El complot

Ignacio Stampa

El complot

La verdad del caso del fiscal Stampa

Primera edición: febrero de 2024

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© Ignacio Stampa Fuente, 2024
© Del prólogo: Carlos Ruiz de Alegría Madariaga, 2024
© La Esfera de los Libros, S. L., 2024
Avenida de San Luis, 25
28033 Madrid
Tel. 91 443 50 00
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ISBN: 978-84-1384-752-8
Depósito legal: M. 34.889-2023
Fotocomposición: Creative XML, S. L.
Impresión y encuadernación: Anzos
Impreso en España-Printed in Spain

A Ignacio y Guillermo, los pulmones por los que respiro.
A Mer, por su amor y apoyo permanentes.
A María José, mi madre, fuente de inagotable fe.
A Emilio, quien me dio la vida y perdió la suya
sin enterarse de esta historia.
A María José, Patricia y Álvaro, mis hermanos, siempre a mi lado.
A Chechu, mi padrino y amigo del alma.
A Jorge Cyro, el hermano-muleta que siempre me sostuvo.
A las familias Stampa, Fuente, Nieto y Fajardo.
Y a ti, por tanto y por todo.

Y entonces me despidieron.

¿Cómo te pueden despedir de tu propia empresa?

Fue un fracaso público, e incluso pensé en alejarme del valle.

No obstante, lentamente empecé a darme cuenta de algo: todavía amaba lo que hacía. Había sido rechazado, pero seguía enamorado.

Y decidí empezar de nuevo.

Entonces no fui capaz de verlo, pero ser despedido fue lo mejor que podía haberme pasado.

Fue una medicina amarga, pero supongo que el paciente la necesitaba. En ocasiones la vida te golpea en la cabeza con un ladrillo.

Estoy convencido de que lo único que me permitió avanzar fue que yo amaba lo que hacía.

Cuando tenía diecisiete años, leí una cita que decía así:

«Si vives cada día como si fuera el último, es muy probable que algún día hagas lo correcto».

Me impresionó y, desde entonces, durante los últimos treinta y tres años, me miro cada mañana en el espejo y me pregunto:

Si hoy fuera el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que estoy a punto de hacer?

Y siempre que la respuesta ha sido «no», durante varios días seguidos, he sabido que tenía que cambiar algo.

No os dejéis atrapar por dogmas, no viváis con los resultados del pensamiento de otras personas. No permitáis que el ruido de las opiniones ajenas silencie vuestra voz interior.

Y lo más importante, tened el valor de seguir a vuestro corazón y a vuestra intuición porque, de alguna manera, ya saben lo que realmente queréis llegar a ser.

Steve Jobs
Junio de 2005
Extracto del discurso de graduación en la Universidad de Stanford

PRÓLOGO

Acepté encantado la petición de Ignacio Stampa, autor del libro que el lector tiene en sus manos, de escribir unas líneas a modo de introducción, y más teniendo en cuenta que, en parte, fui protagonista de algunos de los acontecimientos narrados en él.

Tratando de evitar desvelar en lo posible su contenido, debo reseñar, en primer lugar, que Ignacio escribe notablemente bien o, lo que es lo mismo, su prosa desde la primera página es brillante. Y digo esto porque, en los tiempos en que vivimos, en muchas ocasiones se escribe a la ligera, no abundando los buenos prosistas.

Al hilo de lo anterior, creo que el lector seguirá con interés, y desde un principio, la lectura del libro, ya que el autor consigue, a través de un texto que yo personalmente considero como una especie de mixtura entre relato policíaco y al mismo tiempo autobiográfico, generar una inquietante intriga que se mantiene hasta el desenlace.

El lector se percatará de cómo los acontecimientos narrados determinaron la particular subida al monte calvario del autor, a pesar de lo cual este no se doblega, sino que entabla una lucha frente a poderosos contrincantes, entre los cuales, y con un papel protagonista, se encuentra la propia Fiscalía General del Estado. ¿Lucha desigual? Obviamente, eso parece, pues frente a él también se alineó determinada prensa amarilla, así como otras personas. Y, sin embargo, moralmente el triunfador es Ignacio, aunque lo perseguido por los contrincantes se consiguió desde que incoaron diligencias de investigación en tanto que no se le adjudicó en propiedad en la Fiscalía Anticorrupción el puesto que ostentaba en comisión de servicios. Y eso a pesar de que lo merecía sobradamente debido a los méritos que tanto él como su compañero Miguel Serrano acumularon por su incisivo y eficaz desempeño como fiscales cuando se les encomendó la tarea de lidiar con el conocido popularmente como el caso Tándem o caso Villarejo, así como a través de sus iniciativas a lo largo de la instrucción de la causa una vez judicializada.

Y ahí nos hacemos la pregunta del millón: ¿fue precisamente el buen hacer de los fiscales en dicho caso lo que determinó que Ignacio Stampa saliera de la Fiscalía Anticorrupción a fin de apartarlo del caso? El lector, con todos los acontecimientos que Ignacio va desgranando en su libro, llegará a sus propias conclusiones.

Sí debo reseñar que suscribo al cien por cien todo lo narrado en el libro, desde que se le incoaron al autor diligencias de investigación por la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid hasta que estas se archivaron, supuestamente con carácter definitivo en febrero de 2021, no sin antes haber sido apartado de su anterior destino.

Precisamente me tocó como instructor tramitar las reseñadas diligencias que se le abrieron a Ignacio por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos, percatándome al poco tiempo de que lo denunciado carecía del mínimo fundamento. No me explayo más, ya que en el libro se recogen fielmente las pintorescas vicisitudes que dichas diligencias tuvieron, pues no acababan de cerrarse a pesar de que desde la Fiscalía en que trabajo se archivaron en dos ocasiones.

Sí merece la pena poner de relieve mi primer encuentro personal con Ignacio —en noviembre de 2020—, pues, aunque en mi fuero interno sabía lo que se cocía desde la Fiscalía General del Estado, el impacto personal que ello supuso para Stampa lo detecté inmediatamente de verle: estaba hundido y angustiado, y a pesar de ello se mantuvo firme en esa lucha desigual ¿Por qué? La explicación no solo la debemos buscar en la injusticia de la que estaba siendo objeto, pues quizá su tenaz resistencia obedece a lo que nos narra en los primeros capítulos: esto es, su férrea voluntad para afrontar los contratiempos y los retos que la vida nos plantea, pues él tenía vocación de ser fiscal, persistiendo incansablemente en presentarse a convocatorias para acceder a la profesión hasta lograrlo.

Nos narra sus primeros años como fiscal en Lanzarote y cómo su asunción de un caso de corrupción urbanística lo enfrentó a relevantes poderes fácticos, cuyos tentáculos no se quedaron en la isla, pues se proyectaron también contra él con ocasión de su labor en el caso Villarejo.

Y aquí termina mi contribución al libro como prologuista, con el deseo de que el tiempo ubique a cada uno de los personajes en su sitio o, lo que es lo mismo, en el paraíso, el purgatorio o en alguno de los círculos infernales.

Aunque la persona que voy a citar aparezca en la sección de agradecimientos, no puedo dejar de mencionar al compañero fiscal Salvador Viada, quien con tanta valentía como eficacia ha defendido la causa de Stampa y, por qué no decirlo, también la mía propia cuando adopté iniciativas que no gustaron nada a la Fiscalía General del Estado.

Carlos Ruiz de Alegría Madariaga
Teniente fiscal de la Fiscalía Superior
de la Comunidad de Madrid

PREÁMBULO

La verdad es como una manta que siempre te deja los pies fríos.
La estiras, la extiendes, y nunca es suficiente.
La sacudes, le das patadas, pero no llega a cubrirnos.
Y desde que llegamos, llorando, hasta que nos vamos, muriendo,
solo nos cubre la cara, mientras gemimos, lloramos y gritamos.

Una de las escenas más impactantes de El club de los poetas muertos, película que tanto ha marcado mi vida desde que tenía quince años, es aquella en la que el profesor de literatura John Keating saca a la pizarra al alumno Todd Anderson para que recite un poema tirando de improvisación.

Al principio su timidez no le permite sacar lo que lleva dentro y provoca las risas burlonas de sus compañeros.

Después, sucumbe ante el olfato, la destreza y el corazón de Keating. La inspiración que emana entonces de las entrañas de Todd les fascina a todos de tal forma que nunca más olvidarán ese momento.

Algo similar me ha ocurrido a mí.

Reconozco que escribir un libro nunca formó parte de mis proyectos vitales.

Desde el año 2020 varias personas cercanas me animaron a contar esta historia. Mi historia. Y a hacerlo a través de un libro al alcance de todos los que quisieran enterarse, ante tantas peripecias más propias de una novela negra de no ficción que de la labor diaria de un mero funcionario público, dado el carácter inaudito de unos acontecimientos que solo yo viví en carne propia.

Cuando pensaba en hacerlo, buscaba la inspiración allá donde me encontrara. Y la encontré gracias al «John Keating» que me ha acompañado durante estos años.

Llegué a una primera conclusión: podía ofrecer mi particular interpretación de un episodio que, de forma más o menos incompleta o desenfocada, se iba conociendo a través de los medios de comunicación por el extraordinario interés público que suscitó.

Lo cierto es que a mí mismo me sorprendió la posibilidad de vincularlo todo con tantísimos hechos y personajes que habían aparecido en mi pasado, así que solo hacía falta tirar de memoria para demostrarlo.

Encontré, sin embargo, una complicación añadida: a medida que pasaba el tiempo, seguían ocurriendo muchas otras cosas más, directamente relacionadas entre sí. Por eso, el presupuesto ineludible del que tenía que partir, para tratar de cumplir con los objetivos de esta publicación, era el de encontrar la forma adecuada de hacerlo.

Y dado que encontrar el «cómo» me llevaría al «qué», la siguiente conclusión a la que llegué fue que podría contar muchas cosas, sí, pero no muchas otras. O, al menos, no podría hacerlo directamente, dejando que fuera el lector quien imaginara o dedujese, con el conjunto de los datos, qué fue lo que pasó.

Incluso qué es lo que aún hoy pasa.

Esto me hizo llegar después a la convicción de que, aunque no escatimaría datos sobre mí mismo (al fin y al cabo, soy un ciudadano, de profesión fiscal), sí lo haría respecto de información atinente a otros protagonistas, ya que no podía o no debía suministrarla en su totalidad. Si la historia que pretendía contar era ya de por sí difícil de explicar por la cantidad de factores que entran en juego, esto lo complicaba mucho más.

De tal manera que, con paciencia, me puse a tomar notas y fueron surgiendo las múltiples ideas que, adecuadamente esquematizadas y entrelazadas, resultan imprescindibles para trasladar la esencia del caso y que así se puedan extraer algunas conclusiones.

Un caso que gira en torno a una serie de acontecimientos que, por ser fiscal, y por ejercer la profesión de fiscal, fueron perfectamente diseñados para tratar de alterar el devenir de un procedimiento judicial muy singular, el caso Tándem, en el que tuve la oportunidad de intervenir, condicionando mi carrera profesional, pero invadiendo deliberadamente, y muy especialmente, mi esfera personal. Y es que todos somos padres, maridos o hijas antes que fiscales, enfermeras o estudiantes.

Durante mucho tiempo permanecí leyendo y escuchando en silencio desde un caparazón, a unas y a otros, cómo pregonaban lo que a sus intereses convenía y sus respectivas posiciones institucionales les permitían. La difusión de informaciones sobre el asunto que me afectó no ha cesado, desde comparecencias parlamentarias hasta la publicación reciente de varios libros sobre ello.

Cierto es que en muchas ocasiones sentí la necesidad de salir al paso, con el fin de dar mi versión de lo ocurrido, para que se conociera bien la realidad.

No solo sabía la verdad, sino que tenía documentos que acreditaban que había ocurrido precisamente lo contrario de lo que se difundía. Pero no podía o no debía hacerlo en los momentos más duros, ni tampoco quise hacerlo cuando aquella verdad se fue conociendo.

Dado que, a estas alturas, todas las personas que querían hacerlo ya han hablado sobre este asunto, y como pretendo que el mediáticamente denominado como «caso Stampa» sea definitiva y completamente aclarado, asumo que he de abrirme, casi en canal, de forma que el lector pueda entender también al personaje sobre el que esta historia gira, es decir, yo mismo.

Nunca me había manifestado públicamente hasta que, en mayo de 2022, contesté en la ciudad de Washington a algunas preguntas del periodista Álvaro de Cózar para el pódcast El país de los demonios, difundido a partir del mes de febrero de 2023.

Ahora, a través de este libro, de forma mucho más extensa, compendio los hechos y explico de la forma más detallada posible, pero hasta donde lo permite el escrupuloso respeto a esa posición institucional que yo también ostentaba entonces y que sigo ostentando ahora, las razones de por qué se produjeron determinadas situaciones.

Y ello porque me resulta incompatible seguir asistiendo a múltiples versiones y silenciar lo que realmente pasó, y sigue pasando, con ejercer mi profesión ante jueces, letrados, peritos, víctimas o acusados, emitiendo informes, pidiendo condenas y exponiendo un criterio jurídico sobre lo que tienen que hacer, o sobre lo que es conforme a derecho y lo que no.

No digamos ante mis compañeros fiscales.

No sé convencer en una sala de justicia de aquello en lo que no creo, ni tengo estómago para explicar en un aula universitaria cómo ser capaz de hacer lo contrario de lo que pienso ni, sobre todo, para traicionar a la verdad.

Por tanto, una vez pasada la tempestad, decidí esperar hasta crear distancia, acumular la necesaria información y fuerza mental, encontrar el imprescindible sosiego y conseguir la energía que, con todo su rigor, requieren tanto este trabajo como mi compromiso leal con cada lector.

También con el Ministerio Fiscal y con cada uno de los fiscales españoles.

De igual forma, y porque esta historia también lo es, al menos en parte, del caso Tándem, también debía esperar a que fuera un tribunal de justicia, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el que primero se pronunciara sobre algunos de los aspectos a tratar.

Aun cuando no sea firme, la sentencia dictada el 24 de julio de 2023, la primera recaída en esa causa judicial, sustenta el presente relato de forma especialmente relevante. Por ello, para dotar al libro de su más adecuado contexto, plasmaré algunos de sus pasajes, pero no entraré a valorarla, como tampoco lo haré respecto de ninguna otra resolución judicial dictada en dicho asunto. Nada de lo relatado comprometerá así mi debida objetividad e imparcialidad.

Ya anticipo que esta es una historia con demasiadas «casualidades».

Desde el día que me vio nacer hasta que ingresé en la carrera fiscal, conectaré diversos acontecimientos vitales con otros estrictamente profesionales de mi primera etapa como fiscal destinado en la isla de Lanzarote, ya que solo así puede entenderse lo que ocurrió en la Fiscalía Anticorrupción.

En ocasiones transmito lo que son simplemente sensaciones y sentimientos que emanan desde las entrañas. Pero la presente narración se nutrirá, esencialmente, de datos y de experiencias basadas en hechos reales. Hay tal multitud, y los considero objetivados documentalmente, o tienen tantas interrelaciones entre sí, que me permiten llegar a claras conclusiones en el diagnóstico.

Describiré las múltiples investigaciones a las que me vi sometido por quienes me indicaban que guardara silencio sobre lo que me iban haciendo y al mismo tiempo propugnaban, hasta la saciedad, un ficticio respeto a la Constitución y una transparencia impostada.

La Unión Europea no solo anima a que aflore el conocimiento sobre prácticas corruptas, sino que impone a todos los Estados miembros el establecimiento de mecanismos para asegurar que no habrá represalias para los denunciantes y alertadores de la corrupción, entendiéndose por esta no solo aquellos comportamientos que infringen el Código Penal, sino también los que quebrantan los códigos éticos en las instituciones públicas y en el ámbito privado.

Por eso decidí primero denunciar dentro de mi propia institución lo que ocurría, después ejercer acciones judiciales, luego conceder esa única entrevista con proyección de alcance global y, ahora, publicar este libro. Los pasos que establece el Derecho de la Unión y por ese mismo orden.

Hay profesionales que piensan que la lealtad a la institución de la que forman parte se demuestra callando públicamente sus debilidades. Esa es una postura respetable, como todas. Yo considero, sin embargo, que no solo debo lealtad a la institución a la que pertenezco y a la que orgullosamente represento cada día, sino a todos los fiscales y a toda la sociedad. Para eso me hice fiscal.

Y precisamente por ello mi postura es también la de proteger a la institución, sin confundir el Ministerio Fiscal con algunos de sus integrantes, por más relevantes que sean.

Algunos de estos planteamientos han sido o son objeto, como digo, de las acciones judiciales que he tenido que ejercitar como parte perjudicada no solo en mis derechos profesionales, sino también en mi propia imagen personal. Era la vía a la que, como ciudadano, y como funcionario de este Estado de Derecho, debí acudir. Y huir así del ruido empleado primero en mi contra y después a favor, esto último, paradójicamente, solo cuando empezaron a saberse, a través de tales pleitos, los datos reales que constan documentados y firmados.

Pero no espere encontrar el lector ningún dato o hecho que tenga carácter reservado y que este autor haya conocido por razón de su cargo o que no haya sido ya divulgado a través de notas de prensa, resoluciones judiciales, noticias publicadas en medios de comunicación u otras actuaciones públicas. No por ello dejará de ser el relato menos genuino.

Contaré lo que pueda y deba contar, y me afecte directamente, y callaré lo que deba silenciar.

De todo lo aquí contado, así como de todo lo silenciado y aquí no narrado, di oportuna cuenta a la superioridad de forma puntual e inmediata, cumpliendo con mi responsabilidad, mientras se me permitió hacerlo.

Es por ello por lo que —con la prudencia que exigen no solo el estatuto y el código ético a los que debo someterme, sino también conforme a sus postulados de actuar con transparencia y con el compromiso asumido de precisar aquellas informaciones que no se correspondan con la realidad o que afecten al trabajo desempeñado por el propio fiscal, y evitando cualquier trato de favor con los medios— valoré el presente formato como el más idóneo para transmitir el mensaje y que este permanezca, ante el diluvio informativo que quienes dirigían el Ministerio Fiscal me obligaron a soportar, más allá del debido sometimiento al escrutinio de mi labor como servidor público, al exhibir las diversas investigaciones, de todo tipo, a que esa misma institución me sometió, pero no su resultado.

Para cumplir rigurosamente con ese propósito, será inevitable esbozar el funcionamiento del Ministerio Fiscal español a través de los principios constitucionales de legalidad, imparcialidad, unidad de actuación y dependencia jerárquica que lo rigen, con una especial aproximación a aspectos de la Fiscalía tan desconocidos para quienes no se dedican al mundo jurídico (y también para los que sí lo hacen) como el ejercicio de esa potestad que tenemos los fiscales, y no solo los jueces, de investigar penalmente a cualquier ciudadano.

Son tiempos en que se debate sobre la conveniencia de que los fiscales españoles asumamos la instrucción de todos los procedimientos penales, como ocurre en los países de nuestro entorno.

No obstante, se ha demostrado que, con abuso de poder, se pueden adulterar de forma clandestina investigaciones, sin que se depuren responsabilidades, mientras se trata de impedir por todos los medios que tales maniobras se conozcan por esa superioridad institucional.

Es más, se ha llegado al punto de modificar nuestra propia normativa interna para tratar de validar retroactivamente aquella forma de proceder, y dotarla de legitimidad también para el futuro, con las gravísimas consecuencias que ello puede acarrear sobre los derechos de cualquier investigado en una investigación penal dirigida por la Fiscalía. En concreto, el derecho de defensa, que ha quedado así en manos de un cuerpo jerarquizado, cuyos puestos de mando se designan y renuevan de forma discrecional, cuando no arbitraria, a instancias del máximo jefe de todos sus integrantes.

Se tratarán a lo largo del libro otros aspectos de la carrera fiscal, como la forma de acceso a determinados cargos o el papel que pueden llegar a desempeñar las asociaciones de fiscales, así como algunas cuestiones de derecho procesal en sentido estricto, pero todo ello se hará sin necesidad de acudir a un excesivo tecnicismo jurídico, porque creo que el sentido común, aunque se diga que es el menos común de los sentidos, lo hará innecesario.

Creo que la carrera fiscal y la alta institución que representa el Ministerio Público español jamás habían caído en semejante desprestigio y pérdida de credibilidad como en estos últimos años. En gran medida, por las personas que lo vienen dirigiendo y, en parte, por lo que me hicieron a mí.

Tampoco la imagen de la Justicia, en general, anda demasiado boyante. Por eso considero que no estamos para dar lecciones ni para emitir opiniones que confundan, si no somos capaces de mirarnos a nosotros mismos con autocrítica, debiendo ser, precisamente, los garantes de la legalidad, del interés público y de los derechos de todos los ciudadanos por mandato constitucional.

Desde otra perspectiva esencial, el hecho de dedicarme a la Administración de Justicia y de haber participado en un asunto tan mediático como el denominado caso «Tándem» me obliga a compartir otras reflexiones a la vista de la trascendencia pública que tales sucesos tuvieron, y siguen teniendo, en muchos órdenes de la Justicia, la política y el mundo empresarial.

Se prestará por ello especial atención a la loable opción periodística de suministrar al ciudadano noticias contrastadas previamente, revestidas de rigor informativo, y a esa otra capacidad de suministrar una misma información de maneras tan dispares, de no suministrarla o de, simplemente, inventarla. Habré de abordar por ello la capacidad de influencia de los medios de comunicación en la conciencia social y en la creación de estados de opinión, dado el poder que ejercieron para que este relato tenga que ver la luz.

Las cosas no son, en ocasiones, lo que parecen. Y ello porque demasiadas veces se hace deliberadamente parecer lo que no es con el fin de desfigurar la realidad, hacerse propaganda individual y limpiar la imagen propia o manchar la ajena. Ello depende, sin más, del poder de manipulación y de la posición que se ostente para orientar esa percepción.

Por todo lo anterior, concluyo esta declaración de intenciones advirtiendo de que no pretendo convencer a nadie, ni crear debate alguno. Hablo solo en mi nombre. Las críticas probablemente volverán simplemente por el hecho de aclarar lo que me pasó. Juzgue el lector hasta qué punto se ha hecho catarsis, si el sistema sigue igual o si ha ido a peor, porque tuvo la oportunidad de cambiar y no lo hizo. Y si sigue teniendo esa oportunidad.

Yo sí he hecho mi propia catarsis. Cuento la verdad de una historia para ponerle fin. Una historia sobre la que todos han venido hablando y que es esencialmente mía. Una historia que viví en un mar de soledad con alguna isla a modo de compañía, sí. Esa soledad que solo traen la independencia y la dignidad, pero que convertí en un arma vital para soportar tanta adversidad e incomprensión.

A ello ha contribuido el hecho de haber alcanzado el cénit en esta carrera profesional, tal y como siempre la he concebido. Disfruto de todo lo que tengo porque no necesito ni aspiro a puestos, ni cargos, ni renovaciones, ni viajes. La idea del futuro es tan etérea y absurda que nos hace perder la noción del presente y de todo lo que tenemos, y nos impide darnos cuenta de que el pasado es irrecuperable.

Me siento un auténtico privilegiado porque encontré una profesión que me apasiona. Quizá en algún momento solicite, con la misma legitimidad que cualquier compañero, otro destino en la carrera fiscal para el que me crea útil, o quizá algún día no forme parte de ella, pero sin más ambición que la de mi crecimiento interior a través de mi labor profesional.

Esta es y ha sido siempre mi fuerza a la hora de actuar y mi libertad, como la libertad de expresión que, como ciudadano que también soy, ahora ejerzo. La libertad es el primer valor superior de nuestro ordenamiento jurídico proclamado en la Constitución, cuando propugna el Estado Social y Democrático de Derecho en que se constituye España. El derecho fundamental a la libertad de expresión y de información, tal y como proclama el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, son «fundamento de una sociedad democrática y una de las condiciones más importantes para su progreso y el desarrollo individual».

Esa es, también, una de las diferencias que me han hecho nadar, en muchas ocasiones, contra la corriente. Y ese es el principal motivo para no dejar de exponer lo que aquí podrán leer, siguiendo a Séneca, cuando dijo que «para ser felices, se necesita eliminar dos cosas: el temor de un mal futuro y el recuerdo de un mal pasado».

Animo a todos aquellos que en su vida profesional pasen por situaciones similares a luchar por lo que creen y a demostrar lo que saben para que nuestra sociedad sea un poquito mejor, pero sin que esa determinación obstaculice que la prudencia y el respeto a la legalidad cumplan con su insoslayable cometido.

Lo que me ha tocado vivir por razón de mis responsabilidades profesionales puede que lo hayan padecido o lo soporten cada día otros empleados, públicos o privados, quizá fiscales. Y, sin duda, con afectación en sus hogares, que deben estar siempre por delante, nunca por detrás. Como también debe estar por delante el Estado de Derecho, porque nos pertenece a todos.

No podemos dejar que lo que aquí se narra le pueda ocurrir a ningún otro fiscal, como a ningún otro justiciable, porque si le ha pasado a uno, y no reaccionamos, volverán a ajusticiar a otros. Somos muchos los «Davides» que nos encontramos a «Goliats» enfrente, y ya sabemos que, para que el mal triunfe, solo se necesita que los hombres buenos no hagan nada. Lamentablemente, los males que me han llevado a escribir este libro ya triunfaron.

Hice todo lo que pude para evitarlo o, al menos, paliarlo —lo descubrirán a continuación—, acometiendo ahora aquello que sí depende exclusivamente de mí: alcanzar por fin una merecida e imprescindible paz interior.

1. Caprichos del destino

En ocasiones he creído que esta historia, cuyo relato comienzo ahora, bien podría obedecer a algún tipo de hechizo.

La tarde del 19 de diciembre de 1973 mi madre se encontraba preparando la tradicional llegada de Papá Noel, así que acudió a un famoso centro comercial próximo a su casa para conseguirle a su hija del mismo nombre, María José, una de las últimas aspiradoras Geyper, un juguete de moda de la época. En previsión de lo que podía pasar, tardó en acostarse, envolviendo los paquetes que cubrirían días después los sofás del salón para toda la familia, como hará siempre, y cada año más, a medida que se han ido uniendo yernos, nueras y nietos.

Entrada la madrugada empezaron las primeras contracciones y hubo de poner fin a los incesantes ronquidos de Emilio. Dejaron ambos a su primogénita y a la pequeña Patricia al cuidado de sus tías y salieron de urgencia hacia la Clínica Santa Elena para que el primero de sus dos hijos varones naciera en condiciones óptimas.

Llegué a este mundo en la ciudad de Madrid poco después de las nueve de la mañana del jueves, 20 de diciembre de 1973. Mi emocionado padre no paraba de llamar a sus familiares para darles la noticia. A una de esas llamadas contestó Leopoldo Stampa, su primo notario, quien le cortó secamente:

—Pensaba que me llamabas por lo del atentado.

El bueno de Emilio no se había percatado de que pasaban ya las nueve y veintisiete minutos y no tenía la menor idea de que una explosión acababa de hacer volar por los aires de la calle Claudio Coello de la capital un Dodge 3700 GT de 1.800 kilos de peso, llevándose las vidas del entonces presidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco, de su escolta, Juan Antonio Bueno, y de su conductor, José Luis Pérez. Murieron los tres en el acto. Era la operación Ogro de la banda terrorista ETA.

A partir de aquel preciso momento no solo coincidiría mi nacimiento con una fatalidad que marcó la historia de nuestro país, sino que daría comienzo una extraña concatenación de episodios en los que los caprichos del calendario unirían otros acontecimientos funestos con momentos decisivos de mi vida profesional.

Por eso siempre he pensado que aquello de llegar al mundo momentos antes de tan estruendoso magnicidio no podía sonar a mera coincidencia. Quizá sea por buscarle tres pies al gato o tener una extraña habilidad para compaginar un carácter despistado con la acumulación de algunas fechas en la memoria, pero el caso es que esa fijación me ha servido para estar alerta en algunas ocasiones y, en otras, para analizar con más detalle los acontecimientos a posteriori.

Decía el escritor británico Ian Fleming —al hilo de la película Goldfinger, protagonizada por James Bond— que «una vez es coincidencia, dos veces es casualidad y tres veces es acción del enemigo». A esta convicción llegué cuando la fecha del 27 de abril se me repetiría tantas veces a la hora de marcar mi devenir profesional. Pero la mejor advertencia para que estuviera bien atento a las casualidades que no dependieran exclusivamente del almanaque la recibí cuando esta siniestra cita cinematográfica se utilizó varias veces por el mismo comisario de policía jubilado al que se me encargó investigar, ya privado de libertad, como respuesta explícita a algunas de las preguntas que le formularía cuarenta y cuatro años después de mi alumbramiento. Para entonces, el cupo de tres veces de la cita se habría rebasado sobradamente, convenciéndome de que estaba siendo víctima de un sabotaje al máximo nivel del que no tenía la menor opción de escapar.

En las antípodas queda mi intención de insinuar la menor comparación entre los acontecimientos que se narran en este libro y algunos hechos desgarradoramente dolorosos para muchas familias y para el conjunto de la sociedad acaecidos en España. Nunca he sufrido un ataque contra mi integridad física. El más cercano de esa naturaleza que viví, sin desde luego enterarme entonces, tuvo lugar el 21 de julio de 1978. Ese día, ETA acribilló a tiros en el interior de su coche oficial al general de Brigada de Artillería Juan Sánchez-Ramos Izquierdo, compañero inseparable de promoción de mi abuelo Pepe y testigo en la boda de mis padres, junto a su ayudante, el teniente coronel Juan Antonio Pérez Rodríguez. Vamos, que le podía haber ocurrido perfectamente a uno de mis parientes más directos.

Solo padecí riadas de infundios en público —con el objetivo común de buscar el descarrilamiento de un procedimiento judicial muy concreto y mi muerte profesional— para tratar de asegurarse de que todo el país, para el que yo estudiaba y escribía sin cesar, me considerase un peligro para su bienestar y un enemigo de la más elemental integridad moral. Pero también se hacía en privado al venir aderezada la propaganda con unas cartas tan pintorescas como perversas, en las que se me amenazaba repetidamente con lo que me iba a ocurrir y, efectivamente, me fue ocurriendo.

Lo cierto es que me encontraría con que algunas de las personas que más contribuyeron no solo a mi formación profesional, sino también vital, mientras iban protegidas por escoltas por temor a sufrir atentados terroristas, vieron años después que yo mismo estaba bajo el manto de una cápsula dinámica de protección: es decir, ir acompañado por agentes que portan armas de fuego cargadas desde la salida de mi domicilio hasta el regreso. Y no solo para ir al trabajo, sino también para acudir, con los seres más queridos, a cumplir con los quehaceres diarios, como llevar a mis hijos al colegio o a sus partidos de fútbol.

Esta situación crítica a la que llegué, rodeado de un casi absoluto silencio de la carrera fiscal durante demasiado tiempo, me ha hecho retroceder muchas veces al pasado para preguntarme por las razones por las que decidí ser precisamente eso, fiscal.

Fue una tarde de 1995, caminando desde mi domicilio, situado entre Nuevos Ministerios y la glorieta de Cuatro Caminos de Madrid, hacia la facultad de Derecho de la Universidad Complutense. No recuerdo ahora si iba a clase de Derecho o de Criminología, ya que el instituto en el que estudiaba esta especialidad se ubicaba en la última planta del mismo edificio.

Por la zona de los colegios mayores iba soñando despierto, tan ensimismado, con los auriculares puestos y el volumen de la música siempre muy alto, que estuve a punto de ser atropellado por un coche al cruzar la calle Pedro Justo Dorado Dellmans. Unos cientos de metros más adelante, en la recta y descendente calle Ramiro de Maeztu, con la misma claridad con la que he recordado siempre ese momento, pensé que quería ser fiscal. Debió de ser más bien un descubrimiento, cual manzana que cayera sobre mí, porque no recuerdo qué me impulsó a ello más allá del mero instinto.

Hasta entonces tuve una vida muy normal y con mucha suerte, disfrutando de todos mis familiares cercanos con plena salud. Mi abuelo materno, el ya mencionado Pepe, que fue una de las personas más especiales que he podido conocer, me transmitió el gusto por el fútbol, aunque nunca alcancé tanta pasión como la suya, como fiel socio que era del Atlético de Madrid. Me preguntaba cada domingo las alineaciones de los partidos del sábado anterior y fue el primero en llevarme a un estadio, obviamente, el Vicente Calderón. Tenía la extraña manía de ocultar su dentadura postiza entre el brazo y el cojín de su sofá, así que más de una vez nos encontramos sus dientes cuando éramos pequeños. Su esposa, Pilar, era tan buena como él. Cada Navidad me regalaba un enorme tarro de aceitunas. Mis abuelos paternos, Emilio y Luisa María, médico y enfermera, respectivamente, se conocieron durante la Guerra Civil y fue en su domicilio, ubicado un piso debajo del mío, donde comencé a encerrarme a preparar las oposiciones.

En casa no se nadaba en la abundancia, pero tampoco se pasaba la menor necesidad. Mis padres no escatimaron esfuerzos en darnos la mejor y más completa formación dentro de sus posibilidades, así que también pude hacer deporte y reforzar un poco ese inglés que nunca se me ha dado especialmente bien.

Con el tiempo me he percatado de que, en realidad, no decidí nada, porque nunca hubo debate en mi cabeza. Siempre he pensado que la vida tiene momentos fáciles. Algunos son aquellos en los que la decisión no depende de ti, y otros son esos en los que la que has de tomar, aunque sea complicada, desagradable o muy cara, es la única posible. En ese sentido evité, sin saber cómo, uno de los más delicados conflictos que asaltan a los estudiantes a la hora de encaminar su futuro profesional, especialmente cuando transitan por la carrera de Derecho. Y, por si eso fuera poco, se me había aparecido delante una profesión que encajaba con mi perfil y, sobre todo, que podía hacer que me sintiera realizado y útil. Pero, antes de eso, llevaba casi cuatro años estudiando leyes y en ese tiempo ya habían comenzado a aparecer ante mí algunas de las coincidencias y casualidades que tanto marcarían mi futuro profesional.

Para empezar, otro jueves, el 17 de octubre de 1991, me dirigía a cumplir mi primer día en la facultad. Me estrenaba como estudiante universitario en la Complutense, ya que mis aspiraciones para ser admitido en los centros de ICADE y CEU habían sido agriamente rechazadas. Por su parte, la niña Irene Villa, de doce años de edad, se dirigía al colegio en el coche de su madre, María Jesús González. Otro atentado más de la misma banda terrorista helándonos la sangre, y la segunda vez, hasta ese momento, que ocurría algo tan espeluznante en una fecha muy marcada en mi calendario existencial. Superaba el terreno de la coincidencia y me adentraba en el de las casualidades de Fleming, sin desde luego imaginarlo. Aquella tragedia tan descomunal como la de sufrir un atentado no me afectaba personalmente y a lo más que podían llegar mis sentimientos era a la solidaridad y al deseo de su pronta y mejor recuperación, dando las gracias al más allá por el hecho de que no me hubiera tocado más cerca. Pero ya tenía en mi mochila vital que nada más abrir los ojos hubo un magnicidio terrorista y que en mi primer día como jurista se repitió el espanto.

Tenía que ser el 21 de junio de 1993, día del primer examen de mi materia favorita, Derecho Penal, y además encontrándome en la misma clínica que me vio nacer, conociendo a mi nuevo primo, Jaime, cuando otra bomba colocada por los mismos, esta vez en la calle de López de Hoyos, nos volvía a recordar el terror con el que durante tantos años hemos convivido. En esta ocasión el objetivo fue una furgoneta que trasladaba a miembros de las Fuerzas Armadas; el resultado: seis de ellos y el conductor, un civil, asesinados, múltiples heridos y otras tantas familias mutiladas.

Para entonces, la carrera de Derecho no me estaba gustando particularmente y siempre consideré el título un trámite para poder opositar. Lo que sí fui teniendo claro era que me atraían dos ramas: la del Derecho Público y, dentro de esta, la del mundo del delito. De no haber optado por lo jurídico, probablemente se me habría ocurrido ser miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ya que llegar a médico forense, otra de mis pasiones, me resultaba un tanto quimérico.

Los estudios de Criminología los había empezado a la par que el cuarto curso de Derecho, de manera que a veces se me daban siniestras coincidencias, hasta el punto de que un día me tuve que examinar de Derecho de Familia por la mañana y de Psiquiatría Criminal por la tarde. No sabía en aquel momento hasta qué punto estaban relacionadas ambas materias en la vida real y cuántas veces me las encontraría entremezcladas en un mismo asunto a lo largo de mi carrera.

Pocas asignaturas de aquel título de Especialista Universitario en Criminología se convalidaban, creo que las de Derecho Penal y Penología, pero lo cierto es que solo pude compaginarlo durante los cursos de cuarto y quinto de Derecho, de manera que dejé para la posteridad la Estadística y la Ciencia Penitenciaria, y nunca obtuve la titulación correspondiente a esa diplomatura. Matricularme separadamente de esas dos asignaturas colgadas les habría costado a mis padres unas cien mil pesetas de entonces cada una, así que decidí, sin que tampoco tuviera la menor dificultad para ello, que daba lo mismo no obtener un título que poco me iba a servir al embarcarme en otra carrera: la de lograr el ingreso en el Ministerio Fiscal. Al fin y al cabo, me había metido a acumular conocimientos científicos sobre los criminales por hobby. De hecho, en mi curriculum vitae lo hago constar como título sin terminar, en un ingenuo amago de hacerlo valer sobre ese papel, con nula eficacia para mi promoción profesional, pero con gran satisfacción y mayor utilidad práctica, sobre todo lo aprendido en disciplinas como Sociología y Psicología Criminal, Biología o Medicina Legal.

A causa de otro solapamiento entre disciplinas, tuve que solicitar hacer el examen de la asignatura de Policía Científica en otra fecha a la señalada inicialmente. La profesora me recibió a última hora de una tarde de invierno en su despacho, que era un escondrijo lúgubre en aquella enorme y vetusta facultad de Medicina de la Complutense, casi a oscuras, llena de pasillos, escaleras y recovecos, completamente vacía, y que producía en su conjunto una impresión que me provocaba escalofríos, porque pensaba estúpidamente que me podía topar de repente con algún cadáver andante. El examen era oral y la única pregunta que me hizo fue «las manchas de sangre». Expuse lo que buenamente pude sobre proyección de salpicaduras, coagulación y goteos estrellados según la mayor o menor altura del punto de origen, estático o en movimiento, encantado del contraste con las causas de desheredación o el Derecho Internacional Privado. Tras una charlita que duró tan poco como el examen, la calificación que me otorgó obedeció más al reconocimiento a mi pasión por la materia que a la poco sesuda exposición, porque de repente me espetó:

—Te da tiempo a hacer muchas cosas.

Me confesó entonces que sabía por otros colegas médicos que en mis ratos libres me dedicaba a hacer cursos de Biología Forense en esa facultad, esos sí, con mucha luz y multitud de estudiantes (entre ellos mi hermana Patricia, matriculada en la vecina facultad de Farmacia), lo que me permitió practicar en laboratorios haciendo pruebas de ADN, presenciar multitud de autopsias o visitar el Museo de Antropología Médica y Forense, Paleontología y Criminalística del Profesor Reverte Coma, entre otras aventuras, siempre truculentas.

Estos estudios, a pesar de no completarlos, me han ayudado mucho, años después, a entender la labor policial en el esclarecimiento de homicidios y para la celebración de juicios ante el tribunal del jurado. También a la hora de enfocar y preparar las preguntas, e incluso la escenografía, en algunos de los interrogatorios que he tenido el privilegio de realizar a poderosos criminales de trajes caros, de esos que, desde sus pedestales, provocan hemorragias en las cuentas públicas o privadas y sangrías en las instituciones democráticas. No en vano, algunos conceptos sobre psicología y sociología me han servido también para entender un poco esa incomprensible forma de pensar de algunas personas encantadas de conocerse y de hacer el mal por pura vanidad, ambición o poder. Y no solo a la hora de causar estragos sin remilgo alguno en el conjunto de la sociedad o a otros particulares, sino también cuando me ha tocado protegerme de sus embestidas. Esos ególatras a los que mi profesor de Psicología Criminal calificaba como «hijópatas».

En aquellos momentos sí tuve que tomar otra decisión, quizá la única relevante de verdad hasta entonces, en aquella cómoda existencia de estudiante universitario que vivía con sus padres a gastos pagados. Fue la de realizar el servicio militar al terminar la carrera de Derecho ante el temor a que me obligaran a hacerlo una vez comenzada la oposición para fiscal.

Ya que aquello era obligatorio y podía interrumpir de manera desastrosa la preparación, me anticipé para que, al menos, fuera divertido y provechoso, e hice las pruebas para ser admitido en lo que entonces era el Servicio para la Formación de Cuadros de Mando; es decir, la «mili universitaria» de toda la vida.

Tras cumplir los requisitos de presentar las calificaciones del cuarto curso de Derecho completo, hacer un interminable test psicotécnico y superar por los pelos unas pruebas físicas muy dispares en el acuartelamiento de Rabasa, Alicante, en septiembre de 1996 me marchaba rapado a ese mismo lugar a comenzar la mili. Se podría decir que empecé mi participación en el Ejército con el pie cambiado, porque me incorporé con varios días de retraso al tener que examinarme, por primera y última vez en mi vida —precisamente ese año tenía que ser—, de una asignatura pendiente del quinto curso de la licenciatura.

Me divertí a lo grande, pero también pasé por algunos de los momentos más duros y exigentes de mi vida. Cuanto más lo recuer-do, más me convenzo de que la decisión de ir fue una de las más acertadas que he tomado porque, aunque hubiera posibilidad de que no se interrumpieran mis estudios de la oposición, no solo no había prisa por empezarlos, sino que hoy puedo decir que de aquellas «batallitas» aprendí muchísimo; tanto para cultivar esa resiliencia de la que tanto se habla en estos tiempos, y que me sirvió para afrontar todo lo que me vendría después, como para, sobre todo, descubrir cuándo la solidaridad aparece y cuándo no.

Se trataba de una formación muy completa, a través de una competición intelectual y física con muchos colegas estudiantes y en buena forma, con el hándicap de que mi resistencia física nunca ha estado demasiado entrenada. Al proceder de la carrera de Derecho, mi destino inexorable estaba en el arma de Infantería como «pisahormigas» y durante el mes de noviembre en su temible Academia de Toledo. Es decir, que me pasé el día corriendo y rodando por el suelo durante tres meses. Los de Ciencias se marchaban al arma de Caballería en Valladolid, al de Artillería en Segovia o a los de los cuerpos de Ingenieros y Transmisiones en Hoyo de Manzanares, por lo que tenían experiencias menos embarradas.

En aquella sana competición me lo hicieron pasar mal llevando mis pulsaciones al límite y estudiando por las noches tácticas militares, topografía o el funcionamiento combinado de pistolas, fusiles y lanzagranadas. Fue allí donde disfruté del compañerismo y de la solidaridad en los momentos más difíciles y aprendería después que esa solidaridad aparece solo cuando todos se encuentran en la misma situación. Es aquello del «mal de muchos, consuelo de tontos». Pero hay veces en que ese «mal de muchos» se difumina, porque algunos son más listos o el mal, efectivamente, es para tontos desconsolados.

Como era un alumno de letras bastante cerrado, mi compañero de la camareta, Faustino, que era ingeniero y vecino mío en Madrid, tuvo que explicarme el funcionamiento de la maldita brújula y enseñarme a distinguir el norte magnético del norte geográfico, calcular cotas y latitudes, e interpretar todos los datos que contenían aquellos endemoniados planos que nos entregaban para las marchas topográficas, de interminables horas, y que podían ser tanto diurnas como nocturnas.

También tomé contacto con el encubrimiento, así que lo entendí mejor cuando aprobé la oposición y ejercí la profesión. En una curva que tomé demasiado rápido, se deslizaron por el pesado carro de aluminio que empujaba las rodajas de melón destinadas a servir de postre para los aspirantes a reclutas. Como acabaron por el suelo y, de ser descubierto, eso hubiera sido motivo más que suficiente para quedarme el fin de semana sin ir a casa, tuve que volver a colocar rápidamente aquello en el espacio habilitado al final de la cadena de rancho militar, junto a los flanes, y recomendar ladinamente a los colegas que no escogieran fruta. Eso sí, todo el grupo me ayudó para que, en apenas segundos, ningún mando percibiera nada.

Mi preparación como «fiscal de trinchera» comenzó literalmente, por tanto, antes de pasar a memorizar leyes. Empecé con el Código Penal durante el primer semestre de 1997, tras el parón de descanso militar de diciembre, como alférez provisional en el Centro de Instrucción de Reclutas de Cáceres, que fue el destino que pude elegir junto con otros cinco compañeros al quedar a mitad de la lista. Aquí el asunto ya cambiaba mucho. Primero, porque ya no tenía que competir con tipos muy preparados, ni asaltaba colinas lanzando botes de humo gritando como un poseso hasta donde me alcanzaba el resuello. Además, me pagaban unas noventa y cinco mil pesetas al mes porque era un oficial del Ejército español con una estrella de seis puntas en cada hombrera, aunque fuera provisional o en prácticas. ¡Qué cosas tan absurdas! Cuánta profesionalidad tenía la mayoría de aquellos suboficiales, con muchos años de carrera militar a sus espaldas, que tenían que estar y pasar por lo que tan ignorantemente dispusiera.

A aquel destino iban a cumplir el período de campamento de su mili otros jóvenes de mi edad, en su mayoría extremeños y madrileños, entre los que había también mucho universitario, junto con otros chicos de dieciocho años recién cumplidos que no solo salían por primera vez de casa, sino que apenas sabían leer y escribir. Mi misión concreta era instruirlos, enseñarles a formar, a desfilar, algo de teoría militar y, lo que era más inconcebible y peligroso, a disparar. Siempre me han gustado el aprendizaje y la enseñanza, compartir experiencias y conocimientos, así que también allí surgió la primera oportunidad. Pero eso de enseñar a abrir fuego a cincuenta personas a la vez, tumbadas boca abajo, y que se giraban hacia ti para consultarte por qué no salía el proyectil por el cañón de un arma que en ese preciso instante te apuntaba era tan estúpido como ensordecedor el grito que les pegabas.

Eso sí, nada era tan disparatado como quedarte de guardia por la noche al mando de todo el acuartelamiento, con veintitrés años recién cumplidos, una pistola cargada que había que llevar siempre encima y confiando mi suerte en una guarnición de diez indocumentados, que tenían los pesados fusiles apodados «chopos» con el cargador colocado y con munición tan real como la vida misma. Las autoridades asumían todo ese riesgo, tan mal calculado, por si a algún enemigo se le ocurría invadirnos por la meseta.

Fue durante aquella primavera de 1997, como digo, cuando comencé a «acribillar» en el cuartel el Código Penal y a calentar la memoria para afrontar el desafío de la oposición que, de forma exclusiva, me esperaba a partir de septiembre de ese año.

El magistrado del Tribunal Supremo José María Ruiz-Jarabo me recomendó a mi preparador, un compañero suyo de la Sala de lo Social de dicho tribunal que recibía a los opositores en un piso de Majadahonda. El destino seguía mostrándose ante mí, ya que a esa localidad madrileña iría a vivir ya como fiscal diecinueve años después.

En mi primera intentona, entre 1998 y 1999, aprobé el primer examen oral de los dos únicos que componían entonces la prueba de acceso, aunque no fuera capaz de pronunciar la palabra «socorrista» al deponer el cuarto tema sobre la comisión por omisión, mientras explicaba repetidamente la responsabilidad «de la persona encargada de que los bañistas no se ahoguen en una piscina». Aunque ese primer examen sobre las materias de Derecho Constitucional, Derecho Civil y Derecho Penal lo superase con varios puntos por encima del mínimo, cuando acabé el segundo tema del siguiente examen, correspondiente a Derecho Procesal Penal, Fernando Ledesma, exministro de Justicia que ejercía como presidente del tribunal, me invitó muy cortésmente a abandonar la sala por falta de contenido general en lo que llevaba expuesto, dado el poco tiempo de preparación.

Así estuve durante las tres primeras convocatorias, aprobando el primer examen oral y suspendiendo el segundo por uno u otro motivo. Mi preparador, al que, no obstante, guardo bastante cariño, me decía que no era capaz de afrontar el segundo examen y que me podía la presión. Quizá el hombre tuviera más razón que psicología. Mi novia, con la que entonces acumulaba ocho años de relación, me dijo que no iba a aprobar nunca. Quedaba mi hermano Álvaro, que me consolaba al toque de «eres ya muy mayor, pero vas a aprobar».

Tras los fulminantes despidos de novia y preparador me fui a probar suerte con un magistrado jubilado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal. Pero claro, no podía ir a parar a un preparador cualquiera sin que marcaran mi futuro otros dos aspectos casuales. El primero, que su domicilio al que iba a «cantar» los temas estaba en la calle Covarrubias, casi esquina con el edificio que albergaría años después la Fiscalía Anticorrupción, y en el que desarrollaría durante cuatro años y medio la labor profesional que da pie a la presente obra. El segundo, que con ese mismo preparador había accedido también a la carrera, unos cuantos años antes, entre muchos otros alumnos, el fiscal Miguel Serrano, compañero con el que compartiría el caso más trascendente de mi carrera profesional hasta la fecha. Estaba ya abocándome de una manera tan inimaginable como inevitable a contar esta historia.

Durante este período de oposición se dieron otras dos trágicas coincidencias.

La mañana del sábado 22 de febrero de 2000, habilitada para compensar el retraso en las pruebas de acceso, me volvía a examinar en el Tribunal Supremo del primer ejercicio para acceder a la carrera judicial y fiscal. La misma banda terrorista ya citada asesinaba en Vitoria al dirigente político Fernando Buesa y a su escolta, Jorge Díez. Tuve que parar la exposición unos instantes por el ruido de múltiples sirenas que bramaban desde la calle, temiéndonos todos otra vez lo peor. Pero no quedó ahí. Ese tribunal estaba presidido por el magistrado Juan Francisco Querol Lombardero, quien el 30 de octubre de ese mismo año moría también asesinado por la misma organización criminal junto a su chófer Armando Medina Sánchez y a su escolta, Jesús Escudero García. Nueve días después falleció el conductor de autobús Jesús Sánchez Martínez, uno de los 65 heridos en el mismo atentado con coche bomba.

Tras un período de agotamiento mental y poca estabilidad emocional, a principios del año 2001, entrado el cuarto año de preparación, suspendí otra vez, pero, en esta ocasión, el primer examen, circunstancia que no me había ocurrido nunca. Fue entonces cuando volví a enfrentarme a una decisión clave, la más importante hasta ese momento después de la de embarcarme en ese viaje: abandonar o seguir. Aquí tampoco fue demasiado complicada la decisión, porque no había mucha alternativa. Me sabía todos aquellos temas de memoria, había aprobado tres veces de cuatro la primera prueba, y no tenía contactos con nadie que me diera un trabajo que, a buen seguro, tampoco me iba a satisfacer.

Así que, antes de retomar la oposición, pasé un par de meses de reflexión trabajando como camarero en una taberna que abría un conocido justo debajo de casa de mis padres. Mi familia no se lo creía, ya que cada vez que llevaba platos del salón a la cocina de casa se me caía algún tenedor por el camino. No fallaba. Es un utensilio con una aerodinámica traicionera. Por eso, cuando el 19 de diciembre de 2001 fueron a la inauguración, estaban muy orgullosos de verme con copas y botellas sobre bandejas que no se me caían, más por mi poca capacidad deambulatoria de la cantidad de gente que asistió que por una repentina superación de mi innata falta de destreza.

De aquella experiencia puedo destacar, entre muchas anécdotas vinculadas a mi profesión futura, que era tan primo que no me enteraba de que el camarero de la barra pasaba droga, a pesar de que salía a la zona del salón, que era mi terreno, hacía una rápida llamada desde la cabina verde colocada en la pared y, al cabo del rato, entraba un colega, le estrechaba la mano, ya en sus dominios de la barra, y rápidamente se iba.

También recuerdo que, como aquel andaba más preocupado por sus propios negocios que por el que nos ocupaba allí, los tiques de las cuentas nunca coincidían con lo consumido, de manera que antes de llevarlas a los clientes se las tenía que corregir, porque recordaba lo que había servido en comida y bebida a cada mesa del local. Pura deformación semiprofesional. Aprendí así lo sacrificado que es el mundo de la hostelería, depender del personal y la desproporción que hay entre lo difícil que es ganarse a un cliente y lo fácil que es perderlo.

Mi primer jefe allí ya me dejó clara otra regla para la posteridad sobre el grado de reconocimiento al sacrificio y de una exigencia superior cuanto más se les da. Cuando una tarde entraba a comenzar mi turno, me reprochó:

—¡Cuánto dinero gastaste anoche en chupitos y flores!

—¿Hemos batido el récord de caja del mes? —le contesté retóricamente. Mi respuesta obedecía a las veces que había invitado en la barra y que el pakistaní del barrio había repartido sus inodoras rosas. El caso era tener detalles que facilitaran doblar las mesas, pero ni así se agradecían por la superioridad.

Ese mismo jefe me ofreció quedarme como encargado de los menús del mediodía a cambio de un sueldo equivalente a 300.000 pesetas mensuales (1.800 euros), pero no tuve la menor tentación y, cuando me vi con fuerzas renovadas, retomé los estudios con el compromiso personal de que era la definitiva, y así fue.

También pude distraerme puntualmente aquellos años ejerciendo como juez de la entonces Liga Nacional de Debate Universitario. Se trataba de una competición de debate y oratoria que acababa de iniciar su andadura inspirada en la película Escúchame (Listen to me) y en la que anualmente equipos de todas las universidades españolas se reunían para competir, disertando y defendiendo su postura a favor o en contra sobre un tema de actualidad, previamente anunciado, bajo unas normas adaptadas a la modalidad del debate académico importado de los Estados Unidos. Tras algunos años de parón motivado por la crisis económica, la competición volvería de la mano de sus creadores bajo el nombre de Liga Española de Debate Universitario (LEDU), cuyo reglamento he tenido la oportunidad de revisar, a modo de legislador.

Tengo la fortuna de seguir participando a día de hoy en la LEDU, así como en otros torneos que penden de la misma, entre ellos, los que se celebran entre jóvenes con discapacidad intelectual. Es más, su X Edición, celebrada el año 2022 en Zaragoza, cuya pregunta de debate fue: «¿Se verá afectada la democracia por la virtualización de la sociedad?», y la III Edición del Campeonato Mundial de Oratoria «Esto es debatible», bajo la pregunta «¿Seremos capaces de distinguir las noticias verdaderas de las falsas con la inteligencia artificial?», me aportaron evidencias científicas que compartiré sobre el daño que las noticias falsas causan cada día en todos los órdenes de la vida.

Tras el período de reflexión hostelero, el 27 de mayo del año 2003 aprobé el segundo y definitivo examen oral de acceso a la carrera judicial y fiscal, obteniendo una calificación por delante de la mitad del escalafón que me permitió elegir la carrera fiscal frente a la carrera judicial. Me acompañaron al examen mis padres y otra María José —la que se convertiría un año después en mi esposa—; ante su agitado estado, les pedí que entraran en la sala y así, al menos, no sufrirían tanto los padecimientos propios de la incertidumbre.

Dado que había perdido las dotes adquiridas en el bar con las bandejas —transcurridos los quince minutos de elaboración del esquema de los cinco temas que me habían correspondido—, me tiré el agua encima, de manera que ahogué los folios recién garabateados con el líquido elemento que gentilmente ofrecen a todos los examinandos. Tocaba empezar ya, ante la atónita y cada vez más impaciente mirada de los examinadores. Por tanto, había conseguido totalmente el primer objetivo: tenía captada toda su atención con una poco sutil comunicación no verbal.

Mientras reproducía los temas, las dos calificadoras que estaban a la derecha del presidente hablaban entre sí y miraban hacia el público, por lo que percibía claramente los nervios del respetable, compuesto por solo tres personas. No estaba surtiendo demasiado efecto mi estrategia antinervios y mi padre, que era director de una sucursal bancaria, me dijo preocupado a la salida, instantes antes de conocerse el resultado:

—Hijo, no he entendido nada de lo que has dicho en toda la hora y cuarto.

—Y eso que me ha tocado el tema de la letra de cambio, papá —le dije, sintiendo que estaba ya liberado para siempre del temario y de mi vida de parásito. Minutos después, el ujier colgaba del tablón a las puertas de la sala del tribunal el folio con las calificaciones. Había aprobado.

Eran tiempos en los que mi madre compartía la gestión de una librería ubicada frente a la embajada de los Estados Unidos por la que pasaban muchos juristas que ejercían en puestos importantes y ella les contaba ilusionada que uno de sus hijos opositaba a fiscal. Por fin les pudo contar muy orgullosa que, siempre con fortuna, perseverancia y tesón familiares, habíamos salido todos en casa de aquel suplicio de forma exitosa.

Cuando logré superar la prueba, el cliente de mi madre y entonces teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Jesús Santos, me invitó a ir a esa Fiscalía a hacer prácticas. Allí hice un máster acelerado durante los meses de junio y julio de 2003 y recuerdo que le decía:

—Jesús, si hay un atentado, ¿me puedes llevar?

—No te lo recomiendo, es muy duro —me contestó él.

Esa respuesta, a priori, no era un «no», pero afortunadamente para todos no fui a ninguno.

Sí recuerdo que me avisó para que acudiera un sábado por la mañana porque el magistrado Fernando Andreu tomaba declaración al dirigente de la banda terrorista Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias Gadafi, junto al fiscal Jesús Caballero Klink, quien me dispensó un trato sublime aquel día.

También tuve la oportunidad de acompañar a varios fiscales a declaraciones judiciales o a vistas de los juicios sobre algunos de los atentados más terribles de nuestra historia, como el del Hipercor de Barcelona. A mí me dejaban sentarme dentro de la misma sala de vistas, que llamaban «pecera» por el habitáculo de cristal blindado reservado a los acusados. En ese caso concreto, lo hice un par de bancos detrás de una letrada defensora que, al margen de su desaliñado aspecto, no cesaba de tocarse las uñas de unos pies que parecían querer huir de sus sandalias.

—Nunca entenderé por qué la higiene tiene que estar peleada con la revolución —me dijo una fiscal de la casa.

Esta misma compañera me facilitó un procedimiento relacionado con las fiestas de San Fermín para que lo estudiara. Me enteré de que la plaza del Ayuntamiento de Pamplona se tiñe de rojo cada 6 de julio a las doce horas con la explosión del chupinazo por el efecto de los miles de pañuelos rojos de los ciudadanos que allí se concentran y que, hasta la medianoche del 14 de julio, se llevan anudados al cuello por las calles de la ciudad. Y lo aprendí porque, en ese asunto, los sospechosos llevaban los pañuelos antes del día establecido y aquello tenía su importancia. No obstante, lo más práctico para entender los vericuetos de mi trabajo fue que, al analizar las fechas, a mí no me cuadraba la competencia.

—Si los hechos han ocurrido ese día, ¿por qué conoce del asunto el Juzgado Central número 5? —le pregunté.

—Porque retuvieron un tiempo el atestado para presentarlo el día en que estuviera de guardia ese juzgado —contestó.

Nunca le agradeceré lo suficiente a aquella plantilla de fiscales que me hicieran sentir como uno más en una Fiscalía tan especial en la que se respiraba tanta lealtad entre el jefe, Eduardo Fungairiño, y sus subordinados.

Uno de los momentos más emotivos que me hicieron vivir fue el de saludar a los padres y a la hermana del asesinado concejal de Ermua Miguel Ángel Blanco durante un encuentro con Eduardo. Recuerdo que pensé que era imposible ponerse en su lugar y que era uno de esos instantes en los que las palabras muy difícilmente pueden resultar más reconfortantes que un correcto gesto de cariño en absoluto silencio, a lo que obviamente limité mi saludo. Por eso, y por todo lo que supuso ese crimen para la sociedad española, solo pude acumular sentimientos de rubor y estupefacción cuando, mucho tiempo después, el 28 de julio de 2022, el candidato propuesto por el Gobierno para ser nombrado fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en respuesta a las preguntas que le hacían algunos representantes políticos, tras el conocimiento público de varios correos electrónicos que no dejaban al candidato en el mejor de los lugares, explicaba ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados que «no había caso Miguel Ángel Blanco» y, a renglón seguido, se refería a mí para dar, por enésima vez, su manipulada explicación del «caso Stampa».

Tras aquellos meses de verano, llegó septiembre de 2003 y comencé mis prácticas oficiales como fiscal en el Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia, que es el edificio más próximo a aquel en que había cursado mis estudios universitarios.

Durante ese período se produjo en mi ciudad el atentado terrorista más cruel de la historia de Europa. Aquel 11 de marzo de 2004 no dudé en volver a presentarme en la Fiscalía de la Audiencia Nacional para conocer de primera mano todo aquello de lo que fuera capaz, pero no me imaginaba que llegaría providencialmente a tiempo para vivirlo tan de cerca.

En la Fiscalía únicamente permanecía el fiscal Juan Moral, ya que todos los demás habían acudido a prestar colaboración o, simplemente, a estar cerca de lo que había ocurrido.

—Juan, ¿tú no vas a Atocha? —le pregunté.

—Supongo que sí. El único que queda en la casa es Baltasar, y no me creo que se vaya a quedar aquí —me contestó.

Juan Moral estaba adscrito al Juzgado Central de Instrucción número 5 y casi de inmediato sonó su teléfono.

—Ignacio, nos vamos. Vente en mi coche.

Me disponía a adentrarme en el horror entre los horrores, pero no supe o no quise dejar de hacerlo.

Llegamos al punto de reunión, situado en la sede del Ministerio de Agricultura de la plaza del Emperador Carlos V, frente a la estación de tren de Atocha, y ese magistrado al que acompañábamos iba preguntando a unos y a otros. Estaban los fiscales de la Audiencia Nacional con otros compañeros de la Fiscalía de Madrid, pero todos ellos se quedaron en aquel punto mientras yo seguía la estela de quienes me habían llevado a aquel lugar. Callado, con los ojos y los oídos más abiertos que nunca.

Nos dirigimos andando hacia la estación. Los funcionarios policiales reconocían al cabecilla del grupo y se hacían a un lado, saludándolo marcialmente. Yo iba acompañándolo con su beneplácito, pero sin que reparase en mi presencia. Me llamaba sobremanera la atención que alguien osara quitar un solo segundo de protagonismo a cada víctima. Y me sentí egoísta por aprovecharme de ello.

Alcanzamos el interior de la terminal bajo el constante sonido de las sirenas y lo que allí vi y, sobre todo, oí, me acompañará para siempre a partir de ese instante. Había dos trenes. Encontramos a la secretaria judicial, que en la diligencia de levantamiento lloraba y temblaba de tal forma que los folios y el bolígrafo que portaba en la mano no solo resultaban inservibles para cumplir con su misión, sino que dificultaban fríamente cualquier abrazo de consuelo. No paraban de sonar, por todas partes, infinidad de llamadas telefónicas perdidas hacia la eternidad.

Más preguntas del magistrado y pocas respuestas de quienes, en shock, actuaban como autoridades y funcionarios del Juzgado Central número 6, que sí era el único competente para tratar de poner calma y orden, y resolver lo importante, luchando contra el reloj ante el temor de nuevos ataques. Así que tomamos los coches rumbo al punto de la calle Téllez, donde, siguiendo con las casualidades, vivía aquella antigua novia de larga duración y escasa fe, y donde habían quedado destrozados otro tren y muchas vidas. Lo mismo; entrada hasta las vías a las puertas de los mismos vagones, momento que captó un fotógrafo del diario El Mundo.

Como la curiosidad y las preguntas no cesaban, la comitiva tomó el camino hacia la estación de El Pozo, pero antes de salir de allí fue mi móvil el que me sobresaltó. Era mi compañero y amigo de la carrera fiscal Jorge Pobre, que llamaba desde Las Palmas de Gran Canaria.

—Jorge, no te imaginas dónde estoy... —trataba de relatarle, cuando me interrumpió.

—No me lo imagino, Nacho. Conociéndote, lo sé. Estás en los trenes.

Al llegar al siguiente tren, la situación estaba algo más coordinada, tras varias horas a impulsos de la infinita solidaridad de mis conciudadanos. Pensaba que allí acabaría la ruta y apenas recuerdo nada de ese punto porque andaba con la idea de retornar, esperando que me devolvieran en el coche al punto de partida, porque ya tenía suficiente y empezaba a no entender qué pintábamos allí. Pero no. Continuamos hasta el último convoy, que había explotado en la estación de Santa Eugenia.

Durante todo el recorrido, el principal foco al que se dirigían las preguntas era el de indagar en torno al tipo de explosivo empleado, dato nuclear en el juicio celebrado por aquella masacre y también del debate suscitado sobre la autoría de los atentados en los medios de comunicación. Pero nunca he tenido claridad sobre lo que se decía al respecto, porque oía, pero no escuchaba. Solo alcanzaba a sentirme afortunado y vacío. Lo que sí recuerdo es que, ya en la Fiscalía al día siguiente —porque volví de nuevo por si podía colaborar de alguna forma—, se dijo una frase que se me quedó grabada: «Como sean árabes, vamos a estar persiguiendo fantasmas una buena temporada». Afortunadamente, dicho comentario tan derrotista, cuya autoría, momento y lugar concretos tampoco tengo fijados en mis recuerdos, se desvanecería poco tiempo después. Igual que mi contacto con las personas que me permitieron estar en dicho lugar aquel día histórico y aciago. Pero volvería a encontrarme con todos los citados, sin excepción, como también con uno de los principales funcionarios policiales encargado de los Servicios de Información que investigaron todo aquel suceso. Lo haría, eso sí, en condiciones muy diferentes.

Ya con el período oficial de prácticas como fiscal concluido, volví a la Fiscalía de la Audiencia Nacional a seguir aprendiendo mirando papeles, mientras también me sacaba otro dinerillo en la misma taberna, esta vez mucho más relajado que en la anterior etapa en la que lo hacía medio deprimido y con dudas sobre seguir o no opositando, de manera que por la mañana trabajaba ayudando a mis compañeros en la Fiscalía y por la tarde-noche daba de cenar y de beber.

Como colofón, serví una cena a algunos de los fiscales que me tutelaban por la mañana y que generosamente vinieron a que les agradeciera de alguna manera el buen trato que ellos me dispensaban. Aquella noche, recuerdo que la fiscal de los sanfermines me dijo:

—No sé cómo tuviste cuerpo para ir a Atocha.

—Solo podía aprender mucho de aquello —le contesté. Y tanto.

2. Lanzarote

En mi primera etapa trabajando como camarero en aquella taberna había conocido a María José. Mi segundo ciclo hostelero ya lo compaginé con el período reglamentario de prácticas en el Centro de Estudios Jurídicos y en la Fiscalía Provincial de Madrid. Luego la convencí para que comenzáramos nuestra vida juntos en Canarias con el argumento de que se debía vivir muy bien allí y ya habría tiempo de volver a la península. Con lo que no contábamos era con que los primeros de la promoción también elegirían como primer destino las islas afortunadas.

Del puesto número cincuenta y siete obtenido en el escalafón general de casi doscientos aprobados de aquella convocatoria para jueces y fiscales, tras el acto de elección de carrera, celebrado en el salón de actos del Consejo General del Poder Judicial, acabé como el número dieciocho de los setenta y dos integrantes de la XLIII promoción de la carrera fiscal. Ya en el salón de actos del Centro de Estudios Jurídicos fui el séptimo en elegir plaza en el paraíso canario al agotarse rápidamente las vacantes de Las Palmas y San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, y Santa Cruz de Tenerife.

El 26 de abril de 2004 tomé posesión como fiscal en mi primer destino, la Fiscalía de Área de Arrecife-Puerto del Rosario y, en concreto, en la capital de la isla de Lanzarote. Fui para un año y me quedé doce. Siempre nos decían que los que se iban a Canarias o no se volvían nunca o salían de allí llorando, bien de felicidad por escapar, bien de pena por los buenos momentos vividos; no me puedo incluir en ninguna de las disyuntivas, aunque el día de mi marcha sí me emocionara al dar el obligado discurso de despedida.

Nos alojamos de inicio en un edificio de la capital al que acudían la mayoría de los recién llegados al mundo judicial y en el que vivían de alquiler en aquel momento varias compañeras. El nombre de la dirección resultaba muy ambiguo, porque podía ser muy canario y obedecer a uno de sus alimentos más típicos, hacer alusión a la extraña coincidencia de que tres sumos pontífices gobernaran la Iglesia católica a la vez a principios del siglo XV o a saber qué: calle El Tres Papas.

La sede de la Fiscalía estaba a apenas diez minutos a pie cruzando el Charco de San Ginés, contigua al edificio que albergaba la mayoría de los juzgados. Pero no fue precisamente el destino que me asignarían a mí, que estaba mejor ubicado y con unas bonitas vistas al citado charco: el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Arrecife. Tal asignación obedeció a que el anterior fiscal adscrito al juzgado, que ejercía como fiscal coordinador de área y había estrenado esa Fiscalía allá por la década de los noventa, decía no soportar más a la juez, una joven sevillana que llevaba un año en aquel destino. Así que, aprovechando la marcha de mi antecesor a otra isla canaria y mi llegada, me hizo un primer enjuague, de esos sobre los que no tienes criterio alguno para valorar en profundidad, ni cabe la menor capacidad de discusión. En cualquier caso, yo estaba encantado con cualquier asignación y la juez también con el cambio. La llegada a mi primer destino era demasiado ilusionante como para detenerme tan pronto en sospechas o en analizar extrañas componendas que tardaría muy poquito tiempo en entender al ir conociendo a ambas partes enfrentadas.

Debo decir aquí que una de las actividades que se realizan durante los meses de estancia en el Centro de Estudios Jurídicos, antes de las prácticas y de la toma de posesión como fiscal para comenzar a ejercer en el primer destino oficialmente, es la de escuchar a los representantes de las asociaciones de fiscales que visitan el centro para captar afiliados. Mi tutor también nos lo recomendó en el período de prácticas: «Asociaos. A la que queráis, pero hacedlo y participad en las cuestiones que afectan y preocupan a la carrera».

En aquel momento solo había dos asociaciones. Yo lo hice pronto a la asociación mayoritaria, la Asociación de Fiscales (AF). Por número de asociados están después la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la más reciente Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que es cada vez menos minoritaria y con la virtud de no poder ser encasillada en ningún color político.

Con esa idea acudí, en el año 2005, a mi primer congreso asociativo, que se celebró en Alicante. Recuerdo que, de camino a una de las cenas, íbamos animados en la parte final del autobús, como es propio del sector más joven e inquieto de cualquier colectivo. Los de mi promoción éramos los recién llegados. De ahí que uno de los fiscales más veteranos, el fallecido Fernando Herrero-Tejedor, se acercara a aquel fondo para animarnos a que nos presentásemos a la Comisión Ejecutiva, ya que dicho órgano de gobierno se renueva en cada congreso bianual, y sus miembros son elegidos por votación de los asociados. Decía que era conveniente que, al menos uno de sus siete miembros, fuera un fiscal de la tercera y última categoría de la carrera con el fin de dar visibilidad y reivindicar los derechos estatutarios de los fiscales más jóvenes. Y yo acepté, empujado por ellos.

Antes de la presentación de las candidaturas, fui a decirle a uno de mis jefes que me iba a presentar. Su cara lo dijo todo, y me espetó: «Tú sabrás». Su comentario no era especialmente animoso, y no me deseaba la menor de las suertes. Al parecer, surgía un candidato «no controlado» por el aparato. De hecho, mientras exponía a todo el auditorio qué les podía ofrecer a los fiscales, como paso previo obligado a la votación, otra destacada integrante de su camarilla masculló entre dientes: «Y este, ¿de qué va?»

Lo que dije no lo recuerdo, pero siempre recordaré el resultado. No quedé el último, lo que ya era un logro, pero no tengo claro cuántos candidatos quedaron por detrás. Obtuve en torno a 80 votos, a un pequeño paso de alcanzar al último candidato electo. Es decir, si me hubieran votado los fiscales allí presentes de la Fiscalía a la que pertenecía, sí habría salido elegido. Tras la votación, mientras eliminaba tensiones y residuos líquidos, uno de los tótems de la asociación, y de toda la carrera, cuyo nombre me reservo, entró en el lavabo y me dijo:

—Ha sido muy interesante lo que has dicho. Pero estas cosas hay que traerlas más preparadas de Madrid.

Siempre he pensado que fui muy afortunado con aquel resultado que me dejó fuera de la ejecutiva. No habría encajado y no habría durado mucho en el puesto. De hecho, creo que no encajé nunca, ni siquiera como asociado, pero me lo pasaba muy bien en los congresos conociendo compañeros, cambiaba de aires aproximadamente cada dos años, salía de la rutina, me enteraba de alguna que otra intriga y visitaba ciudades para mí hasta entonces desconocidas, como Zamora o Palma de Mallorca. Tenía la extraña virtud de votar en casi todas las ocasiones al revés que la mayoría, porque lo hacía a los candidatos que se presentaban a modo de sorpresivos «paracaidistas» que ofrecían dotar de aire fresco a la asociación. Ya me lo avisaron aquellas leyes no escritas de los urinarios.

Lo curioso de aquel resultado, no obstante, vendría en la posterior cena de gala con la que se cierra cada congreso, tras su correspondiente proceso electoral. Allí, el responsable de prensa de la Fiscalía General del Estado, Fernando Noya, me dijo que el entonces fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, quería conocerme. Yo no me podía creer aquel interés de quien no solo era el máximo jefe, sino que ostentaba una sobresaliente autoridad dentro de la carrera, así que le acompañé hasta que le encontró, y le dijo:

—Cándido, este es el chico que ha estado a punto de salir.

En esta primera época inicial tuve varios asuntos que marcarían mi estancia en la isla y mi carrera profesional, sobre todo mi forma de entender y de practicar la profesión, por lo que cualesquiera vicios o defectos que arrastre vendrán de aquella primera plaza. Y es que no solo me marcaron allí, sino que sirvieron de premonición y de gestación para todo lo que ocurriría después en Anticorrupción. Nada de lo que ha pasado a nivel nacional se puede entender bien sin conocer lo que allí ocurrió.

Primero fue un caso de presunta prevaricación por una licencia urbanística para la construcción de un simple muro medianero concedida por el alcalde del municipio de Yaiza. El tema en sí no era complejo y solicité el archivo, pero fue la primera toma de contacto con dos de los personajes más determinantes de mi experiencia conejera: ese alcalde y su letrado.

El segundo asunto fue mi primer juicio ante un jurado por el homicidio de un toxicómano apuñalado por dos colegas que le habían dado un dinerillo para que comprara su dosis y aquel se lo había fumado todo sin compartirlo. Para un eterno aspirante a criminólogo, trabajar aquel asunto sonaba a música celestial. Y, como juez de la entonces Liga Nacional de Debate Universitario valorando debates de jóvenes, suponía todo un desafío priorizar la oratoria a la jurisprudencia al tener que dirigirme a un jurado popular.

Aquel homicidio había tenido lugar antes de mi incorporación a la Fiscalía, pero la compañera responsable del asunto iba a abandonar la isla con destino a Alcalá de Henares, así que me ofrecí voluntario para celebrar el juicio, que estaba señalado durante toda una semana en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Semejante engorro para el resto de los compañeros era tal lujo profesional para mí que no perdí la ocasión. Los medios lo habían bautizado como «el crimen de las cuatro esquinas», en alusión al cruce de calles donde ocurrió, céntrico y caliente punto de trapicheos y disputas.

Un fundado temor por su resultado hizo que el presidente del tribunal y el fiscal estuviéramos en contacto con el inspector jefe de la brigada local de Policía Judicial para estar informados puntualmente de la localización de los testigos y su traslado a la isla capitalina. Eran la prueba esencial para demostrar la autoría de ambos acusados por su ataque conjunto, ya que, al ir en busca de aquel ingenuo aprovechado, el cuchillo lo llevaba uno de ellos mientras su compinche portaba un palo más endeble que el de una fregona. Todos ellos eran jóvenes consumidos por años de adicción a las drogas, sin lugar fijo de residencia, deambulando cada día de fumadero en fumadero, buscando cobijo y alguna forma de subsistir, siempre de muy mala manera.

Poco después, en una guardia nos presentaron detenido a un enorme ciudadano de origen senegalés por supuestamente haber atentado contra dos agentes. El relato del atestado no cuadraba demasiado y menos todavía cuando aquella torre empezó a explicar su versión, más coherente con respecto a por qué tenía un ojo tan hinchado y amoratado. Tras una interminable toma de declaración de todos los agentes que, de alguna u otra forma habían visto u oído lo ocurrido en la vía pública y en los calabozos de la comisaría la noche anterior, aquellos dos funcionarios que habían comparecido poniendo en un delicado compromiso a sus compañeros horas antes, contando que les había agredido en la calle sin motivo un ciudadano de color, ingresaron en prisión provisional por presuntos delitos de detención ilegal, tortura y falsedad documental.

Fueron esos mismos delitos los que dio por probados la Audiencia Provincial de Las Palmas dos años después, tras uno de los juicios más complicados que he celebrado, condenándolos a más de ocho años de prisión y ordenando procesar a algún compañero que mintió en la vista para crear confusión. El Tribunal Supremo después rebajó la condena al absolverlos cuando mintieron en la narración de hechos del atestado por no considerarlo falsedad documental.

Aquella instrucción perjudicó mucho la relación con la juez, a la que pronto comenzaron a llegarle peticiones para que tratara de convencerme y suavizara mi postura. Pero yo contaba con el apoyo de mis superiores y los hechos eran muy graves. Se descargaba sobre las espaldas del fiscal la responsabilidad entorno a la situación personal de aquellos dos garbanzos negros, a pesar de que, conforme a la ley, la puesta en libertad de un preso preventivo siempre puede adoptarla la judicatura.

El responsable de la comisaría local, muy aficionado a las entrevistas, consiguió entonces que un par de medios fieles me pusieran a caldo durante un tiempo a cambio de primicias sobre detenciones y otras actuaciones policiales. Pero más allá de aquella incomodidad de verme en los papeles por primera vez, no surtió mucho efecto.

Nunca es agradable tener que actuar, afortunadamente de forma muy excepcional, contra otros funcionarios. Menos aún si es contra aquellos en los que se ha de basar tu confianza y de los que depende tu trabajo diario. De ahí el respeto y admiración que sentí por todas las mujeres y los hombres policías que, como privilegiados testigos, desde el primer momento de la guardia nos contaron la realidad de lo que había pasado con aquel hombre y lo ratificaron en el juicio. Podrían haber actuado de otra forma y haber evitado que quien nos llegara engrilletado fuera aquel senegalés, pero fue de esas veces en que sientes hasta el tuétano eso de que «más vale tarde que nunca». Porque también podrían haberlo tapado todo.

Forma parte del papel que nos toca desempeñar, y es sano para toda la sociedad, que funcionen los mecanismos establecidos para restablecer su confianza en los servidores públicos. Siempre he pensado que una de las peores consecuencias que provoca la actuación de los malos, como dijo Jacinto Benavente, es obligarnos a dudar de los buenos. Lo viviría en mis propias carnes años después, en un procedimiento impulsado por policías contra una presunta mafia policial a escala nacional y con influencias en el extranjero, en el que el malo para la sociedad, durante un tiempo, era yo. Esa sensación es la que me invadió cuando me tocó luchar contra la corrupción policial alcanzando el más alto nivel. Pero, para llegar a eso, aún me quedaba lidiar con la putrefacción de algunas instituciones y servidores públicos en la isla de Lanzarote.

Llegó marzo de 2007 y recibí el primero de los dos mayores regalos de mi vida: el nacimiento de mi hijo Ignacio.

En 2008 volvía a Gran Canaria a celebrar otro juicio con jurado, por el asesinato de un vagabundo golpeado en la cabeza con una maza mientras dormía, cuando el fiscal jefe provincial me convocó a su despacho.

—Ignacio, ¿te apetece llevar Medio Ambiente?

Una pregunta de ese tenor, efectuada por tu sonriente jefe, no es una pregunta meramente retórica. Es un embolado que está a punto de caerte encima y al que hay que poner buena cara si no tienes manera de fundamentar, muy motivadamente, razones para que esa losa no se precipite de manera inmediata sobre tus hombros. Me dio una explicación que no me consolaba precisamente:

—El fiscal de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado, Antonio Vercher, ha ordenado que, además de los fiscales que despachan la especialidad en Gran Canaria, nombremos a alguien en Lanzarote porque hay demasiados casos de corrupción urbanística allí. Y lo de Fuerteventura lo seguirán llevando los de aquí, de momento, hasta que te hagas con la materia.

Es decir, el embolado iba a ser mayúsculo desde el inicio.

—Jefe, yo no distingo el suelo rústico del suelo urbano —susurré tímidamente.

Por Decreto de 5 de marzo de 2008 fui nombrado miembro de la Sección de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía en la provincia de Las Palmas para la isla de Lanzarote. A los cuatro días me llegó el lote de libros más completo y antipático que nunca he recibido, pero seguí el consejo de que estudiara caso por caso a medida que fueran llegando los asuntos a mi mesa y, la verdad, apenas tuve capacidad de profundizar en aquellos odiosos volúmenes. De golpe heredaba casi todos los procedimientos en trámite en aquel momento, de manera que mi vida se complicó bastante.

Más se complicó cuando, días después, una mañana de primavera, una funcionaria de la Fiscalía se asomó a mi despacho, cuya puerta tengo costumbre de mantener abierta.

—Don Ignacio, le llama un fiscal de Sala que se llama Antonio Vercher desde Madrid. Se la paso.

Me quedé a la espera tan asustado como expectante cuando, a los pocos segundos, una voz masculina me saludó muy afectuosamente.

—Ignacio, ¿cómo estás? Soy tu compañero Antonio Colmenarejo, adscrito a la Fiscalía de Sala. Solo quería saludarte antes de pasarte con el jefe. Un abrazo.

Tras la lacónica respuesta que me dio tiempo a proferir a tan cordial e intrigante bienvenida, fue el jefe máximo el que se puso al aparato para ir directamente al grano y preguntarme de sopetón:

—Ignacio, ¿qué cojones pasa en Lanzarote?

Mi reacción fue inmediata y sin titubeos.

—Hola Antonio. ¿Me das un segundo para que cierre la puerta del despacho?

No conocía a ninguno de los dos Antonios. Tuve claro al instante que mi interlocutor sabía mucho y que, de nuevo, no era una casualidad esa llamada, con mi nombramiento de los días previos para cuidar del medio ambiente insular. Comencé a contarle todo aquello que en cierta manera llevaba tiempo atormentándome tras cuatro años en la plaza, ya que mi percepción era que el enemigo lo teníamos en casa. Siempre el peor enemigo está en casa. Ya he conocido a unos cuantos y puedo asegurarlo. Y supongo que no solo en la mía, sino que es propio de la especie humana.

La conversación duró mucho tiempo y fue un desahogo liberador porque, hasta entonces, y a pesar de mis avisos, parecía que nadie había querido enterarse de lo que pasaba, ni ponerle el cascabel al gato. Por alguna razón me estaba pasando aquello y ni el jefe provincial que me había asignado por delegación la espinosa materia ni el fiscal delegado de la Sección de Medio Ambiente, que era mi superior inmediato, conocían esa llamada. Desde Madrid se estaba sorteando a propósito el conducto reglamentario al hablar directamente conmigo, porque yo era el último de la fila, pero debía estar involuntariamente en el lugar y en el momento propicios. Otra vez.

Le expuse que, a mi modo de ver, el problema esencial sobre el que pivotaba la corrupción medioambiental de la isla era la constante y omnipotente presencia de un personaje siniestro con algún comprometido parentesco. Pero esto mi interlocutor también lo tenía clarísimo, lo cual me liberó aún más. Se trataba de una de las pocas personas que manejaba el farragoso Derecho Administrativo en todo un partido judicial que no ha contado nunca con órganos jurisdiccionales de dicha especialidad. Aquello no solo tenía una decisiva trascendencia en la investigación de los delitos que dependen de la vulneración de normas de esa rama del ordenamiento, sino que, precisamente por ello, podía conocer más que de primera mano la mayoría de los infinitos actos de corrupción urbanística acaecidos en la isla y, lo que era más peligroso aún, parecía como si lo controlara todo.

Esta fiebre desarrollista del territorio tuvo lugar básicamente a partir del momento en que el Gobierno canario anunció que estaba tramitando la denominada moratoria turística, que se aprobó en el año 2000, como reacción al incremento desmesurado de la construcción de camas turísticas, con el fin de suspenderla hasta el diseño de un nuevo modelo de planeamiento, poniendo así coto a la voracidad de la especulación inmobiliaria que amenazaba con dilapidar el legado del universal artista lanzaroteño César Manrique.

Cuando los poderosos manejan durante tantos años y con tanta superioridad los despachos y las arcas municipales al antojo de sí mismos y de otros pocos, con el afán de acumular más y más dinero, dominio e influencia, llegan a tal conciencia de impunidad que la mínima injerencia en sus dominios la castigan con despótica severidad, sin miramientos y sin el menor escrúpulo. Y resultó que a entrar en esa pantanosa ciénaga obedecían tanto la llamada de Madrid como, por simple deducción, la precipitada asignación previa de los asuntos de Medio Ambiente en la isla de Manrique.

—Va a ir a verte un capitán de la Unidad de Delitos Contra la Administración de la UCO en los próximos días.

—¿Qué es eso de la UCO? —le contesté con bastante vergüenza, ante mi ignorancia de paleto jurídico.

—Es la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Unos tíos potentes. Ellos te contarán. Ánimo y me llamas para lo que sea. —Y colgó.

Efectivamente, a los pocos días recibí la llamada del entonces capitán, Vicente Corral. Estaba en la isla y necesitaba reunirse conmigo urgentemente. Me explicó que un consejero del Cabildo de Lanzarote les había presentado una denuncia porque estaban intentando comprarlo para que facilitara uno de los pelotazos urbanísticos más groseros de la historia del archipiélago. Había poco recato, siempre la sensación de impunidad mediante, de manera que el asunto había que judicializarlo de inmediato porque se iba a producir otra reunión entre el intermediario del empresario que ofrecía la mordida y el político a sobornar, y había que monitorizarla bajo estricto control judicial. Así comenzó la llamada «operación Unión».

El asunto le correspondió al juez que estaba de guardia, César Romero Pamparacuatro, magistrado bilbaíno recién llegado a Lanzarote procedente de su anterior destino en otra isla canaria, La Palma. Eso facilitó mucho la instrucción al ser buen conocedor de la idiosincrasia insular, de algunos de los personajes que acabarían procesados y de sus conexiones. El secretario judicial era un tinerfeño quien, abrumado por lo que se nos venía, esa misma tarde rebautizó el asunto con su habitual humor: operación Marrón.

Muy pocas personas sabíamos lo que iba a ocurrir. Todo el grupo de la UCO llegó desde Madrid hasta el punto de que vinieron tantos efectivos que valoraron la opción de alojarse en un barco para pasar desapercibidos y tomar la isla como si fuera Normandía. Finalmente, se aprovechó que el sábado anterior tenía lugar la celebración del Ironman, una de las pruebas deportivas más duras y reconocidas de Lanzarote, para acumular agentes controlando el recorrido y que también ignoraban los detalles concretos de su cometido posterior. El nombre de la prueba, en alusión a un superhéroe, constituirá otra casualidad más de lo que me ocurriría después en mi siguiente destino.

El lunes 25 de mayo de 2009 tocaba el «reventón» en la capital de la isla, Arrecife, y tres días después, el jueves siguiente, estaba programada una segunda fase de la explotación en la localidad de Yaiza.

Había que organizar la práctica de diligencias y las puestas a disposición judicial de los detenidos con mimo, y los hombres del capitán Corral lo ejecutaron todo con la precisión de un cirujano para que pudiéramos afrontar el desafío con la mayor solvencia posible.

Tras múltiples reuniones de coordinación, aquel día estallaba una de las operaciones policiales y judiciales más amplias llevada a cabo contra la corrupción en Canarias, practicándose tantos registros simultáneos en administraciones, domicilios y empresas como funcionarios estaban disponibles en el partido judicial y siendo detenidos representantes políticos, funcionarios y empresarios de la isla por delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, exacciones ilegales y contra la ordenación del territorio. Un tsunami contra la impunidad y la forma de vida insular de unos cuantos.

El momento de mayor tensión de una macrocausa judicial, y también el más divertido y trepidante, como contaré en otros pasajes posteriores, es el de la explotación. Esta era la primera vez que vivía una de ellas. El sigilo absoluto no es un mero elemento fundamental, sino que es vital, máxime en un lugar en el que todos se conocen: empresarios, políticos, agentes del orden, responsables de banca, notarios y, por supuesto, jueces y fiscales.

Estábamos en el juzgado ese día esperando noticias sobre el desarrollo del operativo cuando un agente llegó apresuradamente a darle novedades a su jefe:

—Mi capitán, uno de los investigados ha llamado a un funcionario de aquí para preguntarle por un detenido y pedirle que se entere, a ver qué puede hacer por él.

Prácticamente en el acto, al estar comunicadas todas las oficinas judiciales a un extenso pasillo en torno a un gran patio interior, vimos cómo el amigo funcionario salía de sus dominios y se aproximaba a nuestra ubicación. Al llegar, hizo ademán de entrar en la oficina, pero se dio cuenta de que tenía demasiadas miradas fijas en él y algo debió alertarle en su subconsciente para desistir del intento y volver por donde había venido hasta el mismo punto de origen. Otra corruptela más, en vivo y en directo, que nos tocaba demasiado de cerca y reforzaba nuestra convicción de que estábamos haciendo lo correcto y de que no podíamos fiarnos de nadie.

La semana entera de explotación, con todos sus preparativos, da para muchas anécdotas, pero no es objeto de este libro narrar más allá de lo que guarda una relación estrecha con lo que constituyen su contenido central y su razón de ser. En esta línea, una de las cosas que más me llamó la atención es la permanente fanfarronería de los delincuentes cuando hablan entre sí y piensan que una intervención de sus comunicaciones nunca les puede pasar a ellos y, mucho menos, que sus conversaciones vayan a ser grabadas por alguno de los interlocutores. Y es que las intervenciones telefónicas son un instrumento de investigación muy valioso, pero presentaban dos inconvenientes en aquella operación.

El primero radicaba en que muchas veces yo tenía que actuar de intérprete cuando el funcionario que escuchaba las conversaciones en Madrid no entendía lo que decían si algún sospechoso hablaba muy deprisa, con un acento canario muy marcado, o utilizaba expresiones o palabras propias de la tierra.

El segundo inconveniente era que, para delinquir, los objetivos no tenían que utilizar apenas el teléfono, porque las cortas distancias, el escaso tráfico y el buen clima permitían tener citas constantes y tratar las fechorías cara a cara. Al menos así los localizábamos mejor y llegábamos a tiempo para hacerles la foto.

Lo que sí demostraban los teléfonos intervenidos era que parte de esa bravuconería se sustentaba en presumir de que tenían contactos con personas que podían ser relevantes en un momento dado, sin que aquello obedeciera ni a la más remota realidad.

Eso es lo que me ocurrió con uno de los detenidos.

A la finalización de su declaración judicial, en un aparte, delante de su letrada, le pregunté:

—Disculpe, tengo que preguntarle cuántas veces nos hemos visto antes. —Sorprendido por la pregunta, me respondió:

—Ninguna. Es la primera vez que lo veo —dijo con toda naturalidad, como si aquello fuera más que evidente.

—Bien, entonces no estoy confundido y me tranquiliza. ¿Sabe por qué se lo pregunto?

—En absoluto —dijo desmemoriado, aunque plenamente convencido de ello.

—Se lo pregunto porque, en varias ocasiones, usted les cuenta por teléfono a sus amistades lo bien que nos llevamos e, incluso, la capacidad que tiene de influir en mis decisiones. ¿De verdad que no se acuerda?

De repente hizo memoria y se disculpó avergonzado, lo cual agradecí cortésmente a pesar de que, cuando uno escucha esas marrullerías, no siente mucha compasión. Otra primera vez para semejante experiencia, ya que no será la última. Afortunadamente en aquel caso, los investigadores y nuestros respectivos superiores, como también los medios de comunicación, le concedieron la nula verosimilitud que aquello tenía.

Avanzó la semana y llegó el turno de tomar declaración como detenido al empresario considerado por unos como el mayor benefactor de la isla y por otros como la personificación del caciquismo y la corrupción insular. Tenía que declarar por haber simulado unos contratos de trabajo para que obtuviera el tercer grado penitenciario un recalcitrante presidiario conejero, que había sido alcalde, presidente del Cabildo insular, parlamentario autonómico y hasta senador. Volveríamos a cruzarnos varias veces más.

Aquel empresario sería absuelto por ese hecho. Lo mismo ocurriría con su letrado, al que acusé de haber expoliado supuestamente las arcas municipales a base de cobrar minutas sin prestar servicios reales. El colmo de las casualidades lo viviría mucho después, el 4 de abril de 2023. Ese día realizaba uno de mis viajes a Lanzarote y se difundió dicha sentencia absolutoria. Al llegar a la cola de embarque le vi, exultante, sin parar de hablar por teléfono. Le acompañaba su mujer. El azar no quiso que coincidiéramos sin más aquel preciso día, a esa hora y en aquel avión. Y tampoco en la misma fila, sino en la misma terna de asientos, los tres, bien juntitos. Pero volvamos a aquel momento y sigamos enlazando los datos para poder comprender las maniobras en su globalidad.

La instrucción avanzó y la Fiscalía de Medio Ambiente decidió que me hiciera a un lado para que el caso Unión y su continuación del año siguiente, el caso Jable, se despacharan desde Gran Canaria y yo pudiera dedicarme a otra gran investigación de corrupción urbanística local que se había iniciado, cuya explotación en septiembre ya se avecinaba, y que requería toda mi dedicación: la operación Yate.

En este caso, la unidad policial investigadora era un grupo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal del Cuerpo Nacional de Policía llegado de Gran Canaria y dirigido por el inspector Enrique. En Madrid querían que empleara toda mi energía en el asunto porque ya no consistía solo en atacar la corrupción administrativa vinculada a la especulación inmobiliaria, sino ir mucho más allá. Se trataba de revisar los años de despiadada explotación del territorio derivada de la moratoria canaria, poner en jaque a una parte importante de la planta hotelera del sur y el centro de la isla y desenredar esa madeja partiendo del inaudito patrimonio acumulado por el mismo alcalde de aquel inofensivo murito del que hablé líneas atrás.

Era ya 2010, un año especialmente difícil para mí, en todos los sentidos. Si bien intentaba descargar toda aquella presión aficionándome al pádel —deporte en el pasé muy buenos ratos mientras me permitieron las rodillas y la espalda, y en el que sucesivamente hice pareja con José María y Javier, tan buenos amigos como extraordinarios profesionales— y al submarinismo, la tensión provocó graves repercusiones en el plano personal. Y es que, aunque los Reyes Magos me regalarían mi segundo hijo, Guillermo, la convivencia matrimonial acabó rompiéndose.

Antes de seguir avanzando debo explicar que las operaciones policiales, de extravagantes y nunca explicadas denominaciones, con su continuación judicial, las bautiza la unidad policial que las explota. La operación Unión, por ejemplo, traía su nombre del de la cafetería de Arrecife en la que se celebró en 2008 la reunión inicial en la que el promotor le explicaba al intermediario el proyecto constructivo que pretendía amañar sobornando al consejero del Cabildo insular.

El término «jable», con el que se bautizó la operación del año 2010 que continuaba la anterior, significa arena, pero la que nos ocupaba ese año no era de origen mineral, sino animal, resultado de triturar infinidad de conchas marinas que al llegar a tierra vuelan, entran en la isla y corren transportadas por los vientos alisios, atravesando la isla de norte a sur, desde la majestuosa playa de Famara hasta la zona conocida como Guacimeta, en la que se ubica el aeropuerto de Lanzarote.

La denominación del nuevo caso, Yate, no guardaba tanta relación con la lujosa embarcación a motor que intervinimos el 30 de septiembre de 2009 —y que, hasta mayo del año 2023, se mantuvo atracada en el mismo pantalán del mismo puerto, sin precintos policiales y con su valioso interior desvalijado y a buen recaudo sin que nadie pusiera denuncia alguna— como con los nombres de los dos municipios, Yaiza y Teguise, que habían sido epicentros simultáneos de la orgía de corrupción que había que investigar. Así, el nombre de la operación se compuso a partir de las dos primeras letras de ambas localidades.

El asunto lo instruyó en esta primera etapa Lola, una juez que, al margen del agrio carácter que mostraba en sala, escondía realmente ternura y hasta fragilidad dentro de su dura coraza. Son causas que difícilmente llegan a buen puerto, o llegan a un puerto que aparecía rebosante de corrupción, como era este caso, si no hay sintonía y una colaboración estrecha entre juez, fiscal y unidad policial. Y es en algunos de esos momentos de mayor tensión laboral y presión psicológica cuando afloran las debilidades y más se requiere de la cercanía personal. Insisto, primero somos personas con una vida llena de compromisos y sentimientos al margen del cargo, y luego somos profesionales, aunque también en esta faceta deberíamos mostrar más humanidad y empatía con todos los intervinientes.

A diferencia de la operación anterior, esta investigación tenía dos partes perfectamente diferenciables, al margen de ser más práctico tramitar por separado lo que concernía a cada municipio. Era Yaiza, y más concretamente su localidad de Playa Blanca, la que destacaba de una manera abrumadora. Corría el año 2009 y el desenfreno del ladrillo por el que el sur de la isla fue invadido por excavadoras, camiones y grúas había empezado en 1998 y continuó ininterrumpidamente hasta el año 2007.

Teníamos, por un lado, decenas de licencias urbanísticas, tanto para camas turísticas como residenciales, cuya confrontación con las normas aplicables era de tal obscenidad que hasta yo lo entendía pronto. No solo contábamos con que, en muchos casos, ya se habían anulado las licencias en vía contencioso-administrativa a instancias del Cabildo insular, sino que siempre eran concedidas por el mismo alcalde, con informes del mismo secretario municipal, impulsadas por los mismos técnicos del Ayuntamiento y promovidas por los mismos empresarios. Y la tesis que seguí (avalada por mis superiores) fue la de que todo aquel desmadre solo pudo producirse bajo la batuta del mismo asesor y letrado como ideólogo en la sombra.

Por otro lado, teníamos detectado un patrimonio injustificable con el sueldo de alcalde. Así que no había que ser Sherlock Holmes para intuir que había gato encerrado y ponerse a tirar pacientemente del hilo hasta localizar el origen del dinero con tesón, mucho trabajo y algo de suerte.

Estuvimos cerca de descubrir el origen del dinero con el que el regidor municipal amasó aquella fortuna, que incluía, además del yate y su atraque valorado en 600 euros mensuales, gratuito durante un lustro, pisos, plazas de garaje, cientos de miles de euros en cuentas corrientes, vehículos, mobiliario, etc. Un hombre que, al ser interrogado, leía con dificultad los documentos que había firmado y que le eran exhibidos. La evidencia y ver a todos sus familiares tras unos barrotes por haberlos utilizado para camuflar los beneficios que otorgaba el bastón municipal llevaron al personaje central de la trama a confesar que «nadie da nada por nada» y a nombrar a algunos de los ilustres benefactores de aquel floreciente y súbito patrimonio. Pero, como lo recibía en efectivo en su mayoría y sería casi imposible descubrirlos con garantías de condena si el alcalde no los delataba explicando con detalles y objetividad el montante de las comisiones ilegales, autor, lugar, forma de entrega, motivo de las mismas y otros aspectos, y dado que después de recibir en la prisión lanzaroteña de Tahíche la visita de varios abogados, que no eran precisamente el suyo, sino los de algunos de los nominados, finalmente se desdijo, tuvimos que cerrar aquella puerta. Poca sorpresa me produjo que esos letrados se unieran para redactar una queja contra mí ante la Fiscalía General del Estado para intentar sacarme de aquel tema. La Inspección Fiscal la archivó de plano.

Tras las sucias zancadillas propias de la llevanza de un asunto de tal naturaleza, el día 28 de febrero de 2013 firmaba, junto al delegado de la especialidad de Medio Ambiente, el escrito de acusación contra doce personas por delitos de prevaricación urbanística, cohecho, malversación de caudales públicos, negociaciones prohibidas a funcionario y blanqueo de capitales. Eran el alcalde, su mujer y sus tres hijos mayores de edad, el secretario municipal, dos técnicos del consistorio y cuatro personas cercanas que los ayudaron a disfrutar de tan lucrativa creatividad. Ninguno de ellos era, por tanto, artífice de que dicha bonanza económica hubiera entrado hasta rebosar sus bolsillos. El delegado se encargó de la parte urbanística, al ser la materia propia de la sección, y yo, de la económica.

El 20 de marzo de 2017 comenzó el juicio de este caso Yate ante la Audiencia Provincial de Las Palmas, que dictó sentencia rápidamente para los once acusados convocados a tal acto, condenando por aquellos delitos a nueve de ellos y absolviendo a uno de los técnicos y a un asesor. Los condenados habían reconocido íntegramente los hechos. En ese momento, yo ya no estaba en Canarias, sino en Madrid, a un mes de recibir la denuncia que desencadenaría el caso Tándem o caso Villarejo en la Fiscalía Anticorrupción.

Ninguno de los juicios derivados de causas grandes de corrupción en los que firmé la acusación durante mis años en Lanzarote los pude celebrar al haberme marchado a Madrid y comenzar mi etapa en comisión de servicios en mayo de 2016. Seguía siendo miembro titular de la plantilla de fiscales de Arrecife, pero era lógico que mis cometidos pasaran a ser en exclusividad los de la Fiscalía a la que había llegado como refuerzo. No obstante, sí me hicieron volver a celebrar uno muy concreto, con mi conformidad, para lo cual se dictó el preceptivo decreto con habilitación expresa por orden de la fiscal general del Estado de entonces, a propuesta del fiscal superior de Canarias.

Por este juicio, celebrado en el mes de junio de 2017 en Lanzarote con las diligencias de investigación de Fiscalía propias de la causa Tándem ya iniciadas dos meses antes, se sentaban en el banquillo otros diez acusados. Eran los casi perennes alcalde y secretario del Ayuntamiento de Yaiza de los años 1998 a 2007, la alcaldesa posterior, diversos concejales y funcionarios, siempre manchando la imagen de miles de compañeros al ser imprescindibles como coadyuvantes para dar vía libre y camuflar los tejemanejes de los que mandan, y un único particular.

Era la primera parte de un procedimiento penal seguido por la concesión de los permisos y la construcción de un complejo de ocio en torno a una bodega de más de 12.000 metros cuadrados en el paisaje protegido de La Geria, el corazón de Lanzarote, junto al Parque Nacional de Timanfaya.

El asunto se había escindido en dos porque una de las acusadas, la citada alcaldesa, había sido elegida diputada al Parlamento de Canarias en las elecciones autonómicas del año 2015, así que hubo que juzgar su participación y la de sus colaboradores en aquellos menesteres, ciñéndonos al otorgamiento de la licencia de actividad del establecimiento, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia canario. Quedaría para la Audiencia Provincial la celebración del juicio central por el otorgamiento de la licencia de obras de la bodega, la construcción propiamente dicha y los supuestos perjuicios al medio ambiente ocasionados por aquellos desmanes, pero eso no ocurriría hasta, precisamente, los meses de enero a julio del año 2020. Los meses en que comenzarían las acometidas de una periodista procedente de Canarias y que contribuirían en gran medida a conformar la coartada para sacarme de Anticorrupción.

La denuncia contra este complejo industrial se había interpuesto por un grupo de ecologistas en el año 2009 y había correspondido al mismo Juzgado Mixto número 5 que, desde 2008, tramitaba los hechos que dieron lugar a los casos Unión y Jable. El asunto ya nació con una primera particularidad. Aquel papel que describía todo el proceso autorizante y constructivo, con su documentación adjunta, había quedado dormido en un cajón sin que aparentemente nadie reparase en ello hasta el año 2012. Son de esos azares de la vida que solo les ocurren a algunas personas con mucha fortuna.

Así que los envenenados papelitos aterrizaron en la mesa del impávido fiscal de Medio Ambiente de Lanzarote por una providencia de la nueva y fugaz titular del juzgado, cuidándose mucho de resaltar en su texto que acababan de encontrar aquello haciendo limpieza. Me preguntaba por el trámite que había que seguir. El típico «dígame usted qué quiere hacer con este marrón», eludiendo todos los preceptos que determinan que la instrucción de las causas penales en España le corresponde por ley a los jueces, con la esperanza de que el bumerán ya no le volviera a ella por encontrarse muy lejos de allí. Al responder a ese papel, iba a destapar para siempre la caja de los truenos.

Ese año 2012 no solo estaba empantanado hasta las cejas terminando el asunto Yate y tratando de evacuar el despacho del resto de asuntos asignados en el partido judicial y que entraban sin cesar, sino que el 22 de mayo de ese año explotábamos otra operación, la Montecarlo, con la misma unidad de la Policía Nacional, pero con un grupo distinto, a cargo del inspector Raúl, y con aquella juez a la que había pedido ocho años antes la prisión provisional para dos policías por golpear a un ciudadano senegalés en los calabozos de la comisaría local.

Se trataba de otra macrocausa por corrupción que pudría al mismo tiempo tres ayuntamientos de Lanzarote y uno de Fuerteventura y que tenía como eje nuclear al mismo interventor municipal habilitado para ejercer en todos ellos. No era un asunto que tocara ni de lejos mis competencias en Medio Ambiente, pero una denuncia anónima de un funcionario, dirigida nominalmente a mi persona, metida en un sobre presentado en la Fiscalía con unas cuantas facturas, bastó para que las diligencias de investigación previas a su judicialización me fueran asignadas por la fiscal jefe de Área, ante la satisfacción y alivio del resto de fiscales.

Volviendo al tema de la bodega, a sabiendas de lo espinoso del asunto que la juez me rebotaba como si le ardiese antes de huir rápidamente a otro destino, procedí conforme al protocolo habitual con la denuncia. Le solicité las típicas diligencias iniciales de recopilación documental de datos recabando los expedientes administrativos oportunos y la emisión de informes periciales de los funcionarios competentes de las administraciones afectadas para que nos dieran su opinión técnica. Ese simple y obligado gesto de preguntar «díganme qué saben de esto» era entrar en la boca del lobo.

Comenzamos el también habitual juego del gato y el ratón con unas administraciones públicas a las que se reclama documentación, en este caso, el eterno Ayuntamiento de Yaiza, el Cabildo de Lanzarote y el Gobierno de Canarias. No coincidían demasiadas veces los documentos que a trancas y barrancas remitían y que se suponía debían dejar constancia oficial de un mismo acto o trámite administrativo sobre el mismo hecho, como tampoco coincidían con los aportados por los denunciantes y obtenidos de las mismas fuentes años antes.

Entonces se me aparecieron tres ángeles. A Joana Macías ya la conocía por sus informes como técnico del Cabildo. El descubrimiento de Elisa Perdomo, aparejadora de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural de la Consejería de Política Territorial del Gobierno canario, fue una de esas bendiciones que cuidan permanentemente de uno. La tercera fue Silvia Muñoz, la nueva juez que se haría cargo del asunto hasta el final con una determinación y elegancia que nunca dejaré de admirar, cual mano de hierro en guante de seda.

Una vez puestas en marcha aquellas primeras peticiones iniciales, me llegó una información.

—Ignacio, entrad allí. Id a inspeccionar la bodega.

La persona alertadora no podía tener mejor olfato. O información. Esperé a que llegaran los informes periciales y remití al juzgado un escrito complementario solicitando una inspección judicial de las instalaciones, acompañados por los peritos firmantes de todos los informes y por varios funcionarios del SEPRONA, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil.

Antes de entrar allí el día señalado, pregunté quién de los presentes era Elisa y, al identificarse, no pude sino mostrarle mi reconocimiento por emitir un informe tan completo. No se había limitado a medir lo que sobre rasante aparecía en las fotos aéreas, describiendo con imágenes paso a paso la evolución de la construcción, su presunta trasgresión a la normativa aplicable y su cotejo imposible entre lo que había solicitado el promotor, lo que se autorizó por el Gobierno autonómico y el Ayuntamiento, y lo que se había construido. Lo que aquella servidora pública había relatado en su informe al analizar los expedientes, tal y como se le había ordenado, trascendía cualquier caso anterior. No solo era técnico hasta la extenuación, sino que era esencialmente valiente. Y era admirable que fuera valiente en aquel asunto, dada su situación de interinidad en el puesto de trabajo, una cosa más que aprendí de ella para los tiempos que me vendrían. Describía que el expediente tenía vida propia y se movía de despacho en despacho sin que los documentos foliados guardaran a veces correspondencia con el respectivo trámite: respuestas sin petición documentada, y viceversa, trámites carentes de amparo legal, alegaciones que no venían a cuento, pero que se acogían como fundamento estimatorio de las resoluciones posteriores sorteando otros impedimentos insalvables, gestiones telefónicas con el promotor, y siempre todo muy urgente. Esa osadía no le saldría gratis, como era de esperar.

La forma de actuar de aquellos actores investigados me traía a la memoria unos versos que había leído de Víctor Fernández Gopar, El Salinero, poeta conejero nacido en Las Breñas en 1844 y fallecido en Yaiza en 1920.

Cuentan que, de niño, durante sus ocupaciones como pastor, decidió aprender a leer y a escribir solicitándoselo al párroco del vecino pueblo de Femés, ya que el sur de la isla de Lanzarote carecía de escuelas. Contratado en 1895 para trabajar en la construcción de las Salinas de Janubio, una joya más de aquella isla declarada desde 1993 Reserva de la Biosfera de la UNESCO, posteriormente sería el maestro salinero encargado de las citadas salinas, profesión que dará origen a su apodo. Gracias a aquella escasa formación consiguió llegar a representar a su pueblo de Yaiza como concejal. Por tanto, conocía a la perfección el funcionamiento de las instituciones; de ahí las reflexiones que, hace más de un siglo, realizaba satíricamente sobre la política local:

Si yo tengo de Alcalde

a mi medianero,

resulta en la Alcaldía

lo que yo quiero.

Si el Secretario he sido

yo quien lo ha puesto,

se escribe lo que sea

por mí dispuesto.

Y si los de la Junta

viven conmigo,

se hacen los repartos

como yo digo.

No habrá quien diga nada,

callan el pico,

respetando las barbas

del hombre rico.

Porque si no se cumplen

bien mis deseos,

saldrán a poco tiempo

de sus empleos.

Y resulta perdido

todo el trabajo,

porque cuanto ellos hagan

yo lo echo abajo.

Aquel informe pericial de Elisa me enseñó a entender e interpretar un poco mejor un expediente administrativo, rama del Derecho que utiliza un lenguaje indescifrable y más que enrevesado para un sencillo penalista, pero que no tendría más remedio que manejar para tratar de reestablecer mis derechos unos cuantos años después. De ahí que, cuando en los años 2020 y 2021 me vi sometido a una investigación penal y a varias administrativas que también tenían vida propia y comunicaciones fantasmales dotadas de toda eficacia, me fuera más sencillo llegar a determinadas conclusiones.

Tras saludar a los acompañantes, aquella mañana de inspección de febrero de 2013 nos faltaba lo mejor: abrir las puertas y descubrir que, en realidad, nada era lo que parecía. Todo era un trampantojo muy bien diseñado. La bodega estaba bajo tierra, convenientemente mimetizada con la lava volcánica. Y no solo eso, también un restaurante y otras diversas dependencias que no aparecían en ninguno de los múltiples proyectos, planos, solicitudes ni autorizaciones obrantes en los expedientes. Y es que aquella insolente incursión estaba rompiendo con la tradición.

Con ocasión de una visita de inspección muy anterior por parte del SEPRONA, bastó el aviso del encargado al dueño sobre la presencia de los agentes allí para que fueran las Fuerzas de Seguridad del Estado las que recibieran una orden y se dieran la vuelta por donde habían llegado sin abrir aquella puerta. Así constaba escrito y solo hacía falta leerlo. Uno se sorprende de encontrar determinados documentos cuando analiza todos los papeles y llega a la conclusión de que solo la desfachatez y esa interminable sensación de poder e impunidad permiten semejantes indecencias. Pero queda el gusto de encontrarlo, leerlo y exhibirlo mientras se piden explicaciones de ello, conteniendo, eso sí, la náusea y la vergüenza ajena. Aunque luego no pase nada más que eso, porque lo que ocurra después no siempre depende de uno.

A medida que avanzaba la instrucción, los investigados en aquel asunto cambiaron de estrategia y dejaron de contestarme en los interrogatorios judiciales. El episodio fue muy divertido en el caso particular de un alto cargo de Medio Ambiente del Cabildo insular. La secuencia ocurrió así:

—¿Usted autorizó la actividad? —pregunté.

—No lo recuerdo.

—Bien. Señoría, ¿se le puede exhibir el folio x? Es un documento aparentemente firmado por el declarante, ya que aparece una rúbrica encima de su nombre y apellidos.

—(Previa exhibición). Sí, es mi firma.

—Entonces, ¿usted lo autorizó?

—No le entiendo.

—Le pregunto que, ya que está firmado por usted y el cargo que consta en la antefirma coincide con el que usted nos ha dicho que desempeñaba en aquel momento, si fue usted quien autorizó lo que consta en el citado documento.

Ante su silencio, decidí echarle una mano para agilizar un poco el acto:

—Se lo pregunto de otra manera más sencilla: ¿usted lee los documentos que firma antes de firmarlos?

—Señoría, el fiscal me está liando y no voy a contestarle a nada más.

El juicio por la construcción de la bodega, celebrado de enero a julio de 2020, acabó en sentencia absolutoria general, ya firme. Nada fue delito respecto a la construcción en aquel paraje, aunque en el juicio que fui a celebrar en junio de 2017 sí se había declarado que fue delito desarrollar en esa nueva instalación aquella actividad, como cualquier otra, porque no se podía construir en ese lugar.

Ocho de los diez acusados se negaron a contestarme a ninguna pregunta. En este caso, todos los acusados fueron condenados, excepto un técnico de la Consejería de Industria del Cabildo y el poderoso empresario promotor de la obra y de su actividad, acusado solo de tráfico de influencias en aquella ocasión. Hubo voto particular absolutorio del presidente del tribunal para todos los condenados, sin excepción, pero el Tribunal Supremo confirmaría las condenas.

Que me encomendaran celebrar aquel primer juicio desde que supieron que me marchaba de Canarias, con el argumento de que era el fiscal que mejor lo controlaba, nunca me terminó de convencer, pero, como yo estaba de acuerdo en hacerlo y el volumen de trabajo que tenía entonces en Madrid me lo permitía, lo preparé hasta donde fui capaz.

A la vista de lo ocurrido, llegué a la conclusión de que debían de ser otras razones las que dieron lugar a mi presencia allí, porque ni se aplicó tal fundamento en ninguna otra ocasión, ni tampoco tenía demasiado peso que cualquier otro compañero de esa Fiscalía Superior, con mucha más experiencia y conocimientos, no pudiera lograr el mismo resultado, e incluso mejor.

La realidad es que no se trataba de una cuestión meramente jurídica. Ni era una incomodidad novedosa que fuese un tema muy seguido por los medios. Era la plasmación gráfica del «sálvese quien pueda». Al fiscal del caso se le organizó una brutal y pública campaña de desprestigio y nadie más quería pasar por lo mismo.

3. «Fiscal Stampa corrupto»

El fiscal Eduardo Esteban formaba parte de la plantilla de la Fiscalía Provincial de Madrid cuando fue mi tutor en la fase de prácticas previa a la elección de destino. De él aprendí mucho y bueno, y tengo la fortuna de que siempre hemos mantenido una excelente relación. Me previno, junto a mis compañeras Cristina y Belén, de que, desde el momento en que comenzáramos a ejercer la función pública, estaríamos expuestos a que nuestros actos no solo se conocieran, sino que se criticaran, incluso desabrida y malintencionadamente.

Al margen de aquel cutre conato del comisario de Arrecife tratando de molestarme porque se esclareciera una vergüenza puntual acaecida en las dependencias bajo su mando en el año 2005 y las casi inevitables alusiones periodísticas a los nombres de los funcionarios responsables de cada asunto relevante durante las diferentes operaciones de corrupción en las que participé entre los años 2008 y 2013, la única ocasión en la que aparecí en un medio de comunicación en Canarias fue por la obligada presentación de unos cursos de Derecho Procesal Penal que organizó en la isla una editorial jurídica. Hasta que, en 2014, se desataron definitivamente las hostilidades.

El hecho desencadenante fue el cierre cautelar de todo el complejo de aquella bodega ya aludida, con su restaurante, tienda y demás instalaciones para multitudinarios conciertos, ferias y otros pintorescos eventos en pleno paraje protegido, sin otro sistema de evacuación de aguas residuales que el de pozos negros destinados a verter los deshechos humanos, animales, vegetales y químicos al subsuelo del lugar.

Tuvo lugar el 20 de diciembre de 2013, día de nuevo señalado en el calendario al tratarse de mi cuadragésimo aniversario. Se acordó dicha medida a instancia de los dueños del terreno, que habían visto cómo en 2003 fue invadida su propiedad para semejante capricho ajeno: ellos fueron arrollados por un sistema que los pisoteó como a una chinche, sin que después les quedara más alternativa que la de buscar el auxilio de una administración cómplice o alguna irrisoria compensación, esperanzados en la magnanimidad del amo.

No solo la Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas se mostró conforme cuando se les dio cuenta de la petición de cierre, sino que también lo hizo el Cabildo insular. Es más, aunque resulte evidente, aquella medida cautelar no la decidió la Fiscalía y, mucho menos, un fiscal concreto, sino una magistrada. Pero todo eso no importaría. Se construiría una fábula mediática, probablemente bien pagada, que partiría de la falsa premisa de que un fiscal había sido el causante de aquella infamia tan inimaginable como intolerable.

Entre abril y septiembre del año 2014 el «periodista» canario Francisco Javier Chavanel Seoane —a través de su programa diario de radio El Espejo Canario, de la productora El Escorpión de Jade y emitido en horario de máxima audiencia matinal, y de sus artículos de «opinión» publicados los domingos en la edición en papel y después en la página web de Canarias7, el diario de mayor tirada de la provincia de Las Palmas— difundió, jaleado por sus obedientes empleados y contertulios, informaciones consistentes en la imputación de múltiples abusos en el ejercicio de mi cargo, incluyendo varios delitos de cohecho, para obtener ventajas de uno u otro tipo. También se reproducían la mayoría de esos mismos artículos en el diario local de Lanzarote Lancelotdigital y en su canal televisivo Televisión Lancelot; habíamos visto que ambos eran propiedad de la sociedad titular del centro lúdico clausurado y, por decantación, del empresario de marras dueño en la sombra del complejo clausurado.

Este locutor —que ya había sido condenado el 17 de junio de 2011 por llamar durante dos días prevaricador a un magistrado grancanario— de la noche a la mañana comenzó a lanzar y a repetir infundios diariamente, durante seis meses consecutivos, con el efecto por todos conocido que tal actuación provoca en las creencias de cualquier oyente o lector.

«Repite una mentira con suficiente frecuencia y se convierte en verdad» es una ley con frecuencia atribuida, pero sin demasiada base científica, al ministro de Propaganda nazi Joseph Goebbels, reconocido jefe de campaña por su trascendencia en el proceso de ascenso del tirano Adolf Hitler al poder y por el impacto de sus estrategias mediáticas en la creación de la identidad antisemita. Aunque se suela vincular esa filosofía con aquel infame régimen, diversos estudios no le consideran el creador de la frase, ni de dicha estrategia de comunicación, porque ya en el siglo I d.C. Plutarco se la atribuyó a Medio de Larisa en sus Obras Morales.

Se denomina «técnica de la ilusión de verdad» o también «efecto de validación o de reiteración». Consiste en que la exposición a aseveraciones falsas se va convirtiendo en cierta en nuestra mente a medida que aumenta la cantidad de veces que las oímos o leemos y está íntimamente relacionada con el efecto de exposición, uno de los fenómenos más estudiados por la sociología y el marketing y que trataré con algo más de detalle en el capítulo diecinueve de este libro.

Pues bien, salvando las obvias distancias, el paralelismo resultaría evidente, ya que la misma reiteración de falsedades la sufriría también seis años después en Madrid a escala nacional en prensa escrita, radio y televisión. Pero lo más curioso es que la emisaria llegada desde Canarias para ello no solo repetiría en Madrid los mismos hechos que su colega había vomitado varios años antes contra mí en el archipiélago, sino que lo haría haciendo referencias expresas a aquel.

Entre las punzantes carantoñas del susodicho y lenguaraz «cronista» canario, estaban las que expondré a continuación:

Con carácter general, pretendía reflejar mi imagen como la de un fiscal que despóticamente ejercía un poder omnímodo sobre los jueces de Lanzarote, Fuerteventura e incluso Gran Canaria, manipulándolos para que tomaran sus decisiones de forma que siempre se ajustaran a mis intereses.

Gracias a ese tráfico de influencias, «informó» a los canarios de que, como resultado de sus «investigaciones», descubrió que un despacho de abogadas tenía un cien por cien de éxito en sacar de la cárcel conejera de Tahíche a presos relacionados con asuntos de drogas y de extranjería. Ese humilde y más que honrado bufete jurídico se convirtió en objeto de ataque simplemente porque pertenecía a la familia de mi mujer, Mercedes.

Resultó tan patética aquella «investigación periodística» por la que «todo el mundo sabe en la isla que hay que acudir a ese despacho para obtener la libertad provisional» que, cuando su sabueso investigador y colaborador radiofónico fue preguntado por ello en la sala el día del juicio que nos enfrentó, se limitó a justificar que el origen de su conocimiento, es decir, su fuente, era «un cliente preso de otro abogado, que le había dicho eso», sin citar el nombre de ninguno de los concernidos, ni aportar detalle alguno.

En esa línea, dibujaba un fiscal esencialmente corrupto, que estaba actuando delictivamente en su trato contra la famosa bodega y su dueño, a los que tendría especial interés en perseguir por motivos espurios. Se acudió entonces a la socorrida estrategia de infundir miedo entre los demás profesionales del sector vitivinícola, uno de los más prestigiosos y potentes para la economía insular dada la extraordinaria calidad de los vinos producidos, mayoritaria, pero no únicamente, en el paraje de La Geria. Si la instalación clausurada era modélica, y poco menos que la mejor del mundo, las demás debían prepararse para protegerse de los abusos del fiscal.

Como aquella burda propaganda no surtió efecto, pronto se pasó a sostener que el fiscal utilizaba un doble rasero prevaricador al dispensarles un trato arbitrariamente discriminatorio respecto de las demás, a las que no investigaría, a pesar de encontrarse en peores condiciones. Era la estrategia que había pronosticado El Salinero un siglo antes:

Y resulta perdido

todo el trabajo,

porque cuanto ellos hagan

yo lo echo abajo.

Cualquiera que se dedicara al sector sabía que aquello era falso, máxime conociendo al personaje instigador de tal embuste, pero no el resto de los destinatarios de aquellas patrañas sobre una fuente de riqueza tan paradigmática para los lanzaroteños.

Todas las bodegas fueron inspeccionadas y se dio la circunstancia de que ninguna justificó motivos para sanción por infracciones semejantes, salvo la que se ubicaba justo enfrente de la díscola, en su suelo sujeto a idéntico régimen jurídico, y cuyos administradores fueron condenados en firme por construir un poquito de más donde no debían. Estos, cívicamente, reconocieron los hechos y demolieron sus excesos. De nuevo, las paradojas de la Justicia mostrando las aristas del principio de igualdad. No se trata de tener abogados mejores ni peores. Es la justicia de los ricos y la justicia de los pobres.

Como sabían que aquello no tendría la suficiente fuerza, para engordar la falacia y dotar de más credibilidad al invento, optaron por resucitar el caso Unión, aquel asunto sobre el que había dejado de tener cualquier responsabilidad cinco años antes. Aquí los desatinos condujeron a la necesaria reflexión sobre su eventual carácter delictivo.

Para empezar, afirmaban día tras día que había urdido el operativo, de acuerdo con el juez, en connivencia con el Partido Socialista Canario y con la Fundación César Manrique. Después, que había vulnerado sistemáticamente los derechos de los detenidos, malas praxis que, en su conjunto, habrían llevado a mis superiores a que me apartaran del tema. Como ya expuse, la realidad fue que me dediqué al otro asunto de corrupción hotelera y residencial que me habían encomendado mis jefes por orden de Madrid.

Como el Partido Socialista no necesita ni una mínima presentación, quizá sí sea conveniente explicar que la Fundación César Manrique es una institución cultural privada, sin ánimo de lucro, que fundamenta su actividad a través de cuatro áreas complementarias de trabajo: César Manrique, las artes plásticas, el medio ambiente y el territorio, y la reflexión cultural. Los objetivos de su actividad, recogidos en su acta de creación, son los siguientes: conservar, estudiar y difundir la obra y el legado artístico de César Manrique; promover exposiciones, estudios e iniciativas que atiendan a las relaciones entre arte y naturaleza; desarrollar actividades que favorezcan tanto la conservación del medio natural como su transformación sostenible y la ordenación del territorio, en particular en Lanzarote y Canarias, y promover la actividad intelectual, creativa y el pensamiento crítico. En aquel momento, contaba con S.M. la Reina Doña Sofía como presidenta de honor y, poco después, desde la abdicación de Don Juan Carlos, con S.M. la Reina Doña Letizia.

Aunque el sinsentido chocaba de plano con la realidad, ya que hubo varios miembros del Partido Socialista investigados, detenidos e incluso encarcelados por el caso Unión, lo verdaderamente impúdico era utilizarme para atacar a una institución como la Fundación César Manrique, constituida en el año 1983 por uno de los artistas más polifacéticos y universales que ha dado nuestro país y que desde su puesta en marcha en 1992 no ha dejado de engalanar el patrimonio de todos nosotros mediante su incesante labor en busca de la protección y de la difusión de una obra de tal belleza, de unos valores únicos en el mundo, y de un amor y orgullo por su tierra que quienes los insultaban y los que pagaban dinero para ello jamás serían capaces siquiera de imaginar.

Lo siguiente era tratar de convencer a la ciudadanía de que estaría pagándole favores a un antiguo cargo público que no fue llamado a prestar declaración en los juzgados en relación con el ya comentado caso a partir del año 2008, con motivo de haber disfrutado gratuitamente junto a mi entonces mujer del arrendamiento de una vivienda de su propiedad al llegar a la isla, de un vehículo de gama alta de su empresa de alquiler, y de haberle facilitado un puesto de trabajo a ella en el Ayuntamiento de Arrecife como técnica interina en la Concejalía de Asuntos Sociales.

Como en todo lo demás, la carga de la prueba de toda aquella «información» la tenía el candidato a periodista, pero, para mayor evidencia, aportamos la factura de compra del coche en un concesionario que nada tenía que ver con el político, y María José no solo tenía perfectamente guardados y ordenados la convocatoria pública a la plaza, los exámenes corregidos y las resoluciones de su nombramiento, sino todos y cada uno de los recibos del pago del alquiler del piso disfrutado desde nueve años antes.

Lo último que sufrí fue una gran pintada en una calle de las más céntricas de Arrecife realizada el 23 de septiembre de 2014 que, con gruesos trazos de espray negro, rezaba: «FISCAL STAMPA CORRUPTO». Supongo que tendría alguna relación con aquella otra de idéntica grafía que apareció en una calle aledaña el 21 de diciembre de 2013, día después de que se acordara el cierre cautelar de la bodega, y que decía: «STAMPA HIJO PUTA».

Este tipo de presiones tienen por objeto que desistas, aflojes o, simplemente, pierdas la concentración. También para lo que es quizá más peligroso: que pierdas la templanza necesaria para no caer en las provocaciones constantes de cada actuación procesal. Y si decides emprender acciones, te quita mucho tiempo, salud y dinero, sobre todo si los tuyos no ven lo mismo que tú, ni les importa, por lo que te puede llegar a desgastar en algunos momentos.

Cuando se produce una situación como esa, uno llega a sentirse capaz de aguantar todo lo que caiga sobre su espalda, pero cuando tocan a tus familiares llegas a dudar. Especialmente si los supuestos compañeros con los que compartes oficina se alejan despavoridos por miedo a ser señalados al verse descubiertos por mostrarte su apoyo de alguna manera, en público o privadamente. Y de tus fiscales jefes más cercanos recibes los siguientes ánimos cuando les preguntas si no van a hacer nada cuando no paran de difundir que hay un corrupto trabajando en temas de corrupción en su plantilla: «Van a pensar que somos corporativistas». O también: «Haz lo que quieras, estás en tu derecho. Nosotros no vamos a apoyarte en ninguna querella. Otra cosa es que interpongas una demanda civil, y ya veríamos».

Sería Antonio Vercher, aquel jefe que me atribuyó el más complejo asunto urbanístico desde Madrid en el lejano 2008, quien desde la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado me remitiera un oficio, fechado el 30 de junio de 2014, por el que salía al paso de «determinadas informaciones públicas que por su carácter sesgado y malintencionado constituyen sin duda una invasión de la esfera personal y un ataque al honor de V.I.».

Aquel mayúsculo gesto de lealtad y defensa de tan alta autoridad hacia uno de sus subordinados se expresaba en los siguientes términos:

«La totalidad de la plantilla de los 153 Fiscales Especialistas de Medio Ambiente y Urbanismo, con la que se ha contactado directamente por esta Fiscalía, deplora semejantes publicaciones e iniciativas y quiere manifestar su más claro apoyo a V.I. ante un ataque lamentable».

El ruido de aquel momento no solo era molesto, sino que su repercusión y gravedad provocaron que el máximo órgano de representación de la carrera fiscal, el Consejo Fiscal, presidido por el fiscal general Eduardo Torres-Dulce, también se pronunciara duramente:

El pleno del Consejo Fiscal celebrado en Barcelona los días 8 y 9 de julio de 2014 ha tomado conocimiento de diversas manifestaciones realizadas en radio y en artículos publicados en prensa que han pretendido poner en cuestión la profesionalidad y honorabilidad del fiscal destinado en la Fiscalía de Área de Arrecife de Lanzarote Ilmo. Señor don Ignacio Stampa Fuente con motivo de la intervención procesal de este en diversos procedimientos judiciales de notable relevancia jurídica y social relacionados con la ordenación del territorio, el medio ambiente y la corrupción.

Tales comentarios exceden notablemente de la crítica legítima a la que está expuesta la labor profesional de todo funcionario público puesto que, sin llegar a afirmar de manera directa hechos delictivos concretos, sí formulan insinuaciones infamantes que ponen en entredicho conductas personales que se relacionan con actuaciones procesales de forma que su audición o lectura pueden provocar en el ciudadano una impresión manifiestamente distorsionada sobre la labor imparcial que desarrolla el Ministerio Fiscal en estos procedimientos.

El ámbito regional y/o local de estas publicaciones le han conferido una indudable repercusión a nivel social y corporativo particularmente intensa en la isla de Lanzarote, lo que incrementa el injustificado daño al honor del fiscal.

Por ello el Consejo Fiscal ha acordado:

Manifestar públicamente su respaldo a la actuación del fiscal Ilmo. Señor don Ignacio Stampa Fuente en el cumplimiento de sus obligaciones profesionales.

Afirmar que este tipo de críticas ni han condicionado ni van a condicionar la labor del Ministerio Fiscal en el cumplimiento de las funciones que le impone la Constitución Española en defensa de la legalidad de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley.

Instar el cese de los ataques contra el honor personal del fiscal mencionado sin perjuicio de que en caso de mantenerse los mismos pueden instarse o iniciarse otro tipo de actuaciones de naturaleza jurídica.

Esta nota fue remitida a todos los medios de comunicación de la provincia de Las Palmas y todos se hicieron eco de ella. Solo uno, aquel Lancelotdigital ya mencionado, criticó tal apoyo institucional tachándolo de corporativista, el mismo calificativo que tanto temía alguna destacada figura de la Fiscalía canaria.

Aquello no calmó la agresividad de los voceros, desafiantes incluso, pero a mí me dio bastante oxígeno, hasta el punto de que decidí lanzarme a la piscina, buscar abogado y procurador, y ponerme a preparar una demanda por intromisión ilegítima en mi derecho al honor.

El 30 de septiembre de 2014 la presentamos en el decanato y pronto fue repartida. En contra del criterio de mi letrado, preferí perder una oportunidad de obtener solvencia económica en caso de ganar el pleito. Me opuse a que demandáramos también al medio digital vinculado al empresario, porque lo consideré el instigador y financiador de toda la campaña. Era una burda trampa que, a buen seguro, se utilizaría para obligarme a abstenerme de todos los procedimientos existentes contra él o contra su sociedad propietaria. Y estaba claro de dónde me querían apartar, tanto que hasta los codemandados plantearon que no había dirigido mi acción contra ese medio como argumento añadido para defenderse.

El juicio, al que ya he hecho alguna alusión, no se celebró hasta el 17 de febrero de 2017. La razón del retraso no fue otra que la mala suerte, traducida en la abrupta y consecutiva aparición de amigos en todos los juzgados de primera instancia del partido judicial, que sucesivamente se abstenían del conocimiento del asunto. Unos defendían que había sido el fiscal adscrito a su juzgado. Otros, como no podían ampararse en el mismo fundamento, alegaban que habían coincidido en algún acto procesal, ya que los asuntos de medio ambiente estaban desperdigados por todo el partido. Otros sostuvieron que me conocían y que el partido judicial era muy pequeño; ¡a ver qué iba a pensar la gente de su profesionalidad!

Lo sorprendente era que se les admitían todas aquellas razones, por lo que tuve que solicitar por escrito a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que nombraran a cualquier juez, de cualquier otro partido judicial de la comunidad autónoma, para que, de una vez, alguien juzgara mi caso. Mi argumento para ello tenía como base que daba igual que los jueces me conocieran o no, porque con ese criterio de estimación de abstenciones la rotación de sustituciones no iba a concluir nunca. El último se había abstenido aduciendo que, recién aterrizado y sin conocerme, había acudido a un acto social para integrarse en la isla junto con otros múltiples operadores jurídicos y eso podía comprometer su imagen de imparcialidad. Ese acto había sido mi despedida en mayo de 2016. Es verdad, nos presentaron. No cruzamos más palabra. Y no volvió a verme, obviamente.

Fue un juez sustituto que llegó después de mi marcha, Manuel Cerrada Moreno, quien asumió lo que, sin más, formaba parte de su cometido allí: decidir si el gacetillero, su productora y el medio de prensa escrita habían vulnerado mi honor o si, por el contrario, habían ejercido correctamente su derecho a la libertad de expresión e información.

Comprobé que cuando estás sentado ante un tribunal y un tercero va a decidir sobre lo que estás convencido de que es una injusticia y te ha hecho tanto daño sientes verdadero pánico. El juicio fue muy largo porque, en contra de la voluntad de los demandados, insistimos en que nuestra prueba principal, es decir, las grabaciones del programa de radio, se escuchase en la sala para asegurarnos hasta lo posible de que el juez percibiera el tono, los sarcasmos y todo lo que acompaña a las palabras de alguien al que no ves cuando habla. Es una inmediación muy limitada, ya que, conforme a la conocida como regla Mehrabian (establecida por el psicólogo estadounidense de origen armenio Albert Mehrabian), el 7 por ciento de la información que obtenemos es verbal, el 38 por ciento, vocal a través del tono, matices y otras características y el 55 por ciento restante la captamos a través de las señales y los gestos. Tras dar sus zafias explicaciones los demandados allí presentes, entendimos relevante que ese concreto 38 por ciento le llegara bien al juez, por incómodo que me resultara volver a escucharlo. Pero la vergüenza no la pasé yo, la sufrieron ellos.

La sentencia se dictó el 16 de mayo de 2017 y condenó solidariamente tanto al periodista como a su productora de radio por todos los hechos descritos en la demanda como constitutivos de intromisiones ilegítimas en mi derecho al honor, absolviendo al periódico. Como era de esperar, la sentencia fue apelada. El 14 de marzo de 2019 la Audiencia Provincial de Las Palmas rebajaba la indemnización, pero hacía algo más importante para el restablecimiento de la verdad al estimar mi recurso: condenaba también al periódico.

Como también era lógico y previsible, llegamos hasta el Tribunal Supremo, cuya sentencia se esperaba, casualmente, durante los peores momentos de la campaña mediática organizada para sacarme de Anticorrupción en Madrid. Se dictó el 21 de septiembre de 2020. ¿Por qué existe tanto paralelismo entre las dos campañas mediáticas organizadas en Las Palmas y en Madrid para perjudicar, de semejante forma, mi credibilidad profesional y mi imagen personal?

Para explicarlo es imprescindible sintetizar los fundamentos de las tres sentencias que se dictaron sobre aquel asunto, sin necesidad de emitir ninguna valoración personal. La comparación con lo que ocurre en otras muchas situaciones, y no solo con la que me afectó a mí, parece sencilla.

He de comenzar por ello anticipando que el argumento más socorrido por un desinformador disfrazado de periodista, para poder mentir impunemente, es el de tratar de camuflar una opinión detrás de lo que, en realidad, se presenta como una información. Y esa «información» muchas veces surge tras una ardua «labor investigadora», que consiste en poner la oreja para captar meros rumores y, a veces, ni eso. Y lo peor es el daño que hace este tipo de «periodismo» al periodismo de verdad, que sí ejercen tantos periodistas en nuestro país, y que es esencial para la buena salud de un Estado democrático, ya que la actitud de los malos, como sabemos, hace que dudemos de los buenos. Y tan peligroso es creerse las noticias falsas como dudar de las reales.

Así, a la hora de distinguir entre la libertad de expresión y la libertad de información, y ya ciñéndome a los hechos concretos que se me imputaban, aunque sean extrapolables a cualquier otro caso similar, la clave está en el cumplimiento o no de los deberes de veracidad y de contraste de todo periodista. Así lo explicaba en mi concreto caso el Tribunal Supremo:

El Sr. Chavanel, en sus artículos y programas de radio, ha expresado opiniones y valoraciones personales, pero también ha transmitido información y ha propagado simples rumores insidiosos. Y mientras que a las primeras no se les puede aplicar el canon de veracidad, cuando se transmite información sí es exigible el requisito de la veracidad.

Este requisito, que la información transmitida sea veraz, ha sido incumplido por el Sr. Chavanel puesto que, de acuerdo con lo fijado en la instancia, las informaciones transmitidas respecto del demandante se han revelado falsas y no existe prueba de que el recurrente hubiera intentado comprobarlas conforme a cánones de diligencia profesional.

Se trató, por tanto, de la difusión de rumores e infundios sobre la actuación del demandante como fiscal. De las manifestaciones del periodista demandado se desprende que el demandante habría obtenido favores (no cobrarle el alquiler del piso, facilitarle un vehículo de alta gama, enchufar a su exesposa en el Ayuntamiento de Arrecife) de una determinada persona contra la que no había dirigido acusación pese a estar implicada en tramas corruptas. Asimismo, el citado periodista se hizo eco de un supuesto rumor según el cual el bufete en el que trabajaba la pareja del fiscal tenía un altísimo porcentaje de eficacia en la consecución de la libertad condicional de los investigados en asuntos de inmigración y tráfico de drogas.

Cuando exponía estos hechos, añadiera la «coletilla» de «es mi tesis», «es mi hipótesis de trabajo», «es mi teoría», no le exime de comprobar diligentemente la veracidad de la información que comunicó públicamente y que vulneraba el honor de las personas afectadas.

En la primera sentencia, a la que se está remitiendo nuestro alto tribunal en la suya, el juez de Lanzarote había ido especificando esas maniobras del periodista para disimular la naturaleza de sus actos:

El director del programa facilita datos a la audiencia dando a entender que los mismos, por más que se expongan intercalados con opiniones y juicios de valor, son fruto de una labor de investigación periodística. Así se desprende del modo general en que se expresa el Sr. Chavanel y, en concreto, de expresiones tales como «hemos sabido…»; «añadiremos nuevos datos a lo que ya denunciamos ayer»; «lo voy a poder demostrar en los próximos días»; «Esas cosas ocurrieron así y están fundamentadas en papeles, en declaraciones y en documentaciones»; o «Este periodista, este programa puede demostrar…». Todo lo cual transmite la idea de que lo que sigue son datos objetivos y susceptibles de contraste.

Por su parte, la Audiencia Provincial en la segunda instancia había ido más allá a la hora de describir la infracción cometida. Considero muy útil insertar este párrafo, porque todos los días oímos y leemos cosas similares:

Ante piezas periodísticas en las que predomina la opinión, se hace una crítica feroz de la actuación del representante del Ministerio Público en dos procedimientos penales de gran notoriedad pública, en que se investiga corrupción de funcionarios públicos y afectan a personas de relevancia empresarial en la isla.

La opinión del profesional es muy contraria a la forma en que se tramitaban. Pero esa opinión va acompañada y sustentada en información sobre determinados hechos, que son falsos, no contrastados o han sido interpretados de manera intencionalmente sesgada. Lo que no ampara la libertad de expresión es que dicha crítica se fundamente en hechos falsos y tergiversados.

Esos hechos carecieron de la mínima verificación diligente. No pueden ser individualmente considerados, sino en su conjunto, puesto que se vierten en los mismos días y medios de comunicación y respecto a los mismos casos. La manera sesgada en la que se presentan rumores, suposiciones o sospechas no acreditadas, dota a la crítica de un fundamento falso, y contribuye a crear una imagen equivocada en la opinión pública acerca de la connivencia y favores entre la Fiscalía y ciertos políticos.

En cuanto a las consecuencias de la difusión pública de informaciones falsas carentes de contraste, el Tribunal Supremo concluyó:

Se trataba de hechos que suponían un grave desprestigio para el demandante, que cuestionaban su integridad moral y su rectitud profesional, y le atribuían la comisión de hechos ilícitos, cuando no directamente delitos y, por tanto, constituían una intromisión en su derecho al honor. Al no ser veraces, puesto que no consta que el demandado actuara diligentemente para comprobar que sus afirmaciones se correspondían con la realidad, la intromisión en el honor del demandante es ilegítima.

Y es que el prestigio profesional forma parte del marco externo de trascendencia en que se desenvuelve el honor, pero exige que el ataque revista un cierto grado de intensidad para que pueda apreciarse una trasgresión del derecho fundamental, ya que la actividad profesional suele ser una de las formas más destacadas de manifestación externa de la personalidad y de la relación del individuo con el resto de la colectividad. De tal forma que la descalificación injuriosa o innecesaria de ese comportamiento tiene un especial e intenso efecto sobre dicha relación y sobre lo que los demás puedan pensar de una persona, repercutiendo tanto en los resultados patrimoniales de su actividad como en la imagen personal que de ella se tenga.

También se trató el concepto de «personaje público» y su sometimiento a un mayor escrutinio y crítica, dada mi condición de fiscal. Así, con apoyo en la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, los jueces resolvieron en el siguiente sentido:

En la categoría de «personajes públicos» deben incluirse, desde luego, las autoridades y funcionarios públicos, quienes deben soportar, en su condición de tales, el que las actuaciones en el ejercicio de sus cargos y funciones se vean sometidas al escrutinio de la opinión pública y, en consecuencia, a que no solo se divulgue información sobre lo que digan o hagan en el ejercicio de sus funciones, sino, incluso, sobre lo que digan o hagan al margen de las mismas, siempre que tenga una directa y evidente relación con el desempeño de sus cargos.

Cuando lo divulgado venga acompañado de expresiones formalmente injuriosas o se refiera a cuestiones cuya revelación o divulgación es innecesaria para la información, es evidente que el personaje público es, a todos los efectos, un particular como cualquiera.

De este modo, los límites permisibles de la crítica son más amplios si esta se refiere a personas que, por dedicarse a actividades públicas, están expuestas a un más riguroso control de sus actividades y manifestaciones que si se tratase de simples particulares sin proyección pública alguna. Así, en un sistema inspirado en los valores democráticos, la sujeción a esa crítica es inseparable de todo cargo de relevancia pública, pues quienes los ejercemos nos exponemos, inevitable y conscientemente, a un control atento de nuestros hechos y gestos, tanto por los periodistas como por la totalidad de los ciudadanos, al extremo de quedar sujetos a la carga de una mayor tolerancia.

Pero esta amplitud de límites permisibles a la crítica hacia personajes con relevancia pública tiene, a su vez, el contrapeso claro de que se intensifique la diligencia a la hora de contrastar una información, precisamente para preservar la confianza de los ciudadanos que reciben esa información, en un sistema democrático.

Tras seis años de litigio, me compensó moralmente la victoria, a pesar de la difícil incertidumbre que me supuso someterme a varias decisiones de los tribunales, ya que, por fin, se acababa ese particular calvario y, además, me llegaba en un momento que, ingenuamente, pensé que era providencial.

Nos notificaron la sentencia el día 28 de septiembre de 2020, cuando en círculos judiciales y, particularmente, en el seno del Ministerio Fiscal seguía comentándose con estupefacción el bochornoso espectáculo protagonizado días previos por el número uno de su escalafón, el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, a raíz de unas declaraciones públicas realizadas contra mí en sendas entrevistas en dos medios de comunicación y que transcribiré en un capítulo posterior.

El Tribunal Supremo daba en ese momento por zanjado que en mi etapa en Lanzarote se había orquestado una campaña mediática de desprestigio, basada en informaciones falsas y hasta de contenido posiblemente delictivo sobre mi persona. Lo mismo me estaba ocurriendo cuando se dictó la sentencia.

Ya describí la reacción de la judicatura y de las Fiscalías canarias y de la Fiscalía General del Estado en aquel caso. Ahora, la cúpula de la Fiscalía General no solo no salía en mi amparo, sino que me agredía directamente a nivel nacional en horario y programas de máxima audiencia. Ante semejante descrédito de la Fiscalía, no hubo reacción alguna contra dicho altísimo cargo de la institución.

A pesar del paralelismo, en esta ocasión tenía bastante claro que no estaba dispuesto a iniciar una nueva contienda judicial de esas características para que los mismos medios de comunicación aprovecharan unos altavoces y una capacidad económica que yo no tendría jamás y me estuvieran azuzando con ello durante todos los años que aquella se prolongase, sin la menor garantía de victoria. Tenía razón el letrado de uno de los demandados cuando dijo en la vista oral del juicio en Lanzarote que lo que había dicho aquel locutor canario era propio de «Mickey Mouse». La que en 2020 me estaba cayendo encima era infinitamente más poderosa y dañina.

De forma simultánea a esa batalla judicial, todas las resoluciones de la juez Silvia Muñoz sobre el complejo bodeguero eran ratificadas por la Audiencia Provincial, que confirmó la medida cautelar de clausura temporal de las instalaciones, desestimando los recursos y haciendo oídos sordos a las amenazas de acciones judiciales por unos irreparables y elevadísimos perjuicios económicos al sector vitivinícola, así como unos supuestos daños reputacionales a sus dueños, que nunca se nos interpusieron.

Pero había que calentar el ambiente para la sentencia del juicio contra dicha construcción, que concluiría en julio de 2020.

Esta relación de hechos y fundamentos de nuestros tribunales a la hora de poner coto a algunos desmanes «periodísticos» merece otra reflexión judicial, también firmada por aquel desconocido jurista que, destinado por escaso tiempo en Lanzarote para suplir la ausencia del juez titular, afrontó su deber y redactó durante tres meses una sentencia de más de setenta folios:

La condición de juez, además de los deberes estrictamente profesionales, impone deberes de carácter ético no susceptibles todos ellos de ser reconducidos a la competencia profesional.

Como se ha apuntado, no consta dato alguno que permita inferir racionalmente que el fiscal Stampa haya actuado de forma no ya ilegal, sino meramente irregular, deshonesta o de algún modo contraria a los intereses generales.

Párrafos idénticos a estos los leeré también en noviembre del año 2020 en cada uno de los sucesivos intentos de archivo consignados en los decretos dictados por los fiscales Carlos Ruiz de Alegría y Jesús Caballero Klink en la investigación fraudulenta a la que me vi sometido por la segunda y feroz campaña de descrédito y propaganda, ejecutada esta vez en Madrid, y que, a la postre, motiva este libro.

Por eso decía al inicio que no sufrí un ataque físico, pero el atentado profesional y moral sí fue, esta vez, definitivo. Y también lo organizó y ejecutó una banda.

4. Anticorrupción

Cuando ya rondaba por mi cabeza la idea de concursar para salir de Lanzarote rumbo a otro destino que me permitiera estar cerca de mis hijos, se convocaron seis plazas en comisión de servicios para reforzar durante un año la sede central de la Fiscalía Anticorrupción en Madrid. Fue en el mes de marzo o de abril del año 2015, un momento en el que estaba siendo muy castigado en la isla por aquel locutor radiofónico y en el que acumulaba ya casi cinco años volando cada diez días para ver a los niños. Era capaz de dibujar completamente las terminales de los aeropuertos de origen y de destino.

Como llevaba desde 2008 bregando con corruptos, me animé a cursar la solicitud. Fuimos trece los peticionarios que aspiramos a las plazas, pero apenas confiaba en que tuviera alguna posibilidad real optando desde una Fiscalía tan pequeña como la de Arrecife. Además, mi bagaje profesional relacionado con el catálogo de delitos competencia de esa Fiscalía especial se ceñía a haber intervenido en unos cuantos asuntos grandes, sí, pero solo a nivel local, sobre delitos contra la Administración Pública y blanqueo de capitales.

Siguiendo la recomendación de una veterana compañera y amiga, pedí cita para presentarme ante el fiscal jefe Anticorrupción, que entonces era Antonio Salinas. Los jefes de las Fiscalías cuyas plazas no se ocupan por antigüedad en el escalafón, sino por decreto de designación discrecional del ministro de Justicia, a propuesta del fiscal general del Estado de turno (como ocurre con la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía Antidroga o la Fiscalía de la Audiencia Nacional), ostentan un importante papel consultivo y, a veces, decisivo. Me dijeron que les suelen llegar los currículums de los peticionarios y referencias de gentes de todo tipo, mayoritariamente fiscales, a los que preguntan o se les acercan para orientar su predilección, ya que estos muestran un lógico interés en saber quién les puede llegar. Como digo, los vocales del Consejo Fiscal —órgano que ha de ser oído antes de dichos nombramientos, aunque sus votos no tengan carácter vinculante— y los fiscales generales, que a la postre son los que deciden, escuchan sus preferencias.

Antonio me atendió con una amabilidad extraordinaria, pero me vino a decir con mucho tacto y discreción que, aunque no dependía de él, había seis candidatos muy potentes. Inmediatamente compartí el criterio de que concurrían al menos seis fiscales que debían ser designados sin género de dudas muy por delante de mí, bien porque ya venían desarrollando su labor en esa Fiscalía, porque lo hacían en alguna de sus delegaciones provinciales o en secciones de delitos económicos de otras Fiscalías, o bien porque contaban con tanta antigüedad o una especialización tan abrumadora en materias vinculadas a las propias de la plaza que, francamente, no podía competir con ellos. Cumplí con el protocolo y me marché a Rumanía durante dos semanas a un intercambio judicial organizado por el Consejo de Europa.

Como era de esperar en aquella ocasión, fueron propuestos los seis candidatos más preparados objetivamente, pero llegó a mis oídos que se había suscitado un cierto debate en aquel Consejo Fiscal y que mi candidatura contó con algunos apoyos. Lo curioso fue que, aun estando asociado a la Asociación de Fiscales, me soplaron que quienes me habían votado y apoyado muy vehementemente para ser propuesto fueron los tres vocales del Consejo elegidos por la Unión Progresista de Fiscales. En cualquier caso, recuerdo que, una mañana, mientras accedía al edificio judicial de Arrecife, recibí la atenta llamada de la presidenta de la AF, que me explicó las razones por las cuales habían decidido apoyar a otros candidatos. Le mostré mi agradecimiento por el gesto de llamarme y le transmití que comprendía absolutamente su decisión.

Aquello me animó porque nunca pensé que pudiera tener verdadera opción y tampoco antes me había imaginado formando parte de una Fiscalía como aquella, pero la idea empezó a hacerme ilusión hasta el punto de que llegó a provocarme una cierta impaciencia.

Seguí con mis quehaceres en la isla conejera y con mis incansables viajes a Madrid para disfrutar de mis retoños hasta que, entre marzo y abril de 2016, volvió a presentarse por sorpresa la misma oportunidad, pero esta vez solo para dos plazas.

Antes de conocerse oficialmente los peticionarios, me encontraba una vez más en Las Palmas de Gran Canaria para celebrar otro juicio con jurado por asesinato cuando pasé a visitar al fiscal superior de la comunidad autónoma. Allí me dijo que él ya sabía que había solicitado la plaza en Anticorrupción un fiscal de la delegación de dicha Fiscalía especial en Marbella, por lo que pronto asumí que estaba concursando para una sola de las plazas ofertadas.

Contra pronóstico, no se repitió lo del año anterior y solo optamos a aquellas dos plazas un total de cinco candidatos, sin que ninguno de los otros seis que la solicitaron el año anterior y no fueron propuestos repitiera intento.

Antes de resolverse cualquier concurso discrecional, los teléfonos de las asociaciones de fiscales echan humo y lo hacen en proporción al número de plazas que se ofertan o a su nivel de relevancia, como también ocurre con las de las jefaturas de todas las Fiscalías o con las de la primera categoría de la carrera, las de fiscal de Sala del Tribunal Supremo.

Supongo que por eso recibí una tarde la llamada de otro fiscal muy bien informado, que me dijo que, en esas habituales quinielas previas a todos los concursos que no se resuelven por estricta antigüedad, sería yo quien acompañaría al fiscal marbellí en el nuevo destino, pero que había que esperar a la reunión del Consejo Fiscal, cuyos integrantes seguían siendo los mismos del año anterior, y a la propuesta de la misma fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal.

El pronóstico se cumplió, ya que obtuve el apoyo unánime de los vocales.

Recuerdo que, inmediatamente después de confirmarse la propuesta de la fiscal general, llamé a mi nuevo jefe, Antonio Salinas, para ponerme a su disposición y recibir instrucciones. Me dijo que me quería allí cuanto antes y se disculpó por el hecho de que el despacho en el que me ubicaría sería compartido con el compañero nombrado en aquel mismo concurso procedente de Marbella. Así que, el 9 de mayo de 2016, volé de la isla y, al día siguiente, tomé posesión ante él. Eso sí, me dio tiempo a elegir la mesa que recibía más luz natural, ya que Carlos Iañez se incorporaría un día más tarde.

Llegué con el cálido recuerdo de la multitudinaria e inolvidable despedida que me organizó un grupo de letrados al marcharme de la isla tras doce intensos años, y a la que acudieron jueces, fiscales, forenses, abogados, procuradores, funcionarios, guardias civiles y policías. Oficialmente también se organizó un pequeño ágape en la sala de reuniones de la Fiscalía, con todos los integrantes de la plantilla, y en la capital grancanaria celebramos otra comida con un grupo de compañeros y amigos más reducido, entre los que se encontraban más fiscales, policías e incluso magistrados de la Audiencia Provincial. Es un encuentro tradicional cada vez que algún trabajador se despide tras muchos años en un destino, al que acuden aquellas personas que le aprecian, quieren aparentar que lo hacen o, francamente, celebran que lo pierden de vista.

Cuando me despedí de mi jefe, en su despacho, me dijo:

—Me haces una putada.

Claro. Tenía que repartir un incómodo lote de trabajo.

Atrás quedaba la diversidad de asuntos propia de la llevanza de un Juzgado de Instrucción, lo que se llama en el gremio «de trinchera», para dedicarme por un tiempo sin concretar, y de forma exclusiva, a los grandes delitos económicos, la corrupción de postín o el peor crimen organizado. Aunque las corruptelas administrativas me entretenían y llevaba ocho años dedicado a ellas, la verdad es que ningún asunto me había divertido más investigar que un crimen de sangre, ni ningún juicio había sido tan duro, aunque me diera tanta satisfacción personal y profesional, como aquellos en los que las víctimas eran niños. Tocaba un cambio de ciclo fundamentado a la par en motivos de progresión profesional y en una ansiada conciliación familiar y, al menos, tenía la tranquilidad de que era temporal, con la caducidad de un año, si no me adaptaba. Me era impensable que saldría de forma muy distinta de aquel segundo destino cuatro años y medio después.

Durante el mes de mayo de 2016 me alojé en casa de mis padres, de manera que la distancia y el clima me permitían ir disfrutando del paseo andando hasta llegar a mi nuevo despacho. El recorrido me resultaba particularmente agradable, porque era exactamente el mismo que hice los últimos años de estudio para ir a cantarle los temas a mi segundo preparador mientras soñaba con ser fiscal algún día.

Lo primero que me sorprendió al aterrizar en Anticorrupción fue que los compañeros tenían muy buen aspecto. Sí, me los imaginaba demacrados y extenuados, pero no aparentarlo no significaba en absoluto que trabajaran poco. Allí los asuntos se iban asignando por decreto del jefe a cada fiscal de forma individualizada a medida que se registraba su entrada, sin tener que dar cuenta ni explicación alguna de la distribución de lotes de trabajo al resto de integrantes de la plantilla, como ocurre habitualmente en las demás Fiscalías. Es decir, no sabías nunca lo que te iba a corresponder en suerte hasta que te llegaba el papel con la designación, si antes no te habían llamado por teléfono para comunicártelo, y no se solía saber lo que tenían entre manos los demás compañeros tras las puertas de sus respectivos despachos.

Recibí siempre con enorme gusto tanto aquel primer listado de asuntos encomendados como los siguientes, ya que me lo modificaron varias veces, a medida que cambiaban las necesidades o llegaban nuevas incorporaciones.

Había en aquel listado inicial varios asuntos económicos de cajas de ahorro, el típico tema de crimen organizado de bandas que estafan a la gente de una forma tan boyante como incomprensible, y la pieza número cinco de la conocida Gürtel, uno de los asuntos más definitorios del papel desempeñado por la Fiscalía Anticorrupción a partir del año 2008.

Lo siguiente que me impactó fue el escrupuloso orden que lleva cada tramitador de la Fiscalía sobre todos y cada uno de los temas asignados. Comenzaron a llevarme archivadores al despacho con los elementos esenciales de cada procedimiento perfectamente clasificados y, lo que me dejó definitivamente perplejo, llevaban un completo índice de cada uno de ellos por orden cronológico.

También me impresionaron los medios personales con los que cuentan. Aunque siempre una plantilla de fiscales va a reclamar más efectivos, el año anterior se habían reforzado con seis, ahora llegábamos dos más, y en el mes de octubre siguiente llegarían otros tres compañeros, precisamente los que habían optado a las plazas con nosotros dos. En esta tercera ocasión, nadie más lo había solicitado.

La Fiscalía Anticorrupción contaba en el tiempo que estuve allí con una unidad adscrita de la Agencia Tributaria, integrada por inspectores de Hacienda y de Aduanas expertos en localizar el origen del dinero y desentrañar todo tipo de maniobras para su ocultación; una unidad de la Intervención General del Estado, que te aclaraba cualquier duda en materia de contratación o el régimen de subvenciones; un fantástico grupo, humano y profesional, de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal del Cuerpo Nacional de Policía y un único representante de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, presto para lo que se les necesitara.

La naturaleza de los asuntos que se ventilan allí también te permitía codearte con los abogados que cobran las mayores minutas del país. Eso te obligaba no solo a estudiar mucho, a ponerte al día y a mejorar extraordinariamente y a marchas forzadas para intentar no quedar demasiado en evidencia, sino también a aprender otra multitud de aspectos que no están en los manuales de ninguna librería jurídica y que, lamentablemente, se salen de la propia tramitación de los sumarios. Allí conocí a profesionales del Derecho realmente impresionantes y a los que admiro profundamente, pero pronto descubrí que no todos los que frecuentan dicho foro resultan ser los más preparados, ni los que mejor conocen los procedimientos, ni los más honestos, pero sí los más ricos, ya que pueden llegar a ser muy poderosos de otras maneras. De ahí que el precio de algunos se cotice al alza más por sus visitas a los despachos que por sus conocimientos o por su oratoria. Son aquellos a los que mi admirado Javier, abogado y magistrado en excedencia, llama «los abogados de salón, que fingen desde su honestidad hasta la sabiduría y la eficacia».

Con los pies en el suelo, durante los primeros meses tuve la suerte de desarrollar poca actividad, ya que los asuntos encomendados requerían estudio y poco más al no exigir comparecencias en el juzgado ni celebración de vistas. Por momentos se hacía aburrido, aunque era muy cómodo. Algunas veces me sentía como si jugara en la Champions League con un gran equipo y simplemente aspiraba a hacerlo bien y a no decepcionar, calentando en el banquillo y esperando a saltar al campo y que me pasaran la pelota. Como ocurre con los abogados, tampoco todos los miembros de su plantilla son los mejores fiscales de España, ya que muchos de ellos están también fuera e, incluso, lejos de allí. En todas partes, hay de todo.

Pasa lo mismo con los magistrados con los que trabajas, que no solo pueden ser los de la Audiencia Nacional, sino que despachas asuntos por toda la geografía española, sin que del destino donde ejercen tenga que presumirse, en absoluto, su mayor o menor valía humana ni profesional. Es uno de los inconvenientes de los mitos, que muchas veces se derrumban en cuanto rascas un poco. Asimismo, te permite entrar en contacto y despachar con los máximos responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Todo este conglomerado te hace suponer que estás en la cúspide y entre las élites jurídicas del país cuando, en realidad, es como entrar en aquella divertida sala de los espejos del Parque de Atracciones que tantos cuerpos desfiguraba a la vez. Pero este escenario cuenta con mucha menos gracia y, en no pocas ocasiones, es capaz de dibujar la Justicia con trazos como si de un trampantojo se tratara.

Al año de llegar, mi sensación ya sería la de verme jugando una final, e incluso lanzando los penaltis, cuando me adjudicaron la investigación que se convertiría en una de las más graves y escandalosas de nuestra democracia.

No obstante, años después, cuando mi compañero Miguel Serrano centró desde la banda y me quedé solo ante el portero, me pitaron una falta que no había cometido y me sacaron tarjeta roja directa antes de que pudiéramos seguir creando ocasiones de gol juntos. No protesté. Había VAR, pero los árbitros, desde la cúpula fiscal, nunca quisieron que se mostrara al público la revisión de la jugada.

Claro. Ellos habían puesto el balón.

5. Un encargo envenenado

Aprincipios del mes de abril del año 2017 se desencadenaron los acontecimientos que marcarían mi futuro profesional, condicionarían absolutamente mi esfera personal y darían lugar, hasta la fecha, al primer juicio oral del caso Tándem, celebrado en audiencia pública y con retransmisión abierta en directo a través de YouTube, a la primera sentencia dictada en esa causa y a ríos de tinta y horas de radio y de televisión. Esta enorme difusión y repercusión son las que me habilitan para aclarar realmente lo que pasó sobre todo lo que se ha divulgado, sin necesidad de entrar a valorar ni la instrucción judicial ni la propia sentencia, y a compartir cuáles fueron mis sensaciones.

Todo comenzó cuando llevaba solo once meses en la Fiscalía Anticorrupción y el recién nombrado fiscal jefe, Manuel Moix, me llamó para que subiera a su despacho. Acudí al momento y allí me dijo que, a la semana siguiente, se presentaría en la Fiscalía un empresario, acompañado de un altísimo mando de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, para denunciar unos hechos muy graves contra un comisario ya jubilado del Cuerpo Nacional de Policía. Enseguida descubrí que en aquel momento se habían publicado sobre él varias noticias por su supuesta participación en diferentes escándalos, algunos de ellos ya judicializados. Relativicé la información que obtuve para crear distancia y moverme dentro de la mayor objetividad, pero, al parecer, el empresario iba a aportar documentos acreditando pagos ilegales al policía. Y yo debía estar en dicha reunión, porque se me asignaría su investigación.

Ni por asomo se me ocurrió nunca preguntarle a nadie más que a mí mismo por los preparativos de aquel encuentro. No llevaba ni un año en comisión de servicios en la sede central de la Fiscalía encargada de la lucha contra la corrupción y el crimen organizado al más alto nivel, y el jefe había tomado posesión de su cargo solo dos meses antes, sin tiempo para conocer a fondo a su plantilla, así que eran suficientes elementos como para que me sorprendiera tal asignación.

Manuel Moix y yo no nos conocíamos personalmente. Yo solo había oído hablar de él, ya que había sido fiscal jefe provincial de Madrid y después fiscal superior de la Comunidad de Madrid, casi nada en la carrera fiscal. Lo que no me esperaba era que él también tuviera referencias mías, ya que era un mero fiscal rural, recién llegado de una Fiscalía minúscula de ultramar como único destino y que en ese momento estaba trabajando cual grumete de prestado en un portaaviones de la Fiscalía española.

Habíamos coincidido el 3 de febrero de ese año 2017, escasos días antes de ser nombrado fiscal jefe inmediato mío, en una comida celebrada en el Hotel InterContinental de Madrid en homenaje a Consuelo Madrigal con ocasión de su despedida como fiscal general del Estado, a la que acudí en agradecimiento por su confianza y por proponerme para el puesto.

En ese evento pasó algo que me daría pie a llegar a algunas conclusiones tiempo después. Sin saber cómo, nos presentaron y entablamos un breve diálogo.

—Me ha hablado muy bien de ti Jesús Santos, compañero mío de promoción.

Aunque de su mano hice mis prácticas en la Audiencia Nacional y fue testigo de mi boda en 2004, Jesús y yo habíamos mantenido solo un ligero contacto desde entonces.

—¿Ah, sí? Qué bien —contesté tan sorprendido como ingenuamente agradecido.

En ese preciso momento, tras la jubilación del anterior jefe, Antonio Salinas, ejercía como jefa en funciones de la Fiscalía Anticorrupción la teniente fiscal Belén Suárez, y había mucha expectación por saber el nombre del nuevo responsable al mando, que se conocería enseguida, ya con José Manuel Maza siendo fiscal general. No podía imaginarme durante aquel breve cruce de palabras quién iba a ser el elegido, porque ni siquiera sabía que él lo había pedido. Ignoro si él tenía alguna información, ya que el plazo del concurso para dicha plaza ya debía estar cerrado, y fue nombrado apenas dos semanas después.

Objetivamente no tenía la menor lógica que, recién llegado y siendo el segundo integrante más joven de una plantilla cercana a los treinta fiscales y curtida en las más delicadas batallas, fuera precisamente yo el más idóneo para llevar a cabo una investigación de tal enjundia. Me pareció una elección subjetiva y por referencias, como tantas veces ocurre en la carrera fiscal y en muchas otras para tantos puestos o encomiendas. De manera que el devenir de los acontecimientos durante los meses, e incluso los años posteriores, me obligó a reflexionar muchas veces y a hacerme múltiples preguntas sobre quién me quería para ese asunto antes de que mi nuevo jefe llegara. Por qué yo o, más bien, para qué. O, quizá, para qué no.

El tiempo me haría convencerme de que no era la misma magnitud la que yo divisaba en lontananza que la que quizá vislumbrara quien recomendara mi designación específica para aquel asunto, si es que alguien lo hizo. Y, desde luego, en mi elección poco tendrían que ver los méritos profesionales que pudiera haber acumulado hasta aquel momento para hacerme merecedor de tal investigación, sino que podía obedecer a otras razones.

En cualquier caso, el jefe confiaba en mí y no tenía más opción que aceptar un envite que, en realidad, sería un órdago. Aquello sería el veneno que condicionaría mi carrera profesional para siempre, y ya había comenzado a inocularse.

Poco sabía entonces del personaje central que había que investigar, pero recuerdo que, lejos de sentirme agasajado, el asunto no me hizo ninguna gracia e inmediatamente pensé para mis adentros: «¿No hay otro tema que asignarme?». Me invadió tal suspicacia que estuve todo el fin de semana previo a la cita buceando en internet, quizá porque no había creado todavía la suficiente tolerancia al veneno y desde el primer pinchazo este me provocó un brote de alucinaciones.

Lo que encontré no me tranquilizó particularmente. Leí que mi recién estrenado jefe, al parecer, había colaborado con una entidad de la órbita del sospechoso impartiendo clases o ponencias jurídicas. Más recelo me produjo que, poco después, y ya embebido en la investigación, no volviera a localizar tales noticias. Comenzaba a hacer su efecto la paranoia que me perseguiría sin cesar como uno de los efectos provocados por aquella toxina, porque el hecho de que apareciera en dicho foro jurídico no tenía por qué resultar nada sospechoso.

Recordé entonces lo que me había dicho semanas antes mi entonces compañero de despacho, el «granaíno» Carlos Iañez, en la puerta de una cafetería en las inmediaciones de la madrileña plaza de Santa Bárbara, después de celebrar otra comida de despedida, en esta ocasión, de una funcionaria de la Fiscalía.

—Tú deberías investigar al comisario. Ese sí es un gran tema para esta Fiscalía y tú tienes las condiciones para ello.

Carlos tampoco tenía razones objetivas para semejante premonición. Me mostró siempre aprecio profesional y cariño personal desde nuestra llegada simultánea a la Fiscalía, sin apenas conocerme, pero el escaso año que compartimos aquel despacho, antes de que él decidiera marcharse, conectamos muy bien, siendo prácticamente antagónicos. Yo lo escuchaba muy atentamente y él a mí casi nunca, pero pasamos buenos ratos compartiendo inquietudes y disfrutando de su buen humor, especialmente las tardes en que nos reíamos a costa de aquel chándal de «su Atleti» que con tanto orgullo vestía para las largas caminatas vespertinas que se pegaba para ir al trabajo en solitario.

Mientras mi cabeza era invadida por dudas y recelos de todo tipo, llegó el martes y también la cita programada, pero sin empresario y sin alto mando. Aquello seguía avanzando de forma extraña. Cuando subí al despacho de la planta noble, como es denominada la planta primera del precioso palacete sede de la Fiscalía Anticorrupción en la calle de Manuel Silvela de Madrid, esperaba el fiscal jefe con un hombre que decía acudir en representación del empresario desconocido y con un mando de la Guardia Civil de empleo muy inferior al del invitado anunciado.

Aquel enviado, cuya identidad no se me indicó y por la que tampoco me interesé en ese momento, pero que aparecería meses después a través de una entrevista en los medios como un supuesto exespía colaborador del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), comenzó a explicar que tenía documentos muy comprometedores que le había facilitado el empresario en cuestión sobre pagos en el extranjero al comisario. Según nos dijo, dicho empresario aguardaba asustado en la cafetería ubicada frente a la Fiscalía, acompañado de un abogado: había preferido no dar el primer paso personalmente y permanecía a la espera por si era requerido para declarar formalmente o firmar algún documento.

La reunión me pareció demasiado solemne a la par que chocante para ser la mera puesta en conocimiento de la Fiscalía de unos hechos de apariencia delictiva. El fiscal jefe tuvo que atender su teléfono móvil, así que, por momentos, se abstraía del contenido del tema que se trataba, lo que me descuadraba por la dimensión que yo percibía al instante que podía tener el asunto. Al menos era mi percepción y no sabía dónde meterme; así que, antes de empezar, me sentí solo.

El caso fue que su confianza y aquellas llamadas telefónicas le hicieron delegar en un novato el peso de una reunión que podía cambiar muchas cosas en nuestro país y no hacía falta ser una lumbrera para presumirlo. Y así fue, pero tengo la intuición de que lo que descubriría durante el tiempo que me dejaron trabajar allí no era lo que se pretendía por algunos, ni lo que esperaban otros.

Aquel hombre misterioso tenía tantas ganas de hablar como pocas el mando de la UCO que lo acompañaba. Yo mostraba toda la curiosidad imaginable por conocer detalles de lo que había, y de lo que se podía o no demostrar, para detectar, cándidamente, si aquel encuentro era mero humo o una maniobra de distracción. Lo que se conoce como una «investigación vacuna».

Como es bien sabido, y más en los recientes y dramáticos tiempos que nos han tocado vivir, una vacuna es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad mediante la estimulación de la producción de anticuerpos. Las vacunas se utilizan, por tanto, para reforzar el sistema inmunitario y prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales.

Había aprendido que, en algunas ocasiones, también en el ámbito penal surgen «investigaciones vacuna», esas en las que puede ser muy variado el paciente cuyo sistema inmunitario se ha de reforzar, pero, al igual que con las vacunas científico-sanitarias, no se pretende aniquilar con ellas al agente patógeno externo que provoca dicha enfermedad. Se trata de contraer esos anticuerpos para sobrevivir, pero nada más.

Desde su inicio intuí que lo que podía haber era una pandemia nacional oculta, cuyos tentáculos estaban a punto de asomar, pero desconocía el alcance de las armas que se querrían emplear para combatirla si, para empezar, se le había asignado al último de la Fiscalía aplicar el tratamiento. Sí era cristalino ya entonces, y mucho más con el paso de los meses, que un exceso en la aplicación de dosis de ese tratamiento me provocaría una reacción incapacitante para seguir en ello, por lo que tenía muy claro que lo primero en que tenía que pensar era de cuánto tiempo dispondría y cuántos muertos y heridos dejaría la plaga por el camino, además de mi propio cadáver profesional e incluso mi integridad física.

El intermediario nos transmitió el miedo de dicho empresario a ser descubierto como delator de personas peligrosas, por lo que temía por su vida y la de sus familiares. No en vano pretendía colaborar con la Justicia destapando una trama de corrupción a gran escala internacional para que se reconociera por la Fiscalía su verdadero papel como testaferro de una organización criminal en otro procedimiento judicial, ya incoado en su contra por presuntos delitos fiscales, por no declarar una serie de gastos en exceso llamativos. Según su emisario, el papel del empresario alertador era el de gestionar las empresas a través de las cuales se canalizaban elevadísimas comisiones ilegales dimanantes del negocio del petróleo africano por medio mundo y, para ello, había que hacer suntuosos regalos difíciles de camuflar.

—Lo que usted nos explica, de ser cierto, podría ser por la otra cara de la moneda un blanqueo de capitales —le advertí al representante misterioso ante el silencio constante de los demás funcionarios presentes—. Pero su hombre tiene un segundo problema, porque eso que él está dispuesto a contar podría constituir también un delito de cohecho por pagar a un policía.

—Y somos perfectamente conscientes de ello, porque no es un policía el que cobra. Hay muchos más. Y no solo han cobrado por esto. Esto es la punta del iceberg —replicó.

Tras una hora aproximada de explicaciones y de mostrar diversos documentos, preguntó cómo podía denunciar los hechos con la mayor garantía de discreción y de protección personal para su emisario. Sin entender aún a esas alturas mi cedido protagonismo en aquel encuentro, le transmití que podía utilizar todas las vías existentes en Derecho, que la Fiscalía realizaría las comprobaciones necesarias para verificar la credibilidad y certeza de lo que se denunciara, y que, de ser cierto, se actuaría en consecuencia, sin ninguna garantía más que esa.

No era yo quien debía decirle aquello, pero me lo preguntaba directamente a mí, el único que se estaba enterando de aquello por primera vez. No se me habían adelantado detalles de lo que se nos iba a contar y tampoco se me corrigió cuando tomaba la palabra. Solo se me corregiría años después por otras personas y porque cumplí con lo que dije en aquel momento y con lo que siempre estuve convencido de que tenía que hacer: verificar lo denunciado y actuar en consecuencia. Estas fueron mis sensaciones aquellos días, y también durante todo el tiempo que trabajé en el asunto, reafirmadas una vez que me sacaron de él.

Con ocasión del juicio oral celebrado ante la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional durante los años 2021 y 2022 por algunos de los hechos derivados de la denuncia con remite de mujer presentada con posterioridad a aquel encuentro, el supuesto exespía y testigo, David Rodríguez Vidal, narró aquella reunión exactamente como yo lo percibí y describo ahora. Igualmente lo explicó, si bien con algunos matices, el funcionario de la UCO que le acompañó. Y también declaró sobre ella un coronel, que era el alto mando de esa unidad al que había esperado encontrar en el despacho tras el anuncio de mi jefe y con el que nunca tuve contacto.

Cuando la reunión concluyó y se marcharon, el jefe me ordenó estar pendiente de si llegaba algo para ponerme en marcha con el instituto armado de la Guardia Civil. Le pregunté si el asunto lo llevaría yo solo, dando por hecho que no, porque me parecía adecuada la incorporación de otro compañero, ya que la mayoría de las investigaciones de esa Fiscalía se despachan por dos fiscales, e incluso por más, especialmente las más complejas de entre las complejas, a lo que me contestó con afable disponibilidad un «ya se irá viendo». Antes de abandonar su despacho, pensé en voz alta:

—Jefe..., si presentan algo, no sé si debemos investigarlo con la Guardia Civil. Están denunciando posibles delitos de policías nacionales. Uno de los que aparece en esos documentos está jubilado, pero, desde luego, el otro sigue en activo. En cualquiera de los dos casos debería investigarse con los suyos y, en concreto, con la Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía.

Apenas una semana después llegó un sobre a la Fiscalía Anticorrupción enviado por una remitente con nombre guineano. Contenía todos y cada uno de los documentos que se habían exhibido en aquella reunión, ni uno más y ni uno menos. Se incoaban entonces las Diligencias de Investigación número 8/2017 de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y, sí, el día 27 de abril de 2017, me era asignada en solitario por decreto del fiscal jefe.

Hagamos aquí un breve inciso explicativo de este acontecimiento estrictamente jurídico pero imprescindible para comprender el conjunto de esta historia.

A diferencia de los países de nuestro entorno, en los que la investigación penal corre a cargo de los fiscales, en España son los jueces de instrucción los que la dirigen. Pero no ostentan su monopolio.

El Ministerio Fiscal español también tiene legalmente atribuida la facultad de llevarla a cabo a través de lo que se llaman «diligencias de investigación de carácter preprocesal» —denominación que obedece al hecho de que son previas al conocimiento de un juez y a la incoación de un procedimiento judicial sobre los mismos hechos—, de carácter auxiliar y complementario al de la instrucción judicial, en cuyo caso su resultado se acumula al asunto del juzgado, pudiendo incluso ser posteriores al mismo.

Es una investigación a modo de filtro, meramente instrumental, como sustento o apoyo a una denuncia y que, en el ejercicio de la función constitucional de promoción de la acción de la Justicia en defensa de la legalidad que los fiscales tenemos encomendada, sirve para que agilicemos mucho la justicia penal. Goza de presunción de autenticidad y su régimen jurídico constituye, por tanto, la antesala del modelo procesal que se trata de impulsar desde hace años mediante la sustitución de la instrucción judicial por una investigación dirigida por el Ministerio Fiscal.

A día de hoy, pues, solo la instrucción judicial goza de plenos efectos procesales, porque su finalidad sí es la de preparar un eventual juicio oral contra alguna persona, y solo un juez puede acordar medidas limitativas de derechos fundamentales (como intervenir un teléfono o registrar un domicilio), excepto las detenciones, que también pueden ser ordenadas por los fiscales.

Las dos clases de investigaciones penales, judicial y fiscal, están limitadas temporalmente; a los efectos que nos interesan, la duración de una investigación de Fiscalía tiene un plazo de seis meses, excepto para la Fiscalía Anticorrupción, que es de doce meses, prorrogables en ambos casos por el fiscal general del Estado por períodos iguales si concurren motivadas razones para ello.

El procedimiento, como se ha descrito, se inicia por un decreto del jefe de cada Fiscalía una vez que llega una denuncia o se tiene conocimiento de algún hecho de apariencia delictiva perseguible de oficio. En ese momento, también se suele designar a un fiscal de la plantilla como instructor para que lleve a cabo las diligencias oportunas.

Esta aclaración previa, como digo, es trascendental para lo que se narrará con posterioridad.

Si el destino había querido que el 27 de abril del año 2004 fuera mi primer día de trabajo efectivo como fiscal en mi anterior y único destino hasta entonces, la Fiscalía de Lanzarote, y el mismo 27 de abril, pero de 2016, me comunicaban que me marchaba a Madrid en aquella comisión de servicios temporal, ahora otra extraña coincidencia más, de tantas que rodearán los acontecimientos que se vienen narrando, marcaría de nuevo el 27 de abril —esta vez de 2017— a fuego en mi calendario profesional.

Como desde el primer momento había transmitido a mi superior la necesidad y conveniencia de que no llevara el tema en solitario, mientras él pensaba en una propuesta que no debía tener más alternativa que la de un sí, yo me fui buscando compañero sin perder un segundo. Tras mi insistencia, aceptó pronto que otro fiscal asumiera aquella investigación conmigo.

Miguel Serrano no fue mi primera opción. Apenas lo conocía, aunque igual me pasaba con el resto de los integrantes de la plantilla tras apenas un año entre aquellas paredes. Habíamos coincidido en Lanzarote en 2008 con ocasión de uno de los cursos en los que participé sobre la prueba ilícita penal, en los que tuvimos la suerte de contar con excelentísimos ponentes, y en el que, como experto en lavado de dinero procedente del narcotráfico, al ser el delegado de la especialidad en la provincia de Tenerife, Miguel disertó sobre las intervenciones telefónicas.

Lo cierto es que había tanteado antes a un par de compañeros para ver si conseguía hacer el trance más llevadero y con más efectividad, y la respuesta siempre había sido la misma: el excesivo volumen de trabajo.

Así que, una mañana de mediados o finales de abril de 2017, me planté en su despacho. Recordando juntos aquel diálogo, fue así:

—Miguel, ¿tú estás muy cargado de trabajo?

—Sí, supongo que como todos.

—¿Pero puedo proponerte una investigación conjunta nueva que me va a asignar el jefe?

—Siempre es un honor que un compañero quiera trabajar conmigo.

Faltaba exponerle un poco de detalle. Siempre he estado convencido de que cuanta más información se aporte utilizando el menor número de palabras posible, mejor. Lo difícil es encontrarlas. Así que pensé que, a la vista de las particularidades del cometido, con darle un apellido podía bastar para que reconsiderase su atrevimiento.

—¿Quieres llevar conmigo el tema?

—Sí.

Habitualmente parco en palabras, muy pronto aprendí a entender el profundo significado de todo lo que me decía, ya fuera verbalmente o a través de sus gestos o de su estado de ánimo. Y, especialmente, lo que me decía cuando estaba callado, que era lo normal, a pesar de que no eran infrecuentes sus cambios de opinión.

—Miguel, me estás volviendo loco con tus vaivenes —le dije en más de una ocasión, al tiempo que unas veces se reía y otras, no tanto.

Quince años mayor que yo, no solo sentí alivio, sino que tuve la seguridad de que un veterano cascarrabias había aceptado acompañarme en la mayor de las batallas que me tocaría librar.

De esta forma, las primeras decisiones que firmé a solas en la investigación ya las había consultado con él y tenían su conformidad. Conseguí que el 12 de mayo ya fuéramos por decreto de la jefatura oficialmente compañeros de fatigas, pero no había dado demasiado tiempo a recabar el resultado de las pesquisas encomendadas hasta entonces a la Guardia Civil cuando, el 1 de junio, el jefe de la Fiscalía presentaba su dimisión como consecuencia de determinadas informaciones cuyo grado de certeza nunca me preocupé en conocer. Me acordaría de ello muchas veces después, porque la utilización de determinada prensa para dañar la imagen de los profesionales sería constante y determinante en el devenir del nuevo asunto. Aquello nos sirvió para constatar muy pronto que trabajábamos en terreno cenagoso y que los enemigos estaban demasiado cerca.

Durante aquella crisis de la Fiscalía me encontraba en Oviedo con otro grupo de la UCO explotando otra operación, vinculada a una subvención de varios millones de euros adjudicada presuntamente de manera irregular. Como el jefe ya no permanecería en su despacho a mi regreso, le envié un mensaje de despedida en agradecimiento por la confianza dispensada en ambos asuntos, ya que el tema asturiano me lo había asignado también él. Me agradeció cariñosamente el gesto y nunca más volvimos a coincidir.

Al ponernos en marcha juntos, Miguel y yo estuvimos rápidamente de acuerdo en que había que contar con la participación activa del Cuerpo Nacional de Policía. No por ello cesó el contacto con el cuerpo hermano, pero sí se enrareció. En realidad, todo era raro. Sobre nuestras cabezas sobrevolaba desde el inicio la más que factible y controladora participación de varios fantasmas invisibles, de esos que notas y hasta llegas a palpar, pero que juegan contigo al escondite, aunque ellos sí saben siempre todo de ti.

A partir de ese momento, el desarrollo de nuestra investigación debía ser tan pormenorizado y minucioso como urgente, caracteres un tanto incompatibles, pero, junto con el arduo trabajo de Asuntos Internos de la Policía, rápidamente obtuvimos ingentes frutos. A pesar del verano de por medio, presentamos muy pronto en el juzgado una querella solicitando registros y firmamos nuestras primeras órdenes de detención.

Así nacería la operación Tándem. Nos enfundamos el traje de campaña, nos remangamos y nos tiramos a un fango que acabaría siendo como aquel infausto chapapote gallego, sin imaginarme hasta dónde me llegaría, en sentido literal. Teníamos que ponernos al nivel de lo que nos íbamos a encontrar. Desde ese momento y para siempre, ni los dos fiscales ni la Policía rehuiríamos el dolor y sacrificios que traía consigo luchar contra la pandemia.

6. Primeros pasos y explotación

Podría decirse, pues, que el procedimiento judicial popularmente conocido como caso Tándem o caso Villarejo fue llevado materialmente a la Fiscalía Anticorrupción por la Guardia Civil. Al instituto armado se le encomendaron las primeras gestiones de averiguación sobre aquel extraño envío postal procedente de A Coruña rebosante de comprometedores papeles.

Su denominación obedeció a la pareja de comisarios aludidos en aquellos documentos y que aparentaban guardar una buena y duradera sintonía comercial, pero no sería la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil la que llevaría a cabo mayores indagaciones. La operación, y con ella mediáticamente la causa judicial, sería bautizada como «Tándem» por el propio Cuerpo Nacional de Policía.

Estando en Oviedo, un alto responsable de la Comisaría General de Policía Judicial me comunicó que el asunto se había asignado, efectivamente, a la Unidad de Asuntos Internos, trasladándome al tiempo toda la determinación para prestar la colaboración que fuera requerida.

Al día siguiente, ya en Madrid, recibí en el despacho la visita del comisario principal jefe de dicha unidad, que acudía acompañado del joven inspector que, desde ese mismo momento, coordinaría toda la actuación policial. Ambos me impresionaron. Su firme disposición a tirar del hilo, a pesar del daño reputacional que con ello se podría causar al cuerpo, tenía la gratificante contrapartida de cerrar una etapa oscura y de limpiar y fortalecer su imagen, poniendo negro sobre blanco que no quedaría el menor atisbo de duda en demostrar su inquebrantable compromiso con la sociedad. Tuve claro que ellos intuían mucho mejor que yo lo que nos íbamos a encontrar cuando empezáramos a rascar, si es que no lo sabían directamente.

Nos pusimos manos a la obra, casi siempre bajo la creativa batuta procesal de Miguel Serrano.

La primera decisión que se tomó fue la de no crear ningún equipo conjunto de investigación, sino ir asignando cometidos concretos a cada grupo policial para corroborar si lo que se plasmaba en los documentos introducidos en aquel sobre era cierto o no, e ir tirando después de nombres y demás datos en todo tipo de registros públicos para situarnos un poco en el escenario. Con mucho tesón fueron surgiendo nombres de sociedades, que llevaban a otros nombres de más empresas, personas físicas, cuentas bancarias o matrículas de vehículos, hasta que dimos con el nombre de un empresario que encajaba con el perfil del posible propietario de dichos documentos y que, por tanto, hubiera sido la persona que envió a aquel emisario y a la UCO a denunciar ante la Fiscalía los hechos, ya que en aquella reunión inicial a la que yo había asistido no se había revelado su identidad.

Pronto volverían a asomarse los fantasmas por la calle de Manuel Silvela. Una serie de extraños desajustes parecían hacer imposible dar con el paradero de aquel hombre. Nos pusimos firmes y, una vez que estuvo plenamente identificado y localizado por la Policía Nacional, cursamos un oficio urgente. Era una citación para que acudiera a prestar declaración inmediatamente, asistido de un abogado que comprobase que se garantizarían todos sus derechos y que le asistiese con la condición preprocesal de encausado por presuntos delitos de cohecho y blanqueo de capitales en las diligencias de investigación de la Fiscalía.

Corría el mes de septiembre de 2017 y acudió presto con el mismo letrado que, al parecer, le había acompañado (a una cafetería, eso sí) aquella mañana de abril, mientras se nos hablaba de su problema y de su comprometida decisión de arrojar luz. El contenido de aquella comparecencia, que no sería la única, ha formado parte ya de un juicio oral y sigue incluido en el resto del procedimiento judicial en curso. A pesar de su difusión pública, me limitaré a trasladar una mera percepción personal: la de la absoluta incredulidad de aquel hombre sobre el hecho de que nos estuviéramos metiendo en semejante jardín.

No daba crédito. Había acudido a la Fiscalía, sí, aunque fuera a través de otra persona. Había confiado en la institución asumiendo que ponía en riesgo su seguridad y la de sus familiares. Allí estábamos y quería contárnoslo. Confió también en nosotros, y eso que me dio la sensación de que no se imaginaba, en absoluto, que le fuéramos a pedir tantas explicaciones y, menos aún, tan detalladas y con los colmillos tan afilados como retorcidos.

—¿Ustedes de verdad van a mirar esto? No saben lo que es, quién está metido, ni su poder ni el de sus amigos. Muchos son compañeros suyos. No saben con la de gente con la que he comido... No les van a dejar meter las narices —venía a advertirnos.

Tras una corta carrera contra el reloj ante el temor de que fuera descubierta la investigación, pronto llegamos a la convicción de que el asunto tenía cuerpo y que había que enlazar los datos cuanto antes para ir al juzgado con una petición fundada. Esto segundo lo conseguiríamos. Lo primero también lo comprobamos, porque detectamos que el principal investigado sabía en tiempo real que se le estaba mirando de arriba abajo. Así constaría en las agendas que le serían intervenidas después, algunos de cuyos pasajes han sido publicados con literalidad por los medios de comunicación. Pero no esperaba, ni imaginaba, lo que pasaría. No debía creérselo. Debía seguir confiando en que nos asustaríamos o en que nos controlarían desde algún pedestal que velase por la impunidad.

La realidad es que no solo él sabía indebidamente que estaba siendo objeto de una investigación profunda. En aquel momento supimos que el afectado era consciente, pero con el desarrollo de nuestra investigación y durante el juicio ya celebrado, como digo, saldrían a la luz documentos con anotaciones y grabaciones en las que aquel habría pedido el 12 de septiembre de 2017 a altos cargos del Gobierno y del partido político que lo dirigía que cesaran las investigaciones en su contra y que se le hiciera llegar una copia de nuestros avances. A pesar de los intentos de la Fiscalía Anticorrupción para que se esclareciera todo ello, dicha línea de investigación fue cerrada.

El propio afectado aportó, al inicio del primer juicio a la vista de todos, un correo electrónico que le fue remitido el 24 de septiembre de 2017, según él, desde el CNI:

Hola Pepe, lo siento, pero has agotado todos los cartuchos y ya ni siquiera los pocos amigos que aquí te quedaban podemos echarte una mano. R1 ya se cansó de darte avisos y su cabreo es monumental y no creo que ya se pueda parar nada porque ya se ha dado el último empujón definitivo en la Fiscalía y ya no hay vuelta atrás.

Pero no solo él y sus importantes contactos lo sabían indebidamente. Tras insistir con varias llamadas, como es habitual en la Fiscalía Anticorrupción, una mañana acudió una periodista que decía querer preguntar por el asunto de Oviedo que yo tenía entre manos con otra compañera fiscal. La conversación fue breve porque no se le podía dar información, pero tras salir a relucir un libro con el que compartíamos unos inverosímiles puntos en común, otra casualidad más, directamente me lanzó la pregunta a la que creo que realmente obedecía su extraña visita:

—¿Estás investigando al comisario?

Me quedé tan perplejo que no supe reaccionar, y quizá me faltó fingir con más naturalidad para que mi muda e inmediata respuesta no se entendiera bien. Siempre he sido demasiado expresivo, tanto de palabra como con mis gestos. No habían transcurrido ni dos meses desde que habíamos empezado y ¿ya nos habían descubierto? ¿O es que lo conocían desde el inicio? Lo sabía perfectamente y venía a ver si obtenía algo de información concreta. Como debía pensar que no conseguiría nada, al menos tenía que cumplir con su misión de transmitirnos un mensaje: lo sabían.

Como era absurdo mentir de forma directa, contesté que no iba a confirmarle ni desmentirle aquello y terminé como pude la reunión. Preocupado, llamé a Miguel desde el coche rumbo a casa para contarle la mala noticia. Tras uno más de nuestros incontables análisis, mientras el start-stop de mi vehículo se iba adaptando al intenso tráfico de la calle Alberto Aguilera, creímos deducir el origen de la filtración. Cada día acumulábamos datos que nos indicaban que no teníamos delante un tema más de corrupción funcionarial, sino que lo que investigábamos era muy característico del crimen organizado. Eso me hizo recordar lo que me contestó otro compañero, también llegado poco tiempo antes a aquella sede central, cuando le pregunté si no tenía miedo de trabajar contra las mafias extranjeras.

—Tienes respeto, claro, pero yo creo que ellos también respetan en cierta manera tu posición y un sistema judicial que, mejor o peor, está ahí. Pero las mafias españolas son mucho más peligrosas, porque manejan ese sistema, lo conocen mejor y tratan con personas importantes dentro de él.

Miguel pronto vio que el asunto sería mucho más grave de lo que se vislumbraba, y de su cabeza surgió una estrategia poco habitual.

Consistía en que determinadas detenciones, que se consideraban absolutamente imprescindibles para tener éxito en la investigación, había que asegurarlas. Serían ordenadas directamente por nosotros, una vez visadas por el jefe. Dicha posibilidad de que los fiscales acuerden detenciones es plenamente conforme a derecho y está prevista en el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, aunque se hace un uso muy prudente de tal prerrogativa, como es lógico. Pero el asunto que teníamos entre manos era excepcional, incluso para la Fiscalía Anticorrupción, de manera que, desde la propia jefatura, con la aquiescencia de la Fiscalía General del Estado, se aceptó dicha estrategia.

No solo esa. El ya entonces fiscal jefe, Alejandro Luzón, acogió de muy buen grado todas las propuestas de actuación que le planteamos para llevar un caso como ese de la manera más rápida y eficaz posible.

Se trataría de una decisión más de los fiscales, tomada en el seno de sus propias diligencias de investigación, y nosotros mismos la ejecutaríamos, dotándose así también de un mayor control a las propias detenciones y de cobertura y seguridad a unos policías que iban a meterse en el ojo del huracán al empezar a detener a sus propios compañeros, incluidos algunos con empleos muy superiores, como comisarios, e incluso de más arriba: comisarios principales. Era como lanzar a sargentos y tenientes a detener a sus coroneles y generales.

Dictábamos unos decretos de detención muy fundamentados y se entregaban a la Policía los oficios con las órdenes explícitas de llevarlas a cabo, pero puntualizando que solamente se procedería a la ejecución de esas detenciones con una condición: que el magistrado instructor accediera a librar los oportunos mandamientos acordando las entradas y registros en los domicilios de las personas afectadas, que simultáneamente le solicitábamos en otro escrito.

Estas primeras solicitudes de entrada y registro, que se incluirían en la querella inicial, incorporarían también la completa dación de cuenta al juez de las razones por las que la Fiscalía había acordado la detención de los investigados, de manera que, si otorgaba el registro, sabía perfectamente que, automáticamente, la persona iba a ser detenida por orden de la Fiscalía y que sería puesta a disposición del propio juez dentro del plazo legal, tan pronto como este lo estimara oportuno.

Siguiendo esta forma de actuar, no solo se acordarían judicialmente todos los registros solicitados y se practicarían por la Policía todas las detenciones ordenadas por la Fiscalía en aquella ocasión inicial, en el seno de las diligencias de investigación de la Fiscalía. Ocurriría igual en todas las ocasiones posteriores en las que participé durante los años 2018, 2019 y 2020, con el procedimiento ya bajo íntegro control judicial. En capítulos posteriores haré nuevas referencias a esta concreta cuestión de las detenciones ordenadas por la Fiscalía y a algunas vicisitudes que las rodearon, dada su especial relevancia en todo lo ocurrido.

Pero volvamos atrás. Los riesgos de que todo se fuera al traste por alguna fuga de información más crecían cada día en progresión geométrica, así que una mañana de octubre de 2017 fuimos conscientes de que no podíamos aguantar más tiempo en esa situación preprocesal. Además, estábamos convencidos de que teníamos suficiente material como para que ningún juez rechazara la intervención.

Los preparativos de la explotación fueron tan trepidantes como luego controlados al milímetro bajo la admirable y asombrosa calma tensa del joven inspector al mando, a pesar de su extraordinaria complejidad. Los seguimientos previos para localizar a los objetivos tenían una llamativa y a la vez oculta particularidad, y era que no se disponía de la cara del objetivo principal. No había fotografías de él, no se sabía cómo era, más allá de algunos rasgos físicos que, una vez puestos en faena, lo dejaban perfectamente identificado.

Y llegó el día. El 2 de noviembre de 2017 firmamos unos documentos que agitarían al país y marcarían para siempre las vidas de los que intervinimos. Sabíamos con nitidez que sería así, porque las dudas eran solo saber cuántos, cuándo y cómo se producirían los terremotos, con sus correspondientes réplicas. Presentamos ese día la querella ante el tribunal competente: la Audiencia Nacional. El asunto se repartió al Juzgado Central de Instrucción que estaba de guardia, el número 3, que debía ser el encargado de su conocimiento, pero como ese juzgado estaba más que atareado con un procedimiento penal recién incoado, a raíz de la convocatoria de referéndum en Cataluña que acabaría judicialmente después en el Tribunal Supremo con el resultado por todos conocido, desde los órganos de gobierno de la Audiencia Nacional se decidió que apoyara para aquel menester el Juzgado Central de Instrucción número 6, que fue el que tomó la decisión sobre las entradas y registros urgentes solicitados.

Más concretamente, le correspondió firmar esas primeras decisiones a un magistrado que, a su vez, estaba ejerciendo labores jurisdiccionales de refuerzo en dicho órgano. De esta forma, el inquietante panorama dibujado nada más empezar era que el escándalo de todo orden que se iba a desatar al día siguiente quedaba procesalmente en manos de tres funcionarios interinos, un magistrado y dos fiscales, que estábamos de paso en nuestros respectivos puestos.

Dormí perfectamente aquella noche del 2 al 3 de noviembre, aunque cerré los ojos con ganas de que sonara pronto el despertador. Había participado en varias actuaciones policiales en Lanzarote, pero esta tenía pinta de ser diferente y sospechaba que, además de oro, incienso y mirra, traería bastante carbón. Madrugué más de lo habitual para estar en el despacho cuando todavía no había amanecido y apenas habían comenzado a circular coches por las vías de acceso a la ciudad. Los minutos pasaban muy lentamente hasta que el inspector, por fin, nos dio la noticia: ya tenían en su poder los documentos oficiales con los que comenzar todos los registros acordados por el juez en diferentes partes del país.

Mientras se colocaban en sus puestos las decenas de policías desplegados con suma rapidez por varias provincias españolas y se llevaban a cabo las detenciones, los dos fiscales nos fuimos a dar un paseo, esperando la señal para ir al inicio de los registros, una vez asegurados los domicilios y aprehendidos todos los objetivos. Comenzamos a dar vueltas a las manzanas que se localizaban entre nuestros despachos y la calle Luchana, esperando impacientes las noticias del inspector para trasladárselas al jefe y para que este, a su vez, pudiera informar al fiscal general del Estado antes de que los medios comenzaran a difundir lo que pronto e inevitablemente empezaría a conocerse.

Avanzada la mañana nos vinieron a recoger para trasladarnos a la localidad madrileña de Boadilla del Monte. No nos dividimos, como haríamos en otras ocasiones posteriores, porque los principales recursos debían focalizarse en el epicentro del primero de los terremotos. Poco después de iniciar la marcha, un compañero de Anticorrupción nos llamó para preguntarnos si podía darle nuestro número de teléfono a un periodista que ya se había enterado del jaleo. Le dijimos que hablara con el fiscal jefe.

Unos quince minutos después, estábamos parados dentro del vehículo policial antes de afrontar los últimos metros de ascenso al chalet de destino cuando Miguel recibió una llamada desde un número oculto. No la atendió. Al instante, fui yo quien recibí otra llamada, pero el pretendido interlocutor sí aparecía identificado en la pantalla de mi celular corporativo. Decidimos conjuntamente que sí la atendería, confirmando al descolgar que la anterior también procedía de otro de sus colegas de la cúpula de dicha unidad policial.

—Buenos días, señor Stampa. Le llamaba por el operativo que se está desarrollando. Nos hemos enterado por la prensa.

—Hablen con el fiscal jefe —fue toda la respuesta, previamente concertada con mi compañero.

Cuando llegamos a la casa que había que registrar, recibimos las miradas heladoras de dos hombres trajeados. Eran abogados. Con una mezcla de intriga y odio, enseguida nos dimos cuenta de que no éramos bien recibidos. Era la primera vez que nos veían. Nosotros sí sabíamos perfectamente quiénes eran. Lo mismo que hay miradas que parecen perdonarte la vida, las hay que hacen lo contrario.

El objetivo principal se encontraba sentado en un banco a las puertas de la entrada de la vivienda, a la que se llegaba tras recorrer un largo camino de tierra oculto con acceso desde la carretera. Vestía un llamativo polo de color rojo y protestaba sin cesar. Su esposa, también detenida, preguntaba por su futuro más inmediato para saber cómo atender algunos compromisos familiares.

El registro se retrasó porque ambos formalizaron una solicitud de habeas corpus pues desde ese momento se alegó que las detenciones eran ilegales, así que hubo que esperar a que el Juzgado de Guardia de Móstoles resolviera que todo era correcto. El habeas corpus es un derecho reconocido por la Constitución española que protege a los ciudadanos frente a detenciones ilegales. Su ejercicio sirve para comparecer de forma inmediata ante el juez más próximo para que decida si el arresto es legal o no.

Después los funcionarios policiales acompañaron al detenido al médico, así que dimos comienzo con los presentes. Allí pasamos el resto del día y gran parte de la noche.

Cuando los agentes devolvieron al detenido a su domicilio, me encontraba sentado en la mesa del salón. Nunca me he sentido tan despreciado como a través de aquella mirada que me dirigió y que era una mezcla de sorpresa, de odio y de confusa superioridad.

Las múltiples dependencias de la vivienda se abrían a un lado y a otro sin cesar, aunque la intriga inicial sobre la veracidad de que aquel hombre grababa lo que hacía no tardó demasiado tiempo en resultar esclarecida. Y que parecía que hacía demasiadas cosas con demasiadas personalidades relevantes, también. No solo había todo tipo de dispositivos susceptibles de acumular información por todas partes, sino que, al abrir la enorme caja fuerte escondida tras un mueble del salón, tuvimos que coger aire. Aquello era inmensamente peor de lo que habíamos imaginado.

Las dudas entonces se apoderaron de uno de los agentes actuantes:

—¿Nos tenemos que llevar todo eso?

—A eso hemos venido y eso es lo ordenado por el juez.

«Eso» no era más que, presuntamente, todo un despliegue de intimidades y cuchicheos acompañados de oscuros episodios acaecidos durante casi todo nuestro período democrático. Hasta ese momento descansaban bajo el control de su dueño y cada una de las personas y personalidades grabadas vivía en la ignorancia, o en la creencia, de que sus maldades nunca serían conocidas. O en la confianza, e incluso en la seguridad, de que, cumpliendo determinadas condiciones inconfesables, nunca se divulgarían. Ahora la situación había cambiado drásticamente. Los acontecimientos posteriores demostrarían que ojos que no ven —y bien podría decirse, oídos que no oyen—, corazón que no siente.

En poder de un juzgado quedó todo el material intervenido, aunque no se llegue a conocer nunca una ingente cantidad de su contenido o, en cambio, se conozcan materiales que nunca fueran localizados de forma seleccionada y al son de los impulsos caprichosos de quien posea copias de todo ello.

Quizá por el efecto de alguna vacuna.

7. Nadar contracorriente

Para gestionar aquel entuerto, con tal volumen de información, otra de las clarividentes decisiones procesales de Miguel Serrano fue la de ir pidiendo en el juzgado la formación de lo que se denominan «piezas separadas de instrucción» desde el mismo inicio, a medida que, del análisis de lo intervenido, y contando con el material indiciario suficiente, fuéramos distinguiendo servicios diferentes. Es decir, ir formando investigaciones más pequeñas de forma separada, pero relacionadas entre sí, por razones de orden, agilidad y mayor eficacia. Lo que, en definitiva, establece la ley de enjuiciamiento criminal y recomienda la jurisprudencia.

Había que poner orden en todos aquellos «proyectos de gestión de crisis», tal y como se denominaban eufemísticamente en la realidad tales archivos, que no eran sino presuntos encargos de personas acaudaladas a espabilados policías para que, a cambio de elevadas sumas, les suministraran información con la que espiar a sus oponentes y que es reservada para el resto de los mortales. Datos a los que, en teoría, solo se podría acceder desde organismos oficiales por funcionarios públicos decentes (pagados por todos los españoles con sus impuestos) y para otras finalidades.

Así fuimos avanzando como hormiguitas, trabajando codo con codo con la Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía. El material sobre un mismo proyecto se podía encontrar desperdigado en soportes informáticos muy diversos e incluso obtenidos en registros practicados en ubicaciones diferentes, por lo que nunca se dejaban de descubrir detalles y muchas veces se encontraba lo mismo repetido. Se adoptó el criterio más práctico, de forma que los proyectos de los que se localizaban informes del prestador del servicio, ofertas económicas, facturas, pagos constatados y audios, se remitían al juzgado para formar su correspondiente pieza.

De esta manera, durante el siguiente año 2018 promovimos la formación de once líneas de investigación, las que se numeraron por el juzgado del uno al diez, dándosele a la mayoría de ellas el nombre en clave que cada archivo intervenido asignaba al servicio en cuestión. Quedaba además otra pieza, que era como una pieza cero, llamada principal, tronco común de todas las ramas posteriores y de la que todas estas se nutrirían. En esa zona cero del presunto «clan criminal», se irían acumulando las actuaciones procesales generales que afectaban a todas las demás con los elementos que definirían la filosofía, razón de ser y actuación global propiamente dicha de aquel entramado societario investigado.

El número de escritos de las diferentes partes que se iban personando en el procedimiento y de notificaciones de resoluciones judiciales aumentaba de forma imparable a medida que se incoaban nuevas piezas separadas con esas diferentes líneas de investigación. Por eso, lo que debe ponerse en valor es que la actuación de la Fiscalía Anticorrupción en la causa Tándem no habría sido posible sin la extraordinaria dedicación de Elena, tramitadora encargada de canalizar todas las comunicaciones con el Juzgado Central de Instrucción, donde el punto de contacto será María, igualmente entregada y trabajadora incansable.

Elena no solo actuaba como diligente y puntual correa de transmisión en ese sentido, sino que nos auxiliaba trasladándonos quién llamaba, pedía cita o enviaba un sobre o un correo electrónico con la bombita del día. Y no eran abogados y periodistas solamente quienes pedían una reunión, lo habitual allí con todos los fiscales y en todos los asuntos. A cada momento se producía una sorpresa de lo más variopinta, enigmática y, muchas veces, preocupante.

Además de Elena, cualquiera de sus compañeras de la oficina hacía lo indecible por asegurar que todo nos llegara correctamente y en tiempo, sabedoras de las delicadas características del tema, aunque todos los demás también lo fuesen, como Alejandra, Marisol o Mariluz, por lo que solo puedo tener palabras de agradecimiento infinito hacia ellas. También hacia Toñi, Puri, Loreto, las tramitadoras del registro, los funcionarios de la oficina de cada uno de los cuatro fiscales que tuve en aquel tiempo ejerciendo funciones de jefatura, aquellos otros con los que despachaba el resto de los asuntos y, en general, con todos los funcionarios. Me hicieron la vida un poco más fácil y dulce entre tanto papel y presión desde que aterricé en esa casa.

Merece un recuerdo especial Virginia, que se reincorporó después de mi llegada cuando su enfermedad le dio aquella pequeña tregua, y cuya sonrisa y dedicación eran una lección de vida diaria a pesar de aquel padecimiento que nos la arrebató tan pronto. Me consta que la vocación de servicio, lealtad y eficacia de todos ellos es idéntica con cada asunto y con cada fiscal. Son la sangre que discurre por las venas y las arterias para alimentar a los diferentes tejidos de aquel complejo organismo, igual que lo son los funcionarios de cualquier otra fiscalía, juzgado, corporación u organismo público. Sin ellas y ellos, las Gürtel, Púnica, Lezo, Tándem y tantas otras nunca habrían sido posibles.

Nuestro ritmo era vertiginoso. Había investigados en prisión provisional y durante casi un año, bajo las actuaciones declaradas secretas, todo era procesalmente urgente, aunque no por ello precipitado.

Tras el estallido del 3 de noviembre de 2017, y a pesar de los obstáculos que nos encontramos, nuestra labor consistió, como he expuesto, en ir estudiando el material intervenido, trazando las líneas básicas del procedimiento bajo la premisa de guardar un escrupuloso orden, incoando las piezas separadas para seguir de forma independiente cada una de las diferentes líneas de investigación, sin dejar de perder el nexo común de todas ellas. Como sabíamos desde el principio que el asunto iba a ser inmenso, había que organizarlo para llegar a juicio cuanto antes. Teníamos la oportunidad de demostrar que las causas penales, por muy grandes y complejas que sean, no tienen por qué eternizarse.

Para ello la Policía remitía de forma ordenada y simultánea al juzgado y a la fiscalía los archivos en soporte de todo tipo que eran localizados, sin proponer diligencias. Nosotros entonces los analizábamos y, en su caso, elevábamos una propuesta de actuación al fiscal jefe. Una vez que contábamos con su conformidad, lo cual ocurrió siempre, se la trasladábamos al magistrado instructor.

Como ya viví en Lanzarote, la completa y puntual comunicación entre los diferentes estamentos involucrados en actuaciones como estas es trascendental. Se podrá disentir en mayor o menor medida, o en ninguna, pero la comunicación es básica. Con la Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía se consiguió desde el primer instante. Pero no solo hubo una correspondencia permanente con la unidad policial desde antes de judicializar el asunto, sino que también se procuraba que la hubiera con el juzgado después.

Aquella nave tenía perfectamente definido el papel de cada uno: el combustible lo habían aportado los registros iniciales y lo iba suministrando la Policía a medida que lo analizaba; los motores estaban en la Fiscalía; el magistrado llevaba el timón y el pasaje, tomando las decisiones con el apoyo de nuestros escritos. Así fue durante esos primeros meses, en los que también se validó todo lo que proponíamos, salvo la apertura de los discos duros intervenidos, diligencia que se paralizó por el juzgado durante todo el primer semestre de 2018 ante ciertas dudas sobre cómo proceder con ellos.

Los datos esenciales de la pieza uno, al afectar su esencia a uno de los dos comisarios detenidos el primer día y que dieron lugar a la denominación del asunto como «Tándem», los habíamos obtenido con la explotación inicial.

Aquellos rápidos avances conseguidos, a pesar del bloqueo de información con el cierre del acceso al material electrónico, nos llevaron hasta el 23 de abril de 2018, día en que tuvo lugar lo que sería la explotación de la pieza número dos, es decir, la práctica de nuevas entradas, registros y detenciones. Afectaba a dos despachos de abogados enfrentados y parecía que uno de ellos había acudido a ciertos atajos indebidos para ganar la batalla por la competencia.

El 29 de mayo tocó el turno de la explotación de la pieza tres, vinculada a una serie de conflictos familiares y mercantiles, con más atajos y algún que otro enredo propio de la farándula. Ambas tramas, dos y tres, han sido ya juzgadas y sentenciadas en primera instancia.

De esta manera llegamos a julio de 2018, uno de los meses más importantes de la causa Tándem y durante el que comenzarían a pasar tantas extravagancias juntas que requieren su propio capítulo. Ese mes de julio se abrirían las piezas separadas número cuatro, cinco y seis, pero se archivarían las recién abiertas una, dos y tres, entre otras muchas sorpresas más.

Con este pequeño salto hasta agosto de 2018, lo más relevante de ese mes fue que se levantó el secreto sumarial. Esa medida la recurrimos porque nos parecía anticipada y podía perjudicar la obtención de más información. Su consecuencia inmediata consistía en que se ponía en conocimiento de las partes del proceso el grueso de la investigación. También suele dar lugar, como así fue, a su más rápida difusión mediática. Eso me hacía recordar una frase habitual de las conferencias de uno de los magistrados más reconocidos y queridos por los jueces y fiscales de este país, cuando afirma sarcásticamente que «si quieres guardar un secreto, inclúyelo en un sumario de la Audiencia Nacional».

Llegamos a septiembre de 2018: el día 7 el juzgado decidió archivar la pieza número cinco, que afectaba de lleno a la Monarquía. Tras nuestro informe, y por determinados requisitos procesales que no vienen al caso, la investigación pasó a estar bajo el control de la Fiscalía Anticorrupción, por ser la única competente en aquel momento.

Lo que vendría más tarde en ese asunto del que tanto se ha escrito —desde la Audiencia Nacional hasta Suiza, pasando por Londres, y desde la Fiscalía Anticorrupción hasta la del Tribunal Supremo— se ha dado a conocer, y ninguna de sus vicisitudes, como del resto del fondo del sumario, ha de formar parte del objeto de la presente obra. Solo un detalle nuclear para entender lo ocurrido, aparentemente anecdótico, se describirá también en el capítulo diecisiete.

Era un momento en que el procedimiento estaba procesalmente desmontado, como he anticipado y posteriormente describiré con el análisis monográfico del mes de julio. No podíamos dedicar todas nuestras energías a avanzar porque ocupábamos gran parte del tiempo en recurrir las múltiples decisiones de cierre de las distintas líneas para conseguir reabrirlas, pero todavía cundió bastante más aquel 2018. En el último trimestre conseguiríamos abrir otras cuatro líneas de investigación más.

La pieza número siete tenía la particularidad de que el supuesto encargo recibido por los policías no era tan privado como en los casos anteriores, sino público y, además, aparentemente oficial. Parecía proceder de un sector del partido que ocupó el Gobierno entre los años 2011 y 2018, y haber sido sufragado en ese momento con fondos públicos.

A pesar del secreto que sí estaba decretado formalmente en esta parte de la investigación, a principios de noviembre de ese año se publicó en un digital su existencia. Hicimos unas averiguaciones en el juzgado, descubrimos lo ocurrido y dimos cuenta al fiscal jefe.

La pieza número ocho afectaba a un empresario andaluz que se presentó en la fiscalía denunciando haber sido extorsionado por el mismo grupo delictivo. La pieza número nueve relacionaba a la presunta mafia policial investigada con una entidad bancaria. Y la pieza número diez fue abierta a mediados de diciembre tras el hallazgo de varias publicaciones con el contenido de la tarjeta de memoria de un teléfono móvil, denunciado como sustraído por la asesora del líder de un partido político.

Estas piezas de la segunda mitad del año 2018 tendrían su destacado espacio reservado durante el año 2020 a la hora de marcar mi final en aquel destino temporal.

Conseguimos avanzar hasta ese punto inasequibles al desaliento y a los reveses recibidos gracias a la armonía, el entendimiento y un profundo sentimiento del deber que primaba sobre nuestros demás intereses vitales. Con la unidad del Cuerpo Nacional de Policía, como ya he dicho, se consiguió desde el primer instante. Los fiscales nos entendíamos también a la perfección porque nuestro corte venía del mismo patrón. La unión hacía la fuerza y eso empezaba a resultar demasiado obvio e inadecuado para muchos, como percibíamos en nuestras cada vez más habituales comparecencias judiciales.

Miguel se definía como «un tractor diésel» y a mí me definía como «fosforito». Conseguimos una extraña compenetración que garantizaba que, cuando uno estaba más cansado, el otro mantuviera la energía. En medio de la espesura, había uno que desprendía lucidez. Y si uno se desmoralizaba, el otro estaba «a tope». Los puntos más fuertes de cada miembro de este otro tándem eran distintos, lo mismo que los débiles. En cualquier caso, compartíamos algunos caracteres esenciales: ilusión, esfuerzo, convicción en lo que hacíamos y una absoluta lealtad recíproca, a la Fiscalía y al propio asunto. A la hora de analizar los documentos, interrogar, buscar en internet, atender a fuentes o reunirnos con el instructor o con la Policía, ambos veíamos lo mismo. Y lo que no veía uno, el otro se lo advertía.

Los consejos de Miguel eran constantes y, aunque no siempre, tenía mucho sentido seguirlos, sobre todo cuando hacía símiles futbolísticos, frecuentemente atléticos y culés, o relacionados con el golf, dos de sus grandes pasiones, aunque también los había taurinos:

—Ignacio, haz un Iniesta. Párate solo un segundo y la línea de pase se abrirá rápidamente.

O aquel que me escribía con su letra ininteligible mientras yo interrogaba:

—Ya, no le des más muletazos, coge la espada y dale la estocada.

Pasábamos casi más horas dialogando y pensando en estrategias procesales para ordenar desde el principio aquel monstruo de cien cabezas y después acometer cada nuevo desafío que leyendo y escribiendo; y ya eran unas cuantas. La toma de decisiones era siempre conjunta, se consultaba antes con el jefe y se contaba con su aquiescencia antes de firmarlas. No recuerdo ni una sola ocasión en que no aceptara lo que propusiéramos. Para llegar a ellas, cualquiera de los dos trasladaba al otro una idea o le formulaba una propuesta, se dialogaba, a veces se debatía y, muy excepcionalmente, se discutía, pero con un nexo común: para adelante. Más o menos lento o deprisa, pero siempre había muchos lugares por donde avanzar.

Desde nuestras primeras disertaciones ya me trasladó las dos premoniciones que definirían a la perfección los problemas con los que nos encontraríamos cada día y que acabarían por ahogar mi carrera profesional en aquel destino:

Una: «Lo peor será, sin duda, el fuego amigo».

Y dos: «No cruzaremos juntos el río hasta la otra orilla».

Ambas se cumplieron.

8. Julio de 2018

Ya he adelantado que julio de 2018 fue un mes trascendental. La necesidad de desplegar los operativos de abril y mayo en las piezas dos y tres había obligado a posponer uno de los aspectos más calientes y delicados de toda la causa para conferirle el trato que su dimensión requería: el afloramiento de las conexiones de los dos comisarios hasta entonces investigados en Tándem, José Manuel Villarejo y Carlos Salamanca, con otro comisario principal, Enrique García Castaño, jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Comisaría General de Información.

Si hasta entonces habíamos logrado obtener un cúmulo de información ingente, repleto de miserias y podredumbre, los acontecimientos nos llevaron a actuar contra el hombre que podía definirse como la antena más profunda y de mayor alcance de nuestro país durante décadas. Nuestro siguiente objetivo era el máximo y directo responsable de captar fuentes de información y de suministrar a todas las unidades policiales el material más sofisticado para efectuar seguimientos y controlar las comunicaciones de todo aquel al que se le ocurriera pisar nuestro país. Y, lo que era más importante, el punto de enlace para todo eso con los jueces y los fiscales españoles y, en especial, con los de la Audiencia Nacional. Un auténtico arcón rebosante de secretos: oficiales, de Estado, judiciales, personales, íntimos, que había que abrir en la sede jurisdiccional más sensible.

Los indicios en su contra no surgieron de aquella denuncia inicial, pero no tardarían en aparecer. La denominación del asunto aludiendo al Tándem aparentemente seguía resultando adecuada en tanto en cuanto respondía a su definición, según la cual, dos o más personas realizan una misma actividad en equipo o combinan sus esfuerzos para hacer algo.

Resulta una obviedad decir que lo normal es que con el avance de cualquier investigación vayan apareciendo sospechosos, pero, en este caso, su papel se mostraba como esencial, hasta el punto de que parecía ostentar un protagonismo estelar en toda la actividad investigada, siendo incriminado en casi todas las piezas de la investigación, incluyendo aquellas dos actuaciones de abril y mayo. No en vano sería también acusado y sometido a juicio dos años después por esas piezas números dos y tres, hasta que un problema de salud obligó a suspender el juicio respecto de él.

La sentencia dictada, no obstante, realiza múltiples alusiones a dicho acusado como «alto cargo de la UCAO no enjuiciado ahora» a lo largo de la fundamentación empleada para la declaración de los hechos punibles objeto de acusación tanto probados como no probados.

Dada la cantidad de información obtenida y, ahora sí, su enorme trascendencia, para desactivar su presunta actividad criminal y llevarlo ante los tribunales, fue necesario preparar una operación monográfica para él, varios familiares cercanos y algún que otro estrecho y supuesto colaborador. Era el salto cualitativo más importante que dábamos desde aquel 2 de noviembre de 2017 para tratar de clarificar lo que teníamos entre manos.

Cuando se comenzaba a investigar su patrimonio bajo secreto de sumario y, en concreto, la forma de adquisición de varios vehículos en un concesionario castellano, se encargó de trasladarnos que estaba al tanto de ello. Se había enterado de que se le investigaba desde el primer movimiento que habíamos hecho, pero eso ya no nos sorprendía tanto a esas alturas y resultaría anecdótico con lo que ocurriría poco después.

Una de las situaciones más graves acaecidas durante todo el procedimiento, y que —dada la repercusión mediática que tuvo y las vinculaciones que tendría con lo ocurrido conmigo años después— sí puedo narrar con algo más de profusión en los detalles, es la que sigue.

Retrocedamos un poco y situémonos en el 28 de mayo de 2018, casualmente, o quizás no tanto, el día previo a la explotación de la pieza número tres, en cuya trama este comisario principal era uno de los investigados, aunque se había decidido que no se iba a proceder contra él todavía.

Elena me llamó al teléfono del despacho.

—Tenéis en la recepción a un señor que se llama Enrique García Castaño, que dice que quiere hablar con vosotros. Viene con dos abogados, sin cita, salvo que se la hayáis dado. ¿Qué les digo?

—Gracias Elena. Nosotros tampoco se la hemos dado. Diles que esperen, por favor.

Tras darme los nombres de los dos letrados que lo acompañaban y antes de que el auricular del teléfono terminara de posarse sobre el cuerpo del aparato, ya había salido por la puerta de mi despacho a avisar a Miguel. Nunca hablábamos por teléfono si estábamos en Fiscalía, por muy breve que fuera el mensaje que fuéramos a trasladar. Cada paseíto era fructífero porque, aunque se diera para un mensaje breve, podía desembocar en reflexiones siempre entretenidas y la mayoría de las veces también provechosas.

Nos tomamos nuestro tiempo en su pequeño despacho individual que, a diferencia del mío, se ubicaba en la parte interior del palacio y daba al luminoso patio central. Decidimos recibir a tan ilustres visitantes, a pesar de la forma de presentarse y de que ultimábamos los escritos para el día siguiente. La ocasión obligaba, aunque las vibraciones eran pésimas.

Tomamos posiciones de vuelta en mi despacho, que era mucho más amplio al ser doble y que, en aquel momento, solo utilizaba yo. Nos conjuramos más que nunca en extremar las precauciones.

Los hicimos pasar. Los abogados se presentaron. Ya los habíamos identificado durante aquellos minutos de espera como miembros del despacho dirigido por el exmagistrado Baltasar Garzón. Su gabinete había tardado muy poco en aparecer en escena, ya que también había asumido desde el inicio la defensa de Carlos Salamanca, comisario principal responsable hasta su detención de la importantísima comisaría del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y presunto miembro del Tándem involucrado hasta ese momento en la pieza principal y en la pieza número uno.

Tras un intercambio de saludos, cordial y receloso a la par por ambas partes, la esencia de la conversación vino a ser así:

—Y bien, ¿qué se le ofrece?

—Vengo de parte del señor De Egea.

Diego de Egea era el entonces magistrado instructor del procedimiento. Llevaban un minuto en nuestro territorio y con su primera frase ya estaban insinuando que realmente era suyo, emergiendo sobre dos fiscales a los que miraban con una cínica sonrisa como si fuéramos seres insignificantes y molestos. Disimulamos nuestro asombro como pudimos y los dejamos continuar.

—Sé que me están investigando y venía a ponerme a su disposición para todo lo que necesiten aclarar. —Se hizo un breve silencio y continuó—: Y a pedirles que no me detengan.

Nuestro asombro ya había pasado a la estupefacción. Menos de dos minutos que no habían defraudado nuestra expectación inicial al recibir el anuncio de su llegada. Estábamos ante el aviso de entre los avisos, sentíamos que se nos estaban fijando seriamente los límites del terreno de juego. La línea era roja y no debía franquearse. Aquello no parecía una simple advertencia.

—Disculpe, la causa está secreta y no podemos darle ninguna información.

—Lo entiendo, pero le he presentado un escrito al juez y, cuando lo ha leído, me ha recomendado que viniera a hablar con ustedes.

Nuestro estupor iba en aumento y confiábamos en que en algún momento tuviera fin.

—Pues nosotros no vamos a hablar. ¿El juez les ha dicho eso?

Entonces, como era habitual con casi todas las visitas que recibíamos, intentamos obtener más información de la que conseguirían los que venían a buscarla.

—Y ¿qué más les ha dicho?

—Sí, hemos acudido a su despacho antes de venir a verlos a ustedes ahora, al ser los que pretenden detenerme, porque él me ha trasladado que no tiene nada contra mí ni tiene esa intención. Por eso queríamos decirles que una medida así no es necesaria y podemos ayudarles y colaborar en todo lo que necesiten.

La reunión fue breve porque solo nos podía acarrear más que serios problemas y no había nada de qué hablar. El mensaje había llegado alto y muy claro; cristalino.

Tan pronto como se marcharon, evaluamos la situación, pusimos sobre aviso a Asuntos Internos y, para acumular el mayor número de detalles posible antes de darle cuenta al fiscal jefe, llamamos al magistrado.

Otra línea infranqueable me impide detallar tales conversaciones. No obstante, serían los propios visitantes los que se encargarían más adelante de contar lo suficiente sobre aquellas dos visitas y darían cuenta de ello al menos tres medios de comunicación. A pesar de este siniestro episodio, al día siguiente continuamos con nuestros agitados planes, avanzando con las actuaciones de la explotación de la pieza tres y con todo lo demás.

Así llegamos a otra de las fechas capitales, no solo de la macrocausa, sino para nuestro país, si es que el asunto en sí mismo no lo era ya: el 11 de julio de 2018.

Ese día, los fiscales firmamos la orden de detención de aquel ilustre visitante, Enrique García Castaño, así como la solicitud para entrar a registrar los domicilios de su grupo familiar. En nuestros estrechos círculos profesionales muy pocas personas conocían (desde escasos días antes) que aquello iba a ocurrir, ya que el operativo era más que delicadísimo. Aguantamos lo que pudimos la comunicación de dicha decisión y la trasladamos a quienes inexcusablemente la tenían que conocer por razón de su cargo.

Pues bien. España se levantó aquella precisa mañana, y no otra, con la publicación simultánea en dos medios de comunicación digitales del extracto de un audio en el que una mujer danesa llamada Corinna Larsen, también conocida anteriormente como Corinna zu Sayn-Wittgenstein, aparecía grabada en el año 2015 por el comisario jubilado José Manuel Villarejo, al que daba escabrosos detalles sobre el rey emérito Don Juan Carlos I de Borbón, cuando le contaba que, supuestamente, la habría utilizado como testaferro para ocultar patrimonio en el extranjero y que contaba con cuentas en Suiza a nombre de un primo.

A pesar de lo que difundieron algunos medios, la orden de su arresto no se precipitó ni tuvo lugar por la publicación de esos audios. La decisión estaba tomada, comunicada y redactada desde antes. Por tanto, si había alguna relación entre ambos sucesos, detención y publicaciones, no podía ser otra más que la de presionar con tales audios ante una actuación que traspasaba aquella línea roja que nos habían marcado en nuestro despacho casi dos meses antes, o que habíamos traspasado con las detenciones y registros del 3 de noviembre de 2017. Difícilmente podía entenderse como una mera coincidencia más.

Por tanto, lo realmente trascendental era que había personas que sabían que una copia de ese material estaba intervenida desde el día 3 de noviembre de 2017 y que su acceso había permanecido paralizado por el juzgado (y, por tanto, ajeno al conocimiento público hasta pocos días antes), y consideraron que el día adecuado para que fueran conocidos esos audios por todos los españoles y allende nuestras fronteras había llegado justo aquel en que los fiscales se lanzaban a la osadía de detener a Enrique García Castaño. Ignoro si también sabían que el material había sido localizado y se estaba trabajando sobre el mismo. Demasiadas casualidades juntas. O quizá no.

Obviamente, aquellas publicaciones con idéntico contenido de semejante voltaje, al unísono y por dos medios de comunicación digitales no podían ser una casualidad. Y mucho menos que fuera ese día. El 28 de mayo habíamos sido explícitamente advertidos nosotros en nuestra casa. De golpe y porrazo, aquel 11 de julio se había proferido un golpe para entablar un debate social sobre el artículo 1.3 de la Constitución española, que proclama que «la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria». Teníamos más que claro que nuestra pequeñez llevaba horas, si no meses, enlatada como carne para los cocodrilos.

Esas publicaciones supusieron también un punto de inflexión porque, a partir de ese momento, tuvimos que empezar a analizar qué se estaba gestando fuera. O sea, qué había más allá de lo que contenían estrictamente los tomos del sumario. Pronto entendimos que se trataba de presiones y extorsiones para conseguir el fracaso del procedimiento, así que, como no teníamos bastante, nos pusimos a investigar quién estaba detrás.

Según se había publicado también, García Castaño había sido destituido de su puesto en la UCAO en febrero de 2017 y enviado a un destino supuestamente de castigo en la zona sur de Madrid días después de que una periodista lo grabara a escondidas y publicara sus comentarios despectivos sobre un superior. En el audio, García Castaño aludía a que el entonces ya jubilado comisario Villarejo se preparaba para sacar a la luz información sobre cuentas en el extranjero del rey emérito en el caso de que avanzaran los procesos judiciales contra él.

Por tanto, el objetivo que se iba a detener ese día 11 de julio había sido grabado un año y medio antes contándole a una periodista que el principal investigado en la causa no dudaría en extorsionar a la Corona, y también al Centro Nacional de Inteligencia, si se le apretaba en sus causas judiciales. Pero también se publicó una grabación en la que el propio Villarejo menospreciaba a García Castaño por haberse dejado ningunear de aquella manera, ya que él no dudaría en sacar material comprometedor, hasta de la Presidencia del Gobierno si era necesario, en el supuesto de que le bajaran de su pedestal de influencia. Otra casualidad más.

No debía ser muy endeble ni oculta la apuesta, ya que el propio director del CNI realizó una entrevista en un medio de tirada nacional en la que aseveraba, con rotundidad, que el Estado no aceptaría esos chantajes.

Las publicaciones de aquellas grabaciones no nos detuvieron y firmamos la orden de detención a primera hora de ese mismo día 11 después de ver y oír las publicaciones. Tampoco en aquel momento teníamos tiempo para profundizar en detalle sobre todo lo que podrían suponer. Sabíamos lo que eran y punto. Bastante teníamos con concentrarnos ese día en interceptar a los objetivos y actuar sin equivocaciones, porque sufriríamos más de una provocación para ello durante aquel largo día.

El momento de la detención tuvo lugar mientras García Castaño comía, esperando tranquilamente en un restaurante la llegada del jefe de Asuntos Internos. El protocolo exigía que, igual que en el caso de Carlos Salamanca, una diligencia tan comprometida la practicara un compañero con su mismo rango de comisario principal. Y, como no se le localizaba y parecía evidente que nos esperaba, se le llamó para encontrarlo. Esperamos a que lo trasladaran a su domicilio para comenzar el registro y allí encontramos, tal y como se hicieron eco algunos medios, lo más importante: nada.

El domicilio, como los demás que se registraron ese día, estaba recogido y limpio de cualquier indicio de sospecha tanto en cuanto a sus fuentes de ingresos como a sus eventuales conexiones con los demás investigados. Quizá nos esperaba ese día y eso solo serviría para confirmar la extrema gravedad de la situación. No en vano había venido a nuestra propia sala de máquinas a decírnoslo un par de meses antes. Y también teníamos a una aristócrata empresaria danesa pululando desde primera hora por todos los periódicos de media Europa, por si eso nos animaba a desistir y a darnos la vuelta.

Pero ocurrieron más cosas en ese registro, porque no solo encontramos nada, sino que lo encontramos todo.

Escasos minutos después de su inicio, llegó uno de los letrados que habían acompañado al detenido aquel 28 de mayo a ver al juez y luego a los fiscales. Tras analizar la parte dispositiva de la resolución autorizante, apostilló que no había orden judicial de detención y entabló una conversación que, si no literal, se ajusta bastante a lo que sigue:

—¿Cómo es posible que mi cliente esté detenido?

—Por orden de la Fiscalía Anticorrupción —contestó en alto el propio afectado.

—¡Eso no puede ser! La causa está judicializada y el magistrado le trasladó a mi cliente que no tenía intención de detenerlo.

No era el momento de dar clases de derecho procesal ni de reivindicar legitimación o autoridad alguna. Además, nos parecía un craso error ir por ese camino, así que no interrumpimos para comprobar hasta dónde llegaba. Seguimos a lo nuestro mientras el abogado del detenido no paraba de realizar y recibir llamadas de teléfono.

—El abogado quiere hablar con su cliente —solicitó.

—Su abogado está aquí presente —le contestó el letrado de la Administración de Justicia, máxima autoridad allí como responsable de la diligencia judicial.

Tras un breve intercambio de pareceres, finalmente se accedió a que el llamante y el destinatario pudieran comunicarse sin intermediarios con el elemental argumento de que solo por esa condición de abogado se le permitiría hablar con una persona bajo detención cuyo domicilio estaba siendo registrado. El abogado también estaba perfectamente identificado. Tampoco afectaba mucho ni podía perjudicar el curso de la investigación, teniendo en cuenta que ya había otro abogado allí y se le permitía comunicar con su cliente a través de este cada vez que quisiera. Si había dos fiscales, podía haber también dos abogados para un mismo detenido, como ocurriría en otros registros. Tal circunstancia quedó oportunamente consignada en el acta y nadie protestó ni impugnó jamás dicho documento, suscrito bajo la fe pública judicial: «Se le ha permitido comunicarse por parte del equipo policial que se encarga de su custodia con el Sr. Baltasar Garzón por teléfono».

Durante muchos meses de los años posteriores se negaría de forma reiterada y desde distintas esferas que el abogado Baltasar Garzón defendiera personalmente a algún investigado en el asunto. Pero sigamos.

A pesar de las aparentes fugas indebidas de información que nos llevaron a semejante escenario, el desafío continuó durante aquel registro, porque se nos advirtió desabridamente de las consecuencias que las eventuales filtraciones podrían causar en la reputación del detenido. Eso era una obviedad, como en todos los casos, y también la demostración de que ese no era un detenido como los demás y de que se nos haría a nosotros responsables de las mismas, si las hubiere. Y así fue, claro.

Entre los días 11 y 13 de julio se produjeron varias publicaciones en prensa que se hacían eco de la noticia de la detención de García Castaño, dada su importancia. Los medios no pudieron profundizar en muchos detalles al estar el operativo y toda la investigación concerniente a dicho comisario bajo la declaración formal de secreto de sumario. Pero lo llamativo no fue que la prensa abordara lo acontecido ese día, sino que también aireara lo que había ocurrido, al hilo de estos acontecimientos, aquel siniestro 28 de mayo. Y no porque lo contaran los fiscales ni la Policía, como explicaré en el capítulo siguiente.

Con esta delicada situación llegamos al 13 de julio, fecha de la puesta a disposición judicial de los detenidos. Tras la comparecencia ante el juez, los fiscales solicitamos prisión provisional comunicada y sin fianza para Enrique García Castaño. En unos minutos estaba puesto en libertad por medio de una resolución fundamentada, entre otros aspectos, en la ausencia de riesgo de destrucción de pruebas. La Fiscalía recurrió aquella decisión, destacando que el detenido había sido informado, a pesar del secreto formalmente declarado. Protestamos y exigimos que se hiciera constar, pero a eso, y a dar cuenta a nuestro jefe, era lo máximo hasta donde llegaba nuestro cometido en ese momento.

Enterado constantemente y desde el inicio de todo lo que no debía, el detenido ejerció su derecho constitucional a no declarar, pero tampoco lo decidió él. Fue quien compareció en su defensa, allí presente, el que se encargó de trasladar las consignas recibidas, porque este tampoco lo decidió, sino que seguía actuando como intermediario y como portavoz. La frase también es literal y, como lo anterior, ha sido objeto de varias publicaciones:

No es una decisión de García Castaño, tiene toda la disposición a colaborar con los fiscales, pero ya fue a colaborar con los señores fiscales y no quisieron su colaboración, y semanas después se le detuvo en una detención que consideramos irregular, y la decisión no es ni siquiera mía, es del director de nuestro despacho que no quiere que se articule a día de hoy ninguna respuesta a preguntas del Ministerio Fiscal por la mala fe que se demostró por no querer tomarle declaración en su momento.

Aquello no era la escenificación de una mera estrategia de defensa. Era un paso más, de esos que están escritos en los manuales de táctica en guerra procesal y mediática contra los fiscales que estorban.

Solo dos semanas después, el 27 de julio, la defensa de Enrique García Castaño aportó un documento, también siniestro donde los haya. Se trataba de un acta notarial que recogía una comparecencia personal suya haciendo unas manifestaciones. Había comparecido ante un notario de Madrid el 28 de mayo de 2018, sí, aquel día que nos visitó en la Fiscalía después de visitar el despacho judicial.

El gesto demostraba que no nos habíamos equivocado al extremar las precauciones durante aquella visita. No solo nos debía haber grabado a nosotros. Al magistrado quizá también y enseguida describiré cómo, en un previo comunicado de prensa, había divulgado aspectos de la supuesta conversación con él. Nadie se toma la molestia de ir a contarle a un notario un par de conversaciones, si son de esa naturaleza y además pretende aportarlas como prueba para su defensa en un juzgado, si no tiene claro que puede demostrar que son absolutamente reales. En dicha comparecencia notarial trasladaba su intención de realizar unas manifestaciones bajo su responsabilidad, dejándose constancia por el notario en el acta de que había sido advertido de la comisión de un delito de falsedad en documento público en caso de faltar a la verdad. Ya sabemos eso de que la mejor defensa es un buen ataque.

Lo que trasladó al fedatario público de su reunión con los fiscales es milimétricamente ajustado a la realidad. De todas formas, no parecía demasiado necesario aportar el acta si ya habían pregonado a los cuatro vientos la celebración de aquella reunión y esa supuesta disposición a colaborar con los fiscales a través de un comunicado de prensa, como veremos en el capítulo siguiente. Pero el documento notarial contenía más cosas que, como digo, se publicaron.

Exponía que lo primero que hizo fue acudir al juzgado para presentar un escrito, pero antes solicitó ser recibido por el juez, el cual le recibió y atendió «muy diligentemente» y que, tras leer el escrito que le mostraba, le comunicó que no se lo admitiría, porque el procedimiento no se dirigía contra él. Esto de que una persona vaya a hablar con un juez instructor de un gravísimo procedimiento en trámite y le lleve un papel en el que se le expone que la prensa le ha informado de que va a ser detenido, y pide ser citado como testigo para prestar la colaboración que se precise sobre datos que se están investigando en ese juzgado, que el juez le reciba y lea el escrito que se le enseña, y le diga con la causa secreta que no será admitido porque esa persona no tiene la condición de investigado, no parecía muy acorde a derecho, pero no estábamos delante y no sabemos si realmente ocurrió.

Continuaba diciendo que:

Posteriormente, el Magistrado-Juez me ha comunicado que no existe intención por el Juzgado Central de Instrucción núm. 6 de ordenar detención alguna y que, en todo caso y a raíz de lo expuesto en mi escrito, sería recomendable que me dirigiese a la Fiscalía Anticorrupción a los efectos de manifestar lo que en el meritado escrito de 28 de mayo de 2018 quería poner de manifiesto ante el órgano judicial. Además, uno de los letrados que me ha acompañado ha facilitado sus datos personales a S Sª quien se ha comprometido a comunicar el hecho de mi visita a los Fiscales responsables de la acusación pública.

¿Para qué le facilitaba el letrado sus datos personales al juez? ¿Qué datos, su teléfono personal?

Sigue narrando que, «al atender la sugerencia de Su Señoría y sin dilación», acudió a la Fiscalía, y es entonces cuando describe el encuentro con los fiscales, pero sin rastro alguno de la mayor o menor diligencia mostrada en nuestro caso:

Los dos Fiscales me han atendido, una vez han leído el mismo escrito que hoy iba a presentar ante el Juzgado Central de Instrucción núm. 6, me han comunicado que se han visto sorprendidos de mi propósito, ya que la causa está secreta…

Después de este episodio, seguiríamos tratando de abstraernos de las embestidas de la defensa de García Castaño, mientras el investigado Villarejo y su letrado nos lanzaban las suyas en sus escritos dirigidos al procedimiento e internamente a nuestro jefe en la Fiscalía. Nosotros a lo nuestro, sin tregua, aunque cada vez más acosados y más incómodos. Porque de todo lo anterior también se había hecho eco la prensa.

Para el adecuado contexto de estos oscuros acontecimientos, he de dar otro apunte y mirar nuevamente otro poquito atrás, pero solo una semana.

El caso es que habíamos dado otro salto mortal en el procedimiento al pedir la apertura de la pieza separada número cuatro, lo cual había tenido lugar el 3 de julio de 2018. Esta pieza de instrucción dimanaba de otra remesa de indicios aportada por la Policía con relación al proyecto de gestión de crisis hasta ese momento más caro y lucrativo de los descubiertos, cuya cuantía superaba los diez millones de euros. Se trataba de un supuesto encargo para evitar la extradición de un naviero español en busca y captura internacional decretada por las autoridades de un país centroamericano.

Y, sin parar un minuto, tocaba explotar el siguiente proyecto. Se trataba, esta vez, de la pieza número seis.

El día 30 de aquel tortuoso mes de julio de 2018 volvíamos al despacho del instructor a celebrar una de aquellas reuniones de coordinación para preparar la explotación del operativo del día siguiente. No se podía descansar porque lo que se había descubierto en este caso concreto requería una actuación urgente para evitar una posible extorsión, en tiempo real, a un abogado que había sido juez.

Al día siguiente, 31 de julio, onomástica de san Ignacio de Loyola, nos encontrábamos efectuando más registros y detenciones. Miguel se fue a la localidad gaditana de Sotogrande, al ser más aficionado a las horas de charla durante largos viajes en coche, y yo me quedé en Madrid.

En plena ejecución de esos registros, recibimos por sorpresa la noticia de que el juez había acordado el día anterior, mientras estábamos reunidos, el archivo completo de las piezas dos y tres, que aún estaban en plena ebullición analizándose todos los datos localizados en sus registros. Eso se unía a lo ocurrido poco antes, el día 18 de aquel infausto mes, porque también había cerrado la pieza número uno. No podíamos dedicar nuestras energías a seguir construyendo, porque antes había que reconstruir todo. Retrasamos nuestras vacaciones estivales para recurrir todos aquellos reveses.

Las decisiones de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estimando nuestros tres recursos de apelación y revocando todas aquellas resoluciones serían contundentes. Y la sentencia de 24 de julio de 2023 ha venido a sostenerlo, en primera instancia, dictando condenas en las tres piezas enjuiciadas.

9. La coartada

Apesar de aquel torbellino procesal en el que estábamos imbuidos, nuestro día a día también se vio condicionado por otra circunstancia nuclear que debe explicarse con detenimiento para poder entender bien qué fue realmente lo que pasó conmigo y qué era, mediáticamente, la causa Tándem.

Si se trataba de distraer la atención y de quitar tiempo y efectividad a nuestra concentración, en parte se consiguió. Dormíamos menos para poder atenderlo todo y eso provocaba el consiguiente desgaste. Y si el objetivo de las maniobras era el de preocupar a más de uno, o de una, distintos de nosotros, quedó claro que también se logró.

Me refiero a las publicaciones en cascada que se produjeron a partir del mes de septiembre de 2018 tanto de información manipulada como de audios supuestamente intervenidos. Cual serie de terror, se consolidaría una estrategia que ya se había probado a partir del 11 de julio de ese año con notable éxito tras la difusión de los audios de Corinna Larsen, pero ahora se ejecutaría por otros dos medios de comunicación distintos a aquellos, también a la par y de forma coordinada.

La primera de estas publicaciones tuvo lugar el lunes 17 de septiembre de 2018. Su descripción requiere hacer una importante aclaración previa.

El fiscal Alejandro Luzón, no solo jefe sino también portavoz de la Fiscalía Anticorrupción, nos había delegado la atención a los medios de comunicación que pidieran conocer aquellos pormenores del procedimiento que no estuvieran bajo secreto de sumario y pudieran servir de ilustración a la opinión pública, especialmente tras el caos informativo de los primeros meses y la cada vez mayor contaminación informativa provocada por algunos medios, siempre los mismos, desde el exterior.

El jefe estaba al tanto de todo lo importante, pero consideraba que nosotros conocíamos mejor cada detalle dentro de la estructura global de la causa, de manera que así se podía contextualizar y proporcionar mejor una información más ágil, veraz y sin errores, y él podía atender con algo más de ligereza el vasto número de asuntos complejos que siempre quedan bajo la responsabilidad de un cargo como ese.

Le informábamos para que tuviera conocimiento inmediato y completo cada vez que surgía algo de la suficiente relevancia, lo que ocurría bastante a menudo. También le dábamos cuenta puntual de cualquier visita o mensaje que recibiéramos y que, por su naturaleza, requiriese su conocimiento. En ambos casos aplicábamos un criterio muy amplio, ya que el tema que teníamos entre manos lo requería y siempre preferíamos pecar por exceso que por defecto. Vamos, que nos tenía encima día sí y día también.

El caso es que recibimos a primeros de ese mes de septiembre de 2018 la enésima petición de cita de una periodista. La atendimos en el despacho de Miguel. No venía a consultar ninguna duda sobre la estructura de la causa, como era habitual, sino a tratar de confirmar una información de la que decía disponer, relativa a la supuesta intervención de la entonces ministra de Justicia, Dolores Delgado, y del exmagistrado y ahora letrado Baltasar Garzón, en el asunto que se investigaba en la pieza separada número cuatro, la abierta a primeros de julio sobre el naviero español buscado por autoridades extranjeras.

En aquel momento pesaba sobre esa parte del procedimiento el secreto sumarial, de manera que su conocimiento suponía que se había producido una nueva e indebida fuga de información. Por el contenido de lo que sabía, parecía claro que su fuente le había contado algo después de oír campanas sin saber bien dónde, porque la información era imprecisa y sus conclusiones incorrectas o, al menos, precipitadas, de manera que sabíamos que era alguien muy cercano al sumario o a alguien que lo conociera, que se lo había trasladado de oídas, pero no de leerlo, y mucho menos de sabérselo.

También nos quedó claro que el sentido que se pretendía dar a la noticia a publicar era malintencionado, porque le daba igual entenderlo bien que no. Le expusimos que lo que le habían contado no nos parecía correcto, sin poder darle mayores detalles. De la petición de cita y del resultado de dicha reunión dimos cuenta oportuna al fiscal jefe, como siempre que pasaba algo relevante o más extraño de lo habitual, y aquello tenía muy mala pinta.

Pasaron los días y volvió a pedir un nuevo encuentro, pero no se lo concedimos, así que llamó por teléfono. Atendimos su preocupante llamada, no sin antes activar el altavoz. Cuestión de olfato y de autoprotección otra vez. En esta ocasión, estábamos en mi despacho y era viernes, 14 de septiembre de 2018. Insistió en su intención de publicar la noticia tal cual le había llegado, porque «su fuente» se lo había vuelto a confirmar. A continuación, nos enseñó que ese primer dogma del mundo periodístico asentado en que «antes la muerte que la fuente» no todos los profesionales de la información lo cumplen. Nos recalcó que, a pesar del desmentido de los fiscales, como «su fuente» era «más importante», tenía instrucciones de su jefe e iba a publicarlo.

Al menos nos anunció que lo harían el lunes siguiente, día 17, así que pudimos prepararnos. Terminamos la conversación con la seria advertencia de que tal información sería desmentida por la Fiscalía en caso de publicarse en tales términos, tras mostrar el malestar que nos producía que se pudiera perjudicar enormemente la investigación y que buscaran en ese momento un daño injustificado para una persona que ejercía un cargo de enorme responsabilidad.

La gravedad de esta situación dio lugar a que no solo diéramos cuenta al fiscal jefe otra vez, sino a ser convocados por ello durante la mañana del día siguiente, sábado, al despacho de la fiscal general del Estado, María José Segarra. El domingo, Miguel y yo tratamos de que se recondujera la situación. No pudimos. Aquel lunes, 17 de septiembre de 2018, se publicó una supuesta información, según la cual, estábamos investigando a la entonces ministra de Justicia por haber tenido una participación relevante en el año 2017, cuando ejercía como fiscal de la Audiencia Nacional, en favor de los intereses de los clientes del principal encausado, José Manuel Villarejo Pérez, y, por tanto, de este último, interviniendo en alguna reunión para condicionar el procedimiento de extradición que investigábamos. Al día siguiente se publicó que Baltasar Garzón podría haber cobrado dinero por ello.

El Ministerio de Justicia y la Fiscalía de la Audiencia Nacional hicieron sendos comunicados desmintiendo la intervención de Dolores Delgado en aquella extradición. Creo que Anticorrupción también negó que la ministra fuera objeto de investigación.

El daño a la investigación se agravaba. Nos resultaba incomprensible que se antepusiera el interés periodístico, que no informativo, al resultado exitoso de una causa penal de tal envergadura y que, en el futuro, sí podría dar lugar a muchas otras noticias, pero más correctas y sin riesgo de ese tipo de estigmatizaciones. Eso nos obligó, de nuevo, a horas de análisis para descubrir los verdaderos motivos de aquella forma de actuar tanto del medio como de su fuente, que teníamos perfectamente identificada.

Durante una semana muy convulsa se sucedieron más publicaciones sobre el tema y declaraciones públicas de las personas afectadas por las mismas, Dolores Delgado y Baltasar Garzón, sobre los contactos más o menos estrechos que hubieran tenido, tuvieran o dejaran de tener, o el número de veces que se hubieran reunido, por razones personales o profesionales, con el ya jubilado Villarejo.

Sin ir más lejos, desde el mismo día siguiente, 18 de septiembre.

Ese día Baltasar Garzón declaró a los medios de comunicación que las filtraciones buscaban acabar con una persona honesta como la ministra Delgado y terminar con él profesionalmente, al tiempo que anunciaba emprender acciones legales. Pero dijo también algo muy significativo: «Es totalmente falso, es indigno, asqueroso, muy grave, vergonzoso. Es falso y la Fiscalía lo sabe». ¿Por qué, o para qué, aludía a la Fiscalía? Y, ¿por qué solo mencionaba a la Fiscalía?

Tras estas reacciones, lo que ocurrió fue que no cesaron de repetirse publicaciones sobre el mismo asunto durante aquella semana, con constantes rectificaciones y cambios de versión de la ministra. Y claro, tantas dudas debieron de provocar que alguien se sintiera traicionado en sus sentimientos más puros y leales, porque el lunes siguiente tendría lugar otra publicación más, mucho más dura y claramente distinta en su fuente de origen, pero probablemente idéntica en su finalidad. Y con los mismos objetivos en su punto de mira. Este segundo misil se lanzó, como digo, el lunes, día 24 de septiembre de 2018.

Se trataba ahora de la publicación de una grabación supuestamente realizada por José Manuel Villarejo Pérez en el restaurante Rianxo de Madrid y en la que se oye a varios funcionarios policiales junto a los mismos protagonistas de la noticia anterior, Baltasar Garzón y Dolores Delgado, en una comida del lejano año 2009, siendo en ese momento los citados, respectivamente, magistrado y fiscal de la Audiencia Nacional.

Consistía en una reunión a la mesa entre buenos amigos, en contraste con las declaraciones públicas efectuadas durante la semana anterior a su difusión, en las que se habían desmentido esas mismas relaciones. La conversación ahora difundida contenía varios pasajes sórdidos y homófobos, quizá propios del ambiente y la estrecha confianza entre los interlocutores, pero lo más relevante no era tanto lo que se decía como quién lo decía, por mucho tiempo que hubiera pasado, ya que, en el momento de su publicación, la última nombrada era la ministra de Justicia del Gobierno progresista del Reino de España.

Tras la urgente corroboración de que ese documento sonoro no había sido localizado por la Policía entre el ingente material incautado, dimos la oportuna cuenta a la superioridad y la conclusión nos pareció bastante clara: esta publicación debía partir del dueño y autor del material. Y si no venía directamente de él, solo podía producirse semejante reto con su aquiescencia y bajo su control. Tampoco nos parecía muy probable a esas alturas que la idea de darle difusión a algo tan soez, y guardado durante tanto tiempo, pudiera proceder de cualquier otra persona. Tanto la ocurrencia de su divulgación como el interés en que ello ocurriera en ese momento pasaban por el mismo que tuvo la sangre fría, por calificarlo de alguna manera, de grabarlo y de custodiarlo bajo su poder durante ocho años esperando el momento de sacarlo a la luz. De hecho, han pasado más de cinco años desde aquella publicación y el audio no parece haber sido localizado todavía de entre el material intervenido.

En el caso de las publicaciones del 11 de julio que describí en el capítulo precedente, nunca llegamos a tener la convicción de si su artífice fue la misma persona que divulgó las del 24 de septiembre, si partió del objetivo que se iba a detener aquel día o si surgió de otra mente diabólica que no nos quisiera mucho, pero ahora parecía más claro. Fue dirigido directamente a personas muy concretas que habían desmentido hechos evidentes, sus relaciones con el principal investigado, por lo que el mensaje que debía contener parecía diáfano.

No obstante, aunque no se compadecía con la realidad, lo que sí se hizo creer deliberadamente a la opinión pública con dicha publicación fue que la grabación de esa comida formaba parte del sumario. Se debía suponer que ese audio se había intervenido en los registros del mes de noviembre del año anterior, de manera que, para nosotros, otro mensaje, más subliminal hacia fuera, también era nítido puertas adentro.

Ahí se consolidó realmente la estrategia de defensa extraprocesal que se utilizaría por los principales afectados, consistente en atacar desde fuera al procedimiento en sí mismo. Otra vez, la mejor defensa a través de un buen ataque. Al mismo tiempo que se aparentaba que se divulgaba el sumario indebidamente por los que teníamos acceso a su contenido, se lanzaban astutos mensajes a quienes podían hacer cambiar las cosas en interés del divulgador. Ya no se trataba de atacar a la más alta institución del Estado, como en el mes de julio, sino que se había descendido un escalón, hasta miembros del mismo Gobierno, o hasta aquellas personas de quienes podíamos llegar a depender nosotros, directa o indirectamente, y de quienes, por ende, podía depender la suerte de los que estuvieran en algún tipo de apuro que urgiera resolver.

La estrategia principal será, a partir de ese momento, hacer creer que los fiscales filtran el sumario a los medios de comunicación. Y el que llevaba la voz cantante con las exclusivas era, por cierto, un digital creado exprofeso para ello, lo que a continuación propiciaba el debate de quién ejercía realmente su control.

Con este panorama, si a partir del 11 de julio nuestra jornada laboral empezaba antes de las siete de la mañana buscando por todo internet la publicación de algún alboroto, desde septiembre ya lo hacíamos directamente en las portadas de determinados digitales, muy concretos, en los que esperábamos leer algún escándalo vinculado al caso. Hasta ese momento habíamos obtenido bastante información buceando en la red, en ocasiones fiable y muy útil, otras no tanto e, incluso, muy desenfocada. Ahora se difundía en público el contenido de lo que se suponía que habíamos intervenido oficialmente y estaba bajo secreto con el único fin de causar un daño reputacional a quien, desde el 7 de junio de 2018, era ministra de Justicia, porque su contenido nada tenía que ver con material que se fuera a investigar.

Pero no, no era exactamente así, porque aquello se hacía tan medidamente que lo que se difundía era material no localizado en los registros, bien porque no estuviese, bien porque sí lo hiciese, pero encriptado.

Durante mucho tiempo se jugó maliciosamente con ello, porque había truco. Y así siguió después, tal y como fui comprobando cómodamente desde mis nuevas responsabilidades lejos de Anticorrupción, pero ya se hacía con todo el descaro porque no resultaba imprescindible seguir disimulando su origen ni darle más intriga. De hecho, el 5 de septiembre de 2022, el fiscal Anticorrupción Miguel Serrano se lo dijo alto y claro al tribunal, al acusado José Manuel Villarejo Pérez y a todo el que quisiera oírle en su informe final del juicio oral celebrado ante la Audiencia Nacional: «Los fiscales ese segundo partido no lo vamos a jugar, hemos renunciado a jugar siempre, incluso asumiendo los costes personales que haya habido que asumir».

El truco, como digo, radicaba en que una gran parte del material aprehendido estaba encriptado. Se pidió descifrarlo y una pequeña parte se consiguió y otra muy voluminosa, no. El caso es que durante el tiempo que participé en aquel asunto se divulgaron audios que los investigadores no solo no manejábamos, sino que solo escuchamos, como cualquier otro oyente, a través de lo desvelado por la prensa. Tampoco ha llegado al conocimiento general, a través de los medios de comunicación, que se haya logrado la desencriptación de un solo archivo más.

Esa manipulación o «maniobra de intoxicación informativa», como tantas veces se definía esa estrategia como parte de los servicios incluidos en los proyectos de espionaje presuntamente contratados a la carta objeto de investigación, partía de una base muy sencilla: el dueño de los audios sabía que los investigadores podíamos encontrar un mismo contenido, más o menos amplio o avanzado, grabado y repetido en varios dispositivos y lugares diferentes, pero nada garantizaba que se hubiera intervenido todo lo existente, de manera que siempre quedó la duda, o más bien la certeza, de que había más. Pero no solo eso. Lo que sí se intervino, y se publicó, fue una grabación en la que el dueño de todo aquel material manifestaba a un periodista que tenía siete copias del contenido más sensible que había obtenido y que, cuando tuviera problemas, lo difundiría, ya que cuatro de esas copias las tenía a buen recaudo en el extranjero.

Fuera aquello más o menos cierto, lo que nos parecía una evidencia era que el artífice de la fonoteca podía tener mil formas de decidir, facilitar o consentir la publicación de todo ello cuando quisiera, aunque estuviera privado de libertad, a través de terceros de su confianza que accedieran a esas copias, las tuvieran desde antes de los registros o se dieran un paseo hasta la nube con un par de claves conocidas. Bastaba con decir que estaba en el sumario para lanzar la sospecha de filtración sobre los investigadores. Eso sí, con otro detalle, consistente en excluir siempre al juez instructor de la sospecha sobre la autoría de esas filtraciones. Tan sencillo como maquiavélico. Solo hacía falta querer creérselo. Y si llegaba un momento en que no podía ser creíble, bastaba con utilizar en nuestra contra dicho argumento con los altavoces oportunos para repetirlo las veces que fueran necesarias.

Este efecto de validación o reiteración del que ya hablé en el tercer capítulo volverá a aparecer más veces a lo largo de este relato, porque resultaría esencial para el devenir de los acontecimientos. Una mecánica que únicamente se pararía cuando, años después, mermaría la credibilidad de algunos periodistas, incluso ante sus propios colegas, que sí eran leales a la información contrastada y real.

Sobre este audio de la comida del restaurante Rianxo, publicado también por entregas desde el 24 de septiembre de 2018, corrieron ríos de tinta y horas de radio, entre otras cosas, porque cada día era más vergonzoso el contenido que se difundía y eran más estridentes las respuestas de los afectados. Se siguen desempolvando de las hemerotecas y se recuerdan hasta hoy mismo, ya que los escándalos que afectan a sus protagonistas no cesan. Se hablaba de supuestas correrías judiciales con menores de edad en países lejanos, no denunciadas en el caso de que fueran ciertas. Se insultaba a relevantes cargos públicos por razón de su orientación sexual. Y también, he aquí lo más relevante, se hacía exaltación de la herramienta de extorsión por antonomasia de la banda: la de la obtención de información a través de relaciones íntimas de sus espiados y la correlativa amenaza de su divulgación.

En concreto, Villarejo Pérez, protagonista agasajado con la compañía de sus amigos en aquel condumio, tras ser condecorado por sus servicios al país, explicaba a los presentes uno de sus métodos para conseguir información sensible y ganar dinero con ello, aunque no pareció que necesitara explicar cómo lograba esto último:

Gente dura, correosa de los consejos de administración le ponías una chorbita, se la tiraba y decía, eres un tío guapo y ¡pom!, muerto. La gente es más simple, no he visto gente más tonta. Les contaban las cosas para que las chicas se sintieran cautivadas. Dios, la que he liado esta mañana. Me hice de oro. Era la información vaginal, que yo decía.

A esta gracieta le siguió de inmediato aquella frase de «un éxito garantizado. Es mucho más fácil que un hombre babee, que una tía babee». Estas expresiones fueron proferidas, según el audio, por la fiscal presente en el ágape.

Trece años después, esta sería la misma estrategia utilizada para que mi imagen y mi carrera profesional, así como mi labor en la Fiscalía Anticorrupción, fueran aniquiladas a ojos de toda España, pero, esta vez, basada en una flagrante falsedad creada de la nada. Porque el clan, si no es capaz de conseguir el material utilizando sus malas artes, lo fabula. Lo único que falta después es repetirlo hasta la saciedad a través de buenos amigos con altavoz.

Aquellas filtraciones de septiembre, tan dañinas para la ministra y para la investigación, también lo serían para mí, porque lo que tiempo después se nos trasladó, incluso interna y oficialmente, fue que ella consideraba, convenientemente intoxicada, que sus autores habíamos sido nosotros, los fiscales. Dio exactamente igual que explicáramos, por activa y por pasiva, que la grabación de la comida en el restaurante no estaba localizada en el sumario, cayendo en saco roto incluso el hecho de haber podido acreditar, documentadamente, que la filtración sobre las noticias de las maniobras vinculadas a la extradición procedió de una persona que tenía otro nombre y apellidos. La realidad era que no interesaba saber la verdad y lo que pasó después me llevó a la conclusión de que ya ahí se estaba construyendo la justificación para decapitarme.

Pero no cesaron las embestidas contra el procedimiento y contra los fiscales en relación con aquel asunto al difundirse las noticias vinculadas a la supuesta participación de Dolores Delgado y Baltasar Garzón en el proyecto de librar a un empresario español de la Justicia guatemalteca.

Me encontraba en la oficina habilitada para las tramitadoras judiciales de la causa en la Audiencia Nacional cuando me enseñaron un escrito de denuncia que había presentado Enrique García Castaño, amigo y cliente de Baltasar Garzón en el asunto, por aquellas publicaciones y contra todos los que teníamos acceso al sumario: desde la Policía hasta el magistrado, pasando por los funcionarios y letrados de la Administración de Justicia y, por supuesto, los fiscales. Nunca supimos qué pasó con aquel escrito, si se le dio trámite o dónde acabó.

Lo curioso para mí fue que, en la tarde del viernes 28 de septiembre de 2018, el despacho de abogados dirigido por Baltasar Garzón emitió otro comunicado, uno más, porque no era la primera vez, como después explicaré.

Informaba ahora a la opinión pública de que había emprendido ya aquellas acciones judiciales anunciadas diez días antes, cuando hizo declaraciones en la prensa a consecuencia de las publicaciones del día 17 de ese mes.

A través de este comunicado divulgaba su exigencia de que se investigara cómo había llegado a los medios de comunicación, por un lado, el audio de la machista y homófoba comida de aquel lejano 2009, tratando de asegurarse, espuriamente, de que calara mediáticamente esa calculada ficción de dar por hecho que todo el material que se difundía formaba parte del sumario, cuando no era cierto:

Supuestamente dichos archivos de audio pertenecen a una conversación de ámbito privado grabada subrepticia e ilegalmente, que aconteció en el marco de una comida, y que estaría en un soporte de los intervenidos con ocasión de la entrada y registro practicada en el domicilio o en otras dependencias relacionadas con José Manuel Villarejo, cuya filtración tiene un origen incierto que debe investigarse, así como su difusión presuntamente ilícita.

Por otro lado, pedía investigar cómo y por quién se había difundido material que estaba recogido en la pieza separada número cuatro del procedimiento, la de su supuesta participación en el asunto investigado «instruida bajo el secreto absoluto por el juez Diego de Egea».

Iba paulatinamente centrando el tiro, ya que, a su juicio, los medios revelaron datos que

(…) independientemente de su veracidad, solo podrían haber sido obtenidos del conocimiento directo de la propia instrucción penal. La comisión policial constituida por De Egea para avanzar en la investigación y el Ministerio Fiscal son los únicos que conocen los detalles de las actuaciones que están bajo secreto de sumario.

La comunicación a la prensa de hechos delictivos graves que no aparecen respaldados por evidencias mínimamente sólidas, es, al margen de un comportamiento sumamente gravoso y perjudicial para quien, como afectado, se ve obligado a suscribir el presente escrito, una temeridad impropia de la labor de quienes desde la función pública tienen por obligación la defensa de la legalidad, el interés público y los derechos fundamentales de la persona, que debería determinar una mayor diligencia y mesura en la comprobación de los hechos que se investigan.

A estas alturas del texto de su denuncia pública y convenientemente difundida, ya había dado un pasito más y estaba responsabilizando de los hechos únicamente a las autoridades y funcionarios públicos responsables de la investigación, pero apuntando a los fiscales, ya que son quienes específicamente, y por mandato constitucional, deben velar por «la defensa de la legalidad, el interés público y los derechos fundamentales de la persona».

Finalmente, fijaba su punto de mira en el blanco más fácil. O el más conveniente. Para ello, con la misma ausencia de disimulo que en ese comunicado anterior, que enseguida analizaré, excluía también al instructor y nos apuntaba definitiva y directamente a los fiscales:

(...) constando a esta parte que no tienen nada que ver las autoridades y funcionarios del Juzgado Central de Instrucción número 6 por lo que a estos últimos se les excluye.

¿Cómo podía «constarle» al denunciante tal cosa? Quedábamos solo los miembros de la unidad policial de Asuntos Internos y los fiscales, a quienes no se nombró directamente para que la denuncia no acabara inmediatamente remitida a la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por razón de nuestro aforamiento.

He de puntualizar que también dirigía su acometida contra siete medios de comunicación por publicar aquella información, como expuse al inicio, de manera que pretendía someterlos a la vía penal por informar sobre él y, al mismo tiempo, los utilizaba para difundir su interesado mensaje.

Finalmente, afirmaba que la filtración podía constituir «uno o varios delitos de descubrimiento y revelación de secretos, en concurrencia con uno o varios delitos de infidelidad de custodia de documentos, revelación de secretos por funcionarios públicos y/o obstrucción a la Justicia».

A las 19.44 horas de ese día, nos encontramos con otra noticia:

Según han informado fuentes de la Audiencia Nacional, el magistrado ha decidido este viernes incoar estas diligencias previas con carácter secreto para indagar el origen de la filtración de ese audio, correspondiente a una comida celebrada en 2009 a la que acudió Delgado, el exjuez Baltasar Garzón y otros tres altos mandos policiales, entre ellos el propio Villarejo.

El magistrado al que se refería la noticia parecía ser el instructor del mismo procedimiento. ¿Fuentes de la Audiencia Nacional? ¿Informando de la apertura de una investigación secreta y divulgando su objeto a pesar de ser secreta? ¿Se abría ese día y se difundía su apertura después de que saliera el comunicado? ¿El mismo juzgado que llevaba la investigación supuestamente filtrada a los medios, a cuyas autoridades y funcionarios excluía expresamente de las filtraciones el mediático denunciante?

La estrategia de desgaste era obvia y, aunque la defensa del investigado central de la trama también incordiaba, nadie lo hacía con tanta agresividad. Había cierto ventajismo en ello, porque no se hacía a través de escritos procesales, sino por medios a los que no íbamos a contestar.

Aquellas denuncias nunca se nos trasladaron desde ningún organismo, aunque se airease contra quién se dirigían y contra quién no. Leeríamos en la prensa, en abril de 2019, que la Fiscalía Provincial de Madrid había solicitado su archivo respecto de los medios, porque habían cumplido con su labor de informar, y porque no se podía determinar el origen de la filtración.

Desconocimos qué gestiones se efectuaron para llegar a esa conclusión. Podían habernos preguntado y se lo habríamos explicado con suma facilidad, como hicimos con nuestros superiores, pero claro, tampoco podían preguntarnos en tal sentido incriminatorio sin imputarnos antes y hacerlo con un abogado al lado. Se consideraría que la soflama, por tanto, no tendría el menor indicio de corroboración.

Todo lo narrado ocurrió a pesar de que, como era de esperar, el emisor del comunicado tenía posibilidades reales de saber que el audio de la comida no estaba en el sumario, al menos de forma accesible. No solo en su condición de letrado defensor, sino porque era público y notorio que estuvo relacionado con los comisarios con los que estaba comiendo como juez de la Audiencia Nacional en aquella comida del 2009, publicada en 2018, y podía informarse, por lo menos, a través de ellos. Uno era su propio cliente. Respecto del otro, el propio Baltasar Garzón declaró en el programa Salvados que su relación se estrechó cuando Villarejo Pérez le confesó que le habían pedido hacer un informe en su contra para apartarlo de la carrera judicial, aquel oscuro Informe Veritas, pero este se negó: «Tú eres de los buenos», le dijo. En aquella entrevista, el propio entrevistado admitía que «si Villarejo ha tenido margen de maniobra es porque se lo han permitido. No creo que el malo sea Villarejo, es un actor más. Pero quienes diseñan eso sí son los malos».

Como expuse en el capítulo anterior y he ido adelantando en líneas precedentes del presente, no fue este su primer comunicado señalando a los fiscales como responsables de cometer delitos con ocasión de nuestra labor en el procedimiento, sino que el primero fue emitido el 12 de julio de 2018, con ocasión de la detención de su amigo y cliente Enrique García Castaño.

Varias publicaciones sobre aquel operativo, si no claramente todas, se produjeron precisamente porque el aludido director del despacho de abogados contactó con los medios. En esta ocasión imputaba a los fiscales de forma velada, pero públicamente, un presunto delito de detención ilegal por haber procedido a detener a su cliente en contra de la voluntad del juez instructor. Y esta imputación no la hizo bajo pseudónimo, ni con rodeos o ambigüedades, sino a través de un comunicado de prensa muy claro y con poco margen a la interpretación. Y extremadamente grave, salvo que mi umbral sobre el decoro y la legalidad sean demasiado rigurosos.

En dicho comunicado denunciaba que la Fiscalía acordó una detención «desproporcionada e innecesaria». Esa crítica, por la que un operador jurídico muestra su desacuerdo ante una actuación procesal, estaba dentro de lo normal, pero se atrevía, sin pudor alguno, a explicar todo lo que sigue sobre la forma y momento de producirse aquella detención:

(...) de forma unilateral y sin contar con una decisión del órgano judicial que investiga los hechos con los que supuestamente se le vincula (…)

Desde el 28 de mayo del 2018, fecha en que se ofreció para colaborar y facilitar las labores judiciales y fiscales de investigación, estábamos esperando una citación para explicar todos los datos y aportar todos los elementos de los que se disponen.

No existe ningún indicio contra el mismo diferente a los que hubiera hace un mes y medio, fecha en la que el comisario García Castaño se presentó voluntariamente ante su señoría y se le dijo que no había nada contra él.

Para el despacho de abogados dirigido por Baltasar Garzón, la detención ordenada por Anticorrupción causó a su defendido «unos daños y perjuicios irreparables» y «el Estado de Derecho no puede permitir el instrumento de la detención de esta forma y en ausencia de orden judicial en un proceso abierto», remarcando que el «responsable único de la instrucción es el magistrado competente».

Creo que a este episodio nunca se le prestó la atención debida, ni se le otorgó la relevancia adecuada, ni se le dio la respuesta proporcionada que merecía.

Si la causa estaba declarada secreta, ¿qué hacía un abogado difundiendo, a través de un comunicado, semejantes datos? ¿Nadie más que nosotros se preguntó qué era lo que pretendía, ni por qué divulgó lo que no debía difundir, con tanta impunidad, si los medios reflejaban en su noticia que el asunto estaba secreto, como efectivamente así era? Unos datos que consistían, ni más ni menos, en que el juez, «responsable único», les había manifestado que no procedería contra su cliente y que sabían que los fiscales pretendíamos detenerlo.

Aquel 12 de julio de 2018 también se publicó en un periódico lo que sigue de forma igualmente literal para terminar de dejar claras algunas cosas:

El registro de su vivienda comenzó sin que estuviera presente su abogado, según fuentes próximas a la investigación; ahora afloran discrepancias con respecto a esa detención entre el juez y los fiscales. De hecho, la detención la promueve e impulsa exclusivamente la Fiscalía, ya que el juez no lo veía necesario, según señalan fuentes jurídicas y policiales. El exjuez Baltasar Garzón, amigo personal del policía, será el que asumirá su defensa.

Más preguntas: ¿también los fiscales o la Policía divulgaron que su abogado no había llegado cuando comenzó el registro? ¿Pero quién podía saber y divulgar qué abogado iba a llegar, porque «asumirá la defensa», simultáneamente a emitirse por el despacho dirigido por el mismo abogado nombrado un comunicado que dice exactamente eso?

Discúlpenme si me hago más preguntas aún: ¿cómo podía saber ese periódico si había discrepancias entre el juez y los fiscales? ¿Acaso hubo más comunicaciones o reuniones de los abogados con alguno de los responsables del procedimiento? Con los fiscales, no.

Todo esto no nos pasaba desapercibido, lógicamente. Pero tampoco a algunos medios que no solo apuntaban bien cuando analizaban lo que se publicaba por otros, sino que querían contar la realidad, llegando a titular uno de ellos el 1 de octubre de 2018: «Garzón intenta anular pruebas y apartar a los fiscales del caso Villarejo».

Evidentemente, las detenciones de algunas de las personas investigadas, al ser acordadas por la Fiscalía, pillaron por sorpresa. Especialmente las del 3 de noviembre de 2017 y las del 11 de julio de 2018. Y, como se ha visto, no solo se mostró la correspondiente queja —desestimada judicialmente— por algunos afectados, sino que se cantó a los cuatro vientos esa forma de proceder, a pesar del secreto sumarial formalmente declarado, para poner el foco sobre los fiscales que las firmamos.

En este punto de la narración debo hacer otro paréntesis jurídico, esquemático pero imprescindible, para explicar un poco más lo acontecido. En concreto, la cuestión relativa a las detenciones ordenadas por los fiscales.

El 26 de febrero de 2020, la que había sido ministra de Justicia, Dolores Delgado, pasó, sin solución de continuidad, a tomar posesión como fiscal general del Estado.

El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que un órgano, la Secretaría Técnica, forma parte de la Fiscalía General del Estado dirigida por el fiscal general, atribuyéndole la realización de los «trabajos preparatorios que se les encomienden en aquellas materias en las que corresponda a la Junta de Fiscales de Sala asistir al fiscal general del Estado, así como cuantos otros estudios, investigaciones e informes estime este procedente, la colaboración en la planificación de la formación de los miembros de la carrera fiscal cuya competencia corresponde al Centro de Estudios Jurídicos y las funciones que las Leyes atribuyan al Ministerio Fiscal en materia de cooperación judicial internacional, en el marco de las directrices de política exterior emanadas del Gobierno».

La Secretaría Técnica es el órgano a través del cual el fiscal general del Estado imparte sus instrucciones a todos los fiscales de España.

Pues bien. La nueva titular en la Fiscalía General nombró como jefe de dicha Secretaría Técnica (es decir, como su mano derecha) a Álvaro García Ortiz. Ambos permanecieron en sus respectivos cargos hasta que Dolores Delgado presentó su dimisión como fiscal general el 19 de julio de 2022 y, entonces, el Gobierno propuso al propio Álvaro García Ortiz como nuevo fiscal general en la sesión del Consejo de Ministros de ese mismo día, siendo este nombrado por S.M. el Rey el día 1 de agosto de 2022. Se ha de puntualizar que dicha sucesión no tiene por qué ser la natural en el seno de la carrera fiscal, ya que quien suple al fiscal general del Estado en casos de ausencia no es el fiscal jefe de la Secretaría Técnica, sino el teniente fiscal del Tribunal Supremo, número uno en el escalafón de la carrera. En este caso, como digo, no era una ausencia más o menos breve en su puesto, sino que se produjo una dimisión.

Como uno más de los trabajos de carácter técnico que corresponden a la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, se llevó a cabo una revisión profunda sobre la actividad investigadora del fiscal en el ámbito penal (las diligencias de investigación a que ya aludí fugazmente en el capítulo cinco), amparada por la legislación procesal y específicamente desarrollada a través de una serie de directrices internas de la Fiscalía General del Estado, como circulares, instrucciones o consultas, dictadas entre los años 1989 y 2021, en especial, una circular del año 2013.

Pues bien, casualmente el día de mi cumpleaños, 20 de diciembre de 2022, el ya fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, firmó la nueva Circular 2/2022, Sobre la actividad extraprocesal del Ministerio Fiscal en la investigación penal, derogando con ello el régimen jurídico de la Circular 4/2013.

Una Circular, dentro de la carrera fiscal, es un instrumento que contiene criterios generales de actuación e interpretación de las normas, o marca pautas para definir la estructura y funcionamiento de los órganos del Ministerio Fiscal, y su cumplimiento es, por tanto, obligatorio para todos los fiscales en cualquier parte del territorio español, en virtud de los principios de legalidad, imparcialidad, unidad de actuación y dependencia jerárquica.

Conforme hacía nuestra normativa anterior, y a los solos efectos de lo que importa destacar en este capítulo, en su apartado siete (correspondiente a las medidas cautelares), la nueva Circular de la Fiscalía General reconoce igualmente que la ley habilita expresamente al fiscal para acordar la detención de una persona, si bien, como todas las medidas cautelares penales, dicha medida ha de ostentar, por lo general, naturaleza jurisdiccional.

Pero ahora, la Circular indica que «la medida cautelar de detención preventiva solo podrá ser acordada mientras no exista un procedimiento judicial en curso. De ahí que los fiscales deban abstenerse de acordar la detención de persona alguna en el marco de unas diligencias de investigación auxiliar».

Esto es, con la nueva interpretación, las primeras detenciones que ordenamos el día 2 de noviembre de 2017 en el seno de aquellas Diligencias de Investigación Penal número 8/2017 de la Fiscalía Anticorrupción, estarían amparadas por el Estatuto Orgánico y por la Ley de Enjuiciamiento Criminal que regían su actuación, pero no así todas las detenciones posteriores a esa fecha, incluyendo la de Enrique García Castaño, porque, al existir ya un procedimiento judicial en curso, las Diligencias Previas número 96/17, debían haberse solicitado al juez instructor.

Tesis idéntica era la sostenida por el letrado del detenido citado en su comunicado de prensa de 12 de julio de 2018 ya comentado.

El 24 de julio de 2023, con la Circular plenamente vigente, la Audiencia Nacional se pronunciaría sobre dichas detenciones. Y para validarlas.

10. Calderos al fuego, bajo protección

Aquella estrategia de publicaciones en cascada, que causaba tanta zozobra en busca de frutos procesales, continuó con otro serial desde el 30 de octubre hasta mediados de noviembre de 2018. Tocaba el turno de la publicación de una nueva entrega por capítulos de audios que no formaban parte del sumario o, al menos, no se habían localizado. Esta vez, el mensaje cambiaba de destinatario.

La persona más afectada directamente por estas grabaciones era la entonces secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, y los audios reflejaban una supuesta reunión a escondidas con Villarejo Pérez en la sede central del partido citado, reunión auspiciada, al parecer, por el marido de aquella. Ahora el destinatario o destinatarios del mensaje, como digo, eran bien distintos. Y la fecha elegida para aflorar una conversación, ocurrida nueve años antes, tampoco parecía casual.

Aparentemente solo nosotros, nuestro jefe, el instructor, la tramitadora del juzgado, la de la Fiscalía y la Policía, sabíamos que el mismo día 30 de octubre se presentaba en el juzgado el informe policial que daría lugar a la pieza separada número siete, la que afectaba de lleno a ese mismo partido político. Otra coincidencia más.

Terminaba un 2018 repleto de bombas y con un extenso campo de minas bien colocadas para hacerlas estallar cuando fuera menester. Los fiscales estábamos claramente marcados como los objetivos que había que derribar.

Entonces, tuvo lugar un movimiento trascendental. Cambiaba el piloto de la nave. En diciembre se marchaba el magistrado instructor de refuerzo que había comandado el asunto desde el juzgado y comenzaba 2019 con la reincorporación efectiva del magistrado titular.

Durante ese 2019 se reabrió por la Sala de lo Penal la investigación de todas las piezas de investigación que habían sido archivadas, e impulsamos la creación de trece más, de manera que, a finales de ese año, teníamos «al fuego» veinticuatro asuntos diferentes con un mismo nexo en común: presunta corrupción, al más alto nivel, contaminando la política, la Justicia, la Policía, algunas importantes empresas y parte de la prensa.

La primera decisión del nuevo instructor a su llegada fue la de encomendar al Centro Nacional de Inteligencia la desencriptación del material intervenido. Ello no significaba, según explicaron los expertos informáticos de la Policía Nacional, que desde el CNI pudieran acceder al material, ni tener la tentación de elegir lo que se enviaba al juzgado de entre lo que se lograra descifrar, como tantas veces se pretendió hacer creer desde los terminales del principal investigado, sino que, como únicamente tenían acceso a lo que denominaban las cabeceras de los archivos encriptados, si encontraban la llave, podrían abrir la puerta, pero no entrar en las habitaciones ni ver el contenido. Con esa llave sí entraríamos nosotros, pero los resultados que nos trasladaron no fueron nada boyantes.

Cuando se recibió el documento que descartaba cualquier tipo de avance en muchos años, mientras se debía suponer que los ordenadores seguirían buscando las vías de acceso a tales cabeceras, se cerró la posibilidad de conocer todo aquello que permaneciera bajo clave, salvo que su autor o poseedor lo revelaran. O salvo que fueran sacando sus copias a través de cómplices, como así fue ocurriendo, por supuesto, con la perenne duda de si alguna copia de lo publicado se había incautado realmente o no.

En esas estuvimos cada una de las ocasiones en que interrogábamos al anterior poseedor de dicha fonoteca, que fueron numerosas. Insistimos desde el inicio en que nos facilitara la clave, pero no quiso hacerlo y tampoco creía que estuviéramos dispuestos a abrirlo todo. O no le convenía. Para entonces ya estaba plenamente instaurada la estrategia paraprocesal de divulgar a través de medios de comunicación digitales material supuestamente incluido en el sumario que no se localizaba, digitales que, extrañamente, y a pesar de ser de nueva creación, sí lo tenían.

A través de sus diferentes escritos, que tardaban a veces menos tiempo en llegar a los medios de comunicación que a la Fiscalía, no cesaba de acusar a todos los intervinientes de extraer únicamente el material que le perjudicaba y de ocultar el que incriminaría o, simplemente incomodaría, con toda su capacidad de disuasión, a jueces, fiscales y otras autoridades o personalidades relevantes vinculadas a su causa y a sus oscuros quehaceres pasados.

Siempre mantuvo una misma tesis defensiva, sustentada en una conspiración. Incluso después del primer juicio oral ya celebrado, se aferró en diversas entrevistas a la teoría de que todo se trataba de una ideación del Centro Nacional de Inteligencia contra él, en venganza por haber denunciado en sus tiempos de policía supuestas irregularidades cometidas por los más altos responsables de los servicios secretos españoles. En esa perorata, obviamente, nosotros éramos espías disfrazados de fiscales, máxime teniendo en cuenta, según bramaba, la forma en que todo había comenzado y su convicción sobre los vínculos de alguno de nuestros compañeros con el citado organismo.

En uno de esos primeros escritos, estando aún el procedimiento bajo secreto y sin tener opción a conocerlo, en teoría, relataba con pelos y señales aquella primera reunión en la Fiscalía de abril del año 2017. Sus terminales le harían llegar la información también después, aunque estuviera en una celda. Y la información la interpretaba con la agudeza del analista de inteligencia que es, por lo que nunca le infravaloramos, a diferencia de la escasa consideración que nos dispensó siempre él a nosotros.

La segunda decisión del nuevo magistrado fue la de traer al mundo del asunto Tándem toda la investigación que se había llevado a cabo respecto de Enrique García Castaño, ya que hasta ese momento se tramitaba de forma paralela y al margen de todo lo demás por decisión del anterior magistrado instructor.

Los tres primeros meses del 2019, comparándolos con el resto, fueron de cierta tranquilidad. El impacto propio del primer año, con el shock general derivado del descubrimiento de tantas desvergüenzas, había dejado paso a un trabajo con menos sobresaltos hasta que llegamos a finales del mes de marzo. El magistrado instructor decidió entonces tomar declaración como perjudicados al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y a su asesora Dina Bousselham, por la difusión de parte del contenido del teléfono móvil supuestamente sustraído a esta última.

Aquella declaración tenía mucho peligro porque se podría utilizar con fines partidistas en un momento tan cercano a un proceso electoral como era aquel. De lo que ocurrió en esa actuación procesal también informó la prensa profusamente y en otro capítulo trataré lo ocurrido. Como anticipé en el preámbulo, las cosas no son muchas veces lo que parecen, ni lo que se hacen parecer, si tienes altavoces para hacer creer otra historia. Menos mal que todo consta en las actuaciones judiciales y fiscales.

Y llegamos al 8 de mayo de 2019, otro momento clave. Tras once meses con trabajo de despacho, tocaba volver a la calle a detener y registrar, esta vez, con la explotación de la delicada pieza número cuatro: la del naviero y Guatemala.

Habría sido una operación más, si no hubiese sido porque volvieron a la carga las publicaciones en forma de timbales y trompetas sobre la eventual participación en aquella trama de la entonces ministra de Justicia y el abogado, lo que, de nuevo, nos trasladaba al epicentro de unas iras que nunca provocamos por un ímprobo trabajo que, con errores o sin ellos, nunca se nos debió reprochar.

En el marco de esa parte de la investigación, tras analizar el material incautado en los registros, acudimos al Centro Penitenciario de Estremera. Era 10 de julio de 2019 y el objeto de la visita era el de interrogar al líder del clan investigado. Fue un interrogatorio diferente a todos no solo por el cambio de escenario, sino porque resultó una de las experiencias más productivas y divertidas que me regaló participar en aquella aventura. Salimos muy satisfechos, y recuerdo, entre muchos otros detalles, que el interrogado se negó a contestarme a una pregunta con el argumento de que, si me lo contaba, podría copiarle su know how si algún día yo pasaba a ejercer la abogacía, llegando a oírse a través de la pantalla las carcajadas de los letrados que asistían a la declaración por videoconferencia desde el juzgado. A esa prisión para verle a él, pero no para interrogarle, volvería el 23 de octubre de 2020.

Por lo demás, ese año fue de reconstrucción y avance general, lo que aumentó el número de nuestros enemigos a gran velocidad y dio lugar a las primeras denuncias contra los fiscales y a recusaciones contra el magistrado instructor, todas ellas infructuosas.

Uno de los momentos más importantes en aquel destino tendría lugar el 29 de octubre de 2019, con ocasión de una reunión para intercambiar información sobre las cuentas del rey emérito Juan Carlos I de Borbón entre la Fiscalía Anticorrupción española y la Fiscalía suiza.

Alcanzamos el número de veinticuatro investigaciones diferentes e interconectadas durante aquel año, y la estrategia que seguimos, a instancias de mi compañero, fue la de tratar de tenerlas todas muy activas a la vez.

Él tenía una capacidad sobrehumana de tenerlo todo en la cabeza y de estar especialmente atento al vencimiento de cada secreto sumarial que se hubiera decretado en las diferentes piezas y al de los plazos de instrucción, siempre presto a solicitar sus respectivas prórrogas. Aquello resultaba extenuante, teniendo en cuenta que cada uno seguíamos despachando al mismo tiempo los demás asuntos que nos correspondían al margen de este, que no solo era prioritario, sino completamente absorbente.

Llegaba noviembre y se cumplían dos años de vigencia de la prisión preventiva de Villarejo Pérez. Aunque la medida se prorrogó por otros dos años, como prevé la ley para casos excepcionales, yo me centré en las piezas más avanzadas para concluirlas y formular los escritos de acusación que permitieran celebrar el primer juicio oral lo antes posible, mientras Miguel avivaba todas aquellas investigaciones simultáneamente.

Con todos estos «calderos procesales», junto con los demás fuegos de artificio bien cargados de pólvora que provenían desde el exterior, lo más normal era que, antes o después, nos quemaran.

Además de ser funcionarios dedicados a la administración de Justicia, éramos seres humanos con una salud que comenzaba a resentirse y a sufrir achaques, y con dos familias en las que cada día aumentaba la preocupación en la misma proporción que disminuían la cantidad y la calidad de su tiempo con nosotros. Y es que, lo mismo que se cumplirían las dos premoniciones iniciales de Miguel Serrano, desde el primer momento fuimos conscientes de que corríamos cierto peligro.

Las presiones iniciales fueron incrementando el tono y la agresividad. Sabíamos que, si investigábamos a un hombre que aparentemente utilizaba las más sucias artimañas para satisfacer a sus clientes, ¿cómo no iba a emplearlas para resolver el proyecto de gestión de su propia crisis? Estaba en unos más que serios apuros, que nunca habría imaginado, mientras cada mes parecían más claras las amenazas que se lanzaban de distintas formas a unos y a otros para que cesara aquella privación de libertad que se alargaba. No había hueco para la relajación y cada vez estábamos más asentados en nuestras convicciones, con un apoyo cerrado de nuestro jefe y de la fiscal general del Estado de aquel momento.

Como ha establecido la Unión Europea, la corrupción no consiste solo en cometer un acto descrito en el Código Penal, sino en quebrantar los códigos éticos de cualquier institución, ya sea pública o privada. Y hay comportamientos que, aunque no sean delictivos, resultan inmorales, indecentes y hasta nauseabundos, pero siempre son sutiles.

Lo cierto es que nunca nadie se nos acercó con cantos de sirena, ni nos intentaron comprar con nada. Llegamos a temer que nos llegara una solución consistente en ofrecernos un destino dorado que fuera irrechazable, incluso cambiando de equipo. Pero debíamos transmitir lo que éramos y somos, así que a nadie se le ocurrió hacernos demasiado la pelota, entre otras cosas, porque arañábamos al mínimo amago de ese tenor cuando recibíamos visitas.

En mi caso concreto, puedo relatar que tuve varias aproximaciones de antiguos mentores que me pedían reuniones, preocupados por los intereses de sus clientes, pero sin la presencia de mi compañero. Algunas veces acudí, con el conocimiento de Miguel, a quien todo se lo contaba, antes y después. Algunos estaban un tanto alejados, aunque dentro del círculo de influencia de la fonoteca, pero otros estaban personados en la causa. Quedamos alguna vez a comer, como cuando me juntaron en un reservado con funcionarios muy relevantes de la Audiencia Nacional para comprobar de qué pie cojeaba y darme una última oportunidad de hacerme de los suyos. De forma tan cínica como paternalista, me invitaban a cesar en mi proactividad, por mi bien. No hice mucho caso, por no decir ninguno, y así me fue.

Esto mismo había ocurrido también un día de mediados de diciembre de 2018, cuando un abogado solicitó cita para ir a vernos en nombre de Villarejo. Lo relevante fue que, de camino a la Fiscalía para llegar a dicha reunión, recibí una llamada. A través de ella, un segundo abogado abusaba de mi confianza para invitarme a que atendiera lo que se nos venía a ofrecer: que no debíamos seguir abriendo discos duros, porque había información muy comprometedora, y no me iría bien.

Tan pronto como llegué y aparqué, acudí a encontrarme con mi compañero en la cafetería.

—Miguel, ya sé a qué viene el abogado.

Hasta ese momento teníamos una cita, pero no sabíamos lo que pretendía la persona que había solicitado el encuentro.

—¿A que no te imaginas quién me ha llamado?

Su cara mostró un gesto de asombro y repulsión a partes iguales.

—Me ha dicho que vienen a ofrecernos un pacto. Y también me ha venido a decir que me esté quietecito de una vez.

Se presentó en la Fiscalía un tercer abogado, porque era distinto del que había solicitado la cita y del que me había llamado. No llegamos a pacto alguno porque esperaban que aceptáramos un acuerdo que no encajaba en el Código Penal. La existencia de la reunión se divulgó, una vez más, en el afán de situar a los fiscales como el enemigo que había que derribar. Y es que, si el año 2018 fue clave para marcarnos las líneas infranqueables que no debíamos cruzar, el 2019 fue el que nos obligó a reaccionar y a protegernos, condicionando de lleno nuestra esfera personal.

Desde finales del año 2017, tras desatarse las detenciones y abrirse aquella caja llena de secretos inconfesables de muchos personajes supuestamente ilustres, la Secretaría de Estado de Seguridad había decidido dotarnos de protección personal a través del Cuerpo Nacional de Policía. Empezábamos a saber demasiado y a molestar más aún. En un primer momento la protección consistió en una contravigilancia, de forma que los funcionarios nos controlaban sin saber nosotros cuándo, cómo, ni dónde. Solía ser de forma discreta, pero otras veces hacían lo posible para que detectáramos su presencia y hacernos saber que ahí estaban. En teoría, nadie más, aparte de nosotros, debía descubrirlos. 

Una mañana salía del garaje de mi domicilio camino del colegio cuando, antes de hacer el giro correspondiente al final de la primera calle, el pequeño de mis hijos, Guillermo, de ocho años recién cumplidos en ese momento, me dijo: 

—Papá, nos sigue el coche azul de detrás. 

Yo había detectado el movimiento porque sabía lo que podía esperar y no fueron particularmente disimulados, pero no pensé que alguno de los niños pudiera estar tan atento. 

—No, hombre, habrá sido casualidad que se haya puesto en marcha cuando hemos salido. 

—Pues siguen detrás y van dos tíos dentro que no paran de mirarme —insistía perspicaz a medida que nos acercábamos al centro escolar. 

Los agentes se dieron cuenta de que dos curiosas y mosqueadas miradas les marcaban a través de la luna trasera del coche en busca de explicación, por lo que aumentaron la distancia. Hice el último giro a la derecha y, como no había circulación, atravesé irregularmente la calle para estacionar a la izquierda, en sentido contrario al de la vía, hasta pararme a las puertas del colegio y evitar cruzar la calle a pie. En el momento en que nos bajábamos, el vehículo azul que nos seguía también giró, haciéndose a un lado inmediatamente y parando a la derecha correctamente, frente a nosotros, pero unos cincuenta metros más atrás. 

—Sí, y también es casualidad que se vengan hasta aquí y se paren cuando nosotros nos paramos —dijo Ignacio, entonces a punto de cumplir los doce años. 

No recuerdo cómo salí del lío en ese momento, pero la llegada de la hora de entrada al colegio me dio una tregua. Cuando llegué a casa, al final de la jornada, me estaban esperando ambos sentados en el sofá del salón. Tras el saludo de bienvenida, apagaron la televisión. 

—Papá, explícanos lo del coche de esta mañana. 

Mis hijos no me estaban volviendo a preguntar por los extraños movimientos matutinos. A pesar de su edad, me estaban exigiendo que acabara con su inquietud y que les hablara con la claridad con la que siempre lo he hecho. 

Les expliqué someramente que había empezado una investigación delicada contra gente muy mala y que la Policía iba a controlar que nadie nos molestara. La confirmación de que algo ocurría aplacó su inicial incertidumbre y la primera reacción fue de alivio, porque no habían pensado nada positivo de aquellos individuos. Pero claro, surgió otro tipo de preguntas, porque, si para mí vivir algo semejante resultaba inimaginable, podía intuir cómo era para unos niños que creían que algo así solo ocurría en las películas.  

—Veréis, tenéis que estar tranquilos. Yo lo estoy. 

Durante poco más de un año convivimos con aquella situación. Se alternaban las veces en que los veíamos con las que no hasta el punto de que los pequeños se preocupaban si dejaban de verlos muchos días seguidos. En ocasiones me seguían hasta la puerta de la Fiscalía en su coche y otras me parecía que solo había motoristas que esperaban a que yo pasara, porque aprendes a detectarlos solo cuando ellos quieren que lo hagas. 

En enero del año 2019, la situación cambió.

El cúmulo de información que manejábamos había ido en aumento en proporción a su gravedad y nadie mejor que la Policía para saberlo. También se transmitía públicamente esa creciente hostilidad hacia nosotros. No necesitábamos decirles lo que íbamos descubriendo porque era al revés, ellos mismos eran los que nos iban dando cuenta de la trascendencia de los hallazgos a medida que abrían los archivos intervenidos.

El primer año de investigación, el 2018, fue especialmente complicado en ese aspecto, porque todo sonaba demasiado escandaloso, hasta que poco a poco la sociedad se fue anestesiando. Hasta ese momento, el material estaba oculto bajo el recaudo de alguien que lo utilizaba supuestamente para ganar dinero, de manera que solo algunos afectados directos lo sabían. Pero aquello se había descontrolado una vez en nuestras manos. Para los fiscales, todo lo que fuera delictivo vería la luz. Dicho con más propiedad, sería oído y leído.

La cuestión no se limitaba a que cada día sabíamos más, sino que la agresividad hacia nosotros aumentaba desde diversos flancos. Aunque habíamos conseguido casi completamente que los medios no publicaran nuestros nombres, los avisos que nos llegaban iban subiendo de decibelios y comenzamos a preocuparnos.  Y las autoridades, también.

El cambio fue drástico. Se nos asignaron cuatro policías y un coche para llevarnos y acompañarnos a todas partes. Ahora tenía que buscar la fórmula para explicárselo a los dos avispados sabuesos de mi casa sin preocuparles demasiado. 

Los primeros días fueron caóticos porque intentaba absurdamente que no se dieran cuenta de que los policías ya no venían detrás de nosotros en un vehículo, sino que tenía que ir en su coche y, cuando íbamos andando, ellos lo hacían igualmente a corta distancia. Decidí hacer los mismos recorridos en mi utilitario particular y que los agentes me siguieran en el suyo. Llevaba a los niños al colegio en mi coche, luego lo dejaba en mi domicilio y me subía al oficial para ir a trabajar. Al volver, pasaba por casa y me bajaba del oficial, me subía de nuevo en el mío e iba a por los niños, mientras el vehículo policial iba otra vez detrás de mí. Eso no cambiaba mucho la situación anterior, aunque me llevara más tiempo, pero no me servía para cuando íbamos a pie, modalidad de traslado que llegó a resultar hasta cómica cuando un día que llovía dejé el paraguas que me había prestado un miembro de la escolta para que el niño no se mojara encima de una papelera, como vía de devolución y, obviamente, Guillermo no se lo tragó. 

—Es que está roto —le dije sintiéndome absolutamente ridículo ante su condescendiente mirada. 

Aquello no tenía más vuelta de hoja, así que en menos de una semana les expliqué la nueva situación. La conveniencia de una mayor protección indicaba, obviamente, que estábamos peor, pero además se dio otra inoportuna circunstancia. 

Una noche sorprendimos a un delincuente saltando desde el muro medianero con la vivienda contigua hacia nuestra terraza. Más tarde vimos, a través de las grabaciones de las cámaras de seguridad de la finca, el recorrido que hizo para ello. Al llegar a la altura de nuestra vivienda se puso unos guantes, entró por la rampa del aparcamiento de la finca contigua y escaló una verja para meterse en la casa colindante. En ese momento estábamos muy cerca, en casa de otra vecina de la misma urbanización, cuando recibimos la llamada del conserje avisándonos de la intrigante incursión y salimos corriendo hacia allí porque nuestros hijos habían ido a buscar un juego de mesa para todos justo segundos antes. Llegamos en el preciso momento en que los chavales se disponían a abrir la puerta de ambas casas al unísono y el maleante, tras atravesar íntegramente el primer jardín, estaba saltando hacia el nuestro, escena que se pudo divisar desde la misma entrada de las dos viviendas, ambas con las persianas de los salones levantadas. 

Nunca supimos quién era ni qué pretendía exactamente. Pudimos ver que huyó lanzándose hacia un terreno exterior desde una considerable altura y que, tras correr unos doscientos metros, volvió a la vía por la que había entrado y fue recogido por un vehículo cuya matrícula estaba ya muy lejos del alcance de las cámaras de seguridad. Aquel misterioso visitante no me ayudó mucho a transmitir una tranquilidad que fuera totalmente creíble. 

A partir de entonces tuve que reforzar el sistema de alarma en mi domicilio y adoptar otras medidas de seguridad. Hasta en dos ocasiones vinieron con unos aparatos muy sofisticados a comprobar si tenía micrófonos instalados en casa y revisaron mis teléfonos por si los tenía intervenidos. Nunca me llevaba material del procedimiento para evitar que lo sustrajeran, pero tampoco coloqué ningún cartel avisando de ello, de manera que durante un tiempo creí que me encontraría algún cuadro o foto colgado del revés, como en las películas de mafiosos, porque eso era lo que sentía que estábamos viviendo en realidad. 

Los niños se adaptaron bien y nos fuimos acostumbrando. Establecimos unas reglas que consistían, básicamente, en que nadie debía darse cuenta de que íbamos acompañados. Pedí que se incumpliera puntualmente el protocolo y que no nos abrieran la puerta del coche en las salidas y entradas del colegio y de las actividades extraescolares para no llamar la atención. Tampoco se lo podían contar a nadie, ya que no era un motivo para fardar con los amigos. Conseguimos durante mucho tiempo que nadie se percatase y creo que algunas personas de nuestro entorno no se llegaron a enterar nunca del precio que estábamos pagando. 

En esta nueva situación, el primer día que fuimos andando al colegio, mi hijo pequeño me preguntó: 

—Papá, ¿por qué va tan lejos de nosotros? 

—Bueno, hijo, no va lejos, va a la distancia necesaria para que le dé tiempo a reaccionar si alguien se nos aproxima de forma rara. 

—Pues que vaya más cerca. 

—Entonces se va a enterar de lo que hablamos, Guille. 

—Ah, no, no, entonces que se quede ahí. 

Esta nueva forma de vida tiene como comodidad que te llevan y te traen a todas partes, puedes ir leyendo mientras avanzas y no tienes que buscar aparcamiento, pero te restringe la libertad y también la intimidad.

A partir del curso siguiente, por regla general primero íbamos al colegio a dejar a Guille y después al instituto de Ignacio. Un día, llegados a la primera puerta, salimos el pequeño y yo de los asientos traseros mientras un funcionario lo hacía del asiento del copiloto. Coincidimos con otras personas, entre ellas, una mujer. Notamos que percibió algo extraño, el niño entró con toda naturalidad como buen actor y nos marchamos. Ignacio, que aguardaba dentro del coche mirando la escena, nos dijo al reanudar la marcha: 

—Esa profesora se ha dado cuenta de que pasa algo, pero no lo pilla del todo. 

Al recoger al pequeño por la tarde se acabó la intriga. Entró en el coche y nos dijo: 

—Papá, ¿viste que nos cruzamos con una señora al entrar esta mañana? 

—Sí, hijo, ¿quién era? 

—Era una cuidadora del comedor y me empezó a hacer preguntas. 

—¿Ah, sí? ¿Qué te preguntó? 

—Me preguntó: «¿Has venido en un Uber?», y le dije que no. «¿En un Cabify?». Le dije que no también. Pero antes de que me siguiera preguntando le dije: «¡Son mis tíos!». Y ya no me preguntó más. 

La carcajada dentro del vehículo policial fue generalizada. Los niños nos amenizaban mucho los traslados hasta que tuvieron que dejar de viajar en el coche. No paraban de preguntar a los funcionarios sobre su procedencia, sus ocupaciones cuando no estaban con nosotros, las pruebas para llegar a ser policía o el calibre de las armas que portaban.

Así estuvimos hasta el mes de enero del año 2023, momento en que la Secretaría de Estado decidió no mantener el servicio de escolta y volver a las contravigilancias durante otro escaso tiempo.

Han sido unos cuantos agentes los que han velado por mi seguridad y la de mi familia, porque iban cambiando los turnos y marchándose a otros destinos. La inmensa mayoría se ganaron su cariño y, en todo caso, su agradecimiento. Y, por supuesto, los míos.

11. Las llamadas de la muerte

No recuerdo si disfruté de demasiado descanso durante las fiestas navideñas de 2019. En ese momento, mis enemigos andaban preparando ya muy calculadamente la tormenta que descargarían sobre mí a lo largo de todo el año siguiente. En realidad, la mecha ya la había encendido el abogado José Manuel Calvente, despedido en octubre como responsable jurídico del partido político Unidas Podemos por acosar presuntamente a una compañera. Desde entonces, el letrado andaba divulgando sus propias intimidades a los periodistas que querían oírle, preso de la cólera por tan ignominiosa expulsión. Eso sí, de forma distorsionada, solo a seleccionados oídos agradecidos y sedientos de sangre ajena.

De vuelta de las vacaciones, a media mañana del 8 de enero del año 2020 recibí la comunicación de un periodista que me apremiaba a tener una cita. Le contesté que debía consultar la disponibilidad de mi compañero Miguel Serrano, ya que las citas con periodistas, como también con letrados o con fuentes que quisieran ofrecernos alguna información, las dábamos juntos y en nuestra sede, salvo alguna excepción ya descrita. Para ello, los interesados contactaban con el fiscal jefe, con algún compañero o con la secretaría de la Fiscalía y estos nos pasaban el recado. Otras veces, nos la pedían directamente a cualquiera de nosotros.

Cuando iba a preguntarle por el motivo de la cita y de su urgencia, se apresuró a escribirme:

—Ignacio, es una cosa personal tuya.

Afortunadamente concurrían dos circunstancias: la concentración aún no se había apoderado de mi cerebro lo suficiente en aquellas fechas y, además, tenía posibilidad de atenderlo. De inmediato me preocupó. Mucho había tardado en llegarnos una agresión más seria que las que hasta ese momento habían venido embarrando el terreno de juego, y el procedimiento iba a entrar en una fase procesal trascendental. Tenían que pararnos. Y si eso no era del todo posible, separarnos.

Nos vimos cerca del mediodía en la cafetería a la que solíamos ir a tomar el desayuno inicial de la jornada, ubicada justo enfrente de la Fiscalía. Allí, sin dar demasiados rodeos, me contó que estaba circulando desde un par de meses antes un rumor sobre una supuesta relación sentimental que yo tendría con la abogada que representaba a la acusación popular personada en la causa en nombre del partido político antes nombrado.

Desde el principio Miguel y yo fuimos conscientes de que intentarían atacarnos de cualquier manera. Y de que sería sin piedad cuando llegara el momento en que fuera necesario.

El principal investigado, Villarejo, siempre aprovechaba cada aparición, del tipo que fuera, para lanzar amenazas, no siempre veladas, sobre la divulgación de información que decía poseer en torno a la vida privada de destacadas personalidades. Recordemos, a modo de ejemplo, la escena de la comida en el restaurante Rianxo. En los escritos y en las comparecencias judiciales, siempre divulgadas para cumplir con su misión, focalizaba sus advertencias sobre quienes más odiaba o sobre quienes podrían sentirse más presionados ante tales chantajes, y así obtener un resultado más eficaz en la resolución de su situación procesal o en su propia privación de libertad.

Por lo demás, tenía una particular predilección por los fiscales. En este gremio coincidían su inquina y sus intentos de coacción. Siempre estaba igual. Nosotros no podíamos más que imaginar, con mayor o menor base científica, si el contenido de sus peroratas era cierto o no, pero lo que teníamos claro, por el vasto conocimiento alcanzado sobre los personajes que protagonizaban la conjura, era que, si no tenían información real, la simularían con tal de conseguir sus objetivos. Ya lo habían hecho más veces. Más que eso, era su forma característica de actuar, su seña de identidad.

Le contesté al periodista que esos rumores de los que me hablaba sobre una relación íntima no eran ciertos y que entendía que mi versión le importara muy poco, porque eso frustraba su primicia. Durante el máster en periodismo, medios y periodistas que nos regaló, desde el inicio y cada día, el asunto Tándem, aprendí que aquello era lo que en su argot se llama «la llamada de la muerte». Es decir, te preguntan algo para contrastarlo, o no, pero sí para tener tu opinión o versión del hecho, porque el dato sobre el que te preguntan lo van a publicar. Tampoco sabes si con tu versión incluida. Depende de la profesionalidad y del rigor del periodista. En definitiva, y volviendo al discurso de Steve Jobs que abre este libro, depende de que ame lo que hace como única forma de realizar un buen trabajo.

El diálogo, que recordaré toda mi vida, fue así:

—Mira, a mí no me apetece publicarlo, pero el compañero con el que trabajo sí cree que es publicable —se excusaba.

—Bueno, si estás aquí es porque lo vais a publicar. ¿Cuándo? Porque, más allá del daño que me haga a mí o a mi familia, que es injusto e indecente, es un ataque al procedimiento y a la Fiscalía para desestabilizarnos.

—No, no, yo no pretendo eso, pero comprendo que haga daño.

—Pues no entiendo las razones para publicar algo que, aparte de ser ridículo y falso, perjudica la investigación de un asunto como este. Me obligas a pensar bastante mal.

—Ignacio, comprenderás que es algo muy jugoso y que, si no lo publicamos nosotros, lo harán otros. Es el plan. Se han repartido unos chats a varios medios, que me conste, para que alguien los publique, y te garantizo que lo van a hacer.

—Te agradezco que, al menos, contrastes conmigo la información, aunque no sirva de mucho. Nadie más me ha llamado, si llevan tiempo circulando. Pero tampoco lo entiendo demasiado, porque no puede haber chats que digan, ni fotos que muestren, nada de eso que tú me comentas.

—A ver. Hay un abogado expulsado del partido muy rebotado. Y están circulando unos chats que, a mi modo de ver, tampoco acreditan ninguna relación, pero...

—Entonces, ¿cuál es la noticia?

Llevaba varios folios impresos y accedió de buen grado a mi petición de leerlos. Yo los leí sin comprobar en detalle intervinientes, fechas, o si pertenecían a uno o a más grupos, todos ajenos a mí. Pero sí leí que me apodaban Ironman.

—¡Pero si está diciéndole a sus compañeros por escrito que lamenta la imagen equivocada que ha trasladado y que ha sido una bocazas! Mira que es complicado demostrar documentalmente un hecho negativo. Pues este está muy claro...

—Sí. Ni son mensajes tuyos, ni se dice que hubiera algo íntimo en ninguna parte y, además, pone eso que me dices. Pero...

—Pero la idea es publicarlo haciendo parecer lo que no hay.

—Me da que sí, la fuente insiste mucho en ello con tal de hacer daño a ese partido y a ella... Y hay medios muy dispuestos.

—¿Y le vais a preguntar a la otra persona concernida? Porque solo puede contestarte lo mismo que yo. Con dos desmentidos, de solo dos versiones posibles que conocen la verdad, ¿también es publicable?

—Esta tarde lo haré, quería hablar contigo primero, porque dudo que ella quiera contestarme.

La conversación se adentró en explicaciones sobre los conflictos internos que se habían desatado en el seno del equipo jurídico de dicho partido político, contándome también el enfrentamiento que tenía en los tribunales laborales el expulsado con el partido y en los de lo penal con su anterior compañera por una querella por acoso sexual interpuesta por esta frente a aquel.

—Y si él defiende que el acoso es falso, ¿por qué intenta hacer creer otra historia de ella conmigo? De verdad que no me entra en la cabeza. ¿Qué le he hecho yo?

—Venganza y política, no le des más vueltas.

—¡Pero a mí me machacan sin tener nada que ver!

—Mira, vamos a hacer una cosa. Ahora, cuando llegue mi compañero, lo hablamos y vemos qué hacer.

—Estupendo. ¿Te importa que se incorpore Miguel Serrano a la conversación? El tema trasciende de mí y no solo lo va a saber inmediatamente, sino que, si lo oye por vosotros, mejor.

—Sin problema. Lo entiendo.

Enseguida llegó el otro periodista y Miguel andaba perfectamente a tiro. Le había alertado y estaba tan preocupado como yo, esperando mi aviso. Una vez juntos los cuatro, la diferente posición de Miguel en aquella bravata le hizo mostrarse mucho más enérgico con dos periodistas a los que conocía bastante bien.

—Sabéis perfectamente que esto es una falsa coartada para bombardear la línea de flotación de Tándem. Vosotros sabréis.

Finalmente, aquellos periodistas no lo publicaron. Tampoco ningún otro medio de comunicación en ese momento. La operación se estaba cocinando a fuego lento entre Madrid y las islas Canarias, pero, al menos, ya estábamos advertidos de que el ataque final estaba en camino.

Esa misma tarde recibí en el teléfono corporativo, a través de la aplicación de mensajería instantánea Telegram, una captura de pantalla abriendo en mi dispositivo un «chat secreto». Procedía de la aludida letrada de la acusación popular, que quería entablar conversación y adjuntaba un pantallazo que contenía la misma consulta que ese periodista me había hecho a mí. Había cumplido con rigor el trámite de contrastar la supuesta información también con ella.

El mensaje venía acompañado de un rótulo de «autodestrucción en una hora». La aplicación permite desactivar y activar esa opción en cualquier momento, de forma que los interlocutores vean si está activa o no, por lo que acepté el contacto, marcando el terreno y desactivando la autodestrucción. Como, a pesar de eso, cualquiera de los interlocutores puede hacer desaparecer completamente una conversación en cualquier momento posterior, e incluso seleccionar mensajes concretos a la hora del borrado que descontextualicen el conjunto de la misma, en previsión de lo que podía ocurrir, fui fotografiando con mi teléfono particular todo lo que aparecía escrito en el móvil corporativo. Efectivamente, poco después todo estaba borrado, pero, al menos, yo la tenía ya guardada, por si hacía falta en el futuro.

Cuando meses después se me abrieron en la Fiscalía varias investigaciones administrativas y una penal por publicaciones de prensa, ofrecí por escrito a ambos instructores dicha conversación de chat, pero nunca me la pidieron. Dejaron constancia, también por escrito, de que, además de no constituir infracción alguna, de haber sido cierto, aquello estaba más que esclarecido y no necesitaban más pruebas. Es más, plasmaron muy pronto en ambas sedes que, incluso como rumor, ya había sido desacreditado documentalmente desde que un aislado artículo, cuyo titular era muy negativo, sí incluía en el cuerpo de la noticia esa parte del chat en el que ella desmentiría la relación.

Yo decidí no aportar espontáneamente aquella conversación fotografiada, porque tenía claro que se filtraría convenientemente en algún momento y se haría un uso sesgado y malintencionado de ella por los mismos trapecistas, malabaristas, domadores y payasos que estaban montando la carpa de un circo, que bien podría compararse con el coliseo romano, con sus fieras devorando en grupo a gladiadores desarmados.

Le pregunté a la letrada de Unidas Podemos de dónde salía tal maledicencia y el porqué. Reproché el inimaginable daño absurdo y estúpido que se causaría a mi familia, al procedimiento y a la Fiscalía, por ese orden. Solo obtuve negaciones, lamentos y disculpas. Pero obtuve más prueba de la verdad. Y por escrito.

Miguel y yo le dimos cuenta al fiscal jefe de todo lo ocurrido, sin excluir ningún detalle.

—Alejandro, nos han avisado unos periodistas de que ya han resuelto venir a por nosotros a través de un ataque personal a Ignacio.

Tras rechazar cualquier explicación de índole personal, el jefe lo tuvo tan claro después del encuentro como lo tenía desde antes. En los manuales de primer curso de crimen organizado se enseña que la consigna principal para disfrutar de impunidad es derribar a los fiscales que incordian.

—Intentad estar tranquilos y me vais contando.

No fueron fáciles los días siguientes, pero la coraza autoimpuesta y el constante trabajo hicieron que pronto, si no se me olvidó del todo, estuviese lo más tranquilo posible, en espera del golpe, eso sí. Incluso pensé que, como el tema tenía tan poco sustento, y nadie más me lo había hecho llegar, se les habría olvidado a ellos. Esa sensación de tregua me acompañó solo dos semanas.

El día 22 de enero de 2020 acudimos a la Audiencia Nacional a una nueva declaración judicial de Villarejo. Se trataba de la pieza separada número seis y él declaraba por videoconferencia desde la prisión de Estremera. Fue a preguntas del abogado de Unidas Podemos, casualmente, cuando el preso lanzó la pista, sin guardar relación alguna con el objeto del interrogatorio:

—En esa conversación, usted se refiere a un tal «Picapiedras», ¿recuerda quién es esa persona? —inquirió el abogado.

—Pedro Picapiedras, de los… dibujos animados... Pregúntele a su compañero este de Podemos que se ha ido... que está contando por ahí cómo alternaban ustedes y se reunían con los señores fiscales... para preparar las cosas —respondió Villarejo.

Evidentemente, ahí estaba el aviso. Miguel y yo lo entendimos a la perfección y al instante. Por entonces ya le habíamos escuchado muchas veces grabado en conversaciones con sus supuestos y poco precavidos amigos o clientes, habíamos leído muchos de sus documentos, y le habíamos tenido delante en unos cuantos interrogatorios como para saber entender su lenguaje encriptado, la mayoría de las veces amenazante para nosotros o para terceros.

Eureka. Qué casualidad, otra vez.

Al día siguiente, 23 de enero de 2020, se publicó en La Información un artículo que llevaba una calculada carga explosiva, con el mecanismo detonador retardado, ya que daba cuenta del litigio entablado por aquel abogado expulsado del partido que iba repartiendo sesgada e interesadamente documentos y mensajes de los grupos de chat con sus compañeros. Nunca míos, obviamente.

Hablaba de que, según él, una abogada de Podemos anteponía su relación íntima con un fiscal anticorrupción a los intereses del partido en el procedimiento Tándem.

Inmediatamente le dimos cuenta a nuestro jefe de esa publicación y no hizo falta recordarle que obedecía tanto a «la llamada de la muerte» de los periodistas de principios de año como a la declaración judicial del día anterior.

En previsión de lo que podría ocurrir, ese mismo día 23 de enero le entregamos un documento por el que dejábamos constancia de la inexistencia de vínculos con esa acusación popular. El jefe lo envió, a efectos meramente informativos, a la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, y desde allí acusaron recibo, sin mostrar la menor preocupación ni reproche. La fiscal general era María José Segarra y el fiscal jefe de la Secretaría, Fernando Rodríguez Rey.

El 24 de enero Confilegal publicaba otro artículo en la misma línea y tres días después se difundía una entrevista al abogado expulsado en la que este explicaba sus desavenencias. En su ataque contra su antiguo empleador, dirigía gran parte de la responsabilidad de sus desdichas hacia su excompañera aludida. Ya estaba el escándalo servido y el público expectante, con el imprescindible morbo marca de la casa como cebo. Y yo tenía todas las papeletas para ser el sospechoso, por más que evidentes razones de edad, por suerte para el veterano Miguel.

En esas circunstancias, el 29 de enero de 2020 visitamos el Centro Penitenciario de Aranjuez para comprobar si un interno era capaz de declarar o de transmitir información de alguna otra manera, al encontrarse aquejado de las secuelas de un ictus, con relación a la pieza número siete de la causa.

Allí Miguel Serrano demostró más que nunca su olfato de sabueso. Se movía por la prisión como si fuera su casa, fruto de los tiempos como fiscal especialista en vigilancia penitenciaria en sus primeros años de carrera en Barcelona.

Después recibí la verdadera «llamada de la muerte».

En uno de los primeros días de febrero de 2020, Miguel y yo estábamos en el pasillo que une las salas de declaraciones de los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional. Era por la tarde y nos disponíamos a iniciar una nueva toma de declaración cuando sonó mi teléfono corporativo. No solo el contenido de la llamada resultaría insolente, sino que implicaba que alguien había facilitado ese número sin mi autorización. Creo recordar que procedía de un número desconocido, pero no oculto. Por eso descolgué, porque podía ser una llamada importante, por cualquier motivo. Acerté.

—¿Sí?

—Buenas tardes, ¿hablo con el fiscal Ignacio Stampa?

—Hola. Sí. —Enseguida sentí que había llegado el momento.

—Mire, le llamo del programa de radio La Ventana Indiscreta, de Radio Las Palmas. Quería preguntarle si es usted el fiscal al que apodan Ironman.

El carácter tan directo de la pregunta, su tono, el desconocimiento de quién era la llamante y su origen me confirmaron lo que estaba esperando.

—Sobre eso puede llamar al fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, que, como portavoz, tiene todos los detalles y sabrá informarla —respondí al estar el tema oficialmente en manos de la superioridad.

—¿Es cierta la relación con la abogada? —prosiguió mecánicamente, indiferente a cualquier respuesta que le pudiera dar.

—Le insisto, por canales oficiales de la Fiscalía podrán informarle perfectamente sobre ello.

Colgó.

Su misión estaba en marcha. No llamó al jefe. Pero ahí se quedó, aparentemente.

Volvió la tensa calma, a la espera del estallido. Durante unos meses de nuevo pareció que la caza se había desinflado, pero nada más lejos de la realidad.

Mientras tanto, nosotros seguíamos desenredando la madeja de Tándem tirando de cientos de cabos a la vez. Lo que tocaba era abstraerse de las distracciones, no parar de trabajar lo más rápido posible y a destajo, concentrados al máximo para hilar fino y avanzar sin cometer errores, principalmente porque el siguiente paso que tocaba dar constituiría un salto cualitativo de tal trascendencia que agitaría bastante más la situación sociopolítica del momento. Íbamos a detener a un exsecretario de Estado de Seguridad y a registrar su domicilio.

Aquel 13 de marzo de 2020 llevamos a cabo una de las actuaciones más importantes de nuestra vida profesional y se quedará en mi memoria por muchos motivos, pero, el principal, porque fue el último día que vi a mi padre con vida.

El Gobierno había anunciado la inminente declaración del estado de alarma ante la situación de pandemia sanitaria existente. Afortunadamente, el domicilio registrado era amplio y hacía muy buen tiempo, por lo que los numerosos integrantes de la comisión judicial teníamos margen para mantener la mayor parte del tiempo una cierta distancia física en un momento en que, sin saberlo, los contagios estaban desbocados.

Después del registro fui a ver a mis padres. Mi padre, que apenas salía de casa, tan solo para hacer la compra, había acudido a por algunos víveres con los que pasar aquella incertidumbre, como tantos españoles. La siguiente vez que saldría del domicilio sería camino de un hospital, diez días después, para no regresar. Tras hablar unos minutos con ellos desde la puerta del ascensor, me dejaron un recipiente con comida en el felpudo para prevenir cualquier contacto y me despedí, dejándolos sonrientes y orgullosos.

Al día siguiente, se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaraba el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. No hace falta que recuerde nada de lo ocurrido. Pero sí quiero trasladar un cálido abrazo a todos aquellos que, como nosotros, sufrieron la pérdida de un ser querido. Y, por supuesto, mi agradecimiento infinito a todos los profesionales sanitarios y de todos aquellos oficios que permitieron darnos esperanza y nos cuidaron, poniendo en riesgo sus vidas y las de sus familias, nutriendo las farmacias de medicinas o los mercados de alimentos.

A partir de ese momento se paralizaron las actuaciones en la sede judicial, pero en modo alguno nuestra actividad. Comenzaron las reuniones telemáticas y se multiplicaron los correos electrónicos entre los fiscales y el jefe de grupo de la Unidad de Asuntos Internos, servidor público ejemplar, quien daba puntual cuenta de los avances de la investigación tanto al instructor, por un lado, como a nosotros, por otro.

Mi zozobra en espera del ataque final que se me avecinaba cesó, porque surgieron otros motivos de preocupación mucho más importantes. Durante la siguiente semana recibíamos las noticias de las altas fiebres y la tos de mi padre mientras él atendía aquellas consignas médicas, vía telefónica, de tomar paracetamol y beber mucha agua hasta que la mañana del día 24 de marzo mi hermano Álvaro se lo llevó al hospital, ya en muy mal estado.

Por si aquel día no hubiera sido ya suficientemente crítico, por la noche mi madre mandó un mensaje de voz al grupo de chat «hijos». Nos decía, con mucha serenidad, que tenía mucha fiebre, que se había cogido un taxi y que estaba en la sala de espera del mismo centro médico que luchaba por ofrecerle la mayor comodidad a su marido, cuyos pulmones se encontraban en tal estado que serían imposibles de recuperar. Tras varias horas de espera y recibir el mismo diagnóstico que de positivo tenía únicamente el resultado del test, con la neumonía bilateral instaurada a la espera de ser controlable con retrovirales y otros medicamentos, la mandaron a su casa a altas horas de la madrugada con una saturación de oxígeno en sangre ligeramente por encima del límite mínimo tolerable. Fueron días terribles para todos y nos tocó vivirlos demasiado cerca. Como a tantas y tantas familias. Permanentemente pendientes online de que su saturación no bajara del 93 por ciento y de que la fiebre no volviera a aparecer. Su fuerza, su fe, el infinito amor por sus hijos y nietos, y su firme determinación de estar para todo lo que Emilio la necesitara la salvaron.

Las horas las pasábamos obsesionados con el WhatsApp, mirando incesantemente si mi padre se conectaba o no. La enfermedad estaba tan avanzada que ni siquiera lo habían ingresado en cuidados intensivos. Los médicos no se explicaban cómo aguantaba tanto tiempo en las condiciones en las que había llegado y que, inexorablemente, iban empeorando. Cada día tardaba más tiempo en conectarse y escribía menos, resumiendo su estado y sus sentimientos por medio de tristes emoticonos.

Lo más difícil de asimilar en estos casos no es el hecho de saber la inminente muerte de un ser tan querido, sino imaginarse lo que estaría pensando él, viéndola llegar tan dramáticamente, solo, y a cámara no tan lenta. El día 27 de marzo me escribió a las 09.04 horas algo que mi madre y mis hermanos solo descubrirán leyendo estas páginas: «He dormido mal. Por si acaso PIN mi teléfono 4444». Yo lo intentaba animar diciéndole que pronto celebraríamos su vuelta a casa y, como era tan aficionado a las series de las plataformas de televisión, le contaba que me había suscrito a Netflix y que estaba devorando Fariña. Cuando le volví a preguntar una hora después cómo se encontraba, me escribió el último mensaje que recibiría de él: «Tienes que ver Narcos».

Aquellos dramáticos días solo podían pasarse en el calendario ocupando la mente en otra cosa. El ritmo de Tándem no se reducía, de manera que la soledad obligada en mi domicilio por el confinamiento y la tensión emocional me hacían concentrarme incompresiblemente en los papeles, impulsado por un inconsciente mecanismo de autodefensa.

Eran días dedicados al estudio del programa de cumplimiento normativo de una importante entidad financiera. En un momento dado, un correo electrónico desvió mi atención. El inspector nos había remitido, con su permanente eficacia y presteza, un anticipo de la información que esperábamos: el volcado de toda la información contenida en un teléfono móvil. El borrador de informe era extensísimo y mi ánimo no era el mejor para leerlo cuando aquel 30 de marzo me llamaron del hospital para decirme que iban a proceder a sedar a mi padre para que dejara de sufrir. Lo utilicé como antídoto contra la tensión, la tristeza y la añoranza hasta que, mentalmente agotado, me dormí.

Como me había erigido en el punto de contacto familiar, las enfermeras me iban dando el parte una vez al día desde que mi padre había ingresado, contándome que estaba siempre de buen humor, que era muy simpático y que comía con apetito. Así ocurrió hasta que la inabarcable situación a que se enfrentaban hizo que cayeran en alguna confusión desagradable el día 31 de marzo:

—Buenas tardes. ¿Es usted familiar de Emilio Stampa?

—Sí, sí, soy hijo suyo.

—Nada, era para informarle, soy la enfermera. Solo para decirle que está estable, dentro de la gravedad. Ha comido una mandarina…

—Disculpe. Le agradezco mucho la llamada, pero debe de ser un error, y le voy a decir que hasta lo puedo llegar a entender, aunque me cueste; mi padre está sedado desde ayer.

Los días posteriores seguí alternando las comunicaciones con mi madre y mis hermanos con el análisis de documentos, correos e informes. De repente, pasadas las 15.00 horas del 2 de abril, empecé a encontrarme mal y a llorar desconsoladamente, mirando por el ventanal del salón hacia los montes de Boadilla, con un mal pálpito que, aun así, no descifré en ese momento. Me recompuse, hasta que a las 18.10 horas recibí la que pensaba era la llamada diaria del hospital.

—Buenas tardes, ¿hablo con algún familiar de Emilio Stampa?

—Sí, soy su hijo, dígame.

—Lo lamento mucho, le llamo de los servicios funerarios. Tenemos una nota aquí para ponernos en contacto con usted y comenzar los trámites.

—Gracias, pero no tenía conocimiento de que mi padre hubiera fallecido. Lo esperábamos, pero me lo está comunicando usted.

El hombre se quedó tan poco sorprendido como yo de aquella perversa descoordinación, la segunda, propia del caos reinante en aquellos momentos, aunque lo último era pedir explicaciones por ello. Se disculpó y nos pusimos en marcha.

A continuación, convoqué para la videollamada más difícil. Al recibir los documentos del hospital poco después, fui a buscar directamente un dato: «… a las 15.10 horas».

Cuando las autoridades lo permitieron, varios días después, fui con mis hermanos a las puertas del tanatorio para despedirlo, pero solo desde el portón del vehículo que trasladaba su cuerpo para la incineración. Acudimos cuatro familiares y no tres, como había establecido el Gobierno. Bastante teníamos con que mi madre no pudiera asistir, encerrada en su casa y controlando su coronavirus, como para dejar también a uno de los hijos fuera de aquella tristísima despedida. No atendimos todas las reglas, pero tampoco nos lo reprocharon.

De nuevo concentrado en el trabajo por aquel extenso informe policial, la máxima prioridad en el caso pasó a ser la tarjeta de memoria de un teléfono móvil. Pero era otro, y su usuario tenía nombre de mujer.

El 18 de mayo de 2020 retomamos nuestra presencia en la Audiencia Nacional, con mascarilla y guantes, citados para la declaración testifical de Dina Bousselham, la antigua asesora de quien era vicepresidente del Gobierno de España desde el 12 de enero de aquel año, Pablo Iglesias. Ambos habían prestado declaración en marzo del año anterior y, aunque desde principios del 2020 se había descubierto que aquello que habían contado no cuadraba, estábamos centrados en presentar un formal escrito de acusación en las líneas de investigación más avanzadas. Aun así, ahora se había decidido que aquel asunto de la tarjeta de memoria dañada era lo más apremiante por resolver y los «cervatillos», como sabíamos que se nos llamaba en el juzgado, acudimos en cumplimiento de la citación a la sede judicial, a pesar de la situación de crisis sanitaria.

Cumplido el trámite, por la tarde salí con mis hijos a dar aquel paseo de dos horas por los alrededores del domicilio que las autoridades permitían para ir adaptándonos a la evolución de la situación, pero no lo pudimos disfrutar porque estuve todo el rato hablando por teléfono, trabajando. Pocos meses después confirmaría el sinsentido de haber malgastado ese precioso e irrecuperable tiempo con los seres más queridos.

Aquella tarde llegué a la convicción de que mi etapa en la Fiscalía Anticorrupción, por unos u otros motivos, o por todos a la vez, estaba tocando a su fin. Tenía que escribir que el entonces vicepresidente del Gobierno podía haber cometido un delito. Y lo iba a hacer; por eso pensé que sería lo último que haría allí. Lo que no me imaginaba era que a aquello se le fueran a dar tantas vueltas para tergiversarlo, y que, a pesar de todo, me llevara al mismo desenlace.

Durante aquel paseo fue realmente Miguel Serrano la única persona a la que presté atención. Tras aquella larga conversación telefónica, me puse a redactar lo que procedía y habíamos decidido. Al día siguiente, nuestro jefe le dio su plena conformidad, no sin antes reconocer, como había hecho otras tantas veces, el nivel de estudio, la dificultad técnica y el compromiso con la autonomía, la imparcialidad y la legalidad que rezumaba aquel documento conjunto, francamente delicado.

Explicábamos en nuestro informe que el vicepresidente del Gobierno podía haber cometido un delito contra la intimidad de su antigua asesora, pero que solo se podía proceder contra él con dos condiciones: que la perjudicada no le otorgara su perdón expreso por ello y que el Tribunal Supremo accediera a abrir dicha investigación por la concurrencia de indicios suficientes al estar aforado ante dicho órgano. Por ello, solicitamos del magistrado instructor que le retirase la condición de víctima, que ostentaba hasta entonces, y que citara a la asesora como presupuesto jurídico imprescindible para conocer su postura y, por tanto, para saber si aquella puerta estaba abierta o quedaba cerrada.

Ha sido ampliamente difundido y publicado que así lo hizo y que su inicial perdón tácito sería expreso cuando se le permitió pronunciarse.

Lo que ocurrió después está escrito (y no solo en el sumario), y varias veces. No es tan difícil interpretarlo correctamente. Solo se requieren voluntad y una mínima objetividad. Algunas veces la información llega al informador, y después al ciudadano, de forma parcial, sesgada e interesada. Y, en aquel caso, de forma muy malintencionada. Ya tenían convenientemente preparada toda la nitroglicerina necesaria para la explosión final de la bomba y hacer creer a la opinión pública una realidad ficticia: la de los «fiscales podemitas». Solo faltaba decidir el momento.

Nosotros seguíamos avanzando.

El día 17 de junio presentamos en el juzgado el primer escrito de acusación, el de la pieza número dos, sobre el pago de cientos de miles de euros a las empresas del entonces policía Villarejo para que este obtuviera y revelara secretos de un despacho de abogados especializado en propiedad industrial a su competidor.

El siguiente lunes, 22 de junio de 2020, se practicó una de las declaraciones judiciales más concurridas de toda la causa Tándem en la sala de vistas ubicada a la entrada del edificio principal de la Audiencia Nacional. Se trataba de la aclaración de un complejo dictamen pericial, emitido por una de las empresas de mayor prestigio en el mundo de la consultoría y auditoría económica internacional, tras el análisis de miles de documentos, como ofertas, facturas, informes o correos electrónicos cruzados entre empleados, directivos y proveedores de servicios de una importante entidad bancaria investigada.

Aquella actuación procesal la había preparado a conciencia, aún más, si cabe, que todas las demás. Al menos, eso creía. Comenzó con un feroz ataque a los fiscales, lanzado por la principal defensa afectada por dicho informe, a lo que contesté argumentando lo que considerábamos que estaba ocurriendo, atendiendo a la naturaleza del asunto en cuestión: que se estaba ocultando información al tribunal al socaire de una simulada colaboración. Y la intervención, como tantas, se publicó. Es decir, toda una blasfemia para la aludida en ese mundo de los programas de cumplimiento normativo de las empresas que presumen de pureza y ética. Tuvo tanta repercusión que bien parece que agotó la paciencia de mis ejecutores, de sus cómplices y de sus cooperadores necesarios.

La tarde del 23 de junio de 2020, otra «llamante de la muerte» anunciaba mi inminente ejecución. Recibí una llamada del fiscal jefe:

—Ignacio, me ha llamado una periodista. Me ha dicho que, a partir de mañana, van a empezar a salir cosas sobre ti. No me ha querido dar detalles, ni me ha preguntado nada, pero creo que es sobre aquello de lo que os advirtieron en enero.

—Gracias, Alejandro. Mucho habían tardado.

Instantes después recibí un mensaje de dicha periodista en el teléfono corporativo. Tratando de justificarse, me decía algo así:

—Mañana mi medio va a publicar cosas sobre ti y una abogada. Yo voy a intentar que no salga tu nombre.

—Es que no hay motivo para publicar mi nombre —le contesté. Sabía que eso caía en saco roto, teniendo en cuenta que era la misma que se empeñó en publicar aquella información de septiembre de 2018.

Ese día 23 de junio habíamos presentado el segundo escrito de acusación, el de la pieza número tres, por los mismos hechos que en la anterior, pero esta vez para obtener y divulgar secretos con los que defender una herencia y el patrimonio de una empresa.

Si bien en cada actuación procesal relevante, como ocurría con las detenciones o la presentación de las acusaciones, la Fiscalía Anticorrupción emitía una nota de prensa para exponer sus pormenores, en esta concreta se hizo también un comunicado de rectificación. Se nos advirtió de que habíamos cometido algunos errores materiales en las penas de prisión solicitadas para el acusado Enrique García Castaño.

Era un momento en el que todo el procedimiento estaba ordenado y el ingente material intervenido, clasificado y puesto a disposición de las partes. Habíamos formado ya veintinueve piezas separadas y firmado dos escritos de acusación por múltiples delitos castigados con elevadas penas de prisión para una cantidad de personas de gran notoriedad del mundo policial y empresarial. Estábamos a punto de presentar la tercera acusación, sobre aquella supuesta extorsión a un abogado que había sido juez. Eran los teloneros del concierto y las grandes estrellas de rock ya habían cogido su número para saltar al escenario.

La situación se había ido definitivamente de las manos para algunos y había que hacer tambalear otro tándem. Una vez más, las cartas estaban marcadas, porque sabían que aquella estruendosa pantomima, que se desataría a partir de entonces, no era más que «vestir el santo» sobre algo perfectamente decidido mucho tiempo antes por quien lo tenía en su mano.

Asimismo, se daban otras tres coincidencias más, en lo que a mí concernía, conocidas por algunos de mis verdugos.

La primera consistía en la inminente conclusión, entre Las Palmas de Gran Canaria y Arrecife de Lanzarote, de las sesiones del juicio oral por aquel asunto que terminé en 2015, en mis tiempos en la isla como fiscal de Medio Ambiente, contra múltiples personas por delitos relacionados con el medio ambiente y la corrupción, con ocasión de la concesión de las licencias y la posterior construcción de un complejo con bodega, restaurante, tienda y otras instalaciones en el paisaje protegido de La Geria.

En segundo lugar, como también mencioné anteriormente, se esperaba la sentencia firme del Tribunal Supremo por la demanda que había interpuesto contra aquel «informador», la productora de radio y el diario provincial, con ocasión de la campaña de acoso y derribo que algunos organizaron en la provincia de Las Palmas, precisamente, por mi trabajo en aquel asunto medioambiental.

Y la tercera, que el día 29 de junio tenía que interrogar en Oviedo, como investigada por presunta prevaricación en el asunto que allí despachaba, a la entonces líder del Partido Popular de Asturias.

Demasiados enemigos y demasiado poderosos. Ninguno quería dejar de participar en la lapidación, unos más explícitamente, otros entre bambalinas. Unos tiraban las piedras y otros escondían la mano. Tenían a los ideólogos, a los beneficiarios, al tonto útil, al financiador y a un grupo de mercenarios. Demasiado fácil para una presa tan vulnerable. Un muñeco de trapo sin el apoyo de su institución, a la cual incluso se colocaría en el papel de cómplice, cuando no directamente de inductora, por sus principales responsables.

A primera hora del miércoles 24 de junio de 2020 se desató la tempestad: de forma combinada, como ya habíamos visto en otras múltiples ocasiones desde 2018, dos medios digitales publicarían al unísono noticias sobre escándalos relacionados con el procedimiento; y el epicentro, esta vez, era yo.

No podía estar más clara la operación, su concierto y sus múltiples intervinientes. Tampoco me causó mucho impacto deducir, rápidamente, de quién era la mano que mecía la cuna.

12. Cruz de navajas por un fiscal

Aquella larga noche de San Juan no dormí demasiado mal. Se dice que la ignorancia es muy valiente, pero tampoco era el caso. Cuando no sabes las dimensiones de lo que puede ocurrir, pero tienes la conciencia tranquila e intentas protegerte esperando recibir el apoyo de tu gente, sientes más curiosidad que miedo. Al fin y al cabo, aquello indicaba que estaba avanzando en mi trabajo y cumpliendo con la responsabilidad que asumí cuando juré el cargo.

Pronto empezarían los motivos para tener menos curiosidad y más temores. Desde que se publicaron aquellas primeras informaciones de enero, nuestras prevenciones nos habían hecho llegar a este momento con la ventaja de que el fiscal jefe ya estaba advertido y nada le pillaría por sorpresa. Además, a él mismo le habían avisado del estallido el día anterior.

El asunto Tándem había nacido el 27 de abril de 2017 en la Fiscalía Anticorrupción y estaba en manos del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional desde el 2 de noviembre de ese año. Los nombres de Miguel Serrano y de Ignacio Stampa apenas se habían difundido durante todo aquel tiempo, aunque los medios supieran de nosotros. Ahí están las hemerotecas. Respetaron la petición de no publicar nuestra identidad. No quisimos salir nunca en los periódicos y no salimos. Nos sentíamos mucho más cómodos evitando, con bastante éxito, ser conocidos.

Hasta el buen planificado ataque mediático que se desató el 24 de junio de 2020. Quienes intervinieron en él (no precisamente pocos) no solo dispusieron de mucho tiempo, sino que eran muy fuertes. Los más fuertes.

Pero algo tuvo que desencadenarlo en ese momento. Habían transcurrido más de siete meses sin que ningún medio de comunicación hubiera difundido los mensajes que el expulsado abogado de Unidas Podemos iba ofreciéndoles. El asunto debió llegar a tal nivel de presión que la explosión no pudo aguantarse más.

Aquella estrategia de contaminación informativa consistió en que las «noticias» nos atribuyeran dos actuaciones indebidas como probadas, sin margen alguno para la duda ni para la presunción de inocencia, al amparo de una fuente bastante evidente que las dotara de una presupuesta credibilidad.

Con un artículo titulado «Un chat interno de Podemos revela que la Fiscalía filtró datos a Iglesias en el caso Dina», un diario digital se encargaba de imputarnos, tanto a Miguel Serrano como a mí, tal connivencia con los intereses del partido político Unidas Podemos que nos había llevado a la revelación de actuaciones procesales declaradas formalmente secretas por la autoridad judicial en perjuicio del procedimiento. Un delito castigado con unos cuantos años de prisión.

De forma paralela y simultánea, otro digital me atribuía exclusivamente a mí una relación íntima con una letrada de ese partido, sentenciando en su titular «Uno de los fiscales Anticorrupción de Tándem mantenía una “relación íntima” con la abogada de Podemos». Aquello de lo que me habían advertido el 8 de enero anterior.

La fuente de conocimiento de los periodistas en ambos casos eran un burofax y unos chats de dos grupos distintos de conversaciones, datados entre los años 2016 y 2019, y seleccionados a conveniencia, que les había hecho llegar uno de sus integrantes, quien llevaba meses pregonando su guerra con el resto de los interlocutores afectados.

Uno de estos grupos era el del equipo jurídico responsable del caso Tándem en nombre de aquel partido político, compuesto por Gloria Elizo, José Manuel Calvente, Alejandro Gámez y Marta Flor Núñez. En el otro grupo, mucho más personal, intervenían solamente Calvente y Núñez.

De esos chats se obtuvieron para las «noticias» los sobrenombres de Ironman (Stampa) y Batman (Serrano) que servirían de gancho para ponerle más picante a la pócima venenosa.

La ficción de aquella relación íntima era grosera, pero notoriamente relevante, casi imprescindible, ya que constituía la base de toda la premeditada manipulación que desembocaría en las múltiples denuncias que se interpondrían, en las investigaciones que se abrirían solamente contra mí y, por ende, en la coartada que se utilizaría para no dejarme continuar en el asunto.

He de recordar aquí aquella estrategia iniciada en el año 2018 y ya descrita anteriormente, según la cual, se trasladaba falsamente a la opinión pública que éramos los fiscales quienes revelábamos el contenido del sumario. Se dibujaba ahora, como causa de esa delictiva y también falsa revelación de secretos, una falta de imparcialidad motivada en vínculos íntimos. Y esto no solo servía para intentar dotar de credibilidad al hecho de que yo hubiera podido caer en semejante indiscreción, sino que garantizaba lo que más querían: mucho morbo y un ruido atronador. Un circo romano.

Cuando el fiscal jefe, Alejandro Luzón, quiso emitir ese primer día un comunicado institucional en nuestra defensa y de la propia Fiscalía Anticorrupción, Miguel y yo le pedimos que esperase, porque conocíamos la forma de actuar del grupo organizado y esperábamos que publicaran su ficticia narración por entregas, en un goteo de supuestas noticias, cuya extensión en el fondo y en el tiempo no podíamos vislumbrar.

A pesar de lo que aquello suponía, mantuve como pude la calma y le dije al jefe que me iba a casa para prepararle con más tranquilidad un documento que consignara cada una de las peticiones de Unidas Podemos en el procedimiento y cada respuesta de la Fiscalía con el fin de darle lo antes posible la información correcta sobre lo que se difundía para que él, a su vez, la transmitiera más arriba. A las 12.34 horas tenía el documento en su correo electrónico, ya que todos los datos del asunto, todos, los llevaba apuntados al día. Por si acaso. Solo me hizo falta poner en el buscador del programa de tratamiento de texto una palabra: Podemos.

La realidad era muy distinta a lo que se publicaba. No cabía deducir la menor connivencia en nuestra actuación procesal. De hecho, los mensajes que se publicaban acreditaban precisamente lo contrario de lo que se hizo aparentar tan descontextualizada y maliciosamente.

Unidas Podemos había pretendido aprovechar el caso Tándem de forma que les sirviera para otros procedimientos o intereses. Por eso, cuando sus abogados nos trasladaban las diligencias que iban a solicitar, les manifestábamos que solo se informaría a favor de aquellas que tuvieran relación con los hechos que se investigaban, y que se haría en contra de las que fueran de carácter extraprocesal.

A modo de ejemplo, puedo recordar que dos de las diligencias que solicitaron y se les denegaron por el juez, por las concretas razones que le dimos nosotros, fueron la entrada y registro en uno de los medios de comunicación que más prolongada y duramente me atacó, así como la imputación de su director. Pero a esto, obviamente, no se le dio casi ninguna difusión.

También se publicaron mensajes en los que algunos de los integrantes de esos chats (en los que, es una obviedad, no participábamos ni Miguel ni yo) alardeaban en exceso de la cordial relación que tenían con nosotros. Esto también me había tocado experimentarlo doce años antes con aquel concejal de Arrecife que, sin haber coincidido conmigo en toda su vida, presumía por teléfono de su capacidad de influencia sobre mí.

Logré abstraerme como pude y esa noche del 24 de junio también le envié al jefe y a mi compañero Miguel el escrito de acusación de la pieza número seis, que se presentaría en el juzgado, ya visada, el día 1 de julio.

Así continuó el ataque el jueves 25, el viernes 26 y las semanas posteriores, al que se habían unido otros medios de comunicación. Si bien los más intensos eran los diarios digitales, no faltaron telediarios y programas de televisión y de radio, cuyos tertulianos disfrutaban comentando tanto morbo procedente de la «factoría Villarejo» para desviar los problemas de este, y construir una persecución cimentada en la corrupción de los dos fiscales que agobiaban a tanto poderío, con el imprescindible gancho marca de la casa de la existencia de intimidades, y con ingredientes que pusieran más picante aún durante los primeros meses de andadura de un nuevo Gobierno, odiado por la mitad del país en aquel tenso momento de gestión de la pandemia.

Evidentemente, el éxito de audiencia estaba garantizado. Era la doctrina del Rianxo. Un éxito de audiencia que vendría también fomentado, inauditamente, por la propia jefatura de la Fiscalía General del Estado, cuya máxima representante, la exministra de Justicia Dolores Delgado, había jaleado esa sucia doctrina, como hemos visto, cuando comió en 2009 con los que ahora eran los principales investigados del asunto y el abogado de uno de ellos, Baltasar Garzón.

Estábamos Miguel y yo en la mañana del día 26 de junio en el despacho del jefe otra vez cuando este nos dijo que la Fiscalía General iba a lanzar un comunicado. A los tres nos pareció una innecesaria y muy inadecuada iniciativa. Instantes después, recibió un mensaje:

—Lo acaban de emitir.

Nos pusimos a mirar nuestros teléfonos en busca de la nota. Decía así:

En fecha 14 de febrero de 2020 la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado incoó Expediente Gubernativo como consecuencia del escrito presentado por una particular, en el que solicitaba la apertura por la Fiscalía General de una investigación orientada a determinar la imparcialidad del fiscal encargado del caso Tándem, a la vista de la información ofrecida en diversos medios de comunicación sobre la relación personal existente entre el fiscal y una de las abogadas que intervenían en dicho procedimiento.

El día 9 de marzo de 2020, tras la práctica de las oportunas actuaciones de comprobación, el Fiscal Jefe Inspector dictó Decreto de archivo del citado Expediente Gubernativo, al no tenerse constancia de la existencia de vínculos causantes del deber de abstención del fiscal, cuya inobservancia pudiera ser constitutiva, en su caso, de una infracción disciplinaria.

La Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado abrirá nuevas actuaciones en orden en la comprobación de las informaciones publicadas y a los efectos oportunos.

Madrid, a 26 de junio de 2020.

Mis sospechas se confirmaban. Había un interés evidente en provocar el mayor escarnio personal por varias razones muy sencillas de explicar. Por eso me encaja perfectamente que el que entonces era mano derecha de Dolores Delgado, Álvaro García Ortiz, transmitiera en un corrillo con la prensa el malestar interno con el fiscal inspector por ese archivo previo, criticándolo de puertas afuera, al considerar que no había entrado a investigar a fondo el asunto de las relaciones personales. Y esto me encaja porque se ha publicado así, en el año 2023, por un periodista conocedor de aquel briefing.

Lo primero que llamó la atención de la nota de prensa fue que a la Fiscalía General del Estado, dirigida por Dolores Delgado, no le preocupaba lo más grave; es decir, las noticias que imputaban a dos fiscales anticorrupción un delito consistente en revelar secretos a un partido político en un asunto tan importante como aquel. Se lee que lo que le importaba, azuzando el morbo, era investigar una posible falta de imparcialidad basada en una «relación personal».

También merece la pena comentar que anunciaba «nuevas actuaciones», a abrir al «fiscal encargado del caso Tándem», cuando era público y notorio que éramos dos los encargados de ese asunto.

Y, aunque «ocultara» su identidad, de esa poco disimulada forma estaba divulgando que a ese único fiscal ya le había abierto actuaciones el 14 de febrero de aquel año, a través de un expediente gubernativo o interno, «como consecuencia del escrito presentado por una particular».

Pero la nota era un total despropósito.

Se debe destacar que, hasta ese 14 de febrero de 2020, fecha que mencionaba la nota, las pocas noticias que se habían publicado sobre lo que iba contando el expulsado abogado Calvente aludían a un fiscal sin identificar. Por tanto, era rotundamente falso que la Fiscalía General quisiera investigar «la información ofrecida en diversos medios de comunicación sobre la relación personal existente entre el fiscal y una de las abogadas que intervenían en dicho procedimiento».

Sin embargo, como en las publicaciones que tuvieron lugar del 24 al 26 de junio sí se me identificaba a mí como Ironman, ya no cabía la menor duda de que la nota de la Fiscalía se refería a mí.

Lo cierto es que nadie cayó en la cuenta de que aquel comunicado, en realidad, era un interminable gazapo. Contenía demasiados «errores».

Primero, como ya he expuesto, las noticias no identificaron a Ironman hasta el 24 de junio.

Segundo, cuando cuatro meses antes «la particular» presentó el escrito en la Fiscalía, lo hizo en los siguientes términos:

Ante la posibilidad de que el Fiscal Jefe Anticorrupción Alejandro Luzón abra un expediente informativo para averiguar estas cuestiones denunciadas por el abogado José Manuel Calvente y se abra una investigación pacífica para verificar si los dos fiscales del caso Tándem, Miguel Serrano e Ignacio Stampa, para verificar si alguno de ellos tuvo alguna relación íntima con la abogada Marta Flor que estuvo personada como acusación popular en el caso Tándem representando a Podemos y que fue cesada en junio de 2019, relación íntima que pudiera presuntamente haber comprometido las actuaciones judiciales en el caso Tándem.

Es decir, se refería a dos fiscales.

Tercero, a diferencia de lo que decía la nota, en aquel escrito la «particular» también pedía a la Fiscalía General, entonces dirigida por María José Segarra, que investigara a un solo fiscal, sin identificar, por la revelación de secretos denunciada:

Ante la posibilidad de que se pudiera verificar la veracidad de esta relación íntima entre la letrada de Podemos Marta Flor y un fiscal del caso Tándem, por si hubiera podido haber alguna circunstancia de presunta revelación de secretos que afecte a este procedimiento judicial.

Todas estas referencias a la «particular» requieren un más detallado desarrollo posterior, pero sigamos ahora desbrozando el comunicado.

Cuarto, ese escrito tampoco se difundió por ningún medio de comunicación.

Quinto, la nota desvelaba que el 9 de marzo se había archivado ese primer expediente interno «tras la práctica de las oportunas actuaciones de comprobación», ya que «no se tenía constancia» de la existencia de tales vínculos para el «deber de abstención del fiscal».

Este último párrafo hay que analizarlo un poco en detalle, porque tiene mucha miga.

Por lo pronto, era aparentemente contradictorio, ya que, si las actuaciones de comprobación hubieran sido las «oportunas», sí habrían llegado a tener la «constancia» de si existía o no el vínculo que buscaban. Y si fueron las «oportunas», como se dice, entonces mentían en la nota, o mintieron a los medios, cuando criticaron al fiscal inspector que archivó las actuaciones por no mirar suficientemente bien.

La realidad era que mentían en todo.

El decreto aludido sí descartó el vínculo y el deber de abstención, mucho más allá de esa dubitativa y ambigua falta de «constancia». Y, además, lo descartaba respecto de los dos fiscales, no solo de uno, como también decía la nota.

Y es que aquel Decreto de 9 de marzo que, también curiosamente, no me fue notificado hasta el 25 de junio, decía literalmente esto:

No se ha determinado en el Expediente que exista con ninguno de los dos fiscales encargados de las Diligencias vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable con la letrada, ni amistad íntima o enemistad manifiesta con las partes en los términos exigidos en el art. 219 LOPJ y que hubieran podido determinar la infracción disciplinaria de incumplimiento del deber de abstención.

Sexto, la propia nota reconoce que, en caso de acreditarse tal tipo de vínculo, la supuesta inobservancia del deber de abstención «pudiera ser constitutiva, en su caso, de una infracción disciplinaria».

Esto, como vemos, también había sido oficialmente descartado. Y también se ocultó. Así que tampoco guardaba ninguna proporción tanto ruido para tan pocas nueces.

Concluía el comunicado, en cambio, haciendo referencia a la «comprobación de las informaciones publicadas». Aunque pudiera pensarse que aquí sí se juntó con el interés en la comprobación de todo lo publicado, la presunta revelación de secretos, ni el conjunto de la nota, ni dirigirla exclusivamente contra uno de los dos fiscales afectados, ni lo que harán después avalarán esa tesis.

Los poco enigmáticos términos de aquel comunicado oficial, al que solo le faltaba incluir mi nombre y apellidos, me dejaban claro que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, había hecho enfilar la proa contra mí definitivamente.

Insisto, no había la menor duda de que se refería a mí.

Por eso, tampoco nadie quiso reparar en que alguien, a través del gabinete de prensa de la Fiscalía General que ella dirigía, también reveló ilegalmente, con el obligado consentimiento de aquella, información reservada y propia de mi expediente personal, divulgando datos muy concretos: la apertura de un expediente gubernativo interno, la razón de su apertura, su cierre, el motivo para dicho cierre y la fecha de ambas actuaciones.

Y se hizo, además, faltando a la verdad en algunos datos, silenciando otros y tergiversando otros más para causar el mayor perjuicio. Y, para rematar, por motivos quizá poco confesables.

En resumen, se utilizó el gabinete de prensa de una institución tan importante como el Ministerio Fiscal, con abuso de la más alta posición en el seno de la misma, para anunciar que se iba a remirar lo que la Fiscalía ya había mirado, y descartado, difundiendo con ello información reservada de un fiscal y faltando a la verdad en lo que se difundía. Todo eso el día siguiente a que Dolores Delgado hiciera la propuesta de nombramiento para un nuevo cargo: casualmente, el de Fiscal Delegado de Protección de Datos del Ministerio Fiscal.

No entendí en aquel momento la razón por la cual se envalentonaba a la jauría y se daba tanto aire a un asunto que había quedado claro por nuestra parte desde el mes de enero y que había dejado tranquila a la Fiscalía General del Estado, en aquel momento bajo otra dirección, e incluso después, ya una vez nombrada la señora Delgado. A buen seguro que durante aquellos días conocieron a fondo y reservadamente, por vía de nuestro jefe, todo de forma puntual.

Así pues, en lugar de adoptar medidas para protegernos y proteger a la Fiscalía Anticorrupción y al procedimiento judicial, como habíamos intentado, se echaba leña al fuego. Era demasiado gratuito, un suntuoso regalo para alguien. Y si la crisis era tan grave que exigía dicho gesto ante los medios, lo mismo debía ocurrir cuando se resolviera para explicar las conclusiones de aquellas «nuevas actuaciones». Pero eso nunca lo harían.

Aun con todo, el mismo 26 de junio me puse a disposición de la Inspección para aclarar y acreditar la corrección de mi conducta. Nunca recibí respuesta a ese ofrecimiento hecho por escrito.

También pensé en hacer algún tipo de comunicado, pero las personas más cercanas me disuadieron, rogándome que mantuviera la calma.

Ya a principios de julio, recibí dos cartas enviadas por servicio postal exprés. Aparecía todo manuscrito con la misma letra. No consignaban remitente y la dirección de envío era «Fiscalía General del Estado, C/ Fortuny, 4». Ambas habían sido mataselladas el 29 de junio en «CTA SANTIAGO», y habían sido revisadas por el control de seguridad de la Fiscalía de destino los días 2 y 3 de julio, respectivamente.

Cuando las abrí, encontré una desordenada escritura que hacía alusión a mi tío lejano, el catedrático de Derecho Penal y abogado José María Stampa Braun, fallecido en el año 2003. En una de ellas, le insultaba como examinador en los tribunales de oposiciones, y me preguntaba «¿De tal palo, tal astilla? Lógicamente, el EXPEDIENTE ROYUELA ¿te la trae floja?».

En la segunda, le criticaba por su intervención como abogado en el caso del crimen de los marqueses de Urquijo, y me confundía a mí como «el nieto en un BEURETTEGATE, ¿el timo de la estampita?».

Se las entregué al servicio de protección, porque aquello parecía obra de un loco, pero no estaba el horno para bollos. En aquel momento no caí, pero la escasa información que aportaban sí resultaría muy interesante tres años después.

La verdad es que no recuerdo cómo aguanté el chaparrón. Fueron momentos en que llegué a creer que todas las personas que se cruzaban conmigo, o me rodeaban, escuchaban y oían los peores comentarios sobre mí.

Aquello hizo que, en pleno verano, no saliera de casa ni para ir a la piscina de la urbanización. Había quienes me mandaban los enlaces de las noticias, pero no me preguntaban nada: si era cierto, si me encontraba bien, si necesitaba algo. Lo penoso es que esos mismos no me enviaron las noticias con información real y documentada que empezaron a demostrar, un año después, que todo aquello había sido un burdo montaje para sacarme del procedimiento judicial y de aquella Fiscalía.

El escándalo llegó a todas partes.

Como contribuían especialmente a ello los enredos internos del partido Unidas Podemos, las diferentes tramas de corrupción sistémica que investigábamos se hicieron a un lado para distraer con otro tipo de supuesta corrupción entre ese partido político y la Fiscalía Anticorrupción. Eran los conejos contra las escopetas. No tardaron en sucederse entonces diferentes declaraciones de representantes de todos los grupos políticos, especialmente dañinas desde el Partido Popular.

Y como la contaminación era procesal, mediática y política, lo siguiente que ocurrió fue que entró en escena, cual elefante en una cacharrería, otro invitado nuevo: el partido político Vox.

Aunque no me enteré de ello cuando ocurrió, este partido presentó en la Fiscalía, a finales de junio, un escrito de denuncia que consistía, sin más, en la unión de recortes de prensa publicados hasta entonces. En su encabezamiento, en negrita y con letras mayúsculas, se consignaba que se dirigía contra tres personas vinculadas al partido político Unidas Podemos: su máximo líder, su asesora, cuyo teléfono móvil había sido divulgado sin autorización, y la abogada que les representaba en el procedimiento. Y, detrás de sus nombres, aparecía el mío.

Sin embargo, todas las noticias en las que se apoyaba la denuncia se referían a dos fiscales anticorrupción como los que habían revelado secretos a dicho partido en el Gobierno, y en la denuncia se afirma por ejemplo (se transcribe de forma literal, con sus erratas, negritas, mayúsculas y subrayados):

El chat de los servicios jurídicos sigue indicando que no solo «IRONMAN» (supuestamente el fiscal STAMPA) sino que otro compañero suyo, Manuel Serrano (apodado en el chat como BATMAN) de Fiscalía Anticorrupción intervino en la supuesta filtración de secretos. Todas las alusiones a Fiscalía en el chat se refieren a «ellos», en alusión también a su compañero en Anticorrupción Miguel Serrano.

La denuncia, no obstante, no fue difundida ni siquiera por los denunciantes, a pesar de su evidente intención política.

Y, aunque todo esto merecerá su propio capítulo, sí debo anticipar que este sería el argumento utilizado burdamente hasta la saciedad por los máximos representantes de la Fiscalía General para sostener que solo se me había denunciado a mí, y dar así cobertura a la arbitraria persecución a la que me sometieron. Porque, claro, afirmar que dos fiscales tenían una relación íntima con la abogada de Unidas Podemos quizá terminaba de rebasar todas las líneas de la decencia y hacía perder credibilidad a la patraña.

Siguiendo con la secuencia de acontecimientos relevantes, el día 9 de julio se publicó una entrevista realizada a Gloria Elizo, en aquel momento vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados y responsable de aquel equipo jurídico que se comunicaba a través de los chats publicados. Bajo el titular «La Fiscalía Anticorrupción se opuso a las diligencias que pidió Podemos», se explicaban las razones para restar toda credibilidad a las noticias que se difundían. He aquí un extracto de aquella entrevista:

Pregunta: ¿Cómo fue la relación con los fiscales?

Respuesta: Yo asistí a una reunión con ellos, un encuentro cordial y profesional sobre estrategias procesales en el caso Tándem-Villarejo entre la acusación de la Fiscalía y una acusación popular. Existían aún muy pocas piezas, curiosamente las menos interesantes. Aparte de mostrar mi preocupación, intenté transmitir a la Fiscalía Anticorrupción cómo veíamos lo que debía ser una ruta de trabajo compartida como acusación que incluyera a todos los actores de las cloacas. (…)

P: La entonces letrada de Bousselham e Iglesias, Marta Flor, comentó en un chat privado supuestas ayudas del fiscal.

R: En cualquier equipo legal una de las primeras cosas que se comenta es la actitud de la Fiscalía, si la vas a tener en contra o a favor, porque obviamente es relevante para la estrategia procesal. Lo que esos comentarios muestran en su contexto completo es la sorpresa y la alegría cada vez que la posición de Fiscalía coincidía con la nuestra. En general ha sido más bien al revés y se han opuesto a nuestras diligencias. En nuestra opinión, en la investigación de Villarejo, la Fiscalía Anticorrupción ha estado más bien remisa y lenta en términos acusatorios. Tras la apertura de la pieza Dina, insistimos en la importancia de llevar a cabo diferentes diligencias, incluida la entrada y registro en Okdiario. Los fiscales nos adelantaron que informarían en contra. Es obvio que no se puede hablar de connivencia.

Ese preciso día, encontrándome en Lanzarote, me enteré de que se me había abierto una investigación penal por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre los hechos publicados. Llamé inmediatamente al fiscal jefe y, dubitativamente, me lo confirmó sin darme detalles. Yo tampoco quise ponerle en mayor apuro, pero percibí una preocupación que no me tranquilizó en absoluto, a pesar de que me pedía paciencia y tranquilidad porque, según me escribió después, «lo que está bien hecho es muy fácil de explicar».

Como hice con la Inspección Fiscal, a la que ofrecí por escrito toda mi colaboración el día 26 de junio, me puse manos a la obra y a las 23.44 horas de aquel 9 de julio remití por e-mail dos escritos a la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid «con el fin de coadyuvar a que la Fiscalía cuente con la mayor información posible a la mayor brevedad».

Uno de esos escritos era el mismo documento que Miguel Serrano y yo le habíamos presentado a Alejandro Luzón el 3 de julio describiendo, otra vez y punto por punto, nuestra oposición a la inmensa mayoría de las peticiones de la acusación popular de Unidas Podemos en el procedimiento, con el fin de desacreditar cualquier género de connivencia. El otro era un escrito, también remitido al jefe el 3 de julio, en el que desmentía los hechos que se me imputaban a mí personalmente en las noticias y diseccionaba cada mensaje de chat publicado, dando la oportuna explicación en todo su contexto, porque no se me había facilitado denuncia alguna y no sabía cuáles se habían utilizado. Se acusó recibo a las 10.10 de la mañana del día siguiente.

Unos minutos antes, a las 09.43 horas del 10 de julio de 2020, recibí una comunicación procedente de la cuenta de correo electrónico de la Fiscalía Superior de Madrid, que decía:

Por indicación del Ilmo. Sr. Teniente Fiscal de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, D. Carlos Ruiz de Alegría Madariaga, instructor de las Diligencias de Investigación 32/2020, seguidas en esta Fiscalía, adjunto se remite a V.I. la presente comunicación.

El archivo adjunto era un decreto de dicho fiscal, fechado el 9 de julio de 2020, por el que…

(…) en cumplimiento de lo acordado en las Diligencias de investigación del número del margen, y al amparo del art. 118 de la L.E.Crim., pongo en su conocimiento la apertura en esta Fiscalía de las reseñadas Diligencias de Investigación, por denuncia dirigida contra Ud. por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos de los arts. 413 a 418 del Código Penal, producido en el denominado caso «Tándem», instruido actualmente ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, lo que comunico para su conocimiento y efectos.

Lo siguiente fue la publicación de una segunda nota de prensa, esta vez emitida por la Fiscalía Superior de Madrid, aquella misma mañana del 10 de julio:

Por Decreto de 8 de julio del Fiscal Superior de Madrid, se han incoado diligencias de investigación penal con número 32/2020 para esclarecer los hechos que se recogen en la denuncia presentada por un partido político, relacionados con la posible comisión de un delito de revelación de secretos producido en el denominado caso «Tándem», instruido actualmente ante el Juzgado Central de Instrucción n 6 de la Audiencia Nacional. La citada denuncia se ha presentado contra un fiscal de la Fiscalía Anticorrupción, cuyo aforamiento determina la competencia de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid.

Las diligencias de investigación incoadas, que no suponen tomar postura sobre la existencia del hecho delictivo, tienen por objeto la práctica de todo lo conducente a determinar, esclarecer y concretar los hechos denunciados.

El Decreto de incoación designa como Instructor de las diligencias de investigación al Ilmo. Sr. Teniente Fiscal de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, quien, una vez practicadas las pertinentes, las elevará a la Jefatura con el correspondiente resumen-propuesta.

La incoación de las diligencias de investigación supone, hasta su conclusión, la suspensión del Expediente Gubernativo que se tramitaba ante la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado respecto del mismo fiscal.

Madrid, a 10 de julio de 2020.

Esta nota tenía todavía mucha mayor gravedad que la primera.

Difundía a los cuatro vientos, otra vez, información absolutamente reservada, consistente en que una persona, o sea, yo, aunque tampoco me nombrara, había sido denunciada y existía una investigación penal abierta en su contra.

Tampoco ayudaba precisamente a calmar las aguas, ya que a esa segunda y reiterada investigación administrativa interna anunciada el 26 de junio, se sumaba ahora el anuncio de otra, pero ya no disciplinaria, sino penal.

Era patente el interés de alguien de la institución en atacar desde esta a uno de sus fiscales con aquella actitud tan proactiva hacia los medios, pero nada comparado con lo que descubriría después.

Tan cristalino como malvado.

De hecho, ese mismo 10 de julio, alguien me envió una nueva carta anónima (no sería la última).

Presentaba varias diferencias con respecto a las anteriores, porque no utilizaba el servicio postal Express y procedía de «CTA MADRID». Carecía también de remitente, pero el destinatario era «SR. D. FRANCISCO STAMPA», a la sede de la Fiscalía Anticorrupción, como «URGENTE, CONFIDENCIAL». Y, aunque todo eso venía manuscrito en el sobre, su texto estaba mecanografiado y ya se dirigía a mí por mi nombre correcto. Dicha misiva decía, entre otras cosas, lo siguiente:

Vergüenza le tenía que dar haber dado coba a las pretensiones bolivarianas del Sr. Iglesias. Ojalá les cueste… a él su carrera política y a Ud… su carrera judicial. Yo, por mi parte, voy a hacer todo lo posible para que así sea… Tengo pruebas de las conversaciones mantenidas entre la defensa del Sr. Iglesias y la Fiscalía. Confiese, tenga cojones o se arrepentirá. Un cordial saludo.

Esta carta ya me parecía menos exótica y me gustó bastante menos, porque llevaba un componente ideológico radical con una carga amenazante que no tenían las anteriores. Nunca confesé nada en ninguna parte, porque nada había que confesar. Y las anunciadas pruebas no se presentaron nunca, porque tampoco las había.

El escándalo era de tal magnitud (y eso que las cartas no se difundieron) que nada menos que el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, hizo unas declaraciones el 13 de julio tratando de poner un poco de cordura al trasladar, con muy buen olfato, que le daban «pánico los juicios paralelos o anticipados», apostando por «terminar de subir la escalera después de haber recorrido todos los peldaños». Lo dijo en un desayuno informativo en presencia de otros ministros y autoridades judiciales y fiscales, entre ellas, Dolores Delgado y Jesús Caballero Klink, fiscal superior de Madrid.

Una cordura a la que apelé con el escrito que el 15 de julio de 2020 presenté en el seno de las Diligencias de Investigación 32/2020, una vez que su incoación me fue notificada, aportando nuevos datos que permitían el completo y más rápido esclarecimiento de los hechos objeto de investigación y que acreditaban que siempre había desempeñado mi labor como uno de los fiscales del caso Tándem de forma totalmente profesional, con absoluta imparcialidad, investigando y ejerciendo la acción penal y civil conforme a la Ley, que es el fin por el que el Ministerio Fiscal se constituye en las actuaciones.

Y en estas, me llegó la cuarta carta, fácilmente identificable como del mismo remitente de las dos primeras. Esta vez no aparecían ni la fecha, ni el lugar del matasellos, y había sido revisada el 17 de julio.

Decía así por el anverso:

Copia de nota enviada al comisario don José Manuel Villarejo:

José María Stampa Braun…

¿En el Tribunal de Oposiciones que aprobó al botarate Fiscal Luzón?

Y así, por el reverso:

Copia de nota enviada al comisario don José Manuel Villarejo:

José María Stampa Braun…

¿En el Tribunal de Oposiciones que aprobó a la siniestra jueza Manuela Carmena Castrillo?

Mis consultas al respecto me llevaron a conocer que José María Stampa Braun no formó parte de tribunales de oposiciones.

El tiempo entonces pareció detenerse. Desde aquel momento todo se hizo eterno.

Hacía muchos meses que sabíamos que se iban a sacar a concurso ocho plazas de nueva creación en la Fiscalía Anticorrupción, pero la anterior fiscal general, María José Segarra, no quiso convocarlas mientras se prolongaba el ejercicio de su cargo en funciones, tras los sucesivos procesos electorales de ámbito nacional del año 2019. Sabíamos también que la nueva fiscal general, Dolores Delgado, pretendía convocar ese concurso desde que accedió al cargo el día 26 de febrero de 2020. Desde ese mismo momento nuestra continuidad en el puesto pasaba a depender absolutamente de ella, lo que no nos tranquilizó precisamente.

A pesar de la inquietud por todo lo que me caía encima, aquel mes de julio de 2020 fue uno de los más intensos y productivos en el avance de todos aquellos calderos al fuego, hasta el punto de que, como es público, varios acusados acudieron a la Fiscalía y firmaron el reconocimiento expreso de su participación en los hechos por los que ya estaban formalmente acusados. Y lo ratificaron todo en el juicio que se celebró después.

Por si no tenía bastante, la Fiscalía Anticorrupción recibió el 23 de julio la visita institucional de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, acompañada, entre otros, de los fiscales jefes de la Secretaría Técnica y de la Inspección Fiscal: Álvaro García Ortiz y Fausto Cartagena, respectivamente.

Al acabar su alocución la fiscal general, Concepción Sabadell, sentada a mi lado, una de las fiscales españolas de mayor prestigio por su papel, entre otros, en el caso Gürtel, y por ser la primera Fiscal Delegada Europea en representación de España, le hizo la siguiente pregunta en presencia de casi la totalidad de la plantilla:

—¿Qué medidas vais a tomar para proteger a los fiscales que, en Fiscalías como esta, somos constante objeto de denuncias por los investigados, quejas de sus letrados e insidias de los medios de comunicación?

La fiscal general miró a sus acompañantes y, muy sonriente, dijo:

—Transparencia. Lo más importante es la transparencia.

Al día siguiente, Dolores Delgado envió un correo electrónico a todos los fiscales de la carrera con el borrador del Código Ético del ministerio fiscal por si queríamos hacer alguna propuesta, como…

(…) muestra más del compromiso institucional y el impulso por mejorar la calidad del servicio que prestamos a la ciudadanía… ante la necesidad de dotarnos de unos principios éticos y deontológicos, reflexión sobre nuestros principios, valores y estándares de conducta, sobre los posibles conflictos de intereses, la trascendencia de nuestras actuaciones como ciudadanos y ciudadanas titulares de derechos o la influencia de lo que somos en otras facetas de nuestra vida privada.

Sí, son palabras de Dolores Delgado.

Aunque Miguel y yo estuvimos lejos de Madrid algunos días de agosto de 2020, el trabajo seguía siendo el antídoto contra tanto veneno, quizá porque intuíamos que me quedaba muy poco tiempo allí. Pero era imposible encontrar tranquilidad. Cuando no era una cosa, era otra.

Una mañana que intentaba relajarme en la reserva marina de la isla de La Graciosa, subido a la embarcación rumbo a una inmersión, recibí una llamada que me apremiaba preguntándome qué pensábamos hacer con las cenizas de mi padre, que llevaban en el tanatorio cuatro meses, esperando a que la nueva normalidad establecida por la pandemia permitiera que unos cuantos familiares pudiéramos juntarnos para darle la sepultura que se merecía. Vamos, que solo encontraba algo de paz mental bajo el agua.

Tras el verano aumentó la angustia porque, a pesar de mis escritos y sus documentos adjuntos, no tenía noticias y me comunicaron que el fiscal instructor de las diligencias penales abiertas contra mí se tomaba el mes de septiembre de vacaciones.

Se reanudaron también los ataques mediáticos. Sobre todo porque, el 11 de agosto, el juzgado seguía con la necesidad de focalizar sus esfuerzos en una de las líneas de investigación y había citado a José Manuel Calvente para que, como primera diligencia para practicar en septiembre, declarase en la pieza separada número diez, aquella en la que se investigaba la difusión del teléfono de la asesora del líder de Podemos. Aquel personaje no se vio en mejor ocasión para saldar sus deudas desde que en enero había conseguido que le entrevistaran, pero ahora aumentaba su protagonismo y se echaba más leña a la hoguera.

Las casualidades continuaban porque solo una semana antes, el 4 de agosto, se había publicado un artículo bajo el titular: «¿Por qué el magistrado Manuel García Castellón no llama a declarar a José Manuel Calvente?».

La citación provocó la emisión de un comunicado ese mismo 11 de agosto por parte de dos de los letrados del equipo jurídico de aquel partido, Gloria Elizo y Alejandro Gámez. Negaban cualquier tipo de componenda con la Fiscalía Anticorrupción, reafirmaban que habían sido rechazadas la mayor parte de sus iniciativas y añadían que consideraban muy grave la difusión de mensajes privados de ese equipo jurídico,

(…) peor aún, mediante la eliminación de mensajes intermedios y la mezcla de mensajes de diferentes fechas y temáticas, varios medios de comunicación han tergiversado estas conversaciones profesionales, creando una historia y relato falso que nada tiene que ver con la realidad de los hechos sucedidos.

Producto de aquel trabajo veraniego fue una petición que presentamos el 4 de septiembre, que también fue difundida en los medios, y que tendría un efecto definitivo para mí, consistente en que el juzgado citara como investigados en la pieza número siete, conocida como Kitchen, al exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, a la entonces secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, y al marido de esta última.

Y esta iniciativa dio lugar a que, por la noche, recibiera en mi teléfono personal un mensaje, que se define por sí solo, teniendo en cuenta la que me estaba cayendo y que la causa estaba declarada secreta:

Querido IGNACIO: espero que hayas podido descansar y desconectar durante este periodo de vacaciones.

Te pediría un favor; acabo de leer la noticia en el periódico de la imputación de María Dolores de Cospedal y Fernández Díaz y me acaba de llamar María Dolores para confirmar si es verdad la noticia y si es verdad que lo habéis solicitado.

Mucho te agradecería si me confirmas la realidad de la misma. Un fuerte abrazo.

A dicho mensaje contesté:

Hola.

Yo no puedo hablar, como comprenderás.

Y la causa sigue secreta.

La fiscal general del Estado ordenó que a la declaración del testigo Calvente fuera el fiscal jefe. Fue en dicho acto procesal, que finalmente tuvo lugar el 10 de septiembre, en el que Alejandro Luzón hizo una contundente declaración que quedó en el procedimiento y fue recogida por los medios, pero que, a la postre, no sirvió para absolutamente nada:

Como fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, a lo que me remito es a la actuación procesal de los fiscales en este procedimiento, una actuación a juicio de la Fiscalía impecable y en las antípodas de cualquier tipo de conspiración, complacencia o connivencia con ninguna de las partes.

La expectación creada por mis enemigos sobre la comparecencia de aquel testigo estrella no fue recompensada, ya que no aportó ni un solo dato más sobre los supuestos vínculos de los fiscales con sus excompañeros.

Y parte del debate también lo zanjó, en menos de una semana, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, dictando un auto el 16 de septiembre por el que restituía a Pablo Iglesias en su estatus procesal de perjudicado en su intimidad por el presunto clan mafioso que formaban Villarejo Pérez y sus periodistas afines. Eso contradecía nuestra postura, ya que habíamos sido nosotros, «los fiscales podemitas», los que habíamos pedido que se le retirase dicho estatus. Pero eso no se contaba.

El 21 de septiembre (como también había vuelto a ocurrir el 3 de agosto con un nuevo recurso), el fiscal jefe de la Inspección, Fausto Cartagena, archivó de plano una nueva denuncia de «la particular» expresamente mencionada en la nota de 26 de junio, pero sin que a este hecho se le diera la menor difusión. En esta ocasión, lo que pretendía era que se me sancionara, casualmente, por toda aquella sarta de falsedades proferidas por sus colegas de Gran Canaria, el locutor Chavanel, la productora El Escorpión de Jade y el periódico Canarias7, por las que el Tribunal Supremo les condenaría, precisamente, ese mismo día 21. Un día muy completo, porque entonces me llegó otro ataque. Pero este, francamente deplorable y dañino.

El teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, cargo que ocupa el número uno del escalafón de la carrera fiscal, y que hace las veces de fiscal general en los supuestos de ausencia o enfermedad de este, contestaba a las preguntas de uno de los digitales que, por encima de los dos que habían abierto la espita de las hostilidades, abanderaba desde entonces la lucha contra el fiscal más corrupto y «podemita». Un fiscal que se negó a comer con el director de dicho periódico digital cuando a este le entraron los miedos por saberse grabado.

Aquella entrevista, que más parecía un aquelarre, se publicó en formato de vídeo y juntaba a dos mujeres que se hacían pasar por periodistas con el señor Navajas, al que acechaban como si fuera una presa desatada y presta a vociferar todas las barbaridades que aquellas pudieran sacarle. Y esto fue lo que salió por aquella boca:

Entrevistadora: ¿Cree usted que Alejandro Luzón debería apartar al fiscal Ignacio Stampa tras desvelarse los chats de la abogada de Podemos, Marta Flor Núñez?

Luis Navajas: Sí, pero mire usted, para mí don Alejandro Luzón es de los fiscales que yo tengo en el altar. A mí hay cosas que no me gustan de la carrera fiscal, que son las filtraciones. Esto es lo que más desprestigia a la Administración de Justicia. Entonces yo siempre he pensado algo que le dije en su momento a Consuelo Madrigal, la que fuera fiscal general del Estado, y se lo he ido repitiendo a los sucesivos fiscales generales: hay determinadas Fiscalías que con la materia tan sensible que despachan, me refiero a la Audiencia Nacional, Anticorrupción, Constitucional y Antidroga, donde la experiencia nos dice que hay fiscales que no nos gustan, porque estamos viendo cosas... En Toledo, en la Edad Media, había una escuela de traductores muy famosa y parece que ahí se ha creado una escuela de filtradores.

La idea que yo he ido transmitiendo es que al igual que cada cinco años examinamos a don Alejandro Luzón para renovarle, debería ocurrir lo mismo con el resto de fiscales.

Me está hablando usted de una cosa que cuando me enteré me dio asco, pero yo no soy ni el fiscal general del Estado ni el fiscal inspector. Yo sé lo que yo hubiese hecho: le hubiese apartado de la comisión de servicios y le hubiese devuelto a su Fiscalía de Canarias, de donde creo que vino, y ya está. Porque cuando el cirujano abre y ve un tumor, el tumor hay que quitarlo. Vomité, vomitamos cuando nos enteramos por los periódicos de lo de la abogada y sobre si tenía relación. Eso nos dio un asco tremendo y yo me pronuncié y se lo dije a la fiscal general del Estado: «Este tío hay que... vamos a ver». Pero yo respondo de mi parcela y yo sé lo que yo hubiese hecho, y también sé lo que haría para evitar el problema: cada cinco años estos fiscales deberían pasar un examen y entonces «los Stampas» serían un problema que duraría cinco años.

Es un contrasentido que al señor Luzón, si no nos gusta, le podamos quitar a los cinco años y a otro señor que tampoco nos gusta, que es un subordinado, nos lo tengamos que tragar con patatas hasta que se jubile.

Entrevistadora: Ha dicho que habló con la fiscal general del Estado sobre este aspecto. ¿Qué le dijo?

Luis Navajas: Vamos a ver, yo me imagino que ese día que empezaron a salir, eso se comentó. Yo no sé qué opina de ello, pero yo lo que sí... Comentamos: «Oye, qué barbaridad, oye, llamamos...». Y yo sé que don Alejandro Luzón se dio cuenta. Pero ¿cuáles son las medidas que ella vaya a tomar? Creo haber oído que el caso del señor Stampa ha provocado la apertura de diligencias informativas en la Inspección y entonces yo voy a esperar. Yo lo que sí le digo a usted es que por este tema vomité, he vomitado por otros con nombres.

A pesar de que lo que se había proferido públicamente contra mí eran graves injurias, y también calumnias, no parece que su autor recibiera una llamada al orden desde las instancias correspondientes de la Fiscalía, sino quizá su excitado aplauso, ya que repitió el mismo bochorno en un programa de radio de máxima audiencia solo dos días después, cuando otro periodista le preguntaba al teniente fiscal del Tribunal Supremo cuál era su impresión sobre el asunto:

Escandalosa, y yo sé lo que hubiera hecho en ese momento: apartar inmediatamente al fiscal. Y si como yo sé...

Tampoco consta que, tras esto, se reprochara nada a Luis Navajas, ni por la Inspección Fiscal, ni por su máxima y única jefa, la fiscal general del Estado.

A mí no me preguntó ninguno de aquellos periodistas si era cierto lo que se me imputaba, ni qué opinaba de las declaraciones del entrevistado. Dudo mucho que contestara, pero ni siquiera se me dio la oportunidad.

Y, ¿qué era eso que decía saber Luis Navajas? Este bochornoso espectáculo circense, otro más, sirvió para quitarle la careta a unos cuantos y para recibir algo de solidaridad, ya que pude percibir cierto sentimiento de vergüenza desde mis círculos judiciales y fiscales más próximos.

Además, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales emitió un comunicado el mismo 21 de septiembre y varios de sus dirigentes realizaron declaraciones públicas, lamentando que tales manifestaciones «no contribuyen a reforzar la imagen del Ministerio Público; ha señalado como cierto un hecho que está siendo investigado y que afecta a un fiscal anticorrupción, de manera que parece que su presunción de inocencia queda en entredicho».

El día 24 de septiembre era la Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales la que se pronunciaba a través de otro comunicado tras escuchar «con estupor» las declaraciones de Navajas. Supongo que su comunicado vino motivado porque las descalificaciones habían ido más allá de hablar de mi caso, ya que también fueron objeto de sus desahogos otros fiscales con ocasión del despacho de las denuncias presentadas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia de la COVID-19. El comunicado decía así:

En las declaraciones del Sr. Luis Navajas encontramos descalificaciones y falta de consideración hacia sus compañeros.

En primer lugar, a Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, poniendo en entredicho su buen hacer en uno de los juicios más importantes de la democracia española e imputándoles supuestas presiones sobre su persona, nunca denunciadas por él y sin la menor corroboración objetiva.

A continuación, a los Fiscales de la Fiscalía Anticorrupción y de la Audiencia Nacional, a quienes atribuyó filtraciones del contenido de las causas judiciales, llegando a atacar y lesionar el honor y la presunción de inocencia de uno de sus miembros. Desde aquí se quiere reconocer el trabajo, la dignidad y el compromiso de todos ellos con la vocación de servicio, la Carrera Fiscal y los principios que deben regir nuestra actuación. Nuestro más sincero agradecimiento a todos ellos.

Consideramos intolerable que la Fiscal General del Estado no haya dado una respuesta contundente e inmediata ante esta actuación del Teniente Fiscal que ampare a los Fiscales afectados e impida que se pueda poner en tela de juicio a quienes desempeñan fielmente sus funciones.

Por su parte, la Unión Progresista de Fiscales, a la que perteneció Dolores Delgado hasta ser nombrada fiscal general del Estado, lanzó su propio comunicado de defensa frente a los comunicados anteriores, a los que calificó de intentos de «mancillar el Ministerio Público» mediante la difusión de «una imagen de parcialidad que nada tiene que ver con la realidad».

Lo único que vi de la Fiscalía General sobre Luis Navajas fue el comunicado institucional difundido el 17 de diciembre de 2020, con ocasión de su jubilación:

En el día de su jubilación, la Fiscalía General del Estado quiere manifestar su más sincero reconocimiento y gratitud a toda una vida profesional dedicada al Ministerio Fiscal, en la que ha asumido con ejemplar vocación de servicio público, rigor, independencia y profunda lealtad institucional las más importantes responsabilidades de nuestra carrera.

Te transmitimos, Luis, todo nuestro afecto, respeto y consideración.

Y en esta vergonzante coyuntura, ocho meses después de que Dolores Delgado llegara al cargo y sin esperar a que se aclarase todo lo difundido sobre la actuación de los fiscales que investigaban uno de los mayores casos de corrupción de la historia del país, y que llevaban más de cuatro años en situación de interinidad en el puesto, surgió de repente la necesidad, o la conveniencia, de convocar dicho concurso para las ocho plazas creadas en la Fiscalía Anticorrupción.

Afortunadamente, como siempre nos temimos que aquello podía ocurrir mientras estábamos en comisión de servicios, tanto Miguel como yo habíamos obtenido plaza fija en la Fiscalía Provincial de Madrid. En mi caso, desde diciembre de 2018. Así que los deseos de deportarme en una galera a Canarias, como le habría gustado al señor Navajas, resultaban en esa parte imposibles.

Así, el 1 de octubre de 2020 se publicó en el BOE la Orden JUS/922/2020, de 24 de septiembre, de convocatoria de concurso de traslados para la cobertura de ocho plazas vacantes (más una novena en situación de interinidad) de carácter discrecional en la Fiscalía Anticorrupción.

El peor momento para mí.

Justo antes de saberlo, me había llegado un soplo de aire fresco. El Tribunal Supremo notificó el día 28 de septiembre la sentencia por la que condenaba en firme a todos los informadores canarios a los que yo había demandado aquel lejano 2014 por vulnerar mi derecho al honor al difundir informaciones no contrastadas. Las declaraba ya, formal y materialmente, falsas. Pero esa sentencia tampoco dio lugar a que alguien se diera por aludido, ni se quiso ver paralelismo alguno con lo que estaba pasando.

Confiando en que se me cerraría la investigación de forma positiva antes de la crucial decisión del concurso (pues daba puntual cuenta por escrito al fiscal instructor de todos los hechos que evidenciaban la feroz campaña de desprestigio a que estaba siendo sometido y la inexistencia en mi actuación de hecho delictivo alguno), presenté mi instancia para optar a una plaza fija en aquella Fiscalía el día 7 de octubre. Aún me sigo preguntando a día de hoy por qué pedí aquella plaza.

Miguel y yo llevábamos meses, incluso años, bromeando en cada una de las múltiples ocasiones en que pedíamos la prórroga de la comisión de servicios semestral que nos mantenía allí. Había que aportar siempre el currículum, de manera que lo teníamos bastante actualizado y lo presentábamos siendo conscientes de que, con tan solo consignar en la solicitud que éramos los encargados del caso Tándem, era ya motivo suficiente para que nos renovaran o para que nos echaran.

Esta vez no hubo bromas. Solo suspicacias, que muchas veces eran sospechas. Cada día que pasaba, estábamos más convencidos de que la suerte estaba echada desde hacía bastante tiempo.

Si aquel día 7 de octubre no tenía ya suficiente, nos avisaron de que había saltado a los medios un nuevo escándalo judicial relacionado con aquel procedimiento.

Se había difundido la exposición razonada que el magistrado instructor había elevado ese mismo día a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para que procediera por varios delitos contra el vicepresidente del Gobierno. No nos constaba que se hubiera citado a declarar a su antigua asesora, como habíamos solicitado, para saber si se podía abrir o no esa vía.

Al día siguiente, el Tribunal Supremo le pedía a la Fiscalía de dicho tribunal un informe antes de decidir si era competente para investigarlo y si existían los indicios suficientes para ello. Entonces, la nueva misión que se me encomendó por la jefatura de la Fiscalía Anticorrupción, a petición de la Fiscalía del Tribunal Supremo y con conocimiento de la Fiscalía General del Estado, fue la de elaborar un informe, a modo de nota interna, para que los compañeros tomaran el conocimiento más cabal posible de las actuaciones correspondientes a aquella pieza número diez o «pieza Dina» con el fin de emitir, a su vez, el informe que les había sido requerido por el alto tribunal.

Fue un honor, pero parecía un tanto contradictorio que se confiara en mí para aquello. Y más que contradictorio, parecía una broma. Luego supe que Dolores Delgado le había encomendado precisamente al teniente fiscal, Luis Navajas, la elaboración del informe para el Tribunal Supremo.

La mañana del 13 de octubre, después de que le enviara a la superioridad mi nota con los documentos esenciales adjuntos para ayudar a los fiscales del Supremo, ocurrió otra cosa insólita más.

Estaba en el despacho cuando recibí una llamada.

—Ignacio, soy Luis Navajas.

—Hola, Luis. Qué sorpresa. —Nunca había hablado con él antes.

—Te llamo porque quiero pedirte disculpas por mis declaraciones. Estaba muy agobiado, lo he pasado muy mal por otros compañeros que me han atacado con un asunto que llevaba sobre las querellas contra el Gobierno por el tema del coronavirus y ya sé que esta disculpa no es suficiente y estoy dispuesto a escribir una carta para que la difundas porque yo no voy a hablar más y… —El hombre no paraba de hablar a toda velocidad y lo interrumpí.

—Luis, perdona. Para, por favor. Te agradezco la llamada, pero eres mi jefe y, si lo prefieres, voy a tu despacho en cuanto me digas.

—Ah, bueno, bueno…, vale. Pero mañana tengo que ir al Consejo General del Poder Judicial a un expediente… —Volví a interrumpirlo.

—Luis, de verdad, cuando tú puedas, yo dejo lo que esté haciendo y me planto en tu despacho y hablamos.

Él fijó el día y el 15 de octubre acudí al despacho del teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas. Me recibió la misma persona nerviosa que me había llamado dos días antes. Nos sentamos frente a frente en dos sofás de su imponente despacho del Palacio del Marqués de Fontalba, sede de la Fiscalía General del Estado. Allí comenzó a repetir la misma diatriba que intentó trasladarme vía telefónica.

—Me dejé llevar por lo que me había dicho un compañero tuyo de la Fiscalía Anticorrupción.

—Ah, ¿sí? —le pregunté, con más curiosidad que estupefacción, ya que para entonces sabía que parte de las zancadillas también procedían de allí; una muestra más del fuego amigo sobre el que me previno Miguel, que bien parecía ser «acción del enemigo».

—Sí, sí, pero bueno, ¿cómo va la investigación de la Fiscalía Superior? Me han dicho que se retrasa porque te has personado y has pedido diligencias.

—¿Cómo? Yo no he pedido ninguna diligencia, ni me interesa que se retrase, ni sé cómo va, más allá de que han citado a declarar a Miguel Serrano porque estaba yo delante cuando lo citaron. ¿Quién te ha dicho eso?

—Pues me lo ha dicho el fiscal jefe de la Secretaría Técnica.

—Ah, pues no es cierto en absoluto.

Tiempo después descubriría que quien había «sugerido» la práctica de diligencias para que aquello se alargara, cuando la investigación se había archivado, había sido, precisamente, el entonces fiscal jefe de la Secretaría Técnica y hoy fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

—Bueno, Ignacio, como te decía, estoy dispuesto a redactar una carta disculpándome. He comprobado que las noticias a las que di pábulo son falsas. Además, me ha trasladado Alejandro Luzón que cuenta contigo y te apoya, y yo a ese hombre le tengo en la más alta consideración, así que no solo me fío de él, sino que te voy a apoyar en el Consejo para que te den la plaza.

—Muchas gracias, Luis.

—¿Cuándo necesitas la carta? Lo que sí te digo es que no voy a hacer más declaraciones, pero puedes hacer con ella lo que quieras, porque mis declaraciones fueron públicas y esta respuesta merece ser igual.

—Pues hombre…, creo que esa carta es una de las cosas que mejor me pueden venir en este momento, si es que algo me puede venir bien…, y, cuanto antes, mejor.

Se levantó como un resorte, salió del despacho y le pidió papel oficial con membrete y sello del teniente fiscal del Tribunal Supremo a su secretaria.

—No me pase llamadas y que nadie me moleste —le ordenó.

Con dicha hoja se sentó frente al ordenador y comenzó a redactar. Yo permanecí sentado al otro lado de su mesa, callado, mientras él iba avanzando y leyendo en voz alta lo que escribía. No me creía lo que estaba ocurriendo.

Al terminar, me la entregó para que la repasara, la corrigiera y añadiera o suprimiera lo que yo considerase oportuno.

—Muchas gracias, Luis, pero es un texto sobre lo que tú sientes y no tengo que añadir ni quitar nada en ese sentido. Pero sí te pido, si no te importa, que añadas una frase.

—Dime.

—Incluye que tus disculpas son aceptadas ahora mismo, por favor.

Cuando acabó de redactar la carta, la firmó y me la entregó. Le pregunté si quería tomar un café y, aunque puso algunos reparos por la situación sanitaria, lo aceptó y salimos a una de las cafeterías próximas a la Fiscalía General, no sin que antes nos mirara recelosamente una persona integrante de la plantilla de la Secretaría Técnica, sorprendida, sobre lo que pudiera estar hablándose en aquel encuentro.

Antes de salir, ya de pie, cerca de la puerta, le dije:

—Luis, este gesto te ennoblece. ¿Me dejas darte un abrazo?

Más reparos aún de una persona próxima a la jubilación a aceptar un gesto que implicaba contacto físico directo en plena pandemia, pero, tras algunas dudas, lo aceptó, mientras le caían algunas lágrimas.

La carta, que se publicó al día siguiente, la aporté a la Inspección Fiscal para que se uniera a mi solicitud de plaza y se amortiguaran los deméritos que se me iban fabricando para el concurso pendiente.

Comoquiera que el cierre de las diligencias abiertas contra mí no llegaba, que se acercaba la fecha de la decisión sobre la plaza y que no me habían contestado a los anteriores, también la aporté a las Diligencias de Investigación 32/2020 (junto con dos Decretos del fiscal inspector jefe de la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado de 3 de agosto y 18 de septiembre de 2020 archivando denuncias de la «particular», y la sentencia del Tribunal Supremo dictada pocos días antes condenando a todos los periodistas canarios demandados por la primera campaña de hostigamiento mediático que sufrí) en un nuevo escrito, este de 16 de octubre, en el que también comunicaba que el 7 de octubre había formalizado mi solicitud de concurso, cuya resolución era inminente.

No sabía aún el conjunto de sorpresas que aquella investigación depararía.

13. Jaque mate

En narrativa hay una regla no escrita y que alguien debería escribir alguna vez. No uses el ajedrez como metáfora de nada. Cada vez que tengas la tentación de recurrir a un enroque, a un gambito de dama o cualquier jugada por el estilo, desecha la idea. No es original, suena pretencioso, parece que uno quiere pasar por alguien muy inteligente que domina los secretos del juego. A no ser que…

Así comienza el periodista Álvaro de Cózar la narración del último capítulo del pódcast El país de los demonios, que mencioné en el preámbulo. Ese capítulo se titula «Llegar al fondo» y, para llegar a ello, continúa diciendo:

A no ser que… el personaje que tengas delante sea un experto
jugador de ajedrez.

Estoy totalmente de acuerdo con Álvaro, y esa excepción es parte de esta también excepcional historia. Y no se refería a mí, precisamente, sino al teniente fiscal de la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid, Carlos Ruiz de Alegría Madariaga. La misma persona que yo también tuve delante cuando le ordenaron investigarme y que, tan generosamente, me hace el inmenso honor de prologar esta obra.

El ajedrez me encanta, pero mi profundidad de análisis del juego nunca me ha permitido superar un modesto nivel, ya que siempre me aburrieron los manuales que compraba en cada feria del libro de Madrid para mejorar mi estrategia sobre el tablero. Enseñé a mis dos hijos a jugar desde que eran muy pequeños porque, más allá de ser muy entretenido, el ajedrez enseña a razonar y a tener una visión más larga que corta sobre los acontecimientos de la vida. También enseña a entender que es mucho más eficaz actuar en grupo que de forma individual, y a sacarle el mayor rendimiento al poder de cada una de las piezas, sin perder nunca de vista que puede llegar a ser muy violento y que el último peón también puede poner en apuros a la dama.

Para esta narrativa tampoco me puedo atribuir la ocurrencia de hacer metáforas con el ajedrez. Ni siquiera es una expresión mía la que da nombre a este capítulo de una historia que no es comparable a una partida de ajedrez, porque sobre un lado del tablero se colocaron el rey negro, su dama y un grupo de fieles escuderos que sirvieron para atacar por todos los flancos, y sobre el otro solo había un peón blanco aislado.

Si el capítulo anterior estaba dedicado a describir la actuación de los más altos representantes de la cúpula del Ministerio Fiscal ante los bulos publicados, es el turno de exponer ahora, más concretamente, los acontecimientos en los que se apoyaron para decidir mi expulsión.

Desde el 27 de abril de 2017 intuía lo que iba a ocurrir y, junto a Miguel Serrano, no tardé mucho en darme cuenta de que esa intuición había traspasado el umbral de la convicción para después acabar en una absurda batalla contra la resignación ante la evidencia. Pero, a diferencia de lo que se hizo creer, se cocinó a fuego lento, hasta que los acontecimientos procesales se desmadraron porque avanzábamos hasta donde la Ley nos marcaba, y la paciencia de los verdugos se agotó.

Para su correcta explicación, conviene realizar un resumen cronológico de los principales hitos de todo lo narrado hasta ahora para seguir enlazando después los hechos, porque son muchos los datos, todos ellos hechos públicos, y no precisamente por mí.

A finales de 2017, detuvimos y solicitamos la prisión provisional del excomisario de la Policía José Manuel Villarejo Pérez, quien, aparentemente, acumulaba decenas de terabytes de información comprometedora para muchas personas importantes del país y se habría guardado copias del material antes de que fuera incautado.

En el año 2018 se exigió mi cabeza. Tras el comienzo de la difusión de aquella información comprometedora, y la detención del comisario Enrique García Castaño, el director del despacho de abogados que asumió su defensa, Baltasar Garzón, emitió una serie de comunicados con los que creó la apariencia pública de que los fiscales filtrábamos el sumario en perjuicio de su cliente, de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y de él mismo.

A lo largo del 2019 se desarrollaron los preparativos para mi decapitación. Se nos trasladó internamente que en el Ministerio de Justicia existía aquella convicción, pero las filtraciones ni provenían, ni podían provenir de los fiscales, sino que los filtradores tenían otros nombres y apellidos, y estos eran bien conocidos por aquel departamento. También se dio un gran impulso al procedimiento judicial, en especial, a la pieza de investigación en la que aparecían las alusiones a los nombrados anteriormente, a la pieza en que se investigaba la supuesta participación del partido político que ocupó el anterior Gobierno de la nación y a otras que involucraban a empresas del IBEX.

Ese año terminó con un abogado rebotado que iba de periódico en periódico buscando a quien estuviera dispuesto a relatar sus penas contra otro partido político y contra una excompañera de su equipo jurídico. Y quien, con el fin de utilizarlo en su estrategia de ataque-defensa, fue distribuyendo documentos internos y mensajes que incluían parte del trabajo efectuado en el procedimiento judicial por la acusación popular representando a Unidas Podemos, mientras se había dado a conocer otra de las piezas de investigación al descubrirse que se había publicado en el año 2016 el contenido de una tarjeta de memoria del teléfono de una asesora del líder de dicho partido.

El año 2020 fue el de la ejecución. El 8 de enero, un par de periodistas nos avisaron de que se iba a publicar el material que repartía el abogado anterior, lo que efectivamente ocurrió a partir del día 23 de ese mes, día siguiente a aquel en que, con su habitual lenguaje encriptado, José Manuel Villarejo Pérez, amigo de Enrique García Castaño, Baltasar Garzón y Dolores Delgado, advirtiese de que eso mismo iba a ocurrir.

Mientras tanto, el día 14 de ese mismo mes, había comenzado en Las Palmas de Gran Canaria el juicio por las autorizaciones y la construcción de una bodega en el paisaje protegido de La Geria, Lanzarote.

La Fiscalía General del Estado estudiaba el 14 de febrero la queja de una «particular», quien llevaba días hurgando entre aquel material difundido, archivándola el 9 de marzo, cuando la Fiscalía ya estaba dirigida por Dolores Delgado.

El 13 de marzo se incautó el teléfono móvil de un exsecretario de Estado de Interior durante el anterior Gobierno del Partido Popular (Francisco Martínez) y la actividad en el juzgado se paralizó por la declaración del estado de alarma del día siguiente, hasta que el 18 de mayo volvimos al trabajo presencial en la Audiencia Nacional para volver a escuchar a una testigo y comprobar si la tarjeta del teléfono de esta era aprovechada por el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, para manipular el procedimiento con fines partidistas.

El 22 de junio defendí en sede judicial por qué la Fiscalía Anticorrupción estaba convencida de que una entidad financiera investigada no colaboraba con la Justicia y, al día siguiente, se nos anunció la diarrea periodística que se desató a partir del día 24 con el doble objetivo de que, por un lado, la Fiscalía me echara del asunto y, por otro, de que mi mujer hiciera conmigo lo propio de mi domicilio.

El día 26 de junio, la Fiscalía General del Estado emitía una nota trayendo a la escena pública a aquella intrépida «particular», mientras revelaba información estrictamente reservada para mí y para la Fiscalía, con el fin de seguir chapoteando en las relaciones personales que dicha Fiscalía había descartado y que algunos concretos medios se empeñaban en atribuirme.

Ya en julio, el partido político Vox denunció que los dos fiscales del procedimiento habíamos revelado secretos a Unidas Podemos. Dicha denuncia sirvió a Dolores Delgado para ordenar, a través de su mano derecha, Álvaro García Ortiz, que se abriera una investigación penal exclusivamente contra mí en la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid, anunciándola igualmente a todo el mundo. Como describiré unas páginas más adelante, utilizaría al mismo emisario para ordenar, entre otras muchas cosas, que se prolongara esa investigación, después de no permitir que se archivara dos veces por quien era competente para ello, haciéndome llegar con tales deméritos a un concurso discrecional al que había optado para obtener plaza en propiedad en la Fiscalía Anticorrupción y cuya resolución dependía exclusivamente de ella.

Bien. Retomemos a partir de aquí el relato con nuevos hechos para comprender la evolución de todos los acontecimientos. Y, para ello, toca ya identificar a una «periodista», aquella que me llamó una tarde de principios de febrero para preguntarme si yo era el fiscal Ironman, sin importarle mis respuestas, y que coincide con «la particular» que cursó aquel escrito a la Fiscalía General del Estado a principios de febrero de 2020: María Montero Clemente.

El escrito por el que esta mujer reclamó aquella investigación se limitaba a reproducir las noticias publicadas en enero. Lo firmó el 3 de febrero de 2020 y lo envió desde la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, «como directora del programa La ventana indiscreta de Radio Las Palmas, en virtud de la Ley de transparencia y derecho al acceso a la información».

Efectivamente, tal y como divulgó la Fiscalía General, el 9 de marzo se archivó el expediente abierto para llevar a cabo esas indagaciones. Pero, además de las ilegalidades que contenía aquella nota de prensa, que ya han sido explicadas, había otra más que, ahora, una vez descubiertos el contenido y la autoría de aquella petición, ha de saberse.

El Decreto de archivo del 9 de marzo señalaba que la Ley de Transparencia invocada «no sería aplicable en cuanto que lo que se solicita afecta a la prevención, investigación y sanción de ilícitos penales, administrativos o disciplinarios, por lo que el acceso sería restringido». Supongo, por tanto, que, después de este texto, la entonces fiscal general del Estado, al permitir con aquella nota de prensa la divulgación de tantos datos reservados, estaría muy segura de que semejante indiscreción resultaría impune para todos los responsables de la misma. Y ello también a pesar de que, justo el día anterior, conviene repetirlo, le había dado nombre y apellidos a su propuesta de designación del responsable en el nuevo cargo de Fiscal Delegado de Protección de Datos del Ministerio Fiscal.

El aludido escrito de la «particular», cuya existencia se desveló a toda España el día 26 de junio, a mí no se me trasladó por la Inspección Fiscal hasta el día anterior, 25 de junio. Y porque lo pedí, después de leer que era esa «periodista» la que lideraba los ataques más personales desatados contra mí desde el día 24, ya que ella misma presumía de haberme puesto una denuncia interna, que resultaría ser aquella. Si me hubiesen facilitado esa información cuando correspondía, quizá me hubiera podido defender mejor o, al menos, anticiparme a algún movimiento. Aquel solo sería el primero de los dieciocho escritos oficiales que presentaría la misma denunciante para acabar conmigo, entre febrero y diciembre del año 2020, al margen de sus incontables artículos y horas de radio y televisión.

Cuando me dieron traslado de dicha denuncia, la Inspección me hizo saber que el decreto de archivo que también me remitía no era firme y, por tanto, la denunciante estaba en plazo para recurrirlo, ya que se le había notificado a ella el 27 de mayo, y la suspensión del cómputo de los plazos administrativos derivada de la pandemia se había alzado el 1 de junio. Obviamente, lo recurrió. Y, qué casualidad, lo hizo aquel mismo 26 de junio, después de emitirse la nota de prensa, y justo un día antes de que le venciera el plazo para hacerlo. Decía exactamente lo mismo que había dicho en febrero, pero indicando ya el nombre y los apellidos del denunciado en concreto por quebrantar supuestamente su deber de abstención.

Como había que seguir dándole hilo a esa cometa, y ya se hacía salivando de lo lindo, difundió la presentación del recurso por medio de otra noticia, ilustrada con la foto de la protagonista a las puertas de la Fiscalía General, sin poder disimular su regocijo, a pesar de portar mascarilla quirúrgica, y exhibiendo dicho recurso con el sello del registro de entrada, bajo el hilarante titular «¿Ha ofrecido la abogada Marta Flor a Alejandro Luzón decir que ha exagerado su relación con Stampa a cambio de no investigar a Iglesias?».

Esta nueva pretensión de que se me sancionara disciplinariamente volvió a ser rechazada por el fiscal jefe inspector, Fausto Cartagena, por un Decreto del 13 de julio, concluyendo que estaba basada en «conjeturas y meros pareceres u opiniones», y añadía:

Además, en los medios de comunicación se ha reflejado también que la abogada ha negado la existencia de tal relación, con la expresiva frase de «haber sido una bocazas al explicar una situación de forma exagerada y confusa dando lugar a equívocos e imágenes que no se corresponden con la realidad» (...) ningún soporte fáctico permite sostener relación que invalidase al fiscal para intervenir.

Por tanto, la Inspección seguía teniéndolo muy claro diecisiete días después de que se anunciaran «nuevas actuaciones» para investigar lo mismo. Y también demostraba con ello que seguía muy de cerca la actualidad informativa, porque nunca me preguntaron mi opinión, aunque se la ofrecí desde el primer día, ni yo les aporté aquella expresión entrecomillada. La recurrente tampoco, obviamente.

No obstante, como ya expuse en el capítulo anterior, cuando se dictó esa resolución ya se me había abierto la investigación penal, así que mandaron una copia de ese recurso a la Fiscalía Superior para empezar un interminable trasiego de escritos presentados por la misma «particular» de Fiscalía en Fiscalía. Más adelante narraré que, efectivamente, otro expediente paralelo y secreto sí se había abierto en la Inspección el 30 de junio para investigar lo mismo, en concordancia con aquel comunicado del día 26.

Como digo, al no darse por vencida, la «particular» siguió mandando escritos a la Fiscalía Superior y a la Secretaría Técnica con la misma finalidad y estas se los rebotaban a la Inspección Fiscal, que el 3 de agosto daba carpetazo definitivo a ese asunto. Solo a ese.

Este carpetazo se nos notificó oficialmente a los dos fiscales anticorrupción denunciados, no solo a mí, tres días después. ¿Por qué a los dos?

Pero no solo presentaba escritos. Desde el 24 de junio no paró de publicar incontables lindezas, como estas:

Uno de los fiscales anticorrupción de Tándem mantenía una «relación íntima» con la abogada de Podemos.

Las relaciones personales de la abogada de Podemos en ese caso, Marta Flor, y del fiscal Anticorrupción, Ignacio Stampa, arrojan serias dudas, a día de hoy, sobre la limpieza de todo ese procedimiento.

Las idas y venidas de Marta Flor al despacho del fiscal Stampa acabaron por caldear el ambiente en el equipo jurídico del partido que «no veía con buenos ojos» que la letrada «mantuviera una relación íntima con Stampa», y que, además, planteara «pasar» información a la Fiscalía Anticorrupción de los asuntos del partido.

La sombra del «caso Unión» todavía incordia al fiscal Ignacio Stampa Fuente

Los que vivimos en Canarias recordamos muy bien el escándalo que se montó en 2008 cuando se supo que su entonces esposa había sido contratada como auxiliar administrativo por el Ayuntamiento de Arrecife. El mismo Consistorio que estaba siendo objeto de investigación en el «caso Unión» por el fiscal Stampa, daba trabajo a su pareja.

Sin duda, el teniente fiscal de la Fiscalía General del Estado (FGE), Luis Navajas, ha manifestado en Onda Cero y en Okdiario, lo que algunos miembros del mundo judicial, y la propia sociedad, posiblemente, habrán pensado en numerosas ocasiones sobre el fiscal anticorrupción del caso Tándem, Ignacio Stampa: «deportarlo» a Canarias, y «apartarlo» de este proceso judicial tras el escándalo con la abogada de Podemos, Marta Flor.

El verdadero «tándem» lo forman el fiscal Ignacio Stampa y el vicepresidente del Gobierno español, Pablo Iglesias.

La Justicia triunfa apartando al fiscal Stampa en el caso Tándem.

Sería muy interesante investigar la red de periodistas, voceros y podemitas que orbitan alrededor del fiscal Stampa (propuesta que habría realizado al juez Manuel García-Castellón en una carta enviada el 4 de noviembre de 2020).

En otro artículo (tras aquel del 4 de agosto animando al juez a que citara a ese testigo) suscrito en Confilegal el 9 de septiembre de 2020, con el titular «¿Apretará el juez García Castellón al exabogado de Podemos en el interrogatorio sobre el caso Dina?», escribía:

(...) Este magistrado va a interrogar a Calvente...

Bien hecho, señor Juez. La sociedad española se merece saber la verdad sobre el esperpento del caso Dina, especialmente, a raíz de las denuncias de Calvente.

¿Apretará con ímpetu el magistrado García Castellón a Calvente sobre la presunta estafa procesal de Podemos en el caso Dina? ¿Interrogará a Calvente sobre la relación íntima abogada-fiscal y las consecuencias procesales para el caso Tándem? (...)

Siguió haciéndolo mucho después, pero prefiero avanzar cronológicamente.

Aunque pedimos algunos días para disfrutar de vacaciones oficiales durante el mes de agosto de 2020, también nos las pasamos trabajando, y muy entretenidos, como ya he expuesto. Una de las piezas que teníamos entre manos a punto de estallar parecía de una gravedad supina: la veintiocho.

Se dio la circunstancia de que en esa pieza estaban interceptadas las comunicaciones que pudiera haber en el interior de un vehículo y a través de algunos dispositivos electrónicos utilizados por los investigados, así que tuvimos la suerte de escuchar en tiempo real la operación que se estaba preparando para rematarme.

El objetivo de aquella trama parecía muy sencillo y, la estrategia, también repetida. Se trataba, presuntamente, de revelar secretos de Estado con los que extorsionar al más alto nivel para que el preso Villarejo consiguiera su libertad de una vez por todas. Para ello, se habría contado con varios periodistas afines a la presunta organización criminal investigada, y la parte de esa estrategia con la que más se divertían quienes participaban en la operación consistía en hacer creer a todo el mundo, una vez más, que esos secretos formaban parte del sumario y que el filtrador era yo. Eso contribuiría a engordar los cargos existentes entonces contra mí y dotaría de plena credibilidad al montaje perpetrado hasta ese momento. Parecía otro éxito garantizado.

Afortunadamente, esa inmensa maldad también contribuiría definitivamente a acreditar las anteriores, ya que la «periodista» con la que principalmente pretendían hacer eso era aquella crecida «particular», que nunca había aparecido por Madrid hasta entonces y que se repetía y repetía cada día lanzando los mismos infundios en muy concretos medios de prensa digital, radio y televisión.

Uno de los momentos de mayor clímax alcanzado por aquella mujer fue con ocasión de las declaraciones de Luis Navajas en las que había bramado barbaridades contra mí. Su emoción por ello la trasladaba a sus intervenciones en todo tipo de medios: «Felicidades, Navajas. Antes de jubilarte, has dicho lo que no reconoce el Estatuto de los Fiscales. Lo que calló el fiscal instructor, Fausto Cartagena». Por eso también mostró su desazón, en la misma proporción, cuando Navajas se retractó.

El día que se publicó la carta con la disculpa de Navajas, 16 de octubre, la «particular» no era consciente de que sus lamentos con el preso de confianza de Villarejo con el que hablaba para aquella supuesta misión estaban siendo grabados por orden judicial y escuchados por la unidad de Asuntos Internos y por los fiscales.

Aunque esas conversaciones forman parte del sumario, también fueron difundidas públicamente.

Se transcriben ahora pasajes relacionados con lo que aquí se narra:

Alfonso Pazos: Muy buenas tardes.

María Montero: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchas gracias por contestar.

A.P.: Nada, no te preocupes. Que... es... es un placer siempre contactar con una persona que se enfrenta a esta caterva de mangarranes que tenemos ahí arriba.

M.M.: Sí. Hoy tenemos un día duro con lo que ha dicho... Bueno, de hecho, hoy en mi programa ha entrado el abogado de Pepe, precisamente.

A.P.: La orden que tengo de Pepe es contactar, sobre todo, con las personas que se enfrentan a esta gentuza, y tú eres la primera porque eres la única que has presentado una querella contra esta gentuza.

(…)

M.M.: Quiero seguir sacando cosas, pero como tampoco Calvente ha hecho el volcado de los chats de la Audiencia Nacional y tampoco accedemos al 42 de Plaza Castilla, pues estamos como...

A.P.: Claro.

M.M.: Entonces, con una presión mediática con lo que ha dicho Navajas, que ha dicho lo contrario, ¿será posible?

A.P.: Ajá.

M.M.: Pero, vamos, es que esto, a ver si me vuelven a pasar chats o lo que sea para volver a darles otro revolcón, pero con lo que me has pasado me lo leo bien esta noche.

Ese día y los siguientes aumentaron los contactos entre ambos mientras se iba aproximando la reunión del Consejo Fiscal en la que se resolvería el concurso para la obtención de la plaza fija en la Fiscalía Anticorrupción a la que había optado.

M.M.: Vale, vale, pues vamos a hacer una cosa, cuando ya puedas salir a los medios te voy a dar un par de datos, que eso todavía no lo he contado, La Información, que es otro digital, el que empezó a sacar el burofax de Calvente. Precisamente lo sacó muy de pasadilla, pero... empezaron ellos, me llamó el director y quiere que... quieren que lleve yo Interior, entonces lo que me has pasado, yo podría llegar a un acuerdo con La Información y qué os parece si nosotros cogemos lo que me hayas pasado, esta exclusiva, abrimos nosotros el melón por aquí..., esta línea, ahora a ver qué me dicen, pero también a... Carlos Berbell, que con él la relación es magnífica y lo que haga falta igual, y luego también estamos negociando a ver si puedo entrar en Telecinco, que más de la Inter... Intereconomía Radio también...

A.P.: Pues, eh..., cuenta conmigo para lo que necesites, eh... En un principio, eh... yo no sé si saltar o no saltar a los medios o a la... Yo no sé si me puede beneficiar o perjudicar. Yo estoy todavía en la cárcel.

M.M.: Vale.

(...)

M.M.: Vale, y en este caso, por ejemplo, nosotros, a la hora de publicar, ¿qué citaríamos, a… notas informativas de Villarejo que constan en los archivos de la Policía Nacional, por ejemplo...? Y decimos, hemos accedido y digo que son mis fuentes y ya está... ¿Cómo lo planteamos esto?

A.P.: Que constan en la..., eh..., en los archivos de la Policía Nacional y constan en las diligencias previas que el señor García-Castellón ha abierto, porque esas notas informativas...

M.M.: Anda...

A.P.: Claaaro. ¿Qué ocurre con la información? Que el señor García-Castellón la saca y la Fiscalía Anticorrupción sacan lo que les interesa.

M.M. ¡Ay, amigo! O sea, que todo lo que me has pasado lo tiene García-Castellón.

A.P.: ¡Claro que lo tiene García-Castellón!

M.M.: ¡Entonces facilísimo! Con decir que son notas informativas de los archivos de la Policía y que además están en poder de García-Castellón y de Stampa y que no las han contado... Yo ahí ya me los cargo, ¡bueno!

A.P.: Exactamente, exactamente. ¿Y sabes qué va a ocurrir cuando tú empieces a sacar o el que sea empiece a sacar estas cosas? Que van a darse cuenta de que hay un..., o sea, que se les va de las manos. Ellos pensaban que lo podían controlar.

Llega un momento en que, por muy jugoso que sea el material secreto que le puedan facilitar, la «particular» demuestra que eso no es lo que le interesa, y pide aquello que justifica sus visitas a Madrid:

M.M.: Exacto, ¿y alguna nota informativa que le afecte a algo que haya tapado Stampa y algo también que hayan tapado de Pablo Iglesias o Podemos? Porque, claro, como eso es la noticia, también claro, todo lo que sea, bueno, todo lo que me has dicho me interesa, obviamente, y ¿algo que le salpique directamente por el momento en el que estamos? A ver si les hago un jaque mate a estos.

A.P.: Perdona, que no te oigo.

M.M.: Sí, te decía que, de las notas informativas de Pepe, que si hay algo que afecte directamente a Stampa o a Podemos para hacerles un jaque mate de lo que están ocultando a la Audiencia Nacional para no imputar a Iglesias, porque si hay algo que Pepe haya pasado.

A.P.: No, date cuenta que todas las notas informativas y toda la documentación es anterior a su ingreso en prisión, anterior al 2017.

M.M.: Ay, es verdad, ¡es verdad! Y, además, a él le paralizan la investigación a Podemos, se la paraliza Soraya y el CNI, que luego él la carta que envía a García-Castellón nos la pasa a nosotros Antonio, que es la que publicamos nosotros en exclusiva donde él iba contando las fuentes que tenía de inteligencia para destapar a Podemos. Vale, vale, vale.

A.P.: Eso es, eso es.

M.M.: Claro, en cuanto me la pasó Antonio corrí a publicarla y ya esa carta la he publicitado en todos los sitios. Bueno, y además esa información, el enlace lo tiene la Fiscalía Superior de Madrid y les estoy preguntando que investiguen a Stampa, porque Stampa no investiga a Podemos. ¡Claro, es que no es a Pablo Iglesias!

A.P.: O sea que tú... ¡El fiscal que se folla a la abogada de Podemos es el que investiga la financiación de Podemos!

M.M.: Efectivamente, ¡eso es! ¡Es la cuadratura del círculo esto!

Son pertinentes ahora unas breves explicaciones para identificar a los personajes citados, por orden de alusión, y contextualizar así lo que dicen ambos interlocutores:

Pepe: José Manuel Villarejo Pérez.

La Información: digital que el 23 de enero de 2020 inició el «serial» y no lo dejaría hasta mi marcha.

Carlos Berbell: director del diario digital Confilegal, quien lo continúo al día siguiente y en el que la «particular» publicaba todos sus artículos.

Intereconomía Radio: emisora del grupo Intereconomía que cuenta con el canal televisivo El Toro TV, medios en los que realizaba sus apariciones la «particular», y cuyo presidente, según también se ha publicado, ostentaría participaciones en Confilegal.

García-Castellón: Manuel García-Castellón, magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, instructor del procedimiento Tándem desde diciembre de 2018.

Antonio: Antonio José García Cabrera, abogado de José Manuel Villarejo Pérez.

Cuando yo escuché esto, automáticamente terminé de vincular esta inopinada aparición desde Gran Canaria y sus múltiples publicaciones y tertulias con la celebración del juicio por aquella bodega y con la sentencia del Tribunal Supremo que condenaba a todos los medios de comunicación que vomitaron falsamente que mi actuación en aquel asunto había sido corrupta.

Pero no solo eso; también lo vinculé con un aviso que se me había hecho llegar meses antes desde uno de los periódicos más importantes de este país: les había llamado un empresario desde Lanzarote ofreciendo mucho dinero para que hicieran que mi imagen acabara por los suelos. Ese periódico no aceptó y jamás le dio un ápice de pábulo, ni cuerda, a la farsa.

En atención al contenido de tales audios, el 22 de octubre la Fiscalía Anticorrupción, con su jefe a la cabeza, solicitó la imputación de aquella «particular de la información» por presunto delito de colaboración con la organización criminal de Villarejo Pérez.

Aquel documento era muy delicado. Por primera vez, la Fiscalía solicitaba la imputación de un profesional de la información por colaborar supuestamente con los fines de dicha organización mafiosa. Ya se había estudiado antes respecto de otros colegas, pero no se llegó a dar el paso porque, para darlo, había que tenerlo todo atado.

Las grabaciones ordenadas por el instructor hacían que la situación fuese ahora completamente distinta.

Ese escrito de la Fiscalía, también publicado, describía que, por indicación del preso Villarejo, se habían realizado treinta y nueve envíos de material legalmente clasificado como secreto para que ella lo publicara siguiendo sus instrucciones. No con fines informativos, sino con el objeto de que el procedimiento judicial que le mantenía en prisión provisional se le descontrolara a los investigadores e incluso que el objeto de tales publicaciones sería trasladar a la opinión pública la creencia de que se trataría de filtraciones del sumario por parte de los propios investigadores.

En definitiva, Villarejo se habría puesto en contacto con María Montero para solicitarle colaborar con los fines de la organización indicados consistentes en chantajear tanto a particulares como a las instituciones del Estado mediante la difusión programada de esa información sensible, y esta habría aceptado dar difusión a dicho material no con fines periodísticos o informativos, sino para cumplir con los designios de la organización criminal.

La Fiscalía pidió al magistrado que exigiese a la receptora de aquel material su entrega en el juzgado y que, en caso de no hacerlo, se efectuara un registro de su domicilio para intervenirlo. Y proponía citarla, con la condición de investigada, asistida con letrado, por un presunto delito de colaboración con una organización criminal.

Obviamente, este informe de Fiscalía yo no lo firmé al estar formalmente investigado; era una de las personas (en realidad, la única) a quien se pretendía hacer «un jaque mate».

Al día siguiente el magistrado rechazó la petición de la Fiscalía Anticorrupción con este argumento:

Las conversaciones no permiten concluir en la actuación de María Montero una voluntad distinta que la de servir a la información de una opinión pública libre, proveyéndose de un material que entiende puede tener un interés periodístico y recopilándolos para publicarlo en cualquiera de los medios de comunicación en los que trabaja.

Y ello a pesar de que el magistrado sí requirió a la aludida para que procediera a la entrega del material que ella misma había ofrecido divulgar a través del periódico Confilegal. Sí fue citada, como testigo, pero casi dos años después. Se había difundido ya en ese momento, por tanto, que toda la campaña mediática dirigida contra mí no había sido más que un montaje.

El 15 de junio de 2022, el magistrado de refuerzo Joaquín Gadea (García-Castellón se ausentó) le tomó manifestación. Esta declaración judicial también se ha publicado en su integridad, si bien solo se transcriben a continuación los pasajes que tienen relación directa con el plan descrito y con otras circunstancias que sirven para dibujar con claridad los acontecimientos reales y a varios de los principales protagonistas en toda esta historia.

Juez: María José, comparece aquí como testigo. En esta condición está obligada a decir la verdad. ¿Jura o promete decir la verdad?

María Montero: Sí.

J.: Con carácter previo a esta declaración, me gustaría preguntarle. ¿Es usted periodista de profesión?

M.M.: Sí.

(...)

J.: En el mes de octubre del año 2020 se registra una conversación entre el señor Pazos y usted. El señor Pazos se pone en contacto con usted. ¿Por qué razón se produce esa conversación?

M.M: Sinceramente, desconozco por qué se puso en contacto conmigo. Porque ni lo conocía ni había tenido nunca contacto con él. Entiendo que por el trabajo de investigación que estábamos haciendo a través de Confilegal, que es el periódico en el que publico, entre otros. Estábamos publicando temas relacionados pues con el fiscal Stampa, con Villarejo. Entiendo que era por eso...

Tras interrogarla sobre qué tipo de material obtuvo, de quién, cómo y qué uso le iba a dar al mismo, el juez le concedió la palabra al único representante del Ministerio Fiscal presente en el acto, Miguel Serrano.

(…)

Fiscal: Cuando usted recibe una información, una serie de documentos de una fuente, ¿usted cómo y con quién decide lo que publica, cómo se publica y cuándo se publica?

María Montero: Como yo no soy directora de un medio y trabajo para varios medios, lo hablo con mis jefes, con los directores de los medios en los que estoy.

F.: ¿La fuente tiene algo que decir en el modo, el momento de publicar esa información que le ha dado la fuente o es una decisión profesional?

M.M.: Es una decisión profesional, las fuentes no nos marcan ni las formas ni los tiempos para trabajar una información.

F.: (…) En el curso de esa conversación, usted habló con el señor Pazos de que como periodista tenía que hacer una mención, no a la fuente, pero sí de dónde venía esa información, es decir, fuentes judiciales, fuentes jurídicas, esas formas que ustedes utilizan para ocultar las fuentes.

M.M.: Depende de dónde sea la fuente; si es una fuente judicial, citamos a fuentes judiciales.

F.: Sí. Pero yo le pregunto si de eso habló con el señor Pazos para decir: «Bueno, ahora qué podemos decir».

M.M.: (Ríe). Tampoco me acuerdo, es que yo no me acuerdo de esa conversación.

F.: ¿No habló con el señor Pazos de que atribuirían a los jueces y a los fiscales del caso, a los fiscales anticorrupción que llevan el caso Tándem y al juez que lleva el caso, la filtración de esos documentos?

M.M.: Primero, que yo no diría eso; segundo, no me acuerdo de nada de esto. ¿Cómo vamos a atribuir algo de Tándem, algo que, de hecho, ni siquiera sabíamos?

F.: ¿No dijo eso?

M.M.: Yo, desde luego, no recuerdo decir nada de eso, ni desde luego es mi estilo mentir sobre las fuentes ni inventar informaciones. De hecho, nunca he tenido ningún problema en ningún sentido como profesional.

Es entonces cuando el fiscal solicita al juez que se reproduzcan algunos pasajes concretos de las conversaciones interceptadas, sobre los que después interroga a la testigo:

(…)

María Montero: Y gracias por ser tan valiente. Ahora ya me leeré tranquilamente en el camino los correos. No me ha dado tiempo de abrir nada todavía, pero los leo en el camino esta noche. Y nada, lo que haga falta, cuéntame qué puedo yo hacer, en qué puedo colaborar.

Alfonso Pazos: Colaborar ya estás colaborando, intentando desmontar a toda esta panda de corruptos que es la Fiscalía Anticorrupción, pues imagínate.

M.M.: Sí, sí.

Termina el corte de audio y se retoma el interrogatorio.

Fiscal: Bien ¿es usted la interlocutora de esta conversación?

María Montero: Sí (ríe), y le digo que no me acordaba para nada de la conversación. Ya ha pasado tanto tiempo.

F.: Ahora ¿cómo la ha rememorado?

M.M.: Gracias.

F.: ¿Es usted la interlocutora y el interlocutor, el señor Pazos?

M.M.: Sí.

F.: Ahora que ha recordado estos textos (sic), supongo que ayuda bastante oírse, le pregunto: ¿colaborar con qué?

M.M.: ¿Colaborar con qué?

F.: Usted habla de estoy a su disposición para colaborar, ¿colaborar con qué?

M.M.: Está claro que es un tema periodístico.

F.: Es un tema periodístico.

M.M.: Siempre ha sido un tema periodístico. Y, de hecho, cuando digo no he mirado los correos, es que ya le digo, no me ha dado tiempo. Ahí lo he dicho. Y cuando hablamos de fuentes, que me lo ha preguntado antes...

F.: ¿Usted interpretó que (de) los documentos que tenía su origen (estaba) en la Fiscalía, que los filtraba?

M.M.: Yo no puedo interpretarle a él, entiendo que contacta conmigo para informaciones periodísticas, soy periodista. Para eso contacta conmigo.

F.: Por eso le pregunté antes si cuando recibe una información usted decide con criterios periodísticos, pero aquí parece que quiere colaborar con qué... Porque usted ha dicho una cosa que parece que esta conversación la desmiente y es que aquí Pazos le dice que Pepe le ha dado permiso.

M.M.: Sí, pero que no me acordaba. Ya le he dicho desde el principio, yo no me acordaba de eso.

F.: Le pregunto de nuevo: a la vista de esta conversación que tuvo, ¿se acuerda ahora que el señor Pazos le dijo que la documentación que le iba a mandar porque Pepe Villarejo le había dado permiso para mandársela?

M.M.: Porque lo escucho ahora, no porque me acordaba motu proprio, porque me está preguntando por algo que ocurrió hace dos años. No me acordaba.

F.: Mi pregunta es diferente ahora: a la vista de eso, ¿puede usted desmentir que Pepe le había dado permiso, por tanto, que todo lo que le iba a mandar era con permiso del señor Villarejo?

M.M.: Le estoy diciendo la verdad.

(...)

F.: El señor Pazos hablaba de desenmascarar a fiscales corruptos.

M.M.: Eso lo dice él, no lo digo yo.

F.: Lo dice el señor Pazos. ¿Significa que había una estrategia para desenmascarar a fiscales corruptos que llevan un caso, y usted quiere colaborar con esa estrategia?

M.M.: Eso será una cuestión de ellos, no mía.

F.: Ahora le pregunto a usted. Ellos tenían esa cuestión, es evidente, por eso están investigados y tenían una estrategia. ¿Usted, ante eso que le manifiesta? ¿(En) qué quería colaborar? ¿Eso es lo que le dice o dijo otra cosa?

M.M.: Es que yo no he dicho nada de lo que usted me está diciendo. A mí me dicen que hay una estrategia y yo lo que quiero como periodista es la verdad y sacar la verdad a la luz. Ese es el ejercicio de mi profesión. Y nosotros en ese momento estamos en una línea de investigación respecto a una serie de informaciones que estamos publicando en Confilegal. ¿Qué tengo yo que ver con una estrategia de Alfonso Pazos y Villarejo? Yo no tengo nada que ver. Yo soy periodista de investigación, la gente contacta conmigo y me dice una serie de cosas, ellos sabrán en lo que están; desde luego yo no lo sé. ¿Cómo voy a saberlo yo si nunca he visto al señor Villarejo?

F.: Eso es lo que se trata de aclarar.

M.M.: Es lo que le estoy diciendo. Soy periodista de investigación, me contacta una fuente, yo no estoy en ninguna estrategia con nadie. Son fuentes que me llaman como cualquier otra fuente. Me dan una información, ya veré lo que hago con ella: la publico, no la publico, tendré que contrastar, el ejercicio de mi profesión que es contrastar y es averiguar la verdad.

F.: Por favor…

M.M.: (Ríe). Es que...

El fiscal solicita que se reproduzcan otros minutos de la conversación del 18 de octubre de 2020 que fue grabada:

(...)

María Montero: Vale, pues entonces, si te parece bien, esta noche yo me lo voy a empapar todo y a lo largo del día de mañana, ¿podemos hablar?, que ya me ha dado tiempo a leer un poco, valorar un poco y tal.

Alfonso Pazos: Sí.

M.M.: Para establecer una línea de trabajo, una estrategia.

A.P.: Sí, no te preocupes, tú llámame; sin problema, ¿vale?

M.M.: Vale, lo mismo te digo, porque me has dado la alegría del día, porque durante el viaje en avión, aparte de tu mensaje, me entraron cincuenta mil del tema de Navajas y, claro, me quedé hecha polvo. Al ver tu mensaje me dije no podía ser todo malo. Ja, ja, ja. Algo bueno tenía que pasar.

Retoma entonces el fiscal:

Fiscal: ¿Qué significa eso de ponerse en contacto para marcar una línea de trabajo con la fuente?

María Montero: Sí, eh, si le soy sincera, no me he dado cuenta de este detalle de la conversación. Si puede poner ese minuto.

F.: Estamos hablando de treinta segundos. Si no hay inconveniente, Señoría.

M.M.: Porque ahí me he perdido, no, perdone.

F.: Para establecer una línea de trabajo, una estrategia.

M.M.: Ah, bueno, eso es normal en comunicación, en los periodistas. Si tienes una fuente y te pasa información, tendremos que, lo que le estoy diciendo, analizarla, ver si la publicamos, si no la publicamos, qué hacemos con ella. Eso es habitual en nuestra profesión, eso no creo que sea ninguna conspiración, ni mi medio ni yo estamos conspirando con nada.

F.: ¿Qué valoración? ¿Entre otras cosas, su condición procesal?

M.M.: Eso es un chascarrillo de comunicación habitual, una estrategia, lo digo yo como periodista en el sentido de voy a ver lo que hago.

F.: Quiero que lo explique.

M.M.: No depende de mí; además, yo tengo un director, es algo que ni siquiera depende de mí.

F.: Al final del pasaje que le hemos hecho escuchar habla de que era un día muy negro, porque menos mal que le había dado una alegría al señor Pazos. Estaba refiriéndose a las palabras del fiscal Navajas.

M.M.: Sí.

F.: ¿Se refería a usted a unas manifestaciones que hizo el señor Navajas en que de alguna manera exculpaba al fiscal Ignacio Stampa de lo que se venía publicando en los medios de comunicación?

M.M.: No me acuerdo yo exactamente de lo que... porque el fiscal Navajas dijo muchas cosas. Si me dice exactamente lo que dijo.

F.: Claro, estoy hablando de esas manifestaciones del señor Navajas en las que, después de haber dicho en una entrevista de Okdiario que los fiscales anticorrupción parecían —parecíamos— haber pasado por la escuela de filtradores de Toledo, se retractó. Yo le pregunto: ¿esa mala noticia era la retractación del señor Navajas?

M.M.: No me acuerdo ya, sinceramente (ríe). No me acuerdo porque no sé a qué día ni a qué noticias se refiere.

F.: ¿No recuerda usted esa noticia del señor Navajas en la que se retractó de una noticia en Okdiario hablando de los fiscales como filtradores?

M.M.: ¿Esa fue la noticia de ese día? Me habla de hace dos años. Yo no puedo saber qué noticia exactamente, qué dijo exactamente, qué día.

F.: Yo le pregunto si, entre las múltiples noticias que usted investigaba, que dijo al principio de la declaración, si en la conversación con el señor Pazos se refiere a esa concreta noticia del señor Navajas.

M.M.: Le repito. El señor Navajas. ¿Esa noticia del fiscal Navajas se publicó ese día? Es lo que yo no me acuerdo. No puedo tener la hemeroteca de dos años en mi cabeza.

F.: Yo la pregunta que le hago...

M.M.: Sinceramente, no me acuerdo. El fiscal Navajas dijo muchísimas cosas.

En ese momento de la declaración se produjo una extravagante interrupción: la del abogado que actuaba en dicho acto en representación, casualmente, de José Manuel Villarejo. Acudía al auxilio de María Montero, pero el interrogatorio prosiguió.

Antes de continuar, el fiscal le preguntó al magistrado actuante si podía seguir haciendo preguntas a la declarante en la misma posición procesal sobre los archivos de audio intervenidos. Lo planteó con el fin de velar por sus derechos. Se había rechazado su comparecencia como investigada por colaborar presuntamente con la organización criminal de Villarejo Pérez y las preguntas siguientes podían considerarse de carácter incriminatorio.

Mire, como usted sabe bien, yo no soy el instructor. Estoy aquí de manera circunstancial por sustitución del Juez instructor... Le rogaría que fuera el juez titular el que lo pudiera resolver por respeto primero a su trabajo, que es el que ha estado llevando la investigación, y porque tiene muchísimo más conocimiento del procedimiento que el que puedo tener yo, que intento venir aquí a las declaraciones lo mejor preparado que puedo.

Cuando el fiscal Miguel Serrano se disponía a formular la siguiente pregunta, volvió a interrumpir un abogado para impedirla (los testigos comparecen sin la compañía de abogados, se supone). La tensión parecía cortarse a navaja. Y llegó la estocada.

Fiscal: Mire, la pregunta es muy sencilla, para que la valore su señoría en esos términos: ¿usted dijo, «yo allí ya me los cargo», «jaque mate a estos»? ¿Lo dijo?

María Montero: ¿Puedo contestar?

F.: Esa pregunta, si me permite. No le voy a hacer más preguntas sobre esta grabación.

M.M.: Puedo contestar, Señoría.

Juez: Sí.

M.M.: Mire. Para empezar, yo he venido de Canarias a prestar declaración voluntariamente. Y podía, de hecho, acogerme desde el principio de esta declaración, porque soy licenciada en Derecho, al artículo 20 de la Constitución y al 120 y no lo he hecho porque soy una persona íntegra que no tengo nada que ocultar. Es más, la cuestión que sale aquí de que había sido tratada de imputar y que el señor García-Castellón lo ha denegado lo desconozco, me acabo de enterar, eso ya para empezar. Segundo, en este momento, hace algunas semanas aproximadamente, le pedí a la Fiscalía General del Estado protección personal, porque he destapado un caso de presunta corrupción en Canarias y tengo miedo de mi persona. Estoy en una situación bastante delicada, he salido de mi casa.

F.: Conteste a la pregunta.

M.M.: Estoy contestando. Si no puedo ni siquiera expresarme.

F.: ¿Dijo usted en la conversación con el señor Pazos «ahí ya me los cargo» y «doy jaque mate a estos»?

M.M.: Vamos a ver, le estoy contestando. ¿Puedo expresarme? Porque es que de verdad…

J.: ¿Qué quiere decir?

M.M.: Que me encuentro en una situación bastante delicada. Que me ha costado bastante venir en avión de Canarias a declarar voluntariamente aquí, que podía haber declarado perfectamente desde mi isla. Yo he venido aquí voluntariamente de buena fe, estoy contestando de buena fe. Me podía haber acogido a mi derecho como periodista a no decir ni mu, porque no tengo nada que ocultar. Entonces yo, en su día, cuando esto se produjo, yo denuncié por represalias al fiscal Stampa a la Fiscalía General del Estado. Todavía no me han contestado a ese tipo de diligencia. Segundo, por presunta revelación de secretos, porque cuando yo fui voluntariamente a la Policía y entregué la información que me habían pasado, que ni la había desgranado ni estudiado ni publicado, no hice nada con ella. He cumplido todos los requisitos que se me han impuesto desde esta Audiencia y no he faltado el respeto absolutamente a nadie, ¿eh? Pregunté a la Policía si podía contar como periodista que se me había citado; me dijeron no, que eran diligencias secretas, lo respeté. Sin embargo, al día siguiente me encontré en el diario El Español que me citaban a mí con mi nombre cuando la pieza número veintiocho era secreta. Y ya me encontré con mi nombre vilipendiado como periodista cuando resulta que había cumplido. Soy legal, soy íntegra. No he cometido ningún delito. A mí que me llame una fuente y me proponga una serie de artículos periodísticos, que ni siquiera lo hice, que simplemente he tenido la información, a ver qué hago con ella, si decido publicarla, que no está en mis manos, está en manos de mi jefe, que ni siquiera se los trasladé a mi jefe. O sea, que ni siquiera me dio tiempo a estudiarla, a desgranarla ni a publicarla, que no he hecho absolutamente nada. Es como si no me pudiera llamar ninguna fuente en este país, aunque fuera el mayor delincuente del mundo, para contarme una cosa y no pudiera publicar. Entonces que el señor Stampa trate de implicarme a mí en un tema de una presunta conspiración, cuando no conozco a Villarejo, no sabía que existía Alfonso Pazos, nunca he visto al señor Stampa. No tengo nada personal, nosotros destapamos una investigación periodística a través de José Manuel Calvente, exabogado de Podemos, y también revelo la fuente porque ya salió publicada de una presunta revelación de secretos y una presunta revelación íntima de una abogada de Podemos, y esto fue lo que nosotros destapamos con correos, perdón, con comunicaciones con una base periodística fundada. De hecho, nunca nos han pedido una rectificación, nunca nos han metido una querella, nunca hemos hecho nada. Nosotros destapamos una información obviamente periodística. Confilegal conmigo nunca nos basamos en fuentes de Villarejo, jamás, jamás. Siempre ha sido del señor Calvente, del partido de Podemos, informaciones periodísticas, incluso algunas fuentes judiciales. Yo que soy una periodista íntegra, que vengo aquí y declaro voluntariamente, que no estoy escurriendo el bulto, de lo que me acuerdo lo digo, lo que no me acuerdo no lo digo, se me trate a mí de imputar una pertenencia a una banda criminal que ni siquiera los conozco, me parece absolutamente fuera de lugar y contra mi profesión. Eso es como me siento en este momento cuando yo no he hecho absolutamente nada. Es más: en cuanto me conteste la Fiscalía General del Estado qué pasa con esa denuncia por presunta represalia contra mi persona por parte del fiscal Stampa, iré también a la Fiscalía europea porque a los alertadores de corrupción se nos protege. Jamás he cometido un delito en mi profesión. Cuando Alfonso Pazos dice esas cosas, yo siempre pregunto cómo se cita, de qué fuente, cómo se hace. Otra cosa es que luego yo estuviera sola y diga, pues no, no voy a cometer una ilegalidad publicando algo que me puede costar a mí un delito. Yo jamás he cometido un delito en mi profesión.

J.: Vale, señora Montero.

M.M.: Es que me parece surrealista.

J.: Me parece muy bien lo que dice. Bueno, no tiene que parecerme ni bien ni mal… La pregunta que le ha formulado el fiscal, no sé si recuerda, si usted ha hecho estas manifestaciones. ¿Se acuerda o no se acuerda de haberlas realizado? ¿Las que ha oído ahí?

F.: Yo le he preguntado por dos manifestaciones. «Ahí me los cargo». «Jaque mate a estos». ¿Usted dijo eso?

M.M.: Vamos a ver. Usted quiere sacar de contexto una conversación informal totalmente con una fuente mía, que es un chascarrillo.

F.: No hemos sacado de contexto porque hemos puesto lo que dice.

M.M.: Déjeme contestar. No, no, usted me ha preguntado y yo tengo mi derecho a contestar. Eso es una conversación puramente informal porque nosotros los periodistas, o igual que los policías, damos cuerda larga a nuestras fuentes de muchas maneras, mucho vocabulario, muchos chascarrillos, porque se trata de crear cierta confianza. Porque tampoco sabes si te están contando la verdad, si te están mintiendo, si te quieren colar un gol, un documento falso. Yo no lo puedo saber porque es una conversación telefónica. Entonces yo, en una conversación telefónica, no puedo deducir un marco de una cosa si no tengo la información ya contrastada; además, hay que contrastarla.

F.: No contesta.

M.M.: Le estoy contestando. Déjeme terminar. Entonces, ¿en qué cabeza cabe que yo pueda ir contra un magistrado, contra un fiscal o contra un policía? ¿En qué cabeza cabe que una periodista como yo, que soy licenciada en Derecho? ¿Que yo vaya a cometer un delito contra qué? No cabe en la cabeza de nadie. El señor se pone en contacto conmigo, me quiere pasar una información, pues ya se vería lo que haríamos con ella. Es que ni siquiera nos ha dado tiempo a trabajarla. Le estoy diciendo la verdad.

F.: Señoría…

M.M.: Es que me parece surrealista.

F.: Señoría, si me permite. El Ministerio Fiscal consintió ese auto, lo asumió. Por tanto, como bien ha explicitado en ese fundamento jurídico que ha traído a colación su Señoría, no se podía colegir que hubiera interiorizado esa voluntad que pudiera tener el otro interlocutor. Debemos recordar que el otro interlocutor sí que está formalmente investigado por su participación presunta en un delito de colaboración con organización criminal. Está hablando con el interlocutor. Partimos de la premisa, aceptándola, del señor magistrado, pero la pregunta en ese sentido es perfectamente idónea para ver si el otro interlocutor recibió esta información, aunque ella no la interiorizara. La pregunta que pedimos que conteste sí o no, porque es muy sencilla, es: dijo «yo allí ya me los cargo», dijo «jaque mate a estos». No está sacada de contexto, no está aislado, son tres minutos de audición los que le hemos puesto. Queremos formular esa pregunta y entendemos que es perfectamente idónea en su condición de testigo.

M.M.: Vamos a ver, eso es un chascarrillo, anda que no se oye ese chascarrillo un montón de veces.

J.: Entiendo que ya...

M.M.: Vamos…

J.: Está contestada por las manifestaciones que ha realizado anteriormente.

M.M.: De verdad. Es una conversación informal y es un chascarrillo. Anda que no se ha oído eso, a veces anda que no nos tomamos un café por presunta corrupción en Canarias.

J.: Ya está contestada. La siguiente pregunta.

M.M.: De verdad (Ríe). O sea, no se puede decir un chascarrillo por teléfono, dices jaque mate y ya perteneces a una banda criminal. Es lo que faltaba.

J.: Señora Montero, por favor, guarde silencio, por favor.

M.M.: Lo siento.

Llegados a ese punto de la escena, la testigo optó por darle rienda suelta a su espontaneidad. Ni más ni menos que para decir esto:

María Montero: Señoría, ¿puedo añadir una cosa más que viene al caso, por favor?

Juez: ¿En relación con la pregunta anterior?

M.M.: Sí.

J.: ¿Qué es lo que quiere decir?

M.M.: Mire, el juez García-Castellón ha recibido varias comunicaciones mías donde precisamente en un par de ocasiones, de hecho, él denunció presuntas amenazas contra él y yo incluso interpuse una denuncia con informaciones que tenía precisamente para apoyarle. Eso consta y él lo tiene. Y otra más, en donde precisamente también le alerté de una presunta red, ya hablamos también de grupos, donde determinadas personas presuntamente cercanas al entorno del fiscal, del mundo periodístico, han estado publicando y mencionando mi nombre sin preguntarme, sin contrastar conmigo, citándome de una manera como si yo formara parte de una red, con Vox, con el fiscal Navajas, no sé qué, siempre ha sido esa historia desde el principio. Que yo era una enviada, y esto se lo comuniqué a García-Castellón, de Villarejo. Por eso entiendo que él (García-Castellón) no se pueda creer que yo vaya a ir contra él porque dice todo lo contrario. Aquí lo que se creó es un presunto rumor o falsedad, como lo queramos llamar, donde yo era la persona enviada por Villarejo que venía desde Canarias y yo jamás he visto a Villarejo. Ya le digo, hoy en el portal de la Audiencia Nacional. Entonces se crea en ese entorno desde el principio. Yo todo esto se (lo) relaté al juez García-Castellón en su momento. Le escribí otra carta diciéndole que jamás había tenido contacto con Villarejo, que estaba a su disposición para colaborar con lo que quisiera y yo respetaba totalmente a este tribunal. Él tiene varias cartas mías y las puedo acreditar o presentarlas en este tribunal.

El interrogatorio del fiscal continuó indagando sobre los soportes en los que la declarante habría recibido documentación de Villarejo, a través de Pazos como intermediario, si la había puesto a disposición de la Policía, si la había publicado, y otras cuestiones.

Hasta que llega la última pregunta del fiscal:

Fiscal: Bien, una última pregunta. ¿En el mes de octubre de 2020, era usted miembro de la Asociación contra la Corrupción y Defensa de la Acción Pública, ACODAP?

María Montero: Bueno, miembro como tal…, se puso en contacto conmigo Fernando Presencia y… dijo si quería ser miembro y, como era sobre la corrupción, le dije vale, puedo ser miembro perfectamente.

F.: No hay más preguntas, señoría.

No hay noticia alguna de esas cartas que María Montero dijo haber remitido al magistrado instructor responsable (y ausente) del asunto por el que, precisamente, estaba declarando. Unas cartas cuya existencia tanto divulgó su remitente, porque repitió en esa declaración algo que ya había contado, por ejemplo, en un artículo publicado en Confilegal el 29 de noviembre de 2020.

En cambio, sí publicó la carta abierta que me dirigió a mí.

Tanta obsesión tenía por las relaciones personales que yo tuviera o dejara de tener que escribió algunas de las líneas más delirantes de toda esta historia y que describen a la perfección a dicho personaje, y a algunos más (como siempre), bajo el titular «Carta al fiscal Ignacio Stampa: Usted y yo ni nos conocemos ni hemos tenido relación alguna».

La carta decía cosas como estas:

Soy muy consciente de que, desde las páginas digitales de Confilegal, he contribuido, con mi información, a poner negro sobre blanco la historia personal del exfiscal anticorrupción, Ignacio Stampa, y la abogada de Podemos, Marta Flor, a raíz de las denuncias de José Manuel Calvente, destapando este escándalo.

Lo que nunca me podía imaginar es que se fuera a aplicar sobre mi persona una estrategia que no sé si definirla de desinformación o de difamación, o las dos cosas.

Me explico: En los últimos días me ha llegado, por varias fuentes, la «noticia» de que Ignacio Stampa y yo hemos tenido un lío.

Un lío sentimental, carnal, pasional, se entiende.

Según el relato de esta «fake new», Stampa se cansó de mí o rompimos nuestra «relación». Razón por la cual le puse la proa para acabar profesionalmente con él.

Además, al parecer, «alguien» de la Secretaría de Estado del Ministerio del Interior, habría estado —o está— tratando imágenes de Stampa y de mi persona para darle verosimilitud a esa mentira. Imágenes «comprometidas» que, presumiblemente, pronto podrían estar circulando.

Advierto que soy rubia, pero pienso. Y mucho, y me da mucha risa de los que están urdiendo este montaje. Porque tienen tres cosas evidentes: mucho tiempo libre, mucha osadía y muy poca imaginación.

Según me han contado, ya se han producido «filtraciones» a diversos medios de comunicación. Incluso en algún «dossier» constan «imágenes súper exclusivas», de mi supuesta relación íntima con el fiscal Stampa.

Es evidente que me han investigado en la red, que se han podido descargar fotos mías. Y mi apariencia no les disgusta, de ahí esta invención.

Pero verdad no hay más que una: Stampa y yo no nos conocemos ni hemos tenido relación alguna…

No es mi estilo como mujer, ni como periodista. Y, por otra parte, intuyo que, el fiscal Stampa quizá, a estas alturas, también lo haya percibido.

La verdad es que jamás cruzamos una mirada, ni una palabra, ni nos rozamos en un encuentro furtivo.

Dicho esto, espero que el fiscal Stampa, cuando lea esta carta —que la leerá— practique conmigo la caballerosidad, pues, si comparte la empatía conmigo, será consecuente consigo mismo como hombre, ni creo que fuera capaz de refrendar semejante teoría sobre nuestra relación. Espero firmemente que, defienda mi honor, tanto como su honor…

La realidad era sencilla, la verdad es siempre fácil de entrever, la verdad es como la mirada de un niño, o como acertadamente, reza la «navaja de Ockham», pocos elementos hubieran sido suficientes, para apreciar lo evidente.

Por ende, en cuanto a mi imagen, no consiento que nadie perjudique mi credibilidad.

Tal y como ella misma escribió en Confilegal el 5 de noviembre de 2020, «dicen que lo evidente es lo que nadie ve, hasta que alguien lo explica con claridad».

Pues eso. Explicado con claridad queda.

El calendario nos llevó entonces a otra de las fechas clave en toda esta historia: el viernes 23 de octubre de 2020. La explotación de aquella pieza número veintiocho se ponía en marcha, mientras la investigación penal en la Fiscalía Superior de Madrid seguía abierta, a pesar de que se habían practicado ya aquellas diligencias «sugeridas» por el fiscal jefe de la Secretaría Técnica.

El operativo entraba, definitivamente, a descomponer las moléculas del ADN de Tándem. Consistía en reventar el proyecto de gestión de crisis y de intoxicación informativa más duro. El organizado por el propio Villarejo para sí mismo, con el que supuestamente pretendía lograr los objetivos de conseguir la libertad y, después, la impunidad. Sería, ni más ni menos, lo mismo por lo que le habíamos acusado de hacer para sus adinerados clientes, pero ahora, para él. Por tanto, a máxima escala.

Al desarrollarse el operativo en diferentes localidades de España, y existir dos puntos nucleares de actuación, nos dividimos. Miguel se trasladó a San Sebastián a detener y a registrar el domicilio del compinche que supuestamente captaba a los colaboradores para desarrollar aquella estrategia y facilitarles el material con la información que se quería divulgar. Yo me quedé en Madrid con el inspector responsable de la unidad policial investigadora.

A primera hora del 23 de octubre de 2020 partimos en los coches hacia el centro penitenciario Madrid-VII, ubicado en la localidad de Estremera, a 77 kilómetros de la Fiscalía Anticorrupción. Una nueva mañana para vivir fuertes experiencias, que no defraudaron.

Durante aquella hora de viaje le di los últimos retoques a mi propio proyecto de gestión de crisis. Desde que días antes había asumido dicha parte del operativo, me mentalicé para no caer en provocaciones ni cometer errores. Sabíamos a lo que íbamos y qué buscábamos. Ignorábamos el grado de éxito que íbamos a tener, pero sí era seguro que el famoso preso no lo pondría nada fácil.

Nos recibió el director del centro. Nos conocíamos, ya que el 10 de julio del año anterior había acudido con Miguel para interrogar al mismo interno por la investigación relativa al presunto soborno a las autoridades de Guatemala por un naviero español y por la relacionada con la entidad financiera investigada.

Tras una breve reunión en una sala contigua a su despacho, nos presentó a los diferentes funcionarios que nos acompañarían. Entonces, le solicité la presencia de un médico que estuviera presto a intervenir en caso de que se produjera alguna subida de tensión y nos dirigimos al módulo donde se situaba la celda que se iba a registrar.

Al llegar y abrir la pesada puerta metálica, el interno salió al pasillo. Uno de los funcionarios le explicó la situación y, a continuación, fue el inspector al mando quien le expuso algún detalle más sobre el objeto de la visita. Al final de aquella incómoda presentación, me vio a mí. Tardó un poco en reconocerme. No se lo creía.

—Pero ¿tú aquí? ¿Todavía no te han echado? —preguntó preso, también de ira. Guardé silencio, pero él continuó, alzando más el tono—: ¡Qué acojonada debéis tener a mi amiga Lola!

Sin darle tiempo para que continuase sus agresiones verbales, iniciamos el registro porque teníamos mucho que hacer. En muy poco tiempo se había mostrado lo lenguaraz que yo esperaba, y parecía capaz de desvelar más intrigas sobre aquella «Lola», en evidente referencia a mi máxima jefa, Dolores Delgado, buena amiga suya, sí, según los audios hasta entonces publicados.

Se trataba de un habitáculo muy estrecho que solo ocupaba él. Mientras analizábamos documentos para saber distinguir cuáles formaban parte del objeto del registro e intervenirlos, no cesaba de gritar y de maldecirnos. Yo entraba y salía de la celda, ya que hizo la diligencia incómoda hasta límites poco soportables.

En una de esas pausas para tomar aire, salí al pasillo y me puse a mirar por una ventana con barrotes que daba hacia un patio interior por el que paseaban en círculos algunos internos. Con la mirada pedida, pensé que aquel preso, siempre tan bien informado, me acababa de reconocer que ya no contaba con mi presencia en aquel asunto. Aquella intervención en su celda y mentar a mi jefa, su «amiga», no podían indicar nada en sentido opuesto. Y eso que el interno aún no sabía que me quedaban por hacer otros 97 kilómetros para ir a registrar su domicilio de Boadilla del Monte, en el que su mujer esperaba detenida, otra vez, por orden de los mismos fiscales.

Tiempo después tuve conocimiento de que, en ese preciso instante, la Fiscalía de Madrid había pedido la autorización de «Lola», por segunda vez, para cerrar la investigación abierta contra mí.

Volví a entrar en la celda. El preso se envalentonaba cada vez más. Mientras yo leía uno de sus documentos, se pegó a mi espalda y me gritó al oído: «¡Podemita, no toques mis papeles!». En ese momento, logró que se agotara mi paciencia. Pedí que le sacaran de la celda para que nos dejara trabajar. Trajeron una silla y lo sentaron a la puerta para que pudiera ver el registro. Como seguía jurando en arameo, le dije:

—Mire. Usted puede vomitar lo que quiera, pero yo voy a seguir aquí. Al menos, hoy.

Eso le debió tranquilizar porque, tras un último mascullo, se calló. Entendió bien el mensaje. Tras años de batallas, sabíamos interpretarnos, y se dio cuenta de que yo era muy consciente de que ahí probablemente terminaban nuestros debates.

Finalizamos nuestro cometido en la prisión y nos dirigimos al otro punto de registro, que estaba ya muy avanzado. Al llegar, nos dieron cuenta de los efectos intervenidos, hablamos con el grupo que se había trasladado al norte de España y concluimos muy satisfechos porque la operación había resultado ser un éxito mucho mayor del esperado.

La fiscal general del Estado, mientras tanto, hacía juegos malabares aquel día 23. Con una mano escondía en un cajón el documento de la Fiscalía Superior de Madrid que le había llegado y por el que le pedían por segunda vez su autorización para archivar la investigación penal abierta contra mí. Con la otra, aprobaba el Código Ético del Ministerio Fiscal.

El lunes 26 de octubre lo pasamos analizando la delicada documentación intervenida e interrogando en la Audiencia Nacional a los detenidos en aquel operativo. Mientras seguíamos en la sala para hacer el siguiente interrogatorio, recibimos un mensaje con la noticia de la puesta en libertad de la mujer de Villarejo Pérez, para la que, minutos antes, acabábamos de solicitar el ingreso en prisión provisional.

Recuerdo que, en un receso, un buen compañero de la Asociación de Fiscales me escribió diciéndome que la información que tenía del secretariado de la Unión Progresista de Fiscales, es decir, el órgano ejecutivo de esa asociación, era que había decidido proponerles a sus vocales del Consejo Fiscal que votaran a todos los candidatos que ya estábamos en comisión de servicios, pero ignoro si su información era correcta. También me decía que la ejecutiva de la Asociación de Fiscales, que era la mía, se iba a reunir esa tarde con sus vocales del Consejo para debatir la decisión que tomarían al día siguiente. Vamos, que trataba de animarme, pero me daba largas con cariño evitando una respuesta concreta.

Lo cierto es que, durante las semanas previas a la celebración del Consejo Fiscal del 27 de octubre, me rondaba con bastante angustia la idea de que llegara a darse una situación en la que, desde las más altas cotas de mi propia carrera, se validara toda aquella manipulación, cuyo objetivo era muy claro. No me lo podía creer. Al principio, me parecía un chantaje burdo e inaceptable por el que se pedía la cabeza de uno de los fiscales que investigaba aquel caso de corrupción sistémica a cambio de crear la apariencia de limpiar la propia Fiscalía de corruptos. Después siempre he creído que aquello, efectivamente, obedeció a un chantaje por el que o se cortaba mi cabeza o eran otras, más altas, las que podrían caer.

Interioricé que, si el Consejo no me apoyaba y la fiscal general no me proponía, se daría plena legitimidad y verosimilitud a todo lo que se estaba publicando, de manera que luchaba contra una realidad que me parecía inconcebible, pero cada día más plausible. Solo recibía señales en esa dirección. Y más imposible me parecía que aquello ocurriera con una fiscal general que podía tener más que evidentes intereses personales en aquella decisión, especialmente cuando ya era público que mantenía una relación sentimental con Baltasar Garzón.

La noche previa a aquel Consejo Fiscal, en el que se resolvería sobre mi futuro profesional inmediato, también logré conciliar el sueño. Seguía manteniendo la esperanza, porque mi ingenuidad me hacía confiar en que los representantes de mi carrera no se pondrían de aquel lado tan oscuro y ruidoso. Pero había demasiados silencios atronadores que me hacían sospechoso.

14. La ejecución

Cuando me levanté el martes 27 de octubre de 2020, seguía creyendo como un iluso en el milagro. Un milagro que ansiaba estúpidamente. Más aún, con total ingenuidad, había pensado que la fiscal general sí que se iba a abstener de participar en la votación porque, en el fondo, también se decidía si los fiscales que investigábamos aquel asunto seguíamos o no en ello. Un asunto en el que estaba involucrada plenamente su pareja, el abogado Baltasar Garzón, y no solo de forma evidente al ser entonces el director de la defensa de tres de los principales encausados, sino porque se habían publicado sospechas sobre su participación personal en una de las tramas, como también había anotaciones sobre la de ella misma. En realidad, no me podía creer que interviniese tras los audios que se difundían sobre las relaciones de ambos con el preso Villarejo. Me resultaba jurídicamente inverosímil que no se abstuviera.

Aquel prometía ser un día de decepción y, desde su inició, lo demostró.

Recibí la primera llamada sobre las ocho de la mañana, porque había alguien más nervioso que yo. Luis Navajas volvía a sorprenderme.

—Buenos días, Ignacio. Te llamo para decirte que voy a abstenerme de la votación de hoy para las plazas en Anticorrupción.

—Ah..., ¿y eso?

—... Ehh..., bueno..., me ha dicho el jefe de la Inspección que con tanto jaleo es mejor que yo no participe en esa votación, ni tampoco en la de la plaza que ha pedido Consuelo Madrigal...

—Luis, la situación de tu enfrentamiento con Consuelo la desconozco, pero no sé por qué no te sientes con la objetividad necesaria en mi caso. Me pediste disculpas, vale, pero ¿eso implica que no puedas informar sobre todos los candidatos con esa misma objetividad?

—Verás..., no vas a tener problema..., y te apoyarán... ¿No crees?

—Pues me parece que mi asociación no y la otra... lo dudo si ve que la mía no me apoya, y, además, siendo la asociación de la fiscal general...

—Bueno, yo creo que no vas a necesitar mi voto para que te den la plaza, pero no quiero tener más líos. Espero que salga todo bien. Un abrazo.

Esa llamada aumentó mi inquietud. Aquel movimiento dentro de la Fiscalía General del Estado era demasiado extraño si me lo revelaba alguien tan maleable como Navajas.

De camino hacia la fiscalía pensé que el movimiento de la retirada de Navajas era doblemente sospechoso. El Consejo Fiscal, como ya he expuesto, ha de ser oído antes de las propuestas de nombramientos discrecionales, aunque su opinión no sea vinculante. Está formado por doces fiscales: el fiscal general, que lo preside y toma la decisión de a qué candidatos propone para ser designados; dos vocales natos, que son el teniente fiscal del Tribunal Supremo y el fiscal jefe inspector; y nueve vocales elegidos cada cuatro años por todos los miembros de la carrera fiscal. En aquel momento, cinco de estos nueve eran representantes de la Asociación de Fiscales y cuatro de la Unión Progresista de Fiscales. El hecho de que Navajas se ausentara implicaba no solo que había un voto menos para todos los candidatos, sino también que no sustituiría a la fiscal general, una de sus funciones como teniente del Supremo. Por tanto, parecía que Dolores Delgado sí iba a dirigir aquel cónclave.

Durante la mañana traté de concentrarme contestando recursos hasta que, a las 13.01, recibí un WhatsApp que me decía: «Te han dejado fuera». A este mensaje siguieron otros con los nombres de los candidatos a los que había votado cada asociación para darme la puntilla a las 13.17: «Ni uno. De nadie. Lamentable».

Hasta el 9 de marzo de 2021 no me enteraría de algunos detalles de lo allí ocurrido.

Efectivamente, Luis Navajas salió de la votación para las plazas discrecionales a las que legítimamente opté, pero la Fiscalía General siempre se negó a informarme de las razones que esgrimió para ello, a pesar de haberlo pedido varias veces, porque sus razones las borraron de la copia del acta que me entregaron. Tal cual.

Solo conseguí saber que Dolores Delgado manifestó que «tras el debate de las mismas se incorporará el teniente fiscal de la Fiscalía del Tribunal Supremo». Pero, como digo, nunca me han dejado saber por qué se ausentó, ni las razones que esgrimió para ello.

En cuanto a otros miembros del Consejo, dos de sus diez vocales presentes en la deliberación y votación (en realidad los cinco de la Asociación de Fiscales, por lo que luego diré) rechazaron de manera expresa su apoyo a mi candidatura y a la de Miguel Serrano por las dudas sobre nuestra falta de imparcialidad ante el escándalo mediático creado. Así, uno de los vocales manifestó que «han intentado proponer perfiles serios, discretos, rigurosos y alejados de la polémica». Otra vocal, también de esa asociación, «recalca lo mismo», y añadió que «le parece fundamental para la Fiscalía de que se trata y a la vista de los acontecimientos ocurridos en los últimos tiempos». Por último, el fiscal inspector también justificó su rechazo a mi candidatura, afirmando que «algunos vocales ya han hablado del rigor, la discreción, la necesidad de evitar la polémica, coincide en este extremo e igualmente quiere añadir que desde la Inspección Fiscal están archivadas esas actuaciones».

Nadie hizo alusión alguna a lo que había o dejaba de haber en aquella investigación penal que pesaba sobre mí. Se tildaba de fiscales polémicos a dos profesionales que llevábamos trabajando en silencio más de tres años y que no habíamos contestado a nada de lo publicado.

Fui al despacho de Miguel. A continuación, subí a la planta noble y encontré al jefe fuera de su despacho, conversando en la puerta con otros fiscales. Ni siquiera me acerqué ni di opción a preguntas o comentarios, así que trasladé la noticia a cierta distancia, y me volví por donde había llegado.

—No he tenido ningún voto. Me voy.

Salí de la Fiscalía directamente hacia mi casa porque se acercaba la hora de la llegada de mi hijo pequeño del colegio. Al subirme en el coche, les dije a los escoltas que les cambiarían de destino, porque ya no tendrían que volver conmigo a aquel edificio. Entonces, uno de ellos protestó:

—¿Así le devuelven lo que usted hace?

Cuando llegó Guille, me preguntó.

—Nada hijo, han cogido a los más mayores —contesté, a modo de explicación que sonara a razonable mentira piadosa.

—¿Y Miguel?

—Sí, a él sí, porque él es uno de los más mayores. —Se dio la vuelta sin entender y se encerró.

Poco después, mi hijo Ignacio no necesitó hacerme ninguna pregunta. Tras verme en el salón, más descompuesto, me abrazó, me besó y se metió en su habitación desconsolado.

Aunque aún tenía que ir a trabajar a aquella Fiscalía los tres días siguientes, me puse a escribir varios correos electrónicos de agradecimiento y despedida. Uno, a toda la plantilla de fiscales; otro, a toda la plantilla de funcionarios, y un tercero, a la unidad policial adscrita.

Pero el día no había terminado y aún le quedaban más regalos.

La entonces fiscal general, Dolores Delgado, no tenía suficiente con el resultado de la votación para dejarme fuera, así que se sirvió una vez más del gabinete de prensa para continuar con la lapidación pública.

Es habitual que, tras cada Consejo Fiscal, se emita un comunicado por el que se informa a los medios de las propuestas de nombramientos discrecionales realizadas, al ser todos ellos sensibles, pero aquella nueva nota vino con propina con el fin de causar el mayor daño en mi imagen profesional.

Después de indicar qué fiscales había propuesto para cada una de las muchas plazas en liza en diferentes Fiscalías, sin mencionar en ningún caso a los candidatos descartados, al llegar a la Fiscalía Anticorrupción hizo lo mismo, pero con un excepcional añadido:

Uno de los ocho fiscales que se encontraban en comisión de servicios en la Fiscalía Especial no ha recibido apoyo alguno de los Vocales del Consejo Fiscal.

Por tercera vez se emitía una nota de prensa con referencia a un fiscal concreto que, sin ser nombrado, era meridianamente identificable. No incluía mi nombre, aunque en dicho gabinete ya tenían sobrada experiencia para que, aun no haciéndolo, todo el mundo supiera quién era el aludido.

Efectivamente, fui el único de los ocho candidatos que estaba en comisión de servicios que no fue propuesto para las ocho plazas titulares que se ofertaban. Llevaba ejerciendo mi labor profesional allí durante cincuenta y cuatro meses, y era el tercero de los candidatos en extensión temporal y el cuarto en escalafón.

También era cierto que no obtuve ningún voto, a pesar de que los resultados procesales de mi actuación en aquella Fiscalía fueron casi plenos y nadie había acreditado mínimamente alguna tacha durante todo ese tiempo, ni en aquel asunto, ni en ningún otro.

Pero, como siempre, había gato encerrado. Tampoco incluía que yo no fui el único candidato que obtuvo cero votos para esa misma plaza. Y tampoco se incluyó que hubo muchos otros candidatos que tampoco obtuvieron voto alguno en sus aspiraciones de ser nombrados para las otras múltiples plazas que se habían convocado y cuyos nombramientos se proponían en ese mismo Consejo Fiscal. El gesto de incluir aquel parrafito solo servía para alimentar, aún más, los ataques mediáticos existentes, pues todos los medios se hicieron eco de la noticia del absoluto rechazo de la carrera fiscal a un candidato, a uno solo, muy concreto, cuando fuimos unos cuantos los que no obtuvimos ningún voto.

Aquella malvada y gratuita dedicatoria era más carnaza para las hienas.

Los medios estaban especialmente pendientes de qué ocurría conmigo y, lo más grave, así se lograba distraer la atención de lo importante; porque si esa decisión beneficiaba a alguien era, principalmente, a la presunta organización mafiosa a la que investigaba. Esa era mi interpretación, al leer y escuchar cómo sus cómplices mediáticos no habían parado de jalear aquella decisión.

Institucionalizar aquella maldad, en nombre del Ministerio Fiscal, al que ella representaba, me sigue resultando incalificable.

Nadie me ha dado nunca, todavía hoy, alguna explicación de cómo, ni por qué, se llegó a aquel resultado de cero votos, aunque a estas alturas es innecesario, por superfluo. Lo tengo meridianamente claro.

Siempre pensé que fue principalmente una cuestión de imagen de Dolores Delgado el hecho de que Miguel Serrano no corriera la misma suerte que yo.

Y ello porque la fiscal general no tenía fácil convencer a la opinión pública (ni al fiscal jefe anticorrupción) de que era conveniente retirar a los dos fiscales que habían llegado hasta tan lejos en aquel asunto descomunal que tanto afectaba a ella, a su pareja y a sus amigos. Que, después de hacerlo, tuvieran que estudiárselo desde el principio uno, tres o treinta fiscales más, era una mera cuestión burocrática, ajena a cualquier principio de eficacia en el trabajo, pero de difícil justificación.

Al margen de eso, solo había razones personales.

La presidenta de la asociación a la que pertenecía me había llamado en 2015 cuando consideró que otros candidatos eran más merecedores de la plaza a la que había optado, y aquel detalle me pareció no solo elegante, sino muy leal y honesto.

En esta ocasión, la fría respuesta de su sucesora cuando le comuniqué que había solicitado la plaza ya me había hecho levantar las orejas, pero los silencios previos a la emisión de sus votos eran estruendosos. Y, para colmo, ellos mismos fueron los más destacados a la hora de justificar su postura en contra de mi nombramiento y del de mi compañero Miguel Serrano, al que tampoco apoyaron.

Los representantes de la otra asociación representada en aquel Consejo, más ladinos, opinaron solo respecto de los candidatos a los que sí apoyaron.

Desde la Asociación de Fiscales no solo se expresaría en aquel Consejo sus razones para apoyar a unos y no apoyarnos a nosotros (de las cuales me enteraría muchos meses después), sino que también serían los únicos que se pronunciarían ante la prensa por medio de su presidenta y portavoz:

Más allá de su profesionalidad, había una presión mediática que hemos considerado que había que cortar. El hecho de que hubiera ruido mediático, en parte impulsado por las partes, pensamos que podía perjudicar a la apariencia de imparcialidad y a la propia causa.

La asociación mayoritaria de fiscales fulminaba así la presunción de inocencia de los dos fiscales encargados del despacho del procedimiento más grave de corrupción del momento (y hasta la fecha). En un solo mes se olvidaron del respeto a esa misma presunción de inocencia que reclamaron para mí en el comunicado de su ejecutiva emitido el 24 de septiembre tras las declaraciones del fiscal Navajas. Ahora lo hacía a través de su presidenta, quien había sido, casualmente, una de las vocales de aquel Consejo Fiscal celebrado en Barcelona en el año 2014 que me dio su cerrado apoyo ante una campaña mediática similar, a menor escala, organizada para beneficiar a personas a las que investigaba. Ahora primaban más la «presión mediática» y el «ruido mediático», generado por aquellas «noticias».

Por eso, este es el momento de lanzar al aire algunas de las preguntas que dichas declaraciones me han hecho plantearme desde entonces: ¿de verdad se sintieron «presionados»? ¿Por quién? ¿Por la prensa? ¿Qué partes impulsaron el ruido que consideraron que tenían «que cortar»? ¿El preso? ¿Un partido político?

En este último caso, ¿cuál? ¿Unidas Podemos, que fue el que creó el lío; Vox, que fue el que me denunció, o el Partido Popular, que veía que un exministro del Interior y un exsecretario de Estado de Seguridad declararían esa semana, precisamente, ante esos dos concretos fiscales, para aclarar si algunos de los máximos responsables de ese partido tuvieron intervención en la presunta sustracción ilegal de documentación comprometedora para su extesorero, y sus manifestaciones provocaban nuevas imputaciones?

Pero ¿no perjudicaba mucho más a la inmensa causa el hecho de quitar a los dos fiscales que la despachaban desde el inicio?

Bajo el ruido de los informadores que celebraban aquel resultado («La Justicia triunfa apartando al fiscal Stampa del caso Tándem», «Delgado niega plaza en Anticorrupción a Stampa y pone en duda el caso Villarejo»), volví a mi todavía puesto de trabajo.

Era 28 de octubre, y tenía que preparar dos interrogatorios muy importantes que había asumido desde que fueron señalados en el calendario para los dos días siguientes. Serían mis últimas intervenciones, ya que, aunque mi etapa concluía oficialmente el 5 de noviembre, decidí tomarme los días de vacaciones que tenía pendientes para evadirme o al menos tratar de hacerlo. Tampoco parecía que nadie me necesitase, ni me fuera a echar de menos.

El jueves 29 fue el turno de Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad del último gobierno del Partido Popular. Se negó a contestar a nuestras preguntas, como a las del resto de partes, salvo a las de su letrado y a las del juez. Al día siguiente acudió el exministro Jorge Fernández Díaz, quien hizo lo mismo. No obstante, el desarrollo de esta última diligencia procesal obligó a que yo hiciera una última intervención en la Fiscalía Anticorrupción. Tuve que pedirle al juez que le solicitase al declarante la exhibición voluntaria de su teléfono móvil y así poder comprobar lo que declaraba sobre la existencia o no de unos supuestos mensajes o que, en caso de no querer enseñarlo, directamente se le requisara, ya que se le había citado a declarar, precisamente, para realizar aquella comprobación.

La petición provocó las iras de la defensa y que el juez abandonara la sala para pensárselo. Al regresar, unos cuantos minutos después, las iras habían cesado y el declarante accedía generosamente a mostrar su terminal.

Pocas personas se quedaron conmigo a efectuar aquel cotejo: el letrado de la Administración de Justicia, que daba fe; María, como tramitadora del procedimiento; el dueño del teléfono, su letrado y los letrados que representaban al preso Villarejo, a la Abogacía del Estado y, creo que también, a Enrique García Castaño.

El resultado de la diligencia consta en las actuaciones judiciales y en varias publicaciones y, por mi parte, ahí ha de quedar. Salvo por un detalle. Los chats con uno de sus contactos se habían consignado por el letrado de la Administración de Justicia en el acta como «borrados», así que le pedí que lo rectificara por «vacíos». Aquello provocó que el usuario del teléfono que se revisaba espetara en voz alta:

—Se lo agradezco.

—No, no, no me agradezca nada. Me limito a hacer mi trabajo y ahí no consta que estén borrados, sino que están vacíos. Interpretar qué pueda significar eso o qué no ya lo harán otros.

—Me pidieron unirme a un grupo para recusarlo, pero me negué —confesó entonces.

—Lo sé perfectamente. Está registrado en otro teléfono —le contesté.

Los días 29 y 30 de octubre de 2020 no hice más trabajo que aquel, aunque sí empecé a coordinar mi aterrizaje en la Fiscalía Provincial de Madrid, desde la que me abrieron sus brazos inmediatamente. Al parecer, allí habían hablado bien de mí y se me esperaba con prontitud, por lo que me entraron ciertas dudas al ver que se tenían criterios tan antagónicos en aquel Ministerio Fiscal regido por el principio de unidad de actuación.

Tocaba recoger los efectos personales del despacho que había ocupado desde mayo de 2016 y atender a las personas que entraban tímidamente a despedirse.

Aquel desenlace no debió de pillar por sorpresa solo a mis enemigos. Mi familia y mis amigos también estaban prestos a darme una lección que me emocionó. Desde el día 28 inundaron el despacho de plantas, flores y cestas de frutas ante la atónita y silente mirada de los fiscales que entraban y salían. Todas ellas llevaban una tarjeta con la misma dedicatoria: «Vales más que una plaza».

Se cumplía a la perfección, una vez más, eso de que los seres humanos exhiben sus mejores cualidades, lo mismo que las peores, cuando llega el instante en que otro hombre necesita de su mano tendida y de una generosa comprensión.

Y tenía que ser la última orquídea la que pusiera el toque especial a aquella maravillosa iniciativa.

Era la tarde del viernes 30.

El fiscal estaba a punto de irse definitivamente, y fue el particular con profesión de fiscal quien vivió la siguiente y muy particular anécdota.

Me avisaron de Seguridad porque llegaba un nuevo envío.

Esperé a que entrara el repartidor, que venía con la planta en una mano y el teléfono móvil en la otra, manteniendo una videollamada con una mujer que aparecía en la pantalla y a la que se dirigía con un marcado acento gallego.

Lo que me pasó entonces fue tan increíble (como todo, francamente) que todavía hoy me pregunto si fue real.

—Cariño, espera que ya he llegado y estoy con Stampa. —Había entrado en el despacho para entregarme el obsequio, pero sin colgar la comunicación—. ¿Es usted Ignacio Stampa? —me preguntó nervioso.

—Pues sí, claro, si le han dejado pasar... Muchas gracias..., pero mire, es que sigue la llamada activa...

—Ah, sí, sí, ¡perdón! —Colgó la llamada, me entregó el regalo, me estrechó su mano y me exclamó:

—¡Garzón es un hijo de puta! —Me puse a mirar si había una cámara oculta, porque pensé que todavía no habían terminado los intentos de emboscada.

—Disculpe, ¿quién es usted?, —le pregunté.

—Soy R. P.; Garzón me traicionó en el caso Nécora. —Empezó entonces a contarme su historia, que yo había conocido ligeramente tras mi reciente enganche a la serie Fariña, en la que no aparecía ni de lejos toda la trastienda que aquel hombre echaba por la boca, hasta que le interrumpí.

—Pero mire, ¿a mí por qué me cuenta todo esto?

—Porque está muy claro qué ha pasado aquí.

La verdad es que, si hubiera tenido la seguridad de que aquello no era una trampa más, le habría dado bastante hilo más a aquella cometa, pero tampoco estaba sobrado de ánimos. El hombre se fue más emocionado de lo impactado que me había dejado a mí cuando el edificio y yo terminamos de despedirnos.

Los medios que se sintieron triunfadores por haber logrado lo que venían reclamando cada día de los últimos meses festejaron durante los días siguientes aquel resultado, pero hubo quien hizo lo contrario y que merece ser destacado. Y no solo por mostrar su malestar ante aquel atropello, sino porque proporcionaba una información que me dejó estupefacto.

En primer lugar, a través de una «Carta abierta a la excelentísima fiscal general del Estado», publicada en el diario El País el día 31 de octubre por Ernesto Ekaizer.

Aquello me sorprendió mucho por el diario que lo hacía y porque luego me enteré de que el firmante de la misiva se encontraba en ese mismo momento convaleciente en un centro hospitalario después de haber estado en coma e intubado a causa del coronavirus.

Pero lo especialmente sorprendente era que suministraba mucha y muy relevante información que me era totalmente desconocida, ya que describía todo lo que había ocurrido con la investigación penal que tenía abierta, desde su incoación hasta aquel mismo día, invocando como fuente a la propia Fiscalía que me investigaba, así como otros múltiples detalles de lo que había ocurrido y lo que no en aquel reciente Consejo Fiscal. Dicha carta terminaba con la adaptación de un refrán castellano al caso: «Entre todos lo mataron y él solo se murió».

Al día siguiente, festividad de Todos los Santos, el mismo periódico publicaba un artículo durísimo contra Dolores Delgado y Baltasar Garzón, bajo el titular «¿Quién acabó con el fiscal Stampa?», en el que se destacaba: «El investigador que destapó la mayor trama de corrupción política y policial de la democracia es apartado de Anticorrupción tras el acoso de Villarejo y la ultraderecha». Se explicaba quiénes podían integrar la cohorte de interesados en que se me apartara del asunto.

Lo más relevante aquí, además de su agudo diagnóstico, eran las respuestas de Dolores Delgado realizadas por escrito, esto es, habiendo podido reflexionar sobre ellas, y recabar los datos pertinentes para su contestación, a varias preguntas de los redactores:

Pregunta: ¿Debería usted haberse abstenido en la votación del fiscal Stampa para la plaza de Anticorrupción, dado que su actual pareja defiende, al menos, a uno de los policías a los que acusa este fiscal y el bufete que dirige ha defendido al menos a otros dos?

Respuesta: No existe, ni siquiera remotamente, causa alguna de abstención ni apariencia que la motive. Según se me informa, mi pareja no ejerce defensa de persona alguna en la causa.

P: ¿Por qué no comunicaron al Consejo Fiscal que había una propuesta de archivo de la causa abierta a Stampa por parte de la Fiscalía de Madrid?

R: Las diligencias abiertas contra el señor Stampa siguen vigentes hasta que se agote la investigación, que podría estar pendiente de nuevas actuaciones. El señor Stampa concurría a la plaza de fiscal en propiedad en la Fiscalía Anticorrupción y no ha sido avalado por ninguno de los vocales del Consejo Fiscal, ante lo cual la elección resultaba inviable.

Llegaba el momento de poner la mente en blanco y tratar de conseguir una difícil frialdad con la que analizar demasiadas cosas.

Lo que no me podía imaginar, si es que aún había espacio para las sorpresas, era lo que descubriría cuando estuviera preparado y empezase a pedir explicaciones.

15. Un ignominioso descubrimiento

El viernes 13 de noviembre de 2020 me incorporé a la Fiscalía Provincial de Madrid, la más grande de España.

No me había dado tiempo a preocuparme por el destino concreto que se me asignaría allí, ya que mi nueva jefa me confirmó enseguida que tenía pensado encomendarme provisionalmente los asuntos de un juzgado de instrucción de la capital, lo que significaba continuar en la jurisdicción penal. Aquello fue un buen detalle, porque no solo denotaba la intención de asegurar eficacia en la utilización de los recursos personales de la Fiscalía, sino también mucha empatía, ya que, después de dieciséis años de ejercicio profesional casi exclusivo con víctimas, inocentes y delincuentes, enviarme a la jurisdicción civil, laboral o contencioso-administrativa quizá hubiera sido demasiado traumático. Además, así tenía el aliciente de que podría hacer guardias que compensaran algo la cuantiosa reducción de salario respecto del anterior destino.

El recibimiento de funcionarios y fiscales de la sección quinta fue tan cariñoso y atento aquel día de aterrizaje como el de mi nueva jefa, lo cual me ayudó especialmente.

Poco a poco fui coincidiendo con el resto de sus integrantes y del conjunto de la Fiscalía, y las sensaciones siguieron siendo bastante positivas. Salvo alguna lógica excepción, cumplieron muy bien con esa regla de cortesía que dice que nunca hay una segunda oportunidad de causar una buena primera impresión y no lo tenían fácil, porque, con tanto escándalo, acudí bastante a la defensiva. Me hicieron sentir su cercanía, a pesar de que yo no los conocía y de que ellos habían oído y leído mucho, y malo, sobre el nuevo compañero.

Traté de readaptarme rápido a unas materias que solo hacía cuatro años que había aparcado al salir de Lanzarote, aunque mi cabeza estaba bastante tocada y tenía la incomodidad añadida de que no podía desprenderme del todo de mi reciente pasado al mantenerse el servicio de escolta. Al mismo tiempo, barruntaba qué hacer porque, transcurrido medio mes desde mi salida de Anticorrupción, seguía investigado por la Fiscalía Superior de la comunidad autónoma —es decir, por quienes en ese momento eran ya mis jefes directos, aunque no inmediatos— y no tenía más información al respecto que la que había leído en prensa.

Así que, el 18 de noviembre, remití un nuevo escrito a esa Fiscalía que me investigaba, y que no me había contestado a ninguno de los escritos anteriores en los que les aportaba información y documentación relevante para el esclarecimiento de los hechos. Ahora les pedía formalmente acceso al expediente y copia de todo lo que estuvieran haciendo conmigo.

Aquel firme movimiento sí que surtió un efecto inmediato.

El mismo día, el fiscal instructor, Carlos Ruiz de Alegría, accedió parcialmente a mi petición, acordando que me citaran el día que lo permitieran mis nuevas responsabilidades, con el único fin de ilustrarme del contenido de las diligencias, sin responder nada sobre la copia solicitada.

Me llamaron por teléfono desde su secretaría y quedé citado para el día siguiente.

A las nueve de la mañana del 19 de noviembre comparecí. La tramitadora me facilitó las diligencias y me hizo pasar a una vacía sala de reunión con una amplia mesa, anexa al despacho del fiscal superior, Jesús Caballero Klink, para que las leyera con tranquilidad.

Me fui directamente a aquellos dos supuestos borradores de archivo, cuya existencia se había revelado a través de la carta abierta a Dolores Delgado y el artículo de El País. Existían de verdad.

Lo que entonces leí me emocionó.

Me habían hablado del instructor al que se había encomendado investigarme, pero no me dejé llevar por insidiosos chismes que podían ser muy interesados, y más en tiempos de tanto revuelo y de feroces críticas entre fiscales situados en la cúspide del escalafón. Además, tampoco quería creérmelo, porque a mí lo que me interesaba no era solo que se me investigase a fondo, sino también lo más rápido posible, y aquello parecía eterno.

Me recompuse y empecé a hojear el voluminoso tomo desde el principio. De un primer vistazo aquello ya me había parecido demasiado grave, así que necesitaba una lectura más pausada, tratando de aplacar mis nervios.

Lo primero que descubrí fue que la denuncia de Vox se había registrado en la Fiscalía General el 7 de julio y que, al día siguiente, el fiscal jefe de la Secretaría Técnica, Álvaro García Ortiz, la había remitido a la Fiscalía Superior de Madrid con la expresa indicación de que «su competencia sea solamente la relativa a la actuación del fiscal Stampa en el llamado caso Tándem en el que se le atribuye la comisión de un delito de revelación de secretos».

Pero, si las noticias imputaban un delito de revelación de secretos a dos fiscales, la denuncia penal de Vox describía actos punibles de dos fiscales, la Inspección Fiscal abría sus diferentes expedientes internos y notificaba las resoluciones a dos fiscales, ¿por qué le ordenaron investigar solo a uno de ellos?

No, no había la menor motivación para la exclusión del fiscal Miguel Serrano de la investigación.

Las actuaciones evidenciaban que, al día siguiente de recibir la denuncia, el fiscal superior de Madrid dictó el decreto por el que daba cumplimiento a dichas indicaciones, acordando la apertura de las Diligencias de Investigación número 32/2020 únicamente contra mí, y designando como instructor al número dos de dicha Fiscalía, el teniente fiscal. Lo siguiente que hicieron fue, como ya expuse en páginas anteriores, comunicarme su existencia y emitir la nota de prensa del 10 de julio para que toda España supiera que había un fiscal penalmente investigado por su propia casa por una denuncia que el partido político denunciante, para más inri, no había divulgado.

Por fin pude enterarme, casi cinco meses después, de qué era lo que se había denunciado en concreto. La denuncia únicamente contenía lo que habían publicado varios periodistas, la mayoría de ellos reconocidamente próximos, desde hacía años o meses, al entonces preso Villarejo. No había más «pruebas» incorporadas que los artículos de prensa digital publicados en el mes de junio.

Después, en aquel volumen de papeles constaban acumuladas las continuas denuncias que iba presentando «la particular», cuya imputación había sido solicitada por la Fiscalía Anticorrupción por su presunta colaboración, a través de su labor «periodística», con la organización criminal de aquel.

Eso me hizo recordar de inmediato la doctrina del Tribunal Supremo, aplicada recientemente a un caso que nacía precisamente del que yo había trabajado hasta que me lo permitieron. Destacaba que algunos intentos de abrir una causa penal se limitaban a reproducir el contenido de informaciones de prensa y argumentaba que, para abrirla, hace falta aportar indicios más sólidos, ya que, con carácter general, una noticia por sí sola no legitima para convertir el relato periodístico en un relato de hechos punibles desencadenantes del proceso penal, y los juicios de valor no convierten la noticia en delito.

Para contextualizar los términos de este paralelismo en su justa medida, estaba claro que mis denunciantes no eran directamente perjudicados en los hechos y que las diligencias de investigación de la Fiscalía no eran propiamente una causa penal, entendiéndose por tal una causa judicial.

Quede constancia también de que me pareció siempre correcto que la denuncia se cursara, se analizara y se investigara. Pero otra cosa era que se hiciera arbitrariamente y se difundiera a los medios con un respeto tan hipócrita por la presunción de inocencia, ya que lo que estaba leyendo traspasaba cualquier criterio de razonabilidad y vulneraba, durante demasiado tiempo ya, la doctrina jurisprudencial contraria, que dice que, de optarse por esa línea, cualquier ciudadano podría verse sometido a una investigación basada en la mera apariencia.

Y, lamentablemente para mí, lo que ahí se investigaba venía impulsado con mero humo y mucho ruido; como una estupenda coartada para sacarme de aquel destino.

Tras unos folios que contenían una serie de diligencias (como la recepción de declaración como testigos a los letrados de la acusación popular a quienes se pretendía que los fiscales revelábamos secretos) y otros trámites, lo que leí después demostraría una vez más la sinrazón de criticar hasta el despellejamiento a alguien, sin tener ni la más remota idea de lo que se dice a personas que confían en lo que oyen. Un deporte cuya práctica es mucho más habitual que el de reconocer la labor de un compañero en cualquier profesión, como también lo es en la carrera fiscal. Pero no solo se lo leí al fiscal al que criticaban, sino también a su fiscal jefe, quien, por dos veces, ratificaba lo expuesto por su subordinado. Había en esos folios una extensísima propuesta del 2 de octubre y un «borrador» de decreto de archivo, sin firmar, del día 5, y ambos concluían lo siguiente:

… resulta de todo punto insostenible, las deducciones que en las conversaciones de chats a las que hicimos mención, y que vienen recogidas en la denuncia, con su documentación anexa de fotocopias y publicaciones de diarios de páginas de internet, llevan al partido Vox a concluir la existencia de ningún tipo de connivencia entre los fiscales y los abogados de Unidas Podemos.

… menos aún la conclusión de la existencia de indicios que avalaran la presunta comisión por parte de los Fiscales del delito de filtraciones y revelación de secretos...

No cabe apreciar huella alguna de indicios ni tan siquiera de sospechas que avalaran la pretensión del partido denunciante…

Debemos afirmar con toda rotundidad que tanto el fiscal denunciado como su compañero desempeñaron con rigor y profesionalidad su desempeño como fiscales en la causa tramitada ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, no acreditándose ninguna filtración o revelación.

En el capítulo cinco expuse someramente cómo se lleva a la práctica la facultad que tienen los fiscales de iniciar una investigación penal.

Ahora he de explicar que, cuando el fiscal que ha sido designado por su jefe como instructor concluye unas diligencias de investigación, emite un informe-propuesta a aquel, conteniendo alguna de las siguientes alternativas: archivar el asunto si los hechos investigados no revisten carácter delictivo, no existen elementos suficientes para poder investigarlos o se desconoce su autor; o interponer una denuncia o querella ante un juzgado, si los considera posiblemente delictivos, para que desde allí se lleve a cabo propiamente la instrucción penal. Con esa propuesta, el fiscal jefe decide y el asunto concluye en lo que respecta a la sede fiscal, pudiendo continuar, como digo, en sede judicial. Si el asunto era de especial trascendencia, había que mantener informado al fiscal general del Estado durante su tramitación mediante la oportuna dación de cuenta.

A pesar de los tajantes términos de dichas conclusiones, leí que ese mismo día se había enviado aquel documento como «borrador de Decreto de archivo» a la Secretaría Técnica con esta coletilla: «en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 25 EOMF de dación de cuenta y a la espera de recibir su conformidad».

Esa expresión descubría el quid de la cuestión. En definitiva, quién era la auténtica madre de aquel cordero. Y descubría una trampa más: la que contenía la nota de prensa emitida por la Fiscalía Superior el 10 de julio, ya que esta consignaba que la propuesta del instructor se haría a «la Jefatura», o sea, el fiscal superior de Madrid. Hasta ahí.

Esto es muy sencillo de explicar bien, pero durante muchos meses se engañó a los ciudadanos.

Si se cumplía con la obligación de dar cuenta, sería porque se estaría informando a la fiscal general, a la que se explicaba todo lo que se había hecho y lo que se había obtenido. Era un tema de especial trascendencia. Pero si, al mismo tiempo, para firmar un «borrador» se pedía «su conformidad», esta solo podía proceder de la misma fiscal general.

La Secretaría Técnica, a la que se enviaba el documento, es únicamente un órgano que actúa, siempre, por subordinación directa del fiscal general, ya que no ostenta superioridad jerárquica alguna sobre ningún órgano del Ministerio Fiscal ni, por tanto, sobre la Fiscalía Superior de Madrid. Y el resultado de unas diligencias de investigación de Fiscalía se decide siempre por un decreto del jefe respectivo, no por alguien externo, salvo que existan órdenes concretas y directas en ese sentido de un superior o superiora.

En este caso, el jefe superior de Madrid plasmaba por escrito que daba cuenta (lo que solo puede ser a un superior) y que no firmaba el cierre de una investigación (como le correspondía) mientras no se lo permitiera (ese su superior). Y la única persona con autoridad para recibir aquella dación de cuenta, y con facultades para autorizar aquel archivo, era el único jefe que tiene el fiscal superior de Madrid: el fiscal general del Estado, entonces, Dolores Delgado.

Sin «aprobarse» tal archivo, y con fundamento en la «trascendencia del asunto», el 8 de octubre de 2020 de nuevo intervino el fiscal jefe de la Secretaría Técnica, sin competencia alguna para ello, más allá de la de actuar por delegación de su jefa como correa de transmisión entre la fiscal general y cualquier otro fiscal.

En este caso, «sugirió» que se tomase declaración como testigo al otro fiscal igualmente denunciado por Vox por idénticos hechos, Miguel Serrano, y al abogado expulsado de Unidas Podemos, José Manuel Calvente. Estas eran, por tanto, aquellas diligencias que Luis Navajas pensaba, engañado, que había solicitado yo cuando nos vimos en su despacho. Además, indicaba que se le siguiera teniendo puntualmente informado por la trascendencia del asunto; o sea, que se siguiera dando puntual cuenta a Dolores Delgado por una trascendencia que se amplificaba, como hemos visto, a través de notas de prensa de la propia Fiscalía General.

Tras comprobar que fueron practicadas dichas «sugerencias», leí en aquellos papeles que a Miguel Serrano se le había realizado, en calidad de testigo, y, por tanto, sin asistencia letrada, la pregunta marcadamente incriminatoria sobre la que giraba toda la investigación: «¿En algún momento se puso en conocimiento de los abogados de Podemos datos relevantes o sensibles de la causa declarada secreta?». Ese testigo respondió en sentido tan negativo como tajante.

Por su parte, el otro testigo citado, Calvente, amagaba y se hacía el importante, pero tampoco aportó ningún dato nuevo a los ya existentes, más bien inexistentes, en la investigación. De hecho, afirmó que ignoraba si el rumor sobre la supuesta relación personal entre fiscal y abogada era cierto o no, cuando en eso consistía precisamente el bulo que él había lanzado previamente a los medios que quisieron oírle.

Con el resultado de estas nuevas diligencias «sugeridas», el viernes 23 de octubre (cuatro días después de conocerse que el día 27 de ese mes se celebraría la sesión del Consejo Fiscal en el que se decidiría la provisión, entre otras, de las plazas discrecionales a las que yo optaba), el fiscal superior de Madrid dictó un nuevo «borrador» de decreto, haciendo suyo un segundo informe del fiscal instructor del caso de ese mismo día.

Se concluía otra vez exactamente lo mismo que en el de principios de aquel mes: la denuncia era insostenible y no había huella alguna de indicios, ni de sospechas, en nuestra actuación (otra vez en plural), sino que desempeñamos con rigor y profesionalidad nuestro cometido. Constaba después también documentado que ese mismo día 23 se remitió a la Secretaría Técnica este segundo «borrador de Decreto» acordando el archivo de la investigación «a efectos de su conocimiento y aprobación». Informaban y esperaban de nuevo, por tanto, las instrucciones de la fiscal general del Estado.

Aquella comunicación fue leída a las 12.33 horas del día mismo 23 de octubre, solo ocho minutos después de su remisión telemática a las 12.25 horas. En aquel preciso momento, yo debía estar viajando de la celda de Villarejo en la prisión de Estremera al domicilio familiar, donde se encontraba su mujer, para efectuar otro registro, después de haberme dejado claro el preso que ya no contaba con mi presencia en aquel asunto mientras se preocupaba por «su amiga Lola».

Lo siguiente que descubrí entre los papeles fue que, a las 10.46 horas del 27 de octubre, es decir, la misma mañana del Consejo Fiscal, se dio entrada a un escrito presentado a última hora de la tarde anterior, vía correo electrónico, por una asociación denominada «ACODAP, Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública, liderada por el exjuez decano de Talavera de la Reina Fernando Presencia, actuando en su propio nombre y en defensa de su asociada, la periodista María Montero Clemente».

Era otra denuncia contra mí, en la que ahora me imputaban haber tomado represalias contra dicha asociada, quien, actuando como adalid frente a la corrupción, había visto publicado que el juez instructor del procedimiento Tándem la había requerido para que entregara la documentación que le envió el compinche de Villarejo tras ser pillados organizando perversidades (lo que ella utilizaría como cobertura en su declaración judicial de dos años después, tal y como describí en el capítulo trece).

Esa misma denuncia la interpuso también la particular afectada de forma individual el 30 de octubre, cuando ya estaba confirmado que no me otorgaban la plaza. Y ambas constaban remitidas desde la Fiscalía General a la Fiscalía de Madrid el 16 de noviembre de 2020, para que se acumularan a la misma investigación abierta por la denuncia de Vox, por indicación de Álvaro García Ortiz.

Y así se obedeció.

Por tanto, la Fiscalía General seguía dando instrucciones, ya consistentes en que se me investigara en un mismo procedimiento, cada vez más engordado, por supuestas revelaciones del sumario a Podemos, ocurridas en el año 2018, y por supuestas revelaciones a un periódico en octubre de 2020, todo ello a instancia de un partido político de ideología radicalmente contraria a Unidas Podemos, de una extravagante asociación que solo dos años después sería perseguida por la Audiencia Nacional por constituir una presunta organización criminal, como veremos en el capítulo diecinueve, y de «la particular» que me perseguía a mí desde el mes de febrero y, es preciso insistir, cuya petición de imputación por presunta colaboración con la organización criminal de Villarejo había sido enviada al juzgado desde la Fiscalía Anticorrupción dirigida por Alejandro Luzón. Una actuación, la de pedir la imputación de un profesional de la información que, en aquel contexto, y tras un incidente ocurrido en Palma de Mallorca cuando se indagó en las fuentes de varios periodistas, sin duda alguna fue comunicada a la fiscal general.

Continué leyendo en busca de por qué no se había autorizado el archivo solicitado ya dos veces, y lo que encontré fue un documento del 4 de noviembre por el que otra vez el fiscal jefe de la Secretaría Técnica, y de nuevo sin competencia alguna para ello, acusaba recibo del oficio de 23 de octubre, pero añadía: «En este contexto y antes de adoptar resolución alguna, interesamos nos remitan la totalidad de las Diligencias de Investigación arriba referenciadas».

Con esto no solo demostraban de forma cristalina ellos mismos el nulo interés que habían tenido en que se resolviera el tema antes del concurso, sino también plasmaban por escrito lo más importante: a quién correspondía tomar cualquier decisión. Eso sí, sin que se hicieran constar las órdenes por las cuales aquella investigación la resolvía la fiscal general y no el fiscal superior de Madrid.

Además, si no habían tenido prisa en el pasado, tampoco la tenían de cara al futuro, porque pedían copia de unos papeles que ya conocían sobradamente y que tenían tan estudiados que ellos mismos habían «sugerido» el 8 de octubre qué era lo que, según su criterio, faltaba por hacer.

A pesar de ello, se procedió desde la Fiscalía de Madrid a su remisión íntegra, otra vez, al día siguiente.

Había leído hasta ahí cuando pasaban ya unos cuarenta minutos desde mi llegada y no cabía en mi asombro ante el atropello del que estaba siendo objeto y que no tenía visos de cesar. Entonces, aparecieron juntos en la sala el fiscal superior, Jesús Caballero, y el teniente fiscal instructor, Carlos Ruiz de Alegría, los dos fiscales que trataban de ponerle fin a la investigación y ensalzaban mi trabajo. Al verlos, no pude contener las lágrimas.

—Gracias por haber dejado por escrito lo que está pasando.

Ambos me miraron sin saber qué decir hasta que el más veterano, pero situado por debajo en la pirámide jerárquica, Carlos, rompió el hielo.

—Chico, nos hemos limitado a constatar lo que hemos visto...

Me incorporé, ya que ellos permanecían de pie. Tenía delante a dos de mis jefes, pero la claridad de lo que había leído me hizo ser muy franco y les pregunté directamente:

—¿Qué está pasando? Aquí hay órdenes. ¿Dónde están? Porque no las he leído...

Ambos se incomodaron. No sé si trataron de disimular un poco, o no sabían qué decir, pero entonces les enseñé los papeles concretos que justificaban mis preguntas para que no tuvieran la tentación de andarse con rodeos, y les volví a preguntar.

—¿Cómo es esto de solicitar dos veces autorización para archivar la investigación? ¿Pero no eres tú el competente? —pregunté, dirigiéndome ya directamente a mi máximo jefe territorial.

—Eres fiscal..., interprétalo como consideres... —Tras balbucear aquellas palabras, se excusó y se encerró en su despacho contiguo. Entonces miré al fiscal instructor, quien me dijo:

—Si me vuelven a hacer alguna sugerencia de ese tipo o a dar otra orden, no pienso cumplirlas. Para mí está claro y para el jefe, también.

Entonces reiteré verbalmente la petición que había efectuado el día anterior por escrito:

—Quiero una copia de todo, dada mi condición de investigado.

Sin dudar, lo autorizaron. Esperé a que se hicieran las fotocopias de los cerca de quinientos folios acumulados y me marché, a sabiendas de que lo que llevaba bajo el brazo era de una gravedad demasiado escandalosa como para seguir parado y a la expectativa de nuevos acontecimientos.

Salí de allí con muchos documentos que acreditaban fehacientemente que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, «Lola» para los amigos, a través de su mano derecha en la Fiscalía, Álvaro García Ortiz, dirigía personalmente la investigación penal que se llevaba contra mí en la Fiscalía Superior de Madrid; que había decidido que solo se procediera contra mí sin motivo alguno; que también había decidido, en dos ocasiones, que el procedimiento no se cerrara y que se siguiera manteniendo vivo sin saber a qué se esperaba mientras se iban acumulando todas las maledicencias que se le ocurrían a su «particular» favorita.

Además, lo hacía de forma que no se dejara constancia en el expediente de las órdenes que debían amparar todo eso, y ello a pesar de que en cualquier expediente han de documentarse las instrucciones e indicaciones recibidas de un superior, incluidas las verbales, máxime cuando se está sustrayendo a otro órgano su competencia para la decisión de un asunto.

¿Cómo podía entonces haber dirigido con imparcialidad y objetividad aquel Consejo Fiscal de 27 de octubre? ¿Cómo es que no se abstuvo, con tantos elementos para haberse apartado?

Se había publicado que en la pieza número cuatro del procedimiento había anotaciones de Villarejo Pérez sobre una eventual participación de la propia fiscal general del Estado en su etapa como fiscal de la Audiencia Nacional, también de la de su pareja sentimental, Baltasar Garzón, que al tiempo dirigía la defensa de tres de los principales investigados en la causa y emitía comunicados en contra de los fiscales, revelando él mismo públicamente el secreto del sumario, para que fuéramos apartados.

Además, se difundían cada día más audios de las relaciones personales entre todos ellos.

El colmo era ahora descubrir que Delgado controlaba absolutamente la investigación penal contra mí de forma encubierta y arbitraria.

Una investigación que se engordaba con cada denuncia que presentaba la misma pseudoperiodista canaria que insistía en pedir que se me investigara por todos los hechos que, desde la misma isla de Gran Canaria, me imputó el locutor Chavanel, ya condenado por el Tribunal Supremo, siendo esto último perfectamente conocido en la Fiscalía General.

Pero el colmo de los colmos fue encontrar que, entre los múltiples hechos acumulados sobre los que investigarme, por indicación de Dolores Delgado, a través de Álvaro García Ortiz y a instancias de «la particular», se encontraba también la filtración denunciada por Baltasar Garzón en 2018 y cuyo archivo fue solicitado por la Fiscalía Provincial de Madrid en abril del año 2019.

Sí. Hasta ahí llegaron las ansias de la intrépida «periodista» y hasta ahí le hicieron caso en la Fiscalía General en defensa de un fingido interés general.

Lo que me pregunté entonces fue: ¿qué supo y qué debió de saber el Consejo Fiscal sobre todo lo que estaba pasando aquel 27 de octubre de 2020? ¿Qué iba a hacer yo con todo aquello?

La respuesta a esas preguntas era muy fácil: pelear por conseguir el final de aquella persecución, al comprobar que eran capaces de hacerme cualquier cosa, mientras reestablecía una salud mental y física que padecía serios achaques y reclamaba más atenciones.

Después, ya iría viendo. Tocaba aplicar la estrategia de «al pensadero», que tantas y tantas veces practiqué durante aquellos años con Miguel.

Me puse a estudiar y a escribir mientras seguía esperando a que la Secretaría Técnica hiciera lo propio y actuara, ya que, desde aquel 4 de noviembre en que pidió los papeles para que la máxima jefa tomara una decisión, no había vuelto a decir ni mu.

Mientras tanto, siguieron acumulándose denuncias de la misma persona y el fiscal instructor las despachaba de un plumazo, considerando que no había motivos para cambiar la decisión que ellos ya habían adoptado los días 5 y 23 de octubre. La Fiscalía de Madrid me comunicó también esas novedades sin que hiciera falta que se lo pidiera.

Pasaba el tiempo y, como no llegaba la decisión de Dolores Delgado, vía Álvaro García Ortiz, actué.

El día 30 de noviembre presenté un extenso escrito en el que, tras describir el resultado del cúmulo de diligencias practicadas, pedía que se acordara el archivo por tercera y definitiva vez. Eso sí, como se desprendía que ese cierre estaba sujeto a aprobación de la fiscal general del Estado, también solicitaba que se le enviara aquel escrito por si se animaban a tomar la decisión. Dejaba ya caer las irregularidades advertidas.

Aquel fue otro movimiento que provocaría una reacción inmediata, porque hizo que la Secretaría Técnica despertara de su letargo.

Lo que ocurrió fue que, en solo dos días, Álvaro García Ortiz se había estudiado todo en detalle y, rápidamente, el 2 de diciembre, le volvía a indicar por escrito a la Fiscalía Superior de Madrid lo que tenían que hacer conmigo. No hacía alusión alguna a mi incómodo papel, fechado solo dos días antes. En previsión de ello, yo me había asegurado de que les hubiesen dado oportuno traslado de mi documento el mismo día que lo presenté.

Cada vez era más obvio que las comunicaciones verbales debían ser numerosas, porque no se acumulaban más pruebas en mi contra y las «sugerencias» escritas, como eufemísticamente se seguía denominando a aquellas órdenes, se daban con evidente vocación de que fueran cumplidas al ser transmitidas por quien podía actuar solo en nombre de la máxima jefa.

Esto de las constantes «sugerencias» ya empezaba a resultar cansino y tenía su particular paralelismo doméstico con esos momentos en los que le sugieres reiteradamente a tu hijo pequeño que se coma el puré o que recoja la habitación y el niño entiende perfectamente, por el contenido y por la autoridad que ostenta el sugerente, qué es lo que tiene que hacer, y qué puede ocurrir si no lo hace, por la cuenta que le trae.

Pero, más allá de un poco de humor, en el mundo del derecho también se había demostrado muy recientemente que eran muy eficaces las sugerencias de la autoridad, ya que, durante el juicio celebrado en la Sala Segunda del Tribunal Supremo con ocasión del intento de celebración de referéndum en Cataluña, el presidente del tribunal, Manuel Marchena, le dijo al compareciente, el exconsejero de Presidencia de la Generalitat Francesc Homs: «No, mire, no es una sugerencia, ¿eh? Yo le digo que es una sugerencia para que usted me entienda, pero no es una sugerencia. Venga». Ese ejercicio de autoridad fue respondido con aquel sumiso «entendido, ya sé que usted es quien manda aquí, faltaría más y no podría ser además de otra manera, lo tengo muy claro».

Aquel oficio del 2 de diciembre no solo indicaba lo que había que hacer. También decía lo que se tenía que rehacer, «dada la trascendencia del asunto», porque «sugería» volver a repetir algunas diligencias que ya estaban practicadas.

Seguían así con la ya manida estrategia dirigida contra mí de volver a revisar lo ya hecho, tal y como expliqué desmenuzando los gazapos de la malvada nota de prensa del 26 de junio.

En concreto, ahora indicaban que se volviera a citar a declarar a José Manuel Calvente para ver si conseguían sacarle algo más y que se pidiera al juzgado la entrega de los chats de Podemos con el argumento de que estaba todo incompleto o, directamente, mal hecho.

También añadía ahora otras cuantas diligencias nuevas, solicitadas por aquella «particular», que no se les habían ocurrido «sugerir» aquella primera vez del mes de octubre. Alguna de esas «sugerencias» le daba tal pábulo a lo que aquella difundía que le dieron cobertura a su disparatado artículo publicado el 26 de junio, con su foto a las puertas de la Fiscalía General, «sugiriendo» que se recabaran los correos electrónicos que existieran entre el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, y la letrada de Podemos, Marta Flor Núñez, para ver si era cierto que había un pacto por el que no se perseguiría a Pablo Iglesias a cambio de decir que todo aquel invento sobre mí se había «exagerado».

Como cierre, «sugería» también que se pidiera la prórroga, porque el plazo legal de seis meses para acabar las diligencias vencía el 8 de enero de 2021 y no iba a dar tiempo a hacer todo aquello. Vamos, que faltaba más de un mes, pero no hacía falta que se dieran prisa en cumplimentar aquellas instrucciones.

Dolores Delgado, a través de Álvaro García Ortiz, ordenaba así que se volviera a empezar la investigación desde el principio y anticipaba que contaban con su autorización para la prórroga de aquella persecución durante seis meses más.

Ese documento me lo trasladó la Fiscalía Superior de Madrid el 3 de diciembre, cumpliendo con la legalidad y siguiendo con la tónica de comunicarme lo que fuera ocurriendo. Cuando lo vi me pareció tan grave que, como había hecho siempre, di cuenta a la superioridad para que tuviera puntual y cabal conocimiento del estado de la mediática investigación que pesaba, e iba a seguir pesando, sobre uno de sus subordinados.

También se lo envié a quienes me asesoraban y a algunas otras personas concernidas para que, simplemente, lo supieran. Las respuestas que recibí por correo electrónico, como aquella que me decía: «No he visto una investigación así en mi vida», sonrojarían a más de uno, dada su actuación posterior.

Aquella comunicación de la Fiscalía que me investigaba (la Superior de Madrid) provocó un terremoto en la Fiscalía que le ordenaba cómo investigarme (la Fiscalía General). Montaron en cólera cuando cayeron en la cuenta de que me había enterado de (parte de) lo que hacían, lo que no debería haberles molestado si estuvieran haciendo las cosas legalmente. De todas formas, debieron confiar en que no pasaría nada, porque yo seguiría sometido a sus autoritarios caprichos.

Eso demostraba otra maldad. Consistía en que las instrucciones incluían que todas aquellas ilegalidades que ordenaban en una investigación penal no las conociera yo, o sea, el investigado.

Entonces su posición institucional dentro de la pirámide jerárquica los llevó a dar otro salto, más propio del funambulismo, porque me hicieron llegar esa misma noche un papelito por el que se me instaba a no hacer uso de lo que sabía, ni comunicar a nadie todo aquello que constituía el contenido de mi investigación. Por tanto, las instrucciones incluían algo más, consistente en que no solo yo, el propio investigado, sino que nadie debía saber lo que estaban haciéndome porque se me instaba, por escrito, a no divulgarlo.

Había ya demasiadas pistas en aquel circo; algo muy gordo estaban haciendo conmigo.

Durante los siguientes días no tuve más noticias, controlando que mis ánimos no bajaran, pero manteniéndome muy alerta, sobre todo cuando recibí la quinta y última carta de amenaza. Tenía matasellos del 4 de diciembre, no se veía su origen, y decía así:

Estimado Sr. Fiscal,

No le ha dado suficiente vergüenza todo esto, ni parece que reaccione. ¿No se le dijo que iba a hacer todo lo posible porque se acabara su carrera judicial?

Procure no hablar, ni molestar, ni protestar, no olvide que sabemos dónde vive y créame si le digo que podría llegar a arrepentirse.

Un cordial saludo.

Di cuenta de la misiva, pero no quise interponer una denuncia, ya que había pocas posibilidades de obtener información y solo provocaría más cotilleos. Como el tono y tantas casualidades sí me preocuparon, la trasladé al servicio de escolta, que seguía encima. La Policía hizo averiguaciones, pero no obtuvo nada.

También hice otra cosa más: hacérsela llegar a la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado dirigida por Dolores Delgado. Nunca recibí respuesta.

Aquella sensación de acoso, de la que no he conseguido deshacerme, me hizo acudir en busca de ayuda y a practicar el mindfulness, esa técnica de meditación que consiste en observar la realidad en el momento presente, sin intenciones de juzgar y con plena apertura y aceptación. Se basa en controlar la respiración y tomar consciencia del propio cuerpo a través de los cinco sentidos. Es muy eficaz para reducir la ansiedad, el estrés y la depresión, aunque en mi caso afortunadamente no llegara a tanto, además de que disminuye los trastornos del sueño y mejora la autoestima. Fueron pocas sesiones, pero sus enseñanzas permanecen porque sigo practicándolas, y mi cariño y agradecimiento a quienes me guiaron es infinito.

En esos días también se presentó otra oportunidad para obtener una visión más amplia con la que relativizar las cosas y que interioricé para que fuera un verdadero revulsivo con el que salir del disgusto.

Seguía adaptándome como me dejaban a mis nuevas responsabilidades en la Fiscalía Provincial de Madrid cuando mi hermano Álvaro me hizo una petición que supuso el punto de inflexión en mi forma de afrontar lo que ocurría.

—Hermano, una persona muy especial para mí está gravemente enferma. No sabemos cuánto tiempo le queda, pero uno de sus deseos antes de irse es conocerte.

Se trataba de Carlos Ordóñez, padre de Aída, una fantástica mujer a la que entonces apenas conocía y que, casi tres años después, se convertiría oficialmente en mi cuñada.

No lo dudé y el 15 de diciembre de 2020 fui a su domicilio. Carlos estaba francamente delicado de salud y apenas podía caminar. Por lo que me dijeron, le animó mucho aquel encuentro, pero no tanto como a mí.

Nos sentamos frente a frente a ambos extremos de una larga mesa del salón para evitar cualquier contacto que pudiera mermarle más aún. Allí lentamente me planteaba unas dudas que, en realidad, no eran tales, ya que solo buscaba confirmar unas sospechas fundamentadas en argumentos tan sólidos como sus principios éticos.

Tras un buen rato le llegó la fatiga y me marché, pero seguimos muy en contacto desde entonces a través del teléfono. Al día siguiente, me escribió: «Fue un verdadero privilegio conocerte».

Después me fue enviando recortes de noticias, y el 26 de enero de 2021 me pidió planificar otra reunión cuando resolvieran la difícil situación creada en el enorme jardín de su chalet por la tormenta de nieve Filomena que tantos inconvenientes causó en Madrid.

Así llegamos hasta el 9 de febrero, cuando, solo ocho horas antes de fallecer, seguía buscando el momento para volver a vernos y me mandaba por escrito un «abrazo fuerte y sincero» inolvidable.

16. Carlos Ruiz de Alegría y la (in)dignidad

La falta de noticias sobre lo que hacían y deshacían conmigo se debió a que se habían encontrado con un acuciante y grave imprevisto que resolver. El fiscal que recibió las nuevas «sugerencias» del 2 de diciembre se plantó. Carlos Ruiz de Alegría cumplió con la palabra que me había dado el 19 de noviembre y se negó a seguir con la pantomima.

No sabían cómo resolver el entuerto porque, además de arreglarlo, tenían que hacerlo en secreto.

Cuando un fiscal se niega a cumplir una orden, porque la considera ilegal o improcedente, la situación no se resuelve ni tan fácil ni tan suciamente. Existen unos cauces estatutarios para ello, que exigen debatir la cuestión de forma abierta, celebrando una junta de fiscales, en la que el superior y el subordinado someten a la consideración del grupo sus respectivas posiciones jurídicas.

Pero esta solución, la legal, estaba absolutamente descartada por razones más que obvias.

El 9 de diciembre, Carlos Ruiz de Alegría dejó constancia, negro sobre blanco, de la «no práctica» de las diligencias «sugeridas» por la superioridad «por considerarlas estériles e inútiles para el esclarecimiento de unos hechos que entiendo meridianamente esclarecidos tras la instrucción que practiqué, afirmándome y ratificándome por ello en los dos informes propuesta que obran en las actuaciones».

Este problema creado entre ambas Fiscalías tenía su importancia, porque, si la fiscal general se empecinaba en continuar con aquella persecución, tendrían que poner a otro fiscal dispuesto a cumplir sus órdenes disfrazadas de «sugerencias». Y no se empecinó, porque ya venía empecinada desde mucho antes.

Decía la normativa vigente que, en supuestos de especial trascendencia, el fiscal general del Estado podía asignar una investigación a un concreto Fiscal en ejercicio de sus superiores funciones de dirección.

Pues bien. No consta semejante orden, pero tardaron poco tiempo en encontrar un voluntario, ya que, si el 15 de diciembre supuso un revulsivo para mí con aquella terapéutica visita a un sabio enfermo, también lo fue para Dolores Delgado.

Ese día, la responsabilidad de investigarme la asumió el fiscal superior, Jesús Caballero Klink. Lo hizo formalmente mediante la avocación del asunto. Acordaba también, en cumplimiento de las órdenes recibidas, alargar la investigación y pedir al Juzgado Central de Instrucción número 6 los chats que tuvieran allí del equipo jurídico de Unidas Podemos relacionados con las noticias publicadas.

También pedía el fiscal superior de Madrid la prórroga, claro. Como si aquellos papeles, de existir, no pudieran conseguirse rápidamente con un poco de interés. Pero de todo esto me enteraría bastante más tarde.

La avocación es un mecanismo por el cual el órgano que ha asignado un procedimiento o ha delegado una competencia en otro decide recuperarla asumiéndola para sí o para después delegarla en un tercero. Es como cuando un presidente del Gobierno o un alcalde asignan ministerios y concejalías, respectivamente, delegando las competencias de hacienda o deportes en los miembros de su equipo, pero luego recuperan esa cartera y se la quedan o se la asignan a otro.

En este caso, el fiscal superior había delegado el asunto desde el inicio, el 8 de julio, en su teniente fiscal, y el 15 de diciembre volvía a recuperarlo y lo asumía para sí, sin que ya se lo encargara a ningún otro subordinado, como es habitual en cualquier Fiscalía. Salvo que el asunto tenga una especial miga o deba mantenerse en el más estricto secreto.

Pero esta operativa, dentro del Ministerio Fiscal, tampoco es ni tan sencilla ni podía ser tan clandestina como pretendían. Hay que informar a otro órgano distinto, el Consejo Fiscal, de las razones por las cuales a un fiscal se le retira de un asunto previamente asignado, de forma que se pueda controlar así que eso solo ocurre por algún motivo justificado.

Se publicó que en aquellos días se había celebrado una reunión en la Fiscalía General del Estado entre la fiscal general, su mano derecha ejecutora y el fiscal superior de Madrid bajo la mirada de otra amenazante presencia, la del fiscal jefe inspector. Habrían ordenado a Caballero Klink que no avocara el asunto, precisamente, porque entonces se descubriría «el pastel» y tendrían que darle cuenta al Consejo Fiscal.

El caso es que no consta que se sometiera a debate en junta de fiscales la procedencia de cumplir aquellas «sugerencias» ni el cambio de fiscal, pero sí consta que tuvo lugar la avocación.

Tampoco era motivada dicha decisión. Y, como describiré más adelante, esta información se la ocultaron también al Consejo Fiscal hasta después de cerrar las diligencias y, cuando procedieron, lo hicieron sustrayéndole, otra vez, la información esencial. Eso era algo que ya estaban acostumbrados a hacer en todo lo concerniente a mí, a pesar de que en todas sus «sugerencias» la Secretaría Técnica destacaba, como digo, la trascendencia del asunto.

Llegó entonces el momento de quitarse definitivamente la careta y prorrogar las diligencias, trámite que firmó la mismísima Dolores Delgado en persona el 23 de diciembre, a pesar del carácter excepcional de las prórrogas.

Para entonces, la situación había cambiado mucho en otro sentido, porque ya no se me contestaba a mis peticiones de acceso y, tan solo dos días antes, el 21 de diciembre, el mismo fiscal superior que desde el 19 de noviembre lo había autorizado hasta ese momento firmó que, en lo sucesivo, ya no se me diera copia de todo lo que hicieran.

Pasaron las vacaciones navideñas sin que se atendieran mis peticiones de ver en la Fiscalía los papeles que se iban acumulando a las diligencias. El investigador podía estar de vacaciones, pero no estaba la Fiscalía cerrada, cual tienda de ultramarinos. En realidad, sufría algunos de los mismos perjuicios que sufren tantos y tantos justiciables por razones estrictamente burocráticas. Así llegamos al mes de enero del año 2021.

Seguía sin enterarme de nada de lo que concernía a la investigación que se llevaba contra mí, pero seguían publicándose noticias sobre la investigación que yo había contribuido a desarrollar hasta tres meses antes.

El Tribunal Supremo daba portazo a la exposición razonada del magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional al rechazar, sin paliativos, la posibilidad de imputar al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias.

Lo fundamentaba en las mismas razones consignadas en el informe de la Fiscalía del Tribunal Supremo que, a su vez, recogía las mías. Aquellas que había elaborado en mis últimas horas en Anticorrupción, a petición de las más altas esferas del Ministerio Público. Al parecer, ya no convenía airear ese matiz, no fuera a ser que algunos periodistas tacharan a tan altas autoridades judiciales y fiscales de «podemitas».

Al margen de esa anécdota, resultó que ese mismo Juzgado Central contestó el 14 de enero a aquella «sugerencia» de pedir los chats. Lo hacía sacándole los colores al entonces jefe de la Fiscalía Superior de Madrid, ya que le reiteraba lo que ya le había contestado, el 24 de agosto de 2020, a su subordinado:

En precedente diligencia de fecha de 24/8/2020, se aportó a esa Fiscalía testimonio de la información que entonces se disponía (...)

Con posterioridad tuvo lugar la comparecencia del testigo José Manuel Calvente, el día 10 de septiembre de 2020, quien en el curso de la declaración fue interrogado igualmente por las noticias aparecidas en prensa en relación al referido chat, habiendo manifestado entonces su disposición a aportar al juzgado el texto del chat que obraba en su poder, pero sin que fuese requerido posteriormente por el juzgado ni conste en las actuaciones.

En consecuencia y luego de examinadas las presentes diligencias, se ha de hacer constar que no obra en estas el contenido del chat de los servicios jurídicos de Podemos, a que se concierne la investigación seguida por esa Fiscalía, más que las referencias puntuales a las noticias habidas en prensa.

Los altos mandos de la Fiscalía General, lejos de caer en el desaliento, no querían darse por aludidos ante el vergonzante episodio al que estaban llevando a la institución, confiando en que lo hacían en secreto, claro.

Forzaron entonces otra vuelta de tuerca más, recuperando otra «sugerencia» del 2 de diciembre. Tiraron de quien creían más podía «ayudar», así que el fiscal superior requirió a José Manuel Calvente la entrega del chat interno de los servicios jurídicos de Podemos y, en su caso, los que pudiera considerar de interés para la investigación.

Como era de esperar, el requerido filtró a los medios aquella petición, tal y como se publicó el 18 de enero: «La Fiscalía insiste en buscar en los chats de Calvente la relación de Anticorrupción con Podemos. El fiscal jefe de Madrid reclama al excoordinador jurídico de la formación morada, José Manuel Calvente, que aporte los mensajes de los abogados del partido».

Esto al menos me sirvió para enterarme del siniestro movimiento, porque seguían manteniéndome a ciegas. Al leer la noticia, me pregunté qué desesperados investigadores eran aquellos que pedían a un abogado documentos de su equipo jurídico, en los que trataban un asunto judicializado, porque hasta un niño podía saber que formaban parte del secreto profesional.

Al tiempo, invitaban al requerido a aportar lo que él mismo pudiera considerar «de interés» para una investigación que, también por lógica, debía serle secreta a dicho testigo, quien ya había declarado meses antes todo lo que sabía.

A partir de ahí el bochorno me pareció mayúsculo, ante mi cada vez más atónita lectura de noticia tras noticia, sobre todo cuando leí el 18 de enero que el susodicho contestó a la Fiscalía que no tenía nada más que entregar (como ya se desprendía de la primera vez que fue llamado por el primer instructor) a través de aquel mismo periódico que se esforzaba sin éxito en ocultar su fuente:

En su declaración como testigo, según las fuentes consultadas, el excoordinador jurídico de Podemos José Manuel Calvente aludió a los chats en los que los abogados de la formación de Pablo Iglesias comentaban sus impresiones acerca de las reuniones que mantenían con los fiscales y con periodistas. Este es el motivo por el que el fiscal jefe de Madrid ha reclamado los mensajes de Telegram al exabogado, que entregará los mensajes ya conocidos.

Recientemente he leído unas declaraciones del abogado Calvente, quien, ya con el viento en contra, ha dicho exactamente lo contrario de lo que fue divulgando:

Si reconstruyes los hechos de verdad, con la verdad por delante, sin las versiones tergiversadas de los responsables de todo esto, que ahora se esconden, descubrirás que yo nunca decidí implicar al fiscal en ningún expediente, sino que fueran los dirigentes de Podemos. Por eso no es exacto decir que yo impliqué al señor Stampa en su expediente. Yo lamento que el fiscal saliera salpicado por culpa de Podemos.

Tras este revés por el que la Fiscalía conocía que había llegado a una fuente que ya estaba seca y no le iba a dar más de beber, vino otro bochorno más. Pero claro, nadie se percataba.

El 25 de enero, el mismo periódico publicaba: «La Fiscalía rectifica y renuncia a pedirle a Calvente los chats de Podemos».

De nuevo conocía por la prensa lo que pasaba, pero ahora con el detalle añadido de que los investigadores que me ocultaban lo que hacían desde el 2 de diciembre de 2020 y que no contestaban mis múltiples escritos, a pesar de ser yo el investigado, sí le dieron vela a Podemos y a sus abogados cuando protestaron al conocer la petición de aportación de los chats a un abogado del grupo, con claro menosprecio al secreto profesional de los demás. No dejaban de tener cierta razón en cuanto al fondo, pero carecían de cualquier legitimación para opinar sobre lo que se podía hacer o no conmigo en aquella investigación. El cúmulo de disparates continuó.

El día 27 de enero de 2021, uno de los periodistas ofrecidos por la «particular» María Montero al preso Alfonso Pazos para colaborar con la organización del cabecilla Villarejo en «dar jaque mate» al fiscal Stampa, y que desde el inicio de la campaña, en enero de 2020, ya vino agitando el avispero, informaba, bajo el titular «El exfiscal de Villarejo atisba el archivo de la investigación por falta de pruebas», lo siguiente: «Ante la insistencia por obtener esas pruebas, los fiscales llegaron a pedir el chat a la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, por entender que estaban en el sumario de Tándem, si bien la respuesta fue que no las tenían».

De esa manera, divulgaba el resultado de aquella trascendental diligencia que yo seguía sin ni siquiera conocer que se había acordado y anunciaba el archivo de la investigación por esos concretos motivos. Precisamente, uno de los «comunicadores» más próximos al clan, según las conversaciones interceptadas.

Un clan que le habría informado de todo aquello, porque aquel pitoniso «acertaría» de pleno poco después en su pronóstico, así que se acreditaba que las conexiones entre unos y otros eran tan evidentes como indecentes. Se iba cerrando el círculo cada vez más.

Ante semejante espectáculo, mandé el enésimo escrito.

El 29 de enero pedí que llamaran a declarar al señor Calvente y le exigieran la entrega de aquello que sirviera realmente para aclarar las cosas, ya que se investigaba un posible delito, o que se callara para siempre y así se resolviera el misterio de una vez. Pero a mí, a diferencia de a Podemos, ni caso.

Pedía también, otra vez, que me dieran copia de todo lo que me venían ocultando y que terminaran con aquella farsa, describiendo toda la situación de indefensión que estaba padeciendo.

Al final del escrito, de nuevo pedía que cumplieran con el Código Ético del Ministerio Fiscal cuando exige a los fiscales procurar la mayor transparencia en el funcionamiento interno de la Fiscalía y en las actuaciones profesionales, facilitando la difusión de toda información relevante que no sea reservada. Dicho Código Ético fue el aprobado por el Consejo Fiscal aquel día 23 de octubre de 2020, día en que el amigo de «Lola» se acordaba de toda mi familia en su celda, mientras la mano derecha de esta, Álvaro García Ortiz, recibía y leía el segundo borrador de archivo de mi investigación.

Les solicitaba así que, si el asunto era de tanta trascendencia, como no se cansaban de pregonar, tal y como habían anunciado a los medios cuando la investigación se inició, emitieran una nota de prensa diciendo que el fiscal investigado no había cometido infracción alguna.

Todavía quedaba mucho más, aunque no me enteraría tampoco hasta el 24 de febrero.

Intuyendo que no podían tensar más la cuerda, y que iban a proceder de una vez al archivo definitivo de las diligencias, el 15 de enero de 2021 el fiscal superior acordó el desglose, en un procedimiento reglado y foliado como era aquel, de todas las comunicaciones entre la Secretaría Técnica y la Fiscalía Superior de Madrid que se habían unido, acreditativas de las órdenes e instrucciones dictadas por la fiscal general del Estado.

Y se desglosaron, es decir, se quitaron. Inaudito.

Aquella no fue una ilegalidad más (que también), sino una torpeza supina. No solo yo tenía ya aquellas escasas comunicaciones, de entre todas las que debió de haber, sino que, de esa manera, dejaban otro rastro más de que lo que venían haciendo era descaradamente ilícito, llegando hasta el absurdo, porque seguían quedando rastros de aquellas comunicaciones en muchos otros documentos. No eran meras charlas internas, conversaciones, diálogos o chascarrillos burocráticos entre oficinistas. Se indicaba con aquellas «sugerencias» todo el curso, con su contenido y su recorrido, que tenía que tener aquella investigación penal.

En este estado de cosas, el día 23 de enero de 2021 se publicó en el BOE número 20 la Orden JUS/30/2021, de 22 de enero, por la que se convocó proceso selectivo para la designación de Fiscales Europeos Delegados. Dicha convocatoria establecía un plazo de diez días hábiles para presentar la solicitud, contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación, de manera que el ministro de Justicia debía comunicar a la fiscal jefe de la Fiscalía Europea una lista de siete candidatos. Optar a dicho puesto, tras lo ocurrido el 27 de octubre de 2020 y seguir bajo investigación, resultaba una quimera.

Pero hete aquí, de nuevo las casualidades, que inmediatamente después de vencido dicho plazo para concursar, el 16 de febrero de 2021, se dictó un decreto por el que, por tercera y definitiva vez, se acordaba el archivo de las diligencias penales seguidas contra mí.

Esta importante decisión también se filtró a un medio de comunicación de forma indebida e interesada, ya que se publicó a las 20.29 horas del día anterior, 15 de febrero de 2021, cuando ni siquiera se había firmado el decreto por el fiscal superior de Madrid y, casualmente, menos de una hora después del escrito que le había enviado reiterando la procedencia de archivar las actuaciones y acompañando una nueva publicación de «la particular» en que volvía a calumniarme.

De nuevo parecían evidentes las conexiones entre los medios y aquellos de quienes dependió siempre toda la cacería. Por eso creo que, para disimular un poco, el digital que obtuvo esa primicia en exclusiva fue uno que no había colaborado en absoluto con la campaña de desprestigio.

De este cierre de la investigación me enteré subido a mi bicicleta estática al recibir a las 20.42, vía WhatsApp, el enlace con la noticia titulada «La Fiscalía archiva la denuncia de Vox contra el exfiscal del caso Villarejo y rechaza que filtrase información a Podemos».

Me dieron ganas de bajarme y de ponerme a escribir, pero acabé la sesión que tocaba, me duché y comí algo mientras enviaba la novedad «al pensadero». Cuando tuve la idea clara, me senté ante el ordenador en compañía de un nuevo (he perdido la cuenta) ejercicio de paciencia. A las 00.17 horas del ya día 16 de febrero, se lo envié al fiscal superior.

Le decía que otra vez me había enterado por la prensa, esta vez del archivo, por lo que, además de mostrar una poco disimulada y cada vez menor incredulidad por el devenir de los acontecimientos, le exigía la entrega de copia de todo lo que había ocurrido desde que Carlos Ruiz de Alegría puso pie en pared el 9 de diciembre, incluyendo la avocación, la prórroga, las peticiones al juzgado y su respuesta, así como todo lo relacionado con la «broma» (pesada, en cualquier caso) de los chats.

Es decir, una serie de documentos trascendentales que todavía no tenía y que ya había pedido en el mes de enero. También pedía, nuevamente, que aplicaran la transparencia y emitieran una nota de prensa.

Y me atrevía a pedir otra cosa mucho más importante y comprometedora: una copia de todas las órdenes dadas por la fiscal general del Estado en aquel asunto.

En torno a las 09.30 horas de ese día 16, recibí la llamada del fiscal superior:

—Buenos días, Ignacio. Te llamo para comunicarte en persona y, en primer lugar, como interesado, que he acordado el archivo de las diligencias y te lo van a notificar enseguida.

—Buenos días, Jesús. Gracias, pero... ¿no has leído el documento adjunto a un correo que envié esta madrugada? Tengo el acuse de su recepción.

—Ah..., bueno..., sí, sí lo he leído...

—Entonces sabrás que no he sido el primero en enterarme. Un medio lo publicó ayer por la tarde.

—Sí, pero bueno, yo lo he firmado ahora, verás cuando te notifique que yo lo acabo de firmar.

Aunque hasta las 14.27 no recibí la notificación oficial del documento, sí aparecía firmado digitalmente por él a las 09.08.52 horas del día 16 de febrero de 2021.

—Ya, jefe, si yo no tengo duda de lo que está pasando, pero ha habido una evidente filtración y tengo claro que no has sido tú.

—Ignacio, yo te pediría que no entraras en deducciones que no llevan a buen sitio... En cualquier caso, yo ya he terminado, he dictado el archivo y ya no tengo que hacer nada más...

—Perdona, creo que sí. Te he pedido por escrito copia de todo.

—Ah..., ehh..., ummm, bueno..., ¿copia?...

—Sí, de todo. Es más. He pedido que hagáis una nota de prensa, como la que hicisteis el 10 de julio anunciando que se abría la investigación. Supongo que la Fiscalía querrá decirles a los ciudadanos que al fiscal se le investigó a fondo, pero se ha visto que no hizo nada incorrecto... ¿Por qué no la emites, como emitiste la de julio?

—Ignacio, eso tampoco es una decisión mía.

La siguiente sorpresa fue que, tras aquella conversación, el fiscal superior firmó una nueva resolución. Me la notificaron a las 12.43 del día siguiente y por ella decidía «no acceder a lo solicitado, y estese a lo acordado en el Decreto de archivo de 16 de febrero de 2021».

No me lo podía creer. ¡No accedían a darme copia de nada!

Lo digo en plural porque, aunque él lo firmara, siempre he pensado que Jesús Caballero era un buen hombre, aunque estuviera mostrando otras facetas, y que él no tomaba ninguna decisión en todo aquel embrollo, quizá pendiente de una inminente renovación en el cargo que dependía directamente de Dolores Delgado.

En aquel momento yo no lo sabía, claro, pero esa resolución contenía otro gazapo, trampa o falsedad, según como se quiera interpretar, al justificar la denegación en esto:

Dado que con esta misma fecha se ha procedido a dictar Decreto de archivo de las presentes Diligencias de Investigación, Decreto que figura oportunamente comunicado al denunciado, no existiendo ningún otro documento posterior a la nota de constancia de fecha 3 de febrero de 2021, emitida con motivo de acceso del Sr. Stampa a las mismas para su examen visual.

Ya era suficientemente grave que al investigado se le denegara la entrega de copia de la investigación y, además, que se hiciera sin motivar en absoluto por la misma autoridad que sí le había dado copia hasta que en la Fiscalía General se enteraron de que sabía demasiado.

Pero lo que decía ese papel contenía un exceso, porque sí había documentos posteriores al 3 de febrero, como veremos. Y más que problemáticos, pero no para el investigado. De nuevo, el abuso en el ejercicio de la superioridad institucional, amparado en las tinieblas del alto secreto, se pretendía imponer sobre el enclenque fiscal.

Me obligaban a un enfrentamiento interminable. Si consentía aquella decisión, estaría arrodillándome ante su despotismo y yendo en contra de mis propios actos, y de mis principios, así que no tuve más remedio que recurrir. Pero hasta en eso se retrataron todos, porque el recurso que cabía en vía administrativa era el de alzada ante su superior jerárquico, es decir, la fiscal general Dolores Delgado.

Lo interpuse el día 18. El día 22 me comunicaron que lo habían enviado a la Inspección Fiscal. El día 24 rectificaron y decidieron acceder a entregarme copia de todo, por lo que desistí del recurso.

Cuando me entregaron copia de lo poco que allí tenían, comprobé que faltaban todavía algunas de mis peticiones. Ni más ni menos que las órdenes de la fiscal general para que, entre otros muchos trámites, no se cerrara la investigación cuando sus subordinados se lo solicitaron repetidamente en octubre.

Así que insistí y me lo denegaron porque obraban «en un expediente gubernativo de dación de cuenta incoado de forma independiente».

Eso indicaba claramente que no me daban copia de las órdenes dadas en un expediente porque estas estaban contenidas en otro. Volví a recurrir y esta vez ya tenía menos misterio el asunto porque fue Dolores Delgado la que, al resolver la alzada (como su superior jerárquica), me denegó, con la desestimación del recurso, la entrega de lo que ella misma había ordenado (sin que quedara constancia) que se me ocultara. Una auténtica burla (para la que tampoco se abstuvo), pero un trámite obligatorio para ir a los tribunales. Y la demostración de que no me iba a dar por vencido.

Cuando el 24 de febrero me dieron por fin copia de lo que habían decidido unir y no quitar hasta ese momento, comprobé que, a diferencia de los anteriores Decretos de archivo del 5 y del 23 de octubre de 2020, este último Decreto del 16 de febrero que me habían notificado ya no parecía haber sido elevado a la Fiscalía General para su aprobación. De ahí se deducía que ya contaba con la conformidad de la superioridad y que los borradores que, a buen seguro, habría antes del mismo, no los incluyeron en el procedimiento. Estaban algo escarmentados, pero seguían ocultando información, solo que de forma más torticera aún.

Lo que también se demostraba era algo trascendental. Estuvieron mareando la perdiz durante cuatro meses, dilatando la investigación artificiosamente, sin practicar ni incorporar ni una sola diligencia nueva o distinta a las que ya tenían desde el «borrador» del 23 de octubre.

Precisamente por eso no debería haber razón alguna para alterar los contundentes fundamentos de los intentos de archivo anteriores. Pero sí los modificaron. Y tanto.

Alguien no se conformaba, y había que dejar una sombra de sospecha al «no haberse podido obtener» en la investigación una determinada documentación, los chats, dándolos por existentes aun cuando no hubiera dato alguno que corroborase objetivamente dicha existencia, sino al contrario. O sea, lo que había anticipado, exactamente, aquel periodista en su publicación del 27 de enero.

¿De qué fuente bebían entonces los que publicaban que era yo el que filtraba información secreta o reservada? De mis verdugos.

Solo a través del pleito que me vi obligado a interponer ante la jurisdicción contencioso-administrativa por aquellos desmanes, contra aquella fiscal general y sus leales ejecutores, obtendría algo más de conocimiento de lo que me hicieron.

De esta forma, hasta diciembre de 2021 no supe que sí que hubo más «borradores». Y, solo gracias a haberme atrevido a demandarlos en los tribunales, obtuve una serie de documentos que se emitían con la numeración de las Diligencias de Investigación 32/2020 seguidas contra mí en la Fiscalía Superior, pero que, en lugar de quedar unidas a ese asunto, los incorporaban a otro expediente para mí desconocido, con numeración de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, controlado por Álvaro García Ortiz, y, siempre, a espaldas del investigado: yo.

Las trampas que hicieron vulnerando mis garantías más elementales para disfrazar la realidad en mi perjuicio llegarían a límites francamente deplorables. Veamos.

Se trataba de dos decretos de archivo dictados por el fiscal superior de Madrid los días 1 y 4 de febrero de 2021 y de dos correos electrónicos, enviados por este los días 2 y 4 de febrero de 2021 a Álvaro García Ortiz, adjuntando tales decretos de archivo.

La primera diferencia que estos decretos de febrero de 2021 tenían con los del mes de octubre de 2020 era que no indicaban que fueran borradores, aunque de facto lo eran, porque no estaban firmados, y el que a la postre se me notificó sería otro distinto del día 16 de febrero.

Obviamente, nada había cambiado con la avocación del asunto, así que continuaba la obligación de dación de cuenta y, con ella, la imposibilidad de cierre mientras no lo aprobase la fiscal general, si bien habían afinado un poco el método.

El cúmulo de manipulaciones de su contenido me parecía grosero, ostentoso, escandaloso y arbitrario. Como todo. Pero claro, lo hacían bajo el más alto secreto «institucional».

En el del día 1 de febrero, Jesús Caballero Klink seguía incluyendo los contundentes fundamentos con los que me había exonerado de toda responsabilidad en los hechos y también alababa mi trabajo en el procedimiento Tándem. Era, en ese aspecto, acorde con la realidad y coherente con lo que había dictado él mismo hasta entonces. Hasta ahí. Luego había que leerlo con detenimiento para detectar unos cambios que, sutilmente, adulteraban la realidad de los acontecimientos de manera radical.

Primero, señalaba que la documentación remitida por el Juzgado no se correspondía con lo solicitado y no incorporaba los referidos chats. Eso era absolutamente falso.

Se había pedido tan correctamente que el juzgado contestó la segunda vez con aquel «como ya le dije en agosto..., no hay chats, sino noticias». Quedaban dos opciones alternativas para no pensar tan mal: que no entendieran obviedades o que no se hubieran leído los papeles, posibilidades a cada cual más grave.

Eso era, sin más, plasmar por escrito la excusa para justificar la reiteración de la petición y la prórroga, porque volvieron a pedir lo que ya había solicitado correctamente el primer instructor, Carlos Ruiz de Alegría. Y no se incorporaban los chats, sino solo noticias de prensa, porque no había chats y nunca los hubo, pero lo escriben como si los hubiera habido.

A estas alturas, mi convencimiento sobre la existencia de personas malvadas me ha llevado a la incredulidad sobre por qué no los fabricaron, como cualquier otra cosa.

En segundo lugar, intentaron disimular la arbitrariedad consistente en perseguirme solo a mí, excluyendo a Miguel Serrano, como una burda coartada para ocultar la persecución evidente contra un solo fiscal, mediante prácticas ilícitas.

Aquí sería la propia Abogacía del Estado la que los dejaría con los pantalones bajados, ya que, actuando en defensa de la propia fiscal general, en su contestación a mi primera demanda, reconoció por dos veces, y de forma explícita, que «los mismos hechos se denunciaron contra dos fiscales anticorrupción aforados ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid».

Este decreto, como digo, se envió por correo electrónico al día siguiente, bajo el asunto «Dación cuenta», con el archivo adjunto denominado «DECRETO FEBRERO 2021», reconociendo que en el juzgado solo había alusiones al chat.

Sin dejar de destacar que ese oficio remitía a la misma contestación de 24 de agosto de 2020, lo que resulta importante resaltar ahora es que no había ni rastro de respuesta escrita o verbal alguna a ese correo, remitido a las 13.22 horas del día 2 de febrero de 2021 por el fiscal superior de Madrid a la cuenta corporativa personal del destinatario, Álvaro García Ortiz.

Eso era otra novedad, porque, hasta lo que yo pude saber a trancas y barrancas, se mandaba todo al correo oficial de la Secretaría Técnica, no al de su jefe.

Analizada la documentación, comprobé que se incumplía otra regla más: la que impone que, sin perjuicio de la remisión de escritos mediante el fax o el correo electrónico (como una solicitud de prórroga urgente), se debe proceder a su ulterior remisión por correo ordinario.

Sin respuesta documentada alguna, apareció un nuevo decreto de archivo. Otro borrador: el cuarto.

Este nuevo Decreto del día 4 de febrero de 2021 constituía ya una adulteración notoria sobre lo investigado y decidido por la Fiscalía Superior de Madrid y, con ello, de la misma realidad.

Se suprimía de él, sin el menor recato, toda la fundamentación de archivo con la que venían incidiendo los dos fiscales, Ruiz de Alegría y Caballero, en desacreditar la tesis incriminatoria de los denunciantes. En concreto, se eliminó toda referencia a mis múltiples escritos de alegaciones con sus documentos adjuntos; soslayaba también lo que habían declarado todos los testigos, favorables sin excepción, como si no hubieran ocurrido, y llegaba al extremo de suprimir el párrafo que explicaba que de las cuarenta y cuatro peticiones de Unidas Podemos, la Fiscalía únicamente los apoyó en tres.

Para rematar, cambiaban el resultado de toda la investigación, como había adivinado aquel comunicador con dotes de vidente.

Así, la conclusión

Del resultado de la actividad investigadora desplegada en las presentes diligencias de investigación y las consideraciones que hemos desarrollado a lo largo del informe, no cabe apreciar huella alguna de indicios ni tan siquiera de sospechas que avalaran la pretensión de los denunciantes,

la cambiaron por:

Del resultado de la actividad investigadora desplegada en las presentes diligencias de investigación y las consideraciones que hemos desarrollado a lo largo del informe, no cabe apreciar indicios que avalen la pretensión de los denunciantes.

Este documento también lo remitió personalmente el fiscal superior Jesús Caballero Klink a la cuenta corporativa personal de Álvaro García Ortiz por correo electrónico a las 19.35 horas del día 4 de febrero de 2021, como archivo adjunto y denominación «DECRETO FINAL», en el que le dice: «Buenas tardes, Álvaro. Te adjunto el decreto que he elaborado. Creo que es más concreto y preciso. Muchas gracias y un abrazo».

Quien escribe estas líneas deduce que, al menos Álvaro García Ortiz, le indicó al redactor del documento la necesidad o conveniencia de que el borrador del 1 de febrero fuera «más concreto y preciso». Más concreto sí era, porque sumaba unos cuantos folios menos. Más preciso, desde luego no. Antes, al contrario. No lo era ni en los hechos, ni en la fundamentación, ni en su conclusión.

Lo peor era que su redactor agradecía cariñosa y efusivamente tales indicaciones y que, una vez más, no dejaron constancia escrita del por qué, ni por quién, se ordenaba darle semejante tramitación y resolución al asunto.

En una vuelta de tuerca final más el anterior no sería, tampoco, el decreto de archivo «FINAL», porque introducirían un último párrafo para enviar todo a la Inspección Fiscal para que esta valorase la existencia de algún otro tipo de infracción.

Tal y como habían anunciado el 26 de junio con aquella nota de prensa, sí habían abierto otro expediente en vía administrativa interna, previa a la disciplinaria. Esta tramitación se encontraba suspendida en la Inspección Fiscal mientras se resolvía la vía penal (como también informaron en la nota del 10 de julio). Pero era obvio que no necesitaban doce días para descubrirlo ni para decidirlo. Salvo que, con ese preciso lapso de tiempo, venciera el plazo para la presentación de las candidaturas a la Fiscalía Europea.

Como digo, si no hubiera tomado la difícil decisión de interponer varias demandas en vía judicial contra los máximos jefes del Ministerio Fiscal y de mi carrera profesional, quienes, en mi opinión, basada en los documentos a que sí he podido tener acceso, organizaron y ejecutaron este atentado jurídico y ético, no habría conocido la pequeña parte de todo lo que debió ocurrir. De hecho, sigo sin conocerlo, porque se me sigue negando, empecinadamente, el acceso a información que es tan esencial como evidente: las órdenes de Dolores Delgado para que todo se desarrollara de aquella forma.

El propio Álvaro García Ortiz emitió un documento para que la Abogacía del Estado lo hiciera llegar al tribunal, en el que negaba expresamente la intervención de Dolores Delgado. Pero claro, la realidad es muy tozuda y, aunque a veces el proceso es demasiado largo y tortuoso, finalmente se impone.

Volvamos a aquel cisma que se creó en la Fiscalía General el día 3 de diciembre de 2020, cuando se enteraron de que los fiscales que me investigaban me habían dado copia de todo lo que tenían unido a las diligencias y, en particular, de aquel oficio de «sugerencias» del día anterior.

El documento que analizo a continuación lo conseguí de la misma forma, pleiteando en los tribunales. Era otro papel sobre la investigación penal que habían llevado contra mí, de forma clandestina y paralela, en el máximo secreto, con la numeración de las diligencias de investigación 32/2020, pero fuera de estas, y metido en un expediente del departamento de Álvaro García Ortiz.

Quizá llevados por las prisas y por la misma suficiencia con la que hacían todas sus triquiñuelas, ante el inminente riesgo de recibir una sentencia que les sacara demasiado los colores, accedí a algo que estoy seguro de que no querían que viera. Porque ahora, la amiga del preso Villarejo, «Lola», y fiscal general del Estado, aparecía de forma cristalina.

Recordemos que el 3 de diciembre la Fiscalía Superior que me investigaba me envió aquel papel, firmado el día anterior, por el que la fiscal general, a través de García Ortiz, «sugería» volver a empezar y prorrogar el asunto.

Y también me había llegado otro papel, esa misma noche, por el que se me instaba a abstenerme de hacer difusión alguna de la documentación que me fue suministrada, en virtud de mi derecho de acceso a unas diligencias de investigación que versaban sobre mí. Esto es, sobre datos que conocía como ciudadano investigado y no como consecuencia de los asuntos reservados que conociera por razón de mi cargo.

Pues bien. Resultó que el fiscal superior de Madrid tuvo que hacer un informe, enviado por correo electrónico a las 15.36 horas del día 4 de diciembre de 2020, cuyo destinatario se identificaba como «Excma. Sra. Fiscal General del Estado», que tiene por encabezamiento «Excma. Sra.:», y que comienza con un «En atención a lo solicitado, tengo el honor de informar a V.E…».

En dicho documento, emitido obviamente a requerimiento urgente suyo, verbal o escrito, que no consta documentado y que, en cualquier caso, se oculta, se le informa:

— de que me habían hecho entrega de las comunicaciones que había habido hasta aquel momento entre la Secretaría Técnica y la Fiscalía Superior de Madrid en cumplimiento de mis derechos y garantías procesales como investigado.

— de que habían cumplido el encargo de decirme que permaneciera en silencio, enviándome aquel documento de 3 de diciembre, instándome a no hacer uso de lo que sabía ni a difundirlo.

— y de que todavía no habían decidido qué hacer con las nuevas «sugerencias».

Todo ello acreditaría que Dolores Delgado siempre conoció y dirigió, en tiempo real, aquella investigación arbitraria y furtiva, ideando una tramitación y buscando un resultado que me causaran el mayor perjuicio posible de manera que, a pesar de la condición de investigado, no me enterase y, cuando me enteré, urgiendo a sus subordinados hasta «asegurarse» de que nada de ello fuera conocido por nadie más.

Olvidando el matiz de que yo no era el fiscal investigador, sino que era un particular investigado, cuya profesión era la de ser fiscal.

Cuando algo de todo esto se fue conociendo a partir de noviembre de 2021, los responsables de aquellas maquinaciones se defendieron diciendo que lo que se lanzaba era «un halo de sospecha sobre la actuación de la Fiscalía». Esto no fue más que un pretexto para su exoneración, amparada en amplios altavoces utilizados desde la cúspide de la institución.

Pero lo triste era que esa frase acreditaba el uso y el abuso de una alta posición institucional en la creación de una deliberada y constante confusión: «la Fiscalía».

El Ministerio Fiscal español («la Fiscalía») y el conjunto de los funcionarios honestos y leales que lo conforman (casi 2.800 fiscales) y que actúan en aras del interés general, no se pueden confundir con algunos de sus dirigentes, con la actuación de estos, ni con el interés de su general.

17. Transparencia

El deber de actuar con transparencia es una exigencia reiterada a lo largo de todo el ordenamiento jurídico que inspira, y regula, la actuación de la administración pública en general y del Ministerio Fiscal en particular. También fue, casualmente, uno de los pilares sobre los que Dolores Delgado proclamó asentar su mandato al frente de la Fiscalía General del Estado.

Las muestras de ello fueron infinitas, pero a mí me parecía que lo que se propugnaba hacia fuera era justo lo contrario de lo que, al mismo tiempo, se hacía por dentro. Al menos, en lo que a mí respecta.

No había acto en el que ella interviniese que no se publicara, ya fuera una visita, una entrevista, una comparecencia o la inauguración de un curso. Todo orientado a proyectar una imagen.

No obstante, a veces desarrollaba algunas actividades que no difundía el gabinete de prensa y que, por deducción, no debían ayudar mucho a la imagen que pretendía proyectar.

Fue lo que ocurrió el 3 de marzo de 2021, día en que, casualidad otra vez, el comisario jubilado Villarejo Pérez fue puesto en libertad.

Un avieso reportero sorprendió a Dolores Delgado saliendo con su segundo, Álvaro García Ortiz, de un inmueble propiedad de Baltasar Garzón, según se publicó y ella reconoció posteriormente. Miraban ambos hacia el suelo, sin querer contestar a las incómodas preguntas del informador. Habían estado reunidos en ese lugar con dos destacados representantes de uno de los medios de comunicación digital más beligerantes en la campaña orquestada contra mí.

A pesar de ese pilar de transparencia y de mi solicitud expresa y reiterada, no se difundió ninguna nota de prensa, ni en febrero de 2021 ni en momento posterior alguno, informando a la opinión pública del archivo de las diligencias de investigación que me afectaron, ni de la ausencia de prueba de delito alguno en mi actuación. No se trataba ya del restablecimiento de la imagen y del mayor o menor prestigio de un profesional, tan manchados, sino de los de la Fiscalía Anticorrupción y del Ministerio Fiscal español, si tanta «gravedad y trascendencia» tuvo el asunto, como se consignaba en las sugerencias de la Secretaría Técnica y mostraron las notas de prensa emitidas los días 26 de junio, 10 de julio y 27 de octubre de 2020.

Yo pensaba que, cuando tienes que pasar el mal trago de investigar a un miembro de tu colectivo y los investigadores llegan a la conclusión, tras haberlo investigado de forma tan profunda como exquisita, de que su comportamiento no ha sido solo plenamente correcto, sino impoluto y ejemplar, lo que se hace es dar a conocer que «estaba limpio».

Pero no se trata exclusivamente de que lo pensara yo, ni se trata de un deseo imaginario. Lo recomienda el Derecho de la Unión Europea y, además, indica quién debe hacerlo:

Cuando un/una fiscal individual sea objeto de un ataque injusto a través de los medios de comunicación, se le confiere el derecho a obtener que se rectifique la información impugnada o a otros recursos legales de acuerdo con el derecho nacional (…) la reacción debe provenir preferentemente del máximo responsable de la Fiscalía o de un portavoz de esta y, en casos importantes, del o de la Fiscal General.

Lamentablemente, aquí se había hecho lo contrario.

Se acabó fingiendo que ese fiscal estaba lo suficientemente sucio como para justificar que habían hecho lo correcto, sacándolo a patadas de Anticorrupción y tratando de que nadie se enterase de los métodos de investigación empleados.

Supongo, por ello, que los lamentos en la calle de Fortuny, 4, sede de la Fiscalía General del Estado, serían comparables a los de su jaleada «particular», ahora igualmente retratada, quien gimoteaba al teléfono viendo cómo su trabajo «periodístico» quedaba en el inodoro cuando Luis Navajas se retractó de sus exabruptos proferidos contra mí.

En mi caso, poco equilibrio y garantía del derecho fundamental a la presunción de inocencia o a la libertad de prensa pudo haber si no se informó del resultado de las diligencias. Y nula imparcialidad había si quien dirigía la investigación tenía interés personal en el asunto.

Una de las muchas oportunidades que me ha brindado el caso Tándem, y que más me ha enriquecido, ha sido la de tener el profundo orgullo de haber trabajado con la Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía comandada por Francisco Migueláñez y comprobar que no actuaba así con los suyos ni de lejos.

Esto también lo corroboró en el juicio el inspector jefe que lidera toda la labor policial desde el inicio, Gonzalo Fraga, al declarar sobre el momento en que su superior le ordenó investigar a los comisarios Villarejo y Salamanca antes de venir a verme por primera vez: «Investiga con los mismos criterios que cualquier otro asunto: objetividad, rigor y no equivocarse con un compañero, ¿no?».

En cambio, las equivocaciones de los fiscales conmigo, por decirlo de alguna manera, todavía continuarían.

Tras la demanda que interpuse para que me entregaran las órdenes de la fiscal general del Estado, descubrí que aquel expediente gubernativo independiente en el que se contenían, según el fiscal superior Jesús Caballero, resultaría ser uno llamado «de dación de cuenta» que abrieron bien entrado el año 2021. Vamos, como si se les hubiera ocurrido empezar a dar cuenta de todo aquello a punto de acabar la investigación y no llevaran dando cuenta desde su inicio, seis meses antes.

Ahí fue donde aparecieron no solo los siniestros borradores y correos de febrero del 2021, sino también el informe del 4 de diciembre de 2020 por el que se daba cuenta directa a la fiscal general de las razones por las cuales, legalmente, yo tenía tantos papeles que la descubrían.

Y el expediente era tan poco «independiente» que no es que se incluyeran copias, sino que había en él documentos que pertenecían a las diligencias de investigación y solo estaban allí. Lo relevante era, realmente, que el receptor de las órdenes confirmaba que existían.

Pero ese mal llamado expediente de dación de cuenta, que Álvaro García Ortiz accedió a que se me entregara antes de que la jurisdicción contenciosa les apretase demasiado, también seguía incompleto, porque no contenía las órdenes de la fiscal general, ni las propias indicaciones de aquel a Caballero para modificar los borradores de febrero de 2021.

Es más, un año después, el 7 de febrero de 2022, Álvaro García Ortiz le diría por escrito al tribunal que «no hay en el expediente instrucciones u órdenes dictadas por la Excma. Fiscal General del Estado solicitadas, puesto que estas no existieron».

Las consecuencias de esta manifestación son extraordinariamente graves e implicarían que entonces las órdenes eran de él mismo y que el fiscal superior habría obedecido meras «sugerencias», de quien no debía, en una investigación penal. Todo ello, claro está, salvo que se faltase a la verdad al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y por escrito, en un procedimiento judicial. El tiempo (y los pleitos) lo desvelará.

Pero volvamos ya al momento temporal en que nos habíamos quedado.

Cuando me dieron aquellos papeles (siempre incompletos), el pleito terminó. El Tribunal de lo Contencioso-Administrativo consideró que ya me habían dado todo lo que había cuando la realidad era que solo me habían dado lo que habían dejado por escrito, desconociéndose si era todo.

Eso sí, condenó en costas a la fiscal general del Estado, a pesar de que no aparecía en todo el pleito, por su mala fe. Mil euros cuyo abono conseguí a través de una nueva acción judicial y que, si bien se imponen a Dolores Delgado, no pagan ni ella ni su sucesor, Álvaro García Ortiz, sino todos los españoles.

Aunque ya he ido describiendo algunos ejemplos del concepto de la transparencia que tenían (y tienen) Dolores Delgado y su entonces segundo y mano derecha, el 25 de febrero de 2021 caí en la cuenta de otro detalle. Vi que el quinto punto del orden del día del Consejo Fiscal que se celebraba al día siguiente era «EG 612/2020. Avocación Fiscalía Comunidad de Madrid».

Hice una consulta y me confirmaron que, efectivamente, llevaban al Consejo aquella avocación del 15 de diciembre de 2020 por la que Caballero Klink le retiraba el asunto a Ruiz de Alegría y lo asumía personalmente.

La motivaba en la «enorme repercusión mediática» del asunto y en que la Secretaría Técnica «les trasladó la observación de que el juzgado no había remitido lo solicitado» (los chats) por Ruiz de Alegría y este se negaba a repetir la solicitud de dicha diligencia por considerarla innecesaria. También añadía algo que no era cierto: «Sin que se hayan justificado las razones por las que ya no se considera necesario» (sí, estaban consignadas en aquel papel del 9 de diciembre).

Eso demostraba que esperaron a que el tema se cerrase para que lo más grave pasara desapercibido porque, aunque Caballero les envió el decreto de avocación el mismo día 15 de diciembre «para que el Consejo Fiscal preste su parecer… para dar cumplimiento a dicha exigencia estatutaria», se celebraron dos Consejos Fiscales entre ese momento y el archivo, en los que no informaron.

No obstante, habría resultado bastante incómodo hacerlo en cualquiera de ellos, teniendo en cuenta que en la sesión del pleno del 17 de diciembre de 2020 se contó con la visita del ministro de Justicia, y la sesión del día siguiente concluyó con la aprobación del Comité de Ética Fiscal, tras la publicación del código deontológico y como consecuencia del mismo, siguiendo con ello las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO).

Hubo otro después, el 22 de diciembre, con el fin de llevar a cabo la propuesta de nombramiento del nuevo teniente fiscal del Tribunal Supremo.

También supe que la información que les habían entregado a los vocales para ilustrarse de la avocación era absolutamente insuficiente, porque (siguiendo con el plan) ocultaba las verdaderas razones de aquel cambio. De hecho, ocultaban los dos documentos que daban justificación a ese punto del orden del día: el informe del 9 de diciembre por el que un fiscal digno se plantó y la respuesta del juzgado respecto de los chats solicitados (recordemos que el propio Caballero Klink había suscrito, por dos veces, el cierre de la investigación con esa respuesta del juzgado).

No digamos el resto de los papeles que llevaban en expedientes paralelos y que mantenían secretos, como si de las claves de un arma nuclear se tratase. Ni rastro. En cuanto me enteré la misma noche previa a la celebración de la reunión, se lo advertí a los vocales de la Asociación de Fiscales mediante otro escrito.

El jefe de la Inspección Fiscal recibió también otro papel mío en el que le pedía, expresamente, que se informara de todos los pormenores de la avocación al pleno del máximo órgano de representación de la carrera fiscal. Pero la Fiscalía General se negó a facilitar dicha información al considerar que se trataba de unas diligencias «reservadas». ¡Y eso que el afectado estaba pidiendo expresamente que lo contaran todo!

Entonces, ¿para qué llevaron el tema al Consejo?

La fiscal general y quienes la dotaban de cobertura volvían a cumplir de manera fraudulenta con el trámite, pero los vocales no pudieron realizar el control previsto estatutariamente porque no se enteraron absolutamente de nada de la enésima manipulación institucional en lo que a mí respecta.

Todavía no las tenía todas conmigo en aquel momento, ya que podía quedar vivo algo más.

El fiscal superior de Madrid había enviado a la Inspección toda aquella investigación descartando mi responsabilidad penal, por si todavía era una infracción disciplinaria.

¿Y aquella investigación interna que el 26 de junio de 2020 anunciaron a bombo y platillo para volver a mirar si había cometido alguna infracción?

Efectivamente, existía. Otro expediente oculto más. Así que no era cierto que estuviera archivado, como le dijo el inspector a todo el Consejo Fiscal el 27 de octubre.

Se había incoado el 30 de junio de 2020 lo que se denomina una «información previa» a un expediente disciplinario. Consiste en hacer unas comprobaciones antes de decidir si se esteriliza el bisturí o no por si hay que utilizarlo. Mis sospechas estaban fundadas en sus propias notas de prensa, así que durante el año 2021 les solicité varias veces que me informaran de cualquier tipo de expediente abierto contra mí. No contestaron.

De su existencia tuve por fin conocimiento el 22 de marzo de 2021, cuando el fiscal jefe inspector me notificó su archivo por carecer de entidad disciplinaria los hechos investigados. No practicó ni una sola diligencia desde que lo abrió.

¿Tanto habían organizado Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz buscándome delitos por unos actos que ni siquiera merecían reproche administrativo?

Con otra «pequeña» diferencia: dicho expediente se había incoado formalmente para la investigación de la actuación de dos fiscales Anticorrupción. Sobra decir que tampoco se emitió nota de prensa alguna para informar de su resultado tras la emitida por la Fiscalía General del Estado anunciando su apertura.

En teoría, todos los frentes abiertos contra mí quedaban ya cerrados.

Pero no me fiaba. Al revés, podía confiar en que hubiera algo más (lamentablemente, eso de «piensa mal y acertarás»), ya que la estadística conmigo me había demostrado que siempre trabajaban en secreto. Mientras esperaba nuevas embestidas, me puse a pensar con más calma si lo iba a dejar pasar o haría algo.

La primera opción era la más práctica. Pasar página, cerrando una etapa que me permitiera saborear una paz profesional y personal que no había tenido desde abril del año 2017. Eso exigía olvidarme de todo lo que me habían hecho y meter los papeles en un cajón. Pero no era capaz. En mi cabeza no cabía silenciar lo ocurrido. No eran solo Ignacio, su mujer, su madre, sus hijos, sus hermanos, sus amigos y su ángel de la guarda, que tanto cuidaron de él, los que habían sufrido. También había un fiscal al que le resultaba inconcebible que se pudiera actuar así, con tanta vileza y tan impunemente, por muy altas que fueran las autoridades responsables, porque se lo podrían volver a hacer a cualquier otro fiscal. Y a cualquier investigado.

Sus armas eran precisamente mi ignorancia al atacarme y mi silencio al enterarme. Su mejor defensa, un buen ataque. Descubrí que las dificultades no habían formado mi carácter, sino que lo habían revelado. Y actué.

El primer pasito tenía que ser a nivel interno.

La carrera fiscal debía saberlo todo, porque mi imagen estaba destrozada y el papel de la Fiscalía Anticorrupción, manchado (sin que nadie más pareciese preocuparse porque quedara limpio), además, en uno de sus casos más paradigmáticos. No se le podía ocultar quién gobernaba el Ministerio Fiscal tanto de vistas para afuera como desde las sombras.

Decidí entonces escribir una carta a mis antiguos compañeros de la Asociación de Fiscales y se la envié el 25 de marzo de 2021.

La verdad es que mi vida asociativa había transcurrido entre los años 2005 y 2020 de congreso en congreso. No fui a todos, y en el que mejor me lo pasé, a modo de premonitoria despedida, fue en el último al que acudí, el de Bilbao, celebrado en noviembre de 2019.

Los otros momentos en los que había tenido contacto con dicho colectivo fue al ver la lista de sus candidatos en cada una de las elecciones al Consejo Fiscal, al conocer sus votos cuando concursaba a las plazas discrecionales en la Fiscalía Anticorrupción, y con relación a los acontecimientos que han dado lugar a la escritura de estas líneas, todos ellos ya narrados en páginas anteriores.

Presenté mi petición de baja en la asociación al día siguiente del último concurso, aunque había pensado en hacerlo unos meses antes, pero Miguel Serrano me disuadió. Estábamos haciendo enormes avances en la pieza siete, la de la llamada operación Kitchen, que involucraba al partido en el anterior Gobierno del país, y consideró, con su habitual vista larga, que mi posición se seguiría considerando imparcial y, sobre todo, independiente, si me mantenía afiliado a aquella asociación, tradicionalmente considerada de corte conservador.

Con el mismo buen criterio, quitarme su camiseta podía verse como si me pusiera la de Dolores Delgado, lo que también se valoraría con recelo en mi interina situación al estar pendiente de obtener una plaza en propiedad cuya adjudicación dependía de ella.

A la ejecutiva de la Asociación de Fiscales le había escrito un mes antes, como ya he relatado, para advertir a sus vocales en el Consejo Fiscal de la emboscada que les tenían preparada para aquel pleno del 26 de febrero al ocultar las verdaderas razones de la avocación de mi investigación. Sus cinco representantes en el Consejo eran los únicos que podían hacer un adecuado uso de la información, resultando imposible confiar en los vocales de la Unión Progresista de Fiscales, afines a Dolores Delgado y a Álvaro García Ortiz.

Ahora les volvía a escribir porque tenía en mi poder mucha información, incluso contaba ya con parte del acta de la sesión del pleno del 27 de octubre de 2020, aquel en el que se pronunciaron tan injusta y duramente contra mí y contra mi compañero Miguel Serrano para dejarme fuera con tanta crueldad, confundidos, al parecer, por los medios de comunicación y por esa falta de conocimiento.

La carta la dirigí a todos los asociados, pero nunca supe si desde la secretaría de la asociación se la reenviaron. Tampoco tuve nunca la menor respuesta de su comisión ejecutiva. Comenzaba así:

Estimados miembros de la ASOCIACIÓN DE FISCALES:

Me dirijo a vosotros a título exclusivamente individual y como Fiscal que perteneció a la AF durante más de dieciséis años para comunicar a la Asociación mayoritaria de la carrera con cinco Vocales electos en el máximo órgano de representación de los Fiscales de España una serie de hechos que he conocido recientemente.

Y os los transmito como siempre, a través de los mecanismos que me brinda el Estado de Derecho del que formo parte, acudiendo a quienes, desde la Asociación y el Consejo Fiscal, pueden y deben velar por los derechos de los ciudadanos, los derechos colectivos de los Fiscales, el respeto a la ley y el prestigio de la Institución.

Como el objetivo era solo el de informar, sin el menor reproche, puse especial interés en dejar muy claras las intenciones de la misiva:

No importa que el criterio expuesto en el ejercicio de vuestras responsabilidades no cambiase.

Vivimos en el aquí y en el ahora, y en este momento concurren otras circunstancias que permiten informaros de ello y sin ningún otro ánimo. No es mi interés el que defiendo, sino el de los que llegamos a anteponer la vocación de servicio público a todo lo demás.

Tras describir resumidamente los hechos y las múltiples irregularidades advertidas hasta ese momento, que eran solo la punta del iceberg (como en tantas cosas), me despedía recordándoles la enorme importancia de velar por la imagen del Ministerio Fiscal y de trasladar a la ciudadanía, si queremos esperar que confíe en nosotros, nuestra labor con total claridad:

Es notorio que no se ha comunicado a toda la opinión pública el archivo de ninguno de los múltiples procedimientos que se han incoado, ni lo que aquí se menciona ni el resultado de lo practicado sobre el fondo del asunto investigado, a pesar de la alarma social creada respecto de la actuación de dos miembros de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en el despacho de un procedimiento judicial singular, que no cesaron nunca en su labor, y en contra de mis múltiples solicitudes por escrito para que así se hiciera en demanda del cumplimiento del mismo principio de transparencia.

La carta se publicó por algunos medios de comunicación, pero nadie hizo absolutamente nada más. Tocaba ya acudir a la vía judicial.

La primera demanda, reclamando la entrega de todas las instrucciones de Dolores Delgado en mi investigación, la interpuse en septiembre de 2021. Su resultado ya ha sido expuesto, pues, a través de dicho procedimiento, obtuve interesantes documentos, aunque sigo sin acceder a los más importantes.

Un mes después, el 27 de octubre de 2021, describí lo mismo que había narrado a la Asociación de Fiscales en marzo y que he ido relatando a lo largo de estos capítulos, pero lo deposité en el Ministerio de Justicia.

Era una reclamación en vía administrativa, exigencia legal previa a acudir a la vía judicial, por lo que consideraba un funcionamiento anormal de varios estamentos del Ministerio Fiscal. En resumen, que me habían hecho trampas tanto en mis opciones al concurso de la plaza como en la investigación a la que me sometieron, haciendo además todo lo posible para que fuera con el mayor escarnio.

No me decidí a presentarla hasta el último día antes del vencimiento del plazo.

Tenía que añadir que mi máxima jefa, que era protocolariamente una de las principales autoridades del país, había cometido todas aquellas tropelías, empezando porque debió haberse abstenido de participar en mi concurso, por la investigación penal que dirigía contra mí en la sombra y por motivos estrictamente personales. Y mi abogado me explicó que, para el adecuado ejercicio de mis derechos, también tenía que dejar por escrito algo que, aunque no fuese nada original, podía sonar a verdadero escándalo y sentar muy mal: que esos intereses personales de mi jefa incluían los de su propia pareja.

Curiosamente, a diferencia de la primera demanda presentada un mes antes en una sala de justicia, cuyos relato y documentos adjuntos eran prácticamente idénticos, este segundo escrito se filtró a los medios dos semanas después, el 11 de noviembre. Quizá la exministra de Justicia dejó algún enemigo en aquel departamento porque, ahora, las noticias no iban contra mí.

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales exigió explicaciones a la fiscal general ese mismo día y la Asociación de Fiscales haría lo propio el día 16. La Unión Progresista de Fiscales no debió enterarse de nada. Pero Dolores Delgado sí y, de nuevo, desde su atalaya institucional, la armó.

El 16 de noviembre envió personalmente un correo electrónico a todos los miembros de la carrera fiscal comunicando su decisión de incluir un nuevo punto en el orden del día fijado para la sesión del Pleno del Consejo Fiscal convocada para el 24 de noviembre, con el siguiente fundamento:

Ante las gravísimas y difamatorias imputaciones aparecidas en los últimos días en diversos medios de comunicación en relación con el Consejo Fiscal y otros órganos del Ministerio Fiscal, tomé la decisión de añadir un punto específico en el orden del día del próximo Pleno del Consejo Fiscal, que tendrá lugar el día 24 de noviembre, al objeto de recabar detallada información sobre esta cuestión.

Con ese correo, además de indignación, también se pretendía aparentar una sorpresa ficticia, porque en mis demandas había dicho mucho más de lo que se había publicado y en la Fiscalía General lo sabían de sobra a esas alturas. Por tanto, la indignación no venía tanto por lo que yo hubiera escrito (que también), como porque se había hecho público. Se les había desenmascarado.

La realidad era, como siempre, otra. Y eso porque ya habían empezado a «recabar información» por otro sitio. En concreto, el día posterior a las publicaciones se produjo otro acto de represalia e intimidación: abrirme en la Inspección Fiscal otra información previa a una posible sanción disciplinaria.

Mandaron un emisario a mi propio domicilio para notificarme su apertura (hasta entonces, habían notificado todo por correo electrónico, en mi despacho o en la jefatura) y me daban unos días para hacer alegaciones sobre los tres recortes de prensa que acompañaban.

Me pareció que a quien no dejaban en buen lugar aquellas noticias era a la fiscal general y al jefe de la Secretaría Técnica, pero me pedían explicaciones a mí, porque reflejaban «graves imputaciones a diferentes instancias del Ministerio Fiscal».

Este ataque, unido al juicio sumarísimo que se había convocado para el día 24, provocó que solicitara mi primera y única baja laboral en veinte años de carrera profesional. Estaban tensando la cuerda demasiado y lo único que podía hacer yo era cometer un error, así que paré una semana en casa, lejos de justiciables, de compañeros y de otros profesionales, que no tenían por qué pagar un eventual descontrol de mis nervios.

Antes de la celebración de aquel Consejo, contesté al gentil ofrecimiento de la Inspección con una primera pregunta: ¿esto es contra mí o contra las personas que salen en dichas noticias? «La duda ofende», debieron de pensar. Pero claro, si las noticias hablaban de que eran otros fiscales los que podían haber cometido alguna irregularidad (incluso delictiva), yo quería que me contestaran por qué era yo el perseguido. Y, como me imaginaba la respuesta, formulé otra pregunta más, con una petición: la pregunta era si también se les había abierto una información previa a esos otros fiscales, altos fiscales, aludidos en las noticias; la petición, que me dieran copia de todo ese expediente por aquella costumbre de que mis papeles se les solían traspapelar.

Dolores Delgado tampoco dejó pasar entonces otra oportunidad para manipular a la opinión pública, aprovechando su posición institucional, con ocasión de una comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado del 18 de noviembre. Allí dijo: «Que se insinúe o se ponga en cuestión a la Fiscalía Anticorrupción o la profesionalidad de los compañeros nombrados para esas nueve plazas es realmente inadmisible».

De nuevo había truco, trampas, mentiras y más mentiras para ser una frase tan corta. La primera, que no opté a nueve plazas, sino exclusivamente a una cualquiera de las ocho ofrecidas en propiedad. La segunda, que nunca puse en cuestión ni a la Fiscalía Anticorrupción ni la valía de mis compañeros, pero eso no lo sabían los receptores de su mensaje. Nunca sostuve en mis demandas que los fiscales nombrados para Anticorrupción no tuvieran suficientes méritos. Lo que yo defendía era que en mi candidatura no existían deméritos, pues los que se pretendían los había creado ella misma falsamente.

Y llegó el día 24.

Se celebró aquel Consejo y se trató largamente el punto del orden del día más caliente. Para el acto, Dolores Delgado citó a Alejandro Luzón (en aquel momento, próximo al vencimiento de su mandato como fiscal jefe) y a Álvaro García Ortiz con el fin de que, respectivamente, dieran sus versiones sobre las características de mi labor desarrollada en la Fiscalía Anticorrupción y sobre la investigación penal que me organizaron. Es de suponer que ambos debían saber a dónde iban. Y a qué.

El primero de los dos en hablar fue Luzón. Me da mucha pena lo que dijo, tan distinto a lo que siempre me transmitió. Y no solo a mí. Recuerdo muy especialmente sus palabras el 14 de octubre de 2020, a una semana de mi decapitación, a la puerta de la iglesia en que se celebró el funeral por mi padre ante varios de mis compañeros de Anticorrupción y de mi madre.

En aquel Consejo contestó, incluso, a una pregunta directa, diciendo que creía que yo no había celebrado ningún juicio durante mi estancia en Anticorrupción. Pero sí, sí lo celebré. Uno, contra casi una veintena de acusados por un fraude carrusel de IVA ante la Sección Primera de la Audiencia Nacional, con bastante buen resultado para las arcas públicas, según la sentencia redactada por el actual magistrado del Tribunal Constitucional, Ramón Sáez.

Luego llegó el turno de Álvaro García Ortiz.

Comenzó así: «Es un honor estar en el Consejo Fiscal y además agradecer la oportunidad de explicar qué es lo que ha hecho la Secretaría Técnica como órgano de la Fiscalía General del Estado y cuál es su papel o función». A pesar de dicho honor, explicó muy poco de todo lo que hizo. Y, lo que optó por contar, no se ajustó un ápice a la realidad de los hechos.

Ni siquiera cuando mantuvo que «la Secretaría Técnica y el fiscal superior de Madrid han estado alineados desde el inicio», ya que, en ese momento («inicio»), con quien estaba «alineado» el fiscal superior, Jesús Caballero Klink, era con Carlos Ruiz de Alegría, habiendo intentado archivar dos veces el asunto y accedido a que se me diera copia de todo. Y lo estuvo hasta que Álvaro García Ortiz, en nombre de Dolores Delgado, le ordenó hacer lo contrario.

Lo siguiente realmente llamativo fue que acudió «apoyando su exposición en un power point que contiene una serie de documentos que no deben ser entregados, sino exhibidos para seguir el relato». Ignoro cuáles fueron, porque no se hacen constar en el acta. Obvio resulta que no fueron todos («una serie») y, con ello que, a través de esa selección interesada, se hurtó, otra vez, al máximo órgano de representación de la carrera fiscal la información a que tenían derecho (y deber) a fin de, como mínimo, manipularlo.

Respecto de los diferentes puntos tratados en la sesión, me limito a transcribir algunas de sus afirmaciones.

Sobre los fiscales denunciados:

En la denuncia, el único fiscal al que se aludía expresamente como denunciado era el Sr. Stampa, en ningún caso al fiscal Don Miguel Serrano Solís (a quien después define como «testigo privilegiado de lo acontecido que pudiera aclarar lo ocurrido»). Afirma que, si del contenido de los hechos se pudiera deducir que el Sr. Serrano fuera también objeto de esa denuncia, dicha deducción, desde luego, le hubiera correspondido al fiscal responsable de la investigación, en ningún caso a la Secretaría Técnica, que se limitó, como hace en infinitas ocasiones, a ser órgano de recepción y traslado de denuncias a la Fiscalía inicialmente competente.

Respecto de la actuación del instructor, Carlos Ruiz de Alegría:

Como la documentación remitida inicialmente por el juzgado no tiene el denominado chat de Podemos, es evidente que el responsable de las diligencias de investigación no examinó su contenido.

Es la falta de diligencia en comprobar cuál era el contenido del testimonio remitido por el juzgado, lo que provoca la demora. Nadie comprobó que el chat no estaba documentado en aquellas diligencias.

Destaca la importancia de que se realice una investigación con seriedad, pues no solo se está cuestionando al fiscal Stampa, sino también todo el funcionamiento de la Fiscalía Anticorrupción.

La explicación sobre las «sugerencias»:

Dicha sugerencia no es una orden encubierta, sino el diálogo ordinario entre las Fiscalías informantes y la Secretaría Técnica, dada la trascendencia de los hechos y que se convierte en el mecanismo formal y material conveniente para el correcto ejercicio del principio de unidad.

El Fiscal jefe de la Secretaría Técnica incide en la idea de que lo que existe es un diálogo con la Fiscalía Superior.

Sobre su conocimiento del segundo borrador de archivo:

La Secretaría Técnica no tuvo conocimiento del borrador de archivo hasta el lunes 26 de octubre y, por tanto, fue imposible que antes del Consejo Fiscal, la Secretaría Técnica tuviera criterio sobre dicho escrito. Pero al ser un borrador no estaba archivada. No se puede hablar hasta que los actos procesales tienen una formalidad mínima, no se ha ocultado nada. El procedimiento no estaba archivado, solo existía un borrador de archivo.

En lo concerniente a mis derechos como investigado:

De manera irregular, el teniente fiscal de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid ordenó que se uniera a las actuaciones dicho oficio de la Secretaría Técnica, de manera que el investigado tiene acceso al diálogo mantenido con la Secretaría Técnica.

La irregular e indebida notificación de este escrito por parte del fiscal instructor al investigado, Sr. Stampa, provoca un incidente para conocer qué es lo que ha pasado y da lugar a un informe del fiscal superior al que se acompaña documentación.

Considera que hay un incidente grave con las notificaciones al investigado de las diligencias propuestas por la Secretaría Técnica: un hecho insólito. Por ello se pidieron las correspondientes explicaciones y en las que el fiscal superior defendió que dicha notificación había sido realizada sin su consentimiento.

Aunque a esas alturas de su exposición lo que les decía a los vocales del Consejo Fiscal no se compadecía con la realidad, aún continuó.

Sobre el archivo final dijo:

El 14 de enero, el fiscal superior recibe comunicación del juzgado que le comunica que no existe el denominado chat de Podemos, por tanto, se queda sin base objetiva probatoria.

Así, el 4 de febrero de 2021, el fiscal superior archiva el procedimiento. Entre otros, con este razonamiento. En palabras del fiscal superior, no hay otra forma de conseguir el denominado chat, pues los abogados de Podemos sostienen que esos documentos podrían afectar a la relación cliente-abogado.

Esto es gravísimo porque, a diferencia de las ácidas críticas vertidas al fiscal instructor inicial, ahora no le parecía que al fiscal superior le hubiera faltado diligencia alguna cuando leyó los papeles del juzgado. Y eso que su contenido seguía siendo el mismo que ya comunicaron a la Fiscalía Superior de Madrid el 24 de agosto de 2020: no había chats.

Pero el hecho verdaderamente «insólito» fue que les mencionara un Decreto del 4 de febrero de 2021 (se supone que lo exhibió incluso). Y no solo porque pusiera en boca del fiscal superior lo que, a buen seguro, fue el resultado de sus ilegales «sugerencias» (vía e-mail, al menos), sino que, como ya expuse, ese Decreto del 4 de febrero nunca, repito, nunca se incorporó a las diligencias de investigación. Es más, en esas fechas, seguía oculto y yo lo desconocía.

Quizá en aquel power point no había diapositivas suficientes para el informe de Ruiz de Alegría oponiéndose a cumplir más órdenes improcedentes o ilegales, o para el Decreto de archivo del día 1 de febrero, ni para el Decreto del día 16 de febrero, ni para los correos electrónicos, ni para el informe con tantas explicaciones dirigido urgentemente a Dolores Delgado cuando me trasladaron sus desmanes, por poner solo algunos ejemplos.

Pero aún hubo más. Y bien grave, otra vez:

La Fiscal General del Estado le agradece la prolija información y le pide que exponga ante el Consejo Fiscal cuál fue la participación de la Fiscal General del Estado en relación a estas diligencias de investigación tramitadas en la Fiscalía de la Comunidad de Madrid; el Sr. García responde que la Fiscal General del Estado no tuvo intervención alguna en los hitos procesales que ha relatado.

Esto sí que fue realmente inaudito.

Como decía, los dos fiscales de Sala jefes mencionados comparecieron por orden de Dolores Delgado, ya que había anunciado a toda la carrera que quería «recabar detallada información» para ofrecérsela a su máximo órgano de representación (y luego a los medios). Pero tal era su concepción de la transparencia que no convocó para ello a Jesús Caballero Klink o a Carlos Ruiz de Alegría. Huelga decir que tampoco a mí.

Después, cómo no, la Fiscalía General emitió una nota de prensa bajo el título «La Fiscalía General del Estado informa sobre las propuestas de nombramiento efectuadas para la Fiscalía Anticorrupción en octubre de 2020». En ella difundía lo acontecido en aquella sesión plenaria de manera tan extensa como manipulada, sirviéndose de nuevo de su posición institucional. Otro acto de propaganda y de autodefensa.

Constaba de más de cinco folios, de los cuales cuatro se dedicaban íntegramente a proporcionar a los medios de comunicación una «versión oficial» sobre el «asunto de mayor interés» tratado en dicho Consejo, tal y como lo define la propia nota: las noticias aparecidas en prensa durante el mes de noviembre de 2021 sobre las acciones ejercitadas por el Sr. Stampa contra varios órganos de la Fiscalía General, en especial, contra la fiscal general del Estado y el fiscal jefe de la Secretaría Técnica.

La nota contenía demasiados disparates, los propios del juicio sumarísimo y en ausencia al que se me sometió aquella tarde. Indicaba que «la Fiscal Jefa de la Inspección Fiscal, María Antonia Sanz Gaite, informó de que no existe cobertura legal para que un/a fiscal general del Estado se abstenga de realizar propuestas de nombramiento discrecional» y que, «en este caso concreto, pese a las informaciones difundidas, no concurría causa objetiva alguna que afectase a la imparcialidad de la Fiscal General del Estado». Quizá fuese la objetividad lo que brillara por su ausencia en aquel enjuague, ya que la informante que aseveraba semejante cosa, y que ya me había enviado a casa una notita con el bisturí afilado, fue propuesta para dicho cargo de la máxima categoría de la carrera fiscal precisamente por Dolores Delgado. Igual que Álvaro García Ortiz como jefe de la Secretaría Técnica.

También decía que yo no había obtenido «ninguno de los ochenta votos emitidos para las ocho plazas» a las que concurrí. Otro dislate proferido para causar el mayor daño y defenderse a toda costa. Lo explico.

Conforme esgrimió la propia Fiscalía General al defenderse de mis demandas (y su jefa había declarado a El País el 1 de noviembre), «existe la norma no escrita de evitar proponer el nombramiento de candidatos que no han obtenido un solo voto en el Consejo Fiscal». En mi caso se consiguió el cero cuando le dijeron a Luis Navajas que se diera un paseo durante la deliberación y votación, porque sabían que él sí me iba a votar. Y ello porque a ese vocal, a diferencia del resto de vocales, ya no se le podía ocultar la información real, habiendo incluso manifestado públicamente que le constaba que las informaciones difundidas eran falsas.

El argumento de los ochenta votos no solo resultaba malintencionado, sino que, otra vez, constituía una falsedad. Y ello porque los diez vocales presentes en aquel Consejo Fiscal no votaron ocho veces, una por cada plaza, sino que, de una sola vez, expusieron los ocho candidatos que consideraron idóneos para cubrir las ocho plazas convocadas en propiedad, de manera que el número máximo de votos o apoyos que podía obtener cada candidato para ser propuesto para obtener plaza era de diez, nunca de ochenta.

Que eso lo defendiera también, precisamente, la fiscal jefa inspectora, como responsable de controlar la documentación del Consejo, me dejaba perplejo, pero se vendía así al público en general, sabedores de que no se detectaría el nuevo ardid.

Uno de los aspectos que más le interesaba resaltar a Dolores Delgado era que el fiscal designado para continuar en la causa Tándem junto a Miguel Serrano tenía un perfil de fiscal reservado, ajeno a cualquier protagonismo con los medios de comunicación. Destacaba esto porque, obviamente, consideraba lo contrario de mí. De nuevo me estaba culpando de aquellas filtraciones del sumario, convenientemente intoxicada, pero ya lo hacía en público, presa de la desesperación, aunque no se atrevía a afirmarlo ni a imputármelo directamente, porque sabía que era falso y no tenía pinta, a esas alturas, de que se lo fuese a tolerar.

Ni una entrevista, ni una declaración, me acompañó en toda mi etapa en Anticorrupción, ni cuando me atacaron durante el año 2020, ni durante la explosión de las noticias contrarias en 2021. A excepción de una entrevista hecha en Washington en el mes de mayo de 2022, esta es la primera vez que hablo, y no como fiscal, sino como un ciudadano, fiscal de profesión, a quien se ha vilipendiado impune e injustamente. Pero ella tenía que lanzar ese mensaje, sin darme la opción de defenderme, por supuesto.

Respecto de Álvaro García Ortiz, decía la nota que «ha hecho un pormenorizado relato en el que se detallaron cronológicamente los extremos más relevantes de la tramitación del procedimiento de investigación penal», informando «de los posibles defectos de los que adolecía la tramitación de las citadas diligencias de investigación por el fiscal encargado de las mismas».

Recordemos que yo no me enteré de parte de lo que me habían hecho hasta un mes después de la emisión de esta nota de prensa. Pero semejante mezquindad rebasó todas las líneas y colmó la paciencia del fiscal que se sintió insultado, Carlos Ruiz de Alegría. Esa misma noche se publicó una entrevista en El Periódico de Catalunya en la que dicho fiscal, desde su privilegiada posición de conocerlo todo, dejaba bien claro lo que había pasado:

Pregunta: ¿Faltó usted a su deber al entregar, con aprobación de su superior, Caballero Klink, al fiscal Ignacio Stampa… las instrucciones-sugerencias de la Fiscalía General del Estado sobre la investigación de las presuntas filtraciones?

Carlos Ruiz de Alegría: Todo lo contrario. El señor Ignacio Stampa tenía derecho a conocer las dos comunicaciones de la Secretaría Técnica enviadas con la fórmula de sugerencias, que en realidad eran instrucciones. Él tenía acceso por su legítimo derecho de defensa a las diligencias. Esas comunicaciones internas tuvieron la intención de influir en la instrucción del procedimiento. Y en efecto influyeron.

P.: El fiscal jefe de la Secretaría Técnica, Álvaro García, dijo en el Consejo Fiscal que usted puso en conocimiento de Stampa documentos reservados.

C.R.A.: Es una interpretación interesada e impropia por parte del fiscal jefe de la Secretaría Técnica. No lo comparto en absoluto. Esas comunicaciones internas tuvieron la intención de influir en la instrucción del procedimiento. Y en efecto influyeron. Unas comunicaciones que yo entiendo que fueron extemporáneas. La finalidad de todo ello era retrasar la conclusión de las diligencias para que estuvieran vivas en el momento en que se resolviera el concurso de ocho plazas en la Fiscalía Anticorrupción. Esta es la realidad tal cual la he vivido.

P.: Lo acusan de hacer una investigación incompleta.

C.R.A.: Trabajé con rigor, a buen ritmo en las diligencias y elaboré propuesta de archivo a primeros de octubre. Antes de la resolución del concurso se envió la propuesta de archivo a la Secretaría Técnica y no nos dijeron nada hasta el 4 de noviembre. Y allí nos pide todo el expediente. Creo que le mandamos hasta el original de todo. Y luego, un mes más tarde, nos solicitan un rosario de nuevas diligencias. Y entonces me negué a hacerlas. Y se lo dije a mi superior, Caballero Klink, y por escrito me negué. Eran inútiles.

P.: Todo lo que me está diciendo habría sido muy valioso para los vocales del Consejo Fiscal de este miércoles.

C.R.A.: No entiendo que, como la fuente de información más directa y precisa para acceder al conocimiento de todo lo ocurrido, el Consejo Fiscal no haya solicitado mi comparecencia este miércoles. ¿Por qué no me citaron a mí y a Caballero Klink? Todo ha sido de un secretismo absoluto de cara al instructor de estas diligencias de investigación, que soy yo. Podía haber proporcionado la información más objetiva porque soy el que más llegó a saber de todo. Sin embargo, se ha prescindido de esa fuente.

P.: ¿Por qué? ¿Quizá porque es usted un testigo de cargo contra la versión de Álvaro García y de la fiscal general?

C.R.A.: Quizá, se me ocurre, porque podrían tener miedo de lo que podía explicar en detalle sobre mis propuestas de archivo del 5 de octubre y del 23 de octubre y, claro, sobre las recomendaciones recibidas para no hacerlo.

P.: Si la denuncia de Vox era contra Stampa y el fiscal Miguel Serrano, ¿por qué solo se investiga a Stampa? ¿No es, de entrada, la prueba de que Stampa era el objetivo?

C.R.A.: La denuncia era contra ambos. Pero la Secretaría Técnica, o la Inspección, ya no recuerdo exactamente, consideró pertinente que se investigara solamente a Stampa, y así se nos comunicó.

P.: Pero si hay denuncia contra dos fiscales, ¿no llama la atención esta discriminación? ¿No es extraña?

C.R.A.: Lo es. Cuando la Fiscalía nos da traslado de la denuncia de Vox, se hace hincapié en el señor Stampa. Creo recordar que el encabezamiento era algo así como «vista la denuncia interpuesta contra el fiscal Ignacio Stampa…». Si no hubiera existido esta comunicación, se habría incoado también contra el fiscal Serrano.

Esto mismo lo reiteró Carlos Ruiz de Alegría en los diarios El Mundo y ABC dos días después, si bien añadiendo que la actuación de Álvaro García Ortiz había sido «sibilina y torticera».

A estas alturas del relato ya sabemos también, pues, que tanto el fiscal instructor como la Abogacía del Estado tenían claro que Vox había denunciado a dos fiscales por los mismos hechos.

Como las pistas del circo seguían todas operativas, antes de este comunicado institucional Álvaro García Ortiz convocó a un encuentro a los medios de comunicación en la sede de la Fiscalía. Lo hizo tras acabar su comparecencia ante el Consejo y mientras este aún se mantenía reunido. Tenía que limpiar su imagen, prevaliéndose del cargo, y sin que yo pudiera defenderme.

En aquel briefing expuso los pormenores de lo que había contado en dicha reunión, a pesar de su carácter reservado, explicándoles y exhibiéndoles a los periodistas allí congregados diversos documentos de la investigación penal a la que me sometieron (más reservados aún que lo anterior) y llegando a compararme ante los medios con un narcotraficante. Todo esto, a pesar de ese carácter en off del encuentro, provocó tal estupor en varios de los presentes que también fue publicado. A algunos periodistas les empezaba a provocar náusea todo aquello y se arrancaban a describir la patraña hasta lo más profundo, poniendo los puntos sobre las íes.

Se infringían, una vez más, las recomendaciones del Consejo de Europa para que la información proporcionada por los fiscales a los medios de comunicación sea clara, fiable, inequívoca, justa, imparcial, objetiva y eficaz.

Lo que siguió ocurriendo aquella tarde demostró que en aquel Consejo se debió organizar una buena bronca. Los vocales de las dos asociaciones de fiscales con representación en aquel momento también emitieron sendos comunicados. Los de la UPF me ponían fino y tergiversaban los hechos contando lo mismo que su jefa y exasociada había expuesto en la Comisión de Justicia del Senado apenas una semana antes. No me parece que la realidad fuera tan difícil de entender para tan ilustres juristas, pero lo ocurrido ha constatado que sí fue fácil de manipular y, de paso, encizañar.

Por su parte, los de la AF constataron, por fin, que se les ocultó información trascendental para emitir su parecer en las sesiones de los plenos del 27 de octubre de 2020 y 26 de febrero de 2021. Y exigieron luz y taquígrafos.

Reclamaron mucha documentación. Entre esos papeles pedían los relativos a los vínculos que hubiera entre Dolores Delgado y Baltasar Garzón con el caso Tándem. ¿Quién se dio automáticamente por aludido? El despacho de abogados dirigido por el citado letrado, enviando un burofax el 1 de diciembre de 2021 a la Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales, el cual fue publicado por varios medios al día siguiente.

Aquella petición de información se resolvió, de nuevo, con toda la luz del mundo. El 3 de diciembre, Dolores Delgado negaba a los vocales de la AF toda la información solicitada, pero ofreciendo hasta en dos ocasiones el acceso a la investigación que me realizaron «en aras de la transparencia… si el Sr. Stampa presta su autorización expresa». Huelga decir que nunca me pidió tal permiso. Pero es que no lo necesitaba. Ya se lo había dado yo en varias ocasiones hasta ese momento. Y de forma expresa.

Los vocales de la Asociación de Fiscales llevaron la cuestión hasta los tribunales en busca de la documentación. La Justicia a ellos no les reconoció legitimación para acceder a lo que pedían, y la Fiscalía General, a través de la Abogacía del Estado, intentó tiempo después que yo no accediera a la demanda que habían interpuesto para ello. Pero los magistrados no pensaron lo mismo, dado mi más que evidente interés legítimo.

Encontré así algo que, en parte, me reconfortó.

Eran tiempos de nuevas elecciones al Consejo Fiscal y la AF hacía campaña, como las demás asociaciones, para incrementar su representación, pero lo mismo que en otros momentos no se habían portado nada bien, ahora dejaron plasmación escrita ante un tribunal de justicia de lo que parecía evidente:

Con la petición realizada se intenta conseguir que resplandezca la verdad para saber a ciencia cierta si en la fecha en la que se celebró el Consejo Fiscal en que se propusieron los nombramientos para la Fiscalía Especial Anticorrupción, las Diligencias de Investigación núm. 32/2020 deberían haber estado archivadas y, por consiguiente, haber podido concurrir el Fiscal sujeto al expediente al nombramiento a una de las plazas ofertadas en igualdad de condiciones con el resto de los candidatos. Todo ello con la finalidad de que los miembros del Consejo Fiscal pudieran informar sobre la idoneidad de los peticionarios para ocupar las nueve plazas que se ofertaban en la Fiscalía Especial Anticorrupción con los datos objetivos necesarios para ello, ocultándoseles en ese Consejo Fiscal a mis representados datos esenciales y conociéndose posteriormente otros que ponían inequívocamente de manifiesto la parcialidad de los suministrados y el interés —y la intervención— de la Fiscal General del Estado en conocer el estado de las Diligencias de Investigación que afectaban a uno de los candidatos…

… en el procedimiento para informar sobre la idoneidad de los candidatos para la Fiscalía Especial Anticorrupción se ocultó a los miembros del Consejo Fiscal información relevante que debería habérseles proporcionado que incluso podría determinar la abstención de la Fiscal General del Estado, todo ello para conformar una voluntad en su informe que respondiera cabalmente a lo que el ordenamiento jurídico demandaba.

Y, por si eran pocos, reapareció Vox, el partido político que me había denunciado un año y medio antes. Pero al revés. Exigían ahora la comparecencia de Dolores Delgado en el Congreso de los Diputados, reclamando todas las comunicaciones habidas entre la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Superior de Madrid, en relación con la investigación sobre mí.

Llegamos al 13 de diciembre de 2021 y la Inspección Fiscal contestó a las preguntas que yo les había formulado en aquella nueva investigación interna abierta.

Me decía que no se dirigía contra mí ninguna vía disciplinaria, pero que, en el ejercicio de mi derecho de defensa, podía contestar lo que estimara oportuno. Blanco y en botella, una vez más. Por supuesto, no había más afectados por cuyo derecho de defensa hubieran de velar.

El día de mi cumpleaños, el 20 de diciembre de 2021, les contesté que lo consideraba toda una persecución, porque no tenían el menor dato de que yo hubiera ejercitado mis derechos de forma irregular, al tiempo que mostraba mi extrañeza de que no hubieran pedido explicaciones a otros fiscales, perfectamente identificados, que llevaban más de un año afanándose en revelar datos reservados míos a los medios de comunicación. Precisamente, los mismos fiscales aludidos en aquellas noticias. Y eso que les indicaba la fecha y el contenido de cada «indiscreción».

Ahora que ya he descrito algunos de los ejemplos que definían el concepto de transparencia de Dolores Delgado y sus leales ejecutores en lo que a mí atañe, he de traer a colación otros ejemplos de la transparencia que propugnaban de forma simultánea a los cuatro vientos como santo y seña de su mandato.

Para empezar, los cursos de deontología profesional presentados por la Secretaría Técnica el 8 de octubre de 2020.

Según sus palabras, «uno de sus objetivos prioritarios es impulsar la formación en el marco ético y deontológico de los y las fiscales desde nuestra vocación de servicio público, pero también y principalmente desde la lealtad institucional, para fortalecer la confianza de la ciudadanía en nuestra institución».

La aprobación del código deontológico, entre los días 22 y 23 de octubre de 2020, fue definido así por la fiscal general:

Este es un logro de toda la carrera que nadie debe patrimonializar y del que todas y todos nos hemos de sentir orgullosos. El camino ha sido largo, pero provechoso, pues en este tránsito hemos aprendido mucho; desde la reflexión durante la elaboración de los trabajos, la contestación a las encuestas, la consulta a toda la carrera, las provechosas reuniones de la comisión hasta el resultado final. Los principios deontológicos que deben inspirar el proceder del Ministerio Fiscal actúan en una doble dimensión: desde la perspectiva de lo que debemos considerar como el ejercicio ideal de la profesión, hasta lo que la sociedad, la ciudadanía, nos exige para cumplir las funciones que por mandato constitucional establece el art. 124.1 de nuestra Constitución.

En el capítulo siete indiqué que contaría una única anécdota relacionada con la investigación al rey emérito comenzada en la Fiscalía Anticorrupción en septiembre del año 2018. No me voy a referir a la investigación en sí, entre otras razones porque la desconocí, sino a que se publicaron en un digital varios aspectos de la misma cuando yo ya no estaba en dicha Fiscalía.

Eso dio lugar a que, a principios de noviembre de 2020, la Fiscalía General emitiera otra nota de prensa anunciando una investigación interna sobre dicha filtración. La nota decía que iban a «comprobar las condiciones de custodia y acceso de los expedientes». Pero ¿por qué incluían eso?

Muy sencillo. Porque la investigación corría a cargo del fiscal Luis Pastor, uno de los mejores compañeros en aquel destino, con quien tuve la suerte de compartir despacho durante mis últimos meses allí. Por tanto, el mensaje poco velado al «acceso y custodia» apuntaba directamente a mí, como si me hubiera dedicado a husmear en sus asuntos, a ver si, por fin, me podían imputar alguna filtración que, sin tapujos, la Fiscalía General imputaba a la Fiscalía Anticorrupción. Como siempre.

Pero, una vez más, desviaron el tiro y, por eso, fallaron.

Con ocasión del encuentro con los medios de comunicación celebrado entre la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción el 6 de noviembre de 2020, la fiscal general puso en valor «la importante labor de la Fiscalía Anticorrupción, órgano que ha sido siempre una bandera de la Fiscalía española, un ejemplo que se ha exportado a otros países del mundo». El comunicado institucional emitido entonces por Dolores Delgado resulta ciertamente antológico (como casi siempre) en algunos de sus pasajes, ahora que sabemos toda la verdad:

Para reforzar y amparar a todos/as los/as fiscales en este trabajo tan difícil y con tanta exposición, y también destacadamente a los/as miembros de la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscal General ha afirmado su intención de maximizar las posibilidades de defensa de los/as fiscales objeto de querellas y denuncias, rechazadas sistemáticamente por los tribunales, o incluso ampararlos en el ejercicio de acciones en defensa de su honor…

También ha resaltado la importancia de la protección de datos para la Fiscalía, que permite implementar medidas de acuerdo con la adaptación de la normativa comunitaria a la realidad del Ministerio Fiscal, lo que le dota de la posibilidad de activar acciones preventivas para evitar que datos personales puedan trascender a terceros.

No es de extrañar que el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, mostrara su malestar en una entrevista publicada el 22 de febrero de 2021:

Pregunta: ¿Existió un choque entre la Fiscalía General y Anticorrupción por la investigación al Emérito?

Alejandro Luzón: No. Lo que pasó es que a la fiscal general le disgustó, comprensiblemente, que se filtrara la existencia de una investigación delicada de la Fiscalía Anticorrupción y a mí, igualmente molesto por la filtración, no me gustó que se diera por supuesto que procedía de Anticorrupción. Se incoó el correspondiente expediente gubernativo para averiguar estos hechos, que ya se concluyó.

P.: En los últimos meses se acusó desde diversos ámbitos a la Fiscalía de connivencia con Podemos en el asunto Dina.

A.L.: Una acusación infundada. El Tribunal Supremo ha respaldado nuestro criterio en la pieza Dina.

Siguiendo con la adulterada doctrina de la transparencia y el respeto por la intimidad, durante los meses en los que se me investigaba ilegalmente y se difundía información reservada mía por doquier, se organizaron otros cursos de deontología fiscal, e incluso uno inaugurado por la propia fiscal general, de título «El derecho fundamental a la protección de datos en el marco de la nueva normativa europea y nacional».

Cierro este capítulo dedicado a la transparencia citando dos entrevistas hechas a Dolores Delgado que definen muy bien todo lo que se ha venido describiendo a lo largo del libro.

Una de ellas fue la realizada el 3 de febrero de 2021 por el periodista Carlos Alsina en el programa Más de uno de la emisora Onda Cero, el mismo programa en el que Luis Navajas lanzó aquella segunda andanada, ya narrada en el capítulo doce. Allí, la fiscal general, tras insistir en que era ella la que dirigía la política criminal y daba instrucciones normativas, dijo: «(...) pero después los fiscales tienen autonomía en la decisión jurídica de los asuntos».

La otra fue la realizada por Àngels Barceló en el programa Hoy por Hoy de la Cadena Ser el día 10 de marzo de 2021. Resulta tan clarificadora que merece ser transcrito lo que la señora Delgado fue capaz de decir en esta ocasión:

Yo dirijo la Fiscalía General del Estado, de alguna manera implemento una política criminal. Esa política criminal no significa que yo dé órdenes o instrucciones particulares a los fiscales, porque nosotros tenemos un sistema de autonomía, los fiscales se mueven en espacios de autonomía, el principio de legalidad, siempre el principio de legalidad, que si bien es cierto tiene unos márgenes de interpretación... y, además, tenemos unos sistemas que imposibilitan instrucciones ilegales o contrarias a la Ley. Me explico. Nosotros tenemos algo que no se tiene en otros países, curiosamente, una especie de objeción de conciencia cuando los fiscales pensamos que nos han dado una orden ilegal, eso es imposible.

Cuando se habla del principio de jerarquía, que lo ordene el fiscal general del Estado, no mire usted, significa que la ley es igual para todos.

Es muy importante la transparencia, explicar las cosas y que las decisiones que adopte la Fiscalía puedan explicarse en esos espacios de legalidad.

Somos una de las instituciones más desconocidas en el espacio judicial. Somos absolutamente desconocidos y hay cierta suspicacia y hay mucho interés en que haya esta suspicacia, porque damos mucho juego político.

Entonces, vino la siguiente pregunta de la entrevistadora:

Al hilo de una entrevista en un domicilio particular, ¿no sería lo más normal que la entrevista fuera en la sede del periódico o en la sede de la Fiscalía?

A lo que respondió:

He venido a hacer una entrevista aquí porque creo que el derecho a la información de la ciudadanía, y de este medio, están ahí. La transparencia y la comunicación son esenciales, son esenciales. Y, además, van de la mano. Que se conozca o no una institución depende de cómo abramos las puertas, de cómo abramos las ventanas, de cómo decidamos comunicar. Lo que quiero es que se conozca mi institución. Soy fiscal general, pero también soy fiscal de carrera y sé lo difícil que es transmitir lo que somos los fiscales, servidores públicos fundamentalmente. Cuando llegué, asumí este cargo y esta responsabilidad, decidí hacer esta política de comunicación y de transparencia, y empecé a tener contactos con medios de comunicación de todo el espectro ideológico.

Porque es un espacio de más o menos tranquilidad, donde yo acudo a comer entre semana y donde vamos a estar con una cierta tranquilidad, porque le voy a decir una cosa. Las suspicacias o prevenciones significan también que se olvidan algunas cosas que yo he padecido. No creo que haya en este país una persona que haya sufrido un daño reputacional más importante en algunas materias, he sufrido reputacionalmente lo que no está escrito y de manera injusta. Quiero que se respete ese derecho a la información.

Concluía entonces la entrevistadora con el siguiente deseo: «Ojalá se conociera más lo que hacen los fiscales en este país».

Amén.

18. Opacidad

Aestas alturas del relato, he acreditado cómo el exhibicionismo mostrado por la cúpula de la Fiscalía General del Estado para que se conocieran los múltiples expedientes que me iban incoando ha contrastado siempre con un cerrado oscurantismo a la hora de explicar los pormenores y las conclusiones de dichas investigaciones tanto hacia el mismo público destinatario de sus iniciales comunicados de prensa como, fundamentalmente, hacia el Consejo Fiscal, máximo órgano de representación de todos los fiscales españoles.

Respecto de mí, el investigado, a la hora de definir su actuación se puede hablar directamente de una contumaz y deliberada opacidad. Pero no solo porque incoaban algunas investigaciones sin decírmelo, sino porque, a partir del 3 de diciembre de 2020, se dieron cuenta de que conocía parte de lo que tramaban y trataron de ocultar absolutamente todo lo que hacían.

Y así siguen a día de hoy.

Los obstáculos que me he encontrado para conocer la información y para acceder a ella, a mi propia información, por orden de los dos fiscales generales Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz, y de la fiscal jefa de la Inspección Fiscal, María Antonia Sanz, actuando por delegación de aquellos, han sido permanentes.

En el mes de febrero de 2021 comencé a reclamar a la institución a la que pertenezco todo lo atinente a este asunto por vía interna, a través de recursos administrativos que tenían que resolver las mismas autoridades que me impedían el acceso a los documentos.

Parte de todo ello lo conseguí de la mano del anterior fiscal jefe inspector, Fausto Cartagena, aunque dejaba algunos huecos en dichas copias, como el relativo a las razones de la fuga de Luis Navajas de aquella votación tan importante para mí, y no solo para mi carrera profesional.

Tras más de dos años de litigios en vía judicial, ya que comenzaron en el mes de septiembre del año 2021, he alcanzado la cifra de seis pleitos ante los tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo (más otro procedimiento tramitado ante el Ministerio de Justicia) reclamando información que podría acreditar, más aún, la espuria actuación de algunos de los máximos representantes de la Fiscalía española.

Primero fueron las instrucciones de Dolores Delgado. Siempre supe que no las vería por escrito, por aquello de que, como dice la canción, «las palabritas se las lleva el viento, las palabritas se las lleva el aire». No obstante, conseguí ese par de correos electrónicos y demás documentos que me permiten asegurar, sin el menor atisbo de duda, que sí hubo órdenes, que las trasladaba en su nombre Álvaro García Ortiz y que fueron constantes, aunque las diera de forma verbal.

Como ya expliqué, la Justicia condenó a la fiscal general a pagar las costas procesales, lo que carecería de todo sentido en el caso de que fuese cierto lo que se pretende: que nunca apareció.

Después reclamé el acta de aquel juicio sumarísimo, y en ausencia, al que me sometieron en la sesión del Pleno del Consejo Fiscal del 24 de noviembre de 2021. Sí, tuve que acudir a los tribunales de Justicia para que me informaran de todo lo que se habló sobre aquel punto del orden del día incluido a última hora por Dolores Delgado, cuyo objeto era «recabar detallada información» sobre las noticias que habían aparecido en prensa con relación a mis acciones. Unas acciones entabladas en su contra, en la de Álvaro García Ortiz y en la de la fiscal jefa inspectora.

La razón: ellos mismos, los luego demandados, solo me habían entregado veintiséis de las cuarenta y cinco páginas que conforman el acta. Y ni siquiera completas, sino con numerosos huecos en blanco. Sí me informaron, en cambio, con ese extracto (algunos de cuyos pasajes ya he consignado) de lo que dijeron tanto la entonces fiscal general del Estado como la propia fiscal jefe inspectora de la Inspección Fiscal, respectivamente:

La concerniente a la Secretaría Técnica es la más difamatoria de todas las informaciones vertidas y consiste en la supuesta interferencia en la realización de diligencias de investigación (…) considera que lanzar esas acusaciones y pretender que sean inmunes (sic) es inadmisible.

Todo tiene un límite, la crítica a las altas instituciones es perfectamente asumible, pero las afirmaciones entrecomilladas, de responder al texto que se daban a entender como transcritas, podrían estar cerca de la difamación.

La intención de actuar contra mí (y de que me enterase de ello) no podía ser más clara. Y es que, como hemos visto, no han parado de hacerlo y, a veces, se retuerce el Derecho hasta límites poco aceptables.

La copia de esa investigación interna abierta en noviembre de 2021, y cerrada en agosto de 2022, tampoco me la entregan, de manera que sigo desconociendo su contenido por completo: desde cómo se incoó y quién la ordenó, en su caso, hasta qué diligencias se hicieron. Sí, estoy pleiteando para obtener copia de todo eso.

También he tenido que interponer demandas para obtener copia de otros documentos más antiguos de mi expediente, como los relativos a aquel apoyo del Consejo Fiscal del año 2014 y otros de mi etapa en Lanzarote. Nada. Sostienen que no tengo derecho a copia porque no están en trámite.

Luego tuve que soportar la oposición de la Fiscalía General para que me dieran acceso al litigio que entablaron los vocales de la Asociación de Fiscales (solo ellos) cuando, tras esa sesión plenaria anteriormente aludida del 24 de noviembre de 2021, en la que les ocultaron información y trataron de engañarles, acudieron a los tribunales en demanda de información.

Como el tribunal sí accedió a entregarme el expediente, dado el carácter monográfico sobre mí de aquel punto del orden del día, la Abogacía del Estado, en defensa de los demandados, alegó que obtuve los documentos de forma «fraudulenta», empleando «maniobras torticeras». Y eso que me los dio el tribunal. ¡Lo que hay que aguantar!

Esta elegante estrategia no les cuadró: «no siendo tampoco de apreciar el fraude procesal que se alega», les contestaron los magistrados.

Espero que los tribunales accedan a reconocerme ese derecho de obtener copia de los documentos de mi expediente personal (y de los expedientes judiciales en que soy parte). Ya sabemos que, en caso contrario, mi bolsillo se resentirá más que el de las autoridades que llevan ya tres años sometiéndome a este acoso. Lo mismo que sabemos que ellos no pagarán personalmente nada, aunque yo gane dichos pleitos.

¿Por qué tanta resistencia?

Primero, porque todo este bloqueo documental condiciona mis derechos de otra manera esencial. Los procedimientos judiciales están sometidos a plazos. Por tanto, me han imposibilitado, constantemente, la capacidad de aportar documentos relevantes, que consigo ir obteniendo, poco a poco, pero a destiempo, en cada uno de los procedimientos entablados, asegurándose así de que mis legítimas pretensiones no puedan ser atendidas por los tribunales.

Muchas veces me he preguntado hasta qué punto dejaron rastro de lo que me hicieron. Lo único que he podido deducir, desde el primer día, y sin demasiado esfuerzo, es que no quieren que tenga pruebas de ello. En el ejercicio de mi profesión, que es la misma que la suya, comprobamos cada día que suelen ocultar las pruebas los que han hecho algo contrario a la ley. En cambio, estoy igualmente convencido de que considerarán que bastante lejos he llegado, con mi traje de Pulgarcito, recogiendo las miguitas que fueron dejando a lo largo del camino.

Pero la defensa de Dolores Delgado, de Álvaro García Ortiz y de los demás fiscales de los que se han servido y sirven para tanto atropello no se ha limitado a la ya conocida estrategia de ocultar información, o de transmitir solo la que les convenía y como les convenía, en cada momento.

Es peor aún.

Su estrategia de defensa ha incluido la de modificar el régimen jurídico aplicable a las investigaciones penales que la Ley encomienda a los funcionarios del Ministerio Fiscal. Y eso ya no solo afecta a cualquier otro fiscal que pueda verse perseguido como yo.

Afecta a todos los ciudadanos.

Aunque me adentre en otro aspecto muy jurídico, lo haré de forma muy breve, porque lo que ahora se tiene que explicar es sumamente grave.

Tenemos obligatoriamente que volver a la Circular 2/2022, de 20 de diciembre, reguladora de las diligencias de investigación del Ministerio Fiscal. Aquella que firmó Álvaro García Ortiz el día de mi cuadragésimo noveno cumpleaños, concluyendo los trabajos iniciados por la Secretaría Técnica bajo su mando cuando era fiscal general Dolores Delgado.

Y volvemos porque, si antes se trataron tanto esta nueva Circular como su antecesora para explicar la nueva postura adoptada por los máximos jefes de la Fiscalía con respecto a las detenciones acordadas por los fiscales, ahora toca analizar otros de sus aspectos.

La nueva normativa reitera que todas las comunicaciones en una investigación de trascendencia se canalicen a través de la Secretaría Técnica (cuyo exclusivo papel de intermediaria se recuerda y remarca), pero especificando ahora que lo que se trata de evitar con esas autorizaciones previas son «indeseables» cambios de criterio «jurídico» que queden plasmados por escrito.

Cristalino. Una vez más.

Pero el problema, el gravísimo problema, está en otro punto: en el que consiste en si un investigado tiene o no derecho a saber, conforme a la nueva regulación, qué es lo que el fiscal que le investiga (y el superior jerárquico de quien puede depender el puesto de aquel) está haciendo con él.

Y ello porque, de forma absolutamente novedosa, se va a adaptar toda la normativa ya no solo para tratar de validar retroactivamente la forma de investigar que se utilizó contra el fiscal Ignacio Stampa Fuente, sino para aplicarla desde entonces contra cualquier justiciable.

Esto me parece tan extraordinariamente grave que voy a esgrimir, por primera vez, aunque de forma muy sintética, mi humilde criterio jurídico. Discutible, por supuesto. Pero con conocimiento de causa, desde luego. Confío en que todos los fiscales investigadores, y espero que todos los letrados defensores, tomen tan buena nota como especiales precauciones.

Dice así:

Las órdenes de servicio, incluidas las notas de visado, que pudieran haber sido dictadas por las respectivas jefaturas en relación con las investigaciones incoadas, las comunicaciones realizadas al amparo del art. 25 EOMF (la dación de cuenta y las órdenes), así como las posibles discrepancias que pudieran suscitarse durante el curso de las mismas (fueran o no formalizadas por la vía del art. 27 EOMF) o que se plantearen en relación con la avocación de un asunto (art. 23 EOMF) nunca serán incorporadas al procedimiento de diligencias de investigación por no formar parte de estas. Las comunicaciones realizadas al amparo del art. 25 EOMF, así como la tramitación de las discrepancias y avocaciones deberá realizarse mediante el oportuno expediente gubernativo incoado al efecto.

Este expediente gubernativo será siempre tramitado de forma simultánea y paralela al procedimiento de diligencias de investigación, y su incoación y resultado tendrán carácter reservado, al igual que las órdenes de servicio e instrucciones particulares. Por ello, ni se dará cuenta al órgano judicial ni se dejará constancia alguna en el procedimiento en cuestión, tenga este naturaleza judicial o extrajudicial.

Debe subrayarse que en el orden penal el proceso de análisis y estudio a través del que se forma el criterio del Ministerio Fiscal no contribuye a alcanzar las finalidades descritas por el art. 299 LECrim. Se trata de actuaciones de orden interno que en nada conciernen al derecho de defensa, pues únicamente producen efectos jurídicos ad intra (...) constituyen mecanismos de deliberación interna a través de los que el Ministerio Fiscal forma su criterio jurídico en relación con cuestiones de la más diversa índole. Su existencia en nada condiciona el posible y efectivo ejercicio del derecho de defensa de la persona sospechosa…

La traducción más sencilla de todo lo anterior sería, para mí, la siguiente:

— Cada vez que el fiscal investigue un asunto de trascendencia, debe dar cuenta al fiscal general, a través de la Secretaría Técnica, sin que pueda tomar ninguna decisión hasta que esta no sea autorizada.

— Esas decisiones ya validadas, como cualesquiera otras instrucciones que reciba, deben ser acatadas por el principio de subordinación jerárquica de la carrera fiscal.

— Todas esas comunicaciones y «órdenes» se tramitarán de forma simultánea y paralela en otro expediente interno, de carácter reservado, sin que nadie pueda conocerlas ni acceder a ellas: ni los denunciantes, ni los jueces que reciban la denuncia, ni el investigado. Nadie.

— En el supuesto de que el fiscal subordinado considere improcedente o ilegal alguna de esas «órdenes», e incluso se lleve a cabo su sustitución mediante la avocación del asunto, se tramitará todo de la misma forma reservada.

— Y todo esto será reservado porque son actos propios de la organización interna de la Fiscalía, porque no afectan en nada al derecho de defensa del investigado y, por tanto, porque solo producen efectos jurídicos internos.

Pues bien, lo cierto es que la toma de conocimiento es el pilar del derecho a la defensa y este lo es, a su vez, del ordenamiento jurídico penal.

Su consecuencia es la más grave de todas las posibles: la eliminación de las más básicas garantías del Estado de Derecho.

¡Ahí es nada!

Estupefacto se me suscitan (entre otras muchas, de naturaleza más técnica) una serie de preguntas que cualquier lector podrá también hacerse, sin necesidad de saber Derecho:

— ¿Hay posibilidad de discusión y, en ese caso, quién decide si una instrucción u orden del jefe afecta o no al derecho de defensa del investigado?

— ¿Dichas instrucciones se aplican de igual manera si el fiscal investigador que recibe la orden está pendiente de nombramiento o renovación en un cargo a propuesta del fiscal general del Estado que le imparte dicha orden?

— Si el investigado es un fiscal, ¿esas instrucciones se verán afectadas en algún sentido, si los fiscales jefes de aquel están pendientes de nombramiento o renovación en un cargo, a propuesta del fiscal general del Estado?

— Si un investigado, o su letrado, se enterasen de que existen instrucciones que condicionan de forma directa el curso y/o la finalización de la investigación, ¿se los ocultarán también, incluso, en cualquier vía judicial que ejerzan?

— ¿Qué diferencia hay entre todas estas nuevas reglas y las Diligencias de Investigación 32/2020 de la Fiscalía Superior de Madrid, seguidas contra el ciudadano que redacta estas líneas, de profesión fiscal?

— ¿Por qué la misma persona que entregó a un tribunal en diciembre de 2021 los expedientes gubernativos tramitados de forma paralela, reservada e ilegal a esas diligencias de investigación 32/20, ahora lo prohíbe?

Lamentablemente para todos los justiciables, hace mucho tiempo que creo que las personas que me han llevado a narrar esta historia son capaces de todo.

Esperemos que, en algún momento, la cordura impere y que algún día llegue a ser cierto lo afirmado por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la carta remitida a toda la carrera fiscal el día 16 de noviembre de 2023 —desde la Secretaría Técnica, por supuesto— pretendiendo que…

quien ostenta la jefatura superior y la representación del Ministerio Fiscal en todo el territorio español es la mejor garantía de nuestro quehacer diario y velará siempre por la autonomía de quienes han ejercido y ejercen como fiscales en defensa de la legalidad, de los valores y principios constitucionales y, en definitiva, de las instituciones democráticas.

Desde luego, no ha sido así desde que esa jefatura superior la han ostentado Dolores Delgado García y Álvaro García Ortiz.

Tampoco estaría de más que la propia Fiscalía General del Estado hubiera cumplido y cumpliera con los compromisos internacionales contraídos hace ya muchos años.

A saber:

El Consejo Consultivo de Fiscales Europeos se institucionalizó en julio de 2005 en el seno del Consejo de Europa como reconocimiento al papel esencial que a los fiscales corresponde en un Estado de Derecho.

Engloba a las cincuenta naciones europeas, excepto Rusia y Bielorrusia, y ha estado presidido durante los años 2021 y 2022 por el fiscal de Sala español Antonio Vercher Noguera.

En particular, corresponde a este Consejo Consultivo preparar Opiniones para el Comité de Ministros del Consejo de Europa, en relación con el desarrollo de la Recomendación número 19, del año 2000, relativa al «Papel del Ministerio Fiscal en el Sistema Penal», así como recoger información relativa al funcionamiento de las Fiscalías en Europa.

Menciono al Comité porque su Opinión número 16, del año 2021, se construyó sobre un principio absolutamente clave, el concepto de independencia, que significa que los fiscales están libres de interferencias ilícitas en el ejercicio de sus funciones a fin de garantizar el pleno respeto y aplicación de la Ley y del principio del Estado de Derecho, y que no están sujetos a ninguna presión política o influencia ilegal de ningún tipo. Y la independencia se aplica no solo a la Fiscalía en su conjunto, sino también a sus órganos particulares y a los fiscales individuales.

En esa misma línea, sigue destacando la Opinión que tanto la autonomía como la independencia de las fiscalías y de los fiscales deben ser promovidas y garantizadas legalmente al máximo nivel posible y de manera similar a la independencia de los jueces.

Y también pone el acento en un concreto extremo que no solo tiene una íntima conexión con todo lo narrado en esta historia, sino que es contrario a algunos de los postulados de la nueva Circular auspiciada por Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz:

Si los superiores de la Fiscalía dan instrucciones a los Fiscales, estas deben presentarse por escrito, darse de manera transparente y siempre con el objetivo de aplicar la ley respetando los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Pero, como siempre, aún hay más.

Y es que el 26 de mayo de 2023 (esto es, después de la entrada en vigor de la Circular 2/2022) el Tribunal Constitucional se pronunciaba, como sigue y por primera vez, sobre la naturaleza de las diligencias de investigación de la Fiscalía:

La realización de estas diligencias debe estar inspirada, en cualquier caso, en los principios de contradicción, proporcionalidad y defensa (…) a pautas de una actuación ágil, evitando retrasos o paralizaciones innecesarias.

De nuevo, amén.

Con todos estos mimbres, al momento de redactar estas líneas me encuentro dentro del plazo para interponer otra demanda muy importante para mí.

Se trata de la demanda contra la desestimación de la reclamación patrimonial interpuesta en el mes de octubre de 2021 ante el Ministerio de Justicia por funcionamiento anormal de varios órganos del Ministerio Fiscal: fiscal general, fiscal jefe de la Secretaría Técnica, Inspección Fiscal y Fiscalía Superior de Madrid.

Nada podía esperar del Ministerio de Justicia. Era un trámite obligado, de nuevo, para acudir a la vía judicial.

Pero este expediente, cómo no, también dio para más.

En varias ocasiones tuve que reclamar por escrito la entrega de documentos que se me ocultaban. Y, como no había forma, contacté telefónicamente con la unidad del Ministerio que lo tramitaba.

La profesionalidad del funcionario que me atendió permanece en mi recuerdo. Conocía bien la existencia del expediente. Y se mostró tan exquisito en el trato como incrédulo con el problema que se planteaba. Le agradecí mucho su atención. Y también le agradecí la valentía de trasladarme su solidaridad, cuando me dijo esto:

—No he visto nunca una tramitación como la de este caso.

19. «Que la verdad no te estropee un buen titular»

Esta historia habla de policías buenos y de policías malos. De fiscales dignos y de otros que no lo son. También de periodistas leales a la verdad y de otros que ni siquiera la conocen.

La expresión que pone título a este capítulo es frecuentemente invocada para referirse al mal periodismo. Fue atribuida al periodista y magnate de la prensa y los medios de comunicación estadounidenses William Randolph Hearst, quien emergió a principios del siglo xx como uno de los más poderosos personajes de la escena política y empresarial de dicho país.

Las referencias a las muchas noticias publicadas durante los años 2020 y 2021 han sido constantes a lo largo del presente relato. Es una obviedad que sin la manipulación informativa que se lanzó contra mí los acontecimientos no se habrían desarrollado así, y que sin estas noticias yo habría seguido siendo un funcionario anónimo más. Recordemos, por ello, que uno de los principales aspectos de la investigación del caso Tándem fueron las «maniobras de intoxicación informativa» que se incluían como parte de los servicios que habría prestado a sus clientes José Manuel Villarejo Pérez.

Para sacarme de la Fiscalía Anticorrupción no hacía falta todo aquello. Podrían haberlo hecho de forma mucho más limpia y disimulada. Pero eso va en el estilo y en la categoría de cada uno. Dependió de quién interviniera y quién no. Y, también, del grado de poder que ostentara y la sensación de impunidad que aquel generase.

Una de las circunstancias que favorecieron todo lo que ocurrió fue que España vive una conspiranoia un tanto desenfrenada. Creo que eso se ha debido, entre otras causas, a posiciones políticas extremistas, a la polarización de la sociedad y al auge de supuestos profesionales de la información y de otros influencers que, a base de bulos, aprovechan la facilidad de los medios de comunicación digitales y de las redes sociales para trasladar, con un solo clic, su envenenado mensaje. La instantaneidad en la información que consumimos, la despreocupación por contrastar la veracidad de los datos o la velocidad de vértigo a la que las noticias se propagan en la actualidad son las causas de esta nueva realidad, que algunos expertos han bautizado como la «era de la posverdad».

Afecta notablemente al marketing político, a las empresas o a las marcas y se utiliza de manera habitual para atacar a quienes luchamos contra todo tipo de delitos. Que se nos insulte y ataque de múltiples formas por aquellos interesados en que naufraguen las investigaciones —contra el tráfico de drogas, el crimen organizado y, muy particularmente, la corrupción y los corruptos— forma parte de la rutina de la profesión del juez, fiscal o miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que asume con determinación un asunto de esa naturaleza.

Cuanto más alta sea la posición social, económica o institucional de los corruptos o de sus contactos, mayor virulencia se utiliza contra el investigador. Y no digamos ya contra los ciudadanos que se atreven a denunciarla, como los alertadores y víctimas directas de acciones corruptas. Ni la sociedad ni el Estado reconocen como deberían su contribución a la convivencia.

Es muy fácil así instaurar una cultura de sospecha si no existe un cierto sentido crítico ante lo que se difunde. Devoramos noticias de manera masiva e inmediata y no nos molestamos en comprobar la veracidad de esos datos ante esta tendencia al consumismo informativo. De esta forma se cambian las tornas, siendo el investigador quien llega pronto a la indebida presunción de culpabilidad, de manera que investigar la corrupción se convierte habitualmente en un mecanismo estupendo para adquirir muchos enemigos y pocos amigos. Y, si estos últimos los tienes, también provoca el riesgo de que desaparezcan.

Una de las razones de ser de este libro está íntimamente relacionada con el derecho a la información que tienen todos los ciudadanos. Pero ese derecho, reconocido y garantizado en la Constitución, se refiere a la información veraz.

Si esta historia se cuenta es también, desde luego, gracias a los buenos profesionales del periodismo. Los que contrastaron la información que les llegaba sobre mí; los que me preguntaron; los que tuvieron el olfato de darse cuenta de que aquello no cuadraba; los que quisieron, y se atrevieron, a contar la verdad, y, por supuesto, los que rectificaron, después de haberse precipitado y, por tanto, equivocado.

Los ciudadanos tenemos derecho a recibir información veraz y el informador también tiene el derecho a recibirla en esas mismas condiciones y, después, el deber de contrastarla, por si acaso, antes de divulgarla.

Por eso, los medios de comunicación y todos aquellos que, por razón de sus cargos, asumen la responsabilidad de informar a la opinión pública sobre hechos que conocen, han de adoptar todas las medidas necesarias de contraste para verificar que lo que cuentan es cierto. Ya hemos visto las consignas de la Unión Europea cuando son los fiscales los que informan.

Que estas obviedades se cumplan es uno de los pilares en que se funda una democracia sana.

No debería dejarse al entendimiento o a la percepción del receptor de una noticia adivinar o saber interpretar si lo que recibe es real o no. Los ciudadanos deberíamos confiar, como punto de partida, en que las noticias que vemos, escuchamos o leemos son ciertas. Que lo que nos narran las televisiones, las radios y los periódicos obedece a la realidad. Pero debemos aprender a distinguir las noticias falsas de las verdaderas o, al menos, a tomar algunas precauciones.

Cada vez que celebro un juicio con jurado, le hago a los candidatos la siguiente pregunta en la fase de selección: ¿es usted capaz de creerse algo que no ha visto?

De entrada, la mayoría suele responder a la defensiva y tajantemente: «No». Algunos deslizan un tímido «depende». Después les pregunto de qué depende que puedan llegar a creérselo, y es entonces cuando entran en juego factores como que se lo cuente alguna persona de mucha confianza o que les ofrezcan datos objetivos. En definitiva, que se lo enseñen. Las respuestas aportan mucha información sobre el perfil de cada candidato, porque el éxito de mi trabajo va a depender de un elemento esencial: que confíen en lo que les voy a contar durante el juicio. Y esa confianza solo la voy a conseguir de una manera: exhibiendo todo lo que hay, sin esconder nada.

Cuando Álvaro de Cózar entrevistó al compositor Iván Cester sobre la banda sonora del pódcast El país de los demonios, este explicó que no supo encontrar una melodía con la que identificar a José Manuel Villarejo en las escenas en las que aparece por ser un personaje esencialmente oscuro. Y que, en cambio, la mía la tuvo clara desde el principio porque le parecía, sin conocerme absolutamente de nada, «transparente».

Ya he mencionado en páginas anteriores que siempre he sido muy transparente y expresivo. Ahora debo recalcar que he cumplido con lo que reclamo, de forma que todos y cada uno de los infinitos datos que se consignan en este libro son ciertos y están documentados. Entre otras muchas razones, además de ser un ciudadano, mi profesión es la de fiscal.

Mi participación en la causa Tándem me proporcionó un costoso máster en periodismo. Sufrí en mis propias carnes que ese «cuarto poder» —como lo definió el orador y político angloirlandés Edmund Burke en el debate de apertura de la Cámara de los Comunes del Reino Unido en 1787— es realmente poderoso y está dotado de una desproporcionada capacidad de influencia en los asuntos sociales y políticos de cualquier país.

Aun así, me parecía inverosímil que mi nombre, y hasta mi rostro, sirviera para abrir periódicos y telediarios cuando yo era (y soy) un mero funcionario público intentando trabajar, con plena conciencia de que ese era mi deber, de que era honesto y, sobre todo, de que lo hacía en silencio.

Este detalle es importante recordarlo, ya que mi existencia apenas se conoció en los medios de comunicación durante los primeros cuarenta meses de llevanza del caso. El público, en general, me conoció como un corrupto; los profesionales del Derecho, y los fiscales, en concreto, como un corrupto y como un traidor.

Pero no solo me pareció difícil de creer durante los peores momentos del escándalo.

Después, también.

Siete vocales del Consejo General del Poder Judicial emitieron, el 21 de julio de 2022, un voto particular contra el acuerdo de la mayoría de dicho órgano, mostrando su posición contraria al nombramiento del candidato Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado, considerándole inidóneo para dicho cargo, haciendo alusión expresa a la falta de crédito provocada, entre otras razones, por su intervención en mi caso.

Más aún.

El 14 de junio de 2023, la vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, la eurodiputada española Maite Pagazaurtundúa, remitió una carta al comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, exponiéndole las deficiencias del sistema judicial español, citándome expresamente como un ejemplo del mal funcionamiento de las mismas por la actuación concreta de Dolores Delgado y de Álvaro García Ortiz:

Las irregularidades en torno a la actuación de la exfiscal del Estado también se refieren a las maniobras llevadas a cabo por el en ese momento responsable de la Secretaría Técnica, Álvaro García Ortiz, que maniobró presuntamente para dilatar la investigación contra el fiscal Ignacio Stampa y así apartarlo de su petición de plaza en Anticorrupción.

Como indiqué al inicio de esta obra, después de tantas versiones, es el momento de explicar, por fin, lo que ocurrió. Ni más ni menos.

Una verdad, documentada, que debe conocerse, obligatoriamente, de manera pública, por haber sido esa la forma elegida por mis ejecutores.

A ello me ha ayudado mucho otra de las casualidades que me han ido persiguiendo a lo largo de toda esta historia como auténtica fuente de inspiración y documentación.

Con ocasión de mi participación como juez en la fase final de la Edición de la Liga Española de Debate Universitario celebrada a principios de octubre de 2022 en la ciudad de Zaragoza y de la fase final del Campeonato Mundial de Oratoria en español, celebrada el 11 de octubre de 2023 en Madrid, he podido aprender mucho del poder de las fake news a través de los debates celebrados entre nuestros jóvenes universitarios en torno a las dos siguientes preguntas: ¿se verá afectada la democracia por la virtualización de la sociedad? ¿Seremos capaces de distinguir las noticias verdaderas de las falsas con la inteligencia artificial?

Me di cuenta de que lo que allí exponían, con tanto rigor, apoyados en múltiples evidencias plasmadas en estudios internacionales, encajaba como un guante en lo que quería narrar y en lo que no solo yo, sino también tantas otras personas hemos sufrido en algún momento. Y me temo que seguiremos sufriendo.

Es cierto que cada generación cree que la época en la que vive siempre es única, pero la humanidad lleva siglos padeciendo falsedades y desinformación.

Lo primero que debemos tener en cuenta es que las fake news, entendidas como la divulgación de noticias falsas que provocan un peligroso círculo de desinformación, han existido siempre. El interés en desinformar, a nivel nacional e internacional, viene de antiguo y son innumerables los ejemplos de ello. Véase, como uno de ellos, la propaganda bélica, a través de la cual se pretende siempre aumentar la motivación de la población y de las tropas propias al tiempo que destruir la moral del bando enemigo, aportando cifras de bajas o datos de los avances sobre el campo de batalla muy lejanos a los reales.

Ahora bien, nos encontramos en la era digital y la virtualización de la sociedad ha supuesto una honda transformación en los modos de relacionarnos públicamente y también en nuestra privacidad e intimidad.

Aun cuando no sea el objeto de este libro realizar un exhaustivo estudio sobre ello, como víctima de las fake news sí quiero trasladar algunas conclusiones al respecto para dotar al conjunto de la historia de la mayor y mejor explicación posible, porque aún falta por describir una parte esencial de todo este relato.

Empecemos con algunos datos.

En países como España, Estados Unidos, Reino Unido, Italia o Japón, los medios de comunicación gozan de apenas un 40 por ciento de confianza de la población. Donde sí hay confianza es en países como China o Emiratos Árabes.

Cada segundo compartimos más de 6.000 tuits, 740.000 mensajes de WhatsApp, 2.400.000.000 e-mails y 700 publicaciones en Instagram; una noticia falsa tiene un 70 por ciento más de posibilidades de ser compartida en redes sociales que una verdadera; y la mentira viaja por X (red social anteriormente denominada Twitter) seis veces más rápido que la verdad; cada persona tiene, de media, 3,2 pestañas abiertas en su ordenador y nueve apps en su smartphone.

También se hacen cada segundo 95.000 búsquedas en Google; el 93 por ciento de la población hace clic en un enlace que aparece en la primera página del buscador, el 73 por ciento en alguno de los cinco primeros y el 45 por ciento solo en el primero.

Y cada día se publican 230 noticias en The New York Times, 240 posts en The Wall Street Journal y 500 historias en The Washington Post.

Todo ello provoca una intensa competencia por el gran negocio: captar la atención.

He mostrado cómo para denostar la imagen pública de una persona la herramienta más eficaz que hay es degradarla atacando su reputación y su integridad, ya sea moral, profesional o familiar. Si además se adorna el relato con detalles escabrosos o morbosos de contenido sexual, entonces se estará logrando no solo atacar la integridad de la persona en cuestión, sino otra premisa necesaria en cualquier plan de intoxicación y desinformación: su rápida difusión, porque este en sí llama la atención y porque estimula que se hable del mismo, que se comparta y que se propague. Y ello porque los detalles escabrosos o truculentos generan mayor reacción emocional y facilitan una mayor interacción de la desinformación, ya que estimulan mucho más la atención.

Esto que acabo de exponer no procede de estudios meramente estadísticos, sino que nos los demuestra la neurociencia de la siguiente manera.

Las noticias falsas funcionan más porque actúan a varios niveles dentro del cerebro, ya que destacan en las redes, saturadas de contenidos. En primer lugar, porque son sorprendentes, novedosas e inesperadas. El cerebro no espera una recompensa cuando el estímulo siempre es el mismo; de ahí que se muestre más alerta. Esta alerta provoca la activación del «circuito de recompensa» cerebral a través de un aumento en la liberación de la molécula necesaria para que el ser humano siga aprendiendo cosas: la dopamina.

La dopamina es el neurotransmisor más importante del sistema nervioso central de los mamíferos, ya que participa en la regulación de diversas funciones, como la conducta motora, la emotividad y la afectividad. Cuando juzgamos las cosas desde un punto de vista emocional, lo hacemos más rápido y más desde el subconsciente. Una información que impacte emocionalmente y coincida con nuestras ideas es altamente probable que se considere verdadera, y si se acompaña de textos o imágenes bien construidos, las personas no dudarán.

Además, el cerebro activa otro mecanismo, el de nuestra memoria. Atención, memorización y emoción se ven así potenciadas por la carga emocional que, a su vez, usan las fake news, y esto no solo provoca que captemos y retengamos el mensaje, sino que lo compartamos.

Por tanto, si podemos realizar todo tipo de gestiones y hasta participar en la toma de decisiones públicas mediante ese solo clic, también podemos crear, a la velocidad de la luz, la imagen que queremos proyectar de nosotros mismos y de los demás para alterar el propio concepto de realidad. Siendo incontables los beneficios que ello produce, también deberíamos ser más conscientes de los desafíos y los riesgos que conlleva.

Sin duda, hay factores que indican que la digitalización mejora nuestra democracia. Tenemos más oportunidades de acceder a información y, por tanto, de que existan más opiniones. No hay verdades absolutas y somos cada vez más críticos. Esa multiplicidad en la capacidad de elección y decisión nos hace más libres, y el espíritu crítico y la libertad son valores esenciales que preservar.

Ahora bien, disponemos de tal volumen de información a nuestra disposición que resulta imposible procesarla correctamente, por lo que también se puede deducir e incluso evidenciar que la capacidad de manipulación se multiplica con esa digitalización.

Existen algoritmos que pueden detectar si una noticia es verdadera o falsa con un 95 por ciento de acierto. La pregunta es: ¿se utilizan por nuestros medios digitales? Deberían, porque lo impone la normativa europea.

Las inteligencias artificiales darán lugar a engaños de tan alta calidad que resultará casi imposible discernir lo verdadero de lo falso. Se crearán algoritmos que se nutrirán de imágenes reales sobre los que construir nuevos contenidos y se irán entrenando hasta lograr creaciones artificiales con un asombroso parecido con la realidad (deep fakes o rostros creados de manera virtual que generan más confianza que los reales), lo que constituye una cada vez más peligrosa arma para desprestigiar a cualquier persona. Basta después con inundar las redes desde la seguridad del anonimato a través de estrategias de viralización para que el éxito esté asegurado.

La manipulación informativa, por vía digital, habría conseguido adulterar los resultados de elecciones presidenciales en países como Estados Unidos o Brasil, o para que tuviera lugar el Brexit. Así, a través del análisis de datos de 50 millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento, se crearon perfiles psicológicos y de comportamiento que se pusieron a disposición del candidato a la presidencia de Estados Unidos Donald Trump, cambiando la opinión de millones de votantes.

¿Cómo no iba a ser posible, entonces, mancillar la imagen de un fiscal de a pie?

Además de los diarios digitales, cada vez más ciudadanos se informan a través de las redes sociales, lo cual entraña, al menos, dos peligros: por un lado, se fomenta la pasividad, ya que no somos nosotros quienes vamos a buscar las noticias, sino que son ellas las que nos encuentran a través de las llamadas «cámaras de eco»; por otro, se hace más difícil procesar e identificar la información verdadera de entre la falsa, aunque exista una búsqueda activa.

Sobre las cámaras de eco y los llamados «filtros burbuja» sabemos que la exposición a un limitado contenido informativo hace que la gente crea que sus ideas se alinean con la visión dominante. A los filtros burbuja se unen las cámaras de eco o de resonancia, en las que la información, las ideas o las creencias son amplificadas por transmisión y repetición en un sistema cerrado donde las visiones diferentes o alternativas se descartan o se representan de forma minoritaria.

En la comunicación existen numerosos sesgos cognitivos que demuestran el porqué de la mayor propagación de la información falsa. El «efecto arrastre» hace que acabemos opinando lo mismo que opinan alrededor de nosotros. Si además esa opinión viene de los medios de comunicación de masas, entonces su influencia será aún mayor, produciendo lo que la neurociencia denomina «efecto en tercera persona». De esta manera, los ciudadanos terminamos consumiendo noticias ajustadas a nuestro modo de pensar.

Este efecto resulta más fuerte, como he expuesto, en informaciones con contenido emocional y en creencias firmemente enraizadas. Así, las redes sociales ayudan a que las teorías conspirativas persistan y crezcan en el espacio virtual al crear un ecosistema en el que la verdad de la información deja de importar. Lo que importa es si la información se adapta a una cierta narrativa. La narrativa, en mi caso, estaba plenamente dirigida por medios digitales con una muy concreta línea editorial y por creadores de conspiraciones imaginarias.

Y es que una de las fases de la fabricación de las noticias falsas es la ocultación de hechos relevantes o verídicos sobre un evento, controlando así esa narrativa y la influencia en la percepción de las personas; otra es la creación de problemas con el propósito de generar controversia para, después, plantear la solución.

Lo cierto es que el caso Tándem y el caso Stampa también han servido para que los ciudadanos tengamos mayor conciencia de la desinformación que sufrimos.

Pero todavía queda mencionar una pata más de esta mesa de la información. Los ciudadanos piensan que la prensa no es independiente y que las noticias se manipulan según los intereses, de manera que lo que manda es la opinión prefabricada. Esto me lo contestan mucho los candidatos a jurados cada vez que les pregunto.

Para eso hace falta poder, dinero o ambos. No es por ello difícil de entender que con dinero y/o con poder es más fácil obtener y ofrecer información y, por tanto, manipular a la población.

Y todo esto está ligado, a su vez, con la necesidad de tener élites, lo cual ha tenido una especial relevancia en todo lo que a mí me ocurrió: el elevado número de «élites» afectadas. Pero si en los inicios fueron las élites quienes acapararon el monopolio de la manipulación (magnates, dueños de medios de comunicación o líderes políticos), los avances tecnológicos han puesto la fábrica de mentiras también a disposición de cualquier persona.

Y aquí es donde vuelvo a enlazar con todo lo que me ocurrió a mí.

Como todo tiene demasiada relación en esta historia, y esta va llegando a su fin, procede ir cerrando ya algunos círculos. Al final, nada sucede por casualidad. Simplemente, no entendemos los oscuros planes a los que obedecen. O sí. Vamos a verlo.

El día 21 de diciembre de 2022 se difundió en los medios de comunicación que el magistrado de apoyo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea imputaba los delitos de estafa agravada, apropiación indebida y organización criminal a la denominada Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (ACODAP), a su presidente, Fernando Presencia Crespo, y a otras personas por formar una estructura creada para la difusión de noticias falsas sobre corrupción y recaudar dinero de forma ilícita, mediante la aportación de donaciones, cuyo objeto sería, ficticiamente, la lucha contra dicha lacra.

La investigación se había iniciado a raíz de la sucesiva publicación de bulos consistentes en que altas autoridades del Estado, como expresidentes del Gobierno, magistrados del Tribunal Supremo o la entonces fiscal general, Dolores Delgado, «así como otras autoridades judiciales y miembros del ministerio fiscal» (según reza la citada resolución), manejaban en paraísos fiscales grandes cantidades de dinero en efectivo sin declarar. Las noticias se acompañaban de documentos de supuestas cuentas corrientes que consignaban elevadas cifras de dólares americanos volando de una isla caribeña a otra sin cesar.

Desde la primera publicación con una información tan inverosímil, como ciudadano y como fiscal esperaba que hubiera alguna reacción, porque creía que se estaban traspasando todos los límites.

Al día siguiente de la divulgación de dicha resolución judicial, 22 de diciembre de 2022, llamé por teléfono a la secretaría del fiscal jefe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para pedirle cita. Me preocupé de dejar anunciado, con toda la intención, que era ese de ACODAP, precisamente, el asunto del que quería hablar.

Al fiscal jefe lo conocía desde mis inicios de prácticas del año 2003, cuando Jesús Santos era el teniente fiscal de esa Fiscalía y me invitó a aprender con los integrantes de su plantilla. Fue de los compañeros que más se preocupó por mí, pero no tuve la menor tentación de pedirle la cita personalmente.

Me llamaron al día siguiente para decirme que me darían cita a la vuelta de las vacaciones de Navidad y que sería recibido por el jefe y por su segunda, la nueva teniente fiscal. Eso significaba que la cita no les corría prisa y, realmente, las fechas no eran las más proclives para ello. Y también indicaba que mi llamada sí había suscitado un cierto interés, porque ya habían tenido tiempo de decidir que era conveniente pertrecharse de superioridad numérica para recibirme.

Como pasaba el tiempo y no recibía la llamada prometida, esperé prudencialmente hasta el 23 de enero. Tras mi insistencia, dos días después me llamaron, citándome para el día 31. Mi llegada a la secretaría coincidió con la entrada de una mujer a la que no conocía. Tras unos minutos de espera en una salita próxima, me hicieron pasar.

En el despacho se encontraban solamente aquella mujer y el jefe. Como ella quedaba más cerca de la entrada, su frialdad me hizo dudar un instante, pero pronto se zanjó cualquier posible confusión protocolaria. Era la teniente fiscal.

A diferencia de lo que habría sido normal entre fiscales, extendió el brazo ofreciéndome su mano en señal de saludo. Aquel gesto solo confirmaba lo que yo esperaba: la reunión no se iba a enfocar como un encuentro entre compañeros.

El jefe repitió el gesto de su subordinada. La distancia estaba marcada y el ambiente era gélido, muy distinto a cada una de las ocasiones en que subí a saludarle durante los más de cuatro años que trabajé en aquel edificio.

Tras el saludo de rigor nos sentamos a la misma mesa en la que siempre habíamos charlado amigablemente. El diálogo fue, más o menos, como sigue:

—Bueno, y ¿qué te trae por aquí?

—Como ya anuncié en mi petición de cita, vengo a comunicar que voy a presentar un escrito relacionado con esa investigación y, por cortesía, no quería hacerlo hasta tener esta conversación.

—¿Has traído copia?

—No, no. He traído el escrito original, que os voy a presentar ahora, con copia de la primera hoja para llevármela con el sello de registro.

Mientras el jefe lo ojeaba, les exponía las razones por las cuales me consideraba una víctima de las calumnias de ACODAP desde antes de que comenzaran los otros bulos que investigaban. Así lo entendí tras la resolución judicial publicada el día anterior, ya que nuestro Código Penal define como organización criminal «la agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos».

Una cosa era que a mí no me hubiesen imputado aquellos disparatados delitos fiscales y de blanqueo de capitales, y otra que esa misma presunta organización criminal sí me imputara falsamente, en octubre del año 2020, un delito de revelación de secretos, con el que también podría haberse lucrado bajo el engañoso e idéntico reclamo de su lucha contra la corrupción funcionarial.

—No sabía que tú también hubieras sido víctima —me transmitió ella.

—Es normal que no lo supieras —le espeté.

Tras un breve diálogo en el que, de nuevo, confirmaron mi sospecha de que no iban a tolerar en el procedimiento mi más que molesta presencia, me lanzaron la pregunta que necesitaban para obtener la respuesta que más les incomodaba.

—¿Y por qué no has presentado este escrito en el juzgado directamente?

—Pues veréis. Es obvio que el juzgado os va a pedir un informe para saber qué pensáis sobre esto. Pero soy fiscal y creo que lo más correcto es que acuda primero a mi propia institución.

Los tres sabíamos que el papelito que les dejaba encima de la mesa, convenientemente sellado, era un verdadero incordio. De hecho, lo debieron intuir ellos, su superior y los responsables del órgano judicial afectado desde que anuncié el objeto de mi visita. Lo que no tengo claro es si se esperaban realmente semejante determinación o solo la mera y lánguida consulta de un corderito degollado.

—Bueno, pues incoaremos unas diligencias de investigación en la Fiscalía —anunció la teniente fiscal.

—Así entiendo que debe ser. Supongo que se me notificará cualquier decisión a la dirección postal o a la de correo electrónico consignadas en el escrito —contesté.

La conversación duró pocos minutos. No hacían falta más. Recogí mi copia sellada y entonces fui yo el que les extendí la mano, mostrándoles así mi profundo agradecimiento por su atención.

—Muchas gracias por presentarlo en la Fiscalía —concluyó el jefe.

Me marché de allí dándole vueltas al abanico de opciones que se abrían, tras tantear el horizonte hasta donde me dejaban sus palabras y su expresiva comunicación no verbal. En todo caso, la normativa obligaba a que el documento diera lugar a la apertura de esas diligencias de investigación en la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Pero ¿qué harían con ello después?

Aquí entraba en juego el segundo elemento, que había dado por seguro desde antes de acudir: jamás me permitirían personarme como perjudicado en dicho asunto. La duda estaba en la mayor o menor habilidad que tuvieran a la hora de encontrar una justificación para impedirlo. Podían alcanzar, escalonadamente, alguna de las siguientes conclusiones:

—Que los hechos que yo denunciaba no eran constitutivos de ninguna infracción penal y archivaran el tema ipso facto.

—Considerar que no eran delito, pero que no tenían competencia para investigarlo, remitiendo entonces aquel papel a la Fiscalía competente, según su lugar de comisión, es decir, la Fiscalía Provincial de Madrid.

—Podrían apreciar, en cambio, que sí tenían carácter delictivo, pero no tener allí competencia para investigarlos, de manera que la solución sería la misma que en el caso anterior.

—Entender que sí eran delictivos y, además, ser de su competencia, por lo que deberían investigarlos.

—Finalmente, localizar que sobre esos hechos ya existiera un procedimiento judicial en trámite y, en consecuencia, archivar las diligencias de la Fiscalía y remitirlo todo al juzgado para que se acumulara a lo que se estuviera investigando sobre ellos.

La intrigante respuesta me fue notificada casi un mes después de que se firmara la decisión.

A principios de marzo recibí una comunicación de la teniente fiscal, fechada el 28 de febrero de 2023, quien, en su condición de fiscal instructora, me decía lo siguiente:

Le dirijo el presente a fin de notificarle que, por Decreto del Excmo. Sr. Fiscal Jefe de fecha 10 de febrero de 2023, se ha acordado el archivo de las presentes Diligencias de Investigación, remitiéndose las mismas al Juzgado Central de Instrucción número 6 para su incorporación a las Diligencias Previas 50/2022 a los efectos procedentes.

Es decir, llegaron a la conclusión de que, efectivamente, revestían carácter de delito, que, además, eran de su competencia y que había un procedimiento judicial sobre hechos relacionados con los que yo había denunciado en la Audiencia Nacional: el mismo procedimiento en el que ya se investigaba a ACODAP y a sus responsables.

No obstante, el conjunto de la escena me dejó claro que, si superaba ese primer filtro, mis envenenados papelitos no llegarían más lejos. Y así ocurrió, aunque para enterarme de eso tendría que esperar cuatro meses más.

De nuevo las casualidades dieron lugar a otra pintoresca secuencia.

Ante la ausencia de noticias, a las 13.21 horas del 23 de junio (día que, además de tener la noche más larga del año y celebrarse la festividad de San Juan, es el Día Mundial de la Persona Alertadora contra la Corrupción) firmé, desde el acceso a la sede electrónica del Ministerio de Justicia, un poder a procurador para que se personara en mi nombre como perjudicado en dicho procedimiento judicial.

Treinta y ocho minutos después, pero antes de presentar el documento, recibí un correo electrónico del juzgado al que la Fiscalía había remitido mis papeles.

Me notificaban una resolución.

Tal y como esperaba, en virtud de un auto fechado el día anterior, el instructor Joaquín Gadea resolvía «denegar la incoación, así como la ampliación, en este procedimiento, de investigación alguna respecto a los hechos relatados por D. Ignacio STAMPA FUENTE».

Lo interesante era que el juez le había preguntado al fiscal qué pensaba hacer con aquel escrito, tal y como yo había vaticinado. Y esta fue la respuesta de la Fiscalía:

Respecto del escrito presentado por D. Ignacio STAMPA FUENTE, el Ministerio Público se da por instruido e informa que lo indicado en el mismo nada tiene que ver con lo que se investiga en el presente procedimiento, incoado por injurias y/o calumnias a las Altas Instituciones del Estado, que es lo que añade la competencia en este órgano judicial, y junto a ello los delitos conexos también cometidos.

El hecho de que el aquí investigado, por sí o a través de su asociación, haya podido denunciar al antes mencionado ante la Fiscalía General no hace que lo puesto de manifiesto y los hechos en sí puedan ser aquí investigados: son hechos distintos y referidos a personas diferentes, por tanto, no existe relación entre ambos, más allá del posible autor.

Junto a ello ha de indicarse el carácter excepcional de la competencia de este tribunal en cuanto a la instrucción de los hechos que le puedan ser atribuidos, y que no son otros que el listado recogido en la LOPJ (art. 23 y concordantes); fuera de ellos serán otros los juzgados y tribunales que hayan de conocer del asunto.

En el presente supuesto tampoco existiría conexidad en los términos referidos por el art. 17 de la LECr: ni subjetiva, ni objetiva, ni mixta por concurrencia de los dos anteriores.

Por ello no procede iniciar, ni incoar en este procedimiento investigación alguna respecto a los hechos puestos de manifiesto por el antes mencionado.

Es decir, habían cambiado de criterio, tomando un camino distinto al de inicio, porque ahora ya no consideraban que los hechos que yo denunciaba tuvieran relación con aquellos que se investigaban. Lo que antes habían remitido para acumular a ese mismo asunto de ese mismo juzgado ya no tocaba.

No solo eso. Ni la Fiscalía ni el juzgado indicaban dónde tenían que investigarse los hechos que les había trasladado, dejándolos en el limbo y obligándome a recurrir para saberlo, al estar el asunto ya judicializado. Eso me habría supuesto darle tres cuartos al pregonero porque cada uno de los afectados, tanto investigados como víctimas, tendrían derecho a contestar a mi recurso, con la consiguiente repercusión mediática (y la eventual condena a unas elevadas costas a abonar a cada uno de sus abogados, de rechazarse mi postura).

Pero el aspecto más importante era otro, atinente a la naturaleza de los funcionarios y cargos públicos que sí eran, y son aún, considerados como perjudicados en aquel tema. Al margen de que las presuntas víctimas pudieran ser altas autoridades de la nación, lo cual justificaba la competencia de aquel juzgado, también estaba personado en dicho asunto un magistrado de mi idéntica categoría profesional que ejerce en una provincia de España, por lo que la condición de ser «alta autoridad del Estado» ya no se daba en todas las víctimas.

Mi mala suerte otra vez.

Primero, se me investigó a mí solo cuando nos denunciaron a dos.

Ahora, se me excluía cuando, presuntamente, nos calumniaron a muchos.

No recurrí aquella decisión porque mi confianza era nula en ganar una batalla que estaba abocada a un ruidoso fracaso. Quise ejercer una vez más mis derechos, vi cómo me trataron y ahí lo tuve que dejar en ese caso. Y ello porque las verdaderas razones por las que a mí no se me podía aceptar nunca la condición de perjudicado eran otras. Después de tantos obstáculos y años de pleitos, sabía el nulo apoyo que iba a recibir siendo Álvaro García Ortiz el fiscal general del Estado.

Recordemos que lo que les planteaba era que yo podía ser una víctima más de ACODAP porque esta asociación, ahora calificada judicialmente como presunta organización criminal, me había acusado de manera falaz de cometer nuevos delitos en el ejercicio de mi cargo como fiscal, a través de un correo electrónico dirigido a la Fiscalía General del Estado a última hora de la tarde del 26 de octubre de 2020 (a escasas horas de que el Consejo Fiscal, presidido por Dolores Delgado, se reuniera y pusiera fin a mi etapa en Anticorrupción), enarbolando su ficticia bandera de la lucha contra la corrupción.

Y que lo había hecho en nombre de su asociada María Montero, aquella «particular» cuyas múltiples denuncias sirvieron de coartada para que la Fiscalía me investigara y me vilipendiara a través de notas de prensa.

Otra casualidad de la vida. Pero aún quedan muchas más.

Tal y como expuse en páginas anteriores, solo cinco días después de la denuncia de ACODAP, el 1 de noviembre de 2020, Dolores Delgado declaró al diario El País que la investigación dirigida contra mí aún tenía diligencias pendientes de practicar.

Eso era absolutamente falso.

Después de que el día 23 de octubre se intentara archivar por segunda vez la investigación, la única «novedad» que concurría (que, por lo demás, solo esos siniestros denunciantes, la fiscal general y sus estrechos colaboradores conocían) era, precisamente, que se había presentado esa denuncia mendaz de ACODAP contra mí en nombre de la lucha contra la corrupción y de la susodicha «particular».

Y recordemos que, en ese momento, la Fiscalía Anticorrupción ya había solicitado, al mismo Juzgado Central de Instrucción que ahora investigaba a ACODAP y que rechazaba mi condición de víctima, que imputara a María Montero por colaborar presuntamente con otra organización criminal, la de José Manuel Villarejo Pérez, prevaliéndose, en concreto, de su labor como «periodista de investigación contra la corrupción».

Todavía más.

El 2 de diciembre de 2020 el entonces fiscal jefe de la Secretaría Técnica, actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, le «sugería» a la Fiscalía Superior de Madrid, por delegación de la entonces fiscal general, que me siguiera investigando y practicara diligencias solicitadas por esa misma «particular» denunciante; es decir, por María Montero.

La mendaz denuncia de ACODAP y Montero formulada contra mí fue, por tanto, utilizada por Dolores Delgado y por Álvaro García Ortiz para sostener y alargar sus artimañas.

Ahora se investiga a ACODAP por constituir, de manera presunta, una organización criminal, cuyos fines giran en torno a la obtención de lucro denunciando falsamente la corrupción de, entre otras autoridades, Dolores Delgado.

Cuando planteo que yo también puedo ser víctima, la decisión directa recae en un jefe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional renovado en su cargo el 25 de marzo de 2022 a propuesta de la entonces fiscal general, Dolores Delgado. Y en la de la teniente fiscal, que había sido llevada a la Secretaría Técnica en el año 2020 por el entonces jefe de dicho departamento, Álvaro García Ortiz (obvio es por ello que debía conocer mi caso) y que fue propuesta para dicho cargo de teniente fiscal de la Audiencia Nacional en septiembre de 2022 por el propio Álvaro García Ortiz, inmediatamente después de que este fuera ascendido a fiscal general del Estado.

La expectativa de obtener una mínima empatía procesal de los jueces del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, velando por mis derechos como víctima, teniendo en cuenta todo lo narrado hasta ahora, tampoco era la más optimista (declaración judicial de María Montero, las cartas de esta, etc.).

Y como la realidad sigue superando la ficción, todavía tiene mucha más cuerda esta parte final de la historia que, en realidad, es su principio.

Recordemos que en una de las tres cartas anónimas y manuscritas que recibí en el mes de julio de 2020 se hacía referencia expresa a algo que no entendí entonces, pero que sería muy interesante años después: el «EXPEDIENTE ROYUELA».

He descubierto, pues los documentos judiciales constan publicados en prensa, que se trata de una conspiración impulsada por Alberto Royuela, un conocido militante de la extrema derecha catalana de los ochenta, condenado en el año 2003 por un delito continuado de acusación y denuncia falsa contra jueces y fiscales de Barcelona, y por su hijo Santiago, quien cumplió seis años de prisión condenado por la Audiencia de Barcelona en el año 2001 por colocar un artefacto explosivo en un concierto, y por otros ataques violentos vinculados a grupos de ultraderecha.

También fue condenado por ordenar, en el año 2008, un «ataque contra la vida» de una persona que participaba en una subasta judicial, habiendo sido su condena ratificada por el Tribunal Supremo, en el marco del caso Casuals.

Padre e hijo crearon un canal de YouTube para difundir ese Expediente Royuela, que consiste en acusar a multitud de políticos, fiscales y jueces de promover miles de crímenes de Estado.

Sigamos avanzando.

A principios de abril de 2022 fueron los Royuela y ACODAP (oh, casualidad) los que difundieron que (entre otros) el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y la entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado, habían sido «imputados por la Audiencia Nacional» por cometer varios delitos. Y el aludido Santiago Royuela explicaba, en uno de sus vídeos, que «todo lo que ha denunciado (el exjuez) Presencia valientemente se lo ha proporcionado Alberto Royuela, mi padre».

A todas estas, el aludido Fernando Presencia, líder de ACODAP, fue expulsado de la carrera judicial ya que cuenta con varias condenas, entre ellas, dos por delitos de prevaricación judicial. La primera fue confirmada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en julio de 2017 y la segunda, por la misma sala, en noviembre de 2018 (también consta publicado en prensa).

Pues bien. Solo una semana después de rechazar mi participación en la causa de la Audiencia Nacional seguida contra ellos, los tres citados (Fernando Presencia, Alberto y Santiago Royuela) ingresaron en prisión provisional, a petición de la Fiscalía y por orden de Joaquín Gadea, acusados de seguir vertiendo bulos y denuncias falsas contra jueces, fiscales y políticos, y de seguir haciendo negocio con ello, escudados detrás de una supuesta lucha contra la corrupción. El magistrado trata así de evitar su fuga y de que reiteren su actividad presuntamente delictiva.

Cada vídeo y cada mensaje de Presencia y de ACODAP venían acompañados de constantes peticiones de aportaciones económicas a través de Bizum o transferencia bancaria: «La organización ACODAP no era más que un instrumento al servicio de un grupo de personas para la obtención de recursos con los que lucrarse, simulando que con ella se combatía contra la corrupción», explica el juez.

En cambio, ni el juzgado ni la Fiscalía me han permitido preguntar si aquella mujer que vino de Las Palmas de Gran Canaria y fue interrogada por el propio juez Gadea en los términos y circunstancias ya relatados, o los representantes de ACODAP actualmente en prisión provisional, obtuvieron algún tipo de lucro a través de sus constantes publicaciones en prensa, apariciones televisivas o radiofónicas y de la interposición de decenas de denuncias falsas contra mí.

Sobre todo, si tenemos en cuenta una serie de datos:

— La concreta cartita manuscrita que recibí, conocida, como todas las demás, por la Fiscalía General del Estado.

— El dato ya expuesto (y, por tanto, contrastado) de que un empresario llamó por teléfono desde Lanzarote ofreciendo dinero a un periódico importante para que me machacaran mientras se celebraba el juicio sobre aquel asunto de corrupción urbanística y medioambiental relacionado con la bodega construida en La Geria, Lanzarote.

— Que los artículos de María Montero eran también reproducidos en El Espejo Canario, el programa radiofónico de Las Palmas de Gran Canaria, cuyo director, Francisco Javier Chavanel Seoane, fue condenado por el Tribunal Supremo por atentar contra mi honor divulgando noticias falsas sobre mi actuación, entre otros, en ese asunto de corrupción medioambiental.

— La última denuncia (de dieciséis folios, nada menos) que María Montero presentó contra mí en su propio nombre y en el de ACODAP.

Fue el 18 de diciembre de 2020, conmigo ya bien instalado en la Fiscalía Provincial de Madrid. Pretendía que la Inspección Fiscal me sancionara por una conferencia que tuve el honor de impartir el día 23 de enero de 2019 (o sea, casi dos años antes) en el Auditorio Hospedería Fonseca en el marco de un Curso de Especialización en Derecho que se desarrolló como parte de los actos de conmemoración del octavo centenario de la Universidad de Salamanca.

La conferencia, bajo el título «Problemas en la lucha contra la corrupción desde la perspectiva de la Fiscalía», tuvo por objeto describir las dificultades que los investigadores de corrupción tienen al desarrollar su trabajo y, en aquel caso concreto, las dificultades que me encontré yo al investigar, oh, casualidad otra vez, el asunto de la famosa bodega.

— Por esa conferencia, la Inspección Fiscal ya había archivado de plano el día 16 de julio de 2019 otra denuncia presentada por el mismo motivo y con idéntico fin.

— Esta denuncia archivada de forma tajante había sido presentada por el empresario de Lanzarote promotor de dicha bodega y de su complejo anejo.

Es decir, parece que se volvía a probar suerte, a ver si me sancionaban los nuevos responsables de la Fiscalía General del Estado que tanta querencia habían mostrado por reabrir y remirar cualquier cuestión atinente a mi actuación y que en ese preciso momento acumulaban en la misma investigación todo lo que pudiera haber contra mí, de la mano de aquella «particular».

Unos responsables que (en contraste con lo «sugerido» para otra periodista) nunca «sugirieron» que María Montero declarase como testigo en las diligencias de investigación a las que me sometieron (una lástima, teniendo en cuenta los secretos que desvela). Para estos máximos responsables, la aludida sí tuvo un especial recuerdo en una publicación del 22 de marzo de 2022, mucho tiempo después de descubierto el montaje.

Decía esto:

No pudo haber injerencias en este asunto por parte de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, por dos motivos fundamentales: El abogado Calvente fue el motor que destapó esta trama, motivo por el que, como periodista de investigación, articulé mi denuncia, de manera independiente, junto a los reportajes en Confilegal, por una cuestión de transparencia judicial obligada para el caso Villarejo. El segundo motivo que descarta la injerencia de la Fiscalía General del Estado, es que la investigación sobre el fiscal Stampa, en virtud de la citada revelación de secretos, fue abordada por la Fiscalía Superior de Madrid, a raíz de una segunda denuncia que presenté, esta en julio de 2020.

¿En qué momento se produjo la supuesta injerencia por parte de Delgado en el caso Stampa?

No consta. Y los «adláteres» de Stampa, lo saben.

La «piedra angular» aunque esto contraríe a los «adláteres» favorables a la causa perdida «victimista» de Stampa en ciertos medios de comunicación, es que la Fiscalía General del Estado, bajo la dirección del fiscal jefe de la Secretaría Técnica, Álvaro García, cumplió, en verdad, con su función neutral en esta investigación al fiscal Stampa.

Tras este artículo (y cumplir con su misión), María Montero, tan aficionada al ajedrez, trató de emular al gran Bobby Fisher cuando ganó el campeonato del mundo de 1972 y, sin más, desapareció.

Demasiadas casualidades por todas partes.

O quizá no.

20. Validación

El 13 de octubre de 2021, un alto cargo de la Fiscalía Anticorrupción me mandó el siguiente mensaje:

Hoy empieza el primer juicio de Tándem, en el que tanta responsabilidad tienes. Te mando mi reconocimiento con un abrazo fuerte. Veremos cómo acaba este juicio. Sería muy importante empezar bien. Cuídate.

Agradecí aquel mensaje, pero no sé interpretar si, para aquel mensajero, el juicio acabó bien o no, porque no me escribió nada al conocerse la sentencia.

Este juicio siempre fue «el otro lado de la orilla» al que Miguel Serrano se refería cuando aventuró aquellas dos premoniciones que acabaron cumpliéndose. Así fue, no llegamos juntos a ese otro lado de la orilla, pero él sí lo hizo y puso en valor todo el trabajo de la Fiscalía, junto a otro compañero.

El juicio oral, que se extendió desde el 13 de octubre de 2021 hasta el 22 de septiembre de 2022, recabó el interés de los medios de comunicación, pero nada comparable con la atención dispensada a la fase de instrucción, en la que cada día se producía algún sobresalto.

La sentencia, por su parte, a pesar de poner fin en primera instancia a tanto escándalo y a tantas horas de debate, apenas ocupó las noticias. Se dio a conocer el día después de celebrarse las últimas elecciones generales de 23 de julio de 2023.

Las sentencias, en un Estado democrático de derecho, constituyen el culmen de todo procedimiento judicial, ya que a través de ellas se hace la Justicia. Pero eso solo ocurre cuando las sentencias son firmes, es decir, cuando contra ellas ya no cabe interponer recurso alguno, conforme a las leyes procesales. Es lo que se llama la «verdad judicial».

Como ya apunté en el preámbulo, era necesario esperar a la primera sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el caso Tándem para publicar esta obra y darle su más acertado contexto. No trasladar su contenido dejaría coja toda la narración, pero esperar a una sentencia firme resulta innecesario, porque no alteraría lo esencial del relato.

Se conoce ya por los medios que la sentencia ha sido recurrida por varias de las partes, tanto acusaciones como defensas, y tanto por motivos de fondo como de forma.

Por tanto, nada de lo que en ella se ha resuelto es definitivo.

Son múltiples las opciones que quedan abiertas, desde mantenerse en su integridad hasta que se produzcan cambios.

Es más, podría darse la circunstancia de que la sentencia se anule, o de que se anule el juicio, y deba volverse a empezar.

La historia que me afectó, sin embargo, no va a cambiar nunca, cualquiera que sea el pronunciamiento de los jueces.

Seguirá siendo la misma, sea cual sea el desenlace final al que se llegue cuando resuelvan todos los recursos, algún día, en su caso, la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional o la Justicia europea.

Los hechos que se declaren probados y las razones que se den para ello servirán para hacer la Justicia, para trasladar esa «verdad judicial».

Pero esta no siempre tiene por qué coincidir con otra que se llama la «verdad material».

Como no se compadece con los objetivos de este libro, no ha procedido criticar ni valorar las resoluciones judiciales que se han ido dictando en todo este asunto, de manera que mucho menos será procedente hacerlo con respecto a esta primera sentencia. Resulta inapropiado, además de indecoroso, utilizar esta vía para comentar las decisiones a las que ha llegado el tribunal en un asunto en el que, aunque participase en toda la instrucción, así como en la redacción y firma de los tres escritos de acusación sobre los que se ha resuelto, ni participé en el juicio, ni me ha correspondido la decisión de recurrir o el modo de hacerlo.

Baste por ello decir que siempre he estado, y siempre estaré, del lado del extraordinario trabajo realizado por la Fiscalía Anticorrupción.

No obstante, he de referirme a la sentencia de 24 de julio de 2023 trasladando sus conclusiones, sin más, porque todas ellas guardan relación con lo que se ha ido narrando. Y esto es muy importante, porque si aquel 27 de abril de 2017, día en que me encomendaron la investigación, me hubieran dicho que se llegaría a juicio, y a dictarse sentencia, probablemente no me lo habría creído.

En cuanto al fondo, la sentencia entra a resolver exclusivamente sobre los hechos de las piezas de investigación números dos, tres y seis que eran objeto de enjuiciamiento, afectando a treinta y una personas físicas y jurídicas, por la presunta comisión de múltiples delitos.

Los tres magistrados competentes para ello han resuelto en primera instancia si esas conductas enjuiciadas son delito o no. Han declarado como probados una serie de hechos, dictando sentencia condenatoria en todas las piezas de investigación que se llevaron a aquel juicio, transcribiendo en ocasiones párrafos literales de los escritos de acusación de la Fiscalía. Otros hechos los han declarado no probados, sin atisbo de duda.

En cambio, respecto de otras de las conductas que no han considerado delictivas, lo han decidido así solo por mayoría, no por unanimidad, fundamentando unos y otros las razones para llegar a su respectiva convicción.

Ocurre en un aspecto esencial, por el que los tres magistrados dan como probado que los clientes que contrataron los servicios del acusado José Manuel Villarejo Pérez supieron que este actuaba como policía, a través de la empresa C., pero, mientras la mayoría concluyó que lo hacía en el ejercicio de actividades privadas, sin menoscabo de la función pública, una de las magistradas redactó un voto particular, es decir, una postura disidente, acogiendo la tesis principal de la Fiscalía. Esta tesis consiste en que, para la ejecución de los hechos declarados probados que tuvieron lugar mientras dicho acusado estaba en servicio activo dentro de la Policía, este se aprovechó de ello para hacer negocios que eran incompatibles con su función policial.

Pero, al margen de lo que en la sentencia se resuelva desde el punto de vista fáctico (y la eventual colisión que pudiera o no existir entre la verdad judicial y la verdad material sobre aquellos concretos hechos), lo más relevante es que, antes de eso, resuelve sobre algo más global y que afecta a todo el procedimiento en su conjunto.

Es lo que ocurre respecto a la validez de toda aquella actuación policial, fiscal y judicial de la que he venido hablando.

Ya no se trata de un criterio jurídico aplicado por los fiscales, trasladado a los jueces que instruyeron el procedimiento y a la sala que fue resolviendo el ingente número de recursos que se fueron interponiendo hasta aquel momento, sino que un tribunal sentenciador, tras el análisis de toda la documentación, de las alegaciones de todos los intervinientes y de la práctica de toda la prueba, ha resuelto si esa actuación previa al juicio fue conforme a derecho o no.

Y esto es más importante aún que si los hechos concretos que se enjuiciaron, o se enjuicien en el futuro, son o no delictivos.

Durante la celebración del juicio oral, varios letrados pusieron de relieve algunos aspectos que afectaban a la génesis del procedimiento, a título de cuestiones previas, como estrategia de defensa.

Resulta habitual, plenamente conforme a derecho y absolutamente lógico, que la primera línea de defensa de un acusado sea atacar la investigación que se ha seguido contra él mismo antes de debatir si su conducta enjuiciada es delictiva o no. Es el trámite con el que da comienzo cualquier juicio porque, no pocas veces, la mejor defensa es conseguir la declaración de que se ha sufrido una buena indefensión.

De forma específica se atacó el procedimiento por haberse iniciado sobre la base de una simple denuncia anónima, otorgando a tal circunstancia una transcendencia crucial, por cuanto se sostiene que esa particularidad conlleva la nulidad de todo lo actuado.

Se defendió que era todo nulo porque se trataba de una investigación prospectiva de delitos; es decir, que se había buceado en la vida de una persona de forma genérica hasta encontrarle algo que justificara llevarle a juicio, lo que constituye un método de investigación prohibido. Se afirmaba que ya se investigó al principal acusado por ello en el año 2016 y todo fue archivado. O también que los registros practicados debían anularse por defectos en las resoluciones que los autorizaron.

Cualquiera de estas cuestiones, de prosperar, podría dar lugar a la declaración de nulidad de todas las pruebas obtenidas desde el primer día, por aplicación de la doctrina sobre conexión de antijuridicidad o «teoría de los frutos del árbol envenenado».

Después se alegó la ruptura de la cadena de custodia de los efectos intervenidos, pero la eventual estimación de esta cuestión únicamente condicionaría la validez de esas pruebas concretas y las que de ellas derivasen. En particular, se trataba de anular las incautadas en los registros, como el contenido de los ordenadores con el ingente arsenal de documentación y, sobre todo, las grabaciones.

Por último, se sostuvo que esas grabaciones no podían valorarse como prueba, ya que habían sido interpretadas de forma incorrecta y seleccionadas, cuando no directamente manipuladas, por la Policía, la Fiscalía y el CNI.

No solo en el juicio se atacaron estas cuestiones.

Ya desde mucho antes Villarejo acusó repetidamente a los fiscales de actuar al dictado del director del Centro Nacional de Inteligencia, quien solo querría perseguirle, a modo de venganza, por antiguas disputas profesionales entre ambos, denunciando incesantemente esa idea desde medios afines y tratando de dibujarnos como tramposos espías.

A este respecto, la sentencia dictada invoca la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional para validar toda la investigación, y alude para ello, en varias ocasiones, al papel desarrollado por la Fiscalía Anticorrupción, destacando que «el procedimiento penal no principió con una denuncia anónima, sino que nació en el marco de las diligencias número 96/2017 del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que vino antecedida de una ardua investigación preprocesal llevada a cabo por la Fiscalía Anticorrupción».

También descarta el tribunal el reproche sobre el carácter prospectivo de la investigación y resalta que el juzgado autorizante de los registros empleó la expresión «otros encargos similares» porque esta ya venía recogida en la querella del Ministerio Fiscal en la que le solicitaba dichas medidas.

Esta locución se incluyó porque en su primera visita a la Fiscalía el denunciante original había trasladado aquello de que el asunto concreto del que nos vino a hablar era solo «la punta del iceberg», y así lo hacía constar también por escrito en el documento explicativo que aportó, habiendo venido a corroborar esa tesis el resultado inicial de la investigación patrimonial efectuada por la Fiscalía.

Efectivamente, es cierto que en el año 2016 el entonces en activo comisario Villarejo fue investigado por la Policía y que fueron incoadas unas diligencias en la Fiscalía de Madrid. Pero de lo que se trataba ahora era de analizar una investigación distinta, la iniciada en 2017.

La validez de los autos de las entradas y registros y, por tanto, de la obtención de las fuentes de prueba intervenidas en los mismos, también es reconocida por el tribunal en esta primera instancia.

En cuanto a la cadena de custodia, diré antes que se entiende por esta el procedimiento de control y registro que se aplica a los indicios (es decir, vestigio, evidencia, huella, instrumento, objeto o producto relacionado con el delito) a partir de su localización por parte de la autoridad y hasta que se ordene su destino final.

Normalmente, una vez intervenido un material tiene lugar su precinto, y su traslado, desprecinto, apertura y análisis se documentan, identificándose a cada funcionario actuante. En una palabra, la cadena de custodia garantiza que aquello que se recoge en la escena de un crimen es lo mismo que se muestra en un juicio y sobre lo que se fundamenta una sentencia.

También en este punto me limitaré a transcribir la postura del tribunal, que define como «modélica» la cadena de custodia del material intervenido en el complejo procedimiento Tándem:

Todos los pasos seguidos se documentaron por medio de diligencias y comparecencias, absolutamente todos, por lo que no le faltaba razón al Ministerio Fiscal al decir que era modélico el control Judicial ejercido en estos registros.

Para concluir esta exposición sobre la discusión en torno a la validez de las pruebas, llega el turno de la que sirve para definir a todo el asunto Villarejo: los audios.

Tras declarar su validez y su valor probatorio, el tribunal consigna su convicción sobre la autoría y finalidad de la obtención de todas aquellas conversaciones:

(...) grabadas de manera subrepticia por Villarejo Pérez, como era su costumbre inveterada frente a cualquiera que considerase objetivo fácil en orden a obtener algún beneficio para sí a cualquier precio.

Para el final de este capítulo he reservado deliberadamente la opinión que le mereció al tribunal sentenciador de la Audiencia Nacional uno de los puntos más calientes del procedimiento: el de las detenciones ordenadas por los fiscales.

La sentencia entra a resolver sobre esta cuestión, ya que varias defensas, incluida la ejercida por un integrante del despacho de abogados que el 12 de julio de 2018 emitió un comunicado al respecto de esta concreta cuestión, denunciaron en el juicio la vulneración del derecho a la libertad perpetrada por el Ministerio Fiscal, al haber dictado decretos de detención en la fase de instrucción de la causa, porque entendían que esta medida corresponde adoptarla a la autoridad judicial de forma exclusiva y excluyente.

Ya expuse en otro pasaje del libro los ataques que sufrimos por aplicar la Ley y por ejecutar las decisiones que tomamos, con apoyo de nuestro jefe, con independencia de la persona afectada y de las presiones públicas, y no tan públicas, que recibíamos.

También describí la tajante toma de postura de la Fiscalía General del Estado al respecto, con la larga gestación de la Circular 2/2022, de 20 de diciembre, a que ya he aludido, bajo la batuta de concretas personas.

Pues bien, la tesis de la Circular 2/2022 no ha sido la acogida por el tribunal de la Audiencia Nacional que ha dictado la primera sentencia del caso Tándem, habiendo aplicado justamente la contraria, y aplaude expresamente la actuación de la Fiscalía Anticorrupción al calificarla de más garantista:

Carece de fundamento decir que la acusación pública ha vulnerado, con la emisión de estos decretos, derechos tan fundamentales como el de la libertad. Todo lo contrario, ya que, con la intervención del Ministerio Fiscal, al dictar unos decretos de detención en realidad está acotando el ejercicio de las funciones de policía judicial, determinando que no se va a detener a quien la policía considere pertinente, con lo cual se establece un plus de garantía de salvaguarda del derecho a la libertad.

Como ya he mencionado, la firmeza, o no, de esta sentencia no cambia mis muchas vivencias. Ahora bien, sus pasajes, aunque no sean firmes, validan íntegramente mi arduo trabajo desarrollado en la Fiscalía Anticorrupción.

Epílogo

El mundo está inmerso en demasiados dramas que solo nos traen desolación. Algunos derivan de las fuerzas de la naturaleza o de las consecuencias del cambio climático, como erupciones volcánicas, terremotos o inundaciones.

Nunca imaginamos que una pandemia por un virus nos afectara hasta el punto de que, cuando escribo estas líneas, ya ha provocado casi siete millones de fallecimientos.

Los conflictos bélicos a gran escala siguen emergiendo, recordándonos que las dos Guerras Mundiales tuvieron lugar en los últimos cien años.

El hambre y la pobreza no perdonan a millones de personas cada día.

Por si fuera poco, en nuestro día a día, en cada rincón, en cada conversación y casi por cualquier motivo, parece que existe una creciente tensión y unas ganas constantes de encontrar alguna discusión e, incluso, una bronca.

La sociedad está cada día más polarizada, tiene menos paciencia y es más intransigente ante problemas cotidianos y ante otros que afectan de forma relevante a toda la colectividad. ¡Cuánto odio existe!

Pero, en realidad, pocas cosas en la vida son realmente importantes.

En lo que me afecta de forma más directa, observo con pesar que la Administración de Justicia en general sufre una crisis de credibilidad, en parte provocada por la apariencia de que existe un ordenamiento jurídico para los pobres y otro distinto que se aplica a los poderosos y de que, en asuntos trascendentales para el país, hay dos formas contrapuestas de aplicar el Derecho, según el color político del cristal con que se mire.

Sea cual sea la razón, los fiscales no debemos permitirnos seguir perdiendo la confianza de los ciudadanos.

Nos lo impuso la Unión Europea, entre otras ocasiones en el año 2017, con su Informe sobre la Independencia e imparcialidad de los servicios del Ministerio Público entre los Estados Miembros del Consejo de Europa: «El Fiscal debe observar un comportamiento ejemplar, precisamente con el objetivo de ganarse la confianza del público».

Para recuperar esa confianza, durante la tramitación de los procedimientos judiciales debe estar garantizada la libertad de prensa, de forma que pueda cumplir con su deber de difundir información sobre cuestiones de interés general.

Y ello incluye el derecho del público a recibirla, lo que permitirá a la prensa desempeñar su papel de «vigilante público», contribuyendo al debate sobre cuestiones que revistan ese legítimo interés general.

Al relacionarse con los medios de comunicación, los fiscales deberían procurar que la libertad de expresión y la libertad de prensa no vulnerasen los derechos e intereses legítimos de las personas, la protección de datos y el deber de reserva.

Y hacerlo con sinceridad y con transparencia, porque la transparencia, en el ejercicio de las funciones del Ministerio Fiscal, es un componente clave del Estado de Derecho.

Se debe hacer Justicia y se debe percibir que se ha hecho Justicia como forma de garantizar la confianza de la ciudadanía.

Por esto precisamente uno de los sentimientos que inspiran este libro y que debería guiar nuestra actuación diaria es el de que no podemos seguir confundiendo el interés general con el interés del general.

Se lo escuché pronunciar a un fiscal, experto en el conocimiento de las normas reguladoras del Ministerio Fiscal, del Derecho Administrativo en general y, especialmente, de los derechos fundamentales.

Y, como no podía ser de otra manera en toda esta embrujada historia, ni se la escuché decir un día cualquiera, ni el tipo de acontecimiento con el que coincidió podía estar más relacionado con los que se han ido describiendo.

Fue el 16 de junio de 2023.

Ese preciso día, Dolores Delgado tomó posesión como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática tras ser nombrada para dicho cargo a propuesta del fiscal general, Álvaro García Ortiz.

He de poner el acento en que tal cargo, al que siempre se alude en los medios de comunicación en lo referente a su segunda vertiente por la controversia ideológica que ha suscitado (la memoria democrática), lo es también, y en primer lugar, para la protección de los derechos humanos.

Puede parecer superfluo decirlo, por obvio, pero quien ostente ese cargo no se ha de limitar a velar por la protección de los derechos de cualquier ciudadano, porque esa responsabilidad va implícita en la condición de fiscal.

Esa persona tiene encomendada una misión de mayor calado, si cabe, debiendo ir más allá. Entre esas funciones se encuentra la de «representar a la Fiscalía General del Estado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de interpretación de la jurisprudencia del Tribunal».

Es por ello menester recordar que el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Roma,1950) establece que «toda persona tiene derecho a un tribunal independiente e imparcial establecido por la ley».

Para garantizar ese derecho, el rol del Ministerio Público es esencial.

La independencia y la autonomía de los fiscales han sido examinadas hasta ahora por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) solo en una medida limitada, a diferencia de la jurisprudencia sobre jueces, que es mucho más completa.

Respecto de los fiscales, el TEDH ha señalado que…

…en una sociedad democrática, deben existir salvaguardias procesales generales que incluyan disposiciones reguladoras de la independencia institucional o funcional de los fiscales, y que garanticen la transparencia de las directrices oficiales, en especial, en orden a la eficacia e independencia de los órganos encargados de las investigaciones penales con respecto a los fiscales de alto rango, la independencia funcional de los fiscales de su jerarquía y el control judicial de los actos de la Fiscalía.

En cualquier caso, he de puntualizar que ese nombramiento ha sido recurrido por varias partes, invocándose múltiples motivos para que se declare por los tribunales su irregularidad y sea revocado. Entre ellos, por obedecer a «tráfico de favores».

No fue el único nombramiento de Dolores Delgado para un cargo en la carrera fiscal recurrido. También ocurrió con su anterior designación, con la que accedió a la cúspide de la carrera fiscal y al cargo de fiscal de Sala Togado de lo Militar, igualmente, a propuesta de Álvaro García Ortiz.

Este recurso ya ha sido resuelto y ha servido para que el tráfico de favores entre Dolores Delgado y Álvaro García haya sido desenmascarado.

Así lo ha declarado probado, de manera expresa, el Tribunal Supremo en la sentencia dictada por unanimidad el 21 de noviembre de 2023 revocando el ascenso y el nombramiento.

En esencia, la sentencia censura al fiscal general haber actuado «con desviación de poder visible e innegable» para saldar una deuda de gratitud (al haber sido él mismo elevado a la primera categoría de la carrera fiscal por su predecesora, por ser persona de su máxima confianza), «buscando de forma prioritaria al acceder a su cargo un fin distinto al fijado en el ordenamiento jurídico»: «asegurar a la señora Delgado García su promoción a la máxima categoría de la carrera fiscal por haber sido fiscal general del Estado».

Al Tribunal Supremo le invade la suspicacia, al calificar de «llamativo» que «la convocatoria para cubrir —entre otras— la plaza aquí examinada fue acordada por el Ministerio de Justicia a iniciativa de la propia señora Delgado García cuando aún no había presentado su dimisión como fiscal general del Estado; lo que no le impidió, pocas semanas más tarde, cuando ya no ocupaba esa alta posición, presentar su solicitud como aspirante a esa misma plaza».

Después, frente a la «justificación» de Álvaro García:

«yo, que soy fiscal general del Estado, lo voy a solucionar. Porque lo tengo en mi mano, y como lo tengo en mi mano, sin ningún problema moral; al revés, con orgullo de fiscal… en la primera oportunidad que tenga, sin ningún tipo de dudas. Y no me mueve, desde luego, el afecto ni la pasión ni las deudas que tengo, y muchas, con la anterior (fiscal) general del Estado, en muchos sentidos».

El Tribunal Supremo de España evidencia:

«Sostener que haber ocupado altas responsabilidades de designación política debe considerarse un mérito para la promoción y asignación de plazas en el empleo público podría traer consecuencias perversas, en forma de clientelismo, erosión de la meritocracia y, en definitiva, frustración de las legítimas expectativas de carrera de quienes se dedican de manera exclusiva y profesional a la correspondiente función o servicio público».

Amén, otra vez.

El Consejo de Europa ya había censurado, y con meridiana claridad, actuaciones de esta naturaleza en el año 2021:

En el curso de su carrera, incluso para la contratación y el ascenso, los Fiscales deben ser seleccionados sobre la base de sus méritos, aptitudes, conocimientos y valores éticos, y recibir una formación adecuada para desempeñar sus funciones de manera independiente e imparcial, y con pleno respeto de las normas éticas.

Y dentro de esas normas éticas, destacaba esta:

El Fiscal, al igual que el Juez, no puede actuar en un asunto en el que tenga el más mínimo interés personal de tipo alguno y, por lo tanto, debe estar sujeto a responsabilidades profesionales destinadas a salvaguardar su propia imparcialidad e integridad.

Esta cuestión de los nombramientos discrecionales siempre ha sido polémica. También ocurrió con algunos efectuados a propuesta de la propia Delgado cuando era fiscal general (como el del propio Álvaro García Ortiz al convertirle en el fiscal de Sala más joven del escalafón cuando lo ascendió a la máxima categoría de la carrera como jefe de la Secretaría Técnica), pero no son los únicos casos, ya que también los ha habido a propuesta de otros fiscales generales anteriores.

Desde mi humilde perspectiva, ninguna discrepancia legítima —y hasta deseable— dentro de la carrera fiscal (y ello excede de lo atinente a muchos nombramientos, que al público no le interesan en absoluto) debería afectar a nuestra esencia: la de servicio público.

Un servicio público al que poco ayuda la reacción de quien ha sido hasta fechas muy recientes ministra de Justicia y fiscal general del Estado al conocer la sentencia de 21 de noviembre de 2023 que ha anulado su ascenso y ese nombramiento, insinuando, según los medios, que «los magistrados querían llegar a un fin con esa sentencia y a partir de ahí construyeron la fundamentación con contradicciones profundas y argumentaciones oscuras».

Pero no debemos caer en la desazón ni conformarnos. No hay frustración que valga, porque tenemos muchas oportunidades para mejorar la percepción que se tenga de nosotros, cada día, abordando los asuntos y tratando a los justiciables, a los demás operadores jurídicos y a nosotros mismos con más empatía.

Creo que una muestra de que la carrera reaccionó fue la elección del compañero Salvador Viada en las últimas elecciones al Consejo Fiscal, celebradas el 5 de mayo de 2022. Ello dio lugar a que, por primera vez, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) tuviera representación en dicho órgano.

Un fiscal que, a título individual, y también como presidente de su asociación, fue el único en hacer públicamente bandera de mi caso y en mostrar orgullo profesional por compartir profesión con Carlos Ruiz de Alegría. Desconozco si los electores tuvieron en cuenta esos detalles. Son meros datos.

Como lo es también que, cinco meses después, la APIF recibiera el Premio de la Fundación Hay Derecho (ex aequo con la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña).

Dicha Fundación se define en su página web como una «fundación independiente, neutral y sin ánimo de lucro, que sueña con dejar a las generaciones futuras un Estado de Derecho en España sólido y ejemplar, y cuya misión es la de promover acciones que proporcionen información objetiva e independiente a ciudadanos y líderes sobre los problemas de nuestra sociedad y sus posibles soluciones, con especial énfasis en la regeneración del Estado de Derecho».

El Tribunal Supremo también se ha pronunciado sobre ella en su sentencia de 30 de noviembre de 2023 como «una fundación que viene desarrollando su actividad colaborando con la Comisión Europea, impulsando la profundización en el Estado de Derecho y la prevención de la regresión en sus principios esenciales, que se ha hecho un lugar propio en el conjunto de formaciones de la sociedad civil española que persiguen finalidades de claro interés público o social».

Por su parte, el Premio Hay Derecho es «un reconocimiento orientado a visibilizar y promover las actuaciones de aquellos ciudadanos o entidades que hayan destacado por sus acciones en la defensa del Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción».

También ignoro si en los resultados obtenidos por la Asociación de Fiscales en esas mismas elecciones de 5 de mayo de 2022 (habiendo alcanzado la máxima representación que se podía obtener, con seis vocales) influyó algo su intervención derivada de aquel infame Consejo del 24 de noviembre de 2021 y/o que llevaran mi asunto a los tribunales.

Lo que sí demuestra la realidad objetiva es que la Unión Progresista de Fiscales, a la que tanto Dolores Delgado como Álvaro García Ortiz habían pertenecido hasta ser nombrados fiscales generales (el segundo fue, incluso, su presidente), y que los ha defendido ciegamente en cada comunicado, ostenta en la actualidad la menor presencia de su historia en el Consejo Fiscal, con solo dos representantes de los nueve electivos por sufragio de todos los fiscales.

Es decir, los fiscales españoles han perdido mucha confianza en ellos en estos últimos años. Varios fiscales de larga trayectoria y mucho prestigio profesional llegaron incluso a darse de baja de esta asociación a raíz del último nombramiento de Dolores Delgado, aduciendo que ya no se sienten representados.

Parece claro que algo está pasando.

Tendríamos que reflexionar sobre si nuestra normativa interna favorece que todo lo que en este libro se ha venido narrando pueda seguir ocurriendo. Y, desde luego, hace falta mucha reflexión antes de seguir reclamando un cambio legislativo que atribuya a los fiscales la instrucción de todas las causas penales.

El nombramiento por el Gobierno del fiscal general y la dependencia jerárquica no son los principales problemas. Sí lo son, entre otros, las órdenes verbales, los nombramientos y las renovaciones en determinados puestos por designación discrecional del fiscal general (quien, actualmente, debe autorizar cualquier decisión de otro fiscal cuando este investiga a un ciudadano en un asunto que aquel considere «de trascendencia», recordemos), la falta de compañerismo (que no corporativismo) o el miedo, frecuentemente confundido con la prudencia o el servilismo.

La prudencia es un dogma en sí mismo. Pero el miedo es un concepto incompatible con ser fiscal.

El conflicto que esto provoca es evidente:

Los nombramientos por períodos limitados con la posibilidad de volver a nombrar a los Fiscales conllevan el riesgo de que el Fiscal tome sus decisiones no sobre la base de la ley, sino con la idea de complacer a quienes lo vuelvan a nombrar. Se trata este de uno de los aspectos más problemáticos del Ministerio Fiscal, habida cuenta de la muy limitada regulación de esta materia al respecto, lo que está llevando a planteamientos más que cuestionables en los que con frecuencia no priman méritos adquiridos por el esfuerzo y la dedicación objetivamente valorables, sino intereses de otro tipo, incluyéndose los del superior jerárquico.

De nuevo, Europa.

Ya hemos comprobado, por boca del Tribunal Supremo, nada menos, la conexión de todo lo expuesto con lo que Álvaro García Ortiz dijo en su discurso de toma de posesión como fiscal general el 5 de septiembre de 2022, agradeciendo a su antecesora la confianza depositada en él: «Gracias a su generosidad y a su honestidad, puedo pronunciar hoy este discurso».

Esta historia, y su reflexión final, ya van concluyendo.

Sí, en un momento de mi carrera profesional aspiré a un nombramiento para una plaza fija de carácter discrecional. Ignoro si algún día volveré a solicitar otra plaza de semejante naturaleza. Lo dudo demasiado, pero quién sabe. Ni siquiera sé si me quedan para pedirla esos hipotéticos veinte años más de carrera profesional hasta la jubilación.

Lo que sí me ha dado tiempo a comprobar es que trabajé para la Fiscalía Anticorrupción de mi país en el asunto de corrupción que de manera más grave ha afectado hasta ahora conjuntamente a la política, la Justicia, la empresa, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la prensa, y que la Fiscalía General del Estado impidió, y la Fiscalía Anticorrupción consintió, que no lo siguiera haciendo tras un burdo montaje de aquellos a quienes yo investigaba. Y que apenas hubo reacción contra eso.

La reflexión debería hacerse en profundidad.

En mi caso particular, he intentado encontrar lo positivo de cada disgusto, de cada vivencia, y me he dado cuenta de que cada vez que se cierra una puerta una nueva oportunidad se presenta. O muchas.

Así lo hice cada vez que suspendí la oposición, cada día que se publicaba una noticia falsa sobre mí o cada vez que recibía un golpe de los máximos mandamases de mi carrera o de sus integrantes.

Y es que, tras mi salida de la Fiscalía Anticorrupción, el ejercicio de esta profesión que tanto me apasiona, ya en la ciudad que me vio nacer, me ha vuelto a regalar experiencias que sobrepasan todo aquello que imaginaba cuando soñaba ser fiscal algún día.

Porque la profesión de fiscal es una de las más bonitas del mundo.

Una de ellas derivó de una guardia de diligencias, esa modalidad en la que tienes que esperar cualquier tipo de acontecimiento, a cada cual más dramático, que exija una decisión judicial urgente. Te obliga a que duermas en el edificio judicial de la plaza de Castilla para estar preparado cuanto antes, porque las desgracias no tienen una hora prefijada en el calendario.

De mañana acudí con el juez de guardia a un registro en la Cañada Real Galiana. Esperábamos intervenir una gran plantación de marihuana, pero no encontramos una sola hoja.

Que la diligencia judicial se frustrara me pareció lo menos importante. El éxito fue haberme animado a ir. Lo que el juez consideró una gran pérdida de tiempo a mí me aportó muchísimo.

De regreso al edificio judicial les pedí a las dos funcionarias de la Policía Municipal que nos llevaron que me esperasen un momento. Cuando me despedí del juez, les hice un ruego:

—Por favor, ¿sería posible que me enseñaran la Cañada a fondo?

—Sí, claro.

Les facilité mi contacto, pero no supe más y me olvidé.

Dos meses después, recibí una llamada.

—Don Ignacio, lo llamo de la Policía Municipal. Era por si aún quería hacer esa visita. Nos encantaría enseñarle nuestras instalaciones y, después, que nos acompañe. Hemos tardado unos días en llamarle porque no estaba disponible el compañero que mejor conoce hasta el último metro de la Cañada, pero ya podemos ir con él, cuando usted quiera.

Lo primero que hice entonces fue pedir permiso a mis jefas, porque solo podíamos ir durante la jornada laboral y no tenía motivo procesal alguno para ello.

La petición les sorprendió muchísimo, aunque tampoco se opusieron. Creo que lo tomaron como una ocurrencia, pero las convencí rápidamente con el argumento de que sí formaba parte de mi trabajo el conocer las circunstancias que se «viven», por decirlo de alguna manera, en un lugar que es frecuentemente parte de la vida judicial. Y ello porque el papel que se maneja en los juzgados no solo lo aguanta todo, sino que es muy frío y, desde luego, pocas veces te traslada sentimientos o humanidad sobre un lugar que desprende demasiado sufrimiento en cada esquina y recibe tan poca sensibilidad.

La segunda anécdota que quiero destacar, por cómo define toda esta historia y lo que supuso para mí, deriva del anterior destino. Fue con ocasión del juicio oral celebrado en la Audiencia Nacional por el caso Tándem.

Era 28 de abril de 2022 y declaraba como testigo Francisco Javier Migueláñez, comisario principal jefe de la Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía. Un funcionario de la máxima categoría en su profesión, recientemente jubilado tras cuarenta y un años de servicio. Estaba contestando a una pregunta cuando hizo un inciso para decir espontáneamente esto:

Yo recuerdo algunas reuniones con Don Miguel Serrano o con Don Ignacio Stampa. Me permito decir que para mí ha sido un privilegio trabajar con estos fiscales. No los conocía, y para mí ha sido un auténtico honor trabajar con estos fiscales. No puedo tener más que agradecimiento al trato que me han dado a mí y a mis compañeros. Y reconocimiento a su trabajo.

El gesto no lo destaco por lo que dice sobre los fiscales, ni por lo que dice sobre mí. Lo destaco por la forma en que se refirió a sus subordinados: «mis compañeros».

Concluyo ya compartiendo el momento más emotivo que esta profesión me ha regalado hasta la fecha.

El primer juicio con jurado que se me asignó en la Fiscalía de Madrid tenía por objeto la muerte sinsentido de un joven. Comenzó con la incomprensión de la familia de la víctima, ya que la Fiscalía no compartía su misma tesis acusatoria.

Tras el desarrollo de las pruebas, consulté con mi superiora y nuestras posturas confluyeron. Finalmente, el jurado declaró probado, por unanimidad, el asesinato.

Cuando salí del edificio, la madre de aquel chico me estaba esperando.

—Gracias de corazón. Por favor, ¿puedo darle un abrazo?

Fue entonces cuando entendí plenamente el verdadero sentido de aquella frase cinematográfica, de nuevo de El club de los poetas muertos, que tanto me inspira desde mi juventud:

Fui a los bosques porque quería vivir a conciencia, quería vivir a fondo y extraer todo el meollo a la vida. Dejar de lado todo lo que no fuera la vida para no descubrir en el momento de la muerte que no había vivido.

agradecimientos

Quiero agradecer la estrecha colaboración de los extraordinarios profesionales que tanto han ayudado a que desarrollara mi trabajo, con todos mis errores, y que me han acompañado en algunas de las experiencias que más recuerdos han dejado para siempre en mi memoria.

A algunos les cito por su nombre de pila, sabedor de que ello no sirve para identificarles ni ponerles en riesgo.

En ese aspecto, he de comenzar este agradecimiento por Vicente, Paco, Víctor y los demás integrantes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil con quienes empezó todo, aquel lejano año 2008, cuando llegaron a la isla de Lanzarote. Enseñasteis cómo se puede trabajar como un reloj, a pesar de tantas dificultades, por muy inmanejable que parezca el desafío.

Del Cuerpo Nacional de Policía son muchos los funcionarios que no solo han enriquecido mi trabajo, sino también mi vida y la de mi familia.

Comenzando por mis tiempos en las islas Canarias, investigando homicidios, mi más sincero recuerdo para José Manuel, Luisjo, Antonio y Urqui por tan buenos ratos de trabajo, y amistad, pensando y conversando juntos y para Enrique y Raúl cuando os tocó ayudarme a desentrañar la corrupción.

A los integrantes de la Unidad Policial adscrita a la Fiscalía Anticorrupción, por vuestro cariño.

Igualmente, a los de la Brigada de Homicidios de Madrid, por vuestra confianza para tan dura labor.

A los escoltas que nos cuidasteis durante cuatro años. Algunos de vosotros tuvisteis intervenciones para protegerme, delante de mis hijos, que provocaron su admiración infinita. Y eso, para mí, es lo máximo.

Especial reconocimiento merecéis todos y cada uno de los integrantes de la Unidad de Asuntos Internos con los que tuve el inmenso honor de trabajar. Ojalá algún día se os reconozca todo lo que habéis hecho por el bien de este país, con una vocación de servicio público incondicional, un sentimiento de respeto por la Justicia admirable y una lealtad encomiable: Paco, Roberto, Gonzalo, Samanta, Paula, Alexandra, Juan, Álvaro (x2), César, José, Antonio, Carlos, Coral, Pepe y Eduardo.

Y a Piedad, mi amiga, que tanto me enseñas y que tanto cuidas de mí.

A Vanesa, Bárbara, Eduardo y demás integrantes de la Policía Municipal de Madrid, por enseñarme algunos entresijos de vuestro trabajo y acercarme a problemas que parecen lejanos, pero que tanto me han hecho reflexionar.

A los funcionarios de las fiscalías, juzgados y tribunales que me habéis facilitado y facilitáis, cada día, un trabajo no siempre fácil. Gracias.

A María Romero, por tu cariño infinito. Eres una de las personas que mejor comprendes todo lo que ha pasado, aunque no me lo digas.

A Elena Fuentes. Sin tu cercanía y compromiso en el día a día, ni habría llegado hasta donde llegué, ni lo habría resistido. Gracias de todo corazón.

A las asociaciones Transparencia Urbanística y Acción Cívica contra la Corrupción, por acordaros de mí cada día de vuestra lucha.

A la Fundación Hay Derecho, por su defensa del Estado de Derecho. Y por su denuncia pública contra lo que me pasó y el reconocimiento a mi labor. No ceséis en vuestro empeño de despertar a la sociedad para conseguir una democracia un poco más sana y menos temerosa.

A quienes desde las redes sociales me habéis enviado mensajes de apoyo. También se esconden ahí detrás personas maravillosas dispuestas a ayudar. Sin los consejos jurídicos recibidos tan generosamente de algunos de vosotros, no habría conseguido nada.

A Alfonso Rodríguez de Sadia y a Ángel Domingo, por toda la inyección de vida que me habéis dado desde que, aquel lejanísimo año 2002, confiasteis en mí para formar parte, como juez, de la familia de la Liga Española de Debate Universitario.

A mis amigos jueces de la LEDU. Cuánto nos queremos, aunque solo nos veamos unas pocas veces al año, fomentando la palabra, valorando cada debate y formando a nuestros jóvenes. Somos muy afortunados.

A los estudiantes que, desde vuestras universidades, asociaciones y clubs de debate de ciudades como Vigo, Zaragoza, Salamanca, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga, Madrid, Tucumán y tantas otras, habéis contribuido, sin saberlo, a este libro.

Agradecimiento especial para Álvaro de Cózar, Eva Lamarca y Pilar Sayáns, por tan exquisito amor por el periodismo. Creísteis desde el inicio, cuando más lo necesitaba. Fuisteis vitales. Sois extraordinarios. Cuántos como vosotros necesitamos.

Y a Ymelda Navajo y Berenice Galaz, mis editoras, por creer en esta historia desde el primer minuto.

A los demás profesionales de la información que anteponéis la verdad y, además, queréis contarla. Sois imprescindibles.

A mis abogados, y a pesar de eso, amigos, por su paciente y profunda revisión del libro.

A Antonio, el mejor jurista de este país, y mejor persona. Por tantos sabios consejos, aunque no todos los haya seguido.

No quisiera caer en la injusticia de olvidarme de alguno de los nombres de los fiscales que habéis estado a mi lado, así que perdonadme si no os cito.

Pero tampoco quiero que os señalen. No me perdonaría provocaros siquiera la menor incomodidad.

A los que os acercasteis, ofreciendo comprensión y apoyo. Sabéis que sé quiénes sois.

Y a los que confiasteis en mí, aunque nada me dijerais.

Sin embargo, no sería justo dejar de citar a Antonio Salinas, Consuelo Madrigal y María José Segarra por haber confiado en mí expresamente.

Ni a Salvador Viada, el único miembro del Ministerio Fiscal que desde el principio denunció públicamente y sin descanso lo que pasaba. Gracias. Y gracias por citarme en tu discurso al recoger el premio.

No encuentro las palabras más adecuadas para Carlos Ruiz de Alegría. El fiscal más digno. Un fiscal honrado. Un profesional leal a su cometido. Una persona buena.

Y a Miguel Serrano, por acompañarme en tantas aventuras. Qué pocas están narradas en este libro, querido colega. Te deseo mucha suerte de vuelta en tu nuevo/viejo destino, allá en tu tan querida isla de Tenerife. Como igualmente deseo que, de una vez, sus campos de golf y la brisa de ese Atlántico que siempre nos mantendrá cerca compartan contigo una paz que, también, tanto necesitas.

A Irma, Luis e Isabel, los amigos que me mantuvisteis siempre a flote en esa mi isla del alma.

A Elisa, amiga valiente y comprometida, por ayudarme en todo siempre.

A Silvia, que en cada momento personal y profesional de este último decenio de mi vida has estado para decirme la palabra exacta.

A Olguita, Ruth, Cuqui, Truji y Jorge, por tanta compañía, risas y Amistad.

A mis tías, tíos, primas y primos de la Vegueta, por vuestro cariño, compañía, risas y apoyo infinitos.

A mis tíos Javier e Isabel, siempre preocupados por mi familia y por mi formación, desde mi época de opositor y, después, prestos a darme sabios consejos, pendientes de tantos avatares.

A mi hermano mayor, Jorge Cyro. Yo soy tu muleta y tú eres el que siempre has cuidado de nosotros.

A Paco, Alberto, Aída, Magdalena, Esteban, Augusto y Vanessa. Cada abrazo que me dabais me acompañaba allí donde estuviera.

A Manuel, Isabel y Jorge, por quererme.

A Carmen Dolores, por darme todo a pesar de tantos desvelos inmerecidos.

A Cipriano, por abrirme siempre la puerta de tu casa.

A Chechu, por ser tan cariñoso y generoso con tan poco.

A María José (y a la familia Crespí Villarías), por darme los dos mayores regalos de mi vida y hacer de ellos dos personas extraordinarias.

A mis hermanos María José, Patricia y Álvaro. Vuestra compañía permanente fue un acicate para no dejarme doblegar.

Papá, ¡qué orgulloso estabas! Menos mal que te fuiste unos días antes de que todo comenzara. Cuando era muy pequeño y un niño se metió conmigo jugando al fútbol, me dijiste: «Ladran, luego cabalgamos». ¿Te acuerdas?

Mamá, tantas veces que has sufrido por cada hijo, por cada nieto. Con cada suspenso durante mi oposición. Y con cada noticia. Puedes estar bien feliz y orgullosa, como nosotros, por haber creado una familia tan maravillosa.

A Ignacio y a Guillermo, por perdonarme cada minuto que dejé de atenderos. Por mantener el tipo ante comentarios dolorosos en el colegio. Por aguantar tantas incomodidades. Por hacerme crecer a vuestro lado. Por hacerme tan feliz y, cada día, más orgulloso de vosotros. Sois el sentido de mi vida.

Y a Mercedes, víctima silente de tanta vileza. Amor, gracias por tu comprensión, por tu confianza, por tu paciencia y por tus ánimos y apoyo constantes. Por darme calma. Por creer tanto y por hacerme creer a mí. Por dármelo todo.

Sin mis amigos y familiares más cercanos no sé qué habría pasado, pero nada de esto se sabría.

Gracias por animarme a contarlo. Aunque no sea todo.

Os quiero.

Nota del autor

Esta historia nunca habría visto la luz sin la existencia de una persona excepcional.

Una persona que me impresionó desde que la conocí y a la que admiro profundamente.

Has seguido todo desde el primer día. Mejor dicho, has supervisado y controlado absolutamente cada detalle, como a ti te gusta, con esa cabecita prodigiosa.

Además, lo has hecho con el máximo cariño, corrigiéndome cuando debías con tanta bondad que, incluso, al regañarme (que también me ha tocado mucho, y con razón), te salía con dificultad.

Siempre pendiente de mí, me rescataste muchas veces, dejándolo todo para acudir a sostenerme.

Y, una vez levantado, me has llevado siempre erguido, confiado y querido.

No hay palabra que defina mi agradecimiento.

Más que eso, lo que conseguiste es que te quiera.