma, en Ellingham Hall, fui testigo de los intentos de contactar por teléfono.

«Estimado embajador Susman», escribió[4] Julian Assange a la embajada estadounidense en Londres dos días antes de que WikiLeaks empezara a publicar los cables diplomáticos: «WikiLeaks agradecería que el Gobierno de Estados Unidos indicara en privado cualquier caso específico (números de expediente o nombres) en los que considere que la publicación de información pondría a personas concretas en riesgo significativo de sufrir perjuicios que no hayan sido ya tenidos en cuenta. WikiLeaks respetará la confidencialidad del asesoramiento proporcionado por el Gobierno de Estados Unidos, y está dispuesta a considerar, sin dilación, cualquiera de las sugerencias efectuadas prontamente».

El Departamento de Estado de Estados Unidos respondió lo siguiente: «No entraremos en negociación alguna con respecto a la posterior publicación o divulgación de materiales clasificados del Gobierno de Estados Unidos obtenidos ilegalmente. Si de verdad le interesa poner fin al perjuicio que puedan causar sus acciones, debería: 1) garantizar que WikiLeaks deja de publicar la totalidad de dichos materiales; 2) garantizar que WikiLeaks devuelva todo el material clasificado del Gobierno de Estados Unidos que tenga en su posesión; y 3) eliminar y destruir todos los registros de este material que se encuentren en las bases de datos de WikiLeaks».

Mientras que las autoridades estadounidenses se negaron a cooperar con Julian Assange y WikiLeaks, mantuvieron las puertas completamente abiertas para medios colaboradores como The New York Times y The Guardian. Un mensaje electrónico interno del Departamento de Estado estadounidense[5] que he obtenido mediante la litigación amparada en el DAIP que mantengo en Estados Unidos, en la que estoy representada por las excelentes abogadas Lauren Russell y Alia Smith, habla de una reunión de autoridades estadounidenses con The Guardian. Fue una conversación no oficial, cara a cara, de diplomáticos estadounidenses con Ian Katz, David Leigh y Jan Thompson, redactores de The Guardian. Tuvo lugar el 24 de noviembre de 2010, solo dos días antes de que Estados Unidos dijera a WikiLeaks que no estaba dispuesto a negociar. A juzgar por el contenido del mensaje electrónico, los redactores dijeron que «se centrarán solo en una pequeña área de información», aunque «no están dispuestos a decirnos explícitamente en qué están trabajando».

En ningún momento de la reunión pidieron las autoridades estadounidenses al diario británico que no publicara los cables, que cesara las publicaciones, que los devolviese o los eliminara de la página digital de The Guardian, como exigían a Julian Assange que hiciese. David Leigh incluso les dijo a los diplomáticos estadounidenses que creía que «a WikiLeaks le interesa mantener una conversación directa con altos cargos del USG [Gobierno de Estados Unidos] acerca de los datos».

Mientras que la respuesta de las autoridades estadounidenses a Julian Assange fue rotunda y beligerante, su reunión con The Guardian parece haber sido relajada. El mensaje electrónico observa que los «redactores elogiaron la alta calidad de la redacción y el análisis, y estaban fascinados con los canales estatales de comunicación, en especial el “canal disidente”». Bromearon que les asombraba «no [negrita en el original] encontrar pruebas de tramas de golpes de Estado en Centroamérica». El mensaje electrónico que describe la reunión no oficial termina con el siguiente comentario: «Se fueron [los redactores de The Guardian] admirados de lo que los diplomáticos estadounidenses hacen en todo el mundo. Por supuesto, observaron también que cualquier diplomático estadounidense que perdiera el trabajo debido a estos de WikiLeaks podía pedir trabajo de periodista en The Guardian».

El Departamento de Estado se puso, por lo tanto, a disposición de The New York Times, proporcionándole todo tipo de instrucciones, y mantuvo al menos una reunión no oficial con los redactores de The Guardian, pero se negó a cooperar de modo alguno con Julian Assange. ¿Por qué? ¿Fue porque desde el punto de vista jurídico cooperar con Assange y los periodistas de WikiLeaks habría hecho más difícil procesarlos por sus publicaciones más adelante? ¿O querían simplemente negarles a él y a WikiLeaks cualquier ayuda para después, si alguien acabase muerto, gritarles que tenían «las manos manchadas de sangre»?

Todo lo que sabemos con seguridad es que en la llamada telefónica de más de una hora que mantuvo el 26 de agosto de 2011, una semana antes de que se publicasen los cables con los datos sin censurar, Julian Assange y WikiLeaks ofrecieron toda su colaboración, demostrando su completa disposición a trabajar con el Departamento de Estado para minimizar el riesgo, mientras que las autoridades estadounidenses no mostraron el más mínimo interés.

Ese día, a medida que avanzaba la vista de extradición, el sonido de los partidarios de Assange gritando consignas en el exterior subió tanto de volumen que se les oía con facilidad a través de los gruesos muros del Crown Court de Woolwich. Llegó al punto de que Julian Assange, aun expresando gratitud a sus partidarios por haberse desplazado tan lejos, le dijo a la jueza que no podía seguir la vista debido al ruido. Había una delegación de gilets jaunes, había grupos pacifistas como la Coalición Paremos la Guerra, activistas de internet, y activistas por la libertad de prensa. Hasta la icónica diseñadora de moda Vivienne Westwood había ido a mostrar su apoyo al fundador de WikiLeaks delante del Crown Court de Woolwich. «No es delito publicar los crímenes de guerra estadounidenses», declaró[6] ante la prensa reunida fuera del juzgado, añadiendo que: «Es de interés público, es democrático, que se le permita hacerlo. Me preocupa realmente, me asusta de hecho, estoy verdaderamente asustada».

Tras la primera semana de sesiones, estaba previsto que el procedimiento de extradición se reanudase en mayo, pero entonces ocurrió lo imprevisible. Una pandemia cambió el mundo.

Se quedó en Belmarsh

No tenía sentencia que cumplir, porque ya habían transcurrido las cincuenta semanas a las que lo habían condenado por infringir las condiciones de la libertad condicional, pero Julian Assange permaneció en prisión. Pese a la pandemia. Así lo dictó la jueza Vanessa Baraitser, considerando que, en caso de que se le permitiese cumplir arresto domiciliario, existía riesgo fundado de fuga.

Permaneció en Belmarsh pese a ser técnicamente inocente ante la justicia británica, y pese a que no había cometido ningún delito violento en su vida. A pesar de que sufría una enfermedad pulmonar crónica, una depresión grave y trastorno de estrés postraumático. Aunque el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria había pedido repetidamente su liberación, después de que el Relator Especial sobre Tortura, Nils Melzer, hubiera observado todos los síntomas de tortura psicológica, y de que 117 médicos de todo el mundo, los «Doctores por Assange», hubieran escrito una carta[7] a The Lancet pidiendo que «se ponga fin a la tortura de Assange y se le garantice el acceso a la mejor atención sanitaria posible antes de que sea demasiado tarde».

En el intento de obtener su liberación, Stella Moris había revelado en abril de 2020, en una entrevista concedida a The Daily Mail, que era la compañera de Julian Assange, y que tenían dos niños pequeños, Gabriel y Max. Con la pandemia, ya ni siquiera podían visitarlo en la cárcel, y Moris temía que Assange enfermase de covid y que el aislamiento tuviera un efecto devastador en su salud mental.

Las declaraciones[8] de Moris ante el Crown Court de Woolwich arrojaron cierta luz sobre la situación de Assange. «El momento más difícil en Belmarsh fueron los meses en los que lo mantuvieron en la enfermería, en los que permaneció de hecho en confinamiento solitario la mayor parte del tiempo. El aislamiento y su perspectiva lo aterran», escribía Stella en la declaración a la jueza, describiendo que lo había observado en diferentes ocasiones cuando estaba en la embajada y «cómo había intentado sobreponerse a las crisis físicas y mentales». En Belmarsh, las cosas fueron siempre a peor: «Cuando estaba en la enfermería», declaró Moris, «lo llevaron de una sala a una celda en la que pasó muchos meses en una especie de aislamiento, excepto unas cuantas horas al día. Lo vi, como describí en su momento, visiblemente “muy mermado… como una flor que se va marchitando”. Observé que ya no lograba comportarse de manera coherente». Pero nada convenció a la jueza Baraitser de que lo liberase.

Noticias similarmente alarmantes llegaban de Estados Unidos. El 11 de marzo de 2020, Chelsea Manning intentó suicidarse por tercera vez, tras haber sido encarcelada en mayo del año anterior por negarse a testificar ante el gran jurado que había incriminado a Assange. Solo un día después del tercer intento, el juez Anthony Trenga ordenó su liberación y le impuso una multa de 256.000 dólares por negarse a declarar[9].

El 24 de junio, por otra parte, el Gran Jurado emitió una nueva imputación contra Assange, que sustituía a la emitida en mayo de 2019. En medio del procedimiento de extradición, con la pandemia en su apogeo y los abogados de Assange sometidos a tremendas dificultades para comunicarse con su cliente recluido en Belmarsh, cambió la acusación contra él.

Un cambio en las reglas del juego

La nueva imputación[10], que sustituía a la anterior, mantenía los mismos cargos. No se añadieron acusaciones, y el fundador de WikiLeaks seguía afrontando una sentencia máxima de 175 años, pero la conspiración para cometer intrusión informática se amplió para incluir cierta conducta que supuestamente se había producido entre 2010 y 2015. Ya no era una conducta referente solo a Chelsea Manning y la acusación de aceptar ayudarla a romper el hash de la contraseña, sino que incluía también la supuesta conspiración con jáqueres de Anonymous, Lulzsec, Antisec y Gnosis entre 2010 y 2012, y discursos políticos pronunciados en congresos públicos entre 2013 y 2015, interpretados por las autoridades estadounidenses como esfuerzos para reclutar piratas informáticos y denunciantes dispuestos a obtener documentos ilegalmente y enviárselos a WikiLeaks.

Entre 2010 y 2012, el FBI había efectuado investigaciones muy agresivas sobre Anonymous, Lulzlsec, Antisec y Gnosis. Las investigaciones, controvertidas por usar un informante, Hector Xavier Monsegur, apodado «Sabu», habían conducido a la detención, entre otros, del respetado activista político Jeremy Hammond.

En 2013, Hammond fue sentenciado a diez años de cárcel por jaquear los mensajes internos de una empresa de inteligencia privada estadounidense, Stratfor. WikiLeaks había publicado los archivos de Stratfor en colaboración con algunos medios. Estos documentos habían revelado, entre otras cosas, que Stratfor hacía un seguimiento de los activistas que exigían justicia a Dow Chemical, la empresa matriz de Union Carbide. La multinacional química estadounidense Union Carbide era propietaria de la fábrica de pesticidas que protagonizó uno de los accidentes industriales más graves de la historia, el de Bhopal, en India, en 1984, en el que murieron miles de indios extremadamente pobres. Jeremy Hammond afirmó que ni siquiera sabía qué era Stratfor hasta que el informante del FBI, «Sabu», situó la empresa en su radar. «En la práctica, nunca habría hecho el jaqueo de Sratfor sin la participación de Sabu», declaró[11].

Pese a haber investigado en profundidad estos temas, el FBI nunca había acusado a Julian Assange ni a WikiLeaks en relación con ellos. Ya en 2012, el uso de «Sabu» para atrapar a Hammond había parecido de inmediato un intento de implicar a WikiLeaks en algún asunto turbio.

Casi diez años después, salía otra vez a relucir. «Las alegaciones añadidas en la inculpación más reciente parecen un intento gratuito de presentar al Sr. Assange como un “jáquer” o alguien que se asocia con “jáqueres”, más que como un periodista», me dijo Barry Pollack unos días después de que las autoridades anunciaran la nueva imputación, en medio del proceso de extradición y de la pandemia[12]. Pollack, respetado abogado estadounidense que lleva muchos años representando a Assange en Estados Unidos, añadía: «El esfuerzo es solo para la galería. Los cargos no han cambiado. Se acusa al Sr. Assange como resultado de la recogida de información y de la publicación de noticias veraces y de interés. Los esfuerzos por pintar al Sr. Assange como algo diferente de un periodista no pueden ocultar el hecho de que está siendo acusado por sus actividades periodísticas. Estos cargos son una amenaza para los periodistas de cualquier parte, y para el derecho de la ciudadanía a la información».

En un esfuerzo por sustentar las alegaciones de que había existido una conspiración para cometer intrusión informática, las autoridades estadounidenses no solo intentaron obligar a declarar ante el Gran Jurado a Chelsea Manning, sino también a Jeremy Hammond. Este se negó, y en octubre de 2019, en lugar de liberarlo a los dos meses, como deberían haber hecho una vez cumplida su sentencia, lo dejaron en la cárcel.

La nueva acusación contra Julian Assange se basaba en dos informantes conocidos del FBI: Sabu y el islandés Sigurdur Thordarson, también conocido como «Siggi». Las autoridades estadounidenses acusaron al fundador de WikiLeaks de haber pedido a Thordarson que cometiera intrusión informática, basándose en las declaraciones efectuadas por el informante.

Yo no conocía a Thordarson: solo había oído hablar de él marginalmente, porque había efectuado algunas tareas menores para WikiLeaks. Y entonces, en 2013, la organización anunció[13] que lo había denunciado ante la policía islandesa, acusándolo de haberle desfalcado 50.000 dólares. Unos meses más tarde, la revista Wired, que ciertamente no es admiradora de la organización de Assange, publicaba[14] que Thordarson se había convertido en informante del FBI en 2011, y lo calificaba de inmediato de persona «tendente a la mentira», que en el pasado había mentido al propio periodista de Wired, el mismo Kevin Poulsen que había revelado la detención de Chelsea Manning, atrapada por Adrian Lamo, también informante del FBI. La revista escribió asimismo que Siggi le había proporcionado «un subconjunto sustancial» de chats internos de la organización y que le había dado ocho discos duros al FBI.

Varios artículos de prensa publicaron en 2015 que Sigurdur Thordarson había sido declarado culpable de abusos sexuales contra nueve chicos de quince a diecisiete años, y que un psiquiatra llamado a declarar sobre el caso había concluido que estaba afectado por un trastorno de personalidad tal que «aun siendo capaz de discernir el bien del mal, Thordarson es un sociópata, incapaz de expresar un verdadero sentimiento de culpa por sus acciones»[15].

Para interrogar a Thordarson, agentes del FBI habían viajado en 2011 a Islandia, donde WikiLeaks disfrutaba de buena reputación gracias a las revelaciones que había hecho dos años antes sobre el banco Kaupthing, la institución situada en el epicentro del escándalo que llevó el país[16] a la quiebra financiera. Oficialmente, los agentes del FBI habían ido allí a investigar un inminente ataque de piratas informáticos a instalaciones públicas, pero cuando las autoridades islandesas se dieron cuenta de que el propósito real de la investigación era interrogar a Thordarson e investigar a WikiLeaks, dejaron de cooperar. El ministro del Interior de ese momento, Ögmundur Jönasson, ordenó a la policía islandesa que no participase en la operación del FBI. Este siguió interrogando a Thordarson en suelo islandés sin la cooperación judicial de la policía del país, de acuerdo con la comunicación oficial emitida por las propias autoridades de Reikiavic[17].

De acuerdo con lo publicado en los medios de comunicación, en el transcurso de su colaboración, Thordarson había pedido dinero al FBI, pero aparentemente este se limitó a compensarlo con cinco mil dólares, por el tiempo perdido. Que el FBI se basara en un individuo tan problemático como Siggi –un testigo clave para la nueva imputación– indica hasta dónde estaban dispuestas a llegar las autoridades estadounidenses para encarcelar a Assange. Sin embargo, estos métodos corren el riesgo de producir un efecto indeseado y un año después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunciase la nueva imputación, periodistas de la revista islandesa Stundin informaban de que Sigurdur Thordarson había admitido, en una entrevista[18] concedida a ellos, «haberse inventado las acusaciones clave en la imputación contra el fundador de WikiLeaks». Stundin informaba de que: «también admite que robó documentos de la redacción de WikiLeaks copiando sus discos duros. Entre ellos había documentos de Renata Ávila, una abogada que trabajaba para la organización y para el Sr. Assange».

Adicionalmente, la imputación sustitutoria emitida en junio de 2020 criminalizaba los discursos políticos pronunciados por Assange, así como por la experiodista de WikiLeaks Sarah Harrison y por el periodista y experto en seguridad informática estadounidense Jake Appelbaum.

Esos discursos, ofrecidos durante congresos públicos, de tono humorístico y provocativo, con títulos como «¡Administradores de sistemas del mundo, uníos!», fueron incluidos por las autoridades estadounidenses en la alegación de conspiración para cometer intrusión informática, interpretados como reclutamiento de fuentes e incitación a robar documentos clasificados. La ayuda proporcionada a Edward Snowden por Julian Assange, Sarah Harrison y WikiLeaks se interpretó también en clave de conspiración delictiva: «Para animar a filtradores y jáqueres a proporcionar en el futuro a WikiLeaks materiales robados, Assange y otros miembros de WikiLeaks desplegaron abiertamente sus intentos de ayudar a Snowden a eludir la detención».

La nueva imputación citaba a Sarah Harrison, Jacob Appelbaum e incluso a Daniel Domscheit-Berg aunque, a diferencia de Julian Assange, estos no fueron inculpados.

El proceso de extradición se reanudó el 7 de septiembre de 2020. El Gobierno de Trump, que por primera vez en la historia de Estados Unidos había utilizado la Ley de Espionaje para acusar a un periodista, estaba a punto de finalizar. Faltaban menos de dos meses para las elecciones presidenciales de Estados Unidos. El Gobierno estadounidense cambió, pero Julian Assange siguió en Belmarsh.

Los testigos

En esa ocasión no pude viajar a Londres para asistir a las sesiones del juzgado, debido a la pandemia. Como todos los demás periodistas, tuve que seguir el juicio por videoconferencia, en medio de problemas técnicas y decisiones incomprensibles del juzgado. Como la de negar a Amnistía Internacional –que en febrero había enviado a Julia Hall, experta en conculcaciones de los derechos humanos durante la guerra contra el terrorismo– la oportunidad de efectuar un seguimiento de las vistas[19].

La defensa de Julian Assange argumentó que el caso tenía motivaciones políticas, citando las agresivas afirmaciones del Gobierno de Trump contra Assange y su decisión de acusarlo cuando Obama, por contraste –pese a la investigación perpetua del Gran Jurado– había decidido no hacerlo. Esto porque, de acuerdo con The Washington Post, Obama no encontró forma de imputarlo sin incriminar también a The New York Times y a todos los demás periódicos que habían publicado las mismas revelaciones. La defensa alegó también que la imputación de Assange formaba parte de la guerra de Trump contra periodistas y denunciantes. El abogado estadounidense Carey Shenkman[20] testificó que, si bien el Gobierno de Obama se había aventurado de hecho por la senda de utilizar la Ley de Espionaje para procesar a fuentes y denunciantes, incriminando a ocho durante los dos mandatos del presidente, la incriminación por parte de Trump había sido aún más agresiva. «El presidente de Estados Unidos está a punto de superar en menos de cuatro años el número de casos basados en la Ley de Espionaje alcanzado en los dos mandatos de Barack Obama», declaró Shenkman. Entre los denunciantes procesados durante el mandato de Trump se encontraban Reality Winner y Daniel Hale, que sacaron a la luz la brutalidad de los asesinatos con drones, en los que «a veces, nueve de cada diez personas fallecidas son inocentes»[21].

Algunos de los testimonios más importantes acerca de la interferencia política en el caso procedían tanto de los testigos protegidos que habían estado empleados por UC Global, y que describían las actividades de espionaje supuestamente efectuadas en nombre de la inteligencia estadounidense, como de la abogada Jennifer Robinson, que representa a Assange ante los tribunales desde 2010. En su declaración, Robinson declaró que se le había pedido que estuviera presente durante la visita que el congresista estadounidense Dana Rohrabacher[22] le hizo a Assange en la embajada ecuatoriana, en agosto de 2017. «La propuesta planteada por el congresista Rohrabacher era que el Sr. Assange identificase la fuente de las publicaciones relacionadas con las elecciones de 2016 a cambio de buscar alguna forma de perdón, garantía o acuerdo que beneficiase políticamente al presidente Trump e impidiese la imputación y la solicitud de extradición [de Julian Assange] por parte de Estados Unidos».

Cuando se hizo público el trasfondo[23], el político estadounidense negó categóricamente que el presidente hubiera tenido nada que ver, insistiendo en que había acudido por iniciativa propia. En cualquier caso, Robinson testificó que «el Sr. Assange no proporcionó ninguna fuente de información al congresista». Cuatro meses después de la reunión, en diciembre de 2017, el Gobierno de Trump presentó cargos contra el fundador de WikiLeaks.

Expertos como Mark Feldstein, renombrado profesor de periodismo en la Universidad de Maryland; Trevor Timm, cofundador de la Freedom of the Press Foundation (Fundación por la Libertad de Prensa) estadounidense; y el destacado periodista de investigación neozelandés Nicky Hager testificaron que las supuestas interacciones entre Chelsea Manning y Julian Assange, en las que este, según las autoridades estadounidenses, había solicitado documentos clasificados en lugar de simplemente recibirlos de manera pasiva, eran normales en la práctica periodística. Y que calificar dichas interacciones de conspiración delictiva significaba criminalizar el periodismo. «Los buenos periodistas no se sientan a esperar que alguien filtre información, la solicitan activamente», testificó[24] el profesor Feldstein, añadiendo que «cuando yo ejercía como periodista, solicité personalmente y recibí información confidencial o clasificada cientos de veces. Como Assange, fui activamente “cómplice” en la extracción de archivos secretos por parte de empleados públicos».

Mientras que las autoridades estadounidenses acusaban a Julian Assange y a WikiLeaks de subir documentos clasificados a internet sin molestarse en proteger a las personas mencionadas en los archivos, en nuestro testimonio, yo misma y el periodista de investigación John Goetz, que en 2010 trabajaba para el semanario Der Spiegel y ahora trabaja para la cadena pública alemana ndr, relatamos todo el trabajo dedicado a los materiales por WikiLeaks y sus medios colaboradores. Goetz explicó[25] que durante la publicación de los cables diplomáticos: «En Der Spiegel mantuvimos una conferencia telefónica con varios funcionarios del Departamento de Estado, incluido PJ Crowley[26]. De hecho, nos leyeron números de documentos que consideraban muy sensibles, con el compromiso de que le daríamos estos números a WikiLeaks para que los censurasen adecuadamente. WikiLeaks hizo exactamente lo que habían pedido».

Tanto John Goetz como yo[27] testificamos que los cables nos habían permitido demostrar que Estados Unidos había intervenido para asegurar la impunidad de los agentes de la CIA responsables de las entregas extraordinarias: en mi caso, la de Abu Omar; en el de Goetz, la del ciudadano alemán Khaled el-Masri.

Un testimonio adicional sobre el fundamento inestable y contradictorio de la causa judicial contra WikiLeaks procedió de John Young, afincado en Nueva York, miembro de los cypherpunks y fundador de la página digital Cryptome, cuyo lema es «Las revelaciones no autorizadas de secretos oficiales son esenciales para la democracia».

El 1 de septiembre de 2011, Young había publicado en su página digital toda la base de datos de los cables, con los nombres sin censurar. WikiLeaks republicó el mismo archivo al día siguiente. «Desde que publiqué los cables diplomáticos no tachados en Cryptome.org –declaró[28] Young– ninguna autoridad policial estadounidense me ha notificado que esta publicación sea ilegal, constituya un delito o contribuya al mismo en modo alguno, y tampoco me han pedido que los retire». De modo que mientras que Julian Assange y su organización han sido arrastrados a una década de investigación penal por publicaciones como los cables, Cryptome, que difundió exactamente los mismos materiales clasificados, no había sufrido siquiera la molestia de una llamada telefónica por parte de las autoridades estadounidenses. Desde el punto de vista jurídico, ¿qué justificaba esta diferencia de trato? ¿Por qué las autoridades estadounidenses presentaban cargos contra un periodista australiano, pero no contra el fundador, propietario y administrador de Cryptome, que es ciudadano estadounidense y reside en Nueva York?

Durante el juicio, el testimonio que más impresión causó fue el aportado por víctimas como Khaled el-Masri, que había sido secuestrado en la frontera macedonia cuando viajaba en autobús. Lo golpearon brutalmente, lo sodomizaron, encadenaron, encapucharon y sometieron a una completa privación sensorial. «Esas acciones fueron solo el comienzo», recordó el-Masri[29]. Incluso presentado por escrito, su testimonio transmitía el trauma que, casi veinte años después, aún lo consumía. El-Masri fue trasladado a una cárcel de Afganistán, mantenido en régimen de aislamiento, interrogado constantemente, golpeado, preso en una celda de cemento congelada, en invierno, en Afganistán. Tenía solo una manta fina y sucia, y un cubo como retrete. Tras treinta y cuatro días de negarse a comer, lo sacaron de la celda, lo ataron a una silla, y le metieron a la fuerza una sonda de alimentación por la nariz. «Mucho después –relataba el-Masri– supe que a esas alturas la CIA sabía que mi detención se había debido a una “identidad equivocada” y que debían liberarme. Aun así, me dejaron allí varios meses». Lo soltaron con la advertencia de que no le contara jamás a nadie lo ocurrido. “Si hablaba, tendría que atenerme a las consecuencias», recordaba el-Masri.

El problema era encontrar la prueba. Macedonia negó conocer lo que había ocurrido, y Estados Unidos no estaba dispuesto a proporcionar información. «Tuve una larga lucha para exponer incluso los hechos más básicos de mi caso», explicó, recordando todas las barreras de secretismo que le habían impedido llegar a la verdad. Y añadió: «otros incidentes me causaban miedo, como que un coche me bloquease de repente en la carretera, los extraños desconocidos que se aproximaban a mis hijos, que mis quejas ante la policía condujesen a que intentaran internarme en un hospital para enfermos mentales. Me refrenaron de manera violenta».

Khaled el-Masri explicó que solo gracias a la ayuda de periodistas como John Goetz, que había trabajado con los documentos de WikiLeaks, así como a investigadores y abogados expertos en violaciones de los derechos humanos, «logré acumular lentamente credibilidad y reunir pruebas que confirmasen lo que yo decía».

Los cables permitieron descubrir y documentar que el Gobierno alemán había cedido a la presión del estadounidense para no extraditar al equipo de la CIA responsable de la entrega. Y revelaron que las autoridades estadounidenses interfirieron en la investigación, con el objetivo de bloquearla. Gracias a esos documentos, Khaled el-Masri pudo sustentar su apelación al Tribunal Europeo de Derechos Humanos respaldado con documentación oficial. En su testimonio, Goetz confirmó que «sin la publicación de información que el Gobierno estadounidense pretendía mantener en secreto por razones de seguridad nacional, toda la verdad seguiría enterrada. Porque solo al leer los cables diplomáticos comprendimos la participación del Gobierno de Estados Unidos entre bastidores». Igual que la presión que Estados Unidos había aplicado a los gobiernos italianos para asegurarse de que los agentes de la CIA responsables de la entrega extraordinaria de Abu Omar nunca tuvieran que responder por sus delitos. Sin los cables, esta presión habría permanecido enterrada para siempre.

Los casos de el-Masri y Omar fueron solo dos ejemplos en los que Estados Unidos y sus aliados no usaron el secreto de Estado para proteger a sus ciudadanos, sino para encubrir atrocidades y garantizar la completa impunidad de los miembros de esas instituciones que cometen dichas atrocidades.

Igualmente convincente fue el testimonio de Dean Yates, que dirigía la oficina de Reuters en Bagdad cuando el helicóptero Apache mostrado en el vídeo Collateral Murder mató a un fotógrafo y sus asistente. Y el del abogado Clive Stafford Smith, fundador de la organización de defensa de los derechos humanos Reprieva, y uno de los abogados que ayudó a obtener el habeas corpus para los presos de Guantánamo. Stafford Smith detalló, entre otras cosas, que los cables habían permitido adquirir información crucial sobre una guerra que se mantenía completamente en secreto: la guerra con drones. Explicó[30] que: «Una de mis motivaciones para trabajar en estos casos fue que la campaña con drones estadounidense me parecía horriblemente mal gestionada, y que provocaba que los informantes remunerados dieran información falsa sobre personas inocentes que después morían en los ataques».

El abogado contó en el juicio que, durante una conferencia pronunciada en Pakistán, les dijo a los presentes que entre ellos probablemente hubiera uno o dos informantes a sueldo que le pasarían a la CIA información sobre los individuos a los que debía atacar. Stafford Smith supo después que lo que había dicho no solo era cierto, sino que un informante presente en esa conferencia efectuó una declaración falsa sobre un adolescente que se encontraba también entre el público, y que murió tres días después, junto con su primo, por un ataque con dron. «Por supuesto, a un informante le es mucho más fácil declarar sobre un “don nadie” que sobre alguien verdaderamente peligroso», explicó Stafford Smith, testificando que los cables habían sido cruciales para obtener información veraz que aportar a los tribunales paquistaníes, con el objetivo de obtener justicia para las víctimas inocentes. «El resultado de esta litigación es que los ataques con drones, que se contaron por cientos y causaron muchas víctimas inocentes, cesaron muy rápidamente. Que yo sepa, en 2019 no se ha informado de la existencia de ninguno».

El profesor Noam Chomsky, por su parte, efectuó un análisis brillante del poder secreto[31]: «Las acciones de Julian Assange, que han sido catalogadas de delictivas, son acciones que exponen el poder a la luz del día; acciones que pueden hacer que el poder se evapore si la población aprovecha la oportunidad para convertirse en ciudadanos independientes de una sociedad libre, en lugar de súbditos de un amo que opera en secreto». Y continuaba: «Cualquiera que haya recorrido los archivos de documentos desclasificados se habrá dado cuenta enseguida de que lo que se mantiene en secreto rara vez está relacionado con la seguridad general, sino solo con la seguridad de los líderes respecto al enemigo interno, la población de su propio país».

Esto era marcadamente aplicable a los documentos de la administración estadounidense publicados por WikiLeaks, por los que Assange había sido inculpado. No eran secretos que sirviesen para proteger la seguridad de una central nuclear o de instalaciones que, de revelarse, podrían poner en riesgo a la ciudadanía; eran secretos que servían para encubrir crímenes de Estado o hechos y conversaciones que abochornaban al Gobierno estadounidense y a sus aliados[32].

El testimonio más potente fue el de Daniel Ellsberg. No pude oír en persona su declaración, porque como práctica habitual las autoridades estadounidenses pidieron a la jueza que me impidiera ver la vista de extradición al aproximarse mi declaración. Pero el calibre intelectual y la fibra moral del denunciante que había sacado a la luz los Papeles del Pentágono brilló en todos los medios informativos. Ellsberg repelió los intentos de James Lewis, representante del Gobierno estadounidense, de trazar una línea entre sus revelaciones y las de Wikileaks. Como informó el respetado periodista estadounidense Kevin Gosztola[33], Lewis afirmó: «Cuando usted publicó los Papeles del Pentágono, fue muy cuidadoso con lo que les entregaba a los medios», dando a entender que mientras que Ellsberg había escogido los archivos con cuidado para evitar poner en riesgo a las personas que se mencionaban en ellos, Assange lo había vertido todo en internet de manera indiscriminada.

El denunciante replicó que los materiales que se había guardado no tenían nada que ver con ocultar ciertos nombres a los ciudadanos, y que él, como Assange, quería que estos tuvieran acceso a los documentos completos, sin alteraciones. Ellsberg añadió también que el fundador de WikiLeaks había tomado de hecho precauciones en el pasado, como no publicar quince mil archivos clasificados sobre la Guerra de Afganistán o pedir al Departamento de Estado y al Pentágono que ayudasen a minimizar los riesgos, pero las autoridades estadounidenses se habían negado a cooperar. «¿Sostiene usted que no hubo riesgo en el hecho de publicar los documentos sin haber tachado los nombres de estos informantes?», preguntó Lewis. Ellsberg respondió que el Gobierno de Estados Unidos era «extremamente cínico al fingir que le preocupan estas personas», y que en diez años no había conocido la existencia de ninguna víctima de ese tipo.

El proceso de extradición concluyó el 1 de octubre, un mes antes de las elecciones presidenciales estadounidenses. La jueza Vanessa Baraitser emitiría sentencia el 4 de enero de 2021, después de la elección del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Mientras tanto, Julian Assange permanecería en prisión, en medio de una pandemia y a pesar de su mala salud.

[1] Menciono el nombre de algunos seguidores en el epílogo dedicado a los reconocimientos.

[2] Stefania Maurizi, «Julian Assange is the defendant, journalism is under trial», il Fatto Quotidiano, 2 de marzo de 2020.

[3] Bill Keller escribió sobre estas reuniones en la introducción del libro Open secrets: WikiLeaks, war and American diplomacy, escrito por la Redacción de The New York Times, Nueva York, Grove Press, 2011.

[4] Carta de Julian Assange a Louis B. Susman, embajador de Estados Unidos en Reino Unido, el 26 de noviembre de 2010. He obtenido una copia en virtud de la litigación basada en el DAIP que mantengo contra el Departamento de Estado estadounidense.

[5] Mensaje electrónico enviado por Remitente tachado a Philip J. Crowley y Dana S. Smith, con copia a Louis Susman, Elizabeth L. Dibble, Barbara J. Stephenson y otros destinatarios tachados, con fecha 24 de noviembre de 2010, a las 18:30 horas. Lo obtuve gracias a la litigación basada en el DAIP que mantengo contra el Departamento de Estado de Estados Unidos.

[6] Ben Quinn, «Amid the din, Julian Assange struggles to hear case against him», The Guardian, 24 de febrero de 2020.

[7] Stephen Frost, Lissa Johnson, Jill Stein, William Frost en nombre de 117 signatarios, «End torture and medical neglect of Julian Assange», The Lancet, febrero de 2020, consultado el 13 de mayo de 2022, disponible en [www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30383-4/fulltext].

[8] Stefania Maurizi, «Assange’s partner and previously undisclosed documents reveal the grim conditions of the WikiLeaks founder», il Fatto Quotidiano, 16 de abril de 2020.

[9] Charlie Savage, «Chelsea Manning is ordered released from jail», The New York Times, 12 de marzo de 2020. La orden del juez Trenga está disponible en [https://int.nyt.com/data/documenthelper/6814-chelsea-manning-ordered-releas/3f24b02368918f60524b/optimized/full.pdf#page=1], consultado el 13 de mayo de 2022.

[10] La segunda imputación fue emitida, en sustitución de la primera, el 24 de junio de 2020; está disponible en [www.justice.gov/opa/pr/wikileaks-founder-charged-superseding-indictment], consultado el 13 de mayo de 2022.

[11] Ed Pilkington, «Jailed Anonymous hacker Jeremy Hammond: “My days of hacking are done”», The Guardian, 15 de noviembre de 2013.

[12] Stefania Maurizi, «Assange non fa più noticia e gli Usa ne approfittano», il Fatto Quotidiano, 28 de junio de 2020.

[13] En 2013, WikiLeaks publicó en su página digital un comunicado de prensa sobre el voluntario islandés, disponible en [https://wikileaks.org/Eight-FBI-agents-conduct-html], consultado el 13 de mayo de 2022.

[14] Kevin Poulsen, «WikiLeaks volunteer was a paid informant for the FBI», Wired, 27 de junio de 2013.

[15] Dell Cameron, «FBI’s WikiLeaks informant sentenced to 3 years for sex with underage boys», Daily Dot, 25 de septiembre de 2015; Sunna Karen Sigurþórsdóttir, «Dómurinn yfir Sigga hakkara: Bauð unglingspiltum allt að 100 milljónir, bíla og einbýlisús», Visir, 25 de septiembre de 2015.

[16] Los archivos sobre el banco Kaupthing están disponibles públicamente en [https://wikileaks.org/wiki/Category:Kaupthing_Bank], consultado el 13 de mayo de 2022; Simon Bowers, «Confidential Kaupthing corporate loan details leaked on the Internet», The Guardian, 4 de agosto de 2009.

[17] Las autoridades islandesas emitieron un comunicado de prensa, disponible en [www.rikissaksoknari.is/um-embaettid/frettir/nr/54], consultado el 13 de mayo de 2022.

[18] Bjartmar Oddur Þeyr Alexandersson y Gunnar Hrafn Jönsson, «Key witness in Assange case admits to lies in indictment», Stundin, 26 de junio de 2021.

[19] «UK: Lack of Access to Julian Assange extradition hearing undermines open justice», Amnistía Internacional, 17 de septiembre de 2020, disponible en [www.amnesty.org/en/documents/eur45/3076/2020/en/], consultado el 13 de mayo de 2022.

[20] Press Association, «US Espionage Act prosecutions jump under Trump, Assange extradition trial hears», PressGazette, 17 de septiembre de 2020.

[21] Ryan Devereaux y Murtaza Hussain, «Daniel Hale sentenced to 45 months in prison for drone leak», The Intercept, 27 de julio de 2021.

[22] Declaración testifical prestada por Jennifer Robinson ante el Tribunal de Magistrados de Westminster durante el proceso de extradición de Julian Assange.

[23] Peter Beaumont, «Trump “associates” offered Assange pardon in return for emails source, court hears», The Guardian, 18 de septiembre de 2020.

[24] Una versión resumida de la declaración testifical del profesor Feldstein está disponible en The Government of the US of America-v-Julian Paul Assange, Anexo Consolidado, disponible en [www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2021/01/USA-v-Assange-annex-040121.pdf], consultado el 7 de mayo de 2022.

[25] Una versión resumida de la declaración testifical de John Goetz está disponible en The Government of the US of America-v-Julian Paul Assange, Anexo Consolidado, disponible en [www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2021/01/USA-v-Assange-annex-040121.pdf], consultado el 7 de mayo de 2022.

[26] En aquel momento, P. J. Crowley era portavoz del Departamento de Estado. Dimitió después de calificar el trato dado a Chelsea Manning de «contraproducente y estúpido».

[27] Una versión resumida de mi declaración testifical está disponible en The Government of the US of America-v-Julian Paul Assange, Anexo Consolidado, disponible en [www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2021/01/USA-v-Assange-annex-040121.pdf], consultado el 7 de mayo de 2022.

[28] Ibid.

[29] Ibid.

[30] Ibid.

[31] Ibid.

[32] Una lectura interesante sobre la diferencia entre secretos que protegen la seguridad ciudadana y secretos que protegen revelaciones bochornosas o delictivas es la de Hugh Gusterson, «Not all secrets are alike», Bulletin of the Atomic Scientists, 23 de julio de 2013.

[33] Kevin Gosztola, «Good Ellsberg, bad Assange: at extradition trial, Pentagon Papers whistleblower dismantles false narrative», ShadowProof, 18 de septiembre de 2020.

XX

Una injusticia monstruosa

La crueldad de la justicia estadounidense y británica

Cuando la jueza Baraitser empezó a leer su sentencia, el 4 de enero de 2021 por la mañana, la situación nos pareció a todos desesperada.

Rechazó todos los argumentos de la defensa. Rechazó que se tratara de un caso político. Descartó los argumentos del experto forense Patrick Eller –que había expresado sus dudas sobre las alegaciones de que Assange había aceptado ayudar a Chelsea Manning a romper el hash de contraseña– tachándolos de «relato alternativo a las alegaciones», y concluyendo que, en cualquier caso, «las cuestiones que plantea son asuntos que deben determinarse en un juicio» en Estados Unidos, si se extradita a Assange.

Rechazó los argumentos de la libertad de prensa, afirmando que «la libertad de información no comprende un “comodín” válido incluso cuando se revelan asuntos de interés público graves» y se refirió a las publicaciones de WikiLeaks como «revelación indiscriminada de todos los datos». Las declaraciones en las que periodistas y expertos como el profesor Mark Feldstein, Trevor Timm y Nicky Hager resaltaban las preocupaciones referentes a la libertad de prensa planteadas por la incriminación de Julian Assange, y el testimonio de representantes de los medios de comunicación colaboradores, como John Goetz y yo misma, sobre el meticuloso trabajo periodístico que supuso la publicación de los documentos estadounidenses para nosotros y WikiLeaks, parecían no tener relevancia para la jueza.

Hasta el testimonio de los dos testigos anónimos, que afirmaban que UC Global había espiado a Julian Assange y a su abogado en nombre de la inteligencia estadounidense, e incluso estudiado planes de envenenarlo o secuestrarlo, fue rechazado por la jueza, porque «esta alegación está en la actualidad bajo investigación en la Audiencia Nacional española» y, en consecuencia, «sería inapropiado que este tribunal decida sobre cuestiones de hecho que todavía están siendo investigadas en España».

Esa mañana, uno por uno, fueron cayendo como bolos todos los obstáculos a la extradición. Pálido, de traje azul oscuro y con una mascarilla contra la covid cubriéndole el rostro, el fundador de WikiLeaks escuchó estoicamente a la jueza Baraitser leer el veredicto. Solo lo delataba el retorcimiento de manos[1].

Entonces llegó la sentencia que nadie esperaba[2]. «Considero que la situación mental del Sr. Assange es tal que sería opresivo extraditarlo a los Estados Unidos de América», dijo la jueza.

Baraitser negó la extradición basándose única y exclusivamente en el drástico deterioro de su salud física y mental. Las evaluaciones psiquiátricas, presentadas durante el juicio y citadas en la sentencia, detallaban este deterioro con toda su crudeza.

Michael Kopelman, profesor emérito de neuropsiquiatría en el King’s College, había descrito la situación de Assange en diciembre de 2019: «pérdida de sueño, pérdida de peso, dificultad para concentrarse, sentimiento de encontrarse a menudo al borde de las lágrimas, y un estado de aguda agitación en el que caminaba por su celda hasta agotarse, dándose puñetazos en la cabeza o golpeándola contra las paredes»[3]. Julian Assange «habló de ideas suicidas durante este periodo, diciéndole al profesor Kopelman que no merecía la pena vivir, que había pensado en el suicidio “cientos de veces al día” y que sentía “un deseo constante” de autolesionarse o suicidarse»[4]. Había llamado a la organización de los samaritanos, que proporciona ayuda a personas con pensamientos suicidas, «prácticamente todas las noches; y en dos o tres ocasiones, cuando no había podido comunicarse con ellos, se había hecho cortes superficiales en el muslo y en el abdomen para distraerse de la sensación de aislamiento»[5].

Las evaluaciones psiquiátricas revelaron que Julian Assange estaba afectado por el síndrome de Asperger, común en individuos dotados para las matemáticas, la física, la informática y, a menudo, relacionado con un cociente intelectual elevado. Que Assange estaba afectado por esta condición se rumoreaba ya desde 2010, pero ahora había un diagnóstico especializado y público que explicaba también algunos comportamientos extraños observados por muchos de nosotros al relacionarnos con él en el transcurso de los años, pero que, no siendo médicos, habíamos tenido dificultades para descifrar.

La jueza Baraitser consideró concebible que, de ser extraditado, «existe un riesgo real de que el Sr. Assange sea asignado al ADX de Florencia», la prisión más dura de Estados Unidos, donde está encarcelado el narcotraficante El Chapo, y mantenido bajo un despiadado régimen de detención en aislamiento que se conoce con el nombre de «medidas administrativas especiales» (SAM – Special Administrative Measures). Es el mismo régimen de aislamiento impuesto a la supuesta fuente de los archivos Vault 7 de la CIA, Joshua Schulte, que a través de su abogado ha declarado que lo «tratan como a un animal».

La jueza Baraitser también observó que dicho régimen «restringiría seriamente su contacto con todos los demás seres humanos, incluidos otros presos, el personal carcelario y su familia. En detención sometida a sam, no tendría absolutamente ninguna comunicación con otros presos, ni siquiera a través de las paredes de su celda, y el tiempo que estuviese fuera de ella lo pasaría en soledad»[6].

Invocando el precedente de la activista Lauri Love, cuya extradición a Estados Unidos había sido denegado, tras una compleja batalla judicial, porque se le había diagnosticado síndrome de Asperger y corría riesgo de suicidio[7], Baraitse determinó que: «El Sr. Assange no solo encontrará una manera de suicidarse sino que la ejecutará “con la determinación propia de su TEA/Asperger”»[8] y que «ya ha hecho planes suicidas que el profesor Kopelman ha considerado “altamente verosímiles” y dado pasos para planear su muerte, como hacer testamento y solicitar la absolución al sacerdote católico que asiste en la prisión»[9].

La decisión tomada por Baraitser de no extraditar a Assange de inmediato parecía al mismo tiempo una victoria y una derrota. «La decisión de rechazar la extradición de Julian es bien recibida. Es importante que la jueza reconociese que dicha extradición sería opresiva», me comentó la abogada defensora Jennifer Robinson[10]. «Sin embargo, se basó en el riesgo de suicidio, y no en la libertad de expresión: es una victoria para Julian Assange, pero no para el periodismo».

Desde Amnistía Internacional hasta Reporteros Sin Fronteras, todas las organizaciones defensoras de los derechos humanos y de la libertad de prensa comentaron la amenaza que esta sentencia representaba para el periodismo.

«Hemos recibido con agrado esta sentencia en la medida en la que reconoce que Julian Assange correría el riesgo de recibir un trato inadecuado en caso de que lo enviasen a Estados Unidos y lo encarcelasen allí», me comentó Julia Hall, de Amnistía Internacional[11], «pero la persecución política a Assange nunca debería haberse producido. Estados Unidos ha llevado a juicio la libertad de los medios de comunicación, y Reino Unido ha actuado de cómplice voluntario». Y Rebecca Vincent, de Reporteros Sin Fronteras, afirmaba lo siguiente[12]: «Seguimos creyendo que la causa tiene motivaciones políticas, creemos que atañe al periodismo y a la libertad de prensa, y esta jueza ha rechazado de hecho todo eso; de modo que, desde la perspectiva periodística, esta sentencia deja la puerta abierta a casos similares. Nos habría gustado ver una posición firme de este tribunal a favor de la protección periodística y la libertad de prensa, y eso no ha ocurrido en esta sentencia».

Aun profesando estar «extremadamente decepcionado por la sentencia definitiva del tribunal», el Departamento de Justicia estadounidense declaró lo siguiente a través de su portavoz, Marc Raimondi[13]: «estamos satisfechos de que Estados Unidos prevaleciera en todos los argumentos jurídicos presentados. En concreto, el tribunal rechazó todos los argumentos presentados por el Sr. Assange acerca de la motivación política, la ofensa política, el juicio justo y la libertad de expresión». Raimondi anunciaba que «seguiremos solicitando la extradición del Sr. Assange a Estados Unidos». Después de todo, esta era solo una sentencia en primera instancia.

Las autoridades estadounidenses tenían todas las razones para estar satisfechas. En apariencia, todo el proceso se había desarrollado de manera humanitaria, justa y equitativa. La extradición se había denegado aduciendo que había que proteger la vida de Julian Assange. Pero tras la fachada de juego limpio no existe mucha justicia ni humanidad. La justicia británica y la estadounidense han sido grotescas y crueles. Diez años de persecución judicial y detención arbitraria habían llevado al fundador de una organización periodística que había revelado crímenes de guerra y tortura a padecer una grave enfermedad mental. Y en su gran mayoría, los medios de comunicación, en especial los británicos, habían ayudado a los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido a mantener la fachada.

Matar a Julian

Solo ocho meses después de que la jueza Baraitser emitiera su sentencia, la página de noticias de Yahoo reveló que la CIA había planeado secuestrar o incluso matar a Julian Assange y a otros periodistas que trabajaban en la organización.

La investigación[14] estaba firmada por tres periodistas estadounidenses: Zach Dorfman, Sean D. Naylor y Michael Isikovv, que habían recopilado información y revelaciones confidenciales de al menos treinta exfuncionarios estadounidenses. Lo que realmente había desencadenado la furia de la CIA había sido la publicación de documentos secretos sobre su ciberarmamento: Vault 7. «Después de lo de Vault 7, Pompeo y [la subdirectora de la CIA Gina] Haspel clamaban venganza contra Assange», escribía Yahoo News, informando de que WikiLeaks se había convertido en una obsesión para Pompeo.

La agencia había intentado también establecer que la organización era agente del Kremlin, pero no tenía pruebas. «La dificultad de probar que WikiLeaks actuaba a las órdenes directas del Kremlin fue uno de los principales factores en los movimientos de la CIA para dar al grupo la calificación de servicio de inteligencia hostil, de acuerdo con un exalto funcionario de contrainteligencia», escribía Yahoo News, añadiendo que «hubo mucho debate jurídico sobre si operaba como agente ruso», comentaba el exfuncionario. «No estaba claro que lo fuese, de modo que la cuestión estaba en si existía la posibilidad de incluirlo en la categoría de entidad hostil».

Considerar a WikiLeaks un «servicio de inteligencia hostil» y no una organización periodística podía abrir el camino a todo tipo de técnicas de guerra sucia contra Julian Assange y su organización. En pocos meses, «espías estadounidenses estaban efectuando un seguimiento de las comunicaciones y los movimientos de numerosos trabajadores de WikiLeaks, y eso incluía audiovigilancia y videovigilancia del propio Assange, de acuerdo con antiguos funcionarios»[15].

Pero no se trataba solo de espiar a Assange y a los periodistas de WikiLeaks, «los ejecutivos de la agencia solicitaron y recibieron “bocetos” de planes para matar a Assange y a otros miembros de WikiLeaks residentes en Europa que habían accedido a los materiales incluidos en Vault 7»[16].

Tampoco hay indicio de que llegaran a aprobarse las medidas más drásticas, de acuerdo con Yahoo News, pero «las propuestas de la agencia relacionadas con WikiLeaks preocuparon tanto a algunos miembros del Gobierno que se pusieron discretamente en contacto con funcionarios y congresistas que participan en los comités de inteligencia de la Cámara de Representantes y del Senado para alertarlos de lo que estaba sugiriendo Pompeo»[17]. En el Gobierno de Trump había también quienes temían que esos planes de entrega ilegal pudieran perjudicar los intentos de las autoridades estadounidenses de enjuiciar por lo penal a Assange y a WikiLeaks por sus publicaciones. Algunos aconsejaron apresurar la incriminación de Assange. De hecho, se presentaron cargos en su contra el 21 de diciembre de 2017, solo nueve meses después de que WikiLeaks y los medios colaboradores empezásemos a publicar Vault 7, y la acusación se efectuó en secreto.

La investigación de Yahoo News confirmó también algunas declaraciones de los testigos protegidos que habían trabajado para UC Global, de acuerdo con los cuales su jefe, David Morales, había discutido planes para envenenar o secuestrar a Julian Assange. Cuando se publicó, el abogado estadounidense Barry Pollack, que representa al fundador de WikiLeaks en Estados Unidos, declaró que le parecía absolutamente indignante que su Gobierno hubiera planeado secuestrar o matar a alguien simplemente por publicar información veraz y de interés público. «Espero y deseo que los tribunales británicos consideren esta información, y mantengan la decisión de no extraditarlo a Estados Unidos», declaró Pollack a Yahoo.

Tras la sentencia en la que la jueza Baraitser rechazaba la extradición, Julian Assange permaneció en la cárcel de Belmarsh. Estados Unidos había apelado al Alto Tribunal de Justicia de Reino Unido. El Gobierno de Biden, que había sustituido al de Trump, podía fácilmente haber retirado los cargos, teniendo en cuenta que era un legado de su predecesor. Una coalición de grupos defensores de las libertades civiles y los derechos humanos instó a Biden a hacerlo[18]. Incluía algunas de las organizaciones por los derechos humanos y civiles más destacadas, desde Amnistía Internacional hasta Human Rights Watch o la Unión Americana por las Libertades Civiles. El Gobierno de Biden, sin embargo, mantuvo la solicitud de extradición, ofreciendo a las autoridades británicas garantías diplomáticas de que, si concedían su extradición a Estados Unidos, Julian Assange no sería encarcelado en la prisión más punitiva del país, adx Florence, ni sometido al duro régimen conocido como «medidas administrativas especiales» (SAM). Pero había una advertencia. Una vez transferido a Estados Unidos, si el fundador de WikiLeaks hiciera cualquier cosa que las autoridades estadounidenses considerasen merecedora de dichas medidas, se las impondrían.

Amnistía Internacional rechazó de inmediato las garantías diplomáticas, por considerarlas inherentemente poco fiables, y pidió a Estados Unidos que retirase los cargos contra Julian Assange. Agnes Callamard, su respetada secretaria general, declaraba que[19]: «Las garantías ofrecidas por el Gobierno estadounidense de que no va a internar a Julian Assange en una cárcel de máxima seguridad o someterlo a las abusivas medidas administrativas especiales quedaron desacreditadas por la admisión de que se reservan el derecho a revertir esas garantías. Ahora, las noticias de que la CIA había considerado secuestrar o matar a Assange arrojan todavía más dudas sobre la fiabilidad de las promesas estadounidenses, y ponen más de manifiesto aún la motivación política del caso».

Sin embargo, Estados Unidos no atendió la solicitud de Amnistía Internacional. En diciembre de 2021, el Alto Tribunal de Justicia de Reino Unido sentenció[20] que Julian Assange podía ser extraditado a Estados Unidos, porque las garantías proporcionadas por las autoridades estadounidenses eran suficientes para mitigar las preocupaciones por el riesgo de suicidio que habían llevado a Baraitser a rechazar la extradición. Los magistrados, lord Burnett of Maldon y Holroyde, sentenciaron que las garantías diplomáticas son una promesa solemne ofrecida por un Gobierno a otro y que «no hay base para asumir que Estados Unidos de América no haya dado las garantías de buena fe»[21].

De nuevo, tras la fachada de justicia y humanidad, Reino Unido mostraba de hecho que experimentaba pocos escrúpulos ante la extradición de un periodista a un país que, de acuerdo con testigos protegidos y medios prestigiosos, había planeado matarlo.

Taladrar el muro de oscuridad

Por los mismos meses en los que la CIA declaraba a WikiLeaks entidad hostil, en lugar de organización periodística, y hacía planes para matar o secuestrar a Assange y otros periodistas de WikiLeaks, el Tribunal de Primer Nivel (First-tier Tribunal) de Londres rechazó mi solicitud de acceder a toda la documentación sobre el caso de Julian Assange, y estableció que no había «nada inapropiado»[22] en la destrucción de mensajes electrónicos fundamentales por parte del Servicio de Fiscalía de la Corona. Pero al mismo tiempo, el tribunal reconoció a WikiLeaks como «organización de medios de comunicación», exactamente la categoría que la CIA quería denegarle a la organización de Assange. «WikiLeaks es una organización de medios de comunicación que publica y comenta materiales oficiales censurados o restringidos que hacen referencia a la guerra, la vigilancia o la corrupción, los cuales recibe a modo de filtración en una variedad de circunstancias diferentes», sentenciaba el tribunal[23].

La sentencia por la que el Tribunal de Primer Nivel rechazaba mi solicitud de acceder a la documentación completa sobre Julian Assange fue solo la primera de una larga cadena de derrotas. Mi guerra de trincheras acababa de empezar.

Llevo desde noviembre de 2017, cuando descubrí que el Servicio de Fiscalía de la Corona había destruido documentos clave, litigando al amparo del DAIP ante la comisaria de Información, el Tribunal de Primer Nivel de Londres y el Tribunal Superior [Upper Tribunal] para arrojar luz sobre este descubrimiento altamente sospechoso. En el momento de escribir este libro, han transcurrido cinco años, y las autoridades británicas nunca me han proporcionado una explicación sensata de ese hecho. Me dijeron que los documentos se habían destruido en cumplimiento de las políticas de gestión de expedientes. Pero el manual de gestión de expedientes [Record Management Manual] que maneja el Servicio de Fiscalía de la Corona establece que la correspondencia general relativa a un expediente de una causa penal debería conservarse «al menos cinco años desde la fecha de la correspondencia más reciente». Y sin embargo, la borraron. ¿Por qué? ¿Qué destruyeron exactamente, y bajo instrucciones de quién? Cuando le pedí a la comisaria de Información que examinara personalmente el manual del Servicio de Fiscalía de la Corona para determinar si la destrucción de documentos cumplía con las políticas de conservación de datos del servicio establecidas en el manual, la comisaria de Información se remitió a las garantías dadas por la fiscalía. ¿Cómo puede una comisaria encargada de investigar un caso fiarse de las garantías aportadas por la autoridad a la que supuestamente debe investigar?

En Estados Unidos, Australia y Suecia, me he encontrado con los mismos obstáculos. Suecia, considerado una excelente jurisdicción en lo referente a transparencia estatal, ha demostrado no ser mejor que Reino Unido. De acuerdo con el Servicio de Fiscalía de la Corona, entre 2010 y 2015 este servicio intercambió entre 7.200 y 9.600 páginas de correspondencia con la Fiscalía General sueca[24]. Pero esta Fiscalía niega que existiera tanta documentación. ¿Cómo es posible que los británicos hayan tenido todas esas páginas y los suecos no, considerando que se trataba de correspondencia entre ellos?

En la Fiscalía General sueca nunca me han aclarado realmente lo que querían decir al escribir que: «Marianne [Ny] y yo archivamos todos los mensajes relacionados con A en carpetas especiales, no disponibles o no localizables para nadie más que nosotros mismos»[25].

Tampoco está claro por qué la fiscal Ny destruyó un mensaje electrónico que había recibido del FBI a finales de marzo de 2017. Esos eran los meses en los que en la CIA estaban tan furiosos con WikiLeaks por publicar Vault 7 que acabaron diseñando planes para matar a Assange. Las autoridades suecas me confirmaron[26] más tarde que el mensaje procedía «de un ejecutivo del FBI» y que «llegó por primera vez a una fiscal jefe a finales de marzo de 2017. El mensaje hacía referencia a una solicitud de información. El mensaje fue respondido haciendo referencia a la información disponible en la página digital de la Fiscalía, tras lo cual fue destruido». ¿Qué contenía ese mensaje?

Cuando, junto con mi excelente abogada sueca, Percy Bratt, apelé al defensor del pueblo, el ombudsman parlamentario, para solicitar que investigase estas anomalías relativas a los documentos sobre el caso de Assange, el ombudsman parlamentario se negó a abrir una investigación y no ofreció razón alguna para ese rechazo. «Presentamos unas pruebas tan solventes que es muy notable», me dijo mi abogada sueca como comentario a esa negativa.

Me he golpeado contra esta pared de ladrillo no solo con las pesquisas basadas en el DAIP referentes a Julian Assange, sino también con las referentes a Kristinn Hrafnsson, Sarah Harrison y Joseph Farrel, los tres periodistas de WikiLeaks[27] cuyos mensajes electrónicos fueron entregados en secreto por Google a las autoridades estadounidenses.

Esta vez, el freno no procedía del Servicio de Fiscalía de la Corona británico, sino de la Policía Metropolitana, también conocida como Scotland Yard. Llevo desde 2017 intentando obtener la correspondencia entre Scotland Yard y el Departamento de Justicia estadounidense en referencia a Hrafnsson, Harrison y Farrell. Pero Scotland Yard se ha negado a entregarme ningún documento.

La Policía Metropolitana sostenía que revelar los documentos pertinentes afectaría a la seguridad nacional y perjudicaría su capacidad para luchar contra el terrorismo. Dos décadas después del 11-S, nos están aplicando a los periodistas las leyes antiterroristas como si fuésemos operativos de al-Qaeda. Incluso la Unión Nacional de Periodistas de Reino Unido, alarmada por dicho argumento, presentó un alegato en apoyo a mi reclamación basada en el DAIP, declarando que: «La Unión se opone fundamentalmente al uso de la legislación antiterrorista como medio para reprimir a periodistas que trabajan por el interés público. El periodismo no es un delito; los periodistas informan sobre seguridad nacional, la ley no debería usarse para restringir la información que recaban para interés público»[28].

Tras un proceso judicial fabulosamente prolongado y caro, acabé recibiendo la confirmación de que la correspondencia entre Scotland Yard y el Departamento de Justicia estadounidense acerca de los tres periodistas de WikiLeaks existe de hecho, y está en manos del Comando Contraterrorista (CTC) de la Policía Metropolitana. El objetivo primordial del CTC es el de luchar contra el terrorismo, pero también trabaja para «combatir amenazas planteadas a la seguridad nacional y para proteger la democracia, por ejemplo, del espionaje, la subversión y el extremismo político».

Así, mediante una incansable litigación amparada en el DAIP, logré obtener la confirmación de que los servicios secretos británicos estaban implicados en la investigación de Kristinn Hrafnsson, Sarah Harrison y Joseph Farrell. Tras observar que «es indiscutible que estos tres individuos son periodistas»[29], el Tribunal de Primer Nivel confirmó que la única razón por la que se me niega esta correspondencia es porque ha sido proporcionada por un organismo de seguridad o «afecta» un organismo de ese tipo, presumiblemente el Servicio de Seguridad de Reino Unido, conocido también como mi5. Basándonos en las pruebas de la Policía Metropolitana registradas en el juicio, parece que el Comando Contraterrorista podría haber ejercido de intermediario entre el Departamento de Justicia estadounidense y el mi5, en lo relativo a la información personal de los tres periodistas sometidos a investigación en Estados Unidos.

Tratados como terroristas, investigados como una amenaza para la seguridad nacional, señalados para una vigilancia drástica y convertidos en posibles objetivos de secuestro y asesinato de la CIA, Julian Assange y los periodistas de WikiLeaks llevan más de una década sometidos a persecución e intimidación. ¿Acabará algún día?

[1] Stefania Maurizi, «Assange, no a estradizione negli usa: “rischia la vita”», il Fatto Quotidiano, 5 de enero de 2021.

[2] La sentencia emitida por la jueza Baraitser el 4 de enero de 2021 está disponible en [www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2021/01/USA-v-Assange-judgment-040121.pdf], consultado el 15 de mayo de 2022.

[3] Ibid.

[4] Ibid.

[5] Ibid.

[6] Ibid.

[7] Lauri Love ganó su juicio gracias en parte a una campaña liderada por Naomi Colvin, activista de los derechos humanos.

[8] Cita de la sentencia emitida por la jueza Baraitser el 4 de enero de 2021, disponible en [www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2021/01/usa-v-Assange-judgment-040121.pdf], consultado el 15 de mayo de 2022.

[9] Ibid.

[10] Stefania Maurizi, op. cit.

[11] Ibid.

[12] Ibid.

[13] Reuters, Redacción, «us Will continue to seek Assange’s extradition–us Justice Department», Reuters, 4 de enero de 2021.

[14] Zac Dorfman, Sean D. Naylor y Michael Isikoff, «Kidnapping, assassination and a London shoot-out: inside the CIA’s secret plans against WikiLeaks», Yahoo News, 21 de septiembre de 2021.

[15] Ibid.

[16] Ibid.

[17] Ibid.

[18] Charlie Savage, «Civil-liberties groups ask Biden Justice Dept. to drop Julian Assange case», The New York Times, 8 de febrero de 2021.

[19] Amnistía Internacional: «US/UK: Julian Assange’s “politically motivated” extradition must not go ahead», 26 de octubre de 2021; Stefania Maurizi, «Julia Hall, Amnesty International expert on national security: “Assange should be released”», il Fatto Quotidiano, 24 de julio de 2021.

[20] La sentencia, dictada el 10 de diciembre de 2021, está disponible en [www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2021/12/USA-v-Assange-judgement101221.pdf], consultado el 15 de mayo de 2022.

[21] Ibid.

[22] La sentencia emitida por el First-tier Tribunal está disponible en la página digital de mi antiguo periódico, la Repubblica. Véase [https://download.repubblica.it/pdf/2017/esteri/decisione-maurizi.pdf], consultado el 15 de mayo de 2022; Ewen MacAskill, «WikiLeaks recognised as a “media organisation” by uk tribunal», The Guardian, 14 de diciembre de 2017.

[23] Ibid.

[24] Obtuve este cálculo gracias al litigio basado en el DAIP que mantengo contra el Servicio de Fiscalía de la Corona. Testimonio de Alexander Mark Smeath, 14 de julio de 2017, Stefania Maurizi vs. The Information Commissioner and the Crown Prosecution Service, caso EA/2017/0041.

[25] Mensaje enviado por un auxiliar (cuyo nombre ha sido tachado) de la fiscal sueca Marianne Ny a Marianne Ny y otros destinatarios, cuyos nombres han sido tachados, el 12 de julio de 2012 a las 21:26. Obtuve este mensaje como resultado del litigio basado en el DAIP que mantengo contra el Servicio de Fiscalía de la Corona británico.

[26] Obtuve esta información sobre el mensaje electrónico del FBI gracias al litigio basado en el DAIP que mantengo en Suecia. Veredicto del Tribunal de Apelación Administrativa de Estocolmo, fechado el 15 de noviembre de 2017, Caso # 4430-17.

[27] Sarah Harrison ya no trabaja en WikiLeaks.

[28] Sarah Kavanagh, directora de campañas y comunicaciones de la National Union of Journalists (nuj), propuesta escrita enviada el 20 de julio de 2020 por la nuj al Tribunal de Primer Nivel, en referencia a Stefania Maurizi vs. Information Commissioner and Commissioner of Police of the Metropolis, caso EA/2020/0087.

[29] Sentencia 049 040222, emitida el 4 de febrero de 2022, Sala de Reglamentación General del Tribunal de Primer Nivel (Derecho a la información) respecto al litigio de Stefania Maurizi contra la Comisaria de Información y el Comisario de la Policía de la Metrópoli, Apelación de Sentencia número EA/2020/0087/v. La sentencia está disponible en [www.bailii.org/uk/cases/UKFTT/GRC/2022/2020_0087.html], consultado el 16 de mayo de 2022.

XXI

El poder secreto

Se suponía que estaba sentenciado a cincuenta semanas de prisión por haber infringido las condiciones de la libertad condicional, y debería haber sido liberado al cumplir veinticinco semanas. Sin embargo, en el momento en que se publica este libro Julian Assange ya lleva cinco años encarcelado en la prisión de alta seguridad de Belmarsh. El Gobierno británico ya ha aprobado su extradición, contra la que WikiLeaks está decidida a apelar hasta llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, su última oportunidad de oponerse a ella. El destino de Julian Assange pende de un hilo.

Ahora está en manos del Gobierno de Biden, después de que Trump cerrase su presidencia con dos decisiones fundamentales: indultar a cuatro contratistas de la empresa militar Blackwater responsables de la masacre de la plaza de Nisour en Bagdad, y negarles la clemencia a Julian Assange y a Edward Snowden. Los criminales de guerra están libres como el viento, y los periodistas y denunciantes que sacaron a la luz las atrocidades de esos criminales están en la cárcel, al borde del suicidio o en el exilio. Muchos dirían que no es sino el mundo al revés del Gobierno de Trump, pero por desgracia las cosas distaban mucho de ser perfectas durante el de Obama. Ninguno de los criminales y torturadores revelados por los archivos de WikiLeaks ha sido castigado. Ninguno ha tenido que vivir bajo la amenaza constante de la acción judicial. Por el contrario, tanto Julian Assange como sus compañeros periodistas han estado sometidos a la investigación constante del Gran Jurado desde 2010. Assange ha pasado del arresto domiciliario al confinamiento en la embajada y de ahí a la cárcel de Belmarsh.

En cuanto a la fuente de esas revelaciones, Chelsea Manning, le impusieron una sentencia penal insólita, tras la cual intentó suicidarse dos veces durante la presidencia de Obama, y una durante la de Trump.

Julian Assange no es la única persona que corre riesgo. Puede que otros periodistas de WikiLeaks estén también en peligro.

El objetivo del complejo de inteligencia y militar de Estados Unidos y sus aliados es el de destruir a WikiLeaks, eliminar una organización periodística que ha abierto, por primera vez en la historia, una grieta profunda y duradera en ese poder secreto que nunca ha respondido ante nadie, y que no usa el secreto estatal para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos, sino para garantizar su propia impunidad y ocultar crímenes, incompetencia y corrupción.

Ninguna otra organización periodística ha publicado sistemáticamente cientos de miles de documentos clasificados, durante más de una década, con un impacto que se ha hecho sentir en todo el mundo. Nadie más intentó ayudar a Edward Snowden.

WikiLeaks ha demostrado que la batalla contra el poder secreto puede ganarse. En la medida en la que WikiLeaks exista y se mantenga operativa, ese poder la percibirá como una amenaza fundamental.

Y tampoco los países autoritarios hostiles a Estados Unidos y a los aliados de este pueden simpatizar con lo que hace WikiLeaks. Naturalmente disfrutan y aplauden cuando la organización revela secretos de sus adversarios, o los abochorna delante del mundo entero, pero temen también convertirse en objetivos, y que sus propios disidentes pudieran inspirarse en ese modelo. De modo que no solo el complejo militar y de inteligencia estadounidense la odia: WikiLeaks tiene muchos enemigos.

El poder secreto actúa en las democracias con la misma impunidad que en las dictaduras. En los países autoritarios usa un puño de acero, y comete muchos de sus crímenes y abusos a plena luz del día, en parte para intimidar y someter a la población. En las democracias, por el contrario, el puño de acero del poder secreto se oculta a menudo dentro de un grueso guante de terciopelo.

Una dictadura habría enviado matones y sicarios para deshacerse de Julian Assange y los periodistas de WikiLeaks tras las primeras publicaciones. El complejo militar y de inteligencia estadounidense y sus aliados, por el contrario, han usado, y siguen usando, métodos menos descaradamente brutales. Bajo la dirección de Mike Pompeo, la CIA planeó matar o secuestrar a Assange y otros, pero al final decidió no hacerlo. Las autoridades estadounidenses optaron por una senda judicial en lugar de la extrajudicial. Sin duda es preferible. Pero sucede que no hace falta ser físicamente brutal cuando se puede derribar a un periodista aplicando la tortura psicológica en lugar de la física. No necesitas quemarle los brazos a Julian Assange con cigarrillos si puedes llevarlo al borde del suicidio mediante diez años de detención arbitraria sin salida posible. No hace falta enviar matones a bloquear las publicaciones de una organización informativa si el acoso judicial y mantener a sus periodistas y directores en un clima constante de intimidación es igualmente eficaz.

El guante de terciopelo hace que el trato dado a Assange parezca mucho menos maligno que el que le reservaría un país autoritario, pero hay que decir que, en esencia, es igual de abominable. Por publicar documentos sobre crímenes de guerra, tortura, ejecuciones extrajudiciales mediante drones y malos tratos a los detenidos de Guantánamo, el fundador de WikiLeaks ha sido acusado de delitos que comportarían una pena de 175 años de prisión. Los criminales de Estado no han pasado ni un solo día en la cárcel.

Durante la presidencia de Donald Trump, el Departamento de Justicia de Estados Unidos intentó retratar a Assange como un pirata informático y un ciberdelincuente, en un esfuerzo por eludir la protección constitucional de la Primera Enmienda. Puede que el Gobierno de Biden continúe o no por la misma senda; en el momento de escribir este libro, es difícil hacer predicciones. Pero nada puede borrar el hecho de que desde 2010, cuando WikiLeaks reveló esos documentos, Assange no ha vuelto a conocer la libertad, y su salud física y mental está devastada.

Desde el comienzo, todo el debate se ha centrado en su personalidad. No he compartido todo lo que él ha dicho o hecho en los últimos diez años, pero sí he llegado a conocerlo suficientemente bien como para decir que es una persona muy distinta a como se le ha retratado. Y no soy la única que lo dice. Otros periodistas que han llegado a conocerlo bien en estos últimos diez años, que pueden juzgarlo basándose en sus propias observaciones prolongadas, opinan lo mismo.

Julian Assange es un ser humano complejo, y el diagnóstico médico que concluye que padece síndrome de Asperger probablemente ayude a explicar parte de sus rasgos de personalidad. La escritora australiana Kathy Lette, exesposa del respetado abogado de derechos humanos Geoffrey Robertson, que representó a Assange, ofreció un análisis perspicaz.

Observando que los trastornos del espectro autista son comunes entre matemáticos, científicos y artistas, desde Mozart hasta Einstein o Steve Jobs, escribió ya en 2010 que se había dado cuenta de que el fundador de WikiLeaks estaba afectado por un trastorno del espectro autista. Ella y su exmarido tienen un hijo que sufre dicho trastorno, de modo que han desarrollado «un radar astuto para los síntomas»[1]. «El autismo –escribía Lette– es una afección neurológica para toda la vida, cuyas características fundamentales son unas malas habilidades de comunicación y socialización, a menudo un trastorno obsesivo-compulsivo crónico y ansiedad, pero también a menudo, un cociente intelectual muy elevado. Assange es básicamente una Wikipedia con patas, como muchos genios de la informática. Apasionado y filosófico, Julian demostró ser un invitado entretenido»[2].

Lette observaba también que el diagnóstico de trastorno del espectro autista / síndrome de Asperger «podía ayudar a explicar por qué tan a menudo las personas confunden la concentración absorta de Julian con “narcisismo”, y por qué en el pasado se ha enemistado tan fácilmente con sus aliados».

Definitivamente el Julian Assange descrito por los medios de comunicación no es la persona que otros compañeros y yo hemos conocido a lo largo de diez años de interacción. No es el siniestro malo de James Bond que describen. Es divertido, afectuoso y autocrítico. Es extremadamente inteligente, y ha decidido poner su inteligencia al servicio de fines distintos de la creación de una empresa informática y de la acumulación de una fortuna. Han hecho falta su talento y su valentía indiscutibles para desencadenar la revolución de WikiLeaks. Por supuesto, no lo ha hecho solo; los periodistas, el personal, los abogados y los expertos técnicos de WikiLeaks han hecho enormes aportaciones.

Al esforzarse por no parecer nunca débil, tal vez haya parecido arrogante o excesivamente seguro de sí mismo. Incluso en su gestión de WikiLeaks, para no mostrar grietas o vulnerabilidades a quienes han deseado la destrucción de la organización a lo largo de más de una década, siempre ha evitado hablar de su funcionamiento interno. Esto ha proyectado un aura de misterio y de amenaza que ha llevado a muchos a mirar la organización con suspicacia y a considerarla un fenómeno turbio, siniestro incluso.

El hecho de que se le perciba como una figura controvertida siempre ha constituido una maravillosa oportunidad para el complejo militar y de inteligencia estadounidense y, más en general, para el poder secreto. Cuanto más tachan la prensa y los medios de comunicación de controvertida a una persona, más divide esa persona a la población, y menos apoyo recibe de la opinión pública. Y dado que el apoyo ciudadano es uno de los poquísimos escudos frente a la persecución ejercida por el poder secreto, a este siempre le ha resultado fácil ejercerla contra Assange.

Lo que he visto en el transcurso de mi trabajo periodístico con Julian Assange y Wikileaks me ha inquietado profundamente. Me ha dejado atónita la delincuencia estatal documentada en los archivos. La impunidad de la que disfrutan en nuestras democracias los criminales de guerra y los torturadores. Me ha indignado que los denunciantes y los periodistas que revelan esta delincuencia no tengan un lugar para ocultarse en nuestras sociedades democráticas. Desde 2010, Assange ha buscado todos los refugios posibles. Se encerró en una embajada y buscó la protección en el asilo y a través del derecho internacional. Llamó a la puerta del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas. Llamó a la puerta del Relator Especial de Naciones Unidas sobre Torturas. Nada ni nadie ha podido impedir que se arruinara su salud física y mental. Y el cuarto poder tampoco le ha echado una mano; por el contrario, tiene una gran responsabilidad en la devastación de su libertad y de su salud.

Es cierto que algunos periodistas, como el renombrado John Pilger, siempre se han pronunciado en contra del trato que se le ha dado. Los legendarios Daniel Ellsberg y Roger Waters, la icónica Vivienne Westwood, la famosa actriz y activista Pamela Anderson, la célebre escritora Alice Walker, y artistas tan variados como Ai Weiwei o Davide Dormino han manifestado ampliamente su apoyo a Assange. También es cierto que el gran director cinematográfico Ken Loach siempre ha estado de su lado, igual que otros, desde los premios Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y Mairead Maguire hasta Noam Chomsky, desde Yanis Varoufakis y Srećko Horvat hasta todos los parlamentarios poco conocidos que repetidamente han nombrado a Julian Assange candidato al Premio Nobel de la Paz. En el momento de escribir este libro, todas las grandes organizaciones defensoras de la libertad de prensa y los derechos humanos han salido en su defensa, y la creciente empatía de los ciudadanos es palpable. Pero ha costado mucho tiempo, y el precio que él ha pagado es muy alto.

He conocido a muchas personas brillantes y preparadas, tanto en WikiLeaks como a su alrededor. He visto a Sarah Harrison, entonces periodista de la organización, arriesgarlo todo para ayudar a Edward Snowden. He visto a otros profesionales esforzarse bajo la amenaza infinita de una investigación permanente del Gran Jurado.

Y desde el punto de vista puramente personal, he visto a Stella Moris casarse con Julian Assange en la cárcel de Belmarsh y luchar por criar a sus dos hijos en condiciones extremadamente difíciles, cuando el padre corre el riesgo de desaparecer para siempre en el interior de una prisión de máxima seguridad mientras los criminales de guerra y los torturadores que WikiLeaks ha sacado a la luz siguen durmiendo cómodamente en sus propias camas.

El objetivo del complejo militar y de inteligencia estadounidense, y del poder secreto en general, está claro. Tras los pesados golpes que le han asestado Julian Assange y su organización durante más de una década, ese poder quiere destruirlos, vengarse de ellos, pero también intimidar a cualquier otro periodista, denunciante o fuente que pudiera sentir la tentación de revelar el siguiente Collateral Murder o el siguiente cuarto de millón de cables. Es un ataque siniestro al poder de la prensa para revelar la delincuencia estatal en las instancias más altas, y al derecho de la ciudadanía a saber que existe dicha delincuencia.

Por eso he dedicado más de diez años de trabajo a este caso. Años en los que, a diferencia de Julian Assange y de los periodistas de WikiLeaks, nunca me han detenido, encarcelado o intimidado. Siento el deber ético de usar mi posición y mi relativa seguridad para informar de lo que he visto.

He invertido tanto porque quiero usar mi trabajo periodístico para ayudar a desenmascarar cómo funciona el puño de acero envuelto en guante blanco, para que la ciudadanía pueda saber de su existencia y aprender a conocerlo.

Quiero vivir en una sociedad en la que sea posible revelar crímenes de guerra y torturas sin acabar en la cárcel y al borde del suicidio tres veces, como le ha ocurrido a Chelsea Manning. Sin verme obligada a vivir en el exilio, como Edward Snowden. Sin perder mi libertad durante más de diez años y corriendo el riesgo de suicidarme, como Julian Assange. Quiero vivir en una sociedad en la que el poder secreto deba rendir cuentas ante la ley y ante la ciudadanía por sus atrocidades. En el que los que vayan a la cárcel sean los criminales de guerra, no quienes tienen la conciencia y la valentía de exponerlos, y los periodistas que revelan sus delitos.

Hoy, esa sociedad auténticamente democrática no existe. Y nadie va a crearla por nosotros. Nos corresponde a nosotros luchar por ella. Por quienes están de nuestro lado, por quienes no están, e incluso por quienes están en nuestra contra[3].

[1] Kathy Lette, «I knew Assange was autistic–it explains why people read him unfairly», Sydney Morning Herald, 15 de octubre de 2020.

[2] Ibid.

[3] Esta cita procede del partisano italiano Arrigo Boldrini, que luchó contra el fascismo. Dijo: «Luchamos por la libertad de todos, de los que estaban con nosotros, de los que no estaban allí e incluso de los que estaban en nuestra contra».

Reconocimientos

Este libro no habría sido posible sin la generosidad y el apoyo de un gran número de personas.

Quiero expresar una gratitud especial a Ken Loach: admiro enormemente su arte y sus valores. A su asistente Emma, por la colaboración y la amabilidad. A Richard Logan y a la Reva and David Logan Foundation, por las becas al periodismo de investigación que hicieron posible toda la batalla centrada en el DAIP que sostengo para defender el derecho de la prensa a acceder a todos los documentos relacionados con el caso de Julian Assange y los periodistas de WikiLeaks.

Sin Richard Logan y la Reva and David Logan Foundation no podría haber continuado con la búsqueda de datos, tras soportar personalmente los gastos iniciales de mi batalla por el DAIP. Gracias también a Preeti Veerlapati, de la Logan Foundation, por su ayuda con el aspecto burocrático.

Un agradecimiento enorme a Pluto Press, que ha creído en mi libro, en especial a mi editor, David Shulman, que ha trabajado en él con gran dedicación y una paciencia tremenda.

Gracias en especial a todos los abogados expertos en DAIP que han trabajado y en muchos casos siguen trabajando conmigo en la batalla por el DAIP, y que lo han hecho por unas minutas muy bajas o de manera completamente gratuita. El primero de ellos es una autoridad en la Ley de Libertad de Información de Reino Unido, el abogado Philip Coppel, del despacho de abogados londinense Cornerstone Barristers, que ha sido especialmente útil. Gracias a Estelle Dehon, también de Cornerstone Barristers, una profesional destacada; y a Jennifer Robinson, de Doughty Street Chambers, en Londres, una abogada soberbia y generosa que ha hecho posible la litigación que mantengo para que se respete el DAIP. Gracias al excelente Percy Bratt, de Bratt Feinsilver Harling AB de Estocolmo; y a Pia Janné, del despacho de abogados Janné AB, en la capital sueca. A la excelente Kristel Tupja (antes de Ballard Spahr) y a Lauren Russell y Alia Smith, del despacho de abogados Ballard Spahr, de Filadelfia; a Peter Bolam, del despacho de abogados Broadley Rees Hogan, en Brisbane, Australia; y a Greg Barns, de Salamanca Chambers, en Battery Point, Tasmania.

No sé cómo darle las gracias a Lesli Cavanaugh, la traductora de este libro al inglés, que a lo largo de los años me ha ayudado con el trabajo de traducción a cualquier hora del día o de la noche. Todo periodista que efectúe un complejo trabajo de investigación que abarca tres continentes debería poder consultar con una profesional como ella.

Gracias a Piero DM, Alberto Ferretti, Lorenzo Pazzi, Daniele Trovato, Giuseppe Sini y Salvatore, de Guerriglia Radio.

Deseo presentar en especial mi agradecimiento a Maurizio Donati y a Valentina Abaterusso, de Chiarelettere: sin el interés, la presión y la paciencia infinita de Maurizio, nunca habría escrito este libro. Y sin la ayuda de Valentina, el libro habría sido definitivamente peor.

No puedo dejar de mencionar a Roberto: un libro completo no bastaría para expresarle mi gratitud. Y a Livia Polegri, por su asesoramiento siempre inteligente y útil.

Un agradecimiento cariñoso a los periodistas australianos Mary Kostakidis y Andrew Fowler, a John Rees, de la campaña No extraditéis a Assange [Don’t Extradite Assange] y a la observadora jurídica del caso de extradición de Julian Assange, Deepa Driver. Un agradecimiento enorme y cálido también a los activistas que me han apoyado durante años con su presencia en el tribunal de Londres, cuando asistía a las vistas relacionadas con el DAIP. Sin ellos estaría sola, pero las autoridades británicas han comprobado que definitivamente no estoy sola. Siempre han estado ahí: los incansables Emmy Butlin, Clara Campos, David Allen, Alberto Zerda Noriega, Guillermo Marín, Olga, Karen, Sue y Roland, Wendy Higazi, Kathy De Silva, Arcadius, Tom, Elsa Collins, Patrick, Joe Brack, Maxine Walker, Sara Chessa, Cheryl Sánchez, Katherine Porter, David Mizrachi.

Quiero cerrar este libro expresando mi gratitud inmensa a los miles de lectores que han apoyado mi trabajo con su interés, y que luchan a diario por un periodismo y una prensa libres, incómodos e inoportunos. Por desgracia, y por razones de espacio obvias, no puedo mencionarlos a todos. En nombre de todos ellos mencionaré a los 151 que ayudaron a alcanzar el objetivo de la iniciativa de micromecenazgo para ayudar a financiar mi batalla relacionada con el DAIP en solo 43 horas. La búsqueda de la verdad es un esfuerzo colectivo.

Muchos de ellos donaron de manera completamente anónima, de modo que ni siquiera sé a quién darle las gracias, mientras que otros usaron nombres ficticios como «Pinco Pallino» o «Truth Seeker». Todos los demás proporcionaron sus nombres, de modo que al menos puedo mencionarlos aquí. Naomi Pitcairn, Rajesh Panday, Hansrudolf Suter, Carlo Blengino, Richard Lahuis, Roberto Resoli, Adrian Pearl, Cinzia Mariolini, Irene M. Moreau, Stefano Caire, Dag Undseth, Rossella Selmini, Claudio Erbs, Francesca Milani, Nadir Dziri, Rory O’Bryan, Marco Gessini, Giovanni Gardoni, Giorgio Papallo, Frank Proud, Jeanie Schmidt, Dario Di Maria, Paola Morellato, Per Starbäck, Linda Jones, Paolo Cianciabella, Gabriele Zamparini, Amar Hadzihasanovic, Riccardo Signori, Dr. A., Meg Vidal, Marin Medak, Alan Dow, Edward Jones, Petar Milosevic, Gian Carlo Di Leo, Claudio Coletta, Michele Arnaldi, Klaas Verhoeve, Raffaele Golfetto, Guido Cusani, David Walters, Giorgio Spiga, Brenda Bonnici, Luigi Prosperi, John Lynn, Ingo Keck, Ermanno Viola, Paolo Progetto, Gilberto Gennero, Richard Gilmour, B. E. Henriksen, Giorgio Carsetti, Giuseppe Ragno, Barbara Waschmann, Emilia La Capra, Marco Giansante, Luca Bolelli, Peter Lalvani, Georg Braun, Roberto Montanari, Leandro Notari, Andy McDowell, Alex Kross, Andrea Bovenga, Piergiovanni Cipolloni, Jose Martins, Phil Hurrle, Antonio Puliti, Alina Lilova, Ana Dimkar, Michael Wheeler, Stefania Saccinto, Daria Malaguti, Stefano Rigamonti, Davide Vismara, Alan Booker, Predrag Kolakovic, Rita Hunt, Paul Janssen, Marty Bray, Emilia Butlin, Paul Gossage, Mina Harballou, Anna Fauzy-Ackroyd, Daniela Hengst, Lydia Maniatis, Veronica Sahonero, Sergio Mauro, Monika Schallert-Marberger, Pete Butler, Denise Majocchi, Elena Andrés, Giò Lodovico Baglioni, Sabrina Culanti, Timothy Smith, Dausto Cobianchi, Deborah Thomas, Adriana Cecchetto, Aaron Maté, John Joslin, Rob Juneau, George Loizou, Goran Vuckovic, Neville Reed, Grant Jarvis, Tom Marwick, Joyce Catanzariti, Louisa Allan, Meredith Hobbs, Rowan Collins, Eli Fadda, Djamila le Pair, Catherine McLean, Stefano Crosara, Alenka Sekne, Ivan Iraci, Brigitte Walz, Annie McStravick, Rossell Gadsden, Anna Palczynska, Rob Marshall, Gregor Liddell, Jutta Schwengsbier, Karina Prado, Christian Mair, Livia Formisani, Luca Trogni, Raymond Hill, Stefano Grandesso Silvestri, Matteo Locatelli, Laura Mussati, Anthony Coghlan, Kell Kolisnik, Roswell Gadsen, Kendra Christian, Anna-Lydia Menzel, Anna Tarbet, John Read, Esther Joly, Alison Cotterill, Terry Lustig, Elizabeth Murray, Joanne Morrison, John Edwards, Mike Barson, Janice Lumley.