El Tren de Aragua. La banda que revolucionó

el crimen organizado en América Latina

© De esta edición Editorial Dahbar

© De esta edición Cyngular Asesoría 357, C. A.

ISBN: 978-980-425-091-0

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Índice

Agradecimientos

Sobre las fuentes

Prefacio  

Luis Moreno Ocampo

Prólogo

Sergio Dahbar

1. La novia del pran y la tigrita en celo

Ropa cara en la Casa Grande y el robo del tigre del circo Los Valentinos

2. Los tres papás

Un operativo policial para desaparecer pranes y el falso mito del sindicato del ferrocarril

3. Rosita, ¿la viuda negra del crimen?

En el crimen organizado las mujeres pueden ser víctimas o victimarias

4. Una corporación criminal

El secuestro del corresponsal del NYT y Breaking Bad Tocorón

5. Las Grandes Ligas de la extorsión

La historia de las extorsiones a peloteros y prospectos del beisbol

6. Expansión nacional y modelo

Mano de obra importada de Tocorón para el narco y uno de los yacimientos de oro más grandes del mundo

7. La expansión internacional

El control de las fronteras en Suramérica, advertencia de un Presidente y las iglesias en Florida

8. “Aquí la única pran soy yo”

Colectivos, megabandas, pranes, zonas de paz y un Estado que delega

Epílogo

Referencias

Foto Daniel Hernández

La periodista de investigación y consultora en materia de seguridad  y crimen organizado Ronna Rísquez es una de las principales estudiosas y expertas sobre grupos armados no estatales y gobernanzas criminales en Venezuela. Es cofundadora de Monitor de Víctimas, un observatorio de periodismo que registra y analiza la violencia homicida y violaciones de derechos humanos. Mediante su trabajo con organizaciones internacionales, medios de comunicación como Runrun.es y el think tank InSight Crime en América Latina, ha sido una de las primeras en comprender y documentar la evolución de nuevos actores criminales. Como mafias que pasaron de la extorsión, el secuestro y la venta de drogas a la construcción de redes delictivas internacionales con una mezcla de pensamiento estratégico y violencia, reemplazando al Estado como gobierno de facto de una cárcel, un barrio o una mina.

Agradecimientos

A mi familia, que ha sido un estímulo y un soporte, que me apoyó con su tiempo y paciencia, y que estuvo siempre a mi lado.

A mi mamá, Josefina, y a mi papá que siempre han creído en mí, que me impulsaron a estudiar y a trabajar para lograr mis metas.

A los periodistas del interior del país que me ayudaron a conseguir fuentes y a confirmar informaciones. Sin ellos, esta investigación no hubiera llegado a buen puerto.

Al taller de libros de la Fundación Gabo, que ocurrió en 2022 en la ciudad de Madrid, en el marco de la Feria del Libro, que dirigió Martín Caparrós, y en el que participaron ocho periodistas de Iberoamérica. Su aporte fue determinante para el abordaje de los personajes y las historias.

A mis compañeros de Runrunes.

A otros colegas periodistas, amigos y gente de logística, que me acompañaron en este recorrido y que enriquecieron mi trabajo.

A quienes me dieron entrevistas. Todos priorizaron contarme lo que sabían aun cuando hablar era un riesgo muy alto.

Sobre las fuentes

Este es un libro de no ficción. Es, en verdad, una investigación periodística que se ha extendido a lo largo de tres años. Todo lo que aparece en este libro es fidedigno. Y hace justicia a la versión de las fuentes consultadas. Fuentes cuyas identidades se mantienen en reserva. Se han cambiado pequeños detalles cotidianos para garantizar seguridad a quienes se atrevieron a ser entrevistados. La mayoría de las entrevistas, a más de 60 personas, fueron grabadas y ese testimonio se encuentra protegido.

El origen de los textos

La investigación de varios de los trabajos que integran este libro comenzó a desarrollarse gracias al apoyo de Runrunes. El capítulo 5, sobre la intervención de los pranes en los negocios de las firmas de prospectos con las Grandes Ligas, se elaboró con el apoyo de ARI (Alianza Rebelde Investiga) y CONNECTAS. En el capítulo 7, el texto sobre Ecuador fue investigado y redactado en colaboración con la periodista ecuatoriana Lorena Erazo, con el auspicio de la fundación Periodistas Sin Cadenas.

Prefacio

Este libro presenta diferentes riesgos para su autora.

Expone su vida y la de otras personas para describir el funcionamiento local, nacional e internacional de un grupo criminal radicado en una cárcel de Venezuela.

Un riesgo diferente es que su esfuerzo sea ignorado. Que el libro no sea utilizado para enfrentar el problema descrito.

No se trata solo de los serios problemas de gobierno en Venezuela, sino de que no hay una estrategia clara que pueda aplicarse.

El grupo se originó en la cárcel y sabe cómo operar desde allí. No bastaría terminar con el grupo sino evitar que otras bandas lo reemplacen. No hay policías regionales u otros organismos que puedan seguir las pistas de la incipiente internacionalización denunciada. Ni siquiera hay un campo académico específico que pueda estudiar en forma integrada la complejidad del tema.

Los sistemas de seguridad, basados en jerarquías nacionales que deben actuar con criterios formales, no están preparados para enfrentar redes criminales que cruzan las fronteras.

A fines del 2011, durante mis últimos meses como fiscal de la Corte Penal Internacional, visité México para entender mejor el problema de la violencia que asolaba ese país. El secretario de Gobernación, José Blake Mora, me explicó que durante los ochenta México ignoró el crimen organizado.

Se consideraba que era un tema de Estados Unidos, al que le correspondía controlar el tránsito de la droga producida en Colombia. Dos décadas más tarde, Blake me reconoció que México no podía evitar el control territorial de las bandas criminales. La estrategia de “plata o plomo” había permitido la consolidación de los carteles mexicanos.

Una semana después de nuestro encuentro, se estrelló al sur de la Ciudad de México el helicóptero que conducía a Blake, quien murió junto a otras siete personas.

Una década más tarde la situación no ha mejorado sustancialmente y este libro presenta una oportunidad de cambio.

El primer paso puede ser que podamos entender mejor las conexiones que el libro expone, hacerlo desde notas periodísticas, miniseries de televisión y análisis de expertos.

Estas palabras introductorias son mi pequeña contribución para enfrentar los dos riesgos. La autora no está sola, estamos observando lo que ocurre con ella y su obra. El desafío no es solo protegerla, sino conectar lo que nos cuenta con lo que ocurre en otros países. No podemos ignorarla.

Nuestro desafío es transformar este libro en una palanca de cambio.

Luis Moreno Ocampo

Primer Fiscal General de la

Corte Penal Internacional (2003-2012)

Autor de War and Justice in the 21st Century,

Oxford University Press, 2022

Prólogo

“Estoy seguro de que a cualquiera le gusta un buen crimen,

siempre que no sea la víctima’’.

Alfred Hitchcock

I

Hay fenómenos que adquieren rápidamente el sentido de una metáfora. Es el caso de El Tren de Aragua. ¿Es este grupo delictivo una bomba de relojería que puede acabar con el Estado venezolano? ¿Algún “emprendimiento’’ ilustra de forma más acabada, en 24 años, la ausencia de institucionalidad, el fracaso del liderazgo, la escasez de transparencia, la falta de rendición de cuentas, el remedo de justicia, el combate ineficaz contra el lavado de dinero? Esta banda puede ser vista como algo inevitable.

Todo venezolano sabe que tarde o temprano se verá tentado a moverse como pez entre diferentes tipos de mareas. El bien y el mal. La serenidad y la desesperación. El mundo de la legalidad generalmente es ineficiente. A veces se paraliza y no avanza. Para poder seguir, hace falta acudir al otro lado de la realidad, más veloz y eficaz, pero abundan los riesgos. Sacar un documento de identidad, arreglar una línea telefónica, desatrancar un trámite fiscal, legalizar una propiedad o un vehículo para venderlo, apostillar un documento, autenticar un poder o solicitar un certificado de antecedentes penales… Cuanto más se desciende en el infierno de los trámites cotidianos, más se desdibujan las diferencias entre lo legal y lo ilegal.

Todo este coqueteo con la ilegalidad en el día a día de un venezolano tiene un contexto mayor. Hoy, enero de 2023, la inflación se encuentra en 404 % (anual). Para muchos funcionarios del gobierno y algunos analistas, es un sinónimo de que “Venezuela se arregló’’. Quizás porque la inflación llegó a ser de 130.000 % en años recientes. Aunque el gobierno obliga a usar los bolívares, el país se dolarizó de facto. El Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo 85%. Lo que quiere decir que tenemos una economía del 15% de lo que teníamos hace 24 años. Siete millones de personas han salido del país. Ya sea a través de migraciones organizadas en países que reciben profesionales, o a través de trochas y selvas inseguras donde la gente muere o sufre violaciones y robos mientras persigue un lugar en el paraíso.

El venezolano hoy no tiene acceso al crédito. No sólo para comprar una propiedad, sino para financiarse gastos corrientes con tarjeta de crédito. El sistema de justicia solo funciona para favorecer al gobierno. La ong Un Estado de Derecho produjo una investigación y analizó más de 45 mil sentencias, a partir de 2004. Ni una sola de esas sentencias fue para favorecer a un ciudadano común. En ningún caso el Estado perdió un litigio. No hay instituciones. La propiedad privada no se respeta. La corrupción no se detiene. El despotismo avanza, sin aparato de gobierno, sin ley, sin instituciones. Hay quienes han definido este momento como un triunfo del “anarco capitalismo’’.

¿Y cuál es la realidad que rodea a Venezuela? Las capitales y zonas rurales latinoamericanas padecen altas tasas de violencia, a través de tripulantes de un crimen cada vez más sofisticado. En la complejidad de un continente inestable, crecen diferentes tipos de delincuentes (carteles de la droga, bandas, comandos, milicias, pandillas, autodefensas, paramilitares, guerrilla, colectivos) que han evolucionado hacia el tráfico de drogas; los robos de carros; asaltos en transporte público; la protección, la extorsión y el secuestro; la piratería y el contrabando; el fraude y el préstamo forzoso; el tráfico de migrantes; la prostitución; el tráfico y la venta de armas.

Estos grupos al margen de la ley operan también negocios privados: el servicio de agua, la distribución de gas, la televisión por cable o la seguridad... En otros casos, controlan servicios de salud y escuelas de barrio. En ciertos países ofrecen protección social para presos y sus familiares. O se especializan en resolución de conflictos ciudadanos, en sitios donde no hay policía confiable o la justicia tarda en llegar.

Esto abre la puerta para que se ejerza una “justicia fuera de la justicia legal’’, como anota Arturo Alvarado en su excelente y bien informado estudio “Organizaciones criminales en América Latina: una discusión conceptual y un marco comparativo para su reinterpretación’’ para la Revista Brasileira de Sociología (2021). Las relaciones que establecen estos grupos con las fuerzas del Estado (policías, militares, ministerios públicos, gobernantes) atraviesan diferentes estadios: “evasión, corrupción, complicidad, intimidación, coexistencia conflictiva, confrontación, o la simbiosis’’.

Ya para centrarnos en Venezuela, el derrumbe del estado de derecho ha llevado a que todos estos factores estallen a la vez y se alimenten entre sí. El Tren de Aragua es una manifestación de una situación que lo trasciende, que le dio origen, y que lo protege. En su escalada internacional, a través de la diversificación del crimen y la expansión por el continente, este fenómeno no ha hecho otra cosa que desparramarse como un crimen portátil.

II

Este libro de Ronna Rísquez aparece en un momento muy particular. El mundo ha regresado a la normalidad, sin pandemia. Aunque todo se detuvo por dos años, el crimen organizado aprovechó las oportunidades que brindaba el colapso sanitario para escalar. Hay quienes ven oportunidades en la oscuridad. El delito cibernético se disparó con millones de personas que comenzaron a utilizar internet para trabajar, entretenerse o hacer transacciones financieras. Los narcos advirtieron nuevas formas de transportar mercancía, al insertar productos ilícitos junto a suministros para la pandemia que atravesaban puertos sin vigilancia. El precio del petróleo se desmoronó, por la disminución de la demanda, y los barcos quedaron a expensas de la piratería.

El lento regreso a la normalidad encontró al crimen organizado enquistado en todos los desafíos sociales del siglo XXI: desigualdad, inestabilidad política, cambio climático, mercados financieros no regulados, corrupción, migración forzosa... Con capacidad para adaptarse a realidades cambiantes, supo también aprovechar las debilidades institucionales y sociales de cada país para ganar terreno y negocios.

Un punto de inflexión importante lo revela el valioso Índice global del crimen organizado (2021), en uno de sus indicadores: la resiliencia. Se define como “la capacidad de los actores estadales y no estadales para resistir y desmantelar las actividades del crimen organizado, a través de medidas políticas, económicas, legales y sociales’’. Los indicadores que sirven para medir la mayor o menor resiliencia de una sociedad son el liderazgo político, la gobernanza, la transparencia gubernamental, la rendición de cuentas, la cooperación internacional, el sistema judicial, los cuerpos de seguridad, la integridad territorial, la lucha contra el lavado de dinero, el apoyo a víctimas y testigos. Venezuela tiene números negativos en casi todos esos indicadores, básicamente porque los estados autoritarios tienen niveles más bajos de resiliencia a la criminalidad que las democracias.

Hay algo más. Esa resiliencia también ha retrocedido en el continente. “Más de las tres cuartas partes de la población mundial vive en países con altos niveles de criminalidad’’. “La trata de personas es el más omnipresente de todos los crímenes a nivel mundial’’.

En este contexto, las acciones del crimen organizado, advertidas antes como obra de actores independientes que operaban fuera de las instituciones, muestran hoy un golpe de timón. Ha crecido el papel del Estado en la perpetración o en la participación directa de actividades criminales organizadas. Esto ocurre en un grado que va desde la corrupción a baja escala hasta la captura total del Estado. El aparato estadal pasa a ser el principal y a veces único perpetrador de la violencia. O las autoridades permiten poco espacio para que operen otros grupos criminales, o ceden su monopolio sobre recursos o mercados criminales que actúan en su nombre, como es el caso de penales completos o sistemas de salud o educación.

Cuando el propio Estado perpetra actividades ilícitas, el país perdió su resiliencia frente al crimen organizado. Como ocurre en Venezuela. El índice llama la atención sobre aquellas medidas destinadas a combatir el delito, como ejecuciones extrajudiciales, que no cumplen con las normas, estándares y principios de los derechos humanos internacionales. Este tipo de medidas irregulares favorecen la criminalidad.

III

En Venezuela se ha naturalizado el horror. Numerosas bandas criminales han tomado el control de territorios y trafican con armas, cocaína y recursos no renovables. Aun en este contexto, sorprende que las páginas escritas por Ronna Rísquez (centradas en El Tren de Aragua) sean el producto de una investigación periodística, confirmada con testigos, fuentes e informes, y no de una novela, fruto de la imaginación de un narrador. Cuesta creer que existan ocho penales bajo el control total de sus pranes. Que una mujer pueda entrar a una discoteca en una prisión y quede presa del pran que la gobierna. Que esa cárcel, autogestionada por criminales, tenga zoológico, piscinas y cajeros automáticos, administrados por presos. Y que, desde uno de esos ocho penales, llamado Tocorón, haya escalado una megabanda que se convirtió en un negocio criminal global, desde Chile hasta México. Y que en Venezuela esto se conozca públicamente y no ocurra absolutamente nada.

Ronna Rísquez ha escrito un libro que no existe en la bibliografía venezolana, ni por asomo, atravesado por historias inéditas sobre la vida cotidiana de ciudadanos venezolanos atrapados en un corredor de desesperación y dolor humano. Es imposible leer este libro sin preguntarse, mientras pasan las páginas, cómo es posible el desenvolvimiento de semejante organización criminal sin anuencia del Estado venezolano; qué tan bajo pueden haber caído los indicadores de la resiliencia venezolana para cederle el control de un país a grupos criminales.

Nadie ha visto aún caminar por el continente latinoamericano al Hombre Nuevo idolatrado por la izquierda. Pero ya hay demasiadas pruebas trágicas de cómo estas bandas venezolanas han aprovechado el dolor y el sufrimiento de mucha gente mientras huye para sobrevivir por el continente. En ese recorrido, sobre el lomo de crímenes diversos, uno de los líderes de esta banda criminal logro colarse desde Venezuela hasta Chile, hasta administrar un food truck en la capital, Santiago de Chile, a pocos pasos del palacio de gobierno.

Este libro debía publicarse por muchas razones. No solo para conocer cómo fue posible el nacimiento y la expansión de El Tren de Aragua, sino también para ver cómo ha desbordado las fronteras de lo que muchos consideran un Estado fallido, y para ganar conciencia sobre la naturaleza de esta nueva amenaza que arrincona sociedades latinoamericanas.

Antes de enviar El Tren de Aragua a imprenta, la autora, Ronna Risquez recibió una amenaza. Los hechos, relacionados con esa advertencia, fueron presentados a través de una denuncia en la Fiscalía General de Venezuela. En este momento están siendo investigados. Si se buscaba con el terror impedir la publicación de este libro, no sirvió de mucho. Solo permitió corroborar que es un libro cargado de verdades que deben llegar a los lectores.

Sergio Dahbar

Enero 2023

1.

La novia del pran y la tigrita en celo

Ropa cara en la Casa Grande y el robo del tigre del circo Los Valentinos

—Allí cumplí varias de mis fantasías.

Eso fue lo primero que me dijo Roxana sobre la Casa Grande, mejor conocida como cárcel de Tocorón.

—Me bañé en licor, en chocolate, en dinero, gocé, disfruté de masajes, peluquería, descanso y atenciones... Tenía respeto, poder. Yo sabía que había delincuencia, que desde ahí atacaban a los de afuera, pero era tal el orden y la organización que llegué a creer que así estábamos mejor.

Cuando Roxana entró por primera vez a la Casa Grande, sintió que ese era su verdadero hogar. Adiós a la escasez, a las colas, a la violencia en las calles venezolanas. Nunca se le habría ocurrido pensar que lo “mejor” se le presentaría al pisar una cárcel. Fue aquí donde conoció al hombre que le cambiaría la vida, un preso que la bañó en champaña y dólares, un hombre del que hoy intenta escapar.

A Roxana la conocí en 2021, cuando investigaba la participación de los pranes −los presos que controlan las prisiones en Venezuela− en el negocio de las firmas de los contratos de jugadores venezolanos en las Grandes Ligas. Era amiga de una amiga de María, una de mis fixers más confiables. Roxana aceptó darme la entrevista sin dudar. Pero iniciar la conversación requirió unas cuantas maniobras y medidas de seguridad.

—Me encantaría conversar contigo personalmente —me decía—, pero eso no es posible porque estoy siendo vigilada todavía.

En cada encuentro virtual que sostuvimos recordaba que su vida corría peligro, que se sentía observada, que la seguían. Así que para poder hacer las entrevistas, Roxana, María y yo creamos un grupo de WhatsApp. María activó en un celular viejo una línea empresarial que había dejado de usar meses atrás. Se reunió con Roxana en casa de la amiga que tenían en común y le entregó el móvil. Así fue como pudimos empezar a comunicarnos con menos riesgo.

Por esa vía conversamos cuatro veces en una semana, con intermitencias, silencios y preguntas sin respuestas. Roxana no estaba siempre disponible, o no podía usar el teléfono libremente, por lo que tuvimos que adaptarnos. Al mismo tiempo, en un chat privado paralelo, María y yo comentábamos, con asombro y hasta incredulidad lo que nos revelaba Roxana. Desde la primera charla con ella, supe que su historia rebasaba lo que yo estaba buscando para aquel reportaje. Sus relatos parecían de una película distópica. Leía lo que escribía en el chat y recordaba Mad Max, El Juego del Calamar o el parque de Westworld.

En su historia quedaba claro que cada visita de Roxana a la Casa Grande era una inyección de adrenalina. Allí bebió el whisky que ya no llegaba a las licorerías de su ciudad y vio a los grandes artistas de la televisión a centímetros de distancia, en una zona VIP. También gritó sus mejores orgasmos en una suite privada, llevada por un deseo que no despertaba su novio de toda la vida, sino aquel entorno criminal. En especial, había desarrollado una fantasía que quería hacer realidad de manera cada vez más urgente: ser penetrada por un preso. Cuando salía de la cárcel y volvía a su rutina, la idea le obsesionaba. ¿Podría tener sexo con uno de los duros de la cárcel de Tocorón?

Casa Grande y estación central

Centro Penitenciario de Aragua es el nombre formal de Tocorón. Construido en 1982, fue concebido para albergar a 750 personas, pero hoy, dependiendo de la fuente que se consulte, se estima que tiene entre 3.000 y 5.000 “privados de libertad”, para utilizar la jerga de un Estado muy insistente con la terminología, pero incapaz de dar una cifra oficial. De acuerdo con la ley, la seguridad interna de todas las prisiones en Venezuela está a cargo de funcionarios del Ministerio de Servicio Penitenciario, mientras que la seguridad externa es tarea de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), un componente de la fuerza armada, que depende del Ministerio de la Defensa.

Hace tiempo que el Estado venezolano perdió el control de lugares como Tocorón: al menos ocho de los 53 penales venezolanos son controlados por los pranes, de acuerdo con una investigación conjunta de la organización Connectas y el medio digital Runrunes.

Esto coincide con un estudio del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) que analizó la situación de 31 cárceles en Venezuela, y encontró que 8 están totalmente en manos de pandillas carcelarias, otras 8 son controladas por el Estado y 15 operan bajo una especie de control mixto, lo que significa que una parte de la prisión está bajo el dominio de los presos y la otra bajo la autoridad del ministerio responsable del sistema carcelario. Y como dijo la directora del OVP, Carolina Girón, a la agencia de información alemana DW, más de la mitad de la población penitenciaria del país —aproximadamente 25 mil presos— está en penales dominados por grupos criminales. Tocorón es una de esas cárceles donde quienes mandan son los reclusos.

Tocorón toma su nombre del pueblo donde está ubicada, en el municipio Zamora del estado Aragua, apenas a 130 kilómetros de Caracas. Tiene una extensión de más de 2.25 kilómetros cuadrados y es la prisión más famosa del país, no porque sea un ejemplo de orden o de reinserción social. Por el contrario, su fama se debe a que es el centro de poder de la megabanda el Tren de Aragua, que ha extendido su radio de acción e influencia desde ese poblado castigado por el sol en el centro de Venezuela hasta varios países de América del Sur, siguiendo el rastro de los millones de venezolanos que huyeron, y huyen todavía, de la devastación económica y social generada por los gobiernos chavistas.

Si el Tren de Aragua fuera literalmente un ferrocarril, Tocorón sería su estación central, la plataforma desde donde la megabanda controla la salida y la llegada de miles de presos y gestiona sus actividades delictivas en Venezuela, Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, y posiblemente Estados Unidos.

En la cima de la estructura criminal, a cargo del Centro Penitenciario de Aragua, está la persona que en el gobierno de Nicolás Maduro llaman un “líder negativo”, y que en la calle llaman un pran: Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”. Este preso disfruta de su reino mientras paga una condena de más de 17 años por una docena de delitos, entre ellos homicidio y tráfico de drogas.

El Tren de Aragua también le puso a la cárcel el sobrenombre de la Casa Grande. Así es como se refieren a ella tanto sus reclusos como los residentes de San Vicente, un barrio en el municipio Girardot, al sureste del estado Aragua, que está totalmente dominado por la organización.

Fuera de la cárcel de Tocorón, San Vicente es el enclave principal del Tren de Aragua. Allí no se les permite la entrada a las fuerzas policiales desde 2014, cuando fue incorporado al proyecto de las Zonas de Paz del gobierno de Maduro, un intento de “pacificar” a las bandas que recuerda un poco el experimento de la zona de despeje o zona de distensión otorgada a las FARC en el gobierno de Andrés Pastrana.

Aunque este barrio está a casi 30 kilómetros de la prisión, tiene un valor estratégico porque sirve para comunicarse con Tocorón a través del Lago de Valencia, y tiene salida directa a la Autopista Regional del Centro, la más importante del país, que conecta a Caracas con el centro y el occidente, así como con el puerto de Puerto Cabello, en Carabobo. Como si no fuera suficiente, San Vicente también alberga un pequeño aeropuerto militar en perfectas condiciones, desde donde despegan frecuentemente vuelos no comerciales, según cuentan habitantes del lugar.

Un comité de recepción

Tocorón también es un sitio del que se cuentan historias de no creer, pero que han resultado ciertas. Es una cárcel, pero tiene discoteca, piscina, parque infantil, casino y un sistema “bancario” propio. Todo esto al margen de la institucionalidad, construido con dinero proveniente de la extorsión, el secuestro, el narcotráfico y el cobro de vacunas, entre otras cosas.

Una vez estuve allí, en Tocorón. Había intentado entrar en dos ocasiones anteriores, pero ni siquiera llegué a bajarme del carro; pasaba a poca velocidad frente a la gran edificación azul, observando a la gente en los pequeños comercios de los alrededores. De reojo miraba las torres, a los gariteros que vigilaban desde el techo por órdenes del pran, y seguía.

Hasta que un día me decidí. Me acompañaba Raiza, una amiga que aceptó correr el riesgo de entrar a Tocorón conmigo.

—¿Tienes miedo? —me preguntó justo al llegar.

—Claro que no —le dije—. No nos va a pasar nada.

Intentaba mantenerme serena. Íbamos a entrar con la excusa de visitar a un preso, a quien le llevábamos unas bolsas con comida. Nada de carnets de prensa, ni ningún otro formalismo: allí el gobierno es el Tren de Aragua.

Primero pasamos por los tres puntos de control de la Guardia Nacional, la única presencia estatal en toda esa ruta hacia el interior del penal de Tocorón. En ninguno nos revisaron los paquetes con comida, y solo en el último nos pidieron dejar la cédula de identidad. Estábamos prácticamente adentro, pero yo todavía pensaba: “¿Y si nos pillan? ¿Y si se dan cuenta de que somos periodistas y no visitas?”. 

Después pasamos al cuarto de revisión corporal, donde no había nadie. Era claro que el lugar no se usaba. Varios años atrás, el Niño Guerrero prohibió que se hicieran este tipo de requisas a los familiares de presos por considerarlas humillantes y vejatorias. Salimos de allí y nos encontramos con una especie de comité de bienvenida, integrado por presos.

—¿Necesitan ayuda con las bolsas? —preguntaron.  

Eran cinco hombres jóvenes y delgados −famélicos, en realidad− vestidos con camisas blancas de mangas largas, corbatas rojas y jeans azules o blancos. Estaban parados a ambos lados de la puerta donde comienza el largo pasillo de acceso al interior del Centro Penitenciario de Aragua.

Uno de los muchachos tomó los paquetes, nos invitó a seguirlo y comenzó a caminar. Los de su grupo eran una suerte de sirvientes, se comportaban casi como los chicos de protocolo de un teatro. Están ahí para guiar a las visitas. Su ropa, muy formal para un lugar como este, les sirve para diferenciarse del resto de la población reclusa, e indica que ellos gozan de un privilegio inalcanzable para la mayoría de los reclusos en Tocorón: poder movilizarse por las distintas áreas de la prisión.

Apenas comenzamos a seguirlo, un ruido de motores llamó nuestra atención. Aunque intentábamos no fijar la mirada en nada ni en nadie, no pudimos evitar voltear a ver. Eran motocicletas. Hay muchas en Tocorón y circulan a toda velocidad por las vías –sí, vías asfaltadas como las calles– y los corredores internos del centro de reclusión. Las más comunes eran de alta cilindrada, Kawasaki KLR y Suzuki DR similares a las que usan los guardias nacionales. Son motos que pueden costar hasta 5.000 dólares o más en los sitios web de venta de vehículos.

La mayoría de las motos eran conducidas por hombres robustos o de contextura regular, bien alimentados, muy distintos al joven flacucho y demacrado que nos guiaba. Usaban pantalones cortos o shorts, apropiados para los 35 grados centígrados de temperatura que se sienten en Tocorón, con camisetas y zapatos de marcas reconocidas. Algunos tenían pistolas en la cintura o usaban bolsos cruzados en el pecho donde guardaban las armas, al estilo de los escoltas privados que ahora abundan en las principales ciudades del país.

Estos presos con motos de alta cilindrada y ropa cómoda forman parte del “carro”, como se denomina en la jerga carcelaria venezolana al círculo cercano o grupo que acompaña al “principal” en el control de la prisión y los negocios que allí se generan. “Principal” −no “pran”−, es el verdadero título jerárquico usado por los internos para identificar a los jefes de las cárceles venezolanas.

Ropa cara y sazones del hampa

No queríamos mirar ni preguntar mucho, para no violar alguna regla que no conocíamos; tampoco queríamos lucir sorprendidas ni impresionadas por lo que íbamos descubriendo al ingresar al penal. Pero de aquí en adelante nuestro asombro sería permanente.

Al pasar el puesto de control de la Guardia Nacional, la vía interna conduce a las dos torres originales del penal. Un poco más adelante destaca una estructura colorida y llamativa similar a las áreas sociales de los clubes privados. Ahí estaban el parque infantil y la piscina de la cárcel de Tocorón, tal como la habíamos visto en tantas fotos en redes sociales y reportajes periodísticos. 

Raiza y yo nos miramos y supongo que pensamos lo mismo: “¡Es verdad! Lo de la piscina en la cárcel de Tocorón es cierto”. Las instalaciones se veían en buen estado y limpias. Ese día era la visita de los niños y la zona de entretenimiento estaba llena de pequeños, que jugaban y se zambullían en el agua.

De allí en adelante, el recorrido se convirtió en una especie de paseo como los que haces por primera vez en un sitio del que te han hablado mucho y del que solo has visto fotos. Pero todo adquiere otra dimensión cuando lo ves con tus propios ojos, cuando estás ahí con los sentidos en alerta constante.

—Mira la Disco Tokio —dijo Raiza, señalando con disimulo hacia el popular local de cuya existencia supieron los medios en 2014. La discoteca de los pranes era escenario de frenéticas rumbas con bailarinas y artistas, a las que podía entrar cualquiera que buscara fiesta con “seguridad” garantizada. En 2015, el medio español La Vanguardia publicó: “Las chocantes imágenes de la Disco Tokio repleta de reclusos rumbeando al ritmo de la música de bonitas cantantes ligeras de ropa han desatado la indignación de una parte de la sociedad venezolana, que critica que el gobierno no haga nada para impedir la impunidad de la que gozan los capos mafiosos”.

El día en que la vimos, la fachada de la discoteca estaba cubierta con una lona negra. Yandris, un exmiembro del Tren de Aragua a quien entrevisté en un restaurante en las afueras de Caracas, pocos meses después de que fue excarcelado, contó que a mediados de 2022 el local había sido cerrado por orden del Gobierno. Buscaban evitar más escándalos, como los que protagonizaba la banda en Colombia y Chile. “Pero eso es para afuera; adentro las rumbas siguen”, aclaró Yandris en una conversación telefónica posterior, cuando ya se había ido a Colombia.

En el recorrido vimos restaurantes con terrazas y mesas al aire libre, kioskos de comida más sencillos, uno llamado “La Sazón del Hampa”. También hay bares y licorerías con una oferta muy variada de bebidas: whisky, vino, ron, cerveza… De todo había –hay− en Tocorón. 

El “banco” de la cárcel es una hilera de taquillas en una larga pared blanca, con ventanas de vidrio como las de las agencias bancarias de verdad, en las que los internos pagan las cuotas semanales para poder seguir con vida en el penal y también pueden cambiar dinero o solicitar avances en efectivo sobre fondos depositados a su nombre en las cuentas de los pranes.

Vimos tiendas que exhibían ropa y zapatos en vitrinas. No nos atrevimos a confirmar si se trataba de prendas originales o imitaciones de esas que se conocen como “triple A”. Tampoco preguntamos los precios. En uno de los comercios destacaban logos, pegados a las vidrieras como calcomanías, con los nombres de las marcas de los productos que ofrecían: Balenciaga, Gucci, Prada… Ropa cara, como la canción del colombiano Camilo que suena mucho por estos días.

Además de la canción, recordé una tienda similar que había visto un par de semanas atrás en el pueblo de Las Claritas, al sur del estado Bolívar, en pleno corazón del Arco Minero del Orinoco, adonde fui para investigar sobre la presencia de uno de los tres jefes del Tren de Aragua en las minas del Kilómetro 88, donde está el cuarto yacimiento de oro más grande del mundo.

En Tocorón, las abundantes ventas de comida preparada y víveres eran en su mayoría como los puestos de un mercado, con congeladores y estantes para organizar la mercancía. Todas se veían bien abastecidas. A un lado había una pequeña cancha de fútbol sala con grama artificial. En la misma área se veía lo que parecían ser otras instalaciones deportivas, pero las rejas estaban tapadas con cobertores negros como de hule.  

—Esa debe ser la cancha de paintball —le comenté a Raiza en voz baja—; la que me dijo Yandris.

Después vimos una planta eléctrica que, por sus dimensiones, debía tener capacidad para iluminar todo el penal. Las fallas eléctricas son tan frecuentes en Venezuela que en agosto de 2022 la ONG Comité de Afectados por Apagones registró un promedio de 655,64 interrupciones del servicio cada día. Por esa razón, todo el que ha podido ha comprado sus propios equipos generadores de energía: empresas, hoteles, centros comerciales, urbanizaciones de clase alta y Tocorón.

Mientras todavía mirábamos la planta con asombro, un pequeño vehículo se estacionó a nuestro lado. Era una moto de carga de tres ruedas con remolque. En la canasta de carga iban tres hombres y adelante, el conductor. Todos tenían camisas tipo chemise anaranjadas. 

En ese momento llegó Julio, el hermano preso de una amiga de Raiza, al que íbamos a visitar; nuestra coartada para poder entrar a la cárcel. Después de saludarnos con sorpresa y desconfianza, agarró las bolsas con emoción, picó un pedazo del pan que estaba en uno de los paquetes y empezó a comer. Nuestro guía de corbata roja volvió a su lugar en la puerta de entrada.

Julio nos explicó que los hombres en la moto de tres ruedas eran presos que tenían a su cargo la supervisión y el mantenimiento del sistema eléctrico de la prisión. Es decir, como las cuadrillas de emergencia de Corpoelec, la empresa gubernamental encargada del maltrecho sector eléctrico de Venezuela. 

Hasta ese momento habíamos recorrido 300 metros y la sensación era similar a la que tuve cuando fui por primera vez a un parque de Disney. Claro que son cosas radicalmente diferentes, pero igual que el parque temático, Tocorón se sentía como un mundo irreal, de esos que crees que solo existen en la fantasía, en los libros y las películas, hasta que lo tienes ahí, delante de ti.

Acompañadas por Julio, tomamos un camino a mano izquierda. Luego supe que la calle que seguía derecho conducía a la casa del Niño Guerrero, que tiene dos pisos, piscina privada y un asador de carnes, entre otros lujos. El pran también tiene una oficina en la entrada de la prisión.

Comenzamos a ver muchos locales cerrados, con las santamarías abajo. Pero también cosas curiosas como una lavandería en un local con aire acondicionado, tan coqueta que Raiza la confundió con un spa de uñas. Tenía un nombre en inglés que incluía la palabra laundry. Al frente había un pequeño conjunto de apartamentos de dos o tres pisos, con aires acondicionados y motos estacionadas alrededor.

—Esta es la calle de los millonarios —dijo Julio.

Eran las residencias de los otros jefes del Tren de Aragua. Los “millonarios” aquí tienen su propio estilo… Nos topamos con un hombre en jean y camiseta de marca, que paseaba su perro bulldog como si estuviera en el jardín de su casa. Luego apareció otro que llevaba una botella de whisky Etiqueta Negra en una mano y una pistola 9 milímetros en la otra.

Pero ocurría algo raro, incluso para lo extraño que era todo allí. Había poco movimiento de personas un domingo a mediodía en una prisión que se supone que tiene más de 5.000 presos. En los comercios no había gente comprando, en los restaurantes nadie comía, en el banco no había gente cambiando dinero y los bares estaban casi vacíos. Solo veíamos a los encargados, junto a sus familiares y casi ningún cliente. La piscina y el parque infantil eran los lugares más concurridos, pero aun así, eran pocos los usuarios. 

Los manchados

De pronto todo comenzó a cambiar. Ahora caminábamos por un corredor que se hizo más angosto, se acabó la vía principal y no había motos. Comenzaron a aparecer más hombres flacos, sucios, sin afeitar y con la mirada perdida. También usaban corbatas y camisas de mangas largas, pero no blancas: eran de cuadros, rayas o estampadas con colores. Salían de un pequeño edificio en ruinas, que a corta distancia se veía oscuro, sucio y lleno de escombros. Parecía un área de confinamiento, pero sin guardias; solo se veían estas personas que entraban, salían y caminaban como zombis. 

Frente a ellos, otros dos hombres −uno vestido con pantalones cortos y otro con un short playero− observaban todo desde un kiosco con techo de zinc y paredes hasta la cintura, similar a los puestos de venta de cerveza que hay en los estadios. Usaban camisetas de un solo color. De vez en cuando se movían por el área y daban instrucciones. El más bajo de estatura tenía una escopeta, mientras que su compañero sacaba a cada tanto una pistola automática plateada del pequeño bolso terciado en el pecho. Ambos llevaban radios para comunicarse con cualquier punto de la prisión.

Eran los “gariteros”, los vigilantes de la estructura criminal. Son como el cuerpo de seguridad e inteligencia del pran, sus ojos en todos los rincones, son los que reportan lo que sucede al momento. Aunque Yandris dijo que en realidad todos en la prisión cumplen la función de gariteros.

En medio de las dos edificaciones, vimos un pequeño bohío o solar con mesas, sillas de madera y un televisor de plasma, donde los hombres de camisas estampadas recibían a sus visitas.

—Ellos tienen prohibido salir de esa área —explicó Julio—. No se pueden desplazar por el penal. Si lo hacen son sometidos a castigos físicos, o los pueden matar.  

Se les conoce como “varones” o “manchados”. Son los presos que no tienen familia que los visite, ni dinero para pagar la causa. También pertenecen a ese estrato los presos que cometen robos, hurtos dentro de la cárcel, “mancharon la rutina”, en jerga carcelaria, o violan alguna norma del pran.

Las camisas de colores, rayas o cuadros son en realidad una marca, un distintivo que están obligados a usar para diferenciarse del resto de la población penal, mientras que las corbatas son una exigencia de la iglesia evangélica que les permitió refugiarse en el deteriorado edificio donde pasan sus días de encierro.

Este grupo forma parte de los excluidos en las prisiones venezolanas, junto a los enfermos terminales de tuberculosis, VIH o COVID-19, que son confinados a una torre donde mueren sin asistencia médica ni visitas, como los leprosos de las historias bíblicas para los que no existen los milagros.

Allí desapareció la sensación de parque temático. De ahí en adelante la prisión se parecía más a cualquier barrio pobre del país, donde el Estado no entra. Caminerías con basura, aguas estancadas y moscas por todos lados, construcciones improvisadas con tablas, cartón piedra y zinc –a las que llaman cantinas− iguales a las viviendas precarias que en Venezuela denominamos ranchos. 

Estas cantinas son locales comerciales, pero también son usadas como habitaciones por algunos presos. El alquiler mensual de la cantina es de 20 dólares, que se le pagan al principal, el Niño Guerrero. También es posible comprar una cantina por 100 dólares. Pero eso solo lo pueden hacer aquellos reos que se han ganado un lugar trabajando para el principal.

—Esto es para millonarios. Esta cárcel es para millonarios. Aquí todo es plata, todos tenemos que pagar 15 dólares de causa a la semana —advirtió Julio, con un gesto de resignación.

Julio nos explicó lo de la causa, una forma interna de extorsión que cobran los pranes a los presos para permitirles vivir en la prisión. El que no paga, primero recibe advertencias, luego castigos físicos o aislamiento forzado, y finalmente puede terminar muerto. Con el dinero de la causa se cubren los gastos semanales de la prisión. Cuando lo recaudado no alcanza, el principal se mete la mano en el bolsillo: “Guerrero completa lo que falta, pone 2.000 o 3.000 dólares de su propio dinero”, dijo luego Yandris.  

Ya en esta etapa del recorrido por Tocorón volvíamos a ver hombres cada vez más flacos, con rostros demacrados. Ninguno sonreía, ni siquiera los que tenían visitas y comida. De fondo se escuchaba salsa. Había un centro de apuestas de carreras de caballo, los llamados parley. Un grupo de hombres gritaba alentando a sus caballos. Pero ni siquiera así el ambiente lograba ser festivo. 

El zoológico

Más adelante, un local grande, bien arreglado, de paredes blancas recién pintadas, ofrecía una variedad de drogas, entre otras, cocaína y crack. Se podían comprar sin ninguna restricción, en dólares. Aunque no estaba abarrotado de clientes, vimos a varios compradores con billetes verdes en las manos. En otra cantina más sencilla vendían cripy, también conocida como súper marihuana, una droga más poderosa que la versión común del cannabis, modificada genéticamente para que contenga más THC. Estos locales tienen áreas acondicionadas para que los interesados consuman ahí las sustancias.

Esta zona era como un gran mercado, llena de pasillos al aire libre con puestos de venta de todo tipo de cosas, desde alimentos de las cajas CLAP (programa de alimentación del Gobierno) hasta productos de Polar (la principal industria privada de alimentos de Venezuela).

Al final de uno de esos pasillos estaban las caballerizas. Contamos nueve caballos, un pony y un potro. Los cuidaban dos vigilantes con armas de fuego y radios. Allí comenzaba también un área similar a un zoológico. El espacio era grande, lleno de jaulas con adecuaciones especiales según la especie que albergaban: un pequeño jaguar llamado Rey; un puma hembra; un rey zamuro (un buitre blanco) y un pavo real albino (considerada un ave exótica y deslumbrante). El famoso zoológico de Tocorón. Había una pareja de avestruces, proveniente de una granja de cría que había en el pueblo de Magdaleno, muy cerca de Tocorón. También tenían tucanes, monos y guacamayas, como se llama en Venezuela a los papagayos, y chivos, vacas, gallinas y cerdos para la alimentación del Niño Guerrero y su grupo. 

En el mismo sector estaba la gallera, edificación circular, con paredes de cemento, bloques de ventilación y un techo alto, donde se cruzan apuestas mientras se enfrentan dos gallos entrenados para matarse entre sí. Aunque la distancia entre las jaulas no era de más de tres o cinco metros, en cada punto había al menos dos hombres con radiotransmisores y bolsos cruzados en el pecho. Hay mucho que cuidar aquí, los gallos, los animales, todo es valioso en Tocorón.

Del lado izquierdo vimos el estadio de beisbol, con grama artificial y gradas. Acababa de pasar por meses de remodelación pagada por el Niño Guerrero. El “Estadio Tren de Aragua” es casi de nivel profesional. De hecho, según Julio, muchos peloteros venezolanos que juegan en equipos de Grandes Ligas en Estados Unidos han bateado jonrones y lanzado algunas pelotas en el diamante de Tocorón.

De regreso hacia la salida, observamos un área a mano derecha. Cuando le pedimos a Julio que nos llevara hacia esa zona, hizo un gesto de negación, su expresión cambió y no dijo una palabra. Simplemente siguió en dirección contraria. A esa zona solo se podía ingresar con permiso de los principales.

Mientras nos acercábamos a la salida, volvimos a escuchar el ruido de las motos y pasamos junto a otros gariteros. Antes de despedirnos, Julio −que durante la caminata dejó escapar que preferiría estar en otra cárcel− nos dio una explicación del porqué de las obras, la organización del penal y los excéntricos gustos del pran: “Guerrero siempre dice que no va a descansar hasta convertir esto en la urbanización Tocorón”.

De regreso en el punto de control donde habíamos dejado los documentos de identidad, cuando debíamos ubicar nuestras cédulas en una gran caja de madera con compartimientos, un guardia nacional nos preguntó: “¿Qué día entraron?”. Sin entender bien la pregunta, respondimos: “Hoy”. Y el militar buscó los documentos en el último compartimiento de abajo. Encima había más de diez compartimientos con cédulas de visitantes que habían ingresado a la prisión una semana atrás o antes. 

Salimos de allí con la sensación de que seguíamos siendo observadas y con el ánimo afectado por lo que acabábamos de ver. Habíamos hecho un paseo por un lugar extraño, peligroso, que se rige por sus propias reglas; considerado el epicentro que irradia violencia no solo en el país, sino en buena parte del continente. Nos alejamos en silencio, cada una ensimismada en sus pensamientos, esperando que al sabernos lejos de allí se aliviaría la tensión que sentíamos, y casi rezando por Julio, nuestro improvisado guía en el lugar que dejábamos atrás.

Jugar con fuego

Otras mujeres también entendieron que, luego de estar en Tocorón, solo podían sentirse seguras mientras más se alejaran de allí. Fue la solución que encontraron quienes, como Roxana, se vincularon sentimentalmente con los pranes y luego debieron huir para proteger sus vidas.

Julieta es una de ellas. Conocí su historia en 2019 por casualidad. Su tía Teresa trabajaba en un comercio que yo solía frecuentar y un día me contó lo que había vivido su sobrina.

Julieta es una morena alta y voluptuosa, de ojos claros, de padre europeo y madre colombiana. Era bailarina profesional. En 2016 la contrataron para presentar un show en Tocorón. Allí conoció a uno de los jefes de la prisión. Para ella era uno de los pranes del Tren de Aragua, me contó Teresa.

En poco tiempo iniciaron una relación. Julieta lo visitaba en la cárcel. Pero la dinámica cambió cuando, como cualquier pareja en etapa de enamoramiento, empezaron a salir de paseo fuera del penal, para ir a restaurantes, discotecas y a la playa. Julieta hasta lo llevó a conocer a su familia.

En un par de ocasiones los detuvo la policía, en las alcabalas (retenes, puntos de control) comunes en las vías venezolanas. Pero entonces el hombre hacía una llamada y los dejaban ir sin problema, según el relato de Teresa. Solo en una oportunidad no logró convencer a los funcionarios policiales de que lo dejaran seguir. Para sobornarlos, le pidió a Julieta la cadena de oro que le había regalado días atrás, diciéndole que no se preocupara porque pronto la iba a “llenar de oro”. Para entonces él ya no estaba en Tocorón, y había sido enviado por la banda para apoyar a Johan Petrica en unas minas en la Guayana venezolana.

Dos años después, ya el hombre le había regalado a Julieta un apartamento en una céntrica zona del este de Caracas y un carro. El pran cumplía su promesa y Julieta estaba feliz. Un día la tecnología le jugó una mala pasada y por error Julieta pescó en el celular unas fotos que desnudaban su infidelidad. La muchacha decidió terminar la relación, pero él no estaba de acuerdo. Cuando tuvo oportunidad, lo dejó y huyó a Europa, donde todavía teme ser alcanzada por los tentáculos del Tren de Aragua.

El novio de Julieta, al igual que la pareja de Roxana, era un “lucero de la alta”. En la jerarquía de la prisión, la figura más cercana y de mayor confianza de los pranes.

En principio, como Julieta, Roxana también se internó con gusto en los fuegos de Tocorón de la mano de su novio de toda la vida, quien había visitado en un par de ocasiones la Disco Tokio. Tras un show con bailarinas exóticas, los líderes de la cárcel lo invitaron a un encuentro privado con las mujeres que recién habían dejado a todos los presentes con las ganas a tope. Por eso él no se molestó cuando en una visita que hizo luego con Roxana −rubia, de ojos verdes, entonces de 27 años de edad− supo que uno de estos presos, Wilmer, la invitó a su mesa.

Así comenzó una relación entre Roxana y ese recluso, en principio abierta, que se convertiría en una pesadilla.

—Eso fue en el año 2017. Tuve la oportunidad de conocer las instalaciones de Tokio, la discoteca famosa de Tocorón. Eran días de turbulencia en el país, protestas y escasez, pero allí sobraban la comida, la diversión y el respeto. La pasamos muy bien —cuenta Roxana.

Wilmer conquistó a su víctima como lo hace todo pran. Ella era una reina y él no le permitía que tocara el suelo. Cada detalle era pensado para que Roxana viviera entre las nubes: choferes, asistentes, maquilladoras y hasta comisiones por cada golpe que asestaba la banda.

—Mientras yo estuve allí cobraba una mesada —recuerda Roxana— El equivalente a 100 dólares. Era mucho dinero en ese entonces. Le mandaba 30 o 40 a mi mamá, para mis hijos, y guardaba 60.

Así, la escultural Roxana pasó de ser amante de Wilmer a intermediaria de las extorsiones y secuestros. Entró de lleno en el juego. Como nadie sospechaba de ella, podía codearse con gerentes y dueños de empresas a quienes el Tren de Aragua luego extorsionaba a cambio de “protección”. Ella guardaba en su bolso los pagos, “la vacuna”, y entraba a La Casa Grande sin problema alguno. Entonces comenzó a pasar más tiempo en la prisión que en su casa. Entraba el miércoles y salía el domingo. Se olvidó de su novio, y el contacto que tenía con sus dos hijos pequeños se limitó a unos pocos instantes, como cuando les llevaba dinero para sus gastos.

—No sé si me enamoré. No sabría decir qué me pasó. Pero me pasó. Me dejé llevar, creía en ese momento que eso era la felicidad y ya no quería vivir fuera de la cárcel.

No quería vivir fuera de ese lugar donde pasaban cosas que la prensa denunciaba y el Gobierno negaba.

—Varios rumores son reales. Los rottweiler, los cochinos salvajes son reales —animales a los que supuestamente les dan como alimento los restos de algunas personas asesinadas en la prisión—. Que el tigre del circo Los Valentinos fue robado también es cierto.

El circo de Los Valentinos es uno de los más de 20 circos que tiene la familia Fuentes Gasca en América Latina. Se trata de la cadena de circos más grande del mundo, con más de 80 años de creada, y también considerada la más popular del continente, según dice su sitio web. Sus oficinas están en el estado de Jalisco y en México, D.F. Pero nada de esto podía intimidar al jefe del Tren de Aragua.

Al contrario. El 1 de noviembre de 2016, según publicaron periodistas de la fuente policial en sus redes sociales, dos felinos fueron sustraídos de la carpa del circo Los Valentinos en el estacionamiento del Centro Comercial Los Aviadores, que queda en la vía hacia la prisión de Tocorón.

La primera versión sostenía que los empresarios circenses de origen mexicano no pagaron la vacuna a los pranes para poder actuar en esa región. Esto lo negó en redes sociales la Gobernación del estado Aragua, en ese entonces a cargo de un alto jerarca del chavismo, Tareck El Aissami, abogado y criminólogo que también fue vicepresidente de la República, Ministro de Relaciones Interiores y Ministro de Petróleo.

—El robo del tigre fue verdad. Básicamente —cuenta Roxana— querían un macho porque la tigresa que se trajeron a Tocorón del zoológico de Maracay estaba en celo y querían sacarle cría. O algo así. Los mismos Valentinos tuvieron que ir a retirarlo a la cárcel. El compromiso de no contar nada les permitió irse sin pagar vacuna. Bueno, también tuvieron que dar una función gratuita para los niños de los presos y de San Vicente.

Como un cuartel

Como Wilmer era “lucero de la alta” arropó a Roxana con su poder durante los tres años que duró la relación. Ella fue teniendo cada vez más acceso a la organización delincuencial. Sabía de cada negocio, extorsión, robo o asesinato, y de cómo trataban a los enfermos en Tocorón.

—¿Pandemia en la Casa Grande? Allí al que se enferma lo matan. A los únicos que ayudan es a los que tienen cáncer.

Los presos enfermos de tuberculosis, VIH y otras enfermedades contagiosas no reciben tratamiento alguno, son aislados en una torre hasta que mueren. “Los tienen como animales. No les dan comida, no los atienden. Allí hay tuberculosis. Están para que se mueran”, nos explicó en 2019 una pareja de evangélicos que visitaba la prisión con frecuencia.

En el tiempo en que fue novia de Wilmer, Roxana vio también cómo castigan a los presos que violan las reglas del principal.

—Los días de juicio son los lunes. Allí se dan a conocer las cosas malas que hacen los de la población, robos, peleas, chismes... Los pranes decidían si estos presos que cometían faltas eran merecedores de un “patero”, un tiro en el pie. Los ajusticiamientos no quedaban en manos del jefe. Él no se ensucia las manos. Las sentencias de muerte se cumplían y nadie se daba cuenta hasta que esa persona dejaba de estar.

En la Casa Grande los días de semana tienen las rutinas de cualquier comunidad, me aseguró Roxana. No es un desastre donde todo el mundo está drogado. Ni ella ni Wilmer ni el Niño Guerrero consumen drogas.

—Es como un cuartel. Una comunidad por niveles sociales. Lógicamente yo estaba en el más alto —explica ella—. La gente piensa que en Tocorón hay puro ocio y no es así. Allí todos están ocupados en algo para que no estén inventando. Siempre hay flojos que deben ser motivados a trabajar y la motivación es por lo general con violencia. Allí hay que limpiar pocetas, hacer comidas, limpiar los ranchos y hacer mucho mantenimiento. Los que no tienen como pagar la causa deben compensarlo con trabajo de limpieza o de siembra. Cada quien tiene armas según su jerarquía. Los que no las tienen son los de la “población”. Estos son los presos comunes, la población del penal que no pertenece a la megabanda.

Según Roxana, la prisión ha llegado a albergar hasta 10 mil presos. Buena parte de ellos vive en anexos o ranchos, como las cantinas que vimos durante nuestro recorrido. Hasta hay unos pequeños apartamentos, los buggies, para quienes pueden pagar. Ella dice que en Tocorón no hay celdas, pero se puede vivir mejor o peor “según lo que hicieron y según el dinero que tengan”.

En la estructura de estratos de la prisión están los “cristianos”. Dentro de este grupo están los manchados o varones, pero también otros conocidos como “ovejas” o “bautizados”. Roxana los define como “los que han demostrado ser evangélicos de verdad”. Porque al Niño Guerrero, dice ella, no hay cosa que le moleste más que un evangélico falso:

—A los que han caído presos por ser falsos pastores los manda a torturar.

Los bautizados conocen la Biblia y se desempeñan como sirvientes. A ese grupo pertenecían los presos con camisas blancas que nos recibieron. No asisten a fiestas, no se drogan, y procuran hacer el bien, al menos ante los ojos del líder. Nadie se debe meter con ellos, pero ellos también deben demostrar con su buena conducta que son dignos de respeto. Luego está la población penal.

Luego comienzan las castas que sí forman parte del carro del principal. De abajo hacia arriba están los “gariteros”, vigilantes y espías siempre atentos. Los ojos del líder a través de la prisión. Ejercen la custodia de las instalaciones y transmiten la información hacia los niveles superiores.

Arriba de los gariteros están los “luceros de la baja”, la fuerza de choque que ejerce la mayoría de la violencia para proteger a los líderes. Salen dos veces por semana de la prisión para cuadrar negocios y retornan a la cárcel. Son “sanguinarios y crueles”, en palabras de Roxana.

Después vienen los “luceros de la alta”, este es el rango al que pertenecía Wilmer, son el círculo de confianza del jefe. Salen de la cárcel por decisión del pran y manejan las operaciones a lo largo del territorio, dentro y fuera de Venezuela. “Ellos son los tentáculos de esa porquería”.

Finalmente, en la cúpula de la estructura, están los principales. En Tocorón hay 3 principales, y el Niño Guerrero es el más importante y poderoso de ellos.

—Pero hay un pran mayor que está afuera, el creador de este mecanismo —dice Roxana—. Todos piensan que es la ministra (de prisiones), pero yo a ella la llamaría lucero de la alta, porque el pran mayor está más arriba en el Gobierno y sus tentáculos son internacionales. Fue gobernador de Aragua. Dos veces mis ojos lo vieron (en el penal, en 2017) y al decirte esto mi vida corre peligro.

Roxana está convencida de que ese supuesto gran jefe visitó el penal para obtener ayuda de la banda en la represión a las protestas que dejaron 163 muertos y 3.000 detenidos en 2017: “Los peos (conflictos) que había en el país fueron frenados desde la Casa Grande”. En efecto, varios defensores de derechos humanos, medios de comunicación y funcionarios que desertaron de las fuerzas de seguridad han denunciado que el gobierno de Maduro recurrió a alianzas con grupos armados no estatales, como la megabanda de alias “Koki” y los muy conocidos “colectivos” (paramilitares activos desde los años de Chávez). Estos grupos actuaron solos o junto a funcionarios policiales y militares en el control de las protestas, coinciden las denuncias.

—Yo creo que ese poder que ellos tienen es lo que mantiene al Gobierno en pie —dice Roxana.

Ella considera que esas alianzas con las megabandas se han manifestado en otros eventos, como el asesinato de dos funcionarios de la Policía de Aragua y cuatro oficiales de la Fuerza Aérea Venezolana (FAV) en una emboscada del Tren de Aragua el 4 de mayo de 2019. Entre las víctimas estaba el general de brigada Jackson Alexis Silva Zapata, director de la Escuela de Formación de Tropas Profesionales de la FAV.

—Ellos mataron a los militares de la aviación en la carretera de Magdaleno —asegura Roxana—. Esas órdenes venían de arriba y se dio a conocer a la luz pública para dejar clarito el mensaje.

En una rueda de prensa el director de la policía judicial (CICPC), el comisario Douglas Rico, aseguró que los asesinos de esos uniformados se habían ocultado en la prisión. “Estamos claros que más allá del grupo que haya sido, todo tiene que ver con Tocorón”, declaró Rico a los medios. “Tengo que decirlo, desde esa cárcel se planifican muchos hechos”.

El ataque dejó muchas interrogantes. Ocurrió en medio de una nueva etapa de convulsión política en el país, apenas cuatro días después del alzamiento militar del 30 de abril que pretendía derrocar el gobierno de Maduro, apalancado en la figura de Juan Guaidó, el dirigente opositor que había sido proclamado presidente interino de Venezuela en enero de ese mismo año.

La economía del Tren

Después de contarnos todas estas cosas, Roxana se mantuvo en silencio durante dos días. Llegamos a pensar que se había arrepentido. O que algo le había sucedido. Pero se comunicó de nuevo y continuó su relato sobre sus tres años entrando y saliendo de Tocorón.

Contó como la gente hace fila en la puerta de la prisión para pagar la vacuna o el rescate por el “secuestro” de sus carros, hasta que son atendidos en una oficina con máquinas de Nescafé donde pueden pagar en efectivo −sin ser requisadas por la GNB—o en puntos de venta de la banca privada. Según Roxana, esas personas que van a buscar sus automóviles son tratadas con respeto y recuperan los carros robados en perfecto estado, mientras que cuando los vehículos caen en manos de la policía, los funcionarios los desvalijan antes de devolverlos a sus propietarios.

—Las formas de subsistir de la organización son muchas —dijo primero Roxana— yo creo que sabes cuál es la principal... Hay gente de peso metida, pero nadie sabe, nadie habla, nadie puede comentar.

Roxana dice que hay un gran poder político de distintos bandos y que circula mucha información en la Casa Grande y en la disco Tokio, donde las fiestas con artistas conocidos son comunes, ya que se pagan en efectivo e incluyen seguridad garantizada para los músicos. Roxana da rodeos, pero termina confirmando que la principal fuente de ingresos de la megabanda es la extorsión, que puede adquirir la forma de un servicio privado de seguridad, como es común en las organizaciones mafiosas.

—Mucha gente vive del cobro de vacunas. Es más, muchas veces yo atendí peticiones de empresarios que se asustaban al no recibir el cobro y manifestaban que ellos querían colaborar por su cuenta. Hay gente de dinero que ya no quiere seguros de robo. Ellos pagan cuotas al Tren de Aragua, y si por ejemplo hay robos en sus empresas por parte de un empleado, el líder actúa. Eso hace que más nadie se coma la luz (que no violen las reglas). Esas empresas dan beneficios. Muchos de la población que se portan bien salen a trabajar en ellas.

Luego Roxana afirma algo que parece una burla:

—El objetivo del Tren de Aragua no es estar matando gente.

Se refería al mismo grupo que fue responsabilizado por la policía colombiana del asesinato y desmembramiento de 23 personas, cuyos cadáveres fueron encontrados en bolsas de basura en Bogotá durante 2022. La misma organización que grabó el video incautado por la policía chilena que muestra la ejecución de un hombre en la frontera con Bolivia.

Aunque parezca contradictorio, Roxana tiene razón: la prioridad de esta organización criminal son los negocios que generan rentas y el control de territorios. Es mucho dinero el que está en juego y no conviene hacer más ruido del que ya se hace.

—Tienen ojos donde menos piensas. Están en las minas de Bolívar, están en Guárico, Apure, Táchira… No han podido dominar Caracas aún, pero cada vez están más cerca. Su objetivo es tener el control total de las cosas.

Por eso la banda recluta gente que hasta puede tener educación universitaria. Incluso jóvenes que provienen de familias prósperas y que escogieron la vida criminal. Cuenta que tienen un fuerte conocimiento técnico, y que usan muy bien la tecnología para llevar a cabo sus operaciones.

Quieren implementar en toda Venezuela, y en el exterior, el modelo de gobernanza criminal que el Tren de Aragua logró instaurar con éxito en San Vicente y en San Mateo, dos localidades del estado Aragua que le sirven de enclaves. Allí las órdenes vienen de la prisión, y una organización “sin fines de lucro” denominada Fundación Somos el Barrio J.K. se ha inmiscuido en aspectos como la escuela, el ornato del barrio, los conflictos entre parejas, el reciclaje y la comercialización de basura.

Explica Roxana que un obstáculo para la extensión de actividades son los luceros inexpertos, cuya ambición los hace cometer excesos que son errores estratégicos. También han surgido imitadores, falsos miembros del Tren de Aragua que copian sus modus operandi y afectan la “imagen” de la megabanda. Es lo que ha pasado en las academias de beisbol que forman a los prospectos para Grandes Ligas, donde esos delincuentes que dicen actuar a nombre del principal “sí están molestando a los peloteritos y a sus familiares”, apuntó la exnovia del pran.

De cualquier manera, los enemigos no parecen ser un problema para el Niño Guerreo. Roxana confirmó algo que ya nos habían dicho dos funcionarios policiales del estado Aragua en entrevistas previas: el pran ha entregado a las autoridades a varios de sus aliados cuando ya no le funcionan o “se comen la luz”.

Quizás el caso más conocido es el de Wilmer Brizuela, alias “Wilmito”. Llegó a ser el preso más poderoso del país, y fue el creador de estas estructuras delincuenciales que hoy controlan las prisiones en Venezuela. Pero en abril de 2017 fue asesinado a tiros dentro de la cárcel de Tocorón, al parecer a manos de gente del jefe del Tren de Aragua, de quien había sido aliado incondicional. Las circunstancias del homicidio nunca fueron aclaradas. Días antes de ser asesinado, “Wilmito” había sufrido un atentado en la isla de Margarita, donde pasaba vacaciones con su familia, aunque estaba preso. Este hecho generó un escándalo que molestó a las autoridades y fue forzado a volver a la prisión. Un rumor decía que su muerte fue orden del Gobierno, pues el “pran de pranes” se había convertido en una persona incómoda, fuera de control.

—El líder trabaja con Dios y con el diablo —comentó Roxana—. Sabe dónde están todos sus luceros y todos sus enemigos, y si los quiere matar, pues les informa a las autoridades dónde conseguirlos.

Pero en lo personal y hasta en lo físico Roxana tiene otra visión de Guerrero.

—Él es un tipo bien, se cuida, se arregla, habla bien y sus novias son artistas y modelos, unos mujerones. Tiene mucha cercanía con los niños y es muy sensible con ellos, pero el poder es lo que más lo atrae. El Día de la Madre es sagrado para él y lo celebra con regalos para todas las mamás en el penal. Si ellas no pueden llegar a la celebración, las manda a buscar en los autobuses rojos (del transporte público) con aire acondicionado. A él le debo mi vida.

El fin del idilio

Gestioné una cuarta y última conversación con Roxana para que me explicara por qué decía que corría peligro y a la vez que le debía la vida a Guerrero. También quería saber qué había pasado con su relación con Wilmer. Las respuestas a esas interrogantes estaban conectadas.

—Yo me enamoré y mi pareja de mí, pero las cosas se salieron de control. La relación se empezó a poner tóxica. Wilmer se obsesionó conmigo y yo estaba cansada de mi encierro en una jaula de oro.

Un día Roxana tuvo que salir por una emergencia familiar y su novio, el de toda la vida, apareció de nuevo. Le exigió explicaciones y quiso besarla. Ella se negó, pero uno de los “escoltas” que le había asignado Wilmer vio la escena. Debido a ese incidente, cuando ella regresó a la Casa Grande fue confinada a una celda de castigo donde pasó varios días, sola, mal alimentada, orinando y defecando en el mismo lugar.

—Me ensucié tanto, que al sacarme, Wilmer le pagó a dos mujeres para que me bañaran, me arreglaran y perfumaran para él.

En el reencuentro, el mensaje fue claro: Roxana no podía tener ningún acercamiento con su anterior pareja.

Pero no bastó con ese castigo inicial. “Wilmer no me pegó nunca, pero varias veces estuve en la cueva”, dijo la mujer. El incidente con el exnovio trajo luego amenazas a la vida de este y de los hijos de Roxana. Para salvarlos, ella aceptó firmar un permiso de salida del país para ellos. Wilmer la obligó a hacerlo para cortar el contacto entre ella y su familia. Y así sucedió.

Quien acabó salvando su vida fue el Niño Guerrero. Él presidió el arreglo mediante el cual Roxana, accedió a que su familia se fuera del país, y Wilmer se comprometió a terminar la relación con ella. De allí el agradecimiento de Roxana, que sabe que por menos que eso, otras mujeres vinculadas a los reclusos de Tocorón han sido golpeadas, violadas o asesinadas. “Te digo la verdad, ante sus ojos tengo algo de simpatía”.

Wilmer ya no está en Casa Grande. Ella ha vuelto a verlo, y él le exigió que dejara Venezuela.

—Estoy terminando unos papeles para dejar todo al día y empezar de cero.

Roxana aseguró que hay decenas de historias como la suya, mujeres que visitan las prisiones en busca de relaciones con delincuentes para mejorar sus condiciones de vida. Aclaró que ese no fue su caso, pues ella era una persona económicamente solvente, con un buen trabajo y una muy buena educación. “No ando con falsas molestias, soy una mujer bella y no soy tierrúa (pobre, ordinaria o sin educación). Pero todo lo que ha hecho esta belleza es una maldición”.

Antes de despedirse, precisó que quiso compartir su historia para que otras mujeres no se corrompan “como lo hice yo, por una fantasía que casi me lleva a la muerte. Ser una muñeca de lujo pasa factura. Esto lo cuento por arrepentimiento o por rabia. Pero te pido, por favor, no compartir esto hasta que yo salga del país. Mi vida está en riesgo, y la de mi familia en el extranjero. Y creo que estoy hablando de más”.

2.

Los tres papás

Un operativo policial para desaparecer pranes y el falso mito del sindicato del ferrocarril

Como cualquier inmigrante recién llegado a un nuevo país, Larry Amaury Álvarez Núñez salía todas las mañanas a ganarse la vida. Gerenciaba una pequeña cafetería en el Jockey Club, un local de apuestas en la calle Teatinos, en el centro de Santiago de Chile, a cuatro cuadras del Palacio de La Moneda. Su esposa era la cajera. En el menú ofrecían comida venezolana y colombiana. Parecía que le iba bien.

Álvarez Núñez entró a Chile como turista, con sus documentos en regla y sin problema alguno. Llegó el 31 de enero de 2018 en un vuelo directo desde Caracas, en tiempos en que al menos dos aerolíneas venezolanas operaban la ruta hacia la capital chilena. Al agotarse los 90 días de permanencia máxima para los visitantes que establecen las leyes migratorias locales, comenzó a gestionar su residencia.

Se movía con libertad. Caminaba tranquilo saludando a los paisanos que se encontraba con frecuencia, cosa nada difícil en Chile, donde para septiembre de 2022 ya vivían más de 440 mil venezolanos según datos de Naciones Unidas. Entre la gente que se conseguía, había vecinos y conocidos del barrio El Piñonal de Maracay, la ciudad donde creció. Ellos sí sabían que Álvarez Núñez no era un inmigrante cualquiera, sabían que era alias “Larry Changa”, uno de los jefes del Tren de Aragua.

Marcos Pérez, un comisionado de la Policía de Aragua que ha seguido de cerca la trayectoria de los cabecillas de la organización delincuencial, también lo sabía. Un amigo de Maracay que vive en Santiago le contó que Larry Changa tenía una panadería y otros negocios en Chile, y que contrataba a muchachos venezolanos. Le dijo que parecía un tipo normal, con una vida sencilla sin ninguna ostentación, casi anónimo.

Así pasó cuatro años en Santiago sin llamar la atención. El alias de Larry Changa ni siquiera estaba bajo el radar de las autoridades chilenas cuando, a comienzos de 2021, la Policía de Investigación de Chile (PDI) comenzó a rastrear la presencia del Tren de Aragua, que entonces estaba azotando las provincias de Arica e Iquique, en el norte de ese país, y Valparaíso, el puerto cerca de Santiago.

“Cuando comenzamos a indagar sobre la estructura del Tren de Aragua en Iquique” –explicó un oficial de la PDI en Santiago que pidió no revelar su nombre– “en la verificación de redes nos enteramos de que Larry Amaury Álvarez Núñez estaba viviendo en Santiago. Sospechábamos que era alias Larry Changa. Nos dimos cuenta de que figuraba tangencialmente, involucrado en un homicidio asociado a la venta de un vehículo del que era propietario. Por ese hecho violento lo empezamos a investigar”.

Encontraron que, durante su rutina diaria, Álvarez Núñez visitaba agencias de transferencia de remesas, que le resultaban más seguras para enviar dinero que mediante la vigilada banca privada. Enviaba pequeñas cantidades, de entre 300 y 1.000 dólares. Esto alertó más a los investigadores. “Mandaba plata con mucha frecuencia, a Venezuela, Brasil y España”, dijo un funcionario de Interpol chileno en condición de anonimato. Tampoco quiso comentar sobre el destino preciso de esos fondos, ya que Chile está todavía investigando la legitimación de capitales del Tren de Aragua. “Por ahí lo fuimos cercando, mientras avanzábamos en la investigación”, agregó el funcionario.

En una ocasión Álvarez Núñez viajó a Colombia en avión, de vacaciones y con su familia. Al aterrizar en Bogotá les impidieron la entrada al país porque ya la policía chilena había alertado a la de Colombia. Álvarez Núñez volvió a Chile, y cuando intentó de nuevo salir del país con su familia, tres veces más, tampoco pudo hacerlo. “Se le dijo que sus documentos tenían problemas”, contó el funcionario.

El oficial Marcelo Soto es el jefe de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de la PDI de Chile en la provincia de Iquique, y lidera un grupo de tarea creado por las autoridades chilenas específicamente para investigar al Tren de Aragua. Él sabía que alias Larry Changa se mencionaba dentro de las investigaciones que se habían levantado en varias ciudades de Chile, pero no tenía más información.

Soto maneja todos los detalles del caso y ha sido el responsable de armar el rompecabezas que une al menos cinco provincias de ese país donde actúa la organización criminal cuyo centro de operaciones es una prisión a más de 5 mil kilómetros de Chile, en el centro de Venezuela: Tocorón.

Cuando los detectives dieron con Álvarez Núñez en Santiago, el que tuviera un puesto de comida que además él mismo atendía los puso a dudar; eso no encajaba con los esterotipos entre los jefes mafiosos. “Nos parecía raro que una persona líder de una banda transnacional pudiera estar en un food truck”, cuenta el oficial de la PDI en Santiago. “Estábamos acostumbrados a la ostentación de los jefes de las bandas tradicionales chilenas. Luego nos percatamos de que esa era su estrategia para pasar desapercibido”.

Para salir de dudas, el 16 de febrero de 2022, la policía chilena envió una comunicación a la oficina de Interpol en Caracas con una primera solicitud de información sobre el ciudadano venezolano Larry Amaury Álvarez Núñez.

Mientras esperaban respuesta desde Venezuela, el 24 de marzo de 2022 las autoridades chilenas confirmaron públicamente la presencia del Tren de Aragua en su territorio, cuando se anunciaron las primeras detenciones. En la operación incautaron teléfonos celulares, y con ellos tuvieron acceso a conversaciones difíciles de comprender por el slang foráneo de los delincuentes.

“Nosotros a veces no entendemos lo que quieren decir. Esa ha sido una de las principales trabas que tenemos en la investigación. La otra es que en Venezuela no responden nuestras solicitudes de información”, lamentó el jefe Soto.

Pero una expresión recurrente en los mensajes de WhatsApp de los miembros de la banda llamó la atención de los investigadores: “los tres papas”.

¿Es que tenía algo que ver la fe católica? ¿O “papa” significa “jefe”? También cabía la posibilidad de que fuera “papa”, como padre, que en la jerga venezolana se puede utilizar para referirse a alguien con características de superioridad o autoridad, aunque no sea un padre biológico: el jefe, el que manda…

Los agentes chilenos llegaron a la conclusión de que se referían a los líderes de la megabanda. Y acertaron. Los Tres Papás son los tres principales de Tocorón, Guerrero y otros dos hombres: uno conocido por el alias “Gordo Secuestro” y otro cuya identidad se desconoce.

Pero “los tres papás” también se refiere a los tres creadores del Tren de Aragua que siguen vivos. La expresión la usan sus subordinados para evitar nombrarlos por sus identidades verdaderas. Son Héctor Rustherford Guerrero Flores (“Niño Guerrero”), Yohan José Romero (“Johan Petrica”) y Larry Amaury Álvarez Núñez  (“Larry Changa”). Los tres comparten la jefatura del Tren de Aragua desde que surgió, en 2014.

“Con las evidencias incautadas a los cinco primeros miembros del Tren de Aragua detenidos en Chile, supimos que Larry Changa es uno de esos papás”, contó Soto. Pero cuando los investigadores chilenos entendieron que el concesionario de la cafetería en el Jockey Club era uno de los líderes de la organización que aterrorizaba a Chile, ya era tarde. Interpol Venezuela nunca respondió la solicitud de información hecha por la policía chilena en febrero y los investigadores le perdieron la pista. “Desapareció entre marzo o abril (de 2022). Creemos que salió del país por un paso clandestino, por el desierto, caminando hacia Bolivia sin ser detectado por las autoridades”, explicó el funcionario del PDI de Santiago. 

La fundación del Tren de Aragua

Es fácil entender que una organización criminal como esta haya surgido en Aragua. Ubicado en la región centro-costera de Venezuela, el estado Aragua combina dos atractivos para los delincuentes. Primero, junto al vecino estado Carabobo, reunía gran parte de las industrias del país, sobre todo antes de la devastación económica a partir de 2013. Segundo, como polo castrense, desde comienzos del siglo XX, es la sede de gran cantidad de instalaciones militares, entre ellas la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM), donde se produce armamento, municiones y explosivos. Esto lo convierte en un centro de poder, fuerza y autoridad, donde la cultura militarista de jerarquías y castas tiene peso.

No se sabe con precisión cuándo surgió la organización criminal bajo el nombre de Tren de Aragua. Aunque en 2012, cuando se fugó de Tocorón, al Niño Guerrero ya se le identificaba como pran de la prisión, pero nunca se mencionó el nombre de la megabanda. En junio de 2013, cuando fue recapturado, tampoco se dijo que fuera líder o miembro de una banda denominada Tren de Aragua, pese a que tanto su escape como su captura tuvieron una amplia difusión mediática.

Las primeras evidencias que encontramos de la existencia de la megabanda se remontan al año 2014. La periodista venezolana Vannesa Moreno publicó, en un reportaje sobre migrantes venezolanos (en 2016), el testimonio de un comerciante de la misma zona del estado Aragua donde vivía el Niño Guerrero: Santa Rita. El hombre dijo que huyó del país tras haber sido amenazado y extorsionado en diciembre de 2014 por delincuentes que decían pertenecer al Tren de Aragua. Meses antes, un reporte policial de febrero de 2014 aseguraba que había comenzado a operar una nueva organización delincuencial dedicada a la extorsión de empresarios en Aragua.

Pero ese nombre parece haberse estrenado en los medios en mayo de 2015 durante un gigantesco operativo policial −del que hablaremos más adelante− en el barrio San Vicente.

Desde entonces circula un mito según el cual la banda se llama así porque surgió en el sindicato de las obras del nunca terminado proyecto del sistema ferroviario del centro. Como me lo explicó Yandris, exintegrante de la organización, la verdadera razón por la que fue bautizado como Tren de Aragua es que buscaba seguir la línea de sus predecedores del Tren del Llano y otras megabandas similares que habían comenzado a surgir en el país, como el Tren de Oriente, el Tren del Norte o el Tren de Guayana. Los tres Papás solo marcaban su territorio.

Luego de investigar por más de siete años a esta organización no hay nada que indique que alguno de los jefes del Tren de Aragua haya pertenecido al sindicato del ferrocarril. Entre otras razones, porque la actividad laboral de los cabecillas del grupo delictivo es casi inexistente.

El Niño Guerrero y Larry Changa nacieron, crecieron y se estrenaron en el mundo del delito en el estado Aragua, mientras que Johan Petrica es de Valles del Tuy, una región del estado Miranda, cercana a Caracas. Se conocieron en la cárcel de Tocorón, donde coincidieron entre los años 2007 y 2013. Los tres habían sido sentenciados por homicidio intencional calificado y se involucraron también en la venta de drogas. Cuando los tres cayeron presos, era justamente el período en el que surgió y se consolidó lo que se ha llamado “pranato” dentro de las prisiones venezolanas. Hoy diríamos que es una forma de gobernanza criminal en la que los presos ejercen control sobre un territorio (la prisión) y una comunidad (la población penal), con la anuencia o la complicidad del Estado (la GNB y el Ministerio de Servicio Penitenciario, entre otras instituciones).

Sin importar dónde se encuentren físicamente, hoy Los tres Papás toman todas las decisiones sobre las actividades del Tren de Aragua dentro y fuera de Venezuela. Esto es lo que muestran los audios y conversaciones de WhatsApp incautadas por las autoridades en Chile, Colombia y Perú a miembros de la banda detenidos en esos países. Es también lo que relatan policías así como personas cercanas al grupo criminal entrevistadas para esta investigación. 

Pero el Niño Guerrero, Johan Petrica y Larry Changa no estaban solos cuando iniciaron su proyecto. El Tren de Aragua tuvo otros dos cofundadores: Carlos Rafael Galíndez Graterol, alias “Carlitos Breaker”, y José Gabriel Álvarez Rojas, alias “Chino Pedrera”. Hay quienes dicen que el Tren de Aragua nació como una alianza entre Johan Petrica y la banda de Chino Pedrera, quien ya había salido de prisión.

El Chino Pedrera, nacido en Maracay, protagonizó uno de los primeros y más escandolosos episodios de gobernanza criminal en Venezuela. El 4 de febrero de 2016, ordenó un toque de queda en su ciudad natal para hacer el funeral de uno de sus compañeros, que había muerto a manos del CICPC, la policía científica. En la capital de Aragua, sede de grandes fuertes militares −entre estos la brigada de paracaidistas de la que Hugo Chávez salió a intentar un golpe de Estado el 4 de febrero de 1992− impuso que los comercios debían permanecer cerrados y los ciudadanos debían evitar circular por las calles.

Dos semanas después, el 23 de febrero, el Chino Pedrera fue asesinado por sicarios frente a su casa en Guacara, no muy lejos de Tocorón, pero ya en el estado Carabobo. Otra versión dice que sus verdugos fueron sus propios escoltas. La verdad nunca se supo.

Para entonces ya había sucumbido uno de los cinco fundadores del Tren de Aragua. Carlos Rafael Galíndez Graterol era de Caña de Azúcar, otro barrio de Maracay, en el municipio Mario Briceño Iragorry. Tenía una función muy importante dentro de la organización, porque fue uno de los responsables de implementar el primer experimento de gobernanza criminal en San Vicente, el barrio junto al Lago de Valencia y cerca de Tocorón.

El jueves 18 de junio de 2015, los restos de Carlitos Breaker fueron localizados en la parroquia El Junquito, a las afueras de Caracas. Los medios de comunicación contaron que fue desmembrado vivo con una sierra eléctrica, como parte de una ola de asesinatos similares que tuvieron lugar en Caracas, en lo que parecía una guerra del narco. En ese momento se dijo que Breaker era pareja de la vedette Rosita, quien lamentó el hecho. Pero meses después la joven artista negó que tuviera una relación sentimental con este delincuente.

También se dijo que se trató de una venganza de los otros jefes por no haber reportado las ganancias de un botín. Carlitos Breaker, para decirlo en la jerga de la banda, “se comió la luz” y lo pagó con su vida.

En paralelo, ese mismo año, se libraba una guerra entre policías y delincuentes que dejó 28 integrantes de dos megabandas muertos en supuestos enfrentamientos con funcionarios del CICPC. La mayoría de las víctimas pertenecían al Tren de Aragua. Según un reportaje publicado entonces por la periodista Lorena Meléndez en el medio digital Runrunes, la acción policial no era necesariamente parte de una política gubernamental de lucha contra la delincuencia. “Algunos de estos hechos obedecen a pugnas entre carteles y mafias comandadas por funcionarios de organismos de seguridad”, dijo una fuente anónima en esa nota periodística.

Estas muertes de miembros del Tren de Aragua quizás se debieron a una purga al interior de la propia megabanda. Al parecer, algunas de las personas pudieron haber sido entregadas a las autoridades por sus propios compañeros de organización. Franklin Humberto Ocando Rivero, alias “Cara ‘e lancha”, fue uno de ellos. “Nunca has muerto para mí, parcero. Sólo te vendieron. Era la única manera de matarte porque no podían contigo”, escribió uno de sus amigos en Facebook.

En el caso de Carlitos Breaker estas hipótesis cobraron más sentido tres años después, en 2018, cuando fotografías de su cuerpo desmembrado fueron encontradas por investigadores de la DEA en los teléfonos de los sobrinos de la esposa de Nicolás Maduro, Cilia Flores, tras ser detenidos en Haití y condenados a 18 años de cárcel en Estados Unidos por conspiración para traficar droga en ese país.

El asesinato de Carlitos Breaker del Tren de Aragua era el tema de una conversación que se llevó a cabo el 20 de junio de 2015 entre los primos Franqui Flores y Efraín Campo Flores. Así lo publicaron las periodistas Adriana Núñez Moros y Jessica Carrillo en la serie de reportajes “Porque soy Flores”, en formato podcast, basados en el expediente divulgado por la DEA.

Los primos Flores intercambiaron imágenes de la cabeza y el torso de Carlitos Breaker, y otra foto de este junto a Rosita. Además, uno de ellos al parecer quería evitar que una mujer corriera la misma suerte que el pran. En otras conversaciones encontradas en sus teléfonos hablaban de otros asesinatos y mencionaban que su tío (Bladimir Flores, Inspector General de la policía judicial) era funcionario del CICPC.

Las pruebas encontradas por las autoridades estadounidenses apuntaban a que los sobrinos de la pareja presidencial podrían estar relacionados con el homicidio de Carlitos Breaker, pero este hecho fue olvidado y no se supo más del asunto. Ambos fueron liberados el 1 de octubre de 2022 por el gobierno del presidente Joe Biden, en un inusual cambio de prisioneros que involucró a cinco ciudadanos estadounidenses presos en Venezuela por razones políticas. El asesinato de Breaker nunca fue aclarado, no hubo información oficial, ni detenidos por el crimen.

Un pran que desaparece

Larry Amaury Álvarez Núñez nació el 15 de abril de 1977 en Samán de Güere, un sector cercano a Maracay llamado así por un árbol de valor histórico, ya que según la tradición era preferido por el Libertador Simón Bolívar para darle sombra a su campamento.

Álvarez Núñez, de 45 años, viene de una familia humilde. Varios de sus hermanos hicieron carrera en el mundo delictivo. En el barrio El Piñonal, donde crecieron, eran conocidos como “Los Changa”. El mayor de ellos murió a manos de la policía; el menor, Yorman Euclides Álvarez Núñez, cayó preso en 2008 por tráfico de drogas y fue sentenciado a ocho años de prisión. Yorman fue recluido en Tocorón, y mientras estuvo tras las rejas manejaba un camión para transportar comida a la prisión. Como cuenta un comisionado de PoliAragua que ha seguido de cerca la trayectoria del Tren de Aragua, y con quien he conversado en varias ocasiones, ese camión tenía pintadas las iniciales del Ministerio de Relaciones Interiores, aunque se desconoce si pertenecía a ese despacho, y lo usaban también para transportar las máquinas para el casino en la Casa Grande.

Yorman salió en libertad en algún momento de 2014 o 2015, pero cuando se vio involucrado en un homicidio en Ocumare de La Costa, también en Aragua, huyó al estado Bolívar, donde el Tren de Aragua controla las minas del Kilómetro 88. Allí se le unió su hermano Larry en 2015, aunque luego tomaron rumbos diferentes. El funcionario policial maneja la versión de que Yorman se fue a Panamá.

La primera vez que Larry Changa estuvo en prisión fue en 2003, cuando fue sentenciado a cuatro años y ocho meses de cárcel por “robo de vehículo automotor en grado de complicidad, aprovechamiento de cosas provenientes del delito y resistencia a la autoridad”, según el documento de la sentencia publicado en el sitio web del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Como no tenía antecedentes penales, obtuvo un beneficio de régimen abierto, una de las fórmulas alternativas del cumplimiento de la pena, en la que el recluso solo está obligado a pasar la noche en la institución penitenciaria. Ya que podía salir de día, tuvo que comprometerse a trabajar como obrero en una empresa metalmecánica, hasta que terminara su pena el 18 de febrero de 2006.

Pero un mes antes de que llegara el anhelado día de obtener su libertad plena, la naturaleza de Larry Changa se puso de manifiesto nuevamente, a plena luz del día. El 6 de enero de 2006 acudió –junto a otro hombre− a una vivienda en el barrio El Terral, de Turmero (Aragua), para buscar unos materiales de plomería. El propietario de la casa, Luis Anselmo Angulo La Cruz, les regaló algunos de los implementos que necesitaban, pero se negó a venderles otros equipos. La negativa enfureció a Larry Changa y a su acompañante, quienes intentaron entrar por la fuerza para llevarse lo que querían. Angulo La Cruz trató de impedirlo y terminó muerto a balazos.

Al menos cuatro testigos que presenciaron los hechos declararon ante el tribunal que el arma de fuego la tenía Álvarez Núñez y que le disparó a la víctima en el estómago y el muslo derecho. El 22 de noviembre de 2007, Larry Changa fue condenado a 17 años y 6 meses de prisión por “homicidio intencional calificado en la ejecución de robo agravado”. En diciembre sus abogados apelaron la decisión, sin éxito, pero insistieron a través de las distintas vías legales que establece la Constitución venezolana para conseguir la libertad de su cliente.

El 13 de diciembre de 2010 llegaron hasta el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con el argumento de que el juzgado no valoró la declaración de Álvarez Núñez y la de los testigos de la defensa. Esos testigos en efecto habían sido desestimados por el tribunal porque ni siquiera habían presenciado los hechos, y no podían contradecir los de quienes sí vieron que él apretó el gatillo dos veces contra el dueño de la casa.

Sin embargo, en un giro aparentemente inexplicable desde el punto de vista legal, el 12 de mayo de 2011 la Sala de Casación Penal del TSJ admitió el recurso de casación. Y el 12 de agosto de ese año, la magistrada Blanca Rosa Mármol de León, en calidad de ponente, declaró “con lugar el recurso de casación”, validando así los argumentos de los abogados de Álvarez Núñez.

Mármol de León, que se destacaba por ser una magistrada de tendencia opositora en un TSJ ya controlado por el chavismo, no fue la única en la cúpula del Poder Judicial que favoreció la solicitud de los abogados de Larry Changa. El magistrado Eladio Aponte Aponte, importante ficha del chavismo, también votó a favor de la decisión. Ocho meses después, Aponte Aponte huyó de Venezuela cuando se descubrió su relación con el narcotraficante Walid Mackled. Posteriormente, él mismo admitió su participación en sentencias amañadas, y en una escandalosa entrevista confesó que la justicia venezolana se “moldeaba como plastilina” desde el palacio de Miraflores.

Solo una magistrada, Ninoska Beatriz Queipo Briceño, salvó su voto, argumentando que el recurso no cambiaba la decisión del juicio inicial en el que había quedado “demostrada sin lugar a dudas la culpabilidad del ciudadano Larry Amaury Álvarez Núñez”.

Luego de este periplo judicial no hay registros que permitan establecer cuál es el estatus legal de Larry Changa actualmente. Según la condena de 17 años y 6 meses de prisión, debía estar tras las rejas hasta 2024. En el sitio web del TSJ no hay referencia de que haya recibido beneficio alguno. Ha sido imposible encontrar algún documento que permita explicar por qué Álvarez Núñez se encuentra en libertad, ni cómo salió del país en un vuelo comercial cuando pesa sobre él una condena por homicidio. Tampoco, claro, hay explicación de cómo se le esfumó a la policía chilena.

Estos no han sido los únicos actos de magia de Larry Changa. También desapareció en 2015, después de un espectacular operativo policial en el barrio San Vicente, que tenía como objetivo dejar esa localidad “libre de pranes”, según uno de los eslóganes utilizados por las autoridades. Dos meses antes de la intervención policial, San Vicente había sido declarado “zona de paz” por el Movimiento por la Paz y la Vida del Ministerio de Relaciones Interiores. Una política gubernamental en la que profundizaremos en próximos capítulos, que buscaba pacificar a las bandas delictivas convirtiendo los territorios donde operaban en zonas donde no podían ingresar los cuerpos de seguridad.

Más de 1.500 funcionarios entre policías y militares, fueron enviados a San Vicente el 13 de mayo de 2015, con la finalidad de detener a Johan Petrica, Larry Changa y Carlitos Breaker. A este trío se le atribuían los ataques con fusiles y granadas contra las delegaciones del CICPC en Villa de Cura, Mariño y Caña de Azúcar. Aunque no hubo un balance oficial del operativo, se dijo que murieron varias personas y más de 800 fueron detenidas. Las autoridades no dieron a conocer los nombres de los fallecidos, pero corrió el rumor de que se trataba de los jefes del Tren de Aragua. Y así lo publicaron algunos medios. 

“Durante el procedimiento, cayeron abatidos varios sujetos, entre ellos ‘Johan Petrica’, ‘Carlitos Breaker’, ‘Larry Changa’ y ‘El Niño Guerrero’, quienes se dedicaban a la extorsión y cobros de vacuna”, publicó, por ejemplo, el diario El Impulso de la ciudad de Barquisimeto, a más 200 kilómetros al oeste de Maracay. Ningún funcionario del Gobierno confirmó ni negó la versión de las muertes. No hubo aclaratorias, ni exigencia de réplicas a los medios de comunicación. El incidente y el destino de los delincuentes quedó en un limbo.

Los medios dijeron que en el operativo participaron funcionarios del CICPC bajo el mando del comisario general Luis Ollarves, quien continúa al frente del cuerpo detectivesco en Aragua; la GNB, cuyo comandante era Néstor Reverol, hoy ministro de Energía Eléctrica; la Policía de Aragua, bajo la administración del entonces gobernador Tareck El Aissami; y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), a cargo de Gustavo González López, quien entonces también cumplia la función de Ministro de Relaciones Interiores.

Cuando terminó la incursión de las fuerzas de seguridad en San Vicente, de lo único que se tenía certeza era de que el Niño Guerrero seguía en Tocorón. Un mes después, el 18 de junio, Carlitos Breaker fue hallado descuartizado. Por mucho tiempo se creyó que Johan Petrica sí había muerto. Hasta que llegó la noticia de que alias “El viejo”, un hombre que llegó a finales de 2015 a controlar las minas del Kilómetro 88, era el mismo Johan Petrica.

Luego corrió el rumor de que Larry Changa no había caído en San Vicente, pero había resultado herido y era buscado por la policía. Sin embargo, Larry Changa nunca fue detenido y poco después su nombre desapareció de los titulares de las noticias policiales. Solo quedó una fotografía que todavía circula en redes sociales, en la que aparece abrazado con el expelotero y exministro de Deportes Antonio “El Potro” Álvarez, actual director del Poliedro y el Hipódromo de Caracas.

La incursión policial en San Vicente produjo el efecto contrario: dejó definitivamente a San Vicente en manos de la organización delincuencial. Así se convirtió en un territorio impenetrable y en el segundo enclave más importante del Tren de Aragua, después de La Casa Grande. Hoy no sabemos si aquel llamativo despliegue policial, que acaparó la atención de todo el país y aterrorizó a los habitantes de San Vicente, en realidad buscaba simular la muerte o encubrir la “desaparición” de los jefes del Tren de Aragua que debían estar presos.

Algo curioso es que el 31 de julio de 2015 se registró el egreso de Larry Álvarez Núñez como afiliado a la seguridad social venezolana. Estaba inscrito como trabajador del Ministerio del Poder Popular para la Salud, según la página web del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). También llama la atención que Larry Changa había estado cotizando y sumando semanas de trabajo durante los años que permaneció en prisión.

Después de que Larry Changa desapareció en Chile, Luis Rodríguez, excomisario del CICPC experto en megabandas, me aseguró que el delincuente había logrado entrar con su familia en Estados Unidos a mediados de 2022 por la frontera con México.

En Chile, un oficial de la PDI que aportó información valiosa duda de esa versión, todavía apuesta a la eficacia policial de los estadounidenses: “Los gringos están al tanto del tema. Ellos sabían de él”.

Johan Petrica, el pran de las minas

A comienzos de 2022 participaba en Europa en una capacitación sobre liderazgo femenino y justicia transicional para mujeres venezolanas de distintas profesiones, cuando una de mis compañeras recibió un mensaje de la policía de Brasil. Le pedían información sobre un ciudadano venezolano que intentaba registrar a su hijo brasileño de cuatro años de edad. El niño había nacido en abril de 2018 en la ciudad de Boa Vista, la capital del estado de Roraima, que hace frontera con el estado Bolívar de Venezuela.

Como parte de la consulta, a mi compañera le enviaron una captura de pantalla del IdNet, el portal del sistema de identificación de Brasil. Tenía los datos de identidad del niño y de sus padres. En la categoría “Nome do Pai” (nombre del padre) decía: Yohan José Romero. Él era el objetivo de la consulta. “Quieren saber si tengo información de esta persona, porque creen que es un delincuente”, dijo mi compañera, mostrándome la foto. Cuando miré la imagen, junto a otras que enviaron los brasileños, no lo podía creer: el padre del niño era Johan Petrica.

Yohan José Romero o Johan José Romero −depende de si se lee en la cédula de identidad o en los expedientes judiciales del TSJ y en los medios de comunicación− nació en Ocumare del Tuy, en el estado Miranda. Tiene actualmente 45 años de edad.

Al igual que Larry Changa, Johan Petrica desapareció de la escena pública en 2015, luego de la toma policial de San Vicente. Dos días antes había sido el centro de atención de un episodio muy particular: los habitantes de esa comunidad hicieron una protesta con pancartas, pitos y consignas para exigirle a la policía judicial que dejara en paz a Johan Petrica. “CICPC Basta de Hostigamientos. Dejen quieto a Johán Petrica. Es un trabajador honrado” (sic), decía una de las pancartas, cuya imagen circuló en redes sociales.

Poco después, Petrica aprovechó que muchos lo creían muerto para internarse en el sur de Bolívar, a tres horas y media de la frontera con Brasil y más de 15 horas de distancia de Tocorón.

En 2017, el periodista venezolano Edgar López visitó en tres ocasiones los pueblos de esa región mientras realizaba una investigación sobre el Arco Minero del Orinoco, el área de casi 112 mil kilómetros cuadrados declarada por el Gobierno de Maduro como apta para la explotación de minerales. En el pueblo de Las Claritas, ubicado en el Kilómetro 88 de la Troncal 10, López tuvo la posibilidad de interactuar con los tres jefes del grupo armado que tenía a su cargo el control y la seguridad de las minas. Una de las estructuras delincuenciales a las que se les conoce como “sindicatos mineros”.

El tercer hombre al mando del sindicato de Las Claritas era conocido por el alias de “El viejo Darwing” o “El viejo”. Decían que venía de los Valles del Tuy, a más de 1.000 kilómetros de distancia. Era lo poco que se sabía de él. Aunque era el más nuevo en el lugar, ya comenzaba a imponer su autoridad, según relató el periodista López.

Ese mismo año, un médico de una población de los Valles del Tuy me comentó, en medio de una entrevista para otra investigación, que había detectado un brote de paludismo o fiebre amarilla entre los habitantes de esa localidad donde tenía su consulta. “Esta es una enfermedad muy común en las minas, pero poco vista en las zonas urbanas. Cuando les pregunté a mis pacientes cómo se habían contagiado y dónde habían estado, varios me explicaron que iban a trabajar por temporadas a las minas de Bolívar para rebuscarse. Dijeron que uno de los nuevos pranes de las minas era de Valles del Tuy y que frecuentemente les pedía a sus colegas del estado Miranda que le mandaran gente”, explicó el doctor.

El relato del médico no pasó de ser una anécdota curiosa. Pero en noviembre de 2018, un diputado opositor de la Asamblea Nacional, Américo de Grazia, denunció que el líder del partido gobernante PSUV, Diosdado Cabello, “tiene un pran llamado ‘Jhon Petrica’ que funciona en Las Claritas” (sic). Esto lo publicó el diario El Impulso. Las denuncias contra funcionarios oficialistas son tan frecuentes que ya nadie se sorprende, y esa pasó desapercibida.

Para entonces había rumores de que a Las Claritas también llegaban presos de Tocorón a trabajar en las minas. Los habría puesto en duda si no supiera de un antecedente similar: el envío de presos del Centro Penitenciario de Aragua al estado Sucre para trabajar en operaciones de narcotráfico en 2018.

A mediados de 2019, Teresa, una mujer que regentaba un local de víveres en Caracas, me contó la historia de su sobrina Julieta, la joven bailarina de la que en el capítulo uno conté que tuvo una relación con uno de los “luceros de la alta” de Tocorón, que había sido enviado a las minas. Este hombre le dijo que su jefe se llamaba Johan Petrica.

En 2022, en un trabajo de campo para esta investigación, visité el pueblo de Las Claritas y conversé con habitantes del lugar. Pude confirmar que El Viejo y Johan Petrica eran la misma persona. Le mostré la foto de la cédula de Yohan José Romero a Juan Carlos, un comerciante que vive en esa localidad del sur de Bolívar. “Ese es él, El Viejo. Es el mismo”, aseguró.

Así fueron encajando las piezas para reconstruir los pasos de Johan Petrica. Actualmente, el pran no solo es el líder de la estructura criminal que controla el Kilómetro 88, sino que además desplazó a Juan Gabriel Rivas Núñez, alias “Juancho”, quien desde 2010 era el jefe del sindicato criminal de esta zona donde se encuentra el yacimiento de oro más grande de Venezuela.

A diferencia de Larry Changa, este pran minero no se priva de mostrar sus lujos y excentricidades, de la misma manera en que impone sus reglas de convivencia por la fuerza. “Se hizo una mansión de varios pisos en el Kilómetro 88. Usa pura ropa de marca y tiene secos a los comerciantes del pueblo cobrándoles vacuna”, dijo Juan Carlos.

Para muchos conocedores del Tren de Aragua, Johan Petrica es el verdadero jefe de la organización, el ideólogo del modelo de gobernanza criminal que arrancó en Tocorón y luego se extendió a San Vicente y Las Claritas. “Es muy poderoso. El Niño Guerrero le dice papá. A veces viene y pasa días en Tocorón”, contó el comisionado Marcos Pérez.

La carrera criminal de Johan Petrica comenzó a inicios de la década de los años 2000. Su huella delictiva es difusa. En 2001 fue imputado por el homicidio de Jorge Enrique Lamont Torrealba y por distribución de drogas. En 2003 fue acusado por ambos delitos y pasó a juicio. Pero el 19 de febrero de 2004 el tribunal primero de juicio, extensión Valles del Tuy, le otorgó una medida cautelar que lo sacó de la cárcel, como confirma un documento del Circuito Judicial del estado Miranda.

Desde ese momento, Romero debía presentarse cada ocho días ante el tribunal y cumplir con otras medidas mientras esperaba su juicio. Pero el 3 de abril de 2012 (ocho años después), el tribunal revocó la medida cautelar porque Johan Petrica no cumplió con los compromisos adquiridos y ordenó su reclusión en el Centro Penitenciario Metropolitano Región Capital de Yare, en Valles del Tuy.

El documento judicial dice que el juez del caso ordenó llevar la boleta de encarcelación al internado de Tocuyito, en el estado Carabobo, porque allí se encontraba Johan Petrica. ¿Cómo llegó a esta prisión? No se sabe. De paso, como reportaron algunos medios, en 2010 los presos de varias prisiones protestaron para rechazar el traslado de Johan Petrica desde la cárcel de Tocorón a la de Tocuyito. Sobre cómo llegó a la Casa Grande tampoco se encontró explicación.

Entre 2012 y 2013 hay documentos que registran la convocatoria a las audiencias del juicio que se le seguía a Romero por el homicidio cometido en 2001. Sí: después de casi 13 años el juicio no había finalizado y Johan Petrica no había sido sentenciado. Las sesiones de su proceso judicial generalmente eran canceladas por la inasistencia de alguno de los involucrados (Romero, su abogado o su compañero de expediente, un hombre acusado por distribución de drogas pero no por el homicidio). Las razones por las que no se presentaban a las audiencias se desconocen, pero la falta de vehículos para trasladar a los presos desde las cárceles a los tribunales es una de las principales causas del retardo procesal en Venezuela.

Todo apunta a que el juicio nunca concluyó y Johan Petrica no fue condenado. No se sabe cuál es su estatus legal. Lo que sí sabemos es que se mueve con libertad entre Las Claritas (Bolívar), Boa Vista (Brasil) y Tocorón (Aragua), con zapatos Balenciaga y una decena de cadenas de oro colgadas al cuello.

El principal de Tocorón

En febrero de 2016, una comisión policial del CICPC realizaba labores de patrullaje en las costas del estado Aragua, como parte de los habituales operativos de seguridad por la celebración del Carnaval. Los funcionarios vieron un yate lujoso y de gran calado que les llamó la atención. Les pareció sospechoso ver una embarcación de esas características cerca de las playas de Ocumare de la Costa, una localidad turística popular.

“Decidimos acercarnos a la embarcación y al abordarla avistamos a un sujeto que nos parecía conocido. El sujeto se identificó como Héctor Guerrero Flores, el Niño Guerrero. Estaba tranquilo. Nos mostró un documento del Ministerio de Servicio Penitenciario que lo autorizaba a transitar por el territorio nacional”, relató el inspector Francisco Sánchez, quien trabajaba en la delegación de la policía judicial en Aragua.

Los policías retuvieron la embarcación y de inmediato se comunicaron por radio con sus superiores para reportar la novedad: “Tenemos al Niño Guerrero”. Entre los contactos intermitentes de chequeo y rechequeo con sus jefes y la respuesta de estos transcurrió casi una hora. Finalmente recibieron una orden: “Retírense del lugar”.

“Nos tuvimos que ir, no pudimos hacer nada”, contó Sánchez. Mientras él y sus colegas se alejaban con frustración, el pran de Tocorón siguió disfrutando de su rumba en la lujosa embarcación, en la que lo acompañaban más de 30 personas entre hombres y mujeres.

Héctor Rusthenford Guerrero Flores nació el 2 de diciembre de 1983 en la población de Santa Rita, muy cerca de Maracay. Allí vivió, en la casa de sus padres, hasta que se involucró en diversos delitos y fue enviado a la prisión de Tocorón.

Su expediente acumula cuatro acusaciones por 12 delitos cometidos entre 2005 y 2013.

El 3 de septiembre de 2005 disparó contra una comisión policial que intentaba detenerlo en una alcabala y mató a Oswaldo Antonio Castillo González, oficial de la Policía de Aragua.

El 19 de enero de 2010 fue interceptado por funcionarios del CICPC en la avenida intercomunal Maracay-Turmero, sospechoso de pertenecer a una banda de ladrones de residencias. Llevaba consigo una pistola, abundante munición de distintos calibres, 148 gramos de marihuana, 13 relojes de distintas marcas y modelos y gran cantidad de billetes de diferentes denominaciones y países. A raíz de este hecho, en febrero de 2010, fue acusado por tráfico de sustancias estupefacientes y ocultamiento de armas de guerra y enviado a la prisión de Tocorón.

La tercera acusación, del 30 de diciembre de 2013, es producto de la fuga que protagonizó el Niño Guerrero el 28 de agosto de 2012. En la madrugada de ese día, el pran logró salir de prisión por la puerta principal gracias a una operación planificada con la ayuda de uno de sus hermanos, su cuñado y un custodio del Ministerio de Servicio Penitenciario de nombre Carlos Eduardo Camacho. Para materializar la evasión pagaron unos 1.000 dólares al director de la prisión, Luis Alberto Gutiérrez Linares, y 400 dólares a dos guardias nacionales encargados de la seguridad externa de la cárcel, según dicen los expedientes del TSJ. Una vez que abandonó Tocorón, Guerrero se trasladó a la ciudad de Acarigua, en el estado Portuguesa, en los llanos centro occidentales, a 246 kilómetros de la prisión. Allí permaneció oculto, mientras la autoridades intentaban esclarecer los detalles de la evasión.

El Niño Guerrero ya tenía el título de pran de Tocorón, por lo que su fuga generó un gran escándalo. En el proceso de la investigación fue detenida la vedette Rosita, de quien se decía que era novia de Guerrero, versión que nuevamente fue negada por la actriz. Después de varios días de interrogatorios, Rosita quedó en libertad. Aunque el proceso en su contra se mantuvo abierto por varios años, finalmente no recibió cargos. Los dos familiares de Guerrero, el director de la prisión, el custodio y los dos GNB sí resultaron responsabilizados de cooperar con la fuga.

El 18 de mayo de 2013, una comisión policial del CICPC que investigaba el robo de viviendas en Barquisimeto detuvo en esa ciudad un vehículo sospechoso en cuyo interior se encontraban cuatro hombres que solo tenían en su poder sus teléfonos celulares y algunas porciones de marihuana. Aunque los funcionarios no encontraron lo que llaman “objetos de interés criminalístico”, pudieron establecer que las placas que tenía el automóvil pertenecían a otro vehículo. Por esa razón dejaron detenidos a los cuatro hombres, mientras averiguaban la irregularidad. Pero cuando corroboraron la identidades de los detenidos se dieron cuenta de que las placas no eran lo único que no coincidía con los registros oficiales. Al contrastar los registros dactilares de uno de los hombres que se identificaba como Danny José Heredia Clisanchez con la base de datos policial, encontraron una coincidencia: las huellas eran iguales a las de Héctor Rusthenford Guerrero Flores. ¡Bingo! Sin saberlo, habían recapturado al Niño Guerrero, y allí se originó la cuarta acusación contra este delincuente, con fecha 19 de junio de 2013.

Finalmente, el 15 de deciembre de 2016 comenzó el jucio oral y público contra Héctor Guerrero, quien en esa audiencia tomó la palabra y se declaró culpable de todos los delitos que le imputaban: homicidio intencional, fuga de detenidos, aprovechamiento de cosas provenientes del delito, falsificación de documentos, ocultación ilícita de arma de fuego, ocultación de municiones, ocultación de arma de guerra, asociación para delinquir, usurpación de identidad, tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la modalidad de distribución y ocultamiento, aprovechamiento de vehículo proveniente del robo y hurto, y cambio ilícito de placas de vehículos automotores.

El pran fue sentenciado a cumplir una pena de 17 años, dos meses y dos días de presidio. Pero el proceso no se cerró allí. La fiscal del ministerio público apeló la sentencia, porque consideraba que Guerrero merecía una condena mayor. La magistrada del Tribunal Supremo de Justica Elsa Janeth Gómez Moreno declaró con lugar la solicitud de la fiscal el 23 de febrero de 2018, con la posibilidad de que la condena de Guerrero fuera revisada e incrementada.

Luego de esa decisión no hay información disponible sobre el caso. No se sabe si la sentencia fue revisada, modificada y aumentada o si se mantuvo igual. Si no hubo cambios en la pena, al Niño Guerrero le correspondía quedar en libertad a finales de 2022.

Con 39 años de edad, el Niño Guerrero ha alcanzado fama internacional por las acciones sanguinarias de sus lugartenientes a lo largo de Suramérica. Ha sido señalado por la alcaldesa de Bogotá, las autoridades chilenas y la policía de Perú como el hombre que da las órdenes a los miembros de la organización en el Tren de Aragua que operan en esos países. Pero sigue en su cuartel general de Tocorón, esa cárcel donde parece tener más libertad y poder que en ningún otro sitio.

De Guerrero se sabe que es un tipo que mantiene un bajo perfil, evita mostrarse en público si no es necesario, no se toma fotos e intenta ser discreto en su apariencia, aunque no tanto como Larry Changa. Las personas que lo conocen, como Roxana, Yandris y Julio, lo describen como un hombre con buena apariencia física, gustos costosos y debilidad por la ropa de marca. Le gusta verse bien y se cuida.

Pero una de las características que más destacan las personas que han estado cerca del Niño Guerrero es su devoción cristiana. Es evangélico como su mamá, y respeta y hace respetar a quienes profesan esta religión. “No tolera a los falsos cristianos”, dicen sus conocidos.

Mientras tanto, Johan Petrica es el rey del Kilómetro 88 y registra a un hijo en Brasil. Y Larry Changa se escabulle con su familia de la policía chilena que estuvo a punto de atraparlo.

Bajo el mando de sus tres papás, separados pero vivos y con su poder intacto, el Tren de Aragua sigue extendiéndose. ¿Cómo lo que surgió como una alianza entre bandas en el centro de Venezuela se convirtió en una de las organizaciones criminales más temidas de América Latina?

3.

Rosita, ¿la viuda negra del crimen?

En el crimen organizado las mujeres pueden ser víctimas o victimarias

Piel blanca, cabello negro larguísimo, rostro atractivo y muchas curvas. Rosita tiene todas las condiciones físicas para entrar en las categorías de “explotada”, “buenota” o “bendecida y afortunada”, las expresiones venezolanas para referirse a mujeres voluptuosas y sexys. También es extrovertida, voluntariosa y arriesgada.

Ha sido actriz, modelo, vedette, comediante y hasta DJ. Su verdadero nombre es Jimena Romina Araya Navarro, pero se le conoce por el nombre de un personaje que representaba –explotando sus atributos físicos– en un programa de TV, “¡A que te ríes!”.

Sin embargo, no fueron las cualidades de bomba sexy ni el talento histriónico los que hicieron a Rosita realmente famosa en más de un sentido. La fama la alcanzó gracias a sus aparentes vínculos con el mundo criminal.

Araya nació en Maracay y allí fue a la escuela y se graduó como auxiliar de educación preescolar. En una entrevista que concedió a la revista UB en 2011, contó que en esa ciudad se preparó en las artes del modelaje en la escuela “de donde salió Alicia Machado”, Miss Universo 1996. También contó que ganó muchos concursos de belleza locales, como el de Reina del Comando de Unidades Especiales del estado Aragua. Inició su carrera en televisión a mediados de la década de los años 2000 en telenovelas de RCTV. Luego se fue a Miami a probar suerte y logró un lugar en “El cuerpo del deseo”, teleserie protagonizada por el cubano Mario Cimarra. Volvió a Venezuela y empezó a trabajar en Venevisión, el otro canal más importante de la televisión venezolana, con pequeños papeles en “Fábrica de comedias”. Fue allí donde, año y medio más tarde, consiguió la popularidad con un personaje en el sketch de “El Portu”: Rosita.

El programa era transmitido los domingos en horario estelar y Araya representaba a una empleada doméstica que usaba un uniforme tan corto y ajustado que apenas cubría sus nalgas y sus grandes pechos de silicón. En el sketch, El Portu, que era su patrón, siempre buscaba excusas para que Rosita se agachara, se inclinara o hiciera algún movimiento que dejara al descubierto las partes de su cuerpo que aún cubría el diminuto vestido. En la entrevista de UB lo describe: “Ella es una mucama que consiente a su don Emilio. Él la llama porque su esposa Fátima nunca lo consiente ni le acomoda sus cosas. Entonces tiene a su consentidora. Ella es ingenua y no sabe que cuando se agacha, él lo que está es viéndole el picón. Pero ese picón solo lo ve mi don Emilio, más nadie”.

El personaje también la llevó al teatro, en una obra ligera y picante junto a sus compañeros de Venevisión: Rosita, pásame la cosita. Durante esa etapa tuvo una participación en la película Er Conde Jones. The movie, del comediante venezolano conocido como el Conde del Guácharo.

En 2012, ya consolidada como modelo, Jimena Araya se vio envuelta en un primer escándalo, cuando fue detenida por ser una de las principales sospechosas de colaborar con la fuga del pran de Tocorón, Héctor Guerrero Flores. Las investigaciones hallaron que Araya solía visitar la prisión y que tenía una estrecha relación con el pran. Allegados al delincuente aclararon que en ese entonces él tenía una relación con una mujer llamada Wendy Ríos, quien había sido la pareja de su tío, un conocido ladrón de vehículos en Maracay que murió a manos de la policía.

Isabel Figueredo, abogada de Rosita, alegó que su clienta solo había sido contactada telefónicamente por el Niño Guerrero para participar en un show en Tocorón. “El pran es quien hacía las contrataciones”, dijo la abogada a los medios. “En ese retén también se han presentado artistas como Tito Rojas, Los Diablitos, Maelo Ruiz y Eddie Santiago. Araya no guarda ninguna relación con la fuga del Niño Guerrero y no hay suficientes elementos de convicción para señalarla como responsable”, agregó.

Otras versiones señalan que los servicios de Rosita no se limitaban al show: en algunos medios se dijo que Rosita llevaba prostitutas a Guerrero y a sus compañeros de prisión, un negocio paralelo que jamás fue confirmado. En medio del escándalo, Joel Tovar, quien era entonces el representante de la actriz, declaró en Twitter que no conocía la vida privada de Rosita: “Nunca imaginé que ella tenía ese tipo de relaciones, lamentable cómo la vida de una artista se desvanece por errores imborrables”.

Fue ocho años después cuando Rosita dio su versión de la historia.

En su canal de YouTube, contó que en aquella época fue dos veces a la cárcel a visitar a un primo que estaba preso, y fue eso lo que dio pie a los rumores. Su primo salió eventualmente en libertad: “Él (el primo) sale, se va del país, yo fui dos veces a verlo (pero) se fugan 12 personas y lamentablemente se me culpa de que yo fui cómplice y hablan hasta de un cruce de llamadas y pare de contar, me cambia la vida en un abrir y cerrar de ojos”.

También explicó por qué había huido de las autoridades cuando se le mencionó como sospechosa: tenía miedo, estaba desesperada, y cuando la policía la atrapó ya planeaba entregarse.

En efecto, luego de que un tribunal emitió una orden de captura contra Jimena Araya, ella fue perseguida y detenida el 29 de octubre de 2012 en el estado Carabobo. Llevaba dos meses huyendo de la justicia. La imputaron por encubrimiento en la fuga del Niño Guerrero, pero quedó en libertad el 7 de noviembre, una vez cumplidas las exigencias del tribunal para obtener una medida cautelar.

En ese momento, jurando su inocencia, Araya envió un mensaje al presidente Hugo Chávez solicitando su apoyo. Sin embargo, diría en su alegato en YouTube, “no por eso yo estaba enchufada con el Gobierno”. Argumentó que mientras su caso estuvo abierto, “por siete u ocho años, cosa que la gente no sabe, yo no podía hablar”.

En efecto, Araya fue a juicio y quedó descartada su participación en la fuga. En el documento de imputación a Guerrero, donde aparecen los involucrados en la evasión, no figura el nombre de la modelo.

Ya no tenía que escapar de la justicia. Ya Rosita era realmente famosa y se había salvado de ir a prisión. Mejor dicho, se salvó de estar presa, porque su nexo con la cárcel de Tocorón al parecer nunca se cortó.

Demasiadas coincidencias

Entre 2013 y 2014 Rosita tuvo una relación amorosa con Luidig Ochoa, joven expresidiario que había formado parte del pranato que controla Tocorón y que al salir en libertad en 2008 decidió apartarse del delito.

Ochoa era conocido por el alias de “Cara ‘e muerto”, pero se hizo famoso no como delincuente, sino por crear y producir la serie para YouTube “Cárcel o infierno”, que mostraba, a modo de denuncia, sus vivencias, la violencia y los padecimientos en las prisiones venezolanas. Lo que en jerga penitenciaria llaman “la rutina”.

Los nueve capítulos de la serie fueron todo un éxito: alcanzaron más de siete millones de vistas. En 2013, en una entrevista para televisión, Ochoa dijo que intentaba enviar un mensaje, sobre todo a los niños, para que supieran que en la cárcel “lo que hay es sufrimiento”. En la misma conversación comentó que había sido llevado a la sede del Sebin, donde “le sugirieron” bajar un poco el tono.

La relación con Rosita parecía ir muy bien. Araya publicaba frecuentemente fotos de su romance con Ochoa y aparecían juntos en videos comerciales y shows que todavía se pueden ver en YouTube. Es quizás la historia de amor más importante en la vida de Jimena Araya −a juzgar por lo que se ve−, pero terminó el 8 de agosto de 2014, cuando un sicario asesinó a Ochoa en el momento en que este salía de su vivienda en el barrio Independencia, en Maracay. Nunca se supo quién lo mandó matar ni por qué.

El homicidio de este joven, que había ganado notoriedad por su historia de vida expuesta en “Cárcel o infierno” y en otra serie en clave cinematográfica, “Somos ladrones”, puso de nuevo los reflectores sobre su viuda, Rosita.

No había pasado un año del asesinato de Ochoa, cuando en junio de 2015 apareció el cuerpo desmembrado de Carlitos Breaker. Algunos medios dijeron que el jefe caído del Tren de Aragua era en ese momento pareja de Rosita. En redes sociales circularon fotos de ambos. Por esos días la vedette anunció a sus seguidores en Twitter que “por motivos familiares” se apartaría por un tiempo de las redes sociales.

Tres meses después, Jimena Araya desmintió los rumores sobre su relación con Carlitos Breaker en una entrevista que concedió al programa “Detrás de las cámaras”, de Televen. “Quién tiene pruebas de eso para decir que era la novia actual… Sí lo conocí hace muchos años en una fiesta… pero de allí a tener una relación con él, jamás”, aseguró, y pidió respeto: “No sé por qué quieren manchar mi imagen… No puede ser que todos los problemas que pasan en este país de cualquier persona, de cualquier delincuente, los vinculen conmigo. Yo me puedo tomar fotos con cualquier persona, soy una figura pública… Yo no le puedo decir a una persona, a un fan, que se va a tomar una foto conmigo, mira dame tu cédula (de identidad) que la voy a pasar por el CICPC”.

Pero nada pudo evitar un nuevo escándalo sobre Rosita. Pocos meses después, ella volvió a ser noticia cuando se viralizó otra foto suya con otro miembro del Tren de Aragua, alias “Cara ‘e lancha”, que acababa de morir a manos de funcionarios del CICPC en Altamira, una urbanización al este de Caracas.

A Rosita la empezaron a llamar la viuda negra del mundo delictivo venezolano.

Cuando un reportaje del medio digital Runrunes resumió los eventos de violencia que salpicaban a la actriz, otras coincidencias saltaron a la conciencia del público. Por ejemplo, el 24 de enero de 2016 fue asesinado el pran de la cárcel de Margarita, Teófilo Rodríguez Cazorla, alias “El Conejo”, al salir de una discoteca en la isla. ¿Quién era la DJ esa noche en el local? Rosita.

El rol de la mujer en el crimen organizado

Más allá de las fotografías con las víctimas y la aparente casualidad, en realidad no hay nada que pruebe una conexión de Rosita con actividades delictivas.

Tampoco hay certeza sobre cuáles serían las condiciones (si es que las hay) de sus supuestos vínculos con Tocorón. Cabe la posibilidad de que mujeres como Roxana, Julieta o la misma Rosita se relacionen con este mundo influidas por sus relaciones de pareja. Algunas como Julieta nunca llegan a involucrarse en las actividades del grupo, mientras que otras como Roxana sí se integran a la banda.

La participación de la mujer en las organizaciones de crimen organizado es un tema que se ha estudiado y analizado con relativa frecuencia. Aunque son poco visibilizadas y se considera que tienen roles menores, en realidad algunas mujeres han alcanzado funciones de liderazgo y jefatura dentro de organizaciones criminales. Hay casos recientes y muy reportados por los medios como el de la guatemalteca Marllory Chacón, más conocido como “La Reina del Sur”, o el de Herlinda Bobadilla, quien a los 61 años de edad era jefa de uno de los principales carteles de droga en Centroamérica.

La periodista Deborah Bonello, que ha investigado el crimen organizado en América Latina por más de 20 años, realizó un amplio trabajo sobre las jefas de los carteles. Publicará un libro del que habló en una entrevista con BBC. “La intención criminal no es exclusiva de los hombres, ellas tienen la misma capacidad de manejar armas de fuego y de ser autoras de crímenes… Pero siempre se dibuja a las mujeres como víctimas, como que lo hicimos porque el marido nos obligó. Lo cual, a medida que investigaba, me parecía más bien el deseo que el mundo tiene de ver a las mujeres así”, dijo.

Su participación es frecuente en el narcotráfico, el tráfico de migrantes (como coyotes y captadoras) y la trata de personas (como simpatizantes, compañeras de crímenes y madamas), refiere InSight Crimen en un reportaje sobre los roles de la mujer en el crimen organizado. Expertos de México y Colombia también dan cuenta de un repunte en la participación de la mujer dentro de estas estructuras delincuenciales.

Incluso vemos casos como el de Leidy Bustos, la joven que participaba en las torturas y descuartizamiento de las víctimas del Tren de Aragua en Bogotá, o el de la misma Roxana, que se involucró voluntariamente y participaba en las extorsiones. Pero de la misma forma ella alertaba sobre cómo el mundo del crimen puede resultar atractivo para chicas jóvenes que buscan mejorar sus condiciones de vida en un país como Venezuela, donde las opciones son escasas. Muchas también son forzadas a cometer delitos o amenazadas por los jefes de estas estructuras criminales.

En el caso de Rosita hay más casualidades, pero ninguna prueba. A medida que ha empezado a internacionalizarse como vedette y DJ, sus giras por América Latina la llevan a países donde se ha identificado la presencia de la megabanda. Ciertamente, son los mismos países con gran migración venezolana −Colombia, Ecuador, Perú, Chile− y por tanto con audiencia para ella.

¿Se trata solo de seguir a las masas de fans venezolanos?

Un comisario de la policía judicial venezolana que trabajó en la División contra Bandas dice que el Tren de Aragua perpetra numerosas extorsiones telefónicas llamando desde esos países. Agentes de otros tres cuerpos de seguridad confirmaron esta información. El funcionario, especialista en megabandas, dice que desde 2019 se confirmó la presencia de miembros del Tren de Aragua en Bogotá, donde la organización controla locales nocturnos en zonas populares como el barrio El Restrepo… y donde se organizan con frecuencia fiestas animadas por nadie más que Jimena Araya. Disco Londres, en la localidad de Bosa, en Bogotá, es uno de los locales que aparecen en los carteles promocionales de Araya.

Exfuncionarios de Poliaragua que están radicados en Bogotá también confirmaron que el Tren de Aragua abrió una discoteca en un barrio popular de esa ciudad donde se ha presentado Araya. “En las fiestas participan los luceros del penal de Tocorón, que venden droga y licores venezolanos”, precisó el policía.

Los flyers promocionales de estas presentaciones los difunde la propia Jimena Araya en sus redes sociales. En sus giras artísticas destaca su paso por Miami, Colombia, Chile, Ecuador y Perú desde 2016, pero con énfasis entre 2018 y 2019, los años en que comienza a consolidarse la expansión de la organización criminal.

Las presentaciones de la artista solían ser más frecuentes en Lima y Santiago de Chile, entre otras razones porque Jimena Araya tiene nacionalidad chilena por su padre y familia peruana por su madre. Sin embargo, este nexo no impidió que la bomba sexy tuviera que salir huyendo de Perú en septiembre de 2019, luego de que las autoridades anunciaron que emitirían una orden de captura en su contra por sus presuntos nexos con el Tren de Aragua.

Además, la señalan de evadir impuestos relacionados con sus presentaciones en ese país, debido a que entró a Perú como turista pero realizó actividades laborales. Quizás esta no fue más que una excusa para impedir las frecuentes entradas de Araya a Perú.

La actriz y su representante han dicho que solo están internacionalizando su carrera, pero la sombra de sus vínculos con la cárcel de Tocorón sigue acompañándola.

Desde antes de la pandemia Jimena Araya vive en México. Al terminar las restricciones impuestas por el confinamiento retomó sus presentaciones y viajes casi siempre a las mismas naciones, aunque ahora –de acuerdo con lo que se ve en sus redes− incorporó dos nuevas ciudades a su circuito: Cartagena de Indias (Colombia) y Georgetown (Guyana).

Rosita también ha retomado parcialmente su carrera de actuación. En marzo de 2022 apareció como parte del elenco de la serie “Azotes de barrio”, que se transmite en YouTube y narra las dinámicas de violencia en los barrios venezolanos. Es una creación de Jackson Gutiérrez, quien ha ganado popularidad por su trabajo experimental como productor, director y actor en lo que él llama “cine guerrilla”. Pero ¿es que Jimena Araya estuvo en Venezuela? Sí, ella misma lo cuenta en un video en Instagram que registra el encuentro con su madre luego de tres años sin verse.

Rosita no le huye a la exposición. Tantos rumores sobre su conexión con el hampa no han hecho mella en su popularidad. Al contrario, su cuenta de Instagram suma casi tres millones de seguidores, y ella es imagen de productos asociados al placer, al desenfreno: agencias de viaje, casas de apuestas, casas vacacionales para alquilar en México… y hasta una marca de sangría.

El nombre de la sangría es La Tóxica.

4.

Una corporación criminal

El secuestro del corresponsal del NYT y Breaking Bad Tocorón

El periodista ruso Anatoly Kurmanaev tenía siete años reporteando para The New York Times desde Venezuela, desde uno de los países más violentos del mundo. Había cubierto innumerables protestas dentro del conflicto político y social, la escasez de alimentos, la actividad de grupos armados y los efectos de la emergencia humanitaria en los ciudadanos.

En una entrevista describió su trabajo en Venezuela como “una experiencia bastante intensa”. Presenció la muerte de un soldado durante las protestas de 2014 en el estado Táchira y tuvo que convivir con los grupos criminales que controlan la minería ilegal en estado Bolívar, entre otros episodios que marcaron su cobertura. También padeció las dificultades para conseguir alimentos, medicinas y combustible.

“Es un país muy arbitrario… El caos es constante y por todos lados… Cada vez que sales no sabes con qué te vas a encontrar”, fueron algunas de las frases que soltó en esa entrevista. Tenía conciencia, según sus palabras, de que estar en Venezuela era “vivir sin certezas” y “sin reglas”.

Pero seguía preso de la adrenalina, de los afectos y de las virtudes que había encontrado en el país. Hasta que el 28 de octubre de 2020 Anatoly se convirtió en el protagonista de una de las historias que solía leer y reportar en Venezuela. Aunque suene a lugar común, así fue.

Cuando comenzó la pandemia de COVID-19, cerraron los aeropuertos y él se quedó varado fuera del país. Necesitaba regresar para cumplir con sus compromisos laborales, pero además quería reunirse con su esposa venezolana, que lo esperaba en Caracas. Después de muchas vueltas y gestiones consiguió un asiento en uno de los pocos vuelos humanitarios a Venezuela que salieron desde Ciudad de México. Pero ese avión que logró tomar no llegaba al aeropuerto de Maiquetía, a 20 minutos de Caracas, sino al aeropuerto internacional Arturo Michelena, en Valencia, estado Carabobo, a dos horas de la capital del país. No estaba mal, pero tendría que usar la Autopista Regional del Centro para llegar a Caracas después, pasando por Aragua.

Eso no detuvo a Anatoly. Antes de tomar su vuelo en México, reservó habitación para dormir en un hotel de Valencia. Sabía que no es seguro transitar de noche por las autopistas venezolanas. Pero a última hora cambió el plan, cuando el empresario oficialista Raúl Gorrín —investigado y sancionado por Estados Unidos por soborno y corrupción— le ofreció enviar a un chofer a recogerlo en el aeropuerto de Valencia, en una Toyota 4Runner blindada, para trasladarlo directo a Caracas.

Cuando tomaron la autopista comenzaba a oscurecer. Pero esperaban llegar rápido a Caracas, pues la vía estaba casi vacía a causa de las restricciones de circulación por la pandemia. Poco después de cruzar la frontera entre Carabobo y Aragua, se encontraron con una alcabala (lo que en países como Colombia llaman retén). Eran cuatro hombres que vestían uniformes del CICPC, y tenían un Toyota chasis largo, con los logos de la policía judicial. Son los vehículos que suelen usar las policías, los colectivos (los grupos paramilitares armados para defender la revolución bolivariana) y algunas megabandas.

Les hicieron una seña para que se detuvieran. El conductor obedeció. Estacionó la camioneta blindada a la derecha, en el hombrillo de la autopista. Antes de que pudieran reaccionar, los hombres se abalanzaron sobre el automóvil y los apuntaron con sus fusiles. Los sacaron a golpes y empujones.

Los trasladaron a un escondite, una casa muy humilde, en ese momento daba igual. Anatoly les dijo que era periodista, que trabajaba para un medio internacional. Pero eso no los detuvo, ni los hizo dudar de su propósito: al contrario, exigieron 40.000 dólares para liberarlos.

Por su piel blanca y su cabello rubio rojizo, los delincuentes le decían gringo. No lo golpearon tanto como al chofer, pero sí lo apuntaban en la cabeza con sus fusiles. Así le hicieron una foto que enviaron a la esposa de Anatoly, quien junto a otros colegas de su pareja intentaba desesperadamente reunir el dinero del rescate. Llamadas iban y venían. Con cada contacto sumaban billetes verdes para llegar al monto que exigían los plagiarios. Y lo lograron reunir.

Pero antes de desplazarse hasta Maracay para entregar el pago, la esposa del corresponsal y otra periodista venezolana que también colabora con el New York Times decidieron asesorarse con un experto en negociación de secuestros, quien les aconsejó no moverse de Caracas. El negociador y su equipo estaban casi seguros de que los plagiarios pertenecían al Tren de Aragua.

Su certeza no estaba asociada solo al lugar donde ocurrió el hecho. El secuestro ha sido uno de los delitos más rentables para las megabandas venezolanas. Entre 2016 y 2019 se reportaron en todo el país 1.076 secuestros, según una filtración del Ministerio de Relaciones Interiores, que contiene los datos de nueve delitos que registra el ente oficial. De hecho, el secuestro fue el delito de mayor crecimiento desde la llegada del chavismo al Gobierno en 1999, con un aumento de 1.300 % desde ese año, según estudiosos del tema. Aunque hubo una disminución considerable de este crimen desde 2018, el medio digital El Estímulo publicó un texto sobre una “nueva ola de secuestros” en el centro del país durante el último trimestre de 2020, justamente la fecha en que ocurrió el de Anatoly.

En el caso del corresponsal, la desesperación que mostraban los plagiarios en sus intercambios con el negociador hacía suponer que los hombres probablemente debían volver a la prisión al amanecer. Querían el botín rápidamente. Esto se parecía más a un secuestro exprés. Con base en esa hipótesis, el experto preparó una estrategia para ganar tiempo y demorar el eventual pago del rescate.

Entre llamadas de los plagiarios, mensajes, golpes, llanto y miedo se consumió la noche. Poco antes del amanecer, como a las cinco de la mañana, Anatoly y el conductor fueron liberados sin pagar rescate. Los delincuentes huyeron con el reloj, dinero en efectivo y otras pertenencias del periodista. Pero no se llevaron su computadora. ¿Qué pasó? No se sabe. Quizás funcionó la estrategia de los negociadores, quizás los plagiarios recibieron la orden de dejarlos ir.

Pero el trabajo de los asesores no terminó allí. Continuaron indagando porque querían identificar a los plagiarios. Con el apoyo de funcionarios del CICPC lograron rastrear los teléfonos usados por los secuestradores y determinaron que los números registraban actividad en las inmediaciones de la cárcel de Tocorón. Además, se percataron de que el modus operandi era similar al utilizado por la banda de alias “El Coty”, líder de una organización delincuencial que pertenece a la estructura del Tren de Aragua.

En mayo de 2019, algunos jefes policiales habían alertado sobre la existencia de esta pandilla que operaba en localidades del estado Aragua, y cuyos integrantes se hacían pasar por funcionarios del CICPC y vestían prendas con insignias de este cuerpo de seguridad. Para completar su trampa instalaban alcabalas falsas en la vía y forzaban a los conductores que iban en vehículos costosos a detenerse. Entonces los despojaban de sus carros y los contactaban para pedirles un rescate de 2.000 o 3.000 dólares a cambio de sus autos. Un reporte de prensa decía que solo en un mes de 2019 se habían apoderado de 30 camionetas Toyota.

Un excomisionado de PoliAragua, Mauricio Barbas, explicó en una entrevista en 2022 otro destino posible de estos carros: “Los jefes del Tren de Aragua tienen un taller mecánico, cerca de la avenida Bolívar en Maracay, donde repotencian camionetas de alta gama, como las Toyota. Luego las trasladan a la zona minera para venderlas”. El negocio sigue rodando.

Quizás ese era el objetivo inicial al detener el vehículo donde iba Anatoly, y apoderarse de la 4Runner blindada. Pero el cambio de plan de los delincuentes, al ver que había un extranjero, tiene sentido. Este tipo de automóviles se cotizan entre 15.000 y 20.000 dólares en el mercado de segunda mano, pero con el secuestro del “gringo” podían embolsarse 40.000 dólares en una operación mucho más sencilla y rápida.

Anatoly ya no vive en Venezuela. La historia de su secuestro no trascendió al público. Al ser consultado sobre este episodio, dijo en una conversación por WhatsApp: “El Niño (Guerrero) lo negó”. Agregó que él mismo, inconscientemente, había olvidado los detalles de este pasaje de su vida. Es comprensible.

Secuestros: negocio millonario

Claro que el corresponsal del New York Times no fue la única víctima extranjera del grupo que opera desde la cárcel de Tocorón. Los reportes de secuestros ocurridos en Venezuela en las dos primeras décadas de 2000 abundan en las webs de medios de todo el país y del mundo, y el Tren de Aragua encabeza muchos de esos titulares.

En enero de 2017 ocurrió quizás el secuestro más espectacular cometido por el Tren de Aragua, el hecho que marcó en realidad su internacionalización como grupo criminal. El País, El Mundo, BBC, El Heraldo y una docena más de medios internacionales reportaron el hecho con algunos detalles. Pero en Venezuela, el crimen fue tapiado por la avalancha de noticias sobre las protestas y las violaciones de derechos humanos que desbordaron al país ese año.

Un ciudadano español originario de Las Palmas y residenciado en Venezuela fue secuestrado por un grupo armado en la frontera entre Aragua y Guárico. Como en el caso de Anatoly, los plagiarios se hicieron pasar por funcionarios policiales y así lograron detener el vehículo en el que se desplazaban el español y su hermano. Este último fue liberado de inmediato, con la tarea de juntar los 500 mil euros que exigían como rescate.

En una práctica poco usual entre los grupos delincuenciales del país, los plagiarios le amputaron un dedo a la víctima y se lo enviaron como fe de vida a sus familiares. Este incidente, sumado a una serie de llamadas violentas y amenazantes a parientes del secuestrado en España, hizo que el caso saliera del ámbito local. La Guardia Civil española y hasta el FBI se sumaron a la investigación.

“La operación se inició cuando la Guardia Civil de Las Palmas recibió una denuncia de la familia de la víctima, en la que indicaba que el hermano liberado comenzaba a recibir llamadas de extorsión. Las llamadas eran efectuadas desde Tampa (Florida, Estados Unidos). La Guardia Civil contactó entonces al FBI, que localizó al autor de las llamadas, ‘un ciudadano venezolano y residente en EEUU con un extenso historial delictivo en su país de origen’, según un comunicado de la Guardia Civil”, publicó El País.

Pero el español no fue liberado y las llamadas extorsivas y violentas continuaron. Había mucha desesperación entre los secuestradores, que siguieron llamando a la familia. La policía determinó que ahora llamaban desde Panamá. “El nuevo interlocutor también fue localizado y detenido: era un ‘miembro de la organización criminal venezolana denominada el Tren de Aragua’”, decía el reporte de la Guardia Civil citado por el medio español.

El español pasó 38 días en cautiverio y la noticia del plagio solo se supo después de que el hombre fue liberado, el 16 de febrero de 2017, en Aragua. Contó que mientras estuvo en cautiverio permaneció en zonas boscosas y era custodiado permanentemente por 20 hombres armados. La liberación se logró gracias a una operación conjunta, denominada Tepuy, en la que participaron el equipo de Secuestros y Extorsiones de la Unidad Central Operativa (UCO) de España; la División del FBI de Ft. Myers en Tampa; la División de Delitos contra la Libertad Individual de la Policía de Panamá, y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Venezuela, el CICPC. La identidad del secuestrado nunca fue revelada.

Un comisario del CICPC, que trabajó en la División contra Extorsión y Secuestros y pidió no dar su nombre, confirmó que el Tren de Aragua era uno de los principales grupos involucrados en los secuestros en el país. Pedían entre 70 mil y 90 mil dólares por cada secuestrado. “Incluso los de la calle (secuestradores que no pertenecían al grupo delictivo) notifican la fechoría al pran de la prisión con antelación y solicitan autorización para cometerla. Esto para asegurarse de tener una estancia pacífica en la cárcel, en caso de ser detenidos”, explicó el funcionario.

No hay registros oficiales que permitan establecer cuánto dinero ha ingresado a las arcas del grupo criminal por “concepto” de secuestro. Pero la misma filtración de datos del Ministerio de Relaciones Interiores muestra que entre 2016 y 2019 en el estado Aragua fueron denunciados 92 secuestros, distribuidos de la siguiente manera: 39 en 2016, 23 en 2017; 14 en 2018 y 16 en 2019. Si el Tren de Aragua tuvo participación en todos esos casos, que es lo más probable debido al férreo control territorial que ejerce en Aragua, y recibió pagos por 70 mil dólares aproximadamente en cada caso, el ingreso por secuestros estaría por el orden de los 6,4 millones dólares en cuatro años. Esto no incluye, claro, la cifra negra, que son los plagios que ocurrieron y pagaron rescate, pero no fueron denunciados a las autoridades.

Los secuestros de vehículos, otro delito que popularizó el Tren de Aragua, ocurren de manera similar a la operación en la que fue secuestrado el corresponsal. El grupo se apodera de vehículos y de transporte de carga, y exige un pago de rescate para devolver la mercancía o el automóvil. También hurtan o roban los vehículos en la calle y luego contactan a los propietarios para exigir el pago del rescate, que se efectúa en las taquillas de la cárcel.

La GNB, responsable de la vigilancia externa del penal, permite el ingreso de las personas que van a recuperar sus carros y no revisan lo bolsos donde llevan el efectivo: generalmente 2.000 dólares.

Estos son apenas algunos de los veinte delitos y negocios ilegales que ha desarrollado el Tren del Aragua. El portafolio de una empresa criminal.

Extorsión intramuros y extramuros

Pero los primeros en el radio de alcance de los pranes no son los secuestrables, sino los reclusos que los rodean en la Casa Grande. Como explicamos en el primer capítulo, todos deben pagar la causa, esa especie de impuesto que debe pagarse semanalmente para tener acceso a algunas de las comodidades que tiene Tocorón y no ser confinado a áreas abandonadas dentro de la cárcel. Los ingresos por concepto de la causa han permitido la consolidación del pranato. Son la primera fuente de financiamiento de las estructuras mafiosas que hoy operan desde las cárceles en Venezuela, porque es un ingreso seguro. La ecuación es simple: siempre habrá presos. Y si hay presos, hay causa.

Como también explicamos ya, cuando la causa no paga los requerimientos de la operatividad de la prisión (plantas eléctricas, piscinas, canchas, implementos de limpieza, nómina de la estructura del principal), el Niño Guerrero completa el presupuesto de su bolsillo.

Por eso, en Tocorón y otras prisiones, los pranes tratan de mantener en las instalaciones que controlan un número mínimo de presos que les permita asegurar los ingresos para cubrir el presupuesto de las operaciones. También, por esa razón, en ocasiones impiden la salida de los presos que han recibido boletas de excarcelación. El objetivo es mantener los números en azul y no descuadrar las cuentas. En otros casos, los pranes exigen a las autoridades el traslado de nuevos presos a las cárceles que están bajo su control con la finalidad de garantizar los recursos para la causa.

Hay presos que pagan con su trabajo, el que no paga la causa es castigado, excluido y en ocasiones asesinado.

Los traslados de presos también son una fuente de ingresos. En los últimos años comenzó una nueva práctica, una vez el ministerio de Servicio Penitenciario les quitó a los jueces la potestad de decidir a qué cárcel iría cada procesado o penado: los directores de las prisiones que están bajo control del Gobierno (y no de los pranes) les cobran a los presos que desean ser trasladados a Tocorón. El negocio es en alianza con el Niño Guerrero, pues solo este autoriza la entrada a su cárcel de nuevos reclusos. Los reclusos que desean ir a esa prisión deben pagar hasta 500 dólares al director de la prisión donde se encuentran. Parte de este dinero va para el pran. Además de la venta de cupos, los pranes también negocian espacios dentro de la prisión, y le cobran a la población por ingresar a fiestas y actividades.

Gracias a sus ventajas, Tocorón es la cárcel con la causa más alta. Hasta comienzos de 2022, el pago era de 15 dólares a la semana por preso. El monto varía y aumenta en la misma proporción en que se deteriora el bolívar, por eso la causa se tasa y se paga en dólares americanos. La prisión de Aragua tiene 5.000 privados de libertad. El número preciso no se sabe, porque no hay información oficial. Con base en estos datos, multiplicar la causa por el número de presos, las semanas de un mes y los 12 meses del año da como resultado que el ingreso anual por la causa es de 3,6 millones de dólares. Sí, son casi cuatro millones de dólares al año, o quizás más, los que recibe el pran nada más de los reclusos.

En materia de extorsiones, el grupo criminal ha mostrado otras innovaciones. Una de las modalidades que ideó para disimular este delito fue la creación de una organización sin fines de lucro en el barrio de San Vicente: Fundación Somos el Barrio J.K. Esto les permite recibir bajo la etiqueta de donativos lo que en realidad es dinero producto de extorsiones. Sus principales aportantes son las empresas e industrias que aún sobreviven en la región. La fundación muestra sus actividades en sus redes sociales y ha sido clave para la construcción de una gobernanza criminal en esa localidad.

Los pranes también aceptan mercancías de diversos tipos como pago de la extorsión, y esto puede ser desde agua mineral envasada hasta cargamentos de alimentos. “Hay empresas de alimentos que tienen fábricas en la zona industrial de San Vicente, y la vacuna la pagan con mercancía. Camiones con productos que envían a la cárcel”, explicó el propietario de una compañía de materiales industriales ubicada en la zona. Algunos entrevistados aseguraron que los grupos criminales de la prisión también roban camiones con comida y los llevan al interior de la cárcel, y otros dijeron que la mercancía la obtienen mediante acuerdos con funcionarios gubernamentales y militares.

Ahí opera la táctica descrita con detalle por una de sus protagonistas, Roxana, la novia del “lucero de la alta”: enviar a mujeres atractivas a cobrar las vacunas, que generan menos sospecha y hacen más fácil la negociación que con un hombre armado y violento. Ellas mismas contactan a las víctimas de extorsión por teléfono y van a recoger los pagos en dólares o a negociar otras posibles formas de pago.

Como ocurre con la causa, la empresa o comercio que no pague la vacuna es castigada con violencia. La madrugada del 8 de julio de 2019, el sonido de las balas y de una explosión alertaron a los habitantes de las viviendas cercanas a la zona industrial de Las Tejerías, una población en Aragua, más cerca de Caracas y de Valles del Tuy. Se trataba de un ataque que dejó en llamas la fábrica de Puig, la empresa que produce las populares galletas María desde hace más de 100 años. Era la respuesta del Tren de Aragua a la negativa de la gerencia de pagar la vacuna que le exigían.

“Sometieron al encargado de seguridad, a quien hirieron de bala, para acceder a las instalaciones de la empresa. Luego, se dedicaron a quemar una de las paletas –una plataforma empleada para guardar la mercancía– con un artefacto explosivo, posiblemente una granada, lo que hizo que el incendio se propagara rápidamente por todo el almacén”, publicó el medio digital venezolano eldiario.

Cuando la Guardia Nacional y los bomberos acudieron al lugar para apagar el fuego fueron recibidos a balazos. Esto demoró la intervención y las llamas consumieron buena parte de la estructura. Desde entonces la planta quedó cerrada.

En 2019 también fue atacada la empresa de envases de plástico Tupperware, en San Vicente. Delincuentes dispararon contra la caseta de vigilancia. Aunque no hubo heridos, los rastros del ataque quedaron en las ventanas de la planta.

Cuando visité Las Tejerías en abril de 2022, una pareja de vigilantes eran las únicas personas que permanecían en el lugar. Pude conversar con comerciantes de la zona, quienes con mucho temor comentaron que las extorsiones continuaban. “Todos tenemos que pagar. Cada negocio paga según como sean sus ventas”, dijo el dueño de una panadería. Aseguró que debían reunirse con los delincuentes para acordar las cuotas y que debían acudir semanalmente a una montaña cercana a pagar el monto exigido, que podía llegar a los 500 dólares. Los pranes hacen un estudio de las finanzas de las empresas antes de fijar la vacuna. Es como si revisaran los libros contables. La frecuencia de pago puede ser mensual, trimestral o incluso anual.

En ocasiones, a cambio de la vacuna, el grupo delictivo se compromete a garantizar que las empresas que la pagan no sean extorsionadas por otras bandas ni sean objeto de robos o ataques.

Es difícil establecer cuánto dejan las extorsiones a los líderes de Tocorón. Pero los montos mencionados por algunas víctimas dan una idea de la rentabilidad de este delito. En una sola operación grande obtienen entre 100 mil y 700 mil dólares. A esto hay que sumarle que los comercios y empresas que funcionan en territorios controlados por el Tren de Aragua deben pagar vacuna, en Venezuela y en el exterior. En un ejercicio especulativo, si en un año logran que 12 de cada 100 víctimas paguen 100 mil dólares, reciben 1,2 millones de dólares.

Entre María y Marketplace

El Niño Guerrero, principal de Tocorón, y su par de la cárcel de Trujillo, Álvaro Montilla, conocido por el alias de “El Loro”, son aliados en ciertas modalidades de estafa que se cometen desde las prisiones. Una de los más extendidas afecta a cualquiera, porque llega por WhatsApp.

“¡Hola, Soy María!”. Con este sencillo mensaje por WhatsApp, que se envía a números al azar, comienza la operación de pesca, o phishing, con la que han sido estafados miles de venezolanos en los últimos cinco años, a través de la popular plataforma de mensajería.

Luego de la frase, que comenzó a aparecer con la frecuencia de un spam en los chats, “María” (¿quién no tiene una amiga llamada María?) le decía a sus interlocutores que estaba cambiando dólares a muy buen precio, enviaba los datos de una cuenta en bolívares para que la persona contactada transfiriera el dinero y luego “María” desaparecía sin entregar las divisas ofrecidas.

En otros casos, “María” suplanta la identidad de alguna persona a la que previamente le ha hackeado el WhatsApp y comienza a contactar a los amigos o conocidos de esta persona. Les manifiesta que está atravesando por una emergencia y les pide que le hagan una transferencia urgente. Algunos incautos caen en la trampa y así se concreta la estafa.

El mecanismo más rentable para las estafas de la dupla del Niño y el Loro ha sido el website comercial Marketplace, alojado en Facebook. Desde allí hacen ofertas falsas de vehículos, muy por debajo del precio del mercado, con las que captan a gente interesada en comprar los carros. La persona es convocada a alguna zona poco poblada, donde la someten. Le quitan el dinero que lleva para comprar el supuesto vehículo y además la mantienen secuestrada para exigir a sus familiares un pago de rescate. Usualmente los compradores no llevan todo el dinero por precaución, entonces los delincuentes los retienen hasta obtener la cantidad equivalente al pago total que harían por el supuesto automóvil ofertado.

Cada operación puede dejar a los pranes ingresos superiores a los 20.000 dólares.

Según reportes de prensa, aproximadamente 30 personas han muerto en los últimos tres años cuando acuden a comprar carros de Marketplace. Solo entre enero y mayo de 2022, se contabilizaron cinco víctimas de los grupos criminales que lideran estas estafas. Entre los que han caído en el engaño figuran desde funcionarios de los cuerpos de seguridad hasta comerciantes.

Uno de los casos fue el de Kerwin Eduardo Regalado Hernández, oficial de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que estaba adscrito a la Dirección Contra la Delincuencia Organizada (DCDO). El 17 de agosto de 2022 fue emboscado por delincuentes cuando creía que estaba por comprar un vehículo que ofrecían a través de la página Marketplace. Lo despojaron del dinero que llevaba y lo mataron.

El auge de este delito ha causado gran alarma en la ciudadanía, y provocó una reacción mediática de las autoridades. En septiembre del 2021, el director del CICPC, Douglas Rico, utilizó sus redes sociales para anunciar el inicio de la campaña “No negocies con tu vida. Piénsalo bien antes de cada clic”, destinada a alertar y proteger a los ciudadanos de las estafas de Marketplace.

Funcionarios de ese cuerpo de investigación judicial fueron desplegados con pancartas y panfletos en las entradas a la ciudad de Maracay para informar a las personas sobre los riesgos de estas transacciones. El propio ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, se sumó a la campaña, que se extendió a otros estados del país.

Pero ni las estafas ni los asesinatos en este contexto dejaron de ocurrir. Quizás la razón es que sus cerebros continúan operando con libertad, pese a que irónicamente están tras las rejas.

En diciembre de 2021 tuve acceso a la filtración de un reporte elaborado por la División de Investigaciones Criminales de Secuestro del CICPC, que tenía como destinatario el comisario Rico. Se le informaba los resultados de una investigación sobre el caso Marketplace. En la categoría “nombre de la banda” el documento decía: “GRUPO ESTRUCTURADO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA (G.E.D.O.) MARKETPLACE- INTERNADO JUDICIAL DEL ESTADO TRUJILLO”. Luego se enumeraba y describía a todos los miembros de la organización delictiva, 43 personas en total, con el nombre del líder de la banda al comienzo: Álvaro Montilla, pran de Trujillo.

“Las llamadas, los contactos, la gente que participa, todo se hace desde esas dos prisiones”, dijo un excomisario de la División contra Bandas del CICPC, que ha seguido de cerca las estafas y extorsiones a través de redes sociales. Otro funcionario del mismo cuerpo policial ratificó que la banda de “El Loro” opera como una extensión del Tren de Aragua, y también alcanza varios estados del país. El reporte de la policía judicial mencionaba actividades del grupo delictivo en el sector Las Mayas, de la parroquia Coche, en Caracas. Las bandas de “Wilmer Guayabal”, “El Coty” y el propio “Loro”, todos con roles de liderazgo en la estructura del Tren de Aragua, controlan este negocio.

Yandris, el exmiembro del Tren de Aragua, también reconoció la participación de esta organización en las estafas de Marketplace, pero en nuestra conversación en octubre de 2022 precisó: “Eso no está pasando ya. Guerrero dio la orden de que lo pararan”.

Tráfico de armas: una empresa en crecimiento

El tráfico de armas es uno de los negocios naturales de muchos grupos criminales, y el Tren de Aragua, que avanza a toda máquina, no se queda atrás. Un hombre que estuvo preso en las cárceles de Santa Ana, El Dorado y Tocuyito explicó que las prisiones son utilizadas como centros para la comercialización de armas de fuego, principalmente armas largas, como fusiles AR-15, Mini 14, AK-103 o Kalashnikov y FAL (los viejos fusiles automáticos livianos que fueron el arma de reglamento de la FANB), así como granadas y municiones.

No es un secreto que el AK-103 Kalashnikov ruso es el fusil reglamentario de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela desde 2005, cuando el gobierno de Hugo Chávez adquirió 100.000 unidades. La mayoría de las granadas que circulan en el país son fabricadas desde 2008 por Cavim (la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares) en Maracay, a pocos minutos de Tocorón, al igual que las municiones.

Muchas de las armas que se comercializan en el mundo criminal venezolano han salido de instalaciones policiales y militares. El exdirector general de Actuación Procesal del Ministerio Público de Venezuela, Zair Mundaray, uno de los expertos que elaboró el proyecto de Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones promulgada en 2013, dijo: “Teníamos muy claro que el gran proveedor era la Fuerza Armada”.

Durante su paso por la Fiscalía, Mundaray acumuló una serie de anécdotas que dan pistas de cómo las armas de fuego y las municiones de los militares venezolanos alimentan el mercado negro local e internacional. “Uno de los estudios que hicimos arrojó que más de 80 % de las conchas que eran recolectadas en los sitios de enfrentamientos entre grupos delincuenciales eran de Cavim. ¿Cómo llegaban las municiones hechas por el 58Estado a manos de los delincuentes?”. Explicó que algo similar ocurrió durante el desalojo de la cárcel de La Planta (la única prisión que quedaba en Caracas): “Sacamos barriles llenos de balas calibre 9 mm y otros calibres. Eran proyectiles de Cavim. Allí también había Kalashnikov”.

El Estudio Mundial sobre el Tráfico de Armas de Fuego 2020 publicado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) coincide en que “el origen ilícito de las armas que se encuentran en los mercados ilegales de un país suele tener un importante componente interno, por ejemplo, que se desviaron del ámbito lícito en ese mismo país”.

El expresidiario que habló sobre la comercialización de las armas desde las prisiones, también contó que las armas llegan de contrabando a Venezuela, muchas veces provenientes de las islas del Caribe, de México y Estados Unidos. Después de que ingresan al país, muchas son negociadas y distribuidas desde las prisiones. Incluso, en Tocorón, el Tren de Aragua también cuenta con su propia “fábrica de municiones”. Se trata de máquinas que utilizan para recargar los cartuchos de proyectiles de distintos calibres, incluidos los 7.62, usados en fusiles.

Pero estas armas no necesariamente tienen como destino final otras cárceles. El comercio interno de armas en las prisiones es casi nulo. Solo los principales y su grupo tienen armas de fuego. Ningún otro preso puede tener o comprar un arma. Los pranes venden estas armas y municiones a organizaciones criminales que operan fuera de las cárceles, incluso fuera del país. Para comercializarlas hacen videos con la “mercancía”, que luego envían a los interesados. En 2020, el mismo exconvicto compartió un video hecho en una prisión que mostraba los fusiles en venta.

Uno de los principales destinos de estas armas es el estado Bolívar, una de las regiones de Venezuela donde hay más actividad de grupos armados a causa de las minas y más demanda de armas, explicó el expresidiario y confirmó un investigador policial convertido en asesor de seguridad. Y tenían razón. “El Tren de Aragua abastece de armas a los sindicatos y otros grupos que operan en el Arco Minero del Orinoco”, aseguró un académico que ha seguido los pasos de este grupo delincuencial.

Como negocio es negocio, el Tren de Aragua no tiene reparos al momento de transar armas con cualquiera de la decena de organizaciones delictivas que custodian las minas en los pueblos que están a lo largo de la carretera Trocal 10, entre Guasipati y Kilómetro 88, donde está Las Claritas. Incluso si ese cliente pudiera ser su competidor.

Además, Bolívar es la puerta hacia Brasil, donde las autoridades han identificado desde 2017 la venta de fusiles por parte de grupos delincuenciales venezolanos –principalmente relacionados con las prisiones– a miembros del Primer Comando de la Capital (PCC), la organización criminal más grande y poderosa de ese país. Aunque aún no hay certeza de la participación del Tren de Aragua en este tráfico de armas para el PCC, un informe de 2020 del Ministerio Público de Brasil confirma que existe una alianza entre el PCC y el Tren de Aragua. Entonces es muy probable que los jefes de la Casa Grande sean uno de los proveedores de armas del PCC.

Es aritmética sencilla. Mientras en Venezuela esas armas son adquiridas por los delincuentes en 5 mil y 8 mil dólares, al otro lado de la frontera las venden hasta por 20 mil dólares. “El precio de la compra de armas de fuego en el mercado ilegal suele ser considerablemente más alto que en la esfera lícita, pues refleja los riesgos adicionales y la especulación que conlleva el mercado ilegal”, dice el estudio de UNODC. El documento señala que “América Central y del Sur, junto con Asia Occidental, representan más del 80% de los destinos del tráfico. Estas principales zonas de destino destacan además por sus altos niveles de violencia delictiva o conflictos, y muestran los vínculos entre el tráfico de armas de fuego y las muertes violentas”.

El Índice Global de Crimen Organizado 2021, elaborado por Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) −una red de más de 500 expertos alrededor del mundo− sitúa el tráfico de armas como el tercer mercado criminal del mundo.

El valor de la chatarra

El contrabando de chatarra, y el cobre incluido, se ha convertido en una nueva economía criminal lucrativa, en la que participa el Tren de Aragua.

Los pranes están detrás de prácticamente todas las empresas receptoras y comercializadoras de chatarra de Aragua, en alianza o con la permisividad de algunos jefes militares y policiales, y en sociedad con algunos empresarios. La chatarra se acopia y sale desde el vertedero de basura en el barrio de San Vicente, “El Bote”, donde administran no solo los envíos de chatarra, sino otras operaciones ilícitas.

De allí se exporta en camiones, vía frontera, por Táchira, hacia Colombia. “La orden aquí en Aragua es que esos camiones no se paran”, dijo un comisionado de PoliAragua, Marcos Pérez.

No hay información sobre las rentas que deja esta actividad, pero parece bastante lucrativa, pues se ha extendido en el país. A algunos gobernadores, como los de Carabobo, Cojedes y Falcón, también se les ha relacionado con el negocio de exportación de chatarra.

En el estado Sucre, al extremo nororiental de Venezuela, el Tren de Aragua introduce cobre entre las mercancías que cargan las embarcaciones que salen con migrantes hacia el Caribe. Ese cobre viene, por ejemplo, de una de las principales obras de infraestructura de la población de Güiria, la planta termoeléctrica Juan Manuel Valdez, inaugurada en 2018 con la promesa de que cubriría toda la demanda de energía eléctrica de los cuatro estados del oriente del país: Sucre, Nueva Esparta, Anzoátegui y Monagas. Pero la planta nunca se activó. Un año después, a mediados de 2019, la infraestructura se convirtió en una especie de mina improvisada de cobre. Organizaciones criminales se han dedicado a robar el metal de las instalaciones de la termoeléctrica para traficarlo como chatarra hacia Trinidad y Tobago.

La tonelada de cobre se cotiza en más de 10 mil dólares desde 2021, y en Trinidad y Tobago no hay regulaciones para su comercialización. Por otra parte, en Venezuela, desde el 30 de marzo de 2017, la compra de residuos de cobre es una actividad que se reserva el Estado venezolano, según decreto presidencial. La razón es que el aumento de su valor ha creado “un mercado ilícito”, dice la normativa legal. Y el delito se denomina “robo de material estratégico”.

Un ejército de mercenarios

Esta otra actividad, que quizás no genere ingresos en metálico al Tren de Aragua, trae ventajas estratégicas y otras oportunidades de negocio a los jefes, con otro tipo de prebendas. Identificamos tres casos en que los presos han sido utilizados como “ejércitos de mercenarios”.

Los reclusos de Tocorón y otras cárceles han sido infiltrados y utilizados como fuerzas de choque para contener protestas sociales y políticas que se registraron en Venezuela con mucha intensidad en 2017 y 2019. Así lo confirmaron presos y funcionarios policiales.

Roxana contó que un gobernador de Aragua acudía a Tocorón para pedir apoyo al pran de esta prisión cuando necesitaba hombres que le ayudaran a contener las manifestaciones contra el régimen de Maduro. Este testimonio coincide con los señalamientos hechos por algunas ONG, como el Observatorio Venezolano de Protestas, sobre el uso de presos para evitar el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela por los puentes fronterizos de Táchira en febrero de 2019. También coincide con el testimonio de un preso del penal de Tocuyito, al que entrevistamos en esa prisión en 2021: “A nosotros nos saca el Gobierno cuando hay protestas”.

Estos ejércitos de presos han sido utilizados también como mano de obra para la minería ilegal en el Kilómetro 88 del Arco Minero, y para las operaciones de narcotráfico en Sucre, como explicaremos en el capítulo de la expansión nacional. Además, también son utilizados para desplazar por la fuerza, y mediante enfrentamientos armados, a otros grupos delincuenciales con los que las autoridades no logran negociar.

En 2019, la Iglesia Católica elaboró un informe sobre una matanza en Sucre. Durante varios días de septiembre de 2018, se enfrentaron las bandas de los pueblos costeros de San Juan de Las Galdonas y San Juan de Unare, por el control de un territorio del narcotráfico. El enfrentamiento, en esa región remota y poco poblada, no fue cubierto por los medios y algunos funcionarios oficiales lo negaron. Solo se filtró información escasa y algunos videos de las supuestas balaceras.

Pero el documento de la Iglesia contiene detalles sorprendentes, como que a estos pueblos fueron trasladados presos de Tocorón para reforzar a la megabanda de San Juan de Unare. La batalla comenzó cuando los financistas de la operación de narcotráfico no quisieron seguir negociando con dos bandas, preferían que todo el proceso fuera manejado por una sola. Es más fácil controlar a una sola organización y negociar con ella que hacerlo con varias, esa ha sido la lógica que hay detrás de enfrentamientos similares e incursiones policiales en otras zonas del país.

En Sucre decidieron que la única manera de sacar del negocio al grupo de San Juan de Las Galdonas era por la fuerza, con una guerra en la que los presos eran refuerzos y carne de cañón. Fue así como la banda de San Juan Unare logró quedarse con el control del narcotráfico en ambos pueblos, con el apoyo del Tren de Aragua, que desde entonces controla la operación.

Aunque entre 2020 y 2021 el Tren del Llano manejó físicamente el negocio en Unare, esto fue producto de una alianza con el Tren de Aragua, que había tercerizado la actividad.

Otro hecho similar al de San Juan de Las Galdonas, no tan exitoso para el Tren de Aragua, fue el enfrentamiento en 2020 entre la megabanda de alias “El Wilexis” y miembros de la banda de un delincuente supuestamente apodado “El Gusano”, que apareció repentinamente en Petare, uno de los barrios más grandes y más violentos de Caracas.

El presunto choque entre ambos grupos se registró los primeros días de mayo de ese año, en medio de la pandemia. Fue una semana de balaceras, en realidad de sonidos de ráfagas de disparos. Los habitantes de la populosa comunidad estaban aterrados y denunciaban lo que ocurría a través de redes sociales.

Wilexis Alexander Acevedo Monasterios, “El Wilexis”, tiene más de cinco años controlando algunos sectores de Petare. En sus inicios contaba con la simpatía y el apoyo de algunas figuras del Gobierno, con quienes participaba en obras sociales. Pero la luna de miel terminó cuando el delincuente, también afectado por el colapso del país, decidió apoyar las manifestaciones de 2019 en contra de Nicolás Maduro. Eso causó molestia en sectores del chavismo, que no perdonaron la traición de “Wileixis” y decidieron recurrir a su aliado incondicional, el Niño Guerrero, y a sus muchachos de Tocorón.

“Eso es un montaje. Es mentira que exista esa banda de El Gusano, lo que trajeron fue presos de Tocorón para sacar al grupo de Wileixis de Petare”, dijo una funcionaria que tenía un importante cargo en el Ministerio de Relaciones Interiores.

Un funcionario de la policía judicial en el estado Lara, a quien entrevisté en agosto de 2022, dio otros detalles. “Le pidieron a Guerrero que mandara gente para poder acabar con la banda de Wileixis. Uno de los que estuvo en esa guerra en Petare fue ‘Santanita’ (Josué Ángel Santana Peña, líder de una poderosa banda que lleva su nombre y uno de los jefes del Tren de Aragua)”, explicó el policía, que tiene rango de comisario. Para confirmar su testimonio mostró un video en el que se aprecia a Santanita disparar un fusil desde la terraza de una vivienda en Petare.

Finalmente, los hombres de Tocorón se retiraron sin cumplir su misión. Un preso con el que conversé en una visita a la cárcel de Tocuyito completó la versión de este enfrentamiento: “Cuando la guerra en Petare, el pran de aquí (Néstor Richardi) mandó gente para allá para apoyar a Wileixis. Ellos son aliados. También son amigos de los jefes de la banda de ‘El Koki’; de ‘Vampi’ (Carlos Alfredo Calderón Martínez) y de ‘Garbis’ (Garbis Ochoa Ruiz). Todos se unieron y por eso los de Tocorón no pudieron matar a Wilexis”.

Luego del intento fallido de destronar a Wileixis, los cuerpos de seguridad realizan intervenciones policiales frecuentes en Petare. Pero el delincuente mantiene su operación en el barrio José Félix Ribas, de donde no ha salido. Este episodio, además, marcó uno de los intentos del Tren de Aragua por controlar un territorio en Caracas.

Breaking Bad, versión Tocorón

La venta de drogas al detal es una de las actividades más rentables para el Tren de Aragua. Comienza dentro de la prisión, donde es una actividad tan beneficiosa y segura como la causa, un negocio de producción fija con alta rotación.

Muchos expertos en la materia y conocedores del sistema carcelario venezolano consideran que para un preso común en este país consumir drogas, más que una adicción, es una necesidad. Las drogas son la única forma de evadir el sufrimiento de estar en una prisión como Tocorón para quien no tiene acceso a comida, medicinas o familia que lo visite, y con su proceso judicial paralizado. “Aquí adentro casi todo el mundo consume. ¿Qué más puede hacer uno?”, dijo en una entrevista un preso del Internado Judicial de Carabobo.

En la prisión el costo de una porción de droga (una cantidad para el consumo de un preso, no se pudo conocer el peso) de cualquier tipo es de un dólar. Si al menos 4.000 presos compran una porción a la semana, en un año serían 212.000 dólares. Pero las ventas suelen ser mejores, más frecuentes y en más cantidad. Dentro de Tocorón, el día que visitamos la prisión, los dos locales que ofrecían drogas tenían clientela esperando para comprar, y algunos de ellos pagaban con billetes de 20 dólares.

En la prisión de Aragua destaca la producción y el comercio de cannabis. Tienen sus propios cultivos de marihuana en los terrenos de la prisión, que han mostrado en sus redes sociales, y hasta un laboratorio para “cocinar” drogas sintéticas. Porque Tocorón también tuvo su propia versión del profesor Walter White, el protagonista de la serie Breaking Bad: un ingeniero químico de nacionalidad ucraniana que fue detenido en Maracay, donde tenía un laboratorio clandestino.

Funcionarios del Ministerio de Servicio Penitenciario y policías contaron que el ucraniano llegó a la Casa Grande antes de 2013 y allí fundó otro laboratorio casero de éxtasis. No se sabe si aún está en la prisión, pero el laboratorio sigue operativo.

“Los presos de este centro penitenciario han puesto de moda la súper marihuana”, dijo el excomisionado de PoliAragua Mauricio Barbas sobre el cripy, una de las drogas más importantes en la cartera de productos del Tren de Aragua en Venezuela. Con esta sustancia también han entrado como distribuidores en los mercados internacionales de Colombia (específicamente en Norte de Santander y Bogotá), Perú y Ecuador.

Justamente para participar en el tráfico transnacional de drogas es que el Tren de Aragua han enviado a Sucre contingentes de entre 200 y 400 hombres, según la gente del lugar, para trabajar en algunos de los principales puertos de salida de la droga del país. Algunos reciben pagos o beneficios, otros son enviados como en una especie de comisión de servicio. Pasan un tiempo en esos lugares y luego son devueltos a la prisión.

La droga, proveniente de Colombia, entra por la frontera con ese país en los estados venezolanos de Apure o Táchira, y atraviesa el territorio hasta la ciudad costera de Carúpano, en Sucre. Desde allí se despacha a los pueblos pesqueros donde algunas empresas de sardina y pescado (enlatadoras, productores de sardinas principalmente) sirven de fachada.

Muchos camiones refrigerados que supuestamente transportan pescado, son utilizados para mover la droga. Esos vehículos de carga y las camionetas Toyota de alta gama, son los únicos medios de transporte que se ven en la vía hacia San Juan de Las Galdonas y San Juan de Unare, antes playas turísticas, hoy plataformas del narco hacia las islas del Caribe y Europa.

Según denunció un exdiputado de oposición en una entrevista en 2019 con el periodista Edgar López, “el Estado venezolano perdió todo el control sobre la costa norte de la península de Paria. Presos son trasladados en convoyes del ejército para ir a prestar apoyo en Sucre. El Niño Guerrero posee parte del control. Desde la cárcel de Tocorón se controla toda la mafia en Sucre y su apéndice está en la cárcel de Puente Ayala (otra prisión controlada por pranes, en el estado Anzoátegui, fronterizo con Sucre)”.

La cocaína y el cannabis son las sustancias que más trafican, el rol de la organización es trasladar y custodiar los cargamentos. No hay certeza de que la droga pertenezca al Tren de Aragua, al menos en lo que concierne a la cocaína. Porque en la zona también hay presencia del Cartel de Sinaloa, uno de los principales propietarios de la cocaína.

Hay un venezolano del pueblo Guarataro de Sucre que fue reclutado por el cartel de Joaquín Guzmán Loera, el “Chapo Guzmán”; alcanzó un lugar en la cúpula de la organización y terminó estableciéndose en México con su familia.

En Colombia, Perú, Ecuador y Chile miembros del Tren de Aragua han sido capturados también con pequeños cargamentos de marihuana. Un funcionario de la Policía de Aragua aseguró que la megabanda saca camiones con chatarra por la frontera de Táchira hacia Colombia y estos vehículos regresan a Venezuela con marihuana.

Investigaciones realizadas recientemente por la policía chilena también vinculan al Tren de Aragua como el tráfico de ketamina, una sustancia de uso veterinario utilizada para la fabricación de metanfetaminas. Es un de los componentes del tusi, también conocido como cocaína rosada. Además de vehículos y embarcaciones, en fronteras terrestres como la que conecta Bolivia con Chile, el grupo criminal utiliza a los migrantes venezolanos como “mulas”. “Para dejarlos pasar por los caminos informales, los obligan a transportar ketamina en botellas”, aseguró un funcionario de la policía chilena.

Aunque no hay datos sobre los montos que puede generarle esta actividad, el grupo criminal es también el que permite la comercialización y fija los pecios en que se venden esta y otras drogas en algunas localidades de Chile.

Comercialización y contrabando de alimentos

Los líderes han instalado pequeños comercios dentro de la cárcel donde venden alimentos de todo tipo. Se desconoce cuál es el origen de estos alimentos. Algunos entrevistados aseguraron que los grupos criminales de la prisión roban camiones con comida y los llevan al interior de la cárcel, otros explicaron que la mercancía la obtienen mediante acuerdos con funcionarios gubernamentales y militares.

Por otra parte, empresas de alimentos, en San Vicente en el estado Aragua, pagan las extorsiones con cargamentos de productos que llevan directamente a la prisión de Tocorón. Además, los pranes tienen sus propias “granjas” con criaderos de gallinas, cerdos, peces de agua dulce, entre otras especies. También tienen cultivos de plátano, frijoles y otros vegetales y frutas.

Todos estos víveres son vendidos en los comercios administrados o autorizados por los pranes. “Si les interesa pónganle el ojo a todas esas charcuterías que están abriendo por ahí. Todas igualitas aquí en Maracay y en Caracas también. Y a los negocios de comida”, dijo Roxana para despedirse.

Dos funcionarios de cuerpos de seguridad agregaron que el Tren de Aragua ha establecido negocios similares en otros países, como Colombia, Perú y Chile. El grupo habría enviado emisarios de su organización para administrar estos comercios y abrir restaurantes en distintas ciudades de estos países.

No se obtuvo información sobre los ingresos que generan estos negocios.

Sicariato: ¿jugadores en el caso del fiscal paraguayo?

El sicariato o asesinato por encargo es característico en la cárcel de Tocorón. Desde allí se contratan –según lo contado por Roxana– desde sicariatos políticos, como el asesinato del general de brigada de la Aviación Jackson Alexis Silva Zapata ocurrido en mayo de 2019, hasta asesinatos de personas que se niegan a pagar vacuna, como Tito, el entrenador de beisbol.

Este es además uno de los servicios internacionales que ofrece la megabanda de Tocorón. Las policías de Chile y Perú identificaron que la organización tiene varios tipos de sicarios. Los más novatos, que se encargan de casos menos importantes y sencillos, y que suelen vivir en el país o ciudad donde cometen el crimen; sicarios con más jerarquía y experiencia que se ocupan de los casos más importantes y complejos, que requieren de mayor profesionalismo. Estos son desplazados desde su lugar de residencia hasta el territorio donde cometerán el asesinato encargado.

Este es el caso del sicariato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, asesinado en una playa de Cartegana, Colombia, el 10 de mayo de 2022. El crimen aún no sido aclarado, lo que sí se sabe es que el hombre que disparó contra el funcionario fue un venezolano de nombre Wendre Still Scott Carrillo, quien fue detenido en Medellín.

Aunque no se han encontrado vínculos claros entre Scott Carrillo y el Tren de Aragua, sí se ha mencionado que el hombre que lo contrató y condujo la moto de agua usada para cometer el crimen pertenece a la organización delictiva. Se trata de Gabriel Carlos Ruiz Salinas, quien huyó de Colombia y se refugió en Venezuela, donde fue capturado el 21 de diciembre de 2022. Este hombre habría recibido ocho mil dólares por el delito.

Otro sicariato emblemático ocurrió el 10 de noviembre de 2020. El supervisor policial Joel Abiese Rodríguez fue atacado y asesinado cuando era trasladado en una ambulancia de un centro asistencial a otro. El vehículo fue emboscado por un grupo de delincuentes con fusiles, como en las películas, en el centro de Maracay. Uno de los proyectiles impactó una bombona de oxígeno y la ambulancia explotó. El hecho continuó con una persecución policial y dejó varios muertos. Finalmente los delincuentes se refugiaron en Tocorón y en la investigación se supo que un empleado de la oficina de emergencia 171 fue quien alertó a los sicarios sobre el traslado del policía, a quien los jefes de Tocorón querían matar porque solía perseguirlos.

Tráfico de migrantes: una oportunidad de negocio

Los jefes del Tren de Aragua identificaron en la migración venezolana masiva y forzada una mina de oportunidades de negocio. Por eso no dudaron en seguir los pasos de los compatriotas que huían de la crisis económica y social que los dejó sin empleo y sin comida.

Antes de seguir, hay que dejar claro que esta crisis económica y la emergencia humanitaria compleja, que hemos mencionado antes, aún continúan y son una consecuencia directa de la corrupción de los gobiernos del chavismo y de la implementación de una seguidilla de políticas económicas erradas.

La organización criminal comenzó a instalar células en los países que los venezolanos escogieron como refugios, pero no en cualquier ciudad de esos países. Se instalaron en las zonas fronterizas, justamente por donde tienen que pasar los venezolanos en el proceso de movilidad.

Allí establecieron varios nuevos negocios, todos asociados a los migrantes, en su mayoría personas vulnerables y sin recursos. Venezolanos que los conocen bien, que saben de lo que son capaces los hombres del Tren de Aragua. Venezolanos fáciles de asustar y someter.

Lo primero fue hacerse del control de los pasos fronterizos informales, como las trochas. La mayoría de los migrantes recurren a estas vías, pues no tienen pasaportes vigentes o permisos de entrada. Allí, los miembros del Tren de Aragua establecen tarifas para permitir el tránsito de los migrantes de un país a otro, y en algunos casos obligan a los migrantes a transportar drogas o armas para dejarlos pasar.

De esta manera incursionan en el delito de “tráfico de migrantes”, que es “la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material”, según Artículo 3 del Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNODC).

Otra modalidad utilizada por el grupo es la creación de agencias de viajes informales o servicios de transporte, que ofrecen el traslado “guiado” o acompañado desde Chile hasta Cúcuta, en Colombia, o hasta la entrada a la selva del Darién.

Estos “paquetes” de viaje los promocionan a través de redes sociales, y generalmente todo se acuerda por WhatsApp.

Así regresó Camilo de Perú a Venezuela en septiembre de 2022. Había emigrado en 2018, pero la pandemia y la xenofobia lo dejaron en la calle, sin trabajo y sin documentos. Un amigo lo ayudó a volver al país. Pago 800 dólares por el paquete. Lo montó en un vehículo de pasajeros que lo llevó hasta Ecuador, nadie los detuvo. Pasó la frontera entre ambos países sin ningún problema.

El grupo –Camilo y sus compañeros de viaje− iba acompañado por una mujer de la “agencia” que era como una guía. La mujer tenía dispuestos para ellos lugares para pasar la noche, y asearse, además les daban la comida del día. Así fue en todos los puntos. Su transporte no era chequeado, ninguna autoridad los detuvo, nadie les pidió sus documentos de identidad. Por suerte, porque Camilo no los tenía.

En una parada antes de llegar a Cúcuta, la guía les dijo que hasta ahí los acompañaba y les alertó que debían reservar 10 mil pesos colombianos (2 dólares) para pagarle al Tren de Aragua, antes de cruzar el puente Simón Bolívar hacia Venezuela.

El comisionado Marcos Pérez, de la Policía de Aragua, aseguró que muchas de esas agencias informales que ofrecen traslados desde o hacia Venezuela pertenecen al Tren de Aragua. “Son de ellos”, dijo mientras mostraba en su celular una foto en la que se promocionaba uno de estos paquetes, con imágenes de las banderas de Colombia, Brasil, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador y Panamá. En este caso operan más como coyotes en el tráfico de migrantes.

En 2021, durante la Operación Turquesa realizada por Interpol en América Latina para combatir la trata de personas, los investigadores rescataron a un grupo de migrantes haitianos que habían sido engañados por supuestos miembros del Tren de Aragua, quienes les ofrecieron llevarlos de Chile a Colombia. Interpol investiga la participación de la mega banda en otros casos en ls región.

Aunque no encaja en la definición específica de tráfico de migrantes, también controlan, mediante la extorsión, las unidades de transporte interno que trasladan a los migrantes a distintas regiones de los países de acogida.

Trata de personas para explotación sexual

La trata de personas es otro delito en los que ha incursionado el Tren de Aragua, quizás uno de los más importantes en su expansión internacional.

Según la UNODC “la trata de personas significa el reclutamiento, transporte, transferencia, albergue o recepción de personas, mediante la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coerción, secuestro, fraude, engaño, abuso de poder o de una posición de vulnerabilidad o de dar o recibir pagos o beneficios para lograr el consentimiento de una persona que tiene control sobre otra persona, con fines de explotación. La explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución de otros u otras formas de explotación sexual…”.

En el caso de la organización criminal el negocio funciona así: reclutan generalmente a mujeres venezolanas en Venezuela, preferiblemente mayores de 18 años, aunque siempre puede haber excepciones. Les ofrecen llevarlas a otros países a trabajar como prostitutas. Las chicas aceptan con la promesa de que quedarán libres del grupo criminal una vez que paguen con su trabajo la inversión hecha por la organización en su viaje. Una vez que están en el país de destino, los jefes del Tren de Aragua desconocen los acuerdos, y obligan a las mujeres −bajo amenaza de muerte− a seguir trabajando para ellos. Les pagan menos o no les pagan, las mantienen en cautiverio y el pago de la deuda por el viaje se hace infinito.

Este negocio está vinculado al microtráfico de drogas, y eventualmente a la extorsión a pequeños comerciantes, principalmente de nacionalidad venezolana.

La estructura criminal que administra y gestiona estos negocios en cada ciudad o país se denomina “plaza” y es gerenciada por un “lucero de la alta”, que le reporta directamente al jefe de Tocorón. Por ejemplo, la plaza de la localidad de Kennedy en Bogotá generaba aproximadamente 656 mil dólares mensuales al Tren de Aragua, según cálculos del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía de Colombia (CTI).

En Chile, la megabanda encontró en la prostitución un filón delincuencial no explotado por los grupos locales. “Aquí obviamente había prostitución, pero las mujeres trabajan de manera independiente. Eso de que haya una organización que las controle y las explote no se había visto en Chile”, explicó la fiscal Paola Apablaza, quien coordina las investigaciones sobre el Tren de Aragua en Chile.

Por esta razón las “plazas” se multiplicaron y se extendieron a varias provincias chilenas bajo el mando de la organización. El negocio lo manejan con mucho orden y llevan registros, en cuadernos, de las chicas que tienen a su cargo, lo que cobran por cada “servicio” y el porcentaje que se queda la megabanda. Todas estas cuentas son supervisadas por el jefe de la plaza y los ingresos deben ser reportados al Niño Guerrero.

Las mujeres son obligadas a pagar con su trabajo hasta 10 mil o 15 mil dólares para en teoría quedar liberadas de la organización. Pero en realidad nunca se zafan del grupo criminal, pues deben seguir pagándole una vacuna mensual al grupo para poder ejercer la prostitución por su cuenta.

Bajo el mismo mecanismo operan en Perú, según han revelado los hallazgos policiales producto de detenciones en la provincia de Callao, donde desmantelaron una plaza de trata en noviembre de 2022.

Las autoridades de Colombia han detectado que la orgnización tambiérn capta a mujeres en ese país para ser explotadas en Chile y Perú. Se ha creado un gupo especial de investigación para seguir ls pista del Tren de Aragua.

Una de las formas de reclutamiento de chicas usadas por el Tren de Aragua en algunas regiones son los concursos de belleza. En localidades del interior del país como Güiria, en Sucre, muchas mujeres que luego son llevadas a Trinidad y Tobago como prostitutas, son captadas en certámenes de belleza organizados con cierta periodicidad por los jefes del grupo criminal en esa región del oriente de Venezuela. Hay denuncias de que las chicas son vendidas a mafias de la isla caribeña por 300 o 500 dólares, ya que el Tren de Aragua no tiene células ni plazas en Trinidad. La razón es la dificultad con el idioma.

También se hsn identificado operaciones de captación de víctimas, algunas menores de edad, en estados como Mérida, Monagas, Carsbobo y Aragua.

Lavado de dinero

Todas las organizaciones criminales tienen que blanquear o legitimar su dinero, y el Tren de Aragua utiliza algunos mecanismos convencionales.

Sus líderes en el exterior abren de negocios de comida, tipo restaurante, en los que reportan ventas fantasmas para poder lavar el dinero que proviene de actividades ilícitas. Uno de los líderes de la estructura en Chile, que usa como identidad el nombre de Carlos González Vaca (su nombre real se desconoce), alias “Estrella”, abrió restaurantes para introducir de manera “legal” el dinero sucio al sistema financiero. Mientras que “Larry Changa” enviaba frecuentemente pequeñas remesas de dinero a Venezuela, Colombia y España, a través de agencias informales de envíos. De esta manera lavaba mediante un mecanismo denominado “pitufeo”, que es la ejecución de pequeños depósitos en cuentas legales.

La compra de inmuebles y las criptomonedas son otras de las formas más comunes de lavado, y el Tren de Aragua también las conoce.

Minería ilegal: Los dueños de El Dorado

La relación de la cárcel de Tocorón con la minería comenzó en 2015, cuando Johan Petrica fue enviado, en una especie de comisión de servicio a la región del Arco Minero del Orinoco –una extensión de 112 mil kilómetros cuadrados destinados a la minería en Bolívar− para encargarse de la administración de varias minas.

Petrica llegó acompañado por un ejército de presos, una idea que salió de la prisión para garantizar la seguridad del proceso de explotación del mineral, del producto extraído y de su traslado.

Para tener una idea del valor estratégico y económico que tienen la minería ilegal y en particular las minas del Kilómetro 88, un estudio de la empresa canadiense Gold Reserve identificó que en esa zona está ubicado el cuarto yacimiento con más oro en el mundo.

Un testimonio que compartió con nosotros la periodista colombiana Juanita Vélez, de un guerrillero desmovilizado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) al que entrevistó para un libro, pone en contexto el dato de la empresa minera. “Nosotros nos quedamos en territorio venezolano”, le dijo el guerrillero a mediados de 2022, mientras se preparaba para regresar a trabajar en las minas del estado Bolívar, en la Guayana venezolana. “Ahora estamos para las minas de Venezuela, porque allá era donde nos estábamos beneficiando económicamente, cuidando unas minas de oro que hay allá, que eran las que estaban dando más o menos. Como cuando usted está aquí en Colombia, nos beneficiamos por el narcotráfico. Allá lo que está dando el beneficio es cuidar las minas de oro”.

El hombre no solo dejó claro que la explotación minera en Venezuela es más rentable que el narcotráfico, sino que además describió cómo se apoderaban de las minas por la fuerza. “Se hicieron varias posesiones –tomas violentas− de minas donde había gente venezolana, lo que llamamos malandros (delincuentes)… Empezamos con una mina que le llaman la mina del Zipao, esa queda ahí en el estado Bolívar, por los lados de Caicara del Orinoco, un pueblo muy conocido en Venezuela. En esa mina había como unos 15 hombres. Me acuerdo tanto que llegamos en la madrugada, como a las 3:00 de la mañana, como acostumbrábamos siempre cuando se iba a hacer una toma. Y no sé, pero la verdad no hicimos ni un disparo porque ellos apenas se enteraron de que iba la guerrilla, ellos dejaron todo. Porque como les digo, son muchachos que no están preparados militarmente para enfrentarnos a nosotros”.

El hombre recordó que desde ese momento en adelante −poco antes de 2016− se apoderaron progresivamente de varias minas en Bolívar, como las de El Manteco y El Silencio. “Esas botan buenos recursos económicos, aunque allá no se pagaba con dinero sino con oro. Allá se recoge un porcentaje, se cuidan las compañías mineras y ellas dan un aporte a la organización”.

Según el exguerrillero, miembro de las disidencias de las FARC (uno de los grupos que quedó en armas después de la firma del acuerdo de paz en 2016), la orden de tomar las minas la da “el camarada John”, Géner García Molina, alias “Jhon 40”, uno de los jefes de las disidencias, que desde hace varios años opera en territorio venezolano, entre Amazonas y Bolívar. Pero una de las revelaciones más interesantes que le hizo el exguerrillero a Juanita fue sobre la mina que entre los grupos armados es considerada el verdadero Dorado: “La mina que queríamos tomar, la que todos quieren, como decir la joya de la corona, es la del Kilómetro 88. Allá es donde hay más oro. Nosotros estábamos preparando la toma, pero vino la firma de la paz y no pudimos”. También le dijo a la periodista colombiana que su organización no tiene alianzas con el Tren de Aragua, pero sí respeto por la megabanda, a la que consideran “muy poderosa”.

No hay un estimado de cuál es la renta que genera la minería al Tren de Aragua, pero el informe Oro de Sangre, elaborado por Transparencia Internacional Venezuela en 2019, describe la minería como soporte del gobierno venezolano: “En medio de la peor contracción económica que ha sufrido Venezuela, con una caída estrepitosa en la producción de petróleo, principal fuente de divisas, una hiperinflación que lleva dos años azotando a los venezolanos y altos niveles de corrupción, el mandatario Nicolás Maduro ha subsistido refugiándose en la venta del oro, un metal precioso que es extraído de las profundidades del suelo venezolano y que esconde tras su brillo baños de sangre, deforestación y corrupción”.

El estudio de Transparencia Internacional Venezuela asegura que el contrabando de oro en 2018 “representó 2.711 millones de dólares (en ingresos), de acuerdo con la consultora Ecoanalítica”. Y agregó que “entre 70% y 90% del oro que se extrae sale del territorio de manera ilegal en operaciones en las que involucran a funcionarios del alto gobierno y familiares cercanos al entorno presidencial”. También denunció la relación con los grupos armados. “Opera una estructura delincuencial dedicada a ejercer control en las minas sin que el gobierno oponga mucha resistencia. Por el contrario, exfuncionarios de inteligencia e investigadores independientes han confirmado que las autoridades conviven con las bandas criminales”.

En un informe más reciente, de 2022, sobre economías ilícitas, la misma organización que estudia la corrupción en Venezuela asegura que la minería ilegal produjo aproximadamente 2.385 millones de dólares en 2021. De eso, solo 25% ingresó a las cuentas del Estado. “Esto significa que 75% del oro que se produce en suelo venezolano (1.800 millones de dólares) se comercializó por canales irregulares”, dice el documento.

Varias investigaciones de las periodistas Lisseth Boon y Lorena Meléndez, para Runrunes y Connectas.org, han seguido la ruta del oro venezolano y han mostrado los diversos destinos y conexiones internacionales que tendría el preciado mineral. Pero la participación del Tren de Aragua en la explotación y comercialización del mineral apenas comienza a conocerse. La policía chilena investiga la posibilidad de que el Tren de Aragua esté introduciendo de contrabando oro venezolano a ese país.

En cualquier caso, ¿quién le abrió al Tren de Aragua las puertas del Arco Minero? ¿Cómo llega la megabanda a dominar la explotación de uno de los yacimientos de oro más importantes del mundo? Eso lo veremos en el capítulo sobre la expansión nacional.

5.

Las Grandes Ligas de la extorsión

La historia de las extorsiones a peloteros y prospectos del beisbol

En agosto de 2020, mientras el mundo entero conocía distintos tipos de confinamiento por la pandemia de COVID-19, los pranes de Tocorón siguieron con sus actividades como si se tratara de una industria de “proceso continuo” donde la maquinaria nunca se puede detener. Además de secuestrar y no dejar de cobrar la causa, mantenían operativas una de sus líneas principales de negocio, la extorsión.

Pero no solo con las industrias y los comercios de la región, sino con un mundo muy particular del que Venezuela se enorgullece: los semilleros de los atletas venezolanos en el beisbol profesional de Estados Unidos.

Antes de ser conocida por la emergencia humanitaria compleja, Venezuela era famosa por ser un campo donde brotaba el talento que alimentaba las Grandes Ligas. Las granjas de beisbol de las organizaciones estadounidenses proliferaban. Era un negocio rentable para todas las partes: los prospectos, las familias, los agentes y, por supuesto, los equipos. Pero eso, como todas las industrias exitosas que había en la tierra de Luis Aparicio y Miguel Cabrera, migró con el chavismo.

Los equipos de las Grandes Ligas comenzaron a abandonar el país en 2005. Para 2015 solo quedaban 4 de las 22 granjas que funcionaron en Venezuela. Este vacío lo llenaron las academias privadas. El experimento floreció tanto que un nuevo “socio” quiso “invertir”: el Tren de Aragua.

“Todas las academias de beisbol aquí, en Aragua, les pagan un porcentaje a los ‘pranes’ de Tocorón. Al que no paga, lo matan”, aseguró, sin dudar, un funcionario de la policía judicial de Venezuela, que pidió no citar su nombre.

No era una exageración. Sacó su teléfono celular y comenzó a leer: “José Luis Alviárez Alecio, preparador físico, cédula de identidad 17.275.699, barrio San Rafael, calle José Ramos, parroquia Pedro José Ovalles, 10/7/2020, 2:00 p. m. Se negó a pagar una extorsión y lo mandaron a matar”.

Alviárez Alecio, conocido como “Tito”, era entrenador deportivo y vivía en un sector popular de Maracay. Se encargaba de formar a varios adolescentes que daban muestras de tener el talento suficiente para llegar a Grandes Ligas, en una improvisada y modesta academia de beisbol que funcionaba en el estadio José Casanova Godoy.

Tito tenía una novia nueva y estaba a punto de firmar a su primer prospecto. Cuando creía que había llegado el día de su suerte, el Tren de Aragua se atravesó en su camino. “Los pranes se enteraron de que iban a firmar a uno de los prospectos que entrenaba Alviárez Alecio. Como el preparador físico no quería pagarles un porcentaje, mandaron a dos chamos (jóvenes) a hacer el trabajo (sicariato). La moto y las armas que utilizaron los asesinos habían salido de la prisión de Tocorón”, continuó su relató el oficial, según la minuta policial que tenía en su móvil.

Una mina de sangre joven

En Venezuela, el beisbol es considerado el deporte nacional. “Unos 6 millones de niños lo practican, es una cifra muy alta”, dijo Aracelis León, presidenta de la Federación Venezolana de Beisbol (FVB), sobre el dato que es similar a la cantidad de niños escolarizados en la nación. Además de llenar al país de glorias deportivas como Alfonso “Chico” Carrasquel, Andrés Galarraga, Oswaldo Guillén o José Altuve, esta actividad se convirtió en un mecanismo de ascenso social, un pasaporte para salir de la pobreza y un negocio millonario que no para de crecer.

“Hoy en día este es el negocio (las academias y firmas) más lucrativo que hay en Venezuela. Pero también se gasta”, afirmó uno de los encargados de la academia Carlos Alfonso Guillén, una de las más lujosas y exitosas. Pertenece al exgrandeliga del mismo nombre, quien fue presidente del equipo profesional Tigres de Aragua y director del Instituto Regional de Deportes de la gobernación de Aragua, durante la gestión de Tareck El Aissami.

La cantidad de prospectos criollos que reciben bonos millonarios se multiplicó por cuatro en solo seis años. De tres peloteros firmados por más de un millón de dólares en 2015, pasó a 16 en 2022. En 2020 no hubo firmas de contratos por la pandemia. El 2021 hubo 14 rúbricas de siete cifras. Y el 2022 ha sido el año con más firmas de siete cifras: 16.

Entre el 2 de julio de 2015 y el 15 de enero de 2022, 69 jóvenes venezolanos firmaron contrato por más de un millón de dólares con alguno de los 30 equipos de la Major League Baseball (MLB) en Estados Unidos, mientras que más de 2.000 —350 por año, en promedio— han pactado por montos que van de 10.000 a 990.000 dólares. El récord del bono más elevado para un venezolano lo tiene Kevín Maitán, quien recibió 4,2 millones de dólares en 2016.

Tito Alviárez Alecio también le había apostado al beisbol. Como entrenador, agente y encargado de una sencilla academia, sabía que podía quedarse con 40 % o 50 % del bono en dólares que lograra su pupilo. Una docena de expertos, empleados de academias y madres de algunos prospectos entrevistados para esta investigación aseguran que estos son los porcentajes que exigen las academias, lo que les compensa una inversión aproximada de 10.000 dólares anuales por cada talento.

La prometida firma de uno de sus prospectos se concretaría finalmente en 2021, pues en 2020 no hubo firmas por la pandemia de COVID-19, y el proceso fue atrasado hasta el 15 de enero del año siguiente. El pelotero solo recibió US$10.000, no entró en la élite de los millonarios, y —según la página de Minor League Baseball (MiLB)— está en la Dominican Summer League (DSL) o Liga de Verano en República Dominicana, primer peldaño en la ruta a las Grandes Ligas. Para entonces Tito ya no estaba presente para cobrar por su esfuerzo. Fue asesinado mucho antes de que pudiera tocar los 4.000 o 5.000 dólares que le correspondían. El 10 de julio de 2020, a las 2:00 p. m., recibió una llamada y salió a la puerta de su humilde vivienda a medio construir. Afuera lo esperaban dos sicarios que, después de dispararle en varias ocasiones, tomaron su celular y huyeron.

El análisis de telefonía hecho por los investigadores del homicidio arrojó que la última llamada que recibió Alviárez Alecio era de Jesús Eduardo Ramos Fragachán, alias “Loro”, miembro del Tren de Aragua, cuyo alias es similar al del pran de la cárcel de Trujillo, también socio de la megabanda. “Este hombre (Ramos Fragachán) era uno de los encargados de cobrar las extorsiones y se encontraba en Ureña (en la frontera de Táchira con Colombia). Desde allá amenazó al preparador físico y le exigió un pago por la firma del pelotero, aunque esta no se había hecho todavía. Hay acuerdos entre los pranes y las academias. Estas deben pagar entre 3 % y 10 % por cada chamo que firma”, dijo el funcionario policial.

Ramos Fragachán fue detenido en Ecuador a finales de 2020 por extorsionar a comerciantes, transportistas y migrantes venezolanos en la población fronteriza de Tulcán. Lideraba a un grupo de miembros del Tren de Aragua que presuntamente constituyó una célula en ese país. Finalmente fue acusado por asociación ilícita y sentenciado a un año de prisión, luego de aceptar los cargos. Fue liberado antes de cumplir la condena, debido a la crisis del sistema de prisiones ecuatoriano. Se desconoce su paradero actual. Su nombre no está entre las alertas de personas buscadas por Interpol. Su deuda con la justicia venezolana por el homicidio del entrenador sigue pendiente.

Los dos autores materiales del asesinato de Tito murieron en presuntos enfrentamientos con cuerpos de seguridad, ocurridos en momentos diferentes.

Un familiar del entrenador identificó a uno de los homicidas como “una persona de un barrio vinculado a la cárcel (controlado desde Tocorón)”. Sin embargo, dijo desconocer la relación entre el asesinato de Alviárez Alecio y la firma del prospecto. “Nosotros no sabemos. Se dijo que fue por una mujer”, agregó citando la versión inicial publicada en la prensa. Pero un vecino, que acompañaba a la familia de Tito, sí recordó el episodio de la firma. Dijo el nombre del prospecto (que no se menciona en esta investigación por su seguridad) y del equipo que lo firmó.

Después del asesinato del entrenador, el estadio José Casanova Godoy fue intervenido por el consejo comunal (una instancia de regulación vecinal promovida por el Gobierno), contó uno de los encargados de la instalación deportiva, que no supo explicar cuál fue la razón.

En relación con ese caso, Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), analizó la jugada de los pranes e identificó una primera modalidad de extorsión. “Cuando los pranes exigen un porcentaje sobre la firma de cada pelotero están entrando en una nueva modalidad de negocios. Estos grupos empiezan a incursionar en modalidades más sofisticadas. Si te va bien, yo quiero una parte de ese negocio. Un pedazo de la torta”, explicó el experto.

La expareja de uno de los pranes del Tren de Aragua dijo, en conversación telefónica, que los jefes de la prisión “están muy atentos del que es firmado”, porque ellos se quedan con un porcentaje y lo usan “para ayudar a las academias de bajos recursos”, agregó. La pregunta es: ¿cuáles son y de quién son esas academias humildes?

Academias bajo amenaza

En Venezuela funcionan 195 academias registradas en la Asociación Venezolana de Agentes de Beisbol (AVAB), y un centenar más que operan de forma independiente. Son organizaciones privadas que se dedican al reclutamiento y formación de niños y adolescentes con potencial para llegar a las Grandes Ligas. También actúan como intermediarios y gestionan la contratación y firma de los prospectos.

Para esta investigación, visitamos más de 25 academias de cinco estados del país: Aragua, Carabobo, Lara, Miranda y Anzoátegui, y en todos —excepto Miranda— había casos de cobro de vacuna, amenazas de los pranes y “ofertas” de servicios de seguridad para las instalaciones y sus empleados.

Unos meses después de atacar con granadas varias ventas de vehículos en Barquisimeto, estado Lara, en el occidente de Venezuela, la banda de Josué Ángel Santana Peña, alias “Santanita”, empezó a contactar a los dueños de tres importantes academias de beisbol con el objetivo de extorsionarlos.

En enero de 2021, la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvo a Frandy de Jesús Mújica, presunto miembro de la peligrosa organización criminal que opera en el estado Lara, a 370 kilómetros de Caracas. Cuando Mújica fue detenido, era investigado por su presunta vinculación con una serie de ataques con explosivos contra concesionarios de vehículos ocurridos en 2020 en Barquisimeto. Alias “Santanita”, líder de la organización a la que pertenece Mújica, se atribuyó los atentados. El objetivo era forzar a los comerciantes a pagar vacuna, mediante intimidación y miedo.

Mújica tenía en su teléfono celular fotografías, información personal y videos de los vehículos del propietario de una de las más importantes academias de beisbol de Lara y miembro de la AVAB. Dos meses antes de este hallazgo, funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) fueron alertados, de manera informal, por los escoltas del propietario de la misma academia sobre una serie de llamadas y mensajes amenazantes que el empresario había recibido. Los investigadores del CONAS de inmediato conectaron los dos eventos y concluyeron que la banda de “Santanita” tenía planeado atentar contra los dueños de algunas de las academias de beisbol más reconocidas en el estado Lara. Por eso Mújica y su grupo estudiaban al empresario.

“Yo pasé por esa situación en diciembre de 2020. Otras dos academias también. Estuve alrededor de tres meses viviéndola… Amenazas telefónicas, vía WhatsApp, con fotos de la familia, de los hijos. Te mandan fotos de armamento, granadas, pero al final gracias a Dios no pasó más allá y aquí estamos”, confesó el propietario de una academia en una entrevista para esta investigación.

“Ellos querían quitarles plata (a las academias) como lo hicieron con las agencias de carros. Los montos que piden suelen ser de 100.000 (dólares) para arriba”, dijo un funcionario del CONAS, que solicitó no publicar su nombre.

Las tres organizaciones que estaban bajo asedio se encuentran entre las más importantes de Lara, entidad que aporta 25 % de las firmas de prospectos de todo el país cada año, de acuerdo con los cálculos de dos agentes entrevistados para este reportaje. Una de ellas fue fundada en 1995 y desde su creación ha firmado a más de 200 prospectos, incluyendo a nueve grandeligas. “Mucha gente piensa que tenemos una mina de oro, que tenemos un banco porque trabajamos con jugadores y la realidad es que muchas veces las inversiones que hacemos son mayores que la producción (ganancias) que obtenemos”, explicó el empresario larense.

Las amenazas a este empresario y las otras dos academias llegaron por llamadas y mensajes de WhatsApp con fotos de familiares, granadas y otros armamentos para hacer presión. El empresario aseguró que los extorsionadores no se identificaron con ninguna banda, y un funcionario del CICPC dijo que las llamadas se habían hecho desde el estado Aragua. Esta revelación coincide con investigaciones policiales que aseguran que “Santanita” estaría detrás de las amenazas a las academias y vinculan a este delincuente con el Tren de Aragua.

Adicionalmente, un informe de la PNB (que muestra las jerarquías y conexiones de las megabandas) al que tuvo acceso esta investigación, identifica a alias “Santanita” como uno de los cabecillas de la megabanda aragüeña que lidera el Niño Guerrero.

Sobre el desenlace de su caso, el empresario explicó: “Eso simplemente quedó ahí. Nos manejamos con los entes gubernamentales que nos dieron un respaldo bien importante (…). Todo quedó en amenazas y, gracias a Dios, hoy podemos andar tranquilos”.

Los propietarios de las otras dos academias de Lara también fueron contactados para esta investigación. Confirmaron que fueron amenazados y extorsionados, pero prefirieron no hacer comentarios sobre el tema, y pidieron no mencionar los nombres de sus organizaciones. Uno de ellos dijo que fue la banda de “Santanita” y agregó que notificaron al CONAS.

En este caso, nuevamente el epicentro de las extorsiones contra las academias se ubica en la cárcel de Tocorón. Un scout, el gerente deportivo de un equipo de Grandes Ligas y periodistas deportivos aseguraron que la vinculación de esta cárcel con algunas academias comenzó en 2016, cuando se agravó la escasez de alimentos en Venezuela y los pranes se convirtieron en proveedores de estas organizaciones deportivas. También lo confirmó la expareja de un pran.

Sin embargo, los pranes de esta prisión no son los únicos que intentan sacarla de jonrón en el negocio de las firmas. Los líderes del Internado Judicial de Carabobo (cárcel de Tocuyito) y el Centro Agroproductivo de Barcelona (cárcel de Puente Ayala) también toman su turno al bate y esperan un buen lanzamiento.

Vacuna por control territorial

La mayoría de las nuevas academias fueron creadas después de 2015. En 2018, se constituyó la AVAB, con la intención de organizar y proteger a quienes incursionaron en un negocio que comenzaba a canibalizarse. Sin embargo, estas academias funcionan sin controles ni regulaciones, lo que quizás ha propiciado algunas irregularidades y ha favorecido la acción de los pranes.

En Carabobo, las academias también han enfrentado “la maldición” de las extorsiones. Varias personas del ambiente del beisbol mencionaron el caso de una a cuyo dueño “lo estuvieron extorsionando, afortunadamente no pagó. Le estaban pidiendo 100.000 dólares, luego le bajaron la cifra a 50.000”, contó el gerente de otra academia de la entidad, que pidió no publicar su nombre, al igual que casi todas las personas consultadas para esta investigación.

Contactamos al propietario de esa academia, pero prefirió no hacer comentarios: “Muchísimas gracias por el interés, pero con mucho respeto, no puedo darle esa información”, dijo vía telefónica.

En Carabobo opera la banda del pran Néstor Richardi Sequera Campos, alias “Richardi”, líder de la prisión de Tocuyito. Este preso es un fanático del deporte, razón por lo que las personas entrevistadas al respecto aseguraron que sería “incapaz de meterse con un pelotero”.

La situación en el estado Anzoátegui, en el oriente del país, es todavía más oscura. Un comisario del CICPC, un periodista deportivo y empleados de varias academias aseguraron que los casos de extorsión vienen de la prisión de Puente Ayala, pero también de los cuerpos de seguridad. “Se han escuchado muchos rumores, pero cuando uno comienza a indagar entonces desmienten o dicen que no saben detalles. Pero de fuentes muy confiables sé que la mayoría de las academias pagan vacunas: unas pagan a grupos delictivos y otras pagan a funcionarios policiales por protección”, aseguró un comunicador experto en la fuente deportiva. Él también pidió no mencionar su nombre.

El principal grupo criminal en la región está en la cárcel de Puente Ayala, en Barcelona, Anzoátegui y lo dirige el pran Júnior Yegües, quien encabeza las extorsiones.

“En 2019 fui a ver a unos peloteros en Puerto La Cruz (Anzoátegui), y en uno de los estadios se me acercó un hombre para ofrecerme seguridad de parte de los pranes de la cárcel de allá. Que si les pagaba ellos me iban a cuidar y nada me iba a pasar. Muy elegantemente le dije que no estaba interesado”, narró un scout que lleva ocho años trabajando para organizaciones de Grandes Ligas.

Un comisario del CICPC en Anzoátegui afirmó que tienen buenas razones para sospechar que hay casos de extorsión dentro de las academias de beisbol. “Hemos intentado averiguar, pero no hemos documentado casos que nos permitan verificar esta información. Incluso nos han hablado de extorsiones donde están involucrados funcionarios policiales del mismo cuerpo de investigaciones del Estado”, apuntó el funcionario.

Las entrevistas para este reportaje revelan al menos tres razones que por qué las denuncias de extorsión casi no llegan a la policía: las víctimas temen denunciar y ser objeto de represalias de los pranes; los propietarios de las academias y su entorno temen poner en riesgo el negocio que les da de comer; y es probable que algunas academias hayan pactado con los pranes (por temor o en busca de seguridad) y pagan en silencio. Estos motivos también podrían explicar el hecho de que la mayoría de los entrevistados para esta investigación insistieran en que sus identidades no fueran reveladas.

Las historias de Lara, Carabobo y Anzoátegui encajan en una forma de extorsión asociada al control territorial, explica un funcionario de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Aragua. “Los grupos de delincuencia organizada llegan a las academias porque estas se encuentran dentro de zonas que ellos controlan”, dijo el oficial que investiga a los grupos armados.

Por esa razón, hay academias que funcionan dentro de instalaciones militares, en busca de protección. En la Base Logística de la Aviación en Aragua (Baragua) entrenaban los peloteros de una organización que lleva el nombre del grandeliga Miguel Cabrera. Uno de los encargados de la academia explicó que era una iniciativa reciente y que pertenecía al padre del big leaguer y a un socio. Informó que hasta diciembre de 2021 operaron en la base militar, entre otras razones, por un tema de seguridad. Suponen que estando allí es más fácil librarse de los pranes, aunque algunas historias conocidas durante el curso de esta investigación demuestran que esto no amedrenta a los delincuentes.

Sobre la academia que lleva su nombre, Miguel Cabrera, el pelotero venezolano más destacado en las mayores, aclaró que no tenía vínculos con escuela alguna. “Según todos ellos, tengo varias academias. Pero no tengo”, respondió el pelotero en una breve conversación por WhatsApp.

El director del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), Roberto Briceño León, coincide en que en los casos descritos la extorsión está asociada al control territorial, sumada a una promesa de seguridad y protección. “Hace un tiempo tuve información del cobro de protección para permitir el funcionamiento de las academias en Valencia (Carabobo). De alguna manera yo garantizo que nadie te hará daño y que los muchachos estarán bien. Te protejo de mí mismo. Y también de ladronzuelos y grupos menores”.

En estos casos, la vacuna es el impuesto que hay que pagar para operar en un territorio controlado por megabandas, pranes o policías. “Es posible que los dueños o encargados de algunas academias no se sientan mal por pagar una extorsión. Ellos no se dan cuenta de que los están robando. Porque sus insumos son muchachos (prospectos adolescentes) y esto acarrea riesgos, por eso les importa la seguridad. Es una protección que el Estado venezolano no puede dar, entonces sustituyen las funciones de protección que tendría que brindar el Estado”, explicó el experto.

“Showcase”, “buscones” y “venta de deudas”

El 22 de agosto de 2020, un video en el que se veía a cuatro hombres con armas largas que amenazaban al dueño, los empleados y varios prospectos de una de las academias de beisbol más importantes del país se viralizó en redes sociales y sacudió el ambiente relajado, lúdico y festivo que caracteriza al beisbol venezolano.

El expelotero profesional Alexis Quiroz y su academia AQ Sport Agency, ubicada en la capital del estado Aragua, eran el objetivo. Los delincuentes reclamaban que “no nos quiere dar lo que le estamos pidiendo” y advertían: “Si él (Quiroz) no nos da una respuesta, vamos a tener que arremeter contra ustedes (empleados, peloteros recién firmados y familiares)”. De esta manera los pranes asomaban el alcance de sus batazos.

Sí, los pranes, porque la versión de que los hombres del video podrían ser policías o militares por el tipo de armas que exhiben no tiene sustento. En Venezuela los delincuentes y los funcionarios de los cuerpos de seguridad usan los mismos modelos de armas: fusiles AK-103, pistolas 9 mm, y los viejos FAL, más comunes entre los grupos de delincuencia organizada.

Pero el video no era la primera advertencia que recibía Quiroz. El 12 de agosto de 2020, diez días antes, dos de sus escoltas habían sido atacados desde un vehículo en marcha en Maracay. En el incidente resultó herido uno de los guardaespaldas del expelotero, que también era oficial agregado de la Policía de Aragua. Estos eventos no se habían hecho públicos.

Todo apuntaba a que se trataba de una extorsión. Y la posible relación de los pranes con las academias en el contexto de las firmas de los prospectos se convirtió en el tema de cotilleo en el medio beisbolístico.

La academia de Quiroz es considerada una de las más exitosas del país. Entre 2014 (cuando fue creada) y 2022 ha firmado a 23 prospectos, como Josué Briceño, Wilman Díaz, Martín Jiménez, Junior Marín, Carlos Arcila, Luis Medina y Diego Cartaya. Todos con bonos superiores a los 100.000 dólares.

Aunque estas virtudes eran un atractivo obvio para los pranes, el motivo del ataque fue otro. Quiroz había logrado una negociación por 2,69 millones de dólares a cambio de la firma de uno de sus prospectos. El acuerdo se concretó el 15 de enero de 2021, cinco meses después de los ataques (cuando se abrió el proceso de firmas). El prospecto había llegado a AQ Sport Agency de la mano de un cazatalentos independiente, a los que se les conoce como “buscones”.

“Él (Quiroz) le ofreció al ‘buscón’ algo así como el 20 % (unos 539.000 dólares) de lo que le dieran al chamo por la firma. Pero resulta que al chamo lo firmaron por varios millones. Entonces, cuando se puso a sacar cuentas, no es lo mismo entregar el 20 % de 10.000 dólares que el 20 % de casi 3 millones. Además, casi siempre la mitad del bono es para el muchacho y su familia. Ahí fue cuando empezó a dudar”, contó un empleado de la AQ Sport Agency, durante una actividad en agosto de 2021 que marcó la reapertura de la sede de la academia después de estar cerrada desde el atentado.

El “buscón” con el que había negociado Alexis Quiroz no era un pran. Pero al conocer del acuerdo por el prospecto que él había descubierto —y aunque la firma no se había materializado— comenzó a exigir el porcentaje prometido. Como no recibía una respuesta satisfactoria, decidió “vender” sus derechos sobre el monto que le debía el empresario. Así el acreedor de Quiroz pasó a ser el Niño Guerrero.

“La versión que tenemos es que el buscón les ‘vendió la deuda’ a los pranes, contactó a la gente de la prisión para que cobrara la deuda. Si lo lograban, una parte del dinero era para ellos (los pranes). Es allí cuando comienzan las amenazas, el ataque a sus escoltas y la publicación del video”, explicó un excomisario del CICPC que trabajó en el caso.

Después de la publicación del video, Alexis Quiroz se fue del país junto con su familia. La sede de la academia permaneció cerrada durante casi un año y los prospectos entrenaban en otras instalaciones. Una empleada de la organización aseguró que luego de la reapertura todo está funcionando con normalidad.

El caso de Alexis Quiroz fue justamente el que motivó la investigación Pranes en las Grandes Ligas. Luego de la publicación de este reportaje, Quiroz me contactó para dar por primera vez su versión de lo ocurrido: “Gracias por denunciar eso”, me dijo por teléfono. “Todo está muy bien. Pero quiero aclarar que en mi caso no fue por el cobro de una deuda. Quiero dar por primera vez mi versión. Yo no había querido hablar, porque esa fue una situación muy difícil para mí. Yo tuve que sacar del país a 16 personas de mi familia. A mí me estaban extorsionando. Me querían cobrar una vacuna, me pedían 700.000 dólares”. También aseguró que luego del ataque a sus escoltas había formalizado la denuncia ante las autoridades.

Aunque el caso de Quiroz quedó allí, en el ecosistema de las academias se ha repetido el uso de videos con amenazas similares contra otros empresarios y se ha recurrido a los pranes para cobrar deudas pendientes. Un empresario venezolano que organiza eventos de exhibición, conocidos como showcases, para mostrar los prospectos a los scouts o cazatalentos de los equipos de Grandes Ligas en Colombia, fue amenazado en agosto de 2021 en un video. En las imágenes se observa a cuatro hombres armados, que apuntaban a un pequeño cartel hecho a mano con la fecha 7/8/2021 y el nombre del empresario, mientras planteaban sus demandas. Exigían el pago de una “colaboración” y en el mensaje mencionaban las ciudades colombianas donde el empresario acostumbra organizar los showcase: Cartagena, Medellín y Bogotá. Aunque el video no llegó a viralizarse en las redes sociales, sí circuló en los chats de empleados y personal de las academias. ARI logró conseguir el material audiovisual y averiguar qué había detrás de este nuevo hecho delictivo.

“Lo que pasó ahí fue que el empresario organizó un showcase en Medellín, y el dueño de una academia en el Zulia iba a llevar varios de sus peloteros. Pagó como 200 dólares por la participación de cada uno, pero se enfermó de COVID-19, entonces pidió la devolución del dinero. El organizador le dijo que no había problema, que le devolvería la plata. Pero empezó a marearlo (poner excusas). Pasó un tiempo y no le dio nada. Parece que el hombre se molestó y se buscó a unos pranes que montaron ese video para hacer que pagara la deuda”, explicó otro organizador de eventos y dueño de una academia, que conoce a los involucrados.

Este caso, al igual que los anteriores, también quedó así. El empresario sigue organizando eventos en el estado Zulia; no se supo nada más sobre las amenazas. Fue contactado a través de sus redes sociales para esta investigación, pero negó ser la persona a la que amenazaban en el video.

Los showcases son eventos públicos. Para participar hay que pagar una inscripción por cada pelotero. El costo oscila entre 100 y 250 dólares. Los jóvenes peloteros son divididos en equipos y realizan juegos de exhibición durante dos o tres días para mostrar sus habilidades a la ofensiva y a la defensiva. Estas actividades son organizadas por algunas academias o por particulares cuyo negocio se limita al montaje del espectáculo.

La inseguridad y la salida de las granjas de los equipos de Grandes Ligas, y de muchos scouts del país, motivó que algunos empresarios venezolanos mudaran los showcases a Colombia, República Dominicana y Panamá. Pero luego estos eventos han tenido que regresar a Venezuela, debido a las restricciones de viaje por la pandemia, las limitaciones migratorias impuestas a los venezolanos y el costo que implica el traslado de los prospectos a otro país.

Hay un intento de los empresarios por convencer a los scouts de que es seguro venir a ver a los prospectos en Venezuela. Por esta razón en 2021 se organizaron más de una docena de exhibiciones, principalmente en Carabobo y Aragua. Pero los pranes también se metieron en este terreno de juego. Un empresario entrevistado relató que organizó un showcase en el campo de beisbol de una base militar en Maracay, pero antes de iniciar la actividad recibió una llamada telefónica a su número personal. Le dijeron que era de Tocorón y le hicieron unas preguntas: “¿Tú quién eres? ¿Qué vas a hacer? ¿Con quién hablaste?”. Luego vino la advertencia: “Para poder operar aquí tienes que hablar con nosotros”.

Ingenuamente pensó que la autorización de los generales y coroneles responsables de las instalaciones militares en Aragua era suficiente para montar su evento, con las ventajas de seguridad que se supone caracterizan las dependencias de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Ya con los scouts y los prospectos en el campo de juego consiguió un contacto en otra cárcel que sirvió de intermediario y le abrió las puertas con los jefes de Tocorón. Así recibió el permiso que necesitaba para realizar el evento. No tuvo que pagar nada, o al menos eso fue lo que dijo, pero debió incluir en la logística de su actividad a un representante de la prisión. Un hombre que observaba, cumplía tareas de seguridad y hasta se ofreció para ayudarle a cobrarles a algunos morosos la inscripción del evento.

Para Briceño León esta forma de cobrar una deuda no pagada es también una extorsión. “Se da la transformación del delito depredador al delito tipo mafia, que es un delito de venta de seguridad. La mafia funciona como una extorsión protectora, el individuo no lo siente como un robo, lo siente como un servicio. Pero la extorsión en realidad es un robo a cómodas cuotas. Se ofrece un servicio con la eficiencia que no logra el Estado”, explicó el experto.

Su análisis va un poco más allá y les da a los pranes otra posición en el campo. “También es posible que los pranes sean financistas, socios capitalistas. Por eso también se ocupan de cobrar. Te ofrecen un capital, algo que los bancos dejaron de hacer. En este caso los pranes ejercen una función que debían cubrir los bancos”, explicó el director del OVV.

Aunque muchas academias pertenecen a empresarios con tradición en el beisbol, y a peloteros y expeloteros de Grandes Ligas, la identidad de los propietarios o inversionistas de la gran mayoría de estas organizaciones se desconoce. Algunas son administradas por jóvenes entrenadores que no lograron llegar a las mayores, pero saben del negocio. Esta investigación identificó que policías y militares también tienen academias. Tampoco se sabe mucho sobre el financiamiento de algunas de estas organizaciones, especialmente de las que han proliferado en los últimos dos años. Algunos entrevistados no saben o no tienen permitido revelar el nombre del dueño de la academia para la que trabajan, por razones de seguridad.

Debido a la gravedad de los hallazgos de esta investigación, el 7 octubre de 2021, ARI envió un correo a dos representantes de la MLB, en el que se les solicitaba una entrevista sobre el tema. Pero no respondieron. El martes 24 de enero de 2022 se envió otra solicitud de entrevista por correo al vicepresidente de comunicaciones de la liga estadounidense; para el momento de la publicación de esta investigación no había llegado una respuesta.

Esta interacción o integración de los pranes con el mundo legal pudiera estar logrando que el dinero de las Grandes Ligas cruce la línea de fair, caiga en zona de foul y termine financiando a grupos de crimen organizado. También es probable que estos últimos asuman un rol de benefactores o socios para lavar su dinero sucio, producto de actividades ilícitas, en las despensas de algunas academias.

“Cuando una empresa accede al pago de una extorsión para dedicarse a una actividad lícita, puede estar violando las leyes RICO (Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión) y FCPA (Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos), además de la legislación venezolana”, advirtió Jesús Loreto, abogado experto en derecho penal. La Ley Rico fue precisamente uno de los instrumentos utilizados por las autoridades de Estados Unidos en la investigación del Fifa Gate.

El abogado agregó: “Ahora, cuando el Tren de Aragua amenaza a estas academias de la forma acá descrita, no se trata solo de un secuestro o una extorsión, sino de una obstrucción al comercio en los términos de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. La penetración de las mafias en el deporte profesional es una de las más graves y rentables problemáticas asociadas al crimen organizado”.

6.

Expansión nacional y modelo de gobernanza criminal

Mano de obra importada de Tocorón para el narco y uno de los yacimientos de oro más grandes del mundo

“¡Aquí, mandamos nosotros! Usted manda en su Miraflores”.

Este mensaje circuló en los chats de WhatsApp de los habitantes del barrio de San Vicente a mediados de 2021. Aunque no se le nombra, obviamente estaba dirigido al presidente Nicolás Maduro, quien ocupa la sede del Poder Ejecutivo en Venezuela: el Palacio de Miraflores.

La advertencia provenía de los jefes del Tren de Aragua en San Vicente: “Rubén Darío”, “Flipper San Vicente” y “Giovanni San Vicente”, en ese orden jerárquico. No era una bravuconada más de un delincuente cualquiera, sino un recordatorio de los “tres papás” de San Vicente −sí, este barrio, como el Tren de Aragua, también tiene sus tres papás, según se escucha en grabaciones incautadas por la policía chilena− dejándole claro al Jefe de Estado quién gobierna ese territorio de más de 180 kilómetros cuadrados.

El mensaje buscaba frenar las incursiones policiales y militares que ocurren cada cierto tiempo en la localidad. Pero encerraba una lógica mucho más compleja.

San Vicente fue el primer lugar donde el Tren de Aragua inició su experimento de gobernanza criminal, un concepto relativamente reciente que define un nuevo orden social en algunas comunidades de América Latina, en el que los funcionarios gubernamentales comparten el poder con las organizaciones delictivas. El concepto que ha sido investigado y promovido por Benjamín Lessing, profesor de la Universidad de Chicago, fue desarrollado a la perfección, y sin bases teóricas, por el Tren de Aragua.

La periodista Maolis Castro recreó para el reportaje La república del “Niño Guerrero” un episodio que marcó el inicio del gobierno del pran de Tocorón en el barrio San Vicente. “El debut fue en diciembre de 2015 −siete meses después del operativo policial en el que desaparecieron Johan Petrica, Larry Changa y Carlitos Breaker−. Se había instalado una tarima con equipos de sonido e iluminación y una docena de centinelas se movía con sagacidad entre el montón de gente del sector El Viñedo I de San Vicente… para asegurarse del orden. Héctor Guerrero Flores, apodado el Niño Guerrero, estaba acompañado de la actriz y DJ Jimena Araya, conocida como Rosita, y había tomado el micrófono para dirigirse al público. Sus promesas eran las mismas de un candidato político: rescatar a los jóvenes de las drogas, embellecer el barrio, conseguir la paz y no aceptar a los “azules” (policías). Pero su vestimenta hacía que se le confundiera con un reguetonero: pantalones y franelas unas tallas más grandes, collares gruesos y metálicos, tenis y una gorra deportiva. No hay un registro fotográfico, porque el pran no se deja tomar fotos, así como tampoco permite que hablen de él en el barrio.

San Vicente, más que un barrio, es una pequeña ciudad muy cercana a la cárcel de Tocorón. Tiene dos zonas industriales, una base militar, un destacamento de la Guardia Nacional, varios planteles educativos, un pequeño estadio, un CDI (Centro de Diagnóstico Integral, un tipo de módulos de salud creados por el gobierno de Hugo Chávez que solían manejar médicos cubanos) y acceso al Lago de Valencia. Para evitar el ingreso de las autoridades, hay reportes de prensa que denuncian que los delincuentes han colocado explosivos artesanales, similares a minas antipersonas en las riberas del lago, una táctica que ya habría dejado varias víctimas. Esas mismas aguas sirven para que miembros de la megabanda se desplacen en lanchas o motos de agua al vertedero de basura de San Vicente.

En “El Bote”, como llaman el basurero, se acopia y se distribuye la chatarra, y se administran otros negocios del Tren de Aragua. Es inaccesible a los intrusos. Nadie sabe cuál es el secreto que guarda El Bote. Algunos creen que hay fosas comunes y que este lugar es utilizado para almacenar droga.

Pero quizás una de las particularidades, y posiblemente la mayor ventaja estratégica de San Vicente, es que tiene un pequeño aeropuerto denominado Servicio Autónomo Aeropuerto de Aragua Tacarigua, más conocido como aeropuerto Los Tacarigua. Desde el año 2000 este aeropuerto se ha mantenido operativo para vuelos privados, pero con una actividad comercial intermitente. Durante la gestión de Chávez se abrieron vuelos hacia San Fernando de Apure (en Apure) y Puerto Ayacucho (en Amazonas), dos estados fronterizos con Colombia hacia donde no son frecuentes los vuelos comerciales. Son justamente los estados considerados como las puertas de entrada de la droga que viene desde Colombia, donde hay una importante actvidad del narcotráfico y grupos armados. En diciembre de 2018 se anunció la activación de vuelos a Punto Fijo (en Falcón, una estratégica península cerca de las antillas holandesas), pero a mediados de 2019 la ruta no estaba operativa. Sin embargo, el terminal aéreo había sido restaurado, se encontraba funcionando en muy buenas condiciones y los aviones privados con destino desconocido siguían saliendo y llegando.

Detectives del CICPC aseguran que San Vicente se ha convertido también en un corredor estratégico para traficar la droga que viene de Colombia. La exjueza Mildred Camero, quien dirigió la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de Drogas (Conacuid), aseguró que la droga salía por Puerto Cabello, el puerto más importante de Venezuela, en el estado Carabobo, ubicado a una hora de Tocorón. Al menos así era hasta antes de las sanciones económicas contra el Estado venezolano y de la pandemia.

Ni soplones, ni policías

San Vicente cobró notoriedad en mayo de 2015, cuando fue tomado en el procedimiento que describimos en el capítulo 2 para explicar la desaparición de Larry Changa, Johan Petrica y Carlitos Breaker. Intervenciones policiales similares se repitieron ocasionalmente desde ese momento hasta finales de 2017. Eran parte de las Operaciones de Liberación y Protección del Pueblo (OLP), una “política” de seguridad implementada por el gobierno de Maduro formalmente en julio de 2015, con el argumento de combatir la criminalidad, pero que en realidad fue utilizada como un mecanismo de control social para los sectores populares, exterminando a hombres jóvenes y pobres. Más de 560 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente por los cuerpos de seguridad en dos años. Aragua fue uno de los cinco estados con más casos. Entre las víctimas no figuran los jefes de ninguna de las megabandas del país.

Hoy la extensa localidad de San Vicente continúa en manos de la megabanda de Tocorón. “El Tren de Aragua está actuando como una autoridad. La gente ahora va con el pran de la zona para hacer justicia. Los problemas de la comunidad los resuelven ellos (los delincuentes)”, aseguró Juan Rodríguez, oficial de la Dirección del Régimen Especial de Seguridad de la Aviación Militar Bolivariana (DRES). “Hay tráfico de influencias. Les pagan a los alcaldes y a los jefes de las policías en la región. Pero también tienen enemigos de poder (político), que no apoyan estos vínculos con el Gobierno”. Rodríguez precisó que estos enemigos son los que en ocasiones persiguen al grupo delictivo y autorizan las incursiones policiales en sus territorios.

A ellos se dirigía el mensaje de voz que circuló el 5 de junio de 2020. La persona que hablaba se identificaba como “Flipper San Vicente”. Decía cosas como estas: “Hablándole claro … en esta vaina esos tipos (cuerpos de seguridad) quieren venir a matar gente inocente, a matar al carajito (niño o adolescente) porque tiene un tatuaje, porque tiene pinta de malandro, porque está desnutridito y flaquito… ¿Quiénes los mandan a ustedes a hacer eso? ¿Los que están por encima de ustedes?… ¿Maduro los manda a hacer toda esta güevonada a ustedes?… Nooo, ta’ loco entonces, él los manda a que maten gente inocente, ¿esa es la vuelta?… Entonces va a acabar con todo el país, porque el país está lleno de gente inocente”.

Luego se mencionaba a la Guardia Nacional, el CICPC y a la FAES (la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional, principal responsable de las ejecuciones extrajudiciales de los últimos años), y los acusaba de matraquear (extorsionar) a los comerciantes y de “ajusticiar” a los jóvenes para quedar bien con Maduro. “Matándome a mí, a ‘Flipper’ y a todos los míos no se soluciona nada. Porque si me matas a mí no se va a quitar la pobreza… Los niños de hoy en día, que son el futuro de nosotros, se vuelven delincuentes porque el Gobierno les quita todas las oportunidades de ser alguien en la vida, de educarse, de ser mejores personas… Lo que el Gobierno debería hacer de verdad es acabar con la pobreza y la desigualdad en todo el país”, continuó el delincuente, quien además se reconoce como delincuente en su mensaje y ubica a los cuerpos de seguridad en su misma categoría.

Pero “Flipper”, cuyo nombre es Kenferson Jhosue Sevilla Artega, no es el jefe. Es el segundo al mando y la cara visible de la fundación Somos el Barrio JK. El jefe es Rubén Darío, y el tercero es “Giovanni San Vicente”. No hay certeza de que los tres hombres vivan o estén permanentemente en San Vicente. Hay rumores de que se mueven entre Colombia y Venezuela, u otros países de la región, y que en realidad gobiernan por WhatsApp mediante textos y audios. Pero, aunque ellos no estén físicamente ahí, “todo se hace a través de la fundación. Ellos deciden todo”, explicó María Luisa, profesora en uno de los liceos del barrio. “Si tú vas a la zona educativa (la oficina regional del Ministerio de Educación) a buscar un cupo en la escuela para tu hijo o para hacer un cambio de un plantel a otro, lo primero que te preguntan es si ya hablaste con los jefes de la fundación. Si necesitas hacerte una operación en un hospital de la zona, tienes que gestionar una autorización en la fundación para que te atiendan”.

Hay más ejemplos de como la Fundación JK asume las tareas del Estado. “Durante un tiempo en todos los liceos (instituciones educativas de bachillerato) prohibieron a los estudiantes llevar mochilas. Solo podían llevar bolsos transparentes. Esto era para evitar que llevaran armas o drogas al plantel”, señaló la docente. Para garantizar que esta y otras reglas impuestas por el pranato se cumplieran, a las escuelas y liceos eran enviados centinelas armados. “Son presos, presos que vienen y están todo el día en el liceo vigilando. ¿Sabes lo qué es eso, presos armados dentro del liceo? Les revisan los bolsos a los muchachos, les reclaman si tiran basura al piso y les dicen qué ropa pueden usar. Intervienen si hay peleas o discusiones con los profesores. Hasta se meten en los salones de clase. Lo controlan todo. Es terrible”, contó la profesora, cuyo rostro transmitía asombro y preocupación. “No es que todos estamos acostumbrados a esto. Es que ellos son la autoridad”.

El oficial de la DRES agrega a este mecanismo de vigilancia otra forma de espionaje más doméstico: “Ellos operan libremente en el ámbito social. Manejan la inteligencia comunal”. Eso no es otra cosa que una red de personas de la comunidad que vigilan quién entra al barrio, que espían a sus vecinos. Además, toda la zona de San Vicente y sus adyacencias está vigilada por los centinelas del Tren de Aragua. Por ejemplo, al entrar al barrio en un vehículo desconocido hay que llevar las ventanas abiertas. Lo contrario pone en peligro la vida de sus ocupantes.

La Fundación JK tiene unas oficinas desde donde despachan sus encargados. Pero además tiene un lugar llamado “El Satélite”, que está ubicado en los terrenos donde antes funcionó la fábrica de alimentos Mary. Desde allí se organizan todas las actividades. Allí se hacen “juicios”, similares a los que hay en Tocorón, a quienes son acusados de violar las reglas, sean miembros de la banda o de la comunidad. Es el lugar donde se dirimen los conflictos vecinales, y hasta familiares o de pareja. “A las personas las matan cuando no cumplen sus reglas. Una vez le salvé la vida a un estudiante que se robó un material del liceo. Tuve que correr al Sátelite cuando supe que se lo habían llevado de su casa”, aseguró Eduardo Gónzalez, profesor de otro de los planteles de San Vicente. A la que nadie pudo salvar fue a una mujer que “picaron (descuartizaron) porque delató con la Guardia Nacional a un prófugo”, recordó el docente.

La violencia ha sido el mecanismo más utilizado por el Tren de Aragua para controlar a los 25 mil habitantes de San Vicente. Han forzado el desplazamiento de familias para quedarse con sus viviendas, y el de las empresas que se negaron a pagar vacuna. Pero los más afectados son los funcionarios policiales. En San Vicente no pueden vivir policías. Todos los funcionarios de cuerpos de seguridad han sido amenazados de muerte junto a sus familias para que abandonen el barrio. Las comisarías de policías fueron desalojadas y están inoperativas. Solo el destacamento de la GNB funciona, pero con restricciones.

Es importante recordar que San Vicente fue declarado como zona de paz allá por 2014, justamente cuando se formó el Tren de Aragua y apareció “Johan Petrica” en el barrio. San Vicente es uno de los casos que evidencia el balance de esta iniciativa del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz que coordinaba el viceministro José Vicente Rangel Ávalos desde 2013. El objetivo del proyecto de las zonas de paz era reducir la violencia de las bandas mediante un pacto de no agresión: el gobierno respetaba los territorios controlados por cada grupo y entregaba recursos económicos y materiales de construcción a las comunidades, a cambio de que las bandas entregaran sus armas. Cuando el gobierno aceptó la condición de los líderes de las bandas, de que los cuerpos de seguridad no entraran a las zonas de paz, estas se convirtieron en territorios liberados para el delito. Las bandas solo se hicieron más fuertes y siguieron operando para luego refugiarse en sus santuarios. Hubo excepciones al pacto, como el operativo de 2015 en San Vicente.

Una cárcel sin barrotes y con criptomonedas

El Tren de Aragua también controla la distribución de los paquetes de comida subsidiada del programa gubernamental CLAP, el gas doméstico, las decisiones sobre el alumbrado y el ornato del barrio, y posee los vehículos de la única línea de transporte público que opera en el lugar. “Cuando llega Navidad ordenan a todas las personas colocar decoración y luces en las fachadas de sus casas”, comentó el profesor González, y agregó que también deciden sobre el color con que se deben pintar las viviendas. “Si vas a hacer un trabajo de remodelación en tu casa debes notificarle a la Fundación JK. Para autorizarte hay dos formas: les pagas un porcentaje a ellos según lo que cuesta el trabajo o te obligan a contratar a su gente (a los presos) como obreros”, dijo González, quien vive en San Vicente.

Los únicos a salvo son los correligionarios del Niño Guerrero. “Los evangélicos pueden hacer actividades libremente”, comentó el profesor González.

Como explicamos en el capítulo de los negocios del Tren de Aragua, varias personas entrevistadas aseguraron que la Fundación JK también es utilizada para cobrar las “vacunas”. “Piden una colaboración a las empresas y los gerentes dicen cuánto pueden pagar (...) En casi todas las empresas tienen inteligencia interna perteneciente al tren (sapos). Incluso las empresas están obligadas a dar empleo a expresidiarios a cambio de no ser robados y atacados por la organización”, explicó Roxana. Los comercios pequeños no pagan una extorsión propiamente, pero deben colaborar donando con cierta periodicidad algo de la mercancía que venden.

Pero la Fundación JK también lleva diversión a la comunidad. Organizan actividades recreativas para los niños, como arepazos (día de comer arepas gratis), jornadas de cortes de cabello y repartición de globos y juguetes. Además, llevan a peloteros de Grandes Ligas a compartir con la gente, y garantizan la seguridad de los habitantes. “Aquí no puede haber robos. En sus mensajes ellos advierten que no se pueden cometer delitos”, explicó una persona que pertenece a una de las muchas iglesias evangélicas que hay en el barrio.

También realizan operativos de recolección de basura y pintura. Todo queda registrado en su cuenta de Instragram, fundacionsomoselbarriojk. Es por eso y por mensajes como el de “Flipper San Vicente”, por lo que generan cierta empatía. “Mucha gente de la comunidad aplaude sus acciones”, apuntó la profesora María Luisa, quien dijo sentirse como en una cárcel sin barrotes.

Aunque hoy San Vicente –como otras ciudades de Venezuela− es más parecido a un pueblo fantasma, aún hay empresas que operan en la zona. En los recorridos que hice por el barrio fue inevitable detenerme a mirar con asombro un búnker gigante en la zona industrial. Es Coincoin, la granja para minar criptomonedas más grande de América Latina, según su propia publicidad. Un reportaje del medio digital ArmandoInfo dice que la estructura tiene tres edificios y más de 10 mil metros cuadrados de construcción. “Se trata del cuartel general del Grupo Coincoin, el holding conformado por la primera comercializadora de equipos de minería autorizada por la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip) y una de las siete casas de cambio venezolanas con licencia para operar en el mercado digital”. El trabajo de investigación también dice que la Gobernación de Aragua tiene nexos con la granja de criptomonedas.

Pero lo que más me llamó la atención es que una estructura de esas dimensiones, con una inversión de una magnitud que parece considerable, se instalara en un barrio controlado por un grupo armado, del que casi todas las industrias han huido. No hay pruebas de que la granja tenga alguna relación con el Tren de Aragua, pero es raro que funcione allí sin al menos pagar vacuna. Otra particularidad es la gran demanda de electricidad de este tipo de proyectos, en un país donde el déficit de suministro de energía es una constante. Luego supe que las autoridades chilenas tienen la hipótesis de que una de las formas de lavado de dinero utilizadas por el Tren de Aragua en ese país son las criptomonedas. ¿Casualidad o coincidencia?

Además de la gobernanza criminal y el control de territorios, hay otras características que identifican al Tren de Aragua dentro y fuera de Venezuela: el uso de las redes sociales y otras plataformas tecnológicas de comunicación, en particular WhatsApp para mostrar sus logros, amenazar, extorsionar y comunicarse entre ellos; el uso de ciertos tatuajes –sin llegar a ser las maras– como fusiles o estrellas en los hombros similares a las de las jerarquías militares venezolanas y acostumbran utilizar granadas.

La conquista del Kilómetro 88

La experiencia exitosa de gobernanza criminal de San Vicente se replicó en otros barrios y pueblos de Aragua, como Magdaleno, San Mateo y Rosario de Paya, también con desplazamiento forzado, control social y vigilancia permanente. Y de allí siguió a otros estados de Venezuela donde la megabanda tiene operaciones, como Sucre y Bolívar.

Eran cerca de las 11:00 de la mañana cuando íbamos por el kilómetro 27 de la Troncal 10, la vía que conecta los pueblos mineros más importantes del sur de Bolívar con la Gran Sabana y Santa Elena de Uairén. Habíamos pasado Guasipati, El Callao, Tumeremo y El Dorado, y nos dirigíamos a Las Claritas en el Kilómetro 88.

—¡Para ese carro ahí, para ese carro ahí! —gritó un hombre con violencia y determinación hacia el vehículo donde viajaba junto a otra colega periodista y el transportista.

El hombre usaba una camiseta manga larga, tipo sudadera, con estampado selvático. Llevaba un radio en la cintura y un pequeño bolso terciado en el pecho.

—¡Baja el vidrio, baja el vidrio! Me dicen que están tomando fotos de aquí, de este carro –repite mientras escucha las indicaciones que le dan por el radiotransmisor.

Todos quedamos paralizados. Era verdad, desde el vehículo en marcha mi compañera había tomado algunas fotos de las empresas mineras que están ubicadas al borde de la carretera. ¿Pero cómo lo sabía? ¿Cómo se dio cuenta?

El hombre era un garitero, como los de la megabanda de El Koki que vi en la Cota 905, en Caracas, o los que rodean la cárcel de Tocorón. Y el que le hablaba por radio era otro garitero apostado en otro punto de la carretera, quien nos había visto tomar las fotos.

Recordé que había hecho un par de fotos también, pero del paisaje de la zona, con mi teléfono. Y eran justamente las últimas imágenes que tenía archivadas.

—¡No! Nosotros las fotos que hicimos son estas del paisaje. Toma, aquí están −le dije con miedo, mientras le extendía mi celular para que lo agarrara.

Él no tomó el teléfono, se conformó con mirar las últimas fotos que yo le mostré desde el carro.

—Está bien. No se asusten. Pueden seguir −dijo, antes de dejarnos continuar.

Estuvimos en silencio durante los siguientes cinco minutos del viaje. Logramos recuperarnos del susto unos kilómetros más adelante, cuando nos sorprendió una valla gigante que anunciaba la llegada al “Kilómetro 88-Las Claritas”. La valla mostraba los rostros de las figuras más importantes y simbólicas de la revolución bolivariana. De izquierda a derecha aparecían Simón Bolívar, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Cilia Flores, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez (vicepresidenta de la República), Tareck El Aissami (ministro de Petróleo), Iris Varela (diputada del PSUV y exministra de prisiones), Tarek Williams Saab (Fiscal General), Vladimir Padrino López (ministro de la Defensa), Ángel Marcano (gobernador de Bolívar) y Vicente Rojas (alcalde del municipio Sifontes). Además de las fotos, se expresaba el apoyo “siempre a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros”.

Las Claritas es un lugar polvoriento, con calles cubiertas por una arena amarilla que al juntarse con el agua de lluvia se convierte en barro. En eso se parece a los otros pueblos mineros que habíamos visto en el camino. Pero aquí había más movimiento, más comercios, más gente, más vida.

Porque no es cualquier pueblo minero. Es el corazón, la capital de la zona donde está el yacimiento de oro más grande de Venezuela, y el cuarto más importante del mundo, con reservas por el orden de 1 millón 480 mil kilos. Tiene una ubicación estratégica entre la zona minera y el parque nacional Canaima. Es también el centro de las operaciones comerciales de un territorio de más de 74 kilómetros cuadrados de actividad minera, donde además hay otros minerales y piedras preciosas, como diamantes. Y está en la vía hacia Brasil.

Al recorrer el pueblo llama la atención la cantidad y variedad de comercios. Las tiendas que ofrecían material para minería tenían nombres como Valle del Cauca (un departamento colombiano), La Costeña (como se llama en Colombia a una mujer que venga de la costa atlántica) y La Azulita (un pueblo del estado Mérida en la frontera con Zulia), que daban idea del origen de algunas de las personas que se instalaron allí.

También había un local similar al que vimos en Tocorón, con los logos de Balenciaga, Gucci y Nike en las vitrinas, y muchos hombres con camisetas iguales a la del garitero que nos había parado en la Troncal 10. Andaban en motos y se juntaban en las esquinas para ofrecer servicios como mototaxistas. Luego supimos que también eran gariteros que vigilaban todo el pueblo y usaban el trabajo de mototaxi para disimular su verdadera función. Un par de ellos permaneció afuera del local donde nos detuvimos para conversar con un comerciante durante el tiempo que duró la entrevista. No hacían nada, solo estaban allí.

Durante los gobiernos de Acción Democrática y Copei, entre 1958 y 1993, se entregaron concesiones a las empresas canadienses Crystallex y Gold Reserve para la explotación de las minas Las Cristinas y Las Brisas, las dos más importantes de Las Claritas, con reservas potenciales de 7 mil toneladas de oro según estudios hechos entonces por ambas transnacionales. Después de varias modificaciones en las condiciones, en 2008 el gobierno de Chávez rescindió arbitrariamente los permisos a ambas empresas. Las compañías demandaron al Estado venezolano, y en 2017 se anunció que habían ganado la disputa en una corte internacional, por lo que ya hay indicios de su regreso al país, específicamente a la zona de Las Claritas.

Otro hito importante para entender la explotación minera es el decreto de nacionalización de la minería y la comercialización del oro en 2011. Para entonces, el gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, ya había propiciado la instalación de estructuras armadas no estatales para que controlaran la explotación minera, según han revelado investigaciones de Transparencia Internacional Venezuela. Fue de allí de donde salió la banda de “El Topo”, delincuente que cobró fama en 2016 con la llamada masacre de Tumeremo, cuando ordenó el asesinato de 17 mineros. El gobernador Rangel Silva intentó minimizar el hecho para que no fuera investigado, porque al parecer “El Topo” era uno de los hombres que él había puesto al frente del control de unas minas.

Desde entonces las noticias y denuncias sobre masacres y desapariciones son una constante en el sur de Bolívar. La violencia forma parte de la cotidianidad, es la base de las relaciones, se usa para resolver las disputas y para desplazar y sacar del camino a los adversarios. De allí la etiqueta de oro de sangre que se ha asociado al oro venezolano.

El desborde de la violencia también coincide con otro hito histórico: la publicación del decreto de creación del Arco Minero del Orinoco, el 24 de febrero de 2016.

Un informe publicado en 2020 por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que aborda el tema del Arco Minero del Orinoco, identificó al menos 16 incidentes violentos o “disputas” ocurridas en cuatro años −entre 2016 y 2020− que dejaron 149 personas muertas. Presuntamente los cuerpos de seguridad participaron en algunos de estos hechos. “Las personas que trabajan en la región del Arco Minero del Orinoco en Venezuela están atrapadas en un contexto generalizado de explotación laboral y altos niveles de violencia por parte de grupos criminales que controlan las minas en el área”, dice el documento. Y agrega que los grupos armados, conocidos como sindicatos, “deciden quién entra o sale de las zonas mineras, imponen reglas, aplican castigos físicos crueles a quienes infringen dichas reglas y sacan beneficios económicos de todas las actividades en las zonas mineras, incluso recurriendo a prácticas de extorsión a cambio de protección”.

Desde la publicación de ese informe y el paréntesis de la pandemia, la situación no ha cambiado. El más reciente informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU (una instancia independiente que investiga el caso de Venezuela por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU), publicado en septiembre de 2022, ratifica las denuncias y habla de violaciones a los derechos humanos. “Estas violaciones y delitos son perpetrados tanto por agentes estatales, en particular por militares encargados de la seguridad en la región minera, así como por actores no estatales. Estos actores no estatales incluyen grupos criminales (conocidos como sindicatos y pranatos) y grupos guerrilleros de Colombia. La investigación se centra, aun cuando no exclusivamente, en el período posterior a 2016, fecha formal de creación del Arco Minero del Orinoco”, concluye la investigación.

Actualmente cada pueblo minero importante del sur de Bolívar es controlado por un grupo armado: en Guasipati manda el Tren de Guayana; en El Callao está el sindicato El Perú; en Tumeremo domina la Organización R; en El Dorado gobierna el sindicato del “Negro Fabio”; y en Las Claritas había un cogobierno a cargo Juan Gabriel Rivas Núñez, alias “Juancho”, y Yohan José Romero (Johan Petrica), uno de los tres papás del Tren de Aragua.

“Juancho” tomó el control del Kilómetro 88 en 2009, de la mano del exgobernador Rangel Gómez y de su secretario de Seguridad, el general del Ejército Julio César Fuentes Manzulli, según denuncian investigaciones de Transparencia Internacional Venezuela. Este delincuente reinó solo en ese importante territorio, con la simpatía y complacencia de funcionarios del Estado hasta finales de 2015 aproximadamente, cuando llegó Johan Petrica a hacerle compañía.

Aunque parecía que iba a reforzar la estructura de seguridad, el líder de Tocorón quizás tenía la tarea de cuidar los intereses de otro sector del oficialismo en el yacimiento más importante del país, otro grupo distinto al que representaba Juancho.

Johan Petrica llegó a la zona poco antes del anuncio de la creación del Arco Minero. Al principio no usaba su nombre, se camufló bajo el alias de “El viejo” y más adelante era conocido como “El viejo Darwing”. Se corría el rumor de que venía de Tocorón, y también se hablaba de sus nexos con los grupos de Valles del Tuy, los dos lugares de donde provenían la mayoría de las personas que comenzaron a llegar para trabajar en las minas de Las Claritas.

Por varios años ambos jefes criminales compartieron el gobierno en Las Claritas con armonía. Pero con la salida de Rangel Gómez de la gobernación en 2017 y la llegada de Justo Noguera Pietri al cargo, el pran de Tocorón se fue fortaleciendo y el equilibrio de poder cambió. En 2022, Johan Petrica logró finalmente quedarse con todo el control de las minas del Kilómetro 88 y el pueblo de Las Claritas, luego de desplazar a Juancho hacia otras minas cercanas. La conquista no fue poca cosa, considerando la tradición, el liderazgo y las conexiones de que gozaba Juancho. Este “cambio de gobierno” criminal coincidió con la llegada del nuevo gobernador, electo en noviembre de 2021, Ángel Bautista Marcano Castillo.

El aterrizaje de Johan Petrica en el Kilómetro 88 también coincide con el nacimiento de la Empresa Mixta Ecosocialista Siembra Minera S.A. (Mindeminec), en 2016, que es el resultado de una alianza entre la Corporación Venezolana de Minería (en representación del Estado Venezolano), con 55% de las acciones, y GR Mining Inc (de Barbados), con 45%. Esta última accionista en realidad sería una filial de la canadiense Gold Reserve, la misma a la que Chávez le revocó los permisos y que luego le ganó la demanda al Estado venezolano, por lo que conoce bien el valor de explotar las minas Las Brisas y Las Cristinas.

“Aquí todo funciona bajo la figura de las alianzas. Alianzas entre entes gubernamentales, empresas privadas, instituciones y delincuentes. Esas alianzas que se forman con compañías legalmente constituidas, y tienen vínculos con la Corporación Venezolana de Minería (CVM)”, explicó Pablo Morales, comerciante del pueblo, para describir el tipo de empresas similares a Siembra Minera.

Otra de las figuras jurídicas que se repiten en Las Claritas es la de las fundaciones. A través de estas se gestionan no solo obras sociales, sino diversos tipos de actividades. Incluso delitos, como extorsiones. “Ahora aquí sobran las fundaciones, todo se maneja a través de ellas”, dijo Morales, quien aseguró que son administradas por los pranes que controlan las minas y el pueblo. “Manejan el combustible, y ahora implementaron algo como un seguro médico. El ambulatorio del pueblo es público, pero hay que pagar en oro allí para que te atiendan y te den las medicinas. Usted va ahorita al ambulatorio y están todos esos gariteros allí cuidando sus espacios”. El comerciante insistió en que pese a ser una instancia del gobierno, la controla el grupo de Johan Petrica, asistido por otro de los líderes de Tocorón, alias “La Fresa”, cercano al Niño Guerrero. Este último también frecuenta el pueblo.

El sistema de Las Claritas

En esta zona minera, aunque todos saben que la organización criminal pertenece al Tren de Aragua, la gente no habla de la megabanda. Las estructura delincuencial es conocida como “el sistema”. Porque lo es todo. También controla el suministro y abastecimiento de comida. “Todo; aquí nadie puede traer ni queso ni huevos ni nada. Ellos tienen su negocio donde toda la gente tiene que comprarles, ellos ponen los precios, ellos manejan un tabulador, nadie puede vender ni por debajo ni por encima”, explicó Francisco, habitante del pueblo que ha trabajado en las minas.

También manejan, obviamente, el acceso a las minas: quién trabaja, quién no trabaja, qué porcentaje se paga en los molinos y en todas las etapas del proceso. “Ellos son los dueños de las minas y de las máquinas. Imagínate, tienen las mejores minas. Sacan entre 30 y 50 kilos de oro diarios. Kilos de oro, no de arena”, aseguró Francisco.

En promedio, el kilo de oro en los mercados internacionales se cotiza en 57 mil dólares. Según ese precio, si sacan 30 kilos diarios, eso equivale a 1 millón 710 mil dólares por día, más de 51 millones de dólares al mes.

A ese ingreso se suman otra serie de rentas que el grupo armado obtiene de la actividad minera. “Si tú tienes una moto, tienes que comprar un ticket mensual para circular. También los taxistas. Eso lo que llaman aquí el ‘mecate’, que es como la cuerda que levantan para dejarte pasar”, contó Francisco.

Aunque también controlan la prostitución, la dinámica es muy particular, dijo el comerciante Morales. “Eso es algo que no tiene lógica. Funciona así: las niñas llegan regularmente a vender café, y son las cafeteras, y como venden café quién les va a prohibir. Sin embargo, ellos tienen prohibido que las menores de edad estén en la calle a altas horas de la noche, pero son niñas de 16, 17 y 18 años, que simulan y de alguna forma empiezan por la cafetería, exacto, vendiendo café y después cuando ellas deciden entran a lo que llaman la plaza”, donde se ejerce la prostitución.

Según Morales, la mujer en Las Claritas es intocable. “Aquí la mujer es una princesa, aquí la mujer no se toca de ninguna forma, sea cafetera, sea lo que sea, la mujer aquí es un tesoro. Entonces, ellas se sienten en confianza porque pueden andar o inclusive, no hay pudor por la vestimenta. Porque nadie se va a meter con ellas, ni nadie les va a decir eso o va a tratar de acosarlas. Entonces, el trabajo en la prostitución es voluntario. A ellas lo único que les exige el sistema es que mensualmente tienen que ir a un laboratorio que ellos les indican, donde se hacen los exámenes. Las que no están sanas las sacan del pueblo, les ponen el tratamiento, el antibiótico”. Esto hace suponer a Morales que el sistema no cobra un porcentaje a las prostitutas, lo que resulta bastante difícil de creer.

El otro negocio conexo es la venta de drogas. Según Francisco, el minero, “no sé hasta qué punto el sistema controla eso. Pero sí sé que hay sitios de venta y quienes los cuidan son ellos, entonces tienen que ser ellos mismos. La mayoría de los mineros consumen. Por ejemplo, los “bateros” (que trabajan con bateas pescando el oro), que no comen en todo el día y sobreviven gracias a las drogas”.

Pero en este aspecto, el sistema que dirige Johan Petrica, por la fuerza y sembrando el miedo, ha comenzado a instalar casas de vicio, donde las personas pueden consumir en sitios, y no andar por ahí drogadas sino en casa. Allí tienen televisión y duermen. “Lo que pasa es que la droga, el licor y eso de las ropas de marca son un negocio aquí. Si el minero te saca un punto (medida de oro) o te saca un kilo hoy, piensa mañana consigo más, y ese kilo de oro se lo puede gastar el mismo día. Entonces compra una moto, compra un carro. Lo que yo siempre soñé, me compro unos audífonos, me compro unas Jordan (calzado deportivo). Eso es lo que compran. Además, son puras baratijas, porque aquí lo que te venden es zapatos doble A (imitación) y triple A Nike, ni siquiera son originales y te lo venden en el triple de lo que cuesta un zapato original y la gente lo compra mientras diga Tommy, mientras diga Nike, mientras diga la marca”, contó Francisco.

Pero esos son los mineros de abajo. Porque las personas que trabajan en torno a este sistema suelen viajar a Boa Vista y Paracaima, en Brasil para hacer compras. “Entonces ves a los delincuentes aquí que usan Balenciaga, Gucci, pura ropa original”, precisó el exminero. Estos jefes del sistema solo utilizan camionetas Toyota de alta gama, y viajan sin placas por toda la región. Muchos son vehículos robados en el centro del país, repotenciados y modificados en talleres mecánicos de miembros del Tren de Aragua, para luego ser comercializados en Guayana, donde además de un símbolo de estatus son una necesidad y una especie de señal para no ser detenidos por las autoridades. “Uno como policía ve una camioneta de esas y no la para, así cometa una infracción o venga sin placas. Porque uno ya sabe que los que andan en esos carros son gente del gobierno, enchufados o delincuentes. Entonces, si la paras te metes en un problema”, dijo el comisionado de la Policía de Aragua, Marcos Pérez.

Sobre la figura de Johan Petrica, tanto el comerciante como el exminero de inmediato lo identificaron como “El viejo” al ver una foto. “Claro que es él”, indicó Morales. “Lo he visto muchas veces. Tiene un poder enorme y aquí se hace lo que él diga. La gente tiembla. Pero también hay quienes dicen que es bueno, que ayuda a la gente porque hace ollas de sopa y la reparte”. Una práctica similar a las que se ven en San Vicente, como las jornadas para repartir arepas. En el Kilómetro 88, como en San Vicente, las escuelas son controladas por el sistema, mediante el pago semanal de un punto de oro a los maestros. Para nadie es un secreto que el salario de un educador en Venezuela no cubre ni siquiera los alimentos de la canasta básica.

También organizan actividades deportivas y presentaciones con artistas internacionales. “Los muchachos de la selección de fútbol sala vienen siempre para acá. El sistema los trae, y a reguetoneros famosos. A ellos les pagan con oro”, dijo Francisco.

Aquí las fundaciones también son utilizadas para cobrar las extorsiones de manera disimulada. Ese dinero lo usan para arreglar las vías y para el ornato del pueblo, lo que publicitan como obras del sistema. “Si compran equipos de rayos X para el ambulatorio o quieren abrir nuevos laboratorios, piden una colaboración de 10 gramas (medida para el oro) a los comerciantes. De esta manera ellos quedan bien, pero los comerciantes estamos ahorcados y no podemos negarnos. La opción es cerrar e irnos”, explicó Morales.

Se calcula que al menos 5 mil personas trabajan para el sistema en Las Claritas. Casi 20% del pueblo. Son su ejército. “La mayoría es gente que no es de aquí. Vienen de otros estados, pero también vienen de Tocorón”, aseguró el comerciante Morales. Hay códigos de castigo para los que violen las reglas. Primero reciben advertencias, pero si reinciden son llevados con las manos esposadas hacia atrás a una zona montañosa de donde no regresan. Los desaparecen. La gente del pueblo cree que es un lugar donde hay fosas comunes.

El arsenal del Tren de Aragua en Las Claritas es de grandes dimensiones: pistolas, fusilies de distintos tipos y granadas principalmente. “La cantidad de armamento que hay aquí es una locura”, dijo Francisco.

Pero Johan Petrica no pierde de vista el horizonte. Aunque tiene bajo su poder las minas Los Rojas, Marruecos y Cuatro Muertos, entre otras, se ha dedicado a comprar inmuebles para acondicionarlos y convertirlos en hoteles, para prestar servicio en caso de que las empresas canadienses o iraníes se instalen en la zona.

En el corazón de Venezuela

La expansión del Tren de Aragua continúa, y aunque, en general, las operaciones delictivas son las mismas, pueden distinguirse “variables regionales” en cada estado. Ya están en 13 estados. Para entender, hoy por hoy, lo que es y hacia dónde evoluciona el Tren de Aragua hay que revisar su comportamiento en las entidades centrales del país: Carabobo, Guárico y Miranda.

En Carabobo solo pueden operar en la frontera con el estado Aragua, justo donde secuestraron al corresponsal, porque el resto de la entidad está bajo el dominio de Néstor Richardi Sequera Campo, alias “Richardi”, pran la cárcel de Tocuyito. Aunque Richardi y Guerrero no son enemigos, tampoco son amigos. Se respetan y, según sea el caso uno le paga al otro para eventualmente usar sus territorios para sus negocios. En Chile, por ejemplo, en algunos audios incautados por la policía se escucha que Richardi paga al Tren de Aragua para meter su mercancía (droga) por la frontera que controlan los de Tocorón. Cada quien en lo suyo y todos ganan.

En el sur del estado Guárico cometen robos, secuestros, homicidios y extorsiones contra comerciantes, industriales y productores agropecuarios. Pero este estado llanero apareció en los mapas policiales asociado con un líder criminal que se hizo legendario en la primera década después del milenio: Antonio Tovar Colina, alias “El Picure”, célebre en el país antes de que nadie hubiese oído hablar del Niño Guerrero.

En el caso del estado Guárico, seguir las gandolas, los grandes camiones que mueven toda la mercancía en Venezuela, fue solo el comienzo para la megabanda de El Picure. En ese estado llanero, vecino con Aragua, el impacto de la Penitenciaría General de Venezuela (PGV) en la constitución de grupos delictivos y la ausencia del Estado en la red vial puso a los productores agropecuarios al alcance de los extorsionadores. El paso seguro de las cargas hacia Puerto Cabello, Caracas o Valencia estaba sujeto a extorsión en Guárico mucho antes de que el Tren de Aragua alcanzara notoriedad. Estas cargas que custodiaba El Picure también incluían la droga que entraba a Venezuela por Apure, según revelaron funcionarios policiales.

Mucha de la estructura que El Picure había construido tanto en su natal Guárico como en el sur de Aragua antes de su muerte, en mayo de 2016 –en un presunto enfrentamiento con la policía−, fue luego capitalizada por el pran de Tocorón, quien con la caída de El Picure perdió un competidor y ganó un territorio estratégico. Hasta entonces, el Tren de Aragua corría paralelo a la banda de Tovar Colina.

La muerte del famoso delincuente coronó a la banda de Tocorón –con Guerrero a la cabeza– como la máxima organización criminal en el país. La muerte del Picure y el control del Guárico son, por tanto, fundamentales para entender la expansión del Tren de Aragua y la consiguiente fortaleza que le permitiría extender sus operaciones fuera de Venezuela siguiendo las rutas de los migrantes. Aunque el estado Guárico pareciera aislado por sus dimensiones (es el cuarto estado más extenso), es terreno abierto para alcanzar rápidamente todo el país, no sólo porque es, geográficamente, el corazón de Venezuela, sino porque, además, colinda con ocho estados.

Después de la muerte de El Picure, su organización comenzó a llamarse El Tren del Llano, y su sucesor, Gilberto Malony Hernández, alias “Molony” o “El Picurito”, logró un pacto con los de Tocorón que lo llevó a controlar el pueblo de San Juan de Unare, en el estado Sucre, una de las plazas más importantes de narcotráfico. Pero, Malony era muy joven y no supo controlar su ego y sus ambiciones, lo que lo llevó a cometer algunos errores que pagó con su vida. Murió en medio de una operación de seguridad que acabó con casi todos los integrantes de su banda en noviembre de 2021. Un funcionario del CICPC contó que el operativo fue liderado por importantes jefes policiales. Pero contrario al refrán −“muerto el perro se acaba la rabia”− en este caso la presunta ejecución de Malony no afectó el negocio. El narcotráfico en San Juan de Unare continúa y más adelante contaremos de qué manera.

La banda de “Manuel Chevrolet”, uno de los jefes del Tren de Aragua en Tocorón, opera también en la frontera con Guárico, en Villa de Cura, y sus integrantes se mueven entre los dos estados.

En el caso del estado Miranda, la presencia del Tren de Aragua es más bien tangencial y circunstancial. En 2018 un supuesto integrante del Tren de Aragua, identificado como William Alis Giro Flores, murió en un enfrentamiento con la policía en Charallave, una población del municipio Cristóbal Rojas de Valles del Tuy. Esto resulta posible, pues la criminalidad es casi crónica en esa subregión del estado Miranda, que hemos mencionado varias veces en este libro por ser el lugar de origen de Johan Petrica y porque allí varias bandas han terminado convirtiéndose en tributarias del Tren de Aragua.

La subregión de los Altos Mirandinos también ha sido salpicada por las acciones del Tren de Aragua, debido a que la banda de “El Conejo”, uno de los aliados más importantes de Tocorón, opera en Las Tejerías, frontera con Miranda.

Siete municipios en el estado Miranda han estado por cerca de una década entre los 25 municipios de Venezuela con tasas de muertes violentas superiores a las 100 por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV). Todos estos municipios pertenecen a subregiones que fueron Zonas de Paz, y tienen su propia historia en la escalada de las megabandas y los pranatos. Son regiones muy distintas: tierras cacaoteras de la costa como Caucagua, Higuerote y Barlovento, zonas áridas con manglares como Río Chico, y enclaves montañosos muy conectados a Caracas, como Santa Lucía y Ocumare, en los Valles del Tuy. Tienen en común una zona que los conecta a todos: un macizo de selvas nubladas de alto valor biológico, el Parque Nacional Guatopo.

Usando esta encrucijada de los llanos, el Tren de Aragua puede esparcirse por todo el país. Guárico comunica Aragua con Guayana y con Apure, o con los llanos occidentales.

Otro estado donde ha comenzado a incursionar la banda es La Guaira. Allí ha desplazado a habitantes de Puerto Maya y otras localidades.

Los aliados occidentales

Un municipio del estado Trujillo con costa en el Lago de Maracaibo, La Ceiba, registra 147 homicidios por 100.000 habitantes en 2021, lo cual lo ubica en el primer puesto como el más violento del país, campeonato que también ganó en 2020, cuando alcanzó una tasa de 152,5 homicidios por cada 100.000 habitantes. En esos estados menos poblados y desarrollados del occidente de Venezuela no hay agrupaciones delictivas que hagan juego con lo que ocurre en el otrora eje industrial del centro del país, entre Miranda, Aragua y Carabobo ni tampoco con lo que ocurre en torno a la nueva fiebre del oro en Guayana.

Pero de nuevo, las asociaciones con agrupaciones poderosas como el Tren de Aragua, el ELN y otros grupos del estado Zulia, quizás sean la explicación a esta violencia. Ya hemos comentado en este libro la certeza sobre la alianza entre el Niño Guerrero y Álvaro Montilla, alias El Loro, el pran del Internado Judicial de Trujillo, quien nunca ha sido el más poderoso del país, pero es posiblemente el más antiguo de los que siguen vivos, y tal vez uno de los más organizados. Alterna sus negocios como empresario de boxeo profesional con las estafas por WhatsApp y Marketplace, que ya describimos en otro capítulo. La policía científica ha confirmado que las llamadas para dar información sobre la venta fraudulenta de vehículos se hacen desde los penales de Trujillo y Tocorón, aunque la mayoría de las negociaciones se transan en Aragua, a casi 500 kilómetros de distancia del reino del El Loro.

En el estado Lara, donde el Niño Guerrero fue recapturado luego de su fuga, se atribuyen importantes casos de extorsión y secuestros a uno de los más importantes socios del Tren de Aragua: Josué Ángel Santana Peña, alias “Santanita”, quien es tan cercano al pran de Tocorón, que la policía lo considera parte de la estructura jerárquica de su organización.

Lara es un territorio importante para la agrupación delictiva, ha tenido una producción agrícola y ganadera importante, e industrias prósperas. Además, es esencial para las rutas de los tráficos ilegales. Y limita con el extremo occidental de Venezuela con el extenso estado de Zulia, una de las puertas de entrada de la droga a Venezuela, y una de las entidades con mayor activida delictiva y presencia de grupos armados colombianos, como el ELN y las disidencias de las FARC.

También limita con el estado Falcón, un importante puerto en las rutas de la droga que tienen como destino las islas Aruba, Curazao y Bonaire. Allí murió en 2020, en un presunto enfrentamiento con la policía, Manuel Alejandro Moyetones, otro importante aliado del Tren de Aragua. Otra de las fronteras del estado Lara es con Yaracuy, una entidad poco sonada en el ámbito delictivo, pero donde opera una banda con relativo poder, el grupo de Wilmer Gustavo Aponte, alias “Wilmer Bachiller”. Esta organización está conectada con el Internado Judicial de Yaracuy, otra de las prisiones controladas por los pranes, y con el Tren de Aragua.

“Hay tres cárceles que están conectadas y funcionan como una sola organización: Trujillo, Tocorón y San Felipe”, explicó Alexis Carrillo, quien es funcionario del CICPC y trabaja en el estado Lara. “Planifican secuestros juntos y las estafas de Marketplace”, aseguró. La conexión entre las tres prisiones fue detectada mediante análisis de conversaciones telefónicas, hechos por la policía judicial. Los funcionarios determinaron que las operaciones son dirigidas desde Tocorón. Se reparten los territorios y Santanita controla Yaracuy –con el apoyo de Wilmer Bachiller− y Lara. El proceso de investigación también arrojó que entre los tres penales circulan armas, granadas y motos.

“Santanita pasa temporadas en Tocorón. Lo sabemos por los audios de los teléfonos que hemos incautado a los miembros del grupo. Algunos de los que han salido de Trujillo y Yaracuy están trabajando con el Tren como coyotes en la frontera con Chile”, explicó el Carrillo, y siguió dando detalles del seguimiento policial. Los investigadores han rastreado llamadas extorsivas que se hacen desde teléfonos con chip de Chile, Perú, Ecuador y Colombia. También constataron que José González, alias “Chelín”, mano derecha de Santanita, está en Panamá.

Además de las extorsiones, el funcionario enumeró una serie de secuestros (de entre 2020 y 2021) que han sido protagonizados por esta estructura delincuencial. El más llamativo fue el plagio de un comerciante en Carabobo, en noviembre de 2021, por el que pedían dos millones de dólares de rescate. “Ese secuestro lo hizo Santanita”, aseguró el policía. La víctima fue rescatada por los investigadores de la policía judicial, no se sabe si hubo pago de rescate.

“Para nadie es un secreto que hay un apoyo político a Tocorón. ¿Por qué no lo han intervenido y a otros penales sí?”, se preguntó Carrillo, “se han detenido personas que debían estar presas en Tocorón y nos han ordendo soltarlas”, dijo, en un comentario similar al hecho por el inspector Francisco Sánchez, cuando se topó con el Niño Guerrero en un yate.

En su relato, Carrillo se refería a los principales de la prisión con la misma nomenclatura con la que entre policías acostumbran denominar a los jefes policiales: el uno, el dos, el tres… según el nivel jerárquico. “El dos de Tocorón es ‘Gordo secuestro’”.

En el estado Zulia no hay presencia confirmada del Tren de Aragua. En algún momento se le vínculo a una banda llamada Tren del Norte, liderada por un excolega del Niño Guerrero. Pero este hombre, identificado como Edwin Soto Nava, alias “El mocho Edwin”, se suicidó en Colombia en 2021 y el grupo criminal ya no existe.

Dos fronteras con Colombia

Los primeros indicios de la presencia del Tren de Aragua en Táchira se conocieron en 2019, cuando se reportó en mayo la muerte de uno de sus integrantes en un supuesto enfrentamiento con el CICPC. Luego, en junio, fueron detenidos varios de sus miembros mientras transportaban un cargamento de marihuana crypi. En febrero de ese año se había registrado una considerable movilización de personas hacia las trochas (pasos informales en la frontera entre Colombia y Venezuela) para impedir o facilitar –dependiendo de la inclinación política— el ingreso de la ayuda humanitaria prometida por el entonces recién proclamado presidente interino Juan Guaidó.

En el lugar se concentraron manifestantes que apoyaban, unos a la oposición y otros al oficialismo, había colectivos, en particular el Colectivo de Seguridad Fronteriza, y también hubo denuncias sobre la presencia de presos usados para impedir el ingreso de los camiones con comida y alimentos desde Colombia. Aunque esta versión nunca fue confirmada, no es descartable que ese hecho le haya abierto la puerta al Tren de Aragua en esa frontera, conociendo los antecedentes del uso como “ejército de mercenarios” que al parecer se les ha dado a los privados de libertad, en particular a los de Tocorón. Es probable que el Tren de Aragua aprovechara la movilización de gente y la confusión por la confrontación política para instalarse en el lugar.

Desde entonces se cuentan por docenas los reportes y noticias sobre el Tren de Aragua en las trochas y en la localidad de Villa del Rosario, en el departamento Norte de Santander. “El Tren de Aragua controla las trochas del lado colombiano y del lado venezolano las controla el ELN”, dijo una colega de Táchira, a quien le pedí referencia sobre los pasos fronterizos y los grupos armados que controlaban zona. Parecía raro que los venezolanos estuvieran del lado colombiano y los colombianos del lado venezolano. Pero era así.

En septiembre de 2021, cuando todavía estaba cerrada la frontera con Colombia, tuve que pasar por trocha para ir a Cucutá y volver a San Cristóbal, en Táchira. La trocha Las Pampas, la más corta y por la que había cruzado de ida, estaba cerrada, así que de regreso tenía que pasar por La Platanera, trayecto de más de media hora caminando que no conocía. Dos trocheros o guías me ofrecieron su ayuda y tuve que aceptar. Al concluir el recorrido, ya del lado venezolano, les pregunté que si era verdad que el Tren de Aragua estaba por allí. “¡Claro! Usted tuvo suerte porque le tocamos nosotros, que somos como decir ‘los ángeles buenos’, ellos son unos diablos”, dijo uno de los muchachos en voz baja.

El gobernador de Táchira, Freddy Bernal, también confirmó la presencia de la megabanda en esa entidad en febrero y marzo de 2022. Afirmó que operaban en La Parada, del lado colombiano, y que de allí habían intentado moverse hacia el interior del estado. Aseguró que les aplicaría el mismo método que al Clan del Golfo, Los Urabeños y Los Rastrojos, grupos colombianos que fueron perseguidos y expulsados del terrirorio venezolano durante la gestión de Bernal como protector de Táchira. También anunció patrullajes con unidades especiales en San Antonio y Ureña para evitar la expansión del Tren de Aragua, y responsabilizó a este grupo de lanzar una granada en Ureña. “Mientras sea gobernador, el crimen organizado no volverá a penetrar al Táchira. Esos tiempos oscuros de paramilitarismo, extorsión, secuestro se acabaron y no van a volver al Táchira”, dijo, según publicaron medios de comunicación.

También aseguró que el Tren de Aragua había llegado a ese estado fronterizo en 2019, con motivo del ingreso de la ayuda humanitaria, y vinculó al grupo con la oposición venezolana.

Adicionalmente, han sido noticia los supuestos enfrentamientos entre el ELN y el Tren de Aragua por el control de estas trochas, que han dejado varios muertos. Es importante precisar que las trochas no son usadas solo para el paso de personas; también sirven para mover mercancía de contrabando de un país a otro. Entre lo que se podía ver destaca la chatarra, que pasa en carretillas, motos y otros vehículos; y los víveres y alimentos. En los alrededores de los pasos hay cultivos de marihuana.

Este tráfico incesante de personas en esa frontera –más de 100.000 personas cruzan en promedio cada año– ha venido transformando las dinámicas criminales, con el Tren de Aragua como una fuerza emergente, dispuesta a abrirse paso a sangre y fuego. Además de las trochas, el Tren de Aragua está detrás de algunas de las agencias que ofrecen paquetes para llevar a los migrantes desde San Antonio, en Táchira, hasta la frontera entre México y Estados Unidos por 4.500 dólares, y tiene emisarios en los accesos del puente Simón Bolívar que cobran 10 mil pesos colombianos (2 dólares) a las personas que llegan para ingresar a Venezuela.

Otra frontera que intentaron conquistar, sin éxito, es la que comparten Apure y Arauca. Entre julio y agosto de 2021, intentaron entrar en esa conflictiva zona, históricamente dominada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la guerrilla venezolana Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL).

Habían transcurrido apenas unos meses desde el conflicto armado entre el Frente Décimo de las Disidencias de las FARC y la Fuerza Armada venezolana, conocido como “la guerra de Apure”. Los enfrentamientos, que comenzaron en marzo y se extendieron casi hasta junio, dejaron más de 5.000 desplazados del lado venezolano, 9 civiles muertos y denuncias de ejecuciones extrajudiciales y violaciones de derechos humanos por parte de la FANB, y sus aliados de la FAES, una especie de escuadrón de la muerte creado por el Gobierno de Maduro en 2017, al que ya nos hemos referido. Los guerrilleros ganaron lo que, según se comprobó en enero de 2022, había sido solo una batalla y no la guerra. Mataron a 20 militares, tomaron como rehenes a otros 8 y forzaron a sus viejos aliados del chavismo a negociar para terminar el conflicto.

En ese contexto comenzaron a llegar miembros del Tren de Aragua, que pretendían, entre otras cosas, controlar los pasos por el río Arauca, y disputar los negocios de las Disidencias del Frente Décimo las FARC. Entonces comenzó una nueva guerra, esta vez eran los del mismo grupo de las ex-FARC y los enviados de Tocorón, al mando de Darwin Rafael González Castillo, alias “El Enano”. Como ocurrió en Petare, con Wileixis, los muchachos del Tren de Aragua no lograron su objetivo, el líder fue secuestrado y asesinado por las disidencias, luego de que fuera grabado un video, similar a los que suele hacer la meganbanda antes de ejecutar a sus víctimas. Los que quedaron vivos huyeron del lugar. Pero también hubo bajas en el grupo colombiano.

La pequeña guerra duró aproxidamente un mes, con más de una docena de asesinatos de parte y parte, y a ambos lados de la frontera, según reportó el medio digital Crónica Uno. Una funcionaria de la Defensoría del Pueblo de Colombia dijo, a modo de confidencia, que “llegamos a pensar que habían sido enviados para ver si ellos sí podían derrotar a las disidencias. Eso era lo que comentaba la gente aquí en Arauca”. Aunque nuevamente la exguerrilla de las FARC salió victoriosa, en enero 2022 sí fue derrotada en Apure, pero no por el Tren de Aragua, sino por el ELN.

Sucre y la península tomada por el narco

La “tierra de gracia” a la que llegó Cristóbal Colón en 1498, en su tercer viaje a América, es hoy un paraíso exclusivo para el narcotráfico. No es algo nuevo, es así desde hace al menos 10 años, lo han denunciado periodistas y dirigentes políticos. Los pueblos a lo largo de la Península de Paria, en el estado Sucre, al oriente de Venezuela, están controlados por poderosas bandas armadas. Muchas industrias han cerrado, la actividad turística casi no existe y sus playas paradisíacas son utilizadas para el tráfico de drogas, el contrabando de cobre, el tráfico y la trata de personas, entre otros delitos. Lo nuevo aquí es que desde 2018 los grupos criminales que tienen el poder ahora son foráneos, como el Tren de Aragua, supervisan y limitan el acceso a estas localidades junto a funcionarios militares, haciendo que estas costas sean prácticamente inaccesibles para turistas y desconocidos.

San Juan de Unare es uno de esos pueblos. Lo visité en 2022 –junto a unas personas que harían trabajos de infraestructura— y tuve la sensación de que estaba en un set de grabación de El Señor de los Cielos, la serie de Telemundo sobre narcotráficantes que transmite Netflix. Combina el encanto de los pueblitos del interior del país, una pequeña iglesia en el centro, rodeada por una plaza también pequeña, niños jugando fútbol, algunas casas viejas con techos a dos aguas y grandes ventanales, y una playa de oleaje suave y aguas tibias. Pero esa estampa bucólica contrastaba con una decena de camionetas Toyota de alta gama y de distintos modelos, que eran casi los únicos vehículos que se veían en el lugar. La mayoría estaba estacionada en los alrededores de la plaza, cerca de un local grande donde había peleas de gallos, apuestas, cervezas y se escuchaba un vallenato.

Aunque el pueblo no está deshabitado se veía poca gente en las calles. Algunos hombres en short y franelas en la gallera y otros sentados frente a una licorería. No había muchas mujeres. Caminé hasta la playa y antes de que pudiera tomar la primera foto de ese paraíso, tenía detrás de mí a dos parejas de funcionarios de la GNB en motos. No se me acercaron. Solo se estacionaron y no se movieron de allí hasta que me alejé. No vi personas armadas, pero el ambiente es extraño; sientes que todo el mundo te vigila, militares y lugareños. Claro, eres una forastera. Es como si desconfiaran de todos, como si trataran de cuidar y ocultar algo. El pueblo también tiene algunas casas llamativas y disonantes, construcciones de dos y tres niveles, con fachadas cubiertas de cerámica.

Permanecimos allí no más de dos horas. Cuando nos íbamos, un hombre en moto nos “escoltó” hasta la salida del pueblo. Antes de llegar al punto de control que comparten el Ejército y la GNB, nos adelantó, se detuvo y se quedó mirando hacia el vehículo hasta que abandonamos el lugar. Como si quisiera dejar claro que nos estaban observando. Esta vez los militares, algunos de ellos con uniformes de campaña y pasamontañas, no nos detuvieron como lo hicieron cuando llegamos, que revisaron el vehículo minuciosamente en busca de armas y droga, antes de dejarnos entrar.

El acceso a San Juan de Unare está totalmente controlado por funcionarios de estos componentes de la FANB. A lo largo de la deteriorada carretera que conduce al pequeño pueblo hay media docena de alcabalas (retenes) de militares también. En todas, absolutamente en todas, revisan los pocos vehículos que circulan, incluso con perros, y preguntan: “¿Para dónde van?” y “¿Qué van a hacer allá?”. Si no tienes una buena justificación, simplemente no te dejan pasar. No sé si era así antes de noviembre de 2021, cuando alias Malony, líder del Tren del Llano, y aliado del Tren de Aragua, murió durante un operativo especial ejecutado por cuerpos de seguridad enviados desde Caracas.

Malony gobernaba San Juan de Unare desde 2019. Tenía a su cargo la supervisión y seguridad de toda la actividad del narcotráfico y eso le daba autoridad sobre el pueblo. Organizaba fiestas para los niños y entregas de alimentos para la comunidad. Hay dos versiones sobre su muerte y la de aproximadamente 15 de sus lugartenientes. Unos dicen que se quedó con el dinero de una droga y otros que el crecimiento de su poder incomodó a sus superiores.

¿Quién sustituyó a Malony en San Juan de Unare? No se sabe. Lo que sí es claro es que la operación de narcotráfico no se ha detenido desde esta costa que tiene enfrente a Granada, Santa Lucía, Barbados y una hilera de islas. En este pueblo del municipio Arismendi, a más de 600 kilómetros de Caracas, ahora los militares ocupan las garitas que usaban los miembros del Tren del Llano, con el aval del Tren de Aragua.

Pero esta historia tiene su antecedente en 2018 en otro pueblo costero y paradisíaco del mismo municipio: San Juan de Las Galdonas. La última semana de septiembre de ese año el pueblo se convirtió en un campo de batalla. Las huellas de los proyectiles disparados durante casi una semana de combates, entre grupos armados que se disputaban este otro importante territorio para el tráfico de drogas, todavía se ven en el campanario y las paredes de la iglesia del pueblo. También están en los muros de varias casas y en los recuerdos de las pocas personas que aún viven en esa localidad costera.

Los habitantes cuentan que, además de las balas, se escuchaban sierras eléctricas junto a gritos de dolor. En las calles quedaron esparcidos varios cuerpos desmenbrados, el pueblo olía a sangre y todos tenían miedo. Desde la matanza, San Juan de Las Galdonas es como un pueblo fantasma, los que no murieron huyeron del lugar, dejando sus casas abandonadas. Las pocas personas que quedan todavía tienen miedo de hablar de lo ocurrido, recuerdan esos tres días y dos noches con horror porque no solo acabaron con la megabanda de San Juan de Las Galdonas, integrada y liderada por lugareños que se habían dedicado a esta actividad criminal, sino que además dejó sin hijos, sin nietos, sin turismo, sin vida a esa comunidad costera.

Ante la inexistencia de un pronunciamiento oficial, y vista la gravedad del incidente, la Iglesia Católica elaboró un documento en el que se denuncia que se trató de un enfrentamiento entre las bandas de San Juan de Unare y San Juan de las Galdonas, que tuvo su origen en el “tumbe” (robo) de más de una tonelada de cocaína y una significativa cantidad de dólares y euros. “San Juan de las Galdonas fue tomada por el grupo liderado por ‘Lucifer’ (alias del entonces jefe de la banda de San Juan de Unare) y estuvieron bajo fuego cruzado durante tres días”, dice el informe elaborado por el obispo de Carúpano, Jaime Villarroel. Agrega que hubo “más de 50 muertos, algunos de ellos desmembrados (…) gran parte de los muertos fueron recogidos y lanzados al mar para no dejar evidencia”.

Aunque desde el Gobierno no se informó de lo ocurrido, la zona fue militarizada, pero los enfrentamientos intermitentes y las matanzas continuaron hasta comienzos de 2019. La banda de San Juan de Unare ganó finalmente la guerra. Pero no lo hicieron solos. Para lograrlo contaron con refuerzos del Tren de Aragua. “Estos grupos están formados en una gran mayoría por personas que están detenidas en las cárceles y que se les ofrece formar parte de estas bandas para defender el negocio del tráfico de drogas. Si luchan y vencen quedan en libertad”, dice el documento de la Iglesia.

Juan Carlos es uno de esos presos. Llegó a San Juan de Las Galdonas a mediados de 2018. Fue enviado allí desde la prisión de Tocorón −así se lo contó a una de las mujeres del pueblo− con una misión y una promesa. “Si ganamos la guerra, ganas tu libertad”, le dijo el pran antes de hacerlo subir a uno de los buses que lo trasladarían junto a un centenar de presos desde la cárcel ubicada a más de 700 kilómetros, en Aragua. Él lo logró, sobrevivió y consiguió su libertad, pero quedó atrapado en un pueblo alejado del centro del país, sin dinero y sin familia. Allí estuvo deambulando durante varios meses hasta que no se supo más de él. En los meses que siguieron a la matanza llegaban al pueblo mujeres en busca de sus hijos, que estaban presos en Tocorón y fueron enviados a San Juan de Las Galdonas, contó un sacerdote que atendió a algunas de estas madres.

Nuevamente aparece la figura del ejército de mercenarios, de la que ya hemos hablado, en la que los presos son utilizados como carne de cañón para reforzar a alguna banda en una de estas guerras, donde se involucra el Tren de Aragua. En este, como en otros casos, la motivación no es acabar con el delito o la criminalidad, la lógica es dejar al frente de los negocios ilícitos a una sola organización, con un solo jefe, confiable, y no tener que lidiar con varios grupos incómodos, rebeldes y poco disciplinados. Luego de la matanza, hasta las bandas criminales abandonaron San Juan de Las Galdonas. La operación de narcotráfico se concentró en San Juan de Unare, y en Guarataro, donde como dijimos en un capítulo anterior, hay presencia del Cartel de Sinaloa.

Droga, trata y reclutamiento en Güiria

A Güiria, la capital del municipio Valdez, en la misma Península de Paria, al otro lado, en la costa sur, justo frente a Trinidad y Tobago, también llegó el Tren de Aragua. Pero de una manera diferente. En 2017 comenzaron a traer presos de Tocorón que tenían la tarea de desplazar a las bandas que históricamente habían cotrolado los negocios ilícitos en esa costa de fácil salida a Europa y África. Empezaron en Río Salado, un pueblo costero. “Solamente le decían a la gente de las otras bandas: ‘mira, no, ya tú no puedes trabajar aquí. Tú vas a trabajar para nosotros’. Obviamente ellos tenían un control mayor de armas de fuego”, explicó Felipe Acosta, un comerciante que ha vivido por más de 40 años en el que fue uno de los más importantes ejes industriales del estado Sucre.

Están también en La Salina, Las Guaramas, Valle Verde parte del centro del pueblo de Güiria. “Tienen presencia como en toda la costa”, aseguró el comerciante y explicó que todo el pueblo está organizado por el grupo. Tienen personas designadas por calles para controlar la seguridad, los problemas sociales e incluso en temas políticos. Tienen más armas de mucha potencia y una dinámica distinta. “Eso de matarse entre ellos no existe, sus enemigos son otros. Se dice que le trabajan al Gobierno”, dijo Acosta.

Al igual que en San Vicente y Las Claritas, cobran vacuna a los comerciantes de los pueblos que controlan. Dan donaciones de comida, hacen fiestas para las madres y los niños, promueven actividades deportivas y culturales en las comunidades y no permiten los robos. Con esto se han ganado el apoyo y la simpatía de mucha gente. “Cualquier actor social, el que menos tú crees, tiene que ver ellos, por eso es un tema muy delicado hablar de eso acá, porque cualquier maestro, abogado o ama de casa puede formar parte de esta organización”, explicó Alexis Hernández, joven empleado de un abasto.

Pero más allá de las semejanzas en el modelo gobernanza instaurado, el caso de Güiria tiene sus particularidades. La razón por la que los presos de la Casa Grande comenzaron a llegar al pueblo es que Carlos López, alias “Pilo”, uno de los jefes de Tocorón –no está claro si se trata de un lucero de la alta o de un principal— es originario de Güiria. Este hombre lidera desde la prisión toda la estructura del narcotráfico en los pueblos costeros del municipio Valdez. Y ha implantado un modelo bastante singular: Los presos son enviados a pueblos casi inaccesibles, donde no hay transporte. Los instalan en caseríos y son los encargados de recibir, custodiar y mover los cargamentos de droga. Pero siempre en tierra firme, no están autorizados para ir al mar. No pueden salir del lugar que les asignan. De alguna manera siguen presos, aunque no están en la cárcel, y son supervisados y vigilados por los luceros de la organización.

“Sabemos que no es gente de aquí por los rasgos físicos, muchos están todos tatuados y cuando preguntas los mismos vecinos te dicen de la forma más discreta que no son de acá, vienen de las cárceles. El dialecto también es totalmente distinto al nuestro y el aspecto físico. Entonces es una realidad y ya la gente en las comunidades lo aceptó así”, dijo Hernández.

La otra parte de la estructura la componen los “criollos” o personas originarias de Güiria, que pertenecían a las bandas locales y que conocen el mar y saben como moverse en la costa. Otros son reclutados aquí. Ellos son los encargados de trasladar la droga fuera de Venezuela, muchos eran pescadores, que se quedaron sin sustento, narró el comerciante Felipe Acosta. Igual que en San Vicente y Tocorón, la operación de Güiria, que tiene como base Río Salado, tiene sus tres papás: “Albert”, que está en Río Salado; “Ismael”, que está Guarama y Pilo, que es el número 1 en Tocorón. Se calcula que el grupo allí tiene más de 300 hombres.

Hernández explicó que la organización incluso ha enviado a emisarios que van y vienen para vigilar la operación en las islas cercanas. “A Granada, Martinica, Barbados, Santa Lucía, porque ellos se encargan de toda esta zona. De hecho, hace un año atraparon una embarcación de Güiria en Barbados; iba con mercancía de aquí para Europa”.

Pero, además de drogas, en las embarcaciones llevan cobre, mujeres para la trata y personas que quieren emigrar a Trinidad y Tobago, entre otros. Alexis Hernández explicó que el mecanismo de reclutamiento de mujeres jóvenes para la trata son los certámenes de belleza: “En estos concursos de belleza a las chicas que ganan, por ejemplo, les dan celulares, dinero, las ayudan con lo que necesitan. Y quienes te organizan el concurso son personas completamente confiables en el pueblo, pero están vinculadas con ellos y cuando te das cuenta establecen las relaciones de trata. Así es la captación, a las chicas las empiezan a invitar a fiestas, algunas se hacen parejas de los pranes y después ya entran en el proceso de trata. Las mandan a Trinidad”.

Al llegar a Trinidad y Tobago, las chicas, muchas veces menores de edad, son vendidas a las redes de trata por más de 500 dólares, pues ese apenas es el costo del viaje de la muchacha. En los últimos cuatro años se han reportado naufragios y desapariciones de embarcaciones que salieron de Güiria con migrantes y mujeres para la trata. En todos los casos el Gobierno ha suministrado poca o ninguna información, y ha habido denuncias sobre una inexistente disposición a investigar lo ocurrido y rescatar a las víctimas. No se sabe con certeza si hay responsabilidad del Tren de Aragua en estos casos.

A finales de 2022, el grupo protagonizaba una nueva disputa con otros actores delictivos en Paria, por el control del pueblo de Irapa. La Península de Paria, por cierto, es un parque nacional, por lo que la Guardia Nacional y la Armada tienen presencia permanente en todo su territorio.

7.

La expansión internacional

El control de las fronteras en Suramérica, la advertencia de un Presidente y las iglesias en Florida

Yandris salió de Tocorón a finales de 2020, luego de pagar una condena de 15 años de cárcel por un homicidio que, según él, no cometió. Pero antes de abandonar la prisión recibió una oferta de trabajo.

—¿A dónde quieres ir: Colombia, Chile, Perú, Ecuador...? Donde tú prefieras −le dijeron los principales del Tren de Aragua, con la naturalidad de un empresario cuando contrata a sus empleados.

Le explicaron que tenían “plazas”, como llaman los territorios donde controlan el microtráfico de drogas, las extorsiones y la prostitución en esos países, y le ofrecieron trabajar como parte de la organización en una de esas plazas.

Propuestas similares reciben casi todos los privados de libertad cuando dejan la Casa Grande, pertenezcan o no a la megabanda. Ya el comisionado Marcos Pérez nos había hablado de esta modalidad, pero nos parecía poco creíble, como mucho de lo que se le atribuye al Tren de Aragua. “Buscan a las personas que han estado presas en Tocorón, les ofrecen dinero para abrir negocios aquí (en Venezuela), comercios y ventas de comida, luego les piden que los ayuden a recibir el dinero de las extorsiones y después les dicen que necesitan que se vayan a alguno de los países donde tienen sus negocios”. Así es en el caso de las personas que no forman parte de la organización, y el oficial conoce varias historias similares.

Pero con Yandris fue diferente. Él sí pertenecía a la pandilla cuando estaba en prisión. Por eso la oferta fue inmediata y directa, privilegian la posibilidad de contar con alguien que conoce los códigos de la organización, porque saben que eso es garantía de confianza y lealtad. Los que han vivido en La Casa Grande saben lo que pasa si se “comen la luz”.

La lógica de los jefes de la megabanda es simple. Las personas que salen de una prisión −al menos en Venezuela— no tienen recursos, muchos fueron olvidados por sus familias y caracen de oportunidades laborales. ¿Quién le ofrece trabajo a un exconvicto? Bueno, es allí, en ese otro bache del Estado y la sociedad, donde los papás del Tren de Aragua encontraron una cantera para reclutar la mano de obra que necesitan para sus operaciones en Venezuela y el exterior. Las funciones que desempeñan estos expresidiarios en las plazas son diversas y varían según el grado de vinculación y confianza, y de las habilidades de cada persona. A los más cercanos al pran, generalmente luceros de la alta, se les entrega una plaza para administrar; son los jefes de plaza. Luego hay cobradores, administradores, pegadores (los que matan, secuestran, cobran las extorsiones y hacen las tareas violentas) y sicarios, entre otros “cargos”.

Todos reciben pagos según la función que desempeñan. Como corresponde a un expatriado, a los jefes de plaza también les pagan el viaje y les dan recursos para montar la operación y abrir los negocios fachada. En la estructura también hay mujeres, con funciones variadas. En algunos casos gestionan la relación y los cobros a las chicas víctimas de trata. “En todos los negocios se va necesitando más gente y muchas veces no son expresidiarios, sino personas que se contratan y al trabajar para el grupo ya son parte de la banda”, explicó Yandris, quien insistió en que no todos los presos de Tocorón son parte del Tren de Aragua. Sin embargo, la prisión es la principal fuente de personal para la megabanda. La Casa Grande ha llegado a tener más de 7.000 presos, aunque el flujo de ingresos y salidas de privados de libertad en los últimos años no es tan masivo como antes, la movilidad de prisioneros es constante. En Venezuela el número de privados de libertad oscila entre 30.000 y 40.000 personas.

De esta manera, la organización opera en el exterior con células que reportan directamente al Niño Guerrero en Tocorón. Son lideradas por luceros de la alta, que tienen bajo su mando a expresidiarios y a personas que son contratadas para trabajar en los negocios, que generalmente son fachadas para encubrir actividades ilícitas y lavar dinero. Como el caso de las 100 motos compradas por miembros del Tren de Aragua en la localidad de Tarapacá, en Chile, para ser arrendadas a inmigrantes venezolanos desempleados, que ingresaron de forma irregular, que las utilizan para trabajar como delivery. La organización les promete ingresos hasta por 600 dólares, pero les quita un porcentaje por el alquiler de los vehículos. Eso dice un informe de octubre de 2022 de la fiscalía chilena.

Los ingresos de manera legal a Chile de Larry Changa y alias “Estrella”, con un pasaporte a nombre de una persona que no existe, Carlos González Vaca, muestran otra arista dentro del proceso de expansión. ¿De qué modo estas dos personas obtuvieron pasaportes venezolanos antes de mediados de 2021, mientras millones de connacionales esperaron años para conseguir ese documento de identidad? Y la otra pregunta es: ¿qué dicen los registros de antecedentes penales de estos exconvictos? y ¿cómo los obtuvieron? Esto lleva a suponer la existencia de una estructura de corrupción que les facilitaría los pasaportes y limpiaría sus antecedentes.

Aunque no hay nada que pruebe que políticas gubernamentales exprés para descongestionar las prisiones (Plan Cayapa y Régimen de Confianza Tutelado) tengan algo que ver con la internacionalización del grupo delictivo, en junio de 2021, la ONG Una Ventana a la Libertad publicó que 1.410 reclusos fueron puestos en libertad desde que se inició la pandemia hasta junio de 2021. Según Yandris, es falso que los presos sean enviados a otros países, a los pueblos costeros de Sucre, o a las minas de Bolívar. “No son presos, los presos no podemos salir. Son personas ya que consiguieron su libertad y se van a trabajar para allá”, aseguró. No sabemos si Yandris aceptó la propuesta, la última vez que hablamos con él dijo que estaba en Colombia.

No hay una fecha exacta de cuándo comenzó la expansión internacional del Tren de Aragua, pero los testimonios, reportes de prensa y datos recopilados en esta investigación apuntan a que 2017 fue clave. Fue el año de mayor conflictividad política, social y económica del país, y cuando comenzó la tercera gran ola migratoria, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) 2019-2020. Y está claro que, en su internacionalización, la megabanda siguió la ruta de los migrantes venezolanos.

Para comprender lo que para muchos es una sorprendente y veloz expansión internacional de esta organización criminal es necesario tomar en cuenta tres factores fundamentales que hemos mencionado antes: el deterioro económico del país desde 2013, la migración masiva de venezolanos y las equivocadas políticas penitenciarias y de seguridad.

En realidad, y si lo simplificamos al extremo, la expansión internacional del Tren de Aragua ocurrió, estrictamente, por razones económicas; tácticas más que estratégicas, pues sus miembros se estaban quedando sin trabajo. 

La depresión económica de Venezuela disminuyó la distribución de renta por parte del Estado. Es decir, todo el mundo comenzó a ganar sensiblemente menos. Esto llevó a la quiebra de muchas empresas y comercios; el retiro de empresas trasnacionales que ya no encontraron compensación suficiente para sus pérdidas; y el empobrecimiento general de grandes capas de la población.

Y así se incrementó la agudización de la migración, que desde la llegada de Chávez al poder había sido gradual, pero creciente. En el caso de los grupos delictivos comenzó primero una migración interna, hacia los centros rurales donde se movían las economías ilícitas más rentables: Bolívar, con el oro, y Sucre, con el tráfico de drogas. Luego vino el salto al exterior.

Colombia

El 26 de enero apareció el primer cadáver en el barrio La Soledad, en la localidad de Teusaquillo, Bogotá. El cuerpo de un hombre, desmembrado y envuelto en bolsas plásticas, fue arrojado en la diagonal 42A con carrera 22, oculto entre escombros.  

A finales de enero de 2022 fue encontrado el cadáver de otro hombre dentro de una bolsa en las cercanías del Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, al norte de Bogotá. De acuerdo con el portal de RCN entre el 17 de febrero y el 27 de marzo las autoridades reportaron otros tres cuerpos desmembrados en las localidades de Puente Aranda, Kennedy y Antonio Nariño. Y desde comienzos de abril a mayo ya se contaban por decenas los macabros hallazgos en la capital colombiana.

Inicialmente los investigadores de la Sijin −la Seccional de Investigación Judicial de la Policía Nacional de Colombia− manejaron la hipótesis de que se trataba de crímenes vinculados al narcotráfico. Pero los casos aumentaban: en julio ya sumaban 16 y para entonces estaba establecida la existencia de elementos comunes.

Un agente de la Sijin citado por RCN explicó que las víctimas eran hombres de entre 25 y 35 años, de contextura delgada, que no eran habitantes de la calle y que aparecían desmembrados y envueltos o metidos dentro de bolsas plásticas de color negro. También tenían signos de tortura. En julio, un investigador le dio otros detalles a la revista Semana: los signos de violencia revelados por las autopsias indicaban un patrón de tortura aplicado con conocimiento de técnicas forenses. A las víctimas les fracturaban los brazos, las piernas y la mandíbula; eran atadas por la espalda y terminaban ahorcadas por el peso de sus propios cuerpos. 

No eran, por supuesto, asesinatos “comunes” dentro de los casos conocidos de enfrentamientos por el control de plazas entre traficantes de drogas. La tortura, la forma en la que murieron estos hombres −muchos de ellos ni siquiera han podido ser identificados−, el desmembramiento de los cuerpos, la manera en la que fueron arrojados embolsados en distintas partes de la ciudad, indicaban algo más: ¿un mensaje? ¿una venganza?

Los misterios comenzaron a resolverse con la captura de dos personas el 12 de julio de 2022. Ese día cayeron en manos de la policía Víctor Manuel Quintero, alias “Capi”; y Alfredo Brito Páez, alias “Alfredito”, dos venezolanos miembros del Tren de Aragua. En sus teléfonos celulares se encontraron videos en los cuales los detenidos se grababan mientras torturaban y asesinaban a sus víctimas.

Alfredito y Capi eran buscados por el asesinato de un joven perpetrado en el sector La 38, en Kennedy, una muy poblada localidad al suroccidente de Bogotá. Ambos fueron acusados por homicidio agravado y tortura.

La Policía de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación se montaron tras la pista de Alfredito y Capi, luego procedieron al allanamiento de un inmueble en el que operaba un centro de secuestro y tortura del Tren de Aragua.

Se trata de un lugar que se conoce como el “Hotel Negro”, una edificación de dos casas conjuntas, en Kennedy, que funcionó como un verdadero centro de terror. Testimonios recogidos por la revista Semana y evidencias en videos que maneja la policía revelaron que a ese lugar eran conducidos los hombres secuestrados por el Tren de Aragua y allí eran sometidos a torturas aplicadas hasta la muerte. Posteriormente los cuerpos eran sacados en horas de la madrugada envueltos en bolsas plásticas. Algunos vecinos −todos parecían saber lo que allí ocurría− relataron que solían escuchar desde las calles los gritos de dolor de las víctimas.

“Las paredes de este antro del miedo son testigos, dicen los informantes, de una masacre que a cuentagotas se hace invisible en la zona. El lugar no tiene nomenclatura, los baldosines donde estaban las direcciones los despegaron. Son cuatro pisos de una tenebrosa fachada de cerámica negra que poco a poco se desmorona. En el primer piso, están los locales comerciales que solo abren por la noche. El resto, son habitaciones maltrechas que funcionan como pagadiarios”, se lee en el reportaje de Semana. 

Y sigue: “No hay un aviso o razón social, pero todos en la zona lo conocen así: el Hotel Negro. Saben que es la guarida de los asesinos. A quien meten a la fuerza en esos edificios, lo desaparecen. Para llegar a este centro de torturas hay dos maneras: por la avenida Ciudad de Cali o la 38, una calle larga, congestionada y desbaratada; impregnada de comercio, tráfico de estupefacientes, prostitución, vendedores informales, camiones, carros, motos, bicitaxis, humo, polvo, basura, todo mezclado”.

Los crímenes, en efecto, tienen su origen en disputas por el control de territorio. El Tren de Aragua se impone en la zona. Las víctimas eran miembros de otras bandas locales y recibían el nombre genérico de “prestados”.

“Como si se tratara de una violenta película de acción, espías y asesinos, los sicarios reciben la orden, con foto de la víctima, de secuestrar y torturar. Los llevan al Hotel Negro, los meten en la habitación y arranca la barbarie que solo se describe en las necropsias que hace Medicina Legal, muchos comparten los mismos signos de violencia: golpes, asfixia y heridas causan la muerte”, dice la nota de Semana.

Entre las pocas víctimas identificadas de estos macabros crímenes figuran dos jóvenes procedentes de Socopó, una población en el estado Barinas de Venezuela: Yofran Wilyordy Roa Dávila y Jhonathan Acevedo. Ambos habían emigrado a Colombia en momentos diferentes, se encontraron allá y se instalaron en Bogotá. Habían sido reportados como desaparecidos por sus familias en abril de 2022.

Además del Hotel Negro, la policía allanó por esas fechas otro centro de torturas y asesinatos llamado “La Casa de los Masajes”, ubicado en el barrio San Bernardo y que sería el lugar de operaciones del Tren de Aragua para Santa Fe-Los Mártires, una zona central de la ciudad. Se estima que en cada zona en la que la megabanda venezolana toma el control instala una de estas casas del terror como centro de operaciones, además, para el tráfico de drogas y la extorsión a comerciantes que reciben constantes amenazas vía WhatsApp.

Tan solo a Alfredito, el sicario más sanguinario del Tren de Aragua capturado, se le atribuyen 46 homicidios. El venezolano tiene 24 años y llegó a Colombia para asesinar e imponer a la banda porque sus actividades −que comenzaron en 2017− presuntamente encontraron resistencia entre los grupos de delincuentes locales. Alfredito, quien luce un tatuaje en uno de sus brazos que dice “Sólo Dios puede juzgarme”, se convirtió en el repartidor de muerte en Bogotá, actuando bajo instrucciones giradas por los pranes de Tocorón desde Venezuela.

Alfredito no se limitaba a matar y torturar: se grababa en videos con sus víctimas y tras cada asesinato solía salir a festejar en bares cercanos donde se ufanaba de sus crímenes.

Paradójicamente, en julio el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Eliécer Camacho, celebraba la reducción de los homicidios en la capital colombiana: “El primer semestre del año 2022, comparativamente el más bajo en los últimos 20 años, tenemos una tasa de 6,0 por 100.000 habitantes, la más baja del país. Igualmente, una reducción del 15 % en el primer semestre en el tema del homicidio comparado con el año 2021”. 

Pero en zonas específicas como Kennedy, Bosa, Rafael Uribe Uribe, Los Mártires y Suba, la estrategia que acorraló a la delincuencia tuvo la indeseada consecuencia de abrir espacios para la entrada de otros grupos que se disputan el control. Y entre los nuevos actores, el Tren de Aragua marcó su presencia de forma brutal y sanguinaria. 

“Hay una pugna, efectivamente, territorial, y el Tren de Aragua, que es una organización internacional. La Fiscalía ha logrado evidenciar que existe toda una estructura, toda una caracterización de la misma y efectivamente las pruebas que se recaudaron demuestran que ellos le reportan a sus superiores, a los cabecillas en Venezuela”, dijo en ese momento José Manuel Martínez, Director Seccional de Fiscalías en Bogotá.

Un par de meses antes de estas revelaciones, uno de los jefes de inteligencia de la policía de Colombia había negado con vehemencia la presencia del Tren de Aragua en su país, durante una reunión privada entre miembros de cuerpos de seguridad de varios países de la región.

Las acciones del Tren de Aragua han escalado incluso al ámbito político y la propia alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció personalmente las detenciones de algunos de sus miembros, a quienes responsabilizó de los 23 cadáveres en bolsas que habían sido localizados en la capital colombiana. En septiembre publicó en su cuenta de Twitter: “Radicamos en @CancilleriaCol solicitud para que gobierno venezolano penalice efectivamente a cabecillas del Tren de Aragua que siguen delinquiendo desde cárcel Tocoron...”, junto al documento que había enviado al canciller de su Gobierno Álvaro Leyva.

En su escrito, López le pide al ministro interceder ante las autoridades judiciales y penitenciarias del gobierno de Venezuela para “reforzar las medidas de efectiva privación de libertad de Héctor Rusthenford Guerrero Flores alias ‘Niño Guerrero’ y alias ‘Giovanny o Viejo’, cabecillas del grupo delincuencial transnacional denominado Tren de Aragua, que actualmente cumplen condena en el Centro Penitenciario Tocorón de Aragua”.

Sus denuncias generaron una respuesta de Diosdado Cabello, diputado y segundo vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), considerado el segundo hombre fuerte del Gobierno. “Para variar, la señora le echa la culpa a Venezuela. Si usted (Claudia López) tiene allá al ‘Tren de Aragua’, échele lo que usted quiera, esos no le duelen al gobierno de Venezuela porque nosotros no tenemos nada que ver con ellos”, dijo en una de las poquísimas ocasiones en que un funcionario del oficialismo menciona al grupo criminal.

Aunque la ola de violencia parece haber cesado, las actividades del Tren de Aragua en Bogotá continúan con el microtráfico de drogas y el control de algunas plazas de prostitución. En este negocio también captan a mujeres de Colombia y Perú, no solo venezolanas. La fiscalía también ha procesado denuncias por “secuestros de vehículos” en la capital de Colombia −similares a los que hacen en Venezuela− que se le atribuyen a la megabanda de Tocorón. La organización ha logrado incluso captar a funcionarios policiales corruptos que trabajan para ellos, a cambio de jugosas coimas.

Con los migrantes

El ingreso masivo de ciudadanos venezolanos desplazados por la crisis económica y política a Colombia fue, como en otros países de la región, una justificación para la entrada del Tren de Aragua en Colombia. De acuerdo al Fiscal General de la Nación, Francisco Barboza, esto habría ocurrido a partir del año 2017. 

Ciertamente, la banda no tenía cómo alcanzar a los empresarios italianos, chinos o portugueses que retornaron a sus países de origen huyendo de los secuestros y la extorsión, y la crisis económica. Lo que sí podía hacer era seguir a los que emigraban a los países de América Latina, a los que se iban por tierra, mezclarse con ellos y aplicar sus estrategias para imponerse en cada lugar que han alcanzado. Estos migrantes se convirtieron además en sus primeras víctimas, y en los difusores involuntarios de sus mensajes de horror. Los extorsionaban, los obligaban a transportar mercancías ilícitas y los secuestraban. En este trayecto, Colombia fue su primer objetivo.

Recién en 2019, la captura de ocho venezolanos en el Municipio Villa del Rosario, de Norte de Santander, permitió confirmar la presencia del Tren de Aragua, de acuerdo a una reseña del diario El Tiempo. La organización estaba asentada en la zona fronteriza para controlar la extorsión de los empobrecidos migrantes que llegaban por pasos informales al país vecino buscando un mejor futuro.

Pero en el territorio entre Cúcuta y San Antonio del Táchira −y en general en toda la frontera− operan grupos guerrilleros −el Ejército de Liberación Nacional, principalmente− y paramilitares con los cuales les tocó enfrentar una dura pelea. Los detenidos por la Policía Metropolitana de Cúcuta actuaban en áreas cercanas al puente internacional Simón Bolívar y eran responsables de al menos 10 homicidios.

Luego intentaron establecerse en la frontera de Arauca y Apure, como contamos en el capítulo anterior, pero las Disidencias de las FARC se lo impidieron.

A principios de febrero de 2022 comenzaron a aparecer evidencias “formales” −más allá de los sonidos de balas, las explosiones y los muertos− del choque entre el ELN y el Tren de Aragua en forma de grafitis en las paredes de viviendas en el caserío colombiano La Parada, en Villa del Rosario: “ELN presente, fuera el Tren de Aragua”. Las pintas, en realidad, corroboraban lo que ya todos sabían, porque la pelea venía dándose más o menos desde 2019 y se recrudeció por el cierre de fronteras como consecuencia de la pandemia por la COVID-19.  En las trochas florecía un negocio de contrabando, paso de drogas y migrantes indefensos muy apetecible para los pranes de Tocorón. También se ha identificado la existencia de algunas agencias de viaje improvisadas, que ofrecen traslados a distintos países de la región, y que son operadas por miembros del Tren de Aragua.

“Encontramos organizaciones como el ‘Tren de Aragua’ y ‘La Línea’, pero también está el ELN, que se encuentran en disputa a sangre y fuego por el control no solamente de las trochas, sino todo lo que tiene que ver con los pasos fronterizos y por lo que significan estos pasos: economías ilícitas que pasan por ahí”, declaró en mayo de 2022 a la agencia EFE, el coordinador de la Red de Derechos Humanos, Enrique Pertuz.

RCN Noticias publicó que el alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, dijo que actualmente el grupo criminal opera también en Cali, Arauca y Antioquia (Medellín), además de Bogotá y Norte de Santander.

Matar al fiscal

Wendre Still Scott Carrillo ingresó a Colombia en 2019 de manera ilegal por algún punto de la frontera con Ecuador. De acuerdo al diario El Tiempo, se estableció en Medellín desde septiembre de 2019. A este venezolano lo contrataron para un trabajo de alto riesgo y lo cumplió. Hoy está preso por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido el 10 de mayo de 2022 en una playa de la isla Barú, en Cartagena, durante su viaje de luna de miel.

Ese día Scott Carrillo llegó a la playa en una moto de agua, caminó por la arena, se acercó y disparó tres veces contra Marcelo Pecci. Lo mató delante de su esposa, para entonces embarazada.

Pecci, de 45 años, era el Fiscal Especial Especial contra el Crimen Organizado en Paraguay y estaba al frente de importantes casos sobre narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado cuyas ramificaciones se extendían más allá de las fronteras de su país, que es considerado un gran productor de marihuana y el mayor puente de cocaína entre Bolivia y Europa.  

Una de sus investigaciones afectó los intereses del Primer Comando de la Capital (PCC), una poderosa organización criminal de Brasil. En 2019, en el marco de una pesquisa contra Hezbolá, Pecci entregó a la DEA al ciudadano libanés Nader Mohamad Farhat, solicitado por un tribunal estadounidense por lavado de dinero. También coordinó el llamado Operativo A Ultranza Py, donde organismos de seguridad de Paraguay actuaron en coordinación con la DEA, agencias de la Europol y la policía de Uruguay para dar un duro golpe a una red en la que participaban organizaciones criminales de Latinoamérica para enviar cargamentos de drogas a Europa y África: más de 30 personas resultaron detenidas en esa investigación, que fue la última del fiscal Pecci.

De modo que el fiscal paraguayo tenía enemigos de sobra. Por eso las primeras hipótesis sobre su asesinato apuntaban al crimen organizado y especialmente al PCC.

Las pesquisas condujeron en la madrugada del 6 de junio a un apartamento en el barrio La Aurora, en Medellín, donde estaban escondidos Scott Carrillo y su cómplice Eiverson Adrián Zabaleta Arrieta, en compañía de dos mujeres venezolanas y un bebé de seis meses.

En el caso de este homicidio fueron detenidas e imputadas cinco personas, incluyendo al organizador logístico del atentado, el exmilitar Francisco Luis Correa Galeano, quien era miembro de la banda “Los Paisas” y había sido contratado por los autores intelectuales.

El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, apuntó directamente al PCC. En declaraciones a los medios explicó que originalmente trataron de organizar el asesinato en Paraguay pero el plan no prosperó. De modo que recurrieron a la contratación de Correa Galeano quien, a su vez, buscó al sicario venezolano y orquestó el plan aprovechando la vulnerabilidad de Pecci en esos días de luna de miel. Para financiar la operación habrían contado con unos 530 mil dólares.

Pero posteriormente surgió otro nombre. Se ha dicho que el autor intelectual del crimen es el uruguayo Sebastián Marset, promotor artístico, ligado al mundo del fútbol profesional y líder de una organización dedicada al narcotráfico que opera entre Uruguay y Paraguay. Sus negocios se vieron fuertemente afectados por la Operación Ultranza Py, que lideró Pecci, y esto habría motivado el crimen. Sin embargo, aún no hay certeza sobre quién o quiénes ordenaron el asesinato del fiscal. En noviembre de 2022 el gobierno de Estados Unidos ofreció hasta 5 millones de dólares de recompensa a quien suministre información sobre el asesinato de Pecci.

Lo que sí se sabe es que los dos autores materiales del sicariato eran venezolanos. Y su participación de inmediato abrió la puerta a la hipótesis de que se trataba de miembros del Tren de Aragua. El 17 de junio de 2022, cuatro de los imputados fueron sentenciados a 23 años de cárcel tras haber confesado su participación en el homicidio. Solo Correa Galeano se declaró inocente y enfrenta un juicio por homicidio agravado y porte ilegal de armas. Scott Carrillo había confesado en los interrogatorios que lo contrataron para matar a un fiscal, pero que no sabía qué tan importante era este fiscal. Además, explicó que la orden era matarlo, sin posibilidad de fallar. Por esa razón además de la pistola que usó para dispararle, llevaba consigo una granada. Si las balas no lo mataban, la orden era que tenía que lanzarle el explosivo.

La persona que contrató a Scott Carrillo fue Gabriel Carlos Luis Salinas Mendoza, que según las autoridades colombianas pertenece al Tren de Aragua. Salinas Mendoza habría sido el encargado de llevar a Scott Carrillo en la moto de agua hasta la isla Barú, y luego huyó hacia Venezuela supuestamente con 8 mil dólares que le pagaron por el asesinato. Pero el 22 de diciembre de 2022 fue detenido en Caracas por funcionarios de una policía municipal y enviado de inmediato a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), extrañamente no fue entregado a la policía judicial, que es el órgano de enlace con Interpol.

Luego de la captura, las autoridades venezolanas grabaron un video donde Salinas Mendoza no solo confesaba el crimen, con voz temblorosa, sino que también declaraba su supuesta conexión con los jefes de dos megabandas que son perseguidas por el Gobierno de Maduro y son competencia del Tren de Aragua: la del “Koki” y la de “Wileixis”. Este último, como contamos en capítulos anteriores, fue combatido a fuego en 2020 en un enfrentamiento que contó con refuerzos de Tocorón.

La investigación por el asesinato de Pecci sigue su curso y aún no hay claridad sobre los responsables.  

Chile

“Oye, pero ¿no hay intención del gobierno de hacer algo?”, me preguntó un oficial de la policía de Chile cuando lo entrevistaba y hacía cálculos de todas las rentas que reciben los jefes de la Casa Grande. El Tren de Aragua podría manejar fácilmente entre 10 y 15 millones de dólares al año producto de sus negocios y de la extorsión interna que llaman “causa”.

El funcionario chileno no lo podía creer. Pero sí tenía claro el contexto: “Es compleja la situación, pero, bueno, de muestra un botón… no voy a hablar mal del gobierno de Venezuela, pero no se preocupa ni de los migrantes, o sea, tienen un éxodo masivo, 6 millones van, entonces no se va a desgastar en sacar a esa gente de una cárcel y llevarla a otra. O sea, no hay preocupación ni por la gente que se está yendo… Es complejo”.

Complejo es, claro que sí. Podría decirse que la megabanda en Chile fue colándose con cierto sigilo y por esa razón pasó algún tiempo hasta que las autoridades locales se dieron de bruces contra un problema con el que no contaban.

Algunas de las primeras señales las detectaron en la frontera. Colchane, en la región de Tarapacá, es el primer pueblo chileno que encuentran los migrantes que llegan haciendo el camino desde Bolivia. Es una frontera a más de 3.600 metros de altitud cuyos poblados a ambos lados −Pisiga, en Bolivia; y Colchane, en Chile− no tienen ni la estructura ni capacidad de ningún tipo para recibir la cantidad de personas –en su mayoría venezolanos− que en determinado momento de 2020 y 2021 pasaron por allí.

La policía chilena actuó ante las sospechas de que estaba ocurriendo un tráfico ilegal de migrantes en ese cruce y pudieron determinar que grupos de venezolanos eran conducidos hasta Pisiga y allí los ubicaban en residencias temporales. Los guías podían operar bajo la figura más o menos típica del coyote o bajo la apariencia de formalidad de una agencia de viajes, pero una vez allí, quedaban en manos del Tren de Aragua: a tantos kilómetros de su país, los venezolanos siguen siendo las principales víctimas de la banda criminal.

De acuerdo al relato de dos oficiales con quienes conversé, comenzaron a darse casos de venezolanos que eran amedrentados, amenazados y hasta agredidos físicamente en esas “residencias” y al momento de ingresar a Chile eran obligados a transportar paquetes con ketamina, una droga anestésica con potencial alucinógeno muy usada en la elaboración de “tusi”, la mal llamada “cocaína rosada”, como explicamos antes. 

Pisiga, al parecer, es un lugar donde opera a sus anchas el Tren de Aragua y aprovecha el flujo de migrantes para sacarles dinero, extorsionarlos, utilizarlos como mulas y hasta forzar a mujeres a prostituirse en Chile. También había denuncias de que estas personas, que sometían a los migrantes, tenían fusiles y granadas. La jefa de fiscales, Paola Apablaza, explicó que esa frontera es la puerta de entrada de todo lo nuevo en materia criminal. “Llegan las armas, la droga… Es un punto de conexión con el Cono Sur en el aspecto del delito. Es además una zona multicultural donde confluyen personas de diversas nacionalidades”, describió.

Apablaza, que lidera la investigación en la región de Tarapacá, recordó que lo primero que llamó la atención de las autoridades chilenas fue que entre 2019 y 2020 comenzaron a observar “una abrupta incorporación de venezolanos en el tráfico de drogas como mulas. Llevaban ketamina principalmente, que no era una droga común aquí”. Las incautaciones aumentaron en 166% y más de 80% de los detenidos eran migrantes venezolanos.

La presencia activa de autoridades policiales y militares en Colchane provocó durante 2021 la detención de migrantes venezolanos que intentaban introducir ketamina a territorio chileno. Y en los interrogatorios comenzaron a surgir los nombres −apodos, más bien− de quienes manejaban esta operación de tráfico ilegal de migrantes, de narcotráfico y de abusos y violencia contra estas personas: Águila, Zeus, Gato, Satanás, Estrella, Kevin… Algunos de los detenidos, que dada la situación pasaron a ser considerados víctimas, asomaron la conexión reveladora: sí, el Tren de Aragua estaba detrás de todo. Y no solo eso: sus hombres ya tenían tiempo operando en Chile. 

Así lo confirmaba también un episodio que involucró a migrantes haitianos que buscaron protección de las autoridades, atemorizados porque “les disparaba el Tren”, dijeron. El tráfico de migrantes fue otro delito que aumentó en 300% y comienza a haber denuncias de la presencia de una organización criminal, una especie de coyotes, que retenían a los migrantes y les exigían pagos a los familiares en Chile para dejarlos pasar, como si se tratara de un secuestro. “Se da el nacimiento de transportes ilegales (para llevar a los migrantes a otras regiones y provincias de Chile) y personas como jaladores (los que captan a los pasajeros)”, explicó la fiscal.

Esto aumentó los homicidios, al que no pagaba lo mataban. Para dar una idea: en Taracapá los homicidios pasaron de 18 a 52 entre 2020 y 2021. Aumentó también la prostitución y la forma en que la ejercían. “Había indicadores de un cambio de la dinámica criminal que se conocía históricamente en la región y la migración fue un nicho de negocio muy importante para esta organización”, precisó Apablaza.

En enero de 2021, la fiscalía de la Región de Tarapacá de Chile creó un foco investigativo que tenía que ver específicamente con el Tren de Aragua, e iniciaron dos investigaciones simultáneas dentro de la misma línea: Tren 1 y Tren 2, esta última ya tenía un alcance nacional, pues pronto se percataron de que la megabanda no estaba solo en la zona fronteriza.

El valor de la frontera

El rastro de la ketamina condujo a la captura de los personajes de jeraquía −menor, pero jerarquía al fin− del Tren de Aragua. En junio de 2021 cayeron Juan Trejo Barbilla, alias “Águila” y Zeus Velásquez Aquino cuando intentaban introducir 30 kilos de ketamina a Tarapacá.

La revisión de los celulares de Zeus y Águila, además del de un tercer venezolano −Yolo Basaure−, también preso por tráfico de ketamina en la cárcel de Alto Hospicio desde agosto pasado, permitió obtener valiosa información sobre la estructura de la banda en Chile, según indican en la Fiscalía de Tarapacá. “Numerosos audios incautados por la policía en estos celulares daban cuenta de que todos reportaban directamente de sus acciones a Estrella”, añaden las mismas fuentes. Los audios también mencionan el apodo de “Satanás”, uno de los principales sicarios de la organización.

Carlos González Vaca es el nombre falso de alias “Estrella”. Entró a Chile con visa de turista, aparentemente a principios de 2017. En febrero de 2017 solicitó una visa temporal por motivos laborales en un procedimiento que no cuenta entre sus requisitos la presentación de una carta de antecedentes penales ni de un contrato de trabajo. En 2018 intentó conseguir la visa definitiva para permanecer en el país, pero no la consiguió por una razón sencilla: ese visado sí requiere la presentación de antecedentes.

González Vaca fue detenido en marzo de 2022 en la comuna de Quilpué, en la región de Valparaíso, en un operativo coordinado entre la Fiscalía Regional de Tarapacá y la Policía de Investigaciones (PDI) en el cual cayeron otros venezolanos. Con ese prodecimiento, las autoridades chilenas anunciaron públicamente la presencia del Tren de Aragua en su país. A “Estrella” lo identificaron como líder del brazo operativo del Tren de Aragua en Chile bajo las órdenes directas del “Niño Guerrero”. González Vaca terminó privado de libertad en la cárcel de Valparaíso, acusado de los delitos de asociación ilícita, secuestro calificado, tráfico de migrantes, trata de personas, secuestro extorsivo y lavado de dinero.

“Lo estuvimos siguiendo por más de seis meses. Tenía la rutina de una persona cualquiera, sacaba a su perro todos los días, se movía por la ciudad, visitaba unos restaurantes que regentaba. Tenía una novia y un nivel de vida bastante bueno”, contó uno de los funcionarios policiales que participó en la investigación. Aunque Estrella está tras las rejas, todavía a finales de 2022 su verdadera identidad seguía siendo un misterio para las autoridades chilenas. Al parecer se trata de una persona muy cercana al Niño Guerrero.

En otras ciudades fueron capturados Joel Henríquez Castillo, quien se supone que se encargaba de la logística de la organización; Jhoblimer Vásquez Santana y Juan Blanco Berroterán, encargados del cruce ilegal de migrantes hacia Chile; David Landaeta Garlotti, alias “Satanás”, responsable de secuestros y sicariato, un personaje con alertas rojas de Interpol por homicidios cometidos en Venezuela y Perú; y con ellos Carlos Mendoza Gómez, alias “Bam Bam”, y Luisa Moreno Rodríguez, alias “La Tía”.

En las reseñas periodísticas del momento se informó que en los operativos rescataron a mujeres que permanecían retenidas por los criminales y que incautaron armas, dinero en efectivo y al menos un kilogramo de cocaína. A los detenidos también les imputaron cargos de explotación sexual.

El subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la PDI, José Ortiz, declaró: “El Tren de Aragua es una organización que trae a mujeres principalmente desde Venezuela por diferentes países por el Pacífico sur: Colombia, Ecuador y a veces se integra a Brasil, para llegar a Bolivia, desde ahí pasan por el sector de Pisiga hasta la región de Tarapacá y logran ingresar clandestinamente a estas mujeres, quienes son obligadas a trabajar para ellos”.

Sobre Satanás, además de su amplio prontuario, supimos por policías venezolanos que es uno de los hombres de confianza del Niño Guerrero, uno de los principales operadores de su estructura criminal. En noviembre de 2022, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela aprobó solicitar a Chile la extradición de este integrante del Tren de Aragua, lo que despertó algunas suspicacias. Los gobiernos del chavismo generalmente piden la extradición de figuras de interés político, como opositores o desertores del chavismo, o de delincuentes con los que se les relacionó y guardan información que puede ser comprometedora, como el narcotraficante Walid Makled.

Más de seis meses de investigación rindieron sus frutos. El operativo se consideró un golpe duro y certero a la estructura local del Tren de Aragua, pero un oficial de policía con el que conversé no es tan optimista. Cuando hablamos, estaba casi convencido de que la banda ya había reemplazado a los miembros apresados: “Eso es como una empresa, ¿no? Si alguien ya no puede seguir trabajando, pues ponen a otro”.

En septiembre de 2021, la Fiscalía de Tarapacá, una región al norte de Chile cuya capital es Iquique, organizó una fuerza de tarea especial que determinó una estructura de al menos 12 personas involucradas en 10 delitos, entre ellos tráfico de migrantes, extorsión, trata de personas, cobro de vacunas. Es decir, el paquete más o menos completo importado de Venezuela. Ese mismo grupo especial llevó a cabo los operativos que terminaron en la captura del grupo liderado por Estrella.

En Iquique fue detenida Luisa Moreno Rodríguez, alias “La Tía”, quien sería la encargada de cobrar la parte de la organización a las mujeres explotadas sexualmente.

“Se estableció que esta organización empezó a traer jóvenes de 18, 19, 20 años más o menos las que detectamos, las cuales captan en Venezuela, las trasladan, cruzan fronteras, las acogen en Chile las instalan en departamentos puntuales en buenos sectores donde las obligan a prostituirse bajo amenaza”, contó el agente policial: “Les dicen que su traslado a Chile costó muchos millones de pesos, tres, cuatro millones de pesos, que es considerable, estamos hablando de unos 5.000 dólares y que ellas están bajo su cobertura hasta que le terminen de pagar los 5.000 dólares. ¿Entonces qué hacen? Las obligan a que se prostituyan, cumplen horarios, concurren a ciertos sectores y en forma semanal les cobraban su vacuna y estaban bajo control de una mujer al interior de un departamento. Estas niñas debían prostituirse porque tenían una deuda con la organización”.

Un informe de la fiscalía de Tarapacá determinó que mensualmente las operaciones de trata podían dejar más de 37.000 dólares a la organización por cada plaza en esa localidad.

 Y en Iquique −donde localizaron tres apartamentos con 5 mujeres retenidas− “La Tía” era la persona comisionada para velar por el cumplimiento de esa deuda: “Ella era la que cobraba a las encargadas de los departamentos y rendía cuentas de forma directa a ‘Estrella’, que era su jefe. En sus comunicaciones ella habla con otras personas, como ‘Satanas’ y otros más, y les dice que solo le rinde cuentas a ‘Estrella’. A través de la escucha telefónica se fue estableciendo la jerarquía y definitivamente ‘Estrella’ era el jefe para Chile, era el que tenía la conexión con Venezuela”.

Por David Landaeta Garlotti, “Satanás”, se adelantó el operativo de captura en la región. De acuerdo a lo que explicó el funcionario policial, a “Satanás” se le vinculaba con el homicidio de un venezolano cometido por esos días −marzo de 2022−. “Eso apresuró el desarrollo de las detenciones, porque ese día el sujeto estaba arrancando de Chile”, explicó: “Se tomó la decisión de proceder y se allanaron diez domicilios”.

Esa victoria policial sobre la megabanda no representó en modo alguno su desmantelamiento: fue apenas un “toque”. Y como es sabido, el Tren de Aragua tiene una vasta experiencia en operar desde prisión. De hecho, en requisas a la celda de “Estrella” la policía ha incautado teléfonos celulares en varias ocasiones.

Se calcula que hay más de 100 miembros activos en Chile −muchos de ellos tienen tatuajes de estrellas y de armas tipo FAL como señas distintivas−, con una presencia que concentra fuerzas al norte y se extiende hasta Santiago.

“En Arica, Iquique, Alto Hospicio, Huara, Calama, Antofagasta, Coquimbo, en la Región de Valparaíso (en localidades de Quilpué, Quillota y Viña del Mar Alto); Santiago, Rancagua, Concepción, Temuco y Puerto Montt, ya se ha detectado la existencia de ‘plazas’ del Tren de Aragua. Allí trabajan en negocios como la prostitución y tienen casas de seguridad utilizadas como lugares de encuentro de la banda y a donde son llevadas las personas a las que van a secuestrar y torturar”, informaron fuentes de la Fiscalía de Tarapacá consultadas para esta investigación.

“La trata de personas para explotación sexual se ve con más fuerza de Santiago al sur. La mayoría de los secuestros extorsivos se dan en Santiago, mientras los homicidios los vemos en el norte”, explicó el jefe nacional Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de la PDI, prefecto Paulo Contreras. Las principales víctimas del Tren de Aragua en Chile son venezolanos y el temor y la propia situación legal de los migrantes hace que las denuncias sean escasas por no decir inexistentes: esta es gente que sabe de lo que es capaz la organización criminal.

Otra de las conclusiones a las que llegaron los investigadores es que el poder y la fuerza del Tren de Aragua en Chile radica principalmente en el control de esa frontera, en Tarapacá. Controlan todo lo que pasa por allí: drogas, migrantes, armas… Además de participar directamente en estas economías ilícitas, cobran un porcentaje a otros actores criminales para permitirles operar e ingresar su mercancía a territorio chileno. “Incluso son ellos quienes fijan los precios al que se vende la droga en las calles, sin importar si es de otro grupo armado”, dijo la fiscal Apablaza.

“Si fueran por el camino legal, serían grandes empresarios”, concluyó un funcionario policial, y asomó la posibilidad de que miembros del Tren de Aragua estén llevando oro venezolano a Chile para ser comercializado.

Discretos como Larry

Narcotráfico, extorsión, secuestros, trata de migrantes y trata de mujeres para explotación sexual. Esos son, entre de otros, los principales negocios del Tren de Aragua en Chile, un país donde sus policías aseguran no haber visto nunca antes los niveles de violencia, las ramificaciones y los modus operandi de la organización que los invadió desde una región de Venezuela de la que seguramente ni idea tenían de que existiera.

La identificación de Larry Changa −que demuestra el nivel de penetración de la banda en Chile− permitió establecer y confirmar que el grupo criminal utiliza como tapadera modestos emprendimientos que les permiten pasar desapercibidos y actuar bajo cierto manto de legalidad. Un informe policial señala que entre agosto de 2021 y marzo de 2022 se detectaron 95 envíos de dinero a Venezuela por parte de la estructura que lideraba “Estrella”. Para esta tarea montaron su propia estructura: una compañía ubicada en el centro de Santiago dedicada a la transferencia internacional de divisas y que fue creada aprovechando la existencia de la plataforma en línea “Mi empresa en un día”, cosa que les permitió actuar fuera del control de la Comisión de Mercado Financiero.

La policía chilena desconoce la cantidad de sociedades de
este tipo utilizadas por el Tren de Aragua, pero sí determinaron
que transferían montos pequeños –entre 300 y 1.000 dólares− a
través de usuarios que “colaboran” con la banda para disimular
mejor los envíos. Se sabe también que en Venezuela el dinero era
retirado –o es, porque esto debe de seguir activo− por familiares de
los colaboradores y posteriormente depositado en cuentas bancarias controladas por Guerrero.

Las investigaciones también apuntan al uso de criptomonedas para mover y blanquear el dinero sucio en cantidades más importantes, con las que incluso estarían adquiriendo propiedades en Venezuela.

En las operaciones en Chile se imponen, como ya se dijo, criterios más discretos en materia de gastos: pago de alquileres y adquisiciones de vehículos de segunda mano que utilizan en sus actividades criminales. Nuevamente, la caída del grupo de “Estrella” destapó esta pista: en los procedimientos de marzo de 2022 se incautaron una docena de automóviles. Han invertido también, como otra forma de lavar dinero, en la compra de motos que alquilan a los migrantes venezolanos para trabajar en las empresas de delivery.

El Tren de Aragua, que ya es decir bastante, no es la única preocupación de los organismos de seguridad chilenos. En busca de nuevos mercados para el tráfico de drogas y de armas, aterrizaron en su territorio los carteles mexicanos como Jalisco Nueva Generación y sus rivales del Cartel de Sinaloa. A eso se suma la violenta presencia de miembros del Clan del Golfo, una organización narcoparamilitar de Colombia. Y otros grupos venezolanos como “Los Valencianos”, “Los Gallegos” y la banda de “Richardi”, el pran de la prisión de Tocuyito. Eso sí, el Tren de Aragua manda en muchos territorios y mercados. Ante esta realidad el propio presidente de la República, Gabriel Boric emitió un mensaje para hacer una advertencia al grupo de Tocorón: "Los vamos a perseguir y expulsar si es necesario".

Ecuador

Eduardo ingresó a Ecuador portando solamente su cédula de identidad, como casi todos los venezolanos que huyen de su país. Sin posibilidad de tener un visado de trabajo, empezó a ganar algunas monedas a cambio de cargar maletas en la terminal de buses de Tulcán, la primera ciudad ecuatoriana que pisan los migrantes venezolanos al dejar atrás Colombia. Su nombre real no es Eduardo, pero se niega a identificarse por temor a las represalias por haber denunciado a los miembros del Tren de Aragua. Los delincuentes llegaron a la terminal de buses en medio de la pandemia y empezaron a extorsionarlos.

—Nos dijeron: “Mira, somos del Tren de Aragua y hay que seguir la carroza (la célula de la banda), así que debes pagar la causa (hacer un tributo o vacuna)”. Si no pagábamos, debíamos buscar otro lugar donde trabajar y atenernos a las consecuencias.

Y las consecuencias de negarse a pagar eran mortales.

—Nos decían que para solucionar el inconveniente debía haber un muerto. Si no queríamos pagar, íbamos a recibir bala.

No es fácil que un venezolano hable de cuánto paga a la banda para conservar su puesto de trabajo en la terminal. Aunque los principales cabecillas en Ecuador están presos desde el 13 de noviembre de 2020, Eduardo está convencido de que todavía hay personas vinculadas al grupo que siguen moviéndose por la ciudad fronteriza.

La actividad de la banda empezó a ser observada por la Policía en septiembre de 2020, tras las denuncias de trabajadores de la terminal de Tulcán. El 13 de noviembre de 2020, desde la Fiscalía se autorizó el allanamiento y detención de los venezolanos que habían sido señalados por sus compatriotas como integrantes del grupo delincuencial. Los registros se hicieron al mediodía en la terminal terrestre, en el sur de Tulcán, en el hostal La Florida, donde suelen hospedarse migrantes venezolanos, y en la Cofradía, un barrio periférico. Siete venezolanos fueron detenidos por asociación ilícita. Casi todos eran de Aragua. El líder era Jesús Eduardo Ramos Fragachán, de 39 años, alias “Loro”. José Gregorio Flores, alias “Flores”, de 56 años, dijo que vivía en Ipiales, del lado colombiano de la cercana frontera, y Terry González, alias “Terry”, de 38 años, quien decía ser un simple cambista. Eduardo Rafael Abasol, de 29 años, alias “Carapita”, de Caracas, intentó ocultar su identidad, igual que el que fue primero identificado como Juan José Medina Morales, de 28 años, alias “Guaidó”, cuyo nombre real es Jonathan Jesús Sánchez Olivero, por lo que la policía tuvo que solicitar una nueva orden de detención con este nombre. Los otros detenidos se presentaron como trabajadores de la terminal de buses: Renzo Tablante, alias “Renzo”, de 38 años, y Antonio José Torres, alias “Toñito”, de 41 años, quienes manifestaron que se dedicaban a enganchar pasajeros y cargar maletas.

—Respondí que no pagaría y que estaba cansado de pagar vacuna y que me extorsionen, por lo que uno que le decíamos Viejo sacó a relucir una pistola que portaba en la cintura y me apuntó –dice Carlos, otro venezolano que también usa un nombre falso para protegerse.

Los miembros del Tren de Aragua ingresaban a las oficinas de transporte para cobrar sus tributos a diario. Algunos pagos también se hacían en las inmediaciones de la terminal terrestre y en un restaurante a pocos metros de la puerta de salida, donde vendían alimentos para los venezolanos que viajaban hacia Perú. En las declaraciones de testigos protegidos que constan en el expediente de la Fiscalía, se lee que un venezolano que se opuso al pago resultó herido de puñal por alias Loro en las afueras de la terminal.

En los allanamientos también detuvieron a Darnis Jiménez y Sixmary Hostos. Ambas mujeres fueron sorprendidas en una vivienda en el sur de Tulcán, donde también se encontraron dentro de una mochila casi cinco kilos de marihuana. Jiménez está pagando ahora una condena de un año y ocho meses en la cárcel de Tulcán por tráfico de drogas.

Los detenidos se acogieron al silencio y aceptaron los cargos de asociación ilícita. Todos ingresaron a Ecuador de forma irregular y sus nombres no constaban en el sistema migratorio ecuatoriano. Los medios locales y nacionales hablaron de la Operación Perseo, e hicieron hincapié en que los detenidos eran miembros del Tren de Aragua y que empezaron a operar cuando la terminal de pasajeros volvió a funcionar luego del confinamiento estricto de la pandemia. Las autoridades policiales, sin embargo, no confirmaron que se tratara de integrantes de la banda venezolana.

Porque la policía ecuatoriana niega la presencia de la banda en Tulcán. Marco Sánchez, oficial de la Policía Judicial, dijo que los detenidos usaban el nombre de Tren de Aragua para intimidar a sus compatriotas. Esta investigación, sin embargo, confirmó que al menos cinco de los detenidos en Ecuador presentan solicitudes o registros policiales por diversos delitos en Venezuela y pertenecen al Tren de Aragua. Loro está requerido por las autoridades venezolanas por su responsabilidad en el homicidio de un entrenador deportivo en Maracay, en julio de 2020. A raíz de ese crimen, el hombre huyó y se refugió en una localidad del estado Táchira, donde se le relacionaba con delitos de homicidio, extorsión, secuestro, robo y hurto de vehículos. Luego, habría abandonado Venezuela por la cercana frontera con Colombia, y solo se volvió a saber de su paradero cuando fue detenido en Ecuador. Ramos Fragachán estaría vinculado con la banda del Loro (de allí su apodo), el pran de la cárcel de Trujillo, socio del Niño Guerrero en varios negocios.

Otro de los detenidos, Juan José Medina Morales, alias Guaidó, está solicitado por la policía del estado Aragua. Las autoridades presumen que fingió su muerte, pues su identidad fue usada para registrar el fallecimiento de otra persona.

Estas denuncias motivaron el seguimiento policial que duró más de dos meses y acabó con la Operación Perseo, según explicó Marco Sánchez, oficial de la Policía Judicial ecuatoriana.

La banda, además de la extorsión, se dedicaba también al tráfico de personas por dos docenas de pasos informales que existen en la frontera de 224 kilómetros entre Ecuador y Colombia. Según la información policial, los delincuentes controlaban todo el corredor migratorio y transportaban a sus compatriotas desde territorio colombiano por los diferentes pasos informales hasta la terminal de Tulcán y desde este punto hasta Huaquillas, frontera con Perú.

—El cierre del Puente de Rumichaca, a causa de la pandemia, ayudó en su cometido –dijo el oficial de la Policía Judicial.

La pandemia no detuvo tampoco el paso de alcaloides desde Colombia. En 2020, en el Carchi se decomisaron más de 11 toneladas de droga, de las cuales más de 10 eran solo de marihuana que había ingresado al país en transporte hormiga (pequeñas cantidades), luego se acopiaba en zonas del límite internacional y se trasladaba al interior del país. Estas cifras superan con creces los decomisos del año anterior a la pandemia, cuando se incautaron apenas tres toneladas de sustancias psicotrópicas, dos de ellas de cannabis.

La ruta andina del Tren de Aragua

El poder del Tren de Aragua se ha consolidado fuera de su región de origen, en el centro de Venezuela, de forma acelerada. Un informe de inteligencia de la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Venezuela, al que tuvo acceso esta investigación, revela que la banda “funciona como una especie de franquicia criminal”. Los líderes asociados a la banda, que están en las calles y no en Tocorón, pueden controlar por completo sus propios negocios, pero hay otros en los que deben compartir las ganancias con el Niño Guerrero. Esa misma modalidad sostiene las operaciones en el exterior. El documento de inteligencia, elaborado en 2021, afirma que el grupo delictivo ha logrado llegar, al menos, a Colombia, Perú, Chile, Brasil y Ecuador.

Otra ruta de la masiva migración venezolana atraviesa la Guayana del Oro en dirección a la ciudad de Boavista, en Brasil. Allí también está el Tren de Aragua, siguiendo a los migrantes y sacando provecho de ellos. “Los organismos de seguridad brasileños informaron que había células del Tren de Aragua operando en Pacaraima (la primera localidad brasileña que encuentran los venezolanos al cruzar esa frontera), y que miembros de la banda estaban comenzando a crear células dentro del sistema penitenciario brasileño. Los medios brasileños señalaron que la banda había ganado control en el país con el tráfico de personas y la extorsión a migrantes venezolanos en la frontera”, dice un reporte publicado por la Fundación InSight Crime en diciembre de 2020.

Pero la actividad de la megabanda sigue siendo mucho mayor en los Andes, igual que la migración venezolana. No fueron Colombia ni Ecuador sino Perú el primer país de la región que experimentó las consecuencias de la llegada del Tren de Aragua. La detención de cinco de sus miembros cuando pretendían robar un banco en Lima, en 2018, encendió las alarmas de los cuerpos de seguridad de ese país. Luego vinieron las denuncias de secuestros, extorsiones y hasta casos de descuartizamiento de enemigos.

Por esa razón, no es descabellado pensar que su expansión por Sudamérica incluya Ecuador, que además es el tercer país del mundo que más inmigrantes venezolanos ha recibido. Hasta agosto de 2020 se calculaban en 420 mil, según datos de ACNUR. Desde entonces la cifra ha cambiado, ya que varios venezolanos han dejado Ecuador en una segunda migración.

Pedro Ramírez, un funcionario de la Policía de Aragua que ha hecho seguimiento a la megabanda, explicó que los jefes del Tren de Aragua envían a otros países de la región a miembros de la organización para liderar operaciones en estas naciones y administrar negocios diversos. “Los mandan a Perú, Colombia, Ecuador, Chile y también creemos que a Argentina. Allí los líderes se ocupan de administrar negocios de alimentos o bares, que son una fachada para ocultar las diversas actividades delictivas de la banda”. Estos países coinciden con las naciones recorridas por la DJ Rosita.

La presencia del Tren de Aragua en la frontera entre Ecuador y Colombia ha levantado los recelos de otros grupos armados que pugnan por controlar el territorio. Al menos eso se puede concluir tras la circulación de un panfleto con las siglas de FARC EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo) Segunda Marquetalia, el 31 de julio de 2021. No se ha confirmado la autenticidad del documento en el que se amenazaba a tres venezolanos que serían parte del Tren de Aragua, a quienes les daban 12 horas para dejar Ipiales. Pero la crónica policial registró el asesinato de un venezolano en un paso informal fronterizo en el lado colombiano el 30 de julio de ese año, y el cadáver de otro venezolano apareció en un paso fronterizo en Ecuador el 2 de agosto. Ese mismo día, en La Verbena, una comunidad colombiana limítrofe con Ecuador, hubo un enfrentamiento armado que se saldó con la quema de un vehículo y una vivienda, y un colombiano asesinado.

Es natural que los actores irregulares a lo largo de América del Sur quieran reclutar o combatir a este advenedizo que amenaza con quitarles parte de sus negocios. La violencia entre bandas, que tantas víctimas colaterales deja en países como México, puede incrementarse a medida que el Tren de Aragua siga regándose por el continente.

La presencia de miembros del Tren de Aragua en Ecuador también se ha detectado en Quito. En 2022, la policía detuvo a ocho presuntos miembros de la banda la madrugada del 13 de octubre. Se dedicaban a la extorsión y habrían acumulado aproximadamente un millón de dólares, según informó la prensa.

El dinero lo depositaban en cuentas bancarías, que luego cerraban para evitar ser rastreados.

Brasil, Perú, Panamá y Estados Unidos

Perú fue el primer país de la región donde se conoció la presencia de miembros del Tren de Aragua. Desde entonces han identificado la participación de la organización en sicariatos, extorsiones, secuestros, prostitución, y venta de drogas. Este último delito podría incluir la comercialización de drogas como el fentanilo.

Pero había pasado la conmoción por el descubrimiento de la presencia de la megabanda hasta que en 2022 comenzaron a registrarse nuevos incidentes y detenciones que involucraban a miembros del Tren de Aragua. En noviembre de 2022 la policía peruana detuvo a 30 integrantes de la banda “Los Gallegos”, que también opera en Chile y pertenecería al Tren de Aragua. “Hicimos una investigación de inteligencia coordinada con el Ministerio Público, con la Fiscalía, y pudimos detectar la presencia de esta organización criminal, una rama en realidad de lo que es el Tren de Aragua, porque ya hemos podido, a raíz de esta investigación, determinar que existen redes criminales que ellos han establecido en los países donde hay mayor incidencia migratoria de ciudadanos venezolanos. Los gallegos de Aragua es una rama que responde a un tal “HD” que a su vez responde al tal “Niño” Guerrero”, aseguró el Director de la Dirección Contra la Trata y Tráfico de Migrantes de la Policía Nacional del Perú (PNP), General Ulises Guillén, en una entrevista con InSight Crime.

La captura, que fue el resultado de una operación conjunta con la policía chilena, puso nuevamente a la megabanda en el radar de las autoridades peruanas.

Brasil es otro de los países donde se ha identificado la presencia de miembros del Tren de Aragua. La frontera con el estado Bolívar ha sido la puerta de entrada. El pran de las minas, Johan Petrica, no solo tiene un hijo que nació en Brasil −como contamos en el capítulo dos− sino que además él y otros de sus compañeros se han dedicado a invertir su dinero comprando inmuebles en Boa Vista, capital del estado de Roraiama, que visitan con frecuencia. Allí también adquieren sus atuendos de diseñador. Los miembros de la organización han llegado más allá de Las Claritas, en la zona minera del estado Bolívar, atravesaron la Gran Sabana y se han comenzado a establecer en Santa Elena de Uairén, el pueblo que marca la frontera con Brasil.

“A principios de este año (2022) mataron cerca de mi casa a un muchacho que había comprado una casa hacía poco. Decían que era del Tren de Aragua”, contó Mirna, una investigadora social que vive en Santa Elena.

Pero el avance del grupo va mucho más allá, como revelaron dos agentes de la Policía Federal de Brasil con quienes pudimos conversar. “El Tren de Aragua tiene mucha presencia en los barrios de Pacaraima y Boa Vista. Se dedican al microtráfico de drogas, la trata de mujeres para prostitución y el tráfico de oro. Es gente que llega del kilómetro 88”, detallaron. Pero lo más importante es que confirmaron que “tienen alianzas con el PCC (Primer Comando de la Capital)”. Este es el grupo criminal más poderoso de Brasil y uno de los más importantes del continente.

Un informe elaborado por el Ministerio Público del Estado de Roraima y publicado el 17 de agosto de 2020, ya había advertido que “hay 740 venezolanos que son integrantes del PCC en Roraima” y que “esta organización criminal ha hecho una alianza con la estructura criminal venezolana Tren de Aragua”.

Se supo que esta alianza consiste, entre otras cosas, en la prestación del servicio de seguridad por parte del Tren de Aragua en el traslado de la droga, el suministro de armas y prostitutas a los brasileños y la custodia de los garimpeiros que operan en territorios indígenas de Venezuela, con el financiamiento del PCC.

La actividad de la megabanda en Panamá y Estados Unidos está más relacionada con la presencia de algunos de sus miembros que con operaciones criminales concretas. Un antecendente importante fue el secuestro de un ciudadano español en 2017, del que hablamos en uno de los capítulos anteriores, y que era negociado por miembros del Tren de Aragua en Ciudad de Panamá y Miami. En los últimos meses de 2022 se conoció de la presencia de integrantes del Tren de Aragua en la zona del Tapón de Darién, como parte de los grupos que controlan el paso de migrantes hacia Panamá.

Y en el caso de Estados Unidos, funcionarios policiales venezolanos aseguran que algunos integrantes del Tren de Aragua que se establecieron en el estado de Florida han abierto iglesias evangélicas desde donde envían ayudas económicas a organizaciones sociales en Aragua. Además, existe la presunción de que Larry Changa, uno de los 3 Papás, haya cruzado la frontera de México a Estados Unidos a mediados de 2022. Las autoridades de Estados Unidos han puesto su mirada en el Tren de Aragua, y el grupo se ha convertido en uno de sus objetivos.

En ocho años, el Tren de Aragua pasó de ser una pandilla carcelaria a convertirse en una organización mafiosa con células en ocho países de América: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Brasil y Panamá. Y con posible presencia en Estados Unidos. Más que el PCC de Brasil, con presencia también en Paraguay, Argentina y Bolivia. Más que la MS-13, la pandilla más poderosa de Centroamérica con actividades en El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Estados Unidos. Y más que el ELN, la guerrilla de Colombia, con asentamientos en su país de origen y Venezuela.

8.

“Aquí la única pran soy yo” 

Colectivos, megabandas, pranes, zonas de paz y un Estado que delega

Este es el punto en donde queremos explicaciones, nos hacemos preguntas y buscamos culpables. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Quién es el jefe político del Tren de Aragua, el ideólogo, el estratega financiero? ¿Quién es el padrino, el protector? ¿Todo es culpa del chavismo? Tenemos también la necesidad de buscar etiquetas: ¿Venezuela es un Estado criminal o un Estado fallido? ¿Un Estado mafioso o un narcoestado?

Lo que sí sabemos es que el Tren de Aragua es producto de algo que le precede: el deterioro progresivo del sistema penitenciario venezolano, potenciado por erráticas políticas de seguridad, corrupción, oscuros pactos de cohabitación política, compra de lealtades, desaparición del Estado y hasta promoción del crimen organizado. Así como el petróleo fue el símbolo de exportación de la bonanza, la evolución social y la democracia de Venezuela, el Tren de Aragua resume la debacle, la caída, el primitivismo y el autoritarismo del mismo país.

Ya en 1997, La Planta, una prisión que existía en pleno centro de Caracas, fue escenario del primer ataque con granadas dentro de una cárcel venezolana, durante un enfrentamiento entre los grupos de dos pabellones en un día de visita, que dejó muertos y heridos. Una semana después me enviaron a averiguar qué había pasado. Fue fácil. Entré como visita. Llegué hasta los pabellones y conversé con los líderes de los grupos enfrentados, porque aún no existía la figura del pran. A los funcionarios armados los presos todavía los veían como la autoridad. Más adentro también había ya algunos presos con pistolas. A la pregunta: “¿Por qué se matan entre ustedes?”. Un joven moreno de 19 años, procesado por homicidio y con la posibilidad de una condena de más de 20 años me dijo: “Uno está encerrado aquí, esperando la audiencia y nunca hay transporte para el traslado, cuando hay transporte empieza una huelga en los tribunales y cuando termina la huelga, el juez se enferma. Entonces a veces uno se despierta con ganas de matar a alguien, y aquí lo puedes hacer”.

En ese momento, el retardo procesal, la corrupción, el hacinamiento y la violencia eran los principales problemas en las prisiones. Todavía no había llegado a la presidencia Hugo Chávez. Había instituciones del Estado, pero ineficientes y corruptas, y comenzaba a asomarse ese país “arbitrario” del que hablaba el corresponsal secuestrado. También había presos privilegiados que salían y entraban a placer al centro de reclusión, como los involucrados en el caso del terrorismo financiero de 1993.

Diez años después, en 2007, entré a la cárcel del Rodeo II, en el estado Miranda. Quería entrevistar al exgrandeliga Ugueth Urbina, que estaba preso allí. Había un olor nauseabundo y más controles de la Guardia Nacional en el ingreso. Aquí sí me hicieron quitar la ropa para la requisa. Adentro no vi custodios, ni funcionarios. Pero sí funcionaban todavía las áreas de enfermería con psicólogos y trabajadores sociales. El exbeisbolista no me atendió, pero en el recorrido me topé con un hombre viejo que pintaba paisajes con palmeras y playas en las superficies de unos cd. Era un bonito trabajo y lo vendía para comer, porque nadie lo visitaba. Si no conseguía cómo pagar los alimentos, entonces tenía que comer “Wendys”, como le decían los presos a la comida que servían en la prisión, en bandejas cubiertas por una alfombra de moscas verdes. Me contó que las armas, las drogas, el licor, los cigarros, los teléfonos celulares y otros productos prohibidos en las cárceles los metían los funcionarios de la Guardia Nacional. “Armaban como un paquete con todo eso, lo llamaban el botín, y adentro se lo vendían al jefe del pabellón que pagara más, como si fuera una subasta”, dijo. Allí todavía no había pran.

Había un guardia que les destrozaba las rodillas a los presos con un mazo si no le pagaban por permitirles pasar un celular o por no requisar a la visita. “A cada rato nos llegaba gente de la prisión con las rodillas fracturadas”, me contó una médica que en esa época hacía sus prácticas en un hospital cercano a esa prisión.

Aunque los problemas de las cárceles eran similares a los de 1997, el retardo procesal se había profundizado, el hacinamiento se había agravado y además ahora las armas de fuego habían sustituido definitivamente a los chuzos. La violencia se había multiplicado y la alimentación dependía cada vez más de los propios presos, otras formas de asistencia del Estado eran casi inexistentes. El control de la GNB era notorio.

Según un informe del Observatorio Venezolano de Prisiones, entre 1999 y 2019 en las cárceles venezolanas murieron 7.374 personas, mientras que otras 17.715 resultaron heridas. Estos 20 años resumen la gestión de los gobiernos chavistas, pero además muestran como comienzan a cambiar las causas de las muertes desde 2019, cuando 69 por ciento de los reclusos fallecieron por desnutrición y otros problemas de salud que desarrollaron en las prisiones: dengue hemorrágico y salmonelosis, entre otras enfermedades. 

En 2021, estuve en la prisión de Tocuyito, en el estado Carabobo. Habían pasado 14 años desde la última vez que entré a una cárcel. Ahora el presidente era Nicolás Maduro. Trabajaba en una investigación sobre las estructuras criminales que operan dentro de las cárceles. No tenía previsto entrar, porque era peligroso y creí que sería muy complicado. Decidí solo hacer unas fotos de la fachada de la prisión, y allí me encontré con una especie de campamento improvisado de mujeres que acomodaban cartones en las aceras para dormir. Me senté a conversar con ellas, para saber por qué lo hacían. Me explicaron que al día siguiente era día de visita y para poder entrar gratis debían estar entre las primeras 150 personas de la fila. El pran Richardi decidió, hace un tiempo, que para entrar a esa cárcel hay que pagar entrada, como si se tratara de un parque de atracciones. Me dijeron que si quería ingresar, era muy sencillo. Solo tenía que llegar después de las 10:00 am, cuando no hubiera fila, y pagar cinco dólares. Les hice caso y regresé al siguiente día.

Tenían razón. Apenas mostré el billete verde, un guardia me lo quitó de las manos y me dejó entrar. No me pidió ningún documento de identidad. Luego supe que el pago me daba derecho incluso a meter mi celular. Otros dos hombres se acercaron de inmediato, le quitaron el billete al GNB y uno de ellos comenzó a escribir en un cuaderno. Me pareció que uno era un custodio y el otro un preso. En el cuaderno registraban los ingresos, quizás para luego repartirse el botín entre los tres grupos de poder: pranato, GNB y funcionarios de prisiones. Igual que en Tocorón, aquí tampoco hubo revisión. En el cuarto de requisa, una mujer me preguntó que si había traído la colaboración, le dejé unas empanadas y eso fue suficiente para que se olvidara del cateo corporal y los saltos de rana. Ya en el interior de la prisión conocí a un preso que me hizo un recorrido. Aunque Richardi tiene un sistema de gobierno distinto al del Niño Guerrero, igual que en Tocorón el pran principal tiene todo el poder. La GNB, los custodios, el director y los privados de libertad están sometidos a él. Las armas solo las tienen los hombres del pran, igual que los negocios y hasta las minas de oro cerca de la prisión. El pran decide quién vive y quién muere, aunque la población de presos lo considera bastante tolerante. “Si yo consigo una pistola 9 mm y dos mil dólares, con eso le puedo comprar mi libertad al pran. Varios aquí han salido así”, me dijo el preso que me guió.

En 24 años el control de las prisiones pasó de manos de un sistema con instituciones corruptas e ineficientes al control de militares corruptos de la GNB, para finalmente terminar en un forma de gobernanza criminal impuesta y liderada por los pranes, en la que se fusionaron los escombros de la institucionalidad corrupta, una cultura que favorece las economías ilícitas y el autoritarismo. Fue también una especie de tercerización de la administración de las prisiones, ahora los pranes son los responsables del funcionamiento y la operatividad de la cárcel; ellos garantizan los servicios, comercializan los alimentos, proveen entretenimiento, generan empleos y proporcionan orden y seguridad. Como no tienen la capacidad de asumir algo más complejo como asistencia médica, ya sabemos lo que ocurre con los presos con enfermedades contagiosas y terminales.

Bajo esta nueva modalidad de gobierno, también cambiaron las dinámicas de la violencia dentro de las cárceles. Los años de gestión de Hugo Chávez figuran entre los más violentos, conflictivos y caóticos del sistema penitenciario. En 2007 hubo 498 muertes violentas en las prisiones −la mayoría producto de homicidios— según el OVP, que reportaba un incremento de 20% con respecto al año anterior. En 2011 la cifra fue de 550.

La gestión de Nicolás Maduro se inició en 2013, con la que quizás sea la mayor matanza de la historia penitenciaria de Venezuela: la masacre de Uribana, donde fueron ejecutados 60 reclusos y murió un funcionario de la GNB. Pero después de 2014, los homicidios en las prisiones venezolanas comenzaron a reducirse, en 2015 hubo 109 muertos.

Aunque las muertes en las prisiones siguen ocurriendo, para 2020 el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) publicó que el hambre sustituyó a la violencia como la principal causa de muerte de la población penitenciaria. Hay dos versiones sobre la disminución de las muertes por violencia en las prisiones. Una es que el gobierno de los pranes ha logrado imponer el orden y las normas de convivencia pacífica −que el Estado no logró−, mediante el mejoramiento de la infraestructura de las prisiones con áreas recreativas, la incorporación de la población penal a ciertas actividades y principalmente reservándose el pran y su carro el monopolio de la violencia (uso de las armas de fuego). La otra hipótesis es que en las prisiones siguen ocurriendo asesinatos, pero los restos de las víctimas son enterrados en fosas comunes.

Esto coincide con denuncias hechas en el pasado por el OVP sobre la desaparición de presos. En 2017, la ministra de Servicio Penitenciario, Iris Varela confirmó que habían localizado una fosa común con 15 cadáveres en los terrenos de la Penitenciaría General de Venezuela (PGV), en Guárico. Yandris, el exmiembro del Tren de Aragua, asegura que en Tocorón eso no pasa.

Una tormenta perfecta

Al Tren de Aragua también lo ayudó el contexto reciente. Hemos hablado de como el proyecto fallido de las Zonas de Paz, que nació a finales de 2013 en el país, y del que se benefició San Vicente, ayudó a fortalecer la gobernanza criminal de las megabandas. Estas son el resultado de la mutación de las bandas tradicionales que había en Venezuela, que estaban integradas por 3 o 5 personas, con poder de fuego limitado y sin jerarquías, y se convirtieron en organizaciones con 50 o más hombres, que tienen armas de guerra, controlan territorios y tienen una clara estructura jerárquica. Luego, en 2015, la Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP) derivó en una política de exterminio contra jóvenes de zonas pobres, con altas dosis de letalidad policial y violaciones masivas de derechos humanos, que incrementaron la violencia, la criminalidad y el rechazo a los cuerpos de seguridad. De hecho, 2016 cerró como el año con más homicidios en el país, con 28.479 casos y una escandalosa tasa de 91,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV).

Son varios los grupos armados y megabandas que vivieron sus momentos de gloria en esos años en el ámbito nacional, como la banda de El Koki. Pero el Tren de Aragua fue la única que logró consolidar una estructura financiera y organizacionalmente sólida en solo ocho años para avanzar hacia su internacionalización.

No es casual que el nacimiento y la expansión de esta organización mafiosa hayan ocurrido en los años de mayor conflictividad política y social de Venezuela, entre 2014 y 2022, y que su internacionalización haya acompañado la más grave crisis migratoria que ha tenido un país en América Latina. Mientras la mayoría de los venezolanos enfocábamos toda nuestra atención y energía en las protestas en las calles contra el gobierno de Nicolás Maduro, en denunciar las violaciones masivas de derechos humanos, y en hacer malabares para conseguir alimentos como leche, carne, arroz o papel higiénico, o para proveernos de servicios básicos como electricidad y agua, en las prisiones otro grupo de venezolanos también intentaba sobrevivir, a su manera.

De esa necesidad de supervivencia surgen dos de las principales habilidades o “talentos” que identificamos en la megabanda: la capacidad de adaptación o adaptabilidad y la capacidad de negociación para lograr alianzas. El Tren de Aragua ha desarrollado una versatilidad que le permite involucrarse en casi cualquier delito. Sus miembros serían algo así como lo que en Venezuela llamamos “toderos”, esas personas dispuestas a trabajar en cualquier cosa. En los países donde se les detiene aparecen involucrados en una docena de delitos, pues tienen un portafolio de más de 20 actividades ilegales que les generan rentas. Algo poco común en organizaciones criminales tradicionales, que suelen concentrarse en una actividad principal como el narcotráfico.

Esta versatilidad también les permitió identificar prontamente una nueva oportunidad de negocio, un filón, en la migración venezolana, darse cuenta de lo que podían hacer en materia de prostitución y narcotráfico en países como Chile, mientras que su destreza como negociadores los ha ayudado a entrar en territorios complejos que controlan organizaciones criminales de mayor poder y tradición, en Colombia y Brasil, mediante pactos de cohabitación y alianzas con el Clan del Golfo, el ELN y el PCC.

No suelen protagonizar balaceras o enfrentamientos con otros grupos criminales. Aunque parezca contradictorio, la violencia no es el arma preferida de los jefes del Tren de Aragua, al menos no en ciertos contextos. Sí cometen asesinatos sanguinarios e imponen sus reglas por la fuerza, pero sus prácticas buscan más que todo enviar un mensaje aleccionador que inhiba a sus enemigos y a aquellos que pretendan desafiar sus normas y traicionarlos.

El Tren de Aragua también se caracteriza por tener un mando único y un orden jerárquico inquebrantable, basado en la lealtad de sus integrantes. Han desarrollado una especie de cultura organizacional propia, que es replicada y es defendida hasta por quienes ya no forman parte del grupo. Son como una familia, se llaman hermanos entre ellos y por eso los principales son sus papás. Traicionar al Niño Guerrero es impensable.

Las investigaciones policiales realizadas en Chile, Colombia y Perú confirmaron que en sus países operan células, no franquicias, que reciben órdenes desde la prisión de Tocorón o el barrio San Vicente. Son una mafia y sus integrantes tienen una definición clara de sus funciones en cada lugar de la organización.

Pero no todo es producto de sus propios méritos. Si hay figuras del Gobierno venezolano o del oficialismo que apoyen o promuevan las acción del Tren de Aragua es difícil probarlo. Lo que sí es visible y claro, es que mucho de lo alcanzado por la organización criminal tiene su origen en hechos de corrupción y acciones de tipo político.

El pranato, por ejemplo, tiene su origen después de 2005, en pleno Gobierno de Chávez, cuando Wilmer Brizuela, alias “Wilmito”, considerado el pran de pranes, llegó al Internado Judicial de Vista Hermosa en el estado Bolívar. Entre 2008 y 2011 ya se había extendido y consolidado en casi todas las prisiones del país. En esta forma de gobernanza criminal, como explicamos en capítulos anteriores, los presos ejercen control sobre un territorio (la prisión) y una comunidad, con la anuencia o la complicidad del Estado (la GNB y Poder Ejecutivo y Poder Judicial).

Expertos y estudiosos del tema carcelario, como Humberto Prado, del Observatorio Venezolano de Prisiones, y Carlos Nieto Palma, fundador de Una Ventana a La Libertad, aseguran que los líderes negativos de las cárceles –como también se le conoce a los pranes— fueron volviéndose poderosos con las facilidades que recibían de la GNB, mediante sobornos y corrupción. Comenzaron a tener armas de fuego, negocios dentro de las cárceles y otros beneficios de las alianzas con los militares. En el pasado, solo algunas prisiones tenían custodia externa de la GNB.

Ambos expertos coinciden en que una de las acciones que fortalecieron al pranato fue la flexibilización de la permanencia de las visitas en las cárceles. Se institucionalizó la figura de la pernocta, que existe todavía, y que consiste en que los familiares de los presos se pueden quedar a dormir −en ocasiones hasta viven— dentro de la cárceles por días y meses. Esta práctica comenzó durante la gestión de Tareck El Aissami como ministro de Relaciones Interiores, cuando todavía ese despacho tenía a su cargo las cárceles, entre 2008 y 2012.

Algunos analistas explicaron que con la flexibilización el Gobierno buscaba reducir la violencia en los centros de reclusión, calmar a los presos, ante la imposibilidad o la falta de voluntad para resolver los problemas estructurales del sistema carcelario. Pero la violencia no se detuvo y la pernocta evolucionó. Ahora no solo se quedaban las familias de los presos, sino que comenzaron a entrar prostitutas y mujeres que asistían a fiestas organizadas dentro de las cárceles. Se extendió el ingreso de licor, las fiestas comenzaron a organizarse con invitados famosos, y de allí se pasó a la construcción de discotecas, piscinas, casinos y otras amenidades.

En 2011, el pranato demostró que ya era la autoridad. Los dos pranes de la cárcel del Rodeo II lideraron un motín carcelario que duró más de un mes y dejó al descubierto el colapso del sistema penitenciario. Los presos tomaron a fuego el control de la prisión, y el Gobierno tuvo que negociar con los delincuentes. La crisis llevó a Chávez a crear el Ministerio de Servicio Penitenciario ese mismo año.

La ministra

María Iris Varela, quien acompañó a Chávez en su proyecto revolucionario desde 1999 hasta 2013, se convirtió en 2011 en la primera titular del Ministerio de Servicio Penitenciario. En 2013 fue ratificada en este puesto por Nicolás Maduro y permaneció en el cargo por casi nueve años hasta 2019, con un breve paréntesis entre 2017 y 2018.

Aunque la existencia de los pranes o principales en las prisiones venezolanas es anterior a la llegada de Varela al despacho carcelario, su gestión es determinante para entender el actual sistema penitenciario del país. Si bien logró recuperar y poner bajo el control del Estado varias cárceles como La Planta y La Penitenciaría General de Venezuela (PGV), al mismo tiempo fue testigo de la consolidación de grandes empresas criminales en más de media docena de reclusorios. Ahora es diputada a la Asamblea Nacional, pero su influencia y autoridad aún se perciben en las oficinas del despacho penitenciario, ubicado en El Rosal, en el este de Caracas.

La siguiente es una entrevista inédita hecha en junio de 2019 a María Iris Varela, cuando era ministra de prisiones de Venezuela. Su contenido era parte de una investigación periodística que nunca fue publicada. Poco después de realizarse la entrevista, se reportó el ataque de represalia del Tren de Aragua a la fábrica Puig en Las Tejerías.

Antes de iniciar la entrevista, Varela nos invitó a recorrer una cárcel modelo de mujeres a unos 30 kilómetros de Caracas, y nos mostró la sala situacional del despacho de prisiones desde donde monitorean en tiempo real, con tecnología china, algunas de las prisiones que han sido “recuperadas” por el Estado. Son equipos muy sofisticados, y en esta versión del Gran Hermano las cámaras llegan hasta los calabozos de los reclusos.

La conversación transcurrió en la oficina de Varela y duró cerca de tres horas, con algunas interrupciones debido a sus responsabilidades. Respondió todas las preguntas con cordialidad, aunque en dos ocasiones pidió apagar el grabador.

—Estuve en el INOF (principal cárcel de mujeres del país) y pude ver lo que es el nuevo régimen carcelario. Luego, aquí en el ministerio sus funcionarios me mostraron como funciona este modelo. Quisiera hablar sobre eso, pero también quisiera hablar sobre los penales que no tienen nuevo régimen. Para empezar, ¿podría decirnos cuántas cárceles hay en total en Venezuela?

—En total hay 105 establecimientos, contando los de adultos, los de adolescentes, hembras y varones. Yo llevo el sistema de adultos y el sistema de adolescentes en conflicto con la ley penal. De esos 105, tenemos 100 con nuevo régimen penitenciario y hay cinco en transición. Trasición es que ya todo el sistema penitenciario que corresponde al Gobierno nacional está controlado, hay 100 por ciento de control. Ahora, en el nuevo régimen, que es lo que has visto aquí, el ciclo para poder incidir en la transformación social de ese sujeto privado de la libertad hacia un hombre nuevo como decimos nosotros, hay que aplicar allí toda una serie de programas sociales de reinserción, y prepararlo en áreas laborales.

—¿Cuál es la cifra de población penal del país actualmente? Porque en Venezuela eso siempre ha sido un misterio

—Ese número varía todos los días, porque todos los días entran y salen privados de libertad. Según un reporte que yo recibo a diario, hoy hay 44.773 privados de libertad. El año pasado a finales tuvimos 56.000, intramuros. Claro, a veces uno recibe privados de libertad que ya están penados, ya han cumplido parte de su condena, no tienen penas altas, entonces este privado de libertad llega y dura muy poco. Para nosotros lo ideal es que lleguen y duren algún tiempo para incidir en su transformación.

—¿Pero cuáles son los datos? ¿Por qué esos datos no se conocen en el país?

—De los 44.773 hoy, tenemos un total de 26.043 procesados, y 16.187 penados. 42.230 hombres y 2.543 mujeres.

La ministra lee desde su computador el informe que le llega diariamente con las señas físicas de cada preso, su familia, su talla, su peso.

—¿Qué hacen los presos que están en las cárceles venezolanas?

—Nosotros le declaramos la guerra al ocio. Ya estamos haciendo trabajo afuera, en las comunidades. Nos piden asesoría en Ecuador, en Sudáfrica, en El Salvador. De verdad que el gobierno revolucionario puede dictar cátedra en materia del tratamiento de los privados de libertad para que realmente la prisión cumpla el propósito que se ha buscado. De hecho, nuestras normas para tratamiento al privado de libertad son más avanzadas que las normas Mandela y que las normas de Bangkok para el tratamiento a los reclusos. Las normas de las Naciones Unidas se superaron aquí.

—¿En qué consiste esa atención con las personas que van a salir o que han salido?

—Nosotros tenemos una dirección de atención al egresado, que se encarga de la persona que está estudiando o trabajando. Si no tiene una colocación laboral, lo metemos en una unidad socioproductiva (una microempresa creada por el Ministerio de Prisiones). Se hace ropa. Producimos hasta miel, en apiarios intramuros, que dirigen funcionarios del ministerio y gente egresada. Cada espacio aquí nosotros lo aprovechamos para el cultivo, para la cría. Tenemos talleres textiles, de herrería, granjas porcinas, casas de cultivo, fábricas de bloques. Hacemos una belleza de zapatos tejidos. Los hacían privados de libertad que salieron ahorita en régimen de confianza. Se los compraban para llevárselos a Cúcuta y a Perú, entonces yo los agarré y les dije: “Miren, vamos a montar una zapatería con ustedes, y nosotros les compramos la mano de obra”, y ahorita los puse a hacer 5.000 zapatos para vender en una feria.

—¿Podría explicar en qué consisten esas unidades socioproductivas?

—Por ejemplo, un proyecto productivo de mi hermana, directora de despacho, es cerdo y cachama (un pescado de agua dulce), otro mío es fabricar helados y artesanías. Estamos haciendo prótesis para personas con discapacidad, que es del ministerio, en Táchira. Aquí todos tienen uno. O sea, yo produzco algo, y aquí dentro del ministerio también tiene unos compradores, tiene un público cautivo. Se ha hecho con autogestión. Entonces de ahí sacamos nosotros también recursos para poder reinvertirlos y para poder hacer sustentables esas actividades. Mira, esto es miel producida por nosotros, esta te la regalo (dijo extendiendo una botella del producto). Eso se exporta para China.

—¿En esas unidades socioproductivas participan presos o expresidiarios?

—Esto es de puro funcionario. Hay otra que es con egresados (exconvictos).

—¿Usted dice que lo que producen lo exportan, y los recursos son para el ministerio?

—Para reinvertirlos. Aquí todo se reparte. Si el presidente (Maduro) dice: “Hay que dar un bono de guerra”, yo les doy el bono de guerra. Repartimos dividendos, pues. Garantizamos los recursos de inversiones, pago de personal, y repartimos los dividendos.

—¿Qué es un régimen de confianza y cuántos presos en este momento tienen régimen de confianza?

—Hay varios, lo que pasa es que normalmente cuando ya un privado de libertad tiene régimen de confianza, es porque ya tiene todo listo para que los tribunales le den el beneficio, que en cumplimiento de pena le corresponde, y si no lo hace el tribunal, le estamos violando un derecho. Entonces nosotros lo pasamos a régimen de confianza y le notificamos al tribunal, y normalmente el tribunal después que observa eso otorga el beneficio.

—Ministra, y el Niño Guerrero ¿bajo qué figura está, sigue siendo un pran?

—No, él no es ningún pran. Él es un privado de libertad que está esperando su beneficio en cumplimiento de pena. A mí no me gusta hablar de ninguno de ellos como pranes, ¿oíste?

—¿Puedo escribir eso, lo que acaba de decir?

—Claro. Es que él no es ningún pran. Desde que llegué aquí yo no reconozco eso de pran, ni desde el primer día que me nombraron a mí ministra yo nunca he reconocido eso. Para mí, es un privado de libertad como cualquier otro. La mayoría de las mafias, aquí, intentan amparar sus fechorías con las cárceles.

Se refería a las estructuras de funcionarios corruptos.

—Entonces ¿usted dice que no existe un pran en Tocorón, y que ninguna cárcel está bajo control de los presos?

—Toda la vida hubo liderazgos en las cárceles. Liderazgos negativos y positivos. Pero ese invento de los liderazgos fue de la Cuarta (de los gobiernos previos a los mandatos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro) y acabó con el nacimiento de este ministerio.

—Algunas ONG como el Observatorio Venezolano de Prisiones han denunciado las muertes de presos por desnutrición…

—Pues a nosotros, como a todo el país, nos impacta el bloqueo económico, nos impacta la situación de inflación inducida que han diseñado los criminales de la economía para tratar de asfixiar al país. Nosotros hemos tenido dificultades, a veces en algunos rubros, en algunos víveres que se necesitan para las cárceles. Pero le garantizo que (aunque) nosotros hemos llegado en algún momento a no tener los alimentos en nuestras casas, hablo de nuestros funcionarios, a los privados de libertad nunca les ha faltado el alimento. Sí hemos pasado algunas necesidades de repente que nos ha tocado bajar de las tres comidas a dos, pero eso son cosas momentáneas. Nosotros no escapamos de eso. Por ejemplo, si no hay gas, no importa, cocinamos en estufa. También mandamos a construir granjas porcinas y avícolas. A veces tenemos por allí una necesidad de cárnicos en determinado penal, entonces yo mando a hacer una matanza de cerdos. Nosotros incluso montamos en un campamento los cuartos fríos para fabricar jamón serrano.

—A principios de año, fallecieron unos jóvenes en unas cárceles en Lara por una enfermedad. Eran unos presos políticos, un muchacho que había participado en protestas con la oposición…

La ministra interrumpe. 

—Yo le voy a decir algo, de 44.773 que yo tengo hoy, aquí ninguno está por razones políticas. Aquí nunca tenemos por qué ocultar si falleció un privado de libertad…

—Pero entiendo que la persona sí falleció. La denuncia concreta de los familiares era que no habían recibido atención médica oportuna.

—Aquí hay un servicio de salud que funciona. A cada privado de libertad cuando llega se le levanta su informe médico. Hay los que de repente llegan con una enfermedad crónica, y no es que uno no lo atienda. Pero lamentablemente, bueno, si es una enfermedad resistente, eso ya son cuestiones médicas. Pero por falta de atención, jamás. Las áreas de reclusión ahora son lugares dignos, limpios. Si se muere un privado de libertad sirve para que se generen especulaciones. Aquí estamos nosotros bajo un ataque.

—Ministra, volviendo al tema de las cárceles que no están bajo control del Estado, hemos conversado con mucha gente de Aragua que dice que es imposible acercarse a la cárcel de Tocorón debido a que los miembros del Tren de Aragua controlan incluso el exterior de la prisión.

—Cuando alguien te diga que no se puede entrar al pueblo, pregunta dónde está el gobernador. O sea, ahí debe haber un gobernador. ¿No hay organismo de seguridad, no hay policía? Hay organismo de seguridad, hay policías, hay gobernadores, hay alcaldes. Yo no sé cuántos alcaldes tiene el estado Aragua, pero ahí hay de todo, ahí hay autoridades. Y bueno, yo no sé de dónde salió esa especie, pero aquí no hay ningún sitio vetado para ninguna persona en este país.

—Es una versión que viene de muchas personas.

—¿Quiénes?

—Incluso de funcionarios policiales.

—Entonces esos están metidos allá en la mafia. Es un sinvergüenza un funcionario policial que diga que no se puede ir a tal o cual sitio en donde él es autoridad. Es falso de toda falsedad que hay una especie de toque de queda propiciado por alguien desde una cárcel. Aquí hay muchas cosas que ha superado el Gobierno revolucionario, y una de las cosas que ha superado con creces es el control en las cárceles del país.

—Entonces, ¿cuál es la situación de Tocorón en este momento? ¿Se puede entrar a Tocorón?

—Si tú quieres entrar a Tocorón, yo te meto en Tocorón… Yo le decía a Bachelet (Michelle, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos) que podía ir a dónde ella quisiera ir, y no quiso ir. En todas partes eso está controlado, y el régimen funciona. Yo estoy desmostrando con mi gestión la incapacidad de otros que pasaron por aquí, que han sido militares. Y eso a nadie le gusta. Yo me he ganado unos enemigos gratuitos por el hecho de hacer mi trabajo. Yo defiendo mi gestión, porque yo sé lo que hemos logrado y lo que nos ha costado.

—¿Pero quién controla la prisión de Tocorón?

—Ya nosotros pusimos pleno orden y control en la torre administrativa, y los privados de libertad en Tocorón, cuando salen a hacer trabajos, salen y se uniforman, para que sepan, los que tienen transición. Esa transición comenzó en diciembre de 2016. Salen a cultivar unas áreas frente a Tocorón. Hoy precisamente me estaban mandando imágenes de las cosechas.

—Estuvimos también en otro pueblo de Aragua, San Vicente, que está lejos de la cárcel, pero los habitantes dicen que allí todo está bajo el control del Tren de Aragua, desde la prisión de Tocorón. Dicen que extorsionan a todos y que hacen unos juicios a las personas que no cumplen sus reglas.

La ministra interrumpe.

—Mire, nosotros hemos trabajado en San Vicente. Aquí se suele estigmatizar al pobre, de una vez etiquetándolo como un delincuente. Por supuesto que los privados de libertad, lamentablemente, salen de los estratos más pobres de la sociedad, en su mayoría. Es una infamia que digan que tal o cual privado de libertad de tal o cual cárcel controla las áreas dispersas. El que diga eso debe revisarse, si es un funcionario que dice eso debiera dar la cara y demostrar cuáles son las bases que tiene para sostener eso. Mira, la mayoría de las mafias aquí intentan ampararse en sus fechorías con las cárceles. Esos privados de libertad están tranquilos, están sometidos como deben someterse. En Aragua se acabó la violencia. ¿Por qué eso no lo dicen?

—Cuando usted dice que hay cinco cárceles que están en transición (están controladas por los presos), ¿es posible por ejemplo que todavía haya armas y drogas en Tocorón?

Sin responder la pregunta, la ministra buscó un mapa de la prisión para mostrar las zonas que su despacho ha rescatado. De la imagen se deducía que el Estado comparte con los presos el control de la cárcel de Tocorón.

—Una pregunta más. Tenemos la información de que han trasladado presos de Tocorón para trabajar con las bandas del estado Sucre.

Antes de responder soltó una carcajada.

—En Sucre tenemos dos centros: el de Carúpano y el de Cumaná, y están bajo régimen completo.

—No, ministra, pero no me refiero a los presos de las cárceles de Sucre. Los que han sido trasladados son presos de Tocorón.

—¿Pero cómo llegan?, ¿quién los lleva?

—Llegan en autobuses supuestamente del ministerio.

—Creo que lo que está pasando es que eso es hampa común, bandas organizadas de la calle. Pero un privado de libertad, eso es imposible. Aquí cuando un privado de Tocorón intenta fugarse lo liquida la guardia nacional y eso ha pasado.

En consonancia con su confesión, Varela, no solo en su discurso, sino también en la práctica, ha hecho intentos por mantener las prisiones bajo control del Estado. En uno de esos intentos por recuperar el orden les dijo a los presos de Tocorón: “¡Aquí la única pran soy yo!”, contó Yandris.

Epílogo

La existencia y permanencia del Tren de Aragua en el tiempo no dependen solo de los más de 5.000 miembros que tiene la organización regados por la región, ni del arsenal de fusiles AR-15 y AK-103 y granadas que exhibe la megabanda venezolana. El futuro de la estructura criminal puede estar más bien asociado a las habilidades y características particulares que ha desarrollado el grupo, la voluntad política del Gobierno de Nicolás Maduro de retomar el control de las prisiones, la persistencia de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela, las restricciones migratorias que imponen los países de América y la poca cooperación policial entre algunos Estados del continente.

El Tren de Aragua, además, encaja perfectamente en la definición de actores criminales de tipo mafioso que hace el Índice de Crimen Organizado de Global Iniciative: “Se financian principalmente mediante actividades ilícitas. Hay cuatro características que definen a un grupo de tipo mafioso: un nombre conocido, un liderazgo definido, control territorial y afiliación identificable (alianzas y negociaciones)”.

De esta manera, la megabanda, que nació en la prisión de Tocorón, entra en la misma categoría –guardando las distancias–que la Mafia Siciliana, la ’Ndrangheta, el Cartel de Sinaloa, la Yakuza japonesa, el PCC de Brasil o la Mara Salvatrucha (MS-13). Todas son organizaciones mafiosas y tienen 40 años o más operando, lo que significa que este tipo de grupos puede ser muy longevo. El Tren de Aragua tiene apenas ocho años de creado.

Entre otras características de las organizaciones de tipo mafioso que pueden contribuir a mantenerlas con vida, la megabanda cuenta con un liderazgo claro, que además ha ideado un mecanismo mediante el cual la ausencia de uno de los jefes igual dejaría dos cabecillas más para guiar a la organización. Por eso son Tres Papás. Estos tienen la lealtad casi absoluta de los miembros del grupo, basada en la construcción de una “cultura organizacional” y un modelo de funcionamiento altamente adaptativo, en el que todos se sienten como parte de una gran familia. Se llaman “hermanos” entre ellos, y traicionar a la familia o desobedecer a los jefes es impensable. Tienen jerarquías claras y precisas para llevar adelante los negocios. Aquí, por cierto, las mujeres juegan un rol clave; no son líderes pero están a lo largo de toda la operación, aunque también pueden ser víctimas.

En el ámbito económico y financiero, el Tren de Aragua ha logrado diversificar su portafolio de delitos. Dispone de más de 20 actividades que le generan rentas, y como prestador de servicios, las pone a disposición de otros grupos armados que las necesiten. Esto le permite tener una variedad de fuentes de ingresos para lidiar con cierta holgura con las pérdidas por decomisos de mercancía por parte de las autoridades o la suspensión forzada de negocios, como pasó con el caso de las estafas con Marketplace. Además, siempre tienen la causa, un ingreso constante para atender la operación mínima de la estructura delincuencial en Tocorón.

La megabanda ha conseguido también involucrarse en 6 de los 10 mercados criminales más extendidos en el mundo, según el Índice de Crimen Organizado de Global Iniciative 2021: trata de personas, comercio de cannabis, tráfico de armas, comercio de drogas sintéticas, comercio de cocaína y delitos contra los recursos no renovables. Su poder económico puede ser tan sólido como el oro que gana al custodiar y administrar las actividades colaterales en la zona donde está ubicado el cuarto mayor yacimiento de oro del mundo.

Aunque Yandris, exmiembro de la megabanda, aseguró que cada actividad delictiva es independiente y no hay una rendición de cuentas a los principales de la Casa Grande, los audios y pruebas incautadas a los integrantes del grupo detenidos en Chile, Colombia y Perú muestran lo contrario. Los negocios internacionales reportan ganancias a Tocorón o, en el peor de los casos, pagan una causa a los jefes de la prisión, lo que mantiene oxigenada a la base de la pandilla. Esto, además, es parte del modelo, un patrón que se repite de manera similar en cada país.

Por otra parte, el uso de la violencia o de la fuerza para erigir su marca criminal, hacerse de una reputación y ganarse el respeto de competidores y posibles aliados posicionaron definitivamente al Tren de Aragua como una poderosa y sanguinaria organización criminal transnacional. Ha tenido presencia constante en los titulares de los principales medios de comunicación de la región y del mundo en 2022, y el nombre del grupo ha sido mencionado por el presidente de Chile, Gabriel Boric, y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

Ya tienen el respeto de las Disidencias de las FARC, según lo dicho por un guerrillero; las alianzas con el PCC en Brasil son un hecho, como lo hemos expuesto en este libro; han logrado establecer y controlar el microtráfico de drogas en localidades de la capital de Colombia, que no es poca cosa; y han operado en cohabitación con el ELN en la frontera entre Norte de Santander y Táchira por cuatro años, en una dinámica que pudiera desajustarse con la apertura definitiva de esa frontera, pero que no por eso mermará su gran capacidad de adaptación. Esta es quizás su principal virtud, desarrollada en el contexto de la necesidad de sobrevivir en las prisiones venezolanas y de operar en un país con una crisis económica y social prolongada.

Pero esta visibilidad internacional ganada con violencia también puede tener repercusiones negativas para el futuro de la organización, que había venido creciendo sigilosamente en la región desde 2017. El grupo ahora no solo es respetado y conocido por sus competidores. Sus acciones sanguinarias también lo pusieron en el radar de las autoridades, que han comenzado a perseguirlo para desarticular sus negocios criminales, lo que sin duda será un obstáculo para sus operaciones. En el transcurso de 2022 más de 50 miembros de la megabanda fueron detenidos y encarcelados en Chile, Colombia y Perú, lo que deja de manifiesto una debilidad: las dificultades del manejo a distancia del comportamiento y la violencia que ejercen los luceros.

Estos duros golpes, sin embargo, no han detenido las operaciones, y han mostrado otra de las destrezas del grupo, su capacidad para establecer vínculos con agentes del Estado incluso fuera de Venezuela, como en el caso de un teniente de la policía de Bogotá, en la localidad de Kennedy, que había sido cooptado por la megabanda y recibía pagos mensuales para suministrarles información y protección. También ha ocurrido en Chile, donde carabineros de la prisión donde están recluidos los líderes del Tren de Aragua han recibido sobornos a cambio de introducir teléfonos celulares. Es probable que situaciones similares se repitan en las fronteras de Chile-Bolivia, Perú-Ecuador, Ecuador-Colombia y Colombia-Venezuela, donde operan las “agencias de viaje” del grupo criminal que trasladan migrantes indocumentados a lo largo de esa ruta sin ser detenidos por las autoridades de esos países.

Los jefes de Tocorón saben que cuando se trata de escoger entre plata o plomo, es más beneficioso usar plata en lugar de plomo para sobrevivir y mantener sus negocios con éxito, que al final es el objetivo. Esa es la premisa que los ha llevado a evitar las confrontaciones armadas con adversarios y competidores. Se inclinan más por buscar negociaciones –otras de sus mayores habilidades–, pactos y alianzas como las que han logrado con los pranes de las prisiones de Trujillo y Yaracuy, y otras megabandas del país, o los acuerdos también de cohabitación con el pran de Tocuyito. Su poder de fuego, que incluye armas de guerra, es más para la protección de sus enclaves y negocios, y para el amedrentamiento de las autoridades y enemigos. Claro, cuando lo tienen que usar no les tiembla el pulso.

Otra de las fortalezas de la organización delictiva es la implementación de gobernanzas criminales en los territorios que controlan, comenzando por la prisión de Tocorón y el barrio San Vicente, en Aragua. Usan el miedo y la violencia para imponer reglas, y en paralelo parecen ofrecer a las comunidades soluciones a sus problemas y normas de convivencia que el Estado ha sido incapaz de dar. Con eso se ganan la simpatía de grupos sociales que carecen de oportunidades y han sido olvidados por las instituciones.

En la pobreza constante y prolongada que tiene Venezuela, entendida como falta de oportunidades y exclusión social, está una de las principales fuentes de mano de obra barata del Tren de Aragua. La mayoría de los privados de libertad en las cárceles del país son hombres jóvenes y pobres, vulnerables y muy fáciles de captar no solo por esta, sino por cualquier organización criminal. La prisión es la cantera donde reclutan a sus miembros. Mientras haya presos habrá gente disponible para mantener activas las operaciones de la megabanda, y habrá pago de causa para financiar la base de esta operatividad. Es un círculo alimentado por esta crisis económica y social crónica, que las organizaciones internacionales han llamado emergencia humanitaria compleja y cuyo final no parecer estar cerca. Esto obviamente favorece a la pandilla.

Además, ahí también tiene su origen la migración forzada de venezolanos, que huyen en busca de refugio a otros países de la región. Este fenómeno, como vimos en varios capítulos, también se ha convertido en un nuevo nicho de negocios para el Tren de Aragua, que ha establecido un control sobre los pasos informales en las distintas fronteras que deben cruzar estos migrantes. Allí han implementado distintas formas de tráfico de migrantes –desde coyotes tradicionales, pasando por el cobro para permitir el paso hasta el uso de los migrantes como mulas para pasar drogas—, trata y alcabalas para el ingreso de otras organizaciones delictivas.

Estos negocios criminales se han visto favorecidos con las políticas migratorias restrictivas que han impuesto diversos países de la región a los venezolanos. La razón es que la migración de venezolanos no se detiene, porque persiste la emergencia humanitaria en el país, y la urgencia de muchas persones vulnerables por entrar, así sea de manera irregular, a esos territorios abre un gran filón de oportunidades para las organizaciones como el Tren de Aragua. Para restar poder a estos grupos criminales es urgente revisar, modernizar y humanizar las políticas migratorias.

Otro factor que puede estar favoreciendo la expansión del grupo de Tocorón es la falta de cooperación internacional entre cuerpos policiales de países de la región, un requisito clave para desmantelar las estructuras de crimen organizado. Un ejemplo gráfico y claro de que el crimen organizado, como se sabe, no tiene fronteras ni nacionalidad y no es un problema de un grupo determinado, fue el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Cartagena (Colombia), por encargo de carteles de Paraguay, Uruguay o Brasil (aún no está claro), que fue planificado por miembros de una pandilla colombiana y ejecutado por sicarios venezolanos.

Pero más allá de las circunstancias y acciones que favorecen o pueden contribuir el debilitamiento y desmantelamiento del Tren de Aragua, hay una variable que puede ser la más importante: el rol del Estado venezolano. A lo largo de la investigación vemos que hay medidas y decisiones que han favorecido el desarrollo y fortalecimiento de este y otros grupos criminales, con o sin intención de funcionarios e instituciones.

En este contexto es indispensable que haya muestras de voluntad política orientadas a derrotar realmente a la delincuencia organizada, con medidas concretas para recuperar la institucionalidad que ha sido desmantelada. El informe Index 2021 de Global Iniciative dice que “los mercados criminales, los actores criminales y la resiliencia (acciones de las instituciones del Estado para combatir o minimizar el crimen) están estrechamente interrelacionados. Tradicionalmente, las actividades del crimen organizado han sido descritas como la obra de actores irregulares que operan fuera del aparato estatal, actuando como una fuerza corrosiva para las instituciones estatales y la sociedad en general. Si bien esto suele ser cierto, más recientemente se reconoce cada vez más el papel del propio Estado en la perpetuación o participación directa de actividades criminales organizadas”.

Por otra parte, el mismo informe también concluye que “las democracias tienen niveles más altos de resiliencia a la criminalidad que los Estados autoritarios”. Esto quiere decir que los países donde hay Estado de derecho tienen bases más sólidas para derrotar y contrarrestar el crimen organizado.

“Cuando el propio Estado perpetra actividades ilícitas, se puede argumentar que un país pierde su resiliencia al crimen organizado porque su participación en actividades criminales socava su papel como proveedor primario de los componentes fundamentales de la resiliencia, incluidos el Estado de derecho y protecciones sociales, económicas y políticas. Asimismo, la forma en que un país responde al crimen organizado puede afectar su resiliencia general. Las medidas destinadas a combatir el crimen organizado, pero que no cumplen con las normas, estándares y principios de derechos humanos internacionalmente aceptados, pueden contribuir a su vez a crear condiciones que arraiguen aún más la criminalidad”, asegura el documento.

En el caso de Venezuela y el Tren de Aragua, una muestra importante de resiliencia del Estado sería retomar el control de la prisión de Tocorón, mediante la implementación de políticas penitenciarias que respeten la dignidad y los derechos humanos de los privados de libertad. De allí en adelante, puede ser infinita la lista de acciones para rescatar el sistema penitenciario, devolver la independencia a las instituciones, y depurar la corrupción del Poder Judicial y los cuerpos de seguridad.

De lo contrario, la perspectiva que ofrecen los escenarios que analizamos es que el Tren de Aragua continuará con sus operaciones y se hará cada vez más fuerte, dentro y fuera de Venezuela.

Referencias

Cuatro integrantes del “Tren de Aragua” detenidos con cuarenta kilos de marihuana. 11/06/2019. https://diariodelosandes.com/site/cuatro-integrantes-del-tren-de-aragua-detenidos-con-cuarenta-kilos-de-marihuana/

Freddy Bernal: “Tren de Aragua, voy por ustedes” 09/03/2022. https://primeraedicioncol.com/tag/tren-de-aragua/

Crearán patrullajes especiales en Ureña y San Antonio para contrarrestar al Tren de Aragua. 03/02/2022. https://www.laopinion.com.co/tachira/crearan-patrullajes-especiales-en-urena-y-san-antonio-para-contrarrestar-al-tren-de-aragua

Táchira| Bernal anuncia “acciones contundentes” contra la banda criminal “Tren de Aragua”. 02/02/2022. https://3eravoz.com/politica/tachira-bernal-anuncia-acciones-contundentes-contra-la-banda-criminal-tren-de-aragua/

Informe de Transparencia: CORRUPCIÓN Y CRIMEN EN LAS REGIONES: ESTADOS SIN LEY 2019. https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2020/07/II-CORRUPCIO%CC%81N-Y-CRIMEN-EN-LAS-REGIONES.pdf

Informe de Transparencia: Oro Mortal 2019 https://transparenciave.org/oromortal/

Informe de Transparencia: Economías Ilícitas en Venezuela 2022 https://transparenciave.org/mas-de-usd-9-400-millones-al-ano-dejan-las-economias-ilicitas-en-venezuela/

Tren de Aragua utiliza explosivos. 18/09/2018. https://elclarinweb.com/actualidad/tren-de-aragua-utiliza-explosivos/

Informe UNODC: Estudio Mundial sobre Tráfico de Armas de Fuego 2020. https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Firearms/Global_Study_Ex_Summary_es.pdf

Informe Global Iniciative: Índice Global de Crimen Organizado 2021 https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2021/09/global-ocindex-report-spanish.pdf

Liberados los periodistas detenidos en Venezuela. 8/10/2017. https://elpais.com/internacional/2017/10/08/america/1507423704_923615.html

Parte de prensa sobre diputado herido Peter Sayago en alcabala 19/7/2022 NA

Banda “Los Chevrolet” atacó a balazos una Fiscalía del MP en Villa de Cura. 30/7/2022. https://www.lapatilla.com/2022/07/30/banda-chevrolet-balazos-fiscalia-villa-de-cura/amp/

Incendio en fábrica de Galletas María Puig fue por caso de extorsión. 9/7/2019. https://elestimulo.com/venezuela/2019-07-09/vinculan-incendio-en-la-fabrica-de-galletas-puig-a-un-caso-de-extorsion/

Instagram de Miguel Domínguez, Director de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la PNB, sobre Los Chevrolet 31/7/2022 https://www.instagram.com/tv/Cgr2DeZurkK/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D

CICPC abate uno de los diez más buscados de Falcón en Antiguo Aeropuerto

29/05/2020 https://notifalcon.com/2020/05/29/cicpc-abate-uno-de-los-diez-mas-buscados-de-falcon-en-antiguo-aeropuerto/

Roles de las mujeres en el crimen organizado. 13/04/2020. https://es.insightcrime.org/investigaciones/roles-mujeres-crimen-organizado/

Disidencia de las FARC mata a supuesto cabecilla del Tren de Aragua en Apure. 18/08/2021. https://talcualdigital.com/disidencia-de-las-farc-ultima-a-supuesto-cabecilla-del-tren-de-aragua-en-apure/

“Igual que los hombres, las mujeres se dedican al crimen organizado por poder, dinero, adrenalina...”. 07/02/2022. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-61561186

Muerte de jefes de disidencias de las FARC y del Tren de Aragua no garantizan fin de guerra en Apure. 19/08/2021. https://cronica.uno/muerte-de-jefes-de-disidencias-de-las-farc-y-del-tren-de-aragua-no-garantizan-fin-de-guerra-en-apure/

Otros dos asesinatos ocurrieron por guerra entre disidencias de las FARC y Tren de Aragua. 16/08/2021. https://cronica.uno/otros-dos-asesinatos-ocurrieron-por-guerra-entre-disidencias-de-las-farc-y-tren-de-aragua/

Caen miembros del Tren de Aragua que asesinaron a sargento. 17/10/2021. https://www.el-carabobeno.com/apure-capturados-dos-miembros-del-tren-de-aragua-implicados-en-compras-enganosas-por-marketplace/

Capturaron a dos integrantes del Tren de Aragua vinculados al asesinato de un sargento. 18/10/2021. https://www.noticias-ahora.com/capturan-integrantes-tren-de-aragua/

Cinco jóvenes venezolanas escapan de una red de tráfico sexual en Trinidad y Tobago. 11/08/2022. https://efectococuyo.com/sucesos/cinco-jovenes-trafico-sexual-sucre/

Abatidos en Bolívar seis integrantes del Tren de Aragua 06/07/2021 https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/general/gnb-rescato-a-680-pequenos-mineros-secuestrados-por-el-tren-de-aragua/

Miembro del Tren de Aragua fue abatido por las FAES. 18/08/2020. https://primeraedicioncol.com/miembro-del-tren-de-aragua-fue-abatido-por-las-faes/

Cae en Venezuela el criminal más buscado, El Picure. 04/05/2016. https://elpais.com/internacional/2016/05/04/america/1462389473_320875.html

Policía arresta a presunto integrante del Tren de Aragua en Monagas 01/09/2022 https://elpitazo.net/sucesos/policia-arresta-a-presunto-integrante-del-tren-de-aragua-en-monagas/

Instagram @aragualucha Mensaje de voz alias Flipper 05/06/2020 https://www.instagram.com/tv/CBEBFjQiVTC/

Delincuentes vuelan ambulacia con heridos, asesinan a policías. 10/11/2020. https://elestimulo.com/destacados/2020-11-10/delincuentes-vuelan-ambulancia-con-heridos-asesinan-a-policias-y-paramedicos-en-maracay/

Venezuela registra 655 fallas eléctricas cada día, según ente independiente. 05/08/2022. https://www.swissinfo.ch/spa/venezuela-electricidad_venezuela-registra-655-fallas-el%C3%A9ctricas-cada-d%C3%ADa--seg%C3%BAn-ente-independiente/47807800#:~:text=%2D%20Venezuela%20registra%20un%20promedio%20de,interrupciones%20del%20servicio%20durante%20julio

Intenso enfrentamiento en Maracay deja tres fallecidos y 200 detenidos. 13/05/2015. https://www.elimpulso.com/2015/05/13/intenso-enfrentamiento-en-maracay-deja-diez-fallecidos-y-200-detenidos/

Los tigres fueron robados en el estacionamiento del Centro Comercial Los Aviadores de Maracay. 01/11/2016. https://elclarinweb.com/noticias/sucesos/roban-dos-tigres-del-circo-los-valentinos/

Gobierno de Aragua desmiente presunto robo de tigres del Circo Los Valentinos. 01/11/2016. https://www.elimpulso.com /2016/11/01/gobierno-de-aragua-desmiente-presunto-robo-de-tigres-del-circo-los-valentinos-01n/

En Tocorón, el riesgo es que te quieras quedar. 07/08/2015. https://runrun.es/investigacion/217111/en-tocoron-el-riesgo-es-que-te-quieras-quedar/

Venezuela: 6.729 protestas y 163 fallecidos desde el 1 de abril de 2017. 02/08/2017. https://www.observatoriodeconflictos.org.ve/sin-categoria/venezuela-6-729-protestas-y-157-fallecidos-desde-el-1-de-abril-de-2017

Instagram @reportero24 MARACAY: Asesinan a pareja de actriz y modelo “Rosita” http://goo.gl/Omcafm lo mataron al cortarlo con motosierra… 25/06/2015. https://twitter.com/reportero24/status/614101078968131585

MARACAY: Asesinan a pareja de actriz y modelo “Rosita” .21/06/2015. https://reportero24.com/2015/06/21/maracay-asesinan-a-pareja-de-actriz-y-modelo-rosita/

28 delincuentes muertos por «guerra» entre Cicpc y megabandas del centro del país. 11/12/2015. https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:bI6X7pRn03kJ:https://runrun.es/investigacion/229007/28-delincuentes-muertos-por-guerra-entre-cicpc-y-megabandas-del-centro-del-pais/&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=ve

Muerte del Chino Pedrera: ¿Cicpc o guerra entre bandas? 25/02/2016 https://www.elcorreodelorinoco.com/muerte-del-chino-pedrera-cicpc-o-guerra-entre-bandas/

Ponencia de la Magistrada Blanca Rosa Mármol de León TSJ. 12/08/2011. http://historico.tsj.gob.ve/sr/Default3.aspx?url=../decisiones/scp/agosto/357-12811-2011-c10-422.html&palabras=Larry%20Amaury%20Alvarez%20Nu%F1ez

Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo

Tribunal de Primera Instancia en Función de Ejecución. 25/01/2005.http://lara.tsj.gob.ve/DECISIONES/2005/ENERO/867-25-GL01-P-2003-00084-.HTML

Ponencia de la Magistrada Blanca Rosa Mármol de León TSJ. 12/05/2011. http://historico.tsj.gob.ve/sr/Default3.aspx?url=../decisiones/scp/mayo/178-12511-2011-c10-422.html&palabras=Larry%20Amaury%20Alvarez%20Nu%F1ez

En pedacitos. 10/08/2018. https://www.porquesoyflores.com/en-pedacitos

Capturaron a integrante de la banda de “El Chino Pedrera”. 07/02/2014. http://policiaaragua.blogspot.com/2014/02/capturaron-integrante-de-la-banda-de-el.html

De Grazia: Hijo de Maduro y Diosdado Cabello tienen pranes para controlar el Arco Minero. 23/11/2018. https://www.elimpulso.com/2018/11/23/de-grazia-nicolas-ernesto-maduro-guerra-y-diosdado-cabello-tienen-pranes-para-controlar-las-minas-en-bolivar-23nov/

Recurso de Casación TSJ. 31/05/2018. http://www.tsj.gob.ve/buscador?QueryText=hector+rusthenford+guerrero+flores

Ponencia de la Magistrada Doctora Elsa Janeth Gómez Moreno. 31/05/2018. http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/mayo/211889-151-31518-2018-c18-57.html

Acta de continuación audiencia de juicio oral y público Tribunal Primero de Juicio Valles del Tuy. 17/06/2013. http://miranda.tsj.gob.ve/DECISIONES/2013/JUNIO/93-17-MK21-P-2002-000035-.HTML

Liberado un español secuestrado 38 días en Venezuela a quien le amputaron un dedo. 16/02/2017. https://elpais.com/politica/2017/02/16/actualidad/1487245467_921384.html

Azotes en llamas, otra película venezolana llega con grandes apuestas y muchas redes. 17/06/2022. https://elestimulo.com/cultura/cine-y-tv/2022-06-17/azotes-en-llamas-otra-pelicula-venezolana-llega-con-grandes-apuestas-y-muchas-redes/

Caso “Rosita”: Su abogada confirmó que el hembrón le bailó al pran de Tocorón. 03/10/2012. https://www.diariorepublica.com/sucesos/caso-rosita-su-abogada-confirm-que-el-hembrn-le-bail-al-pran-de-tocorn

CICPC: Rosita participó en un show en Tocorón el día de la fuga. 27/09/2012. https://reportero24.com/2012/09/27/cicpc-rosita-participo-en-un-show-en-tocoron-el-dia-de-la-fuga/

“Rosita” se retira de los medios tras la muerte de “Carlos Breaker”. 22/06/2015. https://www.noticiasdiarias.informe25.com/2015/06/rosita-se-retira-de-los-medios-tras-la.html

Rosita se internacionaliza con su show de DJ. 16/03/2016. https://www.desdelaplaza.com/pop/musica-pop/rosita-se-internacionaliza-con-su-show-de-dj/

Observatorio Venezolano de Prisiones. Prison Insider 2016. https://www.prison-insider.com/fichapais/prisionesvzla

Venezuela registra un aumento de los asesinatos: 28.479 en 2016. 29/12/2016. https://elpais.com/internacional/2016/12/29/actualidad/1483002766_821425.html

Cae grupo armado venezolano responsable de crímenes en la frontera. 17/07/2019. https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/tren-de-aragua-opera-en-colombia-389460

Colombia. Petro vinculó el asesinato del fiscal paraguayo con redes de narcotráfico que operan en la región. 12/08/2022. https://www.pagina12.com.ar/472854-colombia-petro-vinculo-el-asesinato-del-fiscal-paraguayo-con

Ya son dos los personeros que se van del cargo por amenazas contra su vida 26/07/2022 https://www.laopinion.com.co/politica/ya-son-dos-los-personeros-que-se-van-del-cargo-por-amenazas-contra-su-vida

En La Parada cayeron varios miembros del “Tren de Aragua”. 04/07/2021. https://www.laopinion.com.co/judicial/en-la-parada-cayeron-varios-miembros-del-tren-de-aragua

El Tren de Aragua, la banda criminal venezolana que se expande silenciosamente por Colombia. 13/07/2022. “https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/tren-de-aragua-la-banda-criminal-de-venezuela-que-se-expande-silenciosamente-por-colombia-farc-arauca-noticia/

El Tren de Aragua: la organización criminal detrás de los homicidios en Kennedy. 13/07/2022. https://www.elespectador.com/bogota/el-tren-de-aragua-la-organizacion-criminal-detras-de-los-homicidios-en-kennedy/?outputType=amp

Twitter @anibalfds. 12/07/2022. https://twitter.com/anibalfds/status/1546834899231014916?s=21&t=-vSLlAgR32KE3KbMMr_gKg

La historia detrás de los crímenes a personas encontradas en bolsas en Bogotá. 12/07/2022. https://www.noticiasrcn.com/bogota/videos-muestran-modus-operandi-de-el-tren-de-aragua-423923”

“Vamos a barrer con la corrupción que hay en la administración de Medellín”: fiscal Barbosa. 24/07/2022. https://www.elcolombiano.com/colombia/francisco-barbosa-fiscal-general-dice-que-barrera-con-la-corrupcion-en-la-administracion-de-medellin-OM18148521

Nuevo golpe a bandas de extranjeros que delinquen en Bogotá, con capturas del Tren de Aragua. 24/08/2022. https://www.youtube.com/watch?v=ok2pCVP7jGs

“Es la estructura del crimen llamada Tren de Aragua”: Policía revela detalles del nuevo hallazgo macabro en Bogotá. 25/08/2022. https://www.semana.com/nacion/articulo/es-la-estructura-del-crimen-llamada-tren-de-aragua-policia-revela-detalles-del-nuevo-hallazgo-macabro-en-bogota/202246/

Fiscalía revela detalles sobre la modalidad criminal que se instaló en Bogotá con el Tren de Aragua. 25/08/2022. https://www.semana.com/semana-tv/vicky-en-semana/articulo/fiscalia-revela-detalles-sobre-la-modalidad-criminal-que-se-instalo-en-bogota-con-el-tren-de-aragua/202238/

El macabro hotel negro 13/08/2022 https://www.semana.com/nacion/articulo/exclusivo-este-es-el-macabro-hotel-negro-de-bogota-el-sitio-donde-una-banda-extranjera-tortura-asesina-y-trafica-drogas/202210/

El Tren de Aragua tiene parada en Ecuador. 20/10/2021. https://runrunes.org/rr-es-plus/457721/el-tren-de-aragua-tiene-parada-en-ecuador/

Detenidos en Ecuador 16 presuntos miembros de la banda “Tren de Aragua” 10/12/2021 https://www.acn.com.ve/interpol-detiene-presuntos-miembros-tren-aragua/

Tren de Aragua ya aterra en frontera con Ecuador. 17/12/2021. https://www.elcolombiano.com/colombia/tren-de-aragua-ya-aterra-en-frontera-con-ecuador-CO16188903

Confiscan en Trinidad y Tobago 200 kilos de droga provenientes de Venezuela. 01/05/0202. https://www.upatadigital.com.ve/2020/05/confiscan-en-trinidad-y-tobago-200.html

Piura: bandas de venezolanos ingresan sin control y asesinatos están a la “orden del día”. 16/09/2022. https://lahora.pe/hora-local/2022/09/16/piura-bandas-de-venezolanos-ingresan-sin-control-y-asesinatos-estan-a-la-orden-del-dia/

Tren de Aragua: La peligrosa banda que comenzó como un sindicato de trabajadores. 06/08/2018. https://rpp.pe/lima/policiales-crimenes/los-malditos-del-tren-de-aragua-la-peligrosa-banda-con-vinculos-en-el-chavismo-noticia-1141498

Acusan a seis presuntos integrantes del ‘Tren de Aragua’ de matar a policía en Perú. 07/08/2022. https://www.elinformadorve.com/sucesos/acusan-a-seis-presuntos-integrantes-del-tren-de-aragua-de-matar-a-policia-en-peru/

AVANCE | Capturan en Perú a miembros del Tren de Aragua. 18/02/2022. https://puntodecorte.net/tren-aragua-detenidos-peru/

El principal grupo criminal brasileño se rearma con un millar de emigrantes venezolanos. 08/02/2021. https://elpais.com/internacional/2021-02-08/delincuentes-venezolanos-ganan-fuerza-dentro-del-grupo-criminal-brasileno-pcc.html#:~:text=Adem%C3%A1s%2C%20el%20PCC%20se%20ha,de%20investigaci%C3%B3n%20internacional%20InSight%20Crime.

Control de la ruta del narcotráfico, fin del “Tren de Aragua” en la Costa. 11/09/2022. https://www.elheraldo.co/judicial/tren-de-aragua-en-la-costa-su-fin-y-control-de-la-ruta-del-narcotrafico-937539

Informe Ministerio Público del Estado de Roraima PDF. 17/08/2020

Fiscalía indaga posible vínculo entre banda “Tren de Aragua” con hechos delictuales en Valparaíso. 10/05/2022. https://www.sela.org/es/prensa/servicio-informativo/20220510/si/80248/tren-de-aragua

Cómo opera el “Tren de Aragua” la organización criminal más grande de Venezuela que estaría en Chile. 03/01/2022. https://www.t13.cl/noticia/nacional/como-opera-tren-aragua-organizacion-criminal-mas-grande-venezuela-chile-03-01-2022

Monsalve confirma presencia del Tren de Aragua, Jalisco Nueva Generación y Cartel de Sinaloa en Chile. 26/06/2022. https://www.t13.cl/noticia/politica/monsalve-tren-aragua-jalisco-nueva-generacion-y-cartel-sinaloa-tienen-presencia-chile”

TSJ instó al Ministerio Público reiniciar extradición de alias Satanás. 23/07/2022. https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/sucesos/tsj-insto-al-ministerio-publico-reiniciar-extradicion-de-alias-satanas/

Pertenecían a facción del Tren de Aragua: Formalizan a dos mujeres que administraban prostíbulos en Arica. 04/07/2022. https://www.meganoticias.cl/nacional/382075-tren-de-aragua-prision-preventiva-dos-mujeres-administraban-prostibulos-arica-04-07-2022.html

“Secuestraron a mi familia, mi vida”: escapó del Tren de Aragua desde Venezuela y volvió a encontrarlos en Chile. 22/06/2022. https://www.meganoticias.cl/nacional/380899-escapo-del-tren-de-aragua-desde-venezuela-y-volvio-a-encontrarlos-en-chile-22-06-2022.html

[VIDEO] Tren de Aragua: En libertad acusados por amenazas y extorsión. 20/07/2022. https://www.t13.cl/videos/nacional/video-tren-aragua-libertad-acusados-amenazas-y-extorsion-20-07-2022”

“Ellos ya están aquí”: Víctima del Tren de Aragua advierte que banda ya está en Chile. 07/06/2022. https://www.youtube.com/watch?v=-z-5VBlXB3s

Bandas explotan sexualmente a mujeres: Las encierran y amenazan a sus familias. 26/07/2022. https://www.youtube.com/watch?v=gagCOE_4i2w

“No entró escondido”: líder del Tren de Aragua en Chile tenía visa e ingresó por paso habilitado. 02/08/2022. https://www.24horas.cl/actualidad/nacional/lider-del-tren-de-aragua-en-chile-tenia-visa

Twitter @evelynmatthei alcaldesa de la municipalidad de Providencia, Chile 01/08/2022 https://twitter.com/evelynmatthei/status/1554233605764759553?ref_src=twsrc%5Etfw

Presidente de Chile se refirió al Tren de Aragua 01/08/2022 https://lacalle.com.ve/destacados/presidente-de-chile-se-refirio-al-tren-de-aragua/

Informe Las Megabandas: Una aproximación a la insurgencia criminal venezolana. Abril 2019. https://pazactiva.org.ve/site_odo/wp-content/uploads/2016/10/DOTPA-Reporte_TeYcnico-4_-_Las_Megabandas-Actual_13.10.2016.pdf

Ley Oránica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo 2005. https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ven_ley_del_org_finan_terr.pdf

VIDEO 1: Amenazan con sicariato a una persona. El autor de la amenaza se identifica como “súbdito del Catire Santa”. 25/07/2022. https://drive.google.com/file/d/1yY_k3RczAiD1CP3Rq7vyAMLhbmWlHuiB/view?ts=62f5295a

El incendio de la Galletera Puig revela el poder de la extorsión en Venezuela. 16/07/2019. https://medium.com/@ElDiariodeCCS/el-incendio-de-la-galletera-puig-revela-el-poder-de-la-extorsi%C3%B3n-en-venezuela-6c97d28baf96

Informe En 2020 murieron más reclusos por hambre que por violencia en las cárceles venezolanas. 28/07/2021. https://oveprisiones.com/en-2020-murieron-mas-reclusos-por-hambre-que-por-violencia-en-las-carceles-venezolanas/

10 claves para entender las Zonas de Paz. Julio 2015. https://runrunes.org/nacional/venezuela-2/212961/10-claves-para-entender-las-zonas-de-paz/amp/

Cómo opera el temido Tren de Aragua, la sangrienta megabanda de Venezuela que se ha expandido por América Latina. 01/08/2022. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-62165253

Tarapacá: Fiscalía y PDI desarticularon “célula” del Tren de Aragua que operaba en Chile. 25/03/2022. http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/sala_prensa/noticias_regional_det.do?id=20707

Maracay: “El Niño Guerrero” cruzó el portón de la justicia. 10/06/2013 https://reportero24.com/2013/06/10/maracay-el-nino-guerrero-cruzo-el-porton-de-la-justicia/

Twitter @Ope_Legis_ Hoy protestaron en MCY en apoyo a Johan Petrica, ExPran de Tocorón. Presuntamente implicado en ataques al CICPC. #11M. 11/05/2015. https://twitter.com/ope_legis_/status/597872592914092033?lang=es

MARACAY: En San Vicente persiste el miedo a abrir la puerta. 22/05/2015. https://reportero24.com/2015/05/22/maracay-en-san-vicente-persiste-el-miedo-a-abrir-la-puerta/

OLP: La máscara del terror oficial en Venezuela. Octubre 2017. https://www.connectas.org/especiales/olp/

Fueron capturados 19 presuntos integrantes de la banda del Tren de Aragua en Bogotá. 14/10/2022. https://www.elpais.com.co/judicial/fueron-capturados-19-presuntos-integrantes-de-la-banda-del-tren-de-aragua-en-bogota.html

3 muertos y 200 detenidos tras allanamiento en el barrio San Vicente de Maracay. 13/05/2015. https://elestimulo.com/venezuela/2015-05-13/3-muertos-y-200-detenidos-tras-allanamiento-en-el-barrio-san-vicente-de-maracay/

Entrevistas

Abogada del estado Sucre

Académico e investigador venezolano

Comerciante de Las Claritas

Comisario del CICPC Aragua

Comisario del CICPC Lara

Comisionado de PoliAragua

Comunidad de evángelicos que visitan la prisión de Tocorón

Detective de homicidios del CICPC Aragua

Detective del CICPC Lara

Detective de la policía de Chile que inició la investigación del Tren de Aragua

Diplómatica en Brasil

Diplómatica en Costa Rica

Directora de ONG Observatorio Venezolano de Prisiones

Director de ONG Observatorio Venezolano de Violencia

Director de ONG Una Ventana a la Libertad

Encargado de academia de beisbol en el estado Aragua

Esposa de funcionario policial asesinado por el Tren de Aragua

Excomisario jefe del CICPC

Exfuncionaria del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz

Exfiscal de derechos fundamentales del Ministerio Público

Exministra de Servicio Penitenciario

Exnovia de un lucero de la alta

Expelotero y dueño de academia de beisbol

Expresidiario y exmiembro del Tren de Aragua

Familiares de entrenador de beisbol asesinado

Fiscal de Tarapacá Chile

Funcionario de Inrterpol Chile

Funcionario del CONAS Lara

Funcionario de la PDI de Chile

Funcionario de la Dijin Colombia

Funcionario de la policía de Chile

Funcionarios de la Policía Federal de Brasil

Funcionarios de operaraciones de Inrterpol Chile

Funcionaria de la fiscalía de Colombia

Funcionario de inteligencia de la Aviación / DGCIM

Funcionaria de ZODI / Región Central

Funcionario retirado de PoliAragua. Excomisionado jefe

Habitantes de Güiria

Habitante de San Vicente

Habitante de Magdaleno

Hermano de funcionario policial asesinado por Tren de Aragua

Habitantes de San Juan de Las Galdonas

Habitante de Las Claritas

Habitantes de El Amparo y Guasdualito

Habitante de Santa Elena de Uairén

Inspector CICPC Caracas

Investigadora de la Fundación Pares Colombia

Jefe del grupo de tarea de la policía de Chile que investiga al Tren de Aragua

Médico de Valles del Tuy

Migrantes que trabajan en las trochas de la frontera

Obispo de Carúpano

Oficial encargada de trata de personas en la frontera Chile-Colombia

Organizador de eventos deportivos en Aragua

Pariente de exnovia de un lucero de la alta

Pastor evangélico

Periodista del estado Aragua

Periodista del estado Aragua fuente de Deportes

Periodista del estado Carabobo

Periodista del estado Sucre

Periodista de Ecuador

Periodista de Chile

Periodista de Brasil

Periodista venezolana en Táchira

Personal de más de 20 academias del Beisbol

Profesora de liceo de San Vicente

Preso de Tocorón

Profesor de liceo de San Vicente

Propietarion de academia de beisbol de Maracay

Psicólogo experto en violencia

Sacerdotes

Teniente de la policía de Colombia encargada de trata

Este libro compuesto en tipografía de la familia Archer se terminó de imprimir en el mes de febrero de 2023 en Caracas, Venezuela