Bajo las togas

Errores judiciales y otras infamias

Carlos Castresana

​

A Maite, por el amor,
con el que devuelve la vida a quienes la habían perdido.

A Ruperto, Cuchi, y a todas las víctimas de la injusticia.

Prefacio

Bajo las togas de los juristas... se ocultaba la daga de los asesinos.

Sentencia del caso Altstoetter et al. dictada en 1947
en Núremberg, en el juicio del Tribunal III de las
fuerzas aliadas, celebrado contra los principales
juristas del Tercer Reich

En el principio, los dioses castigaban a los hombres sin dar explicaciones. Su poder infinito y su omnisciencia excusaban cualquier justificación. Nadie consideró que el castigo de Yahveh a la mujer de Lot, a la que convirtió en estatua de sal porque al abandonar Sodoma miró hacia atrás desobedeciendo la prohibición divina, pudiera no ser proporcionado a la ofensa.

Más adelante, algunos hombres se atribuyeron la facultad divina de juzgar, y castigaron a sus semejantes sin más argumentos que los de la fuerza, sin sentir tampoco la necesidad de argumentar sus decisiones. Esa imposición arbitraria de los castigos, lejos de apaciguar a los sometidos, generó tanta violencia que hubo de convenirse finalmente que los gobernantes a quienes se atribuía el poder de castigar debían conducirse con arreglo a un principio moral, que llamaron justicia. Desde entonces, los jueces deben respetar la verdad y, atendiendo a ese principio moral que seguimos conociendo como justicia, dar a cada uno lo suyo.

Quiso Montesquieu, para quien la potestad de juzgar y castigar era seguramente el más «terrible y odioso» de los poderes, reducir la tarea de los jueces a la aplicación de la ley, de la que obtienen la legitimidad de su función: «los jueces de la nación no son más que la boca que pronuncia las palabras de la ley, seres inanimados que no pueden moderar ni la fuerza ni el rigor de las leyes». De ahí que denominemos la potestad de juzgar con el término jurisdicción, literalmente, decir el derecho. Un razonamiento lógico; un silogismo, en definitiva.

Así lo puso de manifiesto el marqués de Beccaria: «En todo delito, debe hacerse por el juez un silogismo perfecto. Se pondrá como [premisa] mayor la ley general, por menor la acción conforme o no con la ley, de que se inferirá por consecuencia la libertad o la pena». La primera premisa, pues, es la ley: ¿cuáles son las conductas permitidas y cuáles las prohibidas por la ley? La segunda premisa serán los hechos: el juez debe determinar, con las pruebas que se muestran en su presencia, qué es lo que ha pasado, quién ha hecho o dejado de hacer qué, cuándo, dónde, cómo y por qué. La conclusión del silogismo será la sentencia: el juez declara cuáles son los hechos que han resultado probados; seguidamente, subsume de forma motivada esos hechos en la previsión del legislador que ha identificado como aplicable; y finalmente, si la conducta realizada estaba previa y debidamente descrita y señalada como prohibida por la ley, dicta sentencia determinando cuál es el castigo que la ley ha señalado para aquellos hechos. De otro modo, absuelve al acusado.

Los errores que el juez pueda cometer al subsumir los hechos en la norma o al establecer la consecuencia necesaria del razonamiento anterior se subsanan —o no— por los tribunales superiores mediante los recursos correspondientes. Los errores del juzgador al establecer la premisa fáctica, al apreciar qué hechos han de considerarse probados, son mucho más difíciles de subsanar, porque a veces no son propiamente errores. La valoración de la realidad exhibida en el juicio es la parte más vulnerable e incierta del silogismo judicial, porque no depende de la técnica jurídica, sino de la apreciación en conciencia de las pruebas practicadas, y esa valoración siempre maleable está a veces teñida de subjetividad, de malentendidos, tergiversaciones u opiniones hijas de los prejuicios de los propios jueces o de los jurados, de los policías, los peritos o los testigos.

En esa premisa, en la determinación de los hechos probados, reside la clave del enjuiciamiento. En ella opera la presunción de inocencia, pilar de las garantías de nuestro sistema penal: todos somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario. A través de la declaración de los hechos que deben considerarse acaecidos, el juez determina la existencia del delito y su autoría, los medios, modos y formas empleados en su ejecución, los motivos y propósitos del criminal, las circunstancias agravantes, atenuantes o eximentes que pueden afectar a su responsabilidad. De los hechos probados, en definitiva, depende la culpabilidad o la inocencia del acusado. Ese es el terreno más resbaladizo de todo el proceso, abonado para el error y la manipulación, para la instrumentalización política, social o mediática del proceso penal.

Los relatos que forman este volumen constituyen un recuento de infamias. Por más que los jueces y todos los demás intervinientes en un proceso pongan los cinco sentidos para hacerlo bien, o lo mejor posible, los humanos cometen errores y la justicia, al sancionarlos y darles validez, se equivoca y comete grandes injusticias. Por descontado, cuando se entrecruzan la ignorancia, los prejuicios, las intenciones aviesas, pasiones tales como el amor o el odio, o pecados capitales como la avaricia, la envidia, la soberbia o la lujuria, el sueño de la justicia produce monstruos y obtenemos el resultado contrario al pretendido: en vez de reparar los entuertos, la justicia los legaliza y los hace aceptables. Son infamias, pues, bendecidas, a sabiendas o no, por resoluciones judiciales.

Por ello, algunas veces admitimos con humildad y realismo el derecho del justiciable a ser indemnizado cuando ha resultado perjudicado por un error judicial, o por el funcionamiento anormal de la administración de justicia. Sería deseable poder asegurar que únicamente se producen errores cuando el funcionamiento de la justicia es inadecuado, cuando algo no ha ido bien, cuando por cualquier razón el aparato judicial descarrila, pero no es así: aunque todo funcione bien, aunque todos hagan su tarea lo mejor posible, aunque el proceso penal circule por su carril, a veces atropella a inocentes. Otras veces, para desesperación de las víctimas, deja escapar indebidamente a los culpables.

Las condenas injustas han cautivado a los escritores más célebres, de Alexandre Dumas y su conde de Montecristo a Julio Verne con su Mathias Sandorf o Franz Kafka y el inefable Josef K. Los casos reales de condenas injustas tampoco han dejado de ocupar la atención de los biógrafos y de la sociedad: Juana de Arco, Tomás Moro, Miguel Servet, Giordano Bruno y tantos otros. Desde el caso de Alfred Dreyfus en Francia hasta la condena en Estados Unidos de los anarquistas italianos Sacco y Vanzetti, o la de Dolores Vázquez en Málaga, las injusticias notorias conmueven las conciencias.

Kurt Vonnegut reivindicó a la mujer de Lot porque, aun habiéndosele prohibido, volvió la mirada hacia donde había estado su hogar, donde quedaban condenados sus vecinos y familiares, sus amigos, habitantes de la ciudad culpable de Sodoma: «La amo por eso, porque fue tan humana».

Primera parte

Toda la verdad

El valor de la palabra

Cuando se recibe declaración a los testigos, se les requiere a fin de que presten juramento o promesa formal de decir verdad de todo aquello que sepan y se les pregunte, y se les dirigen las preguntas «generales de la ley», para descartar que tengan interés directo o indirecto en el pleito, amistad íntima o enemistad manifiesta, relación de parentesco o dependencia con las partes, y para que revelen cualquier otra circunstancia que les impida decir la verdad. En los países anglosajones se les recibe el juramento con una mano alzada y la otra sobre la Biblia, y se les exhorta a decir «la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad».

La justicia descansa por regla general sobre los testimonios. Para restaurar el orden jurídico perturbado por el crimen, los tribunales necesitan que alguien les relate con veracidad lo ocurrido. Alguien que, a ser posible, estuviera en el lugar y el momento de los hechos, que los haya presenciado personalmente, haya visto al acusado perpetrar el crimen y lo identifique más allá de cualquier duda razonable. Cuando menos, se requiere un testigo circunstancial que, aunque no haya presenciado el delito, disponga de información decisiva que, por ejemplo, ubique al acusado en el lugar de los hechos en los momentos inmediatamente anteriores o posteriores al crimen. O quizás un testigo de referencia, que no vio cómo el acusado mataba a la víctima, pero le escuchó después vanagloriarse y reconocerse culpable; o aquel que asistió a la víctima justo antes de morir y escuchó de sus labios agonizantes el nombre del asesino.

Es preciso que el testigo esté dispuesto a decir la verdad y en condiciones de hacerlo. Prestar testimonio es una obligación, un deber de colaboración con la justicia que corresponde a todos los ciudadanos. Por eso, para facilitarle la tarea, los tribunales se ocupan a veces de proteger al testigo y a su familia, o se preserva su identidad cuando se estima que su testimonio, considerado indispensable, le puede poner en peligro de sufrir represalias.

La declaración del acusado, la prueba de confesión, que los países anglosajones consideran una prueba testifical más, representa un problema adicional. Muchas veces, el acusado se condena a sí mismo por mentir al tribunal, pues nada causa peor impresión a los jueces y a los jurados. En otras ocasiones, los acusados se condenan sin saberlo por prestar su conformidad con los hechos de la acusación, sean o no ciertos, con la esperanza, tantas veces defraudada, de despertar así la benevolencia de los tribunales.

El testimonio, la palabra, prueba fundamental para administrar justicia, es extremadamente delicada, vulnerable, inestable. El testigo puede tener un interés que no ha desvelado. Puede ser sobornado, amenazado, puede estar simplemente asustado. El testigo puede ver involuntariamente condicionado su testimonio por prejuicios que ni siquiera es consciente de padecer. El sentido común del testigo, su criterio, son cuando menos material sensible, cambiante, equívoco. El testigo debe dar cuenta de la percepción siempre subjetiva de sus sentidos: lo que vio o escuchó, lo que tocó, gustó u olió. La veracidad del testimonio se resiente mucho, además, cuando debe atravesar el tamiz del tiempo. ¿Cómo de fiables son los recuerdos? ¿Cuánto de lo vivido se preserva sin transformarse en la memoria con el transcurso de los días, de los años?

A veces, incluso el mejor y más honesto de los testigos refiere algo esencial que no es verdad.

El humanista

Francia, 1560

El cirujano se dirigió al otro soldado, que se había retirado al rincón más oscuro de la pequeña habitación. «¿Y quién eres tú?» El interrogado se adelantó y se mostró a la luz. No hacía falta ninguna respuesta. Se parecía tanto a su compañero que debía reconocerse que eran hermanos, incluso hermanos gemelos... Nunca hubo una conformidad tan completa.

ALEXANDRE DUMAS, Martin Guerre, Crímenes célebres

Jean de Coras era un magistrado fuera de lo común. Nacido en 1515 en Réalmont, cerca de Albi, la capital episcopal del Languedoc que había sido cuna del cisma de los cátaros, se había criado en una familia de estricta observancia católica. Eran tiempos convulsos en toda Europa: terminaba la Edad Media, el norte abrazaba las reformas de Lutero y Calvino, el sur católico se alineaba con el Papa. Erasmo predicaba el humanismo en las universidades, pero en los palacios de gobierno era preferida la doctrina utilitarista de Maquiavelo. Mientras los ejércitos luchaban en los campos de batalla, en la retaguardia florecía la intolerancia: Enrique VIII ejecutaba en Londres a John Fisher y a Tomás Moro, Calvino condenaba a muerte en Ginebra a Miguel Servet, y los anabaptistas eran perseguidos en Suiza, Alemania y Austria. Los católicos, por su parte, principalmente en España, Portugal, Sicilia y el Vaticano, dejaron que la Inquisición se encargase de los protestantes, considerados herejes, y persiguiese a los judíos conversos. En Francia se vivía una frágil tregua entre católicos y hugonotes. Jean de Coras había estudiado derecho en Francia e Italia, e influido por las corrientes humanistas del Renacimiento, se convirtió al protestantismo.

Coras era un reconocido abogado y profesor universitario. En 1552, en la plenitud de su carrera profesional y académica, se postuló como magistrado del Parlamento de Toulouse y resultó elegido. Solía quedar en minoría en las deliberaciones del tribunal en las que se ventilaban asuntos relativos a cuestiones religiosas, porque casi todos los demás magistrados eran católicos, y no precisamente moderados. El tribunal superior de Toulouse resolvía los juicios más importantes y todas las apelaciones de los tribunales inferiores de la región. Jean de Coras procuraba contribuir a difundir las doctrinas civilizadoras de los filósofos que predicaban la tolerancia y la convivencia entre las diversas comunidades religiosas. En vez de los oscuros glosadores medievales al uso, Coras citaba en sus sentencias escritas en latín a Homero, Cicerón o Virgilio.

Jean de Coras publicó en 1560 Una memorable decisión del Tribunal Superior de Toulouse, que contiene la prodigiosa historia de nuestro tiempo de un supuesto marido. El libro daba cuenta del caso, ciertamente memorable, de Martin Guerre. Jean de Coras había sido el magistrado ponente en ese caso, y había pronunciado el 12 de septiembre de aquel año la sentencia definitiva.

Pocas historias ilustran mejor la fiabilidad más bien relativa de los testigos que la que nos legó Jean de Coras; un misterio sin explicación aparente, que ha suscitado el interés apasionado de los juristas, y cautivado la imaginación de numerosos escritores durante generaciones.

El procedimiento judicial se había iniciado en enero de 1559 mediante una denuncia presentada ante el juzgado de Rieux, en los Pirineos orientales franceses, por Bertrande de Rols, vecina de la aldea de Artigues. La denunciante relataba que con apenas diez años sus padres la habían casado con Martin Guerre, que contaba a la sazón once. Su esposo era originario de Hendaya, en el País Vasco francés, y toda la familia Guerre se había trasladado a Artigues siendo Martin un niño de corta edad. Después de casados, la pareja convivió como marido y mujer durante varios años, pero no habían podido tener hijos —seguía rezando la denuncia— por pesar sobre Bertrande alguna clase de maldición o encantamiento; hasta que finalmente, nueve años después de la boda, nació su hijo, Sanxi Guerre.

Poco tiempo después, a raíz de una discusión con su padre por el supuesto robo de una partida de trigo, Martin decidió abandonar a su esposa e hijo y dejar Artigues, sin volver a tenerse noticias suyas.

Ocho años más tarde, un hombre que tenía rasgos y apariencia similares a los de Martin Guerre se presentó inopinadamente ante Bertrande, manifestando ser su esposo, proclamando asimismo ante sus cuatro hermanas, todas las cuales vivían en el mismo pueblo, y ante su tío Pierre Guerre, que era Martin y había regresado. El recién llegado parecía más fornido, y se había dejado barba, pero tenía un parecido extraordinario con Martin, y relataba a unos y otros tantos detalles y pormenores de su antigua vida en común, que todos acabaron por reconocerle como el ausente Martin Guerre, abrazarle y acogerle con grandes muestras de afecto, abrazos y lágrimas. Ella misma —relataba la denunciante— le había recibido inicialmente con reservas, pues encontraba a su marido muy cambiado, pero sus caricias y atenciones, la alegría del reencuentro y la intimidad recobrada, habían acabado por convencerla.

El supuesto Martin —aseguraba Bertrande en su denuncia— la había tomado como esposa, sorprendiéndola en su buena fe, y seguidamente había reclamado sus propiedades en Artigues y en Hendaya. Demandó judicialmente a su tío Pierre Guerre, quien se había encargado de administrar sus bienes durante los años de ausencia, consiguiendo que el juez de Rieux le asignase una indemnización por las rentas de sus tierras de las que, según fue declarado, Pierre Guerre se había apoderado ilícitamente en su propio beneficio.

Pasaron tres años, y de la convivencia entre Bertrande y su recuperado esposo nacieron dos hijas. La primera falleció al poco de nacer; la segunda, Bernarde, seguía viviendo con ellos. Entre tanto, Pierre Guerre, convencido de que el nuevo Martin Guerre era un impostor, había realizado múltiples averiguaciones y, finalmente, reveló la verdad a Bertrande: su pretendido esposo no era quien decía ser, sino un farsante llamado Arnault du Tilh, alias Pansette, natural de Sagias, muy conocido como estafador en la región de Foix.

La denuncia terminaba pidiendo que el impostor fuera condenado a hacer penitencia y pedir perdón públicamente a Dios, al rey, a Bertrande y a todo el pueblo de Artigues, descalzo, cubierto únicamente con una camisa, y portando por las calles una antorcha, por haberles engañado tomando traicioneramente el nombre de Martin Guerre, asumiendo de manera falaz su identidad, abusando hasta la saciedad de su esposa, y apropiándose de sus bienes. Como penitencia, se solicitaba que fuera condenado a satisfacer a Bertrande de Rols la cantidad de dos mil libras como indemnización, con sus intereses y las costas del juicio.

El denunciado no se arredró. Contestó al juzgado señalando que se trataba de una acusación calumniosa instigada por su tío Pierre Guerre, a quien había vencido en juicio haciéndole pagar por todo lo que le había robado en sus años de ausencia. Aseguró que su tío había persuadido con engaños, coacciones y falsas promesas a su esposa, con la intención de vengarse y desposeerle de sus bienes, para lo cual se había servido de los cambios fisionómicos normales que experimenta cualquier hombre joven al hacerse adulto, acentuados en su caso por varios años de vida muy difícil, en la que había sido soldado, había combatido en varias guerras al servicio del rey de España y había resultado gravemente herido en la batalla de San Quintín, tras de lo cual había deambulado sufriendo penalidades sin cuento por los caminos de media Europa, hasta que, sumido en la extrema pobreza, sintió añoranza de su casa, su esposa y su hijo, y decidió regresar.

La falsedad de la denuncia —señalaba el presunto impostor— se demostraba por el hecho de que, al volver de tan largo y azaroso viaje, todos sus familiares y vecinos, incluidos su esposa, hermanas y su propio tío, que ahora le negaba, le habían acogido con alegría y cariño, sin que nadie dijera entonces que él no era quien decía ser. La acusación torticera de su tío, detrás de la que estaban también los yernos de aquel, podía ser desmentida con facilidad llamando a sus cuatro hermanas, a los demás familiares y a los vecinos de Artigues, de los que proponía como testigos a buen número de ellos, que confirmarían que él no era otro que Martin Guerre. Solicitó además que su querida esposa Bertrande de Rols fuera confinada en la casa de alguna de sus hermanas para sustraerla a la nefasta influencia de su tío Pierre y de los yernos de este, verdaderos denunciantes en la sombra. Pidió, finalmente, que sus calumniadores fueran castigados.

El juez de Rieux escuchó en primer lugar a Bertrande de Rols. Para sorpresa de todos, la formalmente denunciante Bertrande no se ratificó en su denuncia, sino que refrendó todas las manifestaciones del denunciado. Desveló que su tío Pierre le había aconsejado separarse de su esposo poco tiempo después de contraer matrimonio, apenas se comprobó que, como consecuencia del maleficio que pesaba sobre la pareja, no podían tener hijos; de ese tiempo procedía la enemistad entre Pierre y Martin. Ella había rehusado separarse, se había sometido con mucha fe junto a Martin a una suerte de exorcismo, con misas y ofrendas, que se prolongaron hasta que finalmente el hechizo se deshizo y ella quedó embarazada. Añadió que todos en Artigues tendrían que reconocer que, durante los muchos años de ausencia de su marido, ella había observado una conducta virtuosa y honorable. El denunciado confirmó todas estas circunstancias. Los careos entre Bertrande, Pierre y el presunto impostor no arrojaron luz alguna sobre el misterio.

El juez recibió declaración bajo juramento a prácticamente todo el pueblo de Artigues, pero el esfuerzo solo añadió confusión al asunto. De los ciento cincuenta testigos que brindaron su testimonio, no menos de treinta declararon bajo juramento que reconocían sin ningún género de dudas al denunciado como el verdadero Martin Guerre, bien porque lo conocían desde la infancia, bien por ciertas marcas distintivas, cicatrices u otros signos particulares que tenía y que permitían identificarlo inequívocamente, bien por diversas circunstancias y acontecimientos, tales como su boda y otras festividades que habían compartido. Un número mayor de testigos, por el contrario, identificaron sin ningún género de dudas al denunciado como Arnault du Tilh, alias Pansette, y ofrecieron razones análogas a las de los testigos del primer grupo para sustentar su identificación del impostor. El resto de los testigos, el grupo más numeroso, declararon que el parecido del denunciado con Martin Guerre era extraordinario, pero no podían asegurar que el acusado fuera él ni tampoco lo contrario.

Se practicó entonces un reconocimiento pericial sobre el parecido del presunto impostor con el hijo y las hermanas de Martin Guerre. El resultado no fue concluyente, puesto que los expertos dictaminaron que el niño no se parecía en nada al denunciado, pero confirmaron que las hermanas se le parecían mucho.

El juez adoptó su decisión en función del número de los testigos; declaró que el denunciado era Arnault de Tilh, pues así lo proclamaba la mayoría de los comparecidos; que el referido Arnault había suplantado la personalidad de Martin Guerre; y que por lo tanto era culpable de violación y estupro contra Bertrande y de robo contra el patrimonio de Martin Guerre, dondequiera que este se encontrase, o de sus herederos, si es que hubiera fallecido. En consecuencia, lo condenó a muerte. Dispuso que fuera decapitado, seguidamente descuartizado, y que su cabeza y sus miembros fueran expuestos en lugares públicos de Artigues como desagravio y escarmiento. El condenado apeló al Tribunal Superior de Toulouse. Así vino el asunto a conocimiento del magistrado Jean de Coras.

Cuando le asignaron el caso, el magistrado exclamó:

—¡Ved, esto es lo que pasa con la prueba de testigos!

Los asuntos que se decidían por testigos repugnaban a su conciencia, porque no creía en la imparcialidad de los testimonios.

—No todos los testigos son igualmente veraces y desinteresados —sostenía Jean de Coras—; su credibilidad debe descansar en la importancia objetiva de la razón de su conocimiento, no en su convicción personal, ni en la percepción subjetiva del juez que les recibe declaración.

Un juicio fundado exclusivamente sobre testimonios repugnaba también al magistrado porque él creía en la razón y la conciencia, y no comulgaba con las reglas de la «prueba tasada». Frente a la libre valoración de las pruebas por el juez, de origen aristotélico y confirmada en el Derecho romano por el emperador Adriano, de quien Jean de Coras era un secreto admirador, a partir del siglo XIII se habían establecido procedimientos y reglas objetivas de valoración, con la loable intención de limitar la discrecionalidad —o por mejor decir, la arbitrariedad— de los jueces, y esas reglas habían sido adoptadas por los países del sistema de civil law, es decir, la Europa continental; y mantuvieron su vigor hasta la Revolución francesa. La ley determinaba que unos testimonios valían más que otros, en función de criterios tan aleatorios como la raza, la edad, el sexo, o el rango social del testigo. Se consideraba que un solo testigo no constituía prueba bastante para considerar probado un hecho: unus testis, nullus testis. Se establecía también que un documento prevalecía sobre un testimonio, a menos que este viniera corroborado por otros. La verosimilitud de los testimonios difería según se tratase de testigos de cargo o de descargo: se reconocía más credibilidad a los testigos que declaraban a favor del acusado que a los que lo hacían en contra. También solía concederse mayor verosimilitud a los testigos que afirmaban que a los que negaban. El aforismo judicial establecía que «dos testigos que afirman son más creíbles que mil que niegan». Y así sucesivamente.

Jean de Coras abjuraba en especial de la valoración estrictamente aritmética y cuantitativa de la prueba testifical, a tenor de la cual el tribunal, como había hecho el juez de Rieux, debía considerar verdadero aquello que validaba un número mayor de testigos. Un juicio penal —decía Coras— no puede decidirse por una votación de los vecinos, o porque Pierre Guerre haya sido más diligente aportando testigos que la contraparte. «El número de testigos no es bastante para justificar una pena de muerte», sentenció el magistrado.

Así pues, mientras el tribunal volvía a tomar declaración en Toulouse al acusado, a Pierre Guerre y a Bertrande de Rols, y ordenaba nuevas testificales —que arrojaron el mismo saldo de división de opiniones que la ronda anterior, lo que solo contribuyó a aumentar la confusión de los jueces, pues el acusado se mantuvo más firme que nunca, mientras los demás titubeaban—, Jean de Coras se dispuso a ordenar racionalmente, cualitativamente, los testimonios recibidos.

Descartó en primer lugar a los testigos de referencia, y a todos aquellos que decían conocer a Martin Guerre o a Arnault du Tilh de manera genérica, como amigo o vecino, de Artigues o de Sagias.

Retuvo como testigo válido de cargo a Carbon Barrau, tío carnal de Arnault, que lo reconocía a sabiendas de que haciéndolo podía provocar su condena. Al ver a su sobrino conducido encadenado entre los guardias, Barrau no pudo contener la emoción y las lágrimas. Pese a ello, había mantenido su testimonio. En el mismo grupo situó Coras al zapatero de Artigues, que declaró que él había confeccionado toda la vida los zapatos para Martin Guerre, cuyos pies tenían doce pulgadas, mientras que la talla de pie del acusado, para quien los había confeccionado también durante los últimos años, era de solo nueve pulgadas. Se quedó con otro, Pelegrin de Liberos, que habiendo reconocido al acusado como Arnault du Tilh, refirió haberle regalado dos pañuelos con el encargo de que entregase uno de ellos a su hermano, Jean du Tilh, aceptándolos el acusado. Se quedó por fin con el testimonio de un soldado de Rochefort, que había pasado por Artigues y al ver a Du Tilh haciéndose llamar Martin Guerre, le había increpado en público llamándole farsante, asegurando que Martin Guerre era un inválido a quien él había conocido en Flandes y que había perdido una pierna en la batalla de San Quintín.

Entre los testigos de descargo que defendían al acusado y juraban que sí era Martin Guerre, el magistrado ubicó muy cualificadamente a las cuatro hermanas de Martin. ¿Por qué mentirían esas hermanas para encubrir a un impostor que había suplantado a su hermano? ¿Y quién mejor que una hermana podría conocerle? «Las hermanas se parecen al acusado como se parecen entre sí los huevos», consignó el magistrado. Dos de los esposos casados con las citadas hermanas juraban también que el acusado era su cuñado. Había otros testigos que daban detalles identificativos objetivos y verificables que deberían excluir el error: unos dijeron que Martin Guerre tenía dos dientes rotos en la mandíbula inferior; otros, que tenía una cicatriz en la frente; otros, que una uña encarnada en un dedo índice; otros, que una gota de sangre en el ojo izquierdo. Todas esas marcas inconfundibles las tenía el acusado.

El tribunal estaba preocupado igualmente de que pudieran encontrarse ante una acusación infundada, sostenida por motivos espurios. Varios testigos circunstanciales habían desvelado las maniobras de Pierre Guerre, su esposa y sus yernos, para arruinar y hacer matar al acusado y repartirse sus bienes. Otros declararon tener constancia de que Pierre Guerre y sus yernos habían coaccionado a Bertrande de Rols para que denunciara a su marido, amenazándola con que, de no hacerlo, ella misma sería denunciada como adúltera, le quitarían la casa y perdería a sus hijos.

Sopesando todas estas razones, los magistrados se debatían en la mayor confusión, pero parecían predispuestos a absolver al acusado. Unos opinaban que era, efectivamente, Martin Guerre. Otros apuntaban que no se había probado que no lo fuera. Por encima de la prueba practicada, y la duda que sobrevolaba todas sus deliberaciones —y que en todo caso debía obrar in dubio pro reo—, en lo único con lo que estaban de acuerdo todos los jueces era con que la decisión de absolver al acusado favorecía al matrimonio, que hasta que se presentó la denuncia había convivido en paz y armonía, y especialmente, a los hijos. En esas andaban cuando apareció el verdadero Martin Guerre.

Martin Guerre, prematuramente envejecido, mutilado y con una pierna de madera —como había adelantado el soldado de Rochefort—, malvivía en España, reducido casi a la mendicidad. Hasta allí le llegaron las noticias del famoso proceso de Toulouse, que relataban que un hombre estaba acusado de haberse hecho pasar por él: un hombre que vivía en su casa, con su mujer y su hijo. Martin Guerre decidió que era hora de regresar.

Presentó un testimonio completo de sus diez años de ausencia. Relató que, luego de pelearse con su padre y abandonar su casa y su familia, marchó a España, donde fue reclutado a la fuerza por su condición de vizcaíno. Fue enrolado en los tercios del rey y enviado a la guerra, donde había combatido hasta caer herido de gravedad por una bala de cañón el día de San Lorenzo en la batalla de San Quintín. Le habían amputado la pierna. Cuando le pusieron delante del acusado, le reconoció de inmediato como el soldado francés que le había asistido al resultar herido; quien, a pesar de ser enemigo, probablemente le salvó la vida al rescatarlo del campo de batalla y llevarlo a retaguardia, y que había permanecido a su lado durante su convalecencia. Creyendo que no sobreviviría, pues había perdido mucha sangre, Martin le contó su vida con detalle en largas horas de vigilia, le hizo entrega de una carta de despedida para su mujer y de todos sus documentos, rogándole que los hiciera llegar a su familia en Artigues. El soldado le prometió solemnemente que así lo haría, ausentándose después y dándole por muerto.

Durante la larga explicación de Martin Guerre, Arnault du Tilh mantuvo la compostura, y al terminar aquel, demostrando una sangre fría asombrosa, afirmó con vehemencia que el recién llegado era un mentiroso, un testigo falso a sueldo de Pierre Guerre, presentado a última hora a la desesperada para perjudicarle y confundir al tribunal. Improvisó un careo con Martin, en el que demostró más elocuencia y firmeza que este, que sin embargo sostuvo tozudamente su posición. El tribunal interrogó acto seguido a cada uno de los hombres por separado y a puerta cerrada, preguntándoles por diferentes pormenores y requiriéndoles para que les dieran información confidencial que solo el auténtico Martin Guerre debería poder conocer, particularmente sobre Bertrande. Ambos ofrecieron las mismas respuestas. El tribunal, entonces, desconcertado por completo, suspendió la sesión y se reunió a deliberar.

Los magistrados estaban prácticamente convencidos de que el acusado era un impostor. El mendigo mutilado parecía ser Martin Guerre, por más que inspirase lástima, fuera grosero, tosco, y careciera de las dotes oratorias de su rival. Sin embargo, necesitaban descartar sus últimas dudas y, sobre todo, las del público que había abarrotado la sala durante todas las sesiones y seguía tan dividido como al principio. Los jueces pensaron que su prestigio estaba empeñado en conseguir que el pueblo quedara persuadido de la justicia de su decisión.

El alarde de seguridad del acusado y, ante todo, su conocimiento preciso de los más íntimos detalles del matrimonio, llevó a varios de los magistrados a proclamar en voz alta lo que había rondado por su cabeza durante todo el juicio: el acusado era un nigromante. Los esposos no habían podido tener hijos durante casi una década porque habían sido víctimas de un encantamiento. Ahora, Arnault du Tilh conocía los aspectos más recónditos de su relación porque los Guerre volvían a estar embrujados. La solución era obvia: pues era cuestión de brujería, había que entregar al impostor a la Inquisición. El Santo Oficio era extraordinariamente poderoso en Toulouse. Durante varios siglos se había ocupado de perseguir a los cátaros hasta exterminarlos, sin que ninguna autoridad civil osara interponerse. La Inquisición se ocuparía de quemar a Tilh en la hoguera, y antes de hacerlo, averiguaría si alguna bruja le había auxiliado con sus hechizos para llevar a cabo y sostener durante tantos años su superchería.

Algunos magistrados se opusieron a esa solución por un prurito jurisdiccional: esa salida habría sido acertada si la hubieran adoptado desde un principio al recibir el asunto. Deshacerse ahora del preso, después de tantas sesiones públicas, convertido el juicio en el más famoso de Francia, les expondría al escarnio público.

—Seremos el hazmerreír de los demás tribunales superiores; dirán que nos hemos quitado el asunto de encima porque somos unos incompetentes, porque no sabíamos cómo resolverlo. No, de ninguna manera.

En eso estuvieron todos de acuerdo.

Otro de los jueces propuso:

—Lo que tenemos que hacer es torturar al dichoso Arnault hasta que confiese. Reconocerá que es un farsante, y entonces podremos condenarle a muerte y ejecutarle. Y si no confiesa, peor para él, que muera en la tortura. Un problema menos.

Efectivamente, la tortura no representaba problema alguno. Era un recurso legal. Jean de Coras, sin embargo, abominaba de ese procedimiento bárbaro, y les convenció de que había otra solución.

—Hagamos un último intento —les dijo—. Traigamos al acusado y al recién llegado, pongamos a uno enfrente del otro. Traigamos además a los familiares, para que estén presentes. Y en medio de los dos hombres, situemos a Bertrande. Veamos entonces qué pasa. Ella lo resolverá por nosotros.

Así lo hicieron. Convocaron una nueva sesión. La sala estaba repleta. El tribunal, en pleno. Los abogados y los familiares en los estrados. Trajeron a Martin y a Arnault, los pusieron enfrente el uno del otro. Los dos hombres se miraron de hito en hito, sin decir palabra, desafiantes como gallos de pelea. El silencio era absoluto. En ese momento, se abrió una puerta lateral, los alguaciles introdujeron a Bertrande de Rols y la dejaron de pie, en medio de la sala. Al verse entre los dos hombres, la mujer palideció, pareció desfallecer, se sostuvo apenas, guardó silencio. Después de unos instantes que parecieron eternos, el presidente le preguntó amablemente:

—Señora, ¿tendrá la bondad de decirnos cuál de estos dos hombres es su marido?

Bertrande parecía más muerta que viva. Miraba a uno y a otro y no podía sostener la mirada de ninguno. Miró al tribunal, a su familia, temblando, paralizada. Todos esperaban. Por último, se decidió. Volviéndose hacia Martin, avanzó titubeante. Se arrodilló ante él, mirándolo por fin a los ojos, le tomó de las manos y exclamó: «¡Perdón!». A continuación, prorrumpió en sollozos desgarrados.

Martin no pareció inmutarse. Le espetó fríamente que ella era la única culpable de la vergüenza que recaía sobre su familia. Bertrande no pudo más, se desplomó en el suelo. Solo las hermanas, que acudieron entonces, abrazaron a Martin y le pidieron igualmente perdón, le hicieron reaccionar y conmoverse.

Los jueces volvieron entonces la mirada hacia Arnault du Tilh. Su seguridad se había desvanecido. Pálido como un muerto, su mirada perdida se dirigía a la pared, por detrás de sus cabezas. La ordalía de Jean de Coras había funcionado. Declararon el juicio visto para sentencia.

Los magistrados declararon al acusado culpable de adulterio, violación, sacrilegio, usurpación del nombre y la persona de otro, esclavitud, hurto y robo. Lo condenaron a enmendarse honorablemente ante la iglesia de Artigues, de rodillas, en camisa, con la cabeza descubierta y los pies descalzos, la soga de ahorcado al cuello, y sosteniendo en sus manos una vela encendida para pedir perdón a Dios, al rey, al tribunal, a Martin Guerre y a Bertrande de Rols; ordenaron que después fuera entregado al verdugo, que tenía que pasearlo de esa guisa por todas las calles de Artigues, para terminar ante la casa de Martin Guerre, donde debía ser ahorcado y estrangulado —la decapitación estaba reservada a los nobles— y, seguidamente, su cuerpo, quemado. Decretaron también que los bienes de Arnault du Tilh, descontando las costas del juicio, fueran asignados como dote a la hija que, bajo pretexto de matrimonio, había engendrado con Bertrande de Rols. El tribunal absolvió a Martin Guerre de haber servido al rey de España, a Bertrande de Rols de adulterio, y a Pierre Guerre de cualquier responsabilidad.

Antes de ser ejecutado, Arnault du Tilh confesó su crimen con todo detalle ante el juez de Rieux. Manifestó estar arrepentido y pidió perdón a Martin Guerre, Bertrande de Rols y a Pierre Guerre. Hizo relación formal de todos sus bienes y sus deudas, y solicitó que sus acreedores fueran satisfechos por su tío Carbon Barrau con los bienes que todavía tenía en Sagias, heredados de su padre. Encargó a su hermano Jean du Tilh que se ocupara de su hija Bernarde, y nombró a la niña heredera universal. Seguidamente, se ejecutó la condena.

No sabemos qué fue de Martin y de Bertrande. En la ficción de Alexandre Dumas, volvieron juntos a Artigues. La mujer, embarazada por tercera vez de Arnault du Tilh y en avanzado estado de gestación durante el juicio, se puso de parto el día señalado para la ejecución de aquel. Ella y el recién nacido murieron durante el alumbramiento, en el mismo momento en que Arnault era ahorcado delante de su casa. Madre e hijo fueron enterrados el mismo día en el cementerio de Artigues, mientras el cuerpo de Arnault se consumía en el fuego. Instantes antes de morir, Bertrande imploró nuevamente a Martin Guerre que la perdonara, le juró por sus hijos que le había ofendido sin tener conciencia de la impostura de su acción, y le rogó que rezara por su alma. Martin le tomó de la mano y la bendijo. Bertrande expiró en paz.

Bertrande de Rols tenía apenas veinte años cuando, con un niño casi recién nacido a su cargo, fue abandonada por su marido. Las crónicas señalan que se trataba de una mujer de gran belleza. Nadie consideró entonces que pudiera tener derecho a rehacer su vida. Todos aceptaron que debía seguir viviendo y criando a Sanxi Guerre ella sola, como una viuda virtuosa. Aceptar a un impostor como marido ocho años después de la desaparición sin explicaciones de Martin, hubiera constituido indiscutiblemente un crimen de adulterio. Nadie reparó tampoco en que, quizás, las cuatro hermanas de Martin sabían que Arnault no era su hermano, pero le aceptaron y encubrieron el fraude por el bien de su cuñada y del niño, como le aceptó el patriarca de la familia, Pierre Guerre, hasta que el recién llegado le reclamó lo que debía.

Durante los disturbios que siguieron a la matanza de los hugonotes, Jean de Coras y los otros dos magistrados protestantes del Parlamento de Toulouse fueron detenidos y enviados a prisión por orden de las autoridades católicas de la ciudad, los Capitouls. Los acusaron de traición. El 14 de octubre de 1572, una turba de fanáticos católicos asaltó la prisión. La multitud arrastró a los tres jueces hasta la plaza, delante de la sede del tribunal, y allí fueron ahorcados. Al magistrado de la razón no se le concedió la gracia de un juicio justo.

Feudalismo

Inglaterra, 1660

La justicia es igual en todas partes,
la ventaja del más fuerte.

PLATÓN, República

En materia de derechos individuales, los ingleses fueron precursores. Durante toda la Edad Media, el país estuvo gobernado por señores feudales que eran prácticamente soberanos en sus respectivos territorios y disponían a su antojo de la vida y hacienda de sus pobladores, siendo el rey uno más entre esos señores, no mucho más poderoso que los demás.

La invasión de los normandos en 1066 conllevó que durante más de cuatro siglos Inglaterra estuviera gobernada por reyes de origen francés. Los duques de Normandía, empezando por Guillermo el Conquistador, consideraron las islas británicas —con excepción de Escocia, que no se dejó conquistar— una posesión más de su familia. El idioma francés se convirtió en la lengua oficial de la corte, la nobleza, los altos dignatarios eclesiásticos y los oficiales del gobierno en Londres. Cuando se quería consultar con el rey, había que visitarlo al otro lado del Canal de la Mancha, donde residía. Los duques de Anjou reemplazaron en 1154 a los de Normandía, y se mantuvieron en el poder hasta 1485. De aquellos tiempos procede la divisa que todavía puede leerse en el escudo de la Corona de Inglaterra y Gales, DIEU ET MON DROIT, que fue pronunciada por el rey inglés Ricardo I de Anjou en la ocasión memorable de la batalla de Gisors en 1198, librada, paradójicamente, contra los franceses.

Los nobles ingleses aceptaban con grandes reservas a sus reyes extranjeros, y la Corona se veía obligada a negociar constantemente con ellos, respetar sus privilegios y otorgarles importantes concesiones para mantener la paz y asegurarse su lealtad, el pago puntual de los tributos, y la contribución de sus tropas en las guerras que sus reyes franceses sostenían en el continente. Cada condado conservaba sus propias leyes, así como el gobierno local, la policía y la administración de justicia.

Paulatinamente, sin embargo, los reyes fueron introduciendo cambios, pactando con los nobles su aceptación siempre renuente de los jueces nombrados por el rey y de las leyes generales promulgadas para su aplicación a todos los súbditos en todo el reino, que recibieron por esa razón la denominación de common law, diferenciándolas así de las leyes singulares que seguían rigiendo en cada condado.

La Carta Magna de 1215 fue la primera de las leyes fundamentales pactadas entre el rey Juan I Plantagenet y sus súbditos ingleses, quienes a partir de entonces encontraron garantizado lo que hoy llamamos tutela judicial efectiva, un juicio justo ante un tribunal compuesto por sus pares, es decir, sus iguales, o lo que es lo mismo, el jurado. Mucho más tarde, en 1628, fue negociada entre el rey y el Parlamento la Petition of Rights, que garantizaba a los ingleses algo que hoy nos parece tan obvio como el derecho a no ser privados de libertad sin pruebas. Siguieron la Habeas Corpus Act en 1679 y la Bill of Rights en 1689. Cuando en el continente europeo empezó a hablarse de los derechos humanos tras la Revolución francesa, alguien dijo que esos eran los derechos que se reconocían a quienes no podían invocar sus derechos de ingleses.

Joan, John y Richard Perry eran ingleses, pero en el siglo XVII, especialmente en lo referente a la administración de justicia, Inglaterra seguía perteneciendo, como en la Edad Media, a una élite aristocrática que no tenía en particular estima los «derechos de ingleses» de los pobres.

Lady Juliana, vizcondesa de Campden, hija de Sir Baptist Hicks y esposa de Lord Edward Noel, era una de tantas representantes de esa nobleza elitista, y vivía en 1660 en su mansión de Campden House, ubicada en la pequeña localidad hoy conocida como Chipping Campden, en Gloucestershire, al sudoeste de Inglaterra. El mayordomo de la vizcondesa, William Harrison, era desde hacía medio siglo su persona de mayor confianza, y vivía con su familia en un anexo de las dependencias de la casa señorial. Entre los numerosos servidores de la vizcondesa se contaban también Joan Perry, una viuda que trabajaba en la mansión como sirvienta, su hijo Richard, que labraba la tierra en la finca, y el hermano menor, John Perry, que padecía una severa deficiencia intelectual, razón por la que, careciendo de oficio, era empleado únicamente para tareas menores que le encomendaban los Harrison.

Lady Juliana arrendaba sus posesiones a numerosos tenants de la comarca. A pesar de sus setenta años, William Harrison seguía siendo el encargado de cuidar y administrar las casas y tierras de la vizcondesa y de recaudar para ella las rentas que satisfacían los arrendatarios. La situación de los campesinos era extremadamente precaria: verdaderos proletarios,¹nada heredaban al nacer, nada transmitían al morir.

El 16 de agosto de 1660, el mayordomo se desplazó a caballo, según su costumbre, al cercano pueblo de Charringworth para cobrar unas rentas. No regresó. Alarmada por la tardanza, ya bien entrada la tarde, la señora Harrison envió al joven John Perry a buscar al mayordomo. John se fue andando por el camino hacia el pueblo vecino, pero tampoco regresó, por lo que la preocupación se incrementó en Campden House. Apenas amaneció, Edward Harrison, el hijo del mayordomo, tomó otro caballo y se dirigió a Charringworth para averiguar el paradero de su padre y del criado. Se encontró por el camino con John Perry, que regresaba sin noticias de su amo asegurando que había preguntado por todo el pueblo, donde nadie le había sabido dar razón del mayordomo desaparecido. Edward Harrison se dirigió entonces al siguiente pueblo, Ebrington, acompañado a pie por el joven John Perry. Allí, uno de los arrendatarios les confirmó que William Harrison había pasado por la localidad la noche anterior, había cobrado las rentas, y a continuación se había marchado. Edward y John se dirigieron entonces a Paxford. Allí les dijeron que una vecina había encontrado un sombrero y otros objetos en el camino entre Ebrington y Campden. Buscaron en el campo a la aldeana, y esta les entregó el sombrero y un peine, así como una cinta manchada de sangre, objetos que Edward Harrison identificó inmediatamente como pertenecientes a su padre. La mujer les señaló el punto exacto del camino donde había tenido lugar el hallazgo.

Las sospechas de la señora Harrison recayeron de inmediato sobre John Perry. Comunicaron la desaparición del mayordomo a las autoridades, que arrestaron al criado y le llevaron ante el juez de paz. Este lo interrogó, y le exigió que explicara por qué había estado ausente toda la noche. El joven le contó lo mejor que pudo que cuando lo enviaron a buscar a su amo estaba ya anocheciendo, por lo cual, al poco de salir hacia Charringworth, habiendo ya oscurecido y viéndose solo en el camino, había sentido miedo, por lo que decidió regresar a Campden House con idea de salir de nuevo montado en el caballo del joven Edward. Apenas lo había hecho, se le ocurrió que seguramente le iban a castigar por llevarse el caballo del amo sin permiso, por cuya razón regresó y devolvió el caballo al establo. Temiendo entonces que le fueran a regañar por no haber encontrado al mayordomo, prefirió acostarse sin cenar y, sin decir nada, se echó a dormir en el establo. Como le remordiera la conciencia, a medianoche volvió otra vez al camino de Charringworth, pero se perdió; y finalmente, cansado y desorientado, se tumbó en el margen de la carretera y durmió un rato. Había llegado a Charringworth con las primeras luces del día, y preguntado por el mayordomo casa por casa. Sin embargo, nadie había sabido darle razón del paradero de Harrison.

El juez de paz mantuvo en prisión a John Perry durante una semana, mientras seguía interrogándole y contrastaba su declaración con testigos de Campden y Charringworth, buscando que incurriera en alguna contradicción o que revelase nuevas informaciones. Tanto le preguntaron que el infeliz, viendo que la verdad no satisfacía a sus interrogadores, empezó a inventar historias para explicar la desaparición de William Harrison. Primero, dijo que el mayordomo había sido asesinado por un calderero de Charringworth. Señaló después como asesino y ladrón al aparcero de una finca cercana al camino. Aseguró luego que al mayordomo lo había matado gente de Campden que después había escondido el cuerpo debajo de un almiar. Se levantó toda la paja, pero no se encontró ningún cadáver. Finalmente, sometido a una gran presión para que confesara, reconoció saber cuándo, cómo y por qué había sido asesinado el señor Harrison, pero defendió que él no había tenido nada que ver. El juez le preguntó entonces si sabía quién lo había hecho. John Perry dijo: «Mi madre y mi hermano».

El joven relató al juez que su hermano Richard, que estaba casado y tenía varios hijos, se quejaba siempre de la pobreza extrema en que vivían y envidiaba la prosperidad de los Harrison, razón por la cual se había propuesto robar al mayordomo cuando volviera de alguno de sus desplazamientos con las rentas de los inquilinos. Había presionado a John para que le avisara con antelación cuando el mayordomo fuera a realizar el siguiente viaje. Contó que Harrison se había demorado en Charringworth porque los hombres estaban en el campo recogiendo la cosecha, y tuvo que esperar a que regresaran a sus casas después de la puesta del sol para que le pagaran. Era ya noche cerrada cuando regresaba a Campden. John había salido a buscarle por encargo de la señora Harrison, y se encontró a su hermano Richard, que esperaba al mayordomo escondido en unos arbustos junto a la entrada de la vecina granja de Conygree, que, como Campden House, pertenecía a Lady Campden. Allí fue donde Richard, ayudado por su madre —contó John—, mató a William Harrison y le robó la bolsa, que contenía veintitrés libras. Habían arrojado el cadáver en un pozo negro detrás de Wallingston Mill, un molino cercano a la granja.

Así fue como John Perry relató el crimen, pero no lo contó lisa y llanamente, sino en un discurso circular e incoherente en el que entremezclaba y confundía constantemente esta nueva versión de la historia con la original del caballo del amo que había tomado y devuelto, del sueño en el establo, de su extravío en el camino, y de las versiones intermedias en las que inculpaba a otros vecinos; todo para que su relato volviera una vez más a Conygree con nuevos detalles inventados, tal como el de que él se había encargado de arrojar en el camino el sombrero y las otras pertenencias de Harrison después de que su hermano le hubiera asesinado.

El juez ordenó detener a Joan y Richard Perry, que negaron vehementemente la versión de su hijo y hermano. Al ser conducido desde su casa al juzgado, Richard abrazó a uno de sus hijos para despedirse de él, momento en que el pequeño empezó a sangrar por la nariz, lo que fue interpretado por todos los presentes como un signo cierto de brujería.

Dispuso entonces el juez de paz que se buscara el cadáver de Harrington en el pozo detrás de Conygree Farm. La búsqueda se extendió a los estanques y acequias de Campden, las ruinas, descampados, cementerios y vertederos de toda la comarca, infructuosamente. Tampoco apareció la bolsa con el dinero. Toda la evidencia que pudo reunirse se redujo a una cinta del pelo de la mujer de Richard Perry, que John se apresuró en reconocer como la utilizada por su hermano para estrangular al mayordomo.

Joan y Richard Perry fueron interrogados además por otro robo, denunciado por William Harrison un año antes, en el que alguien había penetrado en su casa y le había sustraído ciento cuarenta libras. La madre y el hijo mayor negaron haber participado en ese robo. John se apresuró a reconocer que ese dinero también había sido robado por su hermano, tras entrar en el domicilio del mayordomo por una ventana entreabierta mientras aquel y su familia estaban en la iglesia. Aseguró que Richard había enterrado la bolsa con el dinero en el jardín. Lo buscaron, pero no apareció.

Un mes más tarde, en la sesión de otoño del tribunal del circuito,²Joan, Richard y John Perry fueron acusados por el allanamiento de la casa de William Harrison y el robo de las ciento cuarenta libras del año anterior, y también por el robo de las veintitrés libras y el subsiguiente asesinato del mayordomo. El juez, Sir Christopher Turner, admitió la primera de las acusaciones, pero desestimó la segunda, que quedó imprejuzgada porque no se había encontrado el cadáver del mayordomo. Al empezar el juicio, los acusados se declararon inocentes del primer robo, pero después, a fin de salvar la vida, se reconocieron culpables y solicitaron clemencia acogiéndose a la ley de perdón aprobada aquel año por el Parlamento.³La gracia les fue concedida.

Lady Juliana Campden y la esposa del mayordomo, señora Harrison, presentaron de nuevo la acusación por el robo y asesinato de William Harrison en la siguiente sesión del tribunal del circuito, en la primavera de 1661. El tribunal estaba presidido esta vez por Sir Robert Hyde, uno de los magistrados más prominentes de Inglaterra. El padre de Sir Robert había sido fiscal general y a él, abogado desde los veintidós años, lo habían nombrado a los cuarenta y tres Recorder⁴ de Salisbury, la ciudad más importante del condado de Wiltshire, y a los cuarenta y cinco, Serjeant at Law.⁵Había representado a Salisbury en el Parlamento, pero durante la guerra civil y el Protectorado perdió sus cargos judiciales por apoyar a la Corona. Al ser restaurada la monarquía, fue nombrado caballero y le devolvieron su condición de magistrado-jefe de Salisbury.

Sir Robert Hyde admitió nuevamente el caso, aunque ya había sido presentado el año anterior, en la consideración de que William Harrison seguía desaparecido a pesar del tiempo transcurrido. El magistrado formó el jurado y ordenó celebrar el juicio. Para entonces, John Perry estaba ya enajenado por completo. Primero ratificó las acusaciones contra Joan y Richard Perry, y admitió abiertamente su participación en el crimen dando nuevos detalles. Acto seguido, añadió a las anteriores una nueva acusación a tenor de la cual su madre y su hermano habían intentado envenenarlo en la cárcel. Finalmente, negó todos los cargos y aseguró que había confesado los crímenes porque estaba muy nervioso y no sabía lo que se decía.

En su resumen final para el jurado, el magistrado Sir Robert Hyde se basó exclusivamente en la aceptación de su responsabilidad por el primer robo formulada en el juicio anterior por Joan y Richard Perry, y en la confesión del segundo y del asesinato por parte de John Perry, cuya plena validez sostuvo a pesar de la patente deficiencia mental del muchacho. La verosimilitud de su testimonio —aseguró— quedaba reforzada por ser tan gravemente incriminatorio para su propia madre y su hermano.

El jurado emitió un veredicto de culpabilidad. Sir Robert Hyde condenó a muerte a Joan, Richard y John Perry, quienes fueron ahorcados pocos días después ante la Broadway Tower, en una colina frente a la llanura de Campden.

Sir Robert Hyde sospechaba que Joan Perry era bruja, y suponía que había hechizado a sus hijos para que cometieran los crímenes y después lo negaran. Por esta razón, el magistrado dispuso que la mujer fuera ahorcada antes que sus hijos. Sir Robert Hyde esperaba que, muerta la madre, desaparecería el embrujo, y los dos jóvenes podrían entonces confesar los delitos. No confesaron, pero también los ahorcaron.

Los juristas, de acuerdo con los psiquiatras, establecieron hace tiempo la separación de distintos periodos de lucidez en la mente humana. Entre el periodo de «normalidad» en el que el individuo responde plenamente por sus actos, y el de «enajenación mental», en el que se considera a la persona inimputable, y por tanto exenta de responsabilidad criminal, se reconocieron los periodos intermedios denominados «intervalos lúcidos», en los que se asume que el enajenado ha recuperado su sano juicio. En estos intervalos, el testimonio se tiene por válido y el individuo es considerado responsable de sus actos. El caso de John Perry demuestra que tal distinción no se corresponde siempre con la realidad, pues la enfermedad mental parece ser más bien un estado de alteración permanente, del que el enajenado va y viene, atravesando por diversas fases, agudas o crónicas, mostrando a veces una aparente normalidad y experimentando otras veces crisis en las que pierde más o menos intensamente la conciencia de la realidad. A esos brotes intermitentes los llamamos «trastornos mentales transitorios».

Sir Robert Hyde no podía ordenar que Richard y Joan Perry fueran torturados para que revelasen qué habían hecho con el cuerpo del mayordomo y dónde habían escondido el dinero del robo, pues la tortura se había prohibido en 1641, apenas dos décadas antes. Debería, sin embargo, haber ordenado que fueran nuevamente interrogados, o que se hicieran más averiguaciones, puesto que dar por bueno el testimonio no corroborado de un enajenado como única prueba de cargo en una causa por asesinato en la que no se ha encontrado el cadáver no parece la idea más sensata. Sir Robert no lo consideró necesario, pues ni los Perry ni los Harrison eran suficientemente importantes como para tomarse esa molestia. Le pareció que con el testimonio de John Perry era suficiente, como así fue para el jurado.

Dos años después del ahorcamiento de Joan, Richard y John Perry, el viejo mayordomo William Harrison reapareció sano y salvo en Campden House. No había forma de dar crédito a la historia delirante que contó el mayordomo, consignándola en detalle por escrito ante el magistrado Sir Thomas Overbury, quien la hizo pública seguidamente. Harrison contó que al regresar a su casa de Campden aquel día de verano de 1660 después de cobrar las rentas para Lady Juliana en Charringworth, había sido asaltado en el camino por una cuadrilla de bandidos a caballo, que le habían robado y secuestrado, conducido luego por la fuerza hasta el puerto de Deal, en la región de Canterbury, donde les aguardaba una embarcación con la que le llevaron amarrado y amordazado hasta Turquía, donde lo vendieron como esclavo. Según Harrison, fue comprado por un médico de Esmirna, que le trató bien y al que sirvió fielmente durante dos años, hasta que el médico murió, consiguiendo escapar durante las exequias del difunto y abordar una nave portuguesa que le llevó a Lisboa, desde donde al fin pudo regresar a Inglaterra.

Resultaba inverosímil que Harrison hubiera podido ser secuestrado a los setenta años para ser conducido a Turquía y vendido como esclavo; ni siquiera se creyó que hubiera estado alguna vez fuera de Inglaterra. Se sospechó por ello que el propio mayordomo podría haber sustraído el dinero en connivencia con su hijo Edward, e inventado después la historia de su secuestro para justificar su ausencia. La cantidad sustraída, sin embargo, no parecía justificar semejante estratagema, ni había razones para dudar de la honestidad del mayordomo, que había servido con lealtad tantos años a Lady Juliana. La inseguridad en toda Inglaterra era, además, muy grande en aquellos años convulsos de la guerra civil y la restauración, y no parecía imposible que hubiera sido asaltado por bandidos en el camino. Las autoridades concluyeron finalmente que, con toda probabilidad, al mayordomo le habría sucedido algún acontecimiento grave que por algún motivo poderoso prefería no revelar. Para completar el misterio, al enterarse de que su marido estaba vivo, la esposa de Harrison se suicidó, arrepentida —así se interpretó— por haber incitado a los jueces a mantener la acusación sin pruebas contra los Perry.

Las conjeturas se centraron entonces en Edward Harrison, el hijo del mayordomo, de quien se sabía que era ambicioso, y que durante años había esperado suceder a su padre en la administración de Campden House, lo que efectivamente ocurrió después de la desaparición de aquel. El resultado no pudo ser peor, puesto que el joven traicionó enseguida la confianza de Lady Juliana y fue destituido. Cualquiera que fuese la estratagema que el hijo hubiera podido preparar —se decía—, su padre no hubiera osado denunciarle. Edward Harrison resultaba más sospechoso aún porque era quien había buscado con ahínco al mayordomo por los caminos el día de su desaparición sin encontrarle, haciéndose acompañar en todo momento por John Perry, siendo también quien más había presionado al joven, una vez detenido, para que confesara el crimen que no había cometido e incriminara de paso a su madre y a su hermano. El hijo del mayordomo podía igualmente haber sido —se especuló— quien hubiera sustraído a sus padres las ciento cuarenta libras el año anterior, pues aquel día no había acudido a los oficios religiosos.

La investigación se cerró un tiempo después sin haber arrojado ningún resultado. Nunca se reclamó a William Harrison por su inexplicable desaparición, ni a su hijo Edward por los robos. Tampoco se pidieron cuentas a Sir Robert Hyde por el juicio, la condena sin pruebas y la ejecución en la horca de tres inocentes. Por el contrario, en 1663, una vez apagados los ecos del escándalo, Sir Robert fue promovido al cargo de Chief Justice del King’s Bench, el cargo judicial más importante de Inglaterra y Gales, equivalente a presidente del Tribunal Supremo.

Sir Robert Hyde murió fulminado por una apoplejía en 1665, mientras presidía desde los estrados el que sería su último juicio. Los Perry nunca fueron rehabilitados.

La palabra de Sarah

Gran Bretaña, 1768

Ahora que os he contado la verdad,
¿qué vais a hacer con ella?

Testimonio de una víctima ante una de las Comisiones de la Verdad de Centroamérica de los años noventa del siglo pasado

Frederick Calvert, sexto barón de Baltimore, nacido en 1731, fue el último vástago de una dinastía de la nobleza irlandesa reconocida por sus títulos, poder e inmensa riqueza. Su conducta disipada, degenerada en extremo, le hizo indigno de su linaje y condujo a su estirpe a la ruina, la infamia y, al cabo, a la extinción.

Los primeros barones de Baltimore habían establecido en 1605 una colonia británica en el condado de Cork, en la Irlanda ocupada por los ingleses, y poco después el rey Jaime I los distinguió con el título de Pares de Irlanda. Les concedió además una enorme extensión —equivalente al actual reino de Bélgica— de tierra cultivable en América, a la que llamaron Maryland, para que fundaran allí una nueva colonia. Los barones de Baltimore gobernaron la provincia de Maryland con el título de Proprietary Governors: cobraban las rentas, recaudaban los impuestos y las tasas, y administraban justicia en el territorio en nombre de la Corona. Los Calvert arrendaban sus tierras a los colonos, la mayor parte de los cuales había emigrado con sus familias desde Gran Bretaña e Irlanda huyendo de la pobreza y en busca de fortuna, pero al llegar quedaban sometidos durante años a un fideicomiso hasta que devolvían el dinero que les habían adelantado para el viaje y su establecimiento en el nuevo mundo. Los colonos se dedicaban al cultivo de índigo, arroz, y sobre todo de tabaco, tareas en las que empleaban numerosos esclavos.

Maryland se convirtió, mientras era gobernada por los barones de Baltimore, en el segundo territorio con más esclavos africanos de las trece colonias británicas, después de Virginia. Entre 1672 y 1698, la importación de esclavos fue monopolio de la Corona británica a través de la Royal African Company, y los Baltimore dirigieron el comercio de esclavos en Maryland en nombre y por cuenta del rey. Los africanos representaban casi un tercio de la población de la provincia.

Pronto se suscitaría un contencioso territorial entre los Calvert y William Penn por la delimitación de los linderos entre las provincias de Maryland, al sur, y Pennsylvania, al norte, y andando los años la línea Maxon-Dixon —denominada así por los geógrafos que deslindaron los territorios— que separaba ambos estados se convertiría en la frontera entre la esclavitud y la libertad: los esclavos que conseguían cruzar al norte quedaban redimidos de su condición de servidumbre y se convertían en ciudadanos libres.

El padre de Frederick, Charles Calvert, quinto barón de Baltimore, era un aristócrata apreciado y reconocido, ayudante de cámara del príncipe de Gales y cajero de la casa real. Calvert dio a su hijo el nombre de Frederick en honor al príncipe, y lo envió a estudiar en Eton, la más elitista escuela británica, donde el muchacho recibió una educación exquisita especializándose en la cultura clásica, de la que obtendría sin embargo escaso aprovechamiento, salvo por dos libros sin interés, uno de poesía y otro de viajes, que hizo imprimir a su costa y alcanzaron escasa difusión.

Charles Calvert murió en 1751, cuando su hijo Lord Frederick Calvert tenía veinte años. De la noche a la mañana, el joven se convirtió en el sexto barón de Baltimore. Además del título, heredó numerosas acciones del Banco de Inglaterra y todas las propiedades inmobiliarias de la familia, incluida la provincia de Maryland, en la que nunca puso el pie, pero de la que obtenía una renta de 10.000 libras mensuales. Se convirtió en uno de los hombres más ricos de Inglaterra. A los veintidós años se casó con Lady Diana Egerton, hija del duque de Bridgewater. El matrimonio fue infeliz, y después de tres años de desaires y continuas infidelidades del esposo, la baronesa de Baltimore pidió formalmente la separación por «incompatibilidad de caracteres», que le fue concedida de inmediato. No tuvieron descendencia.

Dos años después de la separación, Lady Diana murió al caer de un carruaje en el que viajaba con su todavía esposo. Se especuló con que el barón de Baltimore la hubiera arrojado por la portezuela del coche en un rapto de ira, pero no llegó a formularse ninguna acusación en su contra.

El joven barón de Baltimore tenía un modo peculiar de relacionarse con las mujeres: las coleccionaba. Necesitaba estar constantemente rodeado de jóvenes bellezas, y disfrutaba conquistándolas y agasajándolas hasta que lograba poseerlas de grado o por la fuerza. A continuación, se desprendía de ellas sin miramientos. El Casanova inglés era, sin embargo, un hombre de físico poco atractivo, de constitución enfermiza, presumiblemente adicto al opio, y no muy dotado para el sexo. Su placer se encontraba en la renovación constante de sus conquistas.

Después de enviudar, el barón hizo un viaje a Constantinopla y quedó impresionado por la riqueza, el lujo y el modo de vida licencioso de los cortesanos de la Sublime Puerta. Al regresar a Londres, hizo acondicionar su residencia de Southampton Row, en Bloomsbury: la amuebló como un serrallo otomano, con una gran sala cubierta de cortinajes, alfombras, divanes y cojines, plantas exóticas, fuentes y lámparas orientales. Tenía las chimeneas y estufas permanentemente encendidas, y de esa manera las estancias del palacio conservaban un ambiente cálido de invernadero, protegido del clima desapacible a orillas del Támesis. Allí se instaló con un harén que nunca contaba con menos de media docena de jóvenes de singular belleza, a las que vestía como huríes, con las que se entretenía organizando juegos y festines, y con las que mantenía constantemente relaciones sexuales, a veces a solas, a veces en grupo. Les pagaba con generosidad. Tenía pocos amigos, y las damas de la aristocracia inglesa, conocedoras de sus extravagancias y desviaciones, se abstenían de visitar su casa. Tuvo varios hijos ilegítimos, de los que acabó reconociendo a cinco.

Los primeros sombrereros italianos que hicieron fortuna en la Inglaterra georgiana a principios del siglo XVII procedían de Milán; sus sombreros para las damas de la alta sociedad londinense eran muy originales y recargados. Sus diseños se impusieron a los de los creadores británicos, mucho más sobrios, y esta moda ha perdurado hasta la actualidad. Desde entonces, todos los sombrereros de Londres, milaneses o no, son denominados milliners.

Sarah Woodcock era una milliner. Con ayuda de su padre, Sarah y su hermana Elizabeth habían abierto una pequeña sombrerería en King Street, Tower Hill, taller y tienda a la vez, en la que ambas confeccionaban y vendían sus diseños. A pesar de la juventud de las dos mujeres, el establecimiento había ganado enseguida reconocimiento y aprecio del público por la calidad de sus tocados y sombreros.

La familia de Sarah Woodcock era dissenter, es decir, disidente. Dentro de las diversas corrientes puritanas —baptistas, anabaptistas, cuáqueros, entusiastas y familistas, entre otras— alternativas a la Iglesia de Inglaterra, los dissenters eran de los más ortodoxos. Obtenían los fundamentos de su fe de una interpretación literal de las Sagradas Escrituras. Desconocían la autoridad de los prelados anglicanos, a quienes consideraban desacreditados por la ostentación que hacían de sus riquezas y por su contigüidad con las autoridades políticas. Los dissenters observaban un modo de vida humilde de trabajo y oración, empleaban modales respetuosos y vestimenta sencilla, y vivían apartados de la feria de vanidades en que se había convertido Londres. No practicaban juegos de azar, ni frecuentaban bailes, teatros y demás lugares de esparcimiento a los que la gente solía acudir para ver y dejarse ver.

Sarah era, al parecer, llamativamente atractiva. Rubia, de ojos claros, vestía con discreción, y solía llevar el pelo recogido en trenzas alrededor de la cabeza, cubierto con una cofia inmaculada bordada por ella misma. Aunque la clientela era mayoritariamente femenina, no faltaban caballeros que acudían a la tienda con cualquier pretexto solo para admirar su belleza y simpatía. Sarah era una creyente fervorosa, observaba una conducta virtuosa e intachable, y estaba prometida con un joven de su congregación, John Davis, con el que esperaba contraer matrimonio apenas hubieran ahorrado lo suficiente para establecerse por su cuenta.

La vida tranquila de Sarah Woodcock cambió para siempre el día en que Ann Harvey, una viuda entrada en años, también conocida como Ann Darby, visitó por primera vez su tienda.

Lord Baltimore se servía de varias celestinas que reclutaban para él mujeres jóvenes y atractivas en Londres y las inmediaciones. Un día de noviembre de 1767, Ann Harvey, la más activa conseguidora del barón, entró en la sombrerería de Sarah Woodcock, reparó de inmediato en la belleza de la joven, y decidió ofrecérsela a Lord Baltimore para que este la incorporase a su colección. Elogió amablemente su buen gusto y la originalidad de sus diseños, le encargó unos volantes de encaje con cordones, y prometió pasar a recogerlos al día siguiente. Volvió según había anunciado, recogió y pagó el encargo, y le hizo un segundo pedido.

Unos días más tarde, sin relación aparente con la visita de Harvey, el barón Baltimore se presentó en la tienda. Quedó fascinado por Sarah. Le dio conversación, compró cualquier cosa para justificar la visita, y se marchó. A los pocos días regresó nuevamente a la tienda, con el pretexto de que un coche le había salpicado la capa con barro en una esquina cercana. Sarah Woodcock le preguntó si estaba tan distraído que no había visto acercarse el carruaje. «Estaba pensando en usted», contestó Lord Baltimore, empezando a cortejar a la joven, ponderando la originalidad de las labores expuestas en el escaparate, esforzándose por resultar simpático y haciendo gala de modales exquisitos. La joven le contestó educadamente, pero sin dar pie a sus efusiones inesperadas. El barón la invitó entonces a acompañarle al teatro esa misma noche. La joven declinó la invitación, aduciendo que no tenía costumbre de asistir a tales espectáculos. El barón se retiró cortésmente disimulando su contrariedad, sin insistir ni desvelar su identidad.

El 14 de diciembre, apareció otra vez en la tienda Ann Harvey. Hizo un nuevo pedido e invitó a Sarah a visitar su casa en Curtain Road para entregárselo allí, aconsejándole que llevara muestras de sus creaciones para mostrárselas a una dama alemana con posibles, la señora Elizabeth Griffinburg, muy bien relacionada en la corte, quien según Ann Harvey podría convertirse en su cliente y proporcionarle de paso nuevas oportunidades de negocio. Sarah Woodcock accedió, y cuando tuvo listo el encargo, al terminar su jornada el 16 de diciembre, miércoles, se presentó en la casa de Ann Harvey, quien ya tenía un carruaje preparado. Ambas se dirigieron juntas a la que se suponía que constituía la residencia de la señora Griffinburg.

Al llegar a la lujosa mansión, el coche enfiló directamente la entrada de carruajes y se detuvo en el patio interior. Sarah Woodcock y Ann Harvey entraron en la casa y fueron efusivamente recibidas por la señora Griffinburg, que les presentó a su marido. Al rato apareció otro caballero en bata y camisón que se identificó como Richard Smith, dijo ser el mayordomo, excusó su atuendo pretextando estar enfermo, y mostró vivo interés por la muchacha, ponderando con insistencia su belleza ante el desconcierto de la joven, que reconoció al instante en él al visitante que la había cortejado en la tienda. Su incomodidad contrastaba vivamente con la naturalidad y complacencia que mostraban los demás asistentes. El supuesto Richard Smith no era otro que Frederick Calvert, sexto barón de Baltimore, y la casa no pertenecía a los Griffinburg sino al propio barón. A pesar del creciente disgusto de Sarah, la joven puso cara de circunstancias y tomó el té con los asistentes, mientras enseñaba a las dos señoras el muestrario que había traído con ella. La persuadieron para que se quedara a cenar. La joven se excusó señalando que era tarde y que su padre y hermana la esperaban en casa, pero ante la insistencia de todos los asistentes, no tuvo más remedio que aceptar.

Apenas había dado Sarah su consentimiento para permanecer en la casa, el pretendido señor Smith empezó a incomodarla abiertamente, ahora con la prepotencia de quienes no acostumbran ni aceptan que les lleven la contraria, intentando abrazar y besar a la joven en la boca, echándosele encima y abriéndose ante ella la bata y los calzones, secundado por Ann Harvey y los Griffinburg, que le reían las gracias. Entre bromas y veras, las dos mujeres invitaron a Sarah a abandonar sus escrúpulos y dejarse querer, sugiriéndole que le convenía mostrarse amable con el caballero, que la recompensaría con generosidad, y dejándole claro que de nada le serviría resistirse. Sarah rechazó de modo inequívoco las proposiciones, ya abiertamente libidinosas de Lord Baltimore, y manifestó con firmeza que quería marcharse. Las dos damas le contestaron entonces que a esas horas ya no había coches que pudieran devolverla a Tower Hill. Sintiéndose prisionera, Sarah rompió a llorar e imploró que la dejaran marchar, aunque fuese a pie. No cenó, estuvo llorando sin consuelo, vestida e insomne, dando vueltas hora tras hora por el dormitorio al que la condujeron, acompañada en todo momento de las dos mujeres, mientras el barón se retiraba a sus aposentos. En vano intentaron Harvey y Griffinburg persuadir una y otra vez a Sarah para que depusiera su actitud y aceptase complacer al galán que la pretendía, mientras se aseguraban de que no pudiera acercarse a las ventanas que daban a la calle ni a la puerta del aposento. Así pasaron la noche.

Al día siguiente, Lord Baltimore apareció nuevamente a la hora del desayuno y le declaró de manera ridícula y teatral su amor apasionado, le señaló que había enviado a su padre un aviso para que estuviera tranquilo, acompañado de un billete de doscientas libras por las molestias, y aseguró a la joven que si vencía sus escrúpulos y le complacía, la dejaría marchar enseguida. Se retiró entonces para dar tiempo a Sarah, mientras las dos mujeres procuraban convencerla nuevamente, y le ofrecieron acompañarla para desvestirse y prepararla a compartir la cama del señor Smith. Sarah Woodcock se opuso una vez más de manera inamovible, y en ese ir y venir se pasó también esa jornada.

El tercer día por la mañana, Frederick Calvert ya no se mostró tan paciente como la víspera. Cuando volvió a encontrarse con Sarah, que seguía vestida con la misma ropa, llorosa e insomne, sin haber dormido, probado bocado ni bebido —puesto que temía que la drogaran—, la joven le volvió a rogar que la dejara marchar. Agotada su escasa paciencia, Lord Baltimore, encolerizado y fuera de sus casillas, la increpó ordenándole que dejara de armar escándalo, dejándole claro que no saldría de la casa, asegurándole que no tenía más opción que acostarse con él, y amenazándola con que, si insistía en marcharse, la tiraría por la ventana, o la mandaría a casa «en una carretilla y con las enaguas atadas sobre la cabeza». Obligó a Sarah a redactar una carta dirigida a su padre diciéndole que estaba bien, en casa de un amigo, y que la esperase. Por la noche, el barón volvió a aparecer en la estancia, la agarró del brazo, la arrastró al dormitorio por la fuerza, e intentó repetidamente desnudarla con violencia. La joven estaba aterrorizada, convencida de que Baltimore, que parecía fuera de sí, era capaz de matarla, pero resistió como pudo, gritando y pidiendo auxilio.

El domingo, el barón comprendió por fin que no podría consumar su propósito en la casa de Londres, rodeado por la servidumbre y con la proximidad de la calle. Resolvió trasladar a la joven a su finca de Epsom, a unos veinte kilómetros al sur de Londres. En el campo —se dijo— nadie podrá socorrerla y terminará por rendirse. Así lo hicieron al día siguiente, en un carruaje cerrado en el que introdujeron a la joven escoltada por las dos señoras, el doctor Griffinburg, y el propio Lord Baltimore.

La mansión campestre de Woodcote Manor, en Epsom, Surrey, era un elegante palacio neoclásico revestido de piedra y estuco blancos, rodeado de jardines, fuentes, praderas de césped y un bosque muy tupido, Woodcote Park. El edificio principal constaba de cuatro plantas, con dos alas curvilíneas simétricas a los lados que dejaban en mitad un espacioso jardín semicircular con una gran fuente redonda en el centro. Se accedía al interior por una imponente escalinata con balaustradas. La casa estaba decorada según la recargada moda francesa de la época, las paredes cubiertas de tapices, espejos, retratos familiares y paisajes, con pesados cortinajes en los ventanales y los techos adornados con pinturas de motivos mitológicos.

Aislada de cualquier población o vecindario cercanos, Sarah estaba en Epsom a merced de Lord Baltimore. Era el 22 de diciembre. El barón ordenó retirarse a toda la servidumbre, y al anochecer, consiguió por fin vencer la resistencia de la joven. La llevó a su dormitorio, la desnudó, y por más que Sarah se opuso cuanto pudo, pidió ayuda con gritos que nadie atendió y le aseguró que prefería morir antes que entregársele, la violó varias veces con gran violencia, aprovechándose sin contemplaciones de su superioridad física y la debilidad de la mujer, desfallecida después de tantos días sin comer, beber ni dormir. Calvert se mostró complacido en extremo y especialmente excitado al comprobar que la muchacha era virgen.

Al despertar por la mañana, el barón volvió a poseer por la fuerza a Sarah Woodcock. Después, Sarah buscó a las señoras Harvey y Griffinburg y les pidió ayuda. Ann Harvey le contestó con frialdad que dejara de quejarse, que bastante alboroto había organizado durante la noche. De alguna mención que se escapó en la conversación entre las mujeres, Sarah pudo colegir finalmente que el pretendido señor Smith no era otro que Lord Frederick Calvert, sexto barón de Baltimore.

El barón apareció de buen humor, bromeó con los presentes, e hizo a Sarah varios regalos: dos bolsos, algunos vestidos, perfume, y unas cuantas guineas. Comieron, pasearon por los jardines, y dieron un paseo por el estanque en una barca. La joven ya no supo cómo resistir.

Dos días después, satisfechos sus deseos más primarios, Lord Baltimore dispuso que regresaran a Londres, pero tampoco entonces consintió en liberar a Sarah Woodcock, ya que pretendía seguir poseyéndola mientras le procurase placer. Volvió a obligarla a acostarse con él, pero ya no mantuvieron relaciones sexuales porque Sarah tenía la menstruación. La obligó a masturbarle. Cada vez que la mujer, rendida e impotente, le rogaba que la liberase, volvía a amenazarla diciéndole que, si insistía en marcharse, la entregaría en algún burdel, que era donde le correspondía estar ahora que era una puta.

Mientras tanto, la familia y conocidos de Sarah habían intentado por todos los medios dar con su paradero. Habían identificado a Ann Harvey, averiguado dónde vivía, formulado una denuncia en los tribunales de Bow Street, y conseguido que un magistrado de la capital, Sir John Fielding, librase una orden de captura contra aquella. Siguiéndola por la calle, habían localizado finalmente la casa de Lord Baltimore, y allí se apostó de manera indefinida el novio de Sarah, John Davis, observando desde el exterior cualquier movimiento en la casa, así como las entradas y salidas. Varios días después, en un descuido de Griffinburg, Sarah logró asomarse a la ventana y dejar caer una nota que John recogió, en la que le pedía que avisara a su padre. Con la confirmación de que la joven se encontraba en el palacio, Joseph Woodcock, el padre de Sarah, acudió al Chief Justice—equivalente a presidente del Tribunal Supremo— del King’s Bench de Londres, Sir William Murray, conde de Mansfield, e interpuso una demanda de habeas corpus para liberar a la prisionera.¹El magistrado extendió el mandamiento, convocando al barón a una comparecencia y ordenándole que presentase a Sarah Woodcock ante él. El abogado de la familia Woodcock, el señor Watts, entregó la orden escrita del magistrado a Lord Baltimore, mientras los agentes de Lord Fielding rodeaban la casa.

Para evitar comparecer ante Lord Mansfield, el barón ofreció a Sarah llevársela de viaje por Europa.

—Ahora que estás deshonrada, tu familia te repudiará, y tu novio ya no querrá casarse contigo. Estarás mejor conmigo, ya verás. Lo pasaremos muy bien.

Al rehusar la joven, le prometió que la dejaría libre y le solucionaría la vida —con dinero, se entiende— a cambio de su silencio, si reconocía por escrito que había sido bien tratada. La joven accedió por ver si así la liberaba, y solo entonces fue presentada en la residencia de Lord Mansfield en Bloomsbury Square, muy cerca de la casa de Lord Baltimore, donde fueron recibidos con cordialidad.

El juez entrevistó reservadamente a Sarah sin informarle de su identidad y función, y le preguntó si había sido conducida por la fuerza a la casa de Lord Baltimore. Sarah contestó afirmativamente.

—Pero ¿estás a gusto en casa del barón? —inquirió el magistrado.

Según lo convenido con Lord Baltimore, Sarah manifestó que estaba bien, que su permanencia en la casa del aristócrata era voluntaria, y que deseaba permanecer allí, si bien quería ver antes a su padre y hermanas.

El magistrado hizo venir entonces al padre y a las hermanas de Sarah. Tan pronto los vio, Sarah prorrumpió en llanto, se arrodilló ante ellos y los abrazó. Su hermana Mary se la llevó aparte por un instante, y le preguntó si el barón la había «arruinado». Sarah, inconsolable y sin poder articular palabra, le contestó afirmativamente con la cabeza. Ambas se abrazaron de nuevo y lloraron juntas.

El magistrado explicó entonces a la joven quién era él y cuál era el propósito de la diligencia, y le dijo que tenía la autoridad para dejarla en libertad, si ese era su deseo. Entonces, Sarah, conmovida, cobró el valor necesario y manifestó con total firmeza que quería irse con su familia. El juez le preguntó la razón de su repentino cambio de opinión.

—Cuando hablamos antes, yo no sabía quién era usted, ni que tenía autoridad para ordenar mi libertad. Quiero irme a casa —le respondió la joven taxativamente.

Lord Mansfield ordenó que Sarah fuese puesta en libertad, no sin antes escribir una comunicación para el reverendo Watson, que representaba a los fieles dissenters, en la que le explicaba que, en la primera entrevista, Sarah había expresado su conformidad para permanecer en la compañía de Lord Frederick Calvert, aunque después hubiera cambiado de opinión. No adoptó medida alguna en contra del barón de Baltimore, quien regresó tranquilamente por donde había venido.

Tres días más tarde, Sarah Woodcock acompañada del abogado Watts y de su padre, acudieron al despacho en Bow Street del magistrado Sir John Fielding, el que había ordenado el arresto inicial de Ann Harvey, y denunciaron a Lord Frederick Calvert. El magistrado era un personaje muy conocido en Londres, renombrado por su sagacidad y dedicación, y porque a pesar de haberse quedado ciego en un accidente de juventud, había desarrollado una carrera muy meritoria como jefe de la policía y luego como juez en Bow Street. Se le apodaba Blind Beak, y se decía de él que era capaz de identificar por la voz a más de tres mil delincuentes de la capital. Fielding era un reformador, fundador de los Bow Street runners, la primera policía científica y verdaderamente profesional del Reino Unido.

El juez escuchó los testimonios, hizo que un médico especialista en obstetricia reconociera a Sarah, que presentaba todavía un estado de ansiedad manifiesto y numerosas señales físicas de las sevicias padecidas, y seguidamente, para sorpresa de muchos, y en medio de un escándalo mayúsculo, incoó una causa penal por delito de violación contra Lord Frederick Calvert, sexto barón de Baltimore, y, por complicidad, contra Ann Harvey y Elizabeth Griffinburg. Acordó la prisión incondicional de los tres. Las mujeres fueron arrestadas. Lord Baltimore se presentó con sus abogados ante la corte de King’s Bench, y después de la intervención de los letrados, quedó en libertad bajo fianza. Interpuso un habeas corpus en favor de Griffinburg y Harvey, que también fueron liberadas, y los tres fueron convocados a juicio. El delito de violación estaba castigado con la pena de muerte.

El juicio se celebró el 26 de marzo de 1768 en Kingston, demarcación a la que pertenecía Woodcote Park, ante el presidente del tribunal de Surrey, Sir Sydney Stafford, barón Smythe. El jurado era elegido en Inglaterra, entonces como ahora, de manera aleatoria entre los ciudadanos registrados en el censo, pero hasta 1918 ese censo estaba compuesto exclusivamente por los contribuyentes, es decir, por varones ingleses con suficiente patrimonio y rentas como para pagar impuestos, únicos a quienes se reconocía el derecho de sufragio y, aparejado a aquel, el de administrar justicia formando parte de un jurado. Los católicos y demás dissenters estuvieron excluidos hasta 1791. Las mujeres no serían admitidas hasta 1928.

Para componer el jurado, tuvieron que ser presentados veintisiete candidatos, de los que Lord Baltimore recusó a quince. El jurado se formó finalmente con doce hombres, en su mayor parte propietarios agrícolas y algún comerciante con posibles de la Inglaterra rural y conservadora. La acusación se formuló con solemnidad:

El 22 de diciembre del octavo año de reinado de su majestad Jorge III, en Epsom, Frederick Calvert, barón de Baltimore en el reino de Irlanda, sin tener a Dios ante sus ojos e inspirado por el Demonio, asaltó violentamente a Sarah Woodcock, soltera y en gracia de Dios, y maliciosamente la violó y tuvo con ella conocimiento carnal en contra de la paz, la Corona y la dignidad de nuestro señor el rey, y en contra de la ley.

Sarah declaró convincentemente, sostuvo con firmeza su acusación, y explicó con serenidad al jurado los pormenores del rapto, el acoso y las agresiones de que había sido víctima. No ocultó los detalles escabrosos de las violaciones. Una vez en Epsom —relató—, Lord Baltimore había empezado de nuevo con las mismas indecencias ya empleadas en Londres. Se abrió los calzones, agarró la mano de Sarah y la puso en sus genitales. Le aseguró que esa noche sería suya. Sarah le había contestado que prefería morir. Ann Harvey y Elizabeth Griffinburg la llevaron luego al dormitorio y la desvistieron, mientras Calvert la esperaba en la cama. Sarah no tenía ya fuerzas para resistir, pero lo intentó. El barón se puso encima de ella, le tapó la boca, hizo ademán de ahogarla, y la penetró vaginalmente hasta que eyaculó y se dio por satisfecho. No le dijo una palabra. Así pasaron la noche. Por la mañana, volvió a poseerla con brutalidad, mientras Sarah gritaba y se resistía. «Nunca había oído tanto ruido, vas a despertar a toda la casa», fue el único comentario de él. Le ofreció el orinal, porque Sarah sangraba abundantemente, y la mandó con las dos mujeres que aguardaban afuera.

Sarah fue capaz de resolver con acierto y convincentemente las lagunas de su acusación: por qué había permanecido tantos días en las casas del acusado en Londres y Epsom sin intentar escapar; cómo había procurado entretanto contactar con su familia, y por qué le había manifestado al inicio a Lord Mansfield que estaba con el barón por su propia voluntad y no le había revelado que había sido repetidamente violada.

Al ser repreguntada, sin embargo, vaciló. Frederick Calvert la sorprendió asumiendo su propia defensa e interrogándola personalmente con las dotes dialécticas que cabe esperar de un Lord de esmerada educación. Avasalló sin piedad a la declarante, aprovechando sus vacilaciones, y la acosó buscando los puntos más vulnerables de su testimonio, presentándola mediante preguntas groseramente capciosas —sin ser corregido en ningún momento por Lord Smythe, que presidía impertérrito el debate— como una arribista mentirosa y sin escrúpulos ávida de lucrarse a su costa, que aceptaba complaciente sus regalos mientras le seducía y se le entregaba para sacarle los cuartos.

A fin de presentarla como una mentirosa, la confundió preguntándole por su edad.

—Tengo veintisiete años —contestó Sarah.

—¿Jura usted que no tiene más de veintisiete? —le preguntó Lord Baltimore.

—Tengo veintiocho —concedió Sarah.

—¿No es más cierto que es aún mayor? —insistió el barón.

—Tengo veintinueve —terminó aceptando Sarah.

El barón se volvió entonces triunfante y sonriendo hacia el jurado. La joven rechazó con firmeza todas las insinuaciones de Lord Baltimore, que le preguntó con inquina si no era cierto que mientras estuvo en sus dos casas comió, bebió, se sentó en sus rodillas, le besó, aceptó sonriente sus regalos y las relaciones sexuales, paseó por los jardines, y en todo momento se mostró feliz y contenta. Sarah lo negó todo y mantuvo sus acusaciones.

Llegado el turno de la defensa, Lord Baltimore se presentó a sí mismo como la víctima de una campaña de insidias. Presentó su testimonio por escrito para no equivocarse y evitar las repreguntas de la acusación. En el testimonio escrito proclamaba de manera grandilocuente que había tenido que esperar meses, indefenso ante las calumnias vertidas sin piedad por los medios de comunicación, el momento crucial de su comparecencia ante el tribunal. Expresó su complacencia por que el jurado estuviera compuesto por ciudadanos iguales a él —omitió que los nobles de Irlanda no disfrutaban de fuero ante la Cámara de los Lores, como se reconocía a los de Inglaterra—, provenientes además de la circunscripción de Surrey que su padre había tenido el honor de representar en el Parlamento de Westminster durante muchos años. Celebró tener por fin la oportunidad de defenderse y demostrar su inocencia y la falsedad de la acusación. Aseguró por su honor que no había una palabra de verdad en las acusaciones de Sarah Woodcock.

Los testigos de la acusación confirmaron los hechos tal como Sarah los había relatado. Su hermana Elizabeth explicó que cuando se reencontraron con ella en casa de Lord Mansfield, Sarah estaba en extremo angustiada, descompuesta, y que les costó mucho convencerla de que el magistrado tenía autoridad para dejarla libre. La otra hermana, Mary, declaró que había sido ella quien le preguntó confidencialmente a Sarah en la casa del magistrado si el barón la había «arruinado», contestándole Sarah afirmativamente. «¿Por la fuerza?», le preguntó entonces Mary. «Sí», respondió Sarah. El padre, Joseph Woodcock, reconoció haber recibido una carta firmada por Richard Smith con un mensaje en el que le decía que su hija estaba bien y a la que se acompañaba un billete de doscientas libras, que el testigo había conservado a disposición del tribunal. Declararon los agentes de Lord Fielding que habían buscado y detenido a Ann Harvey. También declaró el pretendiente de Sarah, John Davis, que relató sus idas y venidas durante varios días hasta dar con el paradero de Ann Harvey, y siguiendo a esta, con el de Sarah, a la que por fin pudo ver a través de la ventana en la casa de Lord Baltimore con una viva expresión de ansiedad y sufrimiento.

El testimonio más relevante fue el del médico obstetra John Ford. Declaró que había sido requerido por Lord Fielding para que examinase a Sarah Woodcock a fin de determinar si era doncella. Había reconocido a la mujer —declaró— comprobando mediante su observación y la introducción de un dedo que no era virgen, y que tenía el perineo mucho más corto que el que, según la experiencia, corresponde a las vírgenes. La examinada presentaba —siguió manifestando el facultativo— una gran inflamación en la zona genital de varios días de evolución, que ya estaba remitiendo cuando él la visitó. Constató que «la vagina estaba muy áspera, los bordes estaban cubiertos de materia, y las partes estaban extremadamente doloridas».

—¿Presentaban los genitales signos de violencia? —fue preguntado.

—Tiene que haberse usado mucha fuerza —respondió.

—¿Cree usted que la mujer consintió la penetración?

—Eso no puedo decirlo, pero lo que me resulta evidente es que se empleó mucha violencia.

—¿Produce más lesiones la relación sexual no consentida que la voluntaria?

—No puedo imaginar que después de una relación sexual normal los genitales puedan presentar la apariencia que yo observé en la paciente, a menos que se hubiera empleado una gran dosis de violencia.

La defensa no hizo ninguna pregunta al doctor Ford.

El turno de la acusación terminó con el testimonio de Sir John Fielding, que se aguardaba con expectación. En su declaración, el magistrado ciego manifestó que había recibido una extensa declaración a Sarah Woodstock, y que la mujer le había relatado de forma detallada cómo Lord Baltimore había mantenido relaciones sexuales con ella «por la fuerza y contra su voluntad». El juez, luego de escuchar a la mujer y al médico que la reconoció seguidamente, había considerado el testimonio convincente, y por ello no había vacilado en calificar los hechos como una violación y ordenar la detención de Lord Baltimore.

Las señoras Griffinburg y Harvey y los testigos de la defensa declararon que Sarah Woodstock había acudido voluntariamente a la casa de Lord Baltimore, y había permanecido diez días allí por su voluntad. Declararon algunos amigos y todos los criados de Lord Baltimore: el pintor, el músico, los mayordomos, el administrador de sus fincas, el ama de llaves, la institutriz y la preceptora de sus hijas, la lavandera, la costurera, la sombrerera, las cocineras, el cochero y el carpintero. Según todos ellos, Sarah había disfrutado de la compañía de los presentes, había comido, bebido, reído y jugado con todos, y se había acostado voluntariamente con Frederick Calvert, tanto en Londres como en Epsom, sin coacción alguna. Había aceptado regalos —un delantal, enaguas, sombreros, vestidos, dinero— y había paseado por los jardines, navegado en el estanque, y permanecido en las dos casas sin mostrar nunca intención de marcharse, lo que en todo caso nadie le hubiera impedido.

En Londres, la acusación de Sarah Woodcock podía haber tenido alguna posibilidad de prosperar. En Surrey, feudo de los Baltimore, una sociedad rural donde el vasallaje de los pobladores respecto de los dueños y señores de las tierras estaba mucho más arraigado que en la capital, las cartas estaban marcadas.

En el juicio por jurado, el magistrado que preside las sesiones debe darles a los miembros de aquel las explicaciones necesarias para que resuelvan apropiadamente las cuestiones sometidas a su consideración, formulándoles de manera simple las preguntas a las que deben responder, y resume para ellos las pruebas practicadas. Debe presentar el objeto del debate de manera objetiva e imparcial, sin sugerir el sentido del voto, puesto que la decisión corresponde a los jurados y solo a ellos. Sin embargo, la amplia discrecionalidad que la ley les concede lleva a veces a los magistrados a sucumbir a la tentación de influenciar a los jurados para inducirles a adoptar una determinada decisión, absolutoria o condenatoria.

Lord Smythe resumió las pruebas para el jurado de forma peculiar. Les advirtió de que no debían tomar en cuenta nada de lo publicado sobre el caso porque la información de los juicios que publicaban los periódicos era «una práctica injustificable que pervierte la justicia»:

Tienen ustedes que valorar —les aseguró— únicamente la palabra de Sarah Woodstock, una solterona, contra la de los acusados. No tomen en cuenta, por inaceptable que les pueda resultar, la manera en que la mujer fue conducida a la casa del barón, ni deduzcan, solo por ese hecho indiciario, que probablemente sea cierto que fue violada. Valoren únicamente si en el momento de mantener relaciones sexuales con el barón, ustedes creen que Sarah consintió. De ser así, deben absolver a los acusados.

En realidad, el rapto de Sarah y la manera extorsiva en que fue mantenida privada de libertad durante diez días sí era relevante, porque el jurado debía determinar si el consentimiento de Sarah, en caso de que lo hubiera prestado, había sido libre o estaba condicionado por la situación. Legalmente, el consentimiento prestado mediante violencia o intimidación es nulo y debe ser reputado inexistente. En este caso, además, el testimonio del doctor Ford y las demás circunstancias concurrentes apuntaban nítidamente a que la mujer nunca prestó ese consentimiento.

La violación —añadió el magistrado— es un crimen que solo puede probarse por la palabra de la mujer, porque solo ella puede decir si consintió o no; es una acusación muy fácil de formular y muy difícil de desvirtuar, como acertadamente señaló el acusado.

Acto seguido, el magistrado centró la controversia en un aspecto notoriamente accesorio del debate, que sin embargo él aseguró que era fundamental:

La prueba de la defensa solo puede articularse valorando las circunstancias del caso, y en particular, si la denuncia se interpuso o no inmediatamente después de padecida la afrenta. Si no se denuncia enseguida, concurre una fuerte presunción de que la denuncia es maliciosa. Sarah Woodcock dice haber sido violada el 22 de diciembre, y no presentó su denuncia hasta el 29 de diciembre. La defensa de los acusados descansa en el hecho de que la denunciante no denunció la agresión cuando compareció ante Lord Mansfield. Si ustedes creen que Sarah denunció el crimen tan pronto tuvo oportunidad de hacerlo, entonces deben condenar a los acusados. En caso contrario, deben absolverlos.

Sarah Woodcock había denunciado la violación tres días después de quedar en libertad. Esa demora tenía una explicación plausible, lo que convertía la cuestión en irrelevante: Sarah no era libre cuando compareció ante Lord Mansfield; la familiaridad del magistrado con el barón, recibiéndole informalmente en su casa en vez de convocarle con los apercibimientos de ley ante el tribunal, no podía por menos que suscitar la desconfianza de la mujer, que en ese momento prefirió referir la violación solo a su hermana Mary. Sarah denunció al barón de Baltimore apenas tuvo tiempo de recuperarse, hablar con su familia, su comunidad religiosa y su abogado, una vez que pudo comprobar que no era repudiada y que los suyos la apoyaban. La denuncia de una mujer joven, soltera y pobre, contra un miembro destacado de la todopoderosa aristocracia británica, que tenía a su favor el poder político y económico de una sociedad profundamente clasista, requería no poco valor, y Sarah Woodcock demostró tenerlo. Fueron otros quienes no supieron estar a la altura de la palabra de Sarah, la cual, por otra parte, tampoco se enfrentaba desnuda a la palabra de los acusados, como sugirió al jurado el barón Smythe.

La versión de Sarah venía corroborada por la prueba circunstancial que demostró sobradamente en el juicio la forma en que se produjo y se mantuvo su privación de libertad; por las lesiones en la zona genital que todavía presentaba el día que presentó la denuncia y que quedaron acreditadas por la prueba pericial médica sin objeción alguna por parte de la defensa; y por los testimonios de sus familiares. La palabra de los acusados estaba respaldada por los amigos y dependientes del barón de Baltimore.

La deliberación del jurado tomó una hora y veinte minutos. Absolvió a los tres acusados.

Lord Baltimore se encerró en su mansión de Londres. La gente le reconocía y lo increpaba por la calle, las pocas veces que se atrevía a salir, siempre en coche y custodiado por sus sirvientes. Pasó largas temporadas en el campo. Seguía cultivando las compañías femeninas, pero tenía que hacerlo prácticamente a escondidas. No recibía visitas, sus pares le hicieron un vacío completo. Había sido absuelto por el tribunal del jurado de Kingston, pero inapelablemente condenado por la opinión pública. Al final, vendió todas sus propiedades en 1770 y abandonó Inglaterra. Antes de hacerlo, otorgó testamento, reconoció a varios de sus hijos naturales, dejó 20.000 libras a cada una de sus dos hermanas, Louise y Caroline Calvert, y nombró heredero a su hijo mayor, Henry Harford. La herencia sería impugnada después por Louise Calvert.

El veleidoso barón causó un nuevo escándalo al presentarse en Viena con un cortejo de ocho mujeres, un médico y dos eunucos negros a quienes llamaba —empleando la palabra en español— «mis corregidores». Acabó retirándose a vivir a Italia. Murió de fiebres en Nápoles el 4 de septiembre de 1771, a los cuarenta años. El féretro con su cuerpo fue transportado a Londres, y velado solemnemente en el gran salón del Exeter Exchange, la residencia en Londres de los duques de Exeter, mientras un grupo de manifestantes protestaba ruidosamente en el exterior. Cuando terminaron las exequias y se retiraron los asistentes invitados, los manifestantes asaltaron el edificio y se apoderaron del féretro con intención de lanzarlo por la ventana para profanar el cadáver, arrastrarlo por la calle y tirarlo al Támesis, lo que fue evitado por la oportuna intervención de los vigilantes del edificio. Retirado apresuradamente y rodeado de fuertes medidas de seguridad, el cuerpo del último Lord Baltimore fue finalmente sepultado con gran pompa y circunstancia en el mausoleo familiar de los Calvert en Saint Martin’s.

Sarah Woodcock fue aceptada con amor por su familia, que no la repudió como le había vaticinado Lord Baltimore, y contó con el afecto y comprensión de los vecinos de Tower Hill y la comunidad de dissenters, que hizo causa común con ella y la apoyó en su reclamación de justicia. Se recuperó rápidamente del trauma que tanto había trastornado su vida, y volvió a trabajar en la sombrerería. El 2 de agosto de 1768, se casó con John Davis en la iglesia de Saint Botolph, en Londres.

El 4 de julio de 1776, las trece colonias británicas de Norteamérica se rebelaron contra la Corona y declararon la independencia de Estados Unidos. Maryland se convirtió en un estado de la unión. Conservó el escudo familiar de los Calvert como emblema de la entidad, y mantuvo el nombre de Baltimore para su capital, que más tarde sería trasladada a Annapolis. Llevó algún tiempo y una cruenta guerra civil consolidar la desvinculación de la metrópoli, pero, finalmente, los nuevos ciudadanos de una nación libre dejaron de pagar tributos y rentas a sus antiguos señores. La ruina económica de los descendientes de los Calvert fue completa, y se añadió al oprobio y la deshonra que les había legado el último de los barones Baltimore.

Henry Harford no heredó el título nobiliario de su padre, pero sí fue gobernador propietario de Maryland hasta la independencia de Estados Unidos. La libertad no llegó a todos los pobladores de Maryland con la independencia, porque la esclavitud no sería abolida en el estado hasta 1860. En aquel momento fueron liberados 90.000 esclavos. Sus descendientes siguen constituyendo actualmente casi un tercio de la población de Maryland.²

La justicia del Directorio

Francia, 1796

No tiene sentido derribar el trono
si dejamos en pie el patíbulo.

VICTOR HUGO, El noventa y tres

En la época inmediatamente posterior a la Revolución francesa, el correo era transportado en Francia en carruajes rápidos de caballos que llevaban un gran arcón cerrado en la parte de atrás que contenía los envíos de correspondencia y caudales. Los coches correo disponían de un solo asiento para el público en el pescante, al lado del cochero.

En la madrugada del 9 de floreal del año IV según el calendario revolucionario, correspondiente al 28 de abril de 1796 del gregoriano, un acontecimiento de la página de sucesos conmovió a Francia: el coche correo que hacía el trayecto entre París y Lyon había sido asaltado cuando atravesaba de noche el bosque de Sénart, entre Lieusaint y Montgeron, a veinte kilómetros de la capital. El postillón y el cochero habían sido asesinados con arma blanca. Los asaltantes se habían apoderado de setenta y cinco mil libras en plata y billetes de banco. El pasajero desconocido, que había adquirido el billete en París esa misma mañana, había desaparecido.

Se averiguó enseguida que cinco personas a caballo habían entrado apresuradamente en la ciudad de madrugada por la puerta de Rambouillet, y que poco después habían devuelto cubiertos de espuma y visiblemente exhaustos los caballos alquilados la víspera. El encargado de la cuadra, así como distintas personas de Montgeron y de Lieusaint, en cuya taberna los asaltantes habían esperado varias horas la llegada del coche correo, ofrecieron una descripción e identificaron a varios sospechosos. Entre otras personas, fue detenido un individuo llamado Charles Guénot, natural de Douai, localidad del norte de Francia muy próxima a Lille y a la frontera con Bélgica, que había emigrado a París años atrás. Charles Guénot fue puesto enseguida en libertad porque disponía de una buena coartada, pero se le citó para que compareciera al día siguiente en el juzgado a fin de recoger la documentación que le había retirado la policía.

Apenas unos meses antes, había llegado a París Joseph Lesurques, un joven rentista de provincias, acompañado de su mujer y tres hijos, con intención de establecerse en la capital francesa. Joseph Lesurques había servido en el regimiento de Auvernia hasta la Revolución, había sido licenciado con honores, y se había dedicado después a los negocios. Le había ido bien, disponía de quince mil libras anuales de ingresos regulares, además de la dote de su esposa, y podía permitirse vivir sin trabajar. Se habían trasladado para dar a sus hijos una educación esmerada en París. Joseph Lesurques era natural de Douai, como Charles Guénot.

Quiso el destino que los dos paisanos se encontraran por la calle. Se abrazaron, alegrándose del reencuentro después de tanto tiempo. Charles Guénot explicó a su amigo que se dirigía al juzgado para recoger sus documentos, y Joseph Lesurques, que no tenía nada mejor que hacer, se ofreció a acompañarle. Esperaban sentados en un banco de la antesala a ser atendidos por el juez, cuando entraron acompañadas por los policías las dos vecinas de Lieusaint que habían sido convocadas para reconocer a los sospechosos detenidos. Las mujeres palidecieron al ver en las oficinas a Charles Guénot y Joseph Lesurques, disimularon como pudieron, y al entrar en el despacho del ciudadano Daubenton, juez de paz del distrito de Pont-Neuf, le revelaron espantadas que los asaltantes del correo estaban tranquilamente sentados, libres, en el banco de la entrada. El juez y los policías no daban crédito al pavor demostrado por las testigos: ¡era inconcebible que los asesinos se hubieran presentado voluntariamente en el juzgado! Repuesto de la alarma y la sorpresa, el juez ordenó a los policías que vigilasen con discreción a Charles Guénot y Joseph Lesurques impidiendo, si llegara el caso, que abandonasen el juzgado, y recibió acto seguido declaración por separado a las dos mujeres. Estas confirmaron solemnemente que los dos hombres formaban parte de la banda de asaltantes del correo. Daubenton ordenó las correspondientes ruedas de reconocimiento, en las que mezcló a los dos hombres con otros detenidos, y finalmente, ante la firmeza y seguridad demostrada por las testigos, decretó la prisión y acordó el ingreso en la cárcel de los dos sospechosos, a pesar de las vehementes protestas de inocencia de ambos.

Durante la breve instrucción, siete nuevos testigos de Montgeron y Lieusaint confirmaron sin ningún género de dudas los reconocimientos iniciales. El juicio oral quedó preparado enseguida. Junto a Charles Guénot y Joseph Lesurques, fueron acusadas otras cuatro personas.

El siglo XVIII ha quedado para la historia como el de las luces, porque en él se sentaron las bases para abolir el antiguo régimen de las monarquías absolutas y alumbrar el Estado democrático moderno. Abrieron el camino los filósofos, juristas e intelectuales de la Ilustración, y lo culminaron los revolucionarios americanos y franceses.

La Revolución francesa adaptó la legislación del país a los principios proclamados por aquellos filósofos, y modificó profundamente el proceso penal. Proclamó en el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 26 de agosto de 1789 que «una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de poderes, carece de Constitución». Se estableció así la independencia del poder judicial, al que se confirió la función fundamental de proteger los derechos de los ciudadanos frente a los eventuales abusos de los poderes ejecutivo o legislativo.

Se abolió el procedimiento inquisitorial de investigación y enjuiciamiento de los delitos a cargo de una administración de justicia constituida por magistrados representantes del rey y designados por el poder ejecutivo. En su lugar, se adoptó el sistema acusatorio, en el que el juez de paz, un funcionario público, se limitaba a recopilar el material probatorio y a adoptar las medidas cautelares, encomendándose al jurado el enjuiciamiento de los delitos graves, a imitación del modelo inglés. Institución de nueva creación en Francia, el jurado estaba compuesto por ciudadanos legos en derecho que decidían en conciencia sobre la culpabilidad o inocencia de los acusados a la vista de las pruebas practicadas en un juicio oral y público, en el que la carga de la prueba recaía sobre los acusadores, al tiempo que se garantizaba la igualdad de armas a las partes en el proceso. El juramento que se recibía a los jurados decía así: «¿Juráis decidir conforme a los cargos y a los medios de defensa y siguiendo vuestra conciencia y vuestra íntima convicción, con la imparcialidad y la firmeza que convienen a un hombre libre?».

Para proteger la institución del jurado, que carecía de precedentes en Francia, hubo de abolirse el procedimiento de revisión de las sentencias preexistente en el código francés, pues los juristas revolucionarios temían que los recursos de naturaleza extraordinaria podrían ser utilizados por los magistrados monárquicos y conservadores de los tribunales superiores para desacreditar esa innovadora forma de administrar justicia con la participación de los ciudadanos. Así pues, las declaraciones de culpabilidad emitidas después de un juicio por jurado se consideraron inapelables.¹

Se abolió también el derecho de gracia, en la consideración de que los indultos eran privilegios propios del antiguo régimen monárquico, que habían amparado innumerables arbitrariedades cubriendo con un manto de legalidad a la nobleza y el clero, y que no tenían cabida en el nuevo Estado democrático, porque suponían una intromisión inaceptable del poder ejecutivo en la independencia del nuevo y soberano poder judicial.

Para cuando Joseph Lesurques fue procesado en 1796, Francia acababa de ser pacificada. Luis XVI y María Antonieta habían sido decapitados en 1793, y con ellos habían desaparecido las amenazas de invasiones extranjeras que pretendían liquidar la Revolución y restaurar la monarquía. La convivencia se había normalizado después del verano de 1794, cuando terminó el periodo de terror jacobino, capitaneado por Robespierre, que condujo a la ejecución pública en la guillotina de miles de ciudadanos sospechosos de abrigar propósitos contrarrevolucionarios.

En el juicio, celebrado el 2 de agosto de 1796 y presidido por el ciudadano Jérôme Gohier, magistrado que más tarde formaría parte del Directorio francés, Charles Guénot y otro de los acusados consiguieron probar convincentemente ante el jurado sus coartadas para el día del asalto al coche correo. No podían ser ellos, puesto que estaban en otro lugar la noche del robo.

No corrió la misma suerte Joseph Lesurques, que fue reconocido sin ningún género de dudas por siete de los diez testigos de la acusación, y también, aunque con alguna duda, por los otros tres. Su defensa propuso quince testigos, todos los cuales afirmaron haber estado con el acusado en algún momento de aquel fatídico 8 de floreal. Desafortunadamente, un joyero llamado Legrand, originario de Douai como el acusado, aseguró haber recibido aquel día la visita de su paisano Joseph Lesurques, lo que recordaba perfectamente —aseguró— porque había permanecido con él mientras realizaba una permuta de joyas con otro joyero llamado Aldenof, de Douai como los anteriores. Aldenof confirmó ese extremo. Sin embargo, para reforzar su testimonio, Legrand propuso que se verificara en su libro de asientos que la operación se había celebrado precisamente en esa fecha. Trajeron el libro, y el presidente, el fiscal y los jurados pudieron comprobar a simple vista que el asiento correspondiente al intercambio de joyas había sido rectificado, escribiéndose un 8 encima del 9 original groseramente borrado. El libro había sido falsificado.

El presidente Gohier hizo arrestar al testigo, y Legrand, aterrorizado, terminó por reconocer que él mismo había alterado la fecha del libro para ayudar a Joseph Lesurques, convencido como estaba de su inocencia. Los demás testimonios de familiares y amigos que dieron seguidamente referencias de la honradez del acusado no fueron suficientes para enmendar la nefasta impresión causada en el jurado por el testimonio devastador de Legrand, y la actitud proclive a la condena que mostró desde ese momento el presidente del tribunal.

Terminados los debates, y mientras el jurado se encontraba deliberando, compareció ante el tribunal Madeleine Bréban, una mujer muy hermosa, amante de otro de los acusados. Nadie la había llamado como testigo, pues se desconocía su relación con los hechos. Para sorpresa de todos, Madeleine afirmó con rotundidad ante los asistentes:

—Van a condenar a un inocente. Joseph Lesurques no tuvo nada que ver con el robo. Los testigos se equivocan. Lo confunden con André Dubosc.

La información proporcionada por Madeleine Bréban llegaba tarde. El jurado ya había tomado su decisión: absolvió a Charles Guénot y a otro de los acusados, y emitió un veredicto de culpabilidad para los demás. Cuando el juez pronunció la sentencia por la que, además de confiscar todos sus bienes, condenaba a muerte a Joseph Lesurques, se levantó en el banquillo Étienne Couriol, asimismo condenado a muerte, y protestando airadamente, proclamó:

—Yo soy culpable, pero Joseph Lesurques es inocente.

Madeleine Bréban no se dio por vencida. Persistió en proclamar la inocencia del desafortunado Joseph Lesurques. Compareció de nuevo ante el juez Daubenton, formalizó su declaración exculpatoria del ya condenado, y directamente incriminatoria contra André Dubosc, en la que necesariamente involucraba también a su amante Étienne Couriol, al tiempo que reconocía ella misma cierto grado de complicidad con el crimen. Presentó otros dos testigos de referencia que aseguraron que Madeleine les había puesto de manifiesto la inocencia de Joseph Lesurques desde antes de iniciarse el juicio. Couriol envió también desde prisión una carta que se hizo pública, en la que reconocía sin ambages su propia responsabilidad y la justicia de su condena, al tiempo que solicitaba clemencia para Joseph Lesurques, cuya inocencia proclamaba. Señalaba a André Dubosc como el verdadero culpable, asegurando que guardaba un extraordinario parecido físico con Joseph Lesurques.

La carta de Étienne Couriol y el testimonio de Madeleine Bréban hicieron dudar al tribunal. Ante la posibilidad de ejecutar a un inocente, los jueces se dirigieron al Directorio, el gobierno revolucionario de aquel momento, instándole a conceder un indulto a Joseph Lesurques, o cuando menos, a acordar la suspensión de la ejecución para practicar una investigación suplementaria. El Directorio se dirigió a su vez al Consejo de los Quinientos, el parlamento revolucionario, con una pregunta enfática: «¿Debe morir Joseph Lesurques solo por parecerse a un criminal?».

La respuesta del Consejo no se hizo esperar:

Todo está consumado legalmente. Un caso particular no justifica la modificación de las normas generales. Anular por semejantes indicios una condena legal pronunciada por un jurado significaría subvertir las ideas mismas de justicia y de igualdad ante la ley.

El Consejo desestimó también la propuesta de acordar un indulto. El derecho de gracia, que siempre se había reconocido a la jefatura del Estado, había sido considerado contrarrevolucionario y arbitrario, y consecuentemente abolido.

En la víspera de su ejecución, Joseph Lesurques escribió dos cartas. Dirigió la primera al individuo señalado por Madeleine, André Dubosc, y pidió que fuera publicada en los periódicos:

Me dirijo a ti, el hombre en cuyo lugar voy a morir: siéntete satisfecho con el sacrificio de mi vida; si alguna vez eres llevado ante la justicia, acuérdate de mis tres hijos cubiertos de infamia, y de la desesperación de su madre, y no prolongues los infortunios que les ha deparado nuestro fatal parecido.

Escribió también a su esposa:

A la ciudadana viuda Lesurques: Mi querida amiga, cuando leas esta carta, yo no existiré. La cuchilla habrá segado mis días, que tan felizmente te consagré. Nadie puede sustraerse a su destino, y el mío consiste en ser asesinado judicialmente. Soportaré mi suerte con toda la constancia y el coraje de que es capaz la naturaleza humana. ¿Puedo pedirte que sigas mi ejemplo? Tu vida les pertenece a tus hijos, y a tu marido, si le quisiste. Es todo cuanto tengo que pedirte. Te envío algunos mechones de mi cabello. Consérvalos, y cuando mis hijos sean mayores, compártelos con ellos. Es toda la herencia que puedo dejarles. Adiós para siempre. Mi último pensamiento será para ti y para nuestros desafortunados hijos.

Joseph Lesurques se despidió también de sus amigos diciéndoles: «La verdad no ha podido abrirse camino, perezco víctima de un error». Se dirigió al cadalso el 30 de octubre de 1796, vestido de blanco como símbolo de su inocencia. Se entregó al verdugo serenamente y murió en la guillotina protestando por su inocencia y perdonando a sus jueces. Étienne Couriol, que le había acompañado en el carro desde la cárcel al lugar de la ejecución en la plaza de la Grève, fue gritando a la multitud durante todo el trayecto, una y otra vez:

—¡Yo soy culpable, Lesurques es inocente!

El ciudadano juez Daubenton, tampoco se dio por satisfecho y resolvió seguir investigando hasta dar con la verdad. En 1798, logró averiguar que el individuo que había viajado como pasajero en el coche correo y apuñalado al cochero era un delincuente habitual conocido como Joseph Durochat, que estaba recluido en la prisión de Sainte-Pélagie. Fue identificado positivamente por el inspector de correos que le había despachado el boleto dos años antes. Durochat fue interrogado y terminó confesando todos los detalles, señalando como partícipe a André Dubosc, quien le había falsificado un salvoconducto a nombre de Laborde, con el cual él se había procurado el billete para Lyon. Reconoció que él mismo había apuñalado por sorpresa al cochero al iniciarse el asalto.

—He oído —añadió— que había un tal Joseph Lesurques, que fue condenado por este asunto. Nunca conocí a ese individuo.

Añadió una descripción detallada de André Dubosc, resaltando que el día del asesinato llevaba una peluca rubia.

Hacia finales del año 1799, André Dubosc fue al fin localizado. Se encontraba en prisión, cumpliendo condena con otro nombre por un delito diferente. Fue debidamente identificado y conducido a Versalles para ser juzgado. El presidente del tribunal ordenó que se le pusiera una peluca rubia sobre la cabeza, y así ataviado, fue examinado por los mismos testigos cuyo testimonio anterior le había costado la vida a Lesurques. Uno de ellos se retractó de su juramento anterior, reconoció a André Dubosc, y concedió que la primera vez, cuando reconoció a Joseph Lesurques, se había equivocado. Otro confirmó su reconocimiento inicial y no quiso rectificar. Los ocho restantes dijeron que no podían asegurar si el asaltante que habían reconocido era Joseph Lesurques o André Dubosc. Este último persistió en su negativa, pero fue condenado. Fue guillotinado el 3 de Ventoso del año XI —el 25 de diciembre de 1800— en la plaza mayor de Versalles.

La viuda de Joseph Lesurques pasó años solicitando infructuosamente la revisión de la sentencia para obtener su anulación. Quería obtener una declaración judicial de inocencia de su esposo, su rehabilitación, y la restitución de los bienes confiscados. Murió sin conseguirlo. Los hijos de Lesurques continuaron la tarea de su madre, pero sus numerosas peticiones fueron sistemáticamente desestimadas por el Directorio, y luego por el Consulado. Tampoco fueron mejor atendidas por el Imperio y por la Restauración. Finalmente, durante el reinado de Luis XVIII se autorizó la restitución parcial de los bienes confiscados a Joseph Lesurques al tiempo de su condena, pero no se reconoció el error judicial ni se rehabilitó su memoria.

El juez Daubenton se retiró al cumplir la edad reglamentaria. Siguió pesando en su conciencia la carga de haber sido instrumento involuntario del error que había llevado a la guillotina a un inocente y, por tal razón, dedicó sus últimos años y su fortuna a procurar la rehabilitación de Joseph Lesurques. Elaboró un memorial, que envió al Ministerio de Justicia. En él se decía: «El error de la condena de Joseph Lesurques no provino de los jueces ni del jurado, sino de una equivocación de los testigos, de la fatalidad de su semejanza con uno de los criminales».

El nuevo Estado surgido de la Revolución fue incapaz de desprenderse de los resortes autoritarios del precedente con la celeridad que hubiera sido de desear. El «Siglo de las Luces» dio paso a un periodo luminoso en las sociedades democráticas, pero el Estado de derecho tardaría todavía algunas décadas en consolidarse, y mientras tanto, siguió presentando no pocas sombras. El sistema acusatorio de un poder judicial independiente duró poco. Apenas el Directorio se hizo con el poder en 1795, se inició la contrarreforma con el código de Termidor, y se culminó en 1808 con el napoleónico. Se restauró la figura del juez de instrucción que investigaba secreta e inquisitorialmente. Como ya no dependían del monarca, los jueces jerarquizados y burocráticos podían instruir las causas penales sin limitaciones y sin audiencia ni participación de los procesados, y apenas estaban sujetos a responsabilidad. Los jueces de instrucción se convirtieron, cada uno en su demarcación, en los hombres más poderosos de Francia. Ese sistema mixto, de instrucción por el sistema inquisitorial y enjuiciamiento por el sistema acusatorio, perduró dos siglos en casi toda la Europa continental. En España sigue vigente, y aunque ha sido matizado por sucesivas reformas legales, sigue dando preocupantes señales de vitalidad, particularmente en la instrucción de los sumarios de relevancia política.

El último de los asaltantes del coche correo de Lyon, Louis Roussy, fue detenido en Madrid a finales de 1803, extraditado a Francia, juzgado, condenado a muerte y ejecutado en junio de 1804, tras reconocer su participación en el crimen. Dejó al sacerdote que le asistió antes de subir a la guillotina una nota que decía: «Encargo a mi confesor, a quien dejo esta carta, que no sea abierta hasta seis meses después de mi muerte. Declaro que Joseph Lesurques era inocente».

El honor del Almirantazgo

Gran Bretaña, 1806

Give us this day our daily press.

La prensa nuestra de cada día, dánosla hoy.

JAMES JOYCE,
remedando el Padrenuestro en Ulises

Un oficial de la Royal Navy, cuyo nombre no ha llegado hasta nosotros, disfrutaba en Londres de su merecido retiro después de muchos años de servicio en los buques de su majestad británica. Vivía confortablemente, pero atormentado por ciertos recuerdos, los de la más terrible experiencia que le había tocado padecer. Había servido a bordo de la fragata de su majestad Hermione, la joya más preciada del Almirantazgo, poderoso navío de guerra armado con treinta y dos cañones y seis obuses, y conocido con el sobrenombre de El Buque Negro por su participación en numerosos combates sostenidos durante años en las costas americanas del Atlántico y en el mar Caribe, hostigando a los buques de la armada española y los puertos hispanos, asaltando también a sus barcos mercantes. Sus capturas eran incontables.

La fragata legendaria patrullaba en 1796 a lo largo del Canal de la Mona, entre las islas de Puerto Rico y La Española, interceptando los buques enemigos cada vez que se le presentaba la ocasión. La tripulación estaba compuesta por doscientos marineros veteranos y disciplinados, sometidos a la autoridad del capitán Hugh Pigott, famoso por ejercer el mando de manera tiránica y arbitraria. El capitán Pigott comandaba el buque con rigor innecesario e imponía constantemente castigos físicos de crueldad inusitada a la tripulación. Un día de septiembre el capitán ordenó arrizar las velas, exigiendo tal celeridad en la maniobra que tres de los marineros acabaron resbalando de las vergas; tras precipitarse desde lo alto del velamen, cayeron sobre la cubierta y murieron en el acto. El capitán Pigott ordenó sin ceremonia ni contemplaciones que los cuerpos de los desafortunados fueran arrojados de inmediato por la borda, y dispuso además que otros seis marineros fueran azotados por su lentitud al ejecutar sus órdenes. Fue la gota que colmó el vaso. Los tripulantes del buque se amotinaron, tomaron prisioneros a los oficiales y ejecutaron a todos menos a uno, al que perdonaron la vida porque el capitán le había hecho arrestar por mostrarse compasivo con ellos. El capitán Hugh Pigott fue apuñalado hasta la muerte con saña en el mismo puente de mando.

Los rebeldes se adueñaron del buque, pusieron rumbo a la costa de Venezuela, y se lo entregaron a las autoridades españolas en la Guaira el 27 de septiembre. El gobernador español dejó en libertad sin cargos a la tripulación amotinada, rebautizó la fragata como Santa Cecilia, y la puso de nuevo en servicio bajo bandera española.

El Almirantazgo consideró que la captura del buque por los amotinados, su entrega al enemigo, y más aún, la liberación por parte del gobernador español de los rebeldes que, según las leyes del mar, deberían haber sido ahorcados sumariamente, constituía una afrenta inaceptable. Los británicos se propusieron devolver el golpe a cualquier precio. Les llevó dos años recuperar la nave. Un comando de marinos ingleses de élite la asaltó por sorpresa una noche cuando se encontraba fondeada en Puerto Cabello, en la actual Venezuela, logrando hacerse con ella y salir a mar abierto antes de que la guarnición española pudiera reaccionar. A partir de entonces, los ingleses rebautizaron la fragata como Retaliation —«represalia»— y más tarde con el nombre de Retribution —«castigo»—. Persiguieron sin desmayo a los amotinados por todos los puertos de la costa atlántica y las islas del Caribe, logrando capturar a veinticuatro, que fueron conducidos a Port Royal, en Jamaica, donde los ahorcaron. Empero, muchos lograron escapar, y antes o después fueron regresando a Inglaterra con nuevas identidades, confiando en que la indignación de los almirantes se hubiera apaciguado con el transcurso del tiempo.

Un día de septiembre de 1806, diez años después del motín, el oficial superviviente de la Hermione disfrutaba de su paseo acostumbrado por Hyde Park cuando se cruzó con un fantasma del pasado. Reconoció inmediatamente a James Hayes, uno de los marineros más activos de la rebelión. Su rostro le resultaba inconfundible, pues lo identificaba como uno de los amotinados que había observado un comportamiento más agresivo durante la sublevación. Repuesto de la sorpresa, el oficial solicitó la ayuda de la policía, que detuvo al sospechoso y lo entregó al Almirantazgo. El detenido defendió vehementemente su inocencia, dijo llamarse Thomas Wood, y aunque reconoció haber servido como marino a bordo de los buques de la Armada británica, negó con vehemencia haber puesto jamás un pie en la fragata Hermione. Fue en vano. Lo transfirieron inmediatamente a Plymouth y lo sometieron a un consejo de guerra.

El juicio sumarísimo se celebró el 6 de octubre de 1806. El acusado proclamó nuevamente su inocencia con desesperación. Se determinó que Wood tenía aproximadamente veinticinco años en ese momento y, por lo tanto, debía de haber sido apenas un muchacho de quince o dieciséis años cuando se produjo el motín. Esa edad hacía inverosímil que pudiera haber tenido una actuación distinguida entre los sediciosos, circunstancia que el tribunal puso de manifiesto al testigo, quien, no obstante, insistió en identificarle como uno de los principales partícipes del asalto, confirmando al tribunal que el verdadero nombre del acusado era James Hayes, nombre con el que se había enrolado y con el que figuraba como integrante de la tripulación de la Hermione.

El tribunal hizo ver igualmente al oficial, extremando la prudencia, que los rasgos fisonómicos de las personas experimentan de ordinario cambios importantes entre los dieciséis y los veinticinco años. El oficial, a pesar del tiempo transcurrido sin haber vuelto a ver al marinero, persistió en reconocerle sin ningún género de dudas. Con eso, la negativa del acusado, y sin más pruebas, se declaró el juicio concluso y visto para sentencia.

Antes de que el tribunal hubiera emitido su veredicto, se recibió desde la prisión una comunicación escrita del acusado. En ella, reconocía su participación en el motín a bordo de la Hermione y solicitaba la clemencia del tribunal.

Cuando se produjo el motín —rezaba el documento— yo era apenas un muchacho de catorce años. Empujado por el torbellino del momento, me vi compelido a adherirme a la rebelión cuando me fue perentoriamente requerido. Los crímenes cometidos ante mis ojos me llevaron a protegerme sumándome a los amotinados, pues temía correr la suerte de los caídos si me ponía de su parte o mostraba la menor inclinación a la compasión.

Seguidamente, Wood pedía al tribunal que tuviera piedad, tomando en cuenta su minoría de edad en el momento de los hechos, los que, por cierto —añadía—, habían atormentado su conciencia desde entonces. Desatendiendo la petición de clemencia, el tribunal emitió un veredicto de culpabilidad y lo condenó a muerte. Thomas Wood fue ahorcado el 17 de octubre.

Algunos meses más tarde, el fiscal general del Reino Unido recibió una solicitud de los Lores del Almirantazgo para que ejerciera acciones legales por difamación contra un semanario, el Independent Whig, que había publicado —decía la comunicación— un libelo que los jueces del consejo de guerra habían considerado extremadamente ofensivo y atentatorio contra su honor, en el que se atrevía a asegurar falsamente que James Hayes era inocente, que en realidad se llamaba Thomas Wood, y que había sido condenado a pesar de que el tribunal había dispuesto de una prueba irrefutable de su inocencia. El fiscal general encargó la investigación de los hechos denunciados a Sir Samuel Romilly, procurador de la Corona y uno de los juristas más prestigiosos del Reino Unido.

Sir Samuel Romilly averiguó enseguida lo que había ocurrido. El defensor de oficio de Thomas Wood, un oficial de la Armada, había señalado al joven marinero que, con toda probabilidad, el tribunal de la Armada consideraría suficiente el testimonio del oficial, y contra la palabra de un oficial, nada valía la del marinero, por lo que sin duda lo condenarían a muerte a pesar de su negativa y de la ausencia de otras pruebas. Con su mejor voluntad, el abogado le aconsejó que se reconociese culpable, aceptase que había participado en el motín, manifestase su profundo arrepentimiento, e implorase la clemencia del tribunal en atención a su menor edad y la situación coactiva de extrema necesidad y peligro inminente en que se había visto obligado a sumarse a la sublevación.

La estratagema del defensor, añadida a las dudas expresadas por el propio tribunal al testigo de cargo durante el juicio, podría haber funcionado en otro caso, pero la herida de la pérdida de la Hermione era muy profunda y seguía abierta en el honor de la Marina: el asesinato del capitán y los oficiales, y la entrega del buque al enemigo, constituían precedentes tan peligrosos que el tribunal no podía permitirse la compasión.

Sir Samuel y la propia fiscalía del Almirantazgo averiguaron más. Pudieron comprobar que los hermanos de Thomas Wood, que tenían constancia de su inocencia, puesto que era imposible que hubiera participado en el motín ya que nunca había estado enrolado en la fragata Hermione, habían presentado una solicitud en el Almirantazgo, cuya Oficina Naval les había entregado un certificado que acreditaba que en septiembre de 1796 Thomas Wood estaba enrolado como grumete en el Marlborough, que a la sazón se encontraba fondeado en el puerto de Portsmouth, en Inglaterra, a miles de millas náuticas del Caribe.

La Oficina Naval fue tan diligente que, conociendo la gravedad, relevancia y urgencia de la información, envió por su cuenta otro ejemplar del mismo certificado al consejo de guerra constituido en Plymouth, que lo recibió el 16 de octubre, después de que los jueces hubieran dictado sentencia, pero un día antes de la fecha señalada para la ejecución, que de todas formas se llevó a cabo según venía acordado.

¿Llegaron los jueces a leer el certificado? Nadie les preguntó, ni les fueron exigidas responsabilidades por ahorcar a un inocente. El fiscal general concluyó que la información publicada por el Independent Whig era veraz y resolvió no ejercer acciones contra el semanario. Thomas Wood nunca fue rehabilitado.

Segunda parte

Las apariencias

La prueba indiciaria

Las normas procesales son muy celosas y restrictivas a la hora de reconocer que los tribunales pueden equivocarse. Es lógico, porque el orden legal, y en buena medida el social, se sostienen sobre la seguridad jurídica, la estabilidad y firmeza de las resoluciones judiciales, y la predictibilidad de que ante un determinado supuesto, la respuesta de la ley es siempre y solo una y la misma. Llamamos a esto cosa juzgada formal y material, y cuando un tribunal ha establecido como probado definitivamente un hecho y ha señalado su consecuencia, esa decisión ha de ser sostenida, salvo que se demuestre fehacientemente que aquella primera declaración era falsa o no se correspondía con la realidad. Muchas veces, parece exigirse bastante más rigor para revocar una verdad judicial que el que se empleó para establecerla.

Los criminales, salvo los más narcisistas, procuran por definición eludir su responsabilidad. Tiran la piedra y esconden la mano. Con tal propósito, premeditan el crimen con detalle, se preocupan con mayor o menor pericia de eliminar todos los vestigios que puedan conducir a su identificación, siembran pruebas falsas, o se procuran una coartada. Hay muchos casos en los que los investigadores se encuentran en un callejón sin salida, sin pruebas, o apenas con algunos indicios que resultan insuficientes para sustentar y demostrar la participación criminal del sospechoso.

Definimos la prueba directa como aquella en la que la fuente de información, el propio acusado, los peritos o los testigos, los documentos o los vestigios materiales, confirman de forma fehaciente el delito cometido. El testigo ha visto o ha oído el acto criminal, lo ha percibido con sus sentidos, ha estado presente en el momento de su comisión y lo refiere por su propio conocimiento.

En algunos casos se cuenta con prueba de cargo directa e indiscutible: la confesión del procesado, evidencia científica incontrovertible —como el análisis de ADN—, las huellas dactilares, los informes de autopsia u otros dictámenes periciales, otras pruebas directas como las que provienen de testigos oculares, grabaciones de vídeo o conversaciones telefónicas inequívocas, documentos, etcétera, que determinan más allá de cualquier duda razonable la culpabilidad del acusado. En otros casos, la ausencia de prueba es completa.

Entre un extremo y el otro, toda la prueba o ninguna, se sitúa la prueba indiciaria.

La prueba indiciaria, presuntiva o circunstancial es el conjunto de hechos plenamente acreditados, que conducen a la conclusión que el juez o el jurado deben extraer por sí mismos, deduciéndola a partir de elementos probatorios indirectos que ponen de manifiesto con la misma fehaciencia que la prueba directa el hecho delictivo que debe ser demostrado, así como la responsabilidad del acusado. Nadie ha visto u oído el hecho delictivo, pero los testigos, las grabaciones de imagen o sonido, los peritos o los documentos refieren o ponen de manifiesto hechos periféricos a partir de los cuales el juez o los miembros del jurado pueden inferir, deducir, alcanzar en definitiva la convicción de que el hecho imputado como delito ha tenido indudablemente lugar, y pueden determinar, asimismo más allá de una duda razonable, el tiempo, lugar, la forma y, sobre todo, la persona que debe ser considerada responsable de aquel hecho.

La prueba indiciaria es a priori más peligrosa que la prueba directa, porque es más susceptible de conducir al error. Basada en las circunstancias del caso, pasada por el tamiz de la apreciación de la prueba en conciencia, y a veces de los prejuicios y la experiencia personal que puede haber influido en las apreciaciones de los jueces o los miembros del jurado, los indicios pueden sugerir conclusiones que resulten finalmente equivocadas con mayor probabilidad que en los casos en los que se dispone de prueba directa.

Para aceptar que la presunción de inocencia quede desvirtuada mediante pruebas circunstanciales, es necesario que se cumplan varias condiciones. En primer lugar, es preciso que existan varios indicios; uno solo, salvo casos excepcionales de claridad meridiana, no es suficiente. En segundo lugar, es necesario que cada uno de los indicios esté en sí mismo plenamente probado; no bastan las conjeturas. En tercer lugar, se exige que los diversos indicios sean coherentes entre sí, conducentes todos a una sola y la misma conclusión. En cuarto lugar, los indicios han de ser independientes entre sí: no puede considerarse probada una sospecha a partir de otra sospecha, como un juego de muñecas rusas. En quinto lugar, es preciso que la conclusión así obtenida no resulte contradicha por otros elementos probatorios, llamados contraprueba, que destruyen aquella. Finalmente, la conclusión, deducción o inferencia a la que nos conduce el examen agregado de todos los indicios ha de ser inequívoca y razonable: las conclusiones alternativas, ilógicas o arbitrarias no son aceptables.

Los tribunales enjuician y condenan todos los días a acusados contra los que solo ha podido articularse una prueba indiciaria. Para ello, analizan, valoran y motivan. El procedimiento es perfectamente aceptable, ni más ni menos falible que el de la prueba directa, incluso la científica, que también puede resultar equivocada. Deja, sin embargo, un amplio margen a la discrecionalidad del tribunal, a la valoración del jurado. Cuanto más nos alejamos de los elementos objetivos del silogismo judicial y comenzamos a incorporar elementos valorativos, más debemos extremar las precauciones, porque nos adentramos en arenas movedizas. En ese territorio impreciso y ambiguo, el juzgador puede reemplazar —inadvertidamente, las más de las veces— la experiencia y las apreciaciones del testigo o las del perito por las suyas propias.

Los indicios provienen del país donde florecen los prejuicios.

Encontramos un buen ejemplo literario de la forma en que opera la prueba indiciaria mal administrada y conducente a la inculpación de un inocente en el capítulo cuarto del segundo tomo de Crimen y castigo, la obra maestra de Dostoievski. Han asesinado brutalmente a la anciana usurera Alena Ivánovna y a su hermana Lisbeth en el cuarto piso de una casa de vecinos, y la policía empieza por imputar erróneamente a los dos hombres que, junto al portero del inmueble, han descubierto los cadáveres. Se presenta después en la comisaría un tabernero, que entrega un estuche con los pendientes sustraídos a las víctimas, señalando que se los ha depositado en prenda, a cambio de un rublo con el que emborracharse, un pintor que estaba trabajando en otra vivienda del segundo piso en el mismo edificio que las víctimas. Dos días después, el pintor, Nicolás Demetiev, regresa a la taberna y el tabernero aprovecha para preguntarle por los pendientes empeñados. Demetiev le asegura haber encontrado el estuche con los pendientes tirado en la calle. Al revelarle el tabernero que ese día se había cometido un doble crimen en el edificio donde trabajaba el pintor, Demetiev se sorprende, palidece y sale huyendo. Deambula de taberna en taberna, intenta suicidarse, y finalmente es arrestado. Cuando le interroga la policía, manifiesta que, al conocer que se había cometido un doble asesinato, huyó por miedo a resultar inculpado; que intentó suicidarse por la misma razón; y que la verdad era que los pendientes los había encontrado tirados en el suelo detrás de la puerta del segundo piso, el que él estaba pintando.

La recuperación de los pendientes entregados por el pintor al tabernero, la presencia de Demetiev en el edificio escenario del crimen, y su posterior huida al tener noticia del doble asesinato, son indicios razonables y vehementes para que los investigadores lo consideren sospechoso. Sin embargo, los investigadores desechan un contraindicio igualmente poderoso: momentos después del crimen, Demetiev ha abandonado el edificio persiguiendo por las escaleras al otro pintor que le ayudaba en el segundo piso, riñendo y peleando ambos entre risas y bromas en la calle, llamando la atención de ocho testigos que les recriminan por el escándalo.

Ningún asesino que acaba de matar alevosamente a hachazos a dos mujeres para robarles —razona Dostoievski— abandonaría la escena del crimen con tal desenfado y atrayendo la atención de los presentes. En efecto, aunque poderosos indicios incriminatorios lo señalan, Demetiev es inocente, y el contraindicio, igual de elocuente, desactiva la carga probatoria de aquellos. La realidad es otra: mientras escapaba bajando desde el cuarto piso donde había cometido el crimen, y al oír subir por la escalera a varias personas, el verdadero asesino se ha refugiado detrás de la puerta en el segundo piso vacío que estaban pintando Demetiev y su compañero, que estos inadvertidamente se habían dejado abierta en su precipitada y festiva discusión. Mientras espera escondido, el asesino ha perdido el estuche con los pendientes robados, que se le ha caído del bolsillo sin que él se dé cuenta. Demetiev lo encontrará al volver para reanudar su tarea. No se desvelará aquí quién era el asesino; quien quiera saberlo, deberá leer a Dostoievski.

Cuando nos enfrentamos a un caso de prueba indiciaria, toda precaución es poca: erróneamente interpretada, se ha cobrado la vida de no pocos inocentes.

El cazafortunas

Gran Bretaña, 1781

Barry tenía sobrada inteligencia para ganar una fortuna, pero no la suficiente para conservarla. Las cualidades y energías que llevan a un hombre a triunfar en lo primero son a menudo la causa de su perdición en lo segundo... Cinco años en el ejército y una considerable experiencia del mundo habían disipado todas las nociones románticas sobre el amor con las que Barry había comenzado su vida, así que concibió la idea, como tantos caballeros antes que él, de casarse con una mujer de fortuna y condición.

Guion de la película Barry Lyndon (Stanley Kubrick), basada en la novela Memorias y aventuras de Barry Lyndon, de William M. Thackeray

Nacido en 1740, John Donellan era irlandés, hijo del coronel Nehemiah Donellan, y pertenecía a lo que hoy llamaríamos una buena familia, que sin embargo carecía de título y patrimonio reseñables, de suerte que, al alcanzar la mayoría de edad, el joven se alistó en el ejército como voluntario en el 39.º Regimiento de Infantería, y fue destinado a la India. Destacó por su extraordinario valor en combate, decisivo en la toma de Mazulapatam, en Andhra Pradesh, resultó herido y fue condecorado. Regresó al cabo de los años con el grado de capitán y el propósito de darle algo de lustre al apellido y venir a mejor fortuna emparentando con la aristocracia. Apodado «Diamond» Donellan, el galán cultivó en Londres la amistad de sus compañeros de armas más favorecidos en la Inglaterra georgiana, y se fue introduciendo como pudo en todos los eventos de la alta sociedad a su alcance, mientras esperaba la ocasión de enamorar a una dama de abolengo y con dinero para casarse con ella.

La oportunidad se presentó en Bath, corriendo el año 1777. Con ocasión de un viaje de placer a la ciudad balnearia del sur de Inglaterra, lugar de encuentro habitual de las personas de alcurnia, Lady Anna Maria Boughton, que había viajado acompañada de su hija Theodosia Boughton —ambas pertenecientes a una familia de rango y patrimonio mucho más elevados que los del capitán—, se encontró al llegar con que su reserva en el mejor hotel de la ciudad había sido cancelada. Quiso el destino que en el mismo momento de la llegada de las damas al hotel, coincidieran ante el mostrador de la recepción con el apuesto capitán Donellan, alojado en el mismo establecimiento. Ante el contratiempo de Lady Anna Maria y su hija Theodosia, el oficial no dudó un instante en renunciar a su habitación para cedérsela a las dos mujeres, que aceptaron encantadas. La joven Theodosia era hermana y única heredera del barón Sir Theodosius Edward Alleslay, Lord Boughton.

El gesto caballeroso del capitán fue correspondido con una invitación para el desayuno del día siguiente, oportunidad que el capitán Donellan no desaprovechó, y que dio inicio a una relación con la joven Theodosia, a la que siguió noviazgo formal y, al cabo, matrimonio. Cuando se casaron, Theodosia tenía veinte años; John Donellan, treinta y siete. El capitán se trasladó a vivir a la mansión familiar de Lawford Hall, Warwickshire, con su esposa Theodosia, el hermano de esta, Lord Boughton, y la madre de ambos Lady Anna Maria.

En 1780 el joven Lord Boughton era soltero, tenía veinte años, era todavía menor de edad, y su fortuna estaba por esa razón administrada por un tutor, Sir William Wheeler, quien había sido designado para el cargo por el barón difunto al tiempo de instituir a su hijo Theodosius como su único heredero en testamento otorgado diez años atrás. Al cumplir veintiún años, el joven barón pasaría a disfrutar de una renta de dos mil libras anuales.

Lord Theodosius Boughton era de constitución endeble y salud delicada: su estancia en Eton y sus correrías por tabernas y burdeles le habían dejado como recuerdo una sífilis persistente. Padecía además ataques epilépticos. La herencia genética tampoco le ayudaba: su padre y su abuelo habían muerto de apoplejía fulminante a edades tempranas. En caso de que muriera sin descendencia antes de su mayoría de edad, todo el patrimonio del barón pasaría a su hermana Theodosia. Esta, a su vez, podría legar ese patrimonio a sus descendientes —Donellan y ella habían traído tres hijos al mundo en tres años— pero no a su esposo: tenían suscrito un acuerdo prematrimonial, en cuya virtud John Donellan no podría heredar en ningún caso el patrimonio de los Boughton. Si su esposa heredaba y fallecía seguidamente, todo el patrimonio pasaría a sus hijos o regresaría a la madre. El título de barón sería para los descendientes o pasaría a otras ramas de la familia.

El 29 de agosto de 1780, Lord Boughton se sintió indispuesto. El servicio avisó al señor Powell, farmacéutico de Rugby, el pueblo más cercano, quien reconoció al paciente, lo encontró con buen ánimo y sin problemas serios de salud, y le recetó una bebida purgativa a base de nuez moscada, ruibarbo, jalapa y agua de lavanda. Cuando se sintió repuesto, Lord Boughton salió a pescar, aunque sin alejarse de Lawford Hall por si acaso. Al anochecer, cenó y se fue a la cama sin más contratiempos, encargando a su madre que lo despertara para darle la medicina a las siete de la mañana del día siguiente. Había guardado la botella con la fórmula prescrita por el boticario y ya preparada en un armario bajo llave, pero por sugerencia de su cuñado John Donellan la dejó sobre un estante de la antesala donde, según pudo establecer después la acusación, cualquiera podía tener acceso a ella.

A las seis de la mañana del día 30 un criado entró en el dormitorio y encontró a Sir Theodosius ya levantado, ocupándose de sus artes de pesca, deporte al que era tan aficionado. No aparentaba ningún malestar. A las siete entró en el dormitorio su madre, Lady Anna Maria, con la medicina que había encontrado en el mismo estante donde la habían dejado la víspera. Lord Boughton la olió, la probó, y se quejó de que olía mal. Su madre la olió también, y notó un olor parecido al de las almendras amargas, pero convenció a su hijo de que se tomara la dosis prescrita.

—En apenas un par de minutos —declararía después la baronesa en el juicio—, mi hijo se debatió repentinamente con violentas arcadas en la garganta y espasmos en el estómago, y pareció convulsionar.

Cuando se sosegó un poco, la madre lo dejó descansar, regresando a los cinco minutos y encontrándolo mucho peor, con la mirada extraviada, los dientes apretados y espuma saliéndole por la boca. Volvieron a llamar al farmacéutico inmediatamente.

Avisado John Donellan, se dirigió al dormitorio de su cuñado, donde Lady Anna Maria le dijo que temía haberle dado a beber a su hijo «algo malo», en lugar de la medicina. El capitán Donellan pidió entonces el vaso del que había bebido el barón, lo cogió, le echó un poco de agua, lo agitó, lo olió, mojó un dedo llevándoselo luego a la boca, y vació seguidamente el contenido en una palangana. Lady Anna Maria protestó, señalándole que no debería haber enjuagado el vaso. John Donellan le contestó que lo había hecho para oler y probar los restos en él contenidos. Cuando entró la sirvienta, el capitán le ordenó que retirara la palangana, el vaso y la botella. Lord Boughton estaba ya agonizando, y mientras la madre le atendía, los utensilios desaparecieron. El barón falleció pocos minutos después.

Después del suceso, John Donellan escribió al tutor Sir William Wheeler, notificándole la muerte repentina de Lord Boughton, pero sin mencionar las circunstancias peculiares en las que esta había sobrevenido. Tres o cuatro días más tarde, Sir William Wheeler le respondió sugiriendo la conveniencia de que, ante la posibilidad de un error médico, se ordenase una autopsia. Para entonces, el acontecimiento había adquirido gran notoriedad, y habían empezado a circular rumores de un posible envenenamiento. «El público nunca estará satisfecho de otra manera, y todos apareceremos como culpables», escribió Sir William Wheeler. «Ya es un poco tarde, pero si hay algo corrosivo en el estómago, aparecerá. Le aseguro que en todo el país se rumorea ya que Sir Theodosius ha sido asesinado, sea por la fórmula medicinal, sea por veneno.» El capitán Donellan le respondió que Lady Anna Maria y él estaban de acuerdo con la sugerencia.

Sir William Wheeler volvió a escribir facilitando los nombres de los dos médicos que, en su opinión, debían realizar la autopsia. Cuando estos llegaron, John Donellan les mostró la segunda carta de Wheeler que expresaba el deseo de una autopsia, pero no la primera, que mencionaba los motivos y los rumores de error médico o envenenamiento. Cuando los facultativos se pusieron a la tarea, la descomposición del cadáver estaba ya muy avanzada; la tarea no era agradable, y no habiendo sido advertidos de las razones específicas por las que se había requerido la autopsia, no hicieron mayores averiguaciones. Seguidamente, Donellan confirmó por escrito a Sir William Wheeler que la autopsia había tenido lugar y que no había arrojado un resultado concluyente.

Otro cirujano se ofreció más tarde a reconocer de nuevo el cuerpo, pero Donellan se negó. También Sir William, al enterarse de que no se habían analizado los restos en el estómago, reiteró la necesidad de que se hiciera nuevamente la autopsia, y envió otros dos médicos a Lawford Hall el día mismo del funeral. John Donellan se opuso, y ordenó que el cuerpo fuera enterrado sin ulteriores reconocimientos. Sin embargo, como las sospechas fueran en aumento, la familia se vio compelida a autorizar finalmente que el cuerpo fuera exhumado y de nuevo reconocido tres días después del entierro. No se encontraron rastros de veneno. A pesar del resultado negativo de ambas autopsias, los médicos ya se habían formado una opinión sobre la causa de la muerte: el envenenamiento. El capitán Donellan no tardó en ser procesado, encarcelado y enviado a juicio.

En el Reino Unido, después de siglos de confrontación entre los monarcas extranjeros y la nobleza autóctona, el soberano británico, a diferencia de las monarquías continentales, no podía imponer castigos a sus súbditos a menos que el acusado fuese previamente declarado culpable por un tribunal de jurado independiente e imparcial. La tarea de los acusadores se había complicado por la vigencia del principio de presunción de inocencia, que se había incorporado de manera precoz al derecho inglés por una ley de 1641. El procedimiento era acusatorio, no existían figuras semejantes a la del juez de instrucción y el fiscal de los países del continente europeo,¹y para conseguir un pronunciamiento condenatorio, era preciso que el acusador privado convenciera al jurado, en un juicio oral y público, probando fehacientemente la culpabilidad del acusado. Y para ello, en ese procedimiento acusatorio, el juicio tenía que celebrarse bajo el principio de igualdad de armas: la defensa tenía las mismas facultades que la acusación para dirigirse al jurado, proponer prueba e interrogar a los testigos o expertos, así como para aportar y examinar documentos y demás piezas de convicción. La defensa, además, no tenía obligación de colaborar con el tribunal, y menos con los acusadores. Lo había proclamado Thomas Hobbes en su obra El ciudadano mediante la expresión nemo tenetur se detegere, o se ipsum accusare: nadie puede ser obligado a acusarse a sí mismo. Si prefería guardar silencio, el acusado no tenía por qué declarar, y por ende, la tortura estaba prohibida.

El juicio contra John Donellan despertó una enorme expectación. La opinión pública estaba mayoritariamente en contra del capitán, y los miembros del jurado abrigaron probablemente prejuicios contra él desde el principio. La acusación, integrada por los abogados designados por Lady Anna Maria, lo presentó como un aventurero, un cazador de fortunas que se había colado en una buena familia mediante procedimientos heterodoxos para trepar en sociedad seduciendo a una joven inexperta a quien doblaba la edad, y se le suponía capaz de cualquier cosa con tal de seguir escalando social y financieramente. A forjar esa imagen negativa había contribuido de forma decisiva, sin duda, la actitud beligerante en contra del acusado del magistrado al que correspondió dirigir los debates en Warwick, Sir Francis Buller.

El juez Buller era muy conocido por sus sentencias irreflexivas y prejuiciosas, frecuente fuente de polémicas. Coincidentemente con Donellan, él también se había casado con una dama de alcurnia cuya fortuna era mucho mayor que la del magistrado. Quizás por eso se empeñó tanto en demostrar con ahínco en el juicio que el acusado no se le parecía en absoluto.

En Gran Bretaña, aunque el veredicto corresponde al jurado, el magistrado que preside el juicio dirige los debates, decide las pruebas que son admisibles y las que no lo son, determina las preguntas que considera pertinentes, y prohíbe a los testigos responder a las que considera inconducentes, sugestivas o capciosas. Dirige además a los jurados sendos discursos al principio y al final de los debates, y los interpela e instruye a lo largo del juicio, interrumpiendo a los intervinientes cada vez que lo considera oportuno. El discurso final, antes de que el juicio se declare concluso y el jurado se reúna a puerta cerrada para la deliberación del fallo, es particularmente importante, porque, en él, el magistrado formula al jurado las preguntas a las que este debe responder, sintetiza el resultado de los debates y las pruebas y, en mayor o menor medida, puede favorecer la decisión que desea que adopte el jurado.

A pesar de los prejuicios, John Donellan no era un malhechor. Pertenecía a la carrera militar, era hijo de un coronel del ejército, había sido herido en combate y condecorado. Procurar integrarse en la alta sociedad de Londres y acudir para ello a los principales lugares de recreo en busca de una joven casadera de alcurnia y fortuna era un procedimiento bastante común y, aunque no resultase muy edificante, tampoco era un crimen. Los medios de comunicación y los círculos de opinión de la época resaltaron ese perfil del acusado. Las crónicas de sucesos de entonces —no menos que los tabloides actuales— eran seguidas con pasión por los ingleses. La opinión dominante era que el capitán Donellan había envenenado a su cuñado para heredar su fortuna, pero por más que la muerte temprana de Lord Boughton le favoreciera indirectamente a través de su esposa, no era cierto, como se dijo, que la muerte de su cuñado lo hubiera convertido en un hombre rico.

Lo que más perjudicó a John Donellan ante el jurado fueron las circunstancias personales del acusado que se dieron a conocer en el juicio, y especialmente su conducta en los momentos inmediatamente anteriores y posteriores al momento de la muerte de su cuñado. El capitán era lo que hoy consideraríamos una celebrity, y como tal fue juzgado.

Se publicó, por ejemplo, que mientras esperaba el juicio, había hecho una confidencia a otro recluso de la prisión, John Darbyshire, reconociendo que a su cuñado lo habían envenenado entre su esposa Theodosia, el médico, un sirviente y él mismo para quedarse con la fortuna familiar. Se aseguró igualmente que, en una ocasión, hablando de Lord Boughton con un amigo, John Donellan había descrito el precario estado de salud del joven barón de manera tal que el amigo le respondió que seguramente no viviría más de un par de años. «Ni uno», le corrigió con rapidez el capitán. También se aseguró que, en cierto momento del juicio, viendo que las expectativas para su cliente no eran buenas, el defensor de John Donellan le había recomendado contratar a otro abogado de mayor experiencia y prestigio. El capitán estuvo de acuerdo y mandó recado a su esposa para que dispusiera los fondos necesarios a fin de satisfacer los honorarios del nuevo letrado. Ella —se dijo— rehusó entregar el dinero, y entonces Donellan habría respondido, encolerizado: «¿Y quién cree que le ha conseguido la fortuna que disfruta?».

Más peligrosas que esas habladurías, pero igualmente determinantes de la predisposición contraria del jurado, fueron las informaciones no contrastadas que se difundieron de que John Donellan tenía la costumbre de guardar grandes cantidades de arsénico en su habitación. Se reveló también que el capitán tenía un alambique en un área reservada de Lawford Hall que utilizaba para destilar rosas, y se señaló que dos o tres días después de la muerte de Lord Boughton, el capitán había llevado el alambique a la cocina y le había pedido al cocinero que lo secara en el horno. Todo el mundo asumió que lo había hecho porque había utilizado el alambique para fabricar el agua de laurel con la que se sospechaba había envenenado a su cuñado, y que cociendo el artilugio, deseaba eliminar el olor que lo hubiera delatado. El agua de laurel es un veneno poderoso, y su ingesta causa la muerte súbita si se toma la cantidad suficiente, amén de convulsiones en todo el cuerpo y secreción de espuma por la boca; precisamente, los síntomas que acompañaron a la muerte de Lord Boughton.

No menos importantes para el ánimo del jurado fueron las inferencias que la acusación procuró obtener de la recomendación que el acusado había hecho a su cuñado de que dejara las medicinas sobre el estante en vez de guardarlas bajo llave; de las reticencias mostradas por el acusado a la práctica de las autopsias del difunto; de su ocultación a los médicos de las sospechas de envenenamiento; y, finalmente, de su decisión de enjuagar y ordenar retirar y lavar los utensilios que habían contenido la bebida pretendidamente medicinal suministrada al paciente.

Se reveló también durante el juicio que el capitán Donellan no había sido licenciado del ejército como un héroe, sino de manera deshonrosa, por la sentencia de un consejo de guerra ante el que se había demostrado que, una vez en retiro y al servicio de la Compañía de las Indias Orientales, había aceptado sobornos de comerciantes locales en la India. Ese dato no le ayudó. Para la mayor parte del público, solo con eso, Donellan era culpable.

Tampoco faltaban las murmuraciones que favorecían al acusado y señalaban como sospechosas a otras personas del entorno de la víctima. Se decía que el difunto Lord Boughton había sido un juerguista, pendenciero y mujeriego, que padecía una sífilis muy avanzada —que en aquella época se trataba con ingentes dosis de mercurio— y que por ello, de haber muerto envenenado, bien podía haber sido como consecuencia de la ingesta de las soluciones a base de ese producto altamente tóxico que le preparaba el farmacéutico de Rugby para combatir la enfermedad venérea.

Se señaló también que la acusación contra Donellan habría sido inspirada de manera torticera por Lady Anna Maria, quien habría presionado al capitán para que su hija Theodosia, esposa de Donellan, renunciara a la herencia y el título mientras ella viviera, permitiéndole así mantener de forma vitalicia su título de baronesa y el patrimonio del hijo fallecido, habiéndole acusado por despecho al haber rechazado el capitán sus exigencias. Se apuntó igualmente a otro familiar cercano, primo hermano de Lord Boughton, que también aspiraba al título y la fortuna del barón. Se acusó, en fin, a una criada supuestamente seducida, deshonrada y luego abandonada por el joven barón, de haberle envenenado para vengarse.

Rumores aparte, el interrogante principal que resolver, presupuesto de todos los demás, estribaba en determinar si Lord Boughton había muerto efectivamente envenenado. De ser así, podría acto seguido pasar a valorarse si las circunstancias descritas, ninguna de ellas determinante por sí misma, podían conducir de forma razonable, apreciadas en su conjunto, a la conclusión de que John Donellan era el envenenador. En caso contrario, de no considerarse probado el crimen, mal podía cuestionarse quién era el criminal.

Los facultativos que habían examinado el cadáver de Lord Boughton declararon en el juicio que la causa inmediata de la muerte del joven barón había sido la ingestión de la bebida que le había administrado su madre. No estaba probado qué contenía esa bebida, pero uno de los médicos aseguró que la naturaleza del veneno estaba suficientemente clara por «la descripción del olor» realizada por Lady Anna Maria. Esa suposición era toda la prueba disponible. Repreguntado el doctor Parsons, otro de los galenos que hicieron la autopsia, si la opinión que habían expuesto estaba basada en la descripción del olor realizada por la madre del fallecido, contestó: «Sí, no podemos basar nuestra opinión más que en eso y en los efectos posteriores».

Declaró entonces el doctor John Hunter, reconocido académico y cirujano. Contradiciendo diametralmente a sus colegas, el doctor Hunter comenzó por negar que el aspecto del cuerpo, descrito detalladamente por los otros médicos, diera la impresión de ingesta de veneno. Hunter declaró que no había apreciado el más mínimo indicio de envenenamiento, y aunque admitió que la muerte, que se produjo tan rápidamente después de la ingestión de la bebida, era un hecho singular y llamativo, no podía encontrar ninguna «conexión necesaria» entre las dos circunstancias. Los síntomas, y el estado de los órganos internos, tal y como habían sido descritos, eran perfectamente compatibles con la muerte por epilepsia o apoplejía.

—No toda persona que fallece en esas circunstancias acompañadas de tal sintomatología ha sido necesariamente envenenada —concluyó el célebre experto—. La apoplejía, de cuya enfermedad se sabe que murieron el padre y el abuelo de Lord Boughton, produce igualmente la muerte, y viene acompañada por los mismos síntomas y apariencia que los de este caso —resaltó el doctor Hunter.

En cuanto al olor referido por Lady Anna Maria, se preparó para ella en el juicio una mezcla con los ingredientes que contenía la bebida recetada por el farmacéutico de Rugby, pero con agua de laurel añadida, y ella declaró que olía a almendras amargas, «exactamente igual» que la bebida que había suministrado a su hijo. Sin embargo, no se presentó ninguna prueba de que Lord Boughton hubiese ingerido agua de laurel.

La defensa de John Donellan no le ayudó mucho. Fue presentada por escrito, según la costumbre de aquellos días. Se limitaba a sostener que el capitán siempre había estado dispuesto a que se examinase el cuerpo de su cuñado. Añadió que su cliente no ganaba nada con la muerte de Lord Boughton, y que varias veces le había sacado de situaciones comprometidas en las que el finado se había enredado. El dictamen afirmaba que el capitán había instado a los médicos a realizar la autopsia presentándoles la carta de Sir William Wheeler, pero no explicó por qué les entregó solo la segunda carta, que no mencionaba las razones de la petición, y omitió entregarles la primera, que sí las mencionaba. El abogado no intentaba siquiera explicar por qué el acusado había hecho desaparecer la botella, el vaso y la palangana.

Posiblemente, el magistrado que dirigía los debates, Sir Francis Buller, inclinó la balanza. En su resumen final, consciente de que la acusación se sostenía más en conjeturas ayunas de prueba que en verdaderas pruebas circunstanciales, les dijo a los jurados: «Las circunstancias no pueden mentir». Les sometió dos preguntas simples: «¿Murió la víctima envenenada? Y si es así, ¿la envenenó el acusado?». El jurado respondió afirmativamente a las dos preguntas y emitió un veredicto de culpabilidad. El fallo significaba necesariamente la pena de muerte para Donellan.

Un comentarista del caso, el magistrado Sir James Stephen, expresó su conformidad con la culpabilidad de John Donellan y con la sentencia, y manifestó lo que con seguridad constituía el sentir general:

—Tenía el motivo, tenía los medios, tenía la oportunidad; su conducta, de principio a fin, fue la de un hombre culpable. ¿Por qué no debería haber sido declarado culpable?

Para condenarle no bastaba, sin embargo, con sostener que John Donellan pudo hacerlo: era preciso afirmar y probar que, efectivamente, lo hizo. La cuestión solo podía ser dilucidada por la opinión de los médicos. Cuatro facultativos inspeccionaron el cuerpo mediante las autopsias realizadas varios días después de la muerte. Todos ellos dieron su opinión al jurado, y describieron los indicios en los que se basaba su opinión. Los cuatro aseguraron que, a su leal saber y entender, la víctima había muerto por la ingesta del contenido de la botella supuestamente medicinal, y concluyeron por ello que la bebida estaba envenenada.

Esos mismos indicios le fueron también puestos de manifiesto en el juicio al doctor John Hunter, el facultativo más eminente de la época. Él declaró que había examinado todas las circunstancias descritas, considerándolas separadamente una por una y también en conjunto, y que no había podido descubrir en la muerte de Lord Boughton síntoma alguno más allá de los que corresponden a una muerte repentina. No había signo inequívoco alguno de que el difunto hubiera muerto envenenado.

—Entonces, a su juicio, de las apariencias que se han descrito, ¿no se puede obtener —le preguntaron— ninguna inferencia de que Sir Theodosius Boughton muriera envenenado?

—Ciertamente, no —repuso el cirujano—. No se desprende la menor sospecha. Si supiera que lo ingerido por la víctima era veneno, diría muy probablemente que los síntomas que acompañaron a la muerte surgieron de esa ingesta; pero como no sé si lo que bebió era veneno, y cuando considero que la muerte podría haber sido ocasionada igualmente por otras causas diferentes, entonces no puedo responder de forma positiva.

Es obvio que el doctor John Hunter se apoyaba en la lógica y las reglas de la experiencia: deben acreditarse plenamente las premisas, y solo de estas se puede obtener una conclusión válida: si me consta que fue envenenado, entonces puedo inferir que el veneno causó las convulsiones y la secreción de espuma; si no me consta el envenenamiento, debo reconocer que las convulsiones y la espuma pueden proceder de cualquier causa, esa u otra. El juez Buller razonó al revés: como Lord Boughton tuvo convulsiones y echó espuma por la boca, dedujo por ello que había sido envenenado.

La inferencia invertida no es aceptable, porque llegados a este punto, el derecho, la medicina y la lógica se encuentran, y siguen un mismo y único camino: las conclusiones de la prueba circunstancial deben ser unívocas, pero las de Sir Francis no lo eran. Su argumentación sería convincente si las convulsiones solo pudieran ser causadas por el veneno. En tal caso, en presencia de convulsiones, cabría inferir por lógica que las había causado necesariamente el veneno. Por desgracia, para tal hilo de razonamiento, la experiencia nos enseña que las convulsiones las puede causar ciertamente el veneno, pero también la epilepsia, la apoplejía u otras afecciones, de tal manera que, en presencia de aquellas, y sin otras informaciones, no puede concluirse que las hubiera causado el veneno.

El doctor Hunter era el cirujano y anatomopatólogo que representaba en aquel momento el estado del arte de su profesión, tanto en Inglaterra como en el resto de Europa. A pesar de ser consciente de la fama y los méritos del facultativo, Sir Francis Buller presentó la discrepancia al jurado como una cuestión meramente numérica: «Ustedes verán, son cuatro médicos contra uno», se limitó a aclararles. ¿Hubiera emitido un jurado compuesto por miembros de la profesión médica, colegas del respetado John Hunter, el mismo veredicto que el jurado del caso? Probablemente no.

El razonamiento para determinar la culpabilidad de John Donellan se construyó hacia atrás, como un verdadero sofisma, partiendo de la conclusión para llegar a la premisa, como hacen los malos estudiantes de matemáticas que copian en el examen la solución del problema y construyen después la operación aritmética para que cuadre con aquella. Los prejuicios de los miembros del jurado y del magistrado que presidía el juicio influyeron indudablemente en ese proceder. Unos y otro decidieron de antemano, a partir de las habladurías, los rumores y las suposiciones, que el capitán Donellan había envenenado a Lord Boughton. Asumieron sin respaldo probatorio alguno que el capitán había preparado el crimen destilando agua de laurel en el alambique, y que después —aunque tampoco hubiera elementos para sostenerlo— había echado el agua de laurel en la botella con la medicina de su cuñado durante la noche, y con ese propósito le había persuadido la víspera para que la dejara en un lugar accesible en vez de cerrarla con llave.

La existencia y utilización del agua de laurel tampoco estaba acreditada, pero los jurados no se arredraron por ello, y dieron por hecho que el sedimento que quedaba en el vaso del que el desafortunado barón había bebido y que John Donellan hizo eliminar contenía ese veneno, puesto que olía a almendras amargas, como había declarado Lady Anna Maria. La acusación hizo que la baronesa madre oliera en el juicio un líquido preparado con agua de laurel, y la baronesa declaró que olía como el que administró a su hijo y le ocasionó la muerte. El olor del agua de laurel, sin embargo, no era conocido hasta ese momento por la baronesa. Por ese motivo, el jurado no tuvo más remedio que considerar probado, igualmente sin prueba alguna que lo acreditase, que el agua de laurel huele a almendras amargas, y que el líquido administrado a Lord Boughton contenía agua de laurel. Nadie se preguntó a qué huele la nuez moscada, ni la jalapa, ni el ruibarbo, ni la combinación de las tres sustancias, ni la misma combinación si se le añade mercurio para tratar la sífilis. Desde luego, nadie mostró interés por saber si el remedio preparado por el farmacéutico pudiera por ventura haber contenido almendras, puesto que a almendras olía, a decir de Lady Anna Maria. Ninguna duda albergaba el jurado: tenía que ser precisamente agua de laurel.

Establecido así de manera apriorística el envenenamiento como causa de la muerte, prescindiendo de la sífilis, la apoplejía y la epilepsia, y establecida de manera igualmente hipotética la sustancia empleada, haciendo caso omiso del mercurio y demás componentes probados y posibles de la fórmula ingerida, quedaba por determinar quién era el criminal. ¿Quién más podría haber estado interesado en asesinar al pobre Lord Boughton? No se tomó en consideración a su hermana Theodosia, heredera del título y la fortuna, directamente favorecida por la muerte de su hermano. Tampoco a la madre, desde luego, aunque Lady Anna Maria habría perdido el título y la fortuna que disfrutaba como baronesa madre si su hijo alcanzaba la mayoría de edad. De ninguna manera se contempló la participación del aristocrático primo, igualmente ansioso de acceder al título nobiliario. La criada despechada fue descartada también como irrelevante.

Para el jurado no había duda alguna de que el asesino había sido ese capitán irlandés sin escrúpulos, licenciado del ejército con deshonor, que había medrado en los círculos de la alta sociedad hasta cazar ya casi cuarentón a la jovencísima e incauta Theodosia, que podría ser su hija, a la que hizo procrear tres descendientes en tres años para asegurarse de por vida el disfrute del título y la fortuna de su esposa.

John Donellan fue ejecutado el 1 de abril de 1781. Murió proclamando su inocencia. Dejó escrita una detallada defensa en la que explicaba las inconsistencias de la acusación. El documento fue publicado, alcanzó una gran difusión, y entonces, cuando ya era tarde, aparecieron sus partidarios por doquier.

Theodosia percibió una parte de la herencia de su hermano, volvió a casarse y tuvo otra hija. Lady Anna Maria perdió el título de baronesa madre. Edward, el primo hermano, pasó a ser el nuevo Lord Boughton, vendió inmediatamente Lawford Hall y todas las propiedades de la familia en Warwickshire y Leicester, y terminó por morir sin descendencia.

En la sentencia en la que condenaba a muerte al capitán Donellan, el magistrado Sir Francis Buller señaló:

Probablemente la inmensidad de la fortuna [de Lord Boughton] causó la enormidad de la ofensa [del capitán Donellan], y estoy plenamente convencido, por las pruebas presentadas contra él, de que la avaricia fue su motivo, y la hipocresía le sirvió de medio.

En el país que había inventado la presunción de inocencia, el capitán John Diamond Donellan fue condenado a muerte, en definitiva, por arribista.

La viuda negra

Francia, 1840

No era feliz, nunca lo había sido... Su vida era tan fría como un ático con ventana abuhardillada orientada al norte, y el aburrimiento, una araña silenciosa que tejía su tela en la sombra de cada rincón de su corazón... Charles le parecía tan ajeno a su vida, tan ausente siempre, tan imposible y aniquilado como si estuviera a punto de morir... Se sentía perdida, rodando al azar en abismos indefinibles.

GUSTAVE FLAUBERT, Madame Bovary

La viuda negra o Latrodectus mactans es una araña originaria del continente americano, de la familia Theridiidae. Con las patas extendidas, alcanza un tamaño aproximado de unos cinco centímetros; tanto el macho como la hembra son de color negro carbón, brillante, y tienen una mancha roja en forma de reloj de arena en la parte inferior del abdomen, a modo de aviso de peligro. Caníbal y venenosa, esta araña es solitaria, sedentaria y nocturna. No es agresiva. Recibe ese nombre porque para alimentar al embrión, la hembra se come al macho después de aparearse. Se lo come algunas veces, pero no siempre.

Marie Fortunée Cappelle nació en París el 15 de enero de 1816, en el seno de una familia noble venida a menos. Era nieta de la baronesa de Collard, emparentada con el duque de Orléans, hermano del rey. Marie y su hermana Antonine pasaron largas temporadas durante su infancia y adolescencia en el château de su abuelo en Villers-Helon, y las niñas fueron enviadas a los mejores colegios de Francia, donde hicieron amistad con las herederas de las familias más ilustres. El padre de Marie, coronel de artillería, había servido en la guardia de Napoleón, y murió cuando la niña tenía doce años sin dejarle una herencia importante. Su madre, que se volvió a casar, murió siete años más tarde. A los dieciocho años, Marie fue adoptada por una tía materna, esposa del señor Garat, director general del Banco de Francia. Su otra tía estaba casada con el barón Martens, un diplomático prusiano.

Las crónicas de la época describieron a Marie Fortunée Cappelle como una mujer joven, alta y delgada, de piel blanca y tersa como la porcelana. Su palidez extrema contrastaba vivamente con su melena negra y sus ojos oscuros intensamente azules. Tenía una sonrisa triste de singular belleza, y un encanto especial al que contribuía su inteligencia excepcional y su educación exquisita. Sin embargo, con una dote de apenas 90.000 francos, Marie Cappelle no tenía grandes expectativas de contraer un matrimonio de mérito en la sociedad aristocrática de la Restauración. Sus tíos la pasearon por todos los salones, y finalmente, cumplidos los veintitrés años sin encontrarle un esposo de alcurnia, consideraron que era un caso perdido y concertaron para ella un matrimonio de conveniencia.

En circunstancias distintas pero con la misma disponibilidad, e igualmente apremiado por la necesidad, se encontraba Charles Pouch-Lafarge. Hombre rudo y poco agraciado, emprendedor sin éxito en la industria, se encontraba a los veintiocho años al borde de la quiebra, y su negocio necesitaba urgentemente una fuerte inyección de capital. Su padre había comprado de saldo en 1817 la impresionante cartuja de Glandier, en el Limousin, un conjunto de edificios que los monjes habían erigido en el siglo XIII en el corazón de Francia. La cartuja había sido desamortizada después de la Revolución y seguidamente abandonada. Charles Lafarge había transformado el venerable pero semiderruido monasterio heredado de su padre en una fundición de hierro que había experimentado serias pérdidas durante la crisis económica de aquella década. En 1839 estaba abrumado por las deudas, pero confiaba en salir adelante si conseguía financiación, y se proponía desarrollar un nuevo procedimiento que había inventado para la fundición de hierro. Le pareció que un matrimonio de conveniencia con una dama solvente de la alta sociedad podría sanear sus balances, y contactó a través de intermediarios con los tíos de Marie Cappelle.

Estos le presentaron a la joven como una heredera emparentada con la realeza y descendiente de Luis XIII, lo que naturalmente deslumbró al maestro de forja de provincias. Charles Lafarge fue a su vez propuesto como candidato aduciendo que se trataba de un próspero industrial, dueño de una vasta propiedad rural valorada en más de doscientos mil francos, con rentas anuales de treinta mil francos provenientes de la fundición. El tío de Marie se dio por satisfecho, y para prevenir los recelos de la joven, acordaron que presentarían a Charles como un amigo personal, aparentando un encuentro casual en la ópera.

El día convenido, Charles acudió vestido con el mejor atuendo que encontró, y quedó inmediatamente cautivado por la belleza y elegancia de Marie. A ella, por el contrario, le pareció que el pretendiente era feo y vulgar, torpe en las maneras y anticuado en la indumentaria, por completo inapropiado para ella y, desde luego, para los salones de París. El joven pidió inmediatamente su mano, y el tío hizo ver con prudencia pero con firmeza a Marie que no tenía otra alternativa que aceptar la proposición, porque ellos no podrían mantenerla para siempre. Al mismo tiempo, le aseguró que sería muy feliz en la cartuja. Se la describió como una propiedad palaciega en la que iba a disfrutar de una vida tranquila, próspera y feliz. A regañadientes, Marie aceptó casarse con Charles Lafarge. Una semana más tarde, ya casados, la pareja se trasladó para instalarse en la cartuja de Glandier. Marie se había hecho acompañar por su fiel dama de compañía, Clémentine Servat, y se hizo transportar un piano desde París.

No hay palabras para describir la decepción que sintió Marie Lafarge al llegar a aquel rincón perdido de la Francia profunda. El paisaje era muy bello, pero eso a ella no le interesaba. El monasterio, ubicado en un meandro del río Loyre, estaba en mitad de ninguna parte. Beyssac, el pueblo más cercano, era apenas una aldea prácticamente incomunicada, a dos días de camino de Tulle y a más de cuatrocientos cincuenta kilómetros de París. La vivienda formaba parte de las dependencias de la cartuja semiderruida, y estaba muy descuidada y sucia; las paredes agrietadas se veían cubiertas con grandes manchas de humedad, y el lugar estaba infestado de ratas. Los jóvenes esposos deberían convivir con la madre de Charles, y además con una prima, Emma Pontier, y la criada, Anna Brun. Los lujos de château prometidos brillaban por su ausencia. Los edificios estaban ennegrecidos por la combustión del carbón de la fundición. Los Lafarge eran pobres y vivían como pobres. Hablaban entre sí en patois, el dialecto local, y Marie no los entendía. Los parientes de su marido eran agricultores, y la hermana de Charles, Aména, y el esposo de esta, el señor Buffière, la recibieron con frialdad. No les gustaba la dama de París, y el sentimiento era recíproco.

Marie se encontró tan atrapada en su matrimonio como Emma Bovary lo estuvo en el suyo. Escribió cartas mintiendo a sus amigas de París, contándoles lo satisfecha que estaba en su arcadia inventada disfrutando de la vida sencilla y de la tranquilidad del campo, de la paz y la felicidad con un marido que la colmaba de atenciones, que le dispensaban igualmente su suegra y su cuñada. Aparentaba estar encantada con su nueva vida doméstica. En realidad, le había pedido a Charles nada más llegar a Glandier que disolvieran el matrimonio lo antes posible, sin consumarlo y sin escándalo. Le había escrito una carta desesperada:

Charles, estoy a punto de implorar perdón de rodillas. Te he traicionado culpablemente. No te quiero a ti, sino a otro... Se llama Charles, como tú... Le he visto en Orléans, y en Uzerche... Si tú no me salvas, seré adúltera... Prepara dos caballos: cabalgaré hasta Burdeos y luego tomaré un barco a Esmirna... Te dejaré todas mis posesiones. Que Dios las multiplique en tu beneficio, te lo mereces. En cuanto a mí, viviré de mis propios esfuerzos. Que nadie sepa que he existido... Si esto no te satisface, tomaré arsénico. Tengo un poco. Perdóname, y sé el ángel de la guarda de una pobre huérfana... O, si lo prefieres, mátame, lo merezco, y di que me he suicidado. Marie.

Charles aceptó a regañadientes posponer la consumación del matrimonio hasta que pudiera resolver sus dificultades económicas, pero no quiso oír hablar de anular el enlace. Marie le propuso entonces que hicieran testamento legándose recíprocamente todos sus bienes, a lo que él accedió únicamente para revocar al día siguiente en secreto el testamento otorgado y redactar otro dejando todos sus bienes a su madre y su hermana. Ignorante de la revocación, Marie procuró ayudar a su marido a conseguir crédito, y escribió cartas a todos sus familiares y conocidos de París para rogarles que le concedieran los préstamos que precisaba.

Charles se desplazó a París para patentar su invención del nuevo método de fundición de hierro y buscar los apoyos financieros que tan imperiosamente necesitaba, y mientras estaba allí, Marie le envió varias cartas con apasionadas declaraciones de amor y un retrato suyo que hizo pintar a un artista local. El esposo le respondió con cartas igualmente afectuosas. En Navidad, Marie le envió una caja con unos pastelillos que había preparado la madre de Charles. Apenas comió un pedazo, Charles se sintió indispuesto, pero se recuperó lo bastante como para regresar a Glandier a los pocos días. Marie cocinó entonces para él, preparándole sus platos preferidos buscando su restablecimiento, pero Lafarge recayó enseguida con un severo malestar intestinal y síntomas que el médico de la familia, el doctor Bardon, identificó como los del cólera. Diagnosticó que el enfermo padecía una deshidratación severa y le ordenó ingerir muchos líquidos y reposo absoluto.

Al día siguiente, Charles había empeorado, se estremecía entre constantes náuseas y padecía calambres en las piernas. A partir de aquel momento, su madre no dejó de vigilarlo en ningún momento, tan enfermo le encontraba. Marie le trató con varios medicamentos, especialmente con goma arábiga, que otras veces le había ayudado a reponerse, y que ella guardaba en una caja de malaquita en cuya tapa había hecho grabar unos martillos de forja como escudo de armas de su «nobleza industrial». La salud de Charles fue deteriorándose rápidamente. Anna, la criada, comunicó entonces a la madre de Charles sus sospechas de que Marie estaba envenenando a su hijo, a partir de cuyo momento la mujer, muy asustada, aconsejó a Charles que no volviera a probar la comida que le preparaba su esposa. Consultaron con otro médico, el doctor Massénat, que diagnosticó que Charles padecía una grave crisis nerviosa, aunque también identificó los síntomas del cólera, y le prescribió ponche para fortalecerle, y una poción opiácea para que se tranquilizase. La prima, Emma Pontier, con quien Marie había congeniado mucho, le contó las sospechas de Anna Brun —de las que había hecho partícipe a la madre de Charles— de que ella estaba envenenando a su marido.

Llamaron entonces a un tercer médico de Brive-la-Gaillarde, el doctor Lespinasse, y la madre le refirió su convencimiento de que Charles estaba siendo envenenado por Marie. Pocas horas después, el enfermo murió.

La prima Emma aprovechó la confusión del momento para llevarse la caja de malaquita, que más tarde entregaría a la señora Lafarge cuando esta se la reclamó. Luego, la madre, tras forzar la cerradura de la caja fuerte, incautó las cartas privadas de Marie. La familia acudió a la gendarmería de Brive, que pasó aviso al juzgado. Entretanto, Marie había acudido al notario con el testamento de su marido, averiguando entonces que había sido anulado.

El juez de paz se personó en la cartuja de Glandier el 15 de enero de 1840. Marie negó todas las acusaciones de la madre de Charles Lafarge. El juez recogió los restos del caldo, el ponche y la caja de malaquita que le entregó la madre de Charles. Tomó también una muestra de una papilla que el jardinero había elaborado con arsénico y que había dispersado por el monasterio para combatir la invasión de ratas.

Anna Brun le contó al juez que había visto a Marie echar polvo blanco de la caja de malaquita en el ponche del enfermo. Aseguró que le había preguntado por ese polvo, y que Marie le había dicho que era azúcar de azahar. La criada relató al juez que había enseñado el vaso al doctor Massénat, y que el médico había probado el ponche, sobre el que todavía flotaba algo del polvo blanco, sintiendo enseguida un ardor que atribuyó al yeso que se desprendía del techo destartalado, que probablemente habría caído en la taza.

Anna no se había quedado convencida: ella había presenciado cómo el finado sentía al probar el caldo el mismo ardor que luego experimentaría el doctor. Conservó lo que quedaba del ponche y del caldo que Marie había preparado para Charles y a los que, según ella, también había añadido polvo blanco; y cuando llegó el juez, le entregó esos restos, que había guardado en sendas botellas.

La madre y la criada dijeron también al juez que Marie había encargado al jardinero comprar arsénico para combatir la plaga de ratas que asolaba el convento. Marie admitió haber ordenado comprar el arsénico, pero mandó llamar al jardinero, quien confirmó delante del juez y de las dos mujeres que ella le había entregado el paquete sin abrir con el arsénico para que lo emplease como veneno para las ratas. El juez recibió después declaración al farmacéutico de Beyssac, que le confirmó que había vendido arsénico a Marie mientras Charles se encontraba en París, y nuevamente después del regreso de este a Glandier.

El juez Moran ordenó entonces a los médicos que habían atendido a Charles Lafarge que realizaran la autopsia del cuerpo del fallecido, encargándoles que analizaran las muestras corporales para determinar si contenían arsénico. El doctor Lespinasse le respondió que así lo harían.

En 1839 ya se había desarrollado un procedimiento científico para determinar de manera certera mediante un alambique de cristal y reactivos químicos la presencia de arsénico. Desafortunadamente, ese innovador procedimiento, inventado por el patólogo escocés James Marsh, era todavía desconocido en Beyssac, así que los médicos que realizaron la autopsia de los restos mortales de Charles Lafarge se limitaron a analizar el estómago del cadáver siguiendo los métodos tradicionales, muy poco fiables, a pesar de lo cual concluyeron que el cuerpo de Charles Lafarge contenía indiscutiblemente arsénico.

A tal hallazgo se agregó que no encontraron arsénico, sino solo harina, en la papilla para las ratas elaborada por el jardinero; y que se comprobó que la caja de malaquita de Marie entregada por la señora Lafarge contenía precisamente arsénico. Marie fue arrestada, y el juez Moran ordenó su ingreso en la prisión de Brive. La prima Emma Pontier y Clémentine Servat, la dama de compañía de Marie, se fueron a la cárcel con ella.

El presunto parricidio¹adquirió enseguida enorme notoriedad, y la noticia apareció en los periódicos franceses más importantes de la época. Todos se hacían eco del caso de la envenenadora de Glandier. La opinión pública se dividió enseguida entre los detractores y los partidarios de la acusada. Unos la describían como una depravada dama parisina de vida licenciosa que había querido deshacerse de manera expeditiva del pobre y confiado marido pueblerino para quedarse con su fortuna y regresar a su añorada existencia de mujer fatal en la capital. Otros la presentaban, por el contrario, como la doncella engañada por el avaricioso industrial sin escrúpulos que, celoso de su belleza, la había apartado de la sociedad y encerrado a cal y canto en la cartuja para mantenerla sometida mientras se adueñaba de su dote y de la portentosa herencia recibida de sus padres.

La situación procesal de Marie Cappelle se complicó porque, estando a la espera del juicio por la muerte de su marido, fue acusada del robo de unas joyas pertenecientes a una antigua amiga de París, Marie de Nicolaï, vizcondesa de Léautaud, ocurrido supuestamente años atrás. Marie Cappelle sostuvo que las joyas le habían sido entregadas en secreto por la propia aristócrata para que las vendiera, a fin de que su importe sirviera para recuperar de un antiguo amor de juventud unas cartas comprometedoras que ella le había escrito, y que el amante despechado amenazaba con remitir al celoso vizconde de Léautaud. Marie había conservado las joyas sin venderlas porque el amante se había marchado a Argelia y desaparecido, y las devolvió tan pronto le fueron requeridas. A pesar de sus explicaciones y de haber devuelto las joyas, la antigua amiga refutó la versión de Marie en el juicio, así que resultó condenada, circunstancia que el fiscal aprovechó en el juicio por asesinato para predisponer al jurado en su contra.

Para la defensa de la acusada fue designado Charles Lachaud, un joven y prometedor abogado de Tulle. Contó con la colaboración de tres letrados veteranos, los señores Paillet, Bac y Desmont. El juicio comenzó el 3 de septiembre de 1840 ante el jurado constituido en el tribunal de Tulle. Tres mil personas se habían congregado delante del palacio de justicia. En la sala no cabía un alfiler. Marie Lafarge apareció en estrados más pálida que nunca y vestida de riguroso luto.

Todos los familiares y vecinos, la criada, el farmacéutico, el jardinero, y el encargado de la fundición —Denis Barbier, un personaje oscuro, por decir lo menos— prestaron declaración ante el jurado, y sus testimonios fueron casi unánimemente incriminatorios. Se aportaron después los testamentos y las cartas de Marie, incidiendo sobre todo la acusación en la relevancia de la primera carta, aquella en la que Marie le pedía a Charles el divorcio y le comunicaba que disponía de arsénico.

Los testigos acusaron a Marie Cappelle de haber sustituido los pequeños pastelillos preparados por la madre de Charles, enviados en una caja de madera desde Glandier a París en la Navidad anterior acompañados de una carta de la señora Lafarge, por un pastel más grande envenenado de arsénico, que era el que había comido Charles. Aseguraron también que, una vez que Charles Lafarge hubo regresado enfermo de París, Marie le había asistido, preparado las comidas y administrado sus medicinas, y con ellas, más veneno. Marie lo negó todo, señalando que Madame Lafarge había insistido en permanecer siempre junto a la cama de su hijo, quien solo ingería lo que le administraban la progenitora o Anna Brun. Aseguró también que Charles había prohibido tajantemente la entrada de Marie a su dormitorio después de que la madre le hubiera dicho al moribundo que su esposa quería matarlo, en una dolorosa escena a grandes voces, con palabras altisonantes, reproches, amenazas y desmentidos.

Testimonios y documentos aparte, todos los asistentes eran conscientes de que la suerte del juicio se decidiría principalmente en función del resultado de las pruebas periciales realizadas para determinar la presencia de arsénico en los restos de alimentos y en el cuerpo de Charles Lafarge. La defensa propuso la comparecencia del doctor Mathieu Orfila, que era el experto más reconocido de Francia en la prueba de Marsh. Los abogados de Marie le habían escrito describiéndole los pormenores del caso y de la autopsia.

Tan pronto como los médicos de Beyssac y de Brive dictaminaron ante el tribunal que el cuerpo de Lafarge contenía «grandes cantidades de arsénico», el abogado Paillet leyó en voz alta la declaración jurada de Mathieu Orfila en la que el patólogo afirmaba que las pruebas sobre los restos del cadáver se habían realizado de manera inadecuada y prescindiendo de los procedimientos científicos más elementales, por lo que «los resultados no podían ser considerados concluyentes». Paillet explicó al jurado en qué consistía la prueba de Marsh, alabó con elocuencia su fiabilidad, y solicitó que se citara al toxicólogo para recibirle declaración y para que volviera a analizar los restos del estómago de Charles Lafarge y los alimentos, que habían sido conservados y estaban a disposición del tribunal.

El fiscal se opuso a la declaración de Orfila, alegando que demoraría innecesariamente el proceso, pero aceptó que se repitieran los análisis de los restos cadavéricos utilizando el método de Marsh. Así fue acordado, encargándose el análisis pericial a dos prestigiosos farmacéuticos de Tulle, los doctores Dubois padre e hijo, y un químico de Limoges, el doctor Dupuytren. Cuando tuvieron los resultados, los facultativos comparecieron ante el tribunal. El mayor de los doctores Dubois tomó la palabra para asegurar, en nombre de los tres expertos, que tras realizar la prueba de Marsh en la forma científicamente prescrita, «no habían encontrado ningún resto de arsénico».

Marie pasó en un instante de acusada a víctima. En medio del alboroto mayúsculo que se organizó en la sala, el fiscal aseguró, alzando de forma desconsiderada la voz para hacerse oír, citando como fuente precisamente al eminente doctor Orfila, y leyendo al tribunal párrafos de su libro, que agitaba con vehemencia como si se tratase de las Sagradas Escrituras, que en algunos casos el arsénico podía no encontrarse en el estómago, sino en otras partes del cuerpo. El magistrado presidente ordenó entonces, para salir de dudas, la exhumación del cuerpo de Charles Lafarge para que los farmacéuticos y el químico realizaran de nuevo la prueba de Marsh, pero esta vez sobre muestras tomadas de todos los órganos y las distintas partes del cuerpo. Repitieron las pruebas: tampoco encontraron arsénico.

A la desesperada, el fiscal pidió que se realizara entonces la misma prueba con los restos del ponche y el caldo. El dictamen de los facultativos fue demoledor esta vez: el ponche contenía arsénico suficiente «como para envenenar a diez personas». El desconcierto fue total.

Al cabo, el tribunal no tuvo más opción que adoptar el acuerdo que posiblemente debía haber tomado desde el principio: llamar al doctor Mathieu Orfila. El célebre patólogo compareció finalmente, y acompañándolo llegaron a Tulle la mitad de los periodistas de París. Orfila insistió en repetir por sí mismo los experimentos, pero para descartar susceptibilidades, y para alivio del magistrado, aceptó llevarlos a cabo delante de los dos farmacéuticos y el químico que habían realizado los análisis precedentes. Utilizó los mismos restos cadavéricos y los de los alimentos, y los mismos reactivos químicos de zinc y ácido sulfúrico que se habían utilizado en las primeras pruebas, y realizó con ellos una vez más la prueba de Marsh en una dependencia anexa del tribunal y a puerta cerrada.

Al día siguiente, Orfila, acompañado por los otros tres facultativos, emitió solemnemente su dictamen en medio de una sala abarrotada en la que sin embargo podía oírse volar a una mosca:

—La prueba de Marsh —aseguró con rotundidad— no produce resultados erróneos si se realiza de forma correcta.

La había ejecutado excluyendo todas las fuentes posibles de contaminación de las muestras, tales como el arsénico contenido de forma natural en el cuerpo humano, o su potencial presencia en los reactivos químicos o en la tierra que rodeaba al ataúd. Podía afirmar sin género de dudas «que en las muestras tomadas del cuerpo de Charles Lafarge había encontrado arsénico».

La defensa de Marie Lafarge, sin nada que perder, buscó entonces al patólogo doctor François Vincent Raspail, igualmente reputado científico y conocido competidor de Mathieu Orfila, con el que se había enfrentado repetidamente en otros procesos de gran notoriedad. Raspail estuvo de acuerdo en comparecer, pero para cuando su conformidad llegó a Tulle, el tribunal había declarado concluso el juicio, y el jurado se había retirado a deliberar. Después de una breve discusión, declaró a Marie Lafarge culpable de parricidio.

En el ánimo del magistrado presidente debieron de pesar con seguridad las dudas sobre la culpabilidad de la acusada que durante todas las sesiones del juicio habían planeado sobre la sala del tribunal, y no poco la polarización de la opinión pública, que seguía fervientemente dividida entre los defensores acérrimos y los detractores de Marie Lafarge. En el primero de los grupos abundaban las mujeres —la escritora Georges Sand destacadamente entre ellas—, que criticaban el encarnizamiento con el que, a su juicio, había sido perseguida la acusada, y sostenían que Marie Cappelle no habría sido condenada de haber sido un hombre el señalado como el envenenador de su esposa. El patólogo Raspail, por su parte, publicó encendidos manifiestos contra Orfila en los periódicos de mayor difusión, exigiendo la liberación de Marie y presentándola como la víctima inocente de los errores de científicos de prestigio discutible y de pruebas de validez no contrastada. Mientras, los detractores de Marie Cappelle pedían literalmente su cabeza.

En vista de la situación, el juez prefirió no condenarla a la guillotina y en lugar de la pena de muerte le impuso la de cadena perpetua con trabajos forzados. El rey Luis Felipe, que como se recordará era pariente lejano de Marie Cappelle, le conmutó enseguida la pena, confirmando la cadena perpetua, pero indultándola de los trabajos forzados. Fue trasladada a la prisión de Montpellier en septiembre de 1840 para cumplir su condena. Su prima Adèle Collard se fue a vivir con ella a la prisión.

A solicitud de la familia de Marie Fortunée Cappelle, dos prestigiosos juristas prusianos, los doctores Temme y Noerner, solicitaron después del juicio una copia de todas las actuaciones sumariales, y publicaron desde Berlín un estudio del caso Lafarge, desvelando hechos que no habían sido tomados en cuenta por el jurado, y otros cuya importancia había sido a su entender subestimada.

Los alemanes llegaron a la conclusión de que la presencia de arsénico nunca se había demostrado de forma satisfactoria, ni en el cuerpo del fallecido ni en los alimentos sometidos a análisis, y menos en el pastel del que Charles comió en París, que nunca había sido analizado. La opinión de Orfila —señalaban— se había aceptado como definitiva a pesar de que los restos encontrados por el patólogo eran infinitesimales, apenas medio miligramo, cifra que Raspail reducía a una centésima de miligramo. Esas cantidades, según los juristas prusianos, eran insignificantes.

Señalaron también que el jurado había obviado el hecho relevante de que, durante la enfermedad de Charles Lafarge, el encargado de la fundición y su hombre de máxima confianza en los negocios, el llamado Denis Barbier, había tenido permanentemente acceso al dormitorio del enfermo y dispuso, por lo tanto, de iguales o mejores oportunidades que Marie —pues nadie sospechaba de él— para añadir veneno a las diversas comidas y bebidas que se le daban a Lafarge. Denis Barbier, por otra parte, había estado en París con Charles Lafarge, sin que hubiera dado explicación satisfactoria del motivo de su viaje, y podía haber sido la persona que cambiara los pastelillos enviados por Marie por el pastel presuntamente envenenado del que comió Charles.

El encargado —cuya identidad, por cierto, ponían en duda los juristas alemanes, señalando que el de Barbier era probablemente un apellido supuesto— tenía, además, motivos para desear la muerte de su patrón. Denis Barbier había ayudado a Lafarge a realizar transacciones financieras fraudulentas por importes relevantes, que fueron descubiertas después del juicio de Marie. Para conseguir liquidez y hacer frente a las deudas más apremiantes de la fundición, ambos habían emitido letras de cambio cruzadas, que giraban en el tráfico mercantil y mediante las que obtenían crédito inmediato a sabiendas de que aquellas respondían a operaciones comerciales ficticias. Puesto que era el cómplice de Lafarge en las defraudaciones, Barbier le hubiera acompañado a la cárcel en caso de que el fraude hubiera sido descubierto. La muerte del industrial cerraba la posibilidad de una investigación penal. El encargado aspiraba, por ende, a reemplazar a Lafarge al frente de la fundición.

Los juristas prusianos concluyeron su argumentación afirmando que había sospechas de que Charles Lafarge había sido envenenado, pero que tales sospechas eran insuficientes al punto de que, en su opinión, ningún tribunal de Alemania hubiera condenado a la acusada. Esa afirmación resultaba particularmente ofensiva para los franceses. Adujeron los letrados que tampoco consideraban factible acusar a Denis Barbier, contra el que, igual que en el caso de Marie Cappelle, solo había pruebas circunstanciales, pero terminaban su dictamen afirmando: «No lo acusamos, pero si hubiéramos sido los fiscales, habríamos formulado cargos contra él antes que contra Madame Lafarge».

El arsénico está presente en el aire, en el agua, en la tierra, en los alimentos, y también en cantidades inofensivas en el interior del organismo de la mayor parte de las personas. El método desarrollado por James Marsh para la detección del arsénico era y sigue siendo extremadamente preciso cualitativamente, pero fue abandonado como procedimiento de investigación forense en el siglo XX, siendo reemplazado por otros métodos científicos de mayor fiabilidad, debido a que su precisión cuantitativa era muy discutible. La invención de Marsh operaba con una mezcla de zinc y ácido sulfúrico que, aplicada a las muestras dubitadas, producía una reacción tan sensible, manifestada por la coloración plateada y negra en las paredes interiores del cristal en que se dejaba enfriar el gas arsina emanado de la reacción química, que podía detectar cantidades insignificantes de arsénico, y producía por ello muchos falsos positivos.

El derecho fundamental de todos los acusados a la presunción de inocencia era un concepto aún desconocido en la Francia de 1840, aunque estuviera vigente desde 1641 en Inglaterra. Por otra parte, la «duda razonable», el umbral de certidumbre que debe rebasar necesariamente la prueba de cargo para que los jurados puedan declarar la culpabilidad del acusado, tampoco se había establecido en ningún tribunal cuando se juzgó a Marie Fortunée Cappelle, la viuda Lafarge.²

No sabremos nunca a ciencia cierta si Marie Cappelle mató a su marido Charles, si lo hizo Denis Barbier, o si el industrial falleció de cólera. Sí sabemos que los síntomas que presentaba Lafarge, según fueron descritos por los facultativos que le asistieron en vida, parecen más compatibles con una infección de tifus que con un envenenamiento por arsénico, puesto que faltaban algunos de los signos más característicos de la ingesta del veneno, como la aparición de manchas de color oscuro en la piel.

Consta también que en el trasfondo del caso tenía un peso considerable la batalla sorda entre la acusada y la familia de Charles Lafarge por los testamentos y la propiedad de la fundición, de la patente de su invención, y de la dote de Marie; y no es descartable que, en ese contexto, alguien sucumbiera a la tentación de poner arsénico para incriminar a Marie, después de muerto Lafarge, en los restos de alimentos y en la caja de malaquita. Eran las únicas muestras donde se determinó positivamente la presencia de veneno, y fueron retenidas por los familiares y entregadas con posterioridad al juez. La cadena de custodia de la prueba se había interrumpido y, por tal razón, tales evidencias no debieron ser tomadas en cuenta por el jurado.

Sabemos, por último, que Marie Cappelle, la viuda Lafarge, fue sometida al primer gran juicio mediático de la historia de Francia, en el que fue presentada a un jurado burgués de provincias —el proceso, sin duda, debió ser trasladado de lugar, y el juicio celebrado en otra provincia— como una esposa aristocrática de la capital, mantis religiosa que había exprimido a su incauto marido para después devorarlo sin piedad a fin de quedarse con su herencia. Hoy diríamos que Marie fue discriminada por razones de género y que, por ello, no tuvo un juicio justo.

La celebridad de Marie Fortunée Cappelle se incrementó exponencialmente después de su condena. Escribió desde la cárcel de Montpellier sus Mémoires, que se publicaron en tres volúmenes y se convirtieron inmediatamente en best sellers. Durante su reclusión recibió miles de cartas de admiradores. Algunas contenían poemas y declaraciones de amor, hasta le proponían matrimonio; otras le ofrecían ayuda para escapar de prisión; muchas contenían oraciones y ofrecían por ella sus plegarias. Varios personajes públicos defendieron vehementemente su inocencia. Otros le prestaron apoyo aun reconociéndola culpable. Alexandre Dumas, una de las plumas más influyentes de la época, que estaba emparentado con Antonine Cappelle, la hermana de Marie, defendió públicamente a la acusada durante el juicio, y una vez condenada, intercedió ante el rey Luis Felipe para que fuera indultada. Aseguró que él consideraba culpable a Marie únicamente «por imperativo legal, puesto que así la había declarado el jurado»; pero incluso aceptando que hubiera podido envenenar a su marido, justificaba su conducta haciendo gala de un vehemente clasismo:

De haberse cometido —aseguraba Dumas— el crimen, sería consecuencia de la exasperación de una delicadeza extrema, de una aristocracia exquisita. Una joven que cuenta, como los Monmouth y los Berwick, con príncipes e incluso con reyes entre sus antepasados; una muchacha que se ha criado entre sedas, batista y terciopelo; cuyos pequeños pies han pisado, tan pronto como pudieron caminar, las alfombras tupidas de Aubusson,³y las por demás suaves praderas inglesas, de las que un jardinero previsor ha eliminado de antemano hasta la más pequeña piedrecilla, incluso la ortiga más insignificante; que siempre ha contemplado el porvenir como un paisaje de Oriente encuadrado en los rayos dorados del sol.

Para Dumas, la culpa del conflicto la tenían los Lafarge y la vida provinciana de la cartuja de Glandier:

Imaginad a esta joven, arrojada de repente a una condición inferior, frente a un hombre sucio, escuálido y grosero, en una vivienda que no es más que una ruina. ¡Y qué ruina! No una ruina pintoresca a las orillas del Rin, en las montañas de Suabia o en las llanuras de Italia, sino la ruina roma, húmeda y vulgar de una fábrica; obligada a luchar para defender sus pantuflas bordadas de oro contra las ratas que la visitan por la noche, sus sombreros adornados con encaje, que se han extraviado con ella en esta especie de desierto salvaje, inculto e inhóspito, donde la han empujado los malos vientos de la vida. Pues bien, para vivir en este entorno en el que pulula, respira, habla y actúa a su gusto la familia Lafarge, se necesita un esfuerzo sobrehumano. Es una lucha diaria y una decepción constante. Allí donde la naturaleza vulgar, inferior, común, encuentra el bienestar y una mejora relativa, la naturaleza de la joven no encuentra más que desesperación.

Alexandre Dumas halla finalmente justificación para el crimen mismo, en una exaltación muy del gusto del romanticismo imperante. A los ojos del autor de El conde de Montecristo, Marie Cappelle compartía la condición, el apasionamiento y el destino fatal de los más celebrados personajes literarios de la época, el joven Werther, Edmond Dantès o Madame Bovary. Esta es su declaración apasionada:

Llega un día, entonces, en que la virtud de la mujer se extingue, la fortaleza de la cristiana se agota, en que la paloma se convierte en buitre, la gacela en tigresa; en que por fin se dice a sí misma: ¡Todo, todo, todo! La cárcel, el destierro, la muerte, todo antes que esta vida imposible en la que la mano de la fatalidad ha puesto, no ya un muro de hierro, de bronce o de acero, sino ¡un lago, un mar, un océano de fango entre mí y el porvenir! Y una mañana sombría, una tarde lúgubre, se descubre que se ha cometido el crimen, inexcusable a los ojos de los hombres, pero quizás excusable a los ojos de Dios.

Dumas concluyó su apología de Marie Cappelle citando a un miembro del jurado de Tulle al que entrevistó después del juicio, que le reconoció que había votado a favor de absolver a la acusada a pesar de estar convencido de que había envenenado a su marido. «Señor, la desventurada no hizo más que vengarse», aseguró el entrevistado. La tragedia de Marie Cappelle había entrado en la leyenda.

En junio de 1852, enferma de tuberculosis, Marie Fortunée Cappelle fue indultada del resto de su condena y liberada. Se retiró a Ussat, en los Pirineos franceses, y murió pocos meses después. Tenía treinta y seis años. La peregrinación de curiosos y admiradores para visitar su sepultura en el cementerio de Ornolac fue incesante. El joven abogado defensor Charles Lachaud, que llegó a ser con los años uno de los juristas más célebres de Francia, negó siempre la culpabilidad de Marie, y hasta el final de sus días siguió enviando flores a su tumba.

Otra versión de la historia

Estados Unidos, 1872

Los malvados escapan cuando nadie los persigue.

Proverbios, 28, 1

La ciudad de Boston, una de las más antiguas de Estados Unidos, se encuentra en la costa atlántica al nordeste del país, frente a la bahía de Massachusetts, y es la capital del estado del mismo nombre. En ese puerto natural echó el ancla en 1620 el Mayflower, transportando a la tierra prometida de Norteamérica a los primeros pilgrims, disidentes religiosos de la Iglesia de Inglaterra a la que aquellos peregrinos puritanos consideraban definitivamente corrompida. Sin embargo, no todos ellos habían emigrado buscando la libertad: algunos no eran precisamente tolerantes. Llevados por su fanatismo religioso, en 1692 emprendieron en Salem, pequeña localidad de la bahía junto a Boston, la primera caza de brujas de América.

En el puerto de Boston tuvo lugar también, en 1773, la sublevación de los descendientes de aquellos colonos, que, disfrazados de indígenas americanos, arrojaron al mar el cargamento de té de tres buques mercantes provenientes de Londres, en protesta por el monopolio que les imponía la metrópoli y los impuestos que les obligaba a pagar en consecuencia, prendiendo con ello la mecha de la lucha por la independencia. El sector ultraconservador del Partido Republicano de Estados Unidos se hizo llamar hace algunos años tea party en conmemoración de aquella revuelta para reivindicar y hacer suya la rebeldía ancestral de los americanos contra el establishment.

La ciudad de Boston está separada de la vecina Cambridge, que queda al norte, por el río Charles. En Cambridge, que hoy es un barrio más de Boston, se había fundado en 1637 con el modesto legado de un clérigo fallecido prematuramente un colegio universitario. La herencia constaba de poco más de 700 libras y una biblioteca de cuatrocientos libros. El college recibiría enseguida el nombre del donante, John Harvard. Al crecer, la Universidad de Harvard prescindiría del nombre de pila de su primer benefactor.

Tras un trayecto sinuoso de meandros a través del estado, el río Charles fluye en su último tramo de oeste a este y desemboca en la bahía de Massachusetts. Para controlar el caudal del río, las mareas y evitar las frecuentes inundaciones de la ciudad, los bostonianos han construido a lo largo de la historia sucesivos diques con sus correspondientes esclusas, y en ellos, molinos de agua que en tiempos pretéritos aprovechaban la corriente del río y generaban con ella energía eléctrica para las industrias.

Abijah Ellis era un rentista local de Boston que se dedicaba a la compra, venta y arrendamiento de casas y locales, cuyos alquileres recaudaba personalmente. Huraño y de pocos amigos, mediana edad y sin familia, Abijah Ellis vivía alojado en casas de huéspedes de las que se mudaba con frecuencia, y solía deambular por la ciudad de un sitio para otro caminando a toda prisa y casi siempre solo. Tenía fama de avaro y no era especialmente apreciado. Llevaba siempre encima una cartera repleta de dinero procedente de sus múltiples transacciones, que procuraba disimular bajo el gabán negro que vestía casi todo el año, pero en Boston cualquiera sabía que Abijah no salía a la calle con menos de quinientos dólares encima, mucho dinero para la época.

El martes 5 de noviembre de 1872 se celebraban, como siempre cada cuatro años el primer martes después del primer domingo de noviembre, elecciones presidenciales. Massachusetts tenía que designar trece compromisarios que debían acudir seguidamente en representación de ese estado a la capital federal, Washington, para elegir, junto con los mandatarios de los demás estados de la federación, al siguiente presidente de Estados Unidos. En Boston, que solía votar a los demócratas, ganó esa vez por gran mayoría el candidato republicano que ya ostentaba la presidencia, Ulysses Grant, quien obtuvo el 62 por ciento de los sufragios y resultaría finalmente reelegido para un nuevo mandato.

Al final del día, mientras en Boston se celebraba el recuento electoral, alguien asesinó brutalmente a Abijah Ellis. El asesino no podía ser un vulgar carterista, un asaltante cualquiera que elige sus víctimas al azar. Conocía a la víctima, y debía de abrigar contra él una gran animadversión, a juzgar por la forma particularmente atroz en que se había cobrado la vida del rentista, propinándole cuatro hachazos en la cabeza.

El miércoles 6 de noviembre, el viento que soplaba del sudeste empujó dos barriles que flotaban sobre la superficie del río Charles hacia la orilla norte, siendo avistados por la tarde por los operarios de la refinería de Cambridge, que los sacaron del agua. De uno de ellos sobresalía una mano. Avisaron a la policía. Se abrieron los barriles y se recuperó el cuerpo desmembrado de Abijah Ellis, la cabeza y extremidades en un barril, el tronco en el otro, todo envuelto en virutas de madera y estiércol de caballo. Se encontraron el reloj y las llaves del finado, pero no la cartera.

Se determinó que los barriles habían sido arrojados al río desde la orilla sur, en Boston, junto a la esclusa del dique del molino porque, reconocido el lugar, se encontraron en el barro huellas de rodada de un carruaje y restos de las mismas virutas y estiércol de los barriles. El asesino había calculado probablemente que los barriles se hundirían y la corriente los arrastraría hacia la bahía, pero no había tenido suerte: ese día no habían abierto la esclusa, el agua del río estaba remansada en el dique, los barriles se habían mantenido a flote en la superficie, y el viento que soplaba de mar a tierra los había arrastrado hacia la ciudad universitaria.

En el fondo de uno de los barriles, la policía encontró un trozo de papel marrón con el nombre de Peter Schouller, un fabricante de mesas de billar, cuya tienda abierta al público se encontraba en la calle Washington. La policía se personó enseguida en el lugar. Schouller los hizo pasar a la trastienda, donde tenía la fábrica, reconoció el papel, y les dijo a los agentes que esas virutas de madera las recogía con regularidad un transportista local llamado Leavitt Alley, que tenía un establo en la calle Hunneman, al que Peter Schouller encargaba habitualmente el transporte de sus mesas y pagaba para que retirase las virutas, que Alley se llevaba en barriles, aprovechándolas en su establo como cama para los caballos. La víspera de las elecciones —les dijo— Leavitt Alley se había llevado tres barriles llenos de virutas.

Originario de Eaton, en el vecino estado de New Hampshire, Leavitt Alley había crecido en la granja familiar junto a su padre y hermanos. Se casó a los veintiséis años y tuvo seis hijos. No era un hombre afortunado: el padre murió, la casa familiar se quemó y quedó reducida a cenizas, la reconstruyeron, y al poco tiempo un huracán la echó abajo por completo. Leavitt se sobrepuso trabajando duramente, pero un accidente le produjo lesiones graves en un pie mientras cortaba leña, y se quedó cojo. Ya no podía caminar por los sembrados, así que vendió su parte de la granja y emigró a Boston, donde alquiló un establo, compró algunos carros y caballos, y se estableció como transportista. Contrató a un peón, John Tibbets, y dio además trabajo a sus hijos mayores. Tenía cincuenta y tres años.

Leavitt Alley había invertido todos sus ahorros en pagar la entrada para comprarle a crédito a Abijah Ellis una casa en Metropolitan Place. Vivía allí, no muy lejos del establo, con su esposa, sus hijos e hijas, su yerno y los nietos, amén del mozo de cuadra John Tibbets. Tenía que satisfacer al vendedor doce pagos al año de cincuenta dólares cada uno, otro pago adicional de cuatrocientos dólares, y hacer frente seguidamente a una hipoteca de tres mil dólares. Leavitt Alley contaba con las ganancias de su negocio para atender a esos pagos, pero a pesar de sus ímprobos esfuerzos, el transporte local no marchaba tan bien como él hubiera querido. Sus caballos habían enfermado, había incurrido por ello en gastos imprevistos, y debía cuatro mensualidades atrasadas a Ellis, amén de otros importes a diversos acreedores. La última semana de octubre no había podido pagarle el salario a Tibbets.

El jefe de policía de Boston, Edward Savage, se presentó esa misma tarde, acompañado de dos agentes, en la casa de Leavitt Alley. El transportista respondió sumariamente a las primeras preguntas que le dirigieron, y los acompañó al establo donde encerraba sus carros y los caballos. Había anochecido cuando llegaron, y apenas se distinguía nada en la penumbra, por lo que los investigadores decidieron dejar la búsqueda para el día siguiente. Volvieron el jueves 7 por la mañana, y encontraron grandes manchas de sangre en el suelo del establo, debajo de los montones de estiércol y virutas de madera. Observaron también grandes manchas de sangre en la ropa que llevaba puesta Leavitt Alley. Lo condujeron a la jefatura de policía de Cambridge, donde le enseñaron los barriles y el cuerpo desmembrado de Abijah Ellis, que reconoció. Quedó detenido. El resto del jueves, y el viernes 8 de noviembre, los policías siguieron haciendo averiguaciones.

El sábado 9 de noviembre se desató en Boston un pavoroso incendio que destruyó en apenas doce horas setecientos setenta y seis edificios de la ciudad, construida en su mayor parte de madera. Ese mismo día, la fiscalía acusó formalmente a Leavitt Alley del asesinato de Abijah Ellis.

El juicio dio comienzo el 3 de febrero de 1873 ante el Tribunal Supremo de Massachusetts. Al tratarse de un delito capital por el que podía imponerse al acusado la pena de muerte, el tribunal debía estar presidido por dos magistrados. Fueron designados los jueces John Wells y Marcus Morton. La acusación fue dirigida por el fiscal general Charles Train, asistido por el fiscal del distrito John May. Se encargaron de la defensa los abogados Gustavus Somerby y Lewis Dabney. Se designó un jurado compuesto por doce contribuyentes elegidos al azar, se leyó el acta de procesamiento, y dieron comienzo las sesiones del juicio.

Nadie había visto el crimen. Nadie había presenciado el momento en que los barriles con el cuerpo de la víctima habían sido arrojados al río. La acusación se basaba exclusivamente en pruebas circunstanciales. Todos los testigos recordaban muy bien, sin embargo, lo que habían hecho esa semana singular en cuyo martes se habían celebrado las elecciones presidenciales, el miércoles se había descubierto el cuerpo desmembrado de Abijah Ellis, y el sábado se había producido el gran incendio.

El fiscal abrió su intervención exponiendo los resultados de la investigación realizada por la policía. Estableció que Abijah Ellis había buscado a Leavitt Alley el día 5 de noviembre, el martes de las elecciones, para reclamarle el pago de la deuda de doscientos dólares, las cuatro mensualidades vencidas y no satisfechas. Ambos se habían encontrado —según el fiscal— en el establo del acusado a última hora de la tarde. Se había suscitado entre ellos una agria discusión a voces, escuchada por los vecinos, en el curso de la cual Leavitt Alley había acometido a Abijah Ellis por sorpresa desde atrás, golpeándole con el filo de un hacha en la cabeza cuatro veces, causándole la muerte inmediata. Seguidamente —sostenía la acusación—, Alley había descuartizado a su víctima con el hacha, cortándole la cabeza y las extremidades e introduciéndolas en un barril de los que usaba para transportar las virutas. Luego había metido el tronco en otro para marcharse seguidamente a su casa, y había dejado el establo cerrado. Según el fiscal, Leavitt Alley había regresado temprano la mañana del miércoles 6 de noviembre para cargar esos dos barriles junto con otros dos vacíos en uno de los carros, cubriéndolos con una manta. Después de enganchar al carro uno de los caballos de pelo negro y visiblemente enfermo, Alley salió del establo, llevó los barriles hasta la fábrica de Peter Schouller, y dejó allí los dos vacíos. Condujo el carro seguidamente hasta el río, a la altura del dique del molino, y allí, junto a la esclusa, arrojó al agua los dos barriles que contenían el cuerpo de Abijah Ellis, y después se marchó a su trabajo de rutina. La corriente empujó los barriles con el cadáver hacia la otra orilla del río, donde fueron avistados y recuperados ese mismo día sobre las dos de la tarde. En apoyo de esa versión de los hechos, la fiscalía aportó numerosas pruebas testificales, documentales y periciales.

El fiscal llamó como testigo al jefe de la policía de Boston, el capitán Edward Savage. El oficial declaró que había visitado al acusado en su casa el miércoles 6 de noviembre por la tarde, acompañado de varios agentes. Leavitt Alley les reconoció que la víspera había salido de su casa después de cenar porque uno de sus empleados había dejado olvidada fuera del establo una pesada cocina de hierro que debían entregar al día siguiente. Aseguró que había vuelto de ese recado aproximadamente a las nueve de la noche, y que ya no salió más ese día. Manifestó haber caminado al día siguiente desde su casa hasta el establo a las cinco de la madrugada, regresando en el carro para desayunar una vez que llegaron al establo su hijo y el mozo de cuadra, y saliendo de nuevo después del desayuno para realizar sus tareas habituales de transporte de mercancías por la ciudad.

Leavitt Alley manifestó a los investigadores que tenía un hacha antigua que le habían robado, y negó haber comprado una nueva. La policía interrogó al dependiente de la ferretería más cercana, y este —siguió relatando el capitán Savage— les confirmó que había vendido al acusado un hacha nueva pocos días antes. Alley reconoció entonces a los agentes haberla comprado, pero les dijo que la nueva había sido robada del establo igual que la anterior.

El acusado había acompañado a los policías al establo esa misma noche, pero aquellos apenas pudieron vislumbrar en la oscuridad el estiércol y las virutas esparcidos por el suelo, y desistieron de la gestión. Regresaron por la mañana, levantaron la suciedad, y debajo encontraron grandes manchas de sangre en el suelo. Leavitt Alley les dijo que la sangre provenía de un caballo que el veterinario había sangrado unos días antes.

El capitán Savage relató seguidamente que él y los agentes le preguntaron a Alley por las manchas recientes de sangre en su ropa, y les había respondido que correspondían a otro caballo que sangraba por la nariz. Llevaron entonces a Leavitt Alley a la jefatura de policía de Cambridge, le enseñaron la cabeza y los demás restos de Abijah Ellis, y Leavitt Alley identificó al fallecido. Le enseñaron los barriles, y reconoció haber tenido en su establo el más grande, manifestando no estar seguro de que el otro fuera suyo. Refirió entonces a los policías que el día 6 había cargado cuatro barriles en el carro, había llevado dos al almacén de Peter Schouller, y había dejado los otros dos en un callejón cerca del establo para recogerlos después. El capitán Savage había informado entonces a Leavitt Alley de que quedaba detenido. Le incautaron la ropa que tenía manchas de sangre: el abrigo, los pantalones, el chaleco y la camisa.

Declararon después otros policías que confirmaron el testimonio del capitán y lo que había referido el detenido al ser preguntado, en su casa, en el establo y en la jefatura de policía.

Se recibió luego declaración al fabricante de mesas de billar, Peter Schouller. Este confirmó que el acusado retiraba habitualmente los barriles con virutas de su fábrica, que se había llevado tres el lunes antes de las elecciones, y reconoció que las virutas que le exhibieron eran como las de su fábrica.

La testigo Ellen Kelley declaró que vivía en Spring Court, justo detrás del establo del acusado; que el día de las elecciones salió para ir a la panadería a las siete de la tarde, vio luz y oyó voces en el establo, pero no les prestó mayor atención. Al regresar volvió a escuchar las mismas voces, y pudo entender que alguien exclamaba en voz alta: «¡Maldito seas!». Después oyó más voces, y sobre las diez de la noche escuchó ruidos como de barriles rodando.

Compareció John Tibbets, el mozo de cuadra que trabajaba en el establo para el acusado, junto con el propio Leavitt Alley y sus hijos Curtis y Austin. Declaró que se alojaba en la casa de su patrón. Él había recogido los barriles de la fábrica de Schouller llenos de virutas el día 4, y había esparcido estas en el establo ayudado por el propio señor Alley el día de las elecciones. Ese día, el martes 5, regresaron del trabajo a la hora habitual, por la tarde. Él ya no salió más, pero Leavitt Alley salió nuevamente después de cenar. Él se fue a dormir. Por la mañana, él y Austin llegaron temprano al establo, a las seis de la mañana. Leavitt Alley estaba ya allí, hablando con un cliente, el señor Baker.

John Tibbets le contó al jurado que él vio dos barriles cargados en el carro del acusado y tapados con una manta. Leavitt Alley había enganchado al carro el caballo negro, que podía trabajar aunque estaba enfermo. Todos los presentes vieron que el patrón tenía la camisa manchada de sangre. Su hijo le preguntó, y el acusado dijo que era sangre de la nariz de uno de los caballos, pero ni el testigo ni el hijo del acusado habían observado que alguno de los caballos estuviera sangrando por la nariz. Él se marchó luego a otras tareas.

A nuevas preguntas, John Tibbets manifestó que el sábado anterior había reclamado al señor Alley cincuenta dólares que le debía, y que el patrón le había respondido que no podía pagarle. Contó también que el acusado tenía un hacha nueva en el establo, que él mismo la había utilizado para arreglar unos arneses la víspera de las elecciones, y que no había vuelto a verla después.

El testigo James Baker confirmó que estuvo en el establo para encargarle un porte a Leavitt Alley el día posterior a las elecciones muy de mañana, cuando llegaron Austin Alley y John Tibbets. Presenció cómo el acusado había cargado cuatro barriles en su carro, y los había cubierto con una manta vieja, según creía recordar. El caballo era de color oscuro. Él se montó atrás, encima de los barriles, y comprobó que al menos uno de ellos estaba lleno, porque intentó moverlo y pesaba bastante. Alley le dijo entonces que se subiera delante con él en el pescante, y le acercó al lugar al que Baker se dirigía. Delante de él, Alley le pagó cincuenta dólares a Daniel Mahan. Le constaba al testigo que ese mismo día Alley había pagado otros cincuenta dólares que debía a Herbel Wilton.

Franklin Ramsell declaró que era carretero; que el día posterior a las elecciones había salido a trabajar, y que sobre las ocho de la mañana pasó con su carro junto a la esclusa del dique del molino, donde vio otro carro cargado con dos barriles tapados con una manta, y siguió su camino. Poco después, el mismo carro le adelantó y él se apercibió de que ya no llevaba los barriles. No se fijó de manera especial en el conductor ni en el carro, pero sí en el caballo, que era negro y estaba visiblemente enfermo. Días después —dijo Ramsell— la policía le había acompañado al establo del acusado, y allí reconoció el caballo y la manta que había visto el día 6 en el otro carro junto a la esclusa.

Comparecieron entonces los doctores John Foye, Dana Hayes y Horace Chase. Declararon que habían examinado las muestras de sangre que les había proporcionado la policía de Boston provenientes del establo del acusado, y unas veinte muestras de la ropa impregnada de sangre que le había sido confiscada a Leavitt Alley cuando fue detenido. En particular, apreciaron una gran mancha de sangre en la parte de la rodilla derecha del pantalón, y salpicaduras en todas las prendas. La policía les había entregado también una pequeña muestra de lo que parecía ser carne, encontrada en el suelo del establo. La sangre estaba coagulada —dijeron los facultativos— pero era «reciente». Sometieron las muestras a pruebas químicas licuando la sangre, y luego las examinaron a través de un microscopio. Explicaron que la sangre humana y la de caballo eran distintas, pues los corpúsculos de la primera son más grandes que los de la segunda. Su conclusión fue que se trataba «sin duda alguna» de sangre humana.

El doctor John Hildreth, que había hecho la autopsia de Abijah Ellis, prestó declaración a continuación. El cráneo tenía —manifestó— cuatro grandes heridas incisas que habían lesionado fatalmente el cerebro. Los golpes habían sido infligidos desde atrás, con mucha fuerza, puede que con un instrumento afilado. Confirmó que el cuerpo había sido descuartizado inmediatamente después de la muerte, las piernas cortadas a media distancia entre la cadera y las rodillas. El estómago contenía restos de alimentos en proceso de ser digeridos, en apariencia de pan y leche. La muerte debía de haberse producido entre las seis de la tarde y las nueve de la noche.

En el antiguo régimen, la defensa de los acusados en los procesos penales a cargo de abogados profesionales no existía, o resultaba casi irrelevante. La acusación era sostenida por la policía o por los agraviados, el juez averiguaba inquisitivamente la verdad, influía de manera decisiva en los jurados y, en definitiva, establecía los hechos, los calificaba legalmente, y determinaba la pena a imponer con amplísima discrecionalidad. Impartía justicia como representante del rey o del Estado. De ahí que tampoco resultase necesario el fiscal, puesto que no había partes acusadora y acusada en contradicción, ni auténtico debate en el juicio.

A partir de las revoluciones americana y francesa de 1776 y 1789, que proclamaron el Estado democrático, los jueces pasaron a constituir un poder distinto e independiente del ejecutivo y del legislativo. Su actividad dejó de ser inquisitorial y se volvió arbitral, destinada a controlar e imponer límites a los otros dos poderes del Estado y dirimir sus discordias, así como las de los particulares, resolviendo de manera imparcial las controversias a la vista de las pruebas presentadas por las partes en juicios orales y públicos. Los abogados adquirieron enseguida la relevancia que les corresponde.

La labor encargada a los letrados Gustavus Somerby y Lewis Dabney en el juicio contra Leavitt Alley parecía una tarea desesperada. Los indicios acumulados contra el acusado eran tantos, tan graves y tan sólidamente acreditados, que su condena, a pesar de que la prueba fuera solo indiciaria, parecía inevitable. Era, además, un delito de pena capital: si Leavitt Alley era encontrado culpable, las circunstancias concurrentes —la muerte violenta mediante un ataque sorpresivo por la espalda con un arma homicida tan contundente, lo que implica alevosía y premeditación— hacían inevitable que la calificación fuera de asesinato, y la pena, de muerte.

Los abogados de Alley diseñaron una estrategia de defensa magistral para darle la vuelta a un caso con pruebas de cargo abrumadoras. No podían aspirar a convencer al jurado de la inocencia del acusado: esa hubiera resultado una misión prácticamente imposible, y si se equivocaban, su cliente sería ahorcado. Se propusieron por ello un doble objetivo más humilde y alcanzable: sería suficiente si lograban, en primer lugar, destruir o al menos contrarrestar la prueba científica en contra del acusado, desgastándola hasta convertirla en inservible. Tenían que procurar explotar al máximo, además, la vulnerabilidad intrínseca de la prueba indiciaria, buscando y aprovechando todos los flancos débiles de la acusación. Por esas dos grietas en el muro se colaría la duda razonable que podía salvarle la vida al acusado. Se pusieron a la tarea con decisión, y en su honor debe subrayarse que lo hicieron a pesar de que, habiendo sido designados por el turno de oficio, no podían aspirar a otra retribución por su trabajo que la del renombre y el prestigio profesional que la absolución de Leavitt Alley podía procurarles.

El veterano Lewis Dabney empezó por hacerle un guiño al jurado en su alocución inicial:

—Ustedes —les dijo— no tienen que determinar si el acusado es culpable o inocente. Eso, en un caso tan difícil como este, está fuera de su alcance. Será suficiente con que, si al final del juicio están plenamente convencidos de que lo es, declaren a Leavitt Alley culpable del asesinato de Abijah Ellis. Habrán cumplido con su deber. Si, por el contrario, después de examinar las pruebas que ya han visto y las que van a serles exhibidas a continuación, albergan ustedes una duda razonable sobre la culpabilidad del acusado, bastará con que declaren que no se ha probado que sea culpable, y de esa manera también habrán cumplido con la tarea que se les ha encomendado.

»¿Y qué es una duda razonable? —preguntó retóricamente Dabney al jurado—. Una duda para la que ustedes puedan ofrecer una razón. Ustedes tienen que considerar probado el crimen si alcanzan la certidumbre moral de que el acusado lo cometió. En caso contrario, deben pronunciar el veredicto de no culpable. Vamos a contarles —prosiguió Dabney— otra versión de la historia.

Y, a continuación, la defensa se dedicó consecutivamente a cuatro tareas perfectamente ordenadas y complementarias entre sí: primero, hacer desaparecer el móvil del crimen; segundo, desacreditar a los testigos de la acusación; tercero, dotar a Leavitt Alley de dos coartadas lo más completas posible, una para la tarde y noche del día 5 de noviembre, cuando se cometió el crimen, y otra para la mañana del día 6, cuando el cadáver fue arrojado al río; por último, neutralizar la prueba pericial. Cada uno de esos pasos, enderezados siempre hacia un objetivo final común: sembrar dudas en el jurado.

Empezaron por humanizar al acusado y devolverle su crédito personal y financiero. Trajeron una docena de testigos que señalaron que era un profesional respetado en Boston, que carecía de antecedentes penales, y al que, a sus cincuenta y tres años, no se le conocía pleito o rencilla; ni un solo incidente violento. Un hombre de origen humilde, que había sacado adelante a su esposa y seis hijos con su trabajo, primero como agricultor en New Hampshire, donde era tan apreciado como en Massachusetts, y luego, cuando un accidente de trabajo le dejó incapacitado para las tareas del campo, como un transportista reconocido por los mejores comerciantes de la capital. El mensaje implícito para los miembros del jurado era manifiesto: un hombre decente, común, trabajador. «Un hombre como ustedes.»

Un hombre, además, solvente, que había heredado junto a su hermano la granja de sus padres, había vendido su parte, y vivía desahogadamente de su negocio dando de paso empleo a sus hijos mayores y a un peón asalariado, manteniendo en su hogar a los hijos que estudiaban y todavía no se habían emancipado, e incluso a una hija casada con su marido y los nietos. Su solvencia, por otra parte, no podía ser puesta en duda por una momentánea iliquidez que podía sobrevenirle a cualquiera. Era cierto que había comprado una casa a la víctima, pero en el momento en que Abijah Ellis fue asesinado, Leavitt Alley le debía apenas cincuenta dólares, una mensualidad. En todo caso, la muerte del acreedor no liberaría al acusado de la hipoteca que pesaba sobre el inmueble. Un hombre maduro, trabajador infatigable, de honestidad y reputación intachables y con la vida resuelta, ¿mataría por cincuenta dólares? Obviamente, no, según sus abogados. El acusado no tenía un móvil para matar a Abijah Ellis. El perfil como asesino de Leavitt Alley, un honrado cabeza de familia, era «improbable».

Los abogados de Leavitt Alley se empeñaron seguidamente en poner en duda uno por uno los testimonios incriminatorios contra su cliente, subrayando las contradicciones reales o hipotéticas entre unos testigos y otros. Así, la testigo Ellen Kelley, que no sabía a qué hora había salido a comprar el pan ni a qué hora había vuelto a casa, podía ciertamente haber oído voces en el establo, pero no había sido capaz de distinguir a ciencia cierta lo que se decía. Había oído también ruidos, más tarde, pero tampoco había podido asegurar que fueran de barriles rodando. Su testimonio indicaba que le «habían parecido» barriles rodando, no que lo fueran. Y eso, después de haber sabido a través de los medios de comunicación que la víctima había sido encontrada dentro de dos barriles.

El testigo Franklin Ramsell había salido de su casa el día 6 al oír tocar la campana de una iglesia de su barrio, pero no se había acreditado si se trataba de la iglesia más cercana a su casa, cuya campana tocaba a las siete en punto, o de otra algo más alejada que tocaba a las ocho y cuyas campanadas se oían igualmente desde la casa del testigo. Ramsell había reconocido, además, la manta que cubría los barriles, pero no era la misma manta que la señalada por el testigo John Tibbets.

Este último, por su parte, había regresado del establo a la casa el martes por la tarde y no había vuelto hasta el día siguiente, de manera que no podía saber si esa noche se habían encontrado allí Alley y Ellis, a los que nadie había visto juntos después del mediodía.

Los abogados pusieron en duda la hora de la muerte de Abijah Ellis el martes; discutieron el lugar y la hora a la que los barriles habían sido arrojados al río el miércoles; impugnaron incluso la dirección del viento ese día, y las horas de subida y bajada de las mareas.

Desacreditaron después el testimonio y la investigación de la policía, negando que su cliente hubiera identificado los restos mortales de Ellis, como tampoco había reconocido los barriles que contenían el cuerpo, diligencias que, por otra parte, se habían realizado sin que Leavitt Alley estuviera asistido por un abogado. No era cierto tampoco —adujeron los letrados— que su cliente hubiera negado a la policía haber comprado un hacha nueva, la que en todo caso no constituía prueba alguna puesto que había desaparecido, igual que la vieja. Los abogados desacreditaron personalmente a los policías, señalando que habían detenido e interrogado de manera ilegal y sin justificación a su cliente acudiendo a su casa a deshora, lo que jamás se hubieran permitido si se hubiera tratado de una persona influyente. Concluyeron que el capitán Savage hacía honor a su apellido.

Somerby y Dabney se dedicaron a continuación a reconstruir detalladamente cada uno de los movimientos del acusado en la tarde y noche del martes 5 de noviembre y en la mañana del miércoles 6. Determinaron con aparente exactitud las horas, los lugares y las personas con las que el acusado se había encontrado los dos días, los distintos desplazamientos y trayectos que había recorrido a pie o en el carro, sin dejar al descubierto tiempo disponible alguno, ni para que hubiera cometido el crimen, ni para que se hubiera desembarazado del cuerpo de la víctima.

La prueba de descargo más efectiva, finalmente, fue la relativa a las manchas de sangre encontradas en la ropa del acusado y en el suelo del establo. Los peritos de la acusación habían asegurado que se trataba de sangre humana. La defensa llamó primero al veterinario John Wilkins. Este declaró que había acudido en septiembre, en fecha que no podía precisar, al establo de Leavitt Alley en la calle Hunneman, y había sangrado a uno de sus caballos que estaba enfermo. Le había hecho una incisión en la vena yugular y dos en las patas delanteras por encima de las rodillas. El caballo había sangrado mucho, había salpicado por todas partes, y había manchado la ropa de Leavitt Alley y la suya propia. Por curiosidad, después de enterarse por los periódicos del arresto de Alley, el veterinario había acudido de nuevo al establo: las manchas de sangre —dijo— permanecían en el mismo lugar, y a él le pareció que eran las que correspondían a la sangre vertida por el caballo al que sangró en septiembre.

Declararon a continuación los doctores Charles Jackson, James Babcock y George Harriman. Reconocieron que los corpúsculos de la sangre humana son, ciertamente, más grandes que los de la sangre de caballo, pero aseguraron que no existía un procedimiento científico fiable para distinguir una y otra una vez secas, porque al volver a licuar la sangre coagulada, se hacía imposible discernir cómo habían sido afectados los glóbulos, que podían crecer más o menos en función del procedimiento empleado. No se podía, por tanto, a juicio de estos facultativos, distinguir indubitadamente la sangre humana de la de otros mamíferos.

El tribunal volvió a llamar entonces al doctor Dana Hayes. Este aclaró que él se había hecho cargo personalmente de la sangre recogida por la policía del suelo del establo de Leavitt Alley el 9 de noviembre, sábado. La sangre estaba coagulada, pero era todavía «flexible y maleable», y en los charcos más grandes, estaba fresca «como la carne cruda». El juez Wells —que casi no había intervenido en los debates— le preguntó entonces si el perito podía determinar que esa sangre que recogieron en el establo había permanecido allí «una semana», o por el contrario, «del orden de seis semanas». El experto respondió tajantemente:

—En mi opinión, era sangre fresca que había permanecido en el establo solo unos días. Un mes más tarde —añadió el forense—, se apreciaban todavía jirones de carne en esa misma sangre ya completamente seca.

El nuevo y contundente testimonio del doctor Hayes en favor de la acusación llegaba tarde. El juicio se había prolongado durante nueve días de sesiones agotadoras, con docenas de comparecencias de testigos y peritos, y con un fin de semana por medio, y la segunda declaración de Hayes tuvo lugar al final del séptimo día. Para entonces, los jurados estaban muy cansados y llevaban demasiado tiempo encerrados. Mientras todos los demás participantes en el juicio se iban a descansar, los jurados, después de pasar el día entero en la sala escuchando testimonios y debates, permanecían recluidos toda la noche en un hotel, custodiados por la policía, sin poder salir ni hablar con nadie. Parece obvio que los jurados no dieron a ese testimonio postrero la relevancia que merecía. Para cuando los jurados lo escucharon, la defensa de Alley había coronado con éxito su ataque devastador contra la prueba científica de cargo articulada por la acusación.

El juez John Welles resumió para el jurado las pruebas practicadas, en un discurso sobrio e imparcial, y les encargó pronunciar el veredicto:

—Si consideran probado que Leavitt Alley mató a Abijah Ellis para robarle, o estiman que lo hizo con particular crueldad, deben declararle responsable de homicidio en primer grado; si creen que lo mató, pero no aprecian esas circunstancias particulares, declárenlo responsable de homicidio en segundo grado. Si no están seguros de que lo matara, deben declararle no culpable.

Las coartadas articuladas por la defensa de Leavitt Alley eran muy vulnerables, a pesar de su solidez aparente. La relativa a la noche del crimen, para empezar, estaba sustentada únicamente por sus familiares directos, sus hijos y el yerno, a los que, por razón del parentesco, no cabía atribuir más que un crédito relativo. Según ellos, el acusado se fue a dormir a las nueve de la noche ese día. También era un hijo del acusado quien había declarado que el acusado le había prestado ciento treinta y cinco dólares la víspera del crimen, dinero bastante para pagar sus deudas, como hizo al día siguiente. La coartada de la mañana del miércoles daba cuenta de sucesivos desplazamientos y encuentros de Leavitt Alley con distintas personas por el centro de la ciudad, de la carga, descarga y transporte de diversas mercancías, pero no excluía que al salir del establo con cuatro barriles, tras entregar dos en la fábrica de Peter Schoeller, hubiese pasado por el dique del molino para arrojar los otros dos al río. El acusado no pudo dar una explicación plausible, sobre todo, de por qué o para qué habría abandonado dos de los barriles en un callejón, donde cualquiera podría apropiárselos. Tampoco explicaba la defensa por qué Leavitt Alley había negado a la policía haber comprado un hacha nueva, lo que solo reconoció tras las declaraciones del dependiente de la ferretería que se la había vendido y del mozo de cuadra Tibbets, que la vio y la utilizó en el establo.

Leavitt Alley no podía explicar tampoco por qué su ropa, abrigo, chaleco, pantalones y camisa, estaba impregnada de sangre el día posterior al crimen. Eran grandes manchas, mucho más grandes que las salpicaduras que podía haberle echado encima el sangrado del caballo un mes y medio antes, o el caballo que sangraba por la nariz la víspera, al que por cierto nadie había visto sangrando salvo el propio acusado. La gran mancha en el pantalón, en particular, atestiguaba que el acusado había estado arrodillado sobre un gran charco de sangre. Para aceptar que no era la sangre de Abijah Ellis asesinado en noviembre, sino la del caballo sangrando en septiembre, habría que aceptar que Leavitt Alley había llevado puesta la misma ropa durante casi dos meses, y que se había paseado manchado de sangre por Boston todo ese tiempo sin que ninguno de sus familiares, vecinos, conocidos y clientes lo advirtiera.

La fortaleza o debilidad de los juicios con jurado reside en el factor humano. Probablemente, un tribunal de jueces profesionales hubiera condenado a Leavitt Alley, pero el jurado, cansado después de nueve días de juicio, lo absolvió. Las crónicas describen al fiscal Charles Train como una persona envarada, que realizó una labor profesionalmente impecable pero por completo ausente de empatía con el jurado. Mientras la defensa exponía brillantemente su parecer sobre los hallazgos de las pruebas, a Train se le vio debatirse «como una tortuga en el barro», según describió a los periodistas después del juicio un miembro del jurado.

Por el contrario, los abogados Dabney y Somerby realizaron un trabajo riguroso, que además supieron adornar con explicaciones muy pedagógicas, planteando con gran convicción las hipótesis que les favorecían y eludiendo cuidadosamente las que les perjudicaban, buscando siempre la complicidad de los doce hombres de clase media que formaban el jurado, acomodando su discurso a lo que interpretaban que aquellos necesitaban escuchar para tranquilizar su conciencia. A fin de evitarse una posible condena por perjurio, prescindieron del testimonio del propio acusado, del de su esposa y del del hijo que le había visto con la camisa ensangrentada. Su argumento final fue un refinado sofisma. Le dijeron al jurado:

—Ustedes pensarán que es probable que Leavitt Alley asesinase a Abijah Ellis, o incluso que es más probable que lo matara que lo contrario. No es suficiente: si no están completamente seguros de que lo mató, deben declararle no culpable.

Después de deliberar durante cuatro horas, el jurado declaró a Leavitt Alley «no culpable», como les había pedido la defensa.

Los miembros del jurado hicieron lo que debían, lo que les dictaba su conciencia. Más allá de las carencias y el discurso romo de la fiscalía, de las brillantes piruetas de la defensa, de la mayor o menor solidez de los indicios acumulados cuya relevancia incriminatoria quizás no supieron percibir o el fiscal no supo hacerles ver, es innegable que la ausencia completa de pruebas directas del crimen, y una acusación respaldada casi exclusivamente por una prueba científica rudimentaria que la defensa no pudo desvirtuar, pero logró volver confusa y extremadamente dudosa, dejaba probablemente demasiadas sombras de incertidumbre sobre los hechos y sobre la culpabilidad del acusado. Los jurados sintieron demasiadas dudas como para condenar a Leavitt Alley. Consideraron que esas dudas eran razonables porque la defensa les proporcionó razones para dudar y la acusación no les dio suficientes certidumbres. No puede reprochárseles que decidieran, pues, no enviar a un hombre a la horca.

El mundo no fue muy distinto después de la absolución de Leavitt Alley. Su juicio contribuyó decisivamente a precisar los límites del umbral de la duda razonable y, sobre todo, ilustró bien las posibilidades y las limitaciones de la prueba indiciaria. Nadie más fue acusado de la muerte de Abijah Ellis, cuyo asesinato quedó impune.

El Boston Herald publicó en 1876 en calidad de «rumor» una información que venía circulando insistentemente por la ciudad según la cual Leavitt Alley habría fallecido tras confesar el crimen en su lecho de muerte. El aludido lo desmintió en una breve entrevista, protestando por la estigmatización a la que, según él, estaba siendo sometida toda su familia en la ciudad. Aseguró que él no tenía nada que confesar. Falleció poco después, a los cincuenta y nueve años, de muerte natural.

El juicio por jurado sigue siendo, con sus virtudes y sus defectos, una pieza fundamental del Estado de derecho. Según enunció la Carta Magna arrancada por los nobles ingleses al rey Juan sin Tierra en 1215, es la garantía del derecho que asiste a todo individuo a ser juzgado por sus iguales. El jurado deja escapar a veces algún culpable, pero ese es el precio que las sociedades democráticas deben pagar a cambio de tantos inocentes como ha salvado.

La llama doble

Alemania, 1907

Un día tú, ya libre
de la mentira de ellos,
me buscarás. Entonces,
¿qué ha de decir un muerto?

LUIS CERNUDA,
Un español habla de su tierra

He pasado los últimos diecisiete años recluido en la prisión de Bruchsal, doce de ellos en régimen de aislamiento estricto, siempre solo, encerrado en mi celda. Desde hace cinco, me dejan salir al patio una hora al día, pero debo hacerlo con el rostro cubierto por una máscara, y no me está permitido hablar con los otros presos. No recibo visitas, se me autoriza a leer los libros que yo me pueda procurar, y también se me facilitan papel y pluma cuando quiero escribir. Me está permitido dirigir la palabra a los funcionarios que me custodian, siempre que lo haga respetuosamente y exista una razón que lo justifique, y debo contestarles con el mismo respeto cada vez que ellos se dirigen a mí, lo que no ocurre con mucha frecuencia.

El ministro de Justicia de Baden me ha ofrecido la remisión condicional del resto de la pena que aún me queda por cumplir. Las condiciones son las habituales: no debo volver a delinquir y tengo que observar buena conducta una vez que me encuentre en libertad, obedecer a las autoridades, trabajar, pagar impuestos, no embriagarme, etcétera. En mi caso, el tribunal ha establecido además algunas condiciones especiales: me han impuesto la prohibición de publicar «relatos sensacionalistas» sobre mi caso, y tengo que abstenerme de denigrar públicamente a Olga Molitor. He aceptado todas las condiciones que me han impuesto porque necesito salir de prisión.

Dicen las autoridades que me encerraron hace casi dos décadas que el aislamiento es la primera condición para la reforma de los presos, porque la soledad invita a la reflexión, permite que identifiquemos el crimen, consigue que con el tiempo lo odiemos, y de esa manera lleguemos a sentir el remordimiento necesario. Dicen que en la oscuridad del aislamiento se nos ilumina la conciencia. La celda cerrada —aseguran— es nuestro sepulcro, del que solo nos permitirán salir cuando nuestra alma resucitada se desprenda del crimen que cometimos y alumbre un hombre nuevo, redimido.

Mientras eso ocurre, nos hacen trabajar. El trabajo nos permite enmendarnos y reparar el daño que causamos con nuestro crimen.

Particularmente, pienso que una década y media de trabajo mecánico y rutinario no me ha procurado enmienda alguna, más bien me ha embrutecido, convirtiéndome en una pieza anónima y alienada del engranaje penitenciario. El aislamiento, por su parte, ha destruido lo mucho o poco de racionalidad que habitaba en mí. Seguramente me he vuelto loco, pero la verdad es que después de tantos años de encierro en soledad y en silencio, no sabría decir a ciencia cierta si es así.

El director de la prisión ha señalado en su evaluación de mi tratamiento que estoy reformado, preparado para reintegrarme en la sociedad. A mí no me lo parece: a estas alturas, el género humano me es ajeno por completo. No me queda nada por vivir, pues mi vida se acabó en 1906, cuando me privaron de libertad. Sin embargo, aceptaré lo que me ofrecen, porque todavía me queda algo por hacer.

Karl Hau nació en Grosslittgen, Alemania, en 1881, en el seno de una familia de clase media. Su padre era director de banco, y el niño había perdido a su madre a los tres años. Creció y se educó en Tréveris —en alemán, Trier—, y estudió después Derecho en Friburgo y Berlín. Era alegre, tenía muchos amigos y no era buen estudiante: le gustaba divertirse, bebía más de la cuenta y frecuentaba las compañías femeninas, lo que no era excepcional, pero se compadecía mal con la disciplina universitaria y afectaba negativamente a sus resultados académicos. Vivía en Berlín cuando se le diagnosticó tuberculosis pulmonar y tuvo que interrumpir sus estudios. Como solían hacer entonces las familias acomodadas, el joven Karl Hau fue enviado por su padre al sur de Europa para buscar el restablecimiento en el clima mediterráneo, más benigno que el de la fría y lluviosa Alemania. Recaló en Córcega, y en la primavera de 1901 conoció a las personas que condicionarían el resto de su vida: la viuda Josefine Molitor y sus hijas Lina y Olga.

Josefine se había casado con el médico Franz Molitor, y el matrimonio había tenido siete hijos, un varón y seis mujeres. Vivían en una lujosa villa de Baden-Baden. Al fallecer el cabeza de familia en febrero de 1901, la viuda, de sesenta y un años, decidió restablecerse de la pérdida emprendiendo un viaje con las dos hijas que todavía permanecían solteras y vivían con ella en la casa familiar. Lina tenía veintiséis años, y Olga, veinte. Las tres mujeres trabaron amistad en un hotel balneario de Ajaccio con el joven Karl Hau, y a partir de ahí, continuaron juntos las vacaciones, pasando por Florencia, Génova y Montreux. Las dos jóvenes Molitor eran atractivas, adineradas, y estaban en edad de merecer. A pesar de que los Molitor eran protestantes y Hau católico, la arrolladora simpatía del muchacho conquistó a Josefine, que vio con buenos ojos cómo Karl cortejaba a sus hijas. Las preferencias de la madre se decantaban por Olga, que tenía la misma edad que el pretendiente, pero parece que Hau la encontró inmadura y superficial y prefirió a Lina, a pesar de la diferencia de edad. La joven, de carácter melancólico —el dolor del alma, dicen—, correspondió a las atenciones de Hau enamorándose perdidamente de él.

Todo fue muy rápido. Al regresar a Alemania, Karl visitó a la familia Molitor en Baden-Baden y declaró a Lina su amor apasionado, proponiéndole matrimonio. La joven aceptó de inmediato, pero la madre se opuso. Los dos jóvenes se fugaron juntos a Suiza con los dos mil marcos que Lina había recibido como adelanto de la herencia de su padre. En un incidente no esclarecido, buscando quizás poner fin a sus vidas, o más bien como un intento de presionar a sus familias, Karl Hau y Lina Molitor se intercambiaron disparos en Realp, cerca del San Gotardo, resultando Lina herida leve en el pecho. Josefine Molitor viajó a Suiza, se llevó a su hija de vuelta a Baden-Baden, y para evitar el escándalo y nuevos intentos de fuga o de suicidio, consintió el matrimonio. Karl y Lina se casaron el 18 de agosto de 1901 en Mannheim.

Los recién casados decidieron iniciar una nueva vida en Estados Unidos. Se instalaron en Washington. La pasión de Karl y la ansiedad de Lina se sosegaron, sentaron cabeza y vivieron felices lejos de su Alemania natal, aunque la esposa seguía sumiéndose de vez en cuando en crisis de melancolía. En 1903 nació su hija, a la que bautizaron con el nombre de Olga en honor a la hermana menor de Lina. Karl americanizó su nombre cambiándolo por el de Carl, y continuó sus estudios de Derecho en la Universidad George Washington hasta graduarse. En 1906, pasó el examen del Colegio —Bar— del distrito de Columbia y empezó a ejercer como abogado, enseñando al mismo tiempo Derecho romano en la universidad. Fue contratado como secretario del cónsul Hermann Schoenfeld, diplomático alemán que representaba al Imperio otomano ante el gobierno norteamericano.

Eran tiempos convulsos que al cabo abocarían al mundo entero a la Gran Guerra de 1914. El descubrimiento del motor de explosión y sus múltiples aplicaciones en barcos, aviones, y en especial la invención del automóvil, revolucionaron la industria y los transportes e hicieron repentinamente muy atractivas las inagotables reservas de petróleo de Oriente medio, las mayores del mundo conocido. Todas las potencias occidentales se dedicaron a cortejar y, alternativamente, hostigar al vetusto Gobierno de la Sublime Puerta, acosado internamente por los «jóvenes turcos», grupo radical que terminaría por tomar el poder mediante un golpe de Estado para, acto seguido, aplicar una política de mano dura y exterminar a más de un millón de armenios que habitaban en los dominios del imperio. Rusos, británicos, franceses, austrohúngaros y norteamericanos ansiaban apoderarse del oro negro que descansaba bajo la arena de los desiertos que controlaban los otomanos. Por su parte, el Imperio alemán, que ya había construido a finales del siglo XIX el ferrocarril de Anatolia, inició en 1903 un nuevo trazado Berlín-Bagdad, que le daría acceso al petróleo de la región y el paso franco de sus mercancías al océano Índico sin tener que cruzar por el canal anglo-francés de Suez. Gran Bretaña anhelaba controlar los territorios que circundaban el golfo Pérsico. Francia quería quedarse con Siria y Líbano. Rusia ya le había arrebatado a los turcos buena parte del Cáucaso, Crimea y las riberas del Mar Negro, y ansiaba quedarse igualmente con el territorio que circundaba el mar Caspio, las actuales Chechenia y Azerbaiyán. El Imperio austrohúngaro había expulsado a los turcos de Rumanía, Bulgaria y los Balcanes, y Grecia había ganado su independencia.

Los americanos, más pragmáticos que los europeos, querían comprar sin tener que movilizar sus tropas, y para ello la Standard Oil Co. se puso de acuerdo con el embajador otomano, que era el cónsul alemán Schoenfeld, con el fin de llamar la atención de la Sublime Puerta y promover en Constantinopla la feria mundial de Saint Louis, Missouri, de 1904, la mayor exposición del mundo, actividad grandiosa que exhibía la Louisiana Purchase y comprendía quinientas hectáreas, tardaba una semana en recorrerse, y había recibido veinte millones de visitantes. El evento tenía como propósito mostrar cómo el presidente Thomas Jefferson había comprado a Napoleón Bonaparte por quince millones de dólares la Louisiana francesa, que abarcaba a la sazón más de dos millones de kilómetros cuadrados de norte a sur a lo largo del río Mississippi, desde Canadá hasta el golfo de México, el equivalente a catorce estados en el actual Estados Unidos. La exposición tenía en realidad objetivos políticos y económicos de largo alcance, y el destinatario del mensaje era precisamente el Imperio otomano: los territorios podían comprarse, y no había necesidad de conquistarlos por las armas. Para ofrecer el proyecto a los otomanos, el cónsul Schoenfeld envió a Constantinopla a su ayudante, el joven Carl Hau.

Fascinado por el lujo decadente de la corte otomana, y seducido por las cantidades fabulosas de dinero que movía el floreciente negocio petrolífero que él veía pasar por delante y cambiar de manos con aparente facilidad de la noche a la mañana, el joven Carl Hau retomó su vida de desenfreno, como cuando era estudiante, sintiéndose ya millonario sin serlo, gastando mucho más de lo que podía permitirse, y cometió un error de jugador compulsivo que después pagaría muy caro: decidió sacar del banco sin permiso de su esposa Lina los sesenta mil marcos que esta había recibido como herencia paterna después de la boda y que tenía depositados en el banco de Washington en el que él tenía firma autorizada. Confiando en multiplicarlos sin esfuerzo, invirtió todo el dinero en negocios especulativos, que se revelaron enseguida como puro agiotaje. Tenía más ambición que aptitudes, siguió viviendo por encima de sus posibilidades, y lo perdió todo.

Al conocer el engaño, y la ruina en que su esposo los había sumido, Lina entró en crisis y se deprimió de nuevo, muy angustiada y temiendo tener que recurrir antes o después a su madre, que tanto la había prevenido en contra de ese matrimonio. A pesar de ello, seguía locamente enamorada de su marido. Su dependencia de Carl era total. Él decidió llevársela de viaje para distraerla, y la dejó con la niña en Baden-Baden, camino nuevamente de Constantinopla, donde pretendía recuperarse de las pérdidas. Antes de marchar, Carl Hau apreció un cambio singular en su cuñada Olga, que seguía viviendo en la casa familiar: había crecido, ya no era la joven frívola y superficial que le había dejado indiferente cinco años atrás. Se había convertido en una mujer, era muy hermosa, tenía unos ojos claros cautivadores y melena rubia cobriza. Elegante, coqueta y mucho más simpática que Lina, Olga contaba en Baden-Baden con infinidad de admiradores y pretendientes. Se le suponían, además, varios amantes. Aprovechando la visita, y mientras Lina permanecía en la casa con su madre y la niña, Carl se habituó a salir con Olga para dar largos paseos en la zona de las villas de la ciudad balnearia. Se sintió irrefrenablemente atraído por su cuñada, que encendió en él, quizás sin saberlo, la llama doble de la vida. Según Octavio Paz, «el fuego original y primordial, la sexualidad, levanta la llama roja del erotismo». Para el autor mexicano, el erotismo «sostiene y alza otra llama, azul y trémula: la del amor». Carl Hau quedó atrapado por el amor y el deseo hacia su cuñada, y así se lo hizo ver a Olga, que pareció corresponderle. Entonces, como había pasado en 1901, todo se aceleró.

A su regreso de Constantinopla, Carl Hau cobró de forma anónima en Viena una carta de crédito de siete mil marcos, informando seguidamente a su banco de Washington de que la había extraviado, y les pidió que le repusieran aquel importe. Recogió a Lina en Baden-Baden y se fueron a pasar unos días en París, saliendo el 25 de octubre de 1906, acompañados de su hija Olga, que tenía tres años, y de una niñera, la señora Lerch. Se alojaron en el Hotel Regina. Allí se les unió Olga Molitor, no sabemos a instancia de quién. Al principio, todo pareció ir bien. Las hermanas conversaban largamente en las horas de ocio, y eso ayudó a Lina. Tampoco sabemos si Carl y Olga consumaron el adulterio en París a espaldas de su esposa y hermana, o se limitaron a adorarse platónicamente. La discordia, en cualquier caso, estaba sembrada. La niñera, señora Lerch, daría a entender con posterioridad, en el juicio, que Carl y Olga se hicieron amantes en París, sugiriendo incluso que las relaciones entre ambos habrían comenzado en realidad años antes, en Ajaccio o en Génova. La señora Lerch relataría también que ella había presenciado una discusión tormentosa entre Lina y Carl en el hotel de París a causa de los celos irrefrenables que sentía la esposa por culpa de los amoríos entre Carl y su hermana. A tal punto llegó la controversia entre Lina, Olga y Carl, que el 29 de octubre el joven no encontró otra solución a la tensión desatada, que ya resultaba insoportable, que enviar un telegrama a la madre, Josefine Molitor, en el que decía: «TE ESPERO EN EL PRÓXIMO TREN. OLGA ENFERMA. VEN ENSEGUIDA, LINA».

Josefine llegó a París al día siguiente, y encontró a su yerno y a sus dos hijas en una situación de aparente concordia que los tres se esforzaron por simular a duras penas. Al asegurarle Lina que ella no le había enviado ningún telegrama, Josefine Molitor sospechó que alguien había querido alejarla para robar en la casa de Baden-Baden, de modo que regresó apresuradamente el 31 de octubre llevándose con ella a su hija Olga.

Carl y Lina Hau reservaron pasajes para regresar a Washington, y viajaron el mismo día a Londres con su hija y la niñera. Al llegar al hotel, les esperaba un nuevo telegrama, esta vez de la Standard Oil Co. dirigido a Carl, reclamándole que pospusiera su retorno a Estados Unidos y viajara inmediatamente a Berlín por un asunto urgente de negocios: «VENGA SIN DEMORA A BERLÍN. DISCRECIÓN IMPORTANTE. APRESÚRESE». En realidad, este segundo telegrama había sido enviado una vez más por el propio Carl. Era un pretexto, necesitaba imperiosamente volver a ver a Olga antes de regresar a América. El amor y la pasión no admiten esperas.

Temiendo ser reconocido en Baden-Baden, Carl Hau encargó en la peluquería del hotel de Londres una peluca y una barba postiza, se compró un abrigo negro y un sombrero de ala ancha, y se embarcó para Alemania. Al llegar, se dirigió a Frankfurt, adonde llegó el 3 de noviembre. Telegrafió a su esposa diciéndole que la reunión se celebraría en esa ciudad y no en Berlín. Encargó una nueva barba postiza, pues la que le habían hecho en Londres no le quedaba bien, y el 6 de noviembre por la mañana viajó en tren a Baden-Baden, adonde llegó después del mediodía. Era un día frío y lluvioso, y al atardecer se extendió sobre la ciudad una densa niebla. Nadie reconoció a Carl Hau, pero su atuendo llamó la atención de varias personas porque se apreciaba a simple vista que la peluca y la barba no eran auténticas, lo que, unido al sombrero y al largo abrigo negro, su elevada estatura y su palidez extrema, le conferían un aspecto fantasmal. Algunos testigos lo compararían más adelante con el «holandés errante», personaje mítico de una ópera wagneriana. Deambuló varias horas por la ciudad y terminó por apostarse cerca de la villa de los Molitor con la esperanza de ver salir a Olga y encontrarse con ella.

A las 17:45 horas, como no observase movimiento alguno, Carl Hau llamó por teléfono, disimulando la voz, a la villa Molitor en la Stadelhoferstrasse, haciéndose pasar por el jefe de la oficina de correos de Baden-Baden, y requirió que la señora Molitor acudiera inmediatamente a la oficina porque —según dijo— habían encontrado el papel con el texto manuscrito del telegrama de París del que ella se había quejado. La criada que recibió el recado advirtió a Josefine Molitor que le había parecido reconocer la voz del yerno, Carl Hau. La señora Molitor desdeñó el aviso, se abrigó y salió de la casa. En la villa vecina de los Engelhorn recogió a su hija Olga, que estaba tomando el té con aquellos amigos, y ambas se dirigieron a la oficina de correos por la Kaiser-Wilhelm-Strasse.

Era casi noche cerrada, la calle estaba poco iluminada, y la niebla reducía más aún la visibilidad. Las mujeres percibieron que las seguía un hombre desconocido. A la altura de la Lindenstaffelnstrasse, el hombre se acercó más aún, sacó inopinadamente un arma de fuego, y sin mediar palabra disparó. La bala alcanzó en la espalda a Josefine Molitor, le perforó el pulmón izquierdo y le atravesó el corazón. La viuda se desplomó y murió en el acto. El agresor se alejó, volviendo a toda prisa sobre sus pasos. Olga Molitor recogió a su madre en el suelo, pidió auxilio a gritos, y solo pudo percibir que el agresor era un hombre vestido con un abrigo largo y oscuro y un sombrero. No reconoció a Carl Hau. No hubo más testigos del crimen.

Carl Hau regresó a Inglaterra a toda prisa, y fue detenido al día siguiente por la tarde, poco después de llegar a su hotel en Londres. Fue extraditado a Alemania dos meses más tarde y puesto a disposición del tribunal de Karlsruhe, que ordenó su procesamiento e ingreso en prisión. Su padre contrató como abogado defensor al magistrado jubilado doctor Eduard Dietz. Se encargó de la investigación y la acusación el fiscal doctor Bleicher. La instrucción del sumario se prolongó varios meses.

Lina Molitor, devastada por los acontecimientos, visitó a su marido Carl Hau en la prisión el 5 de junio y solicitó entrevistarse con él privadamente. Le permitieron verle en presencia de un supervisor. A pesar de la falta de intimidad, Lina pudo transmitir a Carl sus deseos: lo mejor que podían hacer era suicidarse los dos por el bien de la familia, para evitar el juicio y el escándalo. No pudo entregarle el veneno que llevaba y había preparado para él, una combinación de opiáceos en una botella pequeña. Conociendo los antecedentes y la determinación de su esposa, Hau, que volvía a ser llamado por todos Karl, solicitó a través de su abogado que le permitieran mantener una nueva conversación en privado con su esposa para disuadirla de su decisión fatal. Le fue denegado.

Al día siguiente, 6 de junio, Lina Molitor viajó a Zúrich, se bebió ella misma los opiáceos, y se lanzó al lago Pfäffikersee. Su cuerpo no se hundió porque había rellenado el traje de baño con cartas y otros documentos alrededor de su cuerpo. Dejó escrito que era su deseo que a su hija Olga le fuera cambiado el apellido Hau, y dispuso que la custodia de la menor fuera atribuida a su hermana. Su voluntad no fue respetada por la familia: la niña fue trasladada a Estados Unidos, entregada en adopción, y su nueva familia, los Masters, le impusieron el nombre de Ruth Dorothee. Se especuló con que la fiscalía de Karlsruhe había provocado el suicidio presionando a Lina, incautándose de la correspondencia de su marido y amenazándola con procesarla a ella también si Karl Hau no se reconocía culpable del asesinato. La familia Molitor procuró convencerla por todos los medios de que Hau había matado a su madre, logrando que Lina enviase un telegrama incriminatorio contra su marido, cuya autenticidad desmintió seguidamente. El único motivo para quitarse la vida que ella dejó por escrito fue que ya no se sentía atractiva, que no podía soportar que su marido ya no la quisiera y se hubiera enamorado de su hermana Olga, y que no se sentía capaz de seguir viviendo lejos de él. La llama doble.

El juicio contra Karl Hau se celebró a partir del 17 de julio de 1907, y las sesiones se prolongaron durante cinco días ante un jurado de ciudadanos constituido en el tribunal de distrito de Karlsruhe bajo la dirección de su presidente, el doctor Eller. La expectación fue enorme, y una multitud se agolpó en todo momento frente a la sede del palacio de justicia. Los medios de comunicación habían publicado los detalles del caso, y la opinión pública estaba dividida entre los partidarios y los detractores del acusado. Fueron interrogados setenta y dos testigos.

Karl Hau declaró el primero. El magistrado Eller le interrogó durante tres horas. El acusado admitió que había escrito los telegramas de París y Londres y que había estado en Baden-Baden el día del crimen, pero negó cualquier responsabilidad en el asesinato. Aseguró que había enviado el primer telegrama para que Josefine Molitor viniera a París y se llevara a Olga porque su mujer estaba muy celosa de su hermana. Le preguntaron entonces si los celos de Lina estaban justificados. Eludió responder a la pregunta, aunque reconoció que se había sentido atraído por Olga. Por esa razón —y no para matar a su suegra, adujo— había enviado el segundo telegrama, viajado a Alemania y realizado la llamada telefónica haciéndose pasar por el jefe de la oficina de correos: necesitaba imperiosamente volver a ver a Olga antes de regresar a América. Ese había sido su único propósito al presentarse disfrazado en Baden-Baden. Luego, al ver salir a Olga de la villa Engelhorn acompañada de su madre, comprendió que no podría verla a solas, desistió de su propósito y se marchó. Había regresado poco después de las 18:00 horas a la estación de ferrocarril en un taxi que tomó en el bulevar Lichtenthaler. Se marchó en el tren de las 18:15 a Karlsruhe. De ahí, sin detenerse, volvió a Londres, donde le aguardaba su esposa, y fue detenido el día 7 en el Hotel Cecil, dos horas después de su llegada, por los inspectores de Scotland Yard.

Fueron desfilando a continuación todos los testigos circunstanciales, que explicaron al jurado los datos ya conocidos: las idas y venidas del acusado en Baden-Baden, y su reconocimiento por varias personas a causa de su atuendo extravagante que tanto llamaba la atención. La niñera refirió las discusiones en París entre Karl y su esposa Lina. Declaró también un testigo, un preso que había convivido en la cárcel con el acusado, a quien pidieron que relatara las confidencias que le había hecho su compañero de celda. Aseguró que Karl Hau era inocente.

Los psiquiatras Alfred Hoche y Gustav Aschaffenburg, que reconocieron a Karl Hau en la prisión, ya en Alemania, aseguraron que tenía una personalidad con tendencias megalomaniacas y una marcada adicción a las compañías femeninas, todo lo cual, sin embargo, no afectaba a sus facultades cognitivas y volitivas: sabía lo que hacía y lo hacía de forma voluntaria. En definitiva, dictaminaron que era penalmente responsable. El doctor Aschaffenburg, que había entrevistado además a Karl Hau junto con varios colegas ingleses mientras aquel estaba todavía detenido en Inglaterra, aseguró que, en su opinión, el acusado ignoraba por completo en el momento de su detención en Londres lo que le había ocurrido a su suegra.

Olga Molitor fue igualmente interrogada. Explicó que su madre la recogió en casa de unos amigos el día del crimen rogándole que la acompañase a la oficina de correos. Cuando caminaban por la Kaiser-Wilhelm-Strasse habían sentido —relató— los pasos de alguien que las seguía de cerca y se habían asustado, aunque no pensaron ni por un momento que aquel hombre pudiera atacarlas. Luego describió cómo se había cometido el crimen, por sorpresa, de forma por completo inesperada. Preguntada acerca de si los motivos de su hermana para estar celosa estaban fundados, respondió categóricamente que no, asegurando que el acusado nunca se le había insinuado y que, en caso de haberlo hecho, ella lo hubiera rechazado. Más adelante reconoció, sin embargo, que Lina estaba muy celosa de ella, y que habían discutido varias veces por ese motivo. Su hermana le había pedido que no se arreglase tanto y que vistiese de forma más discreta. Preguntada si sospechaba que su cuñado era el asesino, contestó: «No, absolutamente no». Los asistentes al juicio se mostraban cada vez más hostiles con Olga y a favor del acusado, y los murmullos de desaprobación después de cada respuesta de la joven fueron en aumento. A la salida del tribunal, la policía tuvo que escoltar a la mujer para protegerla de la multitud que la increpaba con agresividad.

En sus conclusiones, el fiscal procuró presentar al acusado como un depravado. Resaltó que, apenas llegado al hotel de Frankfurt, había solicitado la compañía de prostitutas, lo que casaba mal con la conducta que cabía esperar de un hombre de orden. Informó al jurado de que Karl Hau había gastado más de ciento treinta mil marcos en Port Said. En la mesa destinada a mostrar las piezas de convicción, el fiscal hizo exhibir durante todas las sesiones del juicio un frasco de cristal con el corazón de Josefine Molitor traspasado por la bala y conservado en formol. Aludió reiteradamente al revólver ocupado a Karl Hau en su habitación del hotel de Londres, a pesar de que la prueba pericial había demostrado que el arma no era la que se había utilizado para cometer el asesinato. En vano protestó la defensa, señalando que el acusado había adquirido el revólver para llevarlo consigo en sus viajes a Constantinopla, donde era seguido y espiado por los servicios secretos imperiales, que sospechaban que mantenía contactos con los «jóvenes turcos». El fiscal le retrató como un mujeriego y especulador sin escrúpulos que había arruinado a su familia y provocado el suicidio de su esposa. Según el fiscal, el acusado tenía un motivo para matar a su suegra: los setenta y cinco mil marcos que heredaría Lina Hau al fallecer su madre.

Cuando se celebró el juicio contra Karl Hau, el proceso penal en el Imperio alemán era todavía marcadamente inquisitorial, propio del antiguo régimen. La instrucción era secreta, la defensa no tenía posibilidad de intervenir en la fase de investigación, proponer pruebas ni interrogar a testigos, y solamente era informada de las pruebas de cargo cuando el sumario estaba a punto de concluir, poco antes del comienzo del juicio.

Con la derrota del imperio tras la Primera Guerra Mundial, la caída del káiser y la proclamación de la República de Weimar, el ministro de Justicia del Reich, Erich Emminger, promovió en 1924 la reforma del procedimiento penal alemán. Hasta ese momento, los acusados en Alemania —y coincidiendo con lo expresado respecto del proceso español en la exposición de motivos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, impulsada por el ministro Manuel Alonso Martínez— «entraban en el palenque, si no vencidos, por lo menos desarmados». La reforma alemana creó tribunales de jurado escabinados, compuestos por tres jueces profesionales y seis jurados legos en derecho, que deliberaban y decidían conjuntamente.

La reforma no llegó a tiempo de salvar a Karl Hau. El acusado de la muerte de Josefine Molitor era un bebedor empedernido, mujeriego, poco escrupuloso desde el punto de vista financiero, y se había paseado por Baden-Baden disfrazado de manera estrafalaria el día del crimen. Todo eso era cierto, pero no lo convertía en un asesino. No había ninguna prueba de que llevara un arma ni de que hubiera disparado contra su suegra. No se había recuperado la pistola o revólver, ni el casquillo de la bala, y la única testigo presencial, Olga Molitor, había manifestado indubitadamente que Karl Hau no era la persona que realizó el disparo. El fiscal Bleicher, sin embargo, se mostraba convencido de la culpabilidad del acusado y exhibió durante todo el juicio una animosidad personal contra Karl Hau a pesar de que probablemente era consciente de la insuficiencia manifiesta de las pruebas en su contra.

Quizás por eso, durante la fase de instrucción, y sin haber permitido a la defensa acceder al sumario, la fiscalía propuso al abogado de Karl Hau pactar una sentencia de conformidad, reconociendo a su cliente una eximente completa de enajenación mental a cambio de que se reconociese culpable. La fiscalía, en tal caso, no se opondría a su ingreso en una institución de salud mental, y Hau evitaría el riesgo de ser condenado a la pena capital o a cadena perpetua. Rechazada la oferta por la defensa, el fiscal, con la anuencia del magistrado Eller, decidió simplificar la acusación para hacerla digerible a los miembros del jurado y asegurarse de que el acusado resultase condenado: Karl Hau estaba allí y tenía un motivo. En ausencia de otros sospechosos, era culpable.

Se trataba de una acusación inconsistente, por lo que el fiscal Bleicher decidió resaltar en su alegato final los indicios que incriminaban al acusado al tiempo que minimizaba deliberadamente los elementos de prueba que lo exculpaban. Descartó de forma apriorística todas las hipótesis que señalaban hacia otras personas como sospechosas y, con ayuda de Eller, eliminó deliberadamente del puzle las piezas que no encajaban.

Había tres testigos cuyo testimonio determinaba que Karl Hau no pudo haber matado a Josefine Molitor porque se encontraba lejos de la Kaiser-Wilhelm-Strasse cuando se produjo el disparo. La señora Eisele, dependienta de una tienda cercana a la zona de las villas, declaró que ella había visto al hombre alto y delgado con el abrigo negro y sombrero tomar un taxi a las 18:00 horas en el bulevar Lichtenthaler y alejarse en dirección a la estación de ferrocarril. Se acordaba bien porque aquel individuo le había llamado mucho la atención por su extraño atuendo. Escuchó el disparo en la Kaiser-Wilhelm-Strasse varios minutos después, por lo cual, el hombre del abrigo negro y la barba postiza no podía ser el autor del crimen. El taxista señor Braun confirmó la declaración de la señora Eisele: un individuo alto vestido de negro subió a su carruaje a las 18:00 en el bulevar Lichtenthaler y se hizo conducir a la estación de ferrocarril. Lo recordaba perfectamente por su vestimenta extravagante y porque le cobró setenta céntimos por la carrera, pagándole el viajero dos marcos y permitiéndole quedarse con la vuelta. Lo dejó en la estación poco antes de la salida del tren de las 18:15. Por último, la baronesa Von Reitzenstein, también vecina de los Molitor, declaró que había salido de su casa en la villa Edina, en la misma Kaiser-Wilhelm-Strasse, a las 17:50 para echar una carta en el buzón de correos de la esquina de la Kronprinz-Strasse, delante de la villa Helena, y en ese trayecto se había cruzado a la altura de la villa Nagell con un hombre alto de abrigo y barba negra, muy pálido y delgado, que subía por la calle a toda prisa, con las solapas del abrigo levantadas. En el juicio reconoció sin dudar a Karl Hau como el hombre del abrigo negro. Lo conocía de vista por haberlo visto paseando con Olga Molitor por los alrededores de las villas el mes anterior. Sin embargo —manifestó—, cuando volvía a su casa, unos seis minutos después de haber visto a Karl Hau, se cruzó con Josefine y Olga Molitor, a las que conocía de toda la vida, que caminaban en dirección distinta de la que había tomado el hombre del abrigo negro para alejarse del lugar. La testigo vio entonces que detrás de las dos mujeres caminaba otro hombre, bien distinto de Hau, con barba entrecana, sombrero y abrigo marrón con la solapa bajada, obeso, de estatura mediana y de edad madura. Cuando la baronesa entró en su casa, el reloj daba las 18:00 horas. Varios minutos más tarde escuchó el disparo. Lo recordaba porque su nieto se había asustado mucho. Para quitarle importancia, la baronesa le dijo que no se preocupase, que un cazador debía de haber matado un conejo.

El fiscal desestimó en su informe los tres testimonios. Según él, la señora Eisele y el señor Braun se habían equivocado con la hora. En cuanto a la baronesa Von Reitzenstein, no solo había confundido los tiempos, sino que además se había imaginado al hombre grueso y maduro de mediana estatura, sombrero, barba entrecana y abrigo marrón. Bleicher se apoyó en el testimonio del jefe de la policía de investigaciones, doctor Behringer, quien había declarado que estaba tan seguro de la culpabilidad de Karl Hau que no había considerado necesaria ninguna investigación adicional respecto de otros posibles sospechosos. Distintos testigos habían reconocido a dos individuos, los señores Von Lindenau y Schlieve, como sospechosos que estaban en las inmediaciones del lugar el día del crimen, pero la policía había estimado que no era preciso investigar si alguno de los señalados tenía motivos para matar a Josefine o a Olga Molitor, ni si disponían de una coartada para la tarde del crimen.

Las manifestaciones de Bleicher para desacreditar a la baronesa fueron tan contundentes, dejándola por mentirosa y poniendo en duda su raciocinio, que el barón Von Reitzenstein, militar en retiro, se sintió en la obligación de exigirle una rectificación, y no lográndolo, le retó a un duelo por la ofensa públicamente infligida a su esposa. Los duelos estaban prohibidos, Bleicher denunció al barón, y este fue procesado, juzgado y condenado a un mes de prisión, que cumplió en un acuartelamiento militar.

El jurado deliberó y declaró a Karl Hau culpable de asesinato. El juez Eller lo condenó a la pena de muerte. Cuando se hizo público el veredicto, la multitud dentro y fuera del tribunal prorrumpió en gritos de protesta y organizó tal escándalo que se necesitaron dos compañías de granaderos, además de la plantilla entera de la policía de Karlsruhe, para disolver la manifestación de protesta que se organizó de manera espontánea y que llegó a congregar a veinte mil personas. Finalmente, la policía logró restablecer el orden, disolver la manifestación y despejar la calle y la sede del tribunal. El «motín de Karlsruhe», que carecía de precedentes, se había prolongado durante veinticuatro horas.

Los recursos de la defensa de Hau fueron rechazados: el 12 de octubre de 1907, el Tribunal Supremo —Reichsgericht— desestimó la apelación presentada, y tampoco se aceptó el recurso de revisión solicitando un segundo juicio. La polémica por la condena continuó en los medios de comunicación, y fue subiendo de tono hasta que el 1 de diciembre de 1907 el gran duque de Baden resolvió conmutar la pena de muerte de Karl Hau por la de cadena perpetua. Las impugnaciones posteriores del fallo fueron igualmente desestimadas.

La prensa local, el Badischer Landsmann y el Badische Presse, señalaron a Olga Molitor como una mujer frívola y sin escrúpulos, acusándola veladamente del parricidio de su madre. La familia Molitor ejerció acciones penales y civiles por calumnias y difamación, exigiendo la rectificación de las informaciones publicadas. El Badischer Landsmann publicó una disculpa solemne y su caso se archivó, pero el Badische Presse se negó a rectificar, y su editor, Albert Herzog, fue juzgado y condenado a un año de prisión. En ese juicio declaró también como testigo el señor Von Lindenau —uno de los sospechosos de ser el hombre del abrigo marrón—, quien reconoció haber estado en el lugar la tarde de los hechos caminando detrás de Josefine y Olga Molitor, y haber visto cómo Olga había disparado contra su madre. Posteriormente, este testigo se retractó de su declaración, pero igualmente fue juzgado y condenado por falso testimonio.

Al salir en libertad en 1924, Karl Hau volvió a cambiar su nombre por el de Carl y publicó dos libros, titulados Das Todesurteil y Lebenslänglich —«Pena de muerte» y «Cadena perpetua», respectivamente—, que fueron inmediatamente éxitos de ventas. No desacreditó a Olga Molitor, pero expuso críticamente sus opiniones sobre el juicio y la condena, y sobre su vida en prisión. El ministro de Justicia de Baden, Gustav Trunk, le revocó la libertad condicional, y el 27 de noviembre de 1925 dictó una orden de detención en su contra.

El destino trágico de Karl Hau, Lina y Olga Molitor estaba trazado desde que se habían encontrado en Ajaccio. Eran tan jóvenes y apasionados como los arrebatados personajes del romanticismo alemán de la época. Sus desventuras no eran distintas de las del joven Werther, personaje de Goethe que se suicidó por un amor no correspondido. Tampoco difieren de las de los personajes del Don Carlos, el drama de Schiller. La pasión prohibida que sintió Karl Hau por su cuñada Olga Molitor es semejante a la que despertó en el malogrado príncipe Carlos, hijo y heredero del rey español Felipe II, la joven y bella esposa de su padre, Isabel de Valois: «Esta senda solo conduce a la locura o al cadalso. Amo; amo sin esperanza, criminalmente, con las angustias de la muerte, a riesgo de mi vida; lo veo, pero amo». La historia de Hau y las hermanas Molitor expresa la misma tensión dramática que las composiciones más apasionadas de Giuseppe Verdi, que se inspiró en el drama de Schiller para componer su ópera Don Carlo.

De haberse comprometido desde un principio, Karl y Olga podían haber sido felices. Lina, antes o después, hubiera encontrado también a alguien que se acomodara mejor que Karl a su carácter melancólico, alguien que no le hubiera provocado los celos destructivos que la poseyeron. El amor desenfrenado que Karl inspiró en Lina arrastró a ambos, pero Karl era demasiado joven, inmaduro y alegre, tenía ganas de comerse el mundo, y no pudo aguantar mucho tiempo la tristeza recurrente de su esposa. Se cansó pronto de Lina, y la pasión, la llama doble que despertó en él Olga Molitor, lo destruyó.

En torno al crimen de Josefine Molitor se barajaron todas las hipótesis. No se pudo determinar la existencia de persona alguna que albergase tanta animosidad contra la viuda como para matarla. Se sostuvo entonces que la asesina habría sido en realidad Olga Molitor, o incluso que la habrían matado Karl y Olga de común acuerdo. Eran teorías inconsistentes, ayunas de prueba. Se barajó también como hipótesis la de que el asesino hubiera confundido a las mujeres y errado el tiro. Según esa tesis, la bala estaba destinada a Olga Molitor. Nuevamente, se abrían distintas posibilidades: el asesino podía ser Karl Hau o algún otro pretendiente despechado, y se mencionaron varios nombres de supuestos amantes de Olga Molitor. Se pensó incluso que Lina Molitor, desesperada por los celos, pudo haber contratado a un asesino profesional para deshacerse de su hermana y recuperar así a su marido. Lo único cierto es que tampoco se obtuvieron pruebas de ninguna de esas hipótesis. En realidad, tampoco se investigaron.

La policía y el fiscal optaron desde el principio por la hipótesis que les pareció más probable, o la que encontraron que tenía más posibilidades de ser construida con éxito ante el tribunal, y por eso acusaron a Karl Hau. Sabemos que, con toda probabilidad, él no pudo ser el autor material del crimen, y en la hipótesis de que hubiera encargado el asesinato a un profesional, hubiera carecido de toda lógica que ordenase al sicario cometerlo precisamente el día en que él se encontraba en Baden-Baden y carecía por ello de coartada.

El arrebato es una atenuante presente en casi todos los códigos penales. El español la define como «obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante». Esa atenuante hubiera justificado por sí sola, de haber sido efectivamente culpable, que Karl Hau no hubiera resultado en ningún caso condenado a la pena de muerte. Tenía veinticinco años, era un joven impulsivo, estafador, infiel y enamorado, pero no era un asesino. El fiscal Bleicher y el juez Eller no estaban de acuerdo, y querían castigarlo. Quizás creyeron sinceramente que Hau era culpable. Quizás pensaron que ese caso memorable sería importante para promocionar sus carreras. Probablemente consideraron que las aventuras galantes, las maquinaciones financieras y el amor prohibido y casi incestuoso del acusado por Olga Molitor, que había empujado a la muerte a la infeliz Lina, justificaban su condena. Bleicher y Eller quisieron castigar a Karl Hau por haber provocado esa muerte. Les daba igual si la vida que se cobró era la de su suegra o la de su esposa. Les importaba más hacer justicia, a su manera torcida, que buscar la verdad. El jurado de Karlsruhe estuvo de acuerdo con ellos.

Tívoli, Lazio, Italia. 5 de octubre de 1926

A Olga Hau: querida hija mía, dondequiera que estés, cualquiera que sea ahora tu nombre. Cartas como la presente suelen dirigirse «Al Sr. Juez», y subtitularse con la fórmula rutinaria de «A nadie se culpe de esta muerte», a la que siguen a veces algunas explicaciones o mensajes postreros. Los suicidas suelen tomar la precaución de dejar una carta semejante en lugar bien visible, o la guardan en su bolsillo para que sea encontrada cuando y dondequiera que sea recuperado su cuerpo. En mi caso, la carta tiene ese mismo propósito, común a tales mensajes: dejar constancia de que he decidido quitarme la vida, esta vida, la que me queda, y de que esa decisión la he tomado por mi propia voluntad, en pleno uso de mis facultades, sin que nadie me haya ayudado o animado a poner fin a mis días.

Pretendo además explicarte los motivos de mi determinación, aunque no porque piense que estos motivos son importantes o especialmente originales, diferentes de los de cualquier otro en mi situación. No me guía un afán de notoriedad o de denuncia. Ya no. Solo quiero, hija mía, dejar establecida la verdad para que puedas liberarte de la culpa y del deseo de venganza, para que puedas mirar hacia delante y ser feliz. Tú no vas a heredar mis culpas, porque yo soy inocente. Y tampoco quiero legarte mi ansia de justicia o de venganza, porque esos anhelos ya no alientan en mí. Hace tiempo que perdí la fe en la justicia de los hombres, y nunca he cultivado el odio, el más estéril de los sentimientos. Deshazte de mi recuerdo, disfruta de tu libertad, de tu vida, sin ira; no culpes a nadie y no mires atrás.

De todos los sitios en que podría terminar mis días sin ser molestado, he elegido Tívoli, un lugar de retiro de belleza insólita y alejado del mundo. Encontraré en la Villa Adriana la paz que durante tantos años me ha sido negada; en el jardín que el emperador Publio Elio Adriano hizo construir en memoria de su amor perdido, el joven Antínoo, ahogado en el río Nilo. Lo decidí hace tiempo, todavía en la cárcel, leyendo la correspondencia de Flaubert, que escribió: «cuando ya no existían los dioses y Cristo no había aparecido todavía, hubo un momento único, desde Cicerón hasta Marco Aurelio, en que solo estuvo el hombre». Se refería al periodo, entre los años 117 y 138 de nuestra era, en que la más alta magistratura del Imperio romano correspondió a Adriano. Andaluz, humanista, enamorado del pasado glorioso de Grecia y de la cultura helenística, poeta y gobernante ejemplar, Adriano contuvo las fuerzas del fanatismo religioso, limitó los privilegios y las arbitrariedades del Senado y el expansionismo militar de Roma, abolió la tortura y redimió hasta donde pudo el estado miserable de los esclavos concediéndoles algunos derechos y, sobre todo, reconociéndoles su dignidad y su condición de seres humanos. Los hombres estaban solos, y Adriano los dirigió con moderación y sabiduría. Modernizó y racionalizó la administración burocrática y extremadamente corrupta del imperio, e impuso desde su autoridad el valor superior de la tolerancia. La suya fue, a decir del historiador británico Edward Gibbon «la época más feliz de la historia de la humanidad». He querido entregar mi vida, la que me queda, en la casa de Adriano, que me acoge en esta hora de soledad y tránsito, porque él representa todos los valores de justicia, indulgencia y respeto que considero más preciados, esos mismos que me fueron negados por los jueces de Alemania.

Esta muerte, hija mía, no tiene culpables. La otra, la muerte civil que me sobrevino y me fue impuesta hace veinte años, sí los tiene. Fui víctima de una persecución despiadada e injusta por parte de hombres revestidos de la toga y la autoridad del Estado. Perdí a mi esposa, tu madre. Te perdí a ti, que fuiste arrebatada de mi lado sin motivo y para siempre. Mientras a mí me condenaban a muerte a sabiendas de que no era culpable, o al menos —lo que para ellos debería haber sido lo mismo— de que no había pruebas de que lo fuera, y después me encerraban a perpetuidad por un crimen que no había cometido, a ti te mandaron —dijeron que para protegerte— a otro país, te cambiaron de nombre y te entregaron en adopción sin mi consentimiento. Te hicieron huérfana y te robaron la identidad, hija mía.

Mi proscripción y tu desarraigo perpetuos tienen culpables, pero prefiero no mencionar ahora sus nombres. He procurado durante muchos años restaurar mi honor y recuperarte, mis dos únicas razones para seguir viviendo a pesar de todo. Mis esfuerzos han sido en vano. No tiene sentido continuar, ya no me quedan fuerzas. Conscientes de la afrenta, esos que se dicen servidores del Estado, han decidido liberarme de la prisión mediante un indulto, pero se han negado a descargarme de la infamia. Durante diecisiete años han sido incapaces, a pesar de las numerosas apelaciones y revisiones del juicio, de reconocer su error y la injusticia de mi condena. Mi rehabilitación les hubiera exigido reconocer su falibilidad, y les ha parecido que la sinceridad y la disculpa debida son contrarias al principio de autoridad, de la manera en que ellos lo entienden. En su soberbia, me han impuesto el silencio como condición de mi excarcelación, temiendo que aprovechase la libertad recuperada para exponer sus equivocaciones, sus miserias y su impotencia. Les respondí —pues era la única manera de recuperar mi libertad— aceptando sus exigencias, pero no conseguirán imponerme el silencio. He decidido contar la verdad, esa verdad que ellos han ocultado celosamente al mundo entero todo este tiempo. La opinión pública dejó de importarme hace muchos años, pero me importas tú. Y es por ti, mi querida Olga, mi niña robada, dondequiera que estés, que he hecho pública esta historia, para que tú conozcas la verdad que ellos te han negado y a la que sin embargo tienes derecho. Empecinados en la mentira, han revocado ahora mi libertad condicional para volver a encerrarme. Yo sabía que iban a hacerlo, pero no me importó porque no les voy a permitir que vuelvan a robarme. Nada tengo ya que perder, ellos me lo arrebataron todo.

En el momento de emprender mi último viaje, me pregunto, como se preguntó Adriano: «Animula, vagula, blandula / hospes comesque corporis /quae nunc abibis in loca / pallidula, rigida, nudula / nec, ut solis, dabis iocos».¹

No quiero ocultarte, querida hija mía, que hay otro culpable: yo mismo. No puedo esconderte la parte de responsabilidad que me corresponde por tantos errores como cometí: arruiné nuestras vidas, provoqué la muerte de tu madre. Soy culpable, lo seré hasta el último aliento. Podría excusarme diciéndote que me enfrenté al mundo por un amor prohibido, pero no es menos cierto que obré por ambición: era joven y atolondrado, lo quería todo. Todo lo perdí por egoísmo. No tengo excusa, y en esta hora de verdad, te pido perdón. No podemos volver atrás. Mi vida ya no me pertenece, te la ofrezco, no tengo nada más. Mis dos muertes, la que los servidores de la razón de Estado me procuraron entonces y la que yo me daré hoy, se quedan conmigo. Tú eres libre, vive, sé feliz, mi querida Olga, mi niña perdida.

Tu padre, Karl Hau.

El 5 de octubre de 1926, los vigilantes de la Villa Adriana, en Tívoli, encontraron a un hombre inconsciente en los jardines alejandrinos del palacio en ruinas del emperador Adriano. Murió poco después en el hospital. El informe de la autopsia consignó como causa de la muerte el suicidio por envenenamiento. El cadáver fue identificado como el de Karl Hau, ciudadano alemán, sobre el que pesaba una orden de captura internacional.

La torna

España, 2014

Cuando la pieza de pan artesano que se entregaba no pesaba lo suficiente, se añadía otro trozo de pan, la torna, para que alcanzase el peso requerido. En la panadería de mis padres, cuando yo era pequeña, recuerdo ver esas guillotinas: con ellas se cortaba un trozo de coca de panadero para dar la torna.

MONTSERRAT ROCAMORA, panadera de Barcelona

El afán de venganza ha ilustrado algunas páginas memorables de la historia, la literatura y el cine. Quizás haya alguien a quien hemos deseado la muerte y de cuyo fallecimiento nos alegramos más o menos secretamente con el regusto agridulce del pecado; sospechamos, quizás, de que alguien nos odia tanto que probablemente nos mataría si pudiera. En condiciones normales, sin embargo, a pesar de esos deseos íntimos y ocultos, casi nadie pasa al acto. El resentimiento no se traduce en acciones porque consideraciones éticas, morales, legales o religiosas nos lo impiden. Esos condicionamientos se difuminan en las guerras, especialmente en las civiles: en la confusión de las confrontaciones fratricidas han quedado encubiertos incontables ajustes de cuentas personales. En la vida cotidiana no es tan común, simplemente porque matar está prohibido. Las interdicciones establecidas en las leyes actúan como freno y nos impiden atentar contra la vida de otros, aunque ese sea nuestro secreto anhelo. Las injusticias y afrentas nos soliviantan; la amenaza del castigo nos disuade.

Algunas personas, por excepción, van por la vida sin frenos: ni la ley ni la moral las detiene. Isabel Carrasco Lorenzo, presidenta de la Diputación de León, tenía algunos amigos y no pocos enemigos. Su carácter autoritario y sus decisiones arbitrarias eran proverbiales. Ello no obstante, en una sociedad democrática, pacífica y provinciana como la de León, donde casi nunca pasa nada reseñable, era altamente improbable que un personaje público, tan popular que ganaba las elecciones por mayoría absoluta, pudiera despertar tanto resentimiento como para incitar a algún miembro de esa comunidad a la violencia. Un día, sin embargo, aparecieron esas personas dispuestas a pasar al acto. Además de desearlo, y a pesar de que estuviera prohibido, la mataron.

Las diputaciones son una reliquia del pasado. Fueron creadas a mediados del siglo XIX, cuando Javier de Burgos redistribuyó el territorio español en provincias. Los municipios se encargaban de la administración de los intereses públicos locales, pero el gobierno central estaba lejos, de modo que se necesitaba una estructura intermedia que gestionase los servicios cuya prestación excedía de la capacidad de los ayuntamientos sin alcanzar importancia suficiente como para que debiera ocuparse de ellos el Estado, y para eso se inventaron las diputaciones provinciales. Al aprobarse la Constitución de 1978, hubiera sido razonable que las diecisiete comunidades autónomas de nueva creación reemplazasen a las diputaciones, que podrían haber desaparecido o convertirse, a lo sumo, en delegaciones territoriales de la comunidad autónoma respectiva, pero los intereses creados eran demasiados: los diputados provinciales, los funcionarios y las prebendas, los servicios supramunicipales, las mancomunidades y cabildos, los contratos, concesiones administrativas y las subvenciones. En fin, las diputaciones se quedaron. Decisiones como esa, de más «café para todos», han permitido que subsistan hasta hoy paradojas tales como que Aragón, que tiene 1,3 millones de habitantes, disponga de 731 municipios, mientras Suecia, Estado soberano con diez veces más población y territorio, sea gobernada racionalmente con solo 290 alcaldías.

En uno de esos reinos de taifas, la Diputación Provincial de León, reinaba con mano de hierro Isabel Carrasco. De origen humilde, hija de ferroviario, se había abierto camino con mucho trabajo y gran decisión. Se hizo inspectora de finanzas del Estado por oposición, pero después prefirió dedicarse a la política, logrando en poco tiempo, tras ocupar diversos cargos en la Junta de Castilla y León, hacerse con el control absoluto del Partido Popular en la provincia y arrebatarles el poder a los socialistas, que habían considerado a León uno de sus feudos. Desde la sede del palacio de los Guzmanes, Isabel Carrasco administraba un presupuesto de ciento treinta y tres millones, bastante para una provincia despoblada que contaba con apenas medio millón de almas, y dirigía un ejército de mil doscientos contratados laborales y funcionarios. Carrasco hacía y deshacía. Ella decidía a quién se adjudicaban los contratos, en qué condiciones y a qué precios. Disponía a quién había que dar los puestos de trabajo en cargos de libre designación o como interinos, e incluso decidía quién aprobaba las oposiciones y se convertía en funcionario de carrera, y también quién las suspendía. Los familiares de los alcaldes de la provincia pasaban por las oficinas del partido a recoger las preguntas antes de los exámenes. Isabel Carrasco distribuía después a los aprobados y los utilizaba como fieles informantes en cada una de las unidades administrativas de la Diputación para que la mantuvieran confidencialmente al tanto de todo lo que se cocía en sus dominios. Coleccionaba dosieres de sus opositores dentro y fuera del partido, y se enfrentaba con ellos de forma agresiva y desconsiderada. Acumulaba trece cargos en entidades públicas y privadas, de los que percibía, entre sueldos y otras retribuciones, más que el presidente del gobierno, y tenía señalamientos de corrupción tales como las dietas que cobraba de Caja España por asistir a reuniones a las que se desplazaba en el automóvil oficial de la Diputación. Nada se movía en la provincia sin que ella lo supiera. Su voluntad parecía ser la ley.

Cuando se hizo cargo de la Diputación, Isabel Carrasco eligió su persona de confianza: una joven militante de su partido que había llegado a la institución en la legislatura anterior como funcionaria interina. Triana Martínez González, ingeniera de telecomunicaciones, se convirtió en la sombra de la presidenta. Se sentaba a su lado en los plenos, atendía su agenda, se ocupaba de cualquier gestión oficial o particular que Isabel quisiera encargarle, y esperaba el momento en que tan leal dedicación le fuera recompensada con un puesto permanente de funcionaria en la plantilla de la Diputación. La oportunidad se presentó finalmente cuando se convocó una plaza de técnico superior de telecomunicaciones que parecía diseñada a su medida.

Triana Martínez creía tener derecho a esa plaza, y como había ocurrido otras veces, esperaba que algún compañero del partido o algún funcionario de confianza de la Diputación le facilitase con antelación las preguntas del examen. Esa ayuda no llegó. Por alguna razón, la relación que unía a la presidenta Carrasco con la joven ingeniera se había roto abruptamente. Los testigos refieren una insólita discusión entre Isabel y Triana en el despacho de la presidenta en agosto de 2010, en la que ambas se increparon a gritos con mucha acritud. Nadie levantaba la voz a Isabel Carrasco: solo la joven ingeniera se atrevió a hacerlo.

Triana fue condenada al ostracismo. Se celebró el examen, pero la plaza fue adjudicada a un aspirante que había venido exprofeso desde Burgos para presentarse, y que, una vez aprobado con la nota más alta, tomó posesión de la plaza y pidió la excedencia en unidad de acto, yéndose por donde había venido y dejándola vacante. La presidenta Carrasco amortizó inmediatamente la plaza, eliminándola del escalafón. Con ella desapareció para siempre la oportunidad de un futuro profesional en León para Triana, cuya colocación interina en la Diputación no fue renovada.

Caída en desgracia, la ingeniera perdió la mayor parte de sus relaciones personales, casi todas vinculadas al partido y a la institución provincial, y se encontró sin ocupación y sin ingresos para hacer frente al préstamo hipotecario que gravaba el piso que se había comprado en León, que estaba además garantizado con otra hipoteca sobre el piso de sus padres en Astorga. Su situación se agravó con la notificación que recibió de un expediente de lesividad incoado por la Diputación a instancia de la presidenta reclamándole la devolución de once mil euros por retribuciones supuestamente percibidas de manera indebida. Se le cerraron todas las puertas. Nadie quiso darle trabajo, ni en las empresas de León ni en la Junta de Castilla y León, y era un secreto a voces que esa persecución contra Triana Martínez, a la que se añadió un expediente de inspección por el impuesto sobre la renta incoado por la Delegación Provincial de Hacienda, estaba auspiciada por Isabel Carrasco. Triana perdió 25 kilos y se sumió en una profunda depresión; se convirtió en una sombra de sí misma.

Isabel Carrasco no lo sabía, pero había despertado a su némesis.

Montserrat González Fernández se había casado muy joven con un inspector del Cuerpo Nacional de Policía de Astorga, y había sido madre enseguida. A los veinte años, había dado a luz a su única hija, Triana. La niña creció feliz, pero delicada de salud. Tenía una lesión en la columna vertebral que le obligó a llevar permanentemente un corsé durante sus años de adolescencia. Esa circunstancia, unida a la juventud de la madre, hizo que ambas mujeres estuvieran muy unidas. A Montserrat le encantaba que las confundieran pensando que eran hermanas. Cuando la hija hizo estudios en el extranjero, y más adelante, cuando se instaló en León, Montserrat pasaba más tiempo allí con su hija que con su marido en Astorga. Triana era la alegría, el centro de la vida de su madre.

Mientras su hija fue la preferida de Carrasco, Montserrat adoraba a la presidenta; se afilió al Partido Popular y era una ferviente seguidora de Isabel. Cuando el destino de Triana se torció, el amor se transformó en odio. Montserrat removió todos sus contactos en el partido, y depositó sus esperanzas en una candidatura alternativa que pudiera desbancar a Isabel Carrasco en el congreso provincial de 2012, pero la presidenta tenía el partido tan bien amarrado como la Diputación, y fue reelegida por una mayoría abrumadora. El rencor de Montserrat se tradujo entonces en un deseo irrefrenable de venganza por el sufrimiento de Triana, del que la madre consideraba a Isabel única culpable.

Un psiquiatra declararía más adelante que Montserrat González estaba aquejada de un delirio paranoide, y que tenía una relación patológica con su hija. Las dos forenses de León que la reconocieron sostuvieron, por el contrario, que estaba en su sano juicio, y que sus facultades de conocimiento y voluntad estaban plenamente conservadas. Sea como fuere, para matar no hace falta estar loco. Montserrat expresó su sentimiento y sus motivos con claridad, de manera escueta y bien prosaica, cuando le preguntaron en el juicio: mató a Isabel Carrasco «porque estaba harta». Es una manera de expresar ese rasgo tan marcado de su personalidad, que había transmitido a su hija: un patrón de conducta que cree merecerlo todo, no se resigna ante las contrariedades, y desafía a la autoridad que no se comporta según sus deseos. Los psiquiatras lo llaman intolerancia a la frustración.

Mucha gente está viva solamente porque está prohibido matarla. La vida y la integridad física son algunos de los bienes jurídicos más importantes en nuestra sociedad. Los protegemos con el Código Penal, que nos prohíbe cualquier conducta que suponga un ataque contra esos bienes o los ponga en peligro, y establece severas penas de prisión para el asesinato, el homicidio o las lesiones. Esas prohibiciones y la amenaza de la sanción operan como mensajes disuasorios suficientes para casi todo el mundo. Hay personas como Montserrat González, sin embargo, para quienes las normas penales no representan una motivación suficiente: no les impiden hacer lo que se proponen, sobre todo si se trata de rebelarse contra la denegación de aquello que creen merecer por encima de los demás. Sufren esa contrariedad como una injusticia insoportable.

El 12 de mayo de 2014, sobre las 17:15 horas, Montserrat, cubierto el rostro con una gorra de visera, gafas oscuras y un fular, siguió a Isabel Carrasco mientras la presidenta de la Diputación cruzaba el río Bernesga por un puente peatonal para dirigirse desde su domicilio a la sede del partido, y la asesinó disparándole cuatro veces por la espalda a muy corta distancia con un revólver Taurus SW Magnum del calibre 32. Los tiros retumbaron como truenos en la pacífica tarde leonesa.

La bala del primer disparo rompió una vértebra dorsal de Isabel. Sus piernas dejaron de sostenerla y cayó hacia delante de rodillas. El proyectil continuó su trayectoria perforando un ventrículo para quedar alojado en el corazón, que empezó a desangrarse rápidamente. La hemorragia derramó tanta sangre en el tórax de la víctima que comprimió sus pulmones impidiéndole respirar. La herida era mortal y la agonía hubiera sido rápida, pero Isabel no murió por ese disparo, sino por el segundo, dirigido por Montserrat, con intención de rematarla, a la cabeza de su víctima arrodillada ante ella. La bala penetró por el occipital y produjo daños devastadores en el cerebro. La muerte fue instantánea. Para asegurarse del resultado letal, Montserrat hizo un tercer disparo, que penetró en la mejilla izquierda de su víctima sin afectar a órganos vitales; y un cuarto, que se perdió sin alcanzar su objetivo.

Montserrat dio entonces media vuelta en la pasarela, guardó el revólver en el bolso y se alejó caminando sin perder la calma. Al abandonar la pasarela se topó con una pareja, marido y mujer, que habían venido andando inadvertidamente por detrás y contemplaron atónitos el asesinato. Montserrat se cruzó con ellos mientras seguía empuñando el arma dentro del bolso y se cubría el rostro con el fular. Los testigos no se movieron. Los rebasó y siguió andando para abandonar el lugar.

Mientras la esposa permanecía en el puente y daba el primer aviso por teléfono a la policía solicitando una ambulancia, el marido, policía jubilado, decidió seguir a Montserrat. La perdió de vista en las calles adyacentes, momento que la asesina aprovechó para entregar a su hija Triana, que la esperaba en las inmediaciones, el bolso con el arma. Las mujeres se alejaron por caminos distintos para encontrarse minutos después en la calle Roa de la Vega, donde habían dejado aparcado el Mercedes deportivo de Triana. Allí les dio alcance el testigo, que recabó la ayuda de una pareja de la Policía Municipal que patrullaba por el lugar. Reconoció ante ellos a Montserrat como la asesina de Isabel Carrasco, y las dos mujeres fueron detenidas y entregadas en la comisaría de policía. No se resistieron; no les fue ocupado el bolso con el revólver utilizado para cometer el asesinato, ni el fular con el que Montserrat se había cubierto el rostro.

El registro domiciliario en la casa de Triana Martínez permitió a la policía incautarse de numerosa documentación relativa a Isabel Carrasco, fotografías e informaciones de prensa, así como notas manuscritas. Encontraron también los ordenadores utilizados por la madre y la hija, en los que todavía figuraban búsquedas de información sobre armas de fuego a través de internet. Se encontró una vieja pistola semiautomática Royal —distinta del revólver que había sido utilizado para el crimen—, numerosa munición, unos guantes de látex impregnados de pólvora procedente de prácticas de tiro, y 660 gramos de marihuana. Montserrat explicó que alguien, que no quiso identificar, le había pedido que le guardara esa droga. Aunque la cantidad de droga excedía notoriamente de la que suele considerarse destinada al autoconsumo, no le preguntaron más.¹

El arma utilizada para cometer el crimen es una prueba fundamental en cualquier investigación de asesinato. Su análisis permite determinar la marca y modelo, el calibre, el número de serie, el año y el lugar de fabricación, el estado de funcionamiento y de conservación, la procedencia y titularidad del arma. A través de esas informaciones, el arma contribuye decisivamente a identificar al asesino y a sus eventuales inductores, cómplices o encubridores, amén de permitir comprobar si el arma ha sido empleada en otros hechos delictivos anteriores. En España, la tenencia de armas de fuego requiere licencia y guía de pertenencia; de otra manera, está prohibida y es constitutiva de delito. Las armas son muy difíciles de conseguir si uno no tiene relación con ambientes delincuenciales. Montserrat y Triana eran conscientes de toda la información que podía obtenerse a partir del arma utilizada, y quisieron preservar celosamente esa información.

Para empezar, utilizaron un revólver con el número de serie borrado. Después, se cuidaron de no abandonarlo en el lugar del crimen o en las inmediaciones. Consumada su venganza, hubiera sido razonable deshacerse de él, puesto que ya no pensaban volver a utilizarlo. Les hubiera bastado con tirarlo al río, a una papelera, un cubo de basura o una alcantarilla. Solo hay una razón plausible para que no lo hicieran: querían evitar a toda costa que la policía trazara el origen del revólver. Encubrieron a la persona que se lo había facilitado. Tenía que tratarse, en todo caso, de alguien con experiencia en el manejo de armas de fuego, porque la elección del revólver Taurus del calibre 32 no parece casual: se trata de un arma ligera, fácil de manejar, con poco retroceso, que no se encasquilla ni arroja las vainas una vez disparadas las balas. Tiene poca precisión de tiro porque el cañón es muy corto, pero esa limitación es irrelevante si se piensa disparar a quemarropa. Elección experta para una tiradora inexperta.

Sobre la procedencia de las dos armas, el revólver Taurus y la pistola Royal —cuyo número de serie también resultaba ilegible—, Montserrat tendió ante los investigadores una cortina de humo perfecta, asegurándoles que las había comprado en 2012 a un hombre de Gijón llamado Armando. Eficiente maniobra de distracción: el individuo en cuestión existía y era un delincuente habitual conocido por la policía, pero había fallecido en 2013.

Sobre el destino del revólver, madre e hija se negaron igualmente desde el primer momento a revelar cómo se habían deshecho de él. Los investigadores empezaron a examinar las papeleras y contenedores de la zona del crimen, y a drenar el río Bernesga en busca del arma.

El día 13 de mayo por la mañana, dos inspectores del Cuerpo Nacional de Policía de la comisaría de Burgos fueron enviados a León por orden del jefe superior de Policía de Valladolid, máximo responsable del Cuerpo Nacional en la región. Nadie ha podido aclarar las razones de esa decisión anómala. Los inspectores dijeron, cuando fueron preguntados, que se había querido contribuir a la transparencia e imparcialidad de la investigación. Sin embargo, su desplazamiento, presencia y participación, así como sus datos de identificación, fueron omitidos en el atestado policial. Varios de sus colegas de León declararon posteriormente que los inspectores de Burgos se hicieron cargo de la dirección de las averiguaciones desde el momento mismo de su llegada. Esos inspectores foráneos se presentaron ante Triana diciéndole —al menos, eso refirió ella— que eran amigos de su padre, y que le recomendaban que colaborase con ellos. Madre e hija persistieron en no facilitar ninguna información relevante, pero se prestaron a declarar ante los policías, contraviniendo las instrucciones de su abogado, que les había aconsejado que se acogiesen a su derecho a guardar silencio. Triana y Montserrat volvieron a prestar declaración ante la juez de instrucción cuando fueron puestas a disposición del juzgado el día 15 de mayo. La primera negó haber participado en el crimen; Montserrat manifestó que ella era la única responsable y exculpó a su hija. La juez decretó el ingreso de ambas en prisión.

Raquel Gago Rodríguez era policía municipal de León. Mujer joven, de vida tranquila, no tenía especiales aspiraciones profesionales, y mantenía una relación sentimental estable con un hombre casado. Prefería prestar servicio como policía de barrio, que consistía en patrullar en la calle atendiendo a los ciudadanos, sin participar de ordinario en controversias ni confrontaciones, y evitaba ser asignada a seguridad ciudadana porque ese servicio requería prestar auxilio a la Policía Nacional frente a los delincuentes cuando era necesario. No le gustaban las armas de fuego. A diferencia de algunos de sus compañeros, ella no tenía más pistolas que la reglamentaria que le correspondía por su cargo.

Raquel era en mayo de 2014 una de las pocas amigas que le quedaban a Triana Martínez. Las dos jóvenes se habían conocido en la adolescencia en la piscina de Carrizo de la Ribera, muy cerca de León, donde la primera era socorrista y la segunda acudía diariamente a practicar la natación para recuperarse de su lesión de espalda. Las amigas nadaban juntas desde entonces. Se veían o se llamaban casi a diario.

Según su propia versión de los hechos, el día del crimen, 12 de mayo de 2014, Raquel Gago había acudido a casa de Triana a tomar café después de comer, y permaneció allí media hora. Marchó después a la calle Lucas de Tuy, donde estacionó su coche. Pensaba asistir esa tarde, como de costumbre, a las clases de arte que recibía regularmente en un taller de restauración, y estuvo esperando a que abriese la tienda de manualidades donde necesitaba comprar unas pinturas. El establecimiento era un negocio familiar y no tenía horario fijo. Mientras esperaba, Raquel llamó por teléfono a un taller de automóviles y después a un herbolario, y estuvo conversando sobre asuntos triviales con los encargados de ambos establecimientos. Se encontró en ese lugar con un conocido, controlador del estacionamiento regulado del ayuntamiento, que estaba de servicio, y permaneció un rato charlando con él en la calle.

Recibió entonces una llamada de teléfono de Triana, que le preguntó dónde estaba. Se lo dijo. Triana apareció a los pocos minutos y le inquirió si tenía el coche abierto. Raquel no entendió si se lo estaba diciendo o preguntándoselo, así que por las dudas lo abrió con el mando a distancia que tenía en la mano y siguió conversando con el vigilante, sin prestar atención a su amiga, que se acercó al automóvil, abrió la puerta de atrás e introdujo una bolsa, cerrando seguidamente para marcharse, diciéndole que iba a la frutería y que volvería enseguida. No regresó. Raquel esperó un rato más, la llamó por teléfono, no obtuvo respuesta, y finalmente, como no abrían la tienda, se despidió del vigilante, subió al coche y se marchó.

Raquel Gago conoció esa misma tarde, por la llamada de un compañero de la Policía Municipal, las noticias del asesinato de Isabel Carrasco y de la detención de Triana y Montserrat. Según declararía después ese policía, su compañera mostró una gran sorpresa al enterarse de la noticia, y no podía dar crédito a lo que le contaba. Raquel no alteró sus planes y asistió a su clase en el taller de restauración. Después hizo la compra en el supermercado, quedó con su hermana Beatriz y sus amigas Leticia y Lorena, y ya de noche, fueron juntas las cuatro a casa de Raquel en el coche de esta. Más tarde se les unió otra amiga, Silvia. Leticia declararía después que en la parte de atrás del coche, donde ella se montó, había bolsas de plástico y garrafas de agua; no se dio cuenta de que hubiera nada más.

Al día siguiente, 13 de mayo, Raquel acudió por la mañana a su trabajo como de costumbre. Se reunió nuevamente por la tarde en su casa con su hermana Beatriz y su amiga Lorena. Bajaron las tres al garaje para cargar la bicicleta de Beatriz en el coche de Raquel. Esta abrió el coche, retiró algunos papeles, y recogió de los asientos de atrás las garrafas de agua para hacer sitio. Una de las garrafas se abrió, derramándose el agua por los asientos y el suelo del vehículo. Raquel se puso a recoger el agua, y fue entonces cuando vio el bolso de Triana debajo del asiento del copiloto. Comprendió en ese momento por qué su amiga le había pedido la víspera que le abriera el coche: para depositar allí el bolso que llevaba con ella. Sospechó enseguida que en el bolso podía estar el arma utilizada en el crimen y se asustó mucho. Entreabriéndolo, comprobó que así era. Se quedó sin palabras. Entró en pánico. En palabras de Beatriz y Lorena, «hiperventilaba». Con voz entrecortada, acertó a decirles:

—Eso no tenía que estar aquí, no tenía que estar aquí. —Lo repitió una y otra vez. Y añadió—: ¡Qué hija de puta!

Cuando recuperó el sosiego, Raquel Gago llamó a Nacho, un amigo de la familia, agente del Cuerpo Nacional de Policía destinado en la unidad de «delincuencia urbana». Le explicó lo que pasaba. Todavía presa de gran nerviosismo, le contó que tenía en su poder el bolso de Triana Martínez que contenía el arma del crimen. El amigo lo puso inmediatamente en conocimiento de sus superiores, y se desplazó a casa de Raquel con otro compañero. Según declararía después en el juicio, el funcionario encontró a Raquel «en estado de shock». Ella le explicó lo mejor que pudo que Triana había depositado ese bolso en su coche el día anterior, y que ella no se había dado cuenta. Los policías entreabrieron el bolso, comprobaron que contenía el revólver, y dieron aviso a comisaría. Se personaron entonces en casa de Raquel el jefe de la unidad de delincuencia urbana y los dos inspectores de Burgos. Subieron a la vivienda. Raquel les franqueó la entrada y les refirió todo lo que sabía. Bajaron al garaje, encontraron el bolso, lo sacaron, lo dejaron en el suelo, y los recién llegados comprobaron otra vez que contenía el revólver que había utilizado Montserrat González para matar a Isabel Carrasco.

Llevaron a Raquel a comisaría. Hicieron fotos del interior del vehículo, del bolso y del arma. Imputaron a Raquel como partícipe del asesinato, le informaron de sus derechos, y para mayor garantía, le recibieron declaración en calidad de detenida, asistida de letrado. Ella ofreció todos los detalles. Después, la jefa de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) ordenó su puesta en libertad. Tres días más tarde compareció en el juzgado, y la juez de instrucción decretó su ingreso en prisión.

En el juicio, Triana declaró ante el jurado que había recibido de Isabel Carrasco proposiciones de índole sexual que rechazó. Refirió que Isabel le había dado a entender que, de rehusar esa relación íntima que le proponía, no podría aprobar la oposición, que su carrera estaría acabada. La joven acusada afirmó que esa negativa suya había sido la causa de su caída en desgracia. Aseguró que ella no había participado en el asesinato.

Montserrat contó que había matado a Isabel porque esta había arruinado la vida de su hija, y dijo que había actuado sola. Señaló que Triana estaba muy deprimida, que una amiga y dos compañeros de su hija se habían suicidado, y que ella temía que la joven hiciera lo mismo. Había llegado a la conclusión de que la única manera de preservar la vida de su hija era matar a Isabel Carrasco, y por eso lo hizo. «Era ella o mi hija.» Afirmó que no estaba arrepentida.

Raquel sostuvo que era inocente, y contó con detalle todo lo que había hecho el día 12 y el 13 de mayo de 2014. Su versión de los hechos, descrita con anterioridad, fue plenamente confirmada por su hermana Beatriz, sus amigas Leticia, Silvia y Lorena, sus profesores del centro de restauración, y de manera uniforme, sin una sola discrepancia, por todos sus superiores y compañeros de la Policía Nacional y de la Municipal. Estos últimos aseguraron que les parecía imposible que Raquel hubiera participado en un asesinato, que la consideraban incapaz de tal proceder. Su falta de predisposición a la violencia, su sorpresa al conocer el crimen, y su zozobra al descubrir dentro de su coche el bolso con el arma, fueron confirmadas por todos los testigos.

Sobre el procesamiento, la acusación, el juicio y la sentencia de Raquel Gago, ha planeado desde el principio una sombra espesa de incertidumbre.

La policía de León, en primer lugar, recibió declaración a Raquel el 13 de mayo de 2014, y seguidamente, a pesar de la gravedad indiscutible de los hechos, decidió dejarla en libertad. El juzgado acordó el 16 de mayo el ingreso en prisión de Raquel, pero las razones contenidas en el auto de prisión parecían a duras penas suficientes para justificar esa medida cautelar, la más grave. La resolución expresaba que Raquel había «tomado café con Triana y su madre», había permanecido luego «en actitud de espera» en un lugar próximo al de los hechos, había «recibido después del crimen una llamada de Triana», y se había encontrado con ella, «que le había entregado» el bolso con el arma.

La «solidez indiscutible» de esos indicios, sostenida por las acusaciones, fue puesta en entredicho siete meses después por los magistrados de la Audiencia Provincial de León, que dejaron en libertad a Raquel contraponiendo a aquellos indicios incriminatorios otros de carácter exculpatorio de solidez cuando menos equivalente: Raquel había colaborado con la policía entregando el arma «en un momento en que ni el procedimiento judicial ni la investigación se dirigían contra ella», señaló el auto de la sala. Además, podía ponerse en duda que Raquel supiera que el arma estaba en su poder desde instantes después del crimen, «porque en tal caso podría haberse deshecho de ella entorpeciendo el esclarecimiento de los hechos», lo que no hizo. Los magistrados acordaron la libertad provisional señalando que había que contemplar la posibilidad de que Raquel no llegara finalmente a ser acusada, y también la de que, de ser enjuiciada, pudiera resultar condenada solo por un delito de encubrimiento, al que corresponde una pena menos grave.

Esas mismas dudas planearon más adelante sobre la acusación del fiscal: señaló como primera tesis acusatoria la de que Raquel era coautora del asesinato. Solicitó alternativamente que, para el caso de que el jurado no quedase convencido de esa coautoría, se la considerase al menos cómplice del crimen. Solicitó por último que, de no acogerse tampoco la petición de complicidad, fuese condenada como encubridora.

En España, el jurado se compone por disposición de la ley de nueve ciudadanos elegidos al azar. Un magistrado preside las sesiones del juicio, pero no participa en sus deliberaciones. Los jurados adoptan sus decisiones por mayoría: para declarar probado un hecho desfavorable para el acusado, el jurado debe aprobarlo por mayoría de al menos siete de los nueve votos. Cuando se trata de una circunstancia que beneficia al acusado, basta una mayoría de cinco votos.

El veredicto del jurado de León refleja una patente sensación de ambigüedad, la misma que la acusación de Raquel produjo en la conciencia de los policías, los testigos, los jueces y el fiscal. La contraposición de los indicios y los contraindicios que rodean el enjuiciamiento de Raquel Gago resultó también insuperable para los miembros del jurado. La sentencia expone los hechos que los jurados consideraron probados respecto de Raquel Gago: la amistad que la unía con Triana, el hecho de que tomara café con Triana y su madre poco antes del crimen, la espera en la calle Lucas de Tuy, la llamada de 15 segundos que Triana hizo a Raquel después del crimen, el depósito por Triana del bolso con el revólver en el coche de Raquel; el silencio posterior de Raquel, que no dijo a nadie hasta la tarde del día 13 que había estado la víspera con Triana y su madre; y por último, el hecho de que Leticia no viera el arma en el coche en la noche del día 12.

De tales circunstancias, el jurado extrajo la conclusión de que Raquel había sido «partícipe del plan» para asesinar a Isabel Carrasco; dedujo también que se había reunido con Montserrat y Triana el día del crimen «para concretar los detalles» antes del asesinato, y que había «aceptado guardar el arma» después de cometido aquel. A entender del jurado, la llamada de Raquel a la policía del día 13 para entregar el arma no había tenido como propósito colaborar con la justicia, sino «alejar de sí toda sospecha».

En consecuencia, el jurado declaró a Raquel, por mayoría de siete votos, culpable como «cómplice» del asesinato. Culminando la apoteosis de la confusión, el jurado propuso sin embargo, por mayoría de cinco votos, el «indulto total» de Raquel Gago.

El magistrado que había dirigido los debates y tenía que dictar la sentencia quiso poner orden en el veredicto incoherente del jurado, aceptándolo tal como había sido pronunciado, pero reinterpretándolo a su manera. Apreciando que el jurado no había declarado probado que Raquel hubiera tenido participación alguna en el crimen «anterior o coetánea a su comisión», pero sí que había auxiliado a las autoras «a posteriori» escondiendo el arma, corrigió el veredicto desde la perspectiva legal declarando que Raquel no podía ser considerada «cómplice» sino «encubridora» del asesinato, la condenó como tal a tres años de prisión, amén de imponerle otros dos años por la tenencia ilícita de armas. Debería probablemente haber devuelto el acta al jurado para que este, previas las aclaraciones necesarias y luego de nueva deliberación, completase por sí mismo las lagunas del veredicto. No lo hizo así, seguramente, para no aumentar la confusión, y porque entendió que el fallo manifestaba, a pesar de sus carencias, la voluntad mayoritaria claramente expresada de los miembros del jurado, aunque el veredicto fuera una contradicción en sus propios términos: Raquel era culpable pero no debía ser castigada.

Con el argumento de la incorrección procesal del proceder del magistrado sentenciador, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León regresó a la literalidad del veredicto emitido por el jurado y, estimando las apelaciones de los acusadores, revocó la sentencia y condenó a Raquel como cómplice del asesinato a doce años de prisión, absolviéndola por la tenencia ilícita de armas.

El Tribunal Supremo revisó las actuaciones, consideró que se había practicado prueba de cargo «bastante» como para desvirtuar la presunción de inocencia, declaró que esa prueba se había obtenido lícitamente, que el razonamiento del jurado era «lógico», y concluyó que, en el caso de Raquel, los indicios eran «plurales» y «apuntaban en una misma dirección». Volvió a incluir la condena de tenencia de armas y elevó la pena por la complicidad en el asesinato a catorce años de prisión.

Montserrat González fue condenada definitivamente a veintidós años de prisión; Triana Martínez, a veinte años. Ambas están cumpliendo su condena en una prisión de Asturias. Raquel Gago, que ya había estado siete meses en prisión provisional en 2014, ingresó en 2016 para cumplir su condena en la prisión de Alcalá de Henares. En septiembre de 2023 fue clasificada en tercer grado y quedó en semilibertad, en régimen abierto, aunque debe volver a dormir cada noche en el centro Victoria Kent, de Madrid, la antigua prisión de mujeres de Yeserías.

El Tribunal Constitucional se limitó a inadmitir el recurso por considerarlo irrelevante.

Asegura un aforismo inglés que «cien presunciones no conforman una prueba, de la misma forma que cien conejos no conforman un caballo». Es indiscutible que en el caso de Raquel Gago hay una pluralidad de indicios, pero difícilmente puede compartirse la conclusión del Tribunal Supremo de que todos «apuntan en una misma dirección». En realidad, hay tantos o más indicios exculpatorios que incriminatorios, unos y otros apuntan en direcciones diametralmente opuestas, y el análisis del conjunto resultante se sitúa de forma manifiesta por debajo del umbral de la prueba de cargo bastante.

La prueba indiciaria requiere que los hechos circunstanciales de los que se desprende la responsabilidad del acusado estén plenamente acreditados, que sean concordantes entre sí, que resulten concluyentes y determinen inequívocamente la culpabilidad, y que no estén contradichos por otras pruebas. Esas condiciones no se cumplen en el caso de Raquel Gago.

¿Qué se probó en el juicio? Se probó que el día del crimen Raquel había estado en casa de Triana después de comer; que, una vez cometido el asesinato, Triana le hizo una llamada de quince segundos; y que Raquel estuvo un rato delante de una tienda conversando con un vigilante de los aparcamientos, en cuyo momento Triana depositó el arma en su coche. Son indicios indiscutiblemente incriminatorios, pero no son unívocos ni concluyentes. No se probó que Raquel se hubiese puesto previamente de acuerdo con Triana, y menos con Montserrat. Tampoco se probó que se hubiera citado con Triana, ni que estuviera delante de la tienda esperándola, ni que hubiese aceptado que aquella depositara el arma en su coche.

De haber existido un concierto previo, Triana no hubiera necesitado llamar a Raquel para saber dónde estaba, porque ya lo sabría: se encontraría esperándola en el lugar y momento convenidos de antemano. Tampoco Raquel hubiera necesitado llamar a continuación a Triana para saber cuánto tiempo tenía que seguir esperándola mientras conversaba con el vigilante de los aparcamientos, porque según el supuesto plan convenido no iba volver, sino que iba a alejarse del lugar con su madre. Las dos llamadas carecen de sentido. La intervención misma de Triana, además, hubiera resultado innecesaria, puesto que Montserrat huyó precisamente por la calle Lucas de Tuy y podría haber entregado personalmente el arma a Raquel si así lo hubieran convenido, sin necesidad de involucrar a su hija con la tenencia material del revólver en el momento crítico de la huida del escenario del crimen. Según se comprobó, por ende, Raquel aprovechó la espera delante de la tienda para llamar por teléfono a un taller de coches y a un herbolario y conversar con ellos. No parece razonable suponer que quien espera para hacerse cargo del arma de fuego todavía caliente que acaba de utilizarse para cometer un asesinato de gran relevancia política y mediática, pueda tener tanta sangre fría como para entretener la espera con llamadas triviales e innecesarias. Las inferencias del jurado no resultan lógicas.

Las circunstancias acreditadas permiten albergar sospechas —vehementes, si se quiere— en contra de Raquel, pero esas sospechas no parecen suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia y sustentar una condena.

Según la máxima latina fecit qui prodest, se supone que el crimen lo comete aquel a quien beneficia. La principal laguna de la acusación que debió apreciar el jurado es que Raquel no tenía motivos para matar a Isabel Carrasco. Montserrat y Triana la mataron para vengarse, pero ¿por qué tendría que haber compartido su propósito Raquel? Nadie dijo que no estuviera en sus cabales, ni que tuviera un temperamento violento, ni que la víctima le hubiese perjudicado en modo alguno. La amistad con Triana no parece razón suficiente para matar a alguien que no te ha hecho nada, a quien ni siquiera conoces.

Los jurados no supieron valorar, por ende, las circunstancias que habían rodeado la adquisición del arma, que Montserrat y Triana guardaron en secreto, probablemente porque estaban encubriendo a alguien. Si Raquel hubiera compartido el propósito homicida de madre e hija, nunca hubiera entregado el arma a la policía; se hubiera deshecho de ella de inmediato después de enterarse de la detención de Montserrat y Triana. Al avisar a la policía y descubrir que el arma se encontraba en su poder, Raquel se colocaba inadvertidamente a sí misma en el escenario del crimen; de ser culpable, nunca lo hubiera hecho. Para ella no tenía sentido alguno la prevención que abrigaban Montserrat y Triana respecto de la persona que les dio el arma, a quien encubrieron de manera proactiva.

Si Raquel Gago no tenía interés en esconder el arma ni en deshacerse de ella, si no estaba encubriendo a quien se la hubiera facilitado a Montserrat y Triana, si colaboró con los investigadores entregándoles la prueba fundamental que incriminaba a su amiga Triana y les ponía eventualmente sobre la pista de otros partícipes en el crimen, ¿qué más queda en el sumario? Quedan los contraindicios.

Nadie supo valorar debidamente las numerosas averiguaciones realizadas con respecto a Raquel Gago incorporadas al sumario, todas las cuales dieron resultado negativo y tienen por ello el carácter netamente exculpatorio que como tal debió ser apreciado por la policía, los jueces, las acusaciones, la defensa y el jurado. A Raquel le pidieron una muestra de ADN, que prestó de forma voluntaria, y la cotejaron con las muestras recogidas en el escenario del crimen con resultado negativo. Le pidieron que realizara un cuerpo de escritura, a lo que se prestó sin oponerse, y realizaron con él una prueba pericial caligráfica para comprobar si su letra se correspondía con alguna de las anotaciones encontradas en casa de Triana con datos sobre armas de fuego. Ninguna había sido escrita por Raquel. Buscaron datos incriminatorios en la memoria de su teléfono y en la relación de sus llamadas. No encontraron nada. Buscaron también en su ordenador, en sus cinco dispositivos externos de almacenamiento: nada. Comprobaron sus cuentas bancarias, con resultado una vez más negativo.

Los inspectores de Burgos procuraron encontrar, mediante una investigación exhaustiva de las localizaciones del teléfono móvil de Raquel Gago, cruzándolas con las del de Isabel Carrasco en los días previos al crimen, coincidencias que sustentaran que la acusada había participado en los seguimientos de la presidenta. La prueba carecía de virtualidad, porque se realizó tomando las referencias de una sola antena cada vez, lo que permite averiguar la proximidad a esa antena en todo el radio de su área de cobertura, pero no ubica las coordenadas en que se encuentra el teléfono y, por tanto, la persona que lo tiene. Hicieron la búsqueda, además, por franjas de tiempo, en vez de por lapsos determinados. Las únicas coincidencias verosímiles resultaron haberse producido con ocasión, un mes antes del crimen, de las procesiones de Semana Santa, durante las que Isabel presidía las ceremonias religiosas mientras Raquel formaba parte del servicio de seguridad. El resultado fue contraproducente para las acusaciones, pues en el juicio se analizó y descartó completamente esa prueba: los supuestos seguimientos fueron desechados por el jurado por unanimidad.

El empeño era estéril por demás, porque en la causa ya constaba quiénes y cómo habían hecho los seguimientos de Isabel Carrasco, que efectivamente se habían producido, pero en los que Raquel Gago no había participado. Este dato fue también ignorado por las acusaciones y por el jurado.

La buena samaritana se llamaba en esta ocasión María Goretti. Era una vecina de Isabel Carrasco que vivía en la casa de enfrente de la presidenta. Desde el mes de enero de 2014, María Goretti venía observando cómo a la caída de la tarde, prácticamente todos los días, una mujer de mediana edad se apostaba en la zona ajardinada existente entre los dos edificios y desde allí vigilaba el portal de la casa de Isabel. María Goretti sospechó de esa mujer porque se situaba en el jardín, permanecía allí una o dos horas, y se ocultaba detrás de un árbol cada vez que pasaban viandantes. Además, se cubría la cara con un fular, y llevaba siempre la mano dentro del bolso. María Goretti observó también que la mujer se desplazaba caminando de una forma inconfundible, desviando hacia dentro de manera significativa uno de los pies. Algunos días, la mujer se hacía acompañar en sus vigilancias por otra mujer más joven, siempre la misma. María Goretti sabía que quien vivía enfrente era una persona importante dedicada a la política, por lo que dedujo que la mujer que vigilaba la casa sería posiblemente policía. Le pudo la curiosidad que le despertaba la actitud furtiva de la mujer, así que un día bajó y le preguntó. La interpelada, sorprendida y presa del nerviosismo, le contestó de manera entrecortada que no era policía, se marchó de manera apresurada, y no volvió más. María Goretti llamó entonces a la policía e informó de sus sospechas. Su llamada quedó registrada el 24 de marzo. Le contestaron que mandarían a una patrulla, pero no consta que la enviasen, y tampoco que hicieran otras gestiones.

María Goretti no volvió a ver a la mujer, ni se acordó más del incidente hasta que el 12 de mayo vio con espanto en la televisión las imágenes del asesinato de Isabel Carrasco. Volvió entonces a llamar a la policía, y explicó nuevamente la información que había dado casi dos meses antes y que, de haber sido tomada en consideración, podría quizás haber salvado la vida de Isabel Carrasco. Le mostraron entonces fotografías, y reconoció sin ningún género de dudas a Montserrat González y a Triana Martínez como las dos mujeres que vigilaban el portal de Isabel Carrasco. No reconoció la foto de Raquel Gago, que también le mostraron. Solo dos mujeres, no había una tercera.

Los inspectores de Burgos intentaron por último probar que la entrega del arma por parte de Raquel no había sido espontánea, sino consecuencia de una infidencia de Triana y de su subsiguiente filtración. Triana había revelado informalmente el día 13 de mayo por la tarde, comentándoselo a su madre cuando ambas estaban detenidas en comisaría, que el arma la tenía alguien «que era policía», lo que fue escuchado por los inspectores. A continuación —según su sospecha, que fue filtrada a la prensa cuando se levantó el secreto del sumario—, el policía nacional amigo de la familia de Raquel la habría avisado para que se apresurase a entregar el revólver antes de que fuera identificada y detenida. Se comprobaron los teléfonos del policía, de Raquel y de su hermana Beatriz, que estaba con ella esa tarde. No hubo ninguna llamada.

La Ley del Jurado contempla varias oportunidades en las que puede y debe interrumpirse el proceso si se constata que no hay prueba de cargo bastante para desvirtuar la presunción de inocencia que asiste al acusado. Si la insuficiencia se detecta en la instrucción, el juez debe sobreseer la causa. Si la ausencia de prueba se hace patente durante el juicio, el magistrado que preside las sesiones debe declarar que no ha lugar al pronunciamiento de un veredicto y seguidamente dictar sentencia absolutoria, lo que no impide la continuación del juicio para otros acusados. La defensa también puede pedir la disolución del jurado respecto de su cliente por falta de pruebas. Incluso después de haber pronunciado el jurado un veredicto de culpabilidad, el tribunal que conoce de la apelación puede revocar esa sentencia. También pueden hacerlo el Tribunal Supremo al resolver el recurso de casación, y el Tribunal Constitucional cuando resuelve el recurso de amparo. Todas esas oportunidades, más otro recurso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, fueron desaprovechadas en el caso de Raquel Gago. La responsabilidad sobre el destino de Raquel recayó en exclusividad sobre los hombros de los miembros del jurado, y estos asumieron que habiendo sido detenida por la policía, procesada e ingresada en prisión por la juez, y acusada de asesinato por el fiscal, Raquel tenía por fuerza que ser culpable.

En el atestado, la policía de León no hizo constar la presencia en la casa y en el garaje de Raquel de los inspectores de Burgos enviados por el jefe regional de Valladolid. Cuando estos declararon bajo juramento en el juzgado, negaron haber estado en el piso y en el garaje de la casa de Raquel Gago. En el juicio, delante de Raquel, Beatriz, Lorena y los demás policías, no tuvieron más remedio que reconocer que sí habían estado allí, aunque aseguraron que su presencia había sido «testimonial».

A pesar de la inconsistencia de los indicios, esos inspectores decidieron que Raquel debía ser imputada. Ellos o sus superiores decidieron igualmente dar por cerrada la investigación con la imputación de Montserrat, Triana y Raquel, sin averiguar más allá, sin examinar y profundizar los indicios que señalaban a otras personas que podrían haber tenido participación en el crimen, antes o después de su comisión.

Decidieron, por ejemplo, no dirigir las pesquisas sobre la persona más cercana a Montserrat y Triana, quien por su dedicación profesional pudiera haberles auxiliado a procurarse un arma de fuego: Pablo Antonio Martínez García, el inspector jefe de Astorga, esposo de Montserrat y padre de Triana. La sospecha no fue siquiera tomada en consideración, a pesar de que, por su profesión, Pablo Antonio tenía licencia de armas de fuego; a pesar de que había estado destinado como inspector encargado de perseguir el tráfico de estupefacientes en la comisaría de Gijón, lugar en el que, según Montserrat, ella adquirió el arma de un delincuente habitual; a pesar de que dos de las cajas de munición encontradas en casa de Triana, una llena, otra vacía, tenían su nombre escrito.

En el registro del domicilio de Triana, además de 660 gramos de marihuana, se ocuparon diversos ordenadores y discos externos, en uno de los cuales figuraba una serie de fotografías donde madre e hija aparecen felices y sonrientes delante de una gran plantación de lo que parece ser marihuana, compuesta de numerosas plantas de hasta dos metros de altura, en el patio o jardín de una casa de campo debidamente resguardada por altos muros exteriores de las miradas curiosas. En unas fotos se ve a Triana, en otras a Montserrat, en otras están ambas, y en otras, finalmente, aparecen las dos acompañadas de una tercera mujer de edad avanzada. ¿Dónde está esa plantación? ¿Quién es la tercera mujer? ¿A qué destinaban madre e hija, o la anciana, esa cosecha que, de ser lo que parece, valía una pequeña fortuna? ¿Traficaban con drogas? Nadie les preguntó.

Sobre todo, nadie les hizo la pregunta fundamental: ¿quién es la cuarta persona, la que está detrás de la cámara? ¿Quién les hizo esas fotos?

Alguien decidió, además, no indagar en el entorno de la víctima, a pesar de que esta es una de las prevenciones elementales que se adoptan en cualquier investigación de asesinato, y de que la familia de Isabel Carrasco insistió desde el primer momento en que Triana y Montserrat no podían haber actuado solas y que detrás del crimen tenía que haber un plan, un inductor, alguien que instigó a las dos mujeres a cometer el asesinato. Si alguien pudo ayudarlas, facilitarles el arma o darles información relevante de las idas y venidas de Isabel, de sus itinerarios o de sus citas y compromisos, o animarlas a cometer el crimen, si alguien quería ver muerta a Isabel Carrasco además de las dos mujeres que la mataron, esa persona podía estar en el entorno de la Diputación Provincial y del partido en el que Isabel había ido dejando por el camino decenas de adversarios políticos apartados de sus cargos que vieron cercenadas sus aspiraciones. En esos círculos eran lugar común las conversaciones en las que se mencionaba la muerte de Isabel Carrasco como algo que se deseaba o se esperaba. De hecho, todos esos adversarios de la presidenta depuestos por ella tomaron el control de la Diputación y del partido en León después de su muerte. Esa vía de investigación también fue descartada.

Alguien decidió, finalmente, no investigar tampoco la actividad de otra persona: Luis Jesús Estébanez Matos, alias Polín, afiliado y candidato suplente del Partido Popular, asesor de libre designación y amigo personal del presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera Campo. Isabel Carrasco había sido consejera de Hacienda de la comunidad autónoma en el gobierno de Juan José Lucas, pero Juan Vicente Herrera la excluyó de su gabinete. En los meses que precedieron al crimen, entre enero y mayo de 2014, Polín fue la segunda persona con quien más habló por teléfono Triana Martínez, después de Raquel Gago y por delante de su madre. Hablaban varias veces al día, todos los días. Casi el veinte por ciento de las llamadas entrantes y salientes del teléfono de Triana fueron sostenidas con él, que figuraba con cuatro números distintos en su listado de contactos. En total, 267 llamadas y casi trescientos mensajes de texto.

La víspera del crimen, Luis y Triana mantuvieron una conversación telefónica de más de una hora. El mismo día del crimen, hablaron durante tres minutos. Esa información, que figuraba en el sumario, no fue mencionada en el juicio y fue desvelada después por periodistas. Nunca se pidieron explicaciones a Luis Estébanez; no recibió ninguna llamada de la policía, ninguna citación del juzgado. Nunca se investigó la relación que mantenía con Triana. La joven declaró que un amigo suyo, cuyo nombre no quiso facilitar, tenía armas de caza y también revólveres. Tiempo después, otros periodistas averiguaron que Luis Estébanez tenía registradas a su nombre once armas de fuego.

Eran esos tiempos en los que la «policía patriótica» del ministro Jorge Fernández Díaz, del mismo partido político que Isabel Carrasco, se había enseñoreado del Ministerio del Interior.

La Ley del Jurado española, a diferencia de las de otros países, no contempla la posibilidad de trasladar el juicio a una provincia distinta de aquella en la que se ha cometido el crimen cuando la relevancia del delito y su repercusión mediática, social o política sean tan notorias que la imparcialidad de los miembros del jurado pueda verse comprometida. El juicio por el asesinato de Isabel Carrasco no debió celebrarse en León. Los jurados obraron sin duda en conciencia, y no parece que su opinión fuera mediatizada en este caso por los magistrados intervinientes, como por desgracia ocurre algunas veces en los juicios de jurado, pero su veredicto fue manifiestamente influenciado de antemano por el perfil de la víctima, la enorme expectación sobre el juicio y la presión de la opinión pública.

El juicio de Raquel Gago plantea también la conveniencia de adoptar en la Ley del Jurado española el modelo de jurado escabinado que existe, por ejemplo, en Francia, donde seis ciudadanos legos en derecho deliberan y deciden junto a tres magistrados profesionales. El principal problema del jurado, en definitiva, no es que deje en libertad a algún culpable: es que, de vez en cuando, condena a inocentes.

Prescindiendo del entorno de la víctima y del de las victimarias, la investigación quedó notoriamente incompleta. El riesgo, en tal escenario, era que dos mujeres agraviadas y trastornadas despertasen la compasión del jurado, que podía verse tentado de apreciar en su favor una circunstancia eximente de la responsabilidad penal, o alguna atenuante muy cualificada. Los abogados de la defensa de Triana y Montserrat, cumpliendo con su deber y amparándose en informes periciales psiquiátricos de las acusadas, lo intentaron. El crimen, de esa manera, hubiera quedado prácticamente impune. La idea de la conspiración, de un contexto en el que las acusadas se hubieran concertado con alguien más para cometer el crimen, sería indicativa, por el contrario, de una deliberación, una premeditación que excluiría cualquier atisbo de enajenación mental de la madre o de la hija, y contribuiría a construir la apariencia de que la investigación se había completado de forma diligente, que no se había cerrado en falso. Los investigadores, los jueces, los acusadores y el jurado atribuyeron a Raquel Gago, conscientemente o no, la función de la torna, el trozo de pan que se añade a la pieza artesanal que no pesa lo suficiente a fin de que alcance el peso requerido.

Tercera parte

El burladero

La justicia en su laberinto

Las sentencias injustas son a veces consecuencia de los errores de los jueces o de los jurados, de las equivocaciones de testigos o peritos que prestan declaración convencidos de la veracidad de lo que cuentan al tribunal. Otras veces, sin embargo, son el resultado de la mala fe de los denunciantes, de los testigos que a sabiendas cometen falso testimonio, de los policías que prefabrican o manipulan las pruebas, de los coinculpados que vuelcan toda la responsabilidad sobre los demás acusados para eludir o difuminar su propia culpa, de las acusaciones que tergiversan los hechos para conseguir a cualquier precio una condena, o de las defensas que se sirven de la ingenuidad de los jurados o de la falta de profesionalidad y el desinterés de jueces venales para hacer descarrilar a la justicia y conseguir la absolución de un culpable. La verdad que se persigue en el proceso penal es formal, y no puede alcanzarse a cualquier precio. Hay normas de procedimiento que establecen garantías para el acusado y derechos para la víctima, que garantizan el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva de unos y otros: que limitan los medios a través de los que puede alcanzarse esa verdad. No todo vale.

Aseguraba John Irving que los médicos se habían empeñado en enmendarle la plana a Dios decidiendo quién debía vivir y quién tenía que morir. Por eso —señalaba el escritor— tienen que poner su mejor empeño para hacer su trabajo perfectamente, como lo haría el mismo Dios. Otro tanto cabe decir de los jueces, y por extensión, de los jurados y de los fiscales, los forenses y demás peritos, los policías o los testigos.

Los poderes ejecutivo y legislativo raramente se ocupan de los individuos, suelen dirigir sus acciones o sus decisiones políticas a la sociedad en su conjunto. Los tribunales de justicia, por el contrario, se ocupan de las personas, de las controversias que estas tienen con las autoridades o de las que puedan tener entre sí. Todos los que intervienen en los procesos judiciales le están haciendo el trabajo a Dios, decidiendo quién vive y quién debe morir, resolviendo sobre la libertad o el patrimonio, los derechos y las obligaciones de sus semejantes. Dan y quitan. Por eso deben empeñarse en hacerlo lo mejor posible, en esclarecer los hechos con justicia, respetando la verdad y dándole a cada uno lo suyo. La justicia penal es muy vulnerable a la corrupción y a la desviación de poder. Por eso, su historia está plagada de injusticias.

En la recopilación de casos para la preparación de este libro, solo se ha encontrado uno en el que la administración de justicia fue burlada para salvar a un acusado inocente. En todos los demás se ha procurado prefabricar culpabilidades falsas contra inocentes, o circunstancias eximentes para acusados culpables, y en demasiadas ocasiones, esas maniobras torticeras se han visto coronadas por el éxito.

Por esa razón, algunos juristas se preguntan a menudo por qué los tribunales suelen ser tan tolerantes con el falso testimonio y con las acusaciones y denuncias falsas. La lenidad con respecto a esas conductas que socavan la recta administración de justicia la pagan las víctimas de esos ataques insidiosos. Toda precaución es poca: la justicia es el instrumento ideal para la venganza, plato que, como sabemos, se sirve frío.

Información para perpetua memoria

Dinamarca, 1625

Los remordimientos son el atributo natural
de las canas.

CHARLES DICKENS,
Vida y aventuras de Martin Chuzzlewit

Me llamo Erik Sørensen. He servido muchos años como juez de la Corona, en Grenaa y luego en Rosmus, ciudades pequeñas de la costa este de Jutlandia, una comarca rural cuyos pobladores tienen una vida apacible, viven de la pesca o cultivan la tierra. He cumplido con mis funciones a cabalidad, sirviendo los intereses de la justicia y de los daneses y representando la autoridad del buen rey Cristián IV de la mejor forma que he sabido y me ha dictado mi conciencia. He seguido toda mi vida con fidelidad los mandatos de la Iglesia evangélica luterana de Dinamarca.

Hoy he recibido la visita inesperada en el juzgado de Rosmus de un mendigo que ha venido a contarme su historia, que también es la mía. Lo enviaba el pastor de Aalsö. Me he espantado al verle, pues le creía muerto, y a pesar de su visible deterioro y de los más de veinte años transcurridos, lo he reconocido inmediatamente: era Niels Bruus. He escuchado horrorizado su relato, como se escucha a un fantasma del pasado que nos asalta para robarnos el sosiego, haciéndonos regresar al infierno que creíamos olvidado. En mi consternación, he acudido al notario y he otorgado testamento. He querido incorporar la presente declaración a mis últimas voluntades, pero el fedatario me ha dicho que los testamentos no están para eso, que mejor escriba una carta, y eso estoy haciendo: quiero descargar mi conciencia porque presiento que moriré pronto, y contar la historia de Sören Qvist, un hombre bueno al que yo condené a muerte injustamente. Quiero dejar perpetua memoria de esta infamia.¹

Sören Jensen Qvist era el ministro luterano de la rectoría de Vejlby, cerca de Grenaa, muy apreciado por sus vecinos porque vivía conforme a sus creencias; era honesto, servicial, y se dedicaba a cultivar la tierra igual que sus feligreses, amén de atender las tareas de su parroquia, de la que percibía el diezmo. Su posición económica desahogada no le impedía vivir con frugalidad, porque era muy ahorrador —tacaño, a decir de algunos—. Era viudo, y vivía en la casa parroquial en compañía de su hija Mette, que le ayudaba con la organización de las tareas de la casa. De profundas convicciones morales, Sören preparaba minuciosamente sus sermones, que conservaba con celo guardados con sus libros en un arca de la rectoría. Se los aprendía de memoria, y los exponía con elocuencia desde el púlpito.

La felicidad de Qvist se veía empañada únicamente por su carácter irascible, que no era capaz de controlar y que lo atormentaba: reaccionaba de forma impulsiva ante cualquier contrariedad, a veces de manera colérica. Por la ira, Sören había perdido a su hijo mayor, Peder, que no pudiendo sobrellevar por más tiempo el carácter autoritario e intolerante de su padre, abandonó el hogar familiar al alcanzar la mayoría de edad para incorporarse al ejército como voluntario. La reflexión y el arrepentimiento que seguían a aquellas explosiones de ira, tan contrarias a sus convicciones morales y religiosas, no dispensaban a Qvist del sentimiento de culpa que le embargaba cada vez que era incapaz de refrenarlas. La ira desaparecía en un instante, pero la culpa permanecía.

La hija del pastor, Mette Sörendottir Qvist, era una joven lozana y bien parecida, limpia y hacendosa, de carácter dulce y amable con todos, y se ocupaba con diligencia de administrar la granja de su padre y dirigir al servicio, compuesto por la criada Vibeke, la lechera Kirsten, y los mozos Hans y Lars.

Yo era el juez de distrito de Grenaa. Se trataba de mi primer destino, tenía apenas un año de experiencia. Visitaba frecuentemente al pastor Qvist, asistía a sus oficios religiosos, y me había enamorado de Mette. Ella iluminaba mis días con su sonrisa y su alegría, y yo alto, delgado y muy tímido, inventaba cualquier excusa para verla, y cuando la tenía delante, no sabía qué decir. Ella se reía cuando me veía tan azorado. En edad casadera, educada y con posibles, Mette era cortejada por muchos pretendientes de la comarca.

El galán más insistente era un granjero de la vecina aldea de Ingvorstrup, Morten Bruus, alto y de complexión atlética, inteligente y dotado para los negocios, astuto y poco escrupuloso. Se había enriquecido en poco tiempo mediante transacciones turbias, arruinando a pequeños agricultores analfabetos a quienes prestaba dinero con intereses usurarios obligándolos a suscribir garantías hipotecarias cuyas consecuencias omitía explicarles, acabando las más de las veces por adueñarse de sus tierras a poco que incumplieran los vencimientos de los intereses. Yo conocía bien sus manejos abusivos porque ejecutaba las hipotecas en mi juzgado. Me tocó acudir no pocas veces con él a los desahucios de los deudores y sus familias. Morten Bruus tomaba posesión de las tierras, las viviendas, los establos y el ganado con la alegría salvaje de los avaros, y seguidamente las arrendaba a precios escandalosos a los mismos que hasta ese día habían sido sus dueños.

El especulador se había encaprichado de Mette Sörendottir, la atosigaba con regalos y la asediaba con torpeza, empeñado como estaba en convertirla en su esposa, confiando con arrogancia de nuevo rico en que su fortuna mal habida sería argumento suficiente. Yo también la cortejaba, pero le demostraba mi devoción con delicadeza y respeto. Mette parecía corresponderme, y Bruus me aborrecía por ello, aunque se cuidaba muy mucho de mostrarme su animadversión, porque yo era el juez que atendía sus reclamaciones. Más bien, me mostraba una adulación exagerada, con la consideración servil que mejor se acomodaba a sus propósitos. Varias veces intentó ganarse mi favor, ofreciéndome como regalo un becerro, y queriéndome vender buenos caballos a un precio ridículo. Yo declinaba siempre sus ofrecimientos.

Sören Qvist vio inicialmente con buenos ojos el noviazgo de su hija con Morten Bruus. No era un hombre piadoso, pero tenía ante sí un brillante porvenir. Por el contrario, no contemplaba siquiera la posibilidad de que Mette quisiera casarse conmigo, que solo disponía de mi sueldo de funcionario público. Insistió a su hija para que tomase en consideración al negociante, pero Mette rechazó con firmeza esas proposiciones. Morten Bruus le parecía tosco y ordinario, y no sentía que la quisiera. Le parecía que era un especulador sin escrúpulos, y que la quería solo para ascender en la escala social comprando por vía matrimonial el reconocimiento que los vecinos dispensaban a su padre.

El pastor decidió finalmente que no debía contrariar a su hija, dejó de insistir con Bruus, y empezó a tomar en consideración la posibilidad de que yo me convirtiera en su yerno. Me invitó a cenar en la rectoría, y esa noche, mientras Mette nos servía la mesa, Qvist me preguntó directamente: «Erik, ¿ha pensado usted en contraer matrimonio?». Mette se puso tan colorada al escuchar a su padre que no sabía dónde meterse, y casi se le caen los platos que estaba a punto de servir. El pastor prosiguió tanteándola en broma: «Hija mía, qué buen color tienes hoy, se ve que has estado un buen rato delante del fuego».

Inasequible al desaliento, Morten se presentó un día en la rectoría del pastor. Empezó disculpándose con afectación por no acudir a la iglesia con la asiduidad que él hubiera deseado. Se lo impedían —dijo— sus múltiples ocupaciones. Seguidamente ofreció a Qvist donativos en favor de los parroquianos más necesitados de la aldea, a algunos de los cuales él mismo había arruinado. El pastor aceptó las disculpas por la inasistencia a los oficios religiosos, e hizo observar a Morten que no necesitaba su permiso para comportarse cristianamente con los desfavorecidos. Entonces, de manera inopinada, Morten le reclamó sin preámbulos la mano de su hija, ofreciéndose como el mejor de los pretendientes para la joven, quien mejoraría de forma considerable su nivel de vida con ese matrimonio. No se molestó en decir que la quería, ni siquiera por guardar las apariencias.

Sören sintió que la hipocresía del visitante hacía brotar la ira de su fuero interno. Procuró contenerse, pero finalmente, ante la insistencia soberbia del usurero, que hacía caso omiso del disgusto manifiesto que su propuesta había despertado en el pastor y en su hija, agarró a Morten de las solapas, le arrastró hasta la entrada de la casa, y lo echó a la calle con cajas destempladas, conminándolo a no volver por allí y no acercarse más a Mette.

Pocos días después del incidente, Mette y yo nos comprometimos con solemnidad en presencia y con la bendición de su padre. Después de mirar con amor a su hija, mientras la sujetaba por las manos con una dulzura de la que nadie hubiera sospechado que era capaz, el pastor se volvió hacia mí y dijo con suavidad: «Pongo mi sierva en tus brazos».²El pastor formalizó públicamente el compromiso con una celebración a la que invitó en la rectoría a amigos y familiares, y anunció que la boda se celebraría en seis semanas. Al enterarse, Morten Bruus juró vengarse.

Se acercaba la temporada de la cosecha, y como todos los años, Sören Qvist necesitaba contratar peones para que ayudasen en las tareas de recolección de sus campos. Niels Bruus, el hermano menor de Morten, se presentó en la casa parroquial pidiendo trabajo. Era opuesto en todo a su hermano. Hombre obtuso y poco atractivo, sin oficio conocido, vivía pobremente de lo poco que conseguía arañar de la fortuna de Morten y de los trabajos que le iban saliendo, que nunca conservaba, pues era perezoso e insolente. A pesar de conocer bien sus defectos, Sören Qvist lo contrató. Niels tropezó enseguida con el carácter irascible del pastor. La conducta desordenada y la holgazanería del mozo, que dedicaba la mayor parte del tiempo a cortejar a las criadas en vez de trabajar, resultaban un desafío insuperable para la paciencia de Sören Qvist. Tuvieron varios altercados, que siempre terminaban con Niels desobedeciendo las órdenes recibidas, faltando al respeto al pastor y contestándole airadamente, y con Sören zarandeándole con imprecaciones impropias de un hombre de religión. Cuando se calmaba, el pastor se arrepentía de sus arrebatos y se disculpaba con Niels: «Eres pobre y tienes pocas luces, razones de más para que te trate con caridad. Perdóname si te he ofendido». El pícaro se burlaba de las disculpas del pastor.

Un día que le había encargado trabajar en el huerto detrás de la casa, Qvist sorprendió a Niels recostado a la sombra de un árbol, con el trabajo sin hacer, comiendo avellanas con morosidad mientras conversaba con dos mujeres que pasaban por el camino vecino. El pastor le recriminó por su actitud, señalándole la pala apoyada en el tronco del árbol. El peón le respondió, empujando lejos la pala, que el huerto no era tarea suya. Sören perdió los estribos, lo levantó agarrándole de la camisa, lo zarandeó y abofeteó, y agarrando la pala, le propinó furioso varios golpes con ella mientras exclamaba «¡Te voy a castigar, perro! ¡Te voy a dejar muerto a mis pies!». En aquel momento hubiera deseado en verdad matar a Niels, tan desesperado lo tenía. El mozo rodó por el suelo, aparentemente inconsciente. Al verlo desplomarse, el pastor se asustó mucho, y recuperando el sosiego, procuró socorrer a Niels, quien, en vez de dejarse ayudar, se levantó de un salto y salió corriendo hacia el bosque gritando amenazas e improperios. Viéndolo marchar, Qvist se arrodilló, y de todo corazón dio gracias a Dios por no haberle permitido matar al provocador.

Después de ese incidente, Niels Bruus desapareció, y no se volvieron a tener noticias suyas. Morten empezó a difundir enseguida entre el vecindario, con hostilidad y aparente preocupación, que el pastor había agredido una vez más a su hermano. «Esta vez, sin duda», aseguraba, «tiene que haberlo herido gravemente, porque no hay otra explicación para la repentina desaparición de Niels.»

Qvist no podía defenderse de los rumores, pero realizó gestiones entre sus feligreses, y también con sus colegas de las parroquias aledañas, para procurar averiguar el paradero del ausente, sin resultado alguno. Se presentó en el juzgado y me entregó una bolsa repleta de táleros para costear la búsqueda de Niels, rogándome que ordenase a los alguaciles lo conducente para encontrarlo. Le recomendé que no se preocupase. «Niels Bruus es un vagabundo, estará ebrio en alguna taberna, aparecerá antes o después», le aseguré.

A los pocos días, se presentó en mi juzgado Morten Bruus. Insistió en denunciar a Sören Qvist, asegurando en un tono inamistoso y agresivo que estaba convencido de que el pastor había asesinado a su hermano, y de que esa era la causa de la repentina desaparición de Niels. Me propuso recibir declaración a tres testigos que le acompañaban: la viuda y la hija del vaquero de Invorgstrup, y un campesino llamado Jens Larsen. No me quedó más remedio que consignar la denuncia por escrito, incoé un procedimiento por la desaparición, y acordé recibir declaración a esos testigos. Asistido del escribano, en mi presencia y delante de Morten, la viuda y su hija relataron con detalle la última discusión entre el pastor y Niels Bruus en el huerto aledaño a la casa de Qvist, y la pelea con la pala, que ambas habían presenciado desde el camino colindante. Refirieron las amenazas de muerte que, en el calor de la discusión, Sören había dirigido a Niels, y también los insultos de este en respuesta. Aseguraron que se habían marchado del lugar corriendo muy asustadas, y que desconocían cómo había terminado la pelea. No habían visto a Niels abandonar el lugar.

Larsen, por su parte, contó que, al día siguiente de esa pelea, cuando él regresaba a recogerse en su casa por el camino vecino al huerto del pastor Qvist, escuchó que alguien cavaba con una pala, lo que le extrañó porque era casi medianoche, muy tarde para esa clase de tareas. Por curiosidad, quiso saber quién estaba en el huerto a esas horas, y se asomó por encima del seto. Pudo entrever a Sören Qvist, que estaba vuelto de espaldas, con su bata verde y un gorro de dormir blanco. Lo vio alisando el suelo con la pala. Aunque no le pudo distinguir la cara, lo reconoció por la vestimenta, con la que ya le había visto en una ocasión anterior. No dudó del reconocimiento porque había luna llena. A la vista de tales declaraciones, Morten Bruus me exigió entonces airadamente la detención del pastor y el allanamiento del huerto. Denegué el arresto, pero accedí a la segunda petición. La comisión judicial, compuesta por dos alguaciles, el escribano y yo mismo, acompañada de Bruus y los testigos, se desplazó de inmediato a la casa parroquial de Vejlby.

Al llegar, Sören Qvist nos salió a recibir al camino, inquiriendo por la razón de la visita, en cuyo momento Morten, que se había adelantado a galope en su caballo, le increpó en voz alta ante la perplejidad del pastor: «Has asesinado a mi hermano, lo has enterrado en el huerto, y he venido a buscarlo con el juez del distrito». Recriminé con viveza a Bruus, le exigí contención y, acto seguido, expliqué a Qvist que se había presentado una denuncia en contra de él, y que teníamos que buscar en el huerto. Nos franqueó con amabilidad la entrada, y le dio instrucciones a los peones para que nos ayudasen y nos facilitasen las herramientas y todo lo necesario. Morten abrió camino y, después de merodear un rato por el terreno, señaló un lugar determinado donde la tierra aparecía removida, y pidió que los hombres cavaran allí, incorporándose él mismo a la tarea con afán. Al cabo de un rato, como no encontrasen nada, Morten preguntó a Jens Larsen dónde había visto cavando al pastor. Larsen señaló un rincón del huerto, alejado de la casa. Empezaron a cavar de nuevo en el lugar que el testigo había señalado. Al poco rato, Hans, el criado de la casa, se detuvo, paralizado por la sorpresa. Morten había reconocido entre la tierra removida el sombrero de su hermano Niels, y lo levantó como un trofeo: «¿Qué les dije?», exclamó triunfante, preso de gran excitación. Siguieron excavando con las palas, al tiempo que Morten, arrodillado, escarbaba frenéticamente con las manos. Enseguida dieron con el cuerpo, que yacía tumbado boca arriba, y lo desenterraron por completo.

Sören Qvist presenció el hallazgo con incredulidad, en silencio, inmóvil, con serenidad y palidez extremas, abrazado a su hija Mette, que le acompañaba con gesto preocupado, y que al ver el cadáver se desmayó. La cara en descomposición tenía la nariz rota y era difícilmente reconocible, pero la ropa era sin duda la de Niels, y todavía llevaba en la oreja el aro de plomo característico del menor de los Bruus. Se apreciaba a simple vista que el cráneo estaba deformado por un fuerte golpe en la sien. La viuda y su hija, y también la criada Vibeke, reconocieron el cuerpo como el de Niels Bruus. Sören Qvist proclamó su inocencia «ante Dios y ante los hombres», asegurando que el hallazgo era seguramente «obra del demonio». Ahora sí, no tuve otra opción que ordenar el arresto del pastor y decretar su ingreso en los calabozos del juzgado de Grenaa.

Inicié la instrucción judicial a sabiendas de que debería haberme apartado del caso. El inculpado era el padre de mi prometida y yo había sido el rival del denunciante Morten Bruus, que guardaba contra mí una patente animosidad. Mi interés directo en el asunto era manifiesto, conocido de todos. Mi abstención era una obligación que me venía impuesta por la ley. Yo sabía que mi deber era deferir el conocimiento del proceso a otro juez de la Corona que no tuviera la íntima vinculación con la causa que tenía yo. Sin embargo, en vez de apartarme, me empeñé en investigar en persona la grave acusación dirigida contra mi futuro suegro. Creía firmemente en la inocencia de Sören Qvist, y confiaba en que una investigación minuciosa por mi parte terminaría por esclarecer enseguida la verdad. Tuve miedo de que, si perdía el control de la investigación, mi apartamiento nos condujera al desastre. Esperaba encontrar explicaciones satisfactorias para cada uno de los graves indicios que pesaban sobre el pastor. Tenía que encontrar evidencias contundentes que demostrasen indiscutiblemente su falta de responsabilidad.

Ojalá me hubiera abstenido. Mi amor por Mette Sörendottir, mi aprecio filial por el pastor, mi inmadurez, mi falta de experiencia profesional y, por qué no decirlo también, mi vanidad, me llevaron a cometer un error imperdonable, el más grave de mi carrera, del que todavía hoy me arrepiento y me avergüenzo. ¿Qué iba a pensar mi amada Mette si yo dejaba a su padre desamparado en esa hora crucial? Me empeñé en deshacer el nudo sin darme cuenta de que yo era el menos indicado para conseguirlo. «Estoy directamente involucrado, pero», me dije, «precisamente por eso, soy yo el más interesado y quien mejor puede resolver este enigma.» La verdad, que solo conocí más tarde con amargura, es que, si yo me hubiera apartado del conocimiento del caso, otro juez más veterano y sin vinculación con las partes hubiera probablemente aclarado enseguida y de manera imparcial la verdad de lo ocurrido. Me empeñé en dilucidar un crimen, y ayudé sin querer a consumar otro distinto.

Los tres testigos confirmaron formalmente y bajo juramento sus anteriores manifestaciones. Además, los criados de la casa parroquial declararon haber oído varias veces a Qvist amenazando de muerte a Niels Bruus, y una vez más, muy claramente, el día mismo de la pelea. La lechera de la casa, Kirsten, declaró que la misma noche en que Jens Larsen decía haber visto al párroco en el huerto, ella lo había visto también.

—No podía conciliar el sueño, estaba despierta en la cama —manifestó— y cuando me levanté y me asomé, luego de oír chirriar los goznes de la puerta de atrás, vi salir al párroco en bata y gorro de dormir dirigiéndose al huerto. No sé lo que hizo allí, pero una hora después volví a oír abrir y cerrarse la misma puerta.

Sören Qvist, por su parte, reconoció haber amenazado y golpeado a Niels Bruus con la pala, pero insistió, lleno de consternación:

—Me aseguré de darle con la parte plana de la pala, no le herí de gravedad; delante de mí se levantó para huir y se adentró en el bosque. Desconozco por completo qué hizo después, ni quiénes ni por qué han enterrado el cuerpo en mi huerto.

En cuanto a los testimonios de Larsen y de la lechera, que habían asegurado haberlo visto en el huerto por la noche, el pastor aseguró:

—Son mentiras, están inspiradas por un error o por Satanás. Yo solo puedo encomendar mi suerte a Dios. Hágase su voluntad.

Varios de los presentes se echaron a llorar, y murmuraron: «No puede ser, el pastor es inocente, tiene que tratarse de un error». Di por concluida la investigación y señalé fecha para la celebración del juicio tres semanas más tarde, rezando para que entre tanto ocurriese algo que viniera a arrojar luz sobre los hechos enjuiciados, una luz que hiciera desvanecerse los indicios incriminatorios contra Sören Qvist, que la instrucción solo había contribuido a reforzar.

Mette Sörendottir visitaba a su padre todos los días en la prisión de Grenaa. Le llevaba de comer, lo ayudaba a asearse, le hacía compañía. El pastor estaba sereno, resignado a que su destino fuera pagar por un crimen que no había cometido, y pensaba que era una decisión del Altísimo, cuyos designios se le escapaban. Un día, estando acompañado de su hija en el calabozo, Qvist recibió una visita inesperada que le colmó de alegría y alivió su penosa situación: su hijo Peder. El joven se había licenciado del ejército, había prosperado y se había casado, estableciéndose como administrador de una granja cerca de Varberg, Escania, en la costa báltica de Suecia. Al acudir un día al puerto, había escuchado por casualidad la conversación entre unos pescadores de Grenaa que comentaban el juicio de Sören Qvist. Peder los había interrumpido con ansiedad, y se había hecho relatar la historia con todo detalle. Al parecer, la opinión pública estaba de parte del pastor, porque todos lo querían y lo consideraban una persona virtuosa, incapaz de haber cometido el crimen del que se le acusaba. La mala reputación de Morten Bruus también favorecía al acusado. Al conocer que su padre estaba preso, Peder Qvist se había embarcado de inmediato para regresar a Grenaa. Sören exclamó al verle:

—Bendito sea Dios, que me ha concedido la gracia de volver a ver reunidos a mis hijos.

Al comenzar el juicio, Morten Bruus presentó dos nuevos testigos, campesinos de Tolstrup, quienes aseguraron, refiriéndose a la noche en que se produjo la inhumación del cuerpo en el huerto de la casa parroquial, que regresaban de un baile por el camino que discurre al este del huerto anejo a la casa parroquial de Vejlby y conduce al bosque, cuando se cruzaron con un hombre que llevaba un voluminoso saco a la espalda, que pasó junto a ellos y siguió caminando en dirección al huerto. Con la claridad de la luna, los dos jóvenes pudieron distinguir que iba vestido con una bata verde y un gorro de dormir blanco. Preguntados si habían reconocido al pastor, no tuvieron tiempo de responder porque en ese momento Sören Qvist se incorporó de repente, lívido, diciendo que se encontraba mal y cayó desplomado. La sesión hubo de suspenderse.

Al despertar en el calabozo, recobrada la conciencia y la serenidad, Sören Qvist solicitó mi presencia y la del escribano. Cuando nos tuvo delante, el pastor señaló que quería formular una declaración, y que solicitaba que se levantase acta detallada de lo que iba a manifestar. Comenzó reconociendo su carácter iracundo, apasionado y orgulloso.

—He estado siempre dispuesto a golpear primero. Cuando era un muchacho, maté con ira a mi perro. Le quería mucho, pero había devorado mi comida y la furia me poseyó. Más adelante, siendo estudiante en Leipzig, reñí con un joven alemán, lo desafié, y le causé en duelo una herida que pudo haberle costado la vida. El Señor se apiadó de mí y no permitió que el muchacho muriera. Merezco lo que me está pasando por haber deseado entonces la muerte de aquel joven. Este castigo que se abate sobre mí me pesa de manera insoportable porque soy anciano y padre. ¡Ahora que podría ser feliz con mis hijos! Esta herida, Dios mío, no puede doler más.

Se echó a llorar. Prosiguió:

—He luchado toda la vida contra este pecado mortal, y he sabido arrepentirme, y también perdonar las ofensas. Rara vez he permitido que el sol se ponga sobre mi ira. Sin embargo, debo confesar ahora el crimen que sin duda he cometido sin ser consciente. Golpeé al infeliz con la parte plana de la pala, lo sé muy bien. Cayó, se levantó y huyó. Eso es todo lo que sé con certeza, pero ¡que el cielo me ayude con lo que sigue! Si la lechera dice que me vio levantarme de la cama con la bata y el gorro de dormir y salir de la casa en medio de la noche, si otros testigos me han visto trasladando el cuerpo desde el bosque, y otro, finalmente, enterrándolo en el huerto, me veo obligado a creerlo, y os diré por qué.

»He caminado sonámbulo al menos tres o cuatro veces en mi vida, que yo sepa. La última vez, hace unos nueve años, me tocaba pronunciar el sermón de una ceremonia de difuntos, y no encontraba el texto de las Escrituras que quería citar al día siguiente. Busqué y busqué, pero no pude hallar el pasaje. Era tarde, estaba muy cansado, me fui a la cama y me quedé dormido. Al levantarme por la mañana encontré sobre mi escritorio el discurso fúnebre muy bien escrito, con la cita que no pude encontrar la víspera, todo de mi puño y letra. Un milagro de Dios.

»Esta mañana, cuando los dos nuevos testigos han declarado ante el tribunal, me he acordado de repente de esos episodios en los que he caminado dormido, y he recordado que a la mañana siguiente de la noche en la que el cadáver debió de ser enterrado, me sorprendió ver mi bata en el suelo, cuando yo siempre he tenido la costumbre de dejarla en una silla junto a la cama. Los golpes que le di a Niels debieron de ser más fuertes de lo que yo puedo recordar. Probablemente, él escapó agonizante y cayó muerto en el bosque, y yo, atormentado por la culpa, debí levantarme sonámbulo durante la noche, recuperé su cuerpo y lo enterré en el huerto para encubrir ese crimen por el que ahora debo pagar. Que Dios me perdone.

Después de hacer constar en acta las manifestaciones del acusado, no quedaba nada más por hacer: consternado, declaré el juicio concluso y visto para sentencia. Me encerré en casa, solo, sin dormir, atormentado por la duda y por la tragedia que se nos venía encima. Al despuntar el día, sobreponiéndome a la emoción, cumplí con lo que mi soberbia e ignorancia me indicaban como mi deber, y condené a muerte a Sören Qvist.

Muchos consideraron que la condena era demasiado severa puesto que, aunque el pastor fuera culpable, había cometido el crimen sin saberlo ni pretenderlo y, además, había confesado los hechos, lo que le honraba. Todos juzgaban que debía aplicársele una pena más benigna, y la simpatía hacia el condenado era general entre los residentes de Grenaa, donde el caso se había seguido con pasión. Consciente del sentir de la opinión pública, Morten Bruus se apresuró a organizar la ejecución contratando al verdugo y pagándole por adelantado sus honorarios³antes de que pudiera sustanciarse una apelación o alguien solicitase la intervención y el perdón del rey.

Peder Qvist se dispuso entonces a organizar la fuga de su padre, sacándole por la noche de la prisión con la complicidad del guardián y embarcándole en un pesquero para cruzar el estrecho de Kattegat y alcanzar la orilla sueca al amanecer. Para desesperación de sus hijos, Sören Qvist se negó categóricamente a escapar: «No puedo contrariar los planes de Dios», se limitó a señalar. Mette se despidió para siempre de su padre con una tristeza inmensa, y marchó desolada al encuentro de los pescadores que aguardaban en el puerto. Solo Peder permaneció esas últimas horas junto al pastor.

El ajusticiamiento tenía que producirse al día siguiente al mediodía, en el patíbulo erigido al efecto en la colina del Cuervo, en la vecina localidad de Aalsö. Se había concentrado un gran número de personas, muchas de ellas vestidas con los trajes que reservaban para las ocasiones especiales, no porque tuvieran algo que celebrar, sino por la solemnidad del momento y como señal de respeto hacia su pastor. Trajeron a Sören Qvist, que se había puesto la casulla negra de los oficios de difuntos, y caminaba erguido y sereno. Dirigió a los presentes su último sermón: les previno contra la ira, y ofreció su propio ejemplo para ilustrar las consecuencias de ese pecado capital. Muchos de los asistentes lloraban. Todos permanecían en silencio. Les dijo, citando el Eclesiastés:

—Esforzaos por no enojaros, porque la ira anida en el corazón de los necios.

A continuación, se volvió con calma hacia el verdugo, se colocó una venda sobre los ojos, se inclinó hacia delante, y ofreció tranquilamente su cuello a la espada. El verdugo segó de un solo golpe la cabeza del pastor, mientras la multitud inmóvil y muda contemplaba la escena conmovida.

Peder abandonó el lugar sin mirar a nadie, y se dirigió al puerto donde le aguardaban Mette y los pescadores.

—Vámonos —dijo a su hermana—; en Dinamarca acaban de decapitar a un santo.

El cuerpo de Sören Qvist no fue expuesto de manera infamante ni enterrado en una encrucijada de caminos, como hubiera correspondido por la gravedad de su crimen. Yo decidí entregar secretamente el cadáver al pastor de Aalsö, Peder Korf, que me lo reclamó para enterrarlo en el jardín de su iglesia.⁴Encima de la tumba hizo colocar una lápida de piedra sin nombre, solo con una cruz.

En realidad, Qvist no merecía que su cuerpo fuera expuesto, y tampoco esa sepultura anónima. La ira del párroco no había caído sobre Niels Bruus. Sören Qvist no murió por un crimen que no había cometido, ni por la envidia y la soberbia de Morten Bruus, ni por la pereza de Niels Bruus, que poco tuvieron que ver con el destino trágico del pastor de Vejlby. Tampoco murió para expiar sus pecados. Sören Qvist era inocente. Murió a causa de mi soberbia, de mi ineptitud.

La obligación de apartarme del caso no era solo un problema legal. Era sobre todo una cuestión de sentido común. Mi proximidad con Sören Qvist y mi amor por Mette me privaban de la imparcialidad indispensable, de la distancia necesaria que tendría que haberme permitido apreciar objetivamente las señales inequívocas que tenía ante mis ojos de la monstruosa conspiración urdida por Morten Bruus con ayuda de su hermano Niels para labrar la desgracia de la familia Qvist y la mía. Las buenas intenciones, con las que se dice que está empedrado el camino del infierno —ese camino por el que yo transitaré muy pronto—, me nublaron el entendimiento y no me permitieron verlo.

Dudé, y consulté mis dudas con el pastor de Aalsö. Este me recomendó que actuase en conciencia.

—Si me aparto del caso —le dije—, enviarán de Copenhague a otro juez de la Corona, y entonces será peor, porque ese juez resolverá sin tomar en cuenta la bondad y las virtudes de Sören, que a mí me constan personalmente.

Me equivocaba. Si hubieran nombrado un juez independiente e imparcial, el designado hubiera apreciado todas las pruebas con profesionalidad, con la frialdad necesaria para discernir la verdad detrás de la superchería que teníamos delante y que yo no supe ver.

Un juez profesional hubiera tomado buena nota de que la viuda y la hija del vaquero de Invorgstrup y los criados de la casa parroquial habían visto a Qvist amenazar y golpear a Niels, pero no le habían visto matarlo. Nadie, ni desde la casa ni desde el camino, había visto después de la pelea el cuerpo sin vida de Niels tendido en el huerto, y tampoco en el bosque. Ese juez desapasionado hubiera escuchado adecuadamente el testimonio de Jens Larsen, y hubiera podido apreciar que el campesino no dijo en su declaración que hubiera visto a Sören Qvist cavando con la pala de madrugada en su huerto. Lo que afirmó el testigo es que había visto a la luz de la luna a un hombre de espaldas cavando en el huerto, y que lo identificó como Sören Qvist «por la bata verde y el gorro de dormir blanco» que llevaba. Ese juez hubiera escuchado que Larsen dijo también que «no vio la cara» del hombre que cavaba. Hubiera asociado ese dato fundamental con el otro, igualmente importante, de que los dos jóvenes de Tolstrup que volvían del baile tampoco habían reconocido a Sören Qvist. Se habían cruzado de noche en el camino «con un hombre que llevaba un saco a la espalda», pero todo lo que podían decir de él, pues tampoco habían distinguido su rostro, es que llevaba «una bata verde y un gorro de dormir blanco».

Yo estaba enamorado, perturbado por la angustia, y fui incapaz de apreciar las incongruencias que deberían haber salvado la vida del pastor, que hubieran establecido cuando menos una duda razonable sobre su culpabilidad, fundada tan solo en la acusación inconsistente del denunciante, cuyas intenciones aviesas no escapaban a nadie, y en el hallazgo, sin duda sospechoso, de un cadáver que no fue debidamente identificado en el huerto del acusado.

Nunca debí dar crédito al inverosímil relato autoinculpatorio de un anciano desquiciado por su sentimiento de culpa, persuadido de que la muerte que le aguardaba era un castigo justo, el destino dispuesto para él por mandato divino. Aun admitiendo que el pastor hubiera malherido al perezoso Niels, a quien apenas alcanzó la vida para refugiarse en el bosque y caer exánime, la confesión de Qvist pugnaba con la razón más elemental: era imposible que un anciano sonámbulo pudiera haberse adentrado a medianoche en el bosque para buscar el cadáver. ¿Cómo iba a encontrarlo en plena oscuridad con la sola ayuda de la luz de la luna? Resultaba muy difícil aceptar que el pastor hubiera podido recuperar y transportar el cadáver sin ayuda, pero yo lo acepté.

Las preguntas más obvias y decisivas, esas que yo debí hacerme y no me hice, carecían de respuesta: si el pastor encontró el cadáver en el bosque, ¿por qué no lo enterró allí? ¿Para qué cargaría con el cuerpo, lo traería de vuelta a la escena del crimen y lo enterraría en su propio huerto, junto a su casa, cuando con mucho menor riesgo lo podía sepultar en un lugar desconocido donde no fuera encontrado nunca?

La confesión alucinada de Sören Qvist hubiera llevado a un juez desapasionado a descartarlo como culpable, a sospechar de Morten Bruus, y a ordenar cuando menos una somera investigación. La policía hubiera informado enseguida a ese juez diligente de lo que yo he sabido solamente hoy porque Niels Bruus me lo ha contado: que en una encrucijada de caminos de la cercana localidad de Revn, personas desconocidas habían sustraído la víspera del hallazgo del cuerpo en el huerto de Sören Qvist el cadáver de un hombre que se había suicidado y había sido sepultado allí; un hombre que había sido, por ende, empleado de Morten Bruus.⁵

No me hice ninguna de esas preguntas, no ordené ninguna indagación y, por si acaso, para que nadie sospechase que mi cercanía con el acusado podía afectar a mi integridad profesional y a la credibilidad de la justicia del rey, condené a la pena de muerte a quien podía haberse convertido en mi suegro. Condené a la orfandad a mi amada Mette; y a mí mismo, me condené a la infelicidad y a la soledad para el resto de mi vida. Cualquier juez profesional, atendiendo a las circunstancias concurrentes, hubiese apreciado cuando menos alguna atenuante en la conducta de Sören Qvist, lo que hubiera bastado para conmutarle la pena de muerte por otra de prisión. Mette no quiso volver a hablar conmigo después de la confesión esperpéntica de su padre. No volví a verla después de que dicté sentencia. Nunca más supe de ella, y mi vida ha estado vacía desde entonces. No puedo reprochárselo: yo contribuí de manera decisiva a la injusta muerte de su padre.

La verdad tardó veinte años en abrirse camino. Un mendigo inválido y prematuramente envejecido, que caminaba apoyándose en una muleta, se presentó ayer ante el pastor de Aalsö y le pidió limosna. Le contó que era un antiguo soldado del rey, que se había quedado cojo y había perdido un brazo en la batalla de Lützen.⁶Después había vagado por Alemania sobreviviendo de la caridad. Preguntó al pastor por Morten Bruus, y cuando este le confirmó que había muerto recientemente, el mendigo le reveló que él era el desaparecido Niels Bruus, y le dijo que había regresado con la esperanza de ser reconocido como heredero y propietario legítimo del patrimonio dejado por su hermano. El pastor no quiso desvelarle el destino trágico de Sören Qvist, y le envió a mi juzgado.

Niels Bruus se ha presentado ante mí. Un estremecimiento brutal ha recorrido mi cuerpo al verle: los muertos no acostumbran a salir de su tumba para presentarse ante uno. No puede ser. Al verle, la figura de Sören Qvist, la última imagen de él que me ha perseguido todos estos años, su memoria inconfundible, se ha aparecido ante mí con nitidez. He vuelto a verle con su cabello blanco, la casulla negra agitada por el viento, su semblante sereno ante el verdugo en la colina del Cuervo justo antes de ser decapitado.

El mendigo me ha contado que su hermano Morten había desarrollado un odio mortal hacia Sören Qvist desde el momento en que aquel le negó la mano de Mette y le echó de su casa. Decidió vengarse, y para ello, le obligó a él, Niels, a pedir trabajo al servicio del pastor. Conociendo el abrupto temperamento de Qvist, Morten había ordenado a su hermano que faltara al respeto e insultara continuamente al párroco con la esperanza de provocar una reacción violenta de su parte. Niels reportaba a diario a Morten todo lo que sucedía en la casa parroquial. Niels me contó que al abandonar el huerto aquel día fatal, había corrido a Ingvorstrup para decirle a su hermano que Sören Qvist le había pegado con la pala. Entonces, Morten escondió a Niels y lo encerró en una habitación de la casa para que nadie le viera.

A medianoche —continuó su relato Niels Bruus— los dos hermanos se dirigieron a la encrucijada del camino de Revn, donde desenterraron y se apoderaron del cadáver del suicida recién sepultado. Lo llevaron en medio de la oscuridad a la casa de Morten, donde este golpeó dos veces la cabeza del muerto con una pala, una en el rostro, desfigurándolo y rompiéndole la nariz, y otra con gran fuerza en la sien, quebrándole el cráneo. Lo vistieron entonces con las ropas de Niels, lo cubrieron con su sombrero y le colgaron en la oreja su pendiente de plomo. Escondieron el cuerpo en un saco, y lo llevaron al bosque adyacente a la parroquia de Qvist.

Según el relato de Niels, Morten Bruus había entrado sigilosamente en la casa parroquial, cuya puerta de entrada nunca se cerraba con llave. Una vez allí, se apoderó de la bata verde y el gorro de dormir del pastor y se los puso, haciendo algún ruido que fue escuchado por Kirsten, quien se asomó a la ventana y lo vio salir al huerto tomándolo por el pastor. Ataviado como Sören Qvist, con la bata verde y el gorro de dormir, Morten Bruus regresó al bosque, donde Niels lo aguardaba, y salió de nuevo al camino cargando el cuerpo del suicida de Revn en el saco, a tiempo de cruzarse con los dos campesinos de Tolstrup que regresaban del baile; cavó después una fosa en el huerto, en la que enterró el cadáver con la ropa, el sombrero y el pendiente de Niels Bruus; lo cubrió de tierra, momento en que fue visto por Jens Larsen; devolvió la bata y el gorro de dormir al cuarto de Qvist siendo nuevamente oído por Kirsten, recogió a su hermano en el lindero del bosque y se marcharon tranquilamente a su casa.

Niels ha terminado su relato diciéndome que su hermano le había entregado a continuación una bolsa con cien táleros conminándolo a abandonar Dinamarca para siempre, so pena de responder con su vida. Él hizo lo que se le ordenaba, tomó el dinero, y se separó de Morten para siempre. Niels Bruus no llegó a saber que Sören Qvist había sido juzgado y condenado a muerte. Yo se lo he dicho, y le he explicado dónde está enterrado. Cuando se ha ido, me he quedado solo. He cerrado la puerta de mi despacho, y he llorado sin consuelo.

Mis errores le costaron la vida a Sören Qvist. Su rostro adusto, su mirada serena, su cuerpo enjuto de pie frente a mí durante el juicio, su recuerdo, en fin, no me han abandonado nunca. Lo he adoptado como mi dios familiar,⁷como el padre que no pudo ser para mí. Él me ha perdonado, y me protege cuando lo necesito. Siempre que he tenido que tomar decisiones comprometidas en las causas más difíciles sometidas a mi conocimiento, me he acordado de él, y he procurado resolver con justicia siguiendo su ejemplo: ¿qué habría hecho Sören Qvist en este caso?, me pregunto, y decido en consecuencia. He vivido todos estos años abrumado por la culpa, en soledad, y ahora, presintiendo que moriré pronto, quiero dejar escrito este testimonio para perpetua memoria. Pido a los jueces jóvenes, que empiezan a transitar por el camino de la justicia, que hagan su trabajo con rectitud, sin desfallecer jamás, sin dejarse influir por las presiones externas ni vencer por los prejuicios propios, que anidan siempre en todos nosotros. Deben ser conscientes de que la independencia que les hemos reconocido no es un privilegio, sino una grave responsabilidad, un atributo que la ley les confiere para que sirvan mejor a los justiciables, en cuyo beneficio se la otorgamos.

En estos últimos años de mi desempeño como juez, he consultado asiduamente un libro singular publicado en Castilla por un antiguo soldado, inagotable fuente de sabiduría que encierra numerosas lecciones de vida. Dícese en él, en un pasaje en que el caballero alecciona a su escudero, quien va a asumir el gobierno de una ínsula, una recomendación juiciosa que yo hubiera debido conocer antes de juzgar al pastor Qvist: «No te ciegue la pasión propia en la causa ajena, que los yerros que en ella hicieres las más veces serán sin remedio».⁸

He dispuesto en mi testamento que se erija un monumento en recuerdo de Sören Qvist en la colina del Cuervo en Aalsö, para que nadie olvide la condena injusta de un hombre santo sacrificado por las pasiones y los errores de sus semejantes. Los habitantes de Vejlby no lo han olvidado y le testimonian su aprecio. En vez de lamentar su muerte, han preferido celebrar su vida, y cuando quieren halagar a las personas de bien, dicen: «Es bueno como Sören Qvist». A mí, por el contrario, me sobrevivirá la vergüenza.⁹

Mette y Peder Qvist no regresaron nunca a Jutlandia. Dinamarca había dejado de ser su patria. El juez Erik Sørensen murió en soledad, al día siguiente de la visita de Niels Bruus a su juzgado, fulminado por una apoplejía. A su entierro asistieron algunas autoridades. En cuanto a Niels, fue encontrado muerto junto a la iglesia de Aalsö pocos días más tarde, tendido sobre la tumba sin nombre de Sören Qvist.

El desatino

Malta, 1750

¿Quién los jueces, con pasión,
sin ser ungüento hace humanos,
pues untándoles las manos
les ablanda el corazón?
El dinero.

FRANCISCO DE QUEVEDO,
Letrilla satírica:La pobreza. El dinero

Los Cumbo constituyen probablemente una de las sagas judiciales más infaustas que se recuerdan. Antecedentes de corrupción y crueldad sin cuento salpican de escándalo y oprobio la historia de esta familia de juristas que medraron a la sombra de los Grandes Maestres de Malta, desde que la Orden de San Juan se instaló en la isla mediterránea en 1530 por una concesión generosa de Carlos V. Descendían de un próspero abogado y profesor de la Universidad de Mdina, Giulio Cumbo, quien erigió un palacio fortaleza amurallado conocido como Torri Cumbo que todavía puede admirarse en Mosta.

El primer magistrado de la familia que registran las crónicas es Agostino Cumbo, en el siglo XVI. Protegido por el Gran Maestre d’Homedes, principal autoridad de la orden, este magistrado se hizo célebre por disculpar a su señor de la pérdida de Trípoli, conquistada por los turcos en 1551. Agostino se las ingenió para culpar de la derrota a los caballeros que habían luchado denodadamente poniendo en riesgo su vida para proteger la plaza africana, y consiguió que fueran condenados. El caballero Villegegnion denunció y probó la corrupción y completa falta de escrúpulos del magistrado y la falta de fundamento de sus acusaciones, logrando que los caballeros condenados fueran finalmente rehabilitados en 1557. Se decía que Agostino Cumbo era capaz de imponer la pena de muerte a cualquiera a cambio de una bolsa de oro que tenía que entregarle quien estuviera interesado en la muerte del desdichado. Fue finalmente destituido, aunque no necesariamente por su notoria corrupción.

Le siguió en el siglo XVII el magistrado Giulio Cumbo, quien comenzó su carrera a las órdenes del Gran Maestre Perelló y la culminó durante el gobierno del Gran Maestre portugués Manuel Pinto da Fonseca. Este Cumbo se vanagloriaba de haber mandado a la horca a más de ciento veinte condenados, pero su celebridad proviene principalmente de la utilización por su parte de uno de los instrumentos de tortura más crueles registrados por la historia: la «silla de Judas», también llamada cavaletto squarciapalle, una plataforma de hierro en forma de V invertida sobre la que se sentaba a la víctima con las piernas abiertas, colgándole de los pies seguidamente grandes pesas, a las que se iban añadiendo otras según era interrogado, y gracias a las cuales el vértice de la V se clavaba paulatinamente en la entrepierna del supliciado causándole desgarros y dolores atroces. En Malta la silla de Judas fue conocida como iz-ziemel ta’ Cumbo, el caballo de Cumbo, por la asiduidad con que el juez Giulio Cumbo se servía de ella en los procedimientos que instruía.

Conviene señalar que los Grandes Maestres de la Orden de Malta apenas retribuían a sus jueces, puesto que consideraban que los cargos judiciales eran honoríficos, por lo cual renovaban su mandato cada dos años, recayendo los nombramientos sobre los abogados más prestigiosos de la curia, que iban turnándose en el desempeño de la función de juzgar a sus semejantes. En compensación por el ejercicio del cargo, los Maestres daban a los jueces plena libertad para imponer a los reos que resultasen condenados las costas procesales que considerasen convenientes. Los jueces percibían una comisión de esas costas procesales, así como una parte de las severas sanciones pecuniarias que imponían; y podían además confiscar a discreción los bienes de los desventurados condenados, de los que los jueces retenían igualmente para sí una parte proporcional, destinándose el resto a engrosar el tesoro de la orden. Las condenas de personajes ilustres y solventes proliferaron, porque importaban a los jueces. Las de los insolventes también, porque no importaban a nadie.

El siguiente representante de la infame familia fue Giuseppe Cumbo ya en el siglo XVIII. Este se distinguió por los castigos brutales que, con el visto bueno del Gran Maestre y mano a mano con los también magistrados malteses Giacomo Nataleo y Pietro de Franchis, impuso en 1749 a un grupo de esclavos, en su mayor parte prisioneros de guerra turcos, que se habían sublevado. Giuseppe Cumbo y sus colegas reprimieron la rebelión y dispusieron que treinta y ocho de los esclavos fueran torturados y seguidamente ejecutados, con tal saña que se suscitó un escándalo que se divulgó por toda Europa al publicarse un memorial que detallaba el trato dispensado por los tres jueces a los encausados y las crueles torturas a las que los habían sometido en la plaza pública, a la vista de todos. El Vaticano, alarmado por el descrédito que la difusión del documento representaba para la Orden de Malta, adoptó medidas drásticas: ordenó que el memorial fuera incluido en el Índice de libros prohibidos.

Con esos antecedentes, no es de extrañar que el último miembro de la saga judicial de los Cumbo, Giuseppe, protagonizara seguidamente un nuevo episodio donde se combinan la formalidad con la estupidez, y ambas se coronan con burocrática crueldad, sin descartar la avaricia como motor último de su proceder.

Giuseppe Cumbo, conocido por todos como Peppe Cumbo, era alto y fuerte, elegante y orgulloso, y gustaba de pasearse por La Valeta acompañado de los escoltas a caballo de su guardia en el coche que el Gran Maestre había puesto a su disposición. En la plenitud de su carrera, disfrutaba mostrando a todos su poder. El juez se había casado con una de las damas de mayor fortuna de la isla, hija de un rico comerciante, pero era tímido y poco sociable, y aunque gustaba de la buena mesa y de las comidas copiosas regadas generosamente con los vinos de Sicilia, prefería las reuniones de pocos comensales y a puerta cerrada, porque era hombre de pocas palabras. Vivía obsesionado con el dinero, pues le mortificaba que su esposa tuviera más que él. Le gustaban las mujeres, y se entendía a escondidas con las criadas de la casa; de esa manera se desquitaba del sentimiento de inferioridad que le inspiraba su mujer, más joven y mejor educada que él. Visitaba con frecuencia y discreción los burdeles de la capital, en particular el de Haz-Zebbug, al que acudía con los oficiales de confianza del tribunal, quienes le procuraban de antemano un lugar reservado y discreto para sus encuentros clandestinos. Sus conocimientos de Derecho eran bastante limitados, y compensaba esa carencia ejerciendo su autoridad en el juzgado de manera inflexible. Le encantaba sentarse en los estrados y nunca levantaba la voz, pero no toleraba ser cuestionado. Dejaba hablar a los abogados, y cuando se sentía lo bastante informado del asunto en cuestión, los interrumpía y anunciaba verbalmente su decisión, que era siempre inamovible, y dejaba que el escribano redactara la sentencia. Salvo el Gran Maestre, cuyos intereses defendía con afán dándoles satisfacción antes incluso de que aquel necesitara formulárselos, nadie se atrevía a llevarle la contraria.

Se despertó una mañana el magistrado en su casa de La Valeta, y no se había levantado todavía de la cama cuando escuchó, a través de la ventana del dormitorio, un alboroto y grandes voces que llegaban desde la calle. Se levantó corriendo y se asomó a ver qué pasaba, justo a tiempo de presenciar desde su ventana cómo un hombre apuñalaba mortalmente a otro dejándolo caído y exánime sobre el pavimento, operación en la que se le cayó el sombrero, logrando por ello el magistrado distinguir con toda claridad el rostro del agresor. El asesino abandonó el cuchillo ensangrentado en el suelo junto a la víctima, recogió de forma precipitada su sombrero, y escapó a la carrera por una callejuela adyacente. Mientras volvía a cubrirse la cabeza al doblar la esquina, se le cayó con las prisas la vaina del cuchillo y no se detuvo a recogerla. En la carrera se cruzó con un panadero que venía en la dirección opuesta haciendo su ronda diaria con la cesta que contenía el pan que tenía que repartir. Viéndola tirada en el suelo, el panadero recogió la vaina del cuchillo sin pensarlo dos veces y la echó en el cesto con el pan. Al volver la esquina se topó con el cadáver apuñalado tirado en la calle en mitad de un gran charco de sangre. Preso del pánico, echó a correr, regresando como alma que lleva el diablo por donde había venido. Toda la escena fue contemplada por el magistrado Cumbo desde su ventana sin perder detalle.

No era un día de suerte para el panadero. Dos policías llegaban por otra callejuela en el mismo momento en que él huía despavorido de la escena del crimen. Lo vieron correr, observaron el cadáver ensangrentado y el cuchillo en el suelo, y dedujeron instantáneamente que el panadero era el criminal. Lo persiguieron, dándole alcance enseguida, porque se le dificultaba mucho la fuga cargando el cesto del pan que el pobre artesano no había querido abandonar en la huida. Al darle alcance lo registraron, encontraron debajo del pan la vaina del cuchillo, comprobaron que encajaba a la perfección con el arma del crimen, y ya no les quedó duda alguna. Entre el susto y la carrera, el pobre panadero no acertó a contar lo que había ocurrido, y cuando finalmente recuperó el resuello y pudo explicarse de manera entrecortada, no le creyeron. Fue detenido y conducido al cuartel de la policía. Redactado el atestado, lo llevaron al juzgado, donde le entregaron con el cuchillo, su vaina y la cesta con el pan. Los esperaba Giuseppe Cumbo, el juez a cargo del tribunal penal aquel día.

El juez escuchó a los policías, al panadero y a los familiares del asesinado. Se cuidó muy mucho de no confundir su alta función pública de magistrado con su condición accidental y privada de testigo ocular del crimen. No dijo una palabra, ocultó que había podido identificar perfectamente al asesino, y decretó la prisión incondicional del panadero a sabiendas de que era inocente.

Al final de la Edad Media, los soberanos prescindieron como medio de prueba de los juramentos, el duelo judicial y las ordalías, los llamados juicios de Dios.¹En tales procesos se confiaba a la intercesión y revelación divina la determinación de la culpabilidad o inocencia de los acusados. Como señal de progreso, los monarcas se atribuyeron a sí mismos, a partir del cuarto Concilio de Letrán de 1215, el derecho al establecimiento de la verdad a través de la investigación inquisitiva de los hechos confiada a los jueces por ellos designados, investigación secreta en la que no se daba participación alguna al investigado.

Los gobernantes no terminaban de fiarse del buen criterio de sus propios jueces, y por eso prefirieron dejar poco margen a la discrecionalidad de los togados, disponiendo que las pruebas se valorasen de manera objetiva con arreglo a normas preestablecidas que el juez tenía forzosamente que observar en la aplicación de la ley, y que la mayor parte de las veces terminaba pugnando con el sentido común y conduciendo a resultados absurdos.

En Malta, como en casi toda la Europa continental en el siglo XVIII, y a diferencia de Inglaterra, donde se aplicaba la libre valoración de la prueba y los jueces decidían en conciencia, regía todavía el sistema de la prueba tasada, herencia del Derecho medieval. Se distinguía entre pruebas ciertas, directas o legítimas (por ejemplo, un testigo que había presenciado el crimen) y pruebas indirectas, conjeturales o artificiales (tales como la huida del sospechoso, de la que se infería su culpabilidad).

También se clasificaban las pruebas, en función de la importancia de la aportación de verdad que contenían, en manifiestas (los hechos notorios), considerables, imperfectas o leves (los meros indicios).

La prueba, una vez practicada, podía resultar plena (dos testigos irreprochables no contradichos por otras evidencias, por ejemplo), semiplena (tales como las amenazas del acusado a la víctima anteriores al crimen) o mero adminículo (los rumores generalizados, las conjeturas, el rubor del rostro o el temblor de la voz del sospechoso al ser interrogado, y tantas otras). Había tratados y manuales que enumeraban infinidad de pruebas, señalaban la importancia de la carga probatoria que había que atribuir a cada una de ellas, dependiendo a veces del tipo de delito, y establecían reglas para su acumulación, y también para la compensación entre unas y otras si resultaban contradictorias entre sí.

Las consecuencias de la valoración conjunta y aritmética de la prueba, y su calificación en alguna de las tres categorías, tenía consecuencias inmediatas: la prueba plena justificaba cualquier condena, incluso la de muerte, si el delito era grave; la semiplena permitía imponer penas aflictivas, pero no la condena a muerte; los adminículos justificaban una multa, la adopción de medidas cautelares o ulteriores indagaciones.

A los pocos días del crimen, el juez Giuseppe Cumbo se sentó solemnemente en el estrado, ataviado con su toga, y enjuició al panadero ajustándose a las reglas vigentes de valoración de la prueba. De haberse animado a decir lo que sabía, el testimonio exculpatorio del propio magistrado hubiera constituido sin duda prueba plena de la inocencia del acusado, el panadero hubiera resultado absuelto y el caso hubiera quedado cerrado.

Giuseppe Cumbo tenía otros planes: consideró que no era oportuno revelar lo que sabía del crimen, porque de haber puesto de manifiesto su condición de testigo, hubiera tenido que abstenerse y el caso hubiera pasado a otro magistrado. El juez no quería desprenderse del asunto.

Así pues, escuchó en audiencia pública al panadero, quien explicó compungido todo lo ocurrido, aseguró no conocer a la víctima, y negó haberle robado y apuñalado, protestando con rotundidad que, a pesar de haberle sido ocupada la vaina del cuchillo al ser detenido, el arma mortal no le pertenecía. Se comprobó que el cuchillo y su vaina se correspondían perfectamente.

El juez Cumbo dictaminó entonces que aquel era un caso de semiprueba, una prueba a medias. Eso no significaba que el acusado debiera ser considerado inocente por la insuficiencia de la prueba de cargo en su contra. Muy al contrario, la prueba semiplena convertía al acusado en semiculpable. De conformidad con la ley maltesa, era procedente someter al panadero a la «cuestión ordinaria» y, de ser necesario, a la «extraordinaria», a fin de obtener de él el reconocimiento de una culpa solo parcialmente acreditada.

En otras palabras, Giuseppe Cumbo ordenó que el acusado fuera torturado hasta que confesara. La confesión era una prueba decisoria: si el panadero se reconocía culpable, podría ser condenado. Si después de ser torturado persistía en mantener su inocencia, Cumbo podía condenarlo igualmente, pero no estaría autorizado a imponerle la pena de muerte. También podía ordenar, en caso de resultado indecisorio, que volviera a ser torturado.

Sentado en la silla de Judas, el panadero no tardó en confesar entre gritos desgarradores tanto el robo como el homicidio. Giuseppe Cumbo lo condenó a muerte sin vacilar, le impuso las costas procesales, y le confiscó la panadería. El infeliz fue ejecutado pocos días después.

La mala suerte no se cebó solo con el inocente panadero y terminó por salpicar también al escrupuloso juez Peppe Cumbo. Poco después del ahorcamiento del infortunado panadero, fue detenido el verdadero asesino, que había vuelto a cometer un crimen idéntico, cuyo conocimiento correspondió esta vez a un juez distinto, quien, ante la negativa del detenido a reconocer los hechos, dispuso igualmente que fuera torturado. En pleno proceso de obtención de la verdad, el acusado reconoció ese robo, y para que dejasen de torturarlo, reconoció también el anterior. Como los verdugos no le creyesen, el criminal puso al juez Giuseppe Cumbo por testigo, asegurando que el magistrado, que lo conocía perfectamente de otras veces en las que había sido detenido y presentado ante él, lo había visto todo. El segundo juez quedó estupefacto al escuchar el nombre de su colega en boca del acusado: no podía dar crédito a lo que estaba escuchando.

El asunto llegó a conocimiento de Emmanuel de Rohan, a la sazón Gran Maestre de los Caballeros de Malta. Rohan pidió explicaciones a Giuseppe Cumbo, quien reconoció que, efectivamente, había presenciado el crimen e identificado al asesino, que no era el panadero al que él condenó a muerte. Cuando le preguntaron por qué no lo había dicho, se excusó aduciendo que la doble condición de juez y testigo en un mismo procedimiento le había parecido incompatible, y que, en consecuencia, había optado por dar prioridad a la primera, mucho más importante, pues era la función que le había confiado la Orden de Malta.

Dijo que había considerado que la información que había llegado a su conocimiento en su condición de ciudadano particular no podía interferir con el recto ejercicio de su alta función jurisdiccional y no era, por tanto, razón suficiente para abstenerse de conocer.

Aseveró que, en definitiva, la magistratura de Malta resolvía objetivamente con arreglo a las normas de la prueba tasada, y que él había aplicado las reglas escrupulosamente: al panadero se le había ocupado la vaina del cuchillo con el que se había consumado el asesinato, y eso constituía una prueba semiplena de su culpabilidad, que justificaba someterlo a tortura. Su confesión posterior, después de pasar por la silla de Judas, era ya prueba plena, y justificaba la condena a muerte.

La apreciación subjetiva de si el pobre panadero era inocente o culpable resultaba irrelevante para Giuseppe Cumbo. Los jueces de Malta, por ende, solo eran responsables, según él, ante Dios; y ante Dios, su conciencia estaba tranquila, pues había cumplido con su deber. El Gran Maestre no estuvo de acuerdo y destituyó inmediatamente al juez Cumbo. Dispuso que compensara a la familia de su víctima devolviéndoles la panadería.

Aparte de la destitución, Giuseppe Cumbo no tuvo que afrontar ninguna otra consecuencia por su proceder: no le fueron exigidas responsabilidades por el asesinato legal del panadero, cuya inocencia le constaba. Nunca sabremos si el Gran Maestre tomó la decisión de despedir a Cumbo para reparar a los deudos del pobre condenado, o si aprovechó el incidente para desembarazarse de un juez incómodo, responsable de la escandalosa matanza de los esclavos turcos, y del que quería prescindir desde aquel incidente. Tampoco podremos saber nunca si Cumbo condenó al panadero a sabiendas de su inocencia por su estupidez y sus mal entendidos escrúpulos profesionales, o lo hizo más bien, como parece, por su desmedida avaricia, para no perder su porcentaje de las costas procesales y de la panadería confiscada.

La prueba tasada desapareció de los códigos de procedimiento penal un siglo más tarde, fruto de la influencia de la Ilustración. El principio de la libre valoración de la prueba por los jueces con arreglo a su conciencia terminó imponiéndose. El corolario de ese principio es la independencia de los integrantes del poder judicial, y una reducción radical del poder hasta entonces absoluto de los soberanos. Y como contrapartida de la independencia, se consagró la responsabilidad de los jueces y la consiguiente obligación de motivar suficientemente sus resoluciones.

Impostura

Gran Bretaña, 1742

Si mueres antes que yo, espérame justo al lado de la tumba.

JOHN BERGER,
De A para X. Una historia en cartas

John Jennings era un joven de origen humilde y estaba enamorado. Se ganaba la vida trabajando como camarero en la posada de La Campana, en la carretera de Hull, al este de Yorkshire, en Inglaterra. Su novia, Esther Calvert, correspondía apasionadamente a ese amor de juventud. Ella era hija de un próspero comerciante de Chestelham, muy por encima de la modesta condición de Jennings, pero el amor que John sentía por Esther había llevado al joven a esforzarse estudiando por las noches, robándole horas al sueño para poder ofrecer un día al padre de Esther un futuro mejor para su hija y lograr así que aquel le aceptase como yerno. Deseando prosperar y hacerse merecedor de la joven, había resuelto finalmente establecerse por cuenta propia con ayuda financiera de algunos amigos. Conocedor de la iniciativa de John Jennings y del amor que profesaba a su hija, el padre de Esther había dado su consentimiento al compromiso matrimonial. El muchacho se lo hizo saber a su patrón, James Brunell, que le dio también su bendición.

Sucedió que un comerciante que se dirigía a caballo en viaje de negocios desde York a Hull, fue sorprendido a la caída de la tarde en un recodo de la carretera, cuando le faltaban apenas unas millas para llegar a su destino, por un enmascarado que le había esperado oculto entre unos arbustos junto al camino, y que le salió al encuentro, le interceptó sorpresivamente esgrimiendo una pistola, y le conminó bajo amenaza de muerte a entregarle la bolsa. El viajero aceptó sin rechistar y se la entregó. Contenía veinte guineas de oro.¹El asaltante escapó al galope por un camino adyacente. El robo había durado apenas unos instantes. El viajero continuó su camino, pero como estaba por caer la noche y todavía no se había recuperado del susto, consideró prudente no seguir adelante y prefirió buscar refugio en el primer establecimiento que encontró para hospedarse, que resultó ser la posada de La Campana. Dejó el caballo en el establo, reservó un aposento y se dirigió a la cocina para ordenar la cena.

Cuando se hubo sentado frente al fuego, el viajero contó a la concurrencia el suceso, siendo informado por los empleados del establecimiento de que no era el primero que había padecido un percance semejante, puesto que los asaltos a mano armada eran frecuentes en la comarca por la proximidad del puerto de Hull, que registraba una constante actividad comercial con buques que intercambiaban mercancías entre Inglaterra, Holanda y Alemania, y que atraían a la comarca a numerosos comerciantes provistos de dinero en efectivo. El viajero señaló que se proponía denunciar el robo, y esperaba que la policía pudiera dar enseguida con el asaltante, puesto que las guineas de oro no eran monedas de cambio que se utilizasen con frecuencia fuera del ámbito de los profesionales del comercio, y además, él había adoptado desde hacía años la precaución de marcar sus guineas con un signo distintivo original, que permitiría sin duda identificarlas apenas el ladrón las pusiera en circulación.

Después de cenar, el viajero se disponía a retirarse a descansar, cuando el posadero James Brunell vino a su mesa a saludarle. Después de preguntarle si la cena había sido de su agrado, Brunell se refirió al robo del que el comerciante había sido víctima, señalándole cuánto lo lamentaba, celebrando que no hubiera sufrido daños personales, y haciéndole ver que tales incidentes eran desgraciadamente muy frecuentes en la región. Entonces, con aire misterioso y bajando la voz, le rogó poder sentarse con él, a lo que el viajero accedió intrigado.

—Entiendo, por lo que me han dicho en la cocina —le susurró entonces Brunell al oído—, que sus guineas estaban marcadas.

El viajero se lo confirmó. El posadero le preguntó entonces por la hora del robo, respondiendo el viajero que le habían asaltado al anochecer.

—Entonces —continuó James Brunell—, creo poder identificar a su asaltante. Sucede que tengo conmigo un empleado, John Jennings, que de un tiempo a esta parte dispone ostensiblemente de cantidades excesivas de dinero, que no se corresponden con el salario que yo le pago. A tal punto me ha infundido sospechas su conducta, que tenía pensado despedirle. Precisamente, hoy tenía la tarde libre y aprovechando que se iba a encontrar con unos amigos en Hull, le he mandado a cambiarme una guinea; ha regresado tarde, embriagado, y me ha devuelto la guinea diciendo que no se la habían querido cambiar. Me ha sorprendido mucho, y he comprendido enseguida que me estaba ocultando algo, al darme cuenta de que la guinea que me ha devuelto tenía una marca característica que no presentaba la que yo le había dado. Como le he visto tan embriagado, he pensado que era mejor dejar para mañana las explicaciones y lo he mandado a dormir. Al contarme las cocineras lo que usted había dicho sobre el robo y la marca de sus guineas, he sospechado que ambos hechos podrían estar relacionados, y por eso he querido contárselo.

El viajero pidió entonces a Brunell que le enseñara la guinea marcada que le había entregado John Jennings, por ver si la reconocía como una de las suyas. «Desafortunadamente —repuso el posadero—, antes de que las cocineras me hablasen del robo padecido por usted, se la he dado a un proveedor al que debía ese importe y que se dirigía a Hull. Déjeme proponerle mejor otra cosa: aguardemos a que Jennings esté bien dormido, y registremos su cuarto.»

Así lo hicieron. Cuando subieron a la habitación, Jennings dormía profundamente. Registraron sus pertenencias, y en uno de los bolsillos del abrigo encontraron la bolsa del viajero con diecinueve guineas, que estaban en efecto marcadas, y que este reconoció sin dudar como las suyas. Llamaron a la policía, explicaron todas las circunstancias a los agentes, y John Jennings fue despertado y arrestado a pesar de sus vehementes protestas de inocencia. Al día siguiente fue conducido ante el juez de paz. Jennings juró que no tenía relación alguna con el robo y aseguró con gran firmeza desconocer cómo podían haber llegado aquellas guineas a su bolsillo. En su contra declararon el viajero y James Brunell. El primero reconoció la bolsa y las guineas recuperadas; el segundo, relató lo mismo que le había contado al viajero la víspera. Ambos confirmaron que habían encontrado la bolsa con el dinero en los bolsillos de John Jennings. El joven fue enviado a la cárcel.

Esther Calvert respaldó plenamente a John Jennings en su proclamación de inocencia, y persuadió a su padre para que sufragara los gastos de su defensa. Los abogados consideraron que el caso estaba perdido, y aconsejaron al acusado que se declarara culpable y solicitara la clemencia del tribunal para salvar la vida, alegando en su descargo que había sido la primera vez que cometía un robo. Jennings se negó a aceptar el consejo, se declaró inocente, y el magistrado convocó al jurado y señaló fecha para el juicio.

El viajero compareció, prestó declaración ante el jurado y mantuvo su acusación. Aseguró que no podía reconocer al asaltante puesto que iba enmascarado y no le vio la cara; tampoco podía reconocer su voz, pues apenas le dirigió la palabra y escapó al galope con la bolsa en un instante. Reconoció sin dudar las guineas y la bolsa, y confirmó que él mismo, acompañado del posadero, las había encontrado en los bolsillos de John Jennings en su habitación de la posada.

James Brunell corroboró íntegramente la versión del viajero, y explicó los pormenores de la guinea que le había entregado al acusado, quien le había devuelto una distinta, marcada, que él a su vez había entregado acto seguido a un comerciante al que le debía esa cantidad. John Jennings negó todos los hechos con gran vehemencia. Reconoció que su patrón le había dado una guinea para que se la cambiase, pero insistió en que, no habiendo encontrado a nadie dispuesto a aceptar la moneda, se la había devuelto a su patrón.

Declaró también el proveedor al que Brunell había entregado la vigésima guinea; al ser advertido por la policía al día siguiente del robo, la había conservado, y la exhibió en el juicio. El viajero víctima del robo la reconoció en el acto como suya: era la guinea que faltaba del total de veinte. El magistrado verificó que tenía la misma marca que las otras.

John Jennings negó una vez más la acusación en su contra. Miraba al jurado y en sus ojos se reflejaba la desesperación, la impotencia de los inocentes injustamente acusados que no pueden probar que no hicieron aquello que se dice que hicieron. La prueba de los hechos negativos se conoce con razón como la prueba diabólica. Hubiera sido necesaria una investigación que determinase quién había robado al viajero. No se hizo. El hallazgo de las guineas en los bolsillos del acusado se consideró prueba suficiente. El magistrado resumió las pruebas para el jurado, este deliberó brevemente y emitió un veredicto de culpabilidad. John Jennings fue condenado a muerte.

Esther Calvert no lo abandonó. Intercedió por él, movilizó a sus amigos y vecinos, hizo que su padre les rogase a todas las personas influyentes que conocía, logró ser recibida por el secretario del Home Office, y solicitó finalmente clemencia al rey, pero todo fue en vano. Denegado el perdón, John Jennings fue ahorcado en Hull. Siguió proclamando su inocencia hasta el final.

Esther abandonó Inglaterra para siempre.

En ocasiones, algunas personas aportan evidencias materiales incriminatorias contra otras, poniéndolas en un lugar donde sean encontradas, para que sus víctimas resulten procesadas por un delito que no han cometido. La práctica es conocida como la siembra de pruebas. Las razones para sembrar pruebas son muy diversas, y sus modalidades, infinitas. Los traficantes de droga, por ejemplo, entregan a veces a crédito sus estupefacientes a toxicómanos que no pueden pagarlos en ese momento, y les retienen a modo de garantía sus documentos de identidad. Si el adicto no paga lo que debe dentro del plazo convenido, los documentos son abandonados en el escenario de un crimen y este termina siéndole imputado al infortunado, que resultará condenado a menos que disponga de una coartada suficiente. Policías poco escrupulosos siembran también a veces, para deshacerse de un confidente que se ha vuelto incómodo porque sabe demasiado, o para resolver un caso que se les resiste, drogas, armas, dinero u otros efectos incriminatorios en el automóvil o en la casa de su víctima, deteniéndole seguidamente en presencia de otros agentes que no están al corriente de la siembra, quienes le inculparán de buena fe por tráfico, tenencia de armas u otro delito. En el argot de ese submundo lo llaman coloqueta. En América Latina es clásico el método del criminal que mata al enemigo de su enemigo y le siembra el cadáver en el jardín de su casa; seguidamente, avisa a las autoridades, señalando anónimamente que la persona que ha desaparecido está comiendo hierba por la raíz, y señala el lugar exacto del jardín de su rival donde tienen que buscar el cadáver.

Lo que James Brunell hizo con John Jennings se conoce, pues, como siembra de la prueba y, en este caso, el propósito del posadero no era otro que el de eludir su propia responsabilidad en el asalto del viajero endosándoselo a su empleado, pues él mismo y no otro era el ladrón.

No mucho tiempo después de la ejecución de John Jennings, James Brunell fue detenido, acusado de un nuevo robo, cometido esta vez en su misma posada a un huésped allí alojado. Fue declarado culpable y condenado a muerte. Antes de subir al patíbulo, quiso poner en orden su conciencia y reconocer sus crímenes ante el pastor que le prestaba los últimos auxilios espirituales. Confesó que había asaltado a muchos viajeros, y entre otros, a aquel por cuyo robo había sido condenado y ejecutado John Jennings. Brunell había robado la bolsa al viajero en el camino, y al regresar a la posada, había entregado una de las guineas al comerciante al que debía dinero sin reparar en la marca especial que tenían esas monedas, según se ha expresado. Al saber por las cocineras lo que había relatado el viajero, temiendo ser descubierto por la guinea marcada que ya había entregado y no tenía manera de recuperar, decidió endosarle el robo al desafortunado John Jennings sembrando la bolsa con las diecinueve monedas restantes en su bolsillo, aprovechando que dormía, y avisando seguidamente al viajero, que obrando de buena fe encontró las monedas donde Brunell las había depositado.

Esther Calvert emigró a América y se estableció en Boston, donde encontró ocupación como ama de llaves de una familia acaudalada. Nunca se casó, no reveló a nadie las razones por las que había decidido dejar Inglaterra, y vistió de negro el resto de sus días. Siempre dulce y afectuosa, era muy apreciada por su familia de acogida, aunque todos ignoraban y se preguntaban el porqué de la tristeza profunda que solía embargarla y se podía adivinar en su mirada ausente y en sus largos silencios. Tuvo varios pretendientes, atraídos por su bondad y su buen hacer, alentados por la familia que la había recibido en su casa y quería verla feliz: los rechazó a todos, gentilmente pero sin explicaciones. Su cabello se tornó blanco de forma prematura. En el momento de fallecer, siendo todavía una mujer joven y sin otra enfermedad que la melancolía, Esther aseguró con una leve sonrisa a los amigos que la asistían:

—Mi amante me espera, adiós.

Honrarás a tu padre

Gibraltar, 1841

Los hijos, señor, son pedazos de las entrañas de sus padres, y así, se han de querer, buenos o malos que sean, como se quieren las almas que nos dan vida.

MIGUEL DE CERVANTES,
El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha

La vida para los católicos ingleses no había sido fácil a partir de 1534, año en que Enrique VIII decidió romper relaciones con el Papa de Roma y constituir la Iglesia anglicana. A partir de entonces dejó las almas de sus súbditos al cuidado del arzobispo de Canterbury al tiempo que se autoproclamaba gobernador supremo de la nueva institución religiosa. Todo ello, para poder divorciarse de la muy católica Catalina de Aragón y casarse con la hermosa y protestante Ana Bolena, a la que poco después haría decapitar. Así las gastaban los Tudor. Los católicos perdieron desde entonces el derecho de sufragio y su representación en el Parlamento; tampoco podían ingresar en el ejército ni ejercer las profesiones tituladas; tenían igualmente limitado el derecho a la propiedad y a la herencia, así como el acceso a los cargos públicos.

Huyendo de tantas restricciones, el joven y prometedor comerciante inglés James Maxwell, nacido en Londres pero de profundas convicciones católicas, decidió cambiar de aires y emigró a Gibraltar, donde la vecindad de la católica España hacía mucho más llevadera la vida para los británicos no anglicanos. Se casó con una española, y amasó en pocos años una pequeña fortuna exportando a España toda clase de artículos de manufactura británica, e importando de vuelta productos españoles que enviaba seguidamente a Inglaterra para su venta. Su nombre estaba acreditado en las principales plazas de comercio europeas.

Durante muchos años, James Maxwell ocupó una casa modesta junto a Saint Michael’s Cave, donde vivía con su hija única, Elezia, pues su esposa había fallecido muy pronto. Elezia era todo lo que le importaba a Maxwell en el mundo: sentía por ella verdadera adoración. Él tenía la vida resuelta; vivía y trabajaba solo para su hija.

A los diecisiete años, Elezia era una joven casadera de gran belleza, y una de las mayores fortunas del Peñón, razones por lo que era cortejada asiduamente por todos los jóvenes de la colonia. El próspero comerciante soñaba con poder casarla, merced a una dote más que generosa, con el heredero de alguna de las familias de alcurnia de la colonia y aun de la metrópoli, para hacerla así ascender en la escala social a niveles que a él le habían estado siempre vedados. Elezia Maxwell se dejaba querer, aunque hacía muy poca vida social. No frecuentaba los lugares de esparcimiento, vivía recatadamente y con modestia a pesar del dinero de su padre, y sus salidas regulares se limitaban a la iglesia.

Un día, la joven observó en misa a un hombre que despertó su interés. El apuesto desconocido se había fijado en ella, mostrándole con miradas de deseo, acompañadas de un lenguaje corporal en extremo respetuoso, la admiración que le profesaba. Se trataba de William Katt, inglés y perteneciente a una familia aparentemente respetable de Gibraltar. El comportamiento tranquilo de la muchacha, a quien el joven había cautivado con sus maneras refinadas, cambió desde aquel día.

Las primeras averiguaciones de James Maxwell, atento siempre al bienestar de su hija, le indicaron que el joven era un holgazán sin oficio conocido ni fortuna, y tenía fama de aventurero. William Katt se las ingenió para que Elezia y él fueran presentados por el párroco, y enseguida iniciaron una relación. Al poco tiempo, el joven se presentó en casa de los Maxwell, y con toda la ceremonia del caso solicitó del comerciante su autorización para formalizar una relación de noviazgo con Elezia, anunciándole que la joven le correspondía en su afecto y que se querían casar. James Maxwell rechazó el ofrecimiento sin contemplaciones, aduciendo que no entregaría a su hija a ningún pretendiente que no pudiera ofrecerle una vida mejor de la que ya disfrutaba, y que, en todo caso, su hija solo se casaría con un católico. William Katt era protestante, y los protestantes —le dijo— habían hecho mucho daño a su familia. Sin mediar más palabras, lo echó a la calle.

La hija rogó en vano a su padre entre lágrimas para que rectificara, pero Maxwell persistió inflexible. Elezia invocó la memoria de su madre, con la que el padre se había casado aun careciendo ella de fortuna y apellido, solo por amor. Fue en vano. Sostuvieron entonces agrias discusiones, que nunca se habían suscitado antes entre padre e hija. Afloró el fuerte carácter del comerciante, que siempre se había manifestado en los negocios pero nunca antes en la casa, y menos con su adorada hija. Uno de esos días, la discusión entre Elezia y su progenitor se elevó de tono. La joven aseguró a su padre que apenas alcanzase la mayoría de edad se iría de casa y se casaría con William Katt con o sin su consentimiento, así la desheredase. Encendido por la discusión y la rebeldía sin precedentes de su hija, James Maxwell proclamó que prefería matarla antes que verla casada con un vagabundo anglicano que solo la pretendía por su dinero. William Katt, que asistía a la escena, guardó silencio.

Dos días más tarde, los vecinos oyeron ruidos y voces alarmantes que salían de una cueva contigua a la casa de James Maxwell y que este utilizaba como almacén. Se escucharon muchos gritos, fuertes al principio, menguantes luego, hasta que cesaron por completo. Al anochecer del mismo día, cuando el comerciante regresó después de atender a sus ocupaciones habituales, Elezia no estaba en la casa. La muchacha había aprovechado la ausencia del padre para recoger algunas pertenencias personales y se había marchado. James Maxwell no podía creerlo, pero, después de buscar secretamente por toda la colonia, tuvo que rendirse a la evidencia: su hija había cumplido su amenaza y se había fugado del hogar familiar para casarse con William Katt. El joven también había desaparecido. Fulminado por una traición que nunca hubiera esperado de su hija, el comerciante decidió no decir nada, sostenido en su dolor por la vana esperanza de que la joven reflexionara y regresara con él.

Ante la prolongada e inexplicada desaparición de la muchacha, las murmuraciones se fueron extendiendo entre el vecindario en los días que siguieron. El padre fue preguntado varias veces por el paradero de su hija; incluso el párroco de la iglesia a la que Elezia acudía a diario, habiendo notado su ausencia en las misas, se interesó también por ella. Maxwell era un hombre duro, pero al final, tuvo que reconocerle al sacerdote, entre lágrimas, que su hija se había ido de la casa familiar sin despedirse, y que él ignoraba dónde podía estar. La explicación no se consideró satisfactoria. William Katt, que había reaparecido, comenzó a difundir el rumor de que, posiblemente, James Maxwell había consumado sus amenazas y asesinado a su hija para evitar el matrimonio de los jóvenes que con tanto ahínco desaprobaba.

Por último, merced a algún denunciante anónimo, la policía abrió una investigación, interrogó a James Maxwell sobre la desaparición de su hija, y ante la falta de explicaciones del padre, lo arrestó. Registraron la casa del comerciante sin encontrar nada sospechoso. Los vecinos indicaron entonces a los agentes que el lugar donde se había escuchado la última discusión entre el padre y la hija era la cueva que servía a Maxwell de almacén. Registraron entonces la cueva y allí, debajo de un túmulo de piedras sueltas apresuradamente amontonadas, encontraron un vestido de Elezia manchado de sangre, y junto a él un mechón de pelo, también cubierto de sangre coagulada, al igual que un zapato de la joven. Los vecinos reconocieron enseguida el cabello como perteneciente a la larga melena de la hija de Maxwell. El comerciante fue procesado y llevado a juicio.

William Katt fue el testigo más importante en el juicio. Refirió ante el tribunal la amenaza de asesinato que había escuchado proferir a James Maxwell contra Elezia en su presencia. Los vecinos testimoniaron también las reiteradas discusiones a gritos entre el padre y la hija, que habían escuchado desde que la joven había iniciado su noviazgo con Katt, y en el curso de las cuales, el acusado la había amenazado asegurándole que prefería verla «muerta antes que casada con un protestante». A pesar de que las pruebas eran meramente circunstanciales, apenas testimonios de referencia, amén de las evidencias materiales encontradas en la cueva, y de que se carecía del cuerpo del delito —pues Elezia no había sido encontrada viva ni muerta—, parecieron suficientes a los miembros del jurado, quienes pronunciaron un veredicto condenatorio. De nada sirvieron las protestas de inocencia y el visible desgarramiento del acusado: el juez le impuso la pena de muerte.

Al conocer la sentencia, el infeliz comerciante se estremeció, sobrepasado por la situación, perdió por completo la compostura, y desde aquel momento se sumió en un estado de profunda postración, sin apenas comer ni beber, y sin hablar con nadie durante el intervalo entre el juicio y el día señalado para la ejecución. Los vigilantes de la prisión lo atribuyeron al miedo, pues habían visto a otros condenados en la misma situación. En el caso de Maxwell no era temor a la muerte: pues había perdido toda esperanza, su vida ya no tenía sentido.

Al amanecer del día señalado para la ejecución y anunciársele que iba a ser conducido al patíbulo, James Maxwell se echó a temblar de manera descontrolada, sin poder evitarlo, tal era su ansiedad. Le amarraron con dificultad los brazos detrás de la espalda. Tuvo que ser conducido prácticamente a rastras, pues no se tenía de pie, mientras insistía con gritos desgarradores en su inocencia. «¡Yo no he matado a mi hija! ¡Lo juro ante Dios!» Su desesperación era indecible. Con la mirada extraviada, explicó al juez y a los alguaciles que le conducían que su hija era toda su vida, que él se mataría antes de hacerle daño. Lo condujeron a la horca. Confundido entre el numeroso público que había acudido a contemplar la ejecución, James Maxwell reconoció a William Katt. Al verle, pareció serenarse de repente, y se dirigió directamente a él:

—Amigo mío, en un minuto estaré en la eternidad. Deseo morir en paz con Dios y con los hombres. Te perdono de todo corazón el daño que me has causado.

Al escuchar esas palabras del condenado desde los escalones del patíbulo, William Katt palideció, manifiestamente consternado.

Después de dirigirse al joven, James Maxwell recuperó la compostura, descargado por completo de la tensión precedente. Se sostuvo por su propio pie ante el verdugo, quien le colocó la soga al cuello con parsimonia, y siguiendo la fórmula tradicional de Gibraltar, proclamó dos veces en voz alta:

—¡Se está haciendo justicia! ¡Esta es la justicia!

Seguidamente, antes de dejar caer al reo por la trampilla del patíbulo, el matarife le colocó una capucha negra sobre la cabeza de manera que se la cubriera por completo. El condenado recorrió por última vez con una mirada tranquila y ausente y sin decir nada a la multitud congregada para la ejecución.

Apenas había terminado el verdugo de tapar el rostro de Maxwell cuando William Katt, sin poder contenerse, interrumpió el acto con un grito proferido al pie del cadalso:

—¡Deténganse! ¡Yo soy el culpable, solo yo!

Alzando el brazo con un gesto imperativo, el magistrado que presidía la ceremonia ordenó al verdugo detenerse. Hizo que subieran al cadalso al joven, y le conminó en términos perentorios a darle allí mismo una explicación de sus palabras.

William Katt se derrumbó y confesó entre sollozos: se había llevado a Elezia, con el consentimiento de la joven, para casarse en secreto con ella. Estaba viva, sana y salva, escondida en España, esperándole no lejos de allí. Reconoció que había ocultado a la que ya era su esposa las maquinaciones que había urdido para conseguir el procesamiento de su padre. Había cortado inadvertidamente a la joven un mechón de cabello mientras ella dormía. Lo había mezclado con sangre de un cordero, con la que había manchado el vestido y el zapato de Elezia, que había sustraído del vestidor de la muchacha sin que ella lo supiera. Había colocado entonces el mechón de pelo, el vestido y el zapato ensangrentados en la cueva, tapándolos con piedras; y una vez allí, asegurándose de que los vecinos lo escucharan, había organizado un alboroto arrojando al suelo diversos objetos y simulando aquellos gritos que, referidos por los testigos, tanto habían pesado en contra del acusado en el juicio. Había ocultado a su mujer el testimonio prestado por él en el juicio para vengarse del rechazo expresado por Maxwell. El perdón que el condenado le había concedido serenamente mientras subía al cadalso, unido al profundo remordimiento que ya sentía desde que se hizo pública la sentencia de muerte, habían provocado en el joven una impresión tal que le había impulsado a revelar la verdad para evitar que se consumara la impostura.

Tan pronto como Katt terminó de confesar, el juez ordenó a los alguaciles detenerlo, y al verdugo, interrumpir la ejecución y liberar a James Maxwell. En medio de la conmoción, el comerciante se había desplomado y había quedado sentado en el suelo, amarrados los brazos por detrás, con la soga todavía al cuello, sin que los presentes lo hubieran advertido. El verdugo se dispuso entonces a retirarle la capucha negra de la cabeza, aflojarle la soga y desatarle. Era tarde, James Maxwell había muerto.

El médico dictaminó que la muerte súbita de James Maxwell se había debido al dolor y el sufrimiento que había experimentado desde el momento de su procesamiento. William Katt fue conducido a la cárcel. Elezia Maxwell se divorció de él sin esperar al resultado del nuevo juicio, y se retiró a continuación en un convento español para el resto de sus días.

Sospechosos habituales

Gran Bretaña, 1879

Los constables¹hicieron más o menos lo que he oído y leído que han hecho autoridades similares en casos análogos. Capturaron a varias personas evidentemente equivocadas, se dieron de bruces con ideas erróneas, y persistieron en tratar de adaptar las circunstancias a las ideas, en lugar de tratar de extraer las ideas de las circunstancias.

CHARLES DICKENS, Grandes esperanzas

El reverendo M.H. Buckle vivía plácidamente en la vicaría de la iglesia anglicana Saint John the Baptist, de Edlingham, Northumberland. Después de una larga y trabajosa vida pastoral y docente como director de la escuela de Durham, el vicario se había hecho cargo a los setenta y siete años de aquella parroquia rural con pocos feligreses que atender porque quería disfrutar de sus últimos años en paz, y la aldea era uno de esos rincones de la campiña inglesa donde nunca pasa nada. Vivían con él su esposa inválida, su hija Georgina, soltera y de mediana edad, y tres mujeres que los atendían.

El invierno de 1879 estaba resultando especialmente frío. La noche del 7 de febrero era muy oscura; nevaba pausadamente. La familia se había ido a dormir temprano. Cerca de las dos de la madrugada, unos ruidos inusuales en la planta baja de la vicaría quebraron el silencio y perturbaron el descanso de los moradores. La hija del pastor se despertó sobresaltada. Llamó a su padre a media voz despertando al anciano. Sin pensarlo dos veces, el vicario se puso la bata y bajó las escaleras decididamente, mientras empuñaba una espada en una mano y una vela para alumbrarse en la otra. Antes de terminar el descenso, el vicario sintió en la cara el viento helado que se colaba por la ventana del salón abierta de par en par. Pudo apenas distinguir en la oscuridad las siluetas de dos personas que revolvían afanosamente los cajones de la cómoda, apoderándose de la cubertería de plata y demás objetos de valor. El anciano los interrumpió, increpándolos a voz en grito y esgrimiendo la espada. Sin mediar palabra, uno de los individuos se dio la vuelta, y por toda respuesta le descerrajó a corta distancia un tiro con una escopeta de postas. Los proyectiles alcanzaron lateralmente al reverendo Buckle en el hombro. La mayor parte de los perdigones pasaron de largo y fueron a alojarse en la ingle de Georgina, que bajaba las escaleras detrás de su padre. Ambos cayeron hacia atrás. Los dos asaltantes aprovecharon la confusión para escapar, abandonando en la huida todo el botín, salvo un reloj de oro de la hija del clérigo grabado con su nombre y su fecha de nacimiento. Saltaron por la ventana y se marcharon a toda prisa por donde habían venido. Las criadas se levantaron, y mientras dos de ellas atendían a los heridos, la otra corrió a pedir ayuda, buscar a un médico y dar aviso a la policía.

Los agentes de servicio fueron enseguida a despertar y poner en antecedentes al superintendente de policía del condado George Harkes, quien se puso inmediatamente al frente del operativo y movilizó a todos los agentes a sus órdenes, estuvieran o no de servicio, a fin de localizar sin demora a los sospechosos habituales de la comarca para verificar quiénes de ellos estaban durmiendo y quiénes se encontraban fuera de su domicilio. La aldea era demasiado pequeña y tranquila, por lo que el veterano policía dirigió sus pesquisas hacia los cazadores furtivos de Alnwick, la ciudad más cercana y poblada: ellos eran los únicos que podían andar vagando por la campiña de madrugada en mitad de una nevada. Además, utilizaban de preferencia armas con munición de postas. El superintendente ordenó establecer controles en todas las carreteras de la zona, y especialmente en los accesos a la ciudad, disponiendo que todos los sospechosos que anduvieran por los caminos a esas horas fueran identificados y sus pertenencias registradas.

El superintendente vivía obsesionado con los furtivos. La caza sin permiso estaba castigada con severas penas de prisión, y los cazadores eran capaces de cualquier cosa para sustraerse a la persecución policial. Unos años antes, el constable Grey había sido asesinado en acto de servicio en Eglingham, un pueblo vecino a Edlingham, después de haber sorprendido in fraganti a unos cazadores que, al verse descubiertos, le dispararon a bocajarro con un arma de fuego matándolo en el acto. La policía no había conseguido identificar a los responsables de la muerte del policía, y esa era una espina que George Harkes tenía clavada desde entonces. Ante la similitud de aquellos hechos con estos, el veterano policía asumió que podría tratarse de los mismos delincuentes, y se propuso que esta vez, costase lo que costase, no escaparían. Le quedaba poco para jubilarse, y se prometió a sí mismo que dejaría este asunto resuelto.

George Harkes se personó en la vicaría con algunos de sus hombres. El reverendo Buckle y su hija estaban siendo atendidos por el médico, que le confirmó que ambos estaban heridos de consideración, aunque no se temía por su vida. El superintendente inspeccionó las distintas dependencias de la planta baja, que estaban todas revueltas. Comprobó que la ventana del comedor había sido forzada; una de las criadas le entregó un cincel que habían encontrado tirado en el suelo y que no pertenecía a la casa. Los agentes comprobaron que el cincel se correspondía con las marcas de forzamiento que presentaban las hojas de la ventana rota, y apreciaron huellas en el exterior, al pie de la ventana, de las que tomaron muestras. Las mujeres entregaron también una hoja del periódico The Times que tampoco pertenecía a los habitantes de la vicaría y había aparecido en el suelo del salón.

Entretanto, los agentes enviados a las casas de los cazadores furtivos conocidos de Alnwick comprobaron que dos de ellos, Michael Brannagan, de veintinueve años, y Peter Murphy, de diecinueve, ambos irlandeses y afincados en la localidad desde hacía muchos años, habían pasado la noche fuera de sus casas. Brannagan estaba casado. Murphy era soltero y vivía con su novia en casa de su hermana mayor. Ambos fueron interceptados a la entrada de la ciudad mientras regresaban a sus domicilios con las primeras luces del alba. Como furtivos veteranos que eran, no llevaban encima ningún arma, redes u otros instrumentos de caza, y tampoco los conejos y demás piezas que probablemente se habrían cobrado durante la noche. Luego de identificarlos, la policía no tuvo más remedio que dejarlos marchar.

Los policías, que tampoco eran nuevos en el oficio, los siguieron discretamente para ver si recogían de algún escondite los útiles o el producto de su salida nocturna, lo que no hicieron. Finalmente, los arrestaron de todas formas cuando llegaron a sus casas. Michael Brannagan acababa de entrar y no había tenido tiempo ni de quitarse los zuecos, que traía empapados de agua. Se lo llevaron tal como venía. Cuando les abrieron la puerta en casa de Peter Murphy, el furtivo acababa de quitarse la ropa y el calzado mojado y cubierto de barro. Los policías le hicieron vestirse de nuevo y se lo llevaron. Su novia, Agnes Simms, le dio ropa limpia para que se vistiera, y unas botas secas. Además, temiendo que su abrigo sucio y mojado pudiera comprometerle, le dio la chaqueta limpia de su cuñado, el viejo Redpath, el marido de su hermana. Peter se la puso sin decir una palabra, y vestido de esa guisa se fue con los policías.

Ambos detenidos fueron cuidadosamente cacheados en la comisaría. Los policías les hicieron descalzarse y desnudarse, y verificaron que no tenían ninguna herida u otro vestigio físico que pudiera incriminarles, así como tampoco llevaban en los bolsillos ningún objeto o instrumento que pudiera vincularlos con el robo. Los detenidos negaron haber estado en la vicaría. Como mal menor, confesaron haber pasado la noche cazando conejos, y señalaron el lugar donde habían dejado los aparejos y redes que utilizaban para esa tarea. La policía acudió al sitio designado y recuperó varios conejos muertos y las redes de los furtivos. No tenían ningún arma de fuego. Avanzada la mañana, los condujeron a la vicaría de Edlingham para hacer con ellos una reconstrucción de los hechos en la escena del crimen, y para comprobar si podían ser reconocidos por los heridos. Delante del superintendente Harkes, el reverendo Buckle y su hija declararon no ser capaces de identificar a ninguno de los dos.

Para cuando los detenidos fueron presentados ante el juez de paz, la policía había acumulado nuevas evidencias en su contra. El superintendente Harkes había ordenado tomar muestras de las huellas de las pisadas que iban y venían desde la carretera de Alnwick hasta la ventana de la vicaría, para lo que habían vaciado unos moldes de yeso, y se comprobó que se correspondían exactamente con las botas de Peter Murphy y los zuecos de Michael Brannagan. Los policías presentaron además un trozo de una página de periódico, encontrado en un bolsillo de la chaqueta que se había puesto Murphy cuando lo detuvieron, el cual coincidía exactamente con el fragmento de The Times encontrado en el suelo de la vicaría. El trozo en el bolsillo de Murphy fue encontrado por el doctor Wilson, que había prestado asistencia en su casa al reverendo Buckle y a su hija, y luego había reconocido a los detenidos en la comisaría. Tanto los policías como el médico ignoraban que se trataba de la chaqueta del viejo Redpath, el cuñado, y que Peter Murphy había llevado puesta una prenda distinta durante su salida nocturna. Los policías persuadieron además a Redpath para que reconociese ante el juez que el cincel encontrado en la vicaría era suyo.

El juez de paz consideró que los indicios eran suficientes, y acordó enviar a juicio a Michael Brannagan y a Peter Murphy en la siguiente sesión del tribunal del circuito en Newcastle, en primavera. Algo debió despertarle dudas, sin embargo, porque a pesar de la gravedad de los hechos, concedió a los detenidos la libertad provisional. Ante las airadas protestas del superintendente, el único comentario del juez fue:

—Son unos pobres diablos, no irán a ninguna parte.

Era verdad.

Edlingham era apenas una aldea, y Alnwick tampoco era una gran ciudad. Allí se conocía todo el mundo, y más en el ambiente de las tabernas frecuentadas por los delincuentes locales, cazadores furtivos, contrabandistas, ladrones, prostitutas y sus clientes, bebedores, mendigos y demás personajes de vida nocturna, incluidos los policías y sus confidentes. En el tiempo que transcurrió desde la fecha del robo hasta la del juicio, circularon toda clase de rumores. Se difundieron los nombres de los ladrones habituales que habían pasado la noche fuera de casa, y se cruzaron apuestas, especulándose acerca de quiénes de entre ellos eran capaces de colarse de noche y armados en una casa parroquial habitada. No eran tantos. Lo que todo el mundo daba por hecho es que los policías se habían confundido: los irlandeses no eran culpables. Hubo quienes aseguraron, jurando por lo más sagrado, que los habían visto cazando conejos a la hora del robo en el extremo de Alnwick opuesto al camino de Edlingham. Esos juramentos formulados de madrugada, al calor de la lumbre y del licor, no salieron de la taberna pero llegaron a oídos del superintendente.

El juicio fue presidido por Sir Henry Manisty, que enseguida mostró su predisposición en contra de los dos irlandeses y a favor de la policía. El magistrado era malhumorado, anticuado y meticuloso. Tomaba notas de sus casos con parsimonia. Rara vez hablaba, pero cuando lo hacía, solía ir al grano, y así aparece descrito en La feria de las vanidades, de W.M. Thackeray. El juez no consideró necesario ni oportuno informar a las partes de su cercanía con la familia Buckle: él era hijo del reverendo James Manisty, que había sido muchos años vicario de Edlingham. El juez, de hecho, conocía muy bien el lugar de los hechos, porque había vivido durante su infancia y juventud en la vicaría.

Para fortuna de los acusados, se encargó de la defensa un joven y prometedor abogado de Newcastle, Thomas Milvain, que con los años llegaría a ser el Chancellor, magistrado principal de Durham. Sostuvo que la culpabilidad de sus clientes no estaba acreditada, y para ello se propuso demostrar desde el principio, a pesar de la oposición tenaz de Sir Henry Manisty, que la policía había manipulado las pruebas presentadas ante el jurado. Formulado semejante anuncio por la defensa, el magistrado dispuso que el juicio se celebraría a partir de ese momento a puerta cerrada, y ordenó despejar la sala. El público tuvo que salir.

El reverendo Buckle rectificó su declaración inicial, y declaró que identificaba positivamente a los dos acusados como las personas que se habían introducido en la vicaría por la ventana la noche de autos. Otro tanto hizo su hija Georgina. El abogado Thomas Milvain los interrogó con habilidad y logró establecer que el vicario y su hija podían equivocarse, habida cuenta de la oscuridad, la excitación y confusión durante el robo, y de los escasos segundos de que dispusieron los testigos para distinguir la cara de los agresores antes de recibir el disparo de postas.

La policía, que no había reaccionado públicamente a los rumores de las tabernas, se presentó sin embargo con nuevas pruebas. Los agentes habían realizado —explicó el superintendente Harkes— una búsqueda más detenida en las inmediaciones de la vicaría al retirarse la nieve un mes después del robo, y habían descubierto al pie de la ventana del salón un retal de tela de fustán con un botón cosido. La textura, el color de la tela y el botón se correspondían exactamente con los pantalones que llevaba Michael Brannagan la madrugada en que fue detenido, y el trozo encontrado al pie de la ventana encajaba a la perfección con un roto que presentaba la prenda. Como respuesta, el abogado Thomas Milvain propuso como perito a un sastre, que dictaminó que el corte de la tela era rectilíneo y no podía corresponder a un desgarro accidental, sino que parecía más bien un corte limpio hecho con unas tijeras. A la vista del testimonio del sastre y las argumentaciones del letrado, el juez resolvió que la tela y el botón no deberían ser tenidos en cuenta como prueba de cargo por el jurado, cuyos miembros, no obstante, ya la habían examinado con detenimiento.

La acusación descansó también en la coincidencia evidente entre el fragmento de la página del periódico encontrado en el suelo de la vicaría y el trozo encontrado en el bolsillo de la chaqueta que llevaba Peter Murphy cuando fue conducido a comisaría. Eran, en efecto, dos trozos de la misma página del mismo periódico, y los cortes de ambos pedazos eran coincidentes.

Llegado el turno de la defensa, el abogado empezó por impugnar la validez como prueba de cargo de las huellas de pisadas al pie de la ventana de la vicaría presentadas por la policía. Las huellas eran numerosas e imprecisas, podían corresponder tanto a los acusados como a los policías, al personal de la casa, o incluso a otros vecinos, puesto que numerosas personas se habían acercado a la vicaría al conocerse el robo, antes de la toma de las muestras de yeso. La prueba no era, por lo tanto, concluyente, según Milvain. Varios testigos depusieron a continuación señalando que Michael Brannagan y Peter Murphy eran en efecto cazadores furtivos, pero no tenían ni habían tenido nunca armas de fuego, porque se dedicaban a la caza furtiva de conejos, para lo que utilizaban redes y perros terrier adiestrados. El viejo Redpath, por su parte, declaró que el cincel encontrado no era suyo, que nunca había tenido una herramienta semejante, y que si la había reconocido inicialmente como propia era porque la policía le había indicado que así lo dijera, presionándole con que, en caso contrario, podría ser considerado cómplice del robo.

Al resumir la prueba, el magistrado Sir Henry Manisty formuló sus conclusiones y se dirigió al jurado señalando de manera concisa que, en su opinión no vinculante, la culpabilidad de los acusados había quedado acreditada de forma indiscutible. Defendió la labor de la policía, que —aseguró— había realizado una labor impecable.

El jurado no lo tuvo fácil. Sus integrantes no lograban ponerse de acuerdo, deliberaron en conciencia durante varias horas examinando todos los pormenores del caso, analizando una por una las pruebas, y emitieron un veredicto de culpabilidad. Manisty les agradeció la decisión. Lo interrumpió entonces el reverendo Buckle, que se encontraba entre el público y pidió la palabra. El anciano vicario señaló que perdonaba a los condenados, y pidió clemencia para ellos. La petición, justo antes de hacer pública su decisión final, contrarió al magistrado, que hizo una larga pausa para sosegarse antes de continuar, y aseguró entonces que en caso de que el reverendo o su hija hubieran muerto, no le hubiera quedado más alternativa que imponer la pena de muerte a los reos. Habiéndose recuperado ambos satisfactoriamente de sus heridas, a pesar de no encontrar circunstancia alguna que mitigase la responsabilidad de los acusados, y atendiendo en exclusividad —afirmó de forma solemne el magistrado— a la petición del clérigo, imponía a Michael Brannagan y Peter Murphy la pena de cadena perpetua con trabajos forzados.

En esa época, las decisiones del jurado en Inglaterra eran inapelables. La cadena perpetua representaba habitualmente una privación efectiva de libertad de entre veinte y veinticinco años, a partir de los cuales los condenados podían aspirar a la liberación condicional en función de su comportamiento en prisión, medida de favor que les podía ser revocada en cualquier momento durante el resto de su vida apenas volvieran a delinquir. Para que dieran inicio al cumplimiento de sus condenas, Brannagan y Murphy fueron enviados a las prisiones de Dartmoor y Portsmouth, respectivamente. Pasaron allí los siguientes nueve años.

A la altura de 1888, todo el mundo en Alnwick sabía quiénes eran los verdaderos culpables del robo en la vicaría de Edlingham. Se trataba de George Edgell y Charles Richardson. El primero, apodado por todos Geordie, era un joven ladrón profesional, pero no estaba mal considerado por sus vecinos. Era más bien un ratero de poca monta, pobre de solemnidad, que se ganaba la vida sustrayendo aquí y allá lo que podía y revendiéndolo a precio de saldo. No era peligroso, y se le tenía por persona tranquila y sociable, amante de su familia. Charles Richardson, Charlie, era otra cosa: bebedor, pendenciero y agresivo, iba siempre armado, y todo el mundo le tenía miedo porque le sabían capaz de cualquier disparate. A sus más de cincuenta años, había tenido enfrentamientos con muchos otros delincuentes, y gracias a su corpulencia y malas artes, había dejado maltrechos a casi todos ellos. Se daba por hecho que Charlie era quien había disparado contra el vicario de Edlingham y su hija, y también quien probablemente había matado al constable Grey unos años antes.

Geordie Edgell vivía atormentado por su conciencia, sobre la que pesaba insoportablemente que dos hombres inocentes estuvieran pagando en prisión por un delito que no habían cometido. De ser por él, hubiera reconocido su responsabilidad con tal de liberar a Brannagan y Murphy, pero tenía terror a Richardson, quien le había amenazado con matarlo a él y a toda su familia si se le ocurría reconocer su responsabilidad y denunciarlo. Geordie no era muy religioso, pero acudía con regularidad a la iglesia de Saint Paul, en Alnwick. El reverendo Jevon Perry, vicario de esa parroquia, le hablaba con frecuencia de los dos furtivos condenados, y le recomendaba entregarse y confesar para terminar con su ansiedad y aliviar su conciencia. El vicario le había presentado al abogado Charles Percy, quien se había ofrecido a negociar para él una pena reducida si se decidía a colaborar con la justicia. Geordie Edgell le daba mil vueltas, pero no terminaba de convencerse.

Todo cambió cuando Mary, la hija única de Geordie, a quien su padre adoraba, enfermó de gravedad. El vicario de Saint Paul visitó a diario a la niña para rezar con ella y con la madre. La niña murió, y Edgell se hundió en la desesperación. Confesó al reverendo Perry que sentía que Dios se había llevado a su hija para castigarlo por sus pecados, y que su mayor temor era que no volvería a verla en toda la eternidad, porque Mary estaría sin duda en el cielo, mientras que el iría derecho al infierno si moría sin haberse arrepentido de sus muchas culpas. Así pues, se decidió a ponerse en paz con los hombres para poder hacer después las paces con Dios. El reverendo Jevon Perry y el abogado Charles Percy le acompañaron a la fiscalía.²George Edgell se entregó y confesó su participación en el robo. No denunció a Charlie Richardson, pero este prefirió entregarse igualmente, y confesó su responsabilidad porque temió que de todas formas pudieran terminar por acusarle también a él, y en tal caso, era seguro que lo condenarían a muerte. A pesar de que su arrepentimiento no había sido precisamente espontáneo, solicitó un trato benévolo a cambio de su confesión.

Charlie Richardson hizo bien en entregarse junto con Geordie Edgell, porque esta vez la policía sí que investigó, y localizó enseguida al joyero que había adquirido el reloj de oro inconfundible de Georgina Buckle, único botín del robo. El joyero reconoció a Charlie Richardson como la persona que se lo había vendido. Declaró que lo había comprado de buena fe a un precio razonable pero que, al enterarse por la prensa de la procedencia del reloj, había tenido miedo de verse involucrado como receptador y, sobre todo, se había asustado de las represalias que podría haber adoptado Richardson si se enteraba de que había acudido a la policía. Tampoco se había atrevido a revenderlo y había terminado por tirarlo al río Tyne.

George Edgell y Charles Richardson fueron juzgados en Newcastle ante el magistrado Sir Charles Edward Pollock. El abogado Charles Percy negoció con la fiscalía una pena reducida por el arrepentimiento y la colaboración de los acusados, y el reverendo Jevon Perry recogió más de tres mil firmas en su favor para una petición de clemencia dirigida al secretario del Home Office, el Ministerio del Interior. No fueron indultados, pero se les impuso únicamente una pena de cinco años de prisión.

Al conocerse la entrega voluntaria y la confesión de George Edgell y Charles Richardson, se organizó un gran escándalo nacional. Hubo interpelaciones en el Parlamento. Michael Brannagan y Peter Murphy fueron puestos enseguida en libertad provisional. El 26 de diciembre de 1888, el secretario del Home Office se vio obligado a reconocer ante la Cámara de los Comunes que las circunstancias del caso eran «excepcionalmente singulares y carecían de precedente». Se constituyó una comisión de investigación, de la que se encargó un prestigioso abogado de Newcastle, y se envió a Alnwick al inspector Butcher de Scotland Yard para que averiguase cuál había sido el comportamiento de los policías en el caso del robo de la vicaría.

El inspector Butcher determinó que el pedazo de tela del pantalón de Michael Brannagan que el superintendente George Harkes había presentado al jurado durante el juicio de los irlandeses tenía cortes limpios y rectilíneos que no se correspondían con los bordes irregulares que hubiera presentado de haberse producido un desgarro accidental al saltar por la ventana. Ese corte —dictaminó Butcher— solo pudo haberse producido con unas tijeras. El retal del pantalón —dedujo— solo podía haber sido cortado mientras Michael Brannagan estaba detenido en comisaría, aprovechando los policías el momento en el que le habían ordenado desnudarse para verificar si tenía lesiones corporales. El fragmento presentado en el juicio por la policía —añadió el inspector de Scotland Yard— estaba razonablemente limpio, y no podría haberlo estado si fuera cierto, como había sostenido la acusación, que había permanecido un mes tirado en la nieve y el barro al pie de la ventana del vicario. La conclusión final fue taxativa: la prueba había sido manifiestamente falsificada.

El inspector acreditó también que las muestras de pisadas vaciadas en yeso eran falsas. En lo referente a Peter Murphy, las botas que se habían tomado como muestra indubitada en comisaría a fin de compararlas con las recogidas en yeso debajo de la ventana de la vicaría no eran las que llevaba puestas la noche en que se cometió el robo, ya que se había cambiado de calzado al llegar a casa. Las muestras de yeso presentadas en el juicio se correspondían con las botas limpias que Peter Murphy se había quitado a petición de la policía una vez detenido. Las muestras de los zuecos de Michael Brannagan tampoco podían corresponder a la noche y el lugar del robo, porque, como habían reconocido Geordie Edgell y Charlie Richardson, ellos habían cometido el robo con los pies envueltos en unas telas de arpillera que les recubrían el calzado, que se habían atado a los tobillos con unas cuerdas precisamente para evitar dejar huellas reconocibles en la nieve.

El inspector Butcher concluyó igualmente que el abrigo que Peter Murphy había llevado puesto la noche en que se había cometido el robo era distinto de la chaqueta que se puso en su casa cuando fue detenido de madrugada, que pertenecía a su cuñado Redpath y era la que llevaba cuando acompañó a los policías a comisaría. De esa manera, si el pedazo de papel apareció en la chaqueta de Redpath, solo podía deberse a que la policía había cortado un trozo de la página encontrada en la vicaría y lo había puesto en el bolsillo de la chaqueta del cuñado de Peter Murphy para involucrar a este en el robo cuando el fragmento fuese encontrado inadvertidamente por el doctor Wilson.

La comisión de investigación concluyó, tomando en cuenta el informe del inspector Butcher, y además la detallada confesión de Edgell y Richardson, que Michael Brannagan y Peter Murphy eran inocentes, y verificó que la policía del condado, a las órdenes del superintendente George Harkes, había prefabricado pruebas en contra de los acusados. Recomendó que los irlandeses fueran indultados e indemnizados, y que se exigiera responsabilidades penales a los policías que habían participado en la primera investigación. Para cuando se hicieron públicas las conclusiones, el superintendente George Harkes había fallecido.

La fiscalía presentó cargos criminales contra el inspector Thomas Harrison, que en los años transcurridos había ascendido a superintendente, el sargento Isaac Gair y el constable Robert Sprott. El constable Chambers no fue acusado. El juicio se celebró en Newcastle ante el honorable magistrado George Denman.

Prestó declaración Georgina Buckle, que procuró ayudar a los policías acusados. Dijo que Michael Brannagan le seguía resultando más parecido que Charlie Richardson al hombre que vio en el salón de la vicaría la noche del robo. George Edgell y Charles Richardson prestaron una declaración larga y detallada, en la que reconocieron nuevamente todos los hechos y aportaron nuevas informaciones. Señalaron que habían cometido el robo tapándose la cara con antifaces, lo que ponía de manifiesto la imposibilidad de que el reverendo Buckle y su hija les hubiesen reconocido. Richardson reconoció además el cincel como propio. La defensa de los policías acusados desacreditó de plano a ambos testigos, señalando que eran delincuentes habituales, y que por esa sola razón, su palabra en contra de policías por actos de servicio no podía ser tomada en consideración.

Al resumir la prueba y formular sus conclusiones para el jurado, el magistrado Denman señaló que, en su opinión, no había evidencias suficientes de que los policías hubiesen manipulado las pruebas de manera intencionada. Más bien parecía —según el magistrado— que los agentes habían procurado, quizás con exceso de celo, pero en todo caso de buena fe, identificar a los responsables y demostrar su culpabilidad. El jurado entregó un veredicto de «no culpable» para todos los acusados. Quedaron absueltos.

Michael Brannagan y Peter Murphy recibieron el perdón real y fueron liberados definitivamente. Se les reconoció además una compensación por error judicial de ochocientas libras a cada uno. Ambos regresaron a Northumberland y desde entonces se dedicaron a ejercer los oficios que habían aprendido en prisión: Brannagan se ganó la vida como carretero; Murphy se hizo panadero.

El error judicial en el caso del asalto a la vicaría de Edlingham dio lugar a la aprobación de dos leyes del Parlamento británico para la reforma del procedimiento penal, que reconocieron el derecho de apelación contra las decisiones de los tribunales de jurado, hasta ese momento inexistente, y sancionaron la creación del Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales.

Cuarta parte

La quimera

Una justicia libre de tortura

Hasta el siglo XVIII inclusive, el proceso penal era ostensiblemente un instrumento de dominación del Estado, identificado con la autoridad absoluta del monarca titular del ius puniendi sobre la comunidad de sus súbditos, y empleaba para ello métodos que hoy se nos antojan brutales. La justicia penal, especialmente en la Europa continental, era una prerrogativa del rey, que disponía de vidas y haciendas y hacía confiscar, encarcelar, torturar o ejecutar a quienes y como tenía por conveniente.

Esa situación empezó a cambiar con la Ilustración. Hobbes, Locke y Hume en Inglaterra, o Rousseau, Diderot y Montesquieu en Francia, fueron abriendo camino y señalando límites al poder real. El reino de Nápoles fue el primero que abolió oficialmente la tortura, en 1738, aunque su práctica se había condenado ya en Inglaterra desde 1641.

Fue, sin embargo, el marqués de Beccaria quien mejor desnudó las carencias del proceso penal del antiguo régimen al publicar De los delitos y las penas en Livorno en 1764, a los veintiséis años. Cesare Beccaria no era un revolucionario ni un filósofo. No se dedicaba a la política, no tenía responsabilidades de gobierno, ni se encontraba revestido de autoridad alguna. Era un intelectual culto y ocioso, admirador de los enciclopedistas, que dedicó su vida de dolce far niente a la reflexión y el debate con sus contemporáneos.

Las primeras líneas del libro del joven marqués describen mejor que cualesquiera otras el estado en el que se encontraba la justicia a mediados del siglo XVIII. Habíamos recibido como herencia —explicaba el joven marqués— el Derecho que los romanos habían impuesto a todo el orbe conocido en su época, lo habíamos aderezado con privilegios feudales, hecho compilar después por oscuros intérpretes medievales, y el resultado informe de esa tarea desordenada y anárquica era lo que denominábamos leyes. La tortura era una pieza clave de ese engranaje judicial. Aplicábamos el mismo procedimiento en toda Europa, con el orgullo de sentirnos civilizados y superiores a los pueblos bárbaros, pero no éramos mejores que ellos.

Tan poderosas resultaron las razones expresadas contra la tortura por el joven aristócrata italiano que Catalina II de Rusia, proclamando que lo hacía persuadida por los argumentos de Cesare Beccaria, la prohibió en todos sus reinos el año 1766. Otro tanto dispuso, también convencida por el libro de Beccaria, la reina María Teresa de Austria en 1776. Luis XVI la prohibió en Francia a partir de 1780, Pedro Leopoldo hizo lo propio en Toscana en 1786, y José II en Milán en 1789. Las conclusiones del libro fueron casi literalmente incorporadas a las constituciones de 1789 y 1793 que siguieron al triunfo de la Revolución francesa.

Después de esa fecha, la prohibición de la tortura se generalizó, y se impuso como una norma de ius cogens—derecho internacional necesario, obligatorio— que tenía eficacia erga omnes, para todos. No por eso se erradicó su práctica.

El antiguo régimen

Francia, 1687

El curso demasiado libre del poder mal dirigido ha dado hasta ahora un largo y autorizado ejemplo de fría atrocidad.

BECCARIA, De los delitos y las penas

Inglaterra y Francia han compartido e intercambiado casas reales y aristocracia durante varios siglos, aunque la convivencia entre las distintas familias reales y las de la nobleza, tanto a orillas del Sena como del Támesis, no ha sido siempre todo lo pacífica que cabría haber esperado.

El conde francés François de Montgomery, originario de Escocia, pertenecía a una familia de abolengo a ambos lados del Canal de la Mancha. Sus integrantes habían disfrutado durante sucesivas generaciones de la máxima intimidad y confianza de la casa real francesa. Un antepasado de Montgomery, el conde Gabriel de Lorges, joven y apuesto capitán de la guardia escocesa del rey francés y amante de la reina Catalina de Médicis en el siglo XVI, hirió mortalmente a Enrique II al clavarle por accidente en un torneo una esquirla de su lanza en el ojo. La reina italiana, que instigaría más tarde la matanza de los hugonotes llevada a cabo por su hijo Carlos IX, dispuso de inmediato que el conde fuese decapitado, pero nunca quedó claro si la condena se debió a la muerte violenta del esposo, al despecho de una reina celosa por las infidelidades de su amante escocés, o a que Lorges era protestante y Catalina una fanática católica. Lo más probable es que la decisión obedeciera solo a la necesidad de confirmar el principio de autoridad: no se puede matar con impunidad a un rey, ni siquiera por accidente.

Ajeno a las controversias de sus ancestros, el conde François vivía apaciblemente con su esposa en 1687, rodeados ambos del personal a su servicio e instalados con confortabilidad en las plantas principales de una mansión de la Place Royale, de París, actualmente el número 10 de la Rue des Moulins, un palacio señorial que databa del reinado de Enrique IV. François de Montgomery era apocado, no muy agraciado, y vivía sometido por una esposa dominante que le organizaba la vida a su antojo. La condesa arreglaba la indumentaria de su marido de acuerdo con la moda cambiante de la corte. El conde se acicalaba como correspondía a un gentilhombre de Francia, y tenía una colección de pelucas para cada ocasión, pero no se perfumaba porque sabía que al rey Luis XIV —que nunca se bañaba porque sus médicos le habían asegurado que a través del agua sería víctima de las miasmas— no le gustaban esos detalles en los hombres. La familia Montgomery representaba la decadencia de su linaje, que había conocido tiempos mejores, pero aun así disfrutaba de una fortuna considerable que les permitía vivir de las rentas. Formaba parte de su séquito en calidad de limosnero y preceptor espiritual un sacerdote llamado François Gagnard, que disfrutaba de gran ascendencia moral sobre los condes, en especial sobre la condesa, que era muy beata y sentía por él veneración. El conde tenía además un ayuda de cámara, y la condesa una doncella. Ambos compartían cochero, lacayo y paje.

Los condes frecuentaban la corte de Versalles. Luis XIV había dejado el Louvre y se había instalado allí en 1682, y los condes de Montgomery eran cercanos a la familia real. La condesa disponía por ello de cuatro modistas que se ocupaban de sus trajes, ayuda indispensable si se alterna mucho con la realeza. Departir con el Rey Sol y participar en el boato y las festividades constantes, las comidas y cenas, los bailes, las fiestas, los conciertos y los estrenos de teatro en el palacio más elegante y lujoso del mundo tenía esas servidumbres. La competencia entre las damas de la corte y sus vestidos, peinados, joyas y perfumes era feroz, puesto que tenían que ser renovados constantemente para ajustarse a la moda y no desmerecer en lo referente al protocolo, la ley más respetada del reino.

En el segundo y tercer piso del mismo palacio vivían de alquiler los marqueses d’Anglade, nobleza autóctona procedente de Gascuña, de origen más bien dudoso. El título nobiliario que ostentaban los d’Anglade era controvertido, y en todo caso de bastante menor categoría que el de sus caseros. Laurent Guillemot d’Anglade era un hombre de mundo, maduro aunque todavía atractivo, muy culto, divertido y gran conversador, elegante y ataviado siempre con trajes y pelucas llamativas e impecables. Muy presumido, no salía de casa sin maquillarse y debidamente perfumado, dijera el rey lo que dijera. No se le conocían fortuna, negocios, tierras ni rentas. Se decía que era un prestamista poco escrupuloso, y que obtenía de su habilidad con los naipes en las mesas de juego cuantiosos recursos que le permitían costear su desahogado nivel de vida. Gastaba mucho, y eso le hacía popular; estaba bien relacionado con la nobleza, el gobierno y la magistratura.

La diferencia de rango y de patrimonio no impedía que las relaciones entre ambas familias fueran cordiales. Los condes de Montgomery solían invitar a los marqueses d’Anglade a las fastuosas y frecuentes celebraciones que organizaban en sus salones, y a compartir con ellos algunas visitas a sus posesiones en el campo, en Villebousin, junto a Montlhery, en el departamento de Île-de-France, a treinta kilómetros de París.

Fue precisamente al regresar de uno de aquellos viajes el 24 de septiembre de 1687, cuando los condes se encontraron abierta y vacía la caja fuerte en la que guardaban las joyas y el dinero de la familia: un collar de perlas valorado en cuatro mil libras, trece sacos pequeños con mil libras de plata cada uno, otro saco con once mil quinientas libras en oro en piezas de dobles escudos¹y cien luises de oro en monedas nuevas y de las llamadas au cordon. Todo había desaparecido.

Atendiendo a la alcurnia e influencias del conde, se personaron enseguida en su casa el procurador del rey, el comisario de policía y el lugarteniente-criminal del Châtelet —cargo equivalente al de juez de instrucción—. La caja fuerte y la entrada de la vivienda no habían sido forzadas, por lo que la policía dedujo que el robo tenía que haber sido perpetrado con la connivencia de alguien de la casa. François de Montgomery confiaba ciegamente en el personal a su servicio, y enseguida hizo saber a la policía que sospechaba de su inquilino Laurent Guillemot d’Anglade, puesto que, como en ocasiones anteriores, le había invitado a viajar con él al campo, habiendo aceptado d’Anglade al inicio la invitación para excusarse después en el último momento sin darle explicaciones. El lugarteniente-criminal hizo partícipe entonces al conde de la mala reputación de d’Anglade, conocido jugador profesional y usurero.

Las sospechas parecieron suficientes para registrar todo el edificio con gran detenimiento, poniendo los policías especial atención en las dependencias ocupadas por d’Anglade y su familia, que pusieron patas arriba. No se encontró nada. Sin embargo, en un baúl lleno de cachivaches en un trastero del ático utilizado por el servicio, se descubrieron setenta de los cien luises de oro au cordon, que François de Montgomery se apresuró a reconocer de inmediato como suyos, aunque las monedas eran de curso legal y no tenían ninguna marca distintiva.

El comisario de policía pidió entonces a Laurent Guillemot d’Anglade delante de todos los presentes que contara las monedas, lo que este llevó a cabo temblando perceptiblemente, signo que constituía ya un adminículo —un principio de prueba de cargo en su contra— según se hizo constar en el atestado. En un registro ulterior del dormitorio del preceptor espiritual de la familia, el cura François Gagnard, ocultos en un hueco de la pared se encontraron cinco de los saquitos con mil libras cada uno, y un sexto saco con ochocientas libras. François de Montgomery reiteró entonces, a pesar del hallazgo y por indicación de la condesa, que estaba fuera de sí, su confianza en la honestidad de todos sus sirvientes, sin excepción, y en especial en la del limosnero, y pidió a la policía que omitiera mencionar en el atestado las circunstancias y ubicación de este hallazgo. Le contó además de manera confidencial al lugarteniente-criminal que tiempo atrás un antiguo inquilino, llamado Grimaudet, había manifestado sospechas respecto de los d’Anglade cuando le desaparecieron de sus habitaciones varias piezas valiosas de plata. Lejos de sospechar del padre Gagnard, el conde Montgomery y la condesa dedujeron que la aparición de los sacos con las monedas en la alcoba del sacerdote no permitía albergar sospechas contra el religioso, un hombre a todas luces venerable, sino que confirmaba más bien la agudeza y malicia de Guillemot d’Anglade, que sin duda los había escondido allí para inculpar de forma torticera al inocente preceptor.

Después de la aparición de los setenta luises, los d’Anglade fueron conducidos ante el juez, en presencia del cual el procurador hizo formal protesta de sostener en juicio la acusación contra el desafortunado marqués. El juez decretó entonces el ingreso en prisión de toda la familia: Laurent Guillemot d’Anglade en el Châtelet; y su esposa, que estaba embarazada, acompañada de la hija de ambos, Constance d’Anglade, que tenía cuatro años, en Fort l’Évêque. También fueron detenidos los sirvientes de los marqueses.

La diferencia fundamental entre la justicia penal del antiguo régimen y la del Estado moderno nacido a finales del siglo XVIII tras las revoluciones americana y francesa, estriba en que el uso de la tortura era regular y perfectamente legal en el primero, mientras que la influencia de la Ilustración consiguió que se prohibiera en el segundo.

El antiguo régimen se consideraba a sí mismo civilizado. En la Francia de Luis XIV, el paradigma del poder absoluto que proclamaba orgullosamente l’État c’est moi, era perfectamente legal hacer uso de la tortura como medio de investigación y de prueba. En el curso de la investigación penal, el uso de la tortura se denominaba cuestión—interrogatorio—2 preliminar: la policía torturaba para averiguar la verdad ad eruendam veritatem, para saber quién había hecho qué, identificar a los autores, cómplices o encubridores, encontrar y recuperar el cuerpo del delito, etcétera. También, cuando había prueba de cargo, pero no la suficiente para condenar, se disponía igualmente torturar al acusado para obtener su confesión u otras evidencias más contundentes en su contra que las disponibles hasta ese momento. Se denominaba entonces cuestión preparatoria, y venía autorizada por la Ordonnance Criminelle promulgada por el Rey Sol en 1670, que en el artículo 1.º de su Título XIX disponía:

Si existen pruebas considerables contra el imputado de un delito que merecería pena de muerte y que son sólidas, cualquier juez podrá ordenar que se le aplique la tortura en caso de que las pruebas disponibles no sean concluyentes.

La confesión o cualquier otra información proporcionada bajo tortura por el procesado carecía de validez si no era ratificada con posterioridad en presencia judicial, pero la decisión de ratificar lo manifestado con anterioridad bajo torturas no era precisamente libre, puesto que, si el supliciado no ratificaba su declaración, podía volver a ser torturado tantas veces como fuera preciso hasta que al fin reconociese ante el juez lo confesado con anterioridad en los calabozos.

Se ordenaba la tortura, en fin, aun cuando la decisión de condenar estuviera tomada de antemano, para procurar a cualquier precio la confesión del crimen por el acusado, puesto que, de otra forma, no se le podía imponer la pena de muerte. Cuando menos, los jueces del antiguo régimen no reputaban conveniente imponer la máxima pena sin la previa confesión del acusado. El uso generalizado de la tortura para procurar la confesión, a veces incluso después de que el acusado hubiera sido juzgado y condenado, no se interpretaba como una muestra de crueldad, sino lo contrario: era una señal inequívoca de progreso y civilización.

Las dos primeras justificaciones para la tortura concurrían en el caso de Laurent Guillemot d’Anglade: la investigación no había permitido recuperar más que una parte ínfima del botín, y la prueba de cargo contra el infortunado era por demás muy insuficiente: apenas el hallazgo circunstancial de unas monedas en un desván del edificio al que cualquiera de los moradores del inmueble tenía acceso, y otras en un cuarto que no era el suyo. En su contra pesaba únicamente el adminículo, ese patente temblor con que contó las monedas recuperadas cuando así le fue solicitado, que todos habían apreciado. El juez dispuso, pues, que d’Anglade fuera cuestionado de manera preliminar y preparatoria, como era procedente.

La tortura tenía además dos grados diferentes de intensidad en función de los métodos e instrumentos empleados. Se aplicaba en todo caso la cuestión ordinaria, y de ser preciso, también la cuestión extraordinaria. Se trataba de eufemismos legales: la cuestión ordinaria significaba que el supliciado era maltratado de una forma relativamente leve, no excesivamente intensa; la cuestión extraordinaria era una forma de tortura mucho más severa.

Las consecuencias legales de la aplicación de la tortura al detenido eran diferentes según que el método diera el resultado apetecido o no: si el acusado confesaba bajo tortura, su declaración era decisoria y la sentencia condenatoria, inevitable. En todos los delitos graves —que eran la mayoría— esa condena implicaba necesariamente la imposición de la pena de muerte. Si por el contrario el acusado no reconocía el crimen, no por ello quedaba exonerado: podía ser condenado de todas formas, incluso a veces a la pena de muerte, puesto que la cuestión ordinaria y la extraordinaria eran aplicadas manentibus indiciis, es decir, con reserva de pruebas o, lo que es lo mismo, conservando su validez los demás indicios concurrentes, fuera cual fuese el resultado del suplicio, por cuanto el establecimiento de la verdad era un derecho absoluto para el soberano y sus jueces, manifestación de su poder ilimitado sobre los súbditos.

Laurent Guillemot d’Anglade era noble, así que, según era su derecho, apeló al Parlamento contra la decisión judicial de torturarle. Fue en vano: la influencia del conde Montgomery era mucho mayor que la suya. El Gran Consejo autorizó la aplicación de la tortura con carácter preliminar y preparatorio al desafortunado marqués, aunque los parlamentarios impusieron una restricción: de no obtenerse la confesión, no se podría imponer a d’Anglade la pena de muerte. Así pues, el 19 de enero de 1688 se le sometió a la cuestión ordinaria. El tozudo marqués continuó proclamando su inocencia. Su negativa a reconocer los hechos fue interpretada por los jueces como indicio de su especial iniquidad y persistencia en el propósito criminal. En consecuencia, ordenaron que se le aplicara la cuestión extraordinaria. Lo atormentaron hasta dejarlo al borde de la muerte, con el ánimo quebrado, el cuerpo maltrecho y las cuatro extremidades dislocadas, pero no confesó.

De haber reconocido el delito, el tribunal habría aplicado a Guillemot d’Anglade la fórmula rituaria de que sus jueces habían alcanzado la convicción de su culpabilidad, y le hubieran condenado a muerte. No habiéndolo hecho, se limitaron a expresar en la sentencia de 16 de febrero de 1688 que el tribunal albergaba la vehemente sospecha de que era culpable, por lo que limitaron la pena impuesta a nueve años de trabajos forzados en las galeras del rey. La marquesa d’Anglade, que había perdido en prisión la criatura que esperaba, fue condenada, al igual que su hija Constance, a la pena de destierro por el mismo periodo de nueve años. Los esposos fueron además condenados al pago de una multa, a devolver al conde de Montgomery el importe de lo sustraído, y a pagarle adicionalmente tres mil libras como indemnización.

Laurent Guillemot d’Anglade fue recluido en la Torre de César, en el mismo calabozo —ironías del destino— en el que siglos atrás había esperado la muerte Gabriel de Lorges, el antepasado de Montgomery. De allí fue trasladado al Château de La Tornelle, donde aguardaría su traslado a Marsella encadenado a otros desventurados forzados.

La cadena de presos era un espectáculo gratuito muy apreciado por el público de París. La salida del convoy era anunciada con antelación, y decenas de miles de parisinos acudían alborozados para despedir con gritos e improperios a los condenados, a quienes, aprovechando la tolerancia de los carceleros, lanzaban toda clase de objetos, con regocijo general cuando un tomate o una pedrada acertaba a alguno de los desventurados presos. La ceremonia daba comienzo con el remache de las argollas alrededor del cuello de los condenados, que debían apoyar la nuca sobre un yunque, y que el verdugo ejecutaba con maestría en el patio de Bicêtre, ayudado por otros guardias de la prisión, golpeando la argolla con un pesado mazo procurando no estrangularlos o machacarles la cabeza, lo que de todas formas ocurría de vez en cuando. Las argollas de cada condenado estaban sujetas a las del siguiente en la cadena. La procesión partía cuando la cadena estaba completa, y recorría toda Francia de norte a sur, a pie. Los habitantes de las poblaciones por las que pasaba el cortejo salían a su encuentro para festejar su paso mientras vilipendiaban a los encadenados.

El conde de Montgomery acudió a la puerta de la cárcel el día y hora señalados para que Laurent Guillemot d’Anglade iniciara su traslado desde París a Tolón, donde debía ser embarcado en una galera del rey, y se dio el gusto de verle conducido en la cadena de presos. Durante el viaje, el marqués moribundo tuvo que ser acostado en una carreta porque las piernas ya no le sostenían. Falleció el 4 de marzo de 1689, antes de abordar la embarcación para cumplir su condena. Todos sus bienes fueron confiscados y entregados como indemnización al conde de Montgomery.

La prohibición absoluta de la tortura se fundamenta actualmente en el valor esencial de la dignidad humana, pero su erradicación no tuvo lugar como consecuencia de la aplicación de principios morales o políticos, o porque fuera considerada perversa en sí misma, sino por razones más pragmáticas e instrumentales, a partir del momento en el que el modelo anglosajón de proceso penal comenzó a ser incorporado a los sistemas del Derecho continental europeo, y este evolucionó de un sistema inquisitivo a otro acusatorio. Desafortunadamente, el proceso acusatorio y la presunción de inocencia no alcanzaron a proteger al marqués d’Anglade. La tortura no sería abolida en Francia hasta 1780, durante el reinado de Luis XVI. La cadena de presos que atravesaba toda Francia siguió haciéndolo, para solaz del pueblo y gloria del monarca, hasta que en 1837 fue reemplazada por el más funcional procedimiento del coche celular.

Muerto el marqués, arruinada y desterrada su familia, la verdad no tardaría en revelarse, y con ella, la monstruosidad de la injusticia cometida. La condesa de Montgomery y la policía de París empezaron a recibir cartas anónimas en las que se identificaba como autor del robo a un delincuente habitual llamado Pierre Vincent Belestre, del que se aseguraba que habría contado para cometerlo con el auxilio indispensable del preceptor espiritual de la casa de Montgomery, el sacerdote François Gagnard.

La condesa desatendió las misivas, que le parecieron insidiosas e inoportunas. No así la policía, que identificó enseguida al remitente de los anónimos, otro sacerdote conocido como el abate Fontpierre. Averiguó también que François Gagnard y Pierre Belestre, ambos naturales de Mans, se conocían y eran amigos desde la infancia. El primero se había hecho cura y se ganaba la vida humildemente diciendo misas en la iglesia del Saint-Esprit hasta que la condesa de Montgomery, fascinada por su discurso fácil y su recato aparente, convenció a su marido para que lo designara preceptor y consejero espiritual de su casa. Por su parte, Pierre Belestre se había incorporado al ejército, del que desertaría después de matar a un sargento en una riña, estableciéndose seguidamente en París, en cuyas calles sobrevivía de la mendicidad, el robo y el juego, y donde recuperó la relación con su amigo de infancia al encontrárselo por casualidad en una taberna después de tantos años.

Con las informaciones proporcionadas por el abate Fontpierre se encargó una nueva investigación al magistrado Desgrets, quien realizó las averiguaciones que la policía tendría que haber hecho desde el principio. Luego de la condena y muerte de d’Anglade, François Gagnard había dejado con pretextos fútiles el servicio de los condes de Montgomery y había regresado a su tarea pastoral, para terminar en la cárcel tras ser encontrado culpable de un delito menor. Allí se había reencontrado una vez más con su paisano Pierre Belestre, que también cumplía condena, aunque por un delito diferente y más grave. Según las cartas del abate Fontpierre, Pierre Belestre se habría vanagloriado reiteradamente en sucesivas fiestas y encuentros, siempre en estado de ebriedad, del robo en la casa de los condes de Montgomery en la Rue Royale. Había presumido del cuantioso botín obtenido, así como celebrado la inculpación del marqués d’Anglade, que los exoneraba a ellos. Esa ostentación le era reprochada por el asustado François Gagnard, a quien además remordía la conciencia por la suerte aciaga de los d’Anglade. En tales ocasiones, Belestre exhibía, además, un hermoso collar de perlas que decía haber ganado en el juego, y que terminó por regalar a su amante, una cortesana muy conocida, Madame de la Comble.

Ambos delincuentes fueron excarcelados por el magistrado Desgrets para ser interrogados. Se registraron sus celdas en la prisión, y se encontró en la de Pierre Belestre un documento escrito por François Gagnard en el que aludía a las cartas anónimas y exhortaba a su compinche a que de un modo u otro hiciera callar al abate Fontpierre. Se acreditó que tanto François Gagnard como Pierre Belestre habían mejorado ostensiblemente de fortuna después del robo en la casa de los Montgomery. Esos indicios fueron suficientes para inculparlos. Al igual que había ocurrido con Laurent Guillemot d’Anglade, el juez dispuso que fueran sometidos a las cuestiones ordinaria y extraordinaria. Gagnard confesó enseguida, reconociendo los hechos y asegurando que él habría admitido de manera espontánea su culpabilidad durante la primera investigación en caso de haber sido interrogado en debida forma, tal era su confusión y su sentimiento de culpa por ver acusado al inocente d’Anglade. Se había sorprendido de que nadie le preguntara entonces. Pierre Belestre, mucho más curtido que su paisano, resistió la tortura sin revelar su participación. De nada le sirvió, puesto que ambos fueron condenados a muerte y ahorcados. Ya en el patíbulo, Belestre también terminó por desahogar su conciencia reconociendo su responsabilidad ante el sacerdote que le administraba los últimos sacramentos.

Según la tardía confesión, François Gagnard y Pierre Belestre habían recuperado en París su antigua relación de amistad de los tiempos de Mans. Ambos habían acordado cometer el robo seducidos por la fortuna de la que Montgomery hacía constante ostentación, y aprovechando la desmedida confianza que los condes, y especialmente la condesa, habían depositado en su preceptor religioso. Gagnard hizo impresiones en cera de las llaves de la casa y de la caja fuerte, que facilitó a Belestre, quien hizo fabricar con ellas llaves duplicadas. Se introdujo sin dificultad en el palacio el día convenido, aprovechando la ausencia de los moradores, y consumó el robo. Para dotarse de una coartada, Gagnard acompañó a los condes en el viaje, y de esa manera las sospechas recayeron sobre los marqueses d’Anglade, que habían permanecido en París.

Una vez esclarecidos los hechos, el tribunal acordó, con cargo al Estado, una indemnización de cuatro mil libras para la viuda d’Anglade. La vida del desventurado marqués, las torturas que le fueron infligidas, el destierro de la esposa e hija, y la pérdida del hijo que esperaban, fueron tasadas en el mismo precio que el collar de perlas de la condesa de Montgomery. Por su parte, el conde François de Montgomery fue condenado en 1693 a devolver a la señora d’Anglade los bienes de la familia que habían sido confiscados en su favor. Para entonces, la marquesa viuda había fallecido.

La espada de la justicia

Francia, 1762

La sombría superstición lleva a las almas débiles a imputar crímenes a cualquiera que no piense como ellas.

VOLTAIRE, Tratado sobre la tolerancia

Jean Calas era un respetado comerciante de Toulouse, y en la madurez de sus años disfrutaba con su familia —esposa y seis hijos— de una posición económica desahogada y gozaba de la estimación general de sus vecinos. Todos los miembros de la familia eran protestantes —la esposa era originariamente inglesa— menos uno de los hijos, Louis, que había preferido hacerse católico. Vivía con ellos desde hacía treinta años una sirvienta, Jeanne Viguière, también católica.

La religión había sido una fuente de confrontación en todo el Languedoc durante siglos. En la región de Toulouse había prendido desde el comienzo del segundo milenio el movimiento de los cátaros, que patrocinaba una interpretación dualista del Nuevo Testamento, según la cual el mundo era regido por dos principios supremos y contrapuestos, el Bien y el Mal, negando el carácter sagrado del Antiguo Testamento. Los cátaros —del griego katharós, puro— predicaban una vida sencilla y austera, renegaban de la acumulación de riquezas, la ostentación y la venta de prebendas e indulgencias de la jerarquía eclesiástica, del tráfico de reliquias auténticas o falsas de los santos, y desconocían la autoridad del Papa. Su doctrina fue considerada herética por el Vaticano. La pugna por el territorio occitano entre los reyes de Francia y Aragón, el Papa y los nobles de la región de Foix, Toulouse, Narbona, Albi y otras localidades prósperas y codiciadas, dieron paso a luchas fratricidas, batallas sin cuento, y al exterminio de los cátaros, una acción que hoy consideraríamos constitutiva del crimen de genocidio. Los cátaros también eran llamados albigenses, por encontrarse en Albi uno de los principales focos del movimiento.

La persecución, calificada por el Papa como cruzada, se propuso matar a todos los herejes, una vez fracasadas las negociaciones políticas y desatendidas por sus líderes las invitaciones que se les hizo para abjurar del cisma y reintegrarse a la fe católica. El principal cruzado, Simón de Monfort, arrasó Beziers en 1209, ordenando el sacrificio de toda su población, ocho mil hombres, mujeres y niños. Sus lugartenientes objetaron que entre los pobladores había también muchos católicos, que convivían en armonía con los cátaros. «Matadlos a todos, Dios sabrá distinguir a los suyos», fue la respuesta de Monfort, quien igualmente hizo quemar vivos a cuatrocientos cátaros en Lavaur en 1211. Montségur en 1244 y Quéribus en 1255 fueron los últimos reductos de resistencia de los cátaros, de cuya desaparición se encargó a partir de 1299 el tribunal de la Santa Inquisición constituido al efecto. Las diezmadas comunidades cátaras se refugiaron entonces en aldeas y cuevas de los Pirineos, donde fueron alcanzadas una por una y exterminadas. El último grupo de quinientos integrantes sobrevivió hasta 1315 en una enorme cueva conocida como «la catedral», en Lombrives. Allí fueron encontrados por el inquisidor de Toulouse, Jacques Fournier, quien dispuso que fueran enterrados vivos, construyendo un muro y sellando con él la única entrada de la gruta, haciéndoles perecer de inanición dentro de ella. Fournier sería más tarde elegido papa, el tercero de los de Aviñón, con el título de Benedicto XII.

El predominio absoluto de las autoridades políticas y religiosas católicas terminó por imponerse en todo el Languedoc. El condado de Toulouse desapareció y el territorio quedó sometido a la Corona francesa. Cualquier discrepancia con la fe católica fue desde entonces condenada como herejía.

La convivencia con los católicos no era mucho mejor para los protestantes, conocidos en toda Francia como hugonotes. La noche de San Bartolomé, del 23 al 24 de agosto de 1572, el rey Carlos IX, incitado por su madre Catalina de Médicis, auspició la matanza en París de miles de protestantes. La persecución se prolongó durante meses por el resto del país, y el afán de la Corona de procurar a cualquier precio la unidad religiosa, dio lugar a nuevas confrontaciones. Enrique III, procurando restablecer la paz, hizo importantes concesiones a los hugonotes en 1576, provocando la reacción de los extremistas católicos agrupados en la Santa Liga liderada por el duque de Guisa, quienes se sublevaron en 1588. La Liga contaba con el apoyo político y la financiación del rey Felipe II de España y del Papa. Para sofocar la rebelión, el rey Enrique III tuvo que comprometerse ante la Liga a erradicar de Francia el protestantismo, pero una vez sofocada la revuelta, hizo asesinar al duque de Guisa, que era también pretendiente a la Corona de Francia, y se la disputaba conspirando contra él a la menor oportunidad. Un fanático fraile dominico de la Liga, Jacques Clement, asesinó a Enrique III un año más tarde.

Ascendió entonces al trono con el título de Enrique IV el primer Borbón que ciñó la Corona de Francia. Enrique IV había sido hasta ese momento rey de Navarra, y además era hugonote, por lo que su aceptación en la corte de París no resultó fácil. Era, sin embargo, el siguiente en el orden legítimo de sucesión a la Corona, y aceptó además convertirse al catolicismo para ser reconocido como rey. Según se le atribuye, cuando los representantes de la Liga le expusieron la exigencia de su conversión, se limitó a asegurar: «París bien vale una misa».

Enrique IV negoció con todas las partes, redujo la confrontación entre ellas, y en un gesto de reconciliación sin precedentes, hizo derribar el muro de la cueva de Lombrives, y dispuso que se recuperaran los restos de los últimos quinientos cátaros allí sepultados y que se les enterrara cristianamente en el cementerio de Ornolac.¹Finalmente, proclamó en 1598 el Edicto de Nantes, que establecía la libertad de todas las confesiones religiosas, y con él puso fin a las guerras de religión.

Enrique IV, que tanto había fomentado la tolerancia religiosa, murió en 1610 asesinado por otro católico fanático, el fraile franciscano François Ravaillac, que se encaramó a su carruaje en las calles de París y lo apuñaló. A Enrique IV le sobrevivió una paz precaria entre católicos y protestantes, que se prolongó durante el reinado de Luis XIII, hasta que el Edicto de Nantes fue revocado por Luis XIV en 1685. Los protestantes tuvieron que optar entonces por abandonar el territorio francés, o convertirse al catolicismo. Los que, como la familia Calas, perseveraron en su fe y optaron por permanecer en el país, eran tolerados a duras penas. No podían ocupar cargos públicos, ni ser libreros o impresores, relojeros, médicos, farmacéuticos o abogados. Sus matrimonios no eran reconocidos, y sus hijos, considerados bastardos, no podían heredar. La proscripción era especialmente severa en regiones como el Languedoc, donde el catolicismo había sido impuesto a sangre y fuego por los cruzados contra la herejía albigense, y mantenido después bajo la vigilancia inflexible del Santo Oficio.

Marc-Antoine Calas, primogénito de la familia, era un joven difícil, introvertido y poco sociable. Había estudiado leyes, pero no podía ejercer la abogacía porque en Toulouse se exigía un certificado de catolicidad que él no podía obtener. Por su carácter taciturno, tampoco tenía la inclinación ni las aptitudes necesarias para ayudar a su padre en el negocio de paños. Acariciaba la idea del suicidio y había hecho partícipes a diferentes personas de su propósito de quitarse la vida.

El 12 de octubre de 1761, Marc-Antoine Calas recibió la visita de un amigo suyo, Gaubert Lavaisse, hijo de un famoso abogado de Toulouse, que había regresado de Burdeos, donde estudiaba. El joven se quedó a cenar con los Calas y sus hijos Marc-Antoine y Pierre en el primer piso de la casa familiar. La familia ignoraba que horas antes, Marc-Antoine, quien durante la cena estaba como ausente, había perdido en el juego todos sus ahorros y el dinero que su padre le había confiado. Después de la cena pasaron todos a una pequeña sala de estar, de la que Marc-Antoine se retiró a continuación para descender a la planta baja, donde los Calas tenían la tienda.

Cuando Gaubert Lavaisse se despidió finalmente para marcharse, el hermano menor, Pierre Calas, lo acompañó escaleras abajo alumbrándole con un candil para despedirle. Entonces, ambos jóvenes descubrieron con espanto a Marc-Antoine. Se había colgado con una soga por el cuello de la doble puerta del armario que estaba junto a la entrada de la tienda. Vestía solo una camisa, y había dejado el traje doblado cuidadosamente sobre el mostrador de la pañería. No presentaba señal alguna de violencia, ni heridas. Su ropa y peinado, así como las existencias y el mobiliario del local, estaban en orden. Lo descolgaron y procuraron reanimarle, pero ya estaba muerto. Pierre Calas y Gaubert Lavaisse corrieron entonces a la calle a buscar a un cirujano que vivía muy cerca, y avisar a la policía.

Los vecinos escucharon las voces de desesperación de Jean Calas, su esposa y la criada, y una muchedumbre se fue congregando frente a la casa. Enseguida comenzó a difundirse el rumor de que Jean Calas había estrangulado a su hijo Marc-Antoine porque el joven pretendía abjurar del protestantismo y profesar la fe católica. Los más exaltados aseguraron que para los protestantes es dogma de fe que el padre y la madre deben asesinar a sus hijos si procuran convertirse. Los ánimos se fueron encrespando, y se proclamó, sin fundamento alguno, que los protestantes de Languedoc, conocedores por Jean Calas de la pretendida defección de Marc-Antoine Calas, se habían reunido la víspera en secreto, y habían condenado a muerte al desdichado, designando a un verdugo, el joven Gaubert Lavaisse, al que habían ordenado desplazarse de inmediato desde Burdeos para llevar a cabo la ejecución.

Toulouse era en 1761 la capital de una de las regiones francesas más fervientemente católicas. La ciudad había celebrado el atentado mortal contra el rey Enrique III, se había opuesto a reconocer a Enrique IV a pesar de su conversión al catolicismo, y seguía celebrando su fiesta local con hogueras y procesiones en conmemoración de la matanza de los hugonotes de 1572. La ciudad era regida desde la alta Edad Media por un consistorio de capitouls, representantes del clero y de la nobleza, elegidos por cada uno de los ocho barrios o capitoulats de la ciudad. Los capitouls tenían reconocidos plenos poderes para el gobierno del territorio, y hasta el siglo XV tenían reconocidas prerrogativas jurisdiccionales, que pasaron en el siglo siguiente al Parlamento, el tribunal regional. A partir de 1645, los capitouls fueron elegidos directamente por el rey y en 1789, finalmente, su gobierno municipal fue abolido por la Revolución francesa.

La región disponía además de cuatro cofradías de penitentes, que se distinguían por el color de sus hábitos, blancos, azules, grises y negros. Los cofrades desfilaban en las procesiones religiosas con el rostro cubierto mediante capirotes como los utilizados en la Semana Santa española. Estas cofradías eran extremadamente influyentes, y los gobernantes tolosanos las financiaban y procuraban, en su propio interés, acomodarse en lo posible a sus deseos.

Tan pronto se difundieron las circunstancias y los rumores sobre la muerte de Marc-Antoine Calas, la cofradía blanca decidió adoptarle como un mártir, y celebró una misa solemne por su alma. Se levantó un catafalco magníficamente adornado, sobre el que se exhibió un esqueleto articulado que representaba a Marc-Antoine, con una palma en una mano y una pluma en la otra, con la que tendría que haber firmado su abjuración del protestantismo si sus progenitores no se lo hubieran impedido. El infortunado fue enterrado con gran solemnidad en la iglesia de Saint-Étienne, no sin antes extraer varios dientes del cadáver para conservarlos como reliquias. En vano protestó el párroco recordando a los cofrades blancos que los suicidas no podían ser sepultados en tierra sagrada. La Iglesia conminó a todos los fieles de la ciudad que dispusieran de alguna información para que prestaran testimonio bajo pena de excomunión. La peregrinación espontánea a la tumba del presunto mártir, al que ya se atribuían milagros obrados por su intercesión, dio comienzo enseguida.

Haciéndose eco del clamor popular, y atento a la influencia y las sugerencias de la cofradía de penitentes blancos, el primer capitoul de Toulouse, David de Beaudrigue, que se había personado en la casa la noche del suceso asumiendo funciones de jefe de policía, ordenó de inmediato la investigación del supuesto parricidio sacrílego. La familia Calas, la sirvienta católica y Gaubert Lavaisse fueron arrestados e ingresados en prisión.

Un tribunal de trece magistrados, entre los que fueron incluidos varios miembros de la cofradía de los penitentes blancos, se reunió durante varios días de sesiones agotadoras para celebrar el juicio y deliberar la sentencia. En vano escucharon a ciento cincuenta testigos, todos católicos. No había ni podía haber prueba alguna contra la familia. El fanatismo religioso, sin embargo, así como la presión de la opinión pública influían decisivamente en los jueces. Algunos de ellos estaban empeñados desde el principio, sin preocuparse de las pruebas, en condenar a Jean y Pierre Calas y a Gaubert Lavaisse, cuya culpabilidad no les ofrecía duda alguna, a morir en la rueda, mientras que para la esposa de Jean Calas preferían la hoguera. Los magistrados más moderados sugirieron, sin mucha convicción ni empeño, que antes de decidir deberían al menos recibir declaración a los acusados.

Parece obvio que, de haberse cometido el parricidio, todos los acusados tenían que ser igualmente culpables, porque no se habían separado ni un momento y era imposible que Jean Calas, de edad avanzada, hubiera sido capaz de reducir por la fuerza y colgar él solo a un hijo de veintiocho años cuya envergadura era muy superior a la suya. Sin embargo, por una mayoría de ocho votos contra cinco, el tribunal condenó a Jean Calas, y solo a él, a morir en la rueda.

Conscientes de la completa ausencia de pruebas de cargo, de indicios siquiera que evidenciaran la culpabilidad del acusado, condenado por un crimen que era materialmente imposible que hubiera cometido, los jueces ordenaron que fuera torturado, confiando en que, después de varios meses de aislamiento y penalidades, recluido y encadenado en una mazmorra a pan y agua, el reo sería incapaz de soportar el dolor de la rueda y confesaría con todos los detalles su crimen y el de sus cómplices. No contaban con la fe de Jean Calas.

El 9 de marzo de 1762 Jean Calas fue conducido desde la cárcel hasta el cadalso erigido en la plaza principal de Toulouse, delante de la catedral. Fue amarrado a la rueda delante de la multitud enardecida. Los verdugos activaron el mecanismo y las extremidades del anciano fueron estiradas hasta que se dislocaron. Introdujeron entonces diecisiete litros de agua por su garganta con un embudo. Seguidamente, lo bajaron de la rueda y le rompieron los brazos y las piernas con una barra de hierro. Conminado por última vez para que revelara los nombres de sus cómplices, Jean Calas se limitó a afirmar, con sorprendente serenidad:

—Donde no hay crimen, no puede haber cómplices.

Para consternación de sus verdugos y de los jueces presentes, Jean Calas puso a Dios por testigo y le rogó que perdonara a quienes lo condenaban. El anciano siguió proclamando su fe y su inocencia, sin desfallecer, hasta el momento mismo de expirar.

Conviene recordar que la orden mendicante de los Predicadores —conocidos comúnmente como frailes dominicos— había sido fundada por el español santo Domingo de Guzmán, precisamente en Toulouse, en 1216, durante la cruzada albigense, y que en su convento de la capital occitana había tenido su sede la Inquisición del Languedoc. Los dominicos le darían al mundo grandes teólogos, como santo Tomás de Aquino y san Alberto Magno, pero también grandes inquisidores, como Bernardo Gui y Tomás de Torquemada.

Los magistrados de Toulouse, que habían esperado infructuosamente la confesión bajo tortura de Jean Calas para poder disponer de alguna prueba con la que condenar al resto de los acusados, amenazaron entonces al otro hijo, Pierre Calas, quien se mantuvo firme y suscribió un billete con una declaración que sus abogados hicieron pública: «Un jacobino vino a mi calabozo y me amenazó con la misma clase de muerte de mi padre si no abjuraba: esto lo atestiguo ante Dios. 23 de julio de 1762. Pierre Calas».

Los jueces no tuvieron más remedio que absolver a la esposa, hijo y criada, así como a Gaubert Lavaisse. Consciente sin embargo de la contradicción manifiesta de esta sentencia con la primera, el tribunal la rectificó enseguida y decidió condenar a Pierre Calas a la pena de destierro, haciendo pasar esta decisión, a todas luces incoherente, como un gesto de benevolencia con la familia.

Pues bien, ignorando la orden de destierro de Pierre Calas impartida por el tribunal de Toulouse, el abad de los dominicos de la capital occitana, el padre Bourges, ordenó la detención del joven apenas traspasó las puertas de la ciudad, para hacerlo regresar y recluirlo durante cuatro meses en el convento de la orden, con la esperanza de convertirlo al catolicismo. Las hijas de la familia Calas, que no habían estado presentes cuando murió Marc-Antoine Calas, y en ningún momento habían sido acusadas, fueron igualmente apartadas de la madre y encerradas en un convento.

La esposa de Jean Calas, desposeída de la compañía y la custodia de sus hijas, fue acogida en París por familias protestantes, pues todos los bienes de la familia habían sido confiscados. Un movimiento de solidaridad con la familia y de protesta por el fanático proceder de las autoridades tolosanas se había ido extendiendo desde París a toda Francia durante el proceso judicial, y el escándalo había sido difundido en todas las capitales europeas por los representantes más eximios de la Ilustración, presentando el caso como el paradigma de la intolerancia religiosa, una reedición de la Inquisición. Voltaire, gran polemista y agitador político, no vaciló en calificar desde su exilio en Ginebra la muerte de Jean Calas como un «asesinato cometido con la espada de la justicia». El gran escritor defendió con vehemencia la causa de la familia Calas, y dedicó durante varios años sus mejores esfuerzos dialécticos y toda su influencia política para lograr la revisión del caso.

Los enciclopedistas, encabezados por d’Alembert, se agregaron a la campaña. Célebres abogados de París, Beaumont, Loiseau y Mariette, entre otros, redactaron apelaciones, dictámenes y memorándums solicitando la revisión del caso, consiguiendo enseguida que las hijas de Calas fueran devueltas a su madre.

Se suscitó también un fuerte movimiento contrario a la familia Calas y a su causa en los sectores políticos y religiosos más conservadores del país, agitado inicialmente desde las cofradías de penitentes, y extendido después por toda la sociedad y en todo el país, en solidaridad con los magistrados de Toulouse vilipendiados por la opinión pública, procurando a toda costa la confirmación de la sentencia para salvar el honor de la magistratura en una reacción corporativa sin precedentes. De ninguna manera debía reconocerse el error judicial. «Hay más jueces que Calas», fue el leitmotiv elegido por los magistrados movilizados.

En marzo de 1763, el Consejo de Estado —equivalente al consejo de ministros— acordó requerir al Parlamento —el tribunal— de Toulouse para que remitiera la integridad de la causa, las piezas de convicción del juicio y la motivación de la sentencia, primer paso para la revisión de esta. Dos años más tarde, un tribunal compuesto por casi ochenta jueces anuló y casó la sentencia de Toulouse y ordenó la repetición de todo el proceso. El rey Luis XV asignó entonces la decisión final al Tribunal de Peticiones, órgano independiente que resolvía las controversias entre los funcionarios de la corte y las causas que el rey les remitía. El letrado Beaumont presentó un nuevo memorial al tribunal.

El joven Gaubert Lavaisse, a quien el tribunal de Toulouse había juzgado, pero no condenado ni tampoco absuelto, asumió su propia defensa. Se hizo público entonces un memorial escrito por él mismo en el que revelaba que, tras su detención, el día de la muerte de su amigo Marc-Antoine Calas, los jueces le habían puesto ante la disyuntiva de la tortura y la muerte o la libertad, conminándole así para que declarase que Jean Calas era culpable.

Finalmente, el 9 de marzo de 1765, el Tribunal de Peticiones declaró por unanimidad inocentes a todos los miembros de la familia Calas, a Gaubert Lavaisse y a la criada. Los jueces rehabilitaron solemnemente la memoria del padre muerto. Se cumplían exactamente tres años de la muerte en la rueda de Jean Calas. Los maestros de Peticiones decidieron además solicitar de la Corona una reparación en favor de la familia Calas. El rey Luis XV, conocido como el Bienamado, asignó treinta y seis mil libras a la familia Calas, de las que tres mil correspondieron a Jeanne Viguière, la criada. Los magistrados de París autorizaron también el ejercicio de las acciones que los Calas tuvieran por conveniente a fin de reclamar contra los capitouls y magistrados del Parlamento de Toulouse y obtener de ellos una reparación.

La bandera del Languedoc ostenta hoy en su centro la cruz de color amarillo sobre fondo de gules —rojo vivo— con cuatro brazos tricúspides —doce puntas en total, cada una de ellas rematada con un pequeño círculo— y vacía en el centro, adoptada como símbolo de su fe por los cátaros. Engastada en oro sobre el pavimento, en el centro de la plaza del Capitolio de Toulouse, se exhibe una cruz idéntica de grandes dimensiones delante del que fuera Parlamento de los capitouls.

El capitoul David de Beaudrigue fue destituido, perdió la cordura, y terminó tirándose por una ventana para quitarse la vida, sin conseguirlo. Restablecido de sus heridas, volvió a arrojarse por otra ventana más alta; al segundo intento logró su propósito.

El crimen de todos

España, 1913

Lo que se confiesa bajo la tortura tiende solo a remediar el dolor de quien está siendo torturado, no a proveer de información a los torturadores.

THOMAS HOBBES, Leviatán

En España, el proceso penal había sido secreto e inquisitorial desde que así se estableció en tiempos de Carlos I con la Constitutio Criminalis Carolina de 1532. El párrafo 58 de la Constitutio establecía la legalidad de la tortura:

La tortura o interrogatorio doloroso debe aplicarse según las sospechas que se tengan sobre determinado individuo: muchas, bastantes o pocas, y de forma dura o moderada a discreción del buen juicio de la razón.

Con esta disposición, el rey de España y emperador de Alemania daba continuidad a la regla prescrita por Alfonso X el Sabio en la Ley primera del Título XXX de las Partidas, que establecía:

Tormento es manera de penar que hallaron los que fueron amadores de la justicia para escudriñar y saber la verdad por él de los malos hechos que se hacen encubiertamente, que no pueden ser sabidos ni probados por otra manera, y tiene muy gran provecho para cumplirse la justicia.

La tortura como medio de investigación preliminar y preparatorio, y las penas de azotes, los presidios en minas y arsenales, las mutilaciones, las galeras por tiempo cierto o a perpetuidad, el despedazamiento, la decapitación, el garrote vil, la horca, la muerte por saeta, el culleum contra el parricida,¹la hoguera o el aceite hirviendo, eran sanciones legales. El hurto cometido en Madrid y su Rastro estaba castigado con pena de muerte cuando era cometido por mayores de diecisiete años.

El libro del marqués de Beccaria se publicó con reservas en España en 1774, pero la Inquisición lo prohibió tres años más tarde. El entonces Colegio de Abogados de Madrid —hoy Colegio de la Abogacía— consideraba, todavía en 1778, que la tortura era una «prueba justa, útil y necesaria», puesto que «han sido muchos los malvados que experimentaron por el tormento su merecido castigo».

La tortura fue abolida en el Estatuto de Bayona, constitución aprobada en su condición recién adquirida de rey de España por José Bonaparte el 6 de julio de 1808. Su hermano Napoleón Bonaparte ratificó la incorporación de nuestro país a la modernidad aboliendo la Santa Inquisición el 4 de diciembre del mismo año en Chamartín. La prohibición de la tortura fue refrendada luego por el artículo 303 de la Constitución de Cádiz de 1812: «No se usará nunca del tormento ni de los apremios». Un siglo más tarde seguía practicándose.

España inauguraba el siglo XX con una sostenida y profunda crisis moral, política y económica, que finalmente abocaría al país a la guerra civil. Se habían perdido las últimas colonias de América y Filipinas, daba comienzo una lucha cruenta y estéril para retener las posesiones en África, el movimiento obrero se organizaba en las capitales, y la alternancia pacífica en el gobierno de conservadores y liberales arbitrada por la Corona, alterada aquí y allá por las bombas y los disparos de los anarquistas, tocaba a su fin. En la deprimida y atrasada España rural, los caciques de una y otra tendencia se repartían el territorio y las prebendas, y la población subsistía a duras penas, sujeta por el adoctrinamiento intransigente de la Iglesia y el analfabetismo endémico.

En esa España abandonada a su suerte, deprimida y hambrienta, un pastor de Tresjuncos, una aldea de Cuenca, llamado José María Grimaldos López, tan corto de entendederas como de estatura —lo que le había servido para librarse del servicio militar y para ser apodado el Cepa—, vendió el 21 de agosto de 1910 un rebaño de ovejas en el pueblo vecino de Osa de la Vega, por el que le pagaron 75 pesetas. Tuvo entonces la ocurrencia de irse a la cercana laguna de La Celadilla, municipio de El Pedernoso, para tomar unos baños medicinales de barro y gastarse allí el dinero, sin que sus luces le alcanzasen para recoger algún equipaje o avisar de su partida a la familia. De allí, el Cepa se marchó a Valencia, donde estuvo trabajando en el campo, y regresó a Cuenca para establecerse en Mira de la Sierra, localidad situada en el otro extremo de la provincia, a ciento cincuenta kilómetros de Osa y Tresjuncos, sin regresar a su pueblo ni comunicarse con sus padres y hermanos.

Pasados unos días de la desaparición del Cepa, la familia presentó una denuncia en el juzgado de Belmonte. El juez de instrucción, Antonio Rodríguez, incoó diligencias. Las sospechas recayeron sobre dos jornaleros de Osa de la Vega, Gregorio Valero Contreras, alias el Varela, y León Sánchez Gascón, de quienes sospechaba la familia de Grimaldos porque habían trabajado en varias ocasiones con el Cepa, y precisamente en una finca conocida como el Palomar de la Virgen, que estaba en el camino que desde el pueblo de Osa se dirige al vecino Tresjuncos. El Cepa tenía por fuerza que haber pasado por delante del Palomar con el dinero obtenido por las ovejas. Gregorio Valero era guardés de la finca, y tenía antecedentes penales: había estado en la cárcel por agredir a un recaudador de impuestos. León Sánchez era mayoral, y también era considerado un radical peligroso porque en las últimas elecciones había tenido una trifulca con un agente electoral del Partido Conservador. El juez de instrucción ofició a la Guardia Civil, recibió declaración a denunciantes y denunciados, practicó las diligencias oportunas en averiguación de las circunstancias de la desaparición de Grimaldos y de su paradero, sin obtener resultados positivos más allá de las meras conjeturas, por lo que no habiéndole encontrado vivo ni muerto, decidió archivar la causa en septiembre de 1911.

Así quedó la historia. La pretendida muerte de José María Grimaldos, cuyo cuerpo nunca apareció y de quien no se tuvieron más noticias, dio lugar a acusaciones sin fundamento, rumores y habladurías, hasta que la imaginación colectiva la tradujo en coplas populares y cantares de ciego que los cómicos ambulantes repetían de feria en feria, incorporándose así a la historia fabulada de la comarca, sin mayores consecuencias para los afectados, hasta que en enero de 1913 entró en escena el juez Emilio Isasa Echenique.

Probablemente, el aciago destino del juez Emilio Isasa Echenique estaba predeterminado desde la cuna. Nacido en Madrid el 5 de abril de 1877, era el hijo menor de un jurista y político conservador muy ilustre, Santos de Isasa Valseca. Natural de Montoro (Córdoba), Isasa Valseca fue gobernador civil, diputado, subsecretario de Gracia y Justicia, gobernador del Banco de España y ministro de Fomento del gobierno conservador de Cánovas del Castillo, simultaneando muchos años los cargos públicos y políticos con el ejercicio profesional de la abogacía en un próspero despacho que mantenía abierto en la casa familiar de la calle de Serrano 19 de Madrid. Empero, lo que marcaría de por vida la carrera de su hijo, el joven Emilio, serían los nombramientos de Santos Isasa Valseca como fiscal del Tribunal Supremo durante los años 1884 y 1885, y presidente del Tribunal Supremo desde 1895 hasta 1901.

El ilustre jurista tenía varios hijos. El mayor, Juan Isasa Echenique, era casi tan brillante como el padre; superó sin dificultad las oposiciones de abogado del Estado, fue elegido miembro de número y profesor de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, y siguió la carrera política de su progenitor en el Partido Conservador; resultó elegido diputado por Córdoba y conservó el escaño durante varias legislaturas.

El joven Emilio Isasa tuvo que vivir a la sombra del padre poderoso y el hermano brillante, y abrirse camino como pudo. Se presentó a las oposiciones como aspirante a la carrera judicial —en esa época las carreras de juez y fiscal estaban unificadas— y logró aprobarlas el 19 de mayo de 1905, a los veintisiete años. Podemos dar por hecho que para superar el examen contó con algún aval de su padre, porque la endogamia y las recomendaciones eran consustanciales al sistema de oposiciones, pero lo cierto es que no existen datos que permitan suponer que se le dispensaran ventajas superiores a las de costumbre, o que tuviera para aprobar mayores dificultades que las de cualquier otro opositor.

Los aspirantes que aprobaban la oposición solían preferir como primer destino las fiscalías antes los juzgados, porque aquellas se situaban siempre en las capitales de provincia, y resultaba más fácil a los neófitos trabajar en ellas integrados en un equipo donde siempre había un jefe o un compañero veterano que supervisaba el trabajo, y por lo tanto era más difícil equivocarse. Los jueces, por el contrario, eran destinados inicialmente a alguna localidad de la España rural, en la que se añadía la soledad profesional a la personal. Emilio Isasa Echenique obtuvo una calificación discreta en la oposición, y llegó a su primer destino en 1906 como juez de instrucción en Torrelaguna, provincia de Madrid, con veintiocho años.

Emilio Isasa Echenique solicitó la excedencia, que le fue concedida con efectos de 3 de enero de 1908, alegando razones de salud. Posiblemente, la decisión estuvo relacionada con la muerte de su padre en diciembre de 1907. No sabemos en qué se ocupó durante los tres años siguientes, aunque es probable que se hiciera cargo del bufete familiar. Tampoco sabemos si le gustaba, o se le dio bien o mal el ejercicio de la abogacía; el caso es que en 1911 solicitó su reincorporación a la carrera judicial, siendo destinado como juez a Viella, en el remoto valle de Arán. Allí permaneció hasta su traslado a Belmonte, Cuenca, donde tomó posesión el 14 de febrero de 1913.

Nada más llegar a Belmonte, se cuenta que el juez Isasa resolvió en un suspiro un caso de gran notoriedad. El alcalde de San Andrés había sido asesinado, y en menos de una semana, Emilio Isasa había identificado al asesino, que fue capturado en Tomelloso y confesó enseguida su responsabilidad en el crimen.

Fue entonces cuando le hablaron del pastor José María Grimaldos, el Cepa, y de su desaparición con los quince duros. El juez decidió que esa era la gran oportunidad que había estado esperando. Reabrió la causa archivada, ordenó detener a los sospechosos, los interrogó y los hizo confesar. Lo ocurrido es público y notorio.

Emilio Isasa Echenique buscó al teniente Regidor, hizo venir de Albacete al sargento Taboada —al que conocía de anteriores empeños— y, convencido como estaba de la culpabilidad de Sánchez y Valero, el 13 de abril de 1913 decretó su prisión incomunicada y sin fianza, y dio vía libre a los guardias para que obtuvieran la confesión de los detenidos por cualquier medio. En aquellos tiempos, la Guardia Civil era un cuerpo militar rural que había sido creado para combatir el bandolerismo, y su adiestramiento como policía judicial era muy rudimentario, por no decir inexistente.

Los infortunados fueron encerrados e incomunicados en celdas separadas en los sótanos del juzgado de Belmonte. Ubicado en un vetusto caserón que había sido otrora utilizado por la Inquisición, el juzgado albergaba todavía las mazmorras del Santo Oficio que con tanta saña había perseguido a los cristianos nuevos de la comarca acusándolos de judaizantes. Allí fueron severamente torturados León Sánchez y Gregorio Valero.

En 1632, el sacerdote jesuita alemán Friedrich Spee von Langefeld había demostrado empíricamente que, además de inmoral, la tortura es inútil porque no contribuye al esclarecimiento de la verdad. Friedrich Spee tenía a su cargo la administración de la extremaunción a las mujeres que la Inquisición alemana condenaba a morir en la hoguera por brujería. ¿Por qué —se preguntó el sacerdote alemán— hay muchas más brujas en Alemania que en cualquier otro lugar de Europa? ¿Es posible que el demonio prefiera por alguna razón a las mujeres alemanas que a las demás? La respuesta no estaba en la brujería, sino en la tortura. No había más brujas en Alemania que en otros países. El número de procesamientos era mucho más elevado, simplemente, porque la Inquisición alemana usaba la tortura de forma sistemática, no para castigar a las acusadas ni para procurar su confesión, sino para obtener de ellas información: antes de condenarlas, y para conseguir que dejaran de torturarlas, cada una de las acusadas tenía que facilitar el nombre de al menos otra mujer, que a su vez era detenida y torturada con el mismo propósito, y así sucesivamente. La razón de esta cadena inacabable de dolor no era otra que la retribución acordada para los inquisidores: llevaban comisión por cada condenada, cobraban en proporción al número de brujas que lograban enviar a la hoguera. Friedrich Spee expuso los resultados de su investigación en el libro Cautio Criminalis, título que podría traducirse como «¡Precaución, acusadores!».²

Isasa Echenique no fue precavido. Estaba convencido de que José María Grimaldos había sido asesinado y de que los culpables eran Sánchez y Valero, y pensó que era solo cuestión de apretarles hasta que confesaran. Por eso permitió que fueran torturados en los sótanos del juzgado, con el vano propósito de que le dieran la información que le permitiera localizar el cuerpo del Cepa y de esta manera resolver el caso y apuntarse un triunfo. Según hizo constar en el acta el secretario del juzgado, Emilio Isasa interrogó personalmente a los procesados en múltiples ocasiones, con «habilidad y firmeza», a pesar de la «frialdad e insolencia» que aquellos mostraban y que llevaba «al ánimo de los presentes la impresión de su culpabilidad». Los sometió a careos interminables entre sí y con diferentes vecinos que nada podían aportar; los hizo conducir al cementerio de Osa de la Vega, al río, a la finca El Palomar; ordenó la exhumación de un cuerpo, que resultó pertenecer a una mujer; y dispuso la práctica de una reconstrucción de los hechos en el supuesto lugar del crimen. Hizo detener también a Dolores Varón, la esposa de Gregorio Valero, la inculpó y la hizo conducir a El Palomar, donde los guardias simularon ante ella que iban a matar a su hija. Enterraron a la niña en uno de los hoyos excavados, dejándole solo la cabeza fuera, apuntándola con los fusiles mientras amenazaban a la madre. Todo fue en vano: Dolores, la Varona, no podía decirles lo que no sabía.

Los procesados terminaron por inculparse el uno al otro. En su desesperación, inventaron diferentes maneras mediante las que supuestamente se habrían deshecho del cadáver: enterrándolo, quemándolo, arrojándolo al río, con cabeza y sin ella, etcétera. Aseguraron, al cabo, en declaraciones por último coincidentes, que lo habían descuartizado y dado a comer a los cerdos, quemando acto seguido los despojos, y habían terminado por arrojar las cenizas en un arroyo. A falta de una versión mejor, el juez Emilio Isasa dio por terminada con esas confesiones la investigación, dictó el 1 de mayo de 1913 auto de conclusión del sumario, y lo elevó a la Audiencia Provincial, no sin antes ordenar, con precaución que más le hubiera valido emplear en asegurar realmente su integridad, que los procesados fueran reconocidos por el forense del juzgado y el médico de Osa de la Vega. Los facultativos, Juan de Jáuregui y Baldomero Labarga certificaron ante el secretario judicial, que daba fe de sus manifestaciones, que «reconocidos León Sánchez y Gregorio Valero antes de ser internados en prisión por la Guardia Civil, no presentan ninguna lesión ni señal de violencia de ningún género».

No las tenía todas consigo el fiscal de Cuenca que debía formular la acusación. No es fácil acusar de asesinato si no se cuenta con el cadáver. Cuatro veces revocó la Audiencia la conclusión del sumario, ordenando al juez que practicara más diligencias, nuevas declaraciones y reconocimientos. La sala le reconvino para que hiciera lo que se le ordenaba «en la forma prescrita en la Ley de Enjuiciamiento», exhortándole para que ordenase la inscripción de la defunción de José María Grimaldos en el Registro Civil, para que averiguase cuanto «le sugiera al juez su celo», y para que procurase nuevamente encontrar el cuerpo de la víctima.

Una de las veces en las que el sumario concluso fue devuelto al juzgado de Belmonte, el fiscal reclamó que se recibiera una vez más declaración a León Sánchez para que explicase «de modo categórico, si era cierto o no que le castigara la Guardia Civil para arrancarle la confesión, y caso afirmativo, que expresara día y sitio, y qué guardias fueron». El procesado, que todas las demás veces había sido torturado en los sótanos del juzgado, a puerta cerrada y al abrigo de las miradas curiosas, señaló un día concreto, el único en el que, por excepción, le pegaron en presencia de dos testigos fuera de los calabozos. El maestro y el médico del pueblo habían estado presentes cuando León Sánchez fue golpeado repetidamente por el teniente Regidor en el Ayuntamiento de Osa de la Vega. Los testigos, sin embargo, no corroboraron la versión del procesado, y la investigación de los malos tratos no pasó de ahí.

Finalmente, León Sánchez y Gregorio Valero fueron acusados en 1915 del robo con asesinato de José María Grimaldos, y el fiscal solicitó para ellos la pena de muerte. El juicio no pudo señalarse hasta tres años más tarde porque en Cuenca no se encontraba abogado que quisiera defender a los acusados. Por fin, se inició en sucesivas sesiones el 25 de mayo de 1918, duró siete horas, y se celebró ante un jurado escabinado constituido en la Audiencia Provincial de Cuenca, compuesto por tres jueces profesionales y doce jurados legos en Derecho.

A la hora de presentar sus conclusiones definitivas, el fiscal y las defensas negociaron y se pusieron de acuerdo para zanjar la espinosa cuestión de la culpabilidad de los acusados, que descansaba exclusivamente sobre sus confesiones. El diario Abc relataría en su crónica que ambas partes se condujeron con «piadosa precaución», en alusión a que ninguna de las partes quería arriesgarse a una condena a la pena capital.

Los defensores se mostraron disconformes con la acusación por el delito de robo, pero aceptaron la de homicidio: de esa manera, se aseguraban de que no pudiera imponerse a los acusados la pena de muerte. El fiscal, por su parte, atendiendo la conformidad parcial de los acusados con los hechos, retiró la petición de la máxima pena, y solicitó en su lugar la de veinte años de prisión. Las defensas aceptaron condenas de diecisiete años. El jurado deliberó treinta minutos y emitió su veredicto: declaró a los acusados culpables. Gregorio Valero y León Sánchez fueron condenados a dieciocho años de prisión. Abonándoseles la preventiva, cumplieron en prisión once de los dieciocho años de su condena, se beneficiaron de dos indultos parciales, y quedaron en libertad el 20 de febrero de 1924.

El cura de Tresjuncos, Pedro Rufo Martínez Enciso, que había instigado a las «fuerzas vivas» y movilizado activamente a sus feligreses en contra de los procesados durante la instrucción del sumario, recibió el 8 de febrero de 1926 una carta del párroco de Mira de la Sierra en la que le pedía la fe de bautismo de José María Grimaldos, quien —decía la misiva— se proponía contraer matrimonio a la brevedad. Martínez Enciso escondió la carta y no contestó. Si lo que pretendía el clérigo era enterrar el asunto, evitar el escándalo y eludir su propia responsabilidad, se equivocó de medio a medio: semanas después del envío de la carta, y ante la falta de respuesta del cura de Tresjuncos, José María Grimaldos resucitó de entre los muertos y se presentó en el pueblo. De esa forma averiguaron los incrédulos vecinos de Osa de la Vega y Tresjuncos que el Cepa no estaba muerto, pudieron verlo con sus propios ojos, tocarle y hablar con él, y cuando se convencieron de que no era un fantasma, tuvieron la certeza de que León Sánchez y Gregorio Valero habían sido condenados de forma injusta.

En medio del escándalo nacional, con los medios de comunicación haciendo referencia a las torturas padecidas por Gregorio Valero y León Sánchez merced a las cuales se habían obtenido sus confesiones, únicas pruebas sobre las que se había apoyado su condena, el ministro de Gracia y Justicia no tuvo más remedio que ordenar, mediante Real Orden de 6 de marzo de 1926, que se comprobara si José María Grimaldos López estaba efectivamente vivo, según se había publicado. El ministro ordenaba también que se procediera a comprobar

... la conducta de cuantos funcionarios y agentes intervinieron en el sumario, y los motivos por los cuales Gregorio Valero y León Sánchez, que fueron condenados como responsables de la muerte de José María Grimaldos, confesaron, tanto en el sumario como en el juicio oral, haber ejecutado aquella.

El informe del magistrado instructor del Tribunal Supremo designado para averiguar los hechos determinó que la persona aparecida en Tresjuncos era, en efecto y sin lugar a dudas, José María Grimaldos López, alias el Cepa, quien, por lo tanto, no había sido asesinado en 1910. El informe desvelaba con crudeza toda la verdad que, sin ser nombrada una sola vez, había planeado pesadamente sobre las cabezas de cuantos habían estado presentes en la sala del juicio en la Audiencia de Cuenca:

El juez no procedió con la debida ecuanimidad, pues de las propias diligencias resulta que, lejos de procurar que los procesados declararan con la debida tranquilidad, se ve que aprovechaba los estados de inquietud de espíritu para lograr confesiones conformes a su prejuicio... Los reos fueron objeto de malos tratos por parte del teniente señor Regidor, el sargento Taboada y el guardia civil Telesforo Díaz, a cuyos malos tratos no puede estimarse ajeno en absoluto al juez, pues algunos de ellos tuvieron lugar a su presencia.

A título de ejemplo, el informe relataba uno de los episodios de violencia:

La noche del 30 de abril al 1 de mayo de 1913 se empleó entera en interrogatorios, en la posada de Osa de la Vega, adonde habían sido conducidos los detenidos, que fueron maltratados delante del juez, según reconocieron los médicos señores Labarga y Jáuregui, también presentes, y los posaderos... Dichos médicos declaran en este expediente, después de afirmar los malos tratos, y haber observado en los reos vestigios de ellos.

Debido a la censura gubernamental, la prensa de la época reflejó de manera muy limitada lo que había sucedido. De las declaraciones incorporadas al expediente incoado por el Ministerio de Gracia y Justicia, sin embargo, se desprende con nitidez que los encarcelados sufrieron brutalidades sin cuento:

A León le puso el guardia Telesforo estaquillas entre las uñas y palos entre los dedos, apretando luego ferozmente, y el antedicho Telesforo con sus compañeros le ataron los testículos con un bramante, arrastrándolo cuatro o cinco pasos mientras le daban golpes con las culatas de los fusiles... A su vez, Valero sufrió estos martirios: el sargento Taboada le pasó por encima del hombro el sobrante de las esposas, tirando de él al tiempo que le ponía la rodilla en la espalda, lo que le ocasionó tan vivo dolor que se desvaneció declarando; y el mismo Taboada fue arrancándole pelo a pelo el bigote. Todos estos tormentos se dice que no solo fueron ordenados por el juez, sino que la mayoría de estos atropellos fueron en presencia del que tiene por misión preparar el sumario con toda ecuanimidad y justicia.

Las declaraciones, avaladas por el magistrado instructor del Tribunal Supremo, abocaban al procesamiento de Emilio Isasa Echenique y el abrupto final de su carrera.

El 6 de abril de 1926, el fiscal del Tribunal Supremo Diego María Crehuet formalizó el recurso de revisión contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Cuenca de 25 de mayo de 1918 ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Decía el recurso de revisión:

Instruyose sumario por el Juzgado de Belmonte, dirigido principalmente contra León Sánchez Gascón y Gregorio Valero Contreras, alias Varela, a los que por medio de malos tratos, inferidos con conocimiento y alguna vez a presencia del juez instructor don Emilio de Isasa y Echenique, por el teniente de la Guardia Civil don Gregorio Regidor, el sargento don Juan Taboada Mora y el guardia Telesforo Díaz Ortega, se les arrancó la confesión de haber asesinado a José María Grimaldos con propósito, que realizaron, de robarle en la noche del 21 de agosto de 1910.

En el recurso, el fiscal del Tribunal Supremo pidió la anulación de la sentencia condenatoria contra Sánchez y Valero, y la completa rehabilitación de los condenados, con el siguiente argumento:

El único fundamento de la sentencia que condenó a León Sánchez y Gregorio Valero es su propia confesión. Los reos confesaron el homicidio en el juicio oral como mal menor, en la creencia de que, mantenida la negativa, nadie los creería, el fiscal mantendría sus conclusiones provisionales, y el jurado daría veredicto de culpabilidad que traería aparejada la pena de muerte, dado que el jurado estaba infiltrado de la presunción general de culpabilidad.

El polémico procesamiento en 1913 de los pretendidos asesinos de Grimaldos no había convencido a nadie, y la controversia se había trasladado a Cuenca para incomodidad de los magistrados y fiscales de la capital, a quienes tocó lidiar con un asesinato sin muerto. El proceder del juez Isasa Echenique le granjeó pocos amigos en la Audiencia Provincial, y el malestar de los magistrados llegó a oídos del Ministerio de Gracia y Justicia.

Por ende, Emilio Isasa Echenique había seguido creando problemas en Belmonte. El 14 de agosto de 1913, el fiscal provincial de Cuenca, siguiendo instrucciones de su superior jerárquico, el fiscal jefe de la Audiencia Territorial de Albacete, había interpuesto en contra del juez Emilio Isasa —hecho insólito en aquella época— una querella criminal, atendiendo una denuncia del juez municipal de Belmonte Eloy Hurtado, a quien el juez había manifestado que «él diría al señor ministro de Gracia y Justicia, si se lo preguntara, en qué sitio se encontraba oculto el dinero robado a Juan Valencia». Se trataba de un asunto turbio, en el que el producto de un robo había desaparecido.

El fiscal había presentado, además, una segunda querella criminal contra el juez Emilio Isasa Echenique, a instancia del funcionario Enrique Hurtado, vigilante de la prisión de Belmonte, por la denegación de pruebas cuya práctica habían solicitado dicho funcionario y Benito Caballero —responsable del mismo centro penitenciario—, querellándose este último además por la detención ilegal del preso Juan de la Cruz Delgado Aracena, conductas todas de las que se responsabilizaba al juez.

Antes de haber cumplido un año como juez de instrucción de Belmonte y su partido judicial, Emilio Isasa Echenique fue trasladado a Béjar, en Salamanca. Cesó como juez de Belmonte el 29 de noviembre de 1913.

Para mejor hacer frente a las acusaciones en su contra, y no obstante haber solicitado él mismo su traslado, Emilio Isasa Echenique pidió al Ministerio de Justicia continuar al frente del juzgado de Belmonte, alegando que había sido «procesado por prevaricación» y que necesitaba defender su prestigio personal y profesional. Aportaba, además, dos certificados médicos del forense de su juzgado, el mismo Juan de Jáuregui Mendoza que había intervenido en el sumario por la muerte del Cepa, a tenor de los cuales el juez padecía una nefritis catarral aguda, por lo que se le desaconsejaba viajar. Se le concedió un breve permiso, pero se confirmó su traslado, y tuvo que marcharse.

Las dos querellas fueron admitidas a trámite, y seguían en instrucción cuando Emilio Isasa dejó Cuenca y se fue a Salamanca. Después de su partida, los procesos resultaron sobreseídos. Isasa Echenique prosiguió su carrera en Béjar sin mayores incidencias, y en 1916 fue nombrado abogado fiscal en Granada; posteriormente se le designó teniente fiscal de Tarragona en 1917, y luego nuevamente juez en Ciudad Real; ascendió a magistrado en 1921, siendo destinado a la Audiencia Provincial de Jaén, y en 1924, a la de Sevilla.

Al destaparse el escándalo, el magistrado Emilio Isasa Echenique fue convocado a Madrid y compareció ante el Tribunal Supremo, donde se le notificó el inicio del antejuicio en su contra para exigirle responsabilidad penal por las torturas de que habían sido víctimas trece años antes León Sánchez y Gregorio Valero en Belmonte. Se le entregó copia de la querella promovida en su contra por el fiscal del Tribunal Supremo. Emilio Isasa Echenique regresó a su casa de Sevilla y murió en la madrugada del 1 de julio de 1926, al parecer por decisión propia.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo declaró el 10 de julio de 1926 la nulidad de la sentencia dictada por la Audiencia de Cuenca en 1918. En la sentencia se declara que «las confesiones de los reos fueron arrancadas con violencia», y se ordena «que se expidan testimonios para ejercitar las acciones contra quien proceda por los malos tratos de que fueron objeto los condenados». La Sala Segunda declaró también «no haber lugar a admitir la querella de antejuicio contra el que en la ocasión de autos desempeñaba el juzgado de Belmonte, Sr. Isasa». Ya no era procedente, puesto que la responsabilidad penal se extingue con la muerte.

Se emprendieron acciones legales contra los demás responsables. El fiscal de Cuenca interpuso contra ellos una querella y fueron procesados. El teniente Gregorio Regidor, el sargento Juan Taboada y el guardia Telesforo Díaz, además del secretario judicial, Manuel Rodríguez de Vera Romero, el médico forense Juan José Jáuregui Mendoza, y el médico de Belmonte, Baldomero Labarga, fueron interrogados. El doctor Jáuregui reconoció al prestar declaración que él había estado presente cuando «se golpeó infamemente» a Gregorio Valero y León Sánchez, y reconoció que había firmado el certificado de sanidad con el que se cerraba el sumario «por la costumbre deplorable, pero costumbre al fin, que tenemos, de firmar en blanco las cosas de puro trámite».

Concluido el nuevo sumario, los médicos, el secretario y los guardias fueron acusados. El fiscal solicitó para el secretario —que tenía antecedentes penales— una pena de diez años de presidio mayor y una multa de cinco mil pesetas por el delito de falsedad en documento público. Para los médicos pidió ocho años de presidio mayor y dos mil quinientas pesetas de multa por el mismo delito.

El abogado de Gregorio Valero y León Sánchez pidió que los guardias fueran condenados por los delitos de coacciones y amenazas —el delito de tortura no existía como tal— a cuatro meses de arresto mayor y quinientas pesetas de multa. Solicitó igualmente diez años y un día de presidio mayor para el secretario Rodríguez de Vera por la falsedad, y seis meses de arresto y mil doscientas cincuenta pesetas de multa por las coacciones y amenazas. Solicitó también que los acusados indemnizaran a Gregorio Valero en cincuenta mil pesetas, y a León Sánchez en cien mil pesetas.

El juicio oral se celebró en la Audiencia Provincial de Cuenca el 17 de mayo de 1935. Tres días más tarde se dictó sentencia. Los tres magistrados que componían el tribunal comenzaron su argumentación respecto de las conductas imputadas a los acusados advirtiendo que era indispensable que hubiera en la acción «el grado de malicia necesario para que tenga los caracteres de una completa criminalidad. Faltando la intención de causar daño y la malicia —agregaban— no hay acción criminal punible».

La sentencia declaró que al emitir e incorporar a la causa el certificado médico que señalaba, faltando notoriamente a la verdad, que Gregorio Valero y León Sánchez no presentaban lesiones al terminar de instruirse el sumario, los dos facultativos y el secretario «no habían cometido delito alguno» de falsedad en documento público. No existió —aseguraba la sentencia— «violación de la fe pública y la verdad solemnemente consagrada», debido a que «la ocultación de la verdad, de existir», no había afectado a la «integridad del documento», amén de encontrarse ausente el «elemento esencial de la intención de delinquir». «Sin malicia ni intención de causar mal», reiteraban los magistrados, «no hay delito ni falta.»

En cuanto a los delitos de coacciones y amenazas de que habían sido acusados los tres guardias civiles y el secretario, el tribunal aseguró, para empezar, que no apreciaba la «concurrencia de actos de fuerza y de intimidación grave persistente reveladores de manifiesta violencia».

La sentencia aseguraba a continuación que, para apreciar la existencia de un delito de coacciones, hubiera sido precisa la concurrencia de dos condiciones: «La primera, que haya mediado un acto de violencia, o sea, de fuerza material o susceptible de producir intimidación a impulso del cual haya cedido la voluntad del ofendido, haciendo o dejando de hacer lo contrario de lo que se proponía o quería llevar a cabo». Al entender de los magistrados, esta condición no se había cumplido. «Y la segunda», continuaba la sentencia, «que el agente no haya obrado legítimamente, en el ejercicio de una facultad o atribución.» Entendieron los jueces que no constaba que los acusados hubieran actuado de forma ilegítima, por lo que tampoco estimaron acreditado el cumplimiento de esta segunda condición.

Faltaba apenas un año para que diera comienzo la Guerra Civil española. El ambiente político era de gran confrontación, y en las instituciones, los servidores públicos, jueces incluidos, iban tomando partido. Todos los acusados fueron absueltos.

León Sánchez y Gregorio Valero fueron rehabilitados. Viajaron a Madrid, fueron objeto de homenajes y actos de desagravio, y contratados como vigilantes del parque del Retiro. En 1935 se les reconoció una pensión vitalicia de 3.000 pesetas anuales con retroactividad de cinco años.

El cura de Tresjuncos, don Rufo Martínez Enciso, que había ocultado a sus feligreses que el Cepa seguía vivo, murió al caer por causas no esclarecidas en una tinaja de vino en fermentación.

El guardia Telesforo Díaz Ortega intentó suicidarse en la casa cuartel de Puebla de Montalbán (Toledo) el 23 de junio de 1932. Se dijo que un superior le había ordenado quitarse la vida por haber deshonrado a la Benemérita. No debió hacerlo con mucha convicción, porque se disparó tres tiros de pistola y uno de fusil, y aun así sobrevivió. Estuvo hospitalizado hasta el 14 de agosto, y en octubre volvió a ingresar en el hospital militar con lesiones en la región submaxilar. Cuando fue juzgado y absuelto en Cuenca en 1935, había pasado a retiro.

Cuando la tortura no se castiga, se convierte en el crimen de todos.³

La precuela: el crimen de Torrelaguna

España, 1907

Lo que te pasa aquí es para siempre. Entiéndelo desde ahora. Te estrujaremos hasta el punto de no retorno. Te pasarán cosas de las que no te recuperarías aunque vivieras mil años. No volverás a ser capaz de sentir como un ser humano. Todo habrá muerto dentro de ti.

GEORGE ORWELL, 1984

El destino trágico de Emilio Isasa Echenique, que se consumó con su muerte prematura en Sevilla en 1926, y que supuestamente se había sellado en 1913 con su desempeño como juez en Belmonte, donde instruyó el sumario por el robo y asesinato que nunca ocurrió de José María Grimaldos, el Cepa, había empezado a fraguarse en realidad en 1907 en Torrelaguna.

Emilio Isasa Echenique tomó posesión como juez de instrucción de la villa libre de Torrelaguna el 28 de mayo de 1906. Era su primer destino después de aprobar las oposiciones. Tenía veintiocho años y ganas de comerse el mundo, y demostrarle de paso a su padre y hermano mayor lo que valía. Se entregó en cuerpo y alma a la tarea de hacer justicia en la sierra norte de Madrid, un rincón de la España profunda ubicado en el curso medio del río Jarama.

La demarcación era entonces una comarca muy pobre y atrasada, mal comunicada, aislada por la nieve varios meses al año. Su escasa población sobrevivía apenas de la agricultura y ganadería de montaña, aunque no pocas familias se beneficiaban, entonces como ahora, de los empleos que generaba el servicio del Canal de Isabel II. Torrelaguna tenía dos mil cuatrocientos habitantes, pero había conocido tiempos mejores.

La villa medieval amurallada, en la que convivieron en paz durante varios siglos judíos, musulmanes y cristianos, y contaba con iglesia, mezquita y sinagoga, había florecido a finales del siglo XV y principios del XVI, favorecida por el poderoso cardenal Cisneros, que había nacido allí. Confesor de la reina Isabel la Católica e inquisidor general, Cisneros fue el gobernante más poderoso de España durante varios años, debido a la enfermedad que había incapacitado a la reina Juana, hasta que la mayoría de edad permitió a Carlos I hacerse cargo del Estado. Se asentaron en esa época en Torrelaguna varias familias nobles, que construyeron palacios y casas solariegas blasonadas. Cisneros propició la construcción de la nueva iglesia de la Magdalena, un bello edificio de estilo gótico, casi una catedral, amén de un monasterio de frailes franciscanos, una abadía de monjas de la misma orden, y un pósito. Propuso incluso ubicar allí la universidad que luego haría grande a Alcalá de Henares, pero los vecinos se opusieron alegando que los estudiantes se comerían las uvas de los viñedos, la principal riqueza de la villa.

El declive comenzó cuando, al ser proclamada Madrid en 1561 capital del reino, el camino real de Francia, principal arteria comercial entre la meseta y el norte de la península, dejó de pasar por Torrelaguna y se desvió hacia el oeste; y se consumó cuando la población y su muralla fueron prácticamente destruidas en 1808 por el ejército francés dirigido por el general Leopold Hugo durante la Guerra de la Independencia.

Torrelaguna quedó incorporada a la provincia de Madrid al producirse la reorganización del territorio español en 1833. Tres años antes había sido designada cabeza de un extenso partido judicial. Cuando Emilio Isasa Echenique tomó posesión de su primer destino como juez, Torrelaguna estaba algo más desarrollada que el resto de la comarca, comunicada por telégrafo, y contaba con comandancia de la Guardia Civil, ubicada en el palacio de Salinas, amén de la prisión comarcal. El juzgado se encontraba en el antiguo palacio de los marqueses de Villanueva de la Sagra, en la plaza del Coso.

No había pasado un año desde su toma de posesión, cuando Emilio Isasa fue informado del robo con homicidio que se había cometido en un pueblo de su demarcación, Cabanillas de la Sierra, durante la noche del 16 al 17 de abril de 1907. El matrimonio compuesto por Sebastián Romero Nalda y su esposa Leona Martín Blasco habían sido asesinados. Eran comerciantes, tenían en el pueblo una tienda de abacería que atendía la esposa, y el marido, inválido, estaba desde hacía años postrado en la cama, de la que únicamente se podía incorporar asiendo una soga que pendía del techo de su dormitorio. Sebastián y Leona eran los habitantes más ricos del pueblo.

El día 17 por la mañana, al observar los vecinos que la tienda se encontraba cerrada y sin actividad, y la puerta de la casa entreabierta, dieron aviso. El alguacil entró, y encontró a Sebastián Romero en el dormitorio, muerto, colgado por el cuello de una cuerda atada al cabecero de hierro de la cama, y a Leona Martín tendida en el suelo de la misma habitación, muerta también; la habían sujetado con mucha fuerza tapándole la boca, y la habían golpeado en la cabeza con un objeto contundente.

El juez Emilio Isasa Echenique se personó inmediatamente en Cabanillas de la Sierra, el mismo día 17 de abril. Acompañado del secretario judicial y la Guardia Civil, ordenó el reconocimiento de la casa y la escena del crimen. Registró en el acta que el cuerpo de Sebastián Romero se encontraba en el dormitorio, tendido sobre la cama, y consignó que, aparentemente, había sido estrangulado con una soga al cuello. Había señales de lucha, y resultaba obvio que las víctimas habían opuesto resistencia. Leona Martín yacía en el suelo, junto a la cama, y a su lado había un charco de sangre. Los asaltantes habían entrado por el tejado, colándose al parecer por la buhardilla que daba acceso al desván, y se habían descolgado hasta la vivienda a través de una trampilla en el techo. Los guardias encontraron tejas rotas en la cubierta de la casa. Toda la tienda y la vivienda, armarios, cajones, mercancías, ropa y demás enseres estaban revueltos. El móvil aparente era el robo. Aunque seguramente se habían apoderado del dinero de la caja registradora de la tienda, los asaltantes no habían logrado su propósito, porque en la vivienda, escondidas a buen recaudo, los guardias que auxiliaban al juez encontraron 7.602 pesetas. Los asaltantes habían abandonado la casa saliendo por la puerta de la calle, que dejaron entornada.

No había testigos del crimen, huellas, armas u otros vestigios materiales. Los ladrones habían entrado, revuelto la casa y la tienda, matado a los dos moradores, y se habían desvanecido tras salir por la puerta principal sin dejar tras de sí huella alguna que pudiera servir para la averiguación de sus identidades, sin que ningún vecino hubiera visto ni oído nada, dejando a los investigadores en un callejón sin salida.

El juez Isasa dispuso el levantamiento de los cadáveres de Sebastián Romero y Leona Martín, y la realización de la autopsia para determinar las causas de las dos muertes. El informe de autopsia determinó que Sebastián, al que se atribuyó una edad entre sesenta y dos y sesenta y seis años, estaba inválido, imposibilitado para defenderse, y había muerto por «colgamiento». Leona tenía entre cuarenta y cinco y sesenta años, presentaba heridas y contusiones en el lado izquierdo de la cara, la mandíbula y la región frontal superior izquierda. El forense determinó que había sido golpeada con algún objeto contundente, la culata de un revólver o un martillo, pero esas heridas no eran mortales. Presentaba también un hematoma en la cara, que le había sido producido posiblemente al sujetarla con mucha fuerza para impedirle gritar. Había muerto «asfixiada por sofocación».

En los pueblos pequeños, donde nunca suele pasar nada digno de reseña, la imaginación de los vecinos vuela. El Abc, haciéndose eco de las informaciones que se difundían de esquina a esquina, en la iglesia, en la plaza o en la taberna, publicó que el esposo había sido encontrado ahorcado, ensangrentado y con múltiples heridas por arma blanca; y que la mujer había sido igualmente apuñalada con crueldad extrema, a tal punto que los asesinos le habían arrancado un brazo. No era cierto: ambos cónyuges, como hemos visto, habían muerto por asfixia.

Cabanillas era un lugar de paso, con parador de viajeros que alojaba a los numerosos ganaderos y pastores que hacían las rutas trashumantes que atraviesan el municipio, y que pernoctaban allí mientras sus rebaños descansaban en las dehesas cercanas. Todos los vecinos eran medio parientes, apenas unas cuantas familias; cada uno conocía las ocupaciones, los hábitos, los medios de vida, las amistades y las desavenencias de los demás, las querellas por las tierras, las medianerías, el ganado o los derechos de riego o de paso. Todos los vicios y las virtudes eran de dominio público. Se sabía quién tenía y quién debía. Nadie había visto forasteros rondando por el pueblo la víspera. Constaba a todos los lugareños que los tenderos eran ricos, usureros, y se daba por hecho que guardaban mucho dinero en la casa, pues banco o caja de ahorros no había en el pueblo. Mucha gente les debía dinero.

Así pues, los investigadores asumieron como primera hipótesis que los asesinos eran vecinos del pueblo. Isasa encargó a la Guardia Civil las primeras diligencias. La búsqueda no podía ser difícil. Los agentes empezaron por el interrogatorio de los sospechosos habituales.

Como el fiscal de Cuenca le haría ver años después llamándole al orden, Emilio Isasa Echenique no era especialmente escrupuloso con las normas del procedimiento, y decidió entrarle al caso con toda la energía de su juventud e inexperiencia, lo que significaba, en pocas palabras, poner Cabanillas de la Sierra patas arriba. El pueblo tenía trescientos habitantes: en las semanas que siguieron al crimen, y además de las averiguaciones de la Guardia Civil y los alguaciles, el juez realizó personalmente ochenta interrogatorios a los vecinos, recibiendo declaración a algunos de ellos varias veces, y careándolos entre sí. Ordenó diez entradas y registros en domicilios particulares, encargando además al alguacil que «por su cuenta» realizase «los demás que creyese convenientes». Ordenó la detención de catorce vecinos, a la mitad de los cuales dejó en libertad tras recibirles declaración, a solas y sin asistencia de abogado. Finalmente, procesó a siete personas y dispuso el ingreso en prisión incomunicada y sin fianza de todas ellas.

Las primeras averiguaciones apuntaron enseguida a Indalecia Corral Sánchez,¹la Rabona, que tenía antecedentes penales y mala fama en Cabanillas. De mediana edad, casada y con dos hijos, era conflictiva, pendenciera, y había sido condenada una vez por hurto y dos veces por lesiones. Su marido, Francisco Sierra García, alias Paquito, también tenía antecedentes, en su caso por allanamiento de morada. Se conocía la enemistad del matrimonio con los fallecidos, de quienes, a decir de los vecinos, siempre hablaban mal. Varios testimonios señalaron que Indalecia Corral se había alegrado de la muerte de Leona Martín y Sebastián Romero, y que había asegurado en público que se merecían lo que les había pasado. Según la joven que cuidaba de Sebastián Romero, el tendero acusaba a Indalecia de haberle sustraído en alguna ocasión dinero de la tienda. Otra vecina declaró que la Rabona le había propuesto asociarse con ella para robar juntas en la abacería.

Así pues, Indalecia Corral fue la primera sospechosa a quien llamaron a declarar el mismo día 17 de abril. Le contó al juez que el día anterior había salido como siempre a trabajar en el campo, regresando a la puesta de sol para hacer la cena, que compartió con su marido y sus hijos, de dieciséis y doce años; y que seguidamente se fueron todos a dormir, sin que ningún miembro de la familia abandonase después el domicilio. Aseguró que hacía nueve años que no había puesto un pie en la tienda de Sebastián Romero porque no vendían de fiado. También negó que hubiera propuesto a su vecina robar en parte alguna. Interrogaron a los hijos y al marido, y todos confirmaron la coartada de Indalecia Corral.

Al día siguiente, llamaron a Porfirio González Alonso. Era pariente de Indalecia, pues su mujer, María Aramberri Sierra, era prima hermana de Francisco Sierra, el marido de la Rabona.

Las casas en Cabanillas de la Sierra, como en toda la comarca, eran ricas o pobres pero en todo caso de piedra. El granito era la materia prima fundamental de todas las construcciones, pues muy cerca del pueblo se encuentran los recursos inagotables de La Cabrera. Porfirio González era un hombre de complexión fuerte, de cuarenta y seis años, y era cantero y albañil, duro como la piedra que trabajaba. Extraía el material de las canteras de la comarca, y construía toda clase de edificaciones. No tenía antecedentes penales. Le contó al juez Emilio Isasa que Sebastián Romero, además de regentar la tienda de comestibles del pueblo, se dedicaba a prestar dinero, y que todos en Cabanillas sabían que era rico. Declaró que él no tenía tratos con el tendero ni le debía nada. Aseguró que la noche del 16, al regresar del trabajo, estuvo en su casa y no salió después de cenar. Isasa Echenique no le creyó, y el mismo día 18 ordenó por telegrama la detención en Colmenar Viejo de Marcial González Aramberri, el hijo de Porfirio González. El joven se había desplazado a aquella localidad, donde trabajaba, como su padre, en el negocio de la construcción. El día 19, el juez ordenó la detención de Indalecia Corral y de Porfirio González.

Enfrente de la plaza Mayor, al lado de la iglesia de Santa María de la Magdalena de Torrelaguna, se alza el edificio del pósito, una casa grande y maciza de dos plantas, presidida por el escudo arzobispal del cardenal Cisneros. El edificio, que cuenta en la fachada con amplio soportal, y una galería en la primera planta sostenida por ocho columnas dobles, está coronado por una torre con reloj en el tejado. Fue erigido por inspiración del poderoso prelado en 1514, al mismo tiempo que la iglesia, y se destinó a almacén para guardar el grano. En 1850, la construcción de las presas y las canalizaciones del Canal de Lozoya provocó un aumento considerable de la inseguridad en la comarca, porque se trajeron a Torrelaguna alrededor de dos mil presidiarios jóvenes, entresacados de los establecimientos de la península «entre los de más graves condenas y de edad vigorosa», para que trabajasen en las obras. El mercado se trasladó a otra ubicación y el pósito fue transformado en prisión comarcal. Allí fueron recluidos Indalecia Corral y Porfirio González, que siguieron siendo interrogados a diario en los calabozos del palacio de Juan de Salinas, sede del cuartel de la Guardia Civil, una mole maciza de granito que se yergue en la plaza de Montalbán y que en aquel entonces se encontraba algo distante del centro de la villa. El palacio, una de las casas señoriales de Torrelaguna de la época de Cisneros, sirvió como cárcel del Santo Oficio y fue el primer destino de reclusión de fray Bartolomé de Carranza, arzobispo de Toledo.²

Los numerosos registros domiciliarios efectuados el día 20 de abril en las casas de los vecinos de Cabanillas, incluyendo las de los detenidos, habían resultado infructuosos, pero era obvio que los investigadores disponían de información contrastada, pues buscaban precisamente un revólver que Sebastián Romero había tenido en la casa y que desapareció después del asalto.

El día 22, Emilio Isasa Echenique volvió a interrogar a Indalecia Corral y a Porfirio González. Ambos siguieron negando su participación en el robo y doble asesinato. El juez ordenó entonces la detención de Francisco Sierra, el marido de Indalecia Corral, y llamó también a declarar a María Aramberri, su prima, mujer de Porfirio González.

Francisco Sierra García, Paquito, declaró ante el juez y negó tener relación alguna con los hechos. María Aramberri Sierra también declaró, negando igualmente cualquier participación en el crimen. Manifestó que la noche del 16 de abril se quedó toda la familia en casa. Relató que su hijo pequeño estaba enfermo, y que el médico le había dicho que tendrían que operarle. Ella le había respondido que no tenían dinero, pero que venderían unas tierras para costear la intervención. También prestó declaración el hijo mayor, Marcial González Aramberri, que había sido trasladado desde Colmenar. Igual que los anteriores, negó haber participado en el doble asesinato.

Emilio Isasa Echenique dictó ese mismo día 22 auto de procesamiento contra Porfirio González Alonso y su hijo Marcial González Aramberri, acordando además la prisión incomunicada de ambos, así como del matrimonio compuesto por Francisco Sierra García e Indalecia Corral Sánchez. Francisco Sierra y Marcial González se unieron a Porfirio González e Indalecia Corral, que ya estaban ingresados desde el día 19 en la prisión comarcal de Torrelaguna.

El juez siguió incansablemente recibiendo los testimonios de vecinos que relataban detalles sin trascendencia, pero que involucraban de una manera u otra a los detenidos. La dependienta de la tienda relató la enemistad notoria que existía entre las víctimas y los sospechosos. Contó que tiempo atrás, Sebastián Romero había echado de su casa a Porfirio González, y que le tildaba siempre de criminal. Contó también que un día, hacía aproximadamente un año, Leona Martín estaba con ella en la tienda cuando pasó por delante Indalecia Corral con el rebaño de cabras. Leona Martín se asomó a la puerta y aseveró en tono de burla:

—¿Qué?, ¿dan mucha leche mis cabras?

Indalecia Corral le espetó:

—¿Te escuece, cordera? Pues jódete.

Otro vecino declaró que Porfirio González tenía problemas económicos, que le había pedido dinero prestado y que no se lo quiso dar. La dependienta de la otra tienda del pueblo aseguró que María Aramberri, la esposa de Porfirio González, le había quitado al descuido dinero de la caja de la tienda.

Otros testimonios procuraban dar información del crimen. Un testigo aseguró que había visto a Marcial González parado en la calle, en la tarde del día 16 de abril, apoyado en el muro y mirando desde enfrente la casa de las víctimas. Porfirio González también había sido visto en la calle por un vecino la noche del crimen a una hora tardía, sobre las once; y otro relató que había visto reunirse en la calle a Francisco Sierra, Porfirio González y su hijo Marcial González. El molinero contó que Porfirio González había acudido al molino muy temprano en la madrugada siguiente al crimen a comprarle media fanega de centeno por dos pesetas, y que lo encontró con mal aspecto. La dependienta del estanco dijo que le había vendido tabaco esa mañana a Porfirio González, y lo había visto muy descompuesto. Indalecia Corral también había sido vista la mañana después del crimen lavando en el arroyo la ropa de su marido, un delantal, unos manguitos y una blusa. Y así sucesivamente: todos los vecinos señalaban a los detenidos como culpables, pero no daban precisión alguna.

El juez se impacientaba. El 28 de abril acudió a la cárcel, y tomó de nuevo declaración a Porfirio González, Francisco Sierra, Marcial González e Indalecia Corral. Unos y otros describieron todo lo que, según ellos, habían hecho el día 16, y siguieron negando cualquier participación en el robo y en el doble homicidio. El 1 de mayo, Isasa Echenique les notificó el auto de procesamiento y les recibió la declaración indagatoria. Siguieron negando.

El 11 de mayo, Isasa recibió una vez más declaración a Porfirio González, sin que la diligencia arrojase nueva luz sobre el asunto. Ordenó entonces detener a María Aramberri, su esposa, para volver a recabar su testimonio. Igual que Porfirio, María siguió negando y no reveló ninguna información reseñable. A pesar de las negativas de unos y otros, el juez Isasa Echenique amplió el auto de procesamiento e incluyó a María Aramberri como partícipe del crimen, decretando su ingreso en prisión incomunicada.

El 15 de mayo, el juez volvió a la cárcel y le tomo nueva declaración ampliatoria de la indagatoria a Porfirio González. No obtuvo resultado alguno.

El 22 mayo, por fin, cuando los detenidos llevaban más de un mes incomunicados y recluidos en la prisión de Torrelaguna, sometidos a constantes interrogatorios de la Guardia Civil y del juez, el muro de silencio empezó a derrumbarse.

El joven Marcial González Aramberri reconoció ese día al juez que la noche del 16 de abril había cenado en casa con toda la familia, y relató que había notado a su padre muy inquieto, por lo cual, cuando aquel salió después de cenar, decidió seguirle. El joven dijo que había visto cómo su padre se juntaba con Francisco Sierra y con otro vecino, Toribio García, en un paraje conocido como el Cerrillo. Había oído que su padre les decía a los otros algo sobre subir por el tejado, sin saber a qué se refería, después de lo cual los hombres se habían despedido, citándose para esa misma noche a las once u once y media. Marcial González le dijo al juez que después de escuchar aquella conversación él se volvió a la casa, pero que su padre no regresó hasta las cuatro y media o cinco de la madrugada. Marcial se había levantado al oírle llegar, y lo vio muy nervioso y excitado. Porfirio González exhortó a su hijo a marcharse a trabajar cuanto antes, y no hablaron más.

El juez Emilio Isasa ordenó de inmediato la detención de Toribio García. Este fue conducido al juzgado, prestó declaración y aseguró que no sabía nada de los hechos. Expresó de forma vehemente que él no se había reunido esa noche con Porfirio González ni con Francisco Sierra. Dijo que no sabía nada del robo y que no había participado en ninguna conversación en la que se hablara de subirse a un tejado. Juró que no había tenido ninguna participación en el doble asesinato.

El 23 de mayo, Emilio Isasa Echenique recibió nuevamente declaración a Marcial González en prisión. El procesado confirmó lo que le había contado al juez la víspera, aunque con importantes rectificaciones, y desvelando más detalles de la trama. Reconoció que él también había participado al anochecer del día del crimen en el encuentro de su padre con Francisco Sierra el de la Rabona en el Cerrillo, pero aseveró que el otro partícipe no era Toribio García, al que había involucrado sin querer en su declaración del día anterior. Quien había acudido al encuentro era en realidad otro vecino, José Arroyo Martínez. Habían acordado entre todos, Porfirio González, Francisco Sierra, José Arroyo y él mismo, cometer el robo en casa de Sebastián Romero. Francisco Sierra y él —Marcial González— debían quedarse fuera vigilando, en tanto que José Arroyo y su padre Porfirio González eran los que iban a entrar en casa de las víctimas. Quedaron citados a medianoche y actuaron según lo convenido. Entraron por el tejado José Arroyo y Porfirio González, mientras Marcial González y Francisco Sierra vigilaban en la calle. Según Marcial, los asaltantes tardaron tres horas en salir de la casa. Solo habían encontrado cincuenta duros, que enterraron en un terreno que tenía José Arroyo en la Retamilla.

Emilio Isasa Echenique estaba más cerca de lograr su propósito. Ordenó la detención de José Arroyo Martínez y de su esposa, Luisa Hernández Pozo.

Dos días más tarde, el 25 mayo, claudicó Francisco Sierra. Para entonces, todos los interrogatorios se realizaban en la prisión, a donde se desplazaban el juez y los guardias que interrogaban a los presos. Las mujeres estaban recluidas en la primera planta, los hombres en la planta baja. Francisco Sierra reconoció ante el juez que había sido él quien propuso a José Arroyo y a Porfirio González robar en la tienda y la casa de Sebastián Romero, pero que había impuesto como condición que no le hicieran daño al tendero ni a su mujer. Le dijo al juez Emilio Isasa que habían encontrado únicamente cincuenta duros, y que se habían llevado también el revólver de Sebastián. Él, que se había quedado en la calle con Marcial González, se acercó a la puerta al oír los lamentos de Leona Martín, a la que José Arroyo y Porfirio González habían golpeado en la cabeza con una piedra, según le contaron.

Al confesar Francisco Sierra, Indalecia Corral reconoció también su participación, y dijo haber estado desde el principio al corriente de los hechos.

Emilio Isasa Echenique recibió entonces una nueva declaración a Porfirio González. El cantero siguió negándolo todo. El juez llamó una vez más a María Aramberri. Ella insistió en que no sabía nada. Más tarde ese mismo día, en una nueva declaración, Porfirio González se dio finalmente por vencido, reconoció los hechos y confirmó al juez lo que este ya sabía.

El 26 de mayo, también José Arroyo reconoció ante el juez haber tomado parte en el robo. Su esposa Luisa Hernández, igualmente detenida, dijo que ella no había participado ni había sabido nada del crimen hasta dos días después de los hechos, cuando su marido le contó que habían ido a robar a la tienda de Sebastián.

El juez Isasa Echenique ordenó entonces la reconstrucción de los hechos. Los procesados fueron excarcelados el 28 de mayo, trasladados a Cabanillas, y se procedió a la práctica de la diligencia ordenada. Por las indicaciones de los procesados, la comisión judicial encontró, en el mismo sitio donde aquellos lo habían escondido, la finca de José Arroyo en la Retamilla, un bote con el dinero, que contenía trescientas cincuenta pesetas. También se recuperó en el mismo lugar el revólver de Sebastián Romero.

Emilio Isasa Echenique decretó ese mismo día el procesamiento y prisión de José Arroyo y Luisa Hernández. Tomó una vez más declaración a María Aramberri, que reconoció haber visto el dinero sustraído, en monedas de a duro de plata y en billetes. Se practicó después otro reconocimiento en la casa que estaba construyendo Porfirio González, con resultado negativo.

José Arroyo prestó nueva declaración el 5 de junio y señaló que Porfirio González lo había coaccionado para que participara en el robo. El 14 de junio volvió a declarar María Aramberri, y sostuvo que ella no era responsable de nada. Declaró nuevamente José Arroyo, y dijo que él aceptaba su responsabilidad por el robo, pero no por los asesinatos, que habían sido cometidos por Porfirio, quien había estrangulado a Sebastián Romero con la cuerda de la que se servía el fallecido inválido para incorporarse en la cama, y había asfixiado también a Leona Martín tapándole la boca para que no gritara, hasta que dejó de respirar. Luisa Hernández volvió a declarar, y aseguró que ella no supo nada hasta después.

El 13 de septiembre, después de varias diligencias adicionales, el sumario se declaró concluso y fue elevado a la Audiencia Provincial de Madrid para la celebración del juicio.

Cabanillas era muy pequeño. El juez Emilio Isasa Echenique y la Guardia Civil habían sabido desde el día mismo en que se cometió el crimen quiénes eran sus autores más probables. Sin embargo, en aquel momento no disponían de pruebas para demostrar la participación de los procesados en el robo, y menos en los asesinatos. No habían podido encontrar las armas o instrumentos utilizados, ni el objeto contundente con el que habían golpeado a Leona en la cabeza. Tampoco habían podido recuperar el botín, monedas y billetes, ni el revólver sustraído a Sebastián. Ninguna de las numerosas declaraciones de los testigos del pueblo era concluyente. Todo lo que tenían los investigadores eran algunos señalamientos circunstanciales de vecinos que habían visto a los sospechosos en la calle a deshora en la noche del crimen.

¿Cómo consiguieron el juez y los guardias que los procesados confesaran?

La respuesta se encuentra en la diligencia del 20 de junio 1907. Ese día, dos meses después de las detenciones y el ingreso en prisión, casi un mes después de las confesiones de los procesados, el médico de la prisión comarcal informó al juzgado de que Porfirio González Alonso había fallecido en su celda a las siete de la mañana, haciéndole saber que el cadáver presentaba extensas y numerosas contusiones y equimosis traumáticas.

El juez Emilio Isasa Echenique se personó inmediatamente en la prisión comarcal de Torrelaguna acompañado del secretario judicial, el capitán de la Guardia Civil y el médico forense, ordenó el levantamiento del cadáver, y dispuso que se le practicase la autopsia, designando a los dos facultativos que debían practicarla. La diligencia de levantamiento señalaba que el cadáver se encontraba desnudo, tendido sobre un jergón en una celda del primer piso, el destinado a las mujeres. Se ordenó su traslado al depósito.

La autopsia se practicó el mismo día 20 de junio de 1907. El informe reza literalmente:

Informe de autopsia de Porfirio González Alonso. El cadáver tiene los ojos entreabiertos. Fuliginosidades sanguinolentas en lengua y bóveda palatina.

Reconocimiento exterior:

Cabeza: contusión con equimosis en la región palpebral inferior izquierda. Herida contusa con costra, de 1,5 cm en región parietal izquierda. Otra con costra, de 1 cm en región occipital. Erosión en región cervical posterior.

Tronco: tres costras negras secas correspondientes a otras tantas contusiones en la piel con extravasaciones sanguíneas en la región escapular derecha y otras tantas de la misma clase en la izquierda. Equimosis extensas en la mitad izquierda de la región posterior del tronco. Idénticas equimosis en las regiones glúteas izquierda y derecha. Igual en la mitad derecha de la región torácica anterior. Equimosis en la región epigástrica y lateral izquierda del tórax, y no tan pronunciadas en los lados del hipogastrio y regiones inguinales.

Extremidades: contusiones y equimosis muy pronunciadas en el brazo izquierdo en su cara anterior, posterior e interna hasta la flexura del codo. Otra equimosis en el hombro izquierdo. Lo mismo en el brazo y parte superior del antebrazo derechos. Costras rojizo-amarillentas en dirección transversal, vestigios de antiguas heridas contusas por constricción en parte internas y externas de ambas regiones carpianas. Otra contusión con herida en curación subcostrácea en la primera falange del pulgar derecho. Contusiones con equimosis en la parte interna del muslo izquierdo. Lo mismo en la externa posterior e inferior del muslo y superior externa de la pierna izquierda. Idéntica en su parte posterior. Lo mismo en la posterior e interna del muslo derecho. Lo mismo en la posterior de la pierna derecha. Falta el pulgar del pie derecho por amputación antigua y callo en el muñón.

Reconocimiento interior:

Cabeza: las heridas contusas de la región parietal izquierda y occipital resultan interesar solamente la piel y tejido celular. Abierta la cavidad craneal no se encuentra nada anormal en meninges y masa encefálica. Lo mismo ocurre con el cuello y sus órganos.

Cavidad torácica: contusiones descritas en el tórax resultan interesar la piel y tejido celular en el que hay extravasaciones sanguíneas, pero no afectan al periostio costal ni costillas. Abierta esta cavidad encontramos los pulmones de color pizarroso y con regular cantidad de sangre. El pericardio normal y el corazón casi exangüe en todas sus cavidades.

Abdomen: las heridas externas interesan el tejido celular en el que hay extravasados sanguíneos. La masa muscular subyacente y peritoneo, normales.

Estómago: de regular capacidad. Contenido, solo un líquido de color blanco sucio y en cantidad de un cuarto de litro. La membrana mucosa en la parte pilórica muy enrojecida y tumefacta. La rubicundez en forma arborescente ocupaba casi todo el ventrículo gástrico.

Intestinos delgados: tumefacción de la mucosa y del tejido submucoso, aumentados de volumen los folículos linfáticos y rodeados de vasos sanguíneos dilatados.

En los gruesos contenían un líquido amarillento no muy espeso, cámaras diarreicas.

Hígado: ligeramente aumentado de volumen y su coloración es menos intensa de lo normal.

Vesícula biliar casi vacía.

Bazo y riñones normales.

Vejiga urinaria repleta de orina.

De todo lo cual deducen y formulan las siguientes conclusiones:

1.ª Considerando en particular cada uno de los signos descritos en el hábito exterior y luego en su conjunto, los peritos que suscriben deducen que dichas contusiones y equimosis no han producido la muerte de este sujeto.

2.ª La muerte ha sido producida por inanición a consecuencia de un catarro agudo de la mucosa gastrointestinal.

Lo firman y ratifican ante el juez Don Emilio Isasa Echenique.

El informe de la autopsia de Porfirio González Alonso expone el estado lamentable en que fue encontrado su cadáver. Sin preámbulos que deberían indicarnos su estado anterior de salud, así como su talla, su peso y su complexión, el informe describe de entrada su estado aparente. No hay una sola parte del cuerpo que no esté herida. Presenta una extraordinaria cantidad, extensión y gravedad de lesiones externas. Las heridas y contusiones, antiguas unas —con costra, en proceso de cicatrización— y recientes otras, resultado de ataques violentos repetidos, cubren todo su cuerpo. Porfirio González debió de recibir palizas sistemáticas durante todo el tiempo que estuvo privado de libertad. El hombre fue terriblemente torturado durante las semanas en que se resistió a confesar el robo y asesinato de Sebastián Romero y Leona Martín.

El «reconocimiento exterior» revela que Porfirio González fue golpeado repetidamente en la cabeza, contra la pared o con un objeto contundente que le abrió varias brechas. Revela que recibió golpes violentos en el pecho, en los hombros, en los brazos y en la espalda. El detenido debió de caer varias veces desde una altura considerable, o quizás fue arrojado o se cayó por las escaleras, dadas las importantes lesiones que presentaban las piernas. Presumiblemente, recibió también repetidos golpes en la cara y en el vientre. Fue asimismo golpeado, probablemente con los puños, y con una vara, bastón u otro objeto contundente en los glúteos, método de tortura que produce un dolor intenso. Con toda probabilidad, le tuvieron muchas horas colgado del techo o de una viga mientras lo golpeaban, porque las esposas se le clavaron y dejaron profundas heridas en sus muñecas. Tenía también el dedo pulgar de la mano derecha machacado.

Sin embargo, los forenses son formales: en sus conclusiones afirman que todas estas lesiones no han producido la muerte del sujeto. Es más, aseguran que estas lesiones no han causado ningún daño interno relevante. El «reconocimiento interior» constata el buen estado de órganos internos tales como el encéfalo, los órganos del cuello, pulmones, riñones, bazo. Todos los órganos vitales —dicen los forenses— se encontraban prácticamente intactos.

Los informes oficiales son a veces más elocuentes por lo que omiten que por lo que exponen. En el caso de Porfirio González, no cabe duda de que la causa inmediata de su muerte hay que buscarla alrededor del informe, más que en el texto.

Los médicos reconocen el cadáver con detalle, y dan cuenta de lo que encuentran, en su exterior como en su interior. Incluso, detallan una amputación antigua de un dedo del pie. Hay, sin embargo, órganos que los forenses no mencionan. No dicen nada, por ejemplo, de los genitales. ¿Cómo estaban la próstata, la uretra, los testículos, el pene de Porfirio González? ¿Amputados, aplastados, tumefactos, intactos? No se dice. O quizás sí, porque, aunque los forenses hayan omitido ese dato fundamental del cuerpo de un preso incomunicado, muerto después de haber sido torturado durante más de un mes, ofrecen algunos datos que permiten hacerse una idea. De todo el cuerpo, la parte que presenta contusiones más intensas son los lados internos de los muslos de ambas piernas. ¿Quieren decir los facultativos que Porfirio González fue golpeado durante semanas en la cara interna de los muslos, por delante y por detrás, y que estos golpes no afectaron a los genitales?

Además, en su reconocimiento interno los forenses nos aportan un detalle sorprendente: dicen que la vejiga de la orina del cadáver estaba repleta. ¿Significa esto que las vías de expulsión de la orina estaban obstruidas, o quizás destruidas? ¿Acaso la relajación de esfínteres que acompaña usualmente a la muerte no le permitió a Porfirio González evacuar la orina de su vejiga?

A posteriori, podemos inferir que el trato dispensado a Porfirio González no debió de ser muy diferente del que años después le sería aplicado a León Sánchez Gascón en Belmonte: «Le ataron los testículos con un bramante arrastrándolo cuatro o cinco pasos mientras le daban golpes con las culatas de los fusiles».

El informe no dice tampoco nada de las circunstancias de la muerte, de las privaciones a las que es probable fuera sometido el procesado durante más de dos meses de privación de libertad: restricción de la alimentación, de la hidratación o del sueño, todas ellas en el origen de lo que llamamos inanición, forma extrema de malnutrición que conduce de manera indefectible a la muerte. Paradójicamente, el informe designa la inanición como causa inmediata de la muerte de Porfirio González, como si en este caso tal inanición pudiera calificarse como espontánea o accidental.

La autopsia examina un cadáver, un cuerpo sin vida, un organismo que ha cesado de funcionar y que por lo tanto no puede tampoco informar de las eventuales alteraciones fisiológicas que han precedido a la muerte. Esas alteraciones pueden tener lugar sin dejar modificaciones morfológicas relevantes en los órganos que regulan cada una de las funciones vitales. La ausencia de información conduce a preguntarse: ¿qué atención médica, necesaria para el mantenimiento de la vida, recibió el detenido, si es que recibió alguna?

Como es obvio, el informe de autopsia no puede mencionar la violencia psíquica o el trato degradante que seguramente acompañaron a la violencia física, acciones que menoscaban la integridad moral y contribuyen a quebrantar la resistencia física.

Sin riesgo de equivocarse, se puede afirmar que Porfirio González murió a consecuencia del trato que recibió durante las intensas y prolongadas sesiones de interrogatorio, en las que fue torturado sistemáticamente para que confesara. El médico francés Xavier Bichat definía la vida como «el conjunto de funciones que resisten a la muerte». Las funciones vitales de Porfirio González no resistieron el trato que le dispensaron sus custodios.

A partir de ahí podemos inferir que los demás detenidos recibieron un tratamiento similar. No existe en el sumario ni un solo informe médico de los demás procesados; ni de cuando fueron detenidos, ni del momento en que fueron ingresados en la prisión comarcal de Torrelaguna, ni de cuando los excarcelaron para trasladarlos a Madrid. En la cárcel, aunque no pudieran estar juntos ni hablar unos con otros, los procesados se mantenían en contacto. Si se torturaba a Porfirio González, los otros presos por fuerza debían poder escuchar sus lamentos durante los interrogatorios o después, aunque no estuvieran presentes mientras era torturado.

Cuando Marcial González, después de un mes de interrogatorios, decidió colaborar con el juez Isasa Echenique facilitándole la información que este reclamaba tan insistentemente, pudo hacerlo para que dejaran de torturarle, o porque temió que terminaran por matar a su padre, como ocurrió, o quizás porque viera o escuchara cómo torturaban también a su madre. La resistencia humana tiene un límite. En este caso, Marcial González fue el eslabón débil por el que se rompió la cadena de silencio de los procesados.

¿Sabía el juez Isasa Echenique que los detenidos estaban siendo torturados? Tenía que saberlo por fuerza, porque acudía al cuartel de la Guardia Civil y a la prisión comarcal a diario, los interrogaba personalmente una y otra vez, y, al menos en lo que se refiere a Porfirio González, sabemos que presentaba un gran hematoma en el lado izquierdo de la cara que el juez no pudo dejar de ver. Podemos colegir que, como ocurriría más tarde en Belmonte, los detenidos eran maltratados en su presencia, según constató el magistrado instructor del Tribunal Supremo que investigó las torturas de León Sánchez y Gregorio Valero: «Todos estos tormentos se dice que no solo fueron ordenados por el juez, sino que la mayoría de estos atropellos fueron en presencia del que tiene por misión preparar el sumario con toda ecuanimidad y justicia».

El 4 octubre de 1909, la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid dictó sentencia por el doble asesinato y robo de Cabanillas de la Sierra. José Arroyo Martínez, Francisco Sierra García y Marcial González Aramberri fueron condenados a la pena de muerte. María Aramberri Sierra e Indalecia Corral Sánchez, a diecisiete años, cuatro meses y un día de reclusión temporal. La sentencia recomendó el indulto parcial de María e Indalecia, proponiendo que la pena les fuese sustituida por la de cuatro años de prisión. Se declaró extinguida la responsabilidad penal de Porfirio González Alonso por su fallecimiento. Luisa Hernández Pozo fue absuelta.

El 14 de abril de 1911 el gobierno conmutó la pena de muerte de José Arroyo, Francisco Sierra y Marcial González por la inmediata inferior. Los tres hombres fueron trasladados al penal de Figueras para cumplir sus condenas. Las mujeres, a la prisión de Alcalá de Henares. En 1915 se acordó la subasta de una finca de José Arroyo, cuatro de Francisco Sierra, dos de Indalecia Corral, y cinco de Marcial González y María Aramberri para satisfacer la indemnización en favor de los herederos de Leona Martín y Sebastián Romero. El revólver recuperado fue entregado a los herederos.

Nadie fue inculpado por la tortura y muerte de Porfirio González Alonso. No se realizó ninguna investigación. Nadie exigió responsabilidades a Emilio Isasa Echenique, a los oficiales y agentes de la Guardia Civil, al secretario judicial, al médico forense o al director y los vigilantes de la prisión de Torrelaguna, en la que tuvieron lugar la mayoría de los interrogatorios y, presumiblemente, los graves malos tratos infligidos a los detenidos de manera continuada durante más de un mes.

Muy al contrario: el juez recibió el reconocimiento de sus superiores. Así consta en su expediente personal, en el que se consignó el agradecimiento del Ayuntamiento de Torrelaguna y del presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, que felicitaron al juez instructor por el «éxito obtenido» y el «ímprobo trabajo» por él desarrollado. La insólita felicitación del ayuntamiento y de la Audiencia se formularon por recomendación del capitán y del teniente de la Guardia Civil de la demarcación, y del director de la prisión del partido judicial de Torrelaguna.

La verdad judicial es formal, está sujeta a ciertas reglas de procedimiento, y no puede establecerse por cualquier medio. Las evidencias obtenidas de manera ilícita, con violación de los derechos fundamentales y las garantías procesales de los inculpados, se consideran ilegítimas y no pueden ser utilizadas como prueba de cargo. Las entradas y registros o las escuchas telefónicas deben estar autorizadas por el juez y motivadas suficientemente. Las confesiones o testimonios obtenidos con violencia, mediante apremios físicos o coacciones, son nulas y deben considerarse inexistentes. No pueden perjudicar al declarante ni a otros. Además, según la doctrina del «fruto del árbol envenenado», establecida por primera vez en 1914 en Estados Unidos,³desde donde se fue propagando hasta consolidarse a ambos lados del Atlántico, la ilicitud de una prueba se extiende a cualesquiera otras pruebas que directa o indirectamente se deriven de aquella.

Nadie cuestionó en el juicio celebrado ante la Audiencia Provincial de Madrid por los crímenes de Cabanillas, ni en la sentencia, la validez de las confesiones de los procesados, obtenidas presumiblemente mediante torturas, ni de los hallazgos posteriores y la recuperación del botín y el revólver, pruebas materiales obtenidas directa y exclusivamente a partir de aquellas. Al margen de esas pruebas manifiestamente ilícitas, no había nada más en el sumario.

El edificio del pósito de Torrelaguna, luego prisión comarcal, sus celdas, salas de interrogatorio y demás dependencias donde murió torturado Porfirio González Alonso, fue íntegramente demolido hace cuatro décadas, y se conserva solo la fachada histórica presidida por el escudo cardenalicio de Cisneros. Actualmente es la sede del Ayuntamiento de Torrelaguna. El palacio de Juan de Salinas resultó alcanzado durante un bombardeo de la Guerra Civil, y apenas quedó en pie la fachada. El edificio histórico, incluidos sus calabozos, que habían alojado a un preso ilustre de la Inquisición y donde presumiblemente fueron interrogados los procesados de Cabanillas, fue reconstruido en la posguerra para que volviera a alojar el cuartel de la Guardia Civil, pero se cerró en 2024 porque amenazaba ruina.

La impunidad es siempre una invitación a la reincidencia. Si alguien hubiera cuestionado la validez de las pruebas y de las confesiones en el sumario de Torrelaguna, si se hubieran exigido a Emilio Isasa Echenique y a los demás partícipes de las torturas responsabilidades por la muerte de Porfirio González Alonso, seis años más tarde León Sánchez Gascón y Gregorio Valero Contreras no habrían sido detenidos, torturados, encarcelados, juzgados e injustamente condenados, y el crimen de Belmonte no se hubiera cometido. Sin embargo, el «hubiera», como sabemos, no existe.

The Troubles

Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 1968-2018

Los herederos de las Revoluciones francesa, inglesa y americana habían creído parcialmente en sus propias frases sobre los derechos del hombre, la libertad de expresión, la igualdad ante la ley y demás, e incluso habían permitido que esos derechos condicionaran su conducta hasta cierto punto.

GEORGE ORWELL, 1984

Al Estado moderno, nacido en los albores del siglo XIX, se le encomendó la protección de los derechos humanos. El contrato social era un pacto bilateral entre gobernantes y gobernados dentro del territorio de cada país, en cuya virtud los gobernados, en las sociedades democráticas, pagaban impuestos y reconocían legitimidad a los gobernantes que elegían, en la medida en que estos respetasen y garantizasen sus derechos fundamentales, tales como la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, según rezaba la Declaración de Independencia de Estados Unidos en 1776. Ese modelo entró en crisis en 1945. La comunidad internacional pudo comprobar que la guerra había dejado de ser —si alguna vez lo fue— un conflicto entre caballeros que se mataban unos a otros en los campos de batalla: la mayoría de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial habían sido civiles, y perecieron en la retaguardia, víctimas de la represión de los gobiernos que se suponía que tenían la obligación de protegerlos. Se produjo entonces un cambio de paradigma: los derechos humanos no volverían a ser considerados asuntos internos confinados en los estrechos límites de la soberanía y el territorio de los Estados nacionales. Se convirtieron en el núcleo de un nuevo contrato social universal: ahora, los gobernantes deben respetar y asegurar los derechos de los gobernados, pero son además responsables del cumplimiento de ese deber fundamental ante la comunidad internacional, que tiene el derecho y la obligación de intervenir en los asuntos internos de los Estados cuando estos no quieran o no puedan cumplir con sus deberes. Ese nuevo compromiso de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial se expresó inmediatamente con la constitución del tribunal de Núremberg, su estatuto y su sentencia principal en el juicio contra los líderes del Tercer Reich.

La realidad nos enseñó enseguida, sin embargo, que esos principios, reflejados en la Carta de las Naciones Unidas de 1945, la Declaración Universal de 1948, y muchas de las convenciones aprobadas en los años siguientes, se convertían en muchos casos en una quimera: la Guerra Fría propició que en los años que siguieron se cometieran impunemente violaciones masivas de los derechos humanos, bajo el auspicio de las potencias hegemónicas, en los cinco continentes.

Francia y Gran Bretaña habían resultado vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. Consiguieron retener bajo su soberanía territorios que representaban más de dos terceras partes del planeta. Ese dominio efímero estaba destinado a desaparecer. Ambas potencias pugnaron en los años siguientes por conservar sus posesiones de ultramar, pero favorecidos por la Guerra Fría, los movimientos de autodeterminación de las colonias resultaron imparables. Antes del final de la década de los cuarenta los ingleses perdieron la joya de su Corona, la India, mientras los franceses eran expulsados de Indochina. El canto del cisne de esos dos imperios menguantes se produjo en 1956: Egipto nacionalizó el Canal de Suez, y Gran Bretaña y Francia, sin querer darse por enteradas de que los tiempos estaban cambiando, reaccionaron ocupando militarmente el canal y la península del Sinaí, aliados con el recién nacido Estado de Israel. Estados Unidos y la Unión Soviética, las nuevas superpotencias que ya habían empezado a tomar el relevo, los obligaron enseguida a devolver el canal a los egipcios. Israel supo retener el Sinaí.

Se produjo entonces una escisión muy notoria entre las políticas observadas por las autoridades francesas y británicas en la metrópoli y las que llevaban a cabo en las colonias. En París y Londres se respetaban ejemplarmente las garantías del Estado de derecho, las libertades públicas y los derechos humanos fundamentales, de manera análoga al resto de las naciones de la Europa occidental democrática. En las colonias, por el contrario, sus gobernantes sintieron que la razón de Estado los autorizaba a cometer toda clase de atrocidades para sostener su dominio territorial. Los franceses recurrieron al uso sistemático de la tortura para preservar su soberanía sobre Argelia. Los británicos cometieron graves violaciones de los derechos humanos en sus colonias. La comunidad internacional no hizo honor a sus compromisos.

El escenario cambió cuando el conflicto volvió a presentarse en territorio europeo. Irlanda del Norte puso a prueba la capacidad de las autoridades del Reino Unido de restaurar el orden, preservar su unidad territorial y, al mismo tiempo, respetar los valores democráticos y su tradición centenaria de respeto de las garantías individuales. Ese laboratorio se llamó The Troubles, los problemas.

Irlanda había sido invadida por normandos provenientes de Inglaterra y Gales en 1169, incorporada como una posesión de la Corona británica, y fue quedando gradualmente sometida a su soberanía en un proceso que se prolongó durante los ocho siglos siguientes. Los Estatutos de Kilkenny de 1366 dieron comienzo a la progresiva anglificación de la isla, y entre otras muchas medidas de sometimiento de la población autóctona, prohibieron el uso del idioma gaélico. Los irlandeses resistieron, hubo multitud de incidentes y sublevaciones, pero acabaron siendo sometidos. Cuando Enrique VIII decidió en 1534 escindir la Iglesia de Inglaterra de la obediencia al Papa de Roma, la mayor parte de la población irlandesa se negó a seguir las directrices de Londres. A Enrique VIII le sucedieron Eduardo VI, y después la reina María e Isabel I. Esta última optó por la mano dura, y ordenó ejecutar a varios obispos y otros religiosos católicos de Irlanda, sin conseguir por ello doblegar a la población de la isla, que se mantuvo mayoritariamente fiel a la fe católica. Entretanto, el gobierno de Londres había ido de manera paulatina repoblando las tierras que incautaba, en especial en el norte de Irlanda, con colonos, en su mayor parte protestantes, provenientes de Escocia e Inglaterra, conocidos como planters.

La confrontación se fue agravando y el descontento culminó con la rebelión de 1641, ahogada en sangre por Cromwell en 1649. A partir de aquel momento se generalizó el despojo de las tierras que habían pertenecido como propiedad colectiva a los clanes irlandeses durante siglos. Como reacción, aparecieron los primeros movimientos precursores del nacionalismo irlandés —en cuyas filas se integraban no solo católicos—1 que comenzaron a propugnar la independencia de Irlanda sin distinción de religiones, y su separación del dominio británico. Frente a ellos se organizaron los partidarios de la anexión definitiva de la isla a la Corona. Estos disfrutaban de privilegios y territorios que eran negados a los partidarios de la separación. Los separatistas se rebelaron de nuevo en 1798, y perdieron otra vez. En 1800 Gran Bretaña proclamó el Acta de Unión, que abolía el Parlamento irlandés e incorporaba el territorio de Irlanda al Reino Unido. A partir de ese momento, la población de la isla quedó profundamente dividida entre los nacionalistas, en su mayoría católicos, y los unionistas protestantes, descendientes de los planters, que fundaron la Orden de Orange. Los primeros dominaban veintiséis condados, la mayor parte del territorio, pero los unionistas eran mayoritarios en cuatro de los seis condados del norte, el Ulster.

A partir de 1912 se constituyeron los primeros grupos paramilitares²protestantes y católicos, entre ellos el IRA, que empezaron enseguida a servirse de la violencia como herramienta política. El Parlamento británico quiso zanjar la confrontación en 1920 dividiendo la isla en dos jurisdicciones separadas, norte y sur, encendiendo con ello la mecha de una guerra civil que se prolongó durante los años 1922 y 1923, hasta que, finalmente, los veintiséis condados del sur accedieron a una relativa independencia y constituyeron el Estado Libre de Irlanda,³mientras que los seis condados del norte permanecían bajo la autoridad directa del Reino Unido. Fermanagh, Tyrone y el área de Londonderry, circunscripciones mayoritariamente católicas del norte, quedaron sujetas a la soberanía británica. Las nuevas autoridades del Ulster, en las que los católicos no tenían representación efectiva, recortaron de forma arbitraria los distritos electorales y abolieron el sistema de representación proporcional para asegurar el control protestante del gobierno, el Parlamento —en el que había unos pocos católicos sin capacidad de influencia— y todo el territorio norirlandés, incluidas las zonas mayoritariamente católicas. Aplicaron de inmediato políticas discriminatorias contra la minoría católica, que era un tercio de la población, en materias esenciales tales como el acceso a los cargos públicos, el empleo y la vivienda. El conflicto estaba servido.

Los protestantes reconstituyeron en 1966 el antiguo grupo paramilitar UVF, crearon uno nuevo llamado Ulster Protestant Volunteers (UPV), y declararon formalmente la guerra al IRA, decisión sorprendente que constituía una provocación, puesto que ese grupo se encontraba prácticamente inactivo por entonces. La violencia sectaria comenzó de nuevo, y adoptó por ambas partes las características de la delincuencia terrorista.

El movimiento pacífico Northern Ireland Civil Rights Association (NICRA), que reclamaba para los católicos los mismos derechos civiles que tenían los protestantes, organizó en 1968 y 1969 marchas no violentas por los derechos civiles, exigiendo la reforma de la policía,⁴la reestructuración de los distritos electorales, la equiparación de las dos comunidades para que las instituciones de gobierno se eligieran por el sistema proporcional, y la derogación de la Ley de Poderes Especiales, una norma de excepción aprobada por Londres que autorizaba el arresto y la reclusión de sospechosos sin juicio, la prohibición de reuniones, manifestaciones y publicaciones, y autorizaba a la policía a realizar registros domiciliarios sin mandamiento judicial.

Las manifestaciones pacíficas, que eran análogas y simultáneas a las que tenían lugar en la misma época en Estados Unidos y en Francia, fueron prohibidas en el Ulster, reprimidas enérgicamente por la policía, y atacadas por los paramilitares unionistas que cometieron los primeros atentados mortales contra la minoría católica.

El IRA hizo entonces su aparición, y a partir de 1970 desencadenó toda la violencia de que fue capaz. El gobierno de Londres desplegó como respuesta al ejército británico en Irlanda del Norte. En las tres décadas siguientes, más de tres mil quinientas personas fueron asesinadas. Para hacerse una idea de la intensidad del conflicto, conviene señalar que Irlanda del Norte era en 1970 un territorio densamente poblado, con un millón y medio de habitantes en apenas 14.130 kilómetros cuadrados, superficie algo menor —por dar una referencia— que la de la provincia de Burgos.

Más del cincuenta por ciento de las víctimas eran civiles. El IRA mató a 2.057 personas, la mitad de ellos miembros de las fuerzas de seguridad británicas. Los grupos unionistas mataron a 1.027 personas, civiles en un ochenta y cinco por ciento. El ejército británico y la policía del Ulster mataron, según cifras oficiales, a 363 personas, que en un cincuenta por ciento eran civiles no involucrados en las acciones violentas. Fuentes extraoficiales, sin embargo, discuten esas cifras e imputan a las fuerzas armadas y policiales un número mucho mayor de víctimas, cercano a un tercio del total.

El conflicto duró tres décadas. El 10 de abril de 1998 se firmó el Acuerdo de Viernes Santo, que le puso fin y permitió a Irlanda del Norte recuperar sus instituciones de autogobierno, elegidas desde entonces por un sistema electoral proporcional, y en las que protestantes y católicos están representados y comparten las responsabilidades de gobierno.

La etapa más sangrienta del conflicto tuvo lugar entre 1971 y 1977. Solo en 1972, fueron asesinadas cuatrocientas ochenta personas. Los atentados terroristas, las bombas en centros comerciales, en bares, en coches aparcados en calles concurridas, los tiroteos y barricadas, la construcción de muros de separación entre barriadas, el establecimiento de «zonas prohibidas» a las que las autoridades y las comunidades rivales no podían tener acceso sin arriesgarse a ser atacadas, y las represalias constantes entre grupos nacionalistas y unionistas, amén de los atentados terroristas contra policías y soldados, estaban a la orden del día.

El gobierno del Ulster impuso medidas extraordinarias para contener la violencia. Dispuso la detención e interrogatorio de cualquier sospechoso. Las redadas, registros, y los internamientos gubernativos masivos no se hicieron esperar, y se dirigieron principalmente contra los nacionalistas católicos, porque las autoridades protestantes, que contaban con autorización del gobierno británico, consideraban que la violencia de los unionistas era diferente, en la medida en que no se dirigía contra ellas. En marzo de 1972, novecientas personas —nuevamente, según los datos oficiales— sospechosas de pertenecer al IRA se encontraban internadas sin juicio. La mayor parte de las detenciones e interrogatorios estaban a cargo de la policía del Ulster. Se registraron numerosos casos de colusión entre la policía, el ejército y los loyalists que intercambiaban regularmente información para sus operativos. Varios atentados contra simpatizantes del IRA fueron cometidos por policías y militares de paisano fuera de servicio.

El gobierno conservador de Edward Heath se vio desbordado por la situación, la presión de la opinión pública y la comunidad internacional, en especial de la República de Irlanda y del lobby irlandés de Estados Unidos, y tuvo que intervenir. El 30 de marzo de 1972, el Parlamento británico aprobó la Ley Provisional de Irlanda del Norte;⁵se suspendieron el gobierno y el Parlamento del Ulster y se estableció la administración directa de la provincia desde Londres. En noviembre se impuso un sistema revisado de detención de los sospechosos de terrorismo.⁶En 1973 se aprobó la Ley sobre el Estado de Emergencia.⁷En 1975 se reformó nuevamente la legislación de excepción:8 con algunas modificaciones, la detención y el internamiento extrajudicial indefinido de los sospechosos fueron mantenidas, pero a partir de ese año los internamientos dejaron de ser masivos.

Los británicos habían cometido atrocidades en el pasado en Sudáfrica y en la India, y en las décadas inmediatamente anteriores a la crisis irlandesa, en Palestina, Malasia, Chipre, y sobre todo en Kenia. Para combatir la rebelión mau mau, que se había cobrado la vida de cien ciudadanos británicos, las autoridades coloniales decidieron virtualmente exterminar la etnia kikuyu, internando a un millón y medio de personas en ciento cincuenta campos de concentración, en los que la castración de los varones con tenazas y la violación de las mujeres con botellas de agua hirviendo introducidas en la vagina eran sistemáticas, y en los que perecieron cerca de trescientos mil internados, lo que constituye sin paliativos un crimen de genocidio. Irlanda del Norte fue tratada como una colonia aunque se suponía que no lo era, pues formaba parte del territorio del Reino Unido, estaba en Europa, y el gobierno de la República de Irlanda seguía muy de cerca los acontecimientos.

Las autoridades de Londres decidieron emplear procedimientos más sofisticados.⁹Además de las detenciones e internamientos por tiempo indefinido sin autorización judicial de todos aquellos que, con más o menos fundamento, consideraban sospechosos de terrorismo, decidieron aplicar a algunos detenidos procedimientos de «interrogatorios en profundidad». Al parecer, varios miembros del ejército británico habían aprendido tales métodos sufriéndolos en carne propia tiempo atrás, cuando se encontraban como prisioneros de guerra a disposición de las autoridades de Corea del Norte. Esos procedimientos de interrogación en profundidad requerían, en primer lugar, la reclusión de los sospechosos en centros de detención secretos ubicados en lugares no revelados, al margen de las dependencias oficiales de la policía, el ejército y las instituciones penitenciarias y excluidos del control o supervisión de las autoridades judiciales. Los detenidos permanecían incomunicados y no se les reconocía derecho alguno; no se les revelaban las razones de su detención, ni se informaba a ninguna autoridad —salvo las militares, el gobierno y los servicios de inteligencia— de que estaban privados de libertad, y tampoco a los familiares, ni a los abogados. Simplemente, esos detenidos desaparecían.

La detención y las sesiones de interrogatorio se prolongaban más allá de los plazos legales. Los interrogadores procuraban la completa desorientación de los detenidos, para lo cual se les mantenía constantemente encapuchados, siempre en lugares cerrados, con luz artificial, y se les obligaba a permanecer muchas horas en posiciones de gran estrés físico. Se les imponía la «privación sensorial», a cuyo propósito se les sometía a largas sesiones de ruido muy agudo e intenso. No se les daba apenas de comer ni de beber. Tampoco los dejaban dormir. Aunque no se impartieron instrucciones por escrito, el servicio de inteligencia británico (English Intelligence Centre) adiestró en estas técnicas a las fuerzas especiales del Royal Ulster Constabulary en abril de 1971.

El 16 de septiembre de 1971, haciendo uso de la facultad conferida a los Estados miembros por el artículo 24 de la Convención Europea de Derechos Humanos, el gobierno de la República de Irlanda interpuso una demanda contra el Reino Unido ante la Comisión Europea de Derechos Humanos.¹⁰La Comisión realizó una investigación exhaustiva de las medidas de excepción empleadas por las autoridades británicas en Irlanda del Norte, recibió numerosa documentación y examinó los testimonios de más de un centenar de sospechosos detenidos, y también de algunos integrantes de las fuerzas de seguridad militares y policiales del Ulster. Recibió asimismo diversos dictámenes médicos, incluyendo los de los facultativos que habían atendido a los detenidos.

La Comisión estableció que las fuerzas de seguridad británicas habían practicado numerosas detenciones e interrogatorios de sospechosos en diferentes instalaciones civiles y militares, así como en centros de interrogatorio no identificados entonces, y aunque había muchos más casos, centró sus pesquisas en la situación de catorce personas, a las que se hizo mención desde entonces como los «encapuchados», a quienes se habían aplicado durante siete días, mientras estaban recluidos en un lugar no revelado, cinco «técnicas especiales» de interrogatorio, consistentes en: 1. La colocación de los detenidos de pie contra una pared y «en postura de tensión», durante varias horas cada vez, con los brazos y piernas muy separados, apoyados solo con los dedos por encima de la cabeza, y con las piernas hacia atrás para que todo el peso recayera sobre los dedos; 2. La colocación a los detenidos de una capucha en la cabeza que debían llevar puesta permanentemente salvo cuando eran interrogados; 3. El «ruido fortísimo» de un silbido en una habitación cerrada antes de los interrogatorios; 4. La privación de sueño; 5. La falta de alimento sólido y líquido durante la permanencia en el centro clandestino.

La Comisión se pronunció mediante un informe de 9 de febrero de 1976, aprobado por unanimidad. A su entender, el Reino Unido había violado el artículo 3 (prohibición de la tortura y las penas o tratos inhumanos y degradantes), y declaró que la utilización de las cinco técnicas en los catorce casos tomados en consideración era constitutiva de tortura; también determinó la existencia de tratos inhumanos y degradantes en otros casos. Consideró igualmente que la detención e internamiento extrajudicial de sospechosos no se ajustaba a los artículos 5.1 y 5.4 del Convenio Europeo (derechos a la libertad y la seguridad y derecho a un recurso judicial) aunque no habían sobrepasado la «medida estricta» de lo exigido por la situación, a tenor del artículo 15.1 del Convenio. La Comisión no consideró probado que los detenidos nacionalistas hubieran sido discriminados en comparación con los unionistas.

Irlanda no se dio por satisfecha, y expresó su discrepancia con el informe de la Comisión porque no determinaba quiénes eran las personas responsables de las violaciones, ni ordenaba que esas personas fueran perseguidas penalmente, y tampoco establecía obligaciones concretas para que Gran Bretaña garantizase que los abusos no volverían a repetirse. Decidió entonces llevar el asunto ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y presentó una nueva demanda el 10 de marzo de 1976, solicitando del tribunal que declarase expresamente que el Reino Unido había violado el artículo 3 del Convenio Europeo cometiendo delitos de tortura en ciertos casos, así como de manera sistemática, en numerosos centros de detención conocidos y clandestinos de Irlanda del Norte entre 1971 y 1974, y solicitaba que se dispusiera el procesamiento de los culpables, y garantías de no repetición. Alegaba también que las autoridades británicas habían violado asimismo de manera sistemática los artículos 5 y 14 del Convenio entre 1971 y 1975 privando extrajudicialmente de libertad a numerosas personas, y aplicando esas medidas extraordinarias de manera discriminatoria, puesto que la inmensa mayoría de las víctimas de las detenciones ilegales pertenecían a la minoría católica de Irlanda del Norte.

La defensa del Reino Unido optó por no contestar a la alegación irlandesa sobre la tortura, señalando en consecuencia que no era necesario que el Tribunal se pronunciase al respecto, y puntualizando además que, en la solicitud inicial ante la Comisión, Irlanda no había alegado que la tortura hubiera sido generalizada, sino que se había limitado a denunciar algunos casos concretos. El fiscal general del Reino Unido sometió acto seguido al tribunal una declaración por la que su país se comprometía de forma solemne a no volver a utilizar las cinco técnicas como método de interrogatorio «en ninguna circunstancia».

El Tribunal Europeo deliberó, resolvió y dictó sentencia el 18 de enero de 1978, por mayoría. A pesar de que el Reino Unido había anunciado que no discutiría la declaración de la Comisión solicitada por Irlanda de que las cinco técnicas de interrogatorio especial constituían tortura, el tribunal decidió revisarla de oficio. Examinó las alegaciones que las partes habían hecho ante la Comisión, las pruebas que se habían practicado, y los argumentos y la declaración de la propia Comisión, y llegó a la conclusión de que las cinco técnicas constituyen un trato inhumano, que provoca «intensos sufrimientos físicos y morales» y «trastornos psíquicos agudos», y resulta asimismo degradante por cuanto su utilización puede crear sentimientos de «temor, angustia e inferioridad» susceptibles de humillar a quienes son sometidos a ellas, y «envilecerles y quebrantar su resistencia física y moral»; pero aunque se hubieran aplicado «de forma sistemática» para «arrancar confesiones, denuncias o informaciones», las cinco técnicas no alcanzaban, según el tribunal, el grado suficiente de «intensidad» y «crueldad especial» como para ser calificadas de tortura.

En cuanto a las privaciones extrajudiciales de libertad y demás violaciones alegadas del Convenio, entre ellas la del derecho a un juicio justo dentro de un plazo razonable, el Tribunal Europeo, partiendo de la constatación de que la situación en Irlanda del Norte era de extrema gravedad, consideró que las medidas excepcionales adoptadas por las autoridades británicas eran las estrictamente exigidas para la protección de la seguridad pública. Aun cuando hubieran sido deseables —decía la sentencia— mejores garantías judiciales, no por eso se había violado el Convenio. Tampoco apreció el tribunal que se hubiera producido discriminación en la aplicación de las medidas de excepción, aun reconociendo que, especialmente hasta 1973, se utilizaron mucho más contra los nacionalistas que contra los unionistas. El tribunal consideró, además, que el Convenio Europeo no le confería facultades para ordenar a Gran Bretaña que adoptase medidas disciplinarias o de persecución penal contra los responsables de los abusos.

Tres magistrados discrepantes expresaron en votos particulares su coincidencia con el parecer de la Comisión en el sentido de que la utilización de las cinco técnicas sí constituye tortura.

Los años setenta representaron el momento de mayor auge del terrorismo internacional. El IRA y los loyalists no estaban solos. En Alemania se había fundado en 1970 la Fracción del Ejército Rojo, también conocida como la banda Baader-Meinhof, que comenzó a cometer asaltos a bancos, secuestros y asesinatos de empresarios y miembros de las fuerzas de seguridad. Los fundadores del grupo, Ulrike Meinhof y Andreas Baader aparecieron muertos en sus celdas de la prisión de Stammheim en 1976 y 1977, respectivamente. Según las autoridades alemanas, se habían suicidado. En Italia, las Brigadas Rojas promovieron desde 1970 la revolución socialista mediante secuestros y asesinatos, el más conocido el de Aldo Moro en 1978. En 1972, un grupo terrorista palestino denominado Septiembre Negro secuestró y asesinó en Múnich durante los Juegos Olímpicos a los once integrantes del equipo israelí. Comandos palestinos atacaban objetivos judíos en todas partes. Secuestraban aviones y los desviaban con los pasajeros como rehenes a aeropuertos en África y Oriente Medio, y sus ataques eran respondidos expeditivamente por los servicios secretos israelíes, que no solían hacer prisioneros. Los grupos guerrilleros de América Latina hacían otro tanto y reconducían los vuelos a Cuba. En España, ETA, el FRAP y los GRAPO se empeñaban en hacer descarrilar la transición. El terrorismo de extrema derecha y el terrorismo de Estado estaban presentes en los mismos escenarios.¹¹

Nadie discute hoy en día que la tortura psicológica es tan grave como la física, y que sus secuelas pueden ser tan importantes y persistentes en un caso como en otro.¹²El propio Tribunal Europeo ha revisado su doctrina del caso Irlanda v. Reino Unido en los casos Selmouni v. Francia de 1994, y Egmez v. Chipre de 1996. Las torturas físicas o psicológicas producen indistintamente en la víctima impotencia y angustia extremas, deterioro sostenido de las funciones cognitivas, emocionales y de conducta, y en los casos más graves, depresión, trastorno de estrés postraumático, síndrome de estrés agudo e inducción al abuso de sustancias. Los casos de depresión se manifiestan por tristeza, irritabilidad, sentimiento de vacío, desinterés, pérdida de peso, insomnio o hipersomnia, ralentización del pensamiento y de la actividad física, fatiga y pérdida de energía, sentimientos de irrelevancia y de culpabilidad, pérdida de concentración y de razonamiento, pensamientos de muerte y tendencias suicidas.

El trastorno de estrés postraumático produce síntomas intrusivos, como pesadillas y otras formas de evocación del trauma, alteraciones de la memoria, incapacidad de recordar acontecimientos importantes o detalles del trauma, esfuerzos para evitar pensamientos, actividades, lugares y personas relacionados con el trauma, disminución del interés, alejamiento de los demás, restricción de los afectos, sentido anticipado del futuro y cambio de personalidad duradero.

En el momento en que se dictó la sentencia del Tribunal Europeo, el terrorismo de todo signo era una amenaza muy presente, compartida por casi todos los Estados miembros del Consejo de Europa; puede por ello colegirse que el Tribunal no fue capaz de sustraerse a los imperativos de la razón de Estado que atenazaban en ese momento a buena parte de los gobiernos europeos.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos tuvo ocasión de rectificar su doctrina sobre la tortura en el caso de Irlanda del Norte cuarenta años más tarde. No la aprovechó.

En 2014, el gobierno de Irlanda le solicitó que reconsiderase su decisión de 1978. Utilizó para ello un procedimiento previsto en el reglamento del tribunal, que no constituye un recurso de apelación ni autoriza a rectificar errores, pero permite excepcionalmente la revisión de las sentencias definitivas. La firmeza formal y material de las sentencias debe ser mantenida por razones obvias de seguridad jurídica, y la doctrina establecida y consolidada del tribunal europeo, que sirve para informar la jurisprudencia de los tribunales de los Estados miembros, solo puede ser modificada por el propio tribunal en otros fallos posteriores, a la luz de nuevos hechos y circunstancias, en casos distintos. Sin embargo, las sentencias firmes pueden ser revisadas excepcionalmente si se produce una circunstancia extraordinaria, cuando se conocen a posteriori «hechos nuevos» sobre el mismo caso que no fueron tomados en cuenta por el tribunal en su momento, y que, por su particular relevancia, podrían haber tenido una «influencia decisiva» en la resolución adoptada.

La nueva solicitud de Irlanda hacía referencia a documentos secretos del gobierno británico de los años setenta, desclasificados entre 2003 y 2008, una vez transcurridos los treinta años previstos en la ley reguladora de los secretos oficiales. Según estos documentos, el gobierno británico tenía a su disposición, al tiempo de la tramitación del caso original, entre 1971 y 1976, informes médicos que ocultó a la Comisión y al Tribunal europeos, y que establecían que las cinco técnicas de interrogatorio especial tenían efectos colaterales menores y a corto plazo, pero podían tener también «efectos graves, sustanciales y de largo plazo» para las personas sometidas a los interrogatorios en profundidad. Los documentos demostraban además —según el gobierno irlandés— que uno de los médicos presentados por el gobierno británico en el caso, «el doctor L.», asesor médico oficial del ejército británico y considerado experto principal de la parte demandada, había mentido al tribunal en su declaración, pues había afirmado que las técnicas de interrogatorio tenían únicamente «efectos leves y a corto plazo» sobre la salud de los interrogados, cuando en los informes que el mismo facultativo había presentado a su propio gobierno señalaba además los «posibles efectos graves a largo plazo», tales como padecimientos psiquiátricos severos, y en algunos casos, parálisis facial, anginas de pecho y cáncer. Otros informes de reconocimientos médicos realizados años después de los interrogatorios describían síntomas psiquiátricos muy graves. Las reclamaciones judiciales de los interrogados ante los tribunales británicos se habían saldado con acuerdos indemnizatorios en cuya virtud el gobierno compensó a los demandantes con cantidades de entre diez mil y veinticinco mil libras esterlinas.

Otros documentos desclasificados mostraban que el gobierno británico había ocultado deliberadamente información relevante a la Comisión y al Tribunal, en particular el hecho de que el uso de las cinco técnicas había sido autorizado «a nivel ministerial», es decir, por al menos dos miembros del gobierno de Londres, el ministro para Irlanda del Norte y el de Defensa.

El Tribunal Europeo rechazó la segunda demanda de la República de Irlanda en una nueva sentencia de 20 de marzo de 2018. Sin reconocer plenamente que el primero de los hechos —los posibles efectos graves y duraderos de la aplicación de las cinco técnicas sobre la salud de los interrogados— fuera en realidad un «hecho nuevo» a efectos de la revisión de la sentencia original, puesto que ese extremo ya había sido discutido ante la Comisión, declaró que sí podía resultar un «hecho relevante». El Tribunal, sin embargo, recordó que en 1978 había definido el umbral de la tortura por la «intensidad y gravedad» del sufrimiento causado, y no por sus «efectos secundarios o de largo plazo» sobre la salud, y por esa razón estimó que los efectos de largo plazo, aunque se aceptasen como hechos nuevos, no podían tener influencia decisiva sobre la sentencia original, que hubiera sido la misma aun de haberse conocido aquellos a su debido tiempo.

En cuanto a la actitud de obstrucción de las investigaciones de la Comisión y del Tribunal por parte del gobierno británico, los jueces no consideraron que se tratase de un «hecho nuevo», puesto que en la sentencia original ya se hacía referencia a la falta de colaboración de las autoridades británicas con la investigación del caso. El Tribunal tampoco consideró novedosa la constatación de que el uso de las cinco técnicas había sido conocido y tolerado por el gobierno británico, puesto que la sentencia de 1978 ya recogía que el ejército británico había recibido de Londres autorización «de alto nivel» en el caso de los «encapuchados».

Ninguno de los «encapuchados», considerado de manera individual, era particularmente importante. Su mayor o menor vinculación con las acciones violentas del IRA nunca quedó demostrada ante un tribunal de justicia. Se trataba de militantes o activistas del movimiento católico norirlandés, y la relevancia de su caso no radica en las conductas que se les imputaban, sino en la aplicación sistemática de la tortura que se les infligió como procedimiento de investigación general y prospectivo, como tratamiento al mismo tiempo preventivo y punitivo de meros sospechosos.

Después de la demanda ante el Tribunal Europeo, se logró determinar que los encapuchados habían sido interrogados en unos barracones del ejército en el aeropuerto de Ballykelly, en el condado de Derry, utilizado durante la Segunda Guerra Mundial y en desuso al tiempo de ser utilizado como centro de tortura.

Uno de los detenidos sometidos a las cinco técnicas de interrogatorio, Seán McKenna, que tenía el cabello castaño oscuro al ser detenido, había encanecido completamente al ser liberado una semana más tarde. Fue internado en un hospital psiquiátrico con síntomas de estrés postraumático, y murió de un infarto algún tiempo después, cuando tenía cuarenta y cinco años.

Algunos de los encapuchados supervivientes han ejercido acciones legales en la última década ante tribunales norirlandeses, aduciendo que fueron sometidos a otros métodos de tortura, además de las cinco técnicas descritas en la demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Según tales testimonios, cuando los detenidos no podían aguantar en la posición contra la pared, eran golpeados. También han denunciado simulacros de ejecuciones al ser arrojados encapuchados y maniatados de helicópteros en vuelo, que en realidad estaban apenas elevados a unos metros del suelo. Igualmente, denunciaron que sus interrogadores se servían de perros que les mordían mientras estaban encapuchados para infundirles terror. Informes de organizaciones no gubernamentales dan cuenta de la utilización posterior por las fuerzas militares británicas de otro método de tortura, el waterboarding, ahogamiento por inmersión en agua.

Todos los estados cometen abusos contra los derechos humanos. Algunos de ellos son más graves o tienen peores consecuencias que la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes. La prohibición de la tortura, sin embargo, es absoluta, y el Derecho internacional no reconoce excepciones a esa prohibición, ni siquiera en circunstancias extraordinarias, porque su interdicción interesa a los pilares básicos que sostienen la estructura legal del Estado de derecho, su esencia más pura. Cada ladrillo es importante, pero algunos pueden ser retirados a veces sin poner en riesgo el edificio en su conjunto. No es el caso cuando enfrentamos la cuestión de la dignidad humana. La responsabilidad por la tortura no termina con aquellos que proponen, justifican, practican, ordenan, autorizan, conocen y no impiden su práctica, o con quienes, por su posición oficial, deberían haberla conocido e impedido. La complicidad moral se extiende de manera inexorable a todas las instituciones oficiales y a la sociedad, a las personas en cuyo beneficio, real o supuesto, se practica. La Convención de la ONU de 1984 que proscribe absolutamente la tortura ha sido ratificada por 156 países. Según Amnistía Internacional, 141 estados la siguen practicando.

La convalidación por el Tribunal Europeo en 1978 de las detenciones y los internamientos extrajudiciales de los sospechosos de terrorismo por tiempo indefinido, la supresión de las garantías del juicio justo en situaciones de emergencia, y la declaración de que los métodos de interrogatorio en profundidad no constituían tortura, tuvo consecuencias. Los gobiernos, las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia de los estados democráticos de Europa, y también de Israel¹³y desde luego los de Estados Unidos, tomaron buena nota.

El 1 de agosto de 2002, Jay Bybee, fiscal general adjunto de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, firmó un memorándum dirigido a Alberto Gonzales, asesor del presidente Georges W. Bush, el vicepresidente Dick Cheney, y el secretario de Defensa Donald Rumsfeld. A tenor de ese informe, redactado por el profesor de la Universidad de California John Yoo, la tortura solo puede ser considerada tal cuando el dolor causado sea «determinante de la muerte, colapso de órganos, daño grave de las funciones corporales o desorden de estrés postraumático».

Según Jay Bybee y John Yoo, las normas federales, y en particular el artículo 2340 de la Ley Federal contra la Tortura, no se aplican a los interrogatorios ordenados por el presidente en el uso de sus poderes de guerra. «Cualquier interpretación que pretenda que las leyes federales que prohíben la tortura podrían restringir los poderes excepcionales del presidente en tiempo de guerra sería anticonstitucional», sostuvieron.

En todo caso —añade el memorándum—, la legítima defensa o el estado de necesidad justifican la utilización de la tortura, y las Convenciones de Ginebra de 1949 no constituyen un obstáculo para torturar a los detenidos sospechosos de terrorismo, puesto que son «combatientes ilegales»¹⁴y no están protegidos por aquellas.

El memorándum establece además que los poderes excepcionales que el Congreso confirió al presidente en la «guerra contra el terror» en su condición de comandante en jefe están por encima de la ley:

El Congreso no puede limitar el poder del comandante supremo... el presidente puede, en circunstancias excepcionales, ordenar un interrogatorio que está en conflicto con una regulación del Congreso... y el Congreso no puede decirle al presidente cómo ejercer su criterio en su condición de comandante supremo.

La interpretación de los poderes excepcionales del presidente en tiempo de guerra propugnada por el memorándum de Bybee no difiere sustancialmente de la que se estableció para declarar la ausencia de límites a la autoridad suprema del Führer durante el Tercer Reich alemán.

Los dictámenes de los departamentos de Justicia y de Defensa de Estados Unidos en virtud de los cuales se autorizó la tortura de los prisioneros recluidos en la base militar estadounidense de Guantánamo durante la llamada «guerra contra el terror» invocaron expresamente como justificación de esa autorización la doctrina establecida en 1978 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Irlanda v. Reino Unido.

Quinta parte

El sueño de Montesquieu

La sinrazón de Estado

La dignidad es un valor universal, igual para todos los seres humanos. Para garantizarla, los revolucionarios democráticos de finales del siglo XVIII tuvieron la osadía de subvertir la ley de la naturaleza que, como sabemos, es la del más fuerte, para reemplazarla por la ley de la humanidad, la del más débil. La tendencia natural del poderoso a abusar de su poder es refrenada desde entonces por la ley, que garantiza la igualdad de derechos para todos. Por esta razón, el Estado democrático necesita descansar sobre dos pilares de importancia equivalente: el sufragio y la legalidad. El primero garantiza que elijamos a nuestros gobernantes, quienes seguidamente nos gobernarán priorizando —se supone— los intereses de las mayorías que los han elegido. Como freno de los posibles abusos de esos gobiernos o de sus mayorías, hemos establecido el principio de legalidad, en cuya virtud aplican los jueces las leyes que garantizan la protección de los derechos de todos, incluidas las minorías. La felicidad general, la ley de las mayorías, conoce límites.

Las revoluciones democráticas que proclamaron la vigencia de la ley del más débil, el principio de igualdad ante la ley, prohibieron definitivamente la tortura por considerarla incompatible con la dignidad de la persona. La mayor parte de los vicios de los procesos sustanciados bajo la autoridad de las monarquías absolutas fueron subsanados en el moderno Estado democrático. La administración de justicia fue encomendada a un poder independiente del Estado, el judicial, límite y contrapeso de los eventuales abusos de los otros dos poderes, ejecutivo y legislativo. La atribución fundamental de la independencia no fue conferida a los jueces como un privilegio personal, sino precisamente para que protegieran los derechos de los justiciables ejerciendo esa función de garantía y control sin que nadie pudiera torcerles la mano. La justicia dejó de ser del rey y pasó a pertenecer a los ciudadanos. Eso se nos dijo. La acusación pública pasó a formularse desde entonces «en el nombre del pueblo».

La sombra del error judicial, sin embargo, planea todavía sobre el proceso penal en el siglo XXI, a pesar de todos los avances legales y jurisprudenciales, de todas las cautelas y garantías del juicio justo y del derecho de defensa, de la ayuda significativa que representa actualmente la prueba científica. Los gobiernos, los grupos de influencia política o mediática y las clases dirigentes, siguen utilizando el proceso penal como instrumento de dominación, del que se sirven cada vez que lo necesitan y se les permite, para perpetuar un determinado statu quo a fin de preservar sus privilegios. La desigualdad presente en la sociedad atraviesa demasiadas veces el umbral de los tribunales, entra en las salas de justicia, y convierte la igualdad ante la ley en una quimera. Esa igualdad, proclamada por la constitución y las leyes de procedimiento, se ve desmentida una y otra vez por la realidad, y la impunidad es el agujero negro de la justicia, por el que muchas veces escapan los poderosos y caen las víctimas desamparadas.

En la Alemania de los años treinta del siglo pasado —por señalar solo el caso más extremo— el Partido Nacionalsocialista, una vez alcanzado el poder por medios pseudodemocráticos, impuso el «derecho penal de autor», que persigue al acusado por lo que es, no por lo que hace. Impuso también la voluntad del Führer como fuente del derecho. El Tercer Reich prescindió del modelo de división de poderes diseñado por Locke y Montesquieu, al tiempo que proclamaba que los actos ordenados por el jefe de Estado, el Führer, eran justizfreie hoheitsakte, actos de autoridad suprema fuera del control de la justicia.

El otro gran totalitarismo del siglo XX, el estalinismo, prescindió igualmente de la independencia del poder judicial como valor fundacional del Estado soviético, y proclamó el derecho supremo del régimen a perseguir a los «enemigos del pueblo».

Ambos regímenes utilizaron a los jueces como instrumentos de propaganda y terror, para imponer sus políticas y eliminar a los adversarios de sus respectivos regímenes. La fórmula más depurada del terror judicial corresponde quizás a Nikolái Krylenko:1«No solo hay que ejecutar culpables: impresiona más la ejecución de inocentes».

Al final de la Segunda Guerra Mundial, los aliados sometieron a juicio a los responsables del Tercer Reich alemán y a los del gobierno japonés. En Núremberg, los jerarcas nazis capturados se sentaron ante un tribunal militar compuesto por jueces de los cuatro estados vencedores de la guerra: Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y la Unión Soviética. Además del juicio principal, se celebraron otros juicios secundarios, en los que se encausó a los responsables de las distintas áreas de gobierno, de la administración y de la economía del régimen nazi; seguidamente, se celebraron juicios en los territorios que Alemania había ocupado durante la guerra. En uno de los procesos secundarios de Núremberg celebrados al amparo de la Ley n.º 10 del Consejo de Control Aliado, conocido como el caso «Altstoetter y otros», se enjuició a los juristas del Tercer Reich: los ministros y secretarios de Estado de justicia, los fiscales generales y fiscales jefes, y varios magistrados de diferentes tribunales, que habían dirigido la represión de los nazis desde el poder judicial alemán entre 1933 y 1945. Los acusados habían sancionado y aplicado las leyes represivas y discriminatorias del régimen contra los judíos, gitanos, discapacitados físicos y mentales, discrepantes y opositores políticos, y habían impuesto incontables condenas de pena de muerte por alta traición.

El caso Altstoetter fue asignado al Tribunal III en 1947. Fueron oídos 138 testigos. La acusación presentó 641 pruebas documentales, y la defensa, 1.452. La sentencia,²dictada el 4 de diciembre de 1947, absolvió a cuatro de los acusados, condenó a otros cuatro de ellos a cadena perpetua, e impuso a los restantes penas de entre cinco y diez años de prisión. En sus páginas puede leerse la pasión de los jueces internacionales al enjuiciar las resoluciones adoptadas por sus colegas alemanes durante el nazismo. «Ustedes utilizaron», rezaba la sentencia, «las formas vacías del proceso penal para destruir el Estado de derecho en Alemania.» Los jueces internacionales concluyeron su sentencia de forma lapidaria: «Bajo las togas de los juristas, se escondía la daga de los asesinos».

La razón de Estado y la utilización torticera de la justicia por los poderosos no ha estado presente solo en los procesos seguidos ante los tribunales de justicia de los Estados totalitarios, y las sentencias injustas no han sido inspiradas únicamente por los gobiernos. Quienes han dispuesto del poder suficiente, han sucumbido antes o después a la tentación de instrumentalizar la justicia para ponerla al servicio de sus intereses y dirigirla contra sus enemigos, sus adversarios, sus competidores. A veces, incluso los mismos jueces han utilizado su autoridad para satisfacer conveniencias distintas y distantes del interés general.

La doncella de Petrella

El Vaticano, 1599

No existen emociones intermedias en un corazón ulcerado por la desesperación suprema.

ALEXANDRE DUMAS, El conde de Montecristo

Los romanos desdeñan la historia, prefieren la leyenda. Cualquiera que visite en Roma el Castel Sant’Angelo, fortaleza militar de los papas que en su origen había sido el mausoleo erigido a orillas del Tíber por el emperador Adriano para ser allí sepultado cual faraón, se enterará enseguida de que Beatrice Cenci —parricida confesa ejecutada por la justicia vaticana en 1599 y, a decir de los romanos, doncella virtuosa que se enfrentó valerosamente a los abusos y la vesania de una nobleza degenerada— se pasea decapitada por el puente que se alza ante el castillo todos los 11 de septiembre, aniversario de su ejecución, llevando su cabeza entre las manos.

La maldición de los Cenci se atribuye a un crimen cometido en el oscuro pasadizo que discurre por debajo del arco que, salvando un estrecho callejón, comunica el Palazzo en el que habitaban, a la entrada del barrio judío, con el Palazetto contiguo. Dos hombres se habían enzarzado en una pelea en ese callejón —algo desgraciadamente muy frecuente en la Roma del siglo XVI, ciudad sin ley— y cuando uno de ellos se disponía a rematar al otro con la cuchillada definitiva, este le imploró por su vida invocando a la Virgen dei Calderari, que lo veía todo desde el pórtico de la iglesia vecina. Sabiéndose observado por la madre de Dios, el agresor se contuvo y perdonó la vida a su rival, ventaja que el pícaro aprovechó para apuñalar a su vez al adversario. Cuenta la leyenda que la Virgen lanzó entonces un grito desgarrador y que sus ojos de piedra derramaron abundantes lágrimas. Conmovidos por el milagro, los romanos le cambiaron el nombre a la imagen, venerándola desde entonces con la advocación de Santa María del Pianto —el llanto—, y maldijeron a perpetuidad a la familia Cenci por haber construido el traicionero pasadizo.

Además de los paseos con la cabeza en la mano por el puente de Sant’Angelo, Beatrice Cenci es recordada por un retrato de la joven, atribuido a Guido Reni, pintado al parecer en la cárcel la víspera de su ejecución, y que se exhibe en Roma como parte de la colección Barberini. El retrato, en el que se observa a una joven tocada con un turbante blanco y vestida con una túnica del mismo color, vuelta de espaldas y mirando ausente por encima del hombro sin llegar a dirigir la vista al espectador, transmite una expresión intensa de inocencia a través de una sonrisa apenas esbozada que ha cautivado a numerosos dramaturgos: Shelley, Artaud, Moravia y hasta Alfred Nobel se han detenido en la contemplación de esa pintura peculiar y han inmortalizado a Beatrice Cenci en sus obras. Dice de ella el escritor James Whittle que tiene

tal mirada de pena salvaje en los ojos, tal dulzura femenina en la boca, y tal expresión de desvalimiento y desesperación, que la mirada del espectador se queda clavada, y el recuerdo de ese bello rostro permanece en la mente, despertando una poderosa y desgarradora emoción.

No han faltado historiadores del arte que han impugnado la autoría de Guido Reni señalando que la pintura es en realidad obra de su discípula Elisabetta Sirani, y han sostenido, además, que el retrato no corresponde a Beatrice Cenci, sino a una sibila, profetisa de la mitología griega. Otros defienden que fue Caravaggio quien reflejó el destino trágico de Beatrice Cenci, retratándola con crudeza como la joven Judith mientras degüella con determinación y cólera contenida al general Holofernes, que había puesto sitio a su ciudad natal de Betulia.

Ajenos a tales disquisiciones, los romanos han preferido recordar a Beatrice Cenci como la doncella legendaria que se vengó en nombre de todos ellos de la casta privilegiada que tantos agravios les había hecho padecer impunemente.

Roma, capital del Imperio romano, del orbe conocido y de la civilización heredada de Atenas, atravesó un largo y oscuro periodo de inestabilidad y violencia después de la invasión de los bárbaros. Asediada durante siglos por francos y lombardos, sobrevivió a duras penas como ducado bajo la protección del Imperio bizantino asentado en Constantinopla. Protegida después por el emperador Carlomagno, y más tarde por los reyes normandos y aragoneses, Roma reconoció la autoridad temporal de aquellos emperadores y reyes cristianos, y estos aceptaron a su vez la dirección espiritual de los papas sobre la cristiandad —el Sacro Imperio Romano Germánico— al tiempo que les protegían de las invasiones sarracenas y les permitían retener el «Patrimonio de San Pedro», un vasto territorio en el centro de la península italiana, que constituyó los Estados pontificios y perduró varios siglos con extensión y poder cambiantes, en equilibrio inestable con las demás monarquías y señoríos.

A la sombra de los papas, diversas familias nobles italianas, así como otras foráneas, principalmente de procedencia española y francesa, florecieron durante aquellos siglos. Los Farnese, Aldobrandini, Piccolomini, Della Rovere, Orsini, Savelli, Colonna, Borghese, Barberini, Cibo y Borgia, entre otros, se fueron sucediendo en el gobierno de la Iglesia y de los Estados pontificios. Eran años de prosperidad y florecimiento, pero también de desorden. El Renacimiento había convertido Roma en la ciudad más bella del mundo bajo el mecenazgo de los papas; Miguel Ángel, Leonardo, Rafael, Tiziano y tantos otros pintores, escultores y arquitectos encontraron allí el sustento y la libertad para ejecutar sus obras maestras. El papado y el gobierno de la ciudad se veían reiteradamente sacudidos, sin embargo, por las continuas luchas de poder de las familias romanas y la influencia en los cónclaves de las monarquías católicas. Las contiendas por la silla de san Pedro y los cargos eclesiásticos más elevados, que encontró su punto culminante bajo el pontificado de Alejandro VI, patriarca de la familia valenciana de los Borja o Borgia, se saldaron con no pocos asesinatos, la relajación de las costumbres y una corrupción galopante. Los eclesiásticos respetaban solo formalmente el celibato consagrado en el Concilio de Letrán cuatro siglos antes, y el voto de castidad de los prelados era en general ignorado. Los adulterios e incestos, las malversaciones, los envenenamientos y las ejecuciones por encargo a espada o cuchillo eran moneda corriente. Solo los pobres acababan en manos de la justicia.

Cuando el cardenal florentino Ippolito Aldobrandini fue elegido papa en 1592 con el título de Clemente VIII, se propuso, en primer lugar, sobrevivir. Le habían precedido tres papas —Urbano VII, Gregorio XIV e Inocencio IX— en apenas dos años. Lo consiguió, y se mantuvo al frente de la Iglesia hasta 1605. Redujo el poder y los excesos de las familias romanas y la influencia de las monarquías europeas, sometió a su autoridad a la jerarquía eclesiástica y las órdenes religiosas, pacificó los Estados pontificios erradicando el bandolerismo, y racionalizó las finanzas y la administración de los territorios pontificios. Hubo de sortear numerosos conflictos: la controversia con el rey francés Enrique IV, con el que había roto relaciones después de que se hubiera declarado protestante, y con el que se reconcilió cuando volvió al redil católico; y con Felipe II de España, que se oponía a la anexión por el Papa del Ducado de Ferrara, saliéndose finalmente el pontífice con la suya en 1598. Le tocó terciar en la confrontación entre los dominicos y los jesuitas, y la solventó imponiendo la censura eclesiástica de los libros reclamada por los primeros —en adelante, todas las publicaciones requerirían el consentimiento previo del Santo Oficio— y condenando a morir en la hoguera al dominico Giordano Bruno por herejía. No había sitio para los heterodoxos. A fin de hacer frente a todos esos desafíos, Aldobrandini necesitaba mucho dinero. Ese era su talón de Aquiles: las finanzas vaticanas estaban siempre exhaustas, y el Papa se mostraba ávido de recaudar fondos con cualquier pretexto.

En esa Roma convulsa vivía la familia Cenci, patricios cuya nobleza se remontaba al Imperio romano, y eran descendientes directos del papa Juan X, quien fuera amante de la emperatriz Teodora en la corte de Rávena y fue promovido por ella al obispado y luego al pontificado. El patriarca de la familia, el conde Francesco Cenci, era rico, poderoso y depravado en extremo. Había heredado una gran fortuna de su padre, monseñor Nicolás Cenci, tesorero apostólico y administrador nada escrupuloso de las finanzas vaticanas durante el pontificado de Pío V. Se había casado con Ersilia Santacroce, heredera de otra familia romana ilustre, que le había dado siete hijos: Olimpia,¹Giacomo, Beatrice, Cristóforo, Rocco, Bernardo y Virgilio. Ersilia Santacroce murió después de dar a luz a Virgilio, y el niño, huérfano de madre, falleció a temprana edad, habiendo sido siempre despreciado y maltratado por su padre.

La familia habitaba en el Palazzo Cenci, una mansión ubicada a la entrada del barrio judío de Roma, junto a la iglesia de Santa Maria dei Calderari, en la margen izquierda del Tíber, muy cerca de la isla Tiberina. Al lado del caserón principal, Francesco Cenci había hecho construir el Palazzetto Cenci, que se comunicaba con el edificio principal por un arco construido sobre la calle.

Francesco Cenci tenía negocios poco transparentes, iba siempre armado, y había protagonizado innumerables incidentes violentos en los que se había cobrado varias vidas. Había sido denunciado tres veces ante la curia romana, dos por violación y asesinato, y la tercera por sodomía. Ejercía su particular derecho de pernada y mantenía con sus sirvientes, tanto masculinos como femeninos, mayores o menores de edad, de grado o por la fuerza, relaciones sexuales según sus apetencias siempre apremiantes. La sodomía era considerada el «pecado nefando» y estaba castigada con la pena de muerte en la hoguera, pero Cenci se salvó esa vez, como las anteriores, comprando su impunidad ex capiti inocentiae, abonando grandes cantidades a una administración de justicia ayuna de recursos y dispuesta siempre a procurar sus favores a quienes pudieran pagarlos.

La familia Cenci pasaba largas temporadas en el vetusto castillo familiar de la Rocca di Petrella, en Petrella Salto, provincia de Rieti, que en esa época pertenecía al reino de Nápoles, dominio de la Corona española. En aquel lugar había ofrecido Cenci relaciones a una joven campesina, Annetta Riparella, que lo rechazó. El conde la secuestró, y como la muchacha, aún privada de libertad, siguiera oponiéndose a su designio sin atender a sus requerimientos y amenazas, la hizo asesinar.

Francesco Cenci aborrecía a sus hijos: envió a Giacomo, Cristóforo y Rocco a estudiar a la Universidad de Salamanca, y una vez allí, les retiró sus asignaciones. Los hijos regresaron a Roma ejerciendo la mendicidad, pidieron la intercesión del Papa, y Clemente VIII obligó a Francesco Cenci a reconocerles una pensión. Cristóforo y Rocco fueron asesinados a cuchilladas poco después. Giacomo se casó y abandonó la casa paterna. El conde Cenci había rehusado igualmente ofrecer una dote para casar a su hija mayor, Olimpia, y la mantenía encerrada y sujeta a estrecha vigilancia. La joven se las arregló para dirigir un memorial al Papa protestando por su reclusión y solicitando su intermediación para ingresar en un convento. El Papa obligó al conde Cenci a dotar a su hija y casarla con el joven Carlo Gabrielli, que la pretendía.

Liberado de sus ataduras familiares, el conde se dedicó a cortejar a las doncellas romanas de buena familia de las que se encaprichaba. Hizo proposiciones a una joven casadera, Lucrezia Petroni, y aunque esta rechazó de entrada sus insinuaciones, terminó por aceptar, y Francesco pudo volver a casarse. Cuando perdió su lozanía y Francesco Cenci se cansó de ella, la recluyó en la casa familiar. El conde tenía una gran fortaleza física, y cuando Lucrezia protestaba, la golpeaba sin piedad. La mujer le tenía terror.

Cuando su hija Beatrice alcanzó la pubertad, se despertó en Francesco Cenci un deseo incestuoso por su hija que pronto se convirtió en obsesión. Nacida el 6 de febrero de 1577, Beatrice se había convertido en una joven de singular belleza. De mediana estatura y cuerpo bien proporcionado, ojos claros y cabello castaño, tenía en el rostro una expresión de serenidad, inocencia, alegría y dulzura excepcionales. El conde carecía de frenos morales y procuró seducir a su hija por todos los medios. La agasajó con regalos, le concedió hasta el menor de los caprichos. Lucrezia Petroni la protegió como pudo, y Beatrice, que tenía profundas convicciones religiosas, resistió con firmeza las proposiciones libidinosas de su padre, pero Francesco Cenci, que no conocía la paciencia, se cansó pronto de tantas lisonjas. Su obcecación y su temperamento naturalmente violento acabaron por imponerse: amenazó a su hija, la encerró, la mantuvo a pan y agua, y terminó por someterla con violencia a sus deseos lascivos. Dormía con frecuencia con ambas mujeres, mantenía relaciones sexuales a su antojo con una u otra, o con las dos al tiempo, amén de las que mantenía con los criados y las que cultivaba fuera de la casa. En esa situación se mantuvieron durante tres años. Lucrezia y Beatrice se procuraron entonces el mismo remedio que había servido a Olimpia, y escribieron un memorial al papa Clemente VIII impetrando su protección y rogando que las pusiera a salvo de las iniquidades de su esposo y padre ingresándolas en un convento. El documento, al parecer, llegó al Vaticano, pero no al Papa, porque Francesco Cenci lo interceptó a tiempo sirviéndose de sus contactos en la curia. Por último, como la situación de las dos mujeres empezaba a ser notoria, y el conde Cenci no podía tenerlas a resguardo de las habladurías y de forma permanente custodiadas en Roma, las envió al castillo de Petrella.

Francesco Cenci fue asesinado mientras dormía en su castillo de Petrella el 9 de septiembre de 1598. Al parecer, Beatrice Cenci y Lucrezia Petroni, desesperadas por la falta de respuesta del Papa y la situación de depravación, sevicias, y agresiones físicas y sexuales constantes a que su padre y esposo las tenía sometidas, habían decidido terminar con él. Pidieron la conformidad de Giacomo Cenci, que prestó su consentimiento, y con ayuda de un joven prelado, monseñor Guido Guerra, que se había enamorado de Beatrice, contrataron a dos sicarios, Olimpio Calvetti y Marzio Catalano,²quienes, después de que las mujeres lo hubieran dormido echándole opio en la bebida, mataron al conde en su cama introduciéndole dos clavos largos, uno en el ojo y otro en el cuello. Ayudadas por los dos sicarios, las mujeres recogieron el cuerpo, le extrajeron los clavos y lo arrojaron al vacío desde las almenas del castillo. La somera investigación de las autoridades napolitanas no obtuvo conclusiones incriminatorias y la muerte se consideró accidental.

No obstante, buscando no dejar cabos sueltos, Giacomo Cenci y Guido Guerra hicieron matar seguidamente a Olimpio Calvetti. No lograron encontrar a tiempo a Marzio Catalano, que fue detenido poco después en Nápoles por un crimen distinto. Marzio fue torturado y confesó el asesinato del conde Cenci, dando todos los detalles, e involucrando a Beatrice, Lucrezia y Giacomo Cenci, y a Guido Guerra. Los jueces de Nápoles enviaron el expediente y el preso a la curia romana.

Los magistrados de la Rota criminal, el tribunal penal de Roma, sometido a la autoridad papal, ordenaron la detención de toda la familia, incluyendo al niño Bernardo Cenci, que no tenía nada que ver con el crimen, y acordaron el ingreso de este y de Giacomo Cenci en la cárcel de Corte Savella, así como la reclusión domiciliaria de las dos mujeres en el Palazzo Cenci. El cardenal Maffeo envió entonces de urgencia unas espuelas de plata a monseñor Guerra, como sutil aviso de la orden de detención que se había emitido en su contra. El joven prelado entendió el mensaje y logró ponerse a salvo escapando a toda prisa al exilio. Tras la fuga de Guerra, y temiendo nuevas intentonas, los jueces dispusieron que las dos mujeres ingresaran en la prisión de Corte Savella y que los varones fueran trasladados a la cárcel de Tordinona. Clemente VIII encargó la investigación al juez Ulisse Moscatti, uno de los más reconocidos de Roma.

El juez Moscatti ordenó enseguida el careo de Marzio Catalano con los Cenci. Para sorpresa de todos, al encontrarse en presencia de Beatrice, el sicario se retractó de su confesión y negó todos los hechos. Fue torturado nuevamente, pero nada pudo añadir para esclarecer el crimen porque le sobrevino la muerte. Se dispuso entonces que los detenidos fueran también torturados. Bernardo no tenía nada que confesar, pues no había tenido participación alguna, pero Giacomo Cenci y Lucrezia Petroni, sometidos a los apremios físicos, no tardaron en reconocer la verdad. No así Beatrice Cenci, que fue sometida a la tortura ordinaria de la cuerda, teniéndola suspendida muchas horas, atada por las muñecas con una cuerda enjabonada que, pasando por una garrucha situada en el techo, terminaba en un torno que permitía levantarla y bajarla a voluntad. Las muñecas se le desollaron por la presión y la fricción constante de la cuerda, y sangraba abundantemente, pero persistió en negar su participación. Daba respuestas serenas y coherentes al interrogatorio del magistrado, y rezaba.

¿Por qué debería yo —repreguntaba la procesada— haber deseado la muerte de mi padre? Los padres son los representantes de Dios en la tierra; sean buenos o malos, se les debe obediencia y respeto. ¿Para qué necesitaría yo contratar sicarios? ¿No dice su señoría que le eché opio en el vino? Hubiera bastado con echarle una dosis mayor para que muriera durante el sueño.

El juez Ulisse Moscatti quedó impresionado por la tranquilidad y devoción cristiana demostradas por Beatrice Cenci, sus respuestas categóricas y la coherencia de sus aseveraciones. Hombre muy religioso, Moscatti quiso ver una señal de la revelación divina en las reiteradas negativas de la joven a pesar del manifiesto sufrimiento físico que le era infligido, y así presentó la situación al pontífice. Adujo que no había pruebas del asesinato. Bastaba para condenar a Beatrice Cenci la confesión de su hermano y su madrastra, amén de la inicial del sicario, todas ellas obtenidas mediante la tortura; pero sin su propia confesión, no podía imponérsele la pena de muerte.

Donde el magistrado había visto la intercesión milagrosa del Altísimo para acreditar la inocencia de la acusada, Clemente VIII no sintió que hubiera más que el empecinamiento y orgullo de una culpable, y la contumacia para salvar la propia vida. «Moscatti ha sucumbido a los encantos y la persuasión de la acusada», se dijo el santo padre. «Hace falta mano dura.» Apartó del caso a Ulisse Moscatti, ordenó que la investigación fuera asumida por el juez Cesare Luciani, y dispuso que la detenida fuese sometida a la cuestión extraordinaria.

Luciani se puso manos a la obra y dirigió personalmente el interrogatorio siguiente, que se prolongó durante cuarenta horas. Beatrice fue rapada, desnudada y colgada nuevamente de la cuerda, si bien esta vez con las manos atadas por detrás de la espalda, no sin antes ser examinada por tres mujeres que en vano buscaron manchas en su cuerpo, signos aparentes de posesión demoniaca. Tan pronto fue suspendida, la joven, que ya había perdido mucha sangre en la primera sesión del tormento, se desmayó. La despertaron con un balde de agua y la volvieron a levantar. El cuerpo le colgaba con los brazos por detrás, en una posición dolorosísima, y en esa postura, Luciani le mostró y leyó las confesiones de Giacomo Cenci y Lucrezia Petroni. Beatrice Cenci persistió en su silencio. La mantuvieron así, suspendida de la cuerda, durante muchas horas. Cuando la bajaban, la sentaban sobre la «vigilia», un escabel puntiagudo que se le clavaba en el perineo causándole un dolor indecible.

El magistrado le preguntaba, obtenía una negativa, rezaba una oración y volvía a preguntarle, obteniendo solo el silencio de Beatrice, que también rezaba. Ordenó por último al verdugo que le hiciera a Beatrice una estrapada, esto es, que la levantara hasta la altura de diez pies y la dejara caer de repente hasta alcanzar casi el suelo. Así se hizo, y los brazos de Beatrice se rompieron. Las articulaciones se dislocaron por los hombros con un estrépito siniestro y el grito estremecido de la desdichada. Volvió a desmayarse. La despertaron de nuevo. El juez dispuso que le aplicasen los taxilli, cuñas de madera impregnadas de trementina y pez que se introducían en los dedos pulgares de manos y pies por debajo de las uñas, y a los que a continuación se prendía fuego; y también la veglia, torniquete de cuerda aplicado en brazos y piernas, que al comprimirse por la torsión hace que los finos cordones penetren bajo la piel causando el desgarramiento de los tejidos. La colgaron de nuevo, esta vez con una pesa de veinte libras atada a los pies, pero Beatrice se mantuvo inflexible a pesar del dolor.

Entonces, el juez hizo traer a los hermanos y la madrastra de Beatrice Cenci. Estos le suplicaron entre lágrimas que, puesto que de todas formas estaban perdidos, pusiera fin a su martirio inútil reconociendo su participación en los hechos. Conmovida al verlos tan maltratados, Beatrice Cenci consintió finalmente en confesar.

Clemente VIII había seguido los estudios de Derecho antes de hacerse prelado, y era un fino jurista. Condenó sin contemplaciones a los cuatro acusados a la pena de muerte, y dispuso que fueran arrastrados desnudos hasta morir, atados a la cola de caballos a la carrera por las calles de Roma, debiendo ser arrojados después los despojos al río Tíber. Dispuso también la confiscación de todos los bienes de la familia Cenci.

Varios dignatarios de la curia y nobles romanos, encabezados por los cardenales Sforza y Barberini, intercedieron entonces por los desventurados, solicitaron la clemencia del Papa, y le pidieron que escuchase al menos la defensa de sus abogados. Cuando los acusados habían confesado, no era preceptivo que fueran defendidos por letrados ante el tribunal, pero en atención a los dignatarios solicitantes y al rango aristocrático de los supliciados, el Papa les concedió tres días para que presentaran sus alegatos de defensa.

La historia de la familia Cenci, por otra parte, era ya del dominio público. En las calles, en los mercados, a la entrada o la salida de las iglesias, no se hablaba de otra cosa, y los romanos se preguntaban, no sin escándalo, por qué la curia se ensañaba con tanto rigor con los familiares del depravado conde Cenci, cuando durante tantos años habían prodigado una indulgencia injustificada a los numerosos excesos del aristócrata, de todos conocidos. La opinión pública simpatizaba especialmente con Beatrice Cenci, a quien consideraban la verdadera víctima de esta historia. A su entender, la joven, abandonada por todos, se había limitado a tomarse la justicia por su mano. Ajusticiar al degenerado padre había sido su último recurso, y la gente celebraba su coraje.

Reuniose el tribunal. El santo padre presidía la sesión, sentado sobre un trono, bajo un dosel de terciopelo carmesí adornado de franjas de oro, revestido con una capa de terciopelo rojo orlada de armiño, y adornado con una gran cruz y un collar de oro sobre el pecho. En un nivel inferior de los estrados se sentaban cuatro cardenales. Enfrente, los auditores de la Sacra Rota de lo Criminal, el tribunal que debía pronunciar la sentencia. A la derecha, el fiscal y los notarios. A la izquierda, los letrados de la defensa, De Angelis, Altieri y Farinaccio. Habló primero el fiscal, que sostuvo la acusación argumentando que las confesiones obtenidas mediante la tortura de los acusados constituían prueba plena de su culpabilidad, no considerando necesaria ninguna otra evidencia. Habló seguidamente el abogado Altieri en defensa de Lucrezia Petroni. Sostuvo que su defendida no tenía motivos para asesinar a Francesco Cenci, puesto que ninguna ventaja obtenía con su muerte. Le siguió el abogado De Angelis, que intervino en defensa de Giacomo Cenci. Argumentó que su defendido carecía de interés en la muerte de su padre, ya que era notorio que el conde lo había desheredado. Señaló además que mal podría Giacomo haber participado en el crimen de Petrella, puesto que se encontraba en Roma cuando ocurrieron los hechos.

Próspero Farinaccio, el mejor jurisconsulto del foro romano, asumió la defensa de Beatrice y Bernardo Cenci, invocando en el caso de este último su minoría de edad.

Empezó el letrado por desmentir las virtudes de Francesco Cenci, ensalzadas por el fiscal. Negó que fuera un hombre piadoso, pues si bien había restaurado varias iglesias, jamás había sido visto orando en ellas. Señaló que Cenci había blasfemado y renegado de la fe cristiana y de sus hijos, en público y en diversas ocasiones. Recordó las ingentes cantidades que el conde Cenci había entregado a la Cámara Apostólica para eludir la persecución penal por sus numerosos crímenes, cuyos importes tenía el conde cuidadosamente anotados en un libro. Señaló que, además de asesino, era conocido como violador, adúltero e incestuoso. Lo comparó con Calígula, Nerón, Domiciano y Caracalla, y aseguró que su infamia superaba la de aquellos sanguinarios emperadores. Beatrice —prosiguió Farinaccio— carecía de un móvil económico para matar a su padre, pues ya era rica por herencia de su madre. Tampoco pudo obrar inspirada por el diablo, pues su devoción religiosa era conocida de todos.

Entró entonces el letrado en los puntos nucleares de su defensa. Invocó las disposiciones del Divus Adrianus y diversos precedentes históricos en los que conocidos parricidas habían sido absueltos. Según Farinaccio, el emperador Adriano había proclamado que matar al pariente próximo que estaba incurso en algunas de las catorce causas de desheredación reconocidas en el Digesto, como era notoriamente el caso del conde Cenci, no era punible.

El crimen —aseguró Farinaccio— no puede en tal caso ser considerado un parricidio, puesto que el padre que ofende en demasía a sus hijos abjura de su condición de progenitor. Beatrice no podría haber violado ninguna obligación derivada de una relación paternofilial previamente destruida por el propio Francesco Cenci.

Farinaccio refutó el argumento del fiscal, que había afirmado que Beatrice podría haber denunciado a su padre en vez de matarlo, y sostuvo que la joven lo había intentado por todos los medios a su alcance, pidiendo ayuda infructuosamente a sus familiares, enviando incluso un memorial al Papa implorando su protección, memorial que desapareció y nunca fue respondido, aunque constaba el registro de su entrada en la cancillería. La falta de denuncia de las sevicias del padre ameritaría como máximo, según el letrado, una pena de destierro, nunca de muerte.

Describió entonces el acoso incestuoso y las agresiones sexuales reiteradas de Francesco Cenci a su hija Beatrice, y aseguró que la joven no había tenido otra opción para poner fin a la infamia causada por su padre que cobrarse la vida del depravado. Citó referencias de la jurisprudencia en justificación de la conducta de su defendida, aceptando incluso que hubiera podido obrar en vindicación de la ofensa recibida:

—Es pacíficamente reconocido por la doctrina que el justo dolor por la injuria, el haber obrado propter justus dolorem, disminuye la pena —aseguró el letrado— aun cuando la muerte causada no siga inmediatamente a la injuria recibida. Beatrice actuó en legítima defensa —proclamó Farinaccio— y no en venganza: se defendió legítimamente, cuando y como pudo, de las agresiones continuadas de su padre. Y en todo caso, obró impulsada por un miedo insuperable, puesto que no podía ni tenía que soportar que las sevicias continuasen ad infinitum.

Para desgracia de los acusados, el día mismo en que debía tener lugar la deliberación del tribunal, se conoció que otro aristócrata, Paolo de Santa Croce, había matado a puñaladas a su madre, la marquesa Constanza de Santa Croce, por negarse a adelantarle dinero a cuenta de su herencia. El agresor había huido seguidamente de Roma. No parecía el momento más oportuno para conmutar la pena de los parricidas. La sentencia definitiva confirmó la decisión ya conocida con ligeras modificaciones. Giacomo debía ser pellizcado en el pecho con tenazas al rojo vivo, después ejecutado de un mazazo y, a continuación, descuartizado. Para «inspirar saludable terror, siguiendo la enseñanza del Evangelio», las dos mujeres tenían que ser decapitadas, y también Bernardo. El fallo, firmado por los cuatro cardenales, disponía luego, de conformidad con el Estatuto de Spoletto, que «siendo el hijo parricida indigno de suceder a su padre, la herencia debe pasar al fisco».

El Papa era el único autorizado para ejercer el derecho de gracia, y decidió conmutar la pena de muerte de Bernardo Cenci. El niño salvó la vida, pero era condenado a galeras a perpetuidad, a la confiscación de sus bienes y a presenciar el suplicio de los otros tres condenados.

No obstante la pena de confiscación de sus bienes, Beatrice Cenci hizo testamento, con la esperanza de que fueran al menos respetados los bienes que había heredado de su madre. Nombró herederas universales de su fortuna a las Hermanas Seráficas de los Estigmas de San Francisco, estableció legados para diversas instituciones benéficas, dotó con quince mil escudos a cincuenta doncellas pobres, y encargó doscientas misas para la salvación de su alma. Pidió ser enterrada en la iglesia de San Pietro in Montorio, erigida en la colina donde fue crucificado san Pedro. Adjunto al testamento, Beatrice Cenci firmó dos días antes de su muerte un codicilo secreto, que no debía ser revelado ni siquiera después de su muerte. En él disponía un fideicomiso de mil escudos en favor de Caterina de Santis y de Margherita Sarocchi, con el encargo de que las dos mujeres lo administrasen «para ofrecer apoyo a cierto niño pobre», a quien debían entregárselo íntegramente «una vez que cumpla los veinte años».

El 11 de septiembre de 1599, el patíbulo estaba dispuesto desde primera hora en la Piazza del Ponte Sant’Angelo, frente al Castel Sant’Angelo. La plaza estaba abarrotada de público que no quería perderse el espectáculo. Los condenados fueron conducidos en una carreta fuertemente custodiada desde Tordinona y Corte Savella. Por el camino, Giacomo fue atenazado en el pecho, como disponía la sentencia, con grandes pinzas ardientes que el verdugo iba calentando en un brasero adosado a la misma carroza. Llegados a la plaza, los condenados fueron encerrados en la capilla de San Celso para ser sacados y ejecutados uno por uno. Bernardo fue conducido al cadalso por los cofrades de la Misericordia, para que presenciara la muerte de sus hermanos y madrastra. Dos grupos armados distintos, a instancias uno de ellos de Guido Guerra y el otro del cardenal Barberini, se enfrentaron a la escolta papal para liberar a los prisioneros, sin conseguirlo. Una de las gradas improvisadas colapsó, sobrecargada de peso como estaba, y muchos asistentes resultaron heridos. La guardia suiza se impuso finalmente, y la ejecución se llevó a cabo según lo previsto. La primera en morir fue Lucrezia Petroni. Los guardias la condujeron al patíbulo acompañada por los cofrades, que rezaban por su alma; le retiraron el velo que la cubría, le abrieron la camisa, y la acostaron boca abajo sobre la tabla dispuesta al efecto en el cadalso. El verdugo la decapitó de un solo golpe con la espada; después levantó la cabeza y la exhibió ante la multitud. Bernardo se desmayó. Trajeron entonces a Beatrice Cenci, que se negó a ser maniatada, caminó entre los guardias hasta el patíbulo con gran serenidad, y no consintió que el verdugo la tocara. Se descubrió, se abrió la camisa para que no estorbase a la espada, y se tendió sobre la tabla extendiendo los brazos, adoptando la posición de la cruz. Todos los presentes aguardaron entonces varios minutos hasta que se escuchó un cañonazo desde el castillo, señal de que el Papa había concedido a la condenada la absolución in extremis por sus pecados. Tras escucharse la salva, el verdugo le cortó la cabeza de un solo golpe y la exhibió a los asistentes. Conducido Giacomo Cenci al cadalso, proclamó a voces la inocencia de su hermano Bernardo Cenci y le pidió perdón. El niño volvió a desmayarse. El matarife sujetó los pies del supliciado a una argolla del tablado, le vendó los ojos y le descargó un golpe tan fuerte con la maza sobre la sien izquierda que el desdichado cayó fulminado y murió instantáneamente. El verdugo le extrajo entonces las entrañas y lo descuartizó con un hacha. Los tres cuerpos permanecieron expuestos frente a la estatua de san Pablo, a la entrada del puente de Sant’Angelo, hasta la caída de la tarde.

Beatrice Cenci fue enterrada al pie del altar de San Pietro in Montorio, según sus deseos. En la lápida se inscribió una sola palabra: Orate, rezad. Su cabeza quedó expuesta en una urna en la misma iglesia. En 1789, la tumba fue profanada por los soldados de Bonaparte que habían invadido Italia. Las crónicas señalan que el soldado francés Jean Macusse, que sacó la cabeza de Beatrice Cenci de la urna y estuvo jugando con ella burlándose de la difunta, fue tomado prisionero en la siguiente campaña de Napoleón en África, condenado a muerte y decapitado. Su cabeza, como la de Beatrice que él había profanado, quedó expuesta en una urna y pasó a integrar la colección de trofeos del sultán.

El 14 de septiembre de 1599, tres días después de las ejecuciones, la Compañía de San Marcelo, que tenía el privilegio de liberar un preso por la festividad de la Santa Croce, obtuvo la libertad de Bernardo Cenci al precio de veinticinco mil escudos.

La Cámara Apostólica se incautó y tomó posesión de todos los bienes confiscados a la familia Cenci y los vendió poco después al sobrino del Papa, Ascanio Aldobrandini,³a un precio vil muy por debajo del de mercado. El escándalo fue tan grande que al año siguiente el Papa tuvo que transigir y devolver a los hijos de Giacomo Cenci los bienes confiscados a la familia sujetos a fideicomiso. Un año más tarde, los Aldobrandini tuvieron que devolver también los bienes libres y todos los inmuebles de los Cenci, salvo el inmenso feudo de Casale de Torre Nova, que retuvieron. Varios siglos más tarde, los descendientes de los Cenci, los Aldobrandini y los Borghese seguían litigando por la herencia del conde Cenci ante los tribunales romanos.

Muchos escritores —Charles Dickens, Alexandre Dumas, Stendhal, Herman Melville o Nathaniel Hawthorne— han reflejado en sus novelas la leyenda de Beatrice Cenci. Otros, por el contrario, han desmentido que la joven fuera víctima del incesto de su padre. Stefan Zweig, por ejemplo, señala que el conde Cenci era sin duda un malvado, encarcelado varias veces por asesinato y violación, acusado de sodomía, impune siempre gracias a los sobornos que prodigaba a la curia, «un anciano bajo, vulgar, cínico, codicioso y brutal, araña del placer, que comete todas las infamias imaginables, que esclaviza a sus hijos y les escamotea su herencia», equiparable en todo al padre de los hermanos Karamázov inmortalizado en la ficción por Dostoievski. Pero Beatrice Cenci no fue para Zweig una virgen violada por su padre. En su interpretación de la historia, el conde pereció víctima de su propia avaricia. «Cuando el inhumano llega a saber que Beatrice se ha dirigido al Papa pidiendo su liberación, cae sobre ella con un látigo y la derriba en un lago de sangre. Impide su casamiento para no darle la dote.» La de los Cenci es para Zweig una historia del Renacimiento, «brutal y sangriento, sin escrúpulos y cruel, lucha primitiva de naturalezas desencadenadas». Beatrice, aristócrata orgullosa y sin escrúpulos —según el escritor austriaco—, «sin temor de Dios ni de las leyes», decide fríamente, viéndose encerrada y desheredada, asesinar a su progenitor para recuperar su libertad y fortuna. Careciendo de la fuerza física necesaria para cometer el crimen ella misma, incluso con la ayuda de su madrastra, busca —nos cuenta Zweig— la complicidad del mayordomo del castillo de Petrella, Olimpio Calvetti, al que no vacila en seducir a pesar de estar casado y ser de una clase social inferior, para que lo ejecute en su lugar. Cometido el parricidio, la Beatrice de Zweig desdeña el peligro de las habladurías y las investigaciones de las autoridades con la misma arrogancia de su padre, que siempre se las había ingeniado para eludir el castigo por sus muchos crímenes; y con la misma prepotencia y despreocupación que aquel, ordena asesinar a Calvetti, cuyo cadáver es abandonado en la calle cuando este se atreve a presentarse en Roma.

Para Stefan Zweig, la prueba de que Beatrice Cenci era una dama orgullosa y sin miramientos, digna del Renacimiento y comparable a Lucrezia Borgia, y no una joven inocente y virtuosa cuya desgracia fue precipitada por la lascivia incestuosa de su padre según resultaba del sumario, se encuentra en el codicilo secreto por el que la condenada instituía un legado en favor de su hijo secreto. Zweig identifica al niño como el fruto de los amoríos ilícitos de Beatrice Cenci con Olimpio Calvetti. No puede negarse tal posibilidad, pero es altamente inverosímil: si la joven hubiera tenido un hijo con algún amante, el mayordomo Olimpio Calvetti o más probablemente monseñor Guido Guerra, Francesco Cenci no hubiera permitido a su hija llevar adelante su embarazo. La hubiera hecho abortar y castigado con la muerte, o al menos, con la del amante que había manchado el honor de la familia. Por el contrario, resulta mucho más plausible la hipótesis de que cuando Beatrice quedó embarazada, el conde la recluyó en el castillo de Petrella y consintió que su hija llevase a término el embarazo y alumbrase secretamente al vástago porque el niño era hijo y al mismo tiempo nieto del propio Francesco Cenci.

El lunático

Gran Bretaña, 1760

«¿Es verdad que te has vuelto loco, Ferdinand?», me preguntó. «¡Sí!», confesé. «Entonces, ¿te van a curar aquí?» «No se puede curar el miedo, Lola.»

LOUIS-FERDINAND CÉLINE, Viaje al fin de la noche

La vida de Sir Lawrence Shirley, cuarto Earl —conde— Ferrers, estuvo desde su juventud marcada por la controversia. Nacido en 1720, formaba parte de una de las familias más acaudaladas de Inglaterra, los Shirley, cuyas raíces nobiliarias se remontaban a la dinastía de los Plantagenet de Aquitania, la flor y nata de la aristocracia británica. Lord Ferrers era descendiente directo de Robert Devereaux, el segundo conde de Essex, quien a pesar de haber sido el amante y favorito de la reina Isabel I, terminaría por rebelarse contra ella en 1601. La sublevación no tuvo el apoyo esperado por Essex, que resultó condenado a muerte por traición y fue decapitado en la Torre de Londres. Ese precedente familiar influyó en cierta medida en el trágico destino de Sir Lawrence Shirley, que no perdía oportunidad de mostrar su gran admiración por el malogrado Devereaux.

La familia Shirley no contaba solo con ilustres ancestros; también tenía antecedentes de enfermedad mental. El inmediato predecesor de Sir Lawrence, el tercer conde Ferrers, tío carnal del que heredó el título, había muerto en 1745 en pleno estado de locura. Otra tía suya, Lady Barbara Shirley, había sido igualmente diagnosticada como «lunática», el término con el que se definía en aquella época la enajenación mental. El proverbial temperamento irascible y violento de Sir Lawrence Shirley y su afición inmoderada a la bebida hicieron que su vida estuviera salpicada de escándalos. Se contaban de él mil incidentes: se decía que, furioso por haber perdido una carrera, tiró del caballo y apaleó a su adversario. Se le atribuía además el apuñalamiento de un criado que le había servido ostras en mal estado, a quien después había golpeado en la cabeza con un candelabro hasta dejarle bastante maltrecho.

Lord Ferrers le dio muy mala vida a su esposa, Lady Mary Meredith, hija de Sir Amos Meredith y nieta de Sir William Meredith, baronet de Henbury, una joven al parecer muy hermosa y perteneciente a una de las mejores y más poderosas familias de Inglaterra. El conde Ferrers era mayor que ella y se había casado con Lady Mary a los treinta y dos años por obligación, pues para poder heredar el título de conde tenía necesidad de engendrar un heredero legítimo y varón. No la quería, y no se entendían. A él le gustaba vivir retirado en el campo, mientras que ella prefería el boato de los salones de Londres. Lady Mary pasaba más tiempo con su familia en la capital que con su esposo en la mansión de Staunton Harold, cerca de Ashby-de-la-Zouch. Él dedicaba la mayor parte de su tiempo a la caza, la cría de caballos y la compra y venta de ganado; participaba y apostaba en las carreras, visitaba sus fincas y posesiones y supervisaba las cosechas. Frecuentaba a los lugareños, jugaba con ellos a las cartas, y disfrutaba bebiendo whisky en las tabernas de Ashby; prefería a aquellos rústicos antes que a sus estirados iguales de Londres, a quienes despreciaba.

Ante las reiteradas ausencias de su mujer, el conde Ferrers acabó por desarrollar un delirio de celos que le llevó a imaginar que Lady Mary Meredith se entendía con numerosos amantes. Empezó a organizarle escenas y faltarle al respeto en público, y en privado la golpeaba con furia, al punto de dejarla inconsciente más de una vez, rumoreándose incluso que había manifestado su intención de matarla para lavar las muchas afrentas que, según él, le causaba. Tantas y tan graves fueron las sevicias de Lord Ferrers que Lady Mary terminó por abandonarlo después de seis años de tormentosa convivencia, refugiándose en casa de sus padres. En una decisión sin precedentes, la Cámara de los Lores autorizó en 1758 la separación del matrimonio. No tuvieron descendencia.

Existía, sin embargo, otro Lord Ferrers. Antes de casarse, el conde había iniciado una relación afectiva con una criada de su casa, Margaret Clifford, a la que había terminado por convertir en gobernanta y ama de llaves. El conde se había enamorado de ella y juntos habían tenido cuatro hijas que constituían la principal razón por la que él prefería vivir retirado en el campo. Lord Ferrers era feliz con Margaret y con las niñas, se desvivía por complacerlas, y su temperamento iracundo se transformaba en su presencia. Margaret Clifford era la única persona capaz de refrenar los arrebatos del conde porque no le tenía miedo. Cuando aquel se indisponía con algún rival real o imaginario y empezaba con sus exabruptos, ella le atendía con infinita paciencia y afecto, le persuadía para que se serenase, lo abrazaba, le acariciaba la cabeza, lo invitaba a sentarse y escuchar sus piezas favoritas que ella misma tocaba para él al piano, y lo aplacaba devolviéndole el sosiego.

Él, por su parte, atendía con dulzura a la madre y se entretenía jugando con las pequeñas con una paciencia que no tenía para nadie más; las llevaba consigo de paseo y a visitar las tierras de labor, se pasaba las horas muertas ayudándolas cariñosamente con las tareas escolares. Se demoraba contándoles las historias de sus antepasados y leyéndoles cuentos antes de acostarse. Cuando estaba con Margaret y las niñas, Sir Lawrence era feliz y no necesitaba nada más.

Entre los dominios heredados de sus mayores por el conde Ferrers, se contaban los señoríos de Astwell y Falcot, otras muchas tierras y propiedades en las comarcas de Leicestershire, Derbyshire y Northamptonshire, y provechosas minas de carbón, además de la mansión de Ashby.¹

Al autorizar la separación del matrimonio, el Parlamento había asignado a Lady Mary Meredith una pensión con cargo a las rentas que Sir Lawrence percibía por sus dominios. En atención al precario estado de salud mental del aristócrata, que era notorio y había constituido la causa principal invocada por la esposa, determinante para que se le concediera la separación a la que el esposo se había opuesto enérgicamente sin éxito alguno, la Cámara de los Lores ordenó que se constituyera un trust con los bienes del conde para asegurar el pago puntual de la pensión a Lady Mary, a la que designaron como beneficiaria del fideicomiso. Los fiduciarios responsables del trust nombraron un steward encargado de administrar las propiedades. Con la anuencia de Sir Lawrence, que aceptó a regañadientes verse privado de la gestión de su patrimonio, se nombró a John Johnson, fiel servidor de los Ferrers desde hacía muchos años.

John Johnson administró las propiedades del conde Ferrers con pulcritud, rindiéndole fielmente cuentas de las rentas percibidas, que le entregaba con regularidad una vez detraídas las cantidades asignadas a la esposa. Su honestidad y transparencia en la administración no impidió que el noble desarrollase enseguida una obsesión enfermiza contra él, convencido de que John Johnson le robaba. Para Sir Lawrence, el steward se había confabulado con Lady Mary Meredith, había conspirado con sus abogados para conseguir que los Lores autorizasen la constitución del trust, y había maniobrado subrepticiamente hasta lograr ser nombrado administrador. Según el conde Ferrers, Johnson era además el amante de su mujer. «Se bebe mi whisky y se acuesta con mi mujer», sentenciaba.

Cada vez que el administrador acudía a Staunton Harold para despachar con su señor, este se encolerizaba, le gritaba, lo amenazaba y terminaba echándole de la casa con cajas destempladas. Convencido de que el otrora fiel mayordomo se había vuelto su enemigo a causa de la seducción y los favores que le dispensaba Lady Mary Meredith, Ferrers se empeñó en recuperar la posesión de una granja denominada The Lount, cuyo uso y disfrute habían asignado los trustees a John Johnson como pago por sus servicios. La solicitud del conde fue desestimada; y poco después fue rechazada igualmente su petición para recuperar el control de las minas de carbón que le pertenecían y que producían grandes beneficios.

La doble negativa de los fiduciarios, que habían rehusado devolverle las minas y la granja, terminó de asentar en el conde Ferrers la convicción de que se encontraba frente a una conspiración orquestada a sus espaldas por John Johnson, conspiración que en realidad solo existía en su imaginación, y adoptó de una vez la decisión de matarlo para hacerle pagar por tantos agravios como le estaba infligiendo.

Empero, la ejecución de su designio no era fácil porque el mayordomo, cansado del maltrato que recibía y asustado por el carácter irascible del noble, había dejado de despachar personalmente con el conde Ferrers y le enviaba las cuentas por escrito. Sir Lawrence adoptó con fría deliberación un plan para consumar su propósito. Buscó congraciarse con Johnson, le envió mensajes conciliatorios y le pidió tantas veces perdón por sus exabruptos, acompañando sus disculpas de regalos y sentidos propósitos de enmienda, que el mayordomo accedió por fin a regresar a la mansión para despachar personalmente con él como había hecho al principio, aunque por si acaso, y escarmentado de las experiencias anteriores, se las ingenió para no quedarse nunca a solas con el aristócrata. Este, por su parte, lo recibió con amabilidad, y cada vez que venía, le hacía pasar a sus aposentos privados, departía con él cordialmente, le ofrecía de beber, y aparentaba profesarle un afecto y una amistad que distaba mucho de sentir en realidad. De esa manera, logró que John Johnson se confiara de nuevo.

El domingo 13 de enero de 1760, Lord Ferrers pasó por la granja de Johnson y le convocó para el siguiente viernes 18 a las tres de la tarde a fin de tratar un asunto importante y confidencial, que no le quiso adelantar. Ese día, Sir Lawrence ordenó a Margaret Clifford y las niñas que abandonasen la casa para que no estuvieran presentes a la hora acordada para el encuentro. John Johnson se presentó puntualmente, y Sir Lawrence lo hizo pasar a su estudio privado.

Allí, sin previo aviso, el conde cerró la puerta con llave y sacó una pistola cargada que tenía preparada. En estado de gran excitación, exigió a Johnson que se arrodillara, lo que este hizo de inmediato temblando de miedo. En tal postura, apuntándole con la pistola a muy corta distancia, Sir Lawrence le conminó a voz en grito para que reconociera que era un villano, que le robaba y se repartía las ganancias con Lady Mary Meredith y los trustees, y que había manipulado las cuentas para encubrir sus latrocinios. Le reclamó que le pidiera perdón, asegurándole que, de lo contrario, lo mataría allí mismo. El mayordomo, aterrorizado, hubiera reconocido cualquier cosa que Lord Ferrers le hubiera demandado, pero apenas tuvo tiempo para reflexionar porque Sir Lawrence estaba desquiciado, lo miraba con los ojos inyectados en sangre mientras le daba voces y lo apuntaba con el arma, y pasó enseguida a la acción. Le dijo «disponte a morir, ha llegado tu hora». Y sin mediar más palabras, le descerrajó un tiro a quemarropa en el vientre. La bala quedó alojada en el abdomen del mayordomo. Dejó a John Johnson debatiéndose en el suelo en medio de un charco de sangre, abrió la puerta del estudio, encargó a la servidumbre que llamaran a un médico, y se fue al salón a servirse tranquilamente un whisky.

Al poco rato se presentó el cirujano de la localidad, el doctor Thomas Kirkland, acompañado de Sarah Johnson, hija del mayordomo herido, a quien habían pasado aviso urgente. Sir Lawrence le dijo a la joven que no tenía que preocuparse porque, si su padre fallecía, él se encargaría de la manutención de la familia, siempre y cuando se avinieran a no presentar denuncia por el incidente. Luego departió con el médico, le explicó cómo había disparado y cuál era la trayectoria de la bala. Le expresó su sorpresa de que John Johnson siguiera con vida, puesto que la herida, a su entender, era mortal. Ese había sido su propósito, en todo caso. «No entiendo cómo he podido fallar, mi intención era matarlo en el acto», explicó. Se volvió entonces a John Johnson, que se debatía quejumbroso en el suelo lamentándose del dolor, pues el balazo le abrasaba por dentro, y volvió a poseerle la furia. Se inclinó sobre el desventurado mayordomo, y agarrándole nuevamente de las solapas, le zarandeó con violencia, y alzando la voz le insistió otra vez en que tenía que reconocer que era un villano y que estaba de acuerdo con los enemigos que procuraban su ruina. Los presentes le separaron como pudieron del herido. Entonces, Lord Ferrers pareció recapacitar, y volviéndose al médico, le hizo jurar que salvaría la vida de John Johnson. El facultativo le siguió la corriente.

El doctor Kirkland propuso que llevasen al herido a su clínica en el pueblo cercano para prestarle mejor asistencia, pero el conde se negó, proclamando a gritos, mientras seguía bebiendo whisky, que no pensaba «dejar escapar al felón». Subieron al pobre John Johnson a un aposento de la planta superior y lo acostaron. Así se pasó la tarde: Sir Lawrence bebiendo en el salón, y el médico y la hija de Johnson atendiendo a este, que languidecía según perdía sangre. Lord Ferrers se personaba en el cuarto de vez en cuando, con la botella en una mano y la pistola en la otra, y volvía a increpar al herido llamándole sinvergüenza y ladrón mientras le apuntaba con el arma amenazándolo con rematarlo, al tiempo que atendía con solicitud y amabilidad a la hija, le decía que no tenía de qué preocuparse, y hacía jurar a Kirkland que Johnson no moriría.

El propio John Johnson, aconsejado por el médico y para aplacar la ira de Lord Ferrers, ya bastante ebrio, acabó reconociendo que le había estafado. Con eso, el agresor pareció tranquilizarse y darse por satisfecho. «¿Lo veis? Lo que yo decía», aseguró. Ya de noche, después de otra renovación de juramentos y completamente borracho, Sir Lawrence se retiró finalmente a dormir. El doctor Kirkland, ayudado por la hija y la servidumbre, aprovechó la tregua para evacuar a John Johnson y llevárselo al pueblo, más para evitar que el conde volviera a dispararle que para curarle, lo que parecía ya fuera de su alcance. Efectivamente, John Johnson falleció de madrugada.

Un grupo de vecinos se personó con los alguaciles al despuntar el alba en Staunton Harold para aprehender al conde Ferrers, lo que solo lograron después de varias horas de asedio, cuando el agresor, que se había hecho fuerte en la casa, huía por el jardín trasero armado con un trabuco, varias pistolas y una daga. Viéndose rodeado, terminó por rendirse sin oponer resistencia. Fue conducido a la cárcel de Leicester, y dos semanas más tarde, transferido a la Torre de Londres y puesto a disposición de la Cámara de los Lores.

El 16 de abril de 1760 se celebró el juicio ante el pleno de la Cámara Alta del Parlamento, constituido en tribunal de justicia bajo la presidencia de Lord Henley, corriendo la acusación a cargo del fiscal general Sir Charles Pratt. Por su rango, Sir Lawrence Shirley, Lord Ferrers, tenía derecho a ser juzgado por sus iguales.

Sir Lawrence compareció ante sus señorías en Westminster Hall, asumió su propia defensa, reconoció los hechos de los que estaba acusado, y alegó en su defensa la eximente de enajenación mental. Explicó que había matado de un disparo a su mayordomo porque le estaba traicionando confabulado con sus enemigos desde que los Lores le habían encomendado la administración de sus bienes. Aclaró que no invocaba la eximente de enajenación mental por su propia voluntad, sino atendiendo a una petición expresa de su familia.

Fue llamado y depuso en primer lugar el doctor Thomas Kirkland, que relató los hechos tal como habían ocurrido, y explicó a los Lores que el acusado estaba sobrio cuando disparó a Johnson y que le había confirmado de manera sosegada que no le había disparado por accidente sino deliberadamente, con el propósito de matarlo. Kirkland confirmó a los Lores que el acusado le había dicho que decidió cometer el crimen con antelación al día de los hechos porque el mayordomo le robaba, conspiraba con sus enemigos, y era un villano, bribón y sinvergüenza. Lord Ferrers le había explicado que la víspera del asesinato había probado la pistola, que funcionaba perfectamente, y había mostrado su extrañeza por el hecho de que la bala no hubiera atravesado el cuerpo de Johnson y se hubiera quedado alojada en el vientre.

Seguidamente, fue llamado a declarar el reverendo Walter Shirley, hermano del acusado. Interrogado por el propio Sir Lawrence, el testigo explicó que su hermano había sido siempre un lunático, y que era público y notorio que no estaba en sus cabales. Aseguró que lo había visto en innumerables ocasiones en estados de crisis, durante los cuales hablaba consigo mismo, encolerizándose sin causa aparente, apretando con rabia los puños o los dientes, o bien sonriendo sin motivo y gesticulando, haciendo gestos con ademanes sin sentido. Relató que el acusado expresaba desde niño constantes sospechas, asegurando que su familia urdía tramas en su contra sin poder ofrecer, cuando era requerido para ello, ningún hecho concreto, ni señalar específicamente a persona alguna como responsable o partícipe de las supuestas conspiraciones en su contra.

El religioso aseguró que su hermano experimentaba también repentinas y apasionadas crisis de angustia sin motivo alguno. Afirmó que, en su opinión, en tales momentos de crisis su hermano estaba como poseído y era incapaz de distinguir el bien del mal. Esas crisis le sobrevenían —dijo el testigo— cuando estaba sobrio, y más intensa y violentamente si había bebido. Reconoció que la familia había considerado solicitar que el acusado fuese declarado lunático para lograr su incapacitación después de un incidente que protagonizó en casa de Lord Westmoreland, pero desistieron temiendo las consecuencias que podía acarrear la eventual denegación de la petición.

Declaró después otro hermano del acusado, Sir Robert Shirley, que confirmó las manifestaciones del reverendo Walter Shirley, añadiendo que la gente tenía miedo del acusado por su carácter impredecible y a menudo explosivo, y porque solía ir siempre armado con al menos dos pistolas y una daga.

Compareció luego la testigo Elizabeth Williams, vecina que regentaba la taberna del pueblo, quien explicó que Lord Ferrers acostumbraba aparecer armado en su establecimiento y que bebía mucho, aclarando que incluso sobrio hablaba solo, reía sin motivo, escupía a su propia imagen en el espejo, maldecía, juraba y amenazaba con destrozar el local. La testigo contó también que en cierta ocasión se había encargado de cuidar una yegua por la que Sir Lawrence sentía gran estima. El señor había acudido a recoger el animal al establo, y encontrando que no estaba cuidado a su satisfacción, la emprendió a golpes con ella, dejándola tirada en la calle, acometiendo luego a su marido Peter Williams e hiriéndole de consideración. Según la testigo, todo el pueblo compartía la opinión de que el conde Ferrers estaba loco.

Declararon varios testigos más que conocían al acusado desde hacía muchos años. Manifestaron que, aparte de algunas excentricidades, y de que era ciertamente desconfiado y a menudo celoso, era bastante inteligente. Esos testigos eran del parecer de que, al menos en sus largos intervalos lúcidos, el acusado era capaz de distinguir el bien del mal.

La defensa articuló después una rudimentaria prueba pericial mediante la declaración del doctor Munro. El facultativo aseguró que la enajenación mental, a su entender y según la ciencia médica, se caracterizaba por tres síntomas indiscutibles: en primer lugar, ataques de furia no causados por el alcohol; segundo, los celos y sospechas que daban lugar a confrontaciones sin motivo aparente, y por último, la portación de armas. Era una opinión a la medida del acusado, pero no muy convincente.

Cuando los atenienses perdieron en el siglo VI antes de Cristo la isla de Salamina después de una sangrienta confrontación con las tropas de Megara, quedaron tan escarmentados de la violencia exhibida por los combatientes que prohibieron bajo pena de muerte los discursos patrióticos y las proclamaciones que exhortaran a volver a tomar las armas para recuperar la isla.

Solón, admirado poeta, filósofo y gobernante, considerado el padre de la democracia y uno de los siete sabios de Grecia, había nacido en Salamina, y no podía soportar su pérdida. Decidió hacer caso omiso de la prohibición. Se dirigió al ágora de Atenas, se paseó por ella yendo y viniendo sin dirección ni propósito aparente, vestido con una túnica hecha jirones y una soga al cuello, hablando solo, gesticulando, haciendo muecas y aspavientos, discutiendo airadamente consigo mismo, y siguió repitiendo sus solitarios circunloquios hasta conseguir que los atenienses se convencieran de que el sabio había perdido la razón.

Los locos han estado exentos de responsabilidad penal desde tiempo inmemorial. Por eso, a nadie se le ocurrió interrumpir a Solón cuando pasó de su delirio fingido a recitar un bellísimo poema patriótico dedicado a su querida isla natal, arengando a los paseantes con versos enardecidos, reprochándoles su cobardía y llamándolos a la batalla para recuperar Salamina. La multitud que se congregó para escuchar los versos que el poeta dedicaba a su amada isla se dejó convencer, emprendió nuevos preparativos, improvisó las embarcaciones, las tropas y los pertrechos, y los soldados atenienses encabezados por el propio Solón desembarcaron por sorpresa en Salamina, recuperándola sin encontrar apenas resistencia.

A los enajenados que han delinquido se les encierra, se les procura tratamiento médico, se les imponen medidas de seguridad, se les condena a reparar el daño causado, pero no se les castiga, porque se considera que su ausencia de conciencia y/o de voluntad los hace penalmente irresponsables. Lord Ferrers no tuvo esa fortuna.

El 21 de abril se pronunció la sentencia. A los Lores les había parecido inapropiado, en primer lugar, que Sir Lawrence se defendiera a sí mismo. Por entonces, los acusados no se servían de abogados defensores en la forma que conocemos actualmente, pero los Lores habían esperado que el acusado nombrase al menos un representante cuya cordura no estuviera cuestionada como lo estaba la suya. Encontraron además que, después de algún titubeo inicial, Lord Ferrers había llevado su propia defensa con tal mesura y propiedad, interrogando a los testigos y peritos con acierto y sentido común, que les pareció que su dominio de la situación casaba mal con la alegación de que estaba loco. Consideraron igualmente reprochable que el acusado invocase su enajenación mental como eximente de su responsabilidad penal y asegurase al mismo tiempo que no compartía ese diagnóstico de insanidad, que había hecho valer solo por la petición de su familia.

Lo condenaron a la pena de muerte por ahorcamiento, como correspondía a los criminales comunes, y se dispuso además que su cuerpo fuera seguidamente diseccionado y expuesto. La sentencia era firme, y la pena tenía que ejecutarse dos días más tarde, pero como deferencia a su rango, y a fin de que el condenado pudiera poner orden en sus asuntos personales, la ejecución se pospuso hasta el 5 de mayo de 1760. El condenado dispuso de los bienes que no le habían sido confiscados en favor de Margaret Clifford y sus hijas, y también estableció un legado para los familiares de John Johnson.

Sir Lawrence Shirley no era ciertamente simpático ni afable, salvo con Margaret Clifford y sus hijas. De temperamento inestable, era un hombre pendenciero y violento. Había matado a John Johnson con premeditación y alevosía. Sin embargo, parece fuera de duda que padecía un trastorno mental grave, que hoy se calificaría probablemente como una paranoia, una alteración del comportamiento y un sentimiento de persecución que puede llegar al punto de la irracionalidad y del delirio.

El sistema delirante del paranoico se desarrolla de manera lenta e insidiosa hasta instalarse. Ese delirio inquebrantable es compatible con la conservación de la claridad y del orden del pensamiento, de la voluntad y de la acción. El sujeto, orgulloso, posee una gran estima de sí mismo y encuentra que no es reconocido por los demás en su justo valor; muestra una desconfianza y una susceptibilidad desmedidas, que dan origen a un auténtico sentimiento de amenaza, de prejuicio y de persecución. Estas creencias, manifiestamente en desacuerdo con la realidad, le conducen a una inadaptación social y engendran reacciones agresivas hacia otras personas, simbólicas o, como en el caso del conde con el pobre John Johnson, muy reales.

Lord Ferrers estaba persuadido de que era víctima de una conspiración, de que todos salvo Margaret y las niñas estaban contra él. Creía genuinamente que su esposa Lady Mary le era infiel, y esa no era una mera puesta en escena para justificar su propia infidelidad. Él se creía con derecho a mantener relaciones extramatrimoniales con su amada Margaret Clifford, pero las de su esposa, reales o imaginadas, le causaban un sufrimiento auténtico y las vivía como una afrenta personal que él se creía con derecho a vengar. Su convicción de que John Johnson era una pieza esencial de la conspiración, que malversaba su patrimonio y se entendía con Lady Mary Meredith, tampoco eran para él apariencia ni simulación: el complot era completamente real en su mente trastornada. De ahí que su percepción del bien y del mal estuviera deformada: para Lord Ferrers, matar a John Johnson no era un acto reprobable sino pura justicia, una vindicación a la que tenía derecho.

Esa opinión, la de que un Lord tenía derecho a ejercer la violencia que tuviera por conveniente contra los servidores desleales era, delirios aparte, compartida por muchos de los miembros de la Cámara de los Lores que enjuiciaron a Lord Ferrers. De hecho, así lo manifestó en el juicio el abogado general del reino, Sir Charles Jorke, aunque utilizó el argumento en contra del acusado, precisamente para sostener que estaba tan cuerdo como sus propios jueces:

—No veo que maltratar a un sirviente negligente o desleal sea muestra de trastorno mental. Es más bien una reacción espontánea, tan natural que, si la fuéramos a considerar un síntoma de locura, ninguno estaríamos libres de ella.

En la actualidad, Lord Ferrers hubiera sido posiblemente considerado inimputable, absuelto por estar exento de responsabilidad penal, y recluido en una institución sanitaria. En otro caso, le hubiera sido reconocida al menos alguna atenuación de responsabilidad debida a su alcoholismo, y le habría sido impuesta una condena reducida, en ningún caso la pena de muerte. Sin embargo, cuando se le juzgó, las circunstancias le eran adversas.

La autoridad del rey Jorge II, que era alemán —el segundo de la casa de Hannover que los británicos elevaron al trono—, estaba muy cuestionada por la nobleza inglesa y escocesa, que preferían a los Stuart, y aunque el monarca retenía gran parte del poder político que la Corona había ostentado durante siglos, sus decisiones dependían en buena medida del refrendo del Parlamento. El rey estaba además viejo y enfermo —moriría seis meses más tarde—. Así pues, con el fin de guardar las apariencias y no poner en tela de juicio su autoridad, decidió mostrar firmeza y declinó todas las peticiones de clemencia. Refiriéndose a Lord Ferrers, aseguró que él quería ser recordado como «el monarca que durante los últimos años de su vida había tenido éxito conteniendo sus más sanguinarias inclinaciones —por lo que daba gracias a Dios— y se había esforzado en administrar justicia como debía, según había demostrado con el castigo de sus más exaltados súbditos».

La Cámara de los Lores, por su parte, era un Parlamento hereditario y no electivo, integrado por los príncipes de sangre real, los obispos y arzobispos anglicanos, y todos los duques, marqueses, condes, vizcondes y barones del reino. Su líder, el duque de Newcastle, era además el primer ministro. La cámara estaba revestida de privilegios e inmunidades, pero se encontraba tan cuestionada como el propio monarca, y tenía frecuentes desencuentros con la Cámara de los Comunes, democráticamente elegida. Además, la labor de los pensadores políticos, en especial Thomas Hobbes, John Locke y David Hume, había hecho progresar y consolidarse la idea de que para ganar credibilidad y refrendo, la justicia debía tratar a todos los justiciables de manera igualitaria, cualquiera que fuera su condición social.

En consecuencia, tomando en cuenta que un plebeyo en el mismo caso que Sir Lawrence Shirley hubiera sido condenado a muerte y ejecutado sin contemplaciones, parece que los Lores sintieron la necesidad de incorporarse a la modernidad, y demostrarlo tratando a un Lord como hubieran tratado a cualquier otro súbdito de su majestad. No repararon en que su decisión parecía entrar en abierta contradicción con la adoptada por ellos mismos dos años antes cuando privaron a Lord Ferrers de la facultad de administrar sus bienes por considerarlo incapaz de gestionarlos por sí mismo.

Confirmada su condena a muerte por el rey y el Parlamento, Lord Ferrers pidió ser decapitado en vez de ahorcado, y solicitó que la pena se ejecutase en la Torre de Londres, donde el rey acostumbraba a sacrificar a los nobles, en vez de en Tyburn, el cadalso de los vasallos. Expresó que deseaba seguir la senda de su antecesor Lord Essex, e invocó que la decapitación en la torre era el último privilegio que le correspondía por su estirpe. El Parlamento y el rey Jorge II le denegaron también esa gracia: «Ha delinquido como un malhechor, y como tal debe morir», fue la respuesta del monarca.

El día señalado para la ejecución, Lord Ferrers fue conducido desde la Torre de Londres en su propio carruaje tirado por seis caballos, en una procesión de tres horas que recorrió todo Londres. Una multitud de curiosos le aguardaba en Tyburn para presenciar el ahorcamiento. El condenado se había vestido para la ocasión con el mismo traje claro bordado en plata que llevó el día de su boda. La leyenda cuenta que fue ahorcado con una soga de seda, y que el patíbulo fue cubierto de tela negra.

Lord Ferrers inauguró un nuevo procedimiento para ahorcar a los condenados: en vez de subirle con la soga al cuello a un cajón que luego era removido, como había sido habitual hasta entonces, Lord Ferrers fue colocado sobre una trampilla en el suelo del cadalso, que fue accionada por el verdugo para que se abriera de golpe permitiendo así la caída del cuerpo con todo su peso en el vacío desde una cierta altura, asegurando así la muerte inmediata por la fractura de la columna vertebral, que de esa manera debía seccionar la médula al nivel de las cervicales. El nuevo mecanismo no funcionó según lo esperado y Sir Lawrence Shirley, conde Ferrers, el último Lord ahorcado, sufrió una agonía de varios minutos colgando de la soga antes de morir asfixiado.

Su cuerpo fue conducido a Surgeons’ Hall, donde se procedió, según había dispuesto la sentencia, a la disección del cuerpo, que seguidamente quedó expuesto hasta el día 8 de mayo. Fue sepultado en el cementerio de la iglesia de Saint Pancras. Veintidós años después, sus restos fueron trasladados al cementerio familiar en Staunton Harold.

La cocinera de Chancery Lane

Gran Bretaña, 1815

Mencioné que iba a dedicar parte de esta carta a ofrecer algunos ejemplos prominentes de mis objeciones contra la pena de muerte. Son tantos que la elección es difícil. Sin embargo, por lo que se refiere a la posibilidad del error judicial y a la imposibilidad de su reparación, hay un ejemplo tan bueno —más bien debería decir tan malo— que vale por cien; si no hubiera otro que el de Eliza Fenning, con ese bastaría.

CHARLES DICKENS, carta a los editores de The Daily News, 16 de marzo de 1846

Elizabeth Fenning era una joven de origen humilde y sin estudios de los suburbios de Londres. Había nacido en la isla de Dominica, en las Antillas británicas, adonde había sido destinado su padre, soldado de infantería originario de Suffolk. La madre era irlandesa. Habían tenido diez hijos, pero sus condiciones de vida eran tan duras que todos menos Elizabeth habían ido muriendo durante la infancia. Cuando William Fenning se licenció del ejército, la familia regresó a Inglaterra. El padre encontró trabajo en el almacén de frutas y verduras de su hermano, y Eliza —como la llamaban todos—, que tenía entonces catorce años, se puso a trabajar como sirvienta para ayudar a la familia.

A los veinte años, se había convertido en una joven alegre, atractiva y despierta, sabía leer y escribir correctamente, tenía un novio con quien pensaba contraer matrimonio en breve, y había prosperado consiguiendo un buen trabajo como cocinera en la casa de Orlibar y Margaret Turner en Chancery Lane, puesto al que se había incorporado a finales de enero de 1815. Con el matrimonio Turner, de edad avanzada, vivían su hijo Robert Gregson Turner y la esposa de este, Charlotte Turner. Orlibar Turner regentaba un próspero negocio de papelería especializada en documentos legales que suministraba a los tribunales y las chambers—despachos de abogados— de la zona, y su hijo Robert le ayudaba en la oficina. En casa de los Turner vivían, además de los dueños y la recién contratada cocinera, otra empleada doméstica, Sarah Peer, y dos sirvientes más, Roger Gadsden y Thomas King.

El 21 de marzo de 1815, Eliza preparó como de costumbre la cena de la familia. Los comensales eran Orlibar, Robert y Charlotte Turner. El menú consistió en filetes con patatas como plato principal, seguido de dumplings, unas albóndigas confeccionadas con una masa a base de harina, levadura, leche y agua, que una vez horneadas crecen y se convierten en bolas blancas muy esponjosas y se sirven acompañadas de una salsa. Eliza observó que las albóndigas habían crecido muy poco y se habían quedado de un color negruzco. No le dio mayor importancia, y lo atribuyó a la levadura o a su propia impericia. Con anterioridad había preparado también un pastel de carne para el almuerzo de los sirvientes, cuya masa había elaborado con la misma harina que las albóndigas, y los empleados se lo habían comido en la cocina antes de la llegada de los señores sin apreciar nada extraño, y sin que ninguno hubiera expresado disgusto.

La cena discurría sin novedad hasta que, al poco de comer los dumplings, todos los comensales empezaron a experimentar fuertes dolores de estómago y a vomitar. Eliza Fenning y Roger Gadsden, que habían comido lo mismo, sintieron enseguida el mismo malestar. Cuando Gadsden había empezado a comer una de las albóndigas, Eliza había procurado disuadirle para que no siguiera comiendo, aduciendo que no le habían quedado bien porque la levadura no había hecho subir la masa lo suficiente. Al no haber seguido comiendo dumplings, el mozo resultó menos intoxicado que los otros afectados, de modo que pudo salir corriendo a pedir ayuda y dar aviso al médico de la familia y a la señora Margaret Turner, la esposa de Orlibar Turner, que había cenado fuera. El doctor Henry Ogilvy, y después el doctor John Marshall, atendieron a los intoxicados. Por fortuna, todos ellos se restablecieron rápida y completamente.

Orlibar Turner sospechó que habían sido envenenados, ya que, según manifestó después, había echado en falta recientemente un paquete de arsénico que guardaba en un cajón de la oficina y que usaba como raticida. En aquella época, el arsénico y otros venenos tenían diversos usos domésticos y comerciales, y se vendían sin prescripción facultativa ni restricciones. Para confirmar o descartar sus sospechas, pidió por la mañana del día 22 al doctor Marshall que examinara las cazuelas y bandejas con las que Eliza Fenning había preparado la cena y en las que había confeccionado la masa y los dumplings, así como los cubiertos y vajilla con los que la había servido, útiles todos que la cocinera, enferma como sus patrones, había dejado sin lavar esa noche. El doctor señaló que contenían restos inequívocos de arsénico. Se informó a la policía.

El 23 de marzo por la mañana, Elizabeth Fenning fue detenida por el jefe de policía de Hatton Garden, William Thisselton, y acusada de tentativa de asesinato. Un magistrado le recibió declaración el 30 de marzo. La joven cocinera negó la acusación con vehemencia, y subrayó que ella también había comido dumplings y había resultado intoxicada, ni más ni menos que los señores de la casa. El juez decretó su prisión incondicional y ordenó su ingreso en la cárcel de Clerkenwell, remitiendo el caso al tribunal de Londres, conocido como Old Bailey, para su enjuiciamiento en las sesiones del mes siguiente.

Correspondió presidir el juicio a Sir John Silvester. El magistrado era hijo del médico militar Sir John Baptist Silvester, había estudiado leyes en el College de Saint John de la Universidad de Oxford, se había dedicado al ejercicio de la abogacía como barrister¹ante los tribunales, y después de varios años había sido elegido Common Serjeant²de Londres, y promovido más tarde al cargo de Recorder de la capital. Silvester había sido distinguido con el título de primer baronet de Yardley el año anterior, y era miembro de la Royal Society y de la Society of Antiquaries de Londres. El magistrado señaló para la celebración del juicio el 11 de abril de 1815.

Eliza no pudo tener peor suerte. Sir John Silvester era un personaje tosco y severo, turbio por decir lo menos. Obeso y desaseado, llevaba siempre sobre la cabeza una vieja peluca que no se acordaba de la última vez que la habían lavado, y que a duras penas disimulaba los lamparones que adornaban su jabot, el pañuelo de encaje que sobresalía por delante de la toga roja con solapa y puñetas negras del magistrado. Era famoso por su predisposición a imponer la pena capital y por su misoginia, y se rumoreaba que solicitaba a las acusadas jóvenes y atractivas favores sexuales a cambio de clemencia.

Constituido el jurado, declaró primero Charlotte Turner, la nuera de los dueños de la casa. Le contó al tribunal que había sospechado desde el principio de Eliza Fenning, que llevaba apenas unos meses a su servicio. La cocinera, según ella, tenía deseos de vengarse de la familia después de que hubiera tenido que reprenderla y amenazarla con el despido porque la había sorprendido medio desvestida en la habitación de los sirvientes varones unos días antes del incidente de los dumplings. Charlotte Turner aseguró a los jurados que Eliza se había comportado con ella de manera muy poco respetuosa desde ese momento. Añadió que la cocinera le había propuesto varias veces elaborar las albóndigas de harina con levadura para la cena, y que ella le ordenó que elaborase menús diferentes cada vez, hasta que finalmente accedió a los deseos de la cocinera. Señaló al tribunal que Eliza Fenning estuvo sola en la cocina mientras preparaba la cena. Cuando la acusada sirvió la mesa, la testigo se dio cuenta enseguida de que la apariencia de las bolas de harina no era la adecuada, pues se veían ennegrecidas y apelmazadas, en vez de blancas y esponjosas como deberían haber estado. Charlotte Turner le contó al tribunal que había comido apenas una porción de la primera albóndiga cuando «sintió ardor, y un dolor extremo en el estómago, que aumentaba a cada instante». Se puso tan mala que se vio obligada a abandonar el comedor y subir a su habitación a vomitar.

Los demás comensales contaron historias similares. Robert Gregson Turner explicó que guardaba un paquete de arsénico en un cajón sin llave de su despacho, claramente etiquetado como veneno. Sir John Silvester le interrumpió y aprovechó la ocasión para llamar la atención del jurado sobre el hecho de que la acusada sabía «leer y escribir perfectamente». El testigo añadió que ese era el mismo cajón en el que guardaba el papel de desecho de la oficina.

La doncella Sarah Peer recordó oportunamente que Eliza Fenning solía coger con frecuencia papel de desecho de ese cajón para encender el fuego. Eliza lo negó, asegurando que el papel se lo suministraba siempre el otro criado, Thomas King. El testimonio de este fue declarado improcedente por el magistrado.

El sirviente Roger Gadsden manifestó que había comido del pastel de carne preparado por la acusada en la cocina sobre las dos de la tarde, y que estaba muy bueno. Había acudido de nuevo a la cocina entre las tres y las cuatro de la tarde, observando un plato con dumplings sobre la mesa.

—Cogí cuchillo y tenedor e iba a comer uno —aseguró el testigo— cuando Eliza me dijo que no lo hiciera, que los dumplings estaban fríos y pesados, y que no me sentarían bien. Comí un trozo del tamaño de una nuez. Había salsa en la salsera que estaba al lado; me serví un poco en el pan y comí.

William Thisselton, el jefe de policía que había arrestado a la acusada, declaró que él le había preguntado a Eliza Fenning en qué alimento sospechaba ella que podía haber estado contenido el veneno, y que la joven le había contestado que, a su entender, tenía que estar en la levadura, porque vio un sedimento rojo extraño en el fondo del recipiente después de haberla usado para elaborar los dumplings.

—Si no estaba en la levadura —había señalado la acusada— podía estar también en la leche que había traído Sarah Peer.

John Marshall, el segundo médico que atendió a la familia la noche del 21 de marzo, declaró que encontró a Robert y Charlotte Turner y a Eliza Fenning seriamente enfermos, con los síntomas característicos que producía la ingesta de arsénico. Añadió que el dueño de la casa, Orlibar Turner, le había enseñado al día siguiente los utensilios y platos con los que se habían cocinado y servido los dumplings. El médico explicó que lavó la fuente, los platos y los cubiertos echándoles agua caliente con una tetera, recuperando el agua en un barreño limpio. Decantó después el líquido, y pudo recoger del fondo un residuo de polvo blanco, como de media cuchara de té, y determinó, aplicándole un cuchillo de plata, que se trataba —según él, sin género de dudas— de arsénico. Observó también que los cuchillos de la cena estaban ennegrecidos. Se le preguntó si cortando con un cuchillo un objeto que contenga arsénico, el cuchillo se ennegrece, y respondió de manera afirmativa. El doctor Marshall añadió por último que también había examinado los restos de la levadura, pero no encontró en ella restos de arsénico.

Eliza Fenning fue defendida por el abogado Peter Alley, quien según parece no hizo muy bien su trabajo; propuso a cuatro testigos que testimoniaron el buen carácter de la acusada, pero olvidó citar al primer médico que había atendido a los intoxicados, el doctor Henry Ogilvy, quien mejor hubiera podido describir al jurado la grave afectación padecida por Eliza, idéntica a la de los Turner. El barrister de Eliza, por último, se ausentó en el momento de los discursos finales, de modo que el turno de la defensa se limitó a la lectura de un documento preparado por el solicitor. La última palabra correspondió a la propia acusada, que afirmó:

—Soy inocente de todos los cargos, a Dios pongo por testigo. Soy inocente, de verdad. Me gustaba mi trabajo, estaba muy cómoda. Mi amo ha protestado porque no le asistí cuando se enfermó: se debió a que yo también estaba demasiado enferma. No tenía ninguna preocupación por el cajón del papel: cuando quería un papel, lo pedía.

Sir John Silvester resumió los debates para el jurado con gran elocuencia, aunque no precisamente de manera imparcial:

Señores, ya han escuchado las pruebas presentadas en este juicio. Solo hay dos cuestiones para su consideración: si se administró o no veneno a cuatro personas, y en caso afirmativo, por qué mano se administró dicho veneno.

Que estas personas fueron envenenadas, parece cierto a partir del testimonio de la señora Turner. Las víctimas son ella misma, Orlibar Turner, el aprendiz Roger Gadsden y Robert Turner. Cada una de estas personas comió de los dumplings, y todos resultaron envenenados en mayor o menor medida.

Que el veneno estaba en la masa con la que estaban hechas las bolas de harina ha quedado plenamente demostrado, creo, por el testimonio del médico que examinó los restos en los platos, y ha declarado que se trataba de arsénico. Que el arsénico no estaba en la harina creo que está claro, porque esa mañana se había hecho un pastel de carne con la misma harina, y las personas que cenaron el pastel no sintieron ningún malestar; que no estaba en la levadura ni en la leche también se ha demostrado; tampoco podía estar en la salsa, ya que dos de las personas que estaban enfermas no habían probado la salsa, y sin embargo se vieron afectadas con arcadas y otros síntomas.

De todas estas circunstancias se deduce que el ingrediente venenoso estaba solo en la masa, ya que, además de que las personas que comieron las albóndigas en la cena estaban todas más o menos afectadas por lo que habían comido, uno de los testigos observó que la masa conservaba la misma forma que tenía cuando se puso por primera vez en el horno para que subiera, y que parecía oscura y pesada, y de hecho nunca subió.

La otra cuestión que considerar es la de la mano que administró el veneno; y aunque no tenemos ante nosotros más que pruebas circunstanciales, a veces las circunstancias son más concluyentes que el testimonio más directo. Cuando se le acusó de envenenar los dumplings, la acusada echó la culpa primero a la leche, luego a la levadura y después a la salsa; pero se ha demostrado de manera muy satisfactoria que ninguna de ellas lo contenía, y que solo estaba en las albóndigas, en cuya elaboración no había participado ninguna persona excepto la acusada.

Señores, incluso si se hubiera envenenado a un perro, hubiéramos esperado un mínimo sentimiento de humanidad que nos habría impulsado a asistirlo en su agonía. Tenemos aquí el caso, sin embargo, de un amo y una ama que fueron envenenados, y a quienes la acusada no ofreció ninguna ayuda.

He expuesto los hechos tal y como se han producido. Dejo el caso en sus manos, plenamente convencido de que, sea cual sea su veredicto, cumplirán en conciencia con su deber, tanto con su Dios como con su país.

Cuando Eliza Fenning fue juzgada, los jurados seguían estando compuestos por varones de la burguesía anglicana. En el caso de Londres, rentistas, profesionales y comerciantes de la metrópoli. Los asuntos con relevancia social y política solían ser resueltos por los jurados adoptando por lo general decisiones que favorecían a la mayoría social conservadora que los integraba. En el caso de Eliza Fenning, el jurado necesitó apenas unos minutos de deliberación para emitir su veredicto: culpable.

Aprovechando los siglos de confrontación constante entre la Corona y el Parlamento británicos, los jueces de Inglaterra y Gales habían acumulado, además, un poder genuinamente independiente que les había permitido retener una porción de la soberanía de la nación muy superior a la de sus homólogos continentales europeos. La importancia de la tradición y de los precedentes judiciales en el sistema de common law, el derecho anglosajón, es muy superior a la de la jurisprudencia en los sistemas de civil law, el derecho continental europeo. Los tribunales continentales se limitan a interpretar la ley; los ingleses actualizan constantemente precedentes judiciales que rescatan una y otra vez de la noche de los tiempos y actualizan por vía analógica.

De esa manera, en un país que carece de constitución escrita, y en el que las normas esenciales para la convivencia son muy antiguas y en su mayoría consuetudinarias, no resulta exagerado afirmar que los jueces legislan, crean el Derecho. A veces, los jueces británicos utilizan esa facultad creativa de manera un tanto abusiva, como señaló irónicamente Bentham al asegurar que la jurisprudencia era «el arte de ignorar metódicamente lo que es conocido por el mundo entero». Comoquiera que sea, ese marco tan flexible, que se basa en la tradición más que en el Derecho escrito, les concede una discrecionalidad enorme, de la que carecen sin duda sus homólogos continentales. El delito de homicidio, por ejemplo, no está tipificado en el Código Penal. Los jueces lo definen de manera consuetudinaria desde hace un milenio como la acción de «matar ilegalmente a una persona bajo la paz del rey».

El poder judicial inglés, además, estaba constituido desde la Edad Media por una élite no precisamente democrática, estructurada a semejanza de una pirámide. En el vértice se situaban los Lores de Appeal in Ordinary, el equivalente a los tribunales supremos del continente, pero incorporado en Inglaterra y Gales a la Cámara Alta del Parlamento donde se sientan los Lores.

Los magistrados ingleses provenían de la nobleza, o bien eran elegidos de entre los barrister de reconocido prestigio de alguna de las cuatro Inns of Court por sus iguales, con escasa transparencia y ninguna representatividad.³Al cabo de algunos años de ejercicio, los jueces que no provenían de la aristocracia solían ser distinguidos con algún título de nobleza menor, como el de baronet de Yardley —su lugar de nacimiento— al que fue promovido Sir John Silvester.

Tres días después del veredicto del jurado, Sir John Silvester, baronet de Yardley, hizo pública su sentencia y, como cabía esperar, condenó a muerte a Elizabeth Fenning.

Elizabeth Fenning recibió la noticia de su condena a muerte en el pabellón de mujeres de la cárcel de Newgate. Hasta ese momento, el caso no había adquirido mayor notoriedad. Había transcurrido menos de un mes entre los hechos y la condena a muerte. Eliza no era, además, la única mujer acusada de asesinato en las cárceles inglesas: ese mismo año fueron ejecutadas otras cinco mujeres, casi todas muy jóvenes.

Sin embargo, la opinión pública, debidamente espoleada por los periódicos más sensacionalistas, empezó a preguntarse después del juicio cómo podía condenarse a muerte a una joven cocinera por preparar unos dumplings de los que no había evidencia que estuvieran envenenados, si nadie había muerto por ingerirlos; dumplings o bolas de harina, por otra parte, de los que la propia acusada había comido igual que sus señores, intoxicándose cándidamente al mismo tiempo y en la misma medida que sus supuestas víctimas. Era absurdo; tan absurdo como suponer que una criada sin apenas educación administrase una sustancia como el arsénico, cuyos efectos desconocía, en cantidades que igualmente no tenía manera de calcular, para jugarse la vida intentando matar a los Turner, que no le habían hecho daño relevante alguno. El hecho de que dejase después sin lavar y a disposición de los investigadores todos los platos, cubiertos y utensilios utilizados por ella para supuestamente envenenar a la familia carecía de razonabilidad.

¿Cuál habría sido el móvil del crimen, en todo caso? No parecía verosímil que, llevando Eliza Fenning apenas unas semanas sirviendo en casa de los Turner, pudiera haberse generado en el ánimo de la joven un resentimiento tan profundo contra ellos como para adoptar la decisión extrema de envenenarlos; menos aún en una muchacha que todos consideraban amable y risueña, y a quien la vida anunciaba un próximo matrimonio con el joven que amaba y la correspondía.

El odio se destila con lentitud. Eliza Fenning no había tenido tiempo de odiar a los Turner tanto como para envenenarlos. No la habían maltratado lo suficiente como para justificar una respuesta tan agresiva. El incidente de la reprimenda de la señora por la visita nocturna de la criada al cuarto de los sirvientes varones no parecía motivo suficiente. La visita y reprensión, por otra parte, fue negada por Eliza, quien sugirió que más bien era al revés, que la señora era infeliz en su matrimonio y se entendía con uno de los criados, y que ella la había descubierto in fraganti.

¿Cómo justificar la pena capital, por ende, si el delito no había pasado de una tentativa de la que todos los intoxicados se habían recuperado sin secuelas en pocas horas? ¿Por qué no se conmutaba la pena de muerte por la deportación a las colonias, como se hacía en otros casos?

La prensa liberal, con el London Examiner a la cabeza, hizo suya la causa de la inocencia de Eliza Fenning, movilizando a otros periódicos y a personajes notables, como el famoso escritor Charles Dickens, el reconocido jurista Samuel Parr o el cirujano y profesor de medicina legal John Gordon Smith, abogando todos ellos por la concesión del perdón. El célebre cirujano publicó además un estudio científico desacreditando la prueba pericial mediante la que el doctor Marshall había querido demostrar en el juicio la presencia de arsénico en los restos de la cena de los Turner, demostrando que los cuchillos no se oscurecen al contacto con ese veneno.

La batalla mediática estaba servida. Los medios conservadores, especialmente el London Observer y el Morning Post, reaccionaron en la dirección opuesta, agitando en contra de la joven los miedos ancestrales de la influyente clase media británica, que se habían exacerbado con el ejemplo todavía muy reciente de las clases populares francesas durante la Revolución incautando alegremente los bienes de sus antiguos señores y enviándolos a la guillotina. No podía tolerarse que los sirvientes aprovechasen la oportunidad que se les brindaba al ser recibidos y alojados en el hogar de sus señores, la excepcional confianza que se les dispensaba de convivir con ellos, para atentar alevosamente en su contra, precisamente allí donde se encontraban más indefensos y desprevenidos, y donde sus vidas e integridad y las de sus hijos se suponían más celosamente preservadas.

El miedo de las clases medias británicas a la servidumbre es vívidamente reflejado en la novela Casa desolada, de Charles Dickens, en la que un abogado es asesinado por una sirvienta francesa. Ese miedo explica también la insistencia de los periódicos conservadores, que se apresuraron a subrayar que Elizabeth Fenning era irlandesa, no inglesa. El mensaje tenía que ser contundente e inequívoco. Eliza Fenning debía morir para apuntalar el orden de prelación entre las clases sociales, el cimiento sobre el que estaba edificada Inglaterra.

Diversas solicitudes y memorándums y miles de peticiones de clemencia fueron llegando al palacio de Buckingham, dirigidos al príncipe regente, al secretario del Home Office, y al Lord Canciller —el ministro de Justicia—, así como a The Times, que no las publicó. Finalmente, el 18 de julio, el hanging cabinet —literalmente, el «gabinete de ahorcamientos», órgano cuyo visto bueno era preceptivo para ejecutar las penas de muerte— recomendó la ejecución de Eliza Fenning y de otros dos condenados para la semana siguiente. Se firmaron las órdenes y se añadió el sello real. Posteriormente, tuvieron lugar otras dos reuniones, de las que informaron los periódicos, y a las que acudieron el secretario del Home Office, Lord Sidmouth, y su subsecretario, el señor Beckett, el Recorder de Londres Sir John Silvester, y el Lord Canciller, el conde de Eldon. Este último expresó serias reservas sobre la ejecución proyectada. Silvester se tomó la discusión como un asunto personal, insistió mucho asegurando que estaba en juego el principio de autoridad y la credibilidad e independencia de los jueces ingleses, y se salió con la suya.

Eliza Fenning fue ahorcada el miércoles 26 de julio de 1815 delante de la debtor’s door—puerta de los deudores— de la prisión de Newgate, vestida con el traje y el sombrero de muselina blancos que hubiera debido llevar el día de su boda. Junto con ella fueron ahorcados otros dos convictos, uno a cada lado de la joven. Abraham Adams había sido condenado por sodomía, y William Oldfields, por el crimen odioso, la violación de una menor de nueve años.

La expectación delante de la cárcel era enorme; los periódicos vespertinos informaron de que ese día se habían concentrado cerca de cincuenta mil personas desde el amanecer para presenciar las ejecuciones. Los asistentes solían acompañar estas ceremonias vociferando como los hooligans contemporáneos. Cuentan esas mismas crónicas que cuando Eliza Fenning ascendió al patíbulo vestida de blanco la multitud enmudeció. Mientras el verdugo le ponía la soga alrededor del cuello, le dijo al reverendo Cotton que la asistía:

—Ante el Dios justo y todopoderoso, y por la fe del Santo Sacramento que me ha sido administrado, proclamo que soy inocente del delito que se me imputa.

Todo el mundo pudo escucharlo, el silencio era absoluto. El alcaide dio la señal; el verdugo abrió la portilla y lanzó a Eliza a la eternidad.

Durante varios días después de la ejecución hubo graves disturbios en Londres, con manifestaciones de protesta disueltas por la policía, y vigilancia permanente de los agentes de Bow Street delante de la casa de los Turner en Chancery Lane y también en el domicilio del médico John Marshall. El entierro se celebró el 31 de julio, en el cementerio de Saint George the Martyr, en Bloomsbury, y al funeral asistieron miles de personas. El padre de Eliza Fenning tuvo que pedir prestado el dinero para abonar los catorce chelines y seis peniques en concepto de «tasa del verdugo» que le reclamó la prisión como condición de la entrega del cuerpo de su hija para enterrarlo.

Surgieron entonces varios personajes de distinto signo que se distinguieron en la defensa póstuma de la joven condenada. Su intervención no sirvió para salvar la vida de Eliza Fenning, pero permitió al menos esclarecer la verdad. El primero y más destacado de ellos fue Sir Samuel Romilly. Acreditado abogado y político liberal, Romilly era inglés y protestante, pero no anglicano, sino hugonote de origen francés y descendiente de los reformistas que tuvieron que refugiarse en Inglaterra a causa de la persecución que padecieron durante las guerras de religión en el continente europeo. Hijo de un joyero de Londres, Romilly ganó primero prestigio y fortuna como barrister, se hizo famoso por su elocuencia en los tribunales y en el Parlamento, y en 1806 fue nombrado Solicitor General en el gobierno de unidad nacional⁴que se formó aquel año a modo de coalición de notables con el visto bueno del rey Jorge III para poner fin a la guerra civil que asolaba el país. Romilly representó siempre en su dilatada vida profesional como jurista y parlamentario los valores ilustrados, y abogó destacadamente por la abolición de la esclavitud y la reforma del sistema penal inglés, plagado de atavismos, y en el que la mayor parte de los delitos, incluso menores, llevaban aparejada la pena de muerte.⁵

Romilly intervino ante la Cámara de los Comunes pocos meses después de la muerte de Eliza Fenning y aprovechó para arremeter contra Sir John Silvester con un alegato demoledor. Recordó que el año precedente, el Recorder de Londres había condenado a muerte a un niño de diez años, George Barrett, para complacer —según dijo— al príncipe regente, que había reclamado «un escarmiento» para los menores que demostraban su «depravación» cometiendo hurtos en las tiendas de Londres. Silvester había vuelto a condenar a muerte meses más tarde por un delito de robo con intimidación a otro joven llamado Blunder, a quien había hecho pasar por mayor de edad, demostrándose después que el muchacho no había cumplido todavía los dieciséis años. Romilly denunció seguidamente la «salvaje conducta» del Recorder John Silvester en el caso de Eliza Fenning con una argumentación simple y contundente que podría haber salvado la vida de la desafortunada Eliza si se hubiera expresado en el juicio:

El caso de Eliza Fenning —explicó Romilly a los Comunes— es el de una sirvienta que en el mes de abril de 1815 fue juzgada en Old Bailey ante el Recorder de Londres por el delito de administrar veneno a su amo, su ama y al padre de su amo, lo que, por una ley del Parlamento comúnmente llamada Ley de Lord Ellenborough, se ha convertido en un delito capital.

La única prueba en contra de la acusada era circunstancial. El veneno estaba contenido en las albóndigas preparadas por ella; pero ella misma las había comido, y había estado tan enferma como cualquiera de las personas a las que se suponía que pretendía envenenar.

El hecho de que las hubiera comido tampoco podía atribuirse a una artimaña, un intento de ocultar su crimen, ya que no había hecho ningún esfuerzo por eliminar la prueba más flagrante de su culpabilidad, si es que la había. Había dejado los platos sin lavar; y la prueba de que el arsénico estaba mezclado en la comida la proporcionó el hecho de que los platos se encontraran en la cocina al día siguiente, exactamente en el estado en que habían sido traídos de la mesa.

Además —prosiguió Sir Samuel—, no se pudo descubrir ningún motivo para un acto tan atroz. Su ama, en efecto, la había reprendido unas tres semanas antes por alguna indiscreción de conducta y la había amonestado, pero después había consentido que siguiera a su servicio. Esta habría sido la única provocación para asesinar, no solo a su ama, sino también a su amo y al padre de este. Un crimen de tal enormidad, producido por una causa tan leve, probablemente nunca ha ocurrido en la historia de la depravación humana.

El Recorder, sin embargo, parecía haber abrigado un fuerte prejuicio contra la acusada. Al resumir las pruebas, hizo algunas observaciones muy injustas e infundadas en perjuicio de ella, que resultó condenada.

Romilly ofreció en su discurso otras dos claves implícitas para esclarecer el caso. Aseguró el diputado ante la Cámara de los Comunes:

La singularidad del juicio atrajo la atención de muchas personas sobre este caso. Se interesaron por ella. Pidieron clemencia a la Corona. Se le pidió al amo de la chica que firmara una petición en su favor, pero a instancias del Recorder se negó finalmente a firmar.

Romilly denunció entonces que Sir John Silvester había recibido después de la condena, pero antes de la ejecución, el ofrecimiento de una persona notable que «... podía probar que al tiempo del envenenamiento se encontraba en la casa una persona que había sufrido anteriormente una crisis de enajenación mental y que, en ese estado, había manifestado su temor de destruirse a sí mismo y a su familia».

Concluyó el diputado su discurso lamentándose de que todos aquellos esfuerzos habían resultado inútiles, porque el magistrado, tras ser advertido, había respondido que cualquier prueba que se intentase articular en tal dirección «carecería por completo de relevancia».

El periodista William Hone, pionero de lo que hoy conocemos como periodismo de investigación, quien acababa de fundar entonces el periódico The Traveller y asistió por casualidad a la ejecución de Eliza Fenning, quedó tan profundamente impresionado por la proclamación de inocencia y la serenidad exhibida en el cadalso por la joven, y por la inusual manifestación de respeto y el silencio de la multitud concentrada frente a la cárcel de Newgate, que decidió hacer suya la causa de la muchacha, y recogió el testigo que Sir Samuel Romilly había entregado en el Parlamento.

Ayudado por el escritor y activista religioso dissenter John Watkins, se propuso arrojar luz sobre los hechos. Watkins reveló muy pronto que Orlibar Turner había mostrado su disposición a implorar clemencia para Eliza Fenning al príncipe regente después de conocerse la sentencia condenatoria, pero recibió en su casa la visita del Recorder Sir John Silvester, quien se oponía fervientemente a tal medida porque consideraba que el perdón hubiera supuesto una desautorización de su conducta al más alto nivel, y amenazó a Turner con que, en caso de que la condenada fuese indultada, él no tendría más remedio que iniciar una nueva investigación contra la propia familia del comerciante para averiguar quién había sido el verdadero causante del envenenamiento. Turner había sucumbido a la admonición del magistrado y desistió de firmar la petición.

Hone y Watkins publicaron acto seguido la identidad del personaje célebre que había revelado la presencia en la casa de los Turner de una persona perturbada que vivía con ellos, revelación que había sido comunicada personalmente a Sir John Silvester a tiempo de evitar la ejecución de Eliza Fenning. Se trataba del señor Basil Montagu, prestigioso barrister de Lincoln’s Inn, hijo natural reconocido del conde de Sandwich, fervoroso cuáquero y fundador en 1808 de la Society for the Diffusion of Knowledge upon the Punishment of Death, una asociación abolicionista contra la pena capital. Montagu confirmó que había visitado al magistrado Silvester la víspera de la ejecución de Eliza Fenning para advertirle de la enfermedad mental de Robert Gregson Turner.

Profundizando en la revelación de Sir Samuel Romilly, William Hone publicó también el testimonio del señor Gibson, apoderado de la empresa química Corbyn Co. de Holborn, quien en la víspera de la ejecución y, por tanto, a tiempo de salvar la vida de Eliza Fenning, había declarado ante el Recorder Sir John Silvester y el subsecretario del Home Office señor Beckett, que:

—Alrededor de septiembre u octubre del año pasado, el señor Turner Jr. se dirigió a mí en nuestra sede de Holborn. Parecía estar en un estado tan salvaje y desquiciado que lo llevé a una habitación trasera, donde utilizó las expresiones más violentas e incoherentes: Mi querido Gibson —me pidió— haga por el amor de Dios que me encarcelen o me encierren, porque si me dejan en libertad haré algún disparate, me destruiré a mí mismo y a mi esposa. Debo hacerlo, y lo haré a menos que se aparten de mí todos los medios de destrucción; por lo tanto, mi buen amigo, ruegue que me pongan bajo alguna interdicción; algo desde lo más Alto me dice que debo hacerlo, y a menos que se me impida, ciertamente lo haré.

El Sr. Gibson añadió que comunicó esta conversación a la familia del pobre maniaco, pero no hicieron caso de la advertencia, y se le dejó en libertad.

Hone y Watkins publicaron también que Gibson había ofrecido a Sir John Silvester y al subsecretario Beckett el testimonio de su socio, el señor Crockford, para ratificar su versión de la enajenación mental exhibida de forma reiterada por Robert Turner.

Tildando la muerte de la joven cocinera de «asesinato judicial», William Hone se amparó en la libertad de información y publicó un memorial que contenía los resultados de la investigación periodística de John Watkins, que este tituló «Los importantes resultados de una elaborada investigación en el misterioso caso de Elizabeth Fenning». Los dos periodistas desvelaron que buena parte de la documentación del sumario había desaparecido. La investigación determinaba —aseguraban Hone y Watkins— que la identificación como arsénico de la sustancia que contenían los dumplings era más que dudosa, y que esa información fue deliberadamente ocultada al jurado.

Sir John Silvester orquestó entonces una campaña furiosa en contra de William Hone, John Watkins y su libro, con el apoyo y la financiación de sus colegas de la carrera judicial, publicando primero en el Observer y seguidamente en los principales periódicos, y además en carteles exhibidos en todos los comercios y en pasquines introducidos en los buzones de las casas de los barrios conservadores, que los Fenning «eran en realidad católicos irlandeses»; que William Fenning había cobrado mucho dinero por exhibir el cuerpo de su hija; y que había exigido a Eliza Fenning que proclamase su inocencia hasta el final únicamente para no avergonzarle.

Los medios conservadores siguieron publicando lo que hoy consideraríamos una campaña organizada de fake news, con informaciones tendenciosas cuando no abiertamente falsas, con obvia intención de desacreditar a los Fenning, a Hone y a Watkins. Dijeron, por ejemplo, que Eliza Fenning había intentado degollar varios años atrás a una mujer, y también que había procurado envenenar a los dueños de la casa donde había servido antes de ser contratada por los Turner. Watkins entrevistó a la mujer en cuestión: no conocía a Fenning. Entrevistó también a la otra familia: nunca habían empleado a Eliza.

Nadie exigió responsabilidades por su intervención en el juicio, condena y ejecución de Elizabeth Fenning a sabiendas de su inocencia a Sir John Silvester, quien siguió ejerciendo hasta su muerte en 1822 su cargo de magistrado principal de Londres en el tribunal de Old Bailey sin ser nunca interpelado.

El negocio de papelería de Orlibar Turner fue declarado en quiebra en 1825. Robert Gregson Turner fue recluido en un manicomio.

El catedrático de jurisprudencia médica de la Universidad de Londres, doctor John Gordon Smith, el mismo que había desacreditado la prueba pericial del médico John Marshall en el juicio de Eliza Fenning, publicó un anuncio en el Morning Journal en 1828 dando a conocer el fallecimiento en el manicomio de Ipswich de Robert Gregson Turner. Antes de morir, Turner había confesado «que había sido él quien había puesto en la comida de su familia el arsénico por el que había sido ahorcada Eliza Fenning».

El rey se divierte

España, 1831

Ya no verán tus ojos
las naranjas de luz que pondrá en los tejados
de Granada la tarde.

FEDERICO GARCÍA LORCA, Mariana Pineda

En sus bodas con la muerte, mientras el verdugo le coloca alrededor del cuello la gargantilla de hierro¹con la que va a arrebatarle la vida, Mariana se acuerda de sus hijos. Mirando al cielo, implora:

—Dios mío, ¿qué va a ser de ellos? ¡Qué lástima más grande!

No dice nada. Recuerda la última enseñanza de su madre adoptiva: «Hija mía, que no te vean llorar». Y se aguanta las ganas.

Mariana de Pineda y Muñoz simpatiza desde muy joven con los círculos liberales y masónicos que a lo largo del primer tercio del siglo XIX han luchado por imponer en España los derechos de la persona y los valores de libertad e igualdad consagrados por las revoluciones francesa y americana. Es una activista comprometida, integrada en aquellos grupos que el gobierno califica de «anarquistas». Va a morir a los veintiséis años, ejecutada por liberal y por haber participado en la conspiración que pretende derribar al gobierno absolutista del rey Fernando VII para restaurar la Constitución democrática de 1812. Muere, además, por ser mujer, libre y coherente con sus principios, por llevar su actitud de rebeldía hasta las últimas consecuencias. Muere, al cabo, por el capricho de un rey cruel que se siente acorralado.

Es jueves 26 de mayo de 1831, cerca del mediodía. Una lluvia fina cae sobre el Campo del Triunfo, explanada baldía situada extramuros de Granada, delante de la puerta de Elvira. Una lluvia fina anticipa la tormenta que deja sentir desde Sierra Nevada su fragor todavía lejano. El cielo gris acompaña al día oscurecido de pesadumbre en el ánimo de los granadinos.

Una patrulla de soldados a caballo abre la comitiva que conduce al patíbulo a Mariana Pineda. La condenada viste un sayal negro, y cubre su cabeza con un birrete del mismo color. Debajo del sayal lleva un vestido azul estampado con flores de azucena color de caña. Conducida a lomos de una mula, las riendas sujetas por el verdugo, Mariana tiene las manos atadas por delante con un cordel, y sujeta entre ellas un rosario y un crucifijo de los que, la cabeza inclinada, no aparta la vista. Junto a la mujer, amén del verdugo, camina un pregonero que, de viva voz y previo redoble del tambor, entera de tanto en tanto del crimen y la condena a cuantos se prestan a escucharle. Les sigue un grupo de frailes que rezan por el alma de Mariana, y los hermanos mendicantes de la Caridad que acompañan siempre en su último tránsito a los condenados a la pena capital. Completan la procesión un receptor y dos alguaciles. Cierra el cortejo otra patrulla de uniformados a caballo.

En el terreno ahora conocido como el Campo del Triunfo, adosado a la muralla de la ciudad, se ubicaba antiguamente el cementerio de la comunidad musulmana de Granada. Después de la rendición del reino nazarí, Isabel la Católica ordenó su clausura e hizo derribar el muro que lo guardaba. La explanada está consagrada desde entonces a las celebraciones religiosas en veneración de la Virgen de la Inmaculada, cuya imagen de piedra preside el descampado desde lo alto de un pedestal. El lugar se utiliza también para ultimar con gran solemnidad, y ordinariamente con mucha afluencia de público, a los criminales sentenciados a muerte. Con ese propósito se instaló, no muy lejos de la Virgen, un rollo, también llamado picota, columna cilíndrica de piedra coronada con una cruz de hierro junto a la cual se ejecuta a los condenados. Como aviso para caminantes, se deja el cuerpo del supliciado expuesto hasta que empieza a descomponerse.

A fin de procurar la ejemplaridad de los castigos, el Código Penal²dispone que las ejecuciones deben celebrarse en días laborables entre las once y las doce de la mañana, en patíbulos colocados fuera de la población, pero «en sitio inmediato a ella y proporcionado para muchos espectadores». La explanada del Triunfo se adapta bien a la previsión legal y, en consecuencia, delante de la columna de la justicia se ha construido un amplio tablado rectangular de madera de un metro y medio de altura, recubierto de tela negra, que sirve como cadalso a la Real Chancillería de Granada, uno de los dos más altos tribunales de justicia del reino. La Chancillería de Granada ejerce su jurisdicción sobre todas las tierras al sur del Tajo, mientras que la de Valladolid ostenta esa misma autoridad al norte del río.

Sobre el tablado no hay más que un banco adosado a un grueso poste de madera en el que se inserta el garrote, un torniquete de hierro que se acciona desde atrás con una manivela. El verdugo sienta al condenado atado de pies y manos en el banquillo mirando hacia delante y con la espalda apoyada en el poste; le sujeta entonces la cabeza, colocándole alrededor del cuello una abrazadera de hierro, de manera que la nuca queda situada justamente delante del torniquete. Cuando el alguacil da la señal, el verdugo acciona desde atrás la manivela, el torniquete gira y el tornillo se desplaza introduciéndose en el cuello del condenado, ahogándole contra el collar que le abraza por delante, seccionándole a continuación el bulbo raquídeo o la médula espinal, rompiéndole de ordinario algunas vértebras cervicales y causándole, si la operación se realiza correctamente,³la muerte instantánea.

Hasta 1828, las ejecuciones en España se llevaban a cabo mediante el procedimiento tradicional del ahorcamiento del condenado, precipitándole desde el cadalso al vacío con una soga atada al cuello. La muerte sobrevenía por asfixia y, si la altura y el peso habían sido debidamente calculados, también por la fractura de la columna vertebral, que se descoyuntaba por el peso del cuerpo al caer. El rey Fernando VII, atento siempre al progreso y bienestar de su país, había ordenado ese año por Real Cédula de 28 de abril reemplazar aquel vetusto método de ejecución por el más moderno y eficiente del garrote, acordándolo precisamente ese día «para señalar la grata memoria del feliz cumpleaños de la reina» María Josefa Amalia de Sajonia. El garrote podía ser «ordinario», el que se aplicaba a los criminales comunes; «vil», que se utilizaba cuando la condena había sido impuesta por delitos infamantes, aquellos que añadían a la privación de la vida la deshonra, la pérdida de la fama; y finalmente «noble», que se reservaba a los hijosdalgo. Las diferencias entre una modalidad y otra eran protocolarias: se distinguían por el animal utilizado para el transporte del condenado, mula, asno o caballo; por la indumentaria con que se vestía al reo, sencilla o solemne; por el revestimiento del patíbulo, con adornos y estandartes o sin ellos. El procedimiento de ejecución y el mecanismo de causación de la muerte eran siempre iguales y producían el mismo efecto que el tiro de gracia en la nuca, o la puntilla que el subalterno aplica al toro para ultimarlo. El garrote se siguió aplicando en España hasta 1974.4

Las ejecuciones públicas de los condenados a muerte en Granada solían congregar una muchedumbre de curiosos que seguían a la comitiva desde su salida de la Cárcel Baja, situada enfrente de la puerta del Perdón de la catedral, y continuaba a lo largo de la calle Elvira hasta la salida de la ciudad por la puerta del mismo nombre.

Mariana Pineda ha estado presa en el Beaterio de Santa María Egipciaca,⁵convento de monjas y reclusorio para mujeres, pero una vez confirmada su condena a muerte, ha sido trasladada para que pase sus dos últimos días «en capilla» en la Cárcel Baja.⁶

El día señalado para la ejecución, la explanada del Triunfo no está llena de gente como cabía esperar. Apenas la atraviesan algunos transeúntes que entran o salen apresuradamente de la ciudad y que no desvían la mirada ni prestan atención a la ceremonia que se prepara en el tablado revestido de tela negra. Algunos espectadores, la mayoría mujeres, han contemplado desde las bocacalles que descienden del Albaicín y desembocan en la calle Elvira, llorando en silencio con emoción contenida, el paso de la comitiva. Los postigos y balcones de las casas a lo largo del recorrido, otras veces atestados de gente en un ambiente festivo, han permanecido esta vez cerrados. Salvo unos pocos adulones que procuran infructuosamente enardecer a los viandantes con vivas al rey y al gobierno, los granadinos no encuentran nada que celebrar.

Celebración no hay, pero tampoco ha tenido lugar el alzamiento popular que habían anticipado y se temían las autoridades locales, organizado al parecer para rescatar a Mariana. Seguramente, ha podido más el miedo. Para la mayoría, es un día de silencio y consternación: nadie entiende que se condene a morir agarrotada a una mujer de veintiséis años, viuda y madre de dos hijos muy pequeños, solo por haber encargado bordar una bandera. Los liberales sienten desolación; los monárquicos, vergüenza.

No ha comparecido ningún magistrado, fiscal, oidor o alcalde del crimen de la Real Chancillería. Ninguna autoridad ha querido estar presente. Junto al cadalso se sitúan únicamente el receptor y los dos alguaciles, un sacerdote, los frailes y penitentes, y la fuerza pública a caballo. Después del preceptivo redoble de tambor, el pregonero lee una vez más la sentencia y la condena de Mariana: muerte por garrote ordinario, y confiscación de todos sus bienes. Terminada la lectura del fallo, el alguacil hace una señal alzando el brazo. El verdugo acciona entonces el garrote con destreza, da una vuelta completa a la manivela, y estrangula en un instante a Mariana Pineda rompiéndole de paso las vértebras cervicales cuarta, quinta y sexta, causándole la muerte en el acto.⁷

El siguiente domingo se celebrará en toda España el aniversario de la coronación de Fernando VII, y es costumbre conmemorar la festividad del rey colgando banderas y estandartes en los balcones. Muchos balcones de Granada exhibirán ese día crespones negros.

Mariana Pineda había sido procesada por primera vez en 1823, junto con su criado José Porfirio Antonio Burel, denunciados ambos por un liberal detenido en Málaga que los delató. «La viuda está muy bien considerada entre los anarquistas expatriados de Gibraltar», contó el preso en el interrogatorio. La información no era muy precisa, y aunque se realizaron diversas diligencias, el caso se archivó finalmente por falta de pruebas. Sin embargo, a partir de aquel momento, la policía dispuso de la información inicial merced a la cual podía considerar a Mariana sospechosa de connivencia con los liberales y someterla a la vigilancia consiguiente. Las visitas que realizaba o recibía, la correspondencia, los encuentros y los movimientos de Mariana empezaron a ser cuidadosamente verificados. Se comprobó que había visitado a liberales en prisión, que había enviado a Madrid memoriales en favor de algunos de ellos, que recibía con frecuencia a connotados masones en su casa.

Se le investigó de manera exhaustiva y se registró su domicilio en 1828, cuando se produjo la fuga de prisión de su primo Fernando Álvarez de Sotomayor. La policía sospechaba que Mariana le había ayudado a escapar y que le había escondido en su casa una vez evadido. Ambas cosas eran ciertas, puesto que Mariana le había llevado a la cárcel el hábito de monje, la barba postiza y el rosario con los que el primo, uno de los líderes de la insurrección liberal condenado a muerte y en espera de su ejecución, se había disfrazado para salir de la prisión sin que los vigilantes —que habían creído de buena fe que se trataba de un religioso— intentaran detenerlo. Mariana recibió al primo en su casa, pero cuando se presentó la policía a buscarlo, aquel había encontrado ya mejor refugio, desde donde consiguió salir poco después. Huido de Granada, se embarcó en Almería y logró ganar Gibraltar por mar. No se encontraron pruebas contra Mariana, y la segunda causa también se archivó.

Por último, el 18 de marzo de 1831 la policía realizó una nueva entrada y registro en la casa de Mariana Pineda en la calle del Águila de Granada. Esta vez encontraron una bandera.

En el antiguo régimen se desconocía la separación de poderes. Las monarquías absolutas eran consideradas tales precisamente porque en ellas el poder, único e indivisible, pertenecía por herencia al monarca, titular exclusivo de la soberanía nacional, conferida a sus ancestros por designio divino. Quien discrepase de aquella opinión podía ser considerado «subversivo» y reo de traición. La situación empezó a mudar en 1748, cuando el barón de Montesquieu publicó El espíritu de las leyes, libro en el que propugnaba la división e independencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, con el propósito de que cada uno de ellos limitase y controlase a los demás y fuese al mismo tiempo controlado por ellos.

Ese principio, esencial para la gobernabilidad democrática de los estados modernos, que había empezado a convertirse en la piedra angular de las constituciones aprobadas después de las revoluciones americana y francesa, no había llegado a España. Mejor dicho, había sido reconocido y promulgado en la Constitución de Cádiz de 1812, en plena Guerra de la Independencia, pero apenas había encontrado aplicación porque Fernando VII había puesto fin a su efímera vigencia en la primera oportunidad que se le presentó. Salvo por el trienio liberal entre 1820 y 1823, la división de poderes era una quimera para los españoles.

En la época en que Mariana Pineda fue procesada, no había más autoridad que la del rey y sus servidores. Figuras como la de los «alcaldes del crimen» que hoy se nos antojan extravagantes y contrarias a la más elemental seguridad jurídica, estaban a la orden del día: una sola persona podía ser al mismo tiempo juez y fiscal, de primera instancia y de apelación, del orden civil y del penal, por atribución de su propia jurisdicción o mediante la avocación de los casos atribuidos a sus subordinados, que no necesitaba motivar. Lo mismo se podía ser director de la cárcel de Corte, destinada a los culpables de delitos de «muerte segura», «mujer forzada», «tregua quebrantada», y de aquellos que afectaban a los «desfavorecidos» o a las personas «del común que se enfrentaban a poderosos», que de la de Galera, centro de reclusión prevenido para castigo de «mujeres bagantes» o que cometen «otros delictos». Se podía ser simultáneamente jefe o delegado de policía, encargado de orden público y aun de salud pública. En definitiva, los alcaldes del crimen eran servidores del rey para lo que fuera menester, y ostentaban la máxima autoridad judicial y gubernativa, solo subordinada a la de los magistrados de la Chancillería conocidos como «oidores». Todos estaban sometidos a la autoridad y jurisdicción de los alcaldes del crimen, con excepción de los miembros del clero, los de la universidad, los militares y, mientras estuvo en vigor, los miembros y familiares del Santo Oficio.

El más conspicuo defensor y representante del gobierno de su majestad en Granada se llamaba Ramón Pedrosa y Andrade, y había sido nombrado alcalde del crimen de la Real Chancillería el 8 de enero de 1825. Pedrosa simultaneaba esa función jurisdiccional en el tribunal con la de subdelegado de policía, asumiendo, según el caso, funciones de investigación policial, instrucción penal y acusación, compatibilizándolas con el enjuiciamiento de toda clase de delitos. Pedrosa era uno de los individuos más poderosos y temidos de Granada. El respeto que inspiraba su autoridad, que ostentaba a la vista de todos, se transformó en miedo reverencial cuando pasó a encargarse con dedicación exclusiva de la persecución de «liberales, masones y demás opositores» al gobierno. Como responsable de la policía política, Ramón Pedrosa era inatacable. Viajaba con frecuencia a Madrid y despachaba directamente con el ministro de Gracia y Justicia, Francisco Tadeo Calomarde, persona de la máxima confianza y brazo ejecutor de la voluntad soberana del rey Fernando.

Ramón Pedrosa vigilaba estrechamente a Mariana Pineda. Sabía que formaba parte de las redes liberales que conspiraban en Andalucía, que su casa era un lugar habitual de reunión para esos grupos clandestinos, y que estaba en contacto con los expatriados de Londres y de Gibraltar. Sabía también que Mariana había ayudado a escapar de prisión a su primo Fernando Álvarez de Sotomayor, aunque entonces no hubiera podido procesarla por falta de pruebas. Mariana no era una dama frívola de alta sociedad «liberal por enamorada», como algunos decían de ella con desdén. Era una conspiradora activa, partícipe de los operativos que se preparaban, y Pedrosa lo sabía: esperaba ansiosamente la oportunidad de probarlo. Por eso, cuando tuvo noticia por uno de sus innumerables confidentes de que unas bordadoras del Albaicín habían recibido el encargo «de una señora» para bordar una bandera subversiva, no tuvo dudas. No podía ser otra que Mariana Pineda. El alcalde del crimen hizo detener a las bordadoras, incautó la bandera en casa de estas, y consiguió sin mayores apremios que confesaran que, en efecto, el encargo provenía de Mariana Pineda.

El cuerpo del delito era una pieza de tela rectangular de tafetán, del tamaño de una bandera o estandarte, de color morado, con un triángulo equilátero de color verde en el centro, y la leyenda «libertad, igualdad y ley» que las mujeres estaban bordando sobre el tafetán con hilo de color rojo, una palabra en cada uno de los tres lados del triángulo. No era una bandera tricolor,⁸ni respondía a una simbología republicana. Se trataba más bien de un estandarte propio de la francmasonería, del que se conocían muchos referentes, y no había ningún indicio que permitiera inferir que estaba destinado a otra cosa que los rituales propios de la logia correspondiente. A Pedrosa le daba igual que la bandera fuera un símbolo liberal, masón o republicano: primero, porque las logias masónicas estaban tan prohibidas como los partidos liberales; y segundo, porque, aunque él no pudiera acreditar que el estandarte en cuestión estuviera destinado a servir antes o después como bandera de un alzamiento liberal, tal posibilidad no podía descartarse.

Las declaraciones de las bordadoras, empero, no le parecieron prueba de cargo suficiente para asegurar la condena de Mariana, incluso añadiéndoles la evidencia material de la bandera aprehendida. El alcalde del crimen quiso esta vez curarse en salud y asegurar la jugada. Con tal propósito, dispuso que las dos mujeres llevasen el 18 de marzo la bandera a medio bordar a la casa de Mariana en la calle del Águila para que la dejasen allí con cualquier pretexto. Espantadas como estaban, las mujeres se avinieron a colaborar con la policía y entregaron la bandera inacabada, siendo recibida la prenda por los servidores de la casa. Por toda explicación, las bordadoras les dijeron que la devolvían porque estaban asustadas y no querían seguir con la tarea. Tan pronto se retiraron las mujeres, Pedrosa hizo entrar a la policía a registrar la casa, y naturalmente, encontraron allí la bandera y volvieron a incautarla. En el atestado de 19 de marzo, los policías reseñaron que se había intervenido un «estandarte revolucionario o bandera tricolor con lemas subversivos», pero se cuidaron muy mucho de revelar que el hallazgo de la prueba de cargo se había producido en realidad la víspera en la casa de las bordadoras en el Albaicín. Mariana fue procesada, y junto a ella quedaron sujetos a proceso su madre adoptiva, Úrsula de la Presa, dueña de la casa, y una vez más el criado José Antonio Burel, el mismo que ya había sido procesado junto a ella años atrás. Se decretó el arresto domiciliario de los tres.

El 21 de marzo, Mariana, consciente del grave peligro en que se encontraba, intentó escapar de su encierro escabulléndose por el patio trasero para ganar la calle disfrazada con ropa negra que le daba la apariencia de una anciana. El ruido que hizo al saltar la tapia fue oído por los vigilantes, uno de los cuales salió corriendo y la detuvo cuando había recorrido apenas unos metros. Mariana intentó persuadir al policía de que la dejase marchar, pero el funcionario se mantuvo firme. La procesada fue recluida entonces en la prisión de mujeres, el Beaterio de la calle Recogidas.

La «siembra» policial de la bandera en casa de Mariana no sería la única arbitrariedad del procedimiento.

El rey Fernando VII fue informado del caso de Mariana Pineda a los pocos días de producirse el arresto y la incautación de la bandera. Había pasado la tarde jugando una partida de billar con varios cortesanos en los salones de palacio, y al terminar, antes de pasar al comedor para la cena, despachó, como de costumbre, con el ministro Calomarde, que tenía a su majestad puntualmente informado de los acontecimientos.

Debería haber sido una época dulce para Fernando: por fin, después de casi treinta años y tres matrimonios, su cuarta esposa, María Cristina de Borbón y Dos Sicilias, que era también su sobrina, le había dado una heredera, Isabel. Sin embargo, el rey vivía amargado por dos males que no tenían remedio: la enfermedad y los liberales.

Tenía cuarenta y siete años y mala salud. A diferencia de sus ancestros, amantes de los espacios abiertos, la caza y la equitación, Fernando no hacía ejercicio, aborrecía los deportes y estaba muy gordo. Medía 1,65 metros y pesaba más de cien kilos. La podagra le torturaba con ataques repentinos e intensos de dolor, hinchazón, enrojecimiento e hipersensibilidad en los pies y en las articulaciones, y a menudo le mantenía postrado. A pesar de los consejos de sus médicos, abusaba de las comidas grasas y apenas ingería otra cosa que carnes rojas regadas generosamente con los mejores vinos de la tierra, acompañadas de jamón, quesos y embutidos. El pescado, las frutas y las verduras no formaban parte de su dieta, que completaba con grandes dosis de dulces y chocolate. Fumaba mucho, cigarros puros que se hacía traer de Cuba. El rey tenía los ojos muy pequeños y un exagerado prognatismo heredado de sus mayores que le impedía encajar las mandíbulas, quedando la superior retrasada, oculta además por una nariz muy pronunciada, aunque bastante chata. Le costaba cerrar la boca, que al parecer exhalaba un aliento fétido de tabaco y malas digestiones. Se cuenta también que padecía una acentuada macrosomía genital que hacía muy penosas para sus parejas las relaciones sexuales, y un cierto grado de impotencia. Su fisonomía, en definitiva, le hacía poco dotado para las aventuras galantes de los salones con las damas de la corte, y había agravado su timidez congénita. Aficionado no obstante a las mujeres, prefería consolarse en los encuentros amorosos furtivos con profesionales anónimas del sexo que buscaba por las noches ausentándose de palacio, acompañado de algún noble y servidores de confianza. Se entretenía por lo demás con los juegos de azar, la lectura, y le encantaban los toros y el teatro.

En cuanto a los liberales, a los que Fernando había perseguido con saña toda la vida, vivían un momento de particular efervescencia revolucionaria. El general José María de Torrijos y Uriarte, veterano de la Guerra de la Independencia,⁹había tomado en el exilio de Londres el relevo de Francisco Espoz y Mina, y se había trasladado a Gibraltar, desde donde se disponía a lanzar una «insurrección en circunferencia», atacando primero a los realistas en la periferia de la península, para irse luego acercando y alcanzar finalmente Madrid, en la que se esperaba fuera la rebelión definitiva. El primer ataque lo había dirigido contra Algeciras en enero de 1831, y tenía el objetivo de lograr la ocupación de Cádiz y la Serranía de Ronda y desde allí expandirse por toda Andalucía.

El proyecto había fracasado, pero los liberales de Torrijos no se habían desanimado por ello. El 2 de marzo se cobraron la vida del gobernador de Cádiz al tiempo que alzaban la guarnición de la Real Marina de San Fernando. El teniente coronel Salvador Manzanares Fernández, otro héroe de la Guerra de la Independencia, se levantó simultáneamente y tomó Dos Barrios. Se dirigió después por mar desde Gibraltar a Estepona, donde desembarcó con un grupo de revolucionarios a los que enseguida se unieron numerosos bandoleros y desertores de las tropas del rey. Desde allí, Manzanares emprendió la marcha con la intención de tomar Granada. Los realistas le salieron al encuentro, obligándole a refugiarse en Sierra Bermeja. Intentó escapar infructuosamente, siendo denunciado, apresado y ejecutado el 7 de marzo. Todos sus hombres fueron fusilados sumariamente al día siguiente en la playa de Estepona.

El gobierno decretó entonces la movilización general de los voluntarios reales en Granada, que fueron incorporados a filas entre el 8 y el 18 de marzo, y promulgó en la Gaceta de Madrid sendos decretos el 15 y el 22 marzo. En ellos se reconocía que había «un foco revolucionario» en el sur de la península, y se ordenaba, para el enjuiciamiento de los rebeldes que fuesen capturados, la constitución de «comisiones militares ejecutivas y permanentes» que «de manera sumarísima» entendiesen de tales delitos. El 18 de marzo, al mismo tiempo que Granada se preparaba para la defensa de la ciudad contra el ataque inminente de los liberales sublevados, mientras se reclutaban voluntarios para las tropas reales, Ramón Pedrosa incautó la bandera en la casa de Mariana Pineda.

El monarca vivía rodeado de una élite de amigos varones a los que trataba con mucha familiaridad y colmaba de títulos y prebendas a cambio de las cuales ellos le correspondían con pleitesía y fidelidad incondicionales. Fernando VII jugaba bien al billar y a los naipes, y le gustaba apostar y ganar. Los aduladores que le rodeaban procuraban no llevarle la contraria para evitarle y evitarse disgustos, al punto de que cuando tenía una mala racha, le dejaban ganar con discreción, y él lo celebraba como si no se hubiera dado cuenta. El rey era generalmente campechano, tuteaba a cualquiera, aborrecía las formalidades del protocolo y empleaba con frecuencia expresiones malsonantes y soeces. Todos sabían que detrás de esa apariencia bondadosa se escondía un carácter impredecible, caprichoso, con frecuencia rencoroso y a veces explosivo, de una crueldad refinada y desmedida. Se parecía mucho al rey de la obra dramática de Victor Hugo El rey se divierte, en el que se inspiraría luego Giuseppe Verdi para el personaje del duque de su ópera Rigoletto.

La tragedia de Mariana Pineda no puede entenderse sin conocer al personaje: Fernando, María, Francisco de Paula, Domingo, Vicente Ferrer, Antonio, Joseph, Joachîm, Pascual, Diego, Juan Nepomuceno, Genaro, Francisco, Francisco Xavier, Rafael, Miguel, Gabriel, Calixto, Cayetano, Fausto, Luis, Ramón, Gregorio, Lorenzo y Gerónimo de Borbón y Parma, por todos conocido como Fernando VII, apodado al principio de su reinado el Deseado y al final el Felón.

Siendo todavía príncipe de Asturias, Fernando se propuso deponer del trono a su padre, el rey Carlos IV. La traición, conocida como el Complot de El Escorial, fue descubierta y abortada el 27 de octubre de 1807. Fernando delató entonces a todos sus cómplices, y mientras él recibía el perdón real, los demás fueron desterrados. Apenas se sintió a salvo, orquestó un nuevo golpe de Estado que consumó el 18 de marzo de 1808, esta vez con éxito, mediante el llamado Motín de Aranjuez, sublevación pretendidamente popular, orquestada en realidad por varios nobles y algunos militares. Carlos IV abdicó en su favor, y Fernando ascendió al trono.

Napoleón Bonaparte —que había estado detrás de las dos conspiraciones y en el ínterin había ocupado con sus tropas sin encontrar resistencia el territorio español con el pretexto de que se dirigían a invadir Portugal y con el beneplácito de Carlos IV— invitó a viajar a Bayona al padre y al hijo, los tomó prisioneros y los obligó a renunciar a sus derechos dinásticos. El reinado de Fernando VII había durado un mes y medio y Napoleón, que proclamó seguidamente rey de España a su hermano José Bonaparte, se quedó con el país sin haber disparado un solo tiro.

El 2 de mayo, los españoles se sublevaron contra los invasores franceses, y dio comienzo la Guerra de la Independencia. En 1812, en plena guerra, las Cortes se reunieron en Cádiz con representantes de todos los territorios españoles, incluidos los de ultramar, y aprobaron una Constitución que proclamaba los valores democráticos y liberales, la monarquía parlamentaria y abolía el absolutismo del antiguo régimen.

En diciembre de 1813, perdido el control militar del territorio español que los patriotas españoles habían recuperado ayudados por las tropas británicas del duque de Wellington, Napoleón reconoció de nuevo como rey a Fernando VII. El «deseado» regresó enseguida a España, y le faltó tiempo para organizar su tercer golpe de Estado, que ejecutó el 11 de mayo de 1814. Disolvió las Cortes, abolió la Constitución, y proclamó de nuevo la monarquía absoluta con ayuda del ejército al mando del general Francisco de Eguía. Empezó a perseguir con saña a los liberales, y dio comienzo el «sexenio absolutista». Los héroes de la guerra contra los franceses y cabecillas liberales, Espoz y Mina, Díaz Porlier, Vicente Richart, Luis Lacy y Joaquín Vidal, se fueron alzando uno tras otro contra esa nueva tiranía, procurando reponer la Constitución democrática de 1812. Fueron apresados, condenados a muerte y ejecutados por orden del rey, que desoyó todas las peticiones de clemencia. Se salvó solo Espoz y Mina, que logró huir a Francia. La rebelión se extendió por toda América: los territorios españoles que en 1810 se habían alzado al grito de «viva el rey y muera el mal gobierno» empezaron a desembarazarse de la metrópoli y declarar su independencia.

Entonces, el 1 de enero de 1820, un joven teniente coronel llamado Rafael del Riego, acantonado en Cabezas de San Juan, provincia de Sevilla, al mando de un batallón del regimiento de Asturias que iba a ser embarcado para sofocar la rebelión en América, decidió pronunciar una arenga insólita exhortando a sus hombres a condenar aquella guerra fratricida de ultramar, persuadiéndoles para que permanecieran en la península y lucharan contra el absolutismo. La proclama resultó tan emotiva que los soldados secundaron unánimemente el pronunciamiento en defensa de la Constitución y se dirigieron a Arcos de la Frontera, donde sorprendieron durmiendo y tomaron prisionero sin pegar un tiro al general en jefe del ejército expedicionario. El teniente coronel y sus tropas revolucionarias se dirigieron entonces a Cádiz, donde derrotaron frente a la Isla de León a la caballería de O’Donnell.¹⁰Riego fue aclamado como general por sus soldados. Combatieron a los realistas por toda Andalucía hasta que, ayunos de refuerzos y cortos de munición, tuvieron que echarse al monte. Deambularon todo el invierno sin rumbo fijo esperando acontecimientos, hasta que el 10 de marzo, cuando Riego y los supervivientes de su batallón se disponían a buscar refugio en Portugal, agotadas sus esperanzas, les alcanzó la noticia de que su revolución había triunfado. Mientras ellos recorrían erráticamente las serranías andaluzas, guarniciones de toda España habían ido haciendo suyo el pronunciamiento de Riego hasta lograr que Fernando VII consintiese en jurar de nuevo la Constitución.

El liberalismo floreció en toda Europa, y la Constitución española de 1812, restablecida su vigencia, fue tomada como modelo para redactar las de Piamonte, Nápoles y Portugal.

El rey capeó como pudo el temporal y ganó tiempo mientras grupos armados realistas hostigaban al ejército en toda España y él se dedicaba a organizar dos nuevos golpes de Estado contra el gobierno liberal, el primero en enero de 1821 —la conspiración de Vinuesa—, que no pasó de una intentona. El segundo, el 7 de julio de 1822, estuvo mejor planificado, y en esta ocasión, el rey logró levantar en armas contra el gobierno a cuatro batallones de la Guardia Real en El Pardo, convocando entonces a los ministros al Palacio Real, donde les retuvo como rehenes mientras solicitaba al Consejo de Estado la derogación de la Constitución y el perdón para los sublevados. El Consejo rehusó atender sus peticiones y decidió mantener el orden constitucional a pesar de que el gobierno se encontraba privado de libertad y los batallones rebeldes estaban tomando Madrid. Los sublevados consiguieron llegar hasta el centro de la capital, pero cuando se dirigían al Palacio Real fueron interceptados en las inmediaciones de la plaza Mayor al grito de «no pasarán» por integrantes de la Milicia Nacional —el improvisado «batallón Sagrado» del coronel Evaristo San Miguel—, y voluntarios armados por el Consistorio, que les hicieron frente. Después de intensos combates con numerosas bajas en ambos bandos, los rebeldes fueron derrotados.

Entre tanto, Riego había sido elegido diputado y presidente de las Cortes el 25 de febrero de 1822. Poco después, Fernando VII compareció ante la cámara, y anunció su propósito de emprender nuevas campañas militares en el extranjero. Rafael del Riego le cortó en seco: «El poder y grandeza de un monarca consiste únicamente en el exacto cumplimiento de las leyes». Fernando enmudeció, y no supo responder a la que juzgó gravísima humillación, pero juró para sus adentros que haría pagar a Riego aquella insolencia, aquella intolerable afrenta a su autoridad.

Fernando VII no se resignó a dejarse gobernar por los liberales, y procuró reconstituir sus alianzas internacionales. Al año siguiente pudo finalmente liquidar el trienio liberal con su sexto golpe de Estado autorizando la entrada en España del ejército francés de los Cien Mil Hijos de San Luis, que el 31 de agosto de 1823 aplastó en la batalla de Trocadero, con una superioridad de quince contra uno, a los últimos defensores que guardaban Cádiz.

Había llegado el momento de la revancha, y lo primero que hizo Fernando VII fue promulgar una real orden por la que dispuso que Rafael del Riego fuera juzgado como reo de un delito de lesa majestad que tipificó en aquel momento y al que concedió efectos retroactivos, consistente en haber obligado a la familia real a desplazarse contra su real voluntad a Cádiz. Riego fue condenado a muerte, y lo ahorcaron de manera infamante en la plaza de la Cebada de Madrid.¹¹Comenzaba la Década Ominosa.

Al serle devuelto el poder absoluto, Fernando VII desató el «terror blanco». Juan Martín Díez el Empecinado, otro héroe de la Guerra de la Independencia, fue detenido, encarcelado, torturado y ejecutado. Miles de servidores públicos fueron depurados. El decreto del monarca rezaba que debían ser sustituidos por «sujetos leales y adictos a mi persona y a los derechos de mi soberanía». Las «comisiones militares» dictaron numerosas sentencias de muerte, prisión y galeras. Se creó la superintendencia general de policía, y casi veinte mil liberales tuvieron que exiliarse. El barrio londinense de Somers Town se pobló de refugiados españoles, la mayoría de los cuales no regresaría jamás a su país.¹²Se encargó de la represión al ministro Calomarde. El rey organizó también la «policía reservada», primitivo servicio de inteligencia que se infiltró entre los exiliados, y al frente del cual puso a José Manuel del Regato, persona de su máxima confianza. Regato y Calomarde eran los únicos funcionarios que tenían acceso directo y permanente al monarca.

Aquel día de marzo de 1831, en el salón de juegos del Palacio de Oriente, al final de la partida de billar que acababa de jugar con sus amigos, Fernando VII recibió de Calomarde la información de que había sido detenida en Granada una mujer liberal con una bandera tricolor, lo que ponía de manifiesto que la rebelión en ciernes era inminente, y por ende demostraba que la nueva estrategia de los liberales de enrolar mujeres en su causa, de la que ya habían discutido en el Consejo Real, era una realidad. El monarca, encolerizado, exclamó:

—¡Lo que me faltaba, ahora también las mujeres! Hay que dar un escarmiento.

Y para subrayar su enojo, estrelló el taco de billar contra la carísima mesa Rivoire que se había hecho traer de Francia, haciéndolo pedazos.

—¡Que la fusilen, carajo! —añadió.

Uno de los nobles de mayor confianza del monarca se atrevió a objetar que en España no se ejecutaba a las mujeres.

—¡Eso habrá que verlo! —repuso el rey, ya fuera de sí, a voces y contra todos—: ¡Yo tengo más cojones que Dios! ¡Tengo bastantes cojones para comerme a todos vosotros!

Nadie se atrevió a contrariarle. Calomarde consideró prudente esperar al día siguiente para exponer al rey su plan.

La Década Ominosa fue el último periodo del reinado infausto de un monarca incompetente, frívolo, taimado, desconfiado y vengativo. Fernando era todo eso, pero no era idiota. Mediocre pero astuto, cimentaba su autoridad absoluta sobre el imperio en la obediencia incondicional de personajes mucho más cualificados que él y carentes por completo de escrúpulos. A cambio de sus servicios, el rey les permitía enriquecerse. Amparados como estaban en la razón de Estado, todos los medios eran aceptables para asegurar el fin de perpetuarle en el poder.

El plan de Calomarde era más sutil que la represión brutal que proponía el monarca. En España, en efecto, no se condenaba a muerte a las mujeres. De hecho, durante toda la década, las severísimas «comisiones militares» no habían condenado a muerte a ninguna mujer, salvo una desventurada que tuvo la ocurrencia de cantar el himno de Riego durante las fiestas de su pueblo, lo que el consejo de guerra consideró «un crimen atroz y horrendo» acreedor del máximo castigo.

Las activistas liberales más importantes habían sido reprimidas, pero nunca castigadas con la pena de muerte. María Teresa Panigo, por ejemplo, para la que se pidió la pena de muerte, fue condenada luego a ocho años de prisión, que no llegó a cumplir íntegramente puesto que fue liberada con la amnistía de 1832.13 Incluso las mujeres que resultarían procesadas después de Mariana Pineda como partícipes de la insurrección del general Torrijos fueron severamente reprimidas, pero ninguna fue condenada a muerte.¹⁴Nuevas mujeres se habían ido incorporando a las filas liberales.¹⁵El rey y Calomarde se referían a ellas con desdén como amazonas, término que se había aplicado años atrás a las revolucionarias francesas. Fernando VII estaba furioso, ansioso por dar un escarmiento para aplastar la rebelión que se fraguaba en Andalucía, y de camino, quería frenar en seco el aluvión de mujeres que se incorporaban a las filas liberales. Hasta el rey entendía, sin embargo, que para condenar a muerte y ejecutar en público a una mujer, hacía falta algo más, porque de antemano cabía suponer que una iniciativa de esa naturaleza tropezaría con la resistencia proverbial de los tribunales ordinarios, que no vacilaban en imponer la pena de muerte a los varones cuando era necesario, pero en los que estaba muy arraigado un prejuicio que les inclinaba a mostrarse compasivos con las mujeres, fueran cuales fuesen las circunstancias del caso, por razón de la «inferioridad innata» que según ellos las aquejaba, y que las hacía parcialmente inimputables. Así pues, el alcalde del crimen Pedrosa ideó el procedimiento y construyó los argumentos que se iban a utilizar, y el ministro Calomarde persuadió al rey, que dio su aprobación al «escarmiento».

El 5 de abril, a instancia de Calomarde y Pedrosa, el monarca promulgó dos reales órdenes. Por la primera, el rey ascendía a Ramón Pedrosa y Andrade, nombrándolo alcalde de Casa y Corte, el máximo rango entre los magistrados. Por la segunda lo nombró «Comisionado especial de las causas por conspiración contra la seguridad del Estado y los legítimos derechos del trono». En la orden se aseguraba que

... penetrada su Majestad de la urgente necesidad de adoptar medidas vigorosas y extraordinarias... ha tenido a bien autorizar a Don Ramón Pedrosa y Andrade para que, por ahora, y mientras duren las actuales críticas circunstancias, conozca de todas las causas de los revolucionarios que se hallen pendientes en ese tribunal [la Real Chancillería de Granada]; el rey le encarga que conozca, sustancie y sentencie los procedimientos, empezando por el de Mariana Pineda [a quien se menciona expresamente].

El proceso de Mariana había correspondido a la Segunda Sala del Crimen. La sala se reunió en pleno el 12 de abril y adoptó el acuerdo de transferir a Ramón Pedrosa el conocimiento de aquella causa y de todas las demás «por conspiración contra el gobierno».

El recién nombrado magistrado sentenciador no perdió el tiempo. Tan pronto recibió el asunto para su enjuiciamiento, acordó reducir el periodo de prueba, y a continuación concedió a la defensa, a cargo del letrado José Escalera, el plazo de veinticuatro horas para que «se entere del proceso y presente su defensa por escrito». El letrado evacuó el trámite como pudo, y pidió seguidamente «visión de estrados públicos», es decir, una vista oral. Pedrosa se la denegó, pero se abstuvo de notificárselo para evitar que Escalera pudiera apelar contra esa decisión.

Para la acusación, a cargo del fiscal Andrés Oller, la bandera incautada a los tres acusados constituía una «señal indubitada del alzamiento que se forjaba», por lo que consideró que el encargo de su elaboración a las bordadoras y su posterior posesión en el domicilio hacían que resultara de aplicación el artículo 7 del Real Decreto de 1 de octubre de 1830, a tenor del cual Fernando VII había dispuesto que:

Toda maquinación en el interior del reino para actos de rebeldía contra mi autoridad soberana o para suscitar conmociones populares que lleguen a manifestarse por actos preparatorios de su ejecución, será castigada en los autores y cómplices con la pena de muerte.

Según la acusación, la confección de la bandera era un «acto preparatorio» del delito de rebelión que justificaba por sí mismo la imposición de la pena de muerte. El intento de fuga de la acusada debía ser valorado —a entender del fiscal— como un reconocimiento de culpa equivalente a la confesión y, por tanto, prueba plena del crimen.

La defensa insistió en vano en que la bandera era un símbolo masón y no revolucionario, al que además Mariana era ajena por cuanto la masonería no aceptaba mujeres en sus logias. Por ende, el estandarte no estaba terminado —alegó Escalera— porque los autores del encargo habían desistido de su confección antes de ser detenidos, lo que necesariamente justificaba la apreciación de la atenuante de arrepentimiento espontáneo, que excluía la aplicabilidad de la pena de muerte.

Pedrosa pronunció inmediatamente su sentencia. Úrsula de la Presa resultó condenada a diez años de prisión, que debería cumplir en el Beaterio de Santa María Egipciaca de Granada. José Antonio Burel fue condenado a ocho años de presidio en el Peñón de Vélez de la Gomera, frente a la costa de Marruecos. Mariana de Pineda y Muñoz fue condenada a la pena de muerte.

El 6 de mayo de 1831, el ministro Calomarde envió el proceso de Mariana Pineda a la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, para que emitiera su informe preceptivo.

Durante el juicio, la acusación había hecho hincapié en algunas circunstancias personales de Mariana que, aun careciendo de relación con los hechos, podían contrarrestar los prejuicios paternalistas que cabía esperar de los jueces y que de ordinario les predisponían a la clemencia para con las mujeres. Pedrosa reflejó en la sentencia esos detalles de la vida privada de la acusada, que resultarían definitivos para la confirmación de la pena de muerte.

Mariana Pineda era pionera en muchos aspectos. Lo era por haberse convertido en una activista liberal comprometida, pero lo era más todavía por ser una mujer libre en una sociedad extremadamente conservadora. Hacía muy pocos años que había sido abolida la Inquisición, y muchos conservadores, empezando por el rey, clamaban por su restauración. La religión imponía sus dictados, especialmente en las provincias, donde la vida de las mujeres permanecía sometida a la tutela de los varones de su familia, la vigilancia de sus vecinos y la censura de la Iglesia católica. Esta velaba por las almas mientras gobernaba los cuerpos, verificaba la observancia de las buenas costumbres, y condenaba sin contemplaciones cualquier desviación considerada atentatoria a la moral.

Mariana se había casado a los quince años con Manuel de Peralta y Valte, diez años mayor que ella. Habían tenido dos hijos, José María, nacido en 1820, y Úrsula María al año siguiente. La niña murió enseguida, falleciendo también al poco tiempo el marido. Se atribuyó entonces a la joven viuda, posiblemente de manera infundada, un romance con un joven malagueño, José de Salamanca y Mayor. Se le conoció luego un noviazgo con el militar Casimiro Brodett y Carbonell, quien llegó a solicitar licencia para casarse con ella sin que el matrimonio, por causas no esclarecidas, llegase finalmente a celebrarse. Se rumoreó seguidamente que había tenido un romance con su primo Fernando Álvarez de Sotomayor, al que ayudó a escapar de prisión. Inició, por último, una intensa relación amorosa con José de la Peña y Aguayo, con quien tuvo fuera del matrimonio otra hija, Luisa, nacida en 1829. Mariana Pineda era, por tanto, a los ojos de la sociedad granadina más rancia, una mujer de vida licenciosa, una viuda alegre, una «perdida». Esta circunstancia fue aprovechada por la acusación: según la fiscalía, Mariana no era virtuosa, y por eso no merecía benevolencia. La queja en contra de tal pronunciamiento fue infructuosamente consignada por su letrado José Escalera en el escrito de defensa señalando que a su defendida «se la tiene por algunos en un concepto que no merece».

Para la posteridad ha quedado además la creencia, no totalmente acreditada, de que Mariana Pineda podría haber salvado la vida si hubiera accedido a las reiteradas solicitudes de favores sexuales que le habría dirigido Ramón Pedrosa desde que fue recluida en el Beaterio. A esa leyenda contribuye, sin duda, el hecho contrastado de que Mariana Pineda era una mujer de singular belleza: alta, esbelta, muy guapa, rubia y de intensos ojos azules. Nunca sabremos a ciencia cierta si fue o no acosada con propósito libidinoso por el alcalde del crimen, aunque el letrado Escalera, para quien quisiera entenderlo, dejó escrito en su alegato final que Mariana se encontraba procesada «por no haber accedido a pretensiones de otros sujetos». El abogado podía referirse a la querencia lasciva de Pedrosa, o podía estar aludiendo a las proposiciones que sí consta que Mariana recibió desde el primer momento, a cambio de salvar su vida, para que confesara su responsabilidad y delatara a sus cómplices.

En la biografía de Mariana Pineda se registra otro acontecimiento relevante: la joven viuda disponía de recursos económicos y pertenecía a la alta sociedad granadina. No era una aristócrata con título nobiliario, pero sí formaba parte de la nobleza menor de los hijosdalgo, a mitad de camino entre los nobles y los plebeyos. Pertenecía además a una familia con hondas raíces en los poderosos estamentos judicial y militar de la capital andaluza. Su bisabuelo había sido magistrado de la Chancillería de Granada, alcalde de Casa y Corte y ministro del Consejo de Indias. El abuelo, caballero de la Orden de Santiago, fue también magistrado en la Audiencia de Guatemala, alcalde del crimen, y después oidor de la Real Chancillería de Granada. Finalmente, Mariano de Pineda y Ramírez, padre de Mariana, era capitán de navío y caballero de la Orden de Alcántara.

Mariana, sin embargo, no era hija legítima. Su padre se había enamorado de una plebeya, María Dolores Muñoz Bueno, cuyos padres, campesinos de Lucena (Córdoba), carecían de carta de hidalguía. Por su condición de marino de la Real Armada, Mariano estaba obligado a solicitar autorización para casarse con la joven, y así lo hizo. El permiso le fue denegado porque la autoridad militar consideró que el casamiento pretendido era demasiado desigual. Los amantes, entonces, desoyendo las reglas imperantes, se fueron a vivir juntos, y el 1 de septiembre de 1804 nació en Granada Mariana, Rafaela, Gila, Judas Tadea, Francisca de Paula, Benita, Bernarda, Cecilia de Pineda y Muñoz. Mariana Pineda era hija natural.

Viuda, noble, de buena familia, de veintiséis años, madre de un niño de diez y de otra hija natural de dos, y acusada de un delito que no pasaba de ser una tentativa inacabada¹⁶de una rebelión no probada, Mariana Pineda debería haber concitado la indulgencia de los altos magistrados del Pleno de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte. Empero, con sus antecedentes, liberal, revolucionaria, de nobleza heterodoxa con tacha de ilegitimidad, y réproba de costumbres, Mariana Pineda tenía mal pronóstico. Tal y como Pedrosa y Calomarde se habían esforzado en presentarla, era el compendio de todos los prejuicios desfavorables. La sala se reunió a deliberar, pero el debate no resultó pacífico. Se prolongó durante dos largas sesiones los días 9 y 10 de mayo de 1831. Los jueces se pronunciaron, por último, y sin que se registraran votos discrepantes, a favor de confirmar la sentencia de muerte «en sus propios términos».

Las condenas a muerte aprobadas por la Sala de Alcaldes de Casa y Corte debían ser confirmadas por el Consejo Real.¹⁷Por excepción, las dictadas a partir del 5 de abril de 1831 en las causas de «subversión» tenían que ser remitidas directamente a palacio, pues el monarca se había reservado la prerrogativa de gracia en tales casos. Según rezaba la real orden de esa fecha, las penas de muerte dictadas «contra los revolucionarios» debían consultarse directamente con su majestad para que el rey dictase la resolución «que fuese de su real agrado».

El rey Fernando despacha las solicitudes de gracia después de comer. Considera el monarca que los mejores momentos para la reflexión serena y para hacer justicia son los de la sobremesa, ese tiempo de sosiego que sucede al apetito satisfecho, sobre todo si se acompaña con un café y un cigarro. El rey hace seleccionar para él tabaco de primera calidad de la Real Factoría de la Habana. El café se lo traen de Nueva Granada, territorio heredado de sus ancestros cuya posesión inmemorial, accidentalmente interrumpida, él confía en recuperar enseguida, ahora que la tuberculosis, «¡Gracias a Dios!», se ha llevado por fin «al carajo» a ese «cabrón sedicioso de Bolívar». «El muy traidor tuvo la peregrina idea de rebautizar mi provincia con el nombre de Colombia, como si Colón, que era un empleado nuestro, hubiera tenido algo que ver. Y se permitía llamarme chapetón, el deslenguado.»

Sostiene Fernando que disponer sin prisa de la vida de sus súbditos, examinando uno por uno los casos sometidos a su consideración, mientras apura su cigarro, se hurga los dientes con un palillo de marfil y saborea su café demorándose en cada detalle, es un derecho inalienable inherente a su soberanía personal. Encuentra que el ejercicio de ese derecho no incomoda en modo alguno la digestión de la comida; antes bien, le complace y ayuda sobremanera. A la hora de resolver, terminado el café y estudiados pausadamente los expedientes, el rey se hace servir una generosa copa de coñac Rémy Martin, ese licor tan rico al que se aficionó cuando «ese hijueputa de Napoleón» lo tuvo preso en Valençay. «Que se joda el corso, que ni gabacho era. Mira cómo terminó, en una isla perdida, envenenado por huevón, por quererme quitar lo mío. Mientras, aquí estoy yo, en mi palacio, a cuerpo de rey, nunca mejor dicho.» E insiste: «El mentecato se creyó que por obligar a los Habsburgo a entregarle una princesa tudesca y casarse con ella, le íbamos a aceptar en la realeza. No entendió que el que nace lechón, muere cochino. ¡Pobrecito, el petit caporal!».

Fernando ha leído con detenimiento los documentos contenidos en el legajo de Mariana Pineda, «esa pelandusca, bastarda por más señas», y se ha detenido en una anotación al margen de la sentencia que ha llamado especialmente su atención, mediante la que el alcalde Ramón Pedrosa le recuerda que ha venido ofreciendo reiteradamente a la condenada la clemencia del rey si se avenía a facilitar los nombres de los demás conjurados, ofrecimiento que ha rechazado en cada oportunidad, incluso sabedora de su condena a muerte. «Vaya», observa el monarca, «¡será irredenta! O sea, que le tiendes la mano y te la muerde. Se va a enterar, la amazona esta.» Seguidamente, escribe con lápiz rojo debajo de la sentencia de muerte una letra «E» bien grande, que significa «Enterado».

En este caso, el rey quiere añadir una nota. Toma la pluma de la escribanía de plata, la moja en el tintero, y debajo del dictamen de la Sala de Alcaldes añade de su puño y letra, para que no quede ninguna duda, que él confirma la pena de muerte «por ser justa y arreglada a la ley».

A continuación, reflexiona: «¡Estas acémilas son capaces de darle garrote noble a la bastarda!», así que añade, por si acaso: «La ejecución deberá llevarse a cabo en la forma ordinaria de garrote». Firma y rubrica, pasa el secante, cierra el legajo, lo deja sobre la mesa y se va a echar la siesta.

Disponía el artículo 31 del Código Penal de 1822 que a los condenados a muerte se les notificaría su última sentencia «cuarenta y ocho horas antes de la de su ejecución». Añadía el artículo 32 que, desde la notificación de la sentencia hasta la ejecución, el reo debía ser tratado «con la mayor conmiseración y blandura». Se ordenaba que se proporcionase a los condenados «todos los auxilios y consuelos espirituales y corporales» que apetecieran, «sin irregularidad ni demasía»; y se les permitía recibir visitas «con las precauciones oportunas para la seguridad y vigilancia de su persona». Aunque el código no lo especificaba, los condenados pasaban esos dos días en la capilla de la prisión. Allí, delante del altar, a la luz menguante de los cirios permanentemente encendidos, el condenado tenía tiempo de arrepentirse de sus pecados. Se esperaba, en particular, que se arrepintiera del crimen por el que había sido condenado. Podía redactar sus últimas voluntades asistido de un notario. Recibía las atenciones del capellán, se confesaba, comulgaba y recibía la extremaunción. Comía a la carta de algún restaurante próximo, si podía permitírselo. También podía ser visitado por sus familiares y amigos, y por el abogado. Era como un velatorio de cuerpo presente, pero con el muerto vivo.

Estando en capilla, Mariana Pineda recibió nuevas intimaciones de Ramón Pedrosa, que rechazó expeditivamente. También escuchó los ruegos apremiantes de su abogado José Escalera, que procuró persuadirle de que aceptara las propuestas del magistrado. «Si no lo hace por usted, hágalo por sus hijos», le requirió el letrado. Mariana vaciló, reflexionó un rato en silencio, y se echó a llorar con desconsuelo pensando en sus hijos. Al cabo, se enjugó las lágrimas, recobró el valor, y repuso con tristeza infinita:

—No se puede; no soy yo quien tiene que rectificar. No.

Hizo testamento. Dispuso que su sortija de brillantes, la única joya que conservaba, fuera entregada a su hija Luisa, aunque suponía que la disposición testamentaria no podría ser respetada porque la condena incluía la confiscación de todos sus bienes. A su hijo José María le dejó solo un doble ruego: que nunca se avergonzase de haber tenido una madre que había muerto «en aras de su patria, de la libertad y de la santa causa de los derechos del pueblo»; y «que salga de España cuando sea mayor de edad». Se le había acabado la esperanza.

Por haberlo dispuesto así la Chancillería, que no quería que la sepultura de Mariana se convirtiera en lugar de peregrinaje, su cuerpo no fue exhibido después de la ejecución, y la enterraron apresuradamente en una tumba anónima del cementerio de Almengor, junto al río Beiro. Contraviniendo las órdenes expresadas por la Real Chancillería, esa misma noche jóvenes liberales granadinos plantaron sobre la tierra removida de su tumba una cruz de madera que los vigilantes del cementerio no retiraron.

La Gaceta de Madrid de 7 de junio de 1831 publicó el preceptivo anuncio, del tenor siguiente:

El 26 de mayo último sufrió en Granada la pena de muerte Doña Mariana Pineda, vecina de aquella ciudad. Sorprendida su casa por la policía el 13 de marzo próximo anterior, se encontraron en ella una bandera revolucionaria a medio bordar y varios objetos análogos; y empezadas las diligencias por la policía, y seguida la causa por el tribunal con toda actividad, el delito de Doña Mariana ha sido probado plenísimamente. Si aún son más dolorosos estos castigos en las mujeres que en los hombres, no por ello dejan de ser tan precisos para el escarmiento, especialmente después que los revolucionarios han adoptado la táctica villana de tomar por instrumento y por escudo de sus locos intentos al sexo menos cauto y más capaz de interesar la ajena compasión. Toda la Península goza de perfecta paz.

La represión y el terror del rey Fernando VII no terminaron con la muerte de Mariana Pineda. Engañado por el gobernador de Málaga que le prometió su apoyo, el general José María Torrijos desembarcó en la playa de San Andrés, de Málaga, el 2 de diciembre de 1831 proveniente de Gibraltar, acompañado por sesenta hombres. Las tropas realistas los estaban esperando, de modo que casi todos los expedicionarios fueron detenidos enseguida tras un breve combate. Se consultó al rey en Madrid, y su respuesta lapidaria quedó para la historia: «Que los fusilen a todos. Yo, el Rey». Torrijos y los supervivientes, incluido el grumete de la embarcación, apenas un niño, fueron pasados por las armas, sin juicio, en la misma playa donde habían sido capturados.

Mientras la corrupción se generalizaba y el país se desangraba por la confrontación civil y la crisis económica derivada de la pérdida del imperio de América, el rey Fernando VII tuvo tiempo de desviar ingentes recursos del Estado a su cuenta personal en Inglaterra. El Tesoro se encaminaba a la bancarrota, pero los ministros seguían malversando el presupuesto, recortando aquí y allá para sí mismos y para el rey. Nada alcanzaba para satisfacer las pretensiones sin fin del monarca, hasta que a Calomarde se le ocurrió la fórmula que permitió al gobierno solucionar el enojoso problema: amañaron los sorteos de la Lotería Nacional, y Fernando VII empezó a ganar con asombrosa regularidad los premios mayores. Cuando murió en 1833, apenas dos años después de haber ordenado la ejecución de Mariana Pineda, Fernando VII tenía en la cuenta de su banco en Londres un saldo de 500 millones de reales.

La revolución liberal no triunfó por las armas, pero el propio gobierno de Fernando VII, consciente de que el modelo absolutista propugnado por el monarca era insostenible, fue preparando la sucesión al tiempo que introducía la mayor parte de los cambios reclamados por los liberales. Tan pronto fue proclamada reina Isabel II, su madre María Cristina asumió la regencia y consolidó las reformas. En 1836, restauró la Constitución democrática por la que tantos liberales habían dado su vida. Ramón Pedrosa fue depuesto y desterrado a las islas Filipinas.

La regente se enriqueció en los años siguientes con el comercio de esclavos que adquiría en África y revendía en Cuba, comercio floreciente que heredaría su hija, la reina Isabel II, hasta que los abolicionistas la retiraron del negocio.¹⁸

Del rey felón heredamos las guerras civiles entre carlistas conservadores e isabelinos liberales que sembraron de muerte y división entre españoles el siglo XIX, y configuraron el escenario de la gran confrontación fratricida que nos enfrentó en el siglo XX.

Después de sucesivos traslados, los restos mortales de Mariana Pineda fueron depositados definitivamente en 1856 en la cripta de la catedral de Granada. En el sarcófago de mármol puede leerse: LA PATRIA AGRADECIDA.

Mariana Pineda fue el chivo expiatorio de un régimen agonizante, perseguido por sus acreedores y abandonado por sus aliados, que la utilizó para castigar a los liberales y disuadir a las mujeres que se incorporaban a la vida pública. Sin saberlo, y con más de un siglo de antelación, Mariana encarnó el ideal de rebeldía del espíritu existencial humanista, inconformista y emancipador descrito por Albert Camus, que se enfrenta a la tiranía en nombre de la libertad y dice no. Un no transformador, que no significa renuncia, sino que reafirma valores.

Mariana podía haber salvado la vida transigiendo, aceptando las proposiciones de Ramón Pedrosa, quien en todo momento retuvo la autoridad delegada del rey para otorgarle el perdón. Prefirió negarse, y de esa forma transformar sus convicciones en valores y transmitírselos a sus hijos: «No quiero que mis hijos me desprecien. Ellos tendrán un nombre claro como la luna llena. Mis hijos llevarán resplandor en el rostro, que no podrán borrar los años ni los aires».¹⁹

Mucho más que el bordado de una bandera, fue esa actitud de rebeldía la que el régimen absolutista no pudo soportar, porque lo cuestionaba absolutamente. Expresado otra vez en palabras de Camus, «el rebelde es aquel que se alza, se quita las cadenas, y dice: las cosas han sido así hasta ahora, pero en adelante, ya no».

La rebeldía consiste en trazar una frontera, en ser capaz de decir: no, nunca más, se acabó. Mariana Pineda demostró que se puede decir que no, y por eso su ejemplo y su coherencia resultaron insoportables para el pensamiento autoritario español. El sumario original con el expediente del proceso judicial de Mariana fue sustraído de la Audiencia Territorial de Granada a principios del siglo XX. Poco después, en 1936, la misma intolerancia que había quitado la vida a Mariana asesinó a Federico García Lorca, el poeta inmortal que recuperó su memoria. La persecución no se detuvo ahí, y más adelante, la copia íntegra del sumario, que se custodiaba en el Archivo Histórico Nacional en Madrid, fue hecha igualmente desaparecer. El expediente titulado «Doña Mariana Pineda, sentenciada a muerte en Granada», registrado como legajo 12.266, número 18 de la Sección de Consejos, es hoy una carpeta vacía.

Los olvidados

España, 1936-1975

Si cae —digo, es un decir— si cae
España de la tierra para abajo,
niños, ¡cómo vais a cesar de crecer!
¡cómo va a castigar el año al mes!

...

¡Cómo vais a bajar las gradas del alfabeto
hasta la letra en que nació la pena!

...

Si la madre España cae —digo, es un decir—
¡salid, niños del mundo; id a buscarla!

CÉSAR VALLEJO,
España, aparta de mí este cáliz

María se levanta de noche, se asea, deja preparada la ropa y el desayuno para sus hijos, y sale con las primeras luces, a las siete en punto, apenas se levanta el toque de queda. Camina deprisa por las calles desiertas de Bilbao para llegar lo antes posible al convento del Carmelo. Una guarnición de soldados custodia el edificio religioso, convertido en prisión militar provisional en la que se recluyen ahora los prisioneros republicanos, en el mismo lugar en el que antes eran custodiados los opositores a la República. Como cada mañana, delante del templo se encuentran congregadas varias mujeres. Todas esperan en silencio a que se abra la puerta del recinto. Todos los días cerca de las ocho, un religioso sale del templo, desciende por la escalinata de piedra, cruza apresuradamente la explanada y coloca sobre un poste de madera una cuartilla en la que están escritos los nombres de los fusilados de esa madrugada. Cuando se retira, las mujeres se acercan despacio a consultar la lista.

María regresa a casa después de comprobar un día más que todavía no es viuda. Mañana volverá a la misma hora, con el corazón saliéndosele nuevamente del pecho.

Ruperto nació en un caserío de las afueras de Amurrio, un pueblo próspero de Álava en la ruta que comunica Bilbao con la meseta castellana. Creció trabajando en las tareas del campo, pero su familia podía permitirse enviarle a la escuela, así que se educó, y cuando tuvo edad cumplió el servicio militar, preparó oposiciones, ingresó en Correos y se convirtió en el cartero de su pueblo. Recorriendo el término municipal con su gorra de plato y su cartera, anunciándose con la corneta mientras repartía la correspondencia de sus vecinos a pie o en bicicleta, conoció a María. Ella había nacido en otro caserío, Mariaca, pero también había podido aprender a leer y escribir, y además de hacer las tareas domésticas, sabía coser y llevar las cuentas. La familia más pudiente del pueblo, que pasaba los inviernos en Madrid, la contrató como doncella de la señora, y María se fue a vivir con ellos a la casa-palacio. Cuando se ganó su confianza, los señores le dieron el cargo de ama de llaves y la designaron como responsable de la casa y del servicio mientras ellos permanecían en la capital.

Ruperto era alegre, le gustaba divertirse. De joven, como sus padres no le dejaban trasnochar, el mozo se las apañaba para dejar el carro de la paja delante del caserío, y cuando sus padres se iban a dormir, se descolgaba por el balcón, saltaba al carro y se iba de fiesta. Regresaba a tiempo para que no notasen su ausencia. Le gustaban los bailes y también era torero aficionado. Participaba en los festejos de los pueblos, lidiando becerros y novillos en las ferias. Tenía don de gentes y era muy popular, apreciado en toda la comarca.

María era muy joven, estaba en la flor de la edad, tenía el cabello negro y liso recogido casi siempre en un moño cubierto con una cofia, y tenía las facciones delicadas y ojos grandes de un azul intenso. Ruperto era un galán rural bien parecido, moreno, adornado con un cuidado bigote. Conversando entre entrega y entrega de la correspondencia, se enamoraron. Ruperto llevó a María a las romerías y verbenas de la plaza, y una noche, en el baile, él le rozó las manos, muda declaración de amor. Se comprometieron.

Ella tenía otro pretendiente que, al enterarse de que María y Ruperto formalizaban su relación, se negó a darse por vencido. Los dos jóvenes eran amigos, así que, en vez de pelearse, decidieron jugarse a las cartas quién seguía con el cortejo y quién se retiraba. Perdió el rival, y desde aquel día, Ruperto sentó cabeza.

Cuando María se enteró de que se la habían jugado a las cartas, no se sintió precisamente halagada, y se lo recriminó a Ruperto con acritud. Él le dedicó su mejor sonrisa, quitó importancia a la apuesta y después, poniéndose muy serio, le respondió que los naipes habían sido únicamente un pretexto para deshacer la controversia. El azar, según él, no había tenido nada que ver; con mucho sentimiento, le expresó:

—Nuestra relación no ha estado en riesgo en ningún momento porque tú y yo estábamos predestinados el uno para el otro. Ningún juego hubiera podido interponerse entre nosotros.

Se lo dijo con tal convicción que María le creyó. Le pareció que su amor era una verdad indiscutible. Se casaron.

Eran trabajadores incansables y enseguida prosperaron. No contentos con el sueldo de cartero de Ruperto, alquilaron una casa de dos plantas que daba a la carretera de Bilbao. Se instalaron en el piso superior, y en la planta baja abrieron El Bolinchi, un bar, restaurante, fonda y barbería. María cocinaba muy bien, y Ruperto atendía con agrado y dedicación a la clientela: lo mismo les daba de comer que les cortaba el pelo o les afeitaba. Con gran visión para el negocio, consiguieron una licencia de Campsa, la Compañía Arrendataria del Monopolio del Petróleo, que se había creado en 1927, y delante del local instalaron un surtidor de gasolina. Los viajeros repostaban, comían en el restaurante, descansaban, y muchas veces pernoctaban en la fonda. Compraron además un coche, y Ruperto hacía de taxista para sus vecinos. El negocio prosperó, contrataron varios empleados, y en El Bolinchi se celebraban bodas, bautizos, reuniones y comidas de negocios. Allí fueron naciendo sus cinco hijos.

Amurrio era un lugar tranquilo cuyos pobladores se ganaban la vida desahogadamente trabajando en el campo o en la incipiente industria, y en el que el advenimiento de la Segunda República en 1931 no había traído cambios significativos ni controversias reseñables. No había ricos ni pobres, todos los vecinos se conocían y convivían pacíficamente más allá de las diferencias políticas: Bilbao estaba lejos, y Madrid, todavía más. Los conservadores del pueblo eran en su mayor parte carlistas, y los republicanos, socialistas casi todos. Los demás partidos apenas tenían representación.

María y Ruperto, no obstante haber prosperado económicamente, seguían siendo lo que habían sido siempre, socialistas y republicanos. No se afiliaron a ningún partido ni ostentaron cargos públicos, pero cuando se proclamó la República, lo celebraron, y en las elecciones de febrero de 1936, Ruperto participó como interventor de la coalición de izquierdas. Al empezar la Guerra Civil, los dos apoyaron al gobierno legítimo.

La guerra duró once meses en el País Vasco. Vitoria y la mayor parte de la provincia de Álava cayeron en poder de los nacionales el mismo 18 de julio de 1936, pero el noroeste de la provincia, Amurrio, Oquendo, Llodio, Ayala y el valle de Aramayona permanecieron del lado de la República. El frente quedó estabilizado en las montañas que rodeaban esos municipios, entrada natural al valle del río Nervión que desde allí desciende hacia Bilbao. Para defender esas posiciones, los republicanos fortificaron la línea Amurrio-Orduña e instalaron permanentemente dos batallones de milicianos en Amurrio, uno comunista y el otro anarquista, así como dos hospitales de campaña para atender a los heridos.

Hasta la llegada de los combatientes no se había registrado ningún incidente de violencia política en Amurrio. Con el enemigo a las puertas, la situación cambió. En diciembre de 1936 los milicianos republicanos lograron detener una ofensiva de las tropas nacionales en los montes de San Pedro y Gorbea. Hubo muchas bajas. La convivencia se enrareció en el pueblo, en el que tuvieron que ser atendidos numerosos heridos, y los comisarios políticos empezaron a buscar por todas partes a los «espías fascistas» que colaboraban con el enemigo y le pasaban información. Hasta junio de 1937, los milicianos mataron en Amurrio a cuatro civiles y un sacerdote, y en los demás pueblos de la comarca detuvieron y asesinaron a otras cuarenta personas. Dos vecinos del pueblo fueron detenidos, trasladados a Bilbao, juzgados por espionaje y ejecutados. Veintinueve más, que estaban presos en Bilbao, fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas por las milicias en represalia por los bombardeos contra objetivos civiles de la aviación de Hitler.¹

Al conocer que habían matado en Amurrio en la madrugada del 26 de septiembre de 1936 a un labrador, José María Viguri, miembro destacado del círculo carlista del pueblo, y a su hija Guadalupe, que tenía doce años y había sido amiga y compañera de sus hijas en la escuela, Ruperto se indignó y expresó en voz alta lo que muchos pensaban sin atreverse a decirlo: «Son unos cafres».²Habían ido a buscar a Viguri a su casa, y la niña se había abrazado con tanta fuerza al padre para impedir que se lo llevaran, que por último los milicianos se los llevaron a los dos. Ese día comprendió Ruperto que las palabras no bastan frente a la barbarie y decidió pasar a la acción. Las consecuencias de esa decisión no se dieron a conocer hasta dos años más tarde, durante el consejo de guerra.

Bilbao se rindió el 19 de junio de 1937. Las tropas nacionales entraron en Amurrio al día siguiente. Ruperto y otros republicanos fueron denunciados inmediatamente. No se hicieron públicos los hechos ni los denunciantes, pero había comenzado la persecución de los opositores al nuevo régimen, y con las denuncias, comenzó el calvario de las familias. Avisado de que iba a ser detenido, Ruperto abandonó el pueblo. Temiendo que su hijo mayor, que tenía diecisiete años, pudiera ser víctima de represalias si le buscaban a él y no le encontraban, se lo llevó consigo. Consiguieron llegar a Santander caminando campo a través, evitando los pueblos, sin comer ni dormir. Una vez allí, intentaron abordar un barco para emprender el camino del exilio, pero el hijo no fue admitido a bordo por ser menor. Ruperto no quiso dejarlo solo. Desistieron, y decidieron dirigirse a pie por la costa hasta Gallarta, otra vez de vuelta en Vizcaya. Allí tenían familia, y con ellos se escondieron por un tiempo hasta ver si la situación se calmaba.

También María, con el marido y el hijo mayor huidos, el negocio cerrado, las cuentas embargadas y los denunciantes y las nuevas autoridades acosándola constantemente y vigilándola día y noche para detener a Ruperto si se presentaba en casa, tuvo que emprender la huida. Cargó en un carro tirado por bueyes los muebles y enseres que pudo llevar, y dejó Amurrio camino de Bilbao con los otros cuatro hijos y dos perros. En el pueblo vecino, Arceniega, les permitieron pernoctar en la escuela. Toda la noche oyeron pasar soldados. Los pequeños durmieron algo.

Siguieron su camino al amanecer, pero fueron alcanzados por el grupo que, luego de asaltar y saquear la casa familiar, como María había temido, salió de Amurrio en su persecución. Los encontraron en la carretera, les incautaron las radios del restaurante y los demás objetos de algún valor que habían podido salvar. Llegaron a Bilbao andando, después de varias etapas penosas, acompañados día y noche por el miedo y el hambre. Los puentes sobre la ría ya no existían, y en su lugar, el ejército había improvisado pontones con gabarras. El soldado de guardia no les permitió cruzar al casco viejo, pues carecían de salvoconducto, y allí se quedaron plantados sin tener adónde ir. El soldado que relevó al anterior, viendo a la mujer con los cuatro niños y el estado calamitoso en que se encontraban, se apiadó por fin de ellos y les franqueó el paso. Cruzaron, llegaron a la casa de unos familiares y allí se refugiaron. La vivienda estaba en la calle de la Esperanza, nombre ciertamente premonitorio dadas las circunstancias. A los pocos días, se les unió el hijo mayor, enviado por Ruperto al saber que habían llegado y estaban a salvo. Las dos hijas más pequeñas fueron devueltas a Amurrio poco después, a casa de otros familiares, para que no perdieran la escuela.

El 8 de febrero de 1938, la Auditoría de Guerra de la Sexta Región Militar del «Ejército de ocupación», con sede en Bilbao, incoó contra Ruperto un procedimiento sumarísimo de urgencia, antesala del consejo de guerra que se celebraría más adelante, y en la misma fecha decretó su busca y captura e ingreso en prisión por el delito de rebelión.

Ruperto no lo sabía, pero el 28 de julio de 1936 la Junta de Defensa Nacional, presidida por el general Franco, había promulgado en Burgos un decreto por el que sometió a la jurisdicción militar y atribuyó, con efectos desde el 1 de octubre de 1934, la condición de reos del delito de rebelión a todos aquellos que hubieran apoyado a los partidos y sindicatos de izquierda. De la noche a la mañana, los leales pasaron a ser considerados rebeldes, y los rebeldes, leales. En el mismo decreto se declaraba el estado de guerra y se proclamaba la legitimidad del alzamiento militar.

El general Franco le dio a su decreto de 1936 contra los republicanos el mismo carácter retroactivo que más de un siglo antes, en 1823, Fernando VII había decidido atribuir a la real orden que promulgó contra los liberales para hacer condenar a muerte a Rafael del Riego.

El sumario contra Ruperto lo encabezaban tres informes: del comandante del puesto de la Guardia Civil, del jefe local de la Falange y del recién nombrado alcalde de Amurrio. Los tres contenían información bastante genérica. El primero señalaba que Ruperto era una «figura destacada del Frente Popular» en el pueblo, y que la Junta de Defensa del municipio se reunía «en su domicilio». El segundo indicaba que el denunciado había asistido a una ceremonia de entrega de banderas al batallón de voluntarios socialistas Indalecio Prieto en Barambio, un pueblo vecino. El tercero aseguraba que Ruperto había «participado» en la llegada al pueblo de la «fuerza armada roja» procedente de Bilbao el 19 de julio de 1936, había ostentado luego «algún cargo» y formaba parte «en privado» de la Junta de Defensa local.

Comparecieron entonces como denunciantes cinco vecinos del pueblo, un hombre y cuatro mujeres, y sonaron para Ruperto las trompetas del Apocalipsis. Denunciaron que la Junta de Defensa integrada por «los marxistas del pueblo» se reunía en su casa; señalaron que allí se fraguaron «unos treinta y cinco asesinatos» cometidos en los pueblos de la comarca; declararon que Ruperto «seguramente» participaba, aunque lo hiciera «solapadamente», en la «checa» o «comité rojo» del pueblo, en el que se habían acordado los repartos de armas, las detenciones y los asesinatos; y aseguraron que las órdenes «partían de la casa» del denunciado. Otras dos personas dijeron que Ruperto no quiso ayudarles cuando detuvieron a sus hijos. Otra declarante señaló que Ruperto era «inspirador de lo que pasaba» y aportó una fotografía en la que se le veía acompañado de dos de sus hijas en la entrega de banderas, según la testigo, al batallón comunista Leandro Carro frente al Ayuntamiento de Amurrio. Se trataba en realidad de la columna Amurrio-Orduña de voluntarios del propio pueblo que partían al frente.

Se incorporaron después nuevos informes de la Guardia Civil y otros dos testimonios más matizados, que confirmaron que el denunciado era socialista, había sido interventor de la coalición de izquierdas en las elecciones, y le tildaban de «irreligioso», pero reconocían que, no habiendo estado presentes los declarantes, no podían decir si Ruperto había participado o no en las reuniones en las que se acordó «cometer los atropellos».

Ruperto fue detenido en Bilbao el 28 de abril de 1938, ingresado en la prisión de Larrinaga, y seguidamente transferido al convento del Carmelo. De alguna forma logró articular su defensa, pues para el 9 de mayo ya estaba presentando escritos al juzgado militar, redactados a máquina y con las formalidades de rigor, aportando una declaración jurada y certificada y proponiendo testigos afines al nuevo régimen que podían declarar en su descargo. Los genéricos testimonios de los denunciantes iniciales, ayunos de toda corroboración, tuvieron por fuerza que dejar profundas lagunas en el ánimo y la convicción del juez militar Manuel Macicior, porque accedió a recibir todas las declaraciones que proponía el procesado. Esa decisión, insólita para los tiempos que corrían, permitió que la verdad fuera abriéndose camino en el sumario.

Compareció en primer lugar un requeté, o miliciano carlista, que había tenido que huir del pueblo en julio de 1936 y manifestó que Ruperto, al que conocía de toda la vida como vecino y cartero del pueblo, era de izquierdas, pero «incapaz de hacer daño a nadie». El testigo refirió que Ruperto había avisado a su esposa para que él no regresara a Amurrio porque su vida corría peligro. Para sorpresa del juez militar, el requeté reveló que Ruperto había sabido desde el principio de la guerra el lugar exacto donde él se ocultaba en Bilbao, pese a lo cual no lo denunció.

Prestó declaración después el alguacil que trabajaba en el juzgado de Amurrio, quien señaló que Ruperto era «muy rojo» pero «incapaz de formular denuncias», señalando además que él pudo salvar la vida gracias a que Ruperto convenció a quienes pretendían matarlo de que no lo hicieran. Esa versión fue después confirmada por el cuñado del anterior.

Otro testigo refirió que él y sus dos hermanos, que habían sido detenidos por los milicianos, fueron puestos en libertad por intercesión de Ruperto.

Declaró también el delegado de investigación y vigilancia de la Falange de Guecho, que contó al juez que en julio de 1936 fue muy perseguido, como director y propietario del «semanario de combate españolista Frente Español», y que Ruperto le había salvado la vida escondiéndolo en casa de su hermana en Bilbao. Un mes más tarde, el testigo había decidido salir a la calle y allí le habían detenido. Ingresado —refirió el testigo— en la prisión del Carmelo, Ruperto «hizo incesantes gestiones para que fuera liberado», le visitaba asiduamente en prisión y «le llevaba casi diariamente alimentos y noticias de las radios nacionales».

El 21 de mayo prestó declaración el propio Ruperto. Reconoció que en las elecciones de febrero de 1936 había sido interventor en nombre de Izquierda Republicana. Dijo que se había afiliado al Partido Socialista en enero de 1937 a fin de obtener un aval que necesitaba para matricular a sus hijos en el instituto. También se había unido a la UGT en marzo de 1937 porque la sindicación se había hecho obligatoria. Le contó al juez que él no había pertenecido en ningún momento a la Junta de Defensa del pueblo, ni participado en sus reuniones, las cuales se celebraban en el ayuntamiento y nunca en la fonda, aunque era cierto que los milicianos acudían con frecuencia a su establecimiento, y que en él se alojaban el jefe de dicha junta y su esposa. Reconoció haber acudido a la entrega de banderas de Barambio, porque había tenido que llevar allí a unos milicianos que participaban en el evento. También había estado presente cuando las jóvenes del pueblo, dos de sus hijas entre ellas, regalaron una bandera al batallón de voluntarios de Amurrio y Orduña que marchaba al frente. Señaló que una de las familias que le habían denunciado regentaba el bar-restaurante de la competencia, con el que habían tenido pleitos con anterioridad. Afirmó que él nunca había denunciado a nadie y que, por el contrario, había avisado a varios vecinos del pueblo para que se escondieran, advirtiendo igualmente a una familia tradicionalista para que se deshiciera de las banderas y enseñas que él sabía que tenían en su casa. Propuso nuevos testigos que, al igual que los anteriores, fueron llamados por el juez militar.

Acudió a declarar entonces el cura párroco del pueblo. Señaló que tenía a Ruperto, al que conocía desde siempre, «en muy buen concepto», y que se trataba de una persona de «talento natural despejado, muy servicial», quien, por lo que sabía el testigo, nunca había pertenecido a la Junta de Defensa. Ruperto —aseguró el sacerdote— advirtió a sus sobrinos de que los milicianos querían matarlo, para que se escondiera. Manifestó también el cura que le constaba que Ruperto «protestaba por los desmanes» de los milicianos y que «no le creía capaz de perseguir a nadie». El sobrino del cura confirmó la versión de su tío.

Ratificando un testimonio por escrito anterior, declaró luego un comerciante de vinos, que manifestó que Ruperto era una persona muy apreciada en el pueblo a pesar de su filiación socialista y reconoció que los milicianos se congregaban en la taberna del procesado, afirmando categóricamente que, no obstante, no creía capaz al procesado de «denunciar a nadie ni de cometer crímenes y requisas, sino bien al contrario, de favorecer a quien pudiera». Añadió que él solía reunirse con los tradicionalistas en la alhóndiga del pueblo, y que dejaron de hacerlo porque Ruperto les advirtió de que estaban en peligro. Los dos carlistas aludidos confirmaron que el procesado les había prevenido, y aseguraron que «había sido siempre respetuoso» y ellos no le creían capaz de «hechos criminales».

El médico del pueblo manifestó al juez que las autoridades republicanas habían ofrecido a Ruperto la alcaldía de Amurrio y que la había rechazado. Señaló que el procesado vendía en su fonda todos los periódicos que se publicaban, así fueran progresistas como conservadores; y que era cierto que los milicianos se reunían allí como lo hacían también en otros lugares. Ruperto, según el testigo, había salvado en una ocasión la vida de un joven perseguido.

Se celebraron después cinco careos entre Ruperto y los denunciantes iniciales. El juez apreció igual firmeza en las manifestaciones de unos y otros, e incluso uno de los comparecientes rectificó su declaración inicial y señaló que «no creía que Ruperto fuera inspirador» de los crímenes. Era «izquierdista neto, pero buena persona», matizó el testigo. Solo una de las denunciantes persistió en asegurar con firmeza que el procesado era «la mano derecha» de los criminales.

El 29 de julio de 1938 se declaró concluso el sumario. El fiscal formuló un escrito de calificación provisional en el que prescindió de las acusaciones infundadas de los denunciantes, y se limitó a señalar que el acusado era cartero, socialista, realizaba actos de propaganda y asistía a reuniones y entregas de banderas.

El consejo de guerra se celebró el 20 de agosto en la sede del tribunal militar en la Gran Vía, 45, de Bilbao, con asistencia del fiscal, del defensor militar de oficio y del propio acusado, que ratificó sus declaraciones anteriores. En sus conclusiones definitivas, el fiscal calificó los hechos como un delito de auxilio a la rebelión y pidió que se impusiera al acusado una pena de doce años y un día de reclusión. La defensa aceptó que se le condenara a seis meses y un día de prisión. La sentencia se dictó el mismo día. El tribunal prescindió de los testimonios incriminatorios carentes de corroboración, y se limitó a declarar probado que el procesado

... mayor de edad y vecino de Amurrio, afiliado al Partido Socialista y desempeñando el cargo de cartero en el mencionado pueblo, a partir de la iniciación del movimiento subversivo se distinguió por su pública propaganda en favor del mismo, y en su casa-taberna se celebraban las reuniones de los directivos del Frente Popular, asistiendo a los actos que se organizaron con motivo de la entrega de banderas a los batallones rojos.

Lo condenaron a doce años y un día de reclusión e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, y se reservaron a organismos públicos y particulares acciones civiles sobre los bienes del penado.

Ruperto y María lo perdieron todo: la fonda y sus pertenencias, el coche, el saldo de las cuentas, y la licencia de la gasolinera, que fue asignada al falangista inspirador de las denuncias, quien después sería nombrado alcalde del pueblo, cargo en el que permaneció muchos años. Ruperto fue expulsado del cuerpo de Correos, y poco después le trasladaron en un tren de mercancías para que cumpliera la pena que le habían impuesto en la isla de San Simón, provincia de Pontevedra.

Las islas de San Simón y San Antón, separadas por un canal angosto y conectadas entre sí por un puente, se encuentran en mitad de la ría de Vigo, frente al pueblo de Redondela. Habían albergado antiguamente un hospital de leprosos, y el 1 de octubre de 1936 fueron habilitadas como colonia penitenciaria militar. Los soldados y funcionarios de prisiones, más seis monjas que llegaron en 1939 y atendían la enfermería, se alojaban en San Antón. Al otro lado del estrecho puente, en San Simón, se hacinaban los presos, casi dos mil, en un espacio notoriamente insuficiente. En los siete años de su funcionamiento como prisión, pasaron por allí seis mil reclusos, casi todos mayores de sesenta años.

Al principio, los presos estuvieron encerrados en un barco fondeado junto a las islas, el Upo Mendi, en condiciones de hacinamiento e insalubridad extremas: el número de presos triplicaba la capacidad del barco, entraba mucha agua, había ratas, y los internos estaban infestados de pulgas y piojos. Los reclusos solo podían estar tumbados o sentados, pues la escasa altura de las bodegas no les permitía incorporarse más que cuando les dejaban subir a cubierta. Las «sacas» nocturnas de presos, también llamadas «claudias», «raposas» o simplemente «paseos», ejecutadas por las «brigadas del amanecer» eran cotidianas, y servían para mantener la disciplina mediante el terror. Los cadáveres de los presos «paseados» aparecían al día siguiente con el tiro de gracia en las cunetas de las carreteras de la comarca.

Cuando el barco se hizo inhabitable y amenazaba con irse a pique, las autoridades de la colonia penitenciaria desembarcaron a los presos en San Simón y los instalaron en los viejos barracones abandonados del lazareto y en otros improvisados de madera que apenas les protegían del frío y la humedad. Los soldados controlaban el estrecho perímetro de la isla desde torres de vigilancia. Los presos tenían que asistir a misa y cantar a diario el himno falangista Cara al sol. Dormían tan hacinados que tenían que ponerse de acuerdo para darse la vuelta por la noche. Podían caminar únicamente cuando les permitían salir al exterior. La inanición, el tifus, la tuberculosis y otras enfermedades los diezmaron. Solo en un mes, en julio de 1941, murieron en San Simón doscientos cincuenta presos.

Con la tolerancia de las autoridades penitenciarias, las mujeres de Redondela adoptaron a los presos. Se acercaban a diario en barcas, recogían las cartas que los internos escribían a sus familias y recibían y les entregaban las respuestas de aquellas. Traían medicinas, comida y ropa limpia. Los presos les dieron el apelativo de madrinas. Los vigilantes las llamaban despectivamente lavandeiras, y de vez en cuando las hostigaban. Algunas a las que los guardias juzgaron particularmente voluntariosas fueron detenidas, les cortaron el pelo y les administraron aceite de ricino.

La madrina que cuidó de Ruperto era una joven llamada Carmucha. Él la apreciaba como a una hija, y ella lo atendía como si realmente lo fuera, le prodigaba sus cuidados y le demostraba un gran afecto. Al mismo tiempo que las mujeres de Redondela cuidaban de los presos de San Simón, María y otras mujeres hacían la misma labor en Bilbao y atendían lo mejor que podían a los presos del Carmelo.

Mientras faltó su marido, María sacó adelante en soledad a sus cinco hijos: primero bordaba mantelerías y delantales que vendía en los bares y restaurantes; más adelante, encontró trabajo como dependienta en una pescadería.

Cerca de un millón de combatientes republicanos, uno de cada veinticinco españoles de entonces, fueron hechos prisioneros e internados en casi doscientos campos de concentración estables y provisionales al final de la guerra.³En 1940, el director de prisiones del gobierno de Franco se quejó ante el caudillo de que en España había 270.719 reclusos, cifra muy por encima de la capacidad de las instituciones penitenciarias, que antes de la guerra alojaban apenas a 13.000 internos. Se empezó a derivarlos a batallones disciplinarios y campos de trabajo para que reconstruyeran el país devastado. Las carreteras y ferrocarriles, los pantanos, canales y demás obras públicas de la posguerra, incluido el Valle de los Caídos, fueron construidos por presos políticos.⁴

Se procedió a revisar las condenas de los consejos de guerra. La pena impuesta a Ruperto fue revisada el 13 de mayo de 1940 y quedó reducida a dos años de prisión con las accesorias correspondientes, en la consideración de que los hechos declarados probados en la sentencia eran de «menor gravedad» y que no se habían acreditado «los actos públicos de propaganda». Debió haber sido excarcelado inmediatamente, pues tenía la pena cumplida, pero su puesta en libertad no se produjo hasta un mes y medio después, el 1 de julio de 1940.

Cuando Carmucha vio la extrema delgadez y el deplorable estado de salud en que se encontraba Ruperto, le hizo ver que así no podía regresar a su casa. Lo acogió en su domicilio, y tanto ella como la tía con la que vivía le estuvieron cuidando hasta que se repuso. Avisaron a María de que su marido estaba en libertad, lo alimentaron, le sanaron el cuerpo y el alma, le compraron ropa nueva, y cuando estuvo recuperado, lo dejaron marchar. Regresó a Bilbao en tren. Su mujer y sus hijos, que habían pensado tantas veces que nunca volverían a verlo, lo recibieron emocionados en la estación.

Ruperto intentó abrir un nuevo restaurante, pero una y otra vez le denegaron los permisos por sus antecedentes penales. Trabajaba en lo que podía, hasta en el puerto, donde un amigo lo contrató para vigilar por la noche las mercancías que quedaban sobre los muelles. Al cabo de unos años, le ofrecieron empleo en la ferretería de Llodio, y allí se trasladó con María, que continuó trabajando, cosiendo para conseguir algunos ingresos suplementarios mientras cuidaba de las nietas —su segunda hija había muerto, y el yerno estaba preso— y de la casa. Prematuramente envejecido, Ruperto murió en 1958 a los sesenta y tres años, sin regresar nunca al pueblo que le había visto nacer. El legado para sus hijos fue que debían «olvidar y vivir sin rencor». María regresó viuda a Amurrio, y vivió allí hasta pasados los noventa años. Exhortó siempre a sus hijos y nietos a que conviviesen en paz con los descendientes de quienes los habían denunciado.

—Los hijos no tienen la culpa de los errores de los padres —les decía, y añadía—: lo pasado, pasado está.

Apenas se consolidó, la dictadura se aprestó a dar cobertura legal a la represión. En 1939 se constituyó la Dirección General de Seguridad, y dentro de ella, la Brigada Político Social. En 1940, se promulgaron las Leyes de Responsabilidades Políticas y de Represión de la Masonería y el Comunismo; en 1941, las Leyes de Seguridad del Estado y de Inscripción en el Registro Civil de los niños «repatriados y abandonados», mediante la que se legalizaron las adopciones clandestinas de los «bebés robados»;⁵en 1947, la Ley de Bandidaje y Terrorismo; y en 1950 la Ley de Orden Público. Los homosexuales fueron perseguidos mediante la Ley de Vagos y Maleantes de 1933, y a partir de 1970, mediante la Ley de Peligrosidad Social.

Entre 1956 y 1975 se declaró once veces el estado de excepción, y un total de 68.400 españoles fueron procesados por actividades contrarias a la dictadura: la mayoría, ante la jurisdicción ordinaria; los considerados bandidos o terroristas, ante la jurisdicción militar; y los opositores políticos por razones puramente ideológicas, ante el Tribunal de Orden Público, jurisdicción especial creada en 1963 para la persecución de los delitos de asociación ilícita, propaganda, reunión y manifestación ilegal.

Francisco Franco conmemoró solemnemente los «XXV años de paz» en 1964, pero siguió sin permitir la reconciliación entre los españoles, a pesar de que la Iglesia católica le solicitó expresamente «perdón y olvido». Las cárceles no se vaciaron. Los presos de la guerra fueron siendo paulatinamente reemplazados por los opositores políticos; 9.146 de ellos fueron procesados ante el Tribunal de Orden Público.

Felisa, por todos conocida como Cuchi, nació en Madrid en 1948, el mismo año en que el general Franco dio por terminado el estado de guerra en España. La disidencia seguía sin ser tolerada, de manera que a Cuchi no le tocó vivir la paz, sino la dictadura. Ella y sus coetáneos tomaron el relevo de Ruperto y la generación de la guerra.

Cualquiera que la observe, se preguntará de dónde saca Cuchi la energía que despliega a sus setenta y seis años, con la salud quebrantada por la enfermedad, con tantas batallas como lleva a cuestas. Resulta difícil imaginarlo, tan menuda es. Voluntariosa, hiperactiva, infatigable, siempre con una sonrisa, dispuesta a arrimar el hombro para contribuir: ella da, nunca pide.

Hija de un ferroviario vasco, la infancia de Cuchi quedó marcada por la enfermedad de su madre, que murió cuando ella tenía nueve años, y de la que guarda muy pocos recuerdos, puesto que, teniendo la niña apenas dos años, la mujer fue internada en un sanatorio para tuberculosos en Guadarrama del que ya no saldría viva. Iban a visitarla con frecuencia, pero los niños tenían que quedarse jugando en los jardines. El día de su primera comunión, Cuchi pudo ver a su madre, que se asomó a la ventana de la habitación para felicitarla. Su hermana, cinco años mayor que ella, cubrió como pudo el vacío de esa orfandad temprana.

Cuchi creció formando parte sin saberlo de la mayoría silenciosa de la que el general Franco presumía y sobre la que apoyó durante décadas su régimen autoritario. En casa de Cuchi no se podía hablar de política, ni utilizar el euskera, porque el miedo podía más que la identidad. Un hermano de su padre se había exiliado en Francia al terminar la Guerra Civil y nunca volvieron a tener noticias suyas.

Todo cambió cuando, al acabar el quinto curso del bachillerato laboral, Cuchi conoció en una discoteca al Peque, un joven estudiante de Valladolid, menudo como ella pero bien parecido, que se había venido a Madrid a estudiar Económicas. Lucio, el Peque, la invitó a bailar y enseguida congeniaron y se hicieron pareja. Ella dejó los estudios y se puso a trabajar. Se fueron a vivir juntos, pero sin recursos ni papeles, daban tumbos de prestado de un piso a otro, hasta que por último, y aunque Cuchi era ferviente partidaria de la liberación sexual de las mujeres y la monogamia no la convencía, en 1972 decidieron casarse para poder alquilar un piso propio. A la clandestinidad obligada de las parejas extramatrimoniales siguió la otra, la de verdad. Lucio se incorporó a la Liga Comunista Revolucionaria, uno de tantos grupos que procuraban socavar desde el movimiento obrero y vecinal la dictadura franquista. Cuchi adquirió conciencia política, decidió sobreponerse al miedo y también se afilió.

A los veintiséis años, Cuchi pasó a la acción. Trabajaba en la fábrica de Renault como perforista de tarjetas informáticas. Su vivienda se transformó en la sede del minúsculo partido de filiación trotskista. Allí se celebraban las reuniones clandestinas, se imprimían los panfletos con los que a continuación regaban las fábricas y los barrios populares, se preparaban las manifestaciones o «saltos», y se planificaban las huelgas, siempre con la policía pisándoles los talones. Algunos compañeros empezaron a llamarla cariñosamente «cuchi cuchi», como llamaba el personaje de Betty Mármol a su marido, y ese apelativo se le quedó tan pegado a la piel que lo convirtió en su nombre de guerra y decidió conservarlo. No tenían un minuto de sosiego pero eran felices, y su compromiso les hacía sentirse importantes.

El 5 de octubre de 1974, Cuchi participó en una asamblea de trabajadores que se celebraba en la parroquia Dulce Nombre de María, en Vallecas. Fue detenida a la salida de la reunión y conducida a la Dirección General de Seguridad, en el edificio de la Puerta del Sol, antigua Real Casa de Correos donde hoy tiene su sede principal el gobierno de la Comunidad de Madrid. Luego de un interrogatorio somero, la ficharon tomándole la filiación, fotografías de frente y de perfil y las huellas dactilares. Después, la dejaron en libertad.

Había estado a punto de ser detenida pocas semanas antes, cuando acudía a una cita con otros camaradas del partido, Chato entre ellos. Cuchi apenas lo conocía entonces, pero andando los años, Chato llegaría a ser para ella un referente, un amigo entrañable y compañero infatigable en la lucha por la verdad y la justicia. Chato era el responsable del grupo, y había caído el primero en la redada. Detenido y esposado dentro del coche policial camuflado, Chato le hizo a Cuchi por la ventanilla un gesto disuasorio tan expresivo, que ella entendió al instante que se había metido sin querer en la boca del lobo, y mientras los policías seguían sacando detenidos del bar en el que tendrían que haberse encontrado, Cuchi tuvo el tiempo justo de darse la vuelta in extremis, poner cara de póquer, sonreír como si la movida no fuera con ella, y volverse por donde había venido.

Ese 5 de octubre, Cuchi no se terminaba de creer que hubiera podido escurrir otra vez el bulto. Podía ser una trampa, cabía suponer que la policía seguiría sus pasos para averiguar adónde iba y con quién se reunía a continuación, así que se fue directamente a su casa en la calle del Olivar, en el barrio de Lavapiés, y siguiendo las instrucciones de seguridad aprendidas, esperó. Tres días más tarde no había pasado nada. Cuchi decidió dejar de esperar, y empezó a quemar en la cocina y el baño todas las fotografías, agendas, notas, panfletos y demás documentos comprometedores que tenía en la casa.

Sea porque llegaban casualmente en ese momento, o puede que alertados por el humo que salía por la ventana, en ese momento hicieron su aparición los agentes de la Brigada Político-Social. Subieron al cuarto piso, aporrearon la puerta, y como Cuchi no les abrió, la echaron abajo. Entraron de golpe cinco hombres empuñando sus armas. Cuchi apuraba sus últimos instantes de libertad agazapada detrás de la nevera. La encontraron, la agarraron del pelo y la sacaron a tirones de su escondite, la tiraron al suelo y la arrastraron por toda la casa golpeándola con saña mientras ponían la vivienda patas arriba y le gritaban: «¿Dónde está la vietnamita, hija de puta?». Se referían a la multicopista con la que se imprimía en aquellos tiempos la propaganda ilegal. Como no la encontraban, pusieron a Cuchi en el quicio de la ventana del comedor, en ademán de arrojarla al vacío. Gritó tanto que alertó a todo el vecindario, y los inspectores desistieron. Cerraron la ventana, le metieron un pañuelo en la boca para que dejara de dar voces y siguieron preguntándole mientras le pegaban. El olor del humo, las manchas negras de ceniza en el suelo, y el inodoro atascado de papeles medio quemados, eran señales inequívocas. «¡Esta zorra lo ha quemado todo!», dijeron con rabia, y le pegaron con más fuerza para desquitarse, tanto que Cuchi se orinó encima. No encontraron nada relevante, pero de todas formas se la llevaron.

Esta vez, la estancia en la Brigada Regional de Investigación Social no fue un mero trámite. La presentaron ante el comisario y la carearon con la hermana de Lucio el Peque, que también estaba detenida. Cuchi dijo que era su cuñada, y esta aseguró que no se conocían de nada. Una lluvia de golpes se abatió sobre las dos. Las separaron.

La tortura de los detenidos políticos era sistemática en aquellos días. Los malos tratos rutinarios a los demás detenidos, también.

Golpearon a Cuchi por todo el cuerpo con los puños, porras y otros objetos contundentes, mientras la interrogaban a gritos en una habitación pequeña sin ventanas ni ventilación y la invitaban a delatar a quienes —le decían— la habían denunciado a ella. Se ensañó especialmente con la detenida un policía al que todos conocían como Billy el Niño y que, a sus veintiocho años, asiduo de los gimnasios y especialista en artes marciales, era ya tristemente célebre por su brutalidad y su particular crueldad. Mientras le pegaba incesantemente y la llamaba «zorra» y «puta roja», Billy le susurró al oído que más le valía delatar a su marido: «Te la está pegando con tu mejor amiga», le dijo con una sonrisa de complacencia.

Cuchi estaba determinada a no decirles nada, pero su resistencia iba menguando. No le daban de comer ni de beber, y la mantenían constantemente esposada. Se orinó nuevamente, le bajó la menstruación, y a pesar de pedir que la dejasen ir al baño para limpiarse, no se lo permitieron y siguieron interrogándola. Cuando la veían desfallecer, la llevaban un rato a su calabozo, un habitáculo minúsculo y maloliente, cubierto de manchas de sangre por todas partes y en el que las cucarachas eran dueñas y señoras, sin ventanas y con una luz tenue pero constante en el techo. Los interrogadores esperaban a que Cuchi se quedase dormida y entonces la despertaban, y vuelta a empezar. En uno de los traslados, se cruzó por el pasillo con su marido, Lucio. El Peque también había sido detenido, pero Cuchi lo ignoraba hasta ese momento. Había sido muy golpeado, tanto que apenas se tenía de pie.

En la siguiente sesión de interrogatorio de Billy el Niño a base de puñetazos por todo el cuerpo, insultos y bofetadas, Cuchi sufrió un colapso nervioso. Se quedó rígida de repente, las extremidades extendidas, las manos agarrotadas, los pies clavados al suelo, el cuello extendido con la cabeza hacia atrás en hiperextensión cervical, los ojos en blanco. Le costaba respirar. Apenas consciente, Cuchi alcanzó a pensar que iba a morir, y esa certidumbre no le causó inquietud ni desagrado, tal era su desesperación. Al contrario, deseó que la tortura terminase, aunque fuese de esa forma. Quienes se asustaron fueron sus interrogadores, que la sacaron a toda prisa del cuarto y la llevaron al dispensario. El médico le administró un tranquilizante que hubiera dormido a un caballo, y recomendó a los policías que la dejaran en paz. La llevaron a su calabozo. Volvieron a interrogarla después, pero ya no le pegaron más, y sus propios compañeros le advirtieron a Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, que mejor no volviera a acercarse a la detenida.

Formalizaron la declaración por escrito en la madrugada del 10 de octubre. Cuchi negó que ella o su marido pertenecieran a partido político alguno. Le preguntaron por los papeles que había quemado, y dijo que eran cartas y documentos personales. Negó haber poseído una multicopista. Negó también conocer a su amiga Roser, la que le habían dicho que se entendía con su marido. Le preguntaron por los cartuchos de tinta para multicopista encontrados en el piso, y no los reconoció. Aseguró que esos materiales nunca habían estado en su casa. Tampoco reconoció la máquina de escribir Olivetti, ni los clichés de multicopista ocupados por la policía en el registro. Le preguntaron entonces por qué había tapado con cartones la reja metálica que separaba el balcón de su piso del de la vivienda contigua; contestó que la vecina era una chismosa y estaba siempre cotilleando. Le preguntaron finalmente si, «dadas las muestras que había dado a lo largo del interrogatorio», padecía alguna «enfermedad nerviosa». «Creo que no», respondió lacónicamente. A esas alturas, Cuchi ya no les hablaba, se limitaba a negar moviendo de lado a lado la cabeza.

Habida cuenta de la carencia de pruebas concluyentes y de que las expectativas del proceso penal en contra de Cuchi no resultaban muy prometedoras, el jefe superior de Policía de Madrid se curó en salud y, por si acaso, le impuso una sanción administrativa de doscientas mil pesetas por haber «atentado contra el orden público». El importe de la multa tenía que ser abonado inmediatamente, porque llevaba aparejada una «responsabilidad personal subsidiaria» de sesenta días de arresto en caso de impago. O pagaba o ingresaba en la cárcel. Cuchi permaneció detenida en la Puerta del Sol, y al día siguiente, fue trasladada a los calabozos del Tribunal de Orden Público, donde pasó a disposición del Juzgado de Orden Público n.º 2, que estaba en la misma sede de las Salesas que hoy ocupa el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Los calabozos de los juzgados, al menos, tenían ventanas, aunque fueran estrechas, elevadas y enrejadas.

El juez la procesó por el delito de asociación ilícita. Nadie pareció darse cuenta en el juzgado de las torturas a las que Cuchi había sido sometida en la Dirección General de Seguridad, que eran manifiestas a la vista del penoso estado físico y mental que presentaba, los numerosos hematomas, y uno de los oídos que le supuraba abundantemente por la falta de higiene en que la habían tenido y los golpes recibidos. Ni el juez, ni el fiscal ni el médico forense le preguntaron por el colapso nervioso que padeció estando detenida, a pesar de que constaba en el atestado. Se decretó su ingreso en prisión.

El 14 de octubre de 1974, Cuchi ingresó en la cárcel de mujeres de Yeserías, en calidad de presa y para cumplir el arresto sustitutorio de la multa administrativa. Después de tres días en la celda de aislamiento, fue destinada al pabellón de las presas políticas. Se sintió renacer.

La responsabilidad penal de Cuchi era insignificante, las pruebas de cargo inexistentes, y para aquel momento, el dictador se estaba muriendo y la dictadura volvía a tener las cárceles atestadas de presos políticos, como lo habían estado en 1939 de combatientes vencidos. Cuchi fue puesta en libertad el 6 de diciembre de 1974, después de depositar una fianza de veinticinco mil pesetas.

El juicio se celebró el 25 de septiembre de 1975. No comparecieron más que los acusados, sus abogados y el fiscal. Ninguno de los policías fue llamado como testigo. Se dieron por reproducidos los atestados, así como las declaraciones de los procesados, que negaron todos los hechos. No declaró nadie. Se escucharon los informes del fiscal y de los defensores, y en pocos minutos se declaró el juicio concluso y visto para sentencia.

El tribunal declaró probado que Cuchi había contravenido la ley de 9 de febrero de 1939 integrándose en la Liga Comunista Revolucionaria, organización que perseguía el «derrocamiento por la fuerza» de la «vigente estructura estatal hispana». Los magistrados consideraron que «su posición orgánica» no excedía de la de «simple miembro o partícipe». En relación con los cartones que Cuchi había puesto en la ventana para que no cotillease la vecina, la sentencia aseguró que la acusada había «acondicionado especialmente» la vivienda mediante «procedimientos de aislamiento acústico con el fin de evitar que fuesen escuchados sus conciliábulos». La sentencia añadía que en el registro «legalmente practicado» por las «fuerzas del orden» le habían sido ocupados «efectos y publicaciones de matiz marxista».

Cuchi fue condenada a dos años, cuatro meses y un día de prisión. No tuvo que reingresar en la cárcel porque su abogado recurrió inmediatamente en casación contra la sentencia condenatoria.

Dos días después de ese juicio fueron ejecutados ante dos pelotones de fusilamiento los cinco últimos condenados a muerte de la dictadura.

Dos meses más tarde, la responsabilidad penal de Cuchi fue dejada sin efecto por el decreto de indulto que se promulgó, tras la muerte del general Franco el 20 de noviembre de 1975, con ocasión de la proclamación como rey de España del sucesor designado por aquel, Juan Carlos I de Borbón.

Los casos de Ruperto y de Cuchi son ejemplos de la instrumentalización de la justicia penal para la represión de los adversarios políticos. No son los casos más graves, ni los de consecuencias más dramáticas, pero resultan representativos de ese patrón de utilización de la jurisdicción penal para ponerla al servicio de la razón —o más bien la sinrazón— de Estado, que está presente y se convierte en rutina en todos los regímenes autoritarios. Esa jurisdicción subalterna y sumisa, brazo ejecutor de las directrices políticas del régimen, se preocupó por demostrar que su arbitrariedad podía alcanzar a cualquiera, con o sin motivo, y por insignificante que resultara su forma de oposición, porque de esa manera se contagia de miedo y se paraliza a toda la sociedad.

Los testigos que denunciaron a Ruperto ratificaron ante el juez militar sus testimonios inverosímiles carentes de corroboración. En pleno conflicto armado y ante un consejo de guerra, tales acusaciones podían fácilmente haber conllevado la imposición de la pena de muerte para el acusado. Los testigos lo sabían, pero en ellos pudo más el resentimiento.

Ruperto se había mantenido leal a la República al empezar la guerra, y esa conducta, salvo por los decretos retroactivos de Franco, no constituía delito alguno. Se opuso públicamente a los desmanes de los milicianos porque creía en esa república democrática cuya Constitución no dejaba espacio para la violencia sectaria, y en la que la distinción⁶entre combatientes y civiles era una línea roja infranqueable. Ayudó cuanto pudo a sus vecinos perseguidos sin tomar en consideración su filiación política, y se la jugó por ellos poniendo en riesgo su propio bienestar y el de su familia. Dos años después, ante el tribunal militar, esos vecinos, que no habían olvidado la mano que Ruperto les tendió cuando más la necesitaban, supieron corresponderle. Acudieron, dieron la cara por él ante aquel juez militar improbable que se había empeñado en averiguar la verdad, y salvaron la vida de Ruperto con sus testimonios. Dice Manuel Rivas con mucha razón que la justicia pertenece al campo de las fuerzas del alma y por eso puede presentarse en los lugares menos propicios.⁷

Ruperto fue condenado a doce años y un día de reclusión por mantenerse leal a sus principios, a sus amigos y vecinos, y al gobierno legítimo, pero puede que esa condena disparatada hija del odio fuera a la postre un mal menor: de haber sido descubierto por algunos de sus correligionarios ayudando a salvar a un requeté, un cura y un falangista, hubiera podido ser fusilado. En las guerras civiles la intolerancia no sabe de matices, y la decencia cotiza a la baja.

Como Ruperto, Cuchi navegó contra corriente. Se propuso derribar la dictadura, pero ella y sus compañeros siempre fueron pocos, una minoría que no representaba un verdadero peligro para el régimen. La derribada fue ella, y lo pagó muy caro. Solo estuvo dos meses en prisión, pero la tortura que le infligieron la marcó para siempre. Como es sabido, la tortura no consiste solamente en la causación de un resultado lesivo temporal fruto del maltrato: es un estado físico y psicológico que se instala en lo más profundo del alma humana, y allí se queda para siempre. Cuchi ha sido capaz de superar el miedo, la principal secuela que le dejó la tortura, pero se acuerda estremecida todavía del aliento inconfundible de Billy el Niño rozándole la cara con esa sonrisa siniestra que apestaba a alcohol. También, a veces, mira hacia atrás cuando camina por la calle, no porque tema que le vayan a robar, sino para asegurarse de que no la vienen siguiendo. Y se sobresalta sin motivo y recela de las personas que le preguntan cosas sin importancia cuando siente que ponen más interés del que a ella le parece razonable.

Conforme avanzaba la Transición, las ilusiones de Cuchi se fueron desvaneciendo. La democracia desmemoriada e ingrata con la que despertamos a la libertad se parecía poco a esa otra luminosa y alegre con la que ella había soñado. Se separó de Lucio en 1978, dejó el partido. Inasequible al desaliento, rehízo su vida con Sergio, aprendió a depositar sus esperanzas en valores más confiables. Aprobó unas oposiciones, se hizo auxiliar administrativa, y tuvo dos hijos que le han dado dos nietos. Cuchi siguió trabajando en los barrios, las asociaciones de vecinos y los sindicatos, sin darse nunca por vencida. Sin saberlo, ha seguido toda la vida la indicación de John Irving en su novela Príncipes de Maine, reyes de Nueva Inglaterra: la primera obligación de los huérfanos es ser útiles para devolverle a la sociedad lo que esta ha hecho por ellos.

A Cuchi nunca le devolvieron la fianza que tuvo que depositar para quedar en libertad, ni le indemnizaron por la privación de sus derechos, de su integridad física y moral, de su bienestar. Le dieron 900 euros por el tiempo que pasó en prisión. El 4 de enero de 1977, el Tribunal de Orden Público fue disuelto, pero nadie exigió responsabilidades a sus jueces y fiscales, que en su mayoría pasaron a integrarse en la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo. El 15 de octubre de 1977, el primer Parlamento democrático elegido después de la Guerra Civil aprobó la Ley de Amnistía, que dejó en libertad a los últimos presos políticos, pero cerró al mismo tiempo cualquier posibilidad de persecución de los responsables de los crímenes de la dictadura.

Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, recibió ese mismo año la medalla de plata al mérito policial con derecho a pensión, y más adelante, otras tres condecoraciones. Pidió la excedencia y fue contratado como jefe de seguridad de Renault, la misma empresa en la que había trabajado Cuchi antes de ser encarcelada.

Ella se incorporó en 2010 a «la comuna», el grupo de víctimas del franquismo que promovieron la «querella argentina». Allí se reencontró con Chato y se hicieron inseparables: a él también le había torturado salvajemente Billy el Niño, los dos eran compañeros de pesadillas. Fueron a prestar declaración a Buenos Aires, y la juez argentina solicitó la extradición de Billy el Niño. Nuestra Audiencia Nacional la denegó. En 2017, Cuchi presentó en Madrid una querella contra Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, el que más la torturó. El juzgado declaró en 2018 que se había tratado de un hecho aislado, no de un crimen contra la humanidad, porque a su entender no se había acreditado que aquellas torturas que le fueron infligidas se hubieran producido en el contexto de «un ataque organizado y sistemático contra un grupo de población». El juzgado consideró, en consecuencia, que la conducta del querellado constituía un delito ordinario y que había prescrito. Archivó las diligencias.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de la ONU han rechazado también las reclamaciones de Cuchi y de las demás víctimas porque cuando fueron torturados, España no había ratificado todavía el Convenio Europeo de 1950 ni el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. Ni estos organismos internacionales, ni nuestro Tribunal Constitucional, han concedido relevancia alguna a los derechos fundamentales de los españoles que estaban reconocidos en la Constitución de 1931, que no fueron válidamente derogados hasta 1978. Chato ya no está entre nosotros, y tampoco Carlos Slepoy, su entrañable compañero de fatigas.⁸Cuchi los quiso tanto que los adoptó como sus dioses familiares y hoy presiden el salón de su casa. Ella sigue exigiendo justicia todos los días, y de esa manera hace buena la afirmación de Bertolt Brecht de que los únicos imprescindibles son los que luchan toda la vida.

Casi un siglo después de la Guerra Civil española, todavía nos resulta difícil hablar o escribir de ella, o de la dictadura, y seguimos sin disponer de una narrativa común del conflicto que podamos compartir, una narrativa que en puridad debería remontarse aún más atrás, puesto que la división entre los españoles hunde sus raíces en lo más profundo de nuestra historia. Las persecuciones de los gitanos, judíos y moriscos, nuestro pasado colonial, la Santa Inquisición, el infausto reinado de Fernando VII, las guerras carlistas, y los numerosos pronunciamientos militares del siglo XIX, atestiguan que la Guerra Civil que estalló en 1936 no fue la causa de la división entre los españoles sino su consecuencia, la explosión terrible⁹y definitiva de una confrontación enquistada de siglos entre una España incluyente que pretendía modernizar el país e incorporarlo al concierto de las naciones civilizadas, y otra atávica e intolerante, dispuesta a todo para perpetuar sus privilegios y excluir a los discrepantes.

El de España es uno de los casos más persistentes de negacionismo. Rafael del Riego, Mariana Pineda, José María Torrijos, Ruperto, Cuchi y tantos otros injustamente condenados, siguen esperando a que se les haga justicia. Nadie les ha pedido perdón. Los jueces españoles han validado una y otra vez aquellas condenas de los tribunales de excepción que fueron revestidas de legalidad aparente utilizando las formas vacías del proceso penal, y que no deberían tener cabida en una sociedad democrática. De esa forma, nuestros tribunales han refrendado el pacto de olvido de la Transición.¹⁰Como dijo W.G. Sebald respecto de la Alemania de posguerra, parecería que los españoles hayamos suscrito «un acuerdo tácito, vinculante por igual para todos, de que el estado material y moral de ruina por el que ha pasado el país no debe ser descrito: como un secreto de familia».

En la lengua awajun, uno de los idiomas prehispánicos de Perú, no existe la palabra reconciliación. Para reemplazarla y enunciar la misma idea, los indígenas utilizan la expresión «mirarse a los ojos». Eso, mirarnos a los ojos, nos falta a los españoles.

Apéndices

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AGRADECIMIENTOS

Este libro debe mucho a las personas que más han contribuido a su elaboración. A quienes han leído con paciencia los borradores, Ignacio, Gerardo, Daniel y especialmente, Ángela y Maite.

A Carlos Cordero, que me guio para encontrar lo que buscaba en Torrelaguna. A Cuchi, por compartir conmigo su historia; a mi prima Inmaculada, por contarme la del abuelo Ruperto; y a Galo Gijón de Amírola, que nos facilitó la copia del sumario.

A Daniel, hijo y amigo mío, por su bondad excepcional. Y a mis otros dos hijos, Manuel y María, mis niños robados, víctimas de la injusticia como su bisabuelo, que han inspirado sin saberlo muchas de estas páginas.

A mis nietos Carlos y Lara, por enseñarme lo que de verdad importa, y a su madre, Aurora, por enseñárselo a ellos. A Paula y Alfonso, por la paciencia y las horas perdidas.

Los bibliotecarios y archiveros, Ana Cuadrado García y el personal de la biblioteca de la Fiscalía General del Estado —principalmente Yolanda Castro— y el del Tribunal de Cuentas; Sebastián Lastra Liendo, secretario de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, e Iván García Turrillo, del Archivo Judicial Territorial de la Comunidad de Madrid; María José Román Alcaraz, letrada de la Administración de Justicia de la Audiencia Provincial de Cuenca, y Francisco Javier Moya del Pozo, Elena Sebastián San Miguel y Ana María Pérez Sánchez, del Archivo Histórico Provincial de Cuenca. A los miembros de la Sección Guardia Civil del Archivo General del Ministerio del Interior. Todos ellos han puesto a mi alcance textos e información indispensables.

Los médicos Juliana Emperatriz Castro Pérez, Angela Castresana Fernández y Pau Pérez Salas. Los médicos forenses María Victoria Uroz Martínez y Juan Miguel Monge Pérez, por su asesoramiento técnico clarificador. Los abogados Maite Parejo Sousa, Jacinto Lara Bonilla y José Santiago Torres Prieto, que me han compartido documentación, opiniones profesionales cualificadas y valiosos comentarios.

A la profesora Louise Mallinder, por su revisión y comentarios del capítulo sobre Irlanda del Norte. 

A Juan Cerezo y todo el equipo editorial de Tusquets, por creer desde el principio en este proyecto, y a Josep Maria Ventosa, por su profesionalidad y su paciente revisión del texto. A Luis García Montero, por haberme guiado en el camino.

Notas

Feudalismo

1. En Derecho romano, proletarii eran aquellos que no poseían nada excepto la prole, sus hijos, de donde les venía la denominación.

2. La justicia penal en Inglaterra estaba a cargo de magistrados itinerantes, que iban visitando una por una las localidades de su demarcación, conocida como circuito. Al llegar a cada lugar, los magistrados celebraban los juicios relativos a los incidentes que se hubieran producido después de su visita anterior, formaban el jurado, practicaban las pruebas en audiencia pública, y luego del fallo del jurado, dictaban sentencia. En ausencia del juez del circuito, se encargaba de las diligencias inaplazables el juez de paz.

3. Indemnity and Oblivion Act de 1660, aprobada al final de la guerra civil y el Protectorado.

4. El magistrado metropolitano más importante, equivalente a decano o presidente del tribunal.

5. Una selecta orden de abogados litigantes o barristers de Inglaterra e Irlanda, con jurisdicción exclusiva sobre las causas de derecho común en los tribunales centrales.

La palabra de Sarah

1. El habeas corpus es un procedimiento de urgencia por el que cabe reclamar la inmediata puesta a disposición judicial de una persona detenida gubernativamente si existen motivos para sospechar que la privación de libertad no está justificada o que la persona detenida está siendo maltratada, a fin de que el juez pueda verificar las circunstancias del arresto y acordar lo que resulte procedente. Fue establecido por primera vez en la Carta Magna que los nobles ingleses obligaron a suscribir en 1215 al rey Juan I Plantagenet, más conocido como Juan sin Tierra, hermano menor de Ricardo Corazón de León, que había abandonado el reino para luchar en las Cruzadas.

2. La serie de televisión The Wire fue rodada en 2002 en las calles de Baltimore. La mayor parte de los actores no profesionales del reparto eran descendientes de los esclavos de Sir Frederick Calvert, el último barón Baltimore.

La justicia del Directorio

1. La misma prevención, el carácter inapelable de los fallos del jurado, había estado vigente en Inglaterra hasta que fue derogada en 1879 después del escándalo del robo a la vicaría de Edlingham (véase el capítulo «Sospechosos habituales»).

El cazafortunas

1. La fiscalía o acusación pública británica, Office of Public Prosecutions, actualmente denominada Crown Prosecution Service (CPS), fue creada en Inglaterra en 1879. Goza de reconocido prestigio y es independiente del poder político. El fiscal general del Reino Unido es miembro del gobierno de Su Majestad y define la política criminal, pero no puede dar órdenes relativas a casos determinados al CPS, quien adopta con total autonomía sus decisiones sobre el ejercicio de acciones penales. En la fase de instrucción, la investigación de las causas penales descansa primordialmente en la policía, que también se caracteriza por su marcada profesionalidad e imparcialidad.

La viuda negra

1. El parricidio se define como la causación voluntaria de la muerte a cualesquiera de los ascendientes, descendientes, o al cónyuge.

2. La expresión «más allá de una duda razonable» se acuñó y empleó por primera vez en 1851, en el juicio por asesinato celebrado en Boston, Massachusetts, contra el profesor de la Universidad de Harvard John W. Webster, que resultó condenado a muerte. A diferencia de Marie Fortunée Cappelle, que fue condenada, ese umbral mínimo de la prueba de cargo salvó en 1871 a la viuda Wharton, que había sido acusada en Baltimore, Maryland, del envenenamiento con antimonio del general Ketchum, un caso que tenía muchas similitudes con el de Lafarge. El juicio de la señora Wharton fue transferido a Annapolis para garantizar la imparcialidad del jurado, tomando en cuenta la presumible animosidad en contra de la acusada del público de Baltimore, donde el general Ketchum era muy apreciado. El magistrado descartó, además, toda la evidencia que apuntaba a otro crimen del que también era sospechosa la viuda Wharton —y por el que nunca llegaría a ser formalmente acusada—, impidiendo que la información del otro posible delito fuera tenida en cuenta y pudiera predisponer al jurado del caso Ketchum en contra de la acusada. La discusión y la incertidumbre sobre la presencia de veneno en los restos mortales de la víctima fueron también muy similares a las del juicio de Tulle. El jurado emitió finalmente un veredicto de «no culpable» por considerar que la responsabilidad de la acusada no había quedado probada más allá de una duda razonable.

3. Famosos tapices franceses.

La llama doble

1. Poema atribuido al emperador Adriano (76-138), escrito poco antes de su muerte: «Pequeña alma, blanda, errante / Huésped y amiga del cuerpo / ¿Dónde morarás ahora / pálida, rígida, desnuda / Incapaz de jugar como antes?».

La torna

1. Montserrat y Triana fueron condenadas en 2024 por el Juzgado de lo Penal n.º 1 de León como autoras de un delito contra la salud pública por aquella posesión de 660 gramos de marihuana encontrada en 2014 en el domicilio de Triana, imponiéndoseles las penas de un año y seis meses de prisión y 3.000 euros de multa. La sentencia declara probado que tenían una plantación de marihuana en la casa de su madre y abuela en Carrizo de la Ribera.

Información para perpetua memoria

1. Los expedientes de «información para perpetua memoria» son procedimientos mediante los que se promueve una declaración judicial, en un asunto de los llamados de jurisdicción voluntaria —en los que no existe controversia entre las partes interesadas—, para que quede constancia formal de un hecho relevante.

2. Génesis, XVI, 5.

3. En aquella época, los gastos de las ejecuciones en Dinamarca corrían a cargo del acusador que obtenía la condena.

4. En Escandinavia, Gran Bretaña y Europa central los terrenos ajardinados que rodean las iglesias parroquiales suelen servir como cementerios, y están siempre en recintos abiertos, sin tapia y en el centro de las poblaciones, de manera que los feligreses puedan visitar a sus deudos cuando lo deseen, lo que suelen hacer cada vez que acuden a los oficios religiosos.

5. Los cadáveres de los suicidas y de los condenados a muerte ejecutados eran exhibidos y después sepultados en los cruces de los caminos. No podían ser enterrados en tierra sagrada.

6. Reinando Cristián IV, los ejércitos de Dinamarca participaron desde 1625 hasta 1629 en la Guerra de los Treinta Años en defensa de la fe protestante. Fueron derrotados.

7. Los romanos veneraban a los seres queridos fallecidos como dioses «menores» o familiares, los lares, manes y penates. Los tenían siempre presentes, les rendían homenaje, les hacían ofrendas y oraban impetrando su protección.

8. Miguel de Cervantes, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, parte II, capítulo XLII.

9. Franz Kafka, frase final de El proceso.

El desatino

1. Por ejemplo, en la Biblia (Números, 5, 11-31) se establece que los celos del marido constituyen prueba de cargo de la infidelidad de la esposa.

Impostura

1. La guinea era una valiosa moneda de oro que circuló en Inglaterra a partir de 1663, equivalente a 21 chelines. Debía su denominación a que empezó a ser acuñada con oro procedente de la costa occidental de África. Era utilizada principalmente por los comerciantes para sus transacciones.

Sospechosos habituales

1. Oficiales de la policía de los condados en Inglaterra.

2. Como ya se ha señalado, las acusaciones públicas fueron instauradas en 1879 cuando se creó para Inglaterra y Gales la Office of Public Prosecutions. Antes de esa fecha, las funciones de investigación y acusación penal estaban atribuidas exclusivamente a la policía. También existían el Attorney General y el Solicitor, pero más que el equivalente de un fiscal general, eran asesores legales del gobierno y de la Corona.

El antiguo régimen

1. Moneda de oro española de la época de Felipe IV, conocida en Francia como pistole.

2. La cuestión era la denominación eufemística con la que se refería a la tortura el Digesto, una de las cuatro partes de que consta el Corpus Iuris Civilis, obra legisladora fundamental de Justiniano, el emperador romano de Oriente, que lo promulgó en Bizancio (año 528-529 de nuestra era), texto incorporado más tarde al derecho interno de los estados que habían pertenecido al imperio.

La espada de la justicia

1. En ese mismo cementerio fue enterrada tres siglos más tarde Marie Fortunée Cappelle (véase el capítulo «La viuda negra»).

El crimen de todos

1. El culleum era un castigo reservado a los parricidas, a quienes se introducía con varios animales vivos en un saco y después eran arrojados al agua.

2. La aportación de Friedrich von Spee tuvo continuación en la obra de Christian Thomasius, otro jurista y filósofo alemán, que publicó medio siglo más tarde la Disertatio de tortura et foris christianorum prohibenda, en la que abogaba por la prohibición absoluta de la tortura en el proceso penal; en la del jurista y novelista Joseph von Sonnenfels, que publicó en 1775 Sobre la abolición de la tortura; y poco después, en la del magistrado español Juan Pablo Forner, que expuso sus tesis abolicionistas en su Discurso sobre la tortura.

3. Expresión popularizada en la prensa de la época por Ángel Ossorio y Gallardo para referirse al error judicial del crimen inexistente atribuido en 1913 a León Sánchez y Gregorio Valero.

La precuela: el crimen de Torrelaguna

1. Los nombres de los inculpados: Indalecia Corral Sánchez, alias la Rabona, Francisco Sierra García, alias Paquito, Porfirio González Alonso, Marcial González Aramberri, María Aramberri Sierra, José Arroyo Martínez y Luisa Hernández Pozo son ficticios. Los nombres originales obrantes en el sumario han sido reemplazados en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 7/2021 de 26 de mayo, Reglamento (UE) 2016/679 y Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales. Cualquier coincidencia de los nombres ficticios con los de personas existentes es puramente accidental.

2. Fray Bartolomé de Carranza era el prelado de mayor confianza de Carlos I, destacado participante español en el Concilio de Trento y confesor del rey, a quien acompañó en su última hora en el monasterio de Yuste. Nombrado arzobispo de Toledo y cardenal primado de España, fue también protegido por Felipe II. Partidario de la tolerancia en el seno de la Iglesia católica, del entendimiento con los luteranos y defensor de las doctrinas de Erasmo de Rotterdam y de Juan Luis Vives, Carranza cayó en desgracia durante la persecución de los protestantes españoles dirigida por el inquisidor Fernando de Valdés, y fue encarcelado en el palacio de Salinas de Torrelaguna, de donde pasó a la cárcel del Santo Oficio de Valladolid hasta que el Papa reclamó su proceso y fue trasladado al Castillo de Sant’Angelo en Roma. Estuvo diecisiete años preso, y fue definitivamente absuelto poco antes de morir.

3. Sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos de 24 de febrero de 1914, en el caso Weeks v. US. (232 U.S. 383, 1914).

The Troubles

1. Algunos de sus líderes eran protestantes, como el célebre Wolfe Tone, descendiente de planters.

2. Esos grupos habían sido precedidos por la Irish Republican Broterhood, constituida en 1856. El unionista Edward Carson fundó en 1912 el UVF, Ulster Volunteer Force. En respuesta, el líder nacionalista Eoin MacNeill constituyó en 1913 los Irish Volunteers, de los que más adelante nacería el IRA, Irish Republican Army, a su vez dividido entre el IRA Oficial y el Provisional.

3. Un dominio, todavía bajo soberanía del Reino Unido, que conservó algunas prerrogativas, como el control sobre los principales puertos de la isla. La República de Irlanda, tal como la conocemos, no se constituyó hasta 1949.

4. El RUC, Royal Ulster Constabulary, cuyos integrantes eran en un noventa por ciento protestantes.

5. Northern Ireland Temporary Provisions Act.

6. Detention of Terrorists Order, de 7 de noviembre de 1972.

7. Northern Ireland Emergency Provisions Act, de 8 de agosto de 1973.

8. Northern Ireland Emergency Provisions Amendment Act, de 7 de agosto de 1975.

9. Eso no les impidió servirse en el Ulster de veteranos de aquellas guerras coloniales, como el tristemente célebre brigadier Frank Kitson.

10. El sistema de protección de los derechos humanos del Consejo de Europa tenía desde su creación dos órganos, la Comisión y el Tribunal, como todavía sigue teniendo en la actualidad el sistema Interamericano. Las denuncias o solicitudes se interponían inicialmente ante la Comisión, que investigaba los hechos y pronunciaba una resolución o Informe que enviaba al Comité de Ministros, que podía adoptar una resolución en su propio ámbito, el político. El caso podía también ser llevado a continuación por cualquiera de las partes mediante una demanda, a modo de apelación, ante el propio Tribunal. La Comisión fue suprimida en 1998. El Tribunal permaneció, pero carente ya de instancia previa.

11. En España operaron los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), el Batallón Vasco Español (BVE), Anti-Terrorismo-Eta (ATE) y algún otro grupo. Internacionalmente, según investigaciones de los Parlamentos de Italia, Suiza y el Europeo, la red Gladio fue implementada en el marco de la OTAN con apoyo de la CIA y se infiltró en los grupos izquierdistas, como el que se hizo responsable del secuestro y asesinato de Aldo Moro. En América Latina, los grupos guerrilleros fueron igualmente infiltrados por los servicios de inteligencia en la Operación Cóndor.

12. Protocolo de Estambul. 1999. Manual de la ONU para la investigación y documentación efectiva de la tortura. Última edición, junio de 2022. A tenor del Protocolo, «La distinción entre métodos de tortura físicos y psicológicos es artificial».

13. En 1987 se constituyó en Israel la llamada Comisión Landau —denominada así por el jurista que la presidía, Moshe Landau— para la redacción de un informe que valorase la legitimidad de la tortura practicada por las fuerzas policiales y militares, así como por los servicios secretos israelíes sobre los prisioneros palestinos sospechosos de terrorismo. La comisión se había constituido tras un escándalo producido después de la muerte de dos detenidos sometidos a tortura, seguida del falso testimonio en juicio de los oficiales involucrados. Los tres miembros de la Comisión partieron en su informe de la prohibición de la tortura consagrada por el Derecho internacional, pero consideraron aceptable que las fuerzas de seguridad utilizasen «presión física moderada» sobre los detenidos, y encontraron que «la tortura en sentido estricto [...] tal vez se justificaría para descubrir una bomba que va a explotar en un edificio lleno de gente».

14. Categoría sin respaldo legal fuera de Estados Unidos, inventada durante la guerra de Vietnam para privar de cualquier protección legal a los prisioneros del Vietcong.

1. Nikolái Krylenko fue ministro de Justicia y fiscal general de la Unión Soviética, y el principal artífice de los «juicios farsa» de los años treinta mediante los que Iósif Stalin se desembarazó de la mayor parte de sus oponentes políticos reales o sospechados. Caído en desgracia y detenido durante la gran purga de 1938, el propio Krylenko fue procesado y sometido a un juicio, que se celebró en veinte minutos, y en el que resultó condenado a muerte, siendo seguidamente ejecutado.

2. The United States of America v. Josef Altstoetter, et al., Trials of War Criminals before the Nuremberg Military Tribunals under Control Council Law N.º 10 (Green Series), volumen III.

La doncella de Petrella

1. Algunas fuentes identifican a la hija mayor con el nombre de Antonina Cenci.

2. Según algunas fuentes, el primero se llamaría Olimpio Geraco. Igualmente, diversos autores señalan que Olimpio era el mayordomo o encargado del castillo de Petrella, hombre de confianza de Francesco Cenci, a quien traicionó después de haber sido destituido de su encomienda por el príncipe Colonna, señor de aquellas tierras, a petición de Francesco Cenci. En cuanto a Marzio Catalano, era un criado de los Cenci, casado y con varios hijos. Según otras fuentes, sería un bandolero de la región de los Abruzzi, amante de la campesina Annetta Riparella, a la que el conde Cenci había ordenado asesinar. Según esta última versión, Marzio habría entrado al servicio del conde para esperar la ocasión de vengar la muerte de aquella.

3. Otras fuentes lo identifican como Giovanni Francesco Aldobrandini.

El lunático

1. El sistema de reparto de la propiedad inmobiliaria en Inglaterra es singular. Partiendo del dominio de todo el reino, The Realm, que pertenece nominalmente al rey, las demás formas de propiedad derivan de aquel señorío originario y absoluto. Los nobles son formalmente depositarios de los diferentes territorios, que el monarca les cede una vez que prestan el juramento de lealtad a la Corona que deben formular cuando toman posesión del título que heredan de sus ascendientes con las propiedades que lo acompañan. En virtud de tal concesión real o grant, los aristócratas ceden a su vez las tierras en tenure,estate o interest a los súbditos sin título de nobleza. La posesión de la tierra para su cultivo se asigna flexiblemente desde la Edad Media mediante bailments,loans o leasings.

La cocinera de Chancery Lane

1. La profesión de abogado está dividida en Inglaterra en dos modalidades de ejercicio profesional, en función del reparto de las tareas que tienen atribuidos unos y otros. El Solicitor —el solicitante o postulante— es el abogado de despacho, que pasa consulta y asesora al cliente que le contrata, estudia el caso, hace acopio de los precedentes y los documentos, y elabora y presenta las demandas y los recursos. El barrister—el miembro de la Barra o Colegio— suele ser más veterano que el Solicitor, y es el abogado especializado, por su particular elocuencia y dotes argumentativas, en comparecer ante el tribunal en los procedimientos orales, defendiendo la causa preparada por el Solicitor que le ha contratado, y se agrupa con sus colegas en Chambers.

2. Magistrado del orden penal adjunto al Recorder.

3. Las cuatro antiguas posadas medievales o Inns of Court que circundaban los tribunales de Londres se denominaban Gray’s, Lincoln’s, Inner Temple y Middle Temple, y eran los establecimientos a los que llegaban para alojarse los abogados que acudían a juicio desde provincias. Allí vivían también los magistrados, los escribientes del tribunal, los aspirantes a las profesiones jurídicas y los estudiantes de Derecho. Aquellas tabernas se convirtieron con el transcurso de los siglos en complejos residenciales y en las verdaderas escuelas de la abogacía británica; en buena medida, es lo que siguen siendo hoy. Hasta el siglo XX no existían más de diez universidades que impartieran la enseñanza del Derecho en toda Gran Bretaña: Oxford, Cambridge y poco más.

4. Conocido como el Ministry of all the talents.

5. El Derecho penal inglés se había endurecido en el siglo XVIII. En 1760 había 160 delitos capitales, que tenían señalada pena de muerte, y habían aumentado a 223 para 1819. A partir de la ejecución de Eliza Fenning, el sistema fue reformado progresivamente, por influencia de Romilly, Mackintosh, Buxton y otros juristas. Siguió modificándose según avanzó el siglo XIX. El robo de ganado, el de correspondencia, el sacrilegio, las falsificaciones, los robos en casa habitada y las tentativas de homicidio fueron quedando excluidos de la lista de delitos que se cobraban la vida de los condenados.

El rey se divierte

1. La gargantilla de hierro que el verdugo puso al cuello de Mariana Pineda en susbodas con la muerte: Federico García Lorca, Los títeres de cachiporra.

2. La vigencia del Código Penal de 1822 se limitó al periodo liberal. El código fue derogado junto con la Constitución de 1812 apenas asumió el poder el gobierno absolutista, pero su detallada regulación de la pena de muerte provenía de la regulación anterior y siguió practicándose de la misma forma en los años posteriores.

3. La ejecución por garrote produce ordinariamente la muerte instantánea del condenado. Sin embargo, la ejecución de José María Jarabo Pérez Morris, llevada a cabo el 4 de julio de 1959, generó un escándalo mayúsculo en España debido a que la falta de fortaleza física del verdugo, unida a la corpulencia del condenado, impidieron la muerte inmediata del ajusticiado, que murió después de una larga agonía, con sufrimientos indecibles que espantaron a todos los presentes.

4. Georg Michael Welzel, conocido como Heinz Chez, delincuente común, fue ejecutado mediante garrote vil en Tarragona el 2 de marzo de 1974, al tiempo que en Barcelona se agarrotaba al anarquista Salvador Puig Antich. El régimen franquista ejecutaría otras cinco penas de muerte en septiembre de 1975, dos meses antes de la muerte del dictador Francisco Franco, mediante el fusilamiento de los condenados.

5. El Beaterio fue fundado en 1602 al tiempo que se decretaba la clausura de los lupanares, con el propósito de que sirviera como «asilo para la corrección de las mujeres perdidas». La calle Recogidas de Granada les debe el nombre a aquellas mujeres que fueron recluidas contra su voluntad en el convento-prisión.

6. La Cárcel Baja era la antigua Lonja o alhóndiga de los Genoveses, un edificio nazarí del siglo XIII, emporio comercial del reino musulmán de Granada auspiciado por la familia portuguesa Spínola, lugar de encuentro de los mercaderes que intercambiaban los productos más codiciados del Mediterráneo y de las caravanas de Oriente. Fue transformada en prisión por Isabel la Católica. Al construirse la cárcel provincial de Granada en 1933, el edificio de la alhóndiga fue abandonado, y a pesar de su valor histórico y su mérito arquitectónico, fue demolido en 1942 para construir viviendas y una caja de ahorros.

7. El garrote utilizado para ejecutar a Mariana Pineda se exhibe en la primera planta del palacio de la Real Chancillería de Granada, en plaza Nueva, hoy sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

8. En la época de Mariana Pineda, cuando se hablaba de banderas o escarapelas tricolores, se estaba aludiendo a las que ostentaban los colores revolucionarios de las enseñas francesa y norteamericana: azul, blanco y rojo. La bandera republicana roja, amarilla y morada es posterior.

9. José María Torrijos fue el jovencísimo capitán de diecisiete años que acudió el mismo 2 de mayo de 1808 en auxilio de Daoíz y Velarde, asediados en el parque de Artillería de Madrid por las tropas invasoras francesas. Luchó en las sucesivas batallas de la Guerra de la Independencia, resultó herido, y fue ascendido a general de brigada a los veintitrés años por sus méritos en combate. Al afrontar la muerte en la playa de Málaga, pidió dirigir el pelotón que iba a fusilarle, como le correspondía por su rango militar. No le fue concedido.

10. Destacado miembro de una familia de militares irlandeses que vinieron a España en el siglo XVIII, y padre de Leopoldo O’Donnell, primer duque de Tetuán y defensor destacado de Isabel II, de la que llegaría a ser primer ministro, y al que está dedicada una calle de Madrid.

11. Rafael del Riego fue juzgado sumariamente por haber votado en las Cortes reunidas en Sevilla la deposición del rey, acción que fue tipificada como crimen de lesa majestad mediante un decreto aprobado exprofeso y con carácter retroactivo. El tribunal lo consideró responsable del «horroroso atentado cometido por este criminal como diputado de las llamadas Cortes, votando la traslación del rey nuestro señor y su real familia a la plaza de Cádiz». El 7 de noviembre de 1823, vestido con un sayal y encadenado, fue arrastrado en un serón tirado por un asno a la plaza de la Cebada de Madrid, donde se había dispuesto una horca de altura desmesurada. Como militar de carrera, tenía derecho a un pelotón de fusilamiento; como hijodalgo, al garrote. Ambas opciones le fueron negadas. Fue ahorcado como un criminal común. Su joven esposa, refugiada en Londres, murió de pena siete meses después. Fernando VII aguardó a la consumación de la ejecución de Riego para hacer su entrada triunfal en Madrid.

12. Los describió Charles Dickens en su novela Casa desolada: deambulaban en grupos, fumando, envueltos en sus capas, pobres.

13. Luisa Soto y Urquijo también fue represaliada por ayudar a los liberales fugitivos, pero también con penas de prisión. Soledad Mancera fue igualmente encarcelada al encontrarse en su casa un retrato de Riego y un ejemplar de la Constitución. María Ramírez de Arellano fue enviada a prisión en 1830, acusada de pasar información a los liberales.

14. María Teresa Elliot, Esperanza Planells Bardají, María del Carmen Sardi, la esposa de Torrijos Luisa Carlota Sáez de Viniegra, la de Francisco Espoz y Mina Juana María de la Vega, y la viuda de Salvador Manzanares Mercedes de Guilleman.

15. Fueron más de mil cuatrocientas mujeres, en un país extremadamente conservador, y destacaron por su compromiso con los valores democráticos: Margarita López de Morla, Magdalena Fernández de Córdoba, Emilia Duguermeur, Francisca Senra, María Díez Rodero, Catalina Pinedo, Antonia Sánchez, Francisca Olarrieta, María Antonia Ximénez, Clementina Calveto, Teresa Garrido, y tantas otras.

16. Se denomina tentativa inacabada a la modalidad de ejecución de un crimen en la que el autor realiza una parte de los actos propios del delito pero no todos, razón por la que este no llega a consumarse.

17. Así lo disponía el Real Decreto de 1 de octubre de 1829.

18. Los esclavos de la goleta Amistad que se sublevaron en 1839 cuando eran conducidos de Cuba a Puerto Príncipe y consiguieron llegar a Long Island, donde fueron liberados después de un proceso que el Tribunal Supremo resolvió en 1841, pertenecían a la regente María Cristina. Una vez alcanzada su mayoría de edad, la reina Isabel II exigió de forma reiterada a las autoridades norteamericanas una compensación económica por la pérdida de la goleta y de los esclavos. Su reclamación fue definitivamente desestimada en 1864. Cuatro años más tarde, Isabel II fue depuesta del trono por la Gloriosa, la revolución de Juan Prim.

19. Federico García Lorca, Mariana Pineda.

Los olvidados

1. La Legión Cóndor alemana destruyó en mayo de 1937 las poblaciones vizcaínas de Durango y Guernica, inaugurando la práctica criminal de los bombardeos masivos sobre poblaciones civiles que se generalizaría en la Segunda Guerra Mundial. En Guernica, que tenía a la sazón siete mil habitantes, la Luftwaffe arrojó bombas incendiarias de fósforo que mataron en un instante a 1.654 personas y dejaron otras 889 heridas graves. Véase Bennassar, Bartolomé, Historia de los españoles, Crítica, Barcelona, 1989. Además, Francisco Góngora, «La represión republicana en Álava, los asesinatos de Elosu», artículo publicado en el periódico El Correo el 4 de mayo de 2016, refiriendo los datos a Álava, una provincia en pie de guerra. Voluntariado y movilización durante la Guerra Civil, de Germán Ruiz Llano. El primer bombardeo de objetivos civiles en la Guerra Civil española lo ejecutaron en la mañana del 22 de julio de 1936 aviadores del bando nacional que pilotaban aviones despegados desde la base militar de Recajo, en La Rioja. Después de sobrevolar el pueblo, arrojaron las bombas sobre la plaza Mayor de Ochandiano (Vizcaya), donde se celebraban las fiestas patronales a las nueve y media de la mañana. Murieron más de sesenta civiles, niños en su mayor parte. Los pilotos fueron felicitados por el general Mola.

2. Guadalupe Viguri Meaza, de doce años, y su padre, José María Viguri Berganza, de cuarenta y seis, labrador, fueron detenidos en su casa de Amurrio y ejecutados extrajudicialmente en la madrugada del 26 de septiembre a las afueras del pueblo, en la carretera de Lezama. Según la Gaceta de la Iberosfera, www.gaceta.es, que reproduce información de la Causa General, el crimen fue cometido por un grupo de dinamiteros que había venido de Basauri para volar los puentes que comunicaban Amurrio con las posiciones del ejército rebelde.

3. El campo de concentración de Miranda de Ebro (Burgos), construido con el asesoramiento de las SS alemanas a semejanza de los del este de Europa, era gestionado por las autoridades militares españolas con la colaboración de la Gestapo, y fue el que más tiempo estuvo en funcionamiento. En 1945 fue habilitado para acoger a los oficiales nazis que se refugiaron en España al terminar la Segunda Guerra Mundial. Fue el último campo en ser clausurado, en 1947.

4. Los presos políticos contribuyeron a la reconstrucción de España desde el final de la Guerra Civil, integrados en el Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas. La última colonia operativa fue la que construyó el Canal Bajo del Guadalquivir, que dio regadío a 56.000 hectáreas de las provincias de Sevilla y Cádiz. Los presos empezaron los trabajos en 1940 y los terminaron en 1962.

5. De acuerdo con el Patronato Central de Nuestra Señora de la Merced para la Redención de Penas, el organismo acogió hasta 1955 a 31.000 niños hijos de presas. La Ley de 4 de diciembre de 1941 dispuso que los niños repatriados «que no recordasen su nombre o cuyos padres no fueran localizados» podían ser inscritos en el Registro Civil con un nombre distinto. Seguidamente, eran entregados en adopción a familias cristianas adeptas al régimen.

6. En 1859, el filántropo suizo Henri Dunant, quien más tarde fundaría la Cruz Roja y en 1901 recibiría el primer Premio Nobel de la Paz, convenció a los contendientes de la batalla de Solferino de que solo podía considerarse objetivo militar a los combatientes, es decir, a quienes podían hacer uso de la fuerza y matar al enemigo, y en reciprocidad, podían ser muertos por aquel. Todos los demás, el personal sanitario y religioso, los soldados heridos o prisioneros que habían quedado fuera de combate, y por supuesto, los civiles, debían ser protegidos. Más adelante, para las batallas en alta mar, fueron incorporados también como protegidos los náufragos. Quedó así establecido el principio de distinción en los conflictos armados: de un lado, los combatientes; de otro lado, protegidos, todos los demás.

7. Manuel Rivas, El lápiz del carpintero.

8. Carlos Slepoy Prada, abogado argentino, español y universal, alma de los «procesos de Madrid» contra las dictaduras argentina y chilena, y de la «querella argentina» que ha conseguido tutela judicial para las víctimas del franquismo en Buenos Aires.

9. La Guerra Civil española fue una catástrofe humanitaria sin parangón: causó 600.000 muertos, y el 1 de abril de 1939 había 500.000 exiliados, de los que la mitad no pudieron regresar nunca a su país, y 1.000.000 de prisioneros, 300.000 de ellos en las cárceles, y los demás recluidos en campos de concentración, batallones de trabajadores y batallones de soldados trabajadores. Los historiadores discrepan en las cifras de las ejecuciones extrajudiciales: Hugh Thomas señala que la represión política de los civiles no combatientes se cobró la vida de 86.000 víctimas en la zona republicana y 40.000 en la nacional; Gabriel Jackson atribuye 20.000 ejecuciones extrajudiciales a los republicanos y 200.000 a los sublevados. Babiano, Gómez, Míguez y Tébar han estimado el número de ejecuciones atribuibles a los franquistas entre 1936 y 1945, fuera de los escenarios de combate, en 150.648 personas. La mayor parte de las víctimas, según los mismos autores, se produjeron en Andalucía —más de un tercio del total, obra de las tropas del general Queipo de Llano—, Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León. En todo caso, es un hecho contrastado que la mayor parte de la violencia se dirigió contra la población civil: entre el 60 y el 80 por ciento de los que perdieron la vida no eran combatientes. Más que una guerra entre los españoles, se trató de una guerra contra los españoles. Por dar una sola referencia, en el conflicto armado interno de Colombia se ha producido un número similar de muertes, pero en cincuenta años de guerra y en un país con el doble de población que España.

10. Tribunal Constitucional, Sentencia 9/1981, de 31 de marzo (recurso de amparo 107/1980); Sentencia 43/1982 de 6 de julio (recurso de amparo 164/1980); Sentencia 35/1987 de 18 de marzo (recurso de amparo 27/1986); Auto 187/2004 de 25 de mayo de 2004 (recurso de amparo 6515/2002). El Tribunal ha obviado reiteradamente que las garantías de los derechos fundamentales de los españoles estaban ya reconocidas en la Constitución de 1931, que no puede ser considerada válidamente derogada por el golpe de Estado de 1936 ni por las autodenominadas Leyes Fundamentales inderogables del régimen de facto. No existe obstáculo legal para sostener la vigencia ininterrumpida de la Constitución de la República hasta la entrada en vigor de la actual Constitución. Sin embargo, el reciente Auto del Pleno del Tribunal Constitucional de 15 de septiembre de 2021 que deniega el amparo al que fuera secretario general del Partido Comunista de España Gerardo Iglesias, quien había sido detenido y reiteradamente torturado por la Brigada Político-Social de Asturias durante la dictadura, ha seguido insistiendo en que los crímenes del franquismo no pueden ser perseguidos penalmente en España. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ha inadmitido la demanda de Iglesias.

Bibliografía

Todos los casos relatados son reales y se han descrito con veracidad. Algunos, como el de Karl Hau o el de Mariana Pineda, contienen alguna licencia literaria, y todos incluyen un contexto histórico y una descripción somera de los diferentes marcos jurídicos vigentes en cada país y época para hacerlos más fácilmente comprensibles, especialmente en las historias que ocurrieron en países anglosajones, cuyo sistema de common law nos es ajeno.

Se han seleccionado casos de distintas épocas y ubicaciones, casi todas europeas. Predominan los de los tribunales de Inglaterra y Gales —Gran Bretaña a partir de 1707, cuando a la Corona inglesa se unió la de Escocia— porque el género literario judicial ha tenido siempre un gran predicamento en las islas británicas, y porque los ingleses han sido pioneros en los juicios por jurado y demás garantías individuales, y parecen haber tenido menos reparos que los demás en desvelar sus propios errores judiciales.

La mayoría de los procesos tienen numerosas reseñas en internet —aunque algunas en clave de crónica negra, un tanto sensacionalista a veces— y pueden ser fácilmente consultadas buscando por el nombre de los principales procesados. Algunos de los libros antiguos, que están en el dominio público por haber prescrito sus derechos de autor, pueden ser encontrados igualmente en internet o en edición facsímil. También se pueden hallar las transcripciones más o menos íntegras y literales de algunos juicios, especialmente de los británicos, como en el caso del Earl Ferrers. Entre los libros, se encuentran algunos relatos escritos para articular su defensa por los propios procesados, como Karl Hau, Marie Cappelle o Eliza Fenning —aunque probablemente se trata, en los dos últimos casos, de libros escritos por juristas o periodistas con autorización de las interesadas—. El caso de Sören Qvist fue referido por primera vez en el libro Historia de la Iglesia de Dinamarca escrito en 1741 por el obispo luterano Erik Ludvigsen Pontoppidan; seguidamente, el escritor danés Steen Steensen Blicher lo incluyó en un volumen de relatos con el título de El pastor de Vejlby en 1829; a partir de la narración de Blicher, Samuel March Phillips elaboró un capítulo de su libro sobre la prueba indiciaria; y de este retomó la historia para su célebre novela Janet Lewis.

En casi todas las historias, el protagonismo corresponde a los acusados, pero algunas han sido enfocadas desde la perspectiva de los testigos o de los jueces, los jurados o los abogados que intervinieron en los juicios, convertidos para bien o para mal en sus protagonistas.

Varios de los juicios —como por ejemplo los de Arnault du Tilh, Frederick Calvert, Marie Cappelle o Eliza Fenning— recibieron en su momento gran atención mediática y originaron intensas polémicas. Otros, como el de los procesados de Cuenca, alcanzaron interés al cabo de los años, al ser conocidas las anomalías que les darían celebridad. Algunos, como el de Beatrice Cenci o el de Mariana Pineda, han adquirido categoría de leyenda y han perdurado durante siglos en la memoria colectiva y en la literatura. Otros, en fin, son rigurosamente inéditos, y han sido descubiertos en el transcurso de la búsqueda bibliográfica y documental para elaborar este libro: es el caso de Torrelaguna y el de los dos casos de «Los olvidados».

Se han procurado exponer las deficiencias antiguas y modernas del proceso penal que conducen a decisiones injustas de los tribunales de manera accesible para el lector lego en Derecho, acudiendo a los términos jurídicos y las explicaciones legales y doctrinales en la menor medida posible.

Algunos libros en materia de garantías del proceso penal, error judicial, prueba indiciaria o procesos célebres se reiteran como fuente de diferentes capítulos. Los tres textos de referencia para todos los casos son Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, de Luigi Ferrajoli (Trotta, Madrid, 2011), Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, de Michel Foucault (Siglo XXI de España Editores, Madrid, 2013), y especialmente interesante para los casos españoles, Tercero en discordia, de Perfecto Andrés Ibáñez (Trotta, Madrid, 2025). Resulta además de lectura obligada para quienes estén interesados en estos asuntos el librito magistral y pionero del marqués de Beccaria De los delitos y de las penas, con introducción, notas y traducción de Francisco Tomás y Valiente (Aguilar, Madrid, 1969).

La principal recopilación de casos se encuentra en Casos famosos de prueba circunstancial, con una introducción a la teoría de la prueba de presunciones, de Samuel March Phillips, manual británico de derecho procesal que alcanzó gran celebridad al tiempo de su publicación, más por la singularidad de los casos que contaba que por la teoría de la prueba expuesta por su autor, al punto de que las historias se fueron comiendo al tratado, y sucesivos editores británicos y norteamericanos fueron añadiendo al libro casos singulares, incluso después de muerto su autor.

Las fuentes principales utilizadas en los diferentes casos, sin carácter exhaustivo y con el propósito de facilitar la búsqueda a los lectores interesados en ampliar su información sobre un caso determinado, son las que se enumeran a continuación:

El humanista

CORAS, Jean de, Arrest memorable du Parlement de Tolose, contenant une histoire prodigieuse de notre temps, Antoine Vincent, Lyon, 1565; DUMAS, Alexandre, Martin Guerre. Crimes célèbres, París, 1910; FOUQUIER, Armand, Causes célèbres de tous les peuples, tomo VII, Lebrun et Cie. Editeurs, París, 1865-1867; GAYOT DE PITAVAL, François, Causes célèbres et interessantes, avec les jugemens qui les ont décidées, Poirion, París, 1750; LEWIS, Janet, The wife of Martin Guerre, A. Swallow, Denver, 1950; SERTENAS, Vincent, Histoire admirable d’un faux et supposé mari, advenue en Languedoc en 1560, revisada y anotada por FOURNIER, Edouard, P. Jannet, París, 1857; SMITH, Charlotte, The romance of real life. Based in text by Gayot de Pitaval, George Clark and son, Ipswich, J.M. Burton, Aberdeen, 1847; ZEMON DAVIS, Natalie, The return of Martin Guerre, Harvard University Press, 1983.

Feudalismo

LOVELESS, Janet; ALLEN, Mischa, y DERRY, Caroline, Complete Criminal Law, text, cases and materials, Oxford University Press, 8.ª edición, Oxford, 2022; MASEFIELD, John, The Campden wonder, Kessinger Publishing, Estados Unidos, 2005; OVERBURY, Thomas, Sir, y HARRISON, William, A true and perfect account of the examination, confession, trial, condemnation, and execution of Joan Perry, and her two sons, John and Richard Perry, for the supposed murder of William Harrison, editado por John Atkinson, St. Paul’s Church-Yard, Londres, 1676; PHILLIPS, S.M., Famous cases of circumstantial evidence, with an introduction on the theory of presumptive proof, segunda edición, revisada y aumentada, Estes Lauriat, Boston, 1847. Edición facsímil digital en internet, James Cockcroft Co., Nueva York, 1873. https://books.google.com.gt/books?id=4Sw0AQAAMAAJprintsec=frontcover#v=onepageqf=false SAMUEL, Geoffrey, A short introduction to the Common Law, Edward Elgar P.L., Cheltenham, 2013; WILSON, Jill, Mr. Harrison is missing, Campden District Historical Archeological Society, Chipping Campden, Inglaterra.

La palabra de Sarah

GURNEY, Joseph, The trial of Frederick Calvert, Esq. Baron of Baltimore in the Kingdom of Ireland for a rape on the body of Sarah Woodcock; and of Eliz. Griffinburg and Ann Harvey, otherwise Darby, as accessories before the fact, for procuring, aiding and abetting him in the said rape, Col. Vermillion of the Judge, G. Faulkner, Dublín, 1768; HAY SMITH, John, Celebrated Trials of All Countries: and Remarkable Cases of Criminal Jurisprudence, E.L. Cary A. Hart, 1843, Hardpress Publishing, 2019; MURDEN, Sarah, Crimes and punishments of Georgian England. The trial of Lord Baltimore for alleged rape, All things Georgian, web page, 2018; ROWAN, David, Famous European crimes, Frederick Muller Ltd., Londres, 1955.

La justicia del Directorio

DELAYEN, Gaston, Le courrier de Lyon, un Lesurques insoupçoné, Éditions Albin Michel, Francia, 1935; FOUQUIER, Armand, Histoire du procès Lesurques, Imprimerie de A. Labroue et Cie., Bruselas, 1859; GRIFFITHS, Arthur George Frederick, Mysteries of police and crime, a general survey of wrongdoing and its pursuit, volumen II, G.P. Putnam’s, Estados Unidos, 1899, www.gutenberg.org; PHILLIPS, S.M., obra citada; READE, Charles, The Courier of Lyons, 1854, y The Lyons Mail, 1877, obras dramáticas representadas en Gran Bretaña en el siglo XIX; SMITH, Charlotte, obra citada; TURNER, S.E., «The story of Joseph Lesurques», The Atlantic Monthly Review, volumen 51, Boughton, Mifflen and Co., Boston, 1883.

El honor del Almirantazgo

BECKFORD BEVAN, A., y WOLRYCHE-WITHMORE, H.B., A sailor of King George, the journals of Captain Frederick Hoffman, R.N. 1793-1814, Mutiny on HMS Hermione, John Murray, Albemarle Street, Londres, 1914; PHILLIPS, S.M., obra citada; SMITH-HUGUES, Jack, Eight studies in justice, Cassell Company Ltd., Londres, 1953; ST. GEORGE STUBBS, Roy, Sir Samuel Romilly, torchbearer of the law, The Canadian Bar review, Winnipeg, volumen XV.

El cazafortunas

BRODRIBB IRVING, Harry, A book of remarkable criminals, Cassell Co. Ltd., Londres, Nueva York, Toronto y Melbourne, 1918, www.gutenberg.org; BURKE, Peter, Esq., Celebrated trials connected with the aristocracy in the relations of private life, William Benning Co., Londres, 1849; COOKE, Elizabeth, The damnation of John Donellan: a mysterious case of death scandal in Georgian England, Walker and Co., Nueva York, 2012; GODEY, L.A., Celebrated trials of all countries, and remarkable cases of criminal jurisprudence, T.K.P.G. Collins, Filadelfia, 1836; GRIFFITHS, Arthur George Frederick, obra citada; GURNEY, Joseph, The trial of John Donellan Esq. for the wilful murder of Sir Theodosius Edward Allesley Boughton, Bart. At the Assize at Warwick, George Kearsley Martha Gurney, Londres, 1781; Phillips, S.M., obra citada.

La viuda negra

CAPPELLE, Marie, Mémoires de Marie Cappelle, veuve Lafarge, écrits par elle-méme, tres tomos, Societé Belge de Librairies, Hauman et Cie., Bruselas, 1842; DUMAS, Alexandre, Bric-à-Brac, heures de prison, Société des Amis d’Alexandre Dumas, 1998-2010; DUPRESSOIR, Ch., Causas célebres, criminales y correccionales, de todos los pueblos, Andrés Boix, Editor, Impresor y Librero, México, 1853; FOUQUIER, Armand, Causes célèbres de tous les peuples, tomo I; GRIFFITHS, Arthur George Frederick, obra citada; MOQUARD, Jean, Nouvelle causes célèbres, ou fastes du crime, tomo VI, Pourrat Frères, 1842; RASPAIL, F.V., Mémoire à consulter, à l’appui du pourvoi en cassation de Dame Marie Cappelle, veuve Laffarge, Au Bureau de la Gazette des Hopitaux, París, 1840.

Otra versión de la historia

BOSTON HERALD,Not dead yet, What dame rumor said this morning of Leavitt Alley and his «dying confession», What Alley says about it, 1 de abril de 1876; FISKE HEARD, Franklin, Report of the trial of Leavitt Alley, indicted for the murder of Abijah Ellis in the Supreme Judicial Court of Massachusetts, Little, Brown and Co., Boston, 1875; FLORES RIVERA, Oscar Iván y otros, «Fisiología de la coagulación», Revista Mexicana de Anestesiología, volumen 37, Supl. 2, octubre-diciembre de 2014, págs. 382-386; JUSTON MORIVAL, Romain, «¿Cómo se convierte una mancha de sangre en prueba? Ingredientes y recetas de evidencia forense», Droit et Société, 2016/2 (n.º 93), págs. 395-416; Phillips, S.M., obra citada; ROYO VILLANOVA, Ricardo, «La sangre en el lugar del suceso», Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, España, tomo 20, Fasc/Mes 1-2, 1967.

La llama doble

HAU, Karl, Das todesurteil, Ullstein, Berlín, 1925; Hau, Karl, Lebenslänglich, Ullstein, Berlín, 1925; LINDAU, Paul, Karl Hau und die ermordung der Frau Josefine Molitor, A. Hofmann Comp., Berlín, 1907; NEW YORK TIMES, American accused of murder in Germany, 1906, Carl Hau seeks retrial, 1909, New trial ordered for Dr. Karl Hau, 1919; PAZ, Octavio, La llama doble, Seix Barral, Barcelona, 1993; WASSERMANN, Jakob, El caso Maurizius, Acantilado, Barcelona, 2018; YOURCENAR, Marguerite, Mémoires d’Hadrien, Éditions Gallimard, 1974.

La torna

Procedimiento de la Ley de Jurado 1/2015 del Juzgado de Instrucción n.º 4 de León, seguido por la muerte de Isabel Carrasco Lorenzo, por delitos de homicidio, atentado y tenencia ilícita de armas, en contra de Montserrat Ascensión González Fernández, Montserrat Triana Martínez González y Raquel Gago Rodríguez. Diez tomos. Actuaciones y juicio oral ante el jurado en la Audiencia Provincial de León. Recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional; WEBSTER, Justin, documental Muerte en León, cuatro capítulos, Radio Televisión Española, Justin Webster Productions, 2016.

Información para perpetua memoria

BLICHER, Steen Steensen, The rector of Veilbye, texto de 1842 incluido en The lock and key library: the most interesting stories of all nations, editadas por Julian Hawthorne y publicadas por Project Gutenberg, 1998; LEWIS, Janet, The trial of Soren Qvist, Swallow Press, Estados Unidos, 1947 [ed. española: El juicio de Sören Qvist, Reino de Redonda, S.L., España, 2017]; PHILLIPS, S.M., obra citada.

El desatino

BONELLO, Giovanni, Notes for a history of the judiciary at the time of the Order, Judiciary.mt; GRIFFITHS, Arthur George Frederick, obra citada; ZAMMIT, William, The Gozo Vitello d’Oro Treasure of 1729, Universidad de Malta, 2016.

Impostura

COLLINS, Wilkie, «A tragedy of evidence», The Gazette and Farmer’s Journal, 25 de noviembre de 1886; GODEY, L.A., obra citada; GRIFFITHS, A.G.F., obra citada; PHILLIPS, S.M., obra citada.

Honrarás a tu padre

PHILLIPS, S.M., obra citada; WILLIS, Nathaniel, «A strange story», The Youth’s Companion, volumen 55, pág. 570, Boston, 29 de diciembre de 1882.

Sospechosos habituales

GRIFFITHS, A.G.F., obra citada; NICHOLSON, Geoff, «Charlie Richardson of Alnwick, villain or hero?», The journal of the Northumberland Durham, volumen 19, n.º 4, invierno de 1994; PERRY, Rev. Jevon J. Muschamp, The Edlingham burglary or circumstantial evidence, Sampson low, Marston, Searle Rivington, Londres, 1889; RICHARDSON, Paul Aidan, Charlie Geordie, The Edlingham burglary, Talulah Publishing, Northumberland, 2016.

El antiguo régimen

FOUQUIER, Armand, Causes célèbres de tous les peuples, tomo VII; FOURNIER, Narcisse, La famille d’Anglade, ou le vol, melodrame en trois actes, Barba Libraire, París, 1817; GAYOT DE PITAVAL, François, Causes célèbres et interessantes, avec les jugemens qui les ont décidées, tomo I, Guillaume Cavelier, París, 1734; GRIFFITHS, A.G.F., obra citada; LA BELGIQUE JUDICIAIRE, GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS,Ancient Droit Criminel, De la question ordinaire et extraordinaire au XVIIème siècle, tomo I, año I, Bruselas, 1 de junio de 1843; LA TORRE, Massimo, La justicia de la tortura, sobre derecho y fuerza, Trotta, Madrid, 2022; MOQUARD, Jean, Nouvelle causes célèbres, ou fastes du crime, tomo V, Pourrat Frères, 1842; OPIE MRS., Simple tales, volumen II, Longman, Hurst, Rees and Orme, Londres, 1806; RICHOU, Olivier, Le Paris des crimes et des juges avant le XIXème siecle, Ed BoD, 2021.

La espada de la justicia

GRIFFITHS, A.G.F., obra citada; VOLTAIRE (Arouet, François-Marie), Tratado sobre la tolerancia, correspondencia y piezas originales relativas a la muerte de los señores Calas y el juicio celebrado en Toulouse, prólogo de Mauro Armiño, Ciro Ediciones, S.A. Biblioteca El Mundo, España, 2011; VOLTAIRE,L’affaire Calas et autres affaires. Traité sur la tolérance, Gallimard, París, 1975.

El crimen de todos

BECCARIA, Cesare Bonesana, Marqués de, De los delitos y de las penas, introducción, notas y traducción de Francisco Tomás y Valiente, Aguilar, Madrid, 1969; CREHUET, Diego María, Recurso de revisión de 6 de abril de 1926 ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra sentencia de 25 de mayo de 2018 de la Audiencia Provincial de Cuenca; LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo, coordinador, Los procesos célebres seguidos por el Tribunal Supremo en sus 200 años de historia, dos volúmenes, dedicados a los siglos XIX y XX, Boletín Oficial del Estado, Madrid, 2014; LÓPEZ VILLAVERDE, Ángel Luis, El «Crimen de Cuenca» en treinta artículos. Antología periodística del error judicial, Col. Recortes de Prensa, Centro de Estudios de Castilla-La Mancha, UCLM, Ciudad Real, 2010; MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE - Envío Telemático ’Expediente personal de Emilio Isasa Echenique’ Archivo Histórico Nacional, FC-M.º JUSTICIA MAG JUECES, 4951, Exp. 11522. La URL que permite el acceso al documento digitalizado es la siguiente: http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/show/1570880. La URL para descargar la imagen es: http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/showimg/41434510; MIRÓ, Pilar, El crimen de Cuenca, película producida por Alfredo Matas, Incine, 1979; SÉNDER GARCÉS, Ramón J., El lugar de un hombre, Destino, Barcelona, 1976; SALVADOR MALDONADO, Lola, El Crimen de Cuenca. El drama que se convirtió en leyenda, Argos Vergara, 1979; VALLE DE JUAN, María de los Ángeles, Santos de Isasa y Valseca, Real Academia de la Historia, http://www.rah.es.

La precuela. El crimen de Torrelaguna

Abc, 21 de abril de 1907, n.º 686, pág. 2; Sumario 12/1907 del Juzgado de Instrucción de Torrelaguna, Madrid, Archivo Judicial Territorial de la Comunidad de Madrid, Signaturas 87653/5 y 87651/1 del Partido judicial de Torrelaguna.

The Troubles

CASTRESANA FERNÁNDEZ, Carlos, Torture as a greater evil, Johns Hopkins University Press [ed. española: La tortura como mal mayor, Fineo Editorial, México, 2006]; PADEANU, Iulia, Why the ECHR decided not to revise its judgment in the Ireland v. The United Kingdom case, Ejiltalk.org, 2018; RADDEN KEEFE, Patrick, Say nothing [ed. española: No digas nada, Penguin Random House, Barcelona, 2020]. TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS, Asunto 5310/71, Irlanda contra el Reino Unido, sentencias de 18 de enero de 1978 y 20 de marzo de 2018.

La doncella de Petrella

ARTAUD, Antonin, Les Cenci, 1935; BERTOLETTI, Antonio, Francesco Cenci e la sua famiglia, Florencia, 1877; BOWYER, George, Esq. of the Middle Temple, A dissertation on the statutes of the cities of Italy; and a translation of the pleading of Prospero Farinacio in defence of Beatrice Cenci and her relatives, with notes, Richard and Co. Booksellers, Londres, 1838; DICKENS, Charles, Pictures from Italy, Rome, 1846; DUMAS, Alexandre, Crimes célèbres. Les Cenci, París, 1839-1842; GUERRAZZI, Francisco Domenico, Beatrice Cenci, Pisa, 1854 [ed. española: Beatrice Cenci, Compañía Editorial Calpe, Madrid, 1921]; HAWTHORNE, Nathaniel, The Marble Faun, Houghton, Mifflin and Co., Nueva York, 1883; NOBEL, Alfred, Némesis, París, 1896 [ed. española: Némesis, Baile del Sol, Tenerife, 2008]; SHELLEY, Percy Bisshe, The Cenci, a tragedy in five acts, Reeves Turner, Londres, 1886; STENDHAL (Henry Beyle), Chroniques Italiennes. Les Cenci, Michel Lévy Frères, Livraires-Editeurs, París, 1855; WHITTLE, James, Beatrice Cenci, the parricide, en Bentley’s miscellany, volumen XXII, Richard Bentley, Londres, 1847; ZWEIG, Stefan, Leyenda y verdad de Beatriz Cenci, 1926, ed. electrónica en español de El Aleph, 1999.

El lunático

BURKE, Peter, Esq., obra citada; THE HOUSE OF PEERS,The trial of Lawrence Earl Ferrers for the murder of John Johnson, before the Right Honourable House of Peers in Westminster-Hall, in full Parliament, Samuel Billingsley in Chancery Lane, Londres, 1760.

La cocinera de Chancery Lane

BROWN, Jonathan G., Hanging the servant girl to hunting the ripper: the Victorian birth of the True Crime genre, Eastern Illinois University, 2016; CLIFFORD, Naomi, Eliza Fenning: innocent but proven guilty, All Things Georgian, 2015; COLLINS, Wilkie, The poisoned meal, Household Words, 1857; DICKENS, Charles, «Carta a los editors», Daily News, 16 de marzo de 1846, pág. 6; FENNING, Eliza, The case of Eliza Fenning, who was convicted of attempting to poison the family of Mr. Turner, by mixing arsenic in yeast dumplings, John Fairburn, Londres, 1815; GODEY, L.A., obra citada; HEMPEL, Sandra, «Eliza Fenning, the case of the poisoned dumplings», The Telegraph, 17 de junio de 2013; HEMPEL, Sandra, The inheritors powder, a tale of arsenic, murder and the new forensic science, W.W. Norton and Company, Nueva York, 2013; OLD BAILEY TRIAL TRANSCRIPT, Eliza Fenning trial, Ref. 18150405-18, 1815; PHILLIPS, S.M., obra citada; WATKINS, John, The important results of an elaborate investigation into the mysterious case of Elizabeth Fenning, William Hone, Londres, 1815; The extraordinary case of Eliza Fenning, who was executed in 1815 for attempting to poison the family of Orlibar Turner, by mixing arsenic in yeast dumplings, Cowie and Strange, Purkers, Londres.

El rey se divierte

AMIGO VÁZQUEZ, Lourdes, «Valladolid sede de la Justicia: los alcaldes del crimen durante el Antiguo Régimen», Universidad de Valladolid, 2011, Revista Chronica Nova, n.º 37, 2011, págs. 41-68; BENNASSAR, Bartolomé, Historia de los españoles, obra citada; CAMUS, Albert, L’homme révolté, Les Éditions Gallimard, París, 1951; FUENTES, Juan Francisco, y GARÍ, Pilar, Amazonas de la libertad, Mujeres liberales contra Fernando VII, Marcial Pons, Madrid; 2014, GÁLVEZ RUIZ, María Ángeles, y SÁNCHEZ GÓMEZ, Paula (editoras), La Granada de Mariana Pineda: lugares, historia y literatura, Editorial S.A., Granada, 2008; GARCÍA LORCA, Federico, Mariana Pineda, Colección Clásicos de la literatura, Edimat Libros S.A., Madrid, 2014; GÓMEZ GONZÁLEZ, Inés, La justicia, el gobierno y sus hacedores. La Real Chancillería de Granada en el Antiguo Régimen, Comares, Granada, 2003; LA PARRA, Emilio, Fernando VII, un rey deseado y detestado, Tusquets Editores, sexta edición, Barcelona, 2023; PEÑA Y AGUAYO, José de la, Doña Mariana Pineda, narración de su vida, de la causa criminal en la que fue condenada al último suplicio, y descripción de su ajusticiamiento, Imprenta de D. Francisco de los Reyes, Granada, 1870; RODRIGO, Antonina, Mariana de Pineda, heroína de la libertad, Compañía Literaria, Madrid, 1997.

Los olvidados

Procedimiento Sumarísimo de Urgencia 10684 de la Auditoría de Guerra de la Sexta Región Militar, con sede en Bilbao, contra Ruperto Castresana Garaigorta, por el delito de auxilio a la rebelión; Sumario 957/1974 del Juzgado de Orden Público n.º 2 y Rollo de Sala 1825/1974 del Tribunal de Orden Público, ambos con sede en Madrid, contra Felisa Echegoyen Castanedo, por el delito de asociación ilícita; ÁGUILA, Juan José del, El TOP, la represión de la libertad, 1963-1977, Fundación Abogados de Atocha, y Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, segunda edición, Madrid, 2020; AMOEDO LÓPEZ, Gonzalo, y GIL MOURE, Roberto, Episodios de terror durante a guerra civil na provincia de Pontevedra. A illa de San Simón, Edicións Xerais de Galicia, Vigo, Pontevedra, 2006; BABIANO, José; GÓMEZ, Gutmaro; MÍGUEZ, Antonio, y TÉBAR, Javier, Verdugos impunes, el franquismo y la violación sistémica de los derechos humanos, Ediciones de Pasado y Presente, Barcelona, 2018; BENNASSAR, Bartolomé, obra citada; CHINCHÓN ÁLVAREZ, Javier, El tratamiento judicial de los crímenes de la guerra civil y el franquismo en España, Universidad de Deusto, Bilbao, 2021; HERMET, Guy, La guerre d’Espagne, Seuil, París, 1989; JACKSON, Gabriel, The Spanish republic and the civil war, Princeton University Press, Princeton, 1965; JIMENO ARANGUREN, Roldán, Amnistías, perdones y justicia transicional, el pacto de silencio español, Pamiela, Pamplona, 2018; PRESTON, Paul, El holocausto español, Random House Mondadori, Barcelona, 2011; THOMAS, Hugh, La guerra civil española, Debolsillo, Barcelona, 2018.

Bajo las togas

Carlos Castresana

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© Carlos Castresana, 2025

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