La democracia amenazada

Cuando el fascismo ataca la convivencia

Baltasar Garzón

​

A Lola Delgado, mi compañera imprescindible de vida, servidora pública honesta, fiscal eminente y justa, defensora de la Memoria y de los Derechos Humanos; porque ella es ejemplo de una vida dedicada al derecho.

Prólogo

Por Eugenio Raúl Zaffaroni, doctor en Derecho, exmagistrado de la Corte Suprema argentina y exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Hace muchos años que vengo sosteniendo que el poder punitivo no es un fenómeno exclusivamente jurídico, sino esencialmente político, siguiendo al jurista del nordeste de Brasil Tobias Barreto. Quien controla el aparato punitivo del Estado no controla una mera herramienta técnica: controla un instrumento de dominación. Y cuando ese instrumento se desvía de su función declarada —la supuesta protección de bienes jurídicos, la garantía de la convivencia pacífica— para servir a la perpetuación de privilegios de clase, de casta o de corporación, estamos ante una degeneración que no es nueva en la historia, pero que en cada época adopta fisonomías diferentes y requiere, por tanto, un diagnóstico renovado.

El libro que el lector tiene entre sus manos, escrito por el gran jurista y amigo Baltasar Garzón con la urgencia del combatiente y la precisión del filósofo, constituye precisamente ese diagnóstico renovado. No es una obra académica en el sentido clausurado del término: es un acto de denuncia articulado desde el conocimiento profundo de las entrañas del sistema judicial español y, por extensión, de las patologías que aquejan a la Administración de justicia en buena parte del mundo occidental. Es, como el propio autor lo define, «un libro de combate», y yo añadiría que es también un libro de resistencia.

Conocemos con Garzón una trayectoria común: la de quienes, habiendo dedicado la vida al servicio público de la justicia, descubrimos en carne propia que el sistema que jurábamos defender puede volverse contra nosotros con una ferocidad que ningún manual de derecho anticipa. Ambos hemos experimentado la instrumentalización del derecho penal como arma política, eso que hoy se denomina lawfare y que no es otra cosa que la utilización del aparato punitivo estatal para fines ajenos a la justicia. Lo que Garzón describe en estas páginas no es, pues, una teoría abstracta: es la experiencia vivida de quien ha padecido y ha visto padecer a otros las consecuencias de una justicia capturada por intereses corporativos y partidarios.

La estructura de La democracia amenazada es reveladora de la amplitud del daño que Garzón denuncia. No se trata de un agravio particular ni de una queja sectorial. Se trata de una radiografía completa del deterioro democrático contemporáneo, examinado desde múltiples ángulos que convergen en un mismo punto: la constatación de que el fascismo —o, si se prefiere la terminología de Enzo Traverso, el «posfascismo»— no es un fantasma del pasado, sino una presencia operativa en el presente.

El libro se abre con un «Introito» que sitúa al lector ante el escenario global: la presidencia de Donald Trump como expresión paradigmática de un poder que no reconoce más límite que su propia voluntad, las persecuciones de migrantes, los bombardeos ilegales, el desprecio al derecho internacional, el apoyo a actuaciones genocidas. Garzón no se anda con eufemismos: nombra las cosas por su nombre y traza la línea que conecta la barbarie trumpista con la deriva posfascista española, encarnada en aquella frase de Aznar —«el que pueda hacer, que haga»— que no es otra cosa que una autorización genérica para la acción extralegal.

Los dos primeros capítulos constituyen el núcleo más íntimo y, si se me permite, más doloroso de la obra. En «El aquelarre de la Justicia» y «Objetivo: abatir al fiscal general del Estado», Garzón despliega un relato minucioso y despiadado de cómo el Tribunal Supremo español, en coordinación con asociaciones corporativas de fiscales, sectores mediáticos y la oposición política conservadora, ejecutó una operación sistemática de destrucción contra dos fiscales generales del Estado: primero Dolores Delgado y luego Álvaro García Ortiz. Lo que Garzón describe no es una mera disidencia jurídica ni un debate interpretativo: es una caza de brujas.

La persecución contra Delgado presenta todos los rasgos del tratamiento del enemigo en el sistema penal: la conversión del adversario político en hostis, la movilización del aparato institucional no para juzgar conductas sino para destruir personas, el machismo estructural que añade una capa de violencia simbólica particular contra una mujer que osó ejercer el poder con independencia. Garzón no elude el componente de género: Delgado no era Delgado para sus detractores, era «la longa manu de Garzón», como si una mujer con un currículum excepcional necesitara la tutoría de un varón para existir profesionalmente.

La condena de García Ortiz, anunciada —dato escalofriante— diecinueve días antes de conocerse sus fundamentos, el 20 de noviembre de 2025, coincidiendo con el 50.º aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, completa el cuadro. Garzón detalla con meticulosidad de instructor las irregularidades del proceso: el registro del despacho del fiscal general del Estado sin presencia judicial, la investigación prospectiva sin indicios claros, la marginación del Ministerio Fiscal como parte del proceso, la actuación desbordada de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, las comisiones rogatorias incriminatorias, la manipulación de hechos en la propia sentencia. Es la crónica de una condena anunciada, ejecutada por lo que Garzón llama, con una expresión que merece incorporarse al léxico político-jurídico, un «urdidor de voluntades»: alguien que, desde la sombra, diseña el resultado y manipula a los demás para alcanzarlo.

El capítulo 3, «¡Claro que existe el lawfare!», es acaso el más significativo desde el punto de vista teórico, porque Garzón sitúa la experiencia española en el contexto más amplio de la instrumentalización del derecho con fines políticos. Y lo hace con una honestidad intelectual que merece ser destacada: reconoce expresamente que este fenómeno no es nuevo, que tiene sus antecedentes más atroces en la Alemania nazi —donde juristas y jueces teorizaron y ejecutaron un derecho penal acorde a los fines políticos del nazismo— y que su formulación contemporánea se ha extendido por América Latina con los casos de Milagro Sala, Lula, Cristina Fernández de Kirchner, Rafael Correa, Evo Morales y tantos otros.

Me reconforta que Garzón cite extensamente mis trabajos sobre esta materia, no por vanidad, sino porque confirma algo que he repetido hasta el cansancio: el lawfare no tiene cabida allí donde hay un servidor público independiente e imparcial, es decir, un verdadero juez. Cuando el juez deja de serlo —cuando antepone sus preferencias partidarias, sus lealtades corporativas o sus ambiciones personales al conocimiento de los hechos y a la honesta aplicación del derecho—, no estamos ante un error judicial: estamos ante una degeneración del sistema que amenaza la totalidad del edificio democrático.

Garzón aborda también con lucidez la distinción entre independencia e imparcialidad judicial, recogiendo mis reflexiones sobre el carácter necesariamente político de la función jurisdiccional. El juez apolítico es, en efecto, un absurdo impensable: «un caso patológico», como he escrito en otra ocasión. Pero una cosa es reconocer que cada sentencia es un acto de Gobierno y otra muy distinta es confundir lo político con lo partidista. Lo que Garzón denuncia es precisamente esa confusión: un segmento de la élite del poder judicial español que ha tomado consciencia de su poder político y ha decidido ejercerlo no al servicio del Estado de derecho, sino al servicio de una facción. Es lo que yo he denominado «el Partido Judicial»: una corporación que, revestida de la majestad del derecho, opera como actor político sin las responsabilidades ni los controles propios de la actividad política.

Lo que Garzón describe con respecto a la Sala Segunda del Tribunal Supremo es, en rigor, un fenómeno de concentración de poder que pone en peligro el principio republicano de gobierno, en el sentido de la racionalidad del Gobierno del Estado. Una sala cuyas decisiones son inapelables, cuyas eventuales responsabilidades son decididas por sus propios pares, que juzga en única instancia a las más altas autoridades del Estado sin que exista recurso efectivo alguno: todo ello configura un espacio de poder sin contrapesos, que es la definición misma de la arbitrariedad. Como bien advierte Garzón, nunca se pensó que a esa Sala «se le fuera a ir la olla» de esta manera. Pero ha sucedido, y la ausencia de mecanismos correctores —empezando por la doble instancia reiteradamente reclamada por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas— convierte esa concentración en una amenaza sistémica.

El capítulo 4, «Memoria, franquismo y dignidad», nos lleva al terreno donde la acción de Garzón como juez marcó un antes y un después en la historia del derecho internacional: la investigación de los crímenes del franquismo. Lo que el autor plantea en este capítulo excede con mucho la cuestión española, porque toca un nervio universal: la relación entre memoria, verdad, justicia y democracia.

Garzón parte de una constatación que comparto plenamente: la democracia no puede sostenerse sin memoria. Los golpes blandos contemporáneos —esos que no necesitan tanques en las calles, sino fiscales dóciles, jueces complacientes y medios de comunicación cómplices— se nutren de la amnesia colectiva. Cuando una sociedad olvida las atrocidades de su pasado, pierde la capacidad de reconocerlas cuando se repiten bajo formas nuevas. De ahí la importancia que Garzón otorga a la educación en derechos humanos como comadrona de la democracia, retomando la metáfora de John Dewey.

El autor recorre la historia de la represión genocida franquista —el golpe de 1936, la represión de posguerra, los fusilamientos, las desapariciones forzadas, la explotación de presos políticos como mano de obra esclava— y conecta esa historia con el presente: la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, la Ley de Memoria Democrática y la querella argentina que abrió una vía de jurisdicción universal para los crímenes de la dictadura española. Quienes desde América Latina hemos vivido y estudiado procesos similares de justicia transicional sabemos que la impunidad de estos crímenes no es solo un problema jurídico: es un veneno que corroe los cimientos de la convivencia democrática. España arrastra, como una herida mal cicatrizada, la impunidad de cuatro décadas de dictadura y varias más de silencio cómplice.

Los capítulos restantes amplían el foco para examinar otras dimensiones de la crisis democrática. El capítulo 5, dedicado a la corrupción como virus de la democracia, traza la genealogía del fenómeno en España, desde el sistema clientelar y el caciquismo hasta los grandes escándalos contemporáneos: la operación Gürtel, el caso Bárcenas, los ERE de Andalucía y tantos otros que han definido el paisaje político-judicial de las últimas décadas. Garzón, que investigó como juez muchos de estos casos, puede hablar con autoridad sobre las dificultades de una lucha anticorrupción que choca permanentemente contra los intereses de quienes se benefician del sistema y contra la pasividad de quienes deberían combatirlo. La corrupción no es, como a veces se pretende, un problema de individuos aislados: es una patología sistémica que prospera allí donde los controles democráticos se debilitan, allí donde la justicia se vuelve selectiva, allí donde el poder económico captura al poder político y, a través de este, al poder judicial. Recordemos que Garzón dedicó una obra que ya es un clásico a esta temática.

El capítulo 6, «Racistas, xenófobos e inhumanos», aborda la cuestión migratoria con una contundencia que el momento exige. Garzón denuncia, con razón, la hipócrita ecuación que la extrema derecha ha logrado instalar en el imaginario colectivo: migración igual a inseguridad. Una ecuación sin sustento empírico alguno, pero con una eficacia política devastadora. El hiperproteccionismo de los países ricos, que construyen muros infranqueables mientras sus corporaciones saquean los recursos del sur global, es la manifestación contemporánea de un colonialismo que nunca desapareció: simplemente se adaptó. Cuando Trump deporta en masa ilegalmente, cuando las políticas europeas convierten el Mediterráneo en una fosa común, cuando se criminaliza al migrante por el mero hecho de existir, estamos ante la deshumanización del otro como paso previo a su eliminación —simbólica o física— del espacio público.

El capítulo 7, «Ultraderecha, germen del fascismo», es un recorrido por la consolidación de las fuerzas ultraderechistas en España y en Europa. Garzón alerta sobre un fenómeno que quienes venimos de América Latina conocemos bien: la normalización progresiva de lo intolerable. El acoso a dirigentes políticos en sus domicilios, los actos vandálicos contra sedes de partidos, las algaradas universitarias, el discurso del odio convertido en moneda corriente en las redes sociales: todo ello configura un ecosistema de violencia que prepara el terreno para el fascismo abierto. La advertencia de Camus que Garzón escoge como epígrafe es exacta: toda forma de desprecio, si interviene en política, prepara o instaura el fascismo.

Finalmente, el capítulo 8, «Los verdugos de la democracia», cierra el círculo examinando los mecanismos de desinformación, manipulación mediática y la amenaza que representan para la convivencia democrática los actores que, desde distintos frentes, dinamitan las instituciones. Garzón pasa revista a la acción de la Corte Penal Internacional, a las presiones que sobre ella ejercen las potencias, al genocidio de Israel en Gaza y a la situación de los derechos humanos a nivel global, y extrae una conclusión que merece ser subrayada: la indiferencia es una forma de participación omisiva que precipita la erosión de los derechos humanos. La pasividad, en tiempos de fascismo, no es neutralidad: es complicidad.

Quiero detenerme en un aspecto de esta obra que me parece particularmente relevante para quienes, desde la teoría crítica del derecho penal, venimos denunciando las patologías del poder punitivo. Garzón demuestra, con la fuerza del testimonio directo, algo que yo he sostenido en el plano teórico: que la concentración de poder en la cúspide del sistema judicial, cuando no está acompañada de controles efectivos, se convierte en una amenaza para la propia democracia. La Sala Segunda del Tribunal Supremo español, tal como la describe Garzón, funciona como un poder autónomo que no rinde cuentas ante nadie: sus sentencias son inapelables, sus responsabilidades las juzgan sus propios pares y su jurisdicción se extiende sobre todas las demás instituciones del Estado.

Esto no es solo un problema español. En América Latina hemos visto cómo las cortes supremas han servido para legitimar golpes de Estado, para perseguir a líderes populares, para desmontar políticas redistributivas. El patrón se repite con variantes locales: un sector del poder judicial se alía con el poder económico y mediático (el totalitarismo financiero), instrumentaliza el sistema penal, destruye reputaciones, inhabilita adversarios, y lo hace todo revestido de la solemnidad de la toga. El lawfare es, en este sentido, la versión contemporánea del viejo coup d’État judicial: un golpe ejecutado no con armas, sino con expedientes; no con tanques, sino con sentencias amplificadas o adelantadas mediáticamente.

Baltasar Garzón tiene la autoridad moral y la experiencia profesional para hacer esta denuncia. Ha sido juez, ha investigado los casos más complejos de la historia judicial española. Ha sido perseguido y condenado por el mismo tribunal que ahora condena al fiscal general del Estado. Y ha sido reivindicado por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Su voz no es la del teórico distante: es la del combatiente que conoce el campo de batalla porque ha peleado en él y lleva las cicatrices. Es la del juez que se ha animado a hacer justicia cuando los poderes fácticos se lo impidieron. Como dice nuestro común amigo Matías Bailone, Baltasar es «un nuevo heterodoxo español», de acuerdo con el canon herético decimonónico que hizo Menéndez Pelayo, en la estela de los liberales gaditanos y republicanos.

No quiero concluir este prólogo sin una reflexión que considero necesaria. Garzón escribe desde la urgencia, y hace bien, porque el momento lo exige. Pero su urgencia no es la del catastrofista, sino la del médico que diagnostica una enfermedad grave y sabe que el tratamiento no admite demora. La democracia está amenazada, sí, pero no está muerta. El fascismo avanza, sí, pero no ha triunfado. Y la justicia, aunque malherida por quienes deberían ser sus custodios, sigue siendo el horizonte irrenunciable de toda convivencia civilizada.

El epílogo de esta obra es en sí mismo un documento de época. Garzón pone punto final a su libro en el mismo instante en que la realidad parece empeñada en refutarlo todo: el secuestro del presidente Nicolás Maduro, la invasión de Irán y el asesinato de su líder supremo, la normalización de lo que hace una década hubiera parecido imposible. El epílogo es una apertura hacia el abismo de este tiempo, una constatación de que lo que el libro describía como tendencia ya se ha consumado como hecho.

Lo que me parece más valioso de ese epílogo —y que confirma todo lo que Garzón desarrolla a lo largo de estas páginas— es su diagnóstico sobre la selectividad con la que el mundo reacciona ante las agresiones según el signo político del agresor y del agredido. El derecho internacional, escribe Garzón, ha pasado a ser un instrumento fungible, acomodado a los intereses de quien lo quebranta. No existe una legalidad neutral. La neutralidad es siempre la coartada de quien domina. Cuando los poderosos invocan el derecho solo cuando les conviene y lo arrojan por la borda cuando les estorba, no están cometiendo una inconsistencia: están revelando la verdadera función del derecho en una estructura de dominación.

Lo que este libro demuestra es, en última instancia, que la batalla por la democracia es también, y acaso fundamentalmente, una batalla por la justicia. No la justicia como abstracción filosófica, sino como práctica cotidiana de protección de los derechos de los más vulnerables frente a los abusos de los más poderosos. Cuando esa práctica se pervierte, cuando los jueces dejan de ser servidores públicos para convertirse en agentes de una facción, cuando el derecho penal se convierte en arma de destrucción política, lo que se destruye no es solo la carrera de un fiscal o la reputación de un juez: se destruye el pacto social que sostiene la vida en común.

Baltasar Garzón nos llama a la acción, y tiene razón. El silencio no es una opción y la indiferencia es complicidad. Y la memoria, como bien sabía Derrida, no es un legado que se recibe pasivamente, sino una tarea que se asume activamente, generación tras generación, con la convicción de que lo justo no se impone solo: hay que pelearlo. El derecho es lucha, como decía Von Ihering.

Quienes desde América Latina hemos vivido las dictaduras, los desaparecidos, los juicios amañados, las persecuciones políticas disfrazadas de procesos penales reconocemos en estas páginas una historia que es también la nuestra. Y en la voz del juez Baltasar Garzón reconocemos la de un aliado incansable que, cuando otros guardaban silencio, abrió las puertas de la jurisdicción universal para que los crímenes de nuestras dictaduras no quedaran impunes. Este libro es, en cierto modo, la continuación de esa lucha: la lucha por una justicia que merezca su nombre, por una democracia que no sea mera fachada, por una humanidad que no se resigne a la barbarie.

Buenos Aires, 8 de marzo de 2026

Introito

La caballería andante como ciencia, encierra en sí todas o las más ciencias del mundo a causa de que el que la profesa debe ser jurisperto, saber las leyes de la justicia distributiva y conmutativa, para dar a cada uno lo que es suyo y lo que le conviene.

MIGUEL DE CERVANTES, El ingenioso hidalgo
Don Quijote de La Mancha, parte II, capítulo XVIII

Este libro no es un libro de caballerías. ¡Ojalá lo fuera! Eso querría decir que habría honor y mérito, y que estaríamos en un mundo distópico en el que hasta la más retorcida imaginación o la más alta candidez justificaría la creación de las realidades diversas e inverosímiles. Pero, precisamente porque no es inventado, ni imaginado, ni creado en una dimensión diferente, sino que es real, resulta muy preocupante, peligroso, incluso terrorífico.

Dicen que la realidad, en la mayoría de los casos, supera a la ficción, y estoy de acuerdo con ello. Para comprobarlo, veamos lo que sucede día a día, y podremos constatar cómo los hilos del poder real y hegemónico tejen la tela de araña que juega con nosotros, meciéndonos a su antojo hasta estrangularnos con sus hilanderas por la mano de quien los genera y detenta. Ese alguien, hoy por hoy y en lo que nos afecta, no está ubicado en un país con una dictadura, ni siquiera en uno con un régimen autoritario o autocrático, sino en la autodenominada «primera democracia del mundo».

Persecuciones de migrantes, detenciones de niños de cinco años, asesinatos en las calles, como los acontecidos en Minneapolis, acciones violentas del ICE (Immigration and Customs Enforcement, por sus siglas en inglés) con parafernalia paramilitar y pseudonazi; acciones militares ilegales en aguas internacionales (abordajes de barcos, bombardeo de embarcaciones con personas y tripulantes dentro, bloqueos navales, etcétera); desprecio a las leyes nacionales e internacionales; apoyo a actuaciones genocidas con suministro de armas de guerra; sanciones económicas que conducen a la hambruna de millones de personas; agresiones a países; tentativas de apropiación de territorios de otros Estados (Groenlandia). Quien ordena y ejecuta estas acciones tiene el poder y la soberbia necesarios para hacerlo. Solo respeta los límites de su voluntad, o, en sus propias palabras, lo que le indica su idea de moral, que, desde luego, no responde a ninguno de los parámetros que definen tal concepto.

Para conseguir ejecutar esta estrategia, se puede ser más o menos sutil. En nuestro caso, la sutileza de Donald Trump no es precisamente la virtud predominante en su forma de ejercer el poder. El sujeto en cuestión no solo es previsible en su imprevisibilidad, sino predecible. Y no miente, solo reconvierte o reconduce, a favor de la finalidad que él persigue, cualquier realidad para que coincida con su verdad, que normalmente es una burda imitación basada en la mentira y en la manipulación de los hechos. Es la vieja técnica empresarial de pedir más para llegar al punto (ya previsto desde el principio) de encuentro en el regateo.

Para desarrollar y consumar esa política necesita el apoyo, la colaboración o la concurrencia de otros. Apoyos que, en unos casos, serán de seguridad (creación de fuerzas paramilitares, reformulación del esquema de dirección de la dirigencia de los cuerpos de inteligencia, policiales o militares); pero también la destrucción de dinámicas de cooperación internacional; el silencio de amplios sectores de la ciudadanía; la aquiescencia o compartición de fines o dinámicas de diferentes actores políticos; la apropiación del sistema de investigación y de acusación, y, finalmente, la acción del poder judicial, incluso al más alto nivel, que legitime las acciones ejecutivas, por truculentas y demenciales que sean. El poder judicial es el núcleo para evitar lo que a todas luces es un auténtico «golpe de Estado blando». Si el poder judicial confronta esas actuaciones ilegales, será imposible avanzar en esa deriva; si, por el contrario, se somete (especialmente el Tribunal Supremo), estaremos perdidos y sus acciones nos conducirán al abismo.

Por esto, este es un libro de combate que emerge desde las tripas, que pretende ser una llamada de atención, un puñetazo en el estómago, un grito desgarrado ante tanta mentira, cobardía, pasividad e indiferencia. Y también un grito hacia quienes, como progresistas, tenemos la obligación de hacer algo para que esta deriva no continúe socavando la senda que nos conduce a pasos agigantados hacia un punto de no retorno. Lo grave es que la humanidad ya sufrió esta maldad en el pasado y no hizo nada para evitarlo, y ahora, de nuevo, parece que sufrimos la misma parálisis ante los desafíos que comporta esta nueva encrucijada en que nos hallamos.

En España, desde que, en junio de 2018, llegara por primera vez a la presidencia del Gobierno mediante una moción de censura, Pedro Sánchez se ha convertido en una obsesión para la derecha, explicitada tiempo después por el expresidente del Gobierno José María Aznar, en su desesperación ante la marcha de los acontecimientos y el avance del Gobierno de coalición con el mismo mandatario al frente. Aznar realizó un llamado general que sonó como arrebato condensado en la frase que pasará a la historia hispana: «El que pueda hacer, que haga».¹

Esta frase ejemplifica lo que en la terminología de Enzo Traverso se define como «posfascismo», término con el que el autor identifica un conjunto de ideologías transversales a la derecha radical, que engloba desde partidos conservadores a otros de extrema derecha y que abre el mundo hacia un espacio de incertidumbre. Es esta una época en la que la humanidad se halla ante un dilema que requiere una toma de posición por la ebullición permanente, y en la que, aunque sabemos que las antiguas ideologías no nos sirven, deben ser tomadas como punto de referencia.

A la vez, somos conscientes de que hay que retomar discursos que abran nuestra visión progresista y humanista frente a los nuevos desafíos para combatir el reino del negacionismo, de los bulos, de la posverdad, de la mentira y de la instrumentalización de la justicia o lawfare, que han pasado a ser las armas idóneas del posfascismo en unos momentos en los que los cambios son tan fluctuantes e irregulares que pueden dar vida a los peores escenarios.

Vivimos una época de transición. El siglo XX ha terminado. En el XXI ya hemos tenido algunas muestras de la nueva etapa a la que la humanidad se enfrenta, los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, varias guerras que han devastado el mundo árabe, una crisis financiera global, diversos atentados yihadistas en Europa. Todo esto no hace sino acentuar nuestra inquietud. Frente a nuevos escenarios desconocidos, solo disponemos de un vocabulario antiguo, herencia del siglo terminado. Sus palabras están desgastadas, pero aún no hemos forjado otras. Nos arreglamos con ellas. Todo el debate en torno al fascismo se inscribe en una situación transitoria. Sabemos que el siglo XXI no será una era de felicidad, pero, a diferencia de nuestros antepasados, nos cuesta definir un proyecto para el futuro. Intentamos conjurar lo peor, defender las conquistas del pasado, preservar una democracia que día tras día se vacía un poco más de sustancia. Y, sin embargo, sabemos que la olla hierve y que la tapa va a saltar. Habrá grandes cambios: hay que prepararse para ellos. Las palabras vendrán solas.²

Creo que, desde que Traverso hizo esta reflexión, se pueden añadir más acontecimientos a la invasión por Rusia y la guerra contra Ucrania, como el genocidio israelí en Gaza; la represión del régimen teocrático de Irán sobre sus ciudadanos; la mercantilización de los derechos; las acciones de piratería gubernamental al socaire de supuestas luchas contra el narcoterrorismo, pero que ocultan mecanismos de apropiación territorial y de recursos naturales; las acciones militares para secuestrar a un presidente en ejercicio y a su esposa, el bombardeo de Irán, los asesinatos selectivos de líderes políticos y religiosos —como el del ayatolá Alí Jameneí—, el bombardeo y la invasión israelí del sur del Líbano, las acciones bélicas de respuesta de los iraníes... Acontecimientos que dan la razón a este autor y nos interpelan para formular una respuesta alternativa, porque el tiempo se agota.

1

El aquelarre de la justicia

Aunque estoy iniciando la séptima década de mi vida, me doy cuenta de que sigo haciendo gala de una ingenuidad que a mí mismo me admira. Es así porque defiendo una sociedad democrática que exige compromiso y voluntad de servicio público; una sociedad que cuenta con profesionales que sirven desde las instituciones a la ciudadanía, y que defienden sus derechos con responsabilidad y transparencia, sin servilismo ni sumisión a intereses espurios de clase alguna.

El 1 de enero de 2026 publiqué en infoLibre un artículo titulado «Juntos lo haremos»,¹ en el que decía ser consciente de que nos quedan pocos motivos para estar alegres debido al cúmulo de injusticias repetidas, de indignidades normalizadas, de esperanzas rotas e ilusiones arrebatadas; pero que, a pesar de todo ello, merece la pena seguir en la brecha para luchar por un futuro en el que las normas sean la confianza, la justicia, la paz, la solidaridad, la dignidad, la pluralidad y la democracia.

Vivimos tiempos extraños, duros, incluso escandalosos en los que el fascismo, con uno u otro disfraz, o sin necesidad de uno, gana terreno. Y lo hace acumulando procesos amañados, traiciones consentidas, responsabilidades no asumidas, mentiras aceptadas como verdad; indiferencia ante la violencia, ante la guerra, ante la vulneración sistemática de los derechos humanos, ante el genocidio en Gaza, que ha sucedido y sucede ante nuestros ojos, mientras el mundo mira hacia otro lado.

Cuando creíamos que el derecho internacional se había implantado con rigor y normalidad en el mundo, hemos descubierto que basta que un gobernante con el poder suficiente lo decida para que se tambaleen las estructuras internacionales y la impunidad sea exorbitante.

Desde el campo del progresismo humanista todavía es posible corregir el rumbo, pero no sin compromiso, no sin solidaridad, no sin diálogo honesto, no sin convergencia de ideas y de proyectos.

Es, como dijera hace casi cien años Stefan Zweig en el subtítulo de su libro Castellio contra Calvino, «Conciencia contra violencia».² Y, en la construcción de esta nueva era de esperanza, entendida como auténtica revolución, «nada se construye sin memoria. Nada se defiende sin derechos humanos. Nada se transforma renunciando a las lecciones aprendidas». Nada será posible si guardamos silencio, si bajamos la voz o la mirada, si abandonamos la defensa de lo que sabemos justo, si no confrontamos a los que vociferan, a los que nos han robado las palabras, la libertad, los derechos, la democracia. El silencio no es una opción.

Como decía en aquel artículo de infoLibre: «Avanzar no es mera inercia: es corresponsabilidad. Y lo haremos con energía renovada, con organización, con ideas, con alianzas, con esperanza activa, para afrontar los difíciles desafíos que nos esperan y superarlos».

La realidad, cada vez más tozuda, me impactó como el agua fría apagando cualquier esperanza de que la justicia, de que cierta justicia que cada vez aparenta estar más mimetizada con las necesidades de determinadas formaciones políticas retornase a la vía que marca la ley; una senda de la que ningún juez, fiscal o cualquier otro operador jurídico debería haberse apartado nunca. Pero no ha sido así.

En 2025 hemos sido testigos de cómo la justicia en España y en gran parte del mundo se ha bagatelizado, de modo que siguen siendo válidos y actuales los versos de León Felipe de que «la justicia vale menos que el orín de los perros».³ Repetir esta aseveración me ha traído no pocas preocupaciones, pero ¿qué es la vida sin riesgos, sin compromisos, sin confrontación con aquellos que avasallan, que embrutecen la vida pública sin hacer nada por la ciudadanía si no es chupar, como vampiros, la sangre de sus componentes? Por eso sigo reivindicando la actualidad de este aserto en un campo como el judicial, en el que todo ha empeorado, mediante una suerte de acción rancia, parcial, autoritaria que, a veces, me hace pensar en que sería mejor confiar la justicia a la inteligencia artificial, si no fuera porque esta, para su generación, precisa la mediación de la mano humana. Mientras tanto, el modelo se repite en muchos países, en los que se constata que hay un segmento de la élite del poder judicial, especialmente en las cortes y tribunales supremos, que, consciente de su poder, ha tomado la decisión de apoderarse de espacios que no le corresponden, marcando con sus decisiones el rumbo político de las demás instituciones del Estado.

Esto nos transporta a tiempos pasados en los que aconteció algo similar con la actitud de la judicatura española contra la Segunda República; o del poder judicial, en la Alemania nazi, con el desarrollo y la aplicación del denominado «derecho penal del enemigo». Solo partiendo de esta retrospección podemos entender el auge y el progreso del denominado lawfare o instrumentación del derecho con fines políticos. Pero, ahora a diferencia de entonces, se observa con más claridad que esa instrumentación es de doble dirección o que se desarrolla, incluso, de forma coordinada entre actores políticos, mediáticos y judiciales.

Como conozco por dentro el sector de la judicatura en un sentido amplio, debo ser justo y no generalizar. Aún existe alguna esperanza de que ese número simbólico de jueces, juezas, fiscales y demás operadores judiciales se rebele frente a la mediocridad de quienes utilizan su posición para desnaturalizar el verdadero sentido y la responsabilidad del poder judicial como actor nuclear en la defensa de los derechos de la ciudadanía. La esperanza de que estos operadores se empleen en aplicar de manera recta e imparcial la justicia, sin humillarse de forma miserable ante el poder económico, político o mediático. Es la hora de los valientes y no de los cobardes: con miedo solo habrá sumisión, conformismo y desesperanza. La honestidad y el valor, esenciales en el ejercicio del servicio público, junto con el conocimiento y la convicción democráticos de sus operadores —conocimiento y convicción que exige un verdadero Estado de derecho—, deben ser reivindicados como componentes esenciales de la revolución pendiente de la justicia.

La obsesión en mi vida profesional como juez y como operador del derecho ha sido acabar con la vaciedad de las actuaciones penales que, al amparo de la permisividad de decisiones judiciales de admisión de denuncias y de querellas instrumentales, permiten actuaciones penales sin consistencia. Son actuaciones que están al servicio de intereses ajenos a los que deben guiar una verdadera acción judicial respetuosa con el principio de intervención mínima del derecho penal. Por ello, debe ser una prioridad ineludible acabar con las investigaciones penales prospectivas que solo tienen por finalidad destruir a personas físicas y jurídicas simplemente por el interés particular o la relevancia pública de los afectados. No hacerlo es corromper la democracia y los derechos de los ciudadanos a los que todos nos debemos y que tantos ningunean.

En España, en su afán por formar parte de este aquelarre, cuyo objetivo se perfila como el de conducir a la derecha al Gobierno de la nación, algunos jueces y fiscales, aposentados en las más altas instancias, han protagonizado un auténtico festín caníbal. El plato principal ha sido la aniquilación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, con el añadido de denigrar al máximo a la propia institución del Ministerio Fiscal, que tiene por misión defender la legalidad, ejecutar la acción contra el crimen y defender a la sociedad de quienes quebrantan las normas de convivencia.

La condena del fiscal general del Estado, anunciada sin argumento alguno diecinueve días antes de conocerse la sentencia, para mayor escarnio de quien la sufrió y amén de todas las demás irregularidades concurrentes, supuso la demostración de aquel ejercicio absoluto que otorga la máxima posición en la pirámide judicial. Ha sido, además, el punto de inflexión del camino cuesta abajo del que iba dando señales desde tiempo atrás la Justicia española, personificada en su más alta expresión en el Tribunal Supremo.

Debo destacar, en este punto, el papel denostable —incluso grosero— interpretado por aquellos representantes del Ministerio Fiscal cuyos nombres, a pesar de que deberían ser citados, no quiero mencionar, para así privarlos del placer de leerse aquí, aunque sea en unas líneas que solo definen su indignidad. Indignidad que nada tiene que envidiar a la desplegada por el sector más conservador del gremio judicial en su defensa del corporativismo de una profesión de la que tal finalidad debería estar excluida por su propia naturaleza.

No olvido tampoco la actuación penosa de otros actores más o menos secundarios que pretenden defender a los abogados madrileños, de los cuales expresamente me autoexcluyo para conservar un mínimo de coherencia con aquello que entiendo que debe ser la función esencial de la abogacía, por encima de los intereses particulares de cada cual. Estos actores han quedado develados ante todos por la inicua actuación de la actual junta directiva, con el decano a la cabeza. El plato de lentejas bíblico aquí se ha configurado como universidad privada, ofertada por la dirigencia política autonómica madrileña.

Este afán sanguinario no empezó con el fiscal García Ortiz, sino con quien le precedió en el cargo de fiscal general del Estado entre febrero de 2020 y julio de 2022, cuando renunció por razones de salud. Tiene nombre de mujer, lo cual ya nos sugiere la presencia de unos perfiles machistas que se remontan a su etapa como ministra de Justicia del Gobierno de España, entre junio de 2018 y enero de 2020. Como se habrá intuido, me refiero a Dolores Delgado García, en la actualidad fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos. Debo decir, desde ya y para que nadie se llame a engaño, que tengo el gran privilegio de compartir mi vida, en lo bueno y en lo malo, día a día, con esta gran mujer, pero no por ello debo callarme; por el contrario, tengo que gritar alto y claro las injusticias cometidas contra ella.

En este sentido, miro hacia atrás y siento una gran pena y desconsuelo al recordar el odio y el rencor que se han destilado en España desde determinados sectores políticos de la derecha y la extrema derecha. También desde los panfletos mediáticos voraces e incendiarios que solo se alimentan del bulo y la mentira con el silencio cómplice de aquellos que deberían haber hablado y no lo hicieron; desde la tribuna de algún que otro pseudointelectual, y, particularmente, desde sus propios colegas.

La trayectoria de Dolores Delgado ha sido siempre impecable y meritoria. A pesar de la dinámica corrosiva destilada desde los escaños del Congreso y el Senado, las tribunas mediáticas y los foros inicuos de redes sociales, ejerció la labor al frente del Ministerio junto con un equipo joven y entusiasta, con una fuerza y un dinamismo impropios de la anquilosada maquinaria administrativa de la justicia, y lo hizo haciendo jirones su vida en favor de la sociedad.

Recuerdo en particular de aquella primera época la campaña feroz que se siguió concertadamente por esos sectores cuando ella levantó la voz en contra de las denominadas «devoluciones en caliente» de los migrantes. También cuando se posicionó en contra de que el Estado pagara los honorarios de la defensa del juez Llarena en el proceso abierto en Bélgica por algo que debería haberle supuesto una sanción disciplinaria —hablar públicamente del contenido del caso del procés, que tramitaba como instructor en el Tribunal Supremo—. Y se emplearon a fondo, incluso dentro de la propia Fiscalía, utilizando como arma el llamado caso Villarejo y el «cordón sanitario», que no le permitió defenderse políticamente de aquella cacería. Se manipularon documentos judiciales y se retrasaron actuaciones de ese carácter por parte de quienes ejercían la acusación; los mismos que, debiendo haber cortado de raíz aquella deriva, dejaron que discurriera el río de suciedad para ver si la corriente la arrastraba y hacía que el «Gobierno bonito» cayera por su peso.

En aquellos momentos, hubo informes periciales que acreditaban la manipulación de la grabación de una comida inocua y ajena en tiempo y contenido a su función como fiscal y como ministra, y esos informes no se hicieron valer hasta tiempo después. Hubo panfletos mediáticos de oscura procedencia y financiación que se emplearon a fondo en esa tarea de demolición, llegándola a considerar parte de una empresa criminal, sin que la justicia alzara la voz en su defensa, a pesar de la falsedad contrastada; de hecho, si la justicia alzó la voz, lo hizo en contra de la fiscal y de otras personas igualmente ajenas a la trama. Miserable ejemplo de una justicia parcializada ideológicamente y de una política con fines torticeros.

Pero aún faltaba un hecho que definiría su mandato y que siempre quedará en la memoria de toda la gente decente y demócrata de este país y del mundo entero, aunque también sirvió para que otros continuaran alimentando su odio en contra de Dolores Delgado. Ocurrió un 24 de octubre de 2019 en el entonces Valle de los Caídos, hoy Valle de Cuelgamuros. Me refiero a la exhumación del dictador Francisco Franco, cuyo mausoleo y restos inhumados junto con los de las víctimas de un régimen fascista y criminal ofendía a estas y a toda la humanidad. Aquel día de frío otoñal, la dignidad de esta mujer frágil, pero de una fuerza descomunal, se hizo patente e inmensa. Nos sobrecogió a todos por su seriedad y solemnidad, salvándonos de la deshonra en la que nos habíamos movido durante cuatro décadas de dictadura y algunas de democracia.

Después vino su etapa como fiscal general del Estado. Su nombramiento fue cuestionado, sin consistencia o con argumentos falaces, por los mismos actores que ya se habían afanado en atacarla en su época política, y que volvían a hacerlo entonces con un sesgo machista evidente, presentándola, mezquinamente, como «la longa manu de Garzón». Lo de menos era su extenso currículum y su hoja de servicios, inigualable como fiscal antidroga, antiterrorista, antiblanqueo, anticrimen organizado, antiyihadista y anticrímenes contra la humanidad, o como fiscal en la Corte Penal Internacional. El objetivo, de nuevo, era acabar con ella.

Su programa de acción, que defendió en una brillante comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, era muy meritorio y lo cumplió a rajatabla, abriendo la cúpula de la carrera fiscal al pluralismo frente al sesgo ultraconservador imperante y enfrentándose al corporativismo más rancio que la domina. Pero ese grupo, afiliado a dos asociaciones profesionales, la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), nunca se lo perdonaría. En una especie de «conjura de los necios», se concitaron para oponerse sistemáticamente a cualquier decisión que emitiera la fiscal general, ya fuera de una naturaleza o de otra, utilizando todos los medios políticos y judiciales a su alcance, siguiendo la estela del Partido Popular y de Vox, que habían impugnado su nombramiento.

Así mismo, sus decisiones frente a los planteamientos de determinados grupos de fiscales le valieron la animadversión pública de algunos. Entre ellos estaban los conocidos en el mundillo fiscal como «los cuatro jinetes del Apocalipsis», que «se la tenían guardada» desde que, como ministra de Justicia, dio órdenes a la Abogacía del Estado de que se cambiara la calificación del procés, para pasar de delito de rebelión (un disparate total) a sedición. Estos grupos comandaron la revuelta, presentando acuerdos y cartas de crítica en medios de comunicación. La línea progresista de Delgado, marcada por la defensa de los derechos humanos, por una verdadera cooperación internacional enmarcada en su visión universalista del derecho como instrumento idóneo frente a la impunidad, los derrotó y marcará época, mal que les pese.

La hoguera no había hecho más que prender. Después vendrían muchos otros ejemplos de acoso y derribo, trampas saduceas, descalificaciones y montajes a cual más deleznable. Todos ellos ejecutados con la contribución de algún miembro de la carrera que, en su frustración por no alcanzar un nombramiento, se dedicó a atacarla y descalificarla, a ella y a su entorno, en publicaciones y entrevistas, en un intento desesperado por reivindicarse. Lo cierto es que el trabajo en su negociado había sido manifiestamente mejorable, como lo demostró su sucesor. La maldad solo se combate con decisiones firmes y quirúrgicas que eliminen la gangrena antes de que contamine a los demás miembros del organismo. Pero a ella le faltó tiempo.

Su mandato, iniciado en febrero de 2020, comenzó tan abruptamente que, sin solución de continuidad a su toma de posesión, tuvo que enfrentarse a la pandemia por covid-19. Quizá muy pocos sepan que las medidas de prevención y de control que primero se adoptaron en España, incluso antes de que se decretara el estado de alarma el 14 de marzo de 2020, fueron decididas por la flamante fiscal general del Estado, aun con el enfado escénico de quien entonces era ministro de Justicia porque Delgado se había «adelantado» en su adopción. Esa decisión en la institución del Ministerio Fiscal, sin duda, salvó vidas.

Quienes conocen la historia de esa época en el Ministerio Fiscal convendrán conmigo en que comenzó una lucha feroz por el control político de la Fiscalía. Y esa lucha no se inició, desde luego, por parte del Gobierno —pese a las acusaciones que, en ese sentido, recibió su presidente—, sino por parte de la oposición, que se serviría, como también ha hecho el PP cuando ha estado en el poder, de las mencionadas asociaciones para desarrollar su estrategia de control de las estructuras del Ministerio Fiscal.

La oposición se empleó a fondo para evitar que tal situación se revertiera porque no pudo contrarrestar la estratégica y rápida actuación de la fiscal general del Estado en la política de nombramientos que, hasta ese momento, había estado controlada por los fiscales generales designados por gobiernos populares, con la fase de la inoperancia absoluta de la fiscal general precedente, nombrada por la propia Delgado y que se plegó a la misma inercia corporativa.

A cada obstáculo y ataque conservador, la fiscal general respondía con una nueva decisión que desarbolaba esa estrategia corporativa, hasta el punto de conseguir que la composición de la cúpula fiscal, labor que concluiría su sucesor, Álvaro García Ortiz, se colmara de fiscales comprometidos con los derechos humanos y con la función constitucional del Ministerio Fiscal. No la perdonaron por este desarrollo estratégico y comenzó la guerra sin cuartel contra cualquiera de sus iniciativas.

La autonomía e independencia de la fiscal quedaría acreditada, una vez más, con diversas actuaciones que tampoco agradaron a ese sector. Por ejemplo, la información del Anteproyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. O las decisiones de protección durante la pandemia, que neutralizaron determinadas acciones de ese sector de la Fiscalía que quería noquear a toda costa al Gobierno a través del impulso de querellas y denuncias; sector que, en palabras de quien conoce los hechos, llegó a plantear que «al menos alguna de las querellas se debería admitir». Este extremo escandalizó a quien entonces desempeñaba el cargo de teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, que se negó radicalmente a esa torticera propuesta. La Asociación de Fiscales exigió entonces a Delgado que actuara contra el teniente fiscal Navajas por sus declaraciones públicas denunciando tanto esas presiones como el intento de esos fiscales de sala de influir en su actuación, con el fin de que informase a favor de la admisión de alguna de la veintena de querellas contra el Gobierno en relación con la gestión de la pandemia.

La asociación conservadora consideró que Navajas, profesional probo y honesto, había llevado el descrédito a la carrera fiscal y exigió a la fiscal general que «abandonase su silencio cómplice» y actuara contra él.

También fue combatida hasta llevarla a los tribunales la iniciativa para incluir en un registro a los fiscales preparadores de opositores, para permitir la transparencia y objetivar posibles compatibilidades o incompatibilidades.

A finales del año 2021 se abría una nueva pugna en el seno de la Fiscalía. En la primavera de 2022 habría elecciones al Consejo Fiscal (el órgano consultivo del fiscal general del Estado, con potestades importantes en algunas materias y con repercusión política). Las dos asociaciones conservadoras decidieron utilizar la misma estrategia ideológica como arma electoral: su oposición a Delgado, una fiscal progresista. El caladero de votos conservadores es abrumador.

En ese contexto todo se utilizó, incluso el caso del fiscal que había pretendido en el año 2020 una plaza en Anticorrupción, a lo que todos los miembros del Consejo Fiscal se opusieron, especialmente los vocales de la AF, obteniendo cero votos para sus pretensiones. Incluso el fiscal peticionario renunció a impugnar los nombramientos. A pesar de ello, estando próximo el inicio de esa campaña electoral, se aprovecharon las interesadas y tergiversadas declaraciones de Ignacio Stampa, uno de los dos fiscales adscritos al caso Villarejo, como otro elemento de ataque a la fiscal general con fines electorales. Los casos relativos a ese investigado siguieron adelante, no hubo afectación alguna a los procedimientos. Antes, al contrario, como dijeron fiscales relevantes anticorrupción, el cambio de fiscal mejoró la calidad técnica y jurídica del caso y redundó en una garantía de profesionalidad.

Tiempo después y en otro caso aún pendiente de resolución judicial cuando escribo estas líneas, el meritado fiscal, de la mano de alguna de las partes en el caso Villarejo, mantuvo entrevistas con personas que están siendo investigadas por intentar obtener información que pudiera perjudicar a fiscales que trabajan honestamente en la Fiscalía Anticorrupción. Pero esa es otra historia.

Un último apunte: el procedimiento que se siguió contra Stampa se inició tras una denuncia por supuestas filtraciones del caso Villarejo en relación a alguna de las partes personadas en el procedimiento. Sin embargo, no se pudo concluir la investigación por la inoperancia del fiscal que se encargó del caso en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Los nombramientos

El caballo de batalla para la Asociación de Fiscales eran los nombramientos efectuados por Dolores Delgado. La asociación conservadora denunció repetidas veces a Delgado por beneficiar supuestamente a su antigua agrupación, la Unión Progresista de Fiscales, en las designaciones dentro de la cúpula de la Fiscalía. Esto tenía una doble derivada: el desgaste dentro de la propia carrera y la munición política para el PP contra el Gobierno.

Se pasó de criticar algunos de estos nombramientos a utilizar la vía judicial. El Tribunal Supremo anuló el nombramiento de Eduardo Esteban como fiscal de menores y ordenó repetir el proceso porque entendía que Delgado no había motivado lo suficiente su decisión. Dolores Delgado volvió a nombrar a Esteban para ese puesto, a pesar de la anulación del Supremo, argumentado, entre otros extremos, que «la auténtica particularidad de la especialidad de menores radica en la necesidad de extremar el celo en la protección de sus derechos fundamentales, así como en el hecho de que el ejercicio del ius puniendi debe conjugarse con el criterio del superior interés del menor...».

Añadía que el candidato en cuestión reunía las cualidades que se ajustaban «al modelo de Ministerio Fiscal [...] en lo que se refiere al impulso de medidas que enfatizan la dimensión de tutela de derechos fundamentales del área de menores [y a] las propuestas internacionales de justicia descriminalizadora [...] que la fiscal general comparte, por lo que no solo elijo a uno de los candidatos, también elijo un modelo».

Esta decisión enfureció a la asociación conservadora, que acusó a la fiscal general de burlarse de la sentencia. Sin embargo, el mejor juez es el tiempo, que suele poner a cada uno en su sitio. Así, el 15 de enero de 2026, el Tribunal Constitucional corrigió al Supremo, anulando la sentencia y avalando el ascenso de Eduardo Esteban con el voto en contra de los magistrados conservadores.⁴

Los argumentos de esta resolución son demoledores contra la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Valga como botón de muestra el siguiente párrafo: «El órgano judicial priva, con ello, sin un soporte normativo claramente determinado, a la fiscal general del Estado de las facultades de concretización o integración de la norma legal que el legislador le ha atribuido [...] El órgano judicial solo se pronuncia, en realidad, sobre uno de los criterios utilizados en la propuesta de nombramiento, pues achaca a esta que valore la mayor sintonía política de la fiscal general del Estado con el recurrente de amparo, como si de un cargo de confianza se tratase.

»Tal reproche no se corresponde, no obstante, con lo que en la propuesta de nombramiento se razona. En ella se valora la concordancia de la trayectoria profesional y del plan de actuación de uno de los candidatos, con las líneas programáticas que la fiscal general, en el ejercicio de sus funciones directivas del Ministerio Fiscal, pretende establecer en la Fiscalía General del Estado, en particular con la pretensión de dotar a la especialidad en menores de una mayor sensibilidad constitucional, con mayor protagonismo de la perspectiva iusfundamental y de la noción de interés del menor tal y como ha sido interpretada y concebida en la doctrina constitucional». Algo que parece evidente, pero que no fue visto o no se quiso ver por el tribunal sentenciador.

El 30 de septiembre de 2021 se publicó el segundo informe de cumplimiento del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), dependiente del Consejo de Europa. En el informe, relativo a España, se recomendaba a las autoridades competentes, entre otros aspectos, reconsiderar el método de selección y el mandato del fiscal general del Estado; aumentar la transparencia de la comunicación entre el fiscal general del Estado y el Gobierno, y estudiar vías para dotar de mayor autonomía al Ministerio Fiscal. Como consecuencia de este informe, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, formuló en la memoria de la Fiscalía General correspondiente a 2021 una propuesta para modificar el Estatuto del Ministerio Fiscal en la que se contenían importantes medidas, entre las que destacaban la ampliación del mandato del fiscal general del Estado a cinco años, la constancia por escrito de las comunicaciones entre Fiscalía General y el Gobierno y otras referidas a la autonomía del Ministerio Fiscal.⁵

Aquellas propuestas se presentaron para su tramitación y aprobación en el Congreso, y entre ellas se incluía una referida a la obtención de la categoría de fiscal de sala para el o la fiscal general que concluyera su mandato, siempre que perteneciera a la carrera fiscal. Como terminaba el plazo fijado por el GRECO, se propuso su inclusión en una enmienda de la ley concursal. Ante las críticas de la oposición, de algún grupo que apoyaba al Gobierno y de un grupo de fiscales de sala, esencialmente conservadores, así como de María José Segarra —que, curiosamente, había sido elevada a la categoría de fiscal de sala por Delgado—, se retiró una medida que protegía a quien había ejercido aquella responsabilidad de ulteriores campañas y acciones en su contra, como las que Delgado sufrió en los tres años siguientes.

Leo en un artículo de elDiario.es cómo, durante el mandato de Delgado, la Fiscalía tuvo que abordar temas conflictivos: «A saber, la causa sobre la empresa de los padres del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el caso de los comisionistas de las mascarillas del Ayuntamiento de Madrid o el contrato con la Comunidad de Madrid por el que presuntamente el hermano de Isabel Díaz Ayuso cobró una comisión [...]. Sin embargo, el caso más relevante que ha pasado por los escritorios del Ministerio Público en esta etapa fue el del origen opaco de la fortuna de Juan Carlos I, una triple investigación que la Fiscalía archivó en marzo de este año al considerar que los presuntos delitos habían prescrito o que se cometieron cuando el entonces jefe de Estado gozaba de inviolabilidad».⁶

Se refería el medio a tres asuntos separados: «Las comisiones millonarias que habría cobrado el rey emérito por su intervención en la adjudicación de las obras del AVE a La Meca, el uso de fondos sin declarar procedentes de un millonario mexicano, desvelado por elDiario.es, y, finalmente, su relación con varios millones ocultos en la isla de Jersey».

En todos estos procesos, Delgado lo que hizo fue dinamizarlos, creando equipos de investigación en la Fiscalía del Tribunal Supremo, que agotó la investigación, fijando unos hechos y una calificación jurídica que dejaron bien clara la conducta presuntamente ilícita del monarca, quien no respondió penalmente, no sin polémica, porque según el mismo Tribunal es irresponsable según la ley española.

Es cierto que, durante su mandato, Dolores Delgado tuvo que afrontar temas espinosos y conflictivos, siempre bajo el fuego amigo de sus colegas. Pero, tal como hizo durante su etapa de fiscal de la Audiencia Nacional, salió airosa sin que sus acciones hayan sufrido reproche jurídico alguno.

Realmente resulta paradójico que quienes, con diferencias lógicas de criterio, deberían sumar todos los esfuerzos profesionales para fortalecer el desarrollo de la función del Ministerio Público, y coadyuvar a quien dirige en ese momento la institución, se dediquen a combatirlo, con denuncias, incluso internacionales, artículos, entrevistas, filtraciones, campañas de descrédito, acciones de impulso político o acomodo con determinados partidos contrarios al gobierno de turno. Sin duda, tal postura ha contribuido poderosamente a que se perjudique la imagen del Ministerio Fiscal y a que la ciudadanía desconfíe de la imparcialidad y la autonomía de sus componentes.

En este «escenario de guerra», la conservadora AF consiguió la mayoría absoluta en las elecciones al Consejo Fiscal (órgano consultivo no vinculante) en 2022, con el desplome de la Unión Progresista de Fiscales y la inclusión, por vez primera, de la minoritaria APIF, de talante ultraconservador. Este resultado demuestra que la carrera fiscal sigue la misma tendencia política que comienza a imponerse en el mundo occidental. Pareciera que los y las fiscales de nuestro país, al menos en lo que respecta a la organización profesional, no quieren que la institución avance en aquellos ámbitos que precisamente la sociedad necesita, es decir, la defensa de los derechos humanos y las garantías frente a las agresiones y vulneraciones a las que estos se ven sometidos en estos convulsos tiempos.

Tras la renuncia de la fiscal general del Estado, que tuvo lugar después de que se sometiera a una dura intervención quirúrgica, y de haber sido mezquinamente puesta en duda el mismo día en el que se encontraba en la mesa de operaciones, su sucesor juraba el cargo con un bloque pétreo de fiscales dispuestos a marcar su territorio y hacerle la vida imposible.

Sin embargo, el reconocimiento a las propuestas de Dolores Delgado vendría tras su salida de la jefatura del Ministerio Fiscal. En el informe anual sobre el Estado de derecho en la Unión Europea, publicado por la Comisión Europea el 13 de julio de 2022 (tercer informe anual), la Comisión Europea reconoció que en ese último año el sistema de justicia español había continuado cosechando importantes avances, incluso tras la pandemia. Se destacaban los progresos realizados en la calidad del sistema de justicia, en su digitalización y en los esfuerzos para abordar los retos relacionados con los medios y recursos de la justicia. Se refería expresamente al incremento de un 7 por ciento en el presupuesto de justicia y a la ampliación de la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal. También alababa el aumento de recursos destinados a la Fiscalía Anticorrupción con la creación de nueve plazas en 2019 y ponía en valor su formación específica en materia de delincuencia económica y de lucha contra la corrupción. Hacía mención al nuevo régimen disciplinario de los fiscales establecido en el Reglamento, siguiendo las recomendaciones del GRECO, y a la reivindicación de la entonces fiscal general para que se procediera a la necesaria reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. La Comisión Europea resaltaba la adopción de medidas para incrementar la transparencia de las relaciones entre el Gobierno y el fiscal general del Estado. En concreto, destacó la presentación, en abril de 2022, de enmiendas legales en el Parlamento que preveían una mejor regulación sobre este extremo, señalando literalmente que «cuando se cumplimenten, ello podría considerarse un avance positivo, ya que respondería a las inquietudes planteadas en el informe sobre el Estado de derecho de 2020 y también por el GRECO».⁷

Unos meses después, en la adenda al segundo informe de cumplimiento de la cuarta ronda de evaluación de España, publicado en diciembre de 2022, el GRECO concluyó que nuestro país había atendido de manera satisfactoria siete de las once recomendaciones del informe de evaluación, y tres de las cuatro restantes se habían cumplido parcialmente. El GRECO celebró la publicación del Real Decreto 305/2022, de 3 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento del Ministerio Fiscal, al incorporar principios como los de imparcialidad y publicidad y superar la norma vigente desde 1969, y por tanto preconstitucional. El organismo también recoge la petición de la fiscal general del Estado en su Memoria de 2021, relativa a la reforma del Estatuto Orgánico y dirigida a garantizar la autonomía presupuestaria, normativa y formativa, así como una regulación transparente de la comunicación entre el Gobierno y el fiscal general del Estado.

Así empezó Álvaro García Ortiz su mandato al frente del Ministerio Fiscal.

2

Objetivo: abatir al fiscal general del Estado

El hombre justo no es aquel que no comete ninguna injusticia, sino el que pudiendo ser injusto no quiere serlo.

MENANDRO DE ATENAS

Me gustan las frases que condensan pensamientos certeros y que perduran a lo largo de los siglos y los milenios. La pregunta que me hago es: ¿cuántas frases, ideas o pensamientos podrán extraerse en esta, nuestra época, de entre las pronunciadas por quienes componen la clase política, mediática y judicial que nos dirige, informa y juzga, respectivamente?

Tenemos un grave problema de comprensión y aprovechamiento de esas ideas que, elaboradas a través del tiempo por decenas de pensadores, han trascendido a su época. Ideas sobre el futuro y la forma de entender la vida de las generaciones venideras y la filosofía que servía para avanzar al ritmo en el que evolucionaba la propia humanidad. Sin embargo, la superficialidad y la falta de atención a esas enseñanzas son un signo de nuestra época, en la que lo fatuo y superficial se impone sobre la reflexión y el análisis. En este sentido, soy de los que piensan, como sostengo en este opúsculo, que la justicia, junto a otros temas que abordaré en otros capítulos, es parte fundamental de esa meditación necesaria, así como hacer un detenido escrutinio de algunos de los aspectos que inciden directamente en la calidad democrática de los tiempos actuales. El filósofo estadounidense John Rawls afirmaba: «La justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento».¹

Para alguien que, como yo, ha dedicado su vida al estudio del Derecho y la Administración de justicia, resulta fundamental tener muy claro este concepto y que los demás también lo tengan. Ahora bien, si nos detenemos en el estudio de algunas de las arbitrariedades que, en su nombre, se han cometido, cometen y cometerán, resulta muy difícil sostener el pensamiento de Rawls. La falta de comprensión real del sentido de esa función como servicio público está en la base del problema. La justicia la administran aquellas personas que aterrizan la teoría y su significado y la aplican al caso concreto. Eso implica una excelencia en quienes administran, fuera de toda duda. Son o deben ser el ejemplo de servidores que, con su actuación, generen la confianza en los que sufren o sobre los que recaen los efectos de las acciones de esa institución.

Tristemente, una parte significativa de quienes alcanzan la máxima categoría del poder judicial, olvidan demasiado pronto ese carácter fundamental y el mismo ideal que en algún momento les guio para cumplir con su deber, quedándose solo con la posición de poder que consiguieron. Y es ahí donde el pensamiento de Menandro de Atenas despliega todo su sentido. Presumiendo que los jueces y fiscales, en general, son justos, escogen no serlo y se prestan a cualquier componenda por diversas motivaciones, ninguna de ellas justificable o bienintencionada.

Después de esta introducción, pero íntimamente relacionada con ella, porque ejemplifica la envergadura del problema, quiero relatar la historia, una entre muchas, de una injusticia acontecida en España en tiempos recientes, concretamente entre 2024 y diciembre de 2025. Sus efectos, mientras no se remedien, nos continuarán avergonzando como parte de una sociedad que se dice democrática regida por el Estado de derecho. Es una historia de jueces y fiscales; de abogados, de políticos, de buenos y de malos, que no acaba con un final feliz.

Debo adelantar que me duele reproducir este relato, aunque, quizá por ello sea mejor compartirlo y así exteriorizar toda la ponzoña que me carcome por dentro, y es posible que, incluso, sea una medida terapéutica para seguir confiando en que la justicia en mi país aún tiene salvación, al menos, en lo que me concierne a mí y a mucha más gente.

Todo comenzó con la publicación de una noticia documentada de una investigación sobre un presunto fraude a Hacienda que afectaba a la pareja de una conocida política madrileña. Esta persona había reconocido, a través de su abogado, esa defraudación, algo que, por otra parte, sucede todos los días, porque la tendencia a no cumplir con el fisco, ni, por tanto, con toda la sociedad, es un planteamiento frecuente entre los que se aprovechan de sus conciudadanos en beneficio propio mientras critican el sistema corrompiéndolo.

Después de esta noticia vino el bulo de un personaje secundario, pero oscuro y nefasto para la salud democrática de este país, con el que pretendía desviar la atención de la acción ilícita presuntamente cometida, invirtiendo la historia y tratando con ella de culpar a la Fiscalía española del resultado adverso a la pareja de su jefa. La defensa de Alberto González Amador por el personaje en cuestión es llamativa por cuanto se dedicó, siendo el fabulador funcionario público, a defender el «honor» de quien era un mero particular. La finalidad evidente era proteger políticamente de la crítica a quien le impartía órdenes.

Frente al bulo descarado del siniestro personaje que sostenía que había sido la Fiscalía la que había frustrado la posible conformidad entre el acusador público y el presunto defraudador para perjudicar a su jefa política, el representante de aquella, de nombre Álvaro García Ortiz, a la sazón fiscal general del Estado, en cumplimiento con su obligación legal dispuesta en el artículo 7, en relación con los artículos 27 y 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, hizo publica una nota informativa en la que se contaba clara y concisamente la verdad de lo sucedido.

Así, de un bulo que manchaba el honor de los fiscales y de la obligación de desmentirlo se pasó, para sorpresa de propios y extraños, a la inhabilitación del fiscal general del Estado como autor de un delito de revelación de datos reservados del artículo 417 del Código Penal. Desde el comienzo de este proceso tortuoso e irregular, muchos entendimos que era meramente instrumental para cobrarse la pieza del fiscal en un tablero imaginario de ajedrez político cuya partida había comenzado con las elecciones del 23 de julio de 2023 y cuyo objetivo final era dar jaque mate al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El fallo de la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo se publicó de forma sorpresiva y preocupante el día 20 de noviembre, coincidiendo con el 50.º aniversario de la muerte del dictador Franco (la fecha es importante). La argumentación de la sentencia se conoció el 9 de diciembre de 2025 y mostró de forma descarnada a un tribunal dividido —cinco votos contra dos discrepantes—, que ha marcado un antes y un después en la concepción y la credibilidad que teníamos de la justicia.

La decepción

Para mí, como para muchos, ha sido darse de bruces con la decepción: se ha roto definitivamente mi maltrecha confianza en una profesión que ha sido mi vida. La judicatura fue un sueño por el que luché desde la infancia, la adolescencia y la universidad. Mi compromiso por la democracia militante me hizo asumir decisiones de las que me siento orgulloso, a pesar de haber sufrido una suerte similar a la del fiscal general del Estado por la mano del mismo tribunal e incluso de algunos de sus componentes.

Para mí, la justicia, como ideal y como función sanadora de la convivencia social, de pacificación y de equilibrio, de protección y de defensa de derechos, ha sido siempre un principio sagrado y una máxima que no veo reflejada en esta sentencia proferida más contra la justicia que a favor de la misma. La sociedad española no puede sentirse más segura después de haber asistido al desarrollo y final de este aquelarre judicial.

La justicia, a través de las manos de quienes la imparten, debe ser no solo justa sino confiable, aunque se pueda equivocar, porque, en estos casos, puede ser enmendada por otro tribunal en una segunda instancia. Aquí no existe esa posibilidad ya que se ha decidido en única instancia, a pesar de las advertencias reiteradas por tal carencia del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que, de momento, no han sido atendidas ni por el poder ejecutivo ni por el legislativo ni por el judicial, cuando se refiere a juicios penales para aforados en la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Tal deficiencia es sumamente grave y no subsanarla define el miedo que provoca este tribunal y al poder que despliega. En realidad, es muy difícil asumir como creíble y equilibrada la existencia de una Sala cuyas decisiones son inapelables cuando, a la vez, las eventuales responsabilidades de sus miembros son decididas entre sus pares. La apariencia de imparcialidad queda comprometida por el corporativismo del ente. Solo la aceptación de sus resoluciones como verdad suprema, a modo de acto de fe, explicarían esta situación.

Han existido más actores en esta representación judicial, unos principales y otros de reparto, pero no por ello menos importantes. En este proceso, entre los protagonistas, destacan también los profesionales del Ministerio Fiscal y, especialmente, los entes corporativos existentes en su seno. Así, han tenido un papel principal las asociaciones profesionales. La conservadora Asociación de Fiscales (AF), desde fuera del proceso, ha sido determinante como soporte de aquel en contra del fiscal general del Estado con opiniones políticas y nada profesionales muy duras y definidas, en línea con la oposición política liderada por el PP. La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), ejerciendo la acusación popular, ha desarrollado así mismo un rol relevante a la vez que bastante penoso.

Esta participación merece mención aparte, porque más ha parecido una venganza contra el fiscal general del Estado que una defensa de los intereses del pueblo, tal como exige el artículo 125 de la Constitución en relación con el artículo 101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que definen la institución de la acción popular. Por otro lado, nos encontramos también con la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que no presenta esa vocación de asalto permanente al poder que los otros dos colectivos atesoran en exclusiva, y cuya actuación se puede enmarcar en los límites que deben guardar las asociaciones profesionales.

De hecho, las dos primeras parecen ser parte de una especie de lobby que oscila hacia un sitio u otro, según la bandera del partido político que gobierne. La AF, que en épocas pasadas coincidentes con mi trabajo como juez en la Audiencia Nacional y posteriormente hacía gala de moderación contenida, en los últimos años ha evolucionado en sentido contrario. No admiten la corrección democrática ni aceptan a los discrepantes dentro de sus propias filas, a pesar de haber desempeñado democráticamente sus cargos. Tampoco admiten en suma a quienes no son parte de ese club del conservadurismo rancio y provocativo.

Históricamente han existido fiscales generales conservadores que no tenían ese talante. No veo en ese papel extremo a Eduardo Torres-Dulce ni a Juan Ortiz Úrculo. Dicho de otro modo: pienso que estos no se prestaban a ser instrumentos de acción política asociativa, en forma tan desvergonzada, saliendo todos los días en la prensa como una especie de ariete contra algo o alguien, retroalimentando el discurso corporativo y conservador de dicho grupo de presión. Otros, de ese mismo talante, sí lo han hecho de forma descarada, haciendo nombramientos con cero votos del Consejo Fiscal (Jesús Cardenal con el nombramiento de Eduardo Fungairiño como fiscal jefe de la Audiencia Nacional).

Recuerdo una comparecencia de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, el 18 de noviembre de 2021, en la que presentaba la memoria de la Fiscalía General correspondiente al año 2020, el de la pandemia, en la que el senador Fernando de Rosa, otrora magistrado y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) —siempre habla el que más tiene que callar—, como portavoz de justicia del PP, siguió casi al pie de la letra los dictados de la AF previamente publicados en el periódico ABC.

El senador del PP, ninguneando las referencias que la fiscal general del Estado había hecho de las fiscales de base, que habían trabajado de forma denodada durante la pandemia, y a las que había hecho un homenaje en su discurso, dijo: «Hable con esas fiscales de base, esas heroínas, esas mujeres, hable con ellas, porque han transmitido a este grupo parlamentario su actuación totalmente sectaria y contraria a los intereses de la independencia del poder judicial». Se refería a la carta que la AF había remitido a la fiscal general para que actuara contra quienes en nombre de Podemos habían protestado por la condena de Alberto Rodríguez (condena que ha sido revertida recientemente en su favor por el Tribunal Constitucional, anulando la del Tribunal Supremo).²

El senador continuó atacando a Delgado en perfecta sintonía con la AF, que había proclamado en los medios de comunicación el «sectarismo de las propuestas de la fiscal general del Estado en los nombramientos discrecionales», exigiendo explicaciones porque, decía: «Nos alarman mucho las denuncias que están apareciendo en los medios de comunicación».

Las falacias y falsedades se combaten con datos, y así lo hizo la compareciente, expresando de forma contundente que, desde el inicio de su mandato, había realizado 82 propuestas de nombramientos discrecionales: «Le digo que todas las personas nombradas son magníficos profesionales [...], con experiencia en la jurisdicción y en la gestión de equipos [...]», «[...] con proyectos e ideas ilusionantes, novedosas, que contribuyen a un proyecto de Fiscalía moderna, sólida, y todo ello al servicio de la sociedad [...]»; habiéndose «[...] valorado también parámetros como la paridad, el tiempo de conciliación, la territorialidad [...], incorporando a personas con experiencia en el territorio, tanto en las unidades de la Fiscalía General como en las unidades especializadas, así como en los órganos centrales».

Las cifras de la distribución de cargos resultaron abrumadoras, y evidenciaron que en la elección se había guardado la proporcionalidad entre no asociados y asociados, mujeres y hombres; y que, en el 95,12 por ciento de los casos, el Consejo Fiscal estuvo de acuerdo.

Finalmente, Delgado resaltó algo sumamente importante; su abstención en todas las denuncias formuladas contra el Ejecutivo, sustituyéndola el teniente fiscal. Esto hizo innecesaria la convocatoria de la Junta de Fiscales de Sala, cuya falta, probablemente por desconocimiento, le reprochaba el senador.

En este punto, resaltó la paradoja de que el señor De Rosa le espetara este reproche. Años antes, en 2017, cuando gobernaba el PP de Mariano Rajoy y con ocasión del denominado procés, el que fuera fiscal general del Estado, José Manuel Maza, designado por el Gobierno conservador, en vez de abstenerse, como hubiera sido lo correcto, asumió personalmente el caso y elaboró dos querellas contra el entonces presidente Puigdemont y trece políticos más de la Generalitat. Es decir, asumió, de manera sorpresiva, funciones jurisdiccionales, avocándose a sí mismo el conocimiento de un asunto. Ni más ni menos. Por descontado, ni convocó la Junta de Fiscales de Sala ni dio instrucciones u órdenes a dicha Junta ni a ningún otro fiscal, porque su sola voluntad determinó el curso de los acontecimientos. Esa es la gran diferencia de talante entre una y otro.³

En aquellos tiempos, que ahora nos parecen remotos, la AF no hablaba del presidente del Gobierno en los términos en los que ahora habla, ni del ministro de Justicia ni por supuesto del fiscal general. Lo cierto es que, tiempo atrás, los fiscales eran bastante más comedidos, sin obviar criticas duras, pero respetando a la persona... Esa prudencia se perdió no solo en la Fiscalía, sino también en la vida política y en muchos otros ámbitos de la sociedad española.

El respeto

Como jurista, creo que, en el caso del Ministerio Fiscal, esa ausencia de consideración, de cortesía, es especialmente sangrante al tratarse de una institución jerárquica con unos principios de respeto muy importantes, que son, precisamente, los que le dan credibilidad ante la sociedad a la que sirven. Cuando se prescinde de estos principios, resulta muy triste comprobar que alguien que no aporta nada a la profesión se convierte en un títere que cierta prensa utiliza para arremeter políticamente contra otra persona. Eso es lo que ha ocurrido a mi parecer. Por ejemplo, si nos preguntamos qué han hecho la presidenta de la AF o el presidente de la APIF por la carrera, por la justicia o por la sociedad, la respuesta es bien sencilla: nada. Aun así, se permiten enjuiciar quién es buen o mal jurista. Está por ver qué es lo que aportan ellos.

Mientras que las asociaciones conservadoras y los fiscales de este signo han atacado sin misericordia a los fiscales generales del Estado progresistas, los progresistas han sido mucho más respetuosos con los conservadores. Y esto no es lisonja, sino constatación de hechos a lo largo de los años. Me atrevo a decir que, desde esa perspectiva histórica, son los fiscales conservadores y las asociaciones de este cuño los que han estado haciendo daño a la institución, y no quien ha defendido su inocencia ante un bulo con dignidad y energía en beneficio de su carrera y de la sociedad.

Aquí, la parte política ha sido fundamental. Siempre he dicho, y lo sigo manteniendo, que el PP, principalmente, tiene un plan preestablecido diseñado estratégicamente a largo plazo respecto de la judicatura, y ahora se ha comprobado que también de la Fiscalía. Desde 1997, en el primer mandato de José María Aznar y de la mano de Federico Trillo, dicho partido ha trazado un plan de ocupación bien definido en la justicia, mimándola, usándola, colocando a sus peones en los puestos claves, tanto en el Ministerio Fiscal como en el poder judicial, mientras que en ese tiempo no ha existido una contraestrategia o alternativa progresista. Ni siquiera la hubo cuando el CGPJ tenía mayoría progresista, allá por 2008.

Hace tiempo que vengo denunciando ese déficit como la voz que clama en el desierto, y también la equivocación que supone que los progresistas sigan desde entonces la política del «siempre es mejor ceder que romper» que tanto daño institucional ha producido en nuestro país. Los bloques conservadores, ya sea en la carrera fiscal o en la judicial, son bloques pétreos, compactos, nunca ceden y si lo hacen es porque juegan a largo plazo con esa visión amplia y expansiva. Lo reconozco, han sabido hacerlo y de ahí la gran fuerza que han tenido en el curso de la justicia en España.

Quien trató de cortocircuitar ese plan en el Ministerio Fiscal fue Dolores Delgado. Ahí se abrió la veda contra ella, aunque «se la tenían jurada» desde su etapa de ministra.

Ya como fiscal general del Estado, se llevaron a efecto 115 nombramientos y un sector (el conservador) de la carrera entró en estado de shock. No lo vieron venir. Tardaron en reaccionar porque no lo esperaban. Estoy seguro de que tenían su plan y de que la entrada de un eslabón nuevo (Dolores Delgado), independiente, experta, incontrolable, con una idea muy clara de la justicia, y de acción rápida (probablemente por la experiencia acumulada de fiscal de la Audiencia Nacional y ministra de Justicia), fue un motivo de enorme desconcierto y desasosiego.

Su nombramiento les descolocó y trastocó aquella planificación estratégica de tantos años sin que el funcionamiento de la justicia se resintiera. Más bien sucedió al contrario: aumentó su fortaleza y equilibrio. La nueva fiscal general del Estado no era la funcionaria dócil que esperaban, como lo había sido su antecesora, ni tampoco se sometería al dictado de la corporación, y eso lo distorsionó todo. No podían aceptarlo.

Siguieron su plan en la judicatura, pero en la Fiscalía, donde no lo esperaban, se produjo una hecatombe y, frente a esta realidad, comenzó el acoso y derribo desde el minuto uno. Esta actuación tan agresiva se continuó en el tiempo, con su sucesor, que evidentemente era cuestionado por haber sido jefe de la secretaría técnica con Delgado. La idoneidad del fiscal general del Estado en el primer nombramiento de García Ortiz, que sustituyó a aquella tras su renuncia por enfermedad, no fue cuestionada por el CGPJ, que llevaba caducado cinco años. No fue hasta unos meses después, para su segundo mandato, cuando escandalosamente se contradijo y lo declaró «no idóneo».

Esta decisión, que pareciera cosa de locos, no lo era tanto si se analiza en contexto con las líneas marcadas por el PP en los diferentes escenarios nacionales e internacionales. Externalizaron falsamente una situación de la Justicia española que, si era mal ejemplo, lo fue por este hostigamiento del propio sector conservador. Todo valía con tal de tumbar al Gobierno y a todo lo que de él emanara.

Nunca le importó a ninguno de ellos el perjuicio para el pueblo. La supuesta desviación de poder en el nombramiento como fiscal de sala de la Fiscalía Togada de lo militar por parte del fiscal general a favor de Dolores Delgado, y la anulación posterior en el primer nombramiento de esta como fiscal de sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, son ejemplo de esa política concertada que ha continuado hasta el mismo momento en el que ha caído su sucesor. Solo después han consolidado su nombramiento, frente a una demanda inconsistente y vengativa de la AF. No haberlo hecho habría trascendido los límites del buen derecho, si es que siguen atendiendo a este concepto.

¿Odiaban simplemente al equipo de la Fiscalía General o querían acabar con el equipo progresista desde dentro de la carrera? A mi parecer, ambas cosas son ciertas si las consideramos puro lawfare interno (tan peligroso como el externo porque, siendo menos evidente y comprensible desde la percepción social, produce un daño mayor). Lo he hablado con diferentes fiscales y todos ellos coinciden en que con Dolores Delgado el odio tenía mucho de personal. El pecado original de ser ministra generaba aliados, pero también enemigos acérrimos. Lamento decir que yo también era parte de esto. En ocasiones, como ya he resaltado, con el machismo imperante en este país, Dolores no era Dolores, era Garzón... Y los mismos que me odiaban a mí, la odiaban también a ella.

Sin embargo, Dolores Delgado es una fuerza en sí misma y eso en España sigue siendo algo incorrecto. Es preferible ser una mujer sumisa que no dice nada que una que defiende su criterio con solvencia e impone su discurso con argumentos. Eso se reconoce cuando lo hace un hombre como, pongo por caso, Cándido Conde Pumpido y dicen «joder, qué bueno es Cándido». Si Lola hace lo mismo la crucifican. No hay que darle más vueltas, es machismo estructural.

Mirando hacia atrás y siempre intentando establecer cómo empezó esta colérica refriega, me esfuerzo en recordar cuándo se inició de modo descarado toda la acción de la AF y de la APIF. Recuerdo que hubo un Congreso de la AF en Zaragoza donde empezaron a meterse con mi despacho tratando de vincularlo con la fiscal general. Simultáneamente, pretendían dar a entender de forma poco sutil que me aprovechaba de su posición como ministra y como fiscal. Poco importa que jamás haya ejercido la defensa o acusación como abogado en España (debo ser el único ejemplo de juez o fiscal que, dado de alta en el Colegio de Abogados, nunca haya ejercido profesionalmente en juzgados o tribunales). Cualquier cosa con tal de acabar con ella, aunque de forma cobarde, porque, cuando se les requirió que entregaran las actas del congreso para presentar la pertinente demanda contra la asociación, se arredraron.

Añado además algo importante. Hay que tener en cuenta la rama mediática aliada con esa rama política, fiscal y judicial para poner en el candelero algo falso e inocuo. Ejemplo claro de esto es lo que sucedió con el fiscal Ignacio Stampa.

Concretamente, de la no elección para consolidar la plaza que transitoriamente tenía en la Fiscalía Anticorrupción el referido funcionario. Este tema carecía de entidad alguna y no debería haber tenido más recorrido que el de una simple anécdota. Nadie es imprescindible en ningún lugar, y menos en una entidad en la que el trabajo que asumas puede ser desempeñado igual, o incluso mejor, por cualquier otro compañero o compañera. Su rechazo en la selección sirvió como excusa para continuar magnificando los odios y, de esta forma, crear una realidad aparente que sirviera de plataforma de apoyo para la acción en contra de la fiscal general del Estado.

Todo lo que rodeó este asunto es cuando menos absurdo. Si algo se constató en el camino fue la clara animadversión del señor Stampa contra mí, y por extensión contra Delgado cuando era ministra. Nos vincularon al caso sin argumento alguno y solo para cobrarse dos piezas de primer nivel por el precio de una. Pero fue tan burda y torticera la estratagema que se les desmoronó como un azucarillo, no sin antes hacer daño reputacional y personal. Eso sí, les sirvió como excusa para un nuevo ataque a la fiscal general del Estado ante el hecho cierto de que el solicitante de la plaza en la Fiscalía Anticorrupción no obtuvo ningún apoyo (cero votos) en el Consejo Fiscal. A partir de ahí, la acusación se dirigió contra ella por haber ordenado la instrucción de un expediente en su contra tomándolo como motivo de que no lo eligieran, cuando la propia AF, a través de sus asociados en dicho Consejo, no tenía ninguna voluntad de votarlo. Nunca lo hubieran elegido, al margen del expediente disciplinario en curso.

«Ahí te das cuenta de cuando los argumentos lógicos no valen para nada. Porque siempre hay una dinámica conspiranoica que le puede a la lógica, así que da igual que te pegues con quien sea, expliques lo que sea o digas “mira, Stampa le pidió veintitrés años a Villarejo y Dolores Delgado era la fiscal general, de qué favorecimiento a Villarejo estamos hablando”.» Los escritos de acusación están hechos, ha seguido el procedimiento, han cesado a Stampa, y no ha pasado nada. «Afortunadamente hay mejores fiscales que este», me dice un compañero de profesión.

Partimos, además, de que Delgado fue una víctima del caso Villarejo y, por ello, sería absurdo que fuera a favorecer a su victimario, aunque sea de modo indirecto. Llegas a la certeza de que, en casos como este, da igual la lógica, da igual cómo expliques el proceso, cuando la máquina trituradora del odio, el desprestigio, el fango y la manipulación se pone en marcha, no hay quien la detenga. Es lo que pasaría después con Álvaro García Ortiz. En una ocasión, el propio Álvaro me dijo: «Da igual que haya algo que sea lo normal... Se aprovecha cualquier coincidencia para construir un relato y acabar contigo». Qué razón tenía y como lo sé por haberlo sufrido en carne propia, del mismo modo que lo ha sufrido él.

Aquí, sirviéndose de las coincidencias en el caso de Stampa, se vehiculizaron muchos intereses adversos y especialmente se constató la actitud farisea de la dirigencia de la AF. Ni esta asociación ni ninguno de sus miembros del Consejo Fiscal lo apoyó, pero se aprovechó para elaborar su discurso. Fue el instrumento que escogieron para su estrategia de acoso y derribo contra la fiscal general del Estado, igual que sucedería más tarde con Álvaro García Ortiz.

A Dolores Delgado la enfermedad la obligó a concluir su mandato antes de tiempo. La causa venía de tiempo atrás. Quizá por no haber sabido trabajar más que entregándose hasta la extenuación. Ni al frente del Ministerio de Justicia ni al frente de la Fiscalía General del Estado supo calibrar los avisos severos que su cuerpo le venía dando desde 2018. Por amor al servicio público de la justicia y al Ministerio Fiscal, que son su vida, sus problemas de salud se agravaron hasta dejarla casi incapacitada.

Aguantó y se entregó en cuerpo y alma, como correspondía y como exigen la profesión y el cargo a los que pertenece (aunque muy pocos cumplen ese principio). Finalmente, su cuerpo no resistió más, su espalda se rompió y tuvo que ser operada de urgencia. A partir de entonces, los médicos le advirtieron de que no podía seguir el ritmo que estaba llevando. Las tensiones que el propio cargo conllevaba y no respetar la baja médica, que incumplió por una mal entendida exigencia, hizo que se incorporase anticipadamente para continuar adelante con la toma de posesión de los nuevos cargos del Consejo Fiscal.

Tras su reincorporación, sus limitaciones eran palpables y terminaron fallándole las fuerzas. Llegó a perder el conocimiento en dos ocasiones y tomó la decisión de que, si no podía darlo todo, no debía continuar por responsabilidad con la ciudadanía. Sé que la cultura de la dimisión no es la que rige en nuestro país, pero ella, como yo, no entendemos el servicio público de otro modo. Ha seguido sirviendo a la justicia, pero decidió responsablemente que debía ser otro quien tomara el testigo. Así se lo planteó al presidente Sánchez y este lo entendió, a pesar de que él y todo su equipo querían que continuara. Creía, y así fue, que la Fiscalía General quedaba en muy buenas manos. Sin embargo, no previó que el viacrucis continuaría. Ni ella ni su sucesor alcanzaron a vislumbrar la maldad acumulada y el resentimiento de aquellas asociaciones que poco o nada de su tiempo dedicaron a la defensa de los intereses corporativos de sus miembros, sino que priorizaron su particular ajuste de cuentas contra ambos.

El día después de la operación quirúrgica de Delgado, un grupo de fiscales publicó una carta sumamente cruel. Ante el humillante cuestionamiento de sus «compañeros», tuve que solicitar, desde la propia clínica, la redacción de un comunicado junto con el correspondiente certificado médico para acreditar que no estaba mintiendo.

Debo reconocer que cuando quieres a alguien y ves la miseria humana reflejada en este tipo de actitudes, debes de tener las convicciones muy firmes para no estallar. Lola sufría, porque se regía, como siempre ha hecho, por los parámetros de la lógica. Pensaba que esta cualidad dominaba todavía en esos compañeros y compañeras, pero yo sabía, por haberlo vivido en propia carne, que la mayoría de los sujetos, especialmente en esta profesión, se rige por la animadversión y la envidia. Podría decirse que la mediocridad compone la mafia del poder puro y duro. La instrumentalización del derecho y de los espacios relacionados con la justicia y sus estructuras; es puro lawfare interno o golpes palaciegos. En definitiva, es acabar por cualquier medio con quien resulta incómodo en un momento determinado y en una posición concreta. Delgado y García Ortiz eran figuras incómodas e incontrolables porque respondían, con sus acciones, a los principios de la ética y de la legalidad con las que el otro lado tenía que acabar. Y acabaron con ellos.

Todo en contra

Conocí a Álvaro García Ortiz en Lima, en un congreso internacional en el que yo era ponente sobre violencia obstétrica en 2016. En ese tiempo ocupaba el cargo de fiscal delegado de Medio Ambiente para toda Galicia y era el presidente de la UPF. Tuvo una dura pelea jurídica en el caso Prestige, el petrolero que se partió en dos el día 13 de noviembre de 2002 contaminando las aguas de las costas gallegas y produciendo una de las mayores tragedias ecológicas en la historia de España, con pérdidas cifradas en unos 4.300 millones de euros. Aquel, del que salían «hilillos de plastilina» cuando ya se había hundido, según la definición de la catástrofe que dio Mariano Rajoy, portavoz del Gobierno en aquel entonces. Más ardua fue su investigación sobre los incendios que devastaron la comunidad gallega durante octubre de 2017. En el informe elaborado sobre las posibles causas delictivas, negó lo que defendía el por entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que sería después líder nacional del PP. Feijóo estaba convencido de que detrás de estos sucesos había una estructura «delictiva homicida» e incluso planteó como terrorista el delito incendiario. Sin embargo, García Ortiz fue firme: no había evidencias de la existencia de ninguna trama. Estoy convencido de que Núñez Feijóo aún recuerda aquel episodio. Desde luego, no es de los que quería bien al fiscal general.

Yo diría que Álvaro García Ortiz, a pesar de ocupar el cargo de jefe de la secretaría técnica de Dolores Delgado, nunca pensó en convertirse en su sucesor. Hombre de talante modesto, debía creer que otras personas estarían mejor preparadas para esa función. No podía suponer que él, que había actuado como el motor de la sala de máquinas de la Fiscalía, fuera a dirigir el barco. Sin embargo, y a pesar de todo lo que sucedería después, estoy seguro de que no se ha arrepentido en absoluto de haber aceptado el desafío.

Era una decisión difícil. Previamente, había tenido que cambiar su vida y la de su familia tras ser nombrado fiscal jefe de la secretaría técnica y, por tanto, fiscal de sala. Mudarse a Madrid fue una revolución para él y para los suyos. Aceptar el cargo debió generar una sensación de enorme vértigo, máxime cuando ya había comprobado la hostilidad del ambiente en el que se hallaba inmerso.

En este ambiente, el núcleo fundamental de oposición se encuentra entre los fiscales del Supremo, en la dinámica que llevan, por su propia estructura. De estas cosas se habla poco, pero no tengo inconveniente en exponerlas, porque alguien lo tiene que decir. Entre este colectivo, hay algunos fiscales poco profesionales que estaría muy bien que fueran relevados. Detecto demasiado apego al poder y a la ostentación... y poco compromiso con sus obligaciones o sentido del servicio público.

Tengo en muy alta consideración a muchos fiscales, sobre todo a los que están a pie de calle dejando su esfuerzo y su conocimiento en favor de la sociedad. Pero también me consta que, para algunos, es muy cómodo ser fiscal, porque se dejan llevar. Hay una parte importante del trabajo (un 90 por ciento) que es prácticamente reproducir escritos de acusación, mientras que la creatividad apenas se muestra en el 10 por ciento restante. Además, este segundo grupo tampoco asume responsabilidades.

Esa es la degradación a la que se ha visto sometido el fiscal que, de ser el inspector de sumario como era antes, ha pasado a constituir menos que una parte en el enjuiciamiento criminal. Para muchos fiscales esto es muy cómodo. Les permite seguir siendo autoridad, pero desempeñando un papel muy sencillo, acorde con el conservadurismo nocivo que hoy predomina en el ejercicio de la función del Ministerio Fiscal.

La marcha de Dolores Delgado fue un triunfo para muchos de sus colegas, especialmente para quienes estaban en plena guerra contra lo que no fuera su núcleo corporativo. Se vieron tan fuertes y crecidos que estaban convencidos de que podrían con el siguiente fiscal general del Estado.

Fue entonces cuando este la nombró fiscal de sala. Entiendo que por muchos motivos, aun sabiendo que le traería complicaciones. Delgado era el demonio, el pecado original, y me consta que una parte de sus allegados profesionales aconsejaron a Álvaro García que se alejara de ella con el argumento de que era preciso hacer una política de brazos abiertos, tener en cuenta a todo el mundo. Es decir, una especie de «Cumbayá» fiscal.

Estoy seguro de que García Ortiz lo hizo, porque está en su naturaleza bondadosa, y de que se entrevistó con todo el mundo. Pero también consideró una cuestión importante: ¿cómo iba a permitir que una fiscal general del Estado volviera a su puesto de origen en la Fiscalía de la Audiencia Nacional? No podía ser, debió parecerle inconcebible, fuera quien fuera, dejarla sometida a los potenciales vaivenes y «ajustes de cuentas» por otros superiores.

Pero, sobre todo, por su currículum impecable, excepcional, probablemente el más completo del Ministerio Fiscal, si bien todos sabíamos que sus oponentes nunca entrarían a valorarlo.

La inocencia

¿Pecó de inocencia el fiscal general dando por hecho que ese valor profesional sería reconocido? Es probable, porque su nombramiento fue combatido y nadie se preocupó de reconocer sus méritos.

El nombramiento de Delgado era para la Sala Togada, la militar, puesto de libre designación que no precisaba de requisito alguno más que los generales, para adjudicar la plaza para el cargo de fiscal de sala. No existe ninguna especialidad.

Pero la Sala Tercera del Tribunal Supremo le tumbó el nombramiento. Decidieron que se había producido desviación de poder, ni más ni menos, y en gran medida sugirieron o incluso argumentaron que el fiscal general la nombraba «por la cara». Como era de esperar ni miraron su historial. Fue una época en la que el Tribunal Supremo ya estaba en combate abierto con la fiscal general del Estado y con el Gobierno para ocupar un terreno en los nombramientos que no le era propio.

La confrontación había empezado previamente con la promoción a la primera categoría de la carrera fiscal, por parte de Delgado, de Eduardo Esteban. Su nombramiento, anulado por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, sería declarado válido tres años después por el Tribunal Constitucional. El de Delgado podría correr la misma suerte porque depende de que dicho tribunal resuelva su recurso de amparo. Mientras tanto, la Sala Tercera del Tribunal Supremo siguió profiriendo varias sentencias militantes en contra de la fiscal general del Estado para mostrar su poder ante esta y ante el Gobierno.

Dictaron sentencias inconsistentes con la finalidad de demostrar que ellos tenían el poder frente a la ley que asistía al fiscal general del Estado. La base era muy simplista, pero a veces lo sencillo es lo que cala, y más cuando se reitera en medios de comunicación determinados, que son la «biblia» para la oposición, porque conviene a sus intereses políticos coyunturales.

La campaña resultó muy eficaz. La verdad es que a quienes estaban en la Fiscalía General del Estado, en el palacio de Fontalba de la calle Fortuny, no les hubiera parecido mal, en abstracto, el nombramiento de Delgado. Pero claro, al trasladarlo al territorio, la AF sembró la idea de que con su designación se potenciaba el favoritismo en los nombramientos: el «la nombra porque es su amiga» resultaba un arma de combate extraordinaria. Recuerdo cómo Lola se enfurecía contra ese tipo de sujetos, incapaces de debatir con argumentos, dialécticamente, la consistencia o inconsistencia de un currículum labrado en miles de juicios e instrucciones de la mayor complejidad, con un prestigio incuestionable que hasta los enemigos más acérrimos tienen que reconocer. Pero ya se sabe que, si uno a uno son incapaces de confrontar, en manada todos ellos adquieren el valor del que por sí mismos carecen.

Lola y yo íbamos a casarnos jurídicamente y a celebrarlo el mismo día, en mayo de 2024. Pero ella me dijo que no quería casarse en año par «porque trae mala suerte». Entonces, adelantamos la boda formal al 2 de diciembre de 2023 y la celebración fue el 11 de mayo de 2024.

Curiosamente, salvo por nuestra celebración de boda, 2024 fue para Lola un annus horribilis. El 7 de mayo (cuatro días antes de la celebración de nuestra boda) le notificaron el fallo de la sentencia en su contra, punto de unión, entre otros, de ambos fiscales generales, y después tardaron un mes y pico en publicar la argumentación de la sentencia por la que anulaban su promoción a la Fiscalía de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos. En 2025, año impar, finalmente le dieron la razón desestimando la segunda demanda de la AF en contra del segundo nombramiento para el mismo destino y consolidó su plaza. Está claro que tengo que hacerle caso en lo de los años.

Para Álvaro García Ortiz, en cambio, fue diferente. Anunciaron el fallo condenatorio de inhabilitación para el desempeño de la plaza de fiscal general del Estado el 20 de noviembre de 2025 e hicieron pública la sentencia con todos sus argumentos el 9 de diciembre, 19 días después. Es decir, para el fiscal general del Estado que la sucedió el año impar fue su mal año.

Me he preguntado muchas veces cómo vivió Álvaro su particular calvario. Pienso que en ocasiones debió sentirlo de manera dolorosa, pues el proceso fue muy traumático e intenso, y el tiempo lo convirtió en una auténtica tortura. El juicio fue terrible, pero en ello tuvo que ver el presidente de la Sala Segunda, Andrés Martínez Arrieta. No protegió en absoluto al acusado, fuera fiscal general o un ciudadano anónimo. Quienes asistimos al desarrollo de los acontecimientos lo vimos con total claridad.

En aquel momento fue evidente esa falta de protección. Ahí estaba García Ortiz, con toda la dignidad del cargo que ostentaba, manteniendo su papel institucional. Pero se veía que algunos de aquellos jueces se estaban cebando con él. Diré más y con conocimiento de causa: Martínez Arrieta no dirigió aquel juicio, sino que lo hizo Manuel Marchena.

El mismo libreto

Lo sé bien, porque aquel Marchena, y Berdugo, formaron parte del tribunal que me condenó arbitraria y parcialmente (en palabras del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas) en 2012. Se me acusaba de haber interceptado las comunicaciones de los tres principales investigados en el caso Gürtel, a la sazón en prisión, y de algunos de los abogados con la aquiescencia del Ministerio Fiscal. Había indicios de que de esta forma seguían la actividad de presunto blanqueo de capitales, delito que se les atribuía, entre otros delitos. Entonces sé lo que ocurrió, cómo se comportaron y cómo siguieron el mismo libreto. Y aunque todos los bien pensantes creíamos, a pesar de las dudas que generaba el poder de influencia de Manuel Marchena en los demás componentes, que la Sala Segunda del Tribunal Supremo cerraría la causa tras el análisis de la exposición razonada que el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid les había elevado, nos fallaron los cálculos y, una vez más, triunfó la forma torcida de interpretar el derecho.

De las posibilidades concurrentes se aceptó la más artificial. En la Administración de justicia debería haber una categoría que se titulara «urdidor de voluntades», lo cual es bien distinto de la figura del ponente o la de quien, discrepando, formula voto particular. El urdidor es el que, de forma taimada, ocultando sus verdaderas intenciones convence a los demás valiéndose de la confianza de los otros, que creen que su finalidad es bondadosa. En cambio, ese urdidor en ningún momento pretendió otra cosa que avanzar para que el proceso llegara a su fin en el juicio oral, donde tendría la posibilidad de asestar el golpe definitivo. La sala de admisiones sabía que sus componentes formarían parte de la sala sentenciadora, con lo que todos ellos estaban contaminados, incluso una de las magistradas discrepantes, ponente en el auto de admisión. De forma inverosímil, la defensa del fiscal no recusó ni pidió la abstención de aquellos en el momento oportuno. La apariencia de parcialidad ha sido manifiesta, y lo grave es que, siendo una obligación exponerla por quien se sienta afectado, en ningún momento se dieron por aludidos.

Recuerdo que algo parecido sucedió en el juicio del franquismo contra mí. El único recurso que gané fue el de la recusación de los cinco magistrados que habían participado previamente en resoluciones de admisión e interlocutorias y, por tanto, estaban contaminados, pero, a pesar de ello, querían formar parte del enjuiciamiento. Para conseguirlo tuve que dirigirme a la Sala Especial del artículo 61 de la LOPJ. Es decir, fuera de la Sala Segunda.

En el caso del fiscal general del Estado, apenas la Fiscalía lo alegó in voce en las cuestiones previas del juicio, pero ya era tarde y así se lo explicitaron en la sentencia. Quien tiene la voluntad de ejecutar el plan trazado no hace nada que pueda conducir a su fracaso.

Quizá en ese primer momento alguien convenció a la ponente para que se sumara a la mayoría diseñada milimétricamente y con visión de largo alcance por el urdidor. Pero la operación, para tener credibilidad debía ser mucho más alambicada y sofisticada. La Sala, sorpresivamente, al menos para el común de los mortales, decidió que la nota informativa hecha pública por la Fiscalía General del Estado el 14 de marzo de 2024 para desmontar el bulo del jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, era inane, es decir, no tenía relevancia penal, aparentemente. Y cuando todos respiramos con esta decisión, cometimos el gran error de no contar con las acciones del urdidor.

El primer conejo que salió de la chistera fue un correo electrónico del 3 de febrero de 2024 y su filtración en medios de comunicación en el cual se afirmaba que la defensa del señor González Amador, a la sazón pareja sentimental de la presidenta Díaz Ayuso, se había dirigido al fiscal competente antes de que existiera proceso judicial abierto, reconociendo la comisión de dos delitos fiscales, a la vez que solicitaba la conformidad, pretendiendo que se hiciera rápido y sin ruido. Ante este nuevo acontecimiento inesperado se cambió el objeto del proceso y se dio a entender que todo se centraba en el correo de marras. ¡Craso error! Todos caímos en la trampa y no supimos definir el alcance del adverbio «aparentemente» utilizado en la resolución y el juego que daría en las últimas sesiones del juicio oral hasta llevar a la condena de un inocente.

En perjuicio del fiscal general del Estado

Analizando el auto de admisión de la exposición razonada, se ve que es una resolución sumamente equívoca. Se nota que hay dos manos que han participado en su elaboración. El pensamiento, como los análisis de hechos y realidades, es libre. Los más probos pensaron que, admitida a trámite la causa, esta seguiría, cubriría el expediente con unas mínimas diligencias y el instructor la terminaría con un archivo. La cabeza traduce la información que recibe en aquello que quiere o que necesita. Por ello, podría parecer, algunos llegaron a pensar que el auto de admisión podía estar justificado, pero que, ante el hecho de que el contenido de la información era conocido antes de que el fiscal general del Estado tuviera acceso al correo en cuestión, el magistrado instructor que nombraran, tras una breve instrucción, lo archivaría sin mayor dilación.

No obstante, como magistrado que fui en la Audiencia Nacional y conociendo la trayectoria de Ángel Hurtado, una duda existencial me invadió. Aunque me negaba a asumirlo, comencé a vislumbrar que la situación se podía degradar en perjuicio del fiscal general del Estado y de los dos investigados que en ese momento existían (posteriormente, quedaron exonerados, uno al poco tiempo y otra tras el juicio oral).

Como digo, el auto es muy «canalla» porque introduce el adverbio «aparentemente» colocándolo en un lugar concreto ¿Puede haber sido obra de Manuel Marchena? No lo sé, es un pálpito. El aparentemente se refiere a que no hay «indicios de». Lo he releído muchas veces y depende de dónde lo coloques significa una cosa u otra. En este caso, ¿se coloca ahí para sugerir que no hay indicios del borrado? ¿O se refiere a que no hay indicios de que la nota lo sea? El resultado, en un caso u otro, es totalmente diferente. Pero el tribunal estuvo jugueteando con ello todo el tiempo, y una sala no puede juguetear con el objeto del proceso. Es muy grave.

No puedo evitar hacer los paralelismos con mi caso. El tercer proceso contra mí (los cursos de la Universidad de Nueva York), que instruyó el magistrado Marchena, se incoó después de haberlo archivado una vez la Sala Segunda del Tribunal Supremo, afirmando que no había delito. Fue después de que el Consejo General del Poder Judicial dijera que mi estancia en Nueva York había sido correcta, que había cumplido todas las reglas. Incomprensiblemente se reabrió. La Sala designó a Manuel Marchena como instructor, que tramitó una instrucción terrorífica, sin respeto a ningún tipo de derechos, sin definición del hecho presuntamente delictivo, sin aceptar diligencias esenciales que se referían al núcleo porque sabía que serían positivas a mí. Parecía que yo estuviera en la cúspide de la Universidad de Nueva York (NYU), una de las más prestigiosas, cuando yo era un simple senior fellow, sin posibilidad de gestión de fondos ni acceso a ellos, sin percibir emolumentos algunos por mi dirección de los cursos. También intentaron implicar a mi familia de forma inconsistente, sin obtener ningún resultado y con el único objetivo de destruirme.

Y cuando el tribunal estaba deliberando en el caso Gürtel la sentencia contra mí, en la que él, como instructor simultáneo del otro caso, no debería haber entrado, fue, curiosamente, Martínez Arrieta, según referencia de otro magistrado, el que dijo que a la vista del resultado del juicio podría dudarse de mi culpabilidad.

Ante esa afirmación, me contaron que Marchena dio un puñetazo encima de la mesa y dijo: «Si se absuelve a Garzón abriré procedimiento abreviado por los cursos de Nueva York». Y lo hizo, en medio de la deliberación, con toda la soberbia de quien sabe que nadie le va a discutir. La sentencia en Gürtel fue condenatoria; mientras tanto, recurrí el pase a procedimiento abreviado del caso de los cursos, aduciendo prescripción, entre otros extremos, y se me denegó. Apenas una semana después se archivó por prescripción, no sin antes hacer afirmaciones arbitrarias y sugiriendo que podía disponer de fondos en el extranjero. Vergonzoso. Fui consciente de cómo se aplica el mal derecho y se instrumentaliza la justicia por cuestiones personales en contra de quien sufre sus efectos y sentí vergüenza de que bajo el manto de la justicia se acoja a personas que no lo merecen y la degradan. Cinismo puro y duro que avergonzaría a la corriente filosófica que el mismo Antístenes, discípulo de Sócrates, inició en el siglo IV antes de Cristo.

Es la misma cabeza, la misma dinámica. ¿Quién puede pensar que en una sentencia del Tribunal Supremo se pueda mentir intencionadamente sobre los hechos? Y en el caso de Álvaro García Ortiz, ¿quién puede pensar que se hiciera para exculpar, por ejemplo, a la fiscal de Madrid Almudena Lastra e inculparlo a él? Resultaría alarmante si se constatara la existencia de párrafos que no se ajustan a la verdad demostrada en juicio oral. Por ejemplo, si uno de los testigos hubiera reconocido que su fuente estaba en el tercer piso del edificio de otra fiscalía diferente y distante más de dos kilómetros del que acoge a la Fiscalía General del Estado. Si esto fuera así, habría de convenirse en que no existirían pruebas para condenar y alguien podría pensar que no se trata ni tan siquiera de manipulación, sino de puras mentiras. Pero ¡cómo llegar a tal sospecha si se trata del Tribunal Supremo!

Mucha gente, por ingenuidad o por interés partidario, dice: «¡Es el Tribunal Supremo! No es posible que actúen así en contra del acusado». Yo, ante estas afirmaciones bastante gratuitas y voluntaristas, afirmo: teóricamente sí es posible, porque lo hicieron conmigo y, encima, perdonándome la vida. No admitieron determinadas pruebas (ya que pedí toda la documentación y todas las grabaciones) porque, según ellos, iba a ser «peor para mí», y luego, me hundieron más. Menos mal que el Comité de Derechos Humanos se encargó de poner las cosas en su sitio, aunque la Justicia española no me lo haya reconocido aún. La esperanza es lo último que se pierde y sin ella llega la desesperación.

En el asunto del juicio al fiscal general del Estado, la sentencia se atreve a decir que la nota la publica la Fiscalía Provincial de Madrid, cuando es la Fiscalía de la Comunidad Autónoma la que lo decidió... Pero ¿por qué? ¿Quizá porque la filtración no se residenció en Fortuny, sino en otro punto de Madrid? Y si la fiscal jefa, Almudena Lastra, percibió que la publicación del supuesto secreto podía ser delictiva, ¿por qué no se negó a publicarla? ¿Por qué no impidió su comisión tal como era su obligación? Pongan ustedes la respuesta.

Siguiendo esa lógica, deberían haberla imputado igual que hicieron con García Ortiz. Si no encontraron elementos en su contra, diciendo que no podía contrarrestar un posible delito (el bulo) con una acción ilícita (la publicación de la nota), muchos menos han existido contra García Ortiz y, sin embargo, él sí está condenado.

A estas alturas ya ha quedado claro que fue Lastra quien decidió cuándo salía la nota de prensa. Sabemos que García Ortiz llamó a Lastra para emitirla. Decir que había sido la Fiscalía Provincial de Madrid es contrario a la verdad y demuestra o nulo conocimiento de la causa u otras razones de protección.

El registro

Remontándonos a un tiempo anterior, siempre me he preguntado qué pasó por la cabeza de Álvaro García Ortiz, como fiscal general del Estado, cuando admitieron la querella en su contra. Supongo que lo primero que sintió fue incredulidad. Pero esa emoción debió desaparecer rápidamente cuando vio entrar a la letrada de la Administración de justicia con agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) allanando el despacho oficial de la sexta autoridad del Estado, el despacho oficial del fiscal.

Curiosamente, el 15 de octubre de 2024, fecha del registro, el destino quiso que yo estuviera allí para asistir a la presentación de un número especial de la revista del Ministerio Fiscal que había dirigido Dolores Delgado sobre jurisdicción universal y en cuya presentación, además de ella y el fiscal general del Estado, participaría Luis Moreno Ocampo, primer fiscal de la Corte Penal Internacional.

En la antesala de la Fiscalía General, este último se dirigió a mí y me preguntó: «¡Che!, ¿qué pasá acá?, ¿qué está pasando? Han entrado ahí unos militares». Señalaba hacia el interior de la estancia. «Han entrado los militares», insistía, y yo, desconcertado, respondí: «¿Qué militares?».

Unos minutos después, cuando ya había saltado a los medios, vi entrar a Pilar, la esposa de Álvaro, también fiscal. Me abrazó conmocionada por el hecho de que la UCO estuviera registrando el despacho de su marido, el fiscal general, así como el de Pilar Rodríguez, fiscal jefa provincial de Madrid. La miré y le dije indignado que aquello era un auténtico atropello porque, según la secuencia de los acontecimientos, no se había notificado previamente a la teniente fiscal del Supremo, que había asumido la representación del Ministerio Fiscal. Ambos nos quedamos sin palabras preguntándonos por qué.

Lola salió al rato del patio interior en el que se celebran las tomas de posesión para contármelo también.

Era inverosímil. Yo inquirí: «¿Pero está el juez Ángel Hurtado?». «No.» «¿Está el abogado?» «No.» Ni siquiera estaba avisado el fiscal.

Todo era increíble, brutal, ilegal en la más amplia extensión del término. Así estuvieron todo el día registrando el despacho oficial del fiscal general del Estado sin el juez. Sentí vergüenza ajena y repugnancia por la irregularidad flagrante que se estaba produciendo en nombre de la «justicia».

Luego supe que García Ortiz estaba despachando como cada día a primera hora cuando le notificaron el auto de incoación en su contra mientras entraba la Guardia Civil. En el auto le daban ocho días para nombrar abogado y procurador; sin embargo, tres o cuatro minutos más tarde ya estaban registrando su despacho.

El recuerdo me vuelve como una pesadilla. Me vino a la cabeza la idea de un golpe de Estado blando. Y creo que alguien se lo planteó como el golpe definitivo para el Gobierno. Debieron pensar que el fiscal general del Estado era la pieza más débil y que, tras esta operación, no le habría quedado más remedio que dimitir. Así se encargaron de reclamar de forma inmediata la oposición y las asociaciones conservadoras. Todo era demasiado evidente. Sufrí una especie de déjà vu que me llevó quince años atrás. El caso tenía toda la pinta de ser una investigación prospectiva en la que el juez había salido a pescar a ver lo que caía en la red. Sin indicios, sin base de ningún tipo. Basta leer el auto de entrada y registro: se lanzó a la caza y captura de la presa.

El propio fiscal sabía lo que iba a pasar. No porque en todas las tertulias de este país elucubraran sobre cuándo iba a salir el auto, dando por hecho que iba a salir. Una fuente conocedora del relato me dijo que la presidenta del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, se lo había contado a García Ortiz el 12 de octubre de manera fehaciente, tres días antes, porque le dio pena. Si me baso en la información que circulaba por los pasillos, la conversación debió ser algo así: «Isabel, quería hablar contigo, me alegro de que nos hayamos encontrado. Es para decirte institucionalmente que si me imputan no voy a dimitir». Ella le miró compasivamente, o así la imagino, y le debió de contestar: «Álvaro, sí te van a imputar, me lo han dicho».

Mientras, daba la casualidad de que él cambiaba de teléfono por consunción del antiguo. Pero nunca se ha probado, ni siquiera indiciariamente, a pesar del empeño del instructor y la sentencia, que ese borrado guardara relación con la causa, como tampoco el borrado del contenido del correo electrónico, que tuvo lugar meses después.

Volviendo al registro, se notificó el auto completo al fiscal, sin que el fiscal tuviera oportunidad de recurrirlo ni presentar una petición de suspensión inmediata, de cualquier cosa, nada, nada en absoluto.

Tuvo que ser un shock. Llamó a Jesús Moreno, el abogado del Estado, que acudió de inmediato. Yo preguntaba: «¿Tiene abogado? ¿Dónde está? ¿Dónde está el juez?». He llevado a cabo miles de entradas y registros, y en la práctica totalidad de los mismos, al menos en los más trascendentes, he estado presente. Ya sé que me dirán que «no es necesario que el juez esté». Lo sé, pero en una causa contra el fiscal general del Estado qué menos que cumplir el principio de inmediación, supervisar el registro, dirigir la instrucción, expurgar lo necesario. Nada de nada. Supongo que estaría en su despacho y punto.

Ahí debió aprender García Ortiz algo que yo también tuve que aprender de la manera más desagradable: estar en un lado o estar en el otro es completamente distinto. Cuando a un fiscal se le priva del derecho a defensa del que tanto se ha cansado de hablar, entiende lo que valen los derechos y lo poco que los respetan algunos operadores de la justicia.

De igual forma, ha sufrido en sus carnes lo que significa el poder que tiene un juez de instrucción que no ejerce su labor debidamente o que abusa de ella. Y este, aparentemente, era el caso.

La reflexión a que me lleva lo expuesto es que, en efecto, un juez de instrucción puede entrar en la Moncloa. Esto sugiere una conclusión con relevancia constitucional, y es que en la Ley de Enjuiciamiento Criminal no está previsto que los casos relacionados con los organismos de la nación tengan una defensa mayor frente a una intromisión de un poder en otro. Porque, hablando con claridad, para un fiscal general del Estado, Ángel Hurtado es un «simple magistrado» del Tribunal Supremo.

Es más, como mínimo tendría que haber sido el presidente de la Sala del Tribunal Supremo quien estuviera allí. La normativa está mal construida. El enjuiciamiento del presidente o la presidenta del Consejo General del Poder Judicial tampoco va a la Sala del 61 de la LOPJ, sino que está bajo la jurisdicción de la Sala Segunda... ¡Cómo no vas a decir que esta Sala del Tribunal Supremo no está por encima de todas los demás si el aforamiento de la presidenta del Consejo no va a la Sala del 61, sino a aquella!

Para que lo comprendan, la Sala del Artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) tiene potestad sobre el enjuiciamiento de los presidentes de sala y la mayoría de los miembros (cuando son dos o más de la misma sala), pero no del presidente o la presidenta del Supremo. Es cierto que forma parte de esa Sala y la preside, pero en un hipotético caso penal contra él o ella, no se dirimiría allí, sino en la Sala Segunda. Es todo incongruente.

La soberbia del poder

Esto da una idea de lo que he dicho siempre: la Sala Segunda es el auténtico poder político en el Estado español. Y ya está. Por ejemplo, ¿qué pasaría si se admitiera a trámite una querella, como se pretendió en la pandemia, contra el presidente del Gobierno? La situación, por muy descabellada que parezca, daría lugar a una crisis institucional de primer grado. ¿Y si a continuación se archiva, después de haber causado el desastre?

Lo peor es que te das cuenta de que todo el Tribunal Constitucional, el Gobierno de la nación, el Consejo General del Poder Judicial, el presidente del Congreso y el del Senado, que es el poder legislativo..., todos, todos están sometidos a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Considero que es necesaria una reforma profunda, en los casos de única instancia, al no existir apelación. No es cuestión de derechas o de izquierdas, de conservadores o progresistas, sino de suplir las omisiones legislativas cometidas, perfeccionándolas.

Esto es algo que no se previó. Del mismo modo que la ausencia de la doble instancia. Nunca pensaron que, a la Sala Segunda, empleando una expresión popular, «se le iba a ir la olla» de esta manera. Nunca lo pensaron. Pero ha sucedido y si no queremos que esta deriva continúe y se agrande llevándonos a espacios en los que el derecho desaparece y solo quedamos sometidos a la voluntad del que decide, es necesario corregir con urgencia el rumbo para evitar que el supremo tribunal de justicia se convierta en una amenaza para la propia democracia.

Todo se traduce en la soberbia consecuencia del poder que, desde mi punto de vista, comenzó en los primeros años de este siglo cuando se promulgó la Ley de Partidos que confirió al Supremo la facultad de ilegalizarlos. Recuerdo el enorme enfado de ese organismo judicial cuando estaban decidiendo sobre la ilegalización de Batasuna y el abogado Iñigo Iruin compareció en la audiencia en defensa de dicho partido y dijo algo así como: «Con la venia del tribunal no tengo nada que alegar porque el magistrado juez número 5 de la Audiencia Nacional ha suspendido las actividades de Batasuna y le ha cortado hasta la luz».

Me consta que hubo mucho enfado contra mí porque entendieron que les robaba el protagonismo. En esto de la justicia hay egos superlativos y a demasiada gente se le suben el cargo y la notoriedad pública a la cabeza. Claro que a quienes se comportan así poco importa que, para dictar una resolución de esa envergadura, hacen falta muchos datos y una extensa investigación previa. Esta decisión llega cuando corresponde, no cuando conviene. Lo contrario sería lawfare.

Creo que fue en ese momento cuando se comenzaron a escribir los primeros párrafos de una sentencia contra mí que llegaría diez años después. No podían soportar que un juez de instrucción, aunque fuera de la Audiencia Nacional, tuviera un reconocimiento social generalizado y que además les hiciera sombra. Olvidaban que, junto a las lisonjas y los reconocimientos, quizá excesivos, también existía una campaña feroz y riesgos constantes por cumplir con mi obligación. Trampas, zancadillas, intentos de descalificación, filtraciones interesadas en mi contra con periodistas de cabecera dispuestos a ejecutarlas hasta el punto de frustrar investigaciones... Desde mi punto de vista, fue entonces cuando el Tribunal Supremo empezó a tomar conciencia de su poder político y pasó a ejercerlo.

Es curioso, y a la vez muy grave, cómo se desarrolla la soberbia de una corporación como la judicial, en la cúspide. No aceptan ni entienden lo que es cumplir con la obligación y hacerlo en el momento correcto. Para ellos tiene que ser cuando ellos deciden y sometiéndose a su mandato. En la instancia suprema judicial se fija la jurisprudencia sobre cómo se deben respetar los derechos por los tribunales inferiores, pero, con demasiada frecuencia, ella misma la incumple al no existir control alguno.

Con García Ortiz se rompió la medida. Lo mismo que hizo la Sala Tercera con él y con Delgado. Ambas salas están siendo los dos pivotes fundamentales de la confrontación judicial contra este Gobierno. La actuación posterior del Tribunal Constitucional, a través del recurso de amparo, aunque reconozca la vulneración de los derechos fundamentales de los justiciables, no evitará en ningún caso las consecuencias nocivas inmediatas de una sentencia injusta, como tampoco las evita el eventual recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Cualquier reparación posterior nunca será total y jamás repondrá las cosas a la situación en que se hallaban cuando se dictó la resolución anulada. Por ejemplo, la inhabilitación del fiscal general del Estado para el cargo ya no tiene reparación alguna, ni tan siquiera con el indulto.

En toda esta truculenta historia no deberíamos olvidar los antecedentes del caso, que se remontan a la propia actuación y decisiones del fiscal general en el apoyo a la amnistía referida a los presos del procés. Ocurrió que ordenó a los cuatro fiscales del Tribunal Supremo que intervinieron en el juicio que pidieran la aplicación de la Ley de Amnistía para todos los delitos, incluido el de malversación, a los líderes independentistas catalanes. Los fiscales se rebelaron, respondieron que no acatarían la orden al considerarla «improcedente», invocando el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para convocar una Junta de Fiscales de Sala. En ella, la mayoría estuvo de acuerdo con el criterio del fiscal general, que en cualquier caso hubiera prevalecido. Esta fue una dura afrenta para los fiscales Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno, contrarios a conceder este perdón. Por supuesto, el PP pidió la dimisión de su jefe. Deberíamos profundizar en esta cuestión y seguir el hilo de Ariadna para ver hasta dónde nos llevaría.

La investigación

¡Cómo se debió sentir García Ortiz durante la investigación, comprobando que iban desde el comienzo a por él, de manera teledirigida! No sé si en algún momento pensó que le podrían absolver. Estoy seguro de que lo pasó muy mal durante el juicio y con la notificación del fallo. Que tuvo que ser muy duro leer la sentencia. Pero me pongo en su piel y considero que los momentos más angustiosos debieron de ser al pensar que iban a leer sus mensajes de teléfono. Porque ahí debía ver su vida destrozada. Ahí no solo asistía a un veredicto de culpabilidad, o al abandono de la carrera, o a dejar de ser fiscal general; ahí contemplaba la certeza de que su vida quedaría destruida, por completo, a nivel personal, social y familiar.

Un mal trago que duró dos meses que se le debieron hacer muy largos sin saber si META hacía o dejaba de hacer, si WhatsApp mandaba o no mandaba los contenidos. Ese tuvo que ser el tiempo de angustia de verdad. No porque pudiera aparecer algo relacionado con el caso, sino porque toda su vida quedaba expuesta como objeto de chanza, comentarios, utilización interesada... Ya sabemos los pocos escrúpulos que ciertos elementos políticos manejan con los demás. En una situación así debes ser consciente de lo frágil que eres. Y de que te destruyen personal y socialmente.

En Álvaro García Ortiz se juntaron además otras circunstancias propiciadas por el juez instructor Ángel Hurtado. Un registro general, una petición desorbitante de datos e informaciones, desatención de testimonios favorables, afirmaciones de conciertos delictivos con Presidencia del Gobierno, presunciones vacías de contenido que se podían traducir en un «voy a por él». Si no por activa, por pasiva; si no de una forma, será de otra. Esa fue la investigación general de un juez del Supremo: prospectiva y parcial, predeterminada y avalada por sus pares.

En mi opinión, García Ortiz debió entender desde el principio que el derecho a la presunción de inocencia era algo baladí. Solo analizar el lenguaje del instructor es suficiente para llegar a esa conclusión. Él, como yo, ha leído miles de autos de entrada y registro, de intervención de comunicaciones... y le tiene que haber impactado esa manera ofensiva de hablar de un acusado al que tienes sometido, porque eres el juez, algo que no se vive casi nunca. Ni sobre el narcotraficante o el terrorista más abyecto ni con el tipo más despreciable del mundo se expresa uno de esa manera. Siempre hay un respeto con el afectado. Te refieres a él como investigado, como acusado, como presunto autor o partícipe, utilizando el potencial, no el presente, al enumerar las acciones que se le imputan. Aquí todo han sido «sentencias definitivas» con adjetivaciones permanentes.

Además, en sus términos, Hurtado ya era absolutamente imputador y despótico. García Ortiz ya era un condenado, más que un investigado. Hay algo muy revelador que es cómo el instructor remitió las comisiones rogatorias, y las primeras frases que las encabezan netamente incriminatorias y con predeterminación de hechos sin mencionar el rango de la persona en cuestión. Por ejemplo: «Pilar Rodríguez no sé cuánto y Álvaro García Ortiz consiguieron los mensajes de tal para revelar cual». Claro, lo lee un tercero y dice: «Menudos delincuentes estos». Ni señalaba que era fiscal general del Estado ni decía que era legítimo haber borrado los correos, no matizaba nada. El planteamiento era: «Fulanito pide esto para tal, para cual, de los mensajes de menganito». Eso es lo que le pide al organismo extranjero y el juez extranjero, con cierta normalidad, si no conoce el contexto, lo ejecuta. META no, porque no lo hace por sistema, pero los otros sí. La agresividad del lenguaje del juez instructor sorprende, y no creo que el fiscal general estuviera acostumbrado a tales hábitos, porque lo normal es que siempre haya trabajado con jueces mucho más respetuosos.

No sé si Álvaro García se vio como chivo expiatorio o cabeza de turco para llegar al presidente del Gobierno y obligarle a dimitir o a convocar elecciones. Supongo que, si lo hizo, dependería de las etapas de un proceso tan largo. Seguro que se sintió así en el momento de la entrada y registro, ¿Quién no? También pienso que hubiera podido dimitir y no lo hizo, pero que, sin duda, en algún momento, con tanta presión, debió tener presente esa idea de que su cabeza iba emparejada con la del presidente. Según fue pasando el tiempo, imagino que la oposición vio la pieza casi cobrada y, por ello, aflojaron. Entonces, esa impresión de dualidad se iría disociando.

Incluso pienso que, al final, la sentencia le vino bien al Gobierno porque se ha creado lo que los promotores de esta operación no pretendían, una corriente de opinión antes inexistente que ha cuestionado lo que ha hecho el Tribunal Supremo y la investigación de la UCO. Esto, a mi parecer, ha alimentado cierta agresividad entre algunos instructores y entre responsables de este organismo.

La Benemérita

Curiosa situación la de esta unidad de la Benemérita. Y peculiares algunos de sus mandos. Recuerdo el golpe de Estado que intentó Antonio Tejero, teniente coronel de la Guardia Civil, el 23 de febrero de 1981. Antonio Balas, otro teniente coronel de la misma institución, ha estado al frente de una investigación que para algunos se ha conceptuado de «golpe blando», incluso de «golpe constitucional». Casualidades de la vida para quien quiera verlo así.

Hay diferencias, por supuesto. En aquel momento se trató de acabar con el orden constitucional desde el estamento militar. Ahora se ha pretendido cuestionar ese mismo orden al proceder de forma discutible y, para mí, injustificada contra el fiscal general del Estado como medio para producir una eventual caída del Gobierno de la nación.

Los más críticos dirán que la Guardia Civil aparenta en ocasiones tener en sus entrañas ese ánimo golpista. Conozco a muchos mandos que, desde luego, están muy lejos de esa posición, pero es cierto que hay actuaciones que son difícilmente justificables por su extensión y su dirección hacia objetivos políticos concretos. También por la apropiación de una función procesalmente invasiva que no les corresponde, pero que está siendo permitida desde cierto sector judicial, con lo que ello significa en la preservación de los derechos de los afectados y la desnaturalización del proceso penal.

En cuanto a Álvaro García Ortiz, me viene a la memoria el caso de la Unidad de Élite de Lucha contra el Narcotráfico (UCIFA) de la Guardia Civil, cuando ordené la detención de todos sus miembros en 1992. No dudo de que, desde entonces, quedé marcado. Pero la medida fue necesaria para evitar esa deriva que ahora comienza a constatarse.

¿Cómo funciona la UCO? Hubo algo curioso con el atestado referido al fiscal general. Me atrevería a decir que se apoyaron en la inteligencia artificial para obtener los resultados que presentaron al juez. Pienso que con los datos que tenían, los listados de teléfonos, las conversaciones y con ayuda del ChatGPT podrían haber obtenido una línea de tiempo destacando lo probable, lo menos probable y lo no comprobado. Lo he visto hacer y el resultado es muy parecido al que recibió el magistrado. Así que el trabajo arduo y duro de la UCO es muy probable que se haya visto aligerado con la información gestada por la tecnología robótica. Una información que se puede filtrar continuamente y de manera efectiva. Pero bueno, eso son suposiciones, ¿verdad?

Es cierto que siempre es posible que el cuerpo policial respectivo, y, en este caso, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil tienda a expandir sus investigaciones más allá de lo que les marque la autoridad judicial o el Ministerio Fiscal, pero si, además, estos le dejan manos libres para que indaguen sin directrices claras, el resultado puede ser desastroso y estar lleno de valoraciones o suposiciones. La inmediación del juez y el fiscal deben ser absolutas en la dirección de la investigación para que el proceso penal cumpla su función con todas las garantías. En caso contrario, los investigadores policiales se hacen los dueños, marcan el ámbito y hacen lo que quieren. Es decir, invierten el mecanismo y son ellos los que deciden, mientras que el juez o el fiscal simplemente obedecen, sin ningún tipo de control. De hecho, es a él a quien controlan.

En el caso analizado, ha sido más complicada la cuestión, porque, en diversas partes del proceso, o, mejor dicho, en su totalidad, el instructor ha prescindido del Ministerio Fiscal, dudando de su autonomía e independencia, y, por ende, de su respeto a la legalidad. Lo ha marginado, de facto, a una posición de cooperador con la defensa. Eso supone un desprecio institucional muy grave, impropio de un alto tribunal de justicia, porque con ello se cuestiona el propio sistema legal.

Sin duda, esa postura es mucho más cómoda y quien la adopta no sufre las consecuencias de un proceso, pero dependes absolutamente de lo que decidan los demás, y, con ello, queda desvirtuada la propia esencia del proceso penal. El desconocimiento de la causa hace al juez más vulnerable e inseguro a la hora de resolver y proteger los derechos de las partes en el proceso. De hecho, lleva a perjudicar al investigado y a la propia víctima. Sin duda, esto debería acabar y la única forma de conseguirlo es otorgando la investigación al Ministerio Público y asumiendo el juez la función de «juez de garantías». Así, este estará libre de cualquier atadura que lo vincule a los intereses de las partes.

El sistema español, heredero de épocas pasadas, incluso decimonónicas, debe cambiar si queremos eliminar este tipo de corruptelas y degeneraciones procesales y profesionales que producen daños irreparables.

El juicio

Del juicio contra el fiscal general del Estado me quedan dos malas sensaciones por encima de otras. La primera es cuando el presidente Martínez Arrieta permitió que el supuesto perjudicado, Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, escenificara hasta en cinco ocasiones ataques contra el fiscal general del Estado. Y no solo esta persona, sino también el asesor de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, verdadero artífice y muñidor de toda esta trama que, a lo largo de todo el procedimiento, con «puntería certera», fue adelantando todas las resoluciones procesales adversas en contra del acusado con aquella expresión grosera de va a ir pa’lante. El magistrado ni se inmutó. No he visto nada igual, y mira que he visto casos judiciales a lo largo de mi vida. Incluso los míos.

Pero el peor momento, la segunda sensación incómoda y desagradable, fue ver cómo el presidente del tribunal dejaba que el teniente coronel de la UCO Antonio Balas, al declarar como testigo, asumiera el papel de interrogador y preguntara a la Fiscalía y a su defensa: «¿Y eso, ¿dónde lo pone?». Algo inaudito, como también lo fue que el presidente se lo permitiera, dando lugar a una inversión de papeles impropia de un proceso penal. Tal parecía que el teniente coronel era quien mandaba en esa sala.

Con frecuencia pienso en García Ortiz como fiscal y en cómo se le debieron revolver las tripas al sentir el desprecio por el cargo, por la institución a la que representaba, por la presunción de inocencia...

Aunque sin duda era consciente, como lo éramos todos los demás, de la manipulación que transpiraba todo el atestado. Sabía cómo habían trabajado, que venían a defender lo indefendible, la inconsistencia de muchas de sus afirmaciones, la interpretación y las valoraciones impropias de un atestado que cualquier instructor habría rechazado por la usurpación que ello supone de la propia función judicial. Había tantos datos periféricos que desmentían todo lo ya afirmado, que parecía una especie de concatenación de piruetas procesales de una película mala de serie B. Un atestado que tenía por única misión obtener la dimisión del fiscal general del Estado, pero que era indefendible en el juicio. Y, sin embargo, se le permitió hacer gala de su poderío y se consintió esa posición en la sentencia, indefendible desde una óptica mínimamente objetiva, como se encargó de poner de manifiesto el voto particular discrepante.

El vehículo diseñado para propiciar el «golpe blando» contra el Gobierno, a través del proceso y la dimisión del fiscal general del Estado, cumplió en parte con su misión, aunque, al no efectuarlo en el momento de la presentación y filtración del atestado, necesitaba de un plus, que era una sentencia condenatoria. Ese diferimiento produjo dos efectos adversos: uno, que todos pudimos comprobar cuál había sido la estrategia y su finalidad, y, dos, que la condena y especialmente el adelanto del fallo favorecieron al Gobierno pues lo reforzaron. Los reclamos de dimisión del presidente fueron inanes e inútiles. El voto particular de las dos magistradas, Ferrer y Polo, desplegó una fuerza brutal que eliminó cualquier posibilidad de relacionar la condena con la exigencia de dimisiones.

Las afirmaciones que se contienen en esa sentencia, en su gran mayoría, son simplemente voluntaristas, sin apoyo en pruebas objetivas o indicios reales. Meras convicciones subjetivas unidas circunstancialmente para blindar una decisión que ya habían tomado. Entre lo probado en el juicio y los hechos declarados probados no existe una concordancia de causa y efecto, y parece como si se hubieran basado en otra realidad paralela.

En definitiva, una sentencia más que cuestionable «parida» por cuatro magistrados y una magistrada, que explica por qué actúan así y por qué no hay nadie que les diga lo contrario. Salvo el meritorio y contundente voto particular que mantuvo la independencia y la equidad de las dos juezas y que deja en evidencia por su contundencia a la sentencia mayoritaria. También se salva el voto particular en una de las apelaciones de un magistrado que no entendía el desatino.

Podría explicar otras incongruencias que tienen la categoría de falsedades (por cuanto no se corresponden con la verdad y la evidencia que la justifica). Sin ir más lejos, en el juicio oral, Álvaro García explicó la razón de por qué no contestaba a la acusación particular. Sin embargo, en la sentencia se afirma que no lo explicó. La sentencia mayoritaria afirma que su testimonio no fue sometido a contradicción y por lo tanto no vale nada en especial. Pero esto, en términos jurídicos, es una barbaridad y supone una interpretación muy particular de los derechos del acusado a guardar silencio o a no declarar contra sí mismo.

El fiscal general sí le dijo a la Sala que estaba a su disposición para las aclaraciones que precisara, pero no las solicitaron porque, con las explicaciones que hubiera dado, Europa se hubiera mostrado en contra de la sentencia. Se sometió a contradicción de la Sala, pero ni lo consideraron. Creo que les daba lo mismo. Desde luego, lo que no podían pretender es que el fiscal general del Estado colaborara en la práctica de diligencias que le podían incriminar en la mente de quienes le investigaron y juzgaron y que, ante la ausencia de prueba directa o indiciaria, acudieron a las meras presunciones.

No me parece que a Álvaro García le viniera todo esto de nuevas. Pasado el primer impacto, tengo la impresión de que desde el principio se hizo una idea más clara que el resto de lo que iba a suceder. Y si pudo preguntarse qué estaba pasando, no debió tardar mucho en atar cabos. La verdad es que la maraña que montó el fiscal Stampa en su momento enseñó a la Fiscalía que cualquier cosa era posible, que cualquier hecho manipulado podía ser una justificación para dar el siguiente paso. Es probable que lo diera por perdido tras la Junta de Fiscales de Sala, cuando llegó a la conclusión de que esto podría ir por el mismo camino.

En un programa de televisión dije que tenía la certeza de que saldría absuelto, porque era una necesidad personal: «Lo necesito... Si tengo que confiar en la justicia no puede haber una condena». Está claro que no tenía motivos para confiar, pero necesitaba hacerlo. Confiar en la buena justicia, aunque sea adversa, es una necesidad vital para los demócratas, es decir, para quienes creemos en la auténtica independencia y ecuanimidad de la misma, alejada de los juegos de poder que, en nuestro país, se observan en la actualidad con demasiada frecuencia.

A fin de cuentas, y fuera de lo absurdo de la acusación, si valoráramos los hechos acontecidos y los indicios existentes, estos no apuntaban hacia el fiscal general del Estado, sino hacia el edificio de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Estoy seguro de que si la Fiscalía General no hubiera emitido la nota, la filtración del correo no se hubiera siquiera investigado. Habría sido una más de los cientos que se producen a diario. Sin embargo, por cumplir con el principio de transparencia y rendición de cuentas, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, resultó condenado.⁴

La verdad es que, en el caso enjuiciado, existen varios enigmas que ya no podrán ser resueltos por la falta de acción o por la omisión del instructor y del tribunal sentenciador. Por ejemplo: ¿por qué no se investigó a la fiscal superior de Madrid y sí a la jefa provincial, inferior en rango? A la primera solo se la citó como testigo en primera convocatoria. Pero la verdad es que estaba en la misma situación que el fiscal general o peor aún, porque había recibido la información completa con anterioridad y, por ende, contaba con más margen de acción.

La referencia que se hace de si la filtración procedía del fiscal general del Estado es la que cualquiera que fuera el autor haría para encubrirse desviando la atención. Sorprendentemente, la instrucción y el tribunal aceptaron esta postura sin cuestionarla. ¿Por qué la UCO no intentó determinar si hubo alguna actividad ilícita en esa línea? ¿Por qué ni siquiera se valoró la segmentación interesada de la conversación por WhatsApp entre el teniente fiscal de la secretaría técnica y la fiscal jefa provincial de Madrid, cuando la UCO la vinculó a la dinámica delictiva inventada y no a la enfermedad de la segunda, como realmente aconteció? O ¿por qué no se preocuparon de investigar o no valoraron la falta de investigación cuando existían indicios sólidos que apuntaban en una dirección diferente del fiscal general del Estado? O ¿por qué no se valoró el hecho de que el secreto no existía ni para el correo de referencia ni para la nota informativa que se refería a datos conocidos previamente, etc.? Probablemente porque no interesaba y hacerlo podría haber variado la línea de imputación al fiscal general del Estado, que se pretendía que triunfara desde el principio.

Pero el enigma más llamativo de este caso, para mí y no solo para mí, es por qué no se procedió penalmente contra Miguel Ángel Rodríguez por la presunta calumnia que profirió y que estuvo en el origen de todo este despropósito, reconocido por el mismo autor con descaro y soberbia. Esa investigación tendría que haberse hecho de oficio, pues la calumnia estaba inserta en un procedimiento en investigación y afectaba a una autoridad como es el fiscal general del Estado. Pero es que incluso antes de que el asunto llegara al Tribunal Supremo nadie pidió que el tribunal se pronunciara y autorizara, ni tampoco este lo hizo sobre el particular. Todo muy macabro y con clara apariencia de lawfare.

Al menos, se podría haber hecho en la sentencia. Recuerdo que algo similar ocurrió en el juicio contra mí, cuando se le planteó al instructor y luego al tribunal que lo mismo que se me imputaba a mí había hecho el magistrado Antonio Pedreira (que en paz descanse). Había asumido la instrucción en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ante la existencia de aforados autonómicos, al ampliar y prorrogar la interceptación de las comunicaciones y usar su contenido (cosa que yo ni siquiera hice), y sin embargo ni lo molestaron. Es decir, si a mí se me juzgó por una presunta prevaricación (delito público y por ende perseguible de oficio), ¿por qué no se hizo lo propio con mi colega? Por tanto, si al fiscal general del Estado se le investigó y se le juzgó por una supuesta filtración, ¿por qué no se ha hecho lo propio con quien, aparentemente, propició todo lo acontecido partiendo de una calumnia? En fin...

La no dimisión

Mientras el tribunal andaba por estos caminos, la oposición política, comandada por el PP y Vox, acompañados por las asociaciones de fiscales comprometidas (AF y APIF), reclamaban al investigado que dimitiera de su cargo. No lo hizo, como no lo hubiera hecho yo, porque, a fin de cuentas, un magistrado del Supremo no es quien para decir quién es el fiscal general del Estado de este país y qué tiene que hacer. Eso hay que tenerlo claro.

En este punto, continúo poniéndome en su piel y, si se hubiera ido, cualquier mentira trasladada sobre el fiscal general del Estado hubiera debilitado la institución de una manera definitiva. En cambio, quedarse la ha fortalecido, ya que la lectura es que ha habido alguien que ha llegado al final y ha dicho: «No, no. A mí que me investiguen, pero soy el fiscal general del Estado y mantengo mi posición». Esa actuación es la correcta y la más valiente. También la que más seguridad otorga a toda la sociedad y no a los que quieren destruir todo aquello que no beneficia más que a sus propios intereses.

En este proceso, sigo con el catálogo de cuestiones difícilmente comprensibles, como no sea que las consideremos piezas necesarias para favorecer el resultado final producido.

Una de ellas es el papel de la APIF como acusación popular. Sus integrantes son fiscales también y, por ello, no es comprensible su actitud, máxime cuando reclamaron que su superior fuera expulsado de la carrera. Resulta esperpéntica su presencia como parte de un proceso en el que simplemente defendían intereses corporativos y mostraban el sectarismo particular en contra de quien, supuestamente, no los había favorecido. Lo más grave es que el magistrado instructor y el tribunal no dijeran lo mínimo sobre el particular y consintieran ese espectáculo que desnaturaliza el sentido constitucional de la acción popular, que, desde luego, no está para satisfacer esos provechos propios. Como tampoco para oficializar a ese conjunto de «querulantes populares oficiales», especialmente cuando se trataba de atacar por razones políticas al Gobierno progresista.

Es llamativa la actuación del magistrado instructor al respecto: ni siquiera hizo un auto diciendo que admitía a la APIF como acusación popular, simplemente le dio un trámite en un momento determinado y actuó. Creo que, si hay alguien que no puede ser parte de un proceso, es una asociación que se integra en un órgano como el Ministerio Fiscal. Hay una prohibición expresa para los jueces: las asociaciones de jueces no pueden en base a un acuerdo del Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, en el campo del Ministerio Fiscal no se ha hecho, quizá porque esto no debería hacer falta ni escribirlo, por estar fuera de toda lógica. Entonces, ¿podría calificarse de prevaricadora la actuación del magistrado?

No me cabe en la cabeza que hayan ejercido la acusación pidiendo penas de prisión sobre temas desarrollados en el ejercicio de la profesión. Hay que preguntarse: ¿pero qué compañeros son esos? ¿Qué buscan en la carrera fiscal? ¿Qué aportan a la misma?

Sin contar con que todos los que pertenezcan a esa asociación tendrán que abstenerse cuando coincidan con cualquiera de los fiscales afectados hasta el final de los tiempos.

Otra de las cuestiones llamativas ha sido el papel que, como acusación popular, ha jugado el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM). Como abogado en ejercicio que soy, matriculado, ni lo comprendo ni lo entiendo. Lo he combatido en afirmaciones, en prensa, en escritos y demás espacios a los que he tenido acceso, y, ahora lo hago aquí: me parece una aberración. Un colegio de abogados no puede ejercer una acusación contra un ciudadano, mucho menos contra una autoridad, y menos aún contra el fiscal general del Estado en defensa de un particular como el señor Alberto González Amador.

Lo peor de todo es que fue la acción del Colegio de Abogados lo que legitimó el procedimiento. De no haber estado ellos, muy probablemente no habría prosperado.

Recuerdo que la primera de las querellas (la de la pareja de Ayuso y la del ICAM fueron un poco en paralelo) provocaba la sonrisa. Lo que le dio enjundia fue la del Colegio de Abogados.

Es conocido que, tras un comunicado bastante nefasto del Colegio de Abogados, tuvo lugar una reunión en la Fiscalía General con la presidenta del Consejo General de la Abogacía, con el decano del ICAM, Eugenio Ribón, y su jefe de gabinete, y la cúpula de la Fiscalía para atemperar. Como consecuencia, el Consejo General de la Abogacía no emitió nota alguna, pero el decano del ICAM lanzó la querella contra el fiscal general al día siguiente.

¿Actuó motu proprio o alguien le instó a ello? Ribón se fue con su querella, haciendo de la justicia un espectáculo, y salió en los medios ideológicamente proclives a sus tesis anunciando urbi et orbi que estaba poniendo una querella contra el fiscal general porque afectaba al derecho de defensa y lo hacía para preservar ese derecho de todos los ciudadanos y de los abogados en particular... Después, tras conocerse la condena, acudió a todas las radios y a todas las tertulias, para quejarse de que, con toda seguridad, Álvaro García recurriría «porque recurre hasta san Pedro». ¿Cómo dice estas cosas el presidente de un colegio de abogados, que es el baluarte del derecho de defensa?

Para rematar, apuntó que lo mejor que podía hacer Álvaro García era no recurrir y terminar lo que calificó de conflicto institucional.

La importancia de la querella del Colegio de Abogados de Madrid fue darle un valor jurídico al procedimiento, basado en un presunto daño al derecho de defensa que todavía yo, personalmente, no acabo de ver. Todo lo sucedido hubiera hundido en la depresión a cualquiera. No a Álvaro García. Además de su propio talante, su mujer, Pilar, también fiscal, «le ha servido de baluarte de fortaleza y apoyo en los momentos peores». A sus dos hijos, por cómo reciben los jóvenes las noticias de su círculo próximo, les ha sido más difícil entenderlo. Su familia y sus amigos han formado una piña a su alrededor porque le conocen bien y saben que la imagen distorsionada que han pretendido dibujar la derecha y la extrema derecha no se corresponde con la realidad. Yo añadiría que a todas las personas de bien que creemos que la democracia se defiende con actitudes como la suya nos pone en el lado correcto de la historia y nos previene de estas actitudes posfascistas que amenazan a la democracia.

García Ortiz no es un héroe, es una persona normal, cabal, comprometida y honesta, como existen otras muchas que hacen que este mundo sea más habitable frente a quienes distorsionan la convivencia con acciones espurias, ya sea desde la justicia o desde la política o desde cualquier otro ámbito. En esta catalogación no hago distinciones entre conservadores o progresistas, entre derechas o izquierdas, entre religiosos o ateos, sino entre demócratas que creen en un verdadero Estado social, democrático y de derecho, y entre quienes quieren acabar con él y con la igualdad.

Decepciones y sorpresas

En esta historia tan opaca y sucia, que tan poco dice de nuestra justicia, hay además un capítulo de decepciones y sorpresas. Me gustaría saber si Álvaro García Ortiz coincide conmigo en lo que voy a decir. Quizá cuando lea este libro quiera compartir su opinión.

A mí, para empezar, me decepcionó el juez Andrés Martínez Arrieta, que fue ponente de la sentencia que me absolvió en el caso del franquismo, a quien conocía y respetaba a pesar de haber sido parte del tribunal que me condenó injustamente en 2012. Nunca hubiera creído que iba a ver lo que he visto en este juicio. Este sentimiento debe ser compartido por muchos más colegas. También, me ha desilusionado muchísimo Julián Sánchez Melgar. Tenía la idea de que, como fiscal general del Estado que fue, tendría respeto a la institución y a quien la representaba, conociendo lo que significa, pero no ha sido así.

Por el contrario, me pareció una persona de bien el magistrado Andrés Palomo, que hizo lo que tenía que hacer, si bien aceptó que la entrada en la Fiscalía para el registro era salvable. Supongo que lo expresó en estos términos porque, de lo contrario, Hurtado hubiera quedado al borde del abismo. Ahí el corporativismo es muy mal asunto. Debió creer que al final todo saldría de otra manera y le «engañaron». Quién fuera el que ejerció esa posible influencia puedo imaginármelo, pero no afirmarlo. Elijan ustedes al candidato.

Resalto el papel de las dos magistradas discrepantes, Ana Ferrer y Susana Polo. A la primera la conozco desde que le hice la inspección en 1987 en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Linares (Jaén). Desde entonces he seguido su trayectoria, y llegamos a coincidir instruyendo ella el caso contra el exdirector de la Guardia Civil Luis Roldán, allá por 1994/1995, y yo los papeles de Laos a él referidos. Viendo su trayectoria, no puedo decir sino que es una buena jueza, en el sentido más amplio de la palabra, y que ha cumplido con su obligación apreciando, en su justa medida y prudentemente, las pruebas existentes que conducían de forma ineludible a la absolución del fiscal general del Estado. A Susana Polo la conozco y la respeto por su posición final en este juicio.

Por supuesto, no podemos olvidar al magistrado Manuel Marchena. No puedo decir que esperase otra cosa de él. Desde el punto de vista de jurista debo decir que, leyendo la sentencia del procés, cualquier respeto intelectual que pudiera establecerse hacia su trabajo se perdió. Quienes hayan leído mis artículos saben lo que pienso de todo aquel procedimiento y de su resultado, pero, a mayor abundamiento (como rimbombantemente decimos los juristas cuando queremos resaltar algo), creo que esa sentencia fue una barbaridad asistemática. No estaban ni bien construidas las autorías para que guardaran correlación con los hechos, ni para que hubiera una responsabilidad derivada de todo ello, para construir un cuadro creíble... Es lo que ocurre cuando todo te da igual, porque nadie va a controlarte.

Intuyo en este punto (es un tema del que no he hablado) lo que debieron vivir los «Jordis» del procés. Me parece que se vieron metidos en un laberinto por unos señores que así lo decidieron, por sus «puñetas».

En este análisis que he realizado sobre el caso del fiscal general del Estado, concluyo que, como ocurrió en mi caso, se aprecia una dosis altísima de mediocridad y de venganzas personales, cada uno en su situación: «No me nombraste, no me hiciste...».

No dejo de darle vueltas a que, si algún periodista hubiera ido un pasito más allá, otra cosa hubiera sido. Pero, por parte de la Sala no puede ser que escuchen al entonces subdirector de El País decir que conocía el contenido del correo el día antes de su publicación y que no fue el fiscal general del Estado quien lo filtró, sino que le vino de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, y que eso no se refleje en la sentencia. No tiene sentido.

Discriminaron testimonios, pero no explicaron por qué. No pueden decir «estos testimonios son respetables, están bien», pero luego prescindir de ellos y sin dar explicación. Parece como si existiera una especie de nebulosa o tela de araña que se ha tejido para proteger al filtrador y buscar la cabeza de turco en lo más alto. Ha sido una especie de sacrificio ritual en el que estaba elegida la víctima y había que sacrificarla en la plaza pública. El fiscal general debía ser sacrificado para el fin mayor del poder omnímodo que, según algunos, se ejerce desde la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

No es sino la misma táctica de las malas sentencias, que generalizan. Y al generalizar no van a los hechos. Y al no ir a los hechos vale todo, vale la sospecha como indicio que es ratificación de una convicción: «Bueno, como se hace así, pues así será».

Pero yo, que siempre he defendido los hechos, y he puesto muchas sentencias y autos de procesamiento, lo tengo tan claro como la mayor parte de los profesionales de la justicia: los hechos son los hechos, son muy concretos te gusten o no, y debes respetarlos, incluso cuando el resultado de la prueba es adverso.

En este caso, los que han servido de base a la sentencia condenatoria no son hechos probados. Es la imaginación o, peor aún, meras elucubraciones, valoraciones inconsistentes, ordenadas según la voluntad de quien las elabora para dar forma a un fin concreto. Es como cuando dice Donald Trump que en sus decisiones solo se somete a su concepto de moralidad, no a las leyes internacionales ni a algo diferente a su ética. Por tanto, el límite será tan laxo o tan extenso como convenga y concluirá allá donde mi voluntad lo decida, ya sea para justificar una guerra en Irán, para secuestrar a un presidente en ejercicio a través de una operación militar en su propio país, o para invadir un país, o para masacrar a niñas en un colegio en cualquier confín del mundo, o para poner una sentencia con hechos más que cuestionables que permitan sacar de la ecuación a un incómodo fiscal general del Estado. No se pueden confundir valoraciones con hechos y sustituir estos por aquellas.

En el caso de Álvaro García, sabiendo de verdad lo que pasó, lo vivido debe ser alucinante, tanto como asistir al desarrollo de un cuento chino que el Tribunal Supremo ha dado por probado.

Esto me lleva a preguntarme: ¿cuántas veces se habrá dado cabida a cuentos chinos? Sin obviar mi propia sentencia. ¿Cuántas veces? Y más aún: ¿cuántas veces se habrán dado por indiscutibles atestados de la Guardia Civil? Esto es algo que siempre combatí y conseguí erradicar en mis casi tres décadas en la Audiencia Nacional. Quizá por eso no me querían.

Sé cómo hacen los atestados la Guardia Civil y la policía. Me costó tiempo y años hasta que los encaucé en las investigaciones de terrorismo, de tráfico de drogas, de blanqueo, de corrupción... y para decir no y no... Para eso tienes que estar encima.

Por eso, en un país, la clave del funcionamiento de la justicia en materia de investigación de delitos es una verdadera policía judicial y una institución con sus contrapoderes.

De ahí que, si pasa la instrucción a manos del Ministerio Fiscal, habrá que preparar muy bien a estos fiscales y al juez de garantías. Sin esa simbiosis o compadreo que hoy existe, salvo excepciones, entre juez y fiscal o de unos u otros con la Guardia Civil o la policía. Por supuesto, sin restar méritos, que los tienen, a estos cuerpos en la persecución de los delitos y el trabajo por la seguridad de la sociedad.

Este mecanismo se ha visto con nitidez en el caso de García Ortiz. No ha existido juez de instrucción. Ángel Hurtado no ha sido juez, no ha hecho instrucción. Ha seguido a la UCO, de forma acrítica, sumisa y absolutamente parcial. Es incomprensible.

La pieza a abatir

No sé si el fiscal general se sintió en alguna ocasión instrumento de otra historia mayor. A mí me pareció que el objetivo era, reitero, que cayera el presidente del Gobierno. Es posible que lo viera así al principio, antes de la entrada del registro en su despacho. Y seguramente cuando se vio como una pieza para cercar a Sánchez, debió ser cuando le declararon inidóneo en el Consejo General del Poder Judicial. Pero después del registro, la visión me parece que es otra, y el fenómeno adquirió su propia dimensión convirtiéndose en un ente autónomo.

La verdad es que no puedo evitar identificarme con Álvaro García. Supongo que le pasará como a mí, que verá mal la justicia y habrá una parte en la que crea y otra en la que no. Del mismo modo que diferenciará entre unas personas y otras en el terreno de la profesión y, sobre todo, verá lo distinto que es Madrid de los otros territorios españoles. Este caso demuestra que hay que sacar las cosas de la capital. Si no, volverá a pasar. Los núcleos de poder siempre se van a reproducir. Es importante saber que una cosa es la justicia y otra es el Tribunal Supremo. Son dos cosas distintas, tenemos que aprender a distinguirlas.

De momento lo que habría que eliminar son los aforamientos e incluir la segunda instancia en el Tribunal Supremo. Eso como mínimo, desde luego.

La instrucción debería poder llevarla un juez de instrucción delegado que esté investigando, que sepa de qué va la cosa, porque esos señores de la cúspide están anquilosados y solo hablan formalmente de garantías, pero no de su aplicación en el día a día. A veces, ni siquiera informan de los hechos investigados ni definen el objeto del proceso ni saben motivar una comisión rogatoria, porque desconocen los sistemas jurídicos a los que se dirigen (esto aquí, con Estados Unidos, ha sido más que evidente). No conocen, o no quieren conocer, lo que es una acción popular y el mal uso que se está haciendo de la misma hasta desnaturalizarla. Tampoco lo que significa la imparcialidad. Así podría seguir señalando desconocimientos.

Hay algo que tiene mucho más que ver con el futuro que nos espera, y no con las personas ni con la cuestión política, aunque está muy enrevesado. Me refiero a la forma de investigar. Si seguimos tolerando que organismos policiales como la UCO entren en los sitios, domicilios o instituciones, y se hagan con todo lo que encuentren de forma indiscriminada y repasen todo a ver si suena la flauta, estamos acabados.

De los muchísimos registros que he llevado a cabo, algunos por razón física no los he realizado directamente, pero el juez que me sustituía ha tenido que ir, porque cuando delegaba en exhortos y en temas del País Vasco y yo no iba, pedía que fuera el juez territorial, con agradecimiento a su cooperación en materias en las que no era competente. Eso es cooperación judicial. Pero, en el caso que nos ocupa, en el Supremo hay un error gravísimo. Si el juez hubiese estado presente en el registro, no se habría accedido a muchos temas que eran ajenos a la causa. Aunque después se rectificara en poco más de una semana (de forma sospechosa), el daño ya estaba hecho.

Por otra parte, cierto es que ahora los registros son diferentes por la tecnología. Se llevan tus dispositivos y pueden disponer de todo. Pero si el juez controla con inmediación el procedimiento, puede ir marcando lo que se precisa o no. Lo tiempos serían más amplios, pero, a la hora de acceder a esos dispositivos, quien debe marcar los límites son el juez y el fiscal, no la policía o la Guardia Civil. Por supuesto, el afectado, o su representación, debe estar delante.

Sin embargo, no es eso lo que se está haciendo. Por el contrario, se incauta, se lleva, se va a la sede de que se trate y se intervienen todos los archivos.

Creo que es imperativo que el Tribunal Constitucional lo estudie y diga cómo hay que hacerlo correctamente. De lo contrario, mientras se siga permitiendo esta manera de actuar, la inseguridad jurídica irá a más. Es cuestión de analizar cómo van avanzando los medios técnicos e informáticos o de generación artificial: pronto tendrán a todo el mundo en un puño.

Me pregunto qué argumentos estará empleando Álvaro García Ortiz para que sus hijos, o cualquier ciudadano que le consulte, tengan confianza en la justicia. ¿Mentirá? Eso sería grave, pero ¿queda otra opción?

Al amparo de estas páginas, confieso: cuando tengo que decir «acato la sentencia, pero la critico», se me revuelven las tripas porque no estoy de acuerdo con lo que se está haciendo. Tienes que callar porque ostentan el poder, lo ejercen y te machacan.

Álvaro García, víctima de un disparate intencionado, de lo que no es más que lawfare, es un buen servidor público que ha peleado hasta el último minuto en defensa de la institución y, por tanto, de la sociedad a la que siempre se ha entregado con rigurosa honradez, sin atender a su propia seguridad ni a la comodidad de los suyos.

Seguirá con los mismos planteamientos sobre el servicio público porque está en su naturaleza, en el puesto que le corresponda ocupar y allá donde el destino le lleve. ¿Y sus «verdugos»? De ello se encargará el reloj biológico. A varios de estos jueces la edad les va cumpliendo: se tendrán que ir. El tiempo es, al final, la venganza más sutil.

De cómo se debe sentir, o de cómo se sintió Dolores Delgado durante mucho tiempo, y de las secuelas y marcas que quedan, conozco bastante porque lo sufrí en mis propias carnes, pero se sobrevive y aún quedan ganas de seguir luchando por aquello que crees justo. En este punto me vienen a la memoria unas palabras que mi hija mayor, María, escribió en una carta abierta a todos los medios de comunicación con motivo de la condena contra mí el 9 de febrero de 2012 y que ahora comparto aquí:

Esta carta está dirigida a todos aquellos que hoy brindarán con champán por la inhabilitación de Baltasar Garzón:

A ustedes, que durante años han vertido insultos y mentiras; a ustedes, que por fin hoy han alcanzado su meta, conseguido su trofeo.

A todos ustedes les diré que jamás nos harán bajar la cabeza, que nunca derramaremos una sola lágrima por su culpa. No les daremos ese gusto.

Nos han tocado, pero no hundido; y lejos de hacernos perder la fe en esta sociedad nos han dado más fuerza para seguir luchando por un mundo en el que la Justicia sea auténtica, sin sectarismos, sin estar guiada por envidias; por acuerdos de pasillo.

Una Justicia que respeta a las víctimas, que aplica la ley sin miedo a las represalias. Una Justicia de verdad, en la que me han enseñado a creer desde que nací y que deseo que mi hija, que hoy corretea ajena a todo, conozca y aprenda a querer, a pesar de que ahora haya sido mermada. Un paso atrás que ustedes achacan a Baltasar, pero que no es más que el reflejo de su propia condición. Pero, sobre todo, les deseo que este golpe, que ustedes han voceado desde hace años, no se vuelva en contra de nuestra sociedad, por las graves consecuencias que la jurisprudencia sembrada pueda tener.

Ustedes hoy brindarán con champán, pero nosotros lo haremos juntos, cada noche, porque sabemos que mi padre es inocente y que nuestra conciencia SÍ está tranquila.⁵

3

¡Claro que existe el lawfare!

Ayer principié a defender pleitos. Ayer dejé de querer defenderlos. Ayer no los pude ya defender.

SÉNECA, Cartas a Lucilio, epístola XLIV

La justicia es un concepto sumamente complejo que trasciende fronteras y su buena práctica exige un compromiso colectivo, que es el que le da la legitimidad que necesita. Es la luz que emana desde el centro del poliedro. Cada cara de este refleja y expande la luz de forma particular. Según la posición de quien lo mire, la luz se percibe de manera diferente. Como valor, la justicia debe emanar de, y sustentar a, la democracia, y, en su caso, defenderla de acciones hostiles que pretendan imponerla de forma autoritaria, parcial o arbitraria. Es mucho más que la mera suma y aplicación de las normas. Es garante de la estabilidad democrática, equilibrio entre derechos y libertades dentro del respeto a la legalidad, pero trascendiéndola, porque también califica la calidad de la convivencia y del desarrollo de un pueblo. Una buena justicia y unos jueces independientes, imparciales y justos definen y garantizan el buen vivir. En definitiva, es una fuerza vital y nuclear.

La justicia, para ser buena justicia, debe ser accesible a la ciudadanía, transparente, participativa, ágil y comprensible; debe estar dotada de suficientes recursos y ser gratuita e igualitaria, de modo que garantice el buen funcionamiento de las instituciones del Estado. Sus administradores son servidores públicos, y ello conlleva comprender el sentido y el alcance del servicio público como centro del sistema democrático.

Pero tan importante como lo anterior es que los usuarios de esta justicia perciban las características anteriormente enumeradas, y que, como consecuencia de ello, la justicia sea también confiable y justa. Para ello, deberá ser garantista, respetuosa y potenciadora de los derechos humanos, y deberá estar sometida al imperio de la ley. No existe poder que esté por encima de la ley, y las leyes, una vez promulgadas, son patrimonio del pueblo.

Consecuencia de lo anterior es que la justicia, para ser tal, debe ser progresista y progresiva. Progresista no en un sentido político, sino en el sentido humanista e integral de la expresión, como última defensa de la democracia y frente a la impunidad y los abusos de poder. Por ello, cuando quienes la administran dejan de ser garantes de la paz social, dejan también de ser el pilar fundamental del sistema democrático. Se convierten entonces en un actor parcializado que instrumentaliza el derecho para obtener réditos políticos, y en el martillo que aplasta la propia casa de la democracia.

Raúl Zaffaroni advierte sobre este fenómeno de concentración de poder: «Cuando tienen lugar fenómenos de concentración de poder se pone en peligro el principio republicano de gobierno y la magistratura es hoy incapaz de neutralizarlos».¹ Esta descripción se ajusta perfectamente a lo que denomina «el Partido Judicial».

En este tiempo se ha iniciado una deriva sumamente peligrosa. Determinadas formaciones políticas y corporaciones económico-financieras y mediáticas pretenden sustraer el poder judicial de los ciudadanos, apropiándose del mismo. Esta acción subvierte el orden constitucional y abre las puertas a la arbitrariedad, a la persecución política y a la corrupción de la democracia.

¿Existe el lawfare?

Según Charles-Louis de Secondat (1689-1755), barón de La Brède y de Montesquieu, «los jueces de la nación no son, según sabemos, sino la boca por donde habla la ley, seres inanimados que no pueden moderar ni su fuerza ni su rigor».² Esta era, también, la primera regla de interpretación en la concepción napoleónica. Las leyes se debían aplicar según «el sentido propio de las palabras». Las demás reglas de interpretación eran subsidiarias y únicamente era posible acudir a ellas cuando el sentido propio o el tenor literal no era suficientemente claro.

Este esquema positivista puro se mantuvo por un buen tiempo y fue llevado al extremo por el fascismo y el nazismo bajo dos principios o apotegmas: «Las órdenes son las órdenes» y «la ley es la ley». La ley debía ser obedecida sin contemplaciones, dijera lo que dijera, en un ejercicio de validez formal que desatendía por completo su contenido. Así, fue posible dar cobertura legal a las peores atrocidades, que comenzaron con las primeras leyes antisemitas aprobadas en Núremberg el 15 de septiembre de 1935.

De manera coincidente, pero nada casual, el Palacio de Justicia de Núremberg fue elegido para albergar el gran juicio del mismo nombre por tres motivos: por su simbolismo, ya que fue el lugar donde el Partido Nazi concentró a más público durante sus mítines; por ser el lugar donde se promulgaron las Leyes Raciales contra los judíos en 1935, y por ser el único edificio de este tipo que quedó intacto en Alemania tras los bombardeos.

De este modo, en el ámbito de la interpretación jurídica, pasamos de las estrictas reglas napoleónicas a argumentar en derechos. El resultado interpretativo ya no puede ir en contra de los derechos fundamentales, de la dignidad de todo ser humano. Y si a pesar de los esfuerzos interpretativos, la norma infringe los derechos humanos, entonces debe ser inaplicada en el caso concreto o expulsada del ordenamiento jurídico.

Partiendo de lo dispuesto en el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles, en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y Políticos, los conceptos de «imparcialidad» e «independencia» judiciales los asociamos a valores, principios e incluso mecanismos institucionales para la recta Administración de justicia. Es decir, la independencia y la imparcialidad del juez son hoy claramente parte del derecho al debido proceso, que es a su vez un derecho humano del enjuiciado. Por contrapartida, el juez tiene el deber de ser independiente e imparcial, y si no lo hace estará violando un derecho humano.

Por definición, el juez es un tercero imparcial, de tal modo que si este tercero no es imparcial o no pretende serlo, no es un verdadero juez y, por tanto, no impartirá justicia. La imparcialidad es la esencia del juez.

Aun así, como bien advierte Zaffaroni, «el prejuicio del juez aséptico es un absurdo impensable: quien no participe de cierta ideología, carezca de una cosmovisión y de una concepción antropológica, no tenga preferencia en la sociedad, no solo no merecería ser juez, sino que sería un caso patológico a ser tratado psiquiátricamente». La imparcialidad, por tanto, no puede concebirse como una neutralidad imposible, sino como «una condición que debe garantizar hasta donde sea posible la estructura institucional de la magistratura en su conjunto», fomentando el pluralismo y el debate ideológico transparente, no la hipocresía de una pretendida asepsia política.

Durante mucho tiempo, en la dictadura, se preconizaba la figura del juez apolítico, inmaculado, que habitaba en una urna de cristal para no contaminarse. Pero esa supuesta asepsia era la vía más directa para integrarse en las conocidas «fuerzas vivas» que, ideológicamente, sustentaban aquel régimen.

Por su parte, la independencia judicial es instrumental y constituye la barrera protectora de la imparcialidad. La independencia siempre se ejerce frente a terceros, por lo que es en este sentido un concepto relacional y persigue proteger al juez de todo intento de influencia en su decisión, de todo ataque a su imparcialidad. Ataques que pueden provenir de otro poder del Estado, pero también de poderes presentes en la sociedad civil con intereses económicos, o de grupos religiosos, políticos o ideológicos.

Es necesario precisar de quién debe ser independiente la magistratura. Continúo con el señalamiento de Zaffaroni: «Es casi un acto reflejo afirmar que la magistratura debe ser independiente, pero debe precisarse de quién debe serlo. Si la respuesta es que debe ser independiente de los otros poderes del Estado y también de los factores reales de poder, es correcta. Pero no lo es si se piensa que debe desentenderse del Estado mismo, de los intereses y reclamos de las personas más desfavorecidas y vulnerables».

De lo único que no puede ser independiente el juez es de los hechos sometidos a su conocimiento y del derecho, y estos han de ser su única preocupación al momento de conocer y juzgar el asunto sometido a su «decisión».

El poder judicial es un poder del Estado, o, mejor dicho, es ante todo un contrapoder, por cuanto debe ser independiente de los demás poderes estatales y al mismo tiempo tiene la tarea de controlar que las actuaciones de estos se ajusten al derecho.

Ahora bien, en tanto en cuanto la independencia es un concepto relacional, existe una independencia interna y otra externa.

La independencia externa se afirma frente a influencias y ataques ajenos al poder judicial: otros poderes del Estado, las fuerzas económicas, sociales y políticas, e incluso las propias partes del proceso. La interna se ejerce frente a los demás órganos jurisdiccionales y frente a los órganos de gobierno del poder judicial. Por ello se suele afirmar que el más humilde de los jueces es tan soberano en su interpretación del derecho como el juez del más alto tribunal del Estado.

Sucede que todos los mecanismos legales que puedan establecerse para garantizar la independencia del juez de nada sirven si el juez no pretende ser imparcial, si voluntariamente se doblega ante los intereses de alguna de las partes o de terceros, anteponiendo sus preferencias políticas o sus intereses personales sobre el conocimiento y la fijación de los hechos y la honesta interpretación y aplicación del derecho. El juez debe ser y pretender ser imparcial.

Esta pretensión de imparcialidad no puede confundirse con la apoliticidad. Como precisa Zaffaroni: «Ante todo, debe precisarse que ni la función judicial ni el derecho son apolíticos. El derecho es resultado de la política y el poder judicial nunca puede ser apolítico, salvo que se confunda lo político con lo partidista: el partidismo judicial es un vicio, pero su carácter político hace siempre a su naturaleza, pues cada sentencia es un acto de Gobierno y una rama del poder de una república no puede menos que llevar a cabo actos de Gobierno, o sea, políticos».

Esto, que es importante para toda la judicatura, lo es aún más tratándose de los jueces que se desempeñan en las más altas magistraturas, como el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y, por supuesto, en los órganos de gobierno o asesoramiento, como el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo Fiscal. Sin embargo, suele acontecer que es en estas instancias donde la permeabilidad a las influencias e interferencias se produce más a menudo.

El juez es un servidor público y, si me permiten la metáfora, es el agente inmunológico del Estado de derecho.

Derecho y justicia deben estar al servicio de la sociedad, como instrumentos de pacificación social y de facilitación de la convivencia humana. Debo decir que, desde hace un tiempo, ha aparecido una degeneración de estos principios al ponerse derecho y justicia al servicio de intereses espurios, diferentes a los de la ciudadanía y como arma para derrotar políticamente a los adversarios, convertidos así en auténticos enemigos.

Este fenómeno se conoce con el nombre de lawfare, neologismo y a la vez anglicismo que proviene de los vocablos law (‘derecho’) y warfare (‘guerra’), y ha sido definido por Camila Vollenweider y Silvina Romano como «el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político», que generalmente se combina con «acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y su entorno (incluidos familiares cercanos) de forma tal que aquel sea más vulnerable a las acusaciones sin prueba».³

En los últimos años han sido variados los casos de lawfare, por su notoriedad a nivel internacional y nacional (Julian Assange, Rafael Correa, Cristina Fernández de Kirchner, Evo Morales, Marco Enríquez-Ominami, Dilma Rousseff, Jorge Glas, Lula da Silva, líderes independentistas catalanes del denominado procés...), pero, si aplicamos la misma regla de proporcionalidad, deben ser muchos más casos los que pasan desapercibidos al quedar fuera del radar del conocimiento público. En España se los conocía hace tiempo como «las querellas catalanas»; mecanismos varios e instrumentales que, sin contenido delictivo pero con apariencia de ello por el relato, hacen que se pongan en marcha los mecanismos de la justicia (penal, principalmente). Concluyen en nada, pero causan graves perjuicios, a veces irreparables.

Aunque el fenómeno se haya puesto de moda en estos tiempos, ya es antiguo y se desarrolló en su versión más extrema en la Alemania nazi. Referencia obligada en este campo es la obra de Zaffaroni Doctrina penal nazi,⁴ en la que nos habla de todos los juristas del derecho penal alemán que idearon teorías y doctrinas para justificar la apropiación de la legalidad vigente y la destrucción del derecho liberal de la República de Weimar. Allí vemos a destacados juristas y jueces hacer de teóricos de retaguardia del ascenso del nazismo. Lo que había advertido hace veinte años el penalista sevillano Francisco Muñoz Conde en su fundamental libro sobre el nazismo y el derecho penal de Edmund Mezger.⁵

Esos mismos penalistas hicieron política con sus resoluciones y terminaron teorizando sobre el derecho penal del enemigo. Un poder punitivo estatal legitimado solo para destruir bélicamente a los enemigos del régimen. Primero, creando un ambiente propicio para diseminar mentiras difamatorias sobre ellos, y, después, legitimando un sistema de represión legal. Lo mismo ha sucedido a lo largo de la historia en todos los golpes de Estado y en todos los gobiernos dictatoriales.

Hay que decirlo claramente: el lawfare no tiene cabida allí donde hay un servidor público independiente e imparcial, es decir, un verdadero juez.⁶

Si el poder judicial olvida su papel como clave de bóveda del edificio democrático y pasa a ser punta de lanza de la posición contraria, destruirá derechos, la arbitrariedad será la norma y la manipulación informativa se convertirá en una constante. En función de los intereses en juego, se generalizarán los discursos destructivos, convirtiendo el derecho a la libertad de expresión en un mecanismo de coerción en el que el derecho a la información veraz será una entelequia; la propia comunicación dejara de ser puente entre la ciudadanía y las instituciones, y estas pasarán a ser instrumento de polarización y de manipulación. La confianza construida sobre el funcionamiento eficiente de las instituciones pasará a sustentarse sobre las emociones, el miedo y el resentimiento. Con ello, la institucionalidad, y la justicia como parte de la misma, perderá su autoridad moral frente a quienes pretenden, desde los movimientos fundamentalistas, ofrecer certezas absolutas y soluciones inmediatas. Trump, Bukele, Milei, Putin o Netanyahu pasarán a ser los modelos a seguir para definir una justicia vicaria sometida a ese poder cuyo único límite es la propia voluntad de quien lo ejerce (como, por ejemplo, Trump y las deportaciones masivas o las acciones violentas del ICE).

El ideal democrático

El fenómeno se expande a través de las denominadas democracias recitativas, como las que están al uso en Hungría, Polonia, Turquía, Ecuador o El Salvador, entre otras. En ellas se conserva el modelo democrático formal, pero se abandona progresivamente el ideal democrático de la Carta de Naciones Unidas de 1945. La Carta está basada en los derechos humanos, la dignidad y el valor de la persona; en la igualdad de derechos entre naciones grandes y pequeñas con el compromiso de promover el progreso social y un nivel de vida mejor, con una libertad más amplia. En las democracias recitativas pasamos a ser meros demócratas sin ideal democrático.

Autores como Carlos de Cabo Martín⁷ hablan de democracias que se declaman pero no se practican; Javier Pérez Royo,⁸ de democracia formalmente intacta pero materialmente degradada; Joaquín Estefanía,⁹ de democracia proclamada y de valores que se recitan mientras se erosionan; Luigi Ferrajoli¹⁰ refiere democracia formal y democracia sustancial (se vota, pero no se garantizan derechos); Boaventura de Souza Santos y Leonardo Avritzer¹¹ hablan de democracia de baja intensidad (constituciones ricas en derechos pero pobres en cumplimiento), y Atilio Borón¹² lo hace de democracias de mercado.

En todos estos países y otros similares, el lawfare ha tomado carta de naturaleza o ha hallado presencia. Pero no solo. En otros, como Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Colombia o Brasil, paralelamente a determinados cambios políticos, representantes de la justicia se han aliado con quienes ostentaban el poder, normalmente en posiciones de extrema derecha. O han decidido confrontar a líderes y gobiernos progresistas para horadar esas posiciones en favor de la oposición, como forma de alterar el curso político normal, judicializando la política mediante una inflación de denuncias y querellas presentadas por actores instrumentales de los partidos políticos beneficiados y organizaciones creadas ad hoc para ese fin. Lo han hecho a través de mecanismos legales y constitucionales como la acción popular (artículo 125 de la Constitución española), desnaturalizando el propio medio como forma de participación ciudadana en la justicia y convirtiéndolo en un arma política más en favor de sus intereses, con la aquiescencia o la participación, directa o indirecta, del sistema judicial, que, al no responder de forma inmediata y contundente, favorece la instrumentalización del propio sistema.

¿Y en España?

El triste papel del Tribunal Supremo en el caso contra el fiscal general del Estado español no es sino un nuevo capítulo de lo que se viene gestando en la judicatura desde hace bastantes años, es decir, la puesta en marcha de la herencia de jueces provenientes de la dictadura (recuerden lo endogámico de esta profesión). Jueces, pero parciales titularon su libro Carlos Jiménez Villarejo y Antonio Doñate Martín.¹³ Su subtítulo lo dice todo: «La pervivencia del franquismo en el poder judicial». Desde el caso de Lluís Companys hasta mi propio proceso, el fiscal y el juez denunciaban el continuismo de la manipulación represiva del régimen franquista en las esferas del poder judicial durante la Transición y en la actualidad. Lo que hicieron fue alertar sobre un poder judicial manipulado por el conservadurismo reaccionario, como ellos mismos sintetizaron.

La judicatura nunca pasó una etapa específica de modernización, de desarraigo de la época oscura. Los jueces de la dictadura se deslizaron agradablemente a otros puestos durante la Transición y más allá. ¿Y la formación? Quizá si se hubiera atendido con más rigor a los formadores de la escuela judicial y al enfoque de las materias impartidas, ahora tendríamos otra situación. Pero no solo no fue así, sino que los formadores de los siguientes jueces han sido, de manera particular, los propios magistrados en ejercicio desde tiempos inmemoriales.

De ahí que los planes del Gobierno de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en lo referido al acceso a la carrera por parte de los aspirantes a juez o fiscal, levantaran ampollas, una vez más, entre las asociaciones de carácter conservador. Consideraban un error, por ejemplo, la eliminación de un examen oral en el turno libre y decían que podría haberse incluido «sin tener que rebajar las exigencias de conocimiento», algo que, en su opinión, suponía una vuelta atrás de treinta años y un incremento de la subjetividad en la evaluación. Supone, decían, una reforma estructural, de gran calado, que afecta gravemente a principios constitucionales como la igualdad, el mérito y la capacidad en el acceso a las carreras judicial y fiscal. Todo en el ámbito de varias modificaciones importantes relacionadas también con la Fiscalía y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.¹⁴

A tal punto cundió el malestar entre las asociaciones conservadoras que convocaron protestas y una huelga togada, sin atender a las explicaciones del Gobierno de que lo pretendido era promover la igualdad de oportunidades para acceder a la profesión de fiscal o de juez, con becas de cuatro años para los opositores con la base del salario mínimo, y la llegada directa de juristas con más de diez años de experiencia.

Se ve que, a algunas de sus ilustres y excelentísimas señorías, lo de que cualquiera de otro estrato social menos elevado pueda compartir sala con ellas les produce auténtico prurito. Si pienso en mi juventud, trabajando en una gasolinera por las noches, aprovechando la falta de clientes para estudiar y haciendo autostop para llegar a tiempo a la Facultad de Derecho, creo que una beca hubiera sido una bendición. Pero conseguí llegar al paraíso judicial del que acabaron arrojándome; pues, tengámoslo claro, algunos supremos magistrados y otras hierbas judiciales consideraban que nunca había sido mi sitio. Y han seguido pensándolo ante la barbaridad de que otros como yo, es decir, no provenientes de familias del privilegiado standing jurídico, alcanzaran tal estatus.

Recuerdo un artículo de Mariola Urrea que decía así: «España no puede asumir sin más debate el “blindaje” de un modelo de selección y formación de la carrera judicial como el vigente. Los problemas relacionados con el servicio que presta el poder judicial no se solucionarán sin ir a la raíz. Eso pasa por repensar el tipo de juez y fiscal que se necesita y acomodar luego el modelo de selección y formación de quienes tienen atribuido el poder para afectar la libertad y el patrimonio de las personas. Impedir un debate como este impacta de lleno en esa pretensión de una justicia eficaz capaz de garantizar un servicio público de calidad».¹⁵

No parece que tal reflexión coincida con la idea de aquellos juristas que, en repetidas protestas, armados de togas y de puñetas, se manifestaban ante las sedes judiciales, detestando la reforma anunciada y asegurando que lo hacían por defender la independencia judicial. El corporativismo no tiene escrúpulo en utilizar cualquier argumento que lo enmascare.

La crítica al corporativismo judicial no debe entenderse como una reprensión generalizada a toda la magistratura. Como aclara Zaffaroni: «La inmensa mayoría de nuestra magistratura es ajena a esas prácticas [patológicas] y su única responsabilidad es omisiva, es decir, que se les puede reprochar que no las denuncien y rechacen en voz alta». Añade una advertencia fundamental: «La independencia judicial no puede garantizarse con el fortalecimiento del poder corporativo del judicial, sino solo con la independencia individual».

No era la primera vez que los profesionales de la justicia se manifestaban por temas que pueden resultar algo extraños al objeto que debería ser prioritario, es decir, la ley y el derecho. En noviembre de 2023 se sucedieron las manifestaciones en diferentes ciudades españolas. Recuerdo un titular que me llevó al asombro por lo contradictorio de los motivos: «Los jueces convocan manifestaciones ante los tribunales contra la Ley de Amnistía y el acuerdo entre el PSOE y Junts».¹⁶ ¿Qué principios legales se veían amenazados por tales hechos reprobados? Leo: «Continúan las movilizaciones en el ámbito judicial ante el acuerdo entre el Partido Socialista y los partidos independentistas para hacer presidente a Pedro Sánchez y la Ley de Amnistía». ¿Era esto posible? ¿Por qué los jueces y fiscales debían entrar en quién es el presidente? Más aún, ¿qué Ley de Amnistía? Porque en esas fechas aún no se conocía su contenido, y hasta el 11 de junio de 2024 el BOE no publicaría la Ley Orgánica de Amnistía que aprobó definitivamente el Congreso el 30 de mayo de ese año.

Así las cosas, ¿a qué se referían los manifestantes, que, hay que decir, en Sevilla, por ejemplo, no pasaron de trescientos? Pues en esa misma capital, el juez decano, Francisco Guerrero, los citaba a una concentración para rechazar las referencias al lawfare que se hicieron en el acuerdo entre PSOE y Junts. En Salamanca, la protesta se dirigía «en defensa de la separación de poderes y contra la Ley de Amnistía» y, para más curiosidad, en Málaga, la convocatoria se señaló para el primer día del debate de investidura. El disparate es aún mayor si se considera que estos mismos jueces están obligados a aplicar la Ley de Amnistía de la que abominan.

Todo ello pese a que, unas semanas antes, la Comisión de Ética del Consejo General del Poder Judicial había desaconsejado a los jueces acudir a manifestaciones y mítines políticos para «evitar toda actuación que pueda cuestionar la independencia o la confianza de la sociedad en el poder judicial», mensaje que las asociaciones conservadoras ignoraron ostensiblemente. Por su parte, la asociación progresista Jueces y Juezas para la Democracia recomendó a sus asociados no asistir a tales llamados en base a que «la defensa de la separación de poderes exige mantener una imagen de imparcialidad y neutralidad que estos actos no garantizan».

Lo que estas manifestaciones revelan es precisamente la confusión entre lo político y lo partidista que Zaffaroni denuncia. Cuando los jueces invocan la defensa de la «independencia judicial» para protestar contra decisiones democráticas del poder legislativo, están en realidad ejerciendo partidismo bajo el disfraz de la técnica jurídica. Zaffaroni es contundente: «La idea de un derecho apolítico es por demás peligrosa, pues se compatibiliza con una doctrina jurídica que lleva a un normativismo extremo [...] De este modo sería posible enunciar con pretendido carácter científico sistemas y jurisprudencias poco menos que delirantes, en las que no quepa ningún dato de la realidad social, o bien se proceda a seleccionar arbitrariamente los que se incluyen y excluyen».

Ya ven como volviendo la vista atrás el presente se clarifica, aunque debo decir que el futuro se oscurece. Esa primera inmersión judicial en el arte de la protesta da una primera visión acerca de unos jueces que parecen anhelar salir del armario de la imparcialidad. En aquellos barros ya se habían empezado a generar los lodos que un par de años más tarde enfangarían la política y la vida nacional, dejando en un muy triste lugar a un sector importante de la judicatura y la Fiscalía.

El barro

Lo que paso a relatar a continuación son manifestaciones concretas de aquella disparidad que Zaffaroni identifica entre las funciones manifiestas y latentes de las instituciones judiciales: «La disparidad entre ambas es inevitable, pero cuando la distancia entre lo que se “dice” y lo que se “hace” llega a ser paradójico, esa disparidad se vuelve disparate, o sea, que se “dispara” contra la propia institución, desbaratándola».¹⁷

Llegados a este punto no deja de ser peculiar esta suerte de alineación de planetas que apuntan al unísono hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde el ámbito de la judicatura o, puntualizo, desde determinados sectores de la judicatura.

Haciendo algo de historia me tengo que remontar al caso del juez Joaquín Aguirre, titular del Juzgado Número 1 de Barcelona, quien, inmerso en la instrucción de la denominada trama rusa del procés, se mostraba reticente a abandonar tal pieza, pese a las advertencias de la Audiencia de Barcelona. Hasta el punto de que la Sección 21 de tal instancia tuvo que dictar un auto resolviendo el recurso de la Fiscalía y de varios investigados —entre ellos, el expresidente Artur Mas; el jefe de la oficina del expresidente catalán Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay; el exresponsable de relaciones internacionales de CDC Víctor Terradellas, y el abogado Gonzalo Boye.

La Sección 21 trasladó la resolución al Tribunal Supremo «para su conocimiento y para los efectos que considere oportunos respecto de los investigados aforados». Es decir, en lo referido al expresidente Carles Puigdemont y al diputado de Junts Francesc de Dalmases. «Corresponde al instructor cumplir estrictamente lo ordenado por esta Sección 21 de la Audiencia Provincial de Barcelona en su auto 1057/24, de fecha 29 de mayo de 2024, y resolver en la pieza separada 2 según lo allí indicado, sin más dilación», expresó la Sala.¹⁸

Recuerdo también un editorial del diario ARA que lo analizaba de manera contundente: «Vista desde Catalunya, la causa de la trama rusa del Proceso siempre fue un despropósito, un cuento para no dormir que pretendía relacionar el independentismo catalán con Vladímir Putin y, de paso, poner más difícil la aplicación de la amnistía en algunos dirigentes, puesto que se les podía acusar del delito de alta traición». Añadía: «La decisión de la Audiencia no deja lugar a dudas, e incluso acusa al juez Aguirre de cometer un “fraude de ley”».¹⁹

No titubeaba el medio informativo sobre el carácter de la instrucción de Aguirre: «Al igual que en el caso del juez Manuel García-Castellón, que tuvo que archivar la causa que abrió contra Carles Puigdemont por presunto terrorismo, nos encontramos ante un ejemplo de manual de lo que se conoce como lawfare, es decir, el uso espurio de la justicia con fines políticos. En el caso de Aguirre, además, ni siquiera se escondía. El pasado julio se filtraron unos audios del juez en los que se alababa de haber paralizado la Ley de Amnistía: “Me han dicho que ayer se tumbó la Ley de Amnistía, que se tumbó por mí”, afirmaba en una conversación privada. “Al Gobierno le quedan dos telediarios alemanes. Dos. Y ya está, a tomar por el culo”». Concluía el editorial: «¿Qué justicia se puede esperar de personajes así?».

No fueron solo esos casos, sino el propio proceso seguido contra los líderes independentistas, en todo su conjunto, sobre el que recaen severas sospechas desde su inicio, con querellas presentadas por el propio fiscal general del Estado, la instrucción en el Juzgado Central de Instrucción Número Uno, y la causa seguida en la Sala Segunda del Tribunal Supremo con ponencia de Manuel Marchena. Fue una instrucción caótica; una acusación por cuatro fiscales que hizo trizas el Código Penal al calificar como delito de rebelión lo que, para mí, no pasaba de una mera desobediencia y unos desórdenes públicos. Se exacerbó el caso abusando del Código Penal y utilizándolo con fines no estrictamente jurídicos, con graves interferencias políticas apoyadas y dinamizadas por el PP, por la extrema derecha y por múltiples organizaciones y las asociaciones conservadoras de jueces y fiscales.

Tal como van aconteciendo los hechos, me temo que, al final del camino procesal en las instancias europeas de justicia, como ya ha ocurrido en los organismos de derechos humanos de la ONU, las decisiones serán adversas a los organismos judiciales españoles y favorables a los acusados.

Y, después de todo esto, ¿cómo queda el concepto de justicia en esos casos? Si se parte de los criterios expuestos al inicio de este capítulo, tendremos que convenir en que ninguno de estos procesos ha respetado las normas del debido proceso. En la mayoría de las veces, para que tenga lugar cualquier acción legal de este estilo, son necesarios actores coadyuvantes que preparen el terreno. Y si no se tienen a mano, se buscan.

A modo de ejemplo, sigo perplejo ante lo ocurrido con los responsables de Manos Limpias y Ausbanc.²⁰ En marzo de 2024, el Tribunal Supremo absolvió de los cargos de extorsión y estafa —según sentencia de la Audiencia Nacional que los había condenado a penas de hasta ocho años— al presidente de Ausbanc, organización cuyo trabajo en el entorno de las entidades bancarias y sus reiteradas acciones judiciales en su contra eran muy cuestionables, y al director de Manos Limpias, un pseudosindicato dedicado, casi en exclusiva, a plantear acciones penales ejercitando la acción popular contra personalidades públicas, políticas o de otro orden, sin base alguna. Querellas que, en su mayoría, se apoyaban en noticias falsas o en simples recortes de periódicos, generando procesos instrumentales que, en varias ocasiones, han conseguido un resultado, pero que, en la mayoría de los casos, han incurrido en claros abusos de derecho sin que ningún órgano judicial haya cuestionado su actividad. Según los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, las «presiones» contra otras partes en los procedimientos judiciales —llegando a ofrecer la retirada de la acusación a cambio de la prestación de algún tipo de servicio— no alcanzaban los requisitos del delito de extorsión.

El Supremo daba por probado que el director de Ausbanc inició procesos civiles contra algunas empresas, normalmente entidades financieras, y que, en colaboración con Manos Limpias, inició también procedimientos penales. Cuando una sentencia les daba la razón, o incluso en el curso del proceso, llegaron a ofrecer a esas empresas la retirada de la acusación u otras acciones de alivio. En su día, la Audiencia Nacional investigó numerosos casos en los que diversos bancos se veían afectados. En el sumario figuraban como presuntamente extorsionados BBVA, CaixaBank y lo que entonces era Bankia, o el Banco Santander.

La visión de la Sala de lo Penal del Supremo, que contó como ponente de la sentencia con el magistrado Leopoldo Puente Sierra, fue muy distinta a la de la Audiencia Nacional. Sigo aquí el relato de El País, que es muy ilustrativo: «Por un lado (el Tribunal Supremo) considera que las publicaciones negativas de Ausbanc se basaban en hechos (por ejemplo, dar cuenta de sentencias contrarias a las entidades). Y por otro considera que el proceder, sin descartar que éticamente pueda considerarse censurable como señala jurisprudencia anterior, no llega al punto de poder considerarse intimidación, que es lo que exige el delito de extorsión junto con la presencia de violencia. Es por ello que considera que eran conductas “lícitas”, puesto que era acciones judiciales que tenían un fundamento y, en el caso de las informaciones, no se basaban en inventos».²¹

Además, según acordaron los magistrados, varias de las sociedades mercantiles supuestamente extorsionadas forman parte del Ibex 35, constituyendo «entidades financieras de significada magnitud económica». ¿A cuento de qué esta explicación? Pues de que, por tal razón, dichas entidades «disponen, en consecuencia, para la realización de sus fines, de especializados servicios jurídicos y suficiente cobertura económica para encarar con plenas garantías acciones, civiles o penales, frente a la publicación de informaciones que pudieran resultarse, en cualquier sentido, indebidamente perjudiciales».

Es decir, que, en opinión del Supremo, los afectados eran capaces de defenderse solitos y de dar un capón a los acusados de extorsión, luego absueltos, quienes, a fin de cuentas, no habían hecho nada reprobable. Queda por tanto todo en una especie de broma tonta, sin mayor importancia que la que las supuestas víctimas le hayan querido dar en función de su propia susceptibilidad, por lo visto y según el Supremo, demasiado a flor de piel.

Todo se podría quedar en una sentencia discutible, cuestionable o poco ortodoxa si no fuera porque con tal absolución vino Dios a ver al PP. Porque ¿quién mejor que Manos Limpias para llevar a cabo una campaña de denuncias contra el Gobierno de Pedro Sánchez, a quien los de Alberto Núñez Feijóo quisieron expulsar de la Moncloa desde el minuto uno de su mandato? Denuncias que, aun siendo descabelladas, pudieran poner en solfa la figura del presidente y permitieran que la derecha vociferara la palabra «corrupción» en cada mitin, debate parlamentario o charla de café, viniera o no a cuento y siendo cierta o no —condición esta última, al parecer, prescindible por completo.

En 2025 aprendimos de la mano de Manos Limpias que, con la ayuda de algún juez comprensivo mediante, cualquier acción judicial es posible, por obtusa y descabellada que sea. La absolución de su líder, en vez de inferir de alguna sensatez tras lo vivido a este presunto colectivo que se autodenomina «sindicato», sirvió en cambio para aportarle nuevos ánimos beligerantes. La denuncia contra la esposa de Pedro Sánchez es un ejemplo claro de lo apuntado. Basada en noticias de prensa, organizaron una guerra de características desaforadas contra Begoña Gómez. La indicación de que tales noticias eran falsas fue respondida con todo desparpajo por el presidente de Manos Limpias, quien afirmó que, de no ser ciertas tales informaciones, la responsabilidad sería de los medios que las publicaron. Así que ellos —veraz o no la base de la acusación— siguieron adelante con suma naturalidad.

Ello fue así gracias a que el juez que recibió y admitió tal denuncia, Juan Carlos Peinado García, titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, fue receptivo e incoó un proceso que se conservará en un lugar preferente del ranking de los despropósitos judiciales. Con Peinado todos aprendimos que cuando no se encuentran indicios de delito hay que hurgar en cualquier dirección hasta encontrar el más mínimo resquicio que permita armar un proceso a la medida, y, aunque reiteradamente el Tribunal de Apelación revoque sus decisiones, no pasa nada. Esto se denomina «investigación prospectiva», y está expresamente prohibida en el proceso penal.

En los últimos diez años, la justicia se ha convertido en un arma arrojadiza para derrotar políticamente a los contrarios o para anularlos, provocando su «muerte civil», y valiéndose para ello de la connivencia de ciertos jueces y fiscales que ni son ni pretenden ser imparciales. Es la perversión del sistema, porque la imparcialidad que está en la base del concepto de justicia desaparece y se torna en una especie de servicio a la carta para el poderoso, anulando el carácter de servicio público que nos iguala ante la ley. La dama de la justicia ya no tiene la venda en sus ojos, porque ha quedado secuestrada en manos de intereses cruzados que la controlan y dominan.

En este punto, pongo otro ejemplo acontecido en Chile que afecta a un político progresista. Este político fue precandidato de la izquierda a la presidencia y se ha visto sometido a una persecución judicial implacable de dos fiscales. Marco Enríquez-Ominami (ME-O) se ha encontrado sumido en una espiral judicial que ha deteriorado sus expectativas políticas hasta unos límites inaceptables. Con ello, los legítimos derechos de quienes podían haberlo elegido para representarlos se han visto afectados severamente. En los últimos ocho años ha sido acusado en hasta doce ocasiones de diferentes delitos que después han quedado en nada, pero que le han provocado un daño reputacional enorme. Finalmente, ha sido absuelto de todos esos absurdos e inverosímiles cargos, pero el estigma queda, convirtiéndose en una rémora que se reproduce como un mantra en medios digitales y redes sociales, contra los que muy poco se puede hacer. Los motores de búsqueda se convierten en la vanguardia del descrédito social y político de quien se dedica a la noble tarea diaria de mejorar la vida de los demás desde el ámbito político.

El libreto del lawfare

El libreto en los casos de lawfare siempre es el mismo: parejas a la actuación judicial —que unas veces se alimenta de la prensa, otras de rumores y otras de informaciones falsas o manipuladas—, corren las noticias en medios de comunicación críticos con el Gobierno o directamente parcializados en su contra, y las acciones parlamentarias, debidamente orquestadas por el oponente político. Unas y otras se retroalimentan en perfecta simbiosis para tumbar al oponente político con las armas judiciales que ofrece el proceso penal.

Mientras tanto, ningún juez pone coto a este abuso de derecho que constituye la utilización del mecanismo de la acción popular con fines particulares. A veces ni se les pide fianza para ejercerla a pesar de los graves daños que pueden producir. Este tipo de acciones son meras acciones de escaparate o de espectáculo, y llegan antes a los medios de comunicación que al propio tribunal. Es decir, el proceso se invierte y se pone, en vez de al servicio de la justicia, en su contra, desnaturalizándose y convirtiéndose en un arma de acción política.

Este uso espurio de la justicia contradice frontalmente las funciones que Zaffaroni identifica como propias de la magistratura: «El primero es directo, consistente en resolver conflictos en forma legal, equitativa y previsible [...] El segundo servicio es indirecto, pero con clara incidencia sobre la vida cotidiana de los ciudadanos: se trata de garantizar que las otras ramas del poder estatal no violarán —por acción o por omisión— los derechos garantizados por la Constitución».²² El lawfare pervierte ambas funciones, convirtiendo la resolución de conflictos en un arma de destrucción política y la garantía constitucional en un instrumento de persecución.

¿Sería de este libreto del que se nutrió el Tribunal Supremo para condenar al fiscal general del Estado? Puede ser, el tiempo lo dirá. De momento lo cierto es que se confeccionó un traje a la medida para amortajarlo.

¿Sería, así mismo, el libreto que la Sala Tercera del Alto Tribunal empleó para dar salida a su confrontación con la Fiscalía General y, por ende, con el Gobierno y su política de nombramientos, queriendo demostrar un poder político impropio de la recta interpretación que debe regir en los procesos jurisdiccionales? Puede ser, pero lo cierto es que en unos supuestos se percibe que son casos creados ad hominem, y en otros, verdaderos casos construidos de manera artificial y forzada.

La transparencia en democracia es el antídoto de la arbitrariedad en la justicia. No podemos sentirnos tranquilos sin conocer los mecanismos de financiación de las asociaciones profesionales. Tampoco lo estaremos si no se conocen los vínculos políticos o mercantiles de algunas de sus estructuras corporativas. Por eso debemos exigir esa transparencia al Consejo General del Poder Judicial a la hora de identificar los mecanismos complementarios de ingresos de los componentes del poder judicial y del Ministerio Fiscal.²³ En política, todo se puede cuestionar, pero en la justicia todo se debe razonar y argumentar de modo que sea comprensible y genere confianza; de manera que no quede espacio posible para la sugerencia perversa de que la resolución correspondiente se ha cocinado entre bambalinas, ni se alberguen dudas de que la justicia se controla «por la puerta de atrás».

Tenemos la obligación de conseguir que el derecho deje de ser un instrumento de las clases dominantes frente a los más vulnerables, y de evitar que en manos de una determinada élite judicial se torne en instrumento indeseable que puede dar al traste con todos los avances sociales y de convivencia a los que somos acreedores. Como dice Zaffaroni, debe quedar claro que «el derecho es lucha y el actual panorama mundial, regional y nacional, lejos de desanimarnos, debemos valorarlo como el desafío de nuestra hora y a cuya altura se nos exige estar».²⁴

Una crítica generalizada de la Administración de justicia no es válida, pero identificar los déficits y exponer a la luz pública las malas praxis judiciales, como son la dilación y las argucias procesales o el incumplimiento de las garantías del debido proceso, es imprescindible y saludable. De modo que no se den por aludidos quienes cumplen con el sagrado deber de impartir justicia y coadyuvan a que esta se imparta con imparcialidad.

En España ejercen sus funciones 5.500 jueces. En su mayoría son profesionales sin tacha, imparciales e independientes. Los que no actúan así son minoría, pero producen un grave deterioro institucional y siembran la desconfianza en la sociedad. Refería Manuel Altozano la derechización cada vez más notable de la judicatura.²⁵ Explicaba que el 26 de noviembre de 2024 todos los jueces y magistrados fueron convocados a las elecciones de miembros de las salas de gobierno del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los diecisiete tribunales superiores de justicia de ámbito autonómico. «Los resultados fueron muy reveladores: de las 118 plazas en juego, solo dos fueron para candidatos progresistas. El resto las ocuparon las asociaciones más conservadoras y corporativas y menos de una decena, magistrados no asociados.» Añadía: «El panorama es una disonancia entre un poder del Estado no electivo y muy escorado a la derecha y una sociedad que en las últimas elecciones generales dio la mayoría a las formaciones progresistas que hoy sostienen el Gobierno, a cuya política judicial esos colectivos conservadores de jueces y magistrados se oponen por sistema». No puedo estar más de acuerdo.

Por tanto, ¿existe el lawfare, la judicialización de la política o la politización de la justicia con fines espurios? Llegados a este punto hay que afirmar que sí. Hubo lawfare cuando el Tribunal Supremo instruyó una causa por supuesta prevaricación en el caso de los crímenes franquistas, como existió en el caso de los cursos de la Universidad de Nueva York. Y como lo hubo cuando, en el denominado caso Gürtel, se me juzgó en única instancia (los jueces centrales de instrucción son aforados) y se me condenó por haber ordenado la interceptación de las comunicaciones entre algunos abogados y los máximos responsables de la red criminal investigada ante los indicios de que continuaban en la misma dinámica comisiva de un presunto delito de blanqueo.

De más está decir que nuestros tribunales no son muy aficionados a tener en cuenta, al menos a efectos interpretativos, los precedentes de otras jurisdicciones. No sabrían siquiera de la existencia de la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Estados Unidos en el fallo del caso Estados Unidos versus Zolin.²⁶ Esta sentencia estableció que el privilegio de confidencialidad en las comunicaciones abogado-cliente no es absoluto, sino que puede resultar de aplicación la «crime-fraud exception», a tenor de la cual las comunicaciones entre abogado y cliente no están protegidas si hacen referencia potencialmente a la comisión de delitos. Para ello, no se requiere prueba plena de la comisión del delito que se imputa y basta con la existencia de una base fáctica suficiente que permita razonablemente sospechar que el privilegio se invoca para encubrir un delito o un fraude. El abogado, concluyó la Corte Suprema de Estados Unidos, no puede asesorar al cliente sobre cómo cometer delitos de manera que no resulte imputado. Si lo hace, la interceptación de la comunicación está justificada y puede ser usada como prueba de cargo contra el cliente y contra el abogado.

Esta convicción se corrobora con la ausencia de voluntad en la jurisdicción española para reparar los efectos, hasta la fecha, de esa sentencia parcial y arbitraria, en palabras del Comité de Derechos Humanos en su dictamen de julio de 2021. Ni la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ni el Consejo General del Poder Judicial han sido favorables a ello.

Tampoco debemos olvidar que en este desarrollo del lawfare en nuestro país concurren otros actores más o menos secundarios del ámbito político, social e incluso religioso que tienen gran influencia por su obra en el poder judicial. Y, por supuesto, el papel relevante de los medios de comunicación afines a estos actores, que son indispensables para difundir, consolidar y, en su caso, coaccionar a quien no cumpla con el rol establecido para cada uno. Esto, que parece un guion de una película, es pura realidad y tiene consecuencias devastadoras para el Estado de derecho. La seguridad jurídica, principio básico en el sistema democrático, se esfuma y se convierte en la historia de una ilusión desvanecida.

Enfrentarse con el PP no parece ser buena idea, en ninguna época. La pestilencia del lawfare sin duda impregnó la decisión del PP, entonces en el Gobierno, de judicializar el procés ante la incapacidad política de solucionar un conflicto de esa naturaleza; conflicto generado, probablemente, con el asesoramiento del entonces fiscal general del Estado, José Manuel Maza.

La manifestación referida de jueces y fiscales con sus togas y puñetas en contra de una ley de amnistía que aún no se conocía fue la rúbrica de ese apoyo a un gobierno ya cesado tras una moción de censura por su condena en relación con el caso de la corrupción en el PP. Y, pasando de otros asuntos, la sombra del lawfare en el caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado sin pruebas también por la Sala Segunda, ha extendido de nuevo sus alas, sin que las haya plegado todavía.

Aspirantes al poder político

Por tanto, cabe preguntarse si hay jueces que quieren el poder político. El sistema de elección en el Consejo General del Poder Judicial, pese a tener supuestamente el acuerdo del Congreso —lo que debería suponer una garantía de que la voluntad popular incide en los nombramientos—, conduce a esa politización indeseable. Porque, al final, el nombramiento de vocales en este órgano de gobierno de los jueces conduce a un «reparto de cromos» entre partidos que deja fuera de los destinos judiciales a muy buenos profesionales, pero que no están adscritos a ninguna asociación, o que no son de la estima de los conservadores por su progresismo.

El periodista Carlos Elordi escribía en elDiario.es, en relación con el anuncio de Junts de que no votaría a favor en las Cortes las iniciativas presentadas por el Gobierno: «El mayor peligro para Sánchez, lo que podría precipitar un adelanto electoral, está en la ofensiva que contra él y su partido libra un reducido número de jueces, con el apoyo tácito o explícito de buena parte de ese colectivo. Y que, lejos de apaciguarse por la debilidad creciente de los argumentos que manejan esos magistrados, se intensifica cada día por motivos que solo pueden encontrarse en el terreno de la política».²⁷ Abundaba en ello y, en referencia a los casos relacionados con el entorno del presidente, añadía: «El peligro para el PSOE, y por ende para Sumar, proviene de ese terreno. Son los jueces los que van a decidir la suerte de la política española y, por lo que han venido a declarar en el pasado, a más de uno de los magistrados implicados en los citados procesos no le importaría mucho que la izquierda perdiera en ese envite».

Es bien cierto. Lo he dicho públicamente y lo repito aquí: la Sala Segunda del Supremo es el órgano con más poder en España, más que el presidente del Ejecutivo o que el propio Parlamento, y no tiene un sistema de contrapesos, no hay segunda instancia para poder valorar pruebas de un procedimiento. La carga política de sus resoluciones es definitiva. Si no, que se lo pregunten a la magistrada Victoria Rosell, que, con la simple admisión por esta sala —al ser Rosell aforada como diputada en el Congreso por el partido político Podemos— de una querella instrumental presentada en abril de 2016 por el exministro José Manuel Soria, fue relegada de las listas de su formación política en aplicación de su código ético. Finalmente, la causa fue archivada en diciembre del mismo año. La ligereza en la admisión por el Tribunal Supremo supuso un daño irreparable para quien tenía legitimas expectativas de representación popular; expectativas que le fueron sustraídas. O el caso de un diputado del mismo partido, Alberto Rodríguez Rodríguez, que fue condenado por este tribunal en octubre de 2021, perdiendo su escaño, hasta que, casi tres años después, en enero de 2024, el Constitucional estimó su recurso de amparo por considerar que la pena de inhabilitación había sido desproporcionada e ilegal y dejó sin efecto la retirada de su escaño.

Pero también en otras jurisdicciones ha habido casos sangrantes. Por ejemplo, en la Audiencia Nacional y dentro del denominado caso Villarejo, con el punto de mira puesto en Pablo Iglesias en el denominado caso Dina; se elevó una exposición razonada al Supremo contra Iglesias que, en este caso, fue rechazada. También son destacables los casos que han tenido como objetivo a otras militantes de ese partido, como Isa Serra o Irene Montero, con claro sesgo de género; o el denominado caso Neurona Consulting (consultora mexicana contratada por Podemos en 2019), que en julio de 2020 inició su andadura con la participación, como acusación popular, del partido de extrema derecha Vox, concluyendo con el archivo de todas sus piezas por parte de la Audiencia Provincial en octubre de 2024. El daño irreparable, nuevamente, ya estaba consumado.

Lo mismo podría decirse del caso de Mónica Oltra, exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana y exconsellera de Igualdad por el partido Compromís, a quien sacaron de la carrera política por un acto delictivo cometido por su exmarido: el caso fue manufacturado por periodistas de derecha, con el claro objetivo de quitarle a Oltra su credibilidad y criminalizarla frente a la opinión pública en contexto electoral. Ni el fiscal ni el juez de instrucción estaban de acuerdo por ausencia de indicios sólidos, tratándose de una «situación relativamente inusual»; por eso la causa fue cerrada en abril de 2024. En mayo de 2025 fue reabierta y, finalmente, en diciembre de ese año, el juzgado volvió a rechazar la reapertura, pero, de nuevo, la Audiencia Provincial obligó a la jueza a abrir juicio oral, lo que hizo el día 3 de marzo de 2026. El impacto en la carrera política de Oltra y, sobre todo, en su persona y su entorno familiar, ha sido de máxima gravedad. El lawfare sobrevuela, desbocado, la cabeza de esta lideresa.

Sí, en la Justicia española hay un componente de soberbia muy grande que genera desconfianza en la ciudadanía. No de otra forma puede entenderse que más del 60 por ciento de los españoles considere que los jueces no son independientes, y que las interferencias políticas en la justicia estén normalizadas. A esto hay que añadir asociaciones judiciales o fiscales que hacen política de confrontación con el Gobierno. El deterioro es evidente. Reitero que, para mí, esa mezcla de instrumentalización degenera en una guerra jurídica o lawfare de consecuencias imprevisibles.

Los jueces tienen que juzgar con imparcialidad y no entrar en esta dinámica de confrontación política. Tampoco deben sumarse a dinámicas partidistas, como acontece con las supuestas reuniones, más o menos secretas pero, desde luego, no transparentes, de ciertas asociaciones profesionales conservadoras con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo para, al parecer, trazar estrategias y desmontar leyes del Gobierno.

Algún día se estudiará cómo en España los jueces y los fiscales (al menos un sector importante) perdieron la imparcialidad y se situaron fuera de la ley para convertirse en actores políticos, siendo conscientes del poder que ejercen en demérito de la soberanía popular. O cómo han humillado y llevado a una posición de desconfianza y de nula credibilidad a la Justicia española al exponer interesadamente en el extranjero, en la Unión Europea, una imagen irreal de institución agredida y acorralada supuestamente por el Gobierno. Un Gobierno que, por su parte, ha destilado miedo al no ejercer sus funciones ante una ocupación judicial más que evidente y que ha ido haciéndose fuerte, de forma soterrada, en los diferentes espacios.

Llego por tanto a esta reflexión: ¿es esta la Justicia por la que yo me he desvivido durante toda mi carrera profesional? No, desde luego que no. En gran medida, no reconozco como propio este modo de impartir justicia, con múltiples procesos penales instrumentales; con renuncias a actuar con firmeza para evitar la instrumentación de aquella; con apertura de investigaciones absurdas y prospectivas, que se debaten en los platós de televisión y las tertulias radiofónicas; con unos órganos de gobierno anquilosados y enfrentados ideológicamente, sin diálogo constructivo. Más aún, órganos consultivos que responden a filias y fobias dentro de la carrera respectiva; asociaciones de fiscales que ejercen de acusaciones populares; fiscales que asumen roles políticos y no jurídicos; mecanismos de destrucción de iniciativas válidas y ventajosas para la propia función por razones ideológicas; apariciones en redes sociales con insultos a otros actores públicos o políticos, llegando hasta la humillación y el insulto.

A pesar de todo, no puedo dar el partido por perdido, porque ello sería tanto como renunciar a lo que ha sido la lucha constante por una justicia mejor, verdaderamente imparcial e independiente, defensora de las víctimas y de los derechos humanos. Me aterra lo que acontece cuando observo que las nuevas promociones muestran escaso interés por el conocimiento y la defensa de los derechos humanos, mientras exacerban su fascinación por dinámicas sociales y de reconocimiento inmerecido, simples apariencias de lo que representa la verdadera justicia.

No pierdo la esperanza de que las nuevas promociones sean conscientes de que no significan nada el reconocimiento ni el boato que desde determinadas esferas políticas o mediáticas se otorgan a quienes ocupan esos cargos de gran responsabilidad, por cuanto deciden con sus resoluciones la vida y el futuro de millones de personas, sino que ese reconocimiento debe ganarse día a día, sudando la camiseta, cumpliendo con la inmediación, estando abiertos a la sociedad, atendiendo a los justiciables, sin soberbia, sin olvidar que son servidoras y servidores públicos. La humildad en el desarrollo de la función judicial es la que te otorga el carácter de autoridad y debería ser la marca de quienes ejercen la jurisdicción.

Pero volvamos a la pregunta de inicio: hoy por hoy, ¿existe lawfare en España? La respuesta es sí, evidentemente, existe. Es una realidad insoslayable. No porque se niegue va a desaparecer. Solo lo hará cuando realmente pongamos todos los medios para que su desaparición sea una realidad. Mientras que, tal como se observa, antiguos y nuevos protagonistas favorezcan desde sus despachos judiciales a las formaciones políticas de su interés, con un desprecio claro a la independencia y la imparcialidad a las que se comprometieron, el problema seguirá existiendo. Y se agrandará hasta que sea imposible combatirlo. Y, de ahí, se pasará a su justificación y finalmente a su ejecución ilimitada.

Para evitarlo, debemos desenmascarar a los actores que preconizan y apuestan por el lawfare, que, normalmente, son los que niegan su existencia. Las caretas caerán y se perderán los miedos a estas sus todopoderosas señorías, sobre las que, hay que decirlo, sobrevuela la sombra de la prevaricación. Del mismo modo que cada día es más patente que, en cada acción de este calibre, acecha el fascismo con todas sus consecuencias. Ya aconteció en la Alemania nazi y hasta hoy sufrimos sus efectos y estamos en riesgo de resucitarlos. No olvidemos que, en esas épocas pretéritas, tanto en España como en otros países, tales como Alemania, Italia o Francia, por citar solo los europeos, sin el apoyo del poder judicial no hubieran triunfado las ideologías y los regímenes fascistas.

El jurista italiano Luigi Ferrajoli, en entrevista para la revista mexicana Proceso, mantenía la necesidad de la independencia judicial: «Los jueces deben tener la posibilidad e incluso el coraje de emitir sentencias no populares e independientes de los intereses políticos, lo que garantizará el respeto entre el poder judicial y los poderes políticos (ejecutivo y legislativo) con miras a mantener vivos los gobiernos democráticos».²⁸

Pienso que los profesionales de la justicia son auténticos valedores de los principios democráticos y constitucionales, por lo que su comportamiento debe estar alejado de los políticos y de las miserias que, a veces, los rodean. Pero ¡qué difícil les resulta a algunos! Con ello contribuyen al descrédito de la justicia, corrompida precisamente por quienes están obligados a defenderla.

El mal funcionamiento de la Administración de justicia es una fuente de responsabilidades, como también lo es encubrir corporativamente una realidad palpable, especialmente cuando se refiere a quienes administran justicia, porque no solo tienen el deber de decidir, sino también el de convencer. Si el lawfare triunfa, se llevará por delante como un tsunami los derechos que a todos y a todas nos corresponden.

Lawfare en Latinoamérica

El lawfare, desafortunadamente, es un fenómeno en expansión, sin que, hasta este momento, se haya encontrado un remedio eficaz contra él. Para que sirva de botón de muestra, solo recojo algunos casos que siguen vigentes y que, quizá, sean los más relevantes en Latinoamérica, para dar una idea de la expansión del lawfare en esta región.

Argentina

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la líder más importante de la oposición, se encuentra en prisión domiciliaria por la causa Vialidad, con evidentes faltas al debido proceso.²⁹

Sigue vigente, además, la causa Cuadernos, que investiga presuntos sobornos en la obra pública durante el kirchnerismo. Es la causa de lawfare por excelencia. En las elecciones presidenciales argentinas de 2023, la causa Cuadernos reunía 159 imputados, había 899 testigos ofrecidos, se publicitaba como «la investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina». No se grabaron los testimonios de los arrepentidos y fueron tomados como «prueba en sí misma», no como un indicio para buscar pruebas fehacientes. Algunos de los arrepentidos de la causa fueron extorsionados por un falso abogado (D’Alessio), que los amenazaba con implicarlos si no involucraban a Cristina Fernández de Kirchner como autora intelectual. Peritajes realizados por la Superintendencia Federal de la Policía Científica, en una causa paralela, demostraron que los cuadernos habían sido groseramente manipulados, con miles de enmiendas, tachaduras o irregularidades nunca desmentidas en la causa principal. Sin embargo, la causa Cuadernos continúa su curso. Los cuadernos originales al principio no estaban porque se habían quemado; tiempo después «aparecieron» en manos del mismo periodista que había recibido las fotocopias en primera instancia.³⁰

Caso Memorándum con Irán, un expediente que se originó con la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner antes de su muerte en su departamento en enero de 2015 (comienzo de año electoral), por una presunta maniobra de encubrimiento en el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Hasta el día de hoy, las evidencias y los peritajes dan cuenta de un suicidio. Por otra parte, en junio de 2020 se publicó documentación constatando que De Kirchner no intentó encubrir a los iraníes que podrían haber estado implicados en la causa de la AMIA. La Interpol advirtió que el memorándum de entendimiento con Irán hacía explícito que no se abordaría ese asunto sensible, pues no solicitaba ninguna suspensión de las alertas rojas vigentes contra los sospechosos de cometer los atentados.³¹

Además de toda la batería de causas judiciales inventadas contra la líder política de oposición en Argentina, hay que recordar que en el año 2016 se inició la primera causa política de lawfare en Argentina. Fue ejecutada por el presidente de ese momento, Mauricio Macri, y por su Corte Suprema contra la lideresa política y fundadora de la Organización Barrial Túpac Amaru, Milagro Sala, natural de la provincia de Jujuy. Fue perseguida y sigue injustamente encarcelada por ser mujer, por ser líder política de los pueblos originarios en el norte de Argentina y por haberles dado voz a los más humildes de su región.

Chile

Daniel Jadue ha sido uno de los alcaldes más emblemáticos de Recoleta (Santiago de Chile). Ha desarrollado una política progresista y era uno de los posibles candidatos por el sector de la izquierda a la presidencia de la República. Como ocurrió con Marco Enríquez-Ominami, ha sufrido y sufre persecución judicial por razones políticas.

Daniel Jadue, al ser ingresado en prisión preventiva, se vio obligado a dejar la alcaldía de Recoleta tras cuarenta y cinco días de detención por el caso Farmacias Populares, interrumpiendo doce años de gestión con amplio respaldo electoral. En agosto de 2025, la acusación formal llegó apenas dos semanas antes del cierre del padrón electoral del Servicio Electoral, dificultando su eventual candidatura y reforzando su inhabilitación política.

El 9 de enero de 2026, el tribunal rechazó la solicitud de la defensa de Daniel Jadue para ampliar el plazo de reapertura de la investigación en el caso de las «farmacias populares», dando por cerrada la indagatoria y dejando a la Fiscalía Centro Norte en condiciones de presentar la acusación. El fiscal confirmó que se avanzaría hacia un juicio oral, mientras que desde el Centro de Justicia se informó que el Ministerio Público volvería a presentar la acusación, en una causa donde se solicitan dieciocho años y diez meses de presidio.

Perú

El legítimo presidente Pedro Castillo, que asumió su cargo en agosto de 2021, sigue preso por un supuesto «autogolpe». Desde el inicio de su gobierno, el Parlamento le impidió llevar a cabo las medidas de justicia social impulsadas en su campaña. Hubo numerosos pedidos de vacancia. En diciembre de 2021se produjo el primer intento de destitución de Castillo por parte de congresistas. El 28 de marzo de 2022 tuvo lugar el segundo intento. El 11 de octubre de 2022, Patricia Benavides, fiscal general de la Nación, presentó una denuncia constitucional contra el presidente Castillo por liderar una presunta organización criminal, por tráfico de influencias y por colusión agravada. En diciembre de 2022 se votó la moción de vacancia presidencial, que obtuvo los votos necesarios para convocar al presidente Castillo a ejercer su defensa para el día 7 de diciembre de ese mismo año. Este día, el Congreso tenía previsto debatir, por tercera vez, la posibilidad de destituir al presidente Castillo.

Vista la situación, el presidente disolvió el Congreso y declaró el estado de emergencia. Ante la oposición de integrantes de su propio gobierno, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el poder judicial y, en particular, el Tribunal Constitucional, además del poder legislativo, no llegó a entrar en vigor. Fue detenido por las fuerzas policiales antes de ser legalmente destituido.³² Su familia tuvo que huir del país. Su detención preventiva fue, por supuesto, delito de rebelión o de conspiración. Nunca se levantó en armas ni hubo pruebas de conspiración. El exmagistrado Raúl Zaffaroni y al abogado Guido Leonardo Croxatto argumentan que se trata no solo de un caso de lawfare, sino de lawfare agravado por clasismo y racismo.³³ A finales de noviembre de 2025, Castillo fue condenado a once años y medio de prisión por los cargos imputados.

Su ex primera ministra, Betssy Chávez, fue sometida a prisión preventiva arbitraria en junio de 2023, acusada de rebelión y conspiración junto con Pedro Castillo. En diciembre de 2024, la prisión preventiva fue ampliada, nuevamente, sin fundamento. Después de ser liberada y debido a las continuas amenazas, pidió refugio en la embajada de México en Lima. Aún está a la espera de que le habiliten un salvoconducto.

A los pocos días de asumir la presidencia de forma ilegítima e ilegal, Dina Boluarte declaró el estado de excepción a nivel nacional por un periodo de treinta días, imponiendo un férreo régimen policial para reprimir las protestas que tenían lugar en todo el país contra la destitución de Castillo. En enero de 2023 se reanudaron las protestas, principalmente en el sur, para reclamar la reincorporación de Castillo. En la capital, desde el 19 de enero y durante tres días, se organizó la «Toma de Lima», hasta que las fuerzas militares irrumpieron en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y detuvieron de manera ilegal a decenas de estudiantes, docentes y manifestantes. Meses después se realizó la segunda «Toma», con movilizaciones que se extendieron hasta el mes de julio. El resultado de la represión fue brutal: cuarenta y nueve personas murieron por armas de fuego y hubo más de mil heridos y detenidos sin proceso.³⁴

El expresidente Vizcarra fue detenido y puesto en prisión preventiva en agosto de 2025. Es llamativa la cifra de cinco expresidentes presos. La judicialización de la política en Perú avanza. La estructura económica no se ha tocado, se trata de una economía estable. La corrupción es responsabilidad de los políticos, y en la política, aparentemente, las empresas no estarían involucradas. Las instituciones y la democracia en el país andino, a día de hoy, carecen de legitimidad. A las siguientes elecciones presidenciales se presentaron treinta y seis candidatos. El elegido fue José María Balcázar, quien se veía abocado a un juicio a pocos meses de su designación. La acusación se refería a un presunto delito de apropiación ilícita durante su gestión como decano del Colegio de Abogados, en la región de Lambayeque. Todavía más: Balcázar está imputado en trece carpetas fiscales que van desde presuntos delitos de abuso de autoridad hasta intercambio de favores con exfiscales de la nación. En 2011, Balcázar fue expulsado del poder judicial por «no cumplir con los estándares» para seguir desempeñándose como juez superior.³⁵

Bolivia

A partir del golpe de Estado de 2020 se reactivaron las estrategias de persecución política bajo la tipología de «narcoterrorismo» contra los dirigentes del MAS (Movimiento al Socialismo), en particular contra el expresidente Evo Morales. Con el regreso del MAS al Gobierno, esa persecución siguió activa desde el poder judicial: siete causas abiertas o reabiertas en tres semanas, entre septiembre y octubre de 2024, y simultaneadas con la difamación y criminalización en medios de comunicación, y con la intervención del Consejo Nacional Electoral en el proceso de elección democrática de representantes del MAS para candidatos a la presidencia (a partir de anular los resultados de la Asamblea del MAS en octubre de 2023).³⁶

El 21 de octubre de 2025, el Ministerio Público presentó la acusación formal contra el expresidente por el delito de trata agravada de personas, lo que significaba que el juez del proceso debía señalar una fecha para iniciar el juicio en su contra.

Evo Morales, el candidato con mayor presencia en las encuestas, además de ser inhabilitado políticamente, sufrió un atentado contra su vida en octubre de 2024, en un contexto de violencia que caracterizó el escenario de las elecciones de 2025. Con el triunfo de la derecha, la persecución política por la vía judicial se agravó. El fiscal general del Estado, Roger Rider Mariaca, informó el 7 de febrero de 2026 de que el Tribunal de Sentencia debería notificar a las partes y fijar la fecha para el inicio del proceso. Seguía vigente la orden de aprehensión contra el exmandatario.

El expresidente de Bolivia, Luis Arce, está acusado de los delitos de enriquecimiento ilícito, resoluciones contrarias a la ley, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y conducta antieconómica. Fue detenido el 10 de diciembre de 2025 en La Paz y trasladado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

La Fiscalía General del Estado pidió tres meses de detención preventiva por la presunta malversación de fondos que habrían sido transferidos a sus cuentas personales para proyectos que nunca se ejecutaron o que quedaron inconclusos entre 2009 y 2015, cuando Arce encabezaba el Ministerio de Economía y era parte del Directorio del Fondo. Está en la cárcel de San Pedro.

Colombia

La persecución contra los sectores progresistas se ha llevado a cabo también por la vía judicial. Lo más reciente: a inicios de febrero de 2026, el Consejo Nacional Electoral impidió la postulación de Iván Cepeda como candidato en primarias interpartidarias, quitándole legitimidad y debilitando su candidatura. Hay antecedentes. El 8 de octubre de 2024, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia, con siete votos a favor y dos en contra, decidió dar curso a la investigación y presentar cargos contra el presidente de la República por el financiamiento de la campaña de 2022, «Petro Presidente». El objetivo era iniciar un impeachment. La Corte Constitucional anuló la decisión del Consejo Nacional Electoral para investigar directamente al presidente, pero el CNE siguió insistiendo. La persecución también se extendió a su círculo cercano, con un papel protagónico de la Fiscalía General de la Nación. Las principales causas se han asociado a financiamiento ilegal de la campaña electoral aparentemente vinculada con narcotraficantes. Las pruebas siempre han sido débiles y han estado acompañadas por una campaña de criminalización mediática sistemática, supuestos «arrepentidos» y chats de WhatsApp.³⁷

El 24 de octubre de 2025, el secretario del Tesoro incluyó a Gustavo Petro, a su esposa, Verónica Alcocer, a su hijo, Nicolás Petro, y a su ministro del Interior, Armando Benedetti, en la lista de ciudadanos especialmente designados de la Oficina de Control de Activos Especiales (OFAC), utilizando la etiqueta «Designaciones Antinarcóticos».

Ecuador

El caso ecuatoriano es paradigmático de lo que Zaffaroni ha denunciado como el uso del derecho penal para la persecución política. En su análisis del caso Sobornos contra Rafael Correa, Zaffaroni señala: «El dislate de esta sentencia no tiene parangón en los anales del derecho comparado ni en el fondo ni en la forma, amén de haber violentado las reglas mínimas del debido proceso».³⁸ Como veremos, este patrón se ha reproducido sistemáticamente en Ecuador.

El 12 de febrero de 2026 apresaron de forma preventiva al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, una de las voces más claras de oposición al gobierno de turno de Daniel Noboa. El hecho ocurrió en el marco de una investigación penal por supuestos delitos de delincuencia organizada, blanqueo de capitales y evasión fiscal. No se trata en absoluto de un caso aislado, sino que forma parte de una sistemática persecución política por la vía judicial al progresismo en Ecuador.³⁹ En efecto, el 28 de enero de 2026, la Fiscalía General del Estado ejecutó también un allanamiento de la casa de la excandidata a presidenta, Luisa González, en el marco del denominado caso Caja Chica, una investigación sobre financiamiento de la campaña presidencial del correísmo durante las elecciones extraordinarias de 2023, presunto lavado de activos y dinero proveniente, supuestamente, de Venezuela.

En agosto de 2025, el presidente Noboa aseguró que existiría un «informe de inteligencia de Estados Unidos» que probaría que Venezuela financió la campaña de González. Ese informe nunca fue hecho público. Ese mismo día allanaron la vivienda del asambleísta Patricio Chávez en el marco de una investigación previa basada en una denuncia con reserva de identidad. En esta investigación constan como «investigados» Rafael Correa, Andrés Arauz y Luisa González, entre otros actores políticos.

Tampoco hay que olvidar el caso del exvicepresidente Jorge Glas, secuestrado de la embajada de México en Quito, en una causa en la que el debido proceso está ausente y con quebrantamiento flagrante de normas de derecho internacional (violación de la Convención de Viena), demorando su ingreso en un hospital. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó el 1 de julio de 2025 a la Corte Interamericana medidas provisionales a favor de Jorge David Glas Espinel en Ecuador, tras considerar que se encuentra en una situación de extrema gravedad y de urgencia, con un daño irreparable a sus derechos a la vida, a la integridad personal y la salud.⁴⁰ Esta decisión está siendo incumplida por Ecuador y con ello se pone en grave riesgo a la víctima. Por su parte, el expresidente Rafael Correa está proscrito de la política. La persecución por vía judicial en Ecuador es algo que se ha normalizado y se refleja en la apertura de cientos de causas, exilios que debilitan gravemente las instituciones del Estado, contra líderes de derechos humanos, abogados, fiscales, periodistas y miembros de la oposición, que ejemplifican la persecución política a través de la utilización de la justicia.⁴¹

El caso Sobornos es otro de los paradigmáticos de persecución judicial con fines políticos, centrado en el expresidente de Ecuador Rafael Correa, asilado políticamente en Bélgica y al que se condenó en ausencia por una supuesta participación intelectual por «influjo psíquico». No hay, en la historia del derecho comparado, una sentencia que se asemeje a esta, ni en el fin ni en los medios. El caso Sobornos ha dinamitado las reglas más elementales del proceso judicial. Y ha servido, en unión de otros, para la persecución política de la Revolución Ciudadana,⁴² que fue suspendida el 6 de marzo de 2026 por el Tribunal Contencioso Electoral por supuesto de un inverosímil blanqueo de dinero en la campaña electoral de 2023. Además, varios de sus líderes han sido encarcelados o encausados con la clara finalidad de evitar que se presentaran a las próximas elecciones. Planea sobre todo este entramado político judicial la sombra del actual presidente, Daniel Noboa.

Brasil

En Brasil, el caso Lava Jato, iniciado en 2014, llevó a su máxima expresión el lawfare como instrumento para acabar con el liderazgo del Partido de los Trabajadores y, en especial, con su máximo representante, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La instrucción por el juez federal de Curitiba, Sergio Moro, confabulado con varios fiscales, y con ayuda de la policía y de los servicios estadounidenses, dio como resultado el encarcelamiento de aquel y la imposibilidad de presentarse a las elecciones de 2016, en las que ganó la presidencia el posfascista Jair Bolsonaro.

En 2021 el Supremo Tribunal Federal declaró que la actuación del juez había sido parcial y anuló las condenas. El premio a esta torticera actuación fue el cargo de ministro de Justicia que le otorgó Bolsonaro, y, después, como suele ocurrir, rompieron relaciones. Posteriormente acontecieron nuevos hechos que demostraron de qué estaban hechos estos personajes. Uno de ellos intentó golpes de Estado; otro se refugió en la inmunidad como senador. Por parte de Lula, resultó elegido de nuevo presidente de la Republica.

Venezuela

La República Bolivariana de Venezuela es el ejemplo clásico del campo de acción de Estados Unidos y del lawfare internacional.

Al margen del impacto de las sanciones económicas contra Venezuela, el día 3 de enero de 2026 vivimos uno de los acontecimientos más graves contra los derechos humanos y contra el sistema internacional de derecho, incluido en la Carta de San Francisco que dio vida a Naciones Unidas y a varias de las convenciones internacionales que regulan la convivencia pacífica en el mundo.

Estados Unidos, usando una fuerza letal militar, invadió el territorio venezolano y detuvo al presidente Nicolas Maduro y a la primera combatiente, Cilia Flores. El resultado fue la muerte violenta de ciento tres personas, el traslado de ambos a territorio estadounidense y su encarcelamiento por supuestos delitos de narcotráfico y terrorismo.

La operación se justificó por las acusaciones penales emitidas por la Justicia Federal del Distrito Sur de Nueva York y como un asunto de «aplicación de la ley» y de defensa propia frente al «narcoterrorismo», despojándola deliberadamente de su auténtico carácter de acto de guerra y de violación flagrante del derecho internacional.

En este caso, las imputaciones han sido no solo inverosímiles —aludiendo a un denominado Cartel de los Soles, inexistente, como después ha sido reconocido por las propias autoridades estadounidenses—, sino intrascendentes para la envergadura de la agresión. Un ataque que ha desconocido principios tan esenciales como el de la inmunidad soberana de los jefes de Estado, proclamada en el artículo 2 de la citada Carta de San Francisco de 1945, el de la integridad territorial de los Estados, la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza, la solución pacífica de controversias, la autodeterminación de los pueblos y la no intervención en asuntos internos de otro país.⁴³

Las medidas coercitivas unilaterales, conocidas también como «sanciones», constituyen el pilar económico del lawfare aplicado contra Venezuela en la última década, funcionando como un mecanismo estructural de castigo colectivo, asfixia financiera y disciplinamiento político. Hasta enero de 2025, Venezuela contaba con 1 .026 sanciones unilaterales y otras medidas de coerción y castigo por parte de Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y el Reino Unido. Bajo la administración Trump, el régimen sancionatorio alcanzó una escala sin precedentes, acumulando 1. 081 medidas coercitivas unilaterales en diciembre de 2025 e intensificándose mediante nuevas sanciones orientadas al sector petrolero, el comercio exterior, el transporte aéreo y la persecución de la migración venezolana.⁴⁴ Todo esto en un contexto de escalada militar a partir del 2 de septiembre, escenificado en el cerco militar en el mar Caribe y que ha dado como resultado más de cien ejecuciones extrajudiciales.⁴⁵

4

Memoria, franquismo y dignidad

El odio es el combustible que alimenta a las derechas en todo el mundo, antes y ahora.

BALTASAR GARZÓN y MATÍAS BAILONE,
«La hoguera infinita (historia de un odio visceral)»

Siempre tengo presente la frase que popularmente se atribuye a Mark Twain: «La historia no se repite, pero a menudo rima», porque efectivamente nunca se viven los mismos hechos en tiempos diferentes, pero la experiencia nos advierte que debemos aprender las lecciones del pasado para no repetir los mismos errores en el futuro. Los detalles, las circunstancias y las personas cambian con la historia, pero, generalmente, la esencia de los acontecimientos queda en la memoria colectiva y nos muestra realidades similares que podemos afrontar con lo que hemos aprendido de ellos. Al menos, así debería ser.

Hasta hace algunas décadas sabíamos que un golpe de Estado era una acción violenta que ponía fin a periodos de libertad y de democracia, en algunos casos de manera agónica y en otros de manera más veloz. Ahora somos conscientes de que la democracia puede ser socavada de manera lenta y paulatina, de una manera más sibilina, apenas perceptible, pero sostenida en el tiempo e igualmente eficaz a través de los denominados «golpes blandos» o palaciegos, en los que determinadas élites se apropian del poder con la ayuda inestimable de determinados actores institucionales, financieros, mediáticos o judiciales, y no necesariamente militares ni violentos.

Hoy se percibe un verdadero refinamiento antidemocrático que recorre el planeta como una tormenta. La democracia se encuentra en un periodo en el que no deja de empequeñecerse, incluso en países europeos con sólidas tradiciones democráticas, hasta el punto de que ya se perfila una «nueva normalidad» que defiende estructuras de poder que atacan nuestra humanidad común. Esta crisis de las instituciones democráticas pone en peligro el porvenir de nuestro modelo de convivencia.

La ultraderecha avanza y el posfascismo se publicita sin rubor a través del culto a la tradición más arcaica, el rechazo a la modernidad y al progresismo. La cultura se califica como la gran sospechosa; el miedo a lo diferente se adueña de la situación; los nacionalismos se exacerban, y la xenofobia y el machismo, trufados de populismo extremo, consolidan posiciones para eliminar o restringir, según pueda, los avances sociales.

El discurso del odio, fundamentado en el género, la etnia, la creencia religiosa, la orientación sexual u otros atributos, provoca y fomenta la discriminación, las divisiones y la violencia. La polarización se convierte en un signo de identidad de estas políticas, cuyo objetivo final es el debilitamiento y, en su caso, la destrucción de la democracia desde dentro. Para ello, niegan los derechos y la dignidad de grupos de seres humanos y se valen de la colaboración inestimable de los sistemas judiciales a través de la práctica del lawfare.

La propagación de desinformación aniquila la habilidad para tomar decisiones libres e informadas. La retórica acalorada y las soluciones simplistas suprimen el contexto, los matices y la empatía, y abren la vía a la confrontación y la aniquilación del contrario, por el mero hecho de serlo, a la vez que lo transforma en enemigo u obstáculo que hay que eliminar.

Lo más preocupante es que la impunidad y las constantes injusticias no solo debilitan los valores fundamentales de la humanidad, sino que impulsan a la juventud, por un lado, a concepciones extremistas, lo que fomenta nuevos ciclos de devastación y sufrimiento. Por el otro, llevan a la indiferencia, un estado donde la línea entre la luz y la oscuridad, la crueldad y la compasión, se vuelve borrosa y hace que el ser humano se vuelva inhumano.

En fin, este guion resulta familiar. Sin embargo, este no puede ser el mundo que queremos. Frente a esta situación sumamente peligrosa, al borde al abismo, se necesitan respuestas potentes. Ahora es el momento de confrontar esta deriva antidemocrática. Ante el auge y la afirmación de los populismos antieuropeístas, los extremismos y el alejamiento, resulta esencial revalidar el compromiso con los valores fundamentales.

Necesitamos un cambio que consolide la resiliencia y favorezca las contribuciones valiosas de cada miembro de la sociedad, en particular de la generación más grande de jóvenes en la historia. De hecho, si en 2026 contamos con mil ochocientos millones de jóvenes en el mundo de entre diez y veinticuatro años, se prevé que para 2030 la cifra en horquilla ascienda hasta los dos mil millones.¹

Por ello, debemos armarnos con la pedagogía y la educación.

«Pocas veces ha sido tan importante la educación en derechos humanos como en este momento de la historia.» Lo ha comentado Volker Türk, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, durante un discurso reciente con motivo del 75.º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos.²

Para hacer realidad la inclusión y la participación, prevenir los conflictos y promover valores como la solidaridad y la empatía es necesario sacar a la luz la verdad, poner en un lugar preeminente a la memoria y luchar contra la impunidad y la intolerancia. En definitiva, debemos ser conscientes de los valores que compartimos para nutrir un pensamiento crítico que propicie una participación amplia y libre en debates abiertos para encontrar soluciones. De esta forma, impulsaremos una ciudadanía activa, vigilante, que quiere participar en la toma de decisiones de la sociedad.

El famoso pedagogo y filósofo John Dewey decía que «la democracia tiene que nacer de nuevo en cada generación y la educación es su comadrona».³ Sin embargo, la educación como comadrona de la democracia solo tendrá éxito si está dotada y es transmisora de la memoria.

Es sabido que la memoria ocupa un lugar destacado en la educación en derechos humanos debido a su poder transformador. Como bien subrayaba el filósofo francés de origen argelino Jacques Derrida: «Habitar el presente es asumir la responsabilidad de articular el pasado con el porvenir, reuniendo generaciones en el acto mismo de la herencia. La herencia nunca es algo dado, es siempre una tarea».⁴

Además de favorecer una reflexión acerca de los modos en que pasado, presente y futuro se entrelazan, la memoria también permite promover un aprendizaje de la convivencia política desde el sentido y el cuidado del otro, y motivar el coraje y la lucha por los valores fundamentales para la humanidad. De esta forma, la memoria fortalece el compromiso hacia la construcción de sociedades democráticas más sólidas que impidan la discriminación y la exclusión. Con esto se reducen significativamente las posibilidades de generar situaciones en las que se vulneren los derechos humanos.

La memoria, hoy más que nunca, es necesaria frente a los acontecimientos sin precedentes que anestesian el entusiasmo por la paz y la democracia. Para ello, resulta básico provocar el relevo y pasar el testigo a las generaciones jóvenes para que lideren el proceso de recuperación, preservación y promoción de la memoria democrática y sus valores. Las generaciones nacidas en democracia necesitan disponer de herramientas que mejoren su conocimiento sobre los acontecimientos pasados y la participación e implicación en la recuperación de una memoria democrática colectiva. Solamente impulsando un aprendizaje cooperativo en el que se sientan parte activa, la juventud puede llegar a ser protagonista del proceso de construcción de su propia identidad democrática europea.

En resumen, hoy más que nunca, debemos recurrir a la memoria como antídoto a las amenazas del espectro antidemocrático. Se trata de que podamos alcanzar una conciencia social sobre la realidad que habitamos.

Juventud vulnerable

En España, los síntomas de impunidad se van extendiendo como una mancha de aceite hasta impregnar un sector muy sensible: la juventud. El barómetro de octubre de 2025 del CIS señalaba que un 19 por ciento de los jóvenes de nuestro país considera que los años del franquismo fueron «buenos o muy buenos».⁵ Esa cifra asciende según el CIS al 21,3 por ciento si hablamos de españoles en general. El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza Julián Casanova opinaba en una entrevista en el Faro de Vigo que en los últimos años tanto en nuestro país como en otros lugares del mundo hay gente que ha señalado a «estos tiranos (y Franco lo era) como modernizadores; y han tratado de convencer de que esa tiranía no era tal, que eso era un invento, sino que funcionaron y ayudaron a las clases populares».⁶ El experto alertaba: «Han vendido y han manipulado para dar esa otra imagen de los tiranos y eso cuando ha llegado la ultraderecha en todo el mundo, porque está pasando en Estados Unidos, en España, en Italia, Holanda, etcétera, ese fenómeno ha saltado por los aires y nos hemos encontrado con unos jóvenes en los que creíamos que la educación era lo fundamental, pero resulta que esos jóvenes no dependen solo de lo que les explican en los institutos, sino de las redes sociales, de populistas... Y por ahí van las cosas».

Las redes son sin duda la base de esta atracción hacia el fascismo. Leía en infoLibre que los expertos advierten de que la extrema derecha ha conseguido adaptar la imagen del franquismo a los códigos juveniles y diluir su dimensión autoritaria. Y más aún, que los algoritmos de las redes sociales amplifican los mensajes de apología del franquismo que terminan circulando como si fuera entretenimiento inocuo. La camisa azul ha quedado obsoleta por innecesaria. Afirma el autor del reportaje: «Los agitadores ultras apelan a una falsa neutralidad, se presentan como “periodistas libres” y se autoproclaman defensores de la nación».⁷ Agitadores como Vito Quiles, Isaac Parejo (InfoVlogger) o Bertrand Ndongo son un claro ejemplo de estas estrategias discursivas.

«En paralelo, la asociación Núcleo Nacional —un grupo que une falangistas, franquistas y neonazis bajo estética paramilitar— ha logrado trasladar sus actividades al entorno digital, captando jóvenes y multiplicando su presencia online. También ellos han entendido que la argumentación explícita tiene menos recorrido y recurren al ideario ultranacionalista, la exaltación de la “familia tradicional” o la demonización de la inmigración, traducidos al lenguaje de las redes». Revela este reportaje cómo Franco aparece con música de moda o filtros luminosos y las banderas franquistas resultan una decoración pop. Fuera agresividad, es una adaptación a un mundo cool (atractivo, deseable) que sus seguidores aprecian y agradecen. Una manera persuasiva de difundir un mensaje peligroso y gravemente antidemocrático.

La realidad

Frente a tales frivolidades, los que lo hemos vivido sabemos bien que, tras la muerte de Franco, la ultraderecha se encargó de ensangrentar la vida cotidiana, mientras pretendíamos establecer una democracia y una constitución. Los años de la Transición están plagados de asesinatos de grupos ultraderechistas franquistas que no querían que se acabaran los privilegios, y del negocio por la venta de niños robados que, iniciado en la posguerra, continuó hasta bien entrados los ochenta y aún no sabemos dónde se encuentran.

Durante todos estos años, esos grupos o los que les han sucedido, y aquellas personas añorantes de la dictadura, han mantenido el espíritu de Franco en la intención de retornarlo. Pensábamos que eran nostálgicos sin más fundamento. Creíamos que celebraban sus cenas y sus comidas de conmemoración como viejos conmilitones rememorando sus buenos tiempos, pero resulta que no. Resulta que al calor del PP y con el apoyo de la ultraderecha internacional, se han formado en las artes oscuras del ciberespacio y plagan de bulos y mentiras las redes sociales.

Ya no buscan su electorado entre los estratos de población menos informados, sino que, con una estrategia bien orientada, apuntan a los nuevos votantes. Hace ahora siete años me impactó el conocimiento de que, en las aulas de Ciencias Políticas de universidades públicas, hubiera un alto porcentaje de estudiantes que simpatizaban con Vox. Entiendo ahora que estaban haciendo cantera para futuras necesidades.

Vemos ahora cómo resurge la rebeldía de Vox y PP con el despliegue de todo tipo de maniobras para agredir la memoria. Lo hacen cuando se muestran reticentes a eliminar los símbolos, cuando intentan desarticular la ley en las comunidades autónomas y, más lejos aún, cuando agreden físicamente las sedes del PSOE.

En esta tesitura, rechazan la resignificación de Cuelgamuros, el empoderamiento de las víctimas y la exigencia a la Justicia para que actúe en el sentido proactivo que marca la Ley de Memoria Democrática.⁸

La obligación de los demócratas es, más que nunca, realizar la pedagogía necesaria para que los más jóvenes sepan confrontar con el lado oscuro de las redes de tendencia fascista. Y recordar siempre que el ingrediente de la libertad y la democracia no es la impunidad, sino que son la verdad, la justicia, la memoria y la reparación. La libertad se consolida con las garantías de no repetición.

Las nuevas generaciones

Como ya imaginarán por lo que acabo de contarles, la salud de la democracia depende, en gran parte, de estos jóvenes. Como ya se ha dicho, actualmente habitan en el planeta mil ochocientos millones, la cifra más alta desde que se tienen registros. En España la juventud supone el 21,5 por ciento del total de población.

La Estrategia de Naciones Unidas para la Juventud de 2030 establece que para alcanzar cambios relevantes en nuestras sociedades es crucial implicar a las nuevas generaciones. En la misma línea, a nivel nacional, el Instituto de la Juventud (INJUVE) en la Estrategia de Juventud 2022-2030 apunta a asentar las bases para un nuevo contrato social con la juventud.⁹

Estamos viviendo un cambio de paradigma en la manera en la que la sociedad adulta observa el papel de los jóvenes: de considerarlos como meros «adultos en espera» a entender su papel como elementos activos del cambio social.

Para que esto llegue a ser realidad, es necesario, por un lado, reforzar la comunicación interactiva con ellos, y por otro lado promover su educación en democracia para que el mayor conocimiento y práctica de este valor se convierta en una amplia participación cívica. En este sentido, hablar de memoria es hablar de democracia, de paz, de los valores que nos unen como ciudadanía española, europea y universal.

Tengo claro que la memoria democrática es un derecho fundamental de las generaciones presentes y futuras. Al fin y al cabo, la manera que tenemos de abordar el pasado condiciona el presente y orienta el futuro.

La promoción de la enseñanza del pasado y de los valores democráticos invita a reflexionar, a debatir, a formular preguntas y a posicionarse frente a las realidades, además de constituir un aporte fundamental para la formación de ciudadanos y ciudadanas activos que se sienten parte del pasado común. La Resolución del Parlamento Europeo de 2019 sobre la importancia de la memoria democrática europea para el futuro del continente insta a los Estados europeos a prestar apoyo efectivo a aquellos proyectos que, entre los más jóvenes, fomentan la resiliencia ante las amenazas modernas que se ciernen sobre la democracia.¹⁰

Esta tarea se vuelve aún más necesaria en un presente lleno de acontecimientos sin precedentes que anestesian aún más el entusiasmo por la paz y la democracia. Ante el auge de los populismos antieuropeístas, y los extremismos que fomentan la intolerancia y el odio (como el nuevo fascismo o el posfascismo), es preciso revalidar el compromiso con la memoria democrática como condición esencial para fomentar formas de ciudadanía abiertas, inclusivas y plurales capaces de desactivar las derivas totalitarias.

Ante este panorama, el relevo generacional es necesario. Son las generaciones jóvenes las que deberían liderar el proceso de recuperación, preservación y promoción de la memoria democrática y de los valores democráticos.

Un aprendizaje cooperativo en pleno auge de la ultraderecha no es cosa sencilla, y requiere cumplir con dos exigencias fundamentales: comprender para no repetir y difundir para no olvidar.

La diversidad de planteamientos e incluso las posturas encontradas en torno a la memoria no deben ser obstáculos para hallar puntos de encuentro por encima de ideologías, siempre que se defina un verdadero compromiso e interés por la memoria colectiva de un país que siempre ha quedado en los recuerdos familiares.

Uno de los principales obstáculos para la consolidación de ese interés por la memoria ha sido la «apropiación» de la misma por parte de las víctimas, como no podía ser de otra forma, y la inhibición de las instituciones que, durante muchas décadas, no han considerado a la memoria como un instrumento de cohesión, sino como un argumento político de confrontación.

En España, aún no se ha superado, se diga lo que se diga, la dicotomía producida por la dictadura entre «rojos y azules». Para los segundos, los primeros somos la peste, aquello que no debe prevalecer en ningún caso porque somos contrarios, según ellos, a los principios buenos y tradicionales de un país que, para ir bien, debe ser conservador. «Remover» el pasado, dicen, solo sirve para abrir viejas heridas y buscar la confrontación.

Aunque haya algo de verdad en ello, hay una diferencia fundamental entre víctimas y victimarios, y entre aquellas y quienes, nostálgicamente, siguen anclados en unos principios opuestos a una convivencia democrática. Yo jamás he visto, en mi experiencia como juez y como abogado implicado en la lucha por la memoria y la defensa de los derechos humanos, que las víctimas hayan demostrado ánimo de venganza alguno, cosa que sí se aprecia en aquellos que niegan la memoria por motivos ideológicos o porque siguen considerando que España es suya y los demás somos impostores.

Apropiación de la patria

Recuerdo que, en mayo de 2025, con ocasión de una conferencia sobre memoria democrática que dimos en un centro educativo de El Rincón de la Victoria, Dolores Delgado y yo paseábamos por la mañana antes de marchar de vuelta hacia la estación María Zambrano de la capital malagueña. En esas estábamos cuando un chico joven nos abordó de forma sorpresiva y, colocándose delante de nosotros con una cámara de móvil a veinte centímetros de nuestros rostros, nos espetó: «¡Rojos! ¡Traidores a la patria!». «¿A qué patria?», le pregunté yo. Se marchó tan rápido como había llegado.

Poco tiempo después, unos minutos apenas, uno de los profesores que nos habían invitado nos mandó unas imágenes que estaban en las redes en las que se reproducía el episodio «debidamente editado» con un pie de página que indicaba que paseábamos «impunemente» a la vez que alentaba a sus «ardillas» a que fueran a por nosotros. Por lo visto pertenecía al partido político Se Acabó la Fiesta.

A esta anécdota podría añadir otras en las que han increpado a Dolores tachándola de roja y traidora en plena calle por trabajar en favor de la memoria, o a mí, colocándome cruces gamadas en la puerta de casa, señalando nuestro domicilio, sin ningún límite ni pudor. Se sienten crecidos, conscientes de que no van a tener una repuesta violenta por nuestra parte, como tampoco habrá una respuesta institucional. Ello da idea del avance y la seguridad que tienen en la agresión, por ejemplo, cercando la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, quemando la sede del PSOE en Santander, o incumpliendo lisa y llanamente la Ley de Memoria Democrática y Derechos Humanos. No contentos con todo esto, también hacen gala de ello, como cuando se negaron a retirar la medalla de oro de la ciudad al dictador Franco en Alcantarilla (Murcia), porque para el PP, con mayoría absoluta con apoyo de Vox, esa medalla «no supone exaltación o enaltecimiento de la dictadura». Es decir, deciden no cumplir la ley y situarse fuera de la legalidad. Esa es la idea de democracia que detentan quienes se llaman representantes populares.

En España, tenemos un grave problema con la superación de la dictadura porque hay un segmento importante de la población que aún añora aquel régimen fascista. Esto nos lastra como demócratas. Despreciar la ley (y a las víctimas de la dictadura) explica muy a las claras que su voluntad es entenderla como un patrimonio indeleble, «una unidad de espíritu para la eternidad». Es ejemplo de cómo se apropian la nación y excluyen a los que piensan diferente. Esto explica que antes se mostraran en contra de una legislación que amparara los derechos de las víctimas y la memoria; ahora que existe la norma, se declaran en rebeldía para su cumplimiento, haciendo ostentación de ello en parlamentos autonómicos, ayuntamientos o en las propias Cortes.

¿Qué es lo que nos pasa? ¿Tan difícil es aceptar que el franquismo nos privó de casi cuarenta años de convivencia democrática, al contrario de lo que sucedió en Europa tras la Segunda Guerra Mundial? ¿Hasta cuándo vamos a negar el mérito de la Segunda República que, con todos sus defectos, se caracterizó por el avance en la protección de derechos y los progresos hacia la igualdad, así como por un sistema más equilibrado que buscaba el bienestar de la población?

Que España fuera reconocida en el concierto de naciones más de una década después del final de la guerra no se debió a que fuera un sistema democrático, sino a los intereses políticos y económicos del resto. Exactamente igual ocurre ahora y se mantienen relaciones diplomáticas y comerciales con sistemas autoritarios o autocráticos y seguimos adelante.

Para revertir ese discurso tan nocivo del segmento posfascista, debemos pasar a la acción y confrontarlos dialécticamente, no dejarles el espacio en la calle, porque es ahí donde quieren estar, y la calle no es de su propiedad. Las redes sociales son el hábitat natural de esas organizaciones que se nutren del odio, el bulo y el engaño. La confrontación debe hacerse con la verdad, con argumentos comprensibles, con la pedagogía que demuestre las falacias del negacionismo o del terraplanismo que postulan estos mercachifles de la manipulación ideológica.

Trabajar en este sentido no es fácil. Defender la verdad nunca es la postura más sencilla, porque a veces supone reconocer los errores y rectificar el camino, pero es la más gratificante: pensar y razonar siempre cuesta más trabajo que vegetar en la mentira. Supone también proactividad. Para sumar, hay que movilizarse y no instalarse en la pasividad del sillón. Es avanzar y sentir la necesidad de hacerlo a través de ejemplos de vida.

Todo ello ha de hacerse, además, sin saltarnos generaciones: desde la silenciosa, los baby boomers (a la que pertenezco) y la generación X, pero centrándonos en los millennials, de la que son mis tres hijos, la Z, a la que pertenece mi nieta Aurora, la Alfa, de la que son mi nieto Héctor y mi nieta Mai, y la Beta, que es la de mi nieta Jara.

El aprendizaje debe ser transversal: la represión de la mujer, las desapariciones forzadas, el trabajo esclavo, las deportaciones y el exilio, las personas represaliadas, la retirada de simbología franquista, la importancia de la paz y la educación en la memoria, la labor de la justicia, la búsqueda de la verdad... Para ello, debemos «memorizarnos». Es decir, debemos coleccionar historias individuales y datos de las víctimas, testigos y supervivientes bajo la premisa de que el diálogo es un proceso de sanación colectiva. También debemos crear conciencia sobre la memoria democrática promoviendo la interacción de los jóvenes a través de las redes sociales, dar forma al intercambio intergeneracional de conocimiento y experiencias.

Franquismo procesado

Quiero ahora aterrizar con algunas ideas más concretas, necesarias para llegar a ese estadio de trasvase generacional. Hablar hoy del franquismo procesado no es un ejercicio de nostalgia ni una mirada al pasado por mero interés histórico. Es, ante todo, un acto de responsabilidad democrática. España, como toda sociedad que ha atravesado una dictadura, se enfrenta al desafío permanente de reconciliar su historia con los principios que fundamentan su Estado social y democrático de derecho, al que alude el artículo 1 de la Constitución española. En ese proceso, la memoria es un deber, un compromiso con la verdad, con las víctimas y con el futuro.

Durante décadas, el relato sobre la dictadura franquista ha oscilado entre el silencio institucional y la resistencia de quienes se negaron a olvidar. En ese silencio se construyó gran parte de la arquitectura política de la Transición, cimentada sobre un pacto que, si bien garantizó la estabilidad democrática, dejó sin resolver la cuestión esencial de la justicia. Las víctimas del franquismo —miles de personas ejecutadas, desaparecidas, torturadas o perseguidas por razones políticas, ideológicas o de conciencia, exiliadas, deportadas— fueron relegadas a la invisibilidad jurídica, convertidas en memoria privada o en testimonio familiar cubierto por el miedo a la propia manifestación del dolor.

La impunidad no se instaló solo en los tribunales, sino también en la conciencia colectiva. Cuando un Estado opta por no mirar sus crímenes fundacionales, imponiendo la impunidad de los mismos, propicia y termina por naturalizar la desigualdad entre víctimas y responsables. La justicia en este contexto desaparece y se convierte en una máscara vacía de derecho llena de indignidad y de negación de los derechos que corresponden a las víctimas. Esa negación erosiona los pilares de la democracia porque transmite el mensaje de que hay vidas que pueden ser sacrificadas sin consecuencias.

En el ámbito internacional, el derecho ha evolucionado de manera clara en las últimas décadas: la persecución de los crímenes de genocidio, de guerra, de lesa humanidad, las desapariciones forzadas y la represión sistemática de la disidencia política es imprescindible y exige la creación de estructuras de justicia equivalentes a la inmensidad de los efectos de esos crímenes (de ahí la creación de la Corte Penal Internacional). Pero no es suficiente; la respuesta nacional también es imprescindible.

En España, la tensión entre el deber de justicia y la herencia del pasado ha generado una paradoja: mientras el país ha sido pionero en la persecución de crímenes internacionales cometidos en otros territorios —amparado en el principio de jurisdicción universal—, ha mantenido cerradas las puertas a la investigación de los crímenes cometidos dentro de sus propias fronteras durante el franquismo.

Esa contradicción no es solo jurídica; es profundamente moral. La coherencia de un Estado se mide por su capacidad de aplicar a sí mismo los principios que proclama hacia el exterior. Si España reclama justicia para las víctimas de dictaduras en América Latina o en otras partes del mundo, y fue ejemplo durante un tiempo del buen hacer del derecho para quienes sufren violaciones graves de derechos humanos en conflictos contemporáneos, debe también asumir su propio pasado como un terreno legítimo de exigencia jurídica y reparación. Es bien sabido que no ha sido así. Incluso ha sido peor que la negación, ha sido proactivo en la persecución de quienes han pretendido iniciar cualquier investigación en ese sentido. Y quien escribe esto, lo sabe muy bien. Esta es la gran paradoja en la que nos hemos movido durante mucho tiempo.

En este contexto, el debate sobre franquismo procesado trasciende la dimensión histórica o jurídica: supone preguntarse qué tipo de democracia se construye sobre la renuncia a la verdad y a la justicia, y hasta qué punto esa renuncia sigue condicionando el presente. No se trata de abrir heridas, como algunos sostienen, sino de impedir que sigan abiertas por la falta de respuesta. La justicia, en este sentido, no pertenece al pasado: pertenece al porvenir. Es la única garantía de que los abusos no se repitan.

Por eso, abordar hoy los intentos judiciales que han buscado enfrentar los crímenes del franquismo, así como las luchas de las víctimas y de quienes las acompañan, no es un ejercicio académico. Es una reflexión sobre la deuda pendiente de la democracia española y sobre la necesidad de hacer efectivo el principio universal de que no puede haber paz sin justicia, ni justicia sin memoria.

Legado de impunidad

La historia democrática española se ha construido sobre un silencio cuidadosamente administrado. Ese silencio —jurídico, institucional y, en gran medida, social— ha condicionado la forma en que el Estado ha afrontado el legado de la dictadura franquista. No se trata de una omisión casual, sino del resultado de una decisión política: la de priorizar la reconciliación formal sobre la justicia sustantiva.

La Ley de Amnistía de 1977 fue presentada como el símbolo de la libertad recuperada. En su momento, supuso para miles de presos políticos y exiliados la posibilidad de volver a la vida civil sin persecución. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa misma ley se transformó en un instrumento de impunidad. Su interpretación expansiva —extendida a los crímenes cometidos por los agentes del régimen— bloqueó cualquier posibilidad de investigación judicial sobre las violaciones graves de derechos humanos ocurridas entre 1936 y 1975.

Esta interpretación de la Ley de Amnistía de 1977 contradice los estándares internacionales. Desde la aprobación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura, la comunidad internacional ha establecido con claridad que los crímenes de lesa humanidad no pueden ser objeto de amnistía ni de prescripción. Sin embargo, los tribunales españoles, de forma constante, han sostenido una interpretación estrictamente formalista del principio de legalidad interno por encima de lo que marcan los estándares del principio de legalidad internacional. Esto es algo que suele acontecer en casi todas las ocasiones en que se trata de la interpretación de la defensa de los derechos humanos de acuerdo con estándares internacionales.

El Tribunal Supremo, en sus resoluciones más relevantes sobre el tema, fundamentalmente en la sentencia en la que me «absolvió» del delito de prevaricación por investigar los crímenes franquistas en 2012, ha mantenido la tesis de que los crímenes del franquismo no pueden ser perseguidos penalmente por haber sido cometidos antes de la tipificación específica de los delitos de lesa humanidad en el ordenamiento español y estar amparados, en todo caso, por la Ley de Amnistía.

Esta posición ignora que tales crímenes ya eran contrarios al derecho internacional consuetudinario en el momento de su comisión, y que, por tanto, su persecución no viola el principio de legalidad internacional, sino que lo reafirma en su sentido más profundo: el de proteger la dignidad humana frente al poder arbitrario.

El Ministerio Fiscal, por su parte, tradicionalmente, ha jugado un papel determinante en la consolidación de esta impunidad. En lugar de actuar como garante del interés público, ha adoptado, de manera sistemática, una posición defensiva, invocando la amnistía y la prescripción como argumentos para impedir la apertura de causas. Esa inercia institucional ha tenido un efecto devastador: durante mucho tiempo ha transmitido a las víctimas la sensación de que el Estado no solo no las reconoce, sino que las abandona por segunda vez.

A lo largo de las últimas décadas, distintas instancias judiciales han recibido denuncias de familiares de personas desaparecidas, de colectivos de memoria y de organizaciones de derechos humanos. Todas han tropezado con el mismo muro: la negativa a investigar. Los argumentos se repiten: prescripción, amnistía, inexistencia de tipo penal en el momento de los hechos, muerte de los responsables... Ninguno de ellos resiste una lectura contemporánea a la luz del derecho internacional ni de los dictámenes del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ha instado en reiteradas ocasiones a España a revisar su legislación y garantizar el acceso a la justicia.

Pero lo más grave es que el auto de admisión de la querella contra mí ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo en 2010 se ha utilizado, junto con el voto particular discrepante de la sentencia absolutoria, como doctrina, incluso después de la propia vigencia de la Ley de Memoria Democrática y Derechos Humanos de 2022. Esto demuestra la postura de animadversión y cuasi ilegal que la Justicia española ha mantenido, y que, en parte, mantiene, respecto a las víctimas del franquismo. Y esto a pesar de que se les reconoce en aquella norma el derecho a la investigación (artículos 4 y 28 de la referida ley) y que en su preámbulo y artículo 2, párrafo 3 establece paladinamente que «todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977, de 15 de octubre de 1977, de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho Internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables». Es decir, la misma postura que mantuve en mi auto del 16 de octubre de 2008 cuando acepté la competencia para investigar esos crímenes y la reiteré el 18 de noviembre del mismo año. Catorce años de parálisis en las acciones en favor de las víctimas hasta la Ley de Memoria Democrática de 2022.

El resultado es un país que, a pesar de proclamarse comprometido con los derechos humanos, mantiene una deuda histórica con decenas de miles de familias que siguen buscando a sus desaparecidos, que no han obtenido reparación ni reconocimiento judicial. Las fosas comunes continúan como testigos mudos de una represión sistemática que nunca fue juzgada. La impunidad ha adquirido, en este contexto, una dimensión estructural: se ha normalizado como parte de la cultura institucional.

Esa cultura del olvido se ha sostenido, además, en una narrativa política que identifica la búsqueda de justicia con la amenaza a la convivencia. Durante años se ha repetido que remover el pasado podría poner en riesgo la Transición modélica, como si la verdad y la justicia fueran incompatibles con la paz democrática. Sin embargo, las experiencias de otros países muestran lo contrario: las sociedades que afrontan su pasado con honestidad fortalecen su democracia; las que lo eluden, la debilitan.

La impunidad, por tanto, no es solo un problema del pasado. Es una herencia activa que condiciona el presente. Ha impedido que el sistema judicial español desarrolle una verdadera cultura de derechos humanos en materia de justicia transicional. Ha generado desconfianza en las víctimas, desafección en la sociedad civil y una fractura simbólica entre las instituciones del Estado y quienes sufrieron la violencia del régimen.

Solo cuando se asume que el silencio también es una forma de violencia, se comprende la urgencia de revertirlo. Las víctimas del franquismo no buscan venganza, sino reconocimiento. No piden privilegios, sino derechos. Y la respuesta que reciban será, en última instancia, una medida de la madurez moral y jurídica de la democracia española.

La justicia, deber universal

En 2008 se produjo en España un hecho jurídico sin precedentes: se abrió una investigación para determinar la responsabilidad penal por los crímenes cometidos durante la dictadura franquista. Este procedimiento, impulsado por la autoridad judicial competente en aquel momento (entre la que me encontraba yo), representó un intento frustrado por las instancias superiores de aplicar los principios del derecho internacional a un contexto nacional marcado por décadas de impunidad.

El fundamento de esta iniciativa se apoyó en varios pilares jurídicos sólidos. Primero, en el principio de imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, reconocido tanto por el derecho internacional consuetudinario como por tratados internacionales ratificados por España. Segundo, en la obligación de los Estados de garantizar el acceso a la justicia a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos, independientemente del tiempo transcurrido desde los hechos. Y tercero, en la noción de que ciertos delitos, por su gravedad y sistematicidad, trascienden la jurisdicción nacional y exigen reconocimiento universal de su persecución.

La apertura de diligencias supuso un hito simbólico y jurídico: por primera vez, el aparato judicial español confrontaba de manera formal la responsabilidad de un régimen que había operado durante casi cuatro décadas al margen de la justicia penal. La decisión implicó un reconocimiento implícito de que los crímenes del franquismo no podían ser relegados al olvido ni a la interpretación restrictiva de la amnistía de 1977.

A pesar de los obstáculos, creo que el intento de 2008 tiene un valor incuestionable. No solo reafirmó la vigencia de los principios universales de justicia frente a la impunidad, sino que también abrió un espacio de debate público y académico sobre la responsabilidad del Estado y de sus agentes frente a crímenes históricos. Más allá de los resultados procesales, la iniciativa sirvió para visibilizar a las víctimas y consolidar la idea de que el tiempo no borra la obligación moral ni jurídica de responder a los crímenes más graves.

Desde una perspectiva internacional, el procedimiento también situó a España en un contexto comparativo. Muchos países que han atravesado dictaduras prolongadas enfrentaron procesos similares: la experiencia de apertura de causas por crímenes del pasado se reconoce como un elemento esencial de la justicia transicional, aunque no siempre llegue a consumarse en sentencias definitivas. La diferencia fundamental en España radica en la persistente resistencia institucional y en la ausencia de voluntad política sostenida, factores que han limitado la eficacia práctica de la iniciativa y que obligan a afirmar que en nuestro país no ha existido en ningún momento justicia transicional, sino pura y llana impunidad.

Este intento judicial, aunque finalmente interrumpido, sentó un precedente conceptual: estableció que los crímenes de la dictadura franquista no son meramente materia de memoria o de historia, sino delitos que, por su magnitud, deben ser considerados dentro del marco universal de derechos humanos. Además, reforzó la idea de que la justicia puede y debe actuar incluso cuando las estructuras estatales son reacias, y que el derecho internacional no es un instrumento externo, sino un estándar interno de protección de la dignidad humana.

En última instancia, la relevancia de la acción judicial de 2008 no reside en las resoluciones emitidas ni en las diligencias practicadas, sino en el principio que encarna: la justicia tiene una dimensión universal que trasciende las fronteras temporales y territoriales, y el reconocimiento de las víctimas es inseparable de su exigencia. La historia del intento de 2008 recuerda que el derecho no es solo letra, sino también ética aplicada, y que los Estados que ignoran sus obligaciones frente a crímenes graves arriesgan la credibilidad de sus propias instituciones.

Más allá de nuestras fronteras

La búsqueda de justicia por los crímenes del franquismo encontró un cauce internacional a través de la denominada querella argentina, una iniciativa judicial que permitió llevar ante tribunales extranjeros casos que el sistema español había dejado sin resolver. La querella, impulsada por asociaciones de víctimas, familiares y abogados especializados en derechos humanos, representa un ejemplo notable de cómo la ciudadanía puede recurrir a la justicia universal cuando los mecanismos internos resultan insuficientes.

La querella argentina se fundamenta en el principio de jurisdicción universal, que reconoce la competencia de los tribunales nacionales para investigar y juzgar crímenes de lesa humanidad, genocidio y tortura cometidos en otro país, cuando el Estado donde ocurrieron los hechos no ha actuado. Este principio, consolidado por convenciones internacionales y jurisprudencia de tribunales internacionales, permite superar la barrera de la impunidad cuando los sistemas judiciales locales permanecen inactivos.

El impulso de esta querella no surgió en el vacío; se apoyó en un trabajo constante de documentación, recopilación de testimonios y elaboración de pruebas que demostraban la sistematicidad de los crímenes cometidos durante la dictadura franquista. Familias de desaparecidos, asociaciones de memoria histórica y abogados especializados desempeñaron un papel esencial: su labor no solo consistió en aportar datos, sino en mantener viva la exigencia de justicia, visibilizando la vulneración de derechos fundamentales que el Estado español había dejado sin respuesta.

La querella abrió un espacio de diálogo entre el derecho nacional y el derecho internacional, y obligó a reconsiderar la posición española frente a la impunidad histórica. Por primera vez, un tribunal extranjero analizó con detalle los crímenes cometidos por el franquismo, identificando responsables y ordenando la práctica de diligencias que el sistema interno había dejado pendientes. Esta experiencia evidenció que la justicia internacional puede actuar como un mecanismo complementario, pero también como un instrumento de presión ética y política sobre los Estados que mantienen estructuras de impunidad.

La importancia de la querella argentina no se limita al ámbito judicial. Tiene un efecto simbólico y social: reafirma que las víctimas tienen derecho a ser escuchadas y reconocidas, y que la impunidad no puede ser un escudo permanente. Así mismo, constituye un precedente para otras sociedades que enfrentan procesos similares de impunidad histórica, demostrando que el derecho internacional no es un recurso abstracto, sino un medio concreto para garantizar la reparación y la dignidad de quienes sufrieron violaciones graves de derechos humanos.

Nuevamente en este caso, como había ocurrido en los casos de aplicación de jurisdicción universal en España, las víctimas y la sociedad civil actuaron como motores de cambio, obligando a los Estados a confrontar su pasado, aunque ello implique hacerlo desde fuera de sus fronteras. La querella también ha promovido un debate público sostenido sobre la necesidad de revisar leyes internas, interpretar la amnistía con perspectiva internacional y reconocer la responsabilidad histórica como parte de un compromiso democrático.

En definitiva, demostró que la justicia no tiene límites territoriales cuando se trata de crímenes que afectan a la dignidad humana. Además, recuerda que la memoria y la verdad son inseparables de la justicia: sin investigación judicial, las víctimas corren el riesgo de permanecer invisibles, y la democracia queda incompleta. La iniciativa internacional evidencia que los principios de derecho internacional no son meras normas abstractas, sino herramientas concretas para enfrentar la impunidad que persiste en países que no han querido mirar su pasado con honestidad.

Justicia pendiente

En los últimos años, España ha experimentado avances significativos en materia de memoria democrática, aunque persisten limitaciones importantes en el terreno de la justicia. La aprobación de la Ley de Memoria Democrática en 2022 constituye un hito legislativo que reconoce el sufrimiento de las víctimas del franquismo y establece medidas de reparación, preservación de la memoria y visibilización de los crímenes cometidos. Sin embargo, estas disposiciones, aunque necesarias, no han logrado resolver el déficit histórico de responsabilidad judicial.

La ley introduce herramientas administrativas y simbólicas, como la declaración de nulidad de sentencias franquistas, la localización de fosas y la protección de archivos históricos, pero carece de mecanismos efectivos para impulsar investigaciones penales que puedan traducirse en sanciones o condenas contra los responsables de violaciones graves de derechos humanos. La ausencia de procedimientos judiciales autónomos refleja, en parte, la persistencia de estructuras políticas y judiciales que han mantenido la impunidad como legado histórico.

Además, la ley contempla la creación de programas de reparación y asistencia a familiares de víctimas, reconociendo el daño moral y social sufrido. Aunque estos programas representan un avance, su alcance sigue siendo limitado, y muchas familias no han podido acceder a una reparación completa ni a respuestas efectivas a sus demandas de justicia. La medida evidencia la tensión histórica entre memoria simbólica y justicia efectiva, que ha marcado el abordaje del franquismo en España.

El papel de la Fiscalía especializada en derechos humanos y memoria democrática resulta crucial en este contexto. La existencia de un órgano con competencia específica para investigar crímenes históricos representa un avance institucional. Sin embargo, su actuación se encuentra condicionada por interpretaciones legales restrictivas que la estructura judicial española dispensa a este tema. Gracias al impulso y a la interpretación proactiva de la Unidad Fiscal Especializada a cuyo frente se encuentra la fiscal de sala Dolores Delgado, se han abierto puertas a una interpretación novedosa de investigación cooperativa y de jurisdicción voluntaria que va derribando poco a poco las barreras de impunidad que, hasta ahora, se han impuesto para afrontar los crímenes franquistas.

Paralelamente, la sociedad civil y los movimientos de memoria han seguido ejerciendo presión sobre las instituciones, manteniendo viva la exigencia de justicia. Asociaciones de víctimas, familiares de desaparecidos y organizaciones de derechos humanos han consolidado un trabajo sostenido de documentación, denuncia y concienciación social. Este esfuerzo, aunque externo al sistema judicial, ha contribuido a visibilizar la impunidad y a reforzar la necesidad de avanzar más allá de la memoria simbólica hacia la reparación integral.

Los avances recientes muestran que la justicia pendiente no es solo un problema del pasado; es un desafío presente para la democracia española. La tensión entre los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y la realidad legislativa y judicial nacional subraya la necesidad de una reflexión continua sobre cómo garantizar la verdad, la reparación y la rendición de cuentas. Solo a través de un enfoque integral —que combine memoria, verdad y justicia— será posible ofrecer a las víctimas un reconocimiento efectivo y consolidar una democracia plena.

En conclusión, los desarrollos legislativos recientes representan un paso importante, pero insuficiente. La memoria democrática y la reparación simbólica son necesarios, pero no reemplazan la justicia. La deuda histórica con las víctimas del franquismo sigue abierta, y su cumplimiento exige no solo reformas normativas, sino también la voluntad política e institucional de traducir los principios de derechos humanos en acciones concretas.

Una de esas acciones pendientes es el desarrollo de una Comisión de la Verdad, creada recientemente al amparo de la ley (artículo 57 de la Ley de Memoria Democrática).

Estado de derecho

La memoria no es un elemento decorativo ni un acto de conmemoración aislado; constituye un pilar esencial del Estado de derecho. La experiencia histórica del franquismo evidencia que la omisión de la justicia no solo afecta a las víctimas directas, sino que erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita los principios democráticos que deberían proteger a toda la ciudadanía.

El reconocimiento de los crímenes del pasado y la exigencia de rendición de cuentas son componentes inseparables de un Estado que se reclama democrático. Cuando los delitos de lesa humanidad quedan impunes, se transmite un mensaje implícito: la vida y los derechos de determinados ciudadanos pueden ser sacrificados sin consecuencia. Este vacío de responsabilidad genera fracturas sociales y limita la capacidad del sistema legal para actuar como garante de la justicia y la igualdad ante la ley.

La memoria, en este sentido, cumple una función preventiva y estructural. No solo documenta los hechos, sino que establece los límites éticos y jurídicos del poder estatal. Al mantener vivos los relatos de las víctimas y su lucha por la justicia, se refuerza la conciencia pública sobre la necesidad de proteger los derechos humanos y se establece un marco normativo y social que desalienta la repetición de abusos.

La memoria fortalece la dimensión pedagógica del Estado de derecho. La documentación de crímenes, la visibilización de las víctimas y la promoción de la historia crítica permiten que las nuevas generaciones comprendan los riesgos de la impunidad y la importancia de la justicia. Esta transmisión intergeneracional asegura que la memoria no se reduzca a una cuestión de archivo, aun siendo esta de suma importancia, sino que se convierta en un componente activo de la cultura democrática.

El vínculo entre memoria y justicia es, por tanto, inseparable. La verdad histórica proporciona la base sobre la que se construyen procesos judiciales sólidos; la reparación y el reconocimiento de las víctimas legitiman la acción del Estado; y la garantía de no repetición, una de las piedras angulares de la justicia transicional, protege el futuro democrático. Cuando alguno de estos elementos falla, la democracia se ve comprometida y el Estado de derecho pierde su capacidad de ofrecer igualdad y protección efectiva a todos los ciudadanos.

En este marco, la memoria se convierte en un instrumento de legitimidad institucional y en un recordatorio permanente de que los crímenes del franquismo no son simplemente un capítulo cerrado de la historia, sino una lección viva sobre la necesidad de coherencia entre la ética pública y la acción judicial. Reconocer este legado no es un acto de victimismo, sino de responsabilidad ciudadana y estatal; es comprender que la justicia no puede ser selectiva y que el derecho a la reparación y al reconocimiento no puede estar condicionado por el tiempo transcurrido ni por intereses políticos coyunturales.

Finalmente, la memoria democrática refuerza la idea de que la justicia no es un concepto abstracto, sino un deber moral y jurídico que vincula al Estado con quienes sufrieron violaciones graves de derechos humanos. Su ejercicio no solo honra a las víctimas, sino que consolida la confianza de la sociedad en las instituciones y garantiza que los valores democráticos se sostengan sobre principios firmes de verdad, equidad y respeto a la dignidad humana.

Lecciones y deudas

La situación de España frente a la justicia por los crímenes del franquismo adquiere otra dimensión al ser evaluada desde la perspectiva internacional. Comparar el tratamiento de la impunidad histórica en España con experiencias de otros países revela tanto oportunidades de aprendizaje como deudas pendientes en materia de derechos humanos.

En América Latina, por ejemplo, países como Argentina han enfrentado dictaduras prolongadas mediante la aplicación de la justicia transicional, combinando procesos judiciales, comisiones de verdad y políticas de reparación. Estas experiencias muestran que, incluso cuando los responsables políticos o militares permanecen en el poder durante largos periodos, la sociedad puede implementar mecanismos que garanticen la investigación de crímenes de lesa humanidad y el reconocimiento efectivo de las víctimas.

El caso de Sudáfrica también ofrece lecciones valiosas. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación permitió confrontar sistemáticamente los abusos del apartheid mediante un enfoque de justicia restaurativa, combinando verdad, reparación y garantías de no repetición. Aunque no se buscó la persecución penal de todos los responsables, la comisión sirvió para documentar la sistematicidad de los crímenes, reconocer a las víctimas y fortalecer la memoria colectiva.

Alemania, por su parte, ha abordado la memoria del régimen nazi con rigor judicial sostenido a lo largo del tiempo, aplicando los principios de derecho penal internacional incluso a hechos ocurridos décadas atrás. La persecución de crímenes históricos y la atención permanente a la memoria educativa han consolidado una cultura de derechos humanos que combina justicia efectiva y reconocimiento público del sufrimiento de las víctimas.

Frente a estas experiencias, España mantiene varias deudas. La falta de procedimientos judiciales internos que permitan investigar y sancionar los crímenes del franquismo. La ausencia de un marco de justicia transicional plenamente efectivo que combine investigación, reparación y educación. Y la limitada voluntad política para reinterpretar la Ley de Amnistía de 1977 a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos.

El derecho internacional proporciona criterios claros para superar estos obstáculos. La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra la Desaparición Forzada, los principios de derecho penal internacional y la jurisprudencia de tribunales internacionales insisten en que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y no pueden ser objeto de amnistía. Ignorar estos estándares genera una desconexión entre España y los compromisos internacionales que ha asumido como Estado.

La comparación internacional revela, así mismo, que la impunidad prolongada no solo afecta a las víctimas, sino que tiene un efecto negativo sobre la legitimidad democrática del Estado. Los países que han abordado su pasado con honestidad, combinando justicia, verdad y reparación, han fortalecido su democracia y su cohesión social. Por el contrario, la persistente impunidad en España limita la confianza ciudadana en las instituciones y mantiene un déficit moral que condiciona la política contemporánea.

En suma, la experiencia internacional pone de relieve que la justicia frente a crímenes históricos no debe ser opcional, sino una exigencia de coherencia democrática y de cumplimiento de obligaciones internacionales. La lección es clara: la democracia se consolida cuando el Estado se atreve a mirar su pasado sin evasivas, reconociendo a las víctimas, investigando los crímenes y reparando el daño ocasionado. España, en este sentido, aún tiene un camino por recorrer para situarse a la altura de los estándares que defiende y reclama en el plano internacional. Permanecer en una postura pasiva o potenciar normas de impunidad contribuye definitivamente a ser un factor desestabilizador y una amenaza para la democracia.

La fuerza de las víctimas

El enfrentamiento con la impunidad del franquismo no ha sido únicamente una cuestión jurídica; ha dependido en gran medida de la acción de las víctimas y de la sociedad civil. Familias de desaparecidos, asociaciones de memoria histórica y colectivos ciudadanos han ejercido una presión constante que ha impedido que los crímenes de la dictadura permanezcan olvidados.

La participación de estos actores ha tenido múltiples dimensiones, referidas a la documentación y preservación de la memoria: recopilar testimonios, identificar fosas, localizar archivos y registrar nombres de víctimas son tareas que, en muchos casos, han precedido y posibilitado la acción judicial. Sin este trabajo previo, la apertura de causas judiciales o el impulso de querellas internacionales habrían sido impensables.

Igualmente ha contribuido de forma decisiva a la visibilización pública de la injusticia: las víctimas y sus familiares han llevado el debate a los medios, a las universidades y a los foros internacionales. Esta visibilidad no solo genera conciencia social, sino que también crea un entorno de presión ética sobre las instituciones para que cumplan con sus obligaciones de justicia y reparación.

También han representado la resistencia frente a la narrativa oficial de silencio o reconciliación incompleta. La sociedad civil ha cuestionado las interpretaciones restrictivas de la amnistía de 1977, la minimización de los crímenes franquistas y ha mantenido viva la exigencia de que la memoria y la justicia sean inseparables. Este trabajo, muchas veces invisible para la opinión pública, constituye un componente esencial de la democracia: el contrapeso ciudadano frente al riesgo de impunidad institucionalizada.

La sociedad civil organizada ha desempeñado un papel educativo crucial. La transmisión de historias, la recuperación de archivos y la organización de actos de memoria contribuyen a que las nuevas generaciones comprendan la magnitud de los crímenes del franquismo y la importancia de la justicia y la verdad como elementos de protección ciudadana.

Las víctimas y la sociedad civil constituyen un motor indispensable de la justicia frente al franquismo. Sin su esfuerzo, la impunidad habría prevalecido aún más, y la memoria democrática habría quedado relegada a un ámbito privado. Su acción demuestra que la justicia no depende únicamente de la voluntad política o de la estructura judicial, sino también de la capacidad de la ciudadanía de sostener la exigencia de reconocimiento, verdad y reparación.

La lucha contra la impunidad del franquismo no puede considerarse concluida. A pesar de los avances legislativos, del compromiso activo de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y el impulso de su titular, Fernando Martínez; del esfuerzo incansable de víctimas, asociaciones y movimientos de memoria, la justicia plena sigue siendo un objetivo pendiente. Este hecho plantea un desafío profundo para la democracia española: ¿cómo construir un futuro sólido sobre un pasado donde la violencia política permaneció sin castigo?

El principio fundamental es que la justicia es inseparable de la dignidad de las víctimas. Cada desaparición, cada ejecución extrajudicial, cada acto de represión que no encuentre respuesta judicial constituye un atentado no solo contra la persona, sino contra toda la sociedad y, por ende, contra la legitimidad misma del Estado. Reconocer esta realidad implica asumir que el tiempo transcurrido no puede servir de excusa para perpetuar la impunidad ni para relegar la reparación a un mero gesto simbólico.

La experiencia acumulada, tanto dentro como fuera de España, demuestra que la justicia no siempre llega de manera inmediata, pero su exigencia debe mantenerse constante. La apertura de investigaciones, los esfuerzos de documentación de la sociedad civil, los esfuerzos de la Fiscalía especializada y los avances legislativos son todos componentes de un proceso que sigue en curso: un proceso que debe reforzarse con voluntad política, coherencia institucional y compromiso ciudadano.

El futuro democrático de España depende, en gran medida, de cómo se gestione este pasado. La memoria no puede limitarse a un acto de reconocimiento público: debe traducirse en acciones concretas que garanticen verdad, reparación y garantías de no repetición. La educación, la preservación de archivos por rol fundamental frente a la reconstrucción de un pasado histórico, particularmente frente a aquellos hechos que violan los derechos humanos, la atención a las víctimas y la apertura de vías judiciales son elementos que, juntos, consolidan una cultura democrática que protege a todos sus ciudadanos. La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de desclasificar los documentos del intento de golpe de Estado del 23-F es el camino a seguir. El presidente lo anunció el día en que se cumplían cuarenta y cinco años de aquel grave suceso: «Mañana desclasificaremos los documentos del 23-F para saldar una deuda histórica con la ciudadanía. Las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre. Gracias a quienes abristeis camino». Sánchez añadió algo fundamental: «La memoria no puede estar bajo llave».

Una reflexión ética final resulta ineludible. La justicia frente al franquismo no es un asunto que pertenezca únicamente a las víctimas o a los tribunales; es un compromiso colectivo. Implica asumir que la democracia se fortalece cuando sus instituciones se responsabilizan de su propio pasado, cuando el Estado reconoce las violaciones y actúa para repararlas, y cuando la sociedad civil mantiene viva la exigencia de que la impunidad no tenga cabida.

La historia del franquismo procesado demuestra que la justicia puede ser tardía, pero su importancia trasciende la cronología: constituye un instrumento de dignidad, verdad y esperanza. Reconocer a las víctimas, investigar los crímenes y promover la memoria activa es la manera más efectiva de garantizar que los valores democráticos no sean vulnerables a la repetición de abusos. La tarea es compleja y no está concluida, pero la justicia, cuando se mantiene como principio rector, sigue siendo la brújula que orienta el futuro hacia la dignidad, la igualdad y la protección de los derechos humanos. Pero también la verdad, como derecho, debe quedar acreditada.

Presente del franquismo

No quiero terminar este capítulo trascendental para la sostenibilidad de la democracia sin hacer una reflexión más sobre la justicia.

Recuerdo de nuevo aquello que Carlos Elordi escribía en noviembre de 2025, sobre que «el mayor peligro para Sánchez, lo que podría precipitar un adelanto electoral, está en la ofensiva que contra él y su partido libra un reducido número de jueces, con el apoyo tácito o explícito de buena parte de ese colectivo. Y que, lejos de apaciguarse por la debilidad creciente de los argumentos que manejan esos magistrados, se intensifica cada día por motivos que solo pueden encontrarse en el terreno de la política».¹¹ Estas palabras serían para mí el resumen de lo que se ha venido cociendo en la judicatura desde hace ya bastantes años, no solo en el ámbito de la impunidad de los crímenes franquistas, sino en otros muchos espacios. Este análisis apunta hacia una indudable perversión.

De este modo, la línea de degradación que se observa en determinados sectores de la justicia tiene también su efecto en la convivencia. ¿Son estos jueces partícipes culpables de que parte de la sociedad se vaya haciendo cada vez más desconfiada, más indiferente, más agresiva en opiniones y emociones? O, por el contrario, ¿son un reflejo de un sector de esa ciudadanía aquejada de ansiedad por el pasado, el presente y, sobre todo, por el futuro?

En más de una ocasión he defendido, y lo hago de nuevo aquí, que el franquismo en vez de desaparecer y quedar guardado en el rincón más indigno de la historia española continúa intentando abrirse paso de la mano de la ultraderecha que lo utiliza para hacerse con la nostálgica base que lo ha mantenido y alienta a los jóvenes con falsos argumentos sobre el orden y la libertad que implantó el dictador. Dibujan un paraíso de leche y miel solo existente en la propaganda con que Vox y sus secuaces pretenden llevar a los nuevos votantes a su terreno.

Tengo que decir, otra vez con disgusto, que en mi profesión se ha colaborado de forma activa para que Franco no quedara en el lugar que le corresponde como golpista, autócrata e impulsor de tantos asesinatos. Lo hacen olvidando la Ley de Memoria Democrática de 2022, que reconoce el derecho de las víctimas (artículo 29) a la investigación judicial de los hechos, y se niegan a abrir diligencias previas para investigar las torturas policiales y los asesinatos cometidos por las fuerzas de orden público de la dictadura y por pistoleros de extrema derecha en connivencia con el aparato del Estado.

El rechazo de los jueces se basa en una interpretación de que todos estos hechos fueron amnistiados en 1977, que han prescrito y que no constituyen delitos de lesa humanidad, porque la figura no se reflejó en el Código Penal hasta el año 2003. Esto quebranta el espíritu y la letra de esa norma. Primero investiguen los hechos y después tomen la decisión que corresponda, pero no pongan la «carreta antes que los bueyes». Esto es desconocer ese derecho fundamental de las víctimas que se desprende de la ley y de los principios de Naciones Unidas.

Fueron cuatro los jueces que esgrimieron estos argumentos para inadmitir las cuatro primeras querellas un año después de que se aprobara la ley. Esta postura choca con la visión de la Fiscalía de Memoria, dirigida por Dolores Delgado, que plantea la necesidad de investigar cada caso denunciado para conocer hasta qué punto se ve afectado por la Ley de Amnistía.

La norma obliga al Estado a investigar las vulneraciones de derechos humanos, incluyendo en esta categoría a las que tuvieron lugar con ocasión del golpe de Estado, la guerra y la dictadura. El problema radica en que esta Fiscalía, tal y como está integrada en la estructura del Ministerio Fiscal, no puede emprender una investigación sin presentar denuncias, querellas o recursos ante otra instancia, a no ser que lo autorice el fiscal general del Estado. Por cierto que, para los detractores de la reparación de las víctimas del franquismo, es fundamental que el fiscal general del Estado no tenga talante progresista. Queda claro que la política va más allá de lo que uno imagina y siempre se precisa una mirada atenta hacia los intereses de quienes claman por dimisiones y ceses.

Pronto se cumplirán dos décadas desde que, en 2008, diferentes órganos de Naciones Unidas recomendasen a España en casi una docena de documentos que se adoptaran medidas concretas y efectivas para terminar con la impunidad por los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo. Se trataría, desde el punto de vista de los expertos de la ONU, de que los tribunales españoles no puedan aplicar la Ley de Amnistía de 1977 para impedir que estos crímenes se juzguen.

La polémica se centra también en nuestro propio Tribunal Constitucional, que, en un auto de junio de 2024, consideró que el articulado de la Ley de Memoria Democrática no habilita para investigar los crímenes franquistas, añadiendo que, si tales crímenes hubieran existido, chocarían con la ausencia en el Código Penal de crimen contra la humanidad.

En un bucle sin fin, se plantea que no cabe acudir al derecho internacional y que estos crímenes tampoco son delitos ordinarios, pues, volvemos a lo mismo, están penados y amnistiados. Ahora bien, como las organizaciones memorialistas han repetido hasta la saciedad, el Tribunal Constitucional no recoge lo que el derecho internacional establece: la ausencia de codificación por un Estado de los crímenes de derecho internacional en el momento en que fueron cometidos no elude la obligación de investigarlos y dicha investigación no puede ser impedida por normas internas de los Estados.

A estas dificultades de mayor rango, se suman los palos en las ruedas (que a veces son auténticos troncos) que imponen las comunidades autónomas donde gobierna el PP con su imprescindible socio de la ultraderecha. Lo hacen impulsando, derogando o sustituyendo leyes autonómicas de memoria ya aprobadas y dejando en la indefensión a las víctimas del franquismo. Pongo por caso la sustitución de la Ley de Memoria en la Comunidad Valenciana por una Ley de Concordia que poco tiene que ver con lo que marca la Ley de Memoria estatal; la derogación de la Ley de Memoria Democrática en Aragón o los planteamientos en el mismo sentido en Baleares, Cantabria y Extremadura.

¿Qué suponen estas actuaciones? Pues ni más ni menos que suspender los censos de víctimas, cerrar lugares de memoria, obviar a las asociaciones de la búsqueda y exhumación de víctimas y, en suma, lograr el objetivo principal: invisibilizar las terribles violaciones de derechos humanos que cometió el franquismo durante cuarenta años.

El mejor ejemplo para entender la dimensión de la perseverante labor de la derecha y la ultraderecha contra la memoria democrática es lo ocurrido en octubre de 2025 en el Parlament de las Illes Baleares. ABC explicaba que se había dado el primer paso «hacia la derogación de la Ley 2/2018, de Memoria y Reconocimiento Democráticos, tras aprobar la toma en consideración de la proposición presentada por Vox, con el apoyo de los diputados del PP. La iniciativa ha salido adelante por treinta votos a favor y veintiséis en contra, lo que permitirá continuar la tramitación parlamentaria que podría culminar con la eliminación definitiva de la norma aprobada durante la pasada legislatura».¹²

El rotativo añadía: «Durante el debate, el diputado de Vox Sergio Rodríguez ha defendido que la ley vigente “vulnera derechos fundamentales reconocidos en la Constitución”. Según ha argumentado, la norma “atenta contra la igualdad de todos los españoles”, al promover “una visión parcial y discriminatoria de la historia”. Rodríguez ha citado expresamente el artículo 14 de la Carta Magna, al considerar que la ley “discrimina y aparta a una parte del pueblo español por su opinión, sus circunstancias personales o históricas, como por el bando en el que lucharon”. El diputado ha añadido que el texto “fomenta el rencor y evita el reconocimiento de todos aquellos que derramaron su sangre por España, sin importar el bando”, y ha acusado a la ley de vulnerar también la libertad ideológica (artículo 16 de la Constitución) “al imponer un relato oficial y perseguir el derecho a disentir”».

Bueno, de la ultraderecha podemos esperar estas cosas, pero ¿cómo es que el PP, un supuesto partido de Estado, se deja arrastrar por tan torticeros argumentos? Lo aclara también el rotativo: «Desde el PP han justificado su apoyo a la iniciativa de Vox en la necesidad de “no reabrir heridas” y de “evitar la utilización política del pasado”. Han reprochado a la izquierda tener “un interés pernicioso” en mantener el debate sobre la memoria democrática y han acusado a los partidos progresistas de querer “reinterpretar la historia”con fines partidistas».

La izquierda, además de protestar ante tal despropósito, recordó que, en otra votación anterior, el PP se había abstenido ante similar propuesta de Vox, acusando a la derecha de haber cambiado de posición por conveniencia política. Esto se basa en que la derogación de la Ley de Memoria Democrática fue una de las condiciones impuestas por Vox para apoyar los presupuestos autonómicos de 2025, que fueron aprobados con tal colaboración.

Mi pregunta ahora es: ¿se puede dudar, a la vista de estos hechos, de la influencia de los sectores franquistas en la política y en el rumbo de la sociedad? La degradación de la justicia y de la política hunde sus raíces en el pasado y lo intenta cultivar para que rebrote con toda su infausta carga antidemocrática.

Golpes a la democracia

Gracias a estas lagunas, con tales dudas y controversias, la justicia da vía libre a que se produzcan situaciones que provocan duros golpes a la democracia. Recuerdo las marchas de Falange en Madrid en noviembre de 2025, que, frente a la opinión en contra de la Delegación del Gobierno para su autorización al considerar que existía un riesgo elevado de incidentes, se llevaron a cabo con la aquiescencia del Tribunal Superior de Justicia madrileño. La policía había alertado de un clima muy tenso al tener lugar la conjunción de varios hitos: el 50.º aniversario de la muerte de Franco y la nueva significación de Cuelgamuros. Como antecedentes, los informes policiales que manejaba la Delegación del Gobierno dejaban a las claras las actividades de los grupos ultras en la calle Ferraz frente a la sede del PSOE, que habían tenido poco de pacíficas.

Para sus señorías, nada de esto tuvo la entidad suficiente para avalar una denegación al recurso que Falange presentó contra la negativa de la Delegación. Como resultado, por Génova y por Ferraz se escucharon cánticos del calibre de «Pedro Sánchez, tiro en la nuca», «Arriba España» brazo en al alto y simbología franquista en ristre, con el «Cara al sol» de fondo. Marcharon contra el «genocidio del 78» y no faltaron en su repertorio gritos xenófobos y racistas. Eran varios cientos de personas, en su mayoría jóvenes. Entre los asistentes figuraba Orsola Mussolini, bisnieta del líder fascista italiano. La joven ultraderechista completó su recorrido al día siguiente participando en una conferencia que se refirió al fascismo, visitó la sede de Falange y el cementerio de Paracuellos del Jarama.

No es de extrañar que en la Unión Europea se considere a España como una anomalía democrática. Orsola Mussolini no podría participar en su país en una manifestación de tales características, pues la Constitución italiana de 1947 prohíbe «cualquier forma posible de reorganización del disuelto partido fascista».

Si la comparativa es con Alemania, la irregularidad es aún más evidente. Los partidos que por sus fines o por el comportamiento de sus adherentes tiendan a desvirtuar o eliminar el régimen fundamental de libertad y democracia, o a poner en peligro la existencia, fueron declarados inconstitucionales en base a la Ley Fundamental de la RFA de 1949. No se permite la exaltación o exhibición de símbolos nazis o la negación del Holocausto, entre otras muestras de fascismo. Trasladando nuestro caso a estas normas, la Fundación Francisco Franco no estaría permitida.

Hace años que en la Eurocámara trabaja un grupo de memoria democrática en el que intervienen PSOE, Sumar, Podemos, ERC, PNV, BNG, Compromís, En Comú y Bildu. La ausencia sonada, pero previsible, es la del PP y Vox. Trabajan para hacer visible ante las instituciones europeas esta «excepción española». También pretenden dar apoyo a las organizaciones memorialistas del Estado español, respaldando políticamente su labor desde Europa.

En España, la Transición no cerró debidamente la etapa de la dictadura. El momento era difícil y las fuerzas del franquismo seguían presentes, parapetadas o disfrazadas. Lo malo es que en las décadas transcurridas desde entonces no hemos sido capaces de concluir la labor de hacer frente a las poderosas fuerzas del pasado. Recuerden que yo abrí el melón de juzgar los crímenes franquistas y el resultado fue doblemente peculiar. De una parte (hablamos de 2008 y 2012) nos sobrecogimos ante el relato de las víctimas que rompían el silencio sobre lo sucedido en aquellos años ya remotos, y nos percatábamos de que, en efecto, la reserva y el mutismo habían dominado a varias generaciones, incluidos nosotros mismos. En segundo lugar, el Tribunal Supremo decidió un escarmiento ejemplar para el juez que se había atrevido a romper la situación y, aunque la presión internacional no hizo posible que la lección fuera más dura en ese proceso y se vieron obligados a la absolución, buscaron otra fórmula para quitarme de en medio.

Pero en 2025, cincuenta años después de la muerte del dictador y en cuanto al anacronismo de los fascistas falangistas soltando consignas de dudosa legalidad, ¿en qué se basó el tribunal madrileño para autorizar tal despropósito? Puso en cuestión en su sentencia la solidez de los informes policiales y más allá, considerando que la introducción de un segundo documento sobre el nivel de riesgo «era llamativa». Criticó a la Delegación del Gobierno, pues basaba su decisión en hipótesis futuribles y no en datos objetivos, según consideraron, destacando que el derecho de reunión no puede restringirse en función de previsiones preventivas sobre comportamientos que, de producirse, deben ser perseguidos a posteriori.¹³

Así, la Administración quedó como un represor del derecho de reunión, mientras que los promotores de la concentración resultaron ser víctimas a los que la justicia había devuelto sus derechos dándoles la razón. Ni más ni menos que un movimiento castigado por el poder político.

Leyes franquistas

Cabe también preguntarse con qué jurisprudencia cuentan los magistrados para actuar de esta manera. Sorprende, sin duda, pero aún perduran más de ciento cincuenta leyes y decretos de la dictadura que siguen en vigor en nuestro país, aun cuando la Constitución indicó que se debían derogar cuantas disposiciones se opusieran a la Carta Magna.¹⁴ Así tenemos la Ley de Secretos Oficiales, nunca reformada. Al contrario de lo que sucede en otros países, no hay fórmula para desclasificar documentos pasado el tiempo. La Ley de Prensa de Fraga, aunque muy recortada, sigue vigente con sus referencias al Fuero de los Españoles, entre otras cosas. También se da pie a la entrega de medallas a policías de dudosa integridad en algunos casos en base a una ley de 1964, como puede ser el caso de agentes de la llamada «policía patriótica». O que el ministro Grande Marlaska tuviera que retirar sus condecoraciones al torturador Antonio González Pacheco, Billy el Niño, policía franquista y fascista, que tanto daño produjo desde la Dirección General de Seguridad (DGS), cuyo edificio de infausta memoria la presidenta de la Comunidad de Madrid se niega a que ostente una placa recordando los graves daños que allí sufrieron infinidad de personas con las que se ensañaron miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad franquistas. A finales de 2025 seguían vigentes los tribunales de honor para diplomáticos, aun estando expresamente prohibidos por la Constitución, frente al empeño de la Asociación de Diplomáticos Españoles de resolver este entuerto. Y quedan pendientes diversas normas como la Ley de Expropiación Forzosa de 1954 y otras que afectan a las corporaciones locales, a funcionarios civiles o a los colegios profesionales.

Pero lo cierto es que no solo la ley marca el camino a los jueces, también tiene que existir interés en la interpretación al aplicarla, pues los jueces no son criaturas puras y es correcto que así sea.

Los orígenes del actual PP, y por ende el de Vox, están en el franquismo. En la segunda mitad de la década de los setenta, se crearon tres partidos de derechas o de ultraderecha: Alianza Popular, donde se reunía el franquismo mayoritario inmovilista y contrario a la ruptura con el régimen; Unión de Centro Democrático (centroderecha) y Fuerza Nueva, heredera de todas las esencias de la dictadura. AP se transformaría en el PP, por decisión de su fundador Manuel Fraga, en un Congreso de Refundación que buscaba hacer frente al socialismo, a la sazón en el Gobierno en 1989.

El PP nunca condenó el franquismo y, por el contrario, siempre puso todos los obstáculos posibles a la Ley de Memoria que inició el presidente José Luis Rodríguez Zapatero en 2007, alegando que se reabrirían heridas que era mejor no tocar. ¿Temían que sus votantes, en muchos casos hijos y nietos de quienes ganaron la guerra, se pusieran en su contra? Es posible. Pero, en base a esa oposición, los populares han protagonizado ejercicios de crueldad con las familias que buscaban a sus seres queridos, negando exhumaciones o retirando las subvenciones para las asociaciones memorialistas en las comunidades y ayuntamientos que han gobernado. Al permitir a Vox cogobernar o, cuando menos, gobernar gracias a su plácet, dieron un paso más pretendiendo modificar o anular la Ley de Memoria, adaptándola a su manera y contraviniendo la norma estatal. Si Rajoy presupuestó cero euros para desarrollar los postulados de la ley, Vox ha ido directamente a exigir a sus socios la total derogación. De esa manera, el PP navega en aguas turbulentas intentado hacer ver que se ven obligados a llegar a esos extremos por Vox, no por su gusto, mientras que a la ultraderecha le da igual hacer el papel de detractor de derechos existentes porque lo importante para ellos es acabar con la Memoria y, por ende, sepultar de nuevo el recuerdo de las víctimas en fosas y cunetas. Lo malo es que las intenciones de la derecha menos radical no parecen estar muy lejos de este concepto.

La permisibilidad de los populares, la ostentación de Vox y de grupos ultraderechistas afines, y su presencia en redes sociales esparciendo mentiras y narrando la historia a su manera distorsionada, lleva a que surjan iniciativas que con total desfachatez hacen apología del franquismo. Como muestra, comento el caso de un alcalde de mi tierra, Jaén, el regidor de Puente de Génave, Francisco García Avilés, perteneciente a Vox, que gobierna con mayoría absoluta. Este representante de los ciudadanos de su localidad publicó unos calendarios con imágenes y lemas que enaltecían el régimen de Franco para repartirlos entre los clientes de su gestoría particular. Ante las críticas y el rechazo recibidos, el edil respondió con una declaración que no tiene pérdida sobre las críticas recibidas, que en su opinión se habían producido «simplemente porque una serie de traumados no termina de asumir que perdieron una Guerra en el año 1939, y que el señor que representa dicho calendario situó a España en el año 1975 entre las veinticuatro economías más ricas del mundo según el Banco Mundial».¹⁵

¿En qué lugar hemos vivido los llamados progresistas que no nos hemos dado cuenta de que se nos venía encima la marabunta? La cuestión es si aún estamos a tiempo de remediarlo o si, una vez más, las confrontaciones ideológicas, las guerras internas y las luchas de poder nos harán perder la vida y los derechos ganados.

Está claro que debemos volver, de nuevo, a dar la batalla ideológica y cultural. Quizá estamos condenados a intentarlo una y otra vez como Sísifo (brillantemente relatado por Albert Camus en El mitode Sísifo),¹⁶ subiendo la piedra de la democracia hasta la cima de la montaña para, tras dejarla en el suelo creyendo que está segura, ver cómo rueda hasta la base para hundirse en el fascismo.

Debemos ser conscientes de que la democracia no es un reino que se conquista para siempre, y que sus depredadores lo saben y están dispuestos en jauría a acabar con ella, con la libertad y con los derechos consolidados. Zeus nos ha condenado a cumplir esta sentencia por no haber sabido defenderlos y por permitir que los beocios hayan tomado la acrópolis de esos valores universales ocupados en otras veleidades y falsas prioridades.

5

Corrupción, el virus de la democracia

El primer signo de la corrupción en una sociedad que todavía está viva es que el fin justifica los medios.

GEORGES BERNANOS, La libertad, ¿para qué?

La corrupción es un fenómeno que, de una u otra forma, ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes. Sin embargo, su aceptación e incidencia no han sido las mismas en unos y otros países.

Históricamente existieron en todo el mundo regímenes en los que la corrupción desempeñó un papel esencial, hasta el punto de considerarse sistémica o inherente al mismo (la China imperial, el Japón feudal, la Rusia imperial). En países como Alemania, Inglaterra o Francia, salvo en épocas concretas y más o menos amplias, la corrupción no ha sido sistémica. En países como Italia sí ha tenido un desarrollo muy amplio, con una incidencia política clara hasta el punto de permear todo el sistema de partidos. España no ha sido un estado corrupto, pero en algunas épocas la corrupción era estructural y estaba integrada en el funcionamiento del Estado.

El sistema clientelar y el caciquismo han marcado aquí periodos muy definidos. Durante la dictadura franquista, el estraperlo y la corrupción, específicamente, fueron generalizados, con una clara fusión entre el poder político y las estructuras económicas y el sometimiento acentuado del sistema judicial. La verticalidad se constataba en todos los ámbitos. Durante la Transición continuó este mecanismo, aunque más difuminado, hasta que, en democracia, se comenzó, primero tímidamente y después con más intensidad, a confrontar la corrupción.

Siendo esto así, lo cierto es que, en esos tiempos de transición, el virus de la corrupción estaba activo y tenía incidencia en la mayoría de las capas institucionales. No daba miedo ser corrupto, incluso se alardeaba de ello. Fue la época de los «pelotazos» inmobiliarios, de la expansión anárquica del urbanismo sin límite ni contención, con la clase política infectada por operaciones de construcción masiva. Las normas legales aún no estaban lo suficientemente definidas y la voracidad del dinero y la ostentación se hicieron notorias.

En España, hasta la mitad de los años noventa no se comenzó a combatir seriamente la corrupción. La justicia había estado ausente o silente en relación con estos casos, sin perjuicio de excepciones valerosas, representadas por las nuevas promociones judiciales. No existía una urgencia por combatir la corrupción, porque no había ni leyes ni medios humanos y materiales para hacerlo. Los medios policiales eran sumamente elementales y la especialización judicial y fiscal, nula.

Seria a partir de 1994 cuando comenzara a surgir la necesidad de combatir la corrupción, siguiendo la estela del pool anticorrupción de Milán, conocido como Mani pulite (‘manos limpias’). Recuerdo las primeras reuniones de jueces y de fiscales europeos en Ginebra, en septiembre de ese año. Después llegó el denominado L´Appel de Genève (‘la llamada de Ginebra’), que aglutinó a siete jueces y fiscales europeos que lanzamos el grito de que había que tomar medidas políticas, legislativas y de acción judicial comunes para combatir coordinadamente la corrupción y los delitos que la configuraban. Y, finalmente, la segunda llamada desde la Sorbona de París, con los mismos actores y algunos colegas más.

No fue fácil, pero así comenzó la historia, al menos a nivel europeo de forma coordinada. Tengo presentes a quienes lanzamos este manifiesto: el fiscal Carlos Jiménez Villarejo, el juez Edmondo Bruti Liberati, los fiscales Carla Del Ponte y Bernard Bertossa, el juez Gherardo Colombo, el juez Renaud Van Ruymbeke y yo mismo. Pedíamos la creación de una Fiscalía europea, la armonización penal contra el blanqueo de capitales y la protección de jueces y fiscales frente a las presiones políticas. Sin duda, este fue uno de los antecedentes importantes de la cooperación judicial reforzada en la Unión Europea de Eurojust (la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal) y, décadas después, de la Fiscalía europea.

Se trataba de superar la lentitud y los bloqueos políticos en las comisiones rogatorias, facilitar el levantamiento del secreto bancario en casos de corrupción y blanqueo y evitar que las fronteras protegieran el dinero ilícito. Aquí latía la idea fundamental que compartíamos todos por nuestras propias experiencias de investigación nacionales: que el fenómeno de la corrupción era transnacional, y frente a él se precisaban medidas de alcance equivalente. Es decir, la justicia también debía ser transnacional. Por otra parte, se exigía que, para poder llevar a cabo este desafío, se garantizara la independencia de los jueces, se evitaran las interferencias políticas del poder ejecutivo en las investigaciones sensibles y se garantizaran los medios materiales que permitieran la autonomía funcional.

Consideramos que era imprescindible, ya entonces, la armonización y el fortalecimiento del derecho penal europeo.

Por mi parte, en aquel momento, como ahora, consideraba que el blanqueo de capitales es el punto neurálgico de la corrupción. Por eso, siempre ha sido mi obsesión en las diferentes investigaciones en las que he participado, especialmente en las relacionadas con el crimen organizado, el hecho de que los sistemas bancarios amparan esas redes criminales y, por ende, debe superarse el proteccionismo existente; así como que la soberanía territorial no se puede utilizar como límite al ejercicio de la jurisdicción cuando se trata de delitos económicos graves, y que debe avanzarse hacia un espacio judicial común europeo y uno mundial, al amparo del principio de jurisdicción universal.

Todos estos alineamientos se consolidaron después, en el año 2000, en la reunión de la Universidad de la Sorbona, y sirvieron de base para la creación de instituciones europeas básicas en el combate contra la criminalidad organizada y contra uno de sus instrumentos más eficaces, como es la corrupción.

La corrupción es una auténtica estructura de poder, paralela al poder institucional, que procura diseñar zonas amplias de impunidad para operar de forma protegida. En este sentido, la corrupción, si no se consigue detener, acaba por fagocitar las estructuras institucionales, poniéndolas al servicio de los intereses particulares de quien la practica y desarrolla, y en detrimento de la ciudadanía. Por tanto, es una forma de violencia estructural, o aspira a serlo, y vacía de contenido los derechos fundamentales de las personas, alimentando redes transnacionales de criminalidad a través del blanqueo, el crimen organizado y la financiación ilícita de estructuras políticas. Por eso, el mejor antídoto contra el fascismo en cualquiera de sus formas es la defensa de los derechos humanos y su reivindicación frente a la corrupción; corrupción que genera desigualdad y que, a su vez, produce la frustración que abre el camino a las derivas autoritarias. Tales derivas destruirán aquellos derechos, de la mano de la inhibición o la colaboración judicial. De ahí que resulte fundamental combatir la corrupción en defensa del Estado social y democrático de derecho (artículo 1 de la Constitución española).

Maquiavelo señalaba «la facilidad con la que los hombres se corrompen y se vuelven perversos, aunque originalmente fueran buenos y bien educados».¹ Esto es absolutamente cierto, pero, para corromperse, hace falta, aparte de una debilidad de carácter que abra la brecha a la desviación de la honestidad, otro individuo o persona jurídica capaz de descubrir ese desfallecimiento de la voluntad, trabajarlo como el que moldea arcilla y dirigirlo después hacia fines de poder político o económico interesados.

Corruptos y corruptores entran así en un doble matrimonio de conveniencia, sabiendo que un divorcio sería extremadamente doloroso para el bolsillo de unos y muy arriesgado en cuanto a afrontar responsabilidades de ambas partes.

Se le atribuye a Esopo una idea elaborada hace miles de años en la Grecia clásica, pero que puede aplicarse perfectamente en la actualidad, salvando las distancias del verbo «colgar»: «Colgamos a los ladrones de poca monta, pero a los grandes ladrones los elegimos para cargos públicos». Sintetizaba así el pensador clásico el concepto de la corrupción que, cual mosca cojonera, nos acosa y se reproduce sin solución de continuidad, a pesar de las múltiples leyes elaboradas para combatirla, tanto a nivel público como privado, y sin que la cola del caballo, a pesar de sus golpes sistemáticos y cadenciosos, consiga quitársela de encima.

Pienso cuando escribo esto en Cristóbal Montoro, otrora todopoderoso ministro de Hacienda, presunto cerebro fiscal de Aznar y de Rajoy, ahora imputado por una serie de presuntos delitos que van desde la prevaricación a la malversación y a muchas más cosas. Se lo acusa de haber dado vía libre a leyes, normas y reglamentos elaborados ad hoc para las necesidades de los clientes —al parecer, grandes compañías del sector del gas, entre otras— del despacho de profesionales que él mismo había creado. Un despacho que, al parecer, era la cantera de los nombramientos que realizaba en su negociado ministerial, es de suponer que para facilitar al máximo estos beneficios a sus clientes, que, siempre presuntamente, debían abonar los servicios del bufete. Montoro y su despacho lo niegan todo, como era de esperar.

Este hecho configuró, presuntamente, una corrupción piramidal desarrollada de arriba abajo y que supuso la apropiación temporal del Estado al servicio de intereses privados en el mismo nervio central económico de aquel Ministerio de Hacienda y con perjuicio de los contribuyentes. Solo pensar que quede probado que esto fue así lleva al miedo de imaginar hasta dónde puede llegar la impunidad, al menos durante un tiempo, cuando la dinámica delictiva se genera desde dentro de la institución.

Pero no debemos olvidar que este hecho fue precedido unos años antes por el otro modelo de corrupción generada desde abajo hacia arriba con la Gürtel. Ambos tenían, de alguna forma, su epicentro en Génova 13, sede nacional del PP, y dieron forma a una auténtica «Tangentópolis» a la española, frente a la cual uno se queda anonadado, a la espera de cuál será el siguiente escenario al que nos veremos sometidos en este prostituido sistema que debería ser de servicio público.

Larga lista

Hace no mucho publicaba en infoLibre estas ideas y añado aquí alguna otra.² Si echamos la vista atrás, observaremos una larga lista de individuos que han saqueado las arcas públicas. Nos podemos remontar al franquismo y pasar después por la Transición, y encontraremos muchos casos de mayor o menor envergadura. Hemos visto corrupción en la política nacional, en comunidades autónomas, en diputaciones, en ayuntamientos, en los bancos, en la policía, en la Iglesia, en la Administración de justicia, en los medios de comunicación e incluso en la Familia Real. Un suma y sigue que no para. ¿Tan difícil es prevenirla y afrontarla?

En mi libro El fango³ tocaba la variada gama de delitos que habíamos conocido en nuestro país, establecía las comparaciones pertinentes y concluía con una serie de medidas que consideraba que era preciso adoptar para combatir esta lacra. Desde entonces hasta ahora hay material suficiente para hacer una ampliación de aquella obra, incorporando nuevas técnicas y hechos que afectan a las diferentes instituciones y al sector privado relacionado con ellas.

No basta con simples medidas cosméticas. Quienes tienen la potestad y los deberes de legislar y de gobernar necesitan de otros apoyos que den la cobertura a sus iniciativas y garanticen el éxito posterior que, en algunos casos, deriva en un enriquecimiento personal, corporativo o de índole no económica, pero que, en otros muchos, genera espacios de poder político en la propia Administración, ya sea de justicia o de otro sector del Estado, cuya incidencia en el tiempo se vuelve dañina y permanente.

La política, en sí misma, no es mala ni perversa, sino un mecanismo imprescindible para el funcionamiento de la democracia. Por ello, es necesario exigir la máxima transparencia en el aparato burocrático del Estado, estableciendo mecanismos de control y técnicas de evaluación y de gestión eficaces en la Administración, pero sin olvidar el seguimiento de quienes tienen la obligación de desarrollar esas medidas. Se trata de evitar la generación de espacios de poder que, al socaire de defender intereses profesionales, realmente se convierten en actores políticos y lobistas sin control. Buen ejemplo de ello son las asociaciones profesionales en el sector de la justicia, su financiación y su relación con partidos políticos concretos.

Lobbies

La erradicación de los lobbies es una aspiración, y, a la vez, algo muy difícil de conseguir. Precisamente por ello es necesario enfrentar su poder y, consecuentemente, su regulación. Los lobbies actúan en todos los ámbitos en los que se cruzan intereses económicos o financieros, convirtiéndose, en demasiadas ocasiones, en campos de tráfico de influencias. Actúan sobre el poder legislativo y sobre el ejecutivo, sobre todo en España, donde la mayoría de las leyes son presentadas a iniciativa del Gobierno.

Recuerdo que la propuesta para regular la actividad de los lobbies fue retirada de entre las medidas propuestas por el Gobierno de Mariano Rajoy. Tal decisión resulta un tanto sospechosa, a la vista de acontecimientos posteriores, como el que se refiere al que fuera ministro popular, Cristóbal Montoro, sin que ello afecte a su presunción de inocencia.

Fuera del caso puntual, pareciera que la influencia de estos lobbies ha sido la causa de la inexistencia de una regulación eficaz y transparente de este fenómeno, que acompaña al sistema político de cualquier país democrático. La situación actual es la ausencia de una regulación específica, que ahora se pretende poner en marcha con el fin de permitir la identificación de los intereses que se persiguen, cómo se financian y a costa de qué se produce su intervención.

La justicia estadounidense pronunció en 2010 varias decisiones clave con las cuales limitó la capacidad del Estado para regular el dinero en la política (gasto independiente y límites de aportaciones), lo que de facto reforzó la influencia económica de grupos organizados.⁴

El fallo del caso United States Supreme Court sostuvo que prohibir a las corporaciones y sindicatos que financien anuncios políticos independientes vulneraba la Primera Enmienda. Con ello, abrió la puerta a un mayor gasto independiente en campañas.

En el caso, Speechnow.org versus FEC,⁵ el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia declaró inconstitucional limitar contribuciones a comités que solo hacen gastos independientes. Esta fue la base práctica para la creación de los «súper PACs».

La Orden ejecutiva de la administración Obama estableció un «ethics pledge» (‘compromiso ético’) para los nombrados, con prohibiciones de regalos de lobistas, restricciones de «revolving door» (‘puertas giratorias’) y periodos de «cooling-off» (‘reflexión’).⁶

En España, se encontraba en tramitación cuando escribía estas líneas el Proyecto de Ley de Transparencia e Integridad de las Actividades de los Grupos de Interés.⁷ Fue presentado por el Gobierno y registrado como iniciativa legislativa del Ejecutivo, y la Mesa del Congreso acordó tramitarlo en su reunión del 4 de febrero de 2025.8

El proyecto en tramitación se refiere, y regula, el reconocimiento y la definición del «grupo de interés», mediante la delimitación jurídica de qué se entiende por grupo de interés o lobby; la inclusión de personas físicas y jurídicas que influyan directa o indirectamente en la elaboración normativa o en la toma de decisiones públicas; las exclusiones expresas (ciudadanía individual, sindicatos en funciones constitucionales, etcétera, según la redacción final). Además, el registro público obligatorio de grupos de interés, accesible y actualizado, en el que se deben inscribir como requisito previo para mantener reuniones o contactos formales con altos cargos; regulación de la «huella normativa», que exige la obligación de documentar las reuniones, los contactos y las aportaciones recibidas durante la elaboración de normas, y la publicación de esa trazabilidad para garantizar transparencia en el proceso legislativo y reglamentario.

Se añaden las obligaciones de conducta y los códigos éticos; el establecimiento de principios de actuación para los grupos de interés; la prohibición de prácticas opacas o engañosas; el compromiso de veracidad en la información facilitada; el régimen de incompatibilidades y conflictos de interés; la regulación de las llamadas «puertas giratorias» y de posibles periodos de enfriamiento o reflexión («cooling-off») para altos cargos. También la prevención de conflictos entre función pública y actividad privada de influencia; la supervisión y el régimen sancionador; la creación o atribución de competencias a un órgano de control; la tipificación de infracciones (leves, graves y muy graves); y las sanciones económicas y posibles prohibiciones temporales de actividad.

Sin embargo, presenta algunos riesgos que deberán ser tenidos en cuenta para combatirlos. Por ejemplo, un órgano supervisor de nueva creación debe ser absolutamente independiente y con los suficientes recursos para desarrollar su labor sin interferencias.

Muchas leyes existen sobre el papel, pero el regulador carece de independencia real o de medios para investigar y sancionar en base a ellas. Su fracaso generará una frustración mayor, y si la futura ley no dota a las nuevas estructuras de autonomía, de personal suficiente y de competencias de inspección, se convertirá en un débil remedo de lo que pudo haber sido y no fue.

Así mismo, el alcance de la definición (quiénes serán considerados como «lobistas») resulta fundamental, porque si la norma queda limitada a los «consultores», se dejará fuera a lobbies en forma de coaliciones (coalitions), fundaciones o «grupos de interés» que operan a través de terceros. Países con registros exhaustivos incluyen tanto consultores externos como «in-house» (‘internos’) y organizaciones.

En este sentido, no se puede olvidar la transparencia de los financiadores y de las asociaciones: si el proyecto no obliga a revelar fuentes de financiación (donantes significativos de asociaciones o fundaciones que hacen lobby), se mantiene opacidad sobre quién financia la influencia.

También, si las sanciones por los incumplimientos son meramente simbólicas y sin publicidad, reducen el efecto disuasorio. Todo ello sin olvidar la limitación de actividades tras dejar un cargo público, las incompatibilidades para gestionar o participar en contratos públicos, y, finalmente, la interoperabilidad y la accesibilidad digital: el registro y la huella normativa deben publicarse en formato abierto y fácilmente consultable.

El Consejo de Ministros del 17 de febrero de 2026 aprobó el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, en el que se propone la modificación de múltiples leyes y se incluyen ochenta y cuatro medidas dentro del plan estatal de lucha contra la corrupción, impulsado en julio de 2025.9

Este anteproyecto, según la propia reseña del Consejo, está basado en los cinco grandes ejes de la estructura de la estrategia frente a la corrupción: la prevención de riesgos y el fortalecimiento de los controles; la investigación, la acción de la justicia y las sanciones; sensibilizar a los ciudadanos; la recuperación de activos y la protección de los informantes. Principios que cuentan con el aval de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que ha colaborado en los trabajos para su diseño con asesoramiento y con apoyo metodológico.

La norma presenta importantes novedades: se crean nuevos organismos, se amplían las competencias de otros y se establece una mayor transparencia en determinados ámbitos, como es el de los partidos políticos. El anteproyecto aprobado complementa otras iniciativas puestas en marcha, como la tipificación del delito de enriquecimiento ilícito, que no estaba en el Código Penal; la Ley de Protección del Informante y la Autoridad Independiente, para la protección de personas que denuncian hechos corruptos; o el Plan de Acción por la Democracia, que aporta más transparencia y rendición de cuentas para quienes tienen responsabilidades públicas.

Este anteproyecto surgió del trabajo de varios ministerios en coordinación con el de Hacienda. Afectará a todos los ámbitos en los que existan riesgos, como la contratación, las subvenciones, la externalización de servicios públicos básicos, la normativa o los recursos humanos. Su ámbito de actuación incluye medidas para todas las administraciones públicas, ya sean estatales, autonómicas o locales, por lo que tendrá una aplicación integral con la que se busca incrementar la confianza de la ciudadanía y la lucha contra el fraude en todos los ámbitos. Será la primera línea de defensa de los fondos públicos. Un elemento clave será la creación de la Agencia Independiente de Integridad Pública, una autoridad administrativa que ejercerá el papel central en la lucha contra prácticas corruptas y fraudulentas.

A través de una serie de medidas, se modernizará el sistema institucional. La base de esta reforma es dotar de más medios, especialización y autonomía a la Administración de justicia y al Ministerio Fiscal, con el fin de reforzar su capacidad para actuar con independencia y agilidad frente a los delitos de corrupción.

Me parece de especial interés la voluntad de reforzar el sistema de protección de las personas informantes, garantizando que realicen denuncias en entornos seguros y sin miedo a represalias. Esto será una realidad gracias a que existirá la obligación de que todos los organismos y entidades, obligados a tener un sistema interno de información, dispongan de un modelo de cumplimiento o de integridad. También se contempla el derecho a obtener indemnizaciones proporcionales al daño sufrido, incluido el moral. Y se atribuirá la categoría de persona protegida a quien haya gestionado canales internos o externos, respaldo que se extenderá durante cinco años tras el cese de su labor.

Destaco también el aumento de la especialización judicial que se pretende. Se ejecutará a través de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que contemplará la creación de secciones especializadas en materia de corrupción. Unos cambios que permitirán al Estado disponer de instrumentos eficaces no solo para prevenir la corrupción, sino también para detectarla y sancionarla con todas las garantías.

No quiero dejar de referirme a un tema crucial, y es que se suman a dicha estrategia otras normas como la Ley de Lobbies, en tramitación parlamentaria cuando estoy concluyendo este libro, y la Ley de la Administración Abierta, que ya había pasado en primera vuelta por el Consejo de Ministros.

El anteproyecto deberá armonizarse, por tanto, con el proyecto ya en tramitación de los lobbies. Puede decirse que es verdaderamente ambicioso, pero presenta la propia dificultad que afecta a esta legislatura en relación con las mayorías necesarias para aprobarlo y la confrontación destructiva existente entre Gobierno y oposición. Algo que debería ser una iniciativa asumida por todos, con las enmiendas correspondientes, y aprobarse por todos los grupos parlamentarios, pero que me temo que se quedará, de nuevo, en la historia de una ilusión desvanecida, y hará que sigamos invocando la necesidad de luchar contra la corrupción, pero sin voluntad de hacerlo. No obstante, aún queda la esperanza de que esta situación de confrontación se revierta en beneficio de la transparencia en la gestión de lo público, y que la democracia en nuestro país se vea reforzada.

Paraísos fiscales

Es sabido que la opacidad beneficia la corrupción, por lo que es básica la prohibición de los paraísos fiscales. Carece de sentido que un alto porcentaje del capital mundial se encuentre en países con una política de fiscalidad reducida o inexistente y una opacidad absoluta ante investigaciones penales, desatendiendo cualquier petición de cooperación. Cada vez son más los casos en los que se establecen residencias de conveniencia allí donde no se pagan impuestos, con la sola finalidad de garantizar mayores rendimientos financieros a quienes desarrollan toda su actividad empresarial. Esto, de hecho, significa una defraudación de los principios elementales de solidaridad y corresponsabilidad que la convivencia en comunidad exige.

La cuestión es más sangrante cuando ese capital procede, en gran medida, de los beneficios ilegales que propicia el tráfico de armas para las corporaciones que las fabrican, y que las facilitan, a través de pabellones de conveniencia y con la ayuda de países amigos, a las zonas de guerra o de conflicto armado. Esto ocurre hoy con Israel en Gaza, donde el genocidio se está produciendo en tiempo real y a la vista de todo el mundo, de la mano de autoridades políticas y militares con responsables del máximo nivel en ambos campos. Y, mientras, se produce una ocupación nada disimulada, a través de normas instrumentales para apropiarse de Cisjordania y así evitar la consolidación de un Estado palestino. Estas acciones, desde luego, además de otro tipo de calificación, suponen claros casos de corrupción política. Una corrupción consentida por la generalidad de los países occidentales, amén de despreciar todas y cada una de las resoluciones de Naciones Unidas. Pero también cobijan actividades relacionadas con la financiación, con la circulación de fondos provenientes del tráfico de drogas y del crimen organizado en general, y, asociada a todos ellos, con la corrupción.

La falta de controles y la opacidad son otros de los ingredientes de la corrupción. La transparencia debe ser la regla en todos los ámbitos, especialmente en la Administración de justicia.

Justicia sin interferencias

Precisamos una justicia responsable, profesionalmente capaz, garantista, respetuosa con los estándares más exigentes de derechos humanos, sin interferencias ni instrumentación por actores externos o internos que respondan a intereses espurios, sin dilaciones y eficaz en la resolución de los conflictos sometidos a su consideración. Para conseguir estos fines y lograr el correcto funcionamiento de la justicia, es necesaria su total independencia. La independencia del juez, como tercero imparcial entre partes enfrentadas, es su obligación principal, y solo si se constata podremos afirmar que su juicio ha sido imparcial, apegado a la legalidad y, por ende, justo.

En este sentido, es urgente abordar la prohibición de mecanismos lobistas de facto, a través de los cuales entidades y corporaciones económicas privadas, bancos, despachos de abogados..., pero también funcionarios públicos de alto nivel, a quienes se les permite compatibilizar el desempeño público y privado, medren o pretendan hacerlo en la Administración de justicia.

Así mismo, en un mundo globalizado, en el que las relaciones económicas constituyen el núcleo de las relaciones entre países y corporaciones públicas y privadas, la transparencia y la rendición de cuentas resultan indispensables. Comporta una agilización y el reforzamiento de las estructuras internacionales de prevención de la corrupción y el blanqueo de capitales. También es fundamental el combate eficaz de la criminalidad organizada, que utiliza como una de sus principales armas la corrupción, sea como fin en sí misma o como instrumento para ganar espacios de poder e impunidad. Frente a ello son vitales la coordinación internacional contra la corrupción y la definición de espacios judiciales y policiales más amplios.

Estado de derecho

Un verdadero Estado de derecho se conforma no solo por las normas represivas de conducta ilícitas, sino, además —y esto es más importante—, por la definición de los mecanismos de prevención y de educación sobre la transparencia y sobre la ética en la gestión de lo público, como principios nucleares de toda acción personal y colectiva, de solidaridad e igualdad, de progreso y de consolidación de derechos en los escenarios de corresponsabilidad en los que se sustenta una democracia.

Las normas para prevenir y combatir la corrupción están dadas o en vías de aprobación en nuestro país, solo faltan su implementación y la voluntad de cumplirlas. No obstante, bienvenidas sean las reformas propuestas tanto en materia de prevención como en su investigación penal, que debe pasar a manos del Ministerio Fiscal, en tanto que el juez deberá asumir la suya como garante del debido proceso.

En este último campo, me siguen preocupando la forma de proteger con solvencia y efectividad, y de manera integral, a los alertadores, ampliando la directiva correspondiente a los testigos y peritos; la protección frente a las SLAPP (demandas estratégicas contra la participación pública) que se dirigen contra las voces críticas, y una regulación seria, y no solo basada en la reducción de pena, de los denominados arrepentidos.¹⁰ El Comité de Derechos Humanos de la ONU instó a España en julio de 2025 a revisar y mejorar su marco legal para garantizar la libertad de expresión y la protección real de alertadores.

Es preciso conjugar los mecanismos adecuados que garanticen la veracidad y la solvencia de sus testimonios, haciendo hincapié en una verdadera, pormenorizada y exhaustiva normativización de la financiación de los partidos políticos, en la línea propuesta por el Ejecutivo, pero con la participación y la mejora en su tramitación parlamentaria de los demás grupos políticos.

En mi lista hay algo más: la responsabilidad de los medios informativos. Dicho de otro modo: definir el marco en el que el derecho a la información y la libertad de expresión se encuentren con las garantías que deben regir en los procesos penales.

Y, por supuesto, la necesidad de impulsar mecanismos de gobierno abierto, de control de participación ciudadana y de eliminación de los ataques a estos espacios de rendición de cuentas, como lo ocurrido recientemente con la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana de la Agencia Valenciana Antifraude.

Temo que la apabullante cantidad de procesos abiertos, concluidos, archivados o sobreseídos, hayan conseguido incluso insensibilizar a una sociedad que ya da por sentado que el sistema contamina todos los sectores de la realidad política, económica y judicial y que, por tanto, piensa que nada va a cambiar. Esa desconfianza es la que urge transformar.

Los corruptos no pueden ganar la batalla. Es el Estado de derecho el que tiene la última palabra. En este campo, como en tantos otros, la indiferencia no es una opción. Y tampoco lo es la imputación recíproca de corrupción, que conduce a una parálisis existencial de quienes tienen la obligación de trabajar en favor de la comunidad y se quedan en la defensa de sus propios y mezquinos intereses.

Fractura del contrato social

Quiero ahora detenerme en un aspecto que me resulta particularmente importante. Vivimos en sociedades que se dicen democráticas, pero donde, con demasiada frecuencia, la realidad nos recuerda que la democracia es, más que un estado de hecho, un contrato social frágil, sostenido por la confianza que los ciudadanos depositan en las instituciones democráticas y en sus representantes. La corrupción, en todas sus formas, constituye una fractura profunda de ese contrato. No es solo un fenómeno económico ni un delito aislado: es un síntoma de la vulnerabilidad de nuestras democracias, un indicio de que las reglas que deberían ser iguales para todos, en la práctica, a veces, no lo son.

Desde una perspectiva global, los principales organismos internacionales coinciden en señalar que la corrupción es hoy un problema estructural. Transparencia Internacional, a través de su Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), ha mostrado de forma constante que ningún país está completamente a salvo y que incluso democracias consolidadas pueden experimentar retrocesos cuando se debilitan los controles institucionales.

El IPC no mide corrupción real —algo técnico y difícil de cuantificar—, sino la percepción de corrupción, que es igualmente relevante porque refleja la confianza de expertos y actores sociales en el funcionamiento de las instituciones públicas. Una caída en la percepción de integridad institucional es síntoma de ruptura del contrato social, porque indica pérdida de confianza en la imparcialidad, la transparencia y el trato igualitario del sistema político.

El IPC evidencia que, aunque algunos países no democráticos pueden gestionar ciertos tipos de corrupción, la democracia y las instituciones fuertes son esenciales para combatirla de manera efectiva. Así mismo, los países con espacio cívico garantizado —libertad de expresión, de reunión y de asociación— tienden a controlar mejor la corrupción, mientras que aquellos donde estas libertades están restringidas presentan puntuaciones muy bajas en el IPC.

Según el último IPC, más de dos tercios de los países obtienen puntuaciones por debajo del umbral medio.¹¹

En el caso europeo, esta lectura es especialmente relevante. La Unión Europea se ha construido sobre la base de valores compartidos —democracia, igualdad ante la ley, respeto de los derechos fundamentales—, pero los últimos años han evidenciado tensiones internas que ponen a prueba esos principios. La corrupción aparece entonces no solo como un problema nacional, sino como un desafío al propio proyecto europeo, en la medida en que debilita la confianza mutua entre Estados y ciudadanos.

El promedio regional cayó por segundo año consecutivo a 64 puntos sobre 100.12 Incluso economías fuertes, como Alemania (75 puntos) y Francia (67 puntos), y países nórdicos, como Noruega (81 puntos) y Suecia (80 puntos), registran sus peores puntuaciones históricas. De treinta y un países evaluados, diecinueve descendieron, mientras solo seis mejoraron.

La transparencia y la rendición de cuentas en contratación pública sigue representando un punto débil en varios países de la Unión Europea, facilitando sobornos y erosionando la confianza ciudadana.

Si miramos algunos ejemplos concretos en Europa, vemos un panorama lleno de contrastes, donde la lucha contra la corrupción puede avanzar o retroceder según la voluntad política y la fortaleza institucional.

Tomemos Estonia, por ejemplo. Este país, con una puntuación de 76 en el IPC, destaca de manera positiva gracias a su registro centralizado de contratación electrónica. Allí, la transparencia no es solo una palabra: se traduce en acceso real de la ciudadanía, en posibilidad de escrutinio público y en una participación activa que fortalece la confianza en las instituciones.

Contrastemos esto con Italia, que apenas alcanza los 54 puntos. Reformas recientes han debilitado los controles anticorrupción: la definición de tráfico de influencias se ha reducido y ciertos abusos de poder por parte de funcionarios públicos han dejado de ser considerados delito. Persisten lagunas en la regulación de lobbies y en la gestión de conflictos de interés. Aun así, hay signos de avance: la Agencia Anticorrupción trabaja con bases de datos de contratación electrónica, intentando crear mecanismos que aumenten la transparencia en medio de un contexto legislativo complejo.

Si seguimos hacia el este, encontramos Hungría, con 41 puntos. Bajo el Gobierno de Viktor Orbán, la corrupción sistémica y el deterioro del Estado de derecho han continuado avanzando de manera alarmante, incluso frente a bloqueos de fondos europeos que deberían obligar a restaurar la legalidad y la transparencia.

Estos casos nos muestran que la corrupción no es un fenómeno abstracto ni lejano: es tangible, varía de país en país y depende de la fuerza de las instituciones, de la participación ciudadana y de la voluntad política. Algunos avanzan; otros retroceden. La lección es clara: la transparencia, la vigilancia y la ciudadanía activa son la mejor vacuna frente a la corrupción sistémica.

Más allá de los números, lo que debemos preguntarnos es qué significa vivir en un sistema donde las reglas no siempre se aplican por igual. Cuando los ciudadanos perciben que las normas no se emplean de forma equitativa, no solo se incumple la ley: se rompen la igualdad y la expectativa básica de justicia que sostiene la convivencia democrática. Es decir, la corrupción erosiona la legitimidad del Estado y mina la confianza de los ciudadanos. La democracia, que se sostiene sobre la igualdad ante la ley y la participación política efectiva, se ve debilitada cuando el acceso a la justicia o a los servicios públicos depende del favor, del dinero o de la influencia de unos pocos.

Además, el daño no se limita al momento del acto corrupto, sino que se proyecta en el tiempo, generando cinismo, resignación y desafección política. La corrupción actúa, así, como un factor de exclusión: expulsa simbólicamente a amplios sectores sociales del contrato democrático al transmitir el mensaje de que la igualdad ante la ley es condicional.

Aquí surge otra dimensión crítica: la corrupción como vulneración de derechos humanos. No es solo un problema administrativo o económico; es un ataque a la dignidad, la libertad y la igualdad de las personas. Cada acto corrupto implica una transferencia ilegítima de recursos, poder u oportunidades de quienes tienen menos capacidad de defensa hacia quienes tienen más influencia o más capital. En este sentido, cada acto de corrupción tiene un rostro humano y consecuencias tangibles: niños que no reciben la educación adecuada, pacientes que carecen de atención médica, personas que mueren por la falta o el desvío de ayuda humanitaria, y ciudadanas y ciudadanos que desconfían del Estado que debería protegerlos.

Mirar la corrupción desde esta óptica permite desplazar el debate del mero castigo penal a una reflexión más profunda sobre el tipo de sociedad que estamos construyendo.

Más allá de lo económico

Cuando hablamos de corrupción, tendemos a asociarla con sobornos, desvío de fondos o enriquecimiento ilícito. Pero la corrupción no es solo un fenómeno económico: es una violación directa de los derechos humanos y de los principios fundamentales de la democracia. Cada acto corrupto no solo redistribuye recursos de manera injusta, sino que erosiona la dignidad de las personas, afecta a su libertad de decisión y socava su capacidad de participar plenamente en la vida social y política.

Resulta especialmente importante recordar que la corrupción no impacta a todas y todos por igual. Las mujeres, los niños, las comunidades marginadas, las minorías étnicas y las personas en situación de pobreza son las que sufren las consecuencias más severas. Esto es lógico: quienes dependen más de los servicios públicos y tienen menos recursos alternativos son los que pierden acceso a oportunidades, a servicios esenciales y a mecanismos de participación política cuando los recursos son desviados o distribuidos de manera discriminatoria.

En este panorama, el impacto de la corrupción sobre los derechos humanos se puede observar en múltiples dimensiones.

En el acceso a la justicia, por ejemplo, la corrupción genera desigualdad: quienes tienen influencia, conexiones o recursos económicos pueden obtener decisiones favorables, mientras los más vulnerables quedan relegados. Es decir, que la corrupción compromete el derecho a un juicio justo y a la tutela judicial efectiva. La igualdad ante la ley se convierte en un ideal utópico, no en una práctica real.

En el ámbito económico, la corrupción incrementa la desigualdad y limita el acceso a oportunidades esenciales. Cuando fondos públicos destinados a salud, educación, vivienda o servicios básicos son desviados por prácticas corruptas, los derechos sociales y económicos de millones de personas quedan comprometidos.

Más sutil pero igual de perniciosa es la corrupción que erosiona la confianza social. La percepción de que las instituciones pueden ser manipuladas por intereses particulares genera desafección política, apatía ciudadana y, en última instancia, debilitamiento del Estado de derecho.

En Europa, los datos del Eurobarómetro refuerzan esta lectura. De forma consistente, una mayoría significativa de ciudadanos europeos, el 69 por ciento, considera que la corrupción está extendida y que afecta negativamente a su confianza en las instituciones. El 51 por ciento cree que la corrupción es una práctica muy extendida entre los partidos políticos y el 73 por ciento está de acuerdo con la afirmación de que existe corrupción en las instituciones públicas nacionales.¹³

Esto nos recuerda que la corrupción no se combate únicamente con leyes, sino también con cultura institucional y con responsabilidad ciudadana. Se debe empoderar a la ciudadanía como sujeto activo de derechos. Sin esa dimensión cultural y social, las reformas legales corren el riesgo de quedarse en el papel.

La corrupción, además, tiene efectos invisibles sobre los derechos civiles y políticos. La captura de reguladores, la manipulación de contratos públicos o la financiación irregular de partidos debilitan la participación política auténtica. Cada decisión tomada bajo influencia corrupta es un derecho vulnerado: el derecho de la ciudadanía a decidir sobre políticas públicas que afectan su vida, su entorno y su futuro. En este sentido, la corrupción no es solo un problema de recursos; es un ataque a la capacidad de la sociedad de gobernarse a sí misma.

Pero, frente a este panorama sombrío, existe un aspecto esperanzador: la resistencia ciudadana y la acción colectiva. Cuando los ciudadanos denuncian irregularidades, participan en plataformas de transparencia o impulsan movimientos sociales están ejerciendo sus derechos y fortaleciendo la democracia.

La corrupción debe ser entendida como un fenómeno que excede lo económico y lo jurídico: como una vulneración de derechos humanos, una fractura de la confianza social y un desafío a la igualdad y a la libertad. Los números y estadísticas solo son útiles si nos ayudan a entender el coste humano de cada acto corrupto y la urgencia de crear mecanismos de prevención y de resistencia efectivos. La verdadera medida de una democracia se establece no por la sofisticación de sus leyes, sino por la capacidad de la sociedad para mantenerlas vivas y exigir que se cumplan por y para todos por igual.

Confrontar la corrupción

Los países que integran la OCDE, que se caracterizan por sus economías avanzadas y desarrolladas, han avanzado mucho en la construcción de marcos legales y estratégicos, pero la brecha entre la normativa y la práctica, la falta de datos y la preparación frente a riesgos emergentes son los retos clave que debemos afrontar para proteger la transparencia, la integridad y la confianza pública.

Según el informe «Perspectivas de anticorrupción e integridad 2024» de la OCDE,¹⁴ los marcos anticorrupción y de integridad se han vuelto cada vez más amplios y sofisticados. Sin embargo, la implementación sigue siendo desigual. Aunque se adoptan enfoques estratégicos, solo se ejecutan alrededor del 67 por ciento de las acciones previstas, dejando un tercio de las medidas en el papel. Las normas sobre gestión de riesgos y control interno son sólidas, pero muy pocos países realizan evaluaciones sistemáticas. Y, aunque existen reglas fuertes sobre conflictos de interés, solo se aplica en promedio el 40 por ciento de las prácticas estándar, y las sanciones rara vez se ejercen.

Otro desafío clave según la OCDE es la falta de datos y de supervisión. Muchos países no recopilan información suficiente sobre las auditorías presupuestarias, el cumplimiento de recomendaciones internas ni la actividad posterior de los altos cargos públicos, dificultando el seguimiento de las famosas «puertas giratorias». De hecho, el 60 por ciento de los países de la OCDE no supervisa la aplicación de sus estrategias anticorrupción, lo que revela una brecha significativa entre norma y práctica.

En los últimos años, Europa ha dado pasos significativos que muestran que la lucha contra la corrupción puede avanzar de manera concreta, aunque todavía existe mucho por hacer.

Un ejemplo claro es la Directiva Europea 2019/1937,15 que obliga a crear canales seguros de denuncia y a proteger a quienes informan sobre irregularidades. Esto supuso un punto de inflexión en la concepción europea de la lucha contra la corrupción, porque, por primera vez, se reconoció de forma explícita que la protección de las personas alertadoras no es un elemento accesorio, sino una condición esencial para que los sistemas de integridad funcionen. Sin protección efectiva, el silencio se impone por miedo a represalias y la corrupción permanece oculta.

Además, a través de esta directiva, se exigió la protección contra represalias, tanto directas como indirectas, y se buscó evitar que la fragmentación de la protección entre Estados miembros se convirtiera en un obstáculo para la aplicación uniforme del derecho europeo y la defensa del interés público.

Otra pieza central de esta transformación es la propuesta de una directiva europea integral contra la corrupción. El 2 de diciembre de 2025, el Consejo y el Parlamento europeos alcanzaron un acuerdo provisional sobre la primera directiva de la Unión Europea específicamente destinada a armonizar las legislaciones penales de los Estados miembros en la lucha contra la corrupción.¹⁶ Estamos ante un paso histórico: por primera vez, la Unión deja atrás un enfoque fragmentado y avanza hacia un marco jurídico común, con definiciones homogéneas de delitos, responsabilidades y sanciones.

Hasta ahora, la corrupción había sido tratada principalmente desde el ámbito nacional, con grandes diferencias entre países en la tipificación de conductas, en las sanciones y en los mecanismos de prevención.

Esta nueva directiva viene a llenar esos vacíos. Establece un catálogo armonizado de delitos que incluye la corrupción, el desvío de fondos y el tráfico de influencias, y extiende la responsabilidad penal a las personas jurídicas cuando estos delitos se cometen en su beneficio. Las sanciones previstas son proporcionales y disuasorias, incluyendo multas calculadas sobre el volumen de negocio de las empresas, y se incorporan incentivos claros a la prevención, como la existencia de programas de cumplimiento y la cooperación con las autoridades.

Si hay un elemento verdaderamente transformador en esta directiva es la integración explícita de la protección de las personas informantes en el corazón de la lucha contra la corrupción. La norma exige que la directiva europea de protección de los denunciantes sea plenamente aplicable a quienes informen sobre delitos de corrupción.

Este reconocimiento no es menor. La experiencia demuestra que muchos de los grandes casos de corrupción solo salen a la luz gracias a quienes se atreven a denunciar desde dentro. La legislación europea reconoce así a los informantes como auténticos garantes del interés público, piezas clave para la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad institucional.

Estos avances no son solo técnicos ni burocráticos. Son señales de que la conciencia sobre la necesidad de integridad y de transparencia ha crecido.

Parece que, finalmente, aquello que se inició en los años noventa por parte de un grupo de jueces y fiscales comprometidos está dando sus frutos. En 1996, en una entrevista que se incluyó en el libro La justicia o el caos¹⁷ —que Denis Robert, su autor, publicó con ocasión de la reunión de L´Appel de Genève— declaré que la carrera contra la corrupción y sus formas de manifestación resulta como si compitieran un leopardo y un elefante. El leopardo representa a los corruptos y los blanqueadores; el elefante, a la justicia. Tarda, pero llega. En este caso, en forma de legislación. Treinta años después, la justicia tiene la obligación de cumplirla y de hacer efectiva esa persecución.

¿Y España?

Según los Worldwide Governance Indicators, el Banco Mundial constata que España ha experimentado un deterioro muy significativo en el control de la corrupción en las últimas dos décadas. Los datos muestran una caída continuada desde comienzos de los años 2000 hasta 2023, pasando de niveles claramente altos a valores que hoy se sitúan en mínimos históricos. En términos técnicos, el indicador de control de la corrupción se ha reducido prácticamente a la mitad en ese periodo.¹⁸

Este deterioro no se limita a un solo ámbito. El Banco Mundial observa también un descenso acusado en la eficacia del Gobierno, en la calidad regulatoria y en el Estado de derecho, pilares esenciales para prevenir la corrupción y garantizar un uso íntegro de los recursos públicos. En conjunto, estos indicadores reflejan un debilitamiento de la calidad institucional, que tiene efectos directos sobre la confianza ciudadana, la seguridad jurídica y la capacidad del Estado para hacer cumplir las normas.

Lo más llamativo es que, en términos comparados, España registra uno de los retrocesos más intensos entre las economías avanzadas, incluyendo los países del G-20. Mientras que otras grandes economías europeas muestran descensos leves o prácticamente estables, el caso español destaca por la magnitud y la persistencia de la caída. En el contexto europeo, España se sitúa ya en posiciones muy rezagadas, solo por encima de algunos países que han atravesado crisis institucionales profundas.

Desde la perspectiva del Banco Mundial, el mensaje es inequívoco: los sistemas de control anticorrupción en España no están funcionando con la eficacia necesaria, y ello tiene un impacto directo en la calidad democrática y en el desempeño institucional.

El último informe de seguimiento del GRECO, aprobado en junio de 2025 y publicado en agosto del mismo año, ofrece una radiografía muy clara del estado real de las políticas de integridad en España. El mensaje central es contundente: España avanza, pero lo hace de forma insuficiente y desigual. De las recomendaciones formuladas en 2019, en la quinta ronda de evaluación, dieciséis se han aplicado solo parcialmente y tres no se han aplicado en absoluto.¹⁹

Aunque se reconocen progresos en transparencia, como la entrada en vigor del Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos y una mayor independencia del Consejo de Transparencia, persisten deficiencias relevantes en los plazos de respuesta, el acceso efectivo a la información y la capacidad sancionadora.

El GRECO es especialmente crítico con ámbitos clave que siguen sin avances sustanciales, como la regulación de los lobbies, el control de las puertas giratorias, la supervisión de las declaraciones patrimoniales, la falta de autonomía de la Oficina de Conflictos de Intereses y la ausencia de reformas en el régimen de aforamientos.

En las fuerzas de seguridad, el balance es mixto: la Guardia Civil presenta mayores avances, mientras que en la Policía Nacional persisten carencias estructurales en prevención, transparencia y aplicación efectiva de los códigos de conducta. Aunque se valoran positivamente los canales de denuncia y la protección de informantes, los regímenes disciplinarios siguen siendo insuficientes.

Ante este escenario, el GRECO concluyó que España no cumple adecuadamente sus compromisos y exigió un nuevo informe de progreso antes del 30 de junio de 2026, activando además un mecanismo formal de advertencia al Gobierno para impulsar medidas urgentes y visibles.

Los informes anuales sobre el Estado de derecho de la Unión Europea también han señalado debilidades persistentes en España relacionadas con la lucha contra la corrupción.

El informe de 2025 señala que la percepción de expertos, ciudadanía y empresas sitúa la corrupción en el sector público en niveles relativamente elevados, lo que evidencia un problema estructural de confianza institucional. Así mismo, constata que no se ha iniciado la estrategia nacional contra la corrupción que debía aprobarse antes de septiembre de 2024.20

Aunque se han adoptado algunas medidas frente al cohecho internacional, el marco normativo sigue presentando lagunas relevantes y el número de condenas continúa siendo bajo. Se reconocen avances limitados en la duración de las investigaciones y el enjuiciamiento de la corrupción de alto nivel, impulsados por la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el refuerzo de recursos.

En cambio, no se han producido progresos significativos en la regulación de los conflictos de intereses de los empleados públicos. Como nota positiva, el informe destaca la aprobación del Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante y el nombramiento de su primer presidente, aunque advierte que ámbitos clave como la contratación pública, la financiación política y los grandes proyectos de infraestructuras siguen concentrando un alto riesgo de corrupción.

En julio de 2025, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptó su séptimo informe periódico sobre España, evaluando el cumplimiento del país con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.²¹ El Comité subrayó la urgente necesidad de intensificar los esfuerzos para prevenir y combatir la corrupción en todos los niveles del Estado. Para fortalecer la integridad pública, recomienda garantizar la independencia, efectividad, transparencia y rendición de cuentas de todos los órganos y entidades anticorrupción, así como implementar campañas de formación y sensibilización dirigidas a funcionarios públicos, políticos, empresarios y ciudadanía para concienciar sobre los costos sociales y económicos de la corrupción y difundir los mecanismos disponibles para combatirla.

Frente a este panorama sombrío, hay que reconocer algunos avances, entre ellos la transposición de esta directiva 2019/193, que se materializó en la Ley 2/2023 reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Esta ley ha incorporado garantías para empleados públicos y privados, ampliando los derechos de quienes deciden actuar con integridad.²²

El 1 de septiembre de 2025 comenzó a funcionar la Autoridad Administrativa Independiente de Protección del Informante (AIPI), creada en aplicación de esta ley. La finalidad de este organismo es garantizar una protección efectiva a quienes denuncien infracciones en su entorno laboral, proporcionando un cauce institucional que refuerce la seguridad jurídica y la tutela de derechos frente a posibles represalias.

Con esta autoridad, España cumple —aunque con retraso— una exigencia europea esencial. La AIPI puede recibir denuncias que afecten a la Administración General del Estado y a determinados ámbitos del sector privado, ofrecer asesoramiento, activar medidas de protección y ejercer potestad sancionadora frente a represalias o incumplimientos. Ahora bien, este avance llega tarde y en un contexto institucional fragmentado. España sigue careciendo de una autoridad anticorrupción integral, a diferencia de otros países europeos. La puesta en marcha de la AIPI es, sin duda, un paso importante. Pero su eficacia dependerá de algo fundamental: de que tenga independencia real, recursos suficientes y una arquitectura institucional coherente.

Constituye un avance en la protección de las personas alertadoras y en el cumplimiento de las obligaciones europeas, pero la ausencia de un ente anticorrupción robusto y centralizado limita el alcance real de esta reforma. La efectividad del nuevo sistema dependerá, en última instancia, de la capacidad del Estado para resolver el panorama fragmentado y garantizar la independencia, los recursos y la coordinación necesarios para que el mandato de protección al informante se ejerza con eficacia. En este tema, como en tantos otros, es posible que la polarización política suponga un serio obstáculo para avanzar en la aplicación de las medidas anticorrupción a las que se refiere esta normativa.

En el panorama comparado, España sigue careciendo de una autoridad anticorrupción de carácter general, a diferencia de otros países como Italia o Francia.

El Anteproyecto de Ley Orgánica de Implantación del Plan Estatal de Lucha Contra la Corrupción, cuya fase de consulta pública se cerró en septiembre de 2025, contempla la creación de una Agencia de Integridad Pública como órgano central con competencias de prevención, supervisión y persecución.²³ Dicha agencia asumiría competencias hoy dispersas entre la Intervención General de la Administración del Estado, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Oficina de Conflictos de Intereses, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación y, en parte, la propia AIPI. El diseño proyectado persigue superar la fragmentación institucional que caracteriza el sistema español, pero su viabilidad aún está pendiente de consenso político y de concreción normativa.

La iniciativa propuesta representa un avance relevante en la formalización de la lucha contra la corrupción. Su efectividad dependerá de la correcta implementación de los mecanismos previstos, la asignación adecuada de recursos y el establecimiento de sistemas de monitoreo y de evaluación robustos. Constituye, además, una oportunidad para incorporar activamente a la sociedad civil organizada, fomentar la participación ciudadana, proteger a los informantes y promover una cultura de integridad desde la educación y la ciudadanía, elementos fundamentales para garantizar resultados sostenibles y verificables. En caso de que estos elementos operativos no se desarrollen, la ley podría quedarse en un marco meramente declarativo, sin asegurar resultados concretos ni medibles.

Nos situamos ante un nuevo desafío que va a medir la capacidad de consenso de los diferentes grupos políticos, en un tema que es esencial para el correcto funcionamiento democrático y su consolidación. Aquí comprobaremos si la clase política defiende los intereses de la ciudadanía española o su propia agenda política. El desafío está lanzado. Desde ahora, el Gobierno y los grupos parlamentarios tienen la obligación de demostrar que realmente actúan en beneficio de la ciudadanía, de sus derechos y de la consolidación de la democracia. Quien no cumpla con esa obligación deberá ser identificado y marcado para que le sean exigidas las pertinentes responsabilidades.

El antídoto

Si la ley y las instituciones son el marco que define lo posible, la ciudadanía es la fuerza que lo hace efectivo. En los últimos años hemos visto cómo la resistencia ciudadana se ha convertido en un verdadero antídoto contra la corrupción, un mecanismo capaz de exigir rendición de cuentas, de transformar normas y de visibilizar prácticas que de otra forma permanecerían invisibles. Este fenómeno no es anecdótico: refleja un cambio profundo en la relación entre los ciudadanos y la política, y constituye uno de los avances más significativos de la última década.

Lo interesante de esta resistencia no es solo su capacidad de presión, sino también su creatividad y su transversalidad. Hemos visto experiencias en las que la tecnología y la innovación cívica se convierten en herramientas de transparencia: aplicaciones de denuncia, plataformas de seguimiento de contratos públicos y comunidades digitales de vigilancia de la integridad pública. Estos desarrollos representan un cambio cultural: la corrupción ya no es tolerada ni naturalizada como «un mal inevitable», sino que se percibe como un desafío ético y político colectivo que la sociedad debe enfrentar.

La resistencia ciudadana también ha mostrado su valor como motor de la cultura de la integridad, algo que la legislación por sí sola no puede garantizar. Cada movilización, cada denuncia y cada campaña de vigilancia pública contribuye a consolidar normas sociales en las que la transparencia y la responsabilidad se convierten en expectativas compartidas. En países donde la ciudadanía ejerce una presión constante sobre la política, la corrupción tiende a disminuir de manera sostenida, incluso en contextos donde las leyes y los tribunales no siempre actúan con rapidez. Esto resalta una lección profunda: la democracia no se sostiene solo con instituciones, sino con ciudadanos activos y conscientes.

Durante décadas, uno de los grandes aliados de la corrupción ha sido el silencio ciudadano. Silencio por miedo, por cansancio o por cinismo. La normalización de discursos como «todos roban» o «esto siempre ha sido así» ha generado una peligrosa desmovilización ética. Esos discursos no solo justifican la corrupción: la legitiman socialmente.

En países donde la ciudadanía percibe que la denuncia no sirve para nada o implica riesgos personales elevados, la corrupción tiende a enquistarse.

No obstante, España, en los últimos años, ha evidenciado avances concretos gracias a esta dinámica. La combinación de alertadores protegidos por ley, investigaciones periodísticas y presión social ha permitido destapar casos que de otra manera habrían quedado impunes. En Europa, la colaboración entre ONG, periodistas y alertadores ha llevado a sanciones efectivas sobre fondos públicos desviados y contratos irregulares, consolidando la idea de que la resistencia ciudadana puede convertirse en un sistema paralelo de control ético y político.

Por otra parte, la tecnología ha amplificado esta capacidad de vigilancia. Plataformas de datos abiertos, herramientas de seguimiento presupuestario y redes de colaboración transnacional han permitido un control social más sofisticado y menos dependiente de estructuras jerárquicas tradicionales. Este fenómeno refuerza la idea de que la democracia contemporánea no se limita al voto periódico, sino que se ejerce de manera continua a través de la participación informada.

Estos casos evidencian que la resistencia ciudadana no es anecdótica ni simbólica: actúa como un mecanismo efectivo de control social y ético, y es capaz de complementar la labor de las instituciones, forzar la rendición de cuentas y consolidar una cultura de integridad en la sociedad.

La resistencia ciudadana frente a la corrupción debe entenderse como una forma avanzada de participación democrática. No se limita a la protesta o a la denuncia puntual, sino que implica una vigilancia sostenida del poder y una exigencia constante de rendición de cuentas. En este sentido, la ciudadanía actúa como un contrapeso informal pero decisivo frente a las asimetrías de poder que facilitan prácticas corruptas. Allí donde las instituciones fallan o son lentas, la acción ciudadana mantiene viva la expectativa de responsabilidad pública.

Un elemento clave de esta resistencia es la convergencia entre ciudadanía, periodismo de investigación y organizaciones de la sociedad civil. Las grandes tramas de corrupción destapadas en Europa en la última década muestran un patrón común: comienzan con información aportada por alertadores o ciudadanos, se amplifican a través de investigaciones periodísticas rigurosas y, finalmente, obligan a las instituciones a actuar.

En definitiva, la resistencia ciudadana no es un complemento opcional de la lucha contra la corrupción, sino uno de sus pilares fundamentales. Sin ciudadanos informados, activos y protegidos, las leyes corren el riesgo de convertirse en declaraciones formales sin aplicación real. La democracia se fortalece cuando la vigilancia del poder no se delega exclusivamente en las instituciones, sino que se asume como una responsabilidad compartida por toda la sociedad.

Tensiones y desafíos

Toda política anticorrupción auténtica genera tensiones. No puede ser de otro modo. Combatir la corrupción significa alterar equilibrios de poder, incomodar intereses consolidados y cuestionar prácticas normalizadas. Por eso, allí donde las instituciones anticorrupción funcionan de verdad, aparecen inevitablemente dilemas jurídicos, políticos y democráticos. Y, con demasiada frecuencia, reacciones defensivas del propio sistema.

Es por ello por lo que, con estos avances, conviven desafíos profundos, estructurales, culturales y políticos que muestran que la corrupción nunca desaparece por completo, sino que se adapta y se intensifica especialmente cuando la democracia se debilita.

En España, organismos como la Agència Valenciana Antifrau (AVAF) han demostrado en el pasado que la vigilancia autónoma puede generar resultados concretos: investigaciones sobre contratos públicos y ayudas que han permitido sancionar irregularidades y reforzar la transparencia. Pero también la historia reciente nos muestra que estos avances pueden ser frágiles.

Esto se ve claramente en uno de los elementos más innovadores —y a la vez más conflictivos— de la AVAF: el Consejo de Participación Ciudadana (del que FIBGAR, la Fundación Internacional Baltasar Garzón, formaba parte), creado para introducir a la sociedad civil en la supervisión del organismo, garantizar el pluralismo, reforzar la legitimidad social y evitar el aislamiento tecnocrático de la lucha anticorrupción.

A pesar de su eficacia, fue desmantelado el verano de 2025, con la ley 5/2025.24

Este es un ejemplo de cómo la política puede debilitar mecanismos de control y de participación ciudadana, incluso después de años de construcción institucional.

En el caso valenciano —como en otros contextos— se observa una dinámica preocupante: cuando no es posible eliminar frontalmente una institución incómoda, se procede a vaciarla progresivamente de contenido. Los partidos que han llevado a cabo este atentado contra la ciudadanía y la transparencia han sido el Partido Popular y Vox. Así debe quedar señalado.

No se trata necesariamente de un ataque explícito, sino de una erosión silenciosa, muchas veces presentada como «reorganización», «racionalización» o «mejora del funcionamiento». El resultado, sin embargo, es el mismo: una pérdida efectiva de capacidad de control.

Los desafíos políticos son claros y persistentes. La corrupción puede ser instrumentalizada como herramienta de confrontación partidista, donde se denuncia a adversarios, pero no se aplica la misma exigencia a los propios aliados. La interferencia en organismos independientes, la presión sobre fiscalías o tribunales y la lentitud en la aplicación de leyes reflejan que la independencia formal de las instituciones no siempre se traduce en eficacia real. Esta tensión política puede desanimar a alertadores, debilitar la confianza de la ciudadanía y dar señales de impunidad.

A estos desafíos políticos se suman los estructurales y culturales. La corrupción se fortalece cuando las instituciones carecen de recursos suficientes, cuando los controles internos son ineficaces o cuando la ciudadanía percibe que las normas se aplican de manera desigual. Culturalmente, en ciertos contextos, la corrupción sigue siendo tolerada como parte de la vida cotidiana, lo que perpetúa prácticas opacas y debilita la rendición de cuentas. La historia nos enseña que estas debilidades se intensifican cuando la democracia es débil: los sistemas institucionales se vuelven vulnerables, la vigilancia ciudadana pierde fuerza y la corrupción encuentra espacio para expandirse. Hoy, vemos señales preocupantes de esta dinámica: en algunos ámbitos, la percepción ciudadana indica que la confianza en la política y la justicia está en niveles bajos, y la corrupción vuelve a sentirse más presente en la vida cotidiana.

La combinación de desafíos políticos, estructurales y culturales crea un escenario complejo: aunque la legislación existe, aunque los organismos actúan y los ciudadanos participan, la corrupción se adapta y aprovecha cualquier debilidad.

En conclusión, los desafíos actuales nos enseñan que la lucha contra la corrupción es una tarea multidimensional. No se trata solo de sancionar irregularidades, sino de fortalecer instituciones, proteger a los ciudadanos valientes, crear una cultura de la integridad y garantizar que la política no se convierta en un obstáculo, sino en un aliado de la transparencia. La corrupción no desaparece por decreto; crece donde la democracia es frágil y se combate donde los ciudadanos y las instituciones se sostienen sobre principios de justicia, equidad y responsabilidad colectiva.

Algunas medidas

No renuncio a enumerar algunas medidas que, creo, son o pueden ser relevantes para favorecer la confrontación y el combate de la corrupción en nuestro país, además de todas las que ya existen y las nuevas que ha propuesto el Ejecutivo.

El tema recurrente de las denominadas «puertas giratorias» en la Administración pública precisa de alguna reforma y de concreción: quien sale de aquella no puede volver a entrar.

La excedencia no puede autorizar la vuelta al mismo ámbito de responsabilidad que antes tenía el funcionario. Especialmente en la Administración de justicia.

Imposibilidad de ejercicio profesional de quienes salgan de la Administración de justicia en los órganos en los que hayan ejercido sus funciones.

Los llamados arrepentidos o colaboradores deben tener prohibido, si quieren disfrutar de la condición de tales y obtener los beneficios de esa colaboración, hablar de los casos y datos que puedan afectar al procedimiento a nivel público y privado durante todo el proceso penal. Resulta bochornoso ver como estos colaboradores asumen un protagonismo en medios de comunicación que es más político que procesal, convirtiendo el proceso en un show televisivo y radiofónico.

Regulación de los arrepentidos. Es necesario que, de una vez por todas, se aborde seriamente esta materia, que excede del concepto de alertadores y presenta unos perfiles a veces conflictivos.

La racionalización del ejercicio de acciones populares. Para su ejercicio se deberán cumplir requisitos exigentes en los que quede clara la ausencia de interés corporativo, personal o de otro orden con el objeto del proceso.

Examinar, en estos casos, las relaciones previas con cualesquiera de las partes afectadas o grupos de poder a los que pertenezcan o tengan interés.

Examen de los intereses que puedan tener los jueces, magistrados y fiscales con los interesados o con grupos a los que pertenezcan.

Protección de la integridad de la causa (conferencias, simposios, financiación...).

Transparencia en la financiación de las asociaciones judiciales y de fiscales.

Prohibición de apoyos económicos del sector público o privado; y, si lo tuvieran, ninguno de los afectados podrá intervenir en los procesos.

Transparencia en la preparación de opositores a los diferentes puestos de la administración, especialmente en el caso de la Administración de justicia, de modo que quienes las preparen tengan que registrarse como tales y se sometan al control fiscal correspondiente.

Prohibición de asistencia a actos protocolarios de interés económico y, si se hace, obligación de abstención.

Prohibición de recepción de premios u honores de organizaciones políticas, mediáticas o con intereses económicos o financieros durante el tiempo de ejercicio de la función.

Regulación estricta de las relaciones entre medios de comunicación, jueces y fiscales en el tratamiento de la información.

Regulación estricta de los mecanismos de actuación internos dentro de las actuaciones del Tribunal Supremo, para evitar que quienes admiten las denuncias y querellas puedan juzgar.

Registro público de las actividades concurrentes de los jueces, fiscales, letrados de la administración, abogados del Estado y otros.

Hacia una democracia resiliente

Al finalizar este capítulo, podemos convenir que la lucha contra la corrupción es frágil y depende de múltiples factores: voluntad política, independencia institucional, participación ciudadana y cultura ética. Cuando alguno de estos elementos se debilita, la lucha se vuelve más lenta, las normas se aplican con menor rigor y la percepción de impunidad aumenta. La democracia, en consecuencia, se ve afectada.

El concepto de resiliencia democrática implica que el sistema pueda responder, adaptarse y fortalecerse ante los desafíos. La corrupción no desaparecerá de la noche a la mañana, pero una democracia resiliente puede contenerla, sancionarla y prevenirla. Esto exige instituciones robustas, normas claras y mecanismos efectivos de participación ciudadana, pero también requiere una cultura ética que haga de la integridad una expectativa social, no un acto excepcional.

La lucha contra la corrupción debe ser permanente y constante, y estar protegida de intereses políticos partidistas. Cada retroceso, cada eliminación de órganos de control o cada interferencia política reducen la capacidad del sistema para proteger los derechos de todos. En cambio, cada avance en transparencia y cada alerta protegida fortalece la democracia y genera confianza social. En este sentido, la integridad y la vigilancia ciudadana son inseparables de la fortaleza democrática.

La erosión democrática ya no suele producirse mediante rupturas abruptas, sino a través de procesos lentos, acumulativos y normalizados. El debilitamiento de los controles, la politización de los órganos independientes, la desprotección de denunciantes o la fatiga ciudadana frente a la corrupción son síntomas de ese desgaste.

La resiliencia democrática depende de cuatro pilares interconectados: la independencia judicial, la lucha efectiva contra la corrupción, el pluralismo mediático y el espacio cívico activo.

Cuando uno de estos pilares se debilita, los demás se resienten. Y cuando varios fallan a la vez, la democracia entra en una fase de vulnerabilidad estructural, aunque conserve sus formas externas.

Considero que avanzar hacia una democracia resiliente no es un proceso automático; requiere acción consciente, vigilancia constante y compromiso ético compartido. La lucha contra la corrupción no puede verse como un objetivo aislado: es una de las columnas que sostienen la democracia. Cuando esta lucha disminuye, la democracia se debilita; cuando se fortalece, se consolida una sociedad más justa, equitativa y libre.

La tarea de hoy no es solo sancionar irregularidades, sino cultivar una cultura de la integridad, la participación y la responsabilidad colectiva, que garantice que la democracia sea fuerte y resistente frente a los desafíos del presente y del futuro.

El virus de la corrupción

¿Cómo entiende la derecha este concepto de corrupción? Recuerdo que se iniciaba diciembre de 2025 y, junto al templo de Debod, muy cerca de la madrileña Plaza de España, el líder del PP, a la sazón Alberto Núñez Feijóo, arengaba a sus fieles. Lo que decía, en síntesis, era que el presidente Pedro Sánchez debía abandonar la Moncloa. Exactamente igual que como lo venía haciendo desde que el PSOE había sido encumbrado al Gobierno por las urnas, en coalición con otras fuerzas y respondiendo a la variada miscelánea política que los ciudadanos habían decidido.

El lema elegido para la convocatoria fue en esta ocasión «Mafia o democracia». El candidato a dirigir algún día la nación desarrollaba ante su público las medidas que adoptaría en los primeros cien días de su mandato: una auditoría para conocer en profundidad el saqueo del Gobierno; una limpieza total de las instituciones para barrer el sanchismo; bajar los impuestos; desbloquear las leyes en materia de vivienda, ocupación e inmigración, y, como colofón y resumen de todo, «medidas para mejorar la democracia».

Debo decir que la última propuesta me dio mucho miedo. ¿Cómo conseguiría tal propósito un partido que puede presumir históricamente de algunas cosas, pero no, desde luego, de regenerar la democracia? Casi todas las leyes y los avances de consolidación y optimización de aquella se han impulsado por gobiernos que no han sido liderados por esa formación, como leyes de igualdad, memoria, seriedad del sistema fiscal, sanidad pública, subida de las pensiones y del salario mínimo, protección de los derechos de los migrantes, medioambiente... En cambio, el PP ha ido desmontando muchos de estos preceptos en los gobiernos autónomos que le han correspondido, para satisfacer el ansia represiva de las libertades de sus socios de Vox.

El discurso del señor Feijóo se centró en la corrupción durante los meses anteriores. Repasando estos casos, debo decir que los argumentos son muchas veces débiles, al hilo de la instrucción errática de algunos jueces, como puede ser el asunto de las acusaciones contra la esposa del presidente Sánchez, Begoña Gómez. Hay causas que resultan peligrosas y aparentemente parciales, como la del caso contra el fiscal general del Estado que ha dado lugar a un fallo condenatorio, podría decirse que arbitrario y sin suficiente motivación para muchos juristas entre los que me cuento. Entre tanto, las dudas sobre la imparcialidad de algunos de los jueces sentenciadores subieron también a la balanza.

Otras acusaciones, presuntamente, parecían más consistentes, como era el caso del exministro José Luis Ábalos o el del misterioso y plenipotenciario Koldo García, o con el que fuera también, como Ábalos, secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán.

Aun así, Feijóo no resulta convincente. ¿Por qué? Trato de explicarlo: cuando una acusación se vuelve repetitiva se convierte en una especie de plegaria desesperada para llamar la atención de quienes ni saben ni quieren saber lo que ocurre en su organización, sino en la contraria. A su perorata repetida hasta la saciedad como una letanía o un mantra cansino, denunciando acciones incluso delictivas de su oponente, sin más razones que las que afectan a colaboradores de este, le falta un componente esencial que el PP quiere silenciar, pero que es difícil de obviar para la ciudadanía: no es otro sino que el PP tiene su propia y enorme historia de corrupción y una larga lista de imputados y condenados por tal motivo.

En mi opinión, una manifestación en este sentido, denunciando la corrupción y exigiendo escarmiento, tendría credibilidad si los convocantes reconocieran los propios pecados. Es decir, si empezaran los discursos de esta guisa, proclamando, por ejemplo: «Nosotros también caímos en esa dinámica de corrupción y reconocemos que lo hicimos mal»; «incluso somos protagonistas de actuales casos de corrupción en el sur de España, o aquí, en Madrid, o en Valencia». Y si, una vez expresado el pecado y tras el ejercicio de necesaria contrición, añadieran: «A partir de ahora, vamos a sumar todos y vamos a hacerlo bien».

Pero hemos visto que los disparos solo eran de fogueo y se concretaban en ruido, alboroto e insulto. Añadiendo la pertinente acción de la justicia, a ver si, con la ayuda de todos, hacemos sitio y es posible el retorno al paraíso del que el PP, según su propia lectura, fue ilegítimamente expulsado mediante una moción de censura inadmisible, ideada por una maldita hidra, cuyas cabezas son todas de Sánchez, que corrompió a nacionalistas interesados, izquierdistas marginales, chavistas irredentos y demás morralla parlamentaria. Lo consiguió con falsas promesas, amnistías varias, abrazos terroristas, desmembramientos territoriales hispanos o fondos espurios, conformando una mafia que solo se puede destruir con la democracia de diseño, auspiciada por el PP.

La doble moral siempre radica ahí. Una doble moral más extendida de lo que pensamos. Sería bueno recordar los planteamientos de Nietzsche en su obra La genealogía de la moral,²⁵ que explica el origen de los valores morales y cómo distintos grupos humanos crean morales opuestas según su posición y su fuerza. Lo bueno, lo noble, lo correcto es lo mío, lo que yo hago desde una posición de poder, y no necesito justificarlo porque es un valor en sí mismo; por el contrario, lo malo, lo perverso, lo sucio es lo que hacen aquellos que son mis oponentes.

Cierto es que muchos nos hemos sentido abochornados ante la certeza que facilita la hemeroteca con el poco edificante José Luis Ábalos, que en nombre del PSOE defendió la moción de censura contra el PP en el Parlamento. Fue aquel día cuando echó en cara a sus rivales la realidad aplastante de la sentencia Gürtel. ¡Quién nos iba a decir entonces que veríamos al orador entrando en la prisión de Soto del Real bajo acusaciones de parecido tenor! Y luchando en su momento con uñas y dientes por no perder su aforamiento y mantener su papel de diputado.

Aun con los boletos para la rifa que parecía reunir este supuesto culpable, no olvidemos que las únicas sentencias firmes hasta la fecha en la que me encuentro sumido en este escrito son las de Gürtel, entre otras, la referente a la condena del PP a título lucrativo por las reformas de la sede central del partido en Génova 13. No, no es de recibo que un partido con tan alto porcentaje de imputados y penados y tanto juicio por delante por presuntos delitos de este calibre señale con el dedo al de enfrente, acusándolo de corrupto.

Ver la paja en el ojo ajeno es una costumbre inveterada, de un cinismo y una desfachatez solo comparables al tamaño de la viga propia que se pretende disimular. No hay señales de contrición o redención en este partido, ni existe en él propósito cristiano de la enmienda, ni tampoco interés alguno por servir a la ciudadanía. El PP nunca anunció en sus diatribas un programa de proyectos para el bien común, ni la intención de mejorar la vida de las personas. Solo ha demostrado el ansia por alcanzar unas cotas de poder que permitan a sus responsables atender a los intereses de aquellas entidades que los apoyan. Y quién sabe si, quizá, volver a las andadas.

Ese es el mayor temor y el peor escenario. Pienso, además, que esta fatídica ligazón con la ultraderecha tiene sus orígenes en esos antecedentes de corrupción que andarán aún durante mucho tiempo recorriendo los tribunales ante su extensa realidad.

Lo cierto es que el lamentable asunto Cerdán-Ábalos-Koldo que tanta vergüenza, tristeza e indignación está causando entre los progresistas de buena fe —donde me sitúo— se suma a los pretéritos y no menos escandalosos asuntos Filesa, Gürtel, Púnica..., y a muchas más piezas. Una buena panoplia de todos ellos los recogí en el libro que publiqué en 2015, El fango.²⁶ Lo triste es que los mecanismos, en efecto, no han cambiado tanto.

Cómo aprovecharse mejor

Decía en aquellas páginas algo que mantengo aún: «No se discute si hay o no corrupción, sino cómo se aprovecha uno mejor de lo público o de lo privado; nadie se asombra de que haya políticos o cargos públicos que entren en la función pública con muy pocos recursos y, al abandonar el puesto, dispongan de una amplia fortuna [...]; la clave era, y sigue siendo, contar con importantes dirigentes políticos, expresidentes, ex primeros ministros, excancilleres, etc., en puestos de representación institucionales para hacer lobby a cambio de comisiones escandalosas; jueces complacientes [...], empresarios para quienes el pago de la mordida es algo tan natural como solicitar financiación para inversiones».

«Lo llamativo es que estos mismos personajes defienden indefectiblemente la necesidad de combatir la corrupción, con la misma tranquilidad con que se delinque o extorsiona, se aceptan pagos en B o en paraísos fiscales, se venden armas a países con embargos que lo impiden [...] falsas amnistías fiscales, blanqueo de capitales [...] o financiación oculta y corrupta de partidos políticos». En esta deriva, todos tenemos alguna responsabilidad, «unos por no exigir y otros por no cumplir. Obviamente, el tipo de sanción será diferente, pero, de una vez por todas, la impunidad, que está en la raíz del problema, no puede ser la norma».

Es sabido que en todos los casos, hasta la fecha, se actúa en dos planos paralelos. En lo político, se precisa un conseguidor, un individuo con mano en el partido y un político con mando en plaza; es decir, en una plaza en la que se manejen licitaciones de infraestructuras del tipo que sea. Por la otra parte, en la empresa, el conseguidor es también esencial y, para que el negocio prospere, debe tener amplia encomienda de negociación por parte de sus superiores, quienes, cuando sea necesario, acompañarán a su hombre en alguna reunión (posiblemente una comida) en la que no faltará de nada y se hablará de todo (a veces sí) sin entrar en detalle en lo importante, que ya estará acordado.

Recuerdo una ocasión hace bastantes años en que fui a un restaurante de postín con un buen amigo. Vimos a un conocido personaje de un determinado partido sentado a la mesa con otras personas. Mi amigo, avezado conocedor de la naturaleza humana, comentó: «Mmm, qué bien huele a contratista», y yo le rematé: «El olor de político irradia por todo el restaurante». Nos fuimos, a pesar de tener mesa reservada, no sin antes archivar en la retina el grupo de comensales y la copiosa y aromática mariscada dispuesta sobre el mantel.

No creo que eso haya cambiado tanto, pues supongo que la langosta debe de seguir siendo compañera simbólica de la ambición (quizá por sus dimensiones). Junto con otro clásico: la repugnante utilización de las mujeres como cebo, premio o entretenimiento para estos infames sátiros de la política y de los negocios.

Las cosas se repiten, sí, y producen hartazgo para la ciudadanía, y en el área progresista, en la que regularmente nos consideramos de mejor moral (como se ve, injustificadamente, a veces), el sentimiento de desolación y la quiebra de nuestros valores en general es insondable. Con estos escándalos que afectan al socialismo, vamos como zombis rehuyendo hablar de ello y casi ocultando el rostro por si nos miran y nos reprochan algo que, probablemente, ellos harían peor. Pero esto entraría en la lógica de quienes premian la corrupción en las elecciones (a la historia me remito).

A partir de ahí, y esa es nuestra obligación, se impone la necesidad de medidas quirúrgicas, sin que baste la personal convicción y la compunción de quien ha estado y está al frente de esa formación. Entran en juego la necesidad de ganar la confianza; la certeza de que la inacción en estos momentos es la peor solución; la falta de seriedad por parte de los contrarios que exigen y ni siquiera reconocen los casos propios. El «y tú más» es la torpe reacción de quien ni tiene soluciones ni las busca.

Vivimos, de continuo, tiempos de una descomposición política que va horadando el mismo círculo en el que se mueve. Añadiré que topamos con una oposición con modos facinerosos, que ha ido soltando supuestos casos de corrupción que le afectaban en lo personal sin mayor recorrido, pero estirando hasta límites jurídicamente imposibles la instrucción debida.

La actuación de la derecha y de la ultraderecha, con la ayuda de todas las fuerzas oscuras del agujero posfascista al que se asoman, lleva a la perplejidad, a la indignación y a la impotencia ante el surrealismo en que nos sumen día a día.

Con todas estas cosas en la mochila, entiendo los problemas que aquejaron a Pedro Sánchez a la hora de no haber atendido a lo que debió creer eran insidias. Ocurre que, a lo que parece, sí que la corrupción podría haber anidado en las actuaciones de estos tres personajes que han tenido peso en el PSOE (al menos, dos) y en el Gobierno, y en esta ocasión los indicios apuntaban a un proceso indiscutible.

Si el objeto final de la política es la felicidad y el bienestar de los ciudadanos es su objetivo, ¿por qué estamos permitiendo que sea el exponente de lo contrario? Me resulta insoportable el nivel de manipulación que aceptamos y la sumisión ante los discursos de odio reiterados; la entronización de los bulos y la mentira apenas sin pestañear; la debilidad de los mecanismos de contención de tales falsedades; la exclusiva atención por lo inmediato y el nivel de superficialidad de los análisis. En definitiva, vivimos una especie de nirvana perverso en el que nos resulta más cómodo dejarnos engañar por elementos nocivos que buscan un modelo supremacista y racista, cada vez menos oculto, a pesar de ser conscientes de su falsedad y de que, en definitiva, los únicos que saldremos perdiendo somos nosotros.

Elementos que se apoyan en la corrupción para lanzar su mensaje antisistema, antidemocracia y contrario al respeto hacia los seres humanos. El virus de la corrupción que hoy nos aqueja se alimentó del franquismo, se hizo fuerte en los años posteriores al fin del régimen y se ha mantenido como un mal ineludible en la estructura de los ministerios y de las empresas, y en los objetivos de determinados políticos que entienden que el erario público está a su servicio, y no al contrario. La gran pregunta es si se hace lo suficiente para erradicarlo. La respuesta puede ser desalentadora, ya que es negativa. Hay demasiadas ganancias en juego, sobre todo las de quienes detentan importantes intereses económicos, que estarán siempre dispuestos a hacer caer en la tentación a un político, a un funcionario, a un fiscal o a un juez para seguir incrementando sus beneficios.

Si la corrupción es el cáncer de la democracia, es necesario evitar que llegue a la metástasis y sea irrecuperable. Progresistas, en la medida en que les corresponda; justicia, en lo atinente a su parálisis y su lentitud; sociedad, en la medida de su responsabilidad; sectores económicos, como interesados y, a veces, copartícipes del fenómeno; y derecha y ultraderecha, como exponentes políticos de la carcoma implacable que destruye las instituciones y la convivencia, porque lanzan las acusaciones a los contrarios sin analizar ni asumir las propias responsabilidades. Utilizar la mentira como herramienta, negando la mayor y esparciendo falsedades para afianzarse en sus posiciones, corrompe la democracia. La podredumbre programada que vivimos da fuerza a la ultraderecha, es su principio y su fin. La ultraderecha despliega una ideología de negación de los valores de las personas, pero en realidad son sistemas para captar clientela y vestirse de partido convencional.

No se engañen. Netanyahu se debate entre la corrupción y el ansia de poder, no solo en Gaza, sino descaradamente ya también en Cisjordania. Miren cómo Donald Trump, entre otras acciones que quebrantan el orden jurídico internacional, acude en su auxilio vendiéndole armas y anunciando un resort de lujo en las castigadas tierras de Gaza, un proyecto que se levantará sobre la sangre y los huesos de millares de seres humanos. Después llegaron Venezuela, Irán...; suma y sigue.

Entramos en un espacio nuevo, más allá de lo hasta ahora conocido, en que los intereses económicos campan por sus respetos sin temor a la legalidad, con la seguridad de que la impunidad los acompaña. En este territorio, la ultraderecha, previamente formada y adoctrinada por quienes esperan recoger buenos rendimientos, siembra su doctrina de negación absoluta, preconizando un retroceso a tiempos pasados cuya realidad desconocen quienes la siguen y fomentan su crecimiento. Desde siempre, el virus de la corrupción provoca el fascismo y lo alimenta a la vez. Y, precisamente por ello, es nuestra obligación combatirlo con todas las armas a nuestro alcance. No seamos indiferentes, porque, como dijera Stefan Zweig en su obra El mundo de ayer: «Nada es más peligroso que la indiferencia».²⁷

6

Racistas, xenófobos e inhumanos

No me duelen los actos de la gente mala. Me duele la indiferencia de la gente buena.

MARTIN LUTHER KING

Entre los problemas que más agobian a las sociedades occidentales opulentas se cuenta el de las migraciones. Han pasado de ser un vehículo cultural y de convivencia para dar forma a sociedades integradas a ser percibidas como una amenaza para esa estabilidad e integración. En la actualidad, y con escasas excepciones, los migrantes son considerados el elemento distorsionador de la seguridad y de la convivencia pacífica. Este planteamiento, que comenzó siendo un discurso minoritario, ha ido adquiriendo fuerza hasta tomar carta de naturaleza de la mano de los movimientos y políticas de extrema derecha populistas que, sin detenerse en un verdadero y profundo análisis del fenómeno, o expresamente rehuyéndolo, han desembocado en un nuevo afloramiento de planteamientos fascistas o posfascistas discriminatorios debido a la raza y el origen.

Lo cierto es que no existen realmente elementos objetivables que avalen esta teoría (migración = aumento de la inseguridad), pero ha cuajado por interés y por comodidad en los países occidentales, obviando las propias contradicciones estructurales arrastradas desde hace tiempo, incluso de la época colonial en la que tan solo ocuparon y esquilmaron a los países colonizados lastrando cualquier posibilidad de futuro autóctono. Ante esta incapacidad de asumir esa realidad y tratar de profundizar en las causas y solucionarlas, han seguido engordando el problema hasta que la madeja se ha convertido en algo casi insoluble. En ese momento, la mejor opción es imputar al de afuera todos sus males. Es aquí donde la extrema derecha ha encontrado una mina para desplegar toda su política emocional de aniquilación de la inmigración y exaltación de lo nacional, volviendo con ello a un concepto neocolonial supremacista.

El hiperproteccionismo de los países ricos está construyendo un muro infranqueable para quienes sufren las mayores vulnerabilidades y explotaciones coloniales, así como las consecuencias de ese colonialismo, que lo mismo se ejerce por medio de las guerras de agresión (Rusia, Estados Unidos e Israel) que, con el desarrollo de políticas de ocupación territorial, extracción de recursos naturales y explotación económica empresarial de las grandes corporaciones. Tampoco podemos olvidar auténticas extorsiones presidenciales como la de Donald Trump que, sin ningún pudor, tutelan países, secuestran dirigentes, amenazan con la apropiación de territorios e imponen aranceles exorbitantes. Todo ello disfrazado de desarrollo y bienestar para los países de origen, y que esconde un aumento de la miseria y una huida hacia unos horizontes de mayor estabilidad y futuro.

La degradación que el fascismo comporta en su vertiente más clásica, pero también en cualquiera de las contemporáneas, es el racismo, que con frecuencia va unido a la xenofobia y que se resume en una palabra: inhumanidad. Esta guerra contra los diferentes que la ultraderecha aplica como mantra en todos los países del mundo ha ido formándose paulatinamente, a través del discurso de odio y creciendo a costa de la derecha tradicional con el objetivo claro de absorberla o sustituirla.

Los sicarios de Trump

La plasmación de esta política en el ámbito de la represión de la migración ha tenido su máxima y más peligrosa expresión en las acciones del ICE o Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, cuyas violentas acciones en cumplimiento de la política de expulsión de migrantes de la administración Trump han causado la muerte de personas que se limitaban a apoyar pacíficamente a sus vecinos, que se encontraban en peligro por su color de piel.

ICE es una agencia creada en 2003 y encargada de «fortalecer la seguridad fronteriza y prevenir el movimiento ilegal de personas, bienes y fondos hacia dentro y fuera de Estados Unidos». La componen veinte mil empleados que se distribuyen no solo por Estados Unidos, sino también por otros países, con un presupuesto para su funcionamiento de miles de millones de dólares.¹

Procede de la fusión del Servicio de Aduanas y el Servicio de Inmigración y Naturalización. Data de la acción de la administración de Bush hijo contra el terrorismo y tenía como finalidad apoyar al FBI para capturar a sospechosos de estos crímenes. Podían actuar con impunidad, con la cara cubierta, sin identificarse e incluso con el permiso para detener sin orden judicial.

Lo cierto es que, desde la creación del ICE, las diferentes administraciones estadounidenses se han caracterizado por una política antiinmigratoria exacerbada. Las decisiones de los diferentes presidentes desde aquella fecha son bastante similares. Aunque no difieren tanto por el número de deportaciones —curiosamente, el que más personas sin la documentación necesaria ha deportado hasta la fecha es el demócrata Barack Obama en sus dos mandatos presidenciales—,² sino por la ilegalidad y la arbitrariedad de las decisiones. Categoría en la que, sin duda, gana Donald Trump.

Con su regreso a la Casa Blanca y tras su aviso de que iba a llevar a cabo el mayor número de deportaciones de la historia del país, el ICE se dedicó de lleno a esta tarea.³ Sus actuaciones en enero de 2026 provocaron entre la población el rechazo de la política migratoria de la administración Trump tras las redadas en Minnesota por la contestación ciudadana a la muerte de dos ciudadanos estadounidenses: Renée Good y Alex Pretti.

Otro motivo de confrontación entre el ICE y otros organismos del Estado lo motivó la necesidad de cooperación de las fuerzas locales con aquella agencia, cuyos agentes precisaban de tal apoyo para identificar a los detenidos con más eficacia. En Estados Unidos existen estados, ciudades e incluso cárceles santuario que protegen a los migrantes que, en estos lugares, apenas sufrían deportaciones. Las órdenes presidenciales han provocado un cambio en esta situación hasta el punto de que, en junio de 2025, en Los Ángeles, se produjeron las primeras protestas contra las redadas masivas. Fue necesario que interviniera la Guardia Nacional y en otras ciudades, como San Francisco, Nueva York o Chicago, la represión policial y los toques de queda fueron continuos.

Las protestas ciudadanas y de las propias autoridades locales debieron ser definitivas, porque el 12 de febrero de 2026 Tom Homan, encargado por Trump de dirigir la operación de deportaciones en Minnesota, anunciaba la retirada de los efectivos y el desmantelamiento de la operación con el anuncio de que «se han cumplido los objetivos».

«Como resultado de nuestros esfuerzos aquí, Minnesota es ahora un estado santuario menos para criminales», añadió Homan. Esto lo dijo después de detener a cuatro mil personas, desde indocumentados a ciudadanos estadounidenses o niños de cinco años.

No es necesario imaginar, suponer o augurar qué puede pasar en nuestro propio continente si la ultraderecha continúa su avance llevando bajo el brazo el manual de instrucciones de Trump. Tenemos el terrible ejemplo al otro lado del océano, lo vemos a diario retransmitido en directo por la televisión y en las redes sociales. El mundo que Trump nos prepara pasa por esta «limpieza» masiva en base a los rasgos físicos, independientemente de que hayan nacido en el país y estén arraigados allí. Resistirse puede llevar incluso a la muerte, porque las fuerzas de choque de Trump no se andan con remilgos legales. Estos comportamientos, indudablemente, tienen todas las características para definirlos como fascistas.

Creo que, para todos los progresistas, fue un alivio y un consuelo lo ocurrido en el estadio de los San Francisco 49ers en el descanso del partido de la Super Bowl de 2026. Fue entonces cuando el cantante puertorriqueño Bad Bunny apareció con un balón de fútbol americano rodeado por su cuerpo de baile, que llevaba las banderas de los países de América Latina. El artista fue recitando de manera contundente los nombres de cada nación. Con él estuvieron Lady Gaga, Ricky Martin y también con la compañía de Karol G, Jessica Alba o Pedro Pascal.

Fueron trece minutos de música en los que el ciudadano norteamericano Bad Bunny defendió la identidad de Latinoamérica, bailó como enfrentamiento a los designios presidenciales y se dirigió en español a los millones de personas que seguían el evento deportivo. Un acto de resistencia que dejó una frase del cantante que quedará para siempre: «Lo único más poderoso que el odio es el amor».

A Donald Trump todo aquello le pareció «terrible».⁴

Desde que asumió su segundo mandato presidencial, Trump ha convertido la expulsión masiva de inmigrantes en la bandera de su gobierno. Las acciones que han tenido lugar para llevarla a cabo se han caracterizado por el uso abusivo de la fuerza por parte de guardias, contratistas y colaboradores, abusos y agresiones sexuales, sometimiento a condiciones de degradación, hacinamiento, condiciones inhumanas, aislamiento, separación familiar, víctimas mortales (más de treinta en los centros de detención o inmediatamente después de haber sido trasladados a centros hospitalarios), además de tiroteos con heridos de diferente consideración. Todo por obra y gracia de su herramienta, el ICE.

En todos estos casos, los jueces federales han ordenado la atención médica necesaria, acceso a abogados, ropa apropiada, aire libre, prohibición de detenciones en tribunales y otros espacios. Pero estas limitaciones normalmente se desatienden o se dilatan para que no entorpezcan el flujo de detenciones y deportaciones masivas de las que hace gala la administración federal, que ha llegado a decir, según los medios de información, que la cifra de deportados asciende a 622.000 personas desde el 20 de enero de 2025. Hago notar que hay discrepancia en las cifras por los motivos y mecanismos de expulsión o salida «voluntaria».

El caso de Minneapolis es especial, dada la envergadura de los acontecimientos violentos que se han producido, hasta el punto de que ha supuesto una crisis profunda en este mecanismo de expulsión. Los asesinatos de Renée Nicole Good de 37 años, ciudadana estadounidense muerta a tiros por un agente de este organismo el 7 de enero de 2026, y de Alex Pretti, también de 37 años, ciudadano estadounidense muerto a tiros el 24 de enero de 2026 por unos agentes del ICE cuando grababa las operaciones de estos en la calle. O también el de Julio César Sosa-Celis, el ciudadano venezolano herido en una pierna por arma de fuego. A estos horrores debemos sumarle más de mil detenidos, incluidos menores de edad, como el niño de cinco años, Liam Conejo Ramos, el 20 de enero de 2026. Las imágenes de ese hecho dieron la vuelta al mundo demostrando la crueldad de las actuaciones de ese cuerpo de naturaleza parapolicial.

Estos excesos dieron lugar a protestas masivas y reiteradas, a la vez que provocaron reacciones políticas del estado y de la ciudad, hasta que, finalmente, ante el escándalo nacional e internacional, Trump se vio obligado a retirar el ICE de Minnesota. La reacción de la propia ciudadanía consiguió frenar, al menos por el momento, la política errática y xenófoba, que mucho me temo que continuará a lo largo de la presidencia de Donald Trump si los propios votantes norteamericanos no lo remedian en las elecciones de medio mandato de noviembre de 2026.

¿Europa, qué?

En Europa, los actos de xenofobia y racismo han ido creciendo, dirigidos especialmente a los migrantes, que han sido objeto de agresiones que conculcan gravemente los derechos humanos. Existen ya políticas antimigratorias, como las de Giorgia Meloni con la construcción de centros especiales de internamiento en terceros países como Albania, o la negativa de ayuda a embarcaciones con migrantes en el mar. Solo la acción judicial de la magistratura italiana consiguió frustrar tales decisiones, aunque la Unión Europea se dirige irremediablemente hacia este tipo de políticas restrictivas de la migración.

Nuestro país aún está lejos de lo que está ocurriendo en otras naciones europeas y, aunque seamos todavía una excepción, los acontecimientos y, sobre todo, las intenciones de la derecha que sigue al pie de la letra los mensajes de la ultraderecha o no les pone coto inquietan en cuanto a que podamos vernos en la dinámica que ya viven algunos de nuestros vecinos.

Me limitaré a dar algunos apuntes: leo en El País que, en noviembre de 2025,5 Giorgia Meloni prorrogó el acuerdo con Libia para que, bajo pago, controle la inmigración a pesar de que los tribunales adviertan de que se están violando los derechos humanos. Antes de eso, buques de la guardia costera libia, en el mes de agosto, dispararon contra el barco de la ONG SOS Méditerranée Italia, de bandera noruega, que llevaba a bordo ochenta y siete migrantes rescatados del mar.

En septiembre, otra nave de una ONG alemana, Sea Watch, fue también tiroteada después del rescate de sesenta y seis náufragos. El 12 de octubre, una lancha libia disparó a un bote de inmigrantes a pesar de que se encontraba en aguas internacionales de la zona SAR de Malta, e hirió a tres personas. Se han referido sesenta incidentes en diez años a cargo de los soldados libios contra los migrantes que intentan llegar a Italia y contra quienes les ayudan. Lo que me sobrecoge e indigna es que el pago de Italia a Libia comprende todo ello. Afirma el artículo que cito que «las lanchas que disparan a ONG y migrantes son italianas, cedidas por Roma, y los milicianos que aprietan el gatillo son entrenados y pagados con dinero de la UE».

Todo ello, continúa el texto periodístico, «se debe al polémico y opaco acuerdo —el importe de la financiación es un misterio— entre Italia y Libia que se ha renovado automáticamente el 2 de noviembre para otros tres años. Este memorándum fue firmado en 2017 por el Gobierno de centroizquierda de Paolo Gentiloni y luego lo han mantenido otros cuatro Ejecutivos. Según lo pactado, Italia y la UE pagan al país africano para que frene la salida de embarcaciones (Amnistía Internacional calculó en 2022 que solo hasta ese año fueron cien millones de euros), aunque según el informe de la misión Fact Finding de la ONU de 2023, el sistema de gestión de migrantes de Libia es un «abominable ciclo de violencia».⁶ Añade que los centros de internamiento libios son cárceles del horror. «Por eso, argumentan las ONG, enviar allí de vuelta a quien escapa del país va contra la Convención de Ginebra de 1951, según establece su artículo 33.»

Italia, la primera

El 11 de febrero de 2026, Italia consagraba este plan. El Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni aprobó un proyecto de ley mediante el que se puede hacer efectivo un bloqueo naval que impida entrar a botes de migrantes y naves de las ONG que los rescatan en aguas territoriales italianas. Tales premisas se argumentarían con un aumento «excepcional» de la presión migratoria, de las emergencias sanitarias o del peligro de infiltración de terroristas. Las multas llegarían a los cincuenta mil euros e incluso podrían conllevar la confiscación del barco si es reincidente.

La ley prevé la posibilidad de trasladar a los migrantes interceptados en el mar a terceros países y a centros con fines de repatriación. Si bien las deportaciones a Albania practicadas por Italia se han demostrado un fracaso, Meloni insiste en que es el camino. De nada sirve que los jueces italianos anulasen tres traslados de migrantes del Gobierno al campo de internamiento de Gjadër, en el noroeste de Albania, entre octubre de 2024 y enero de 2025. Ahora, Meloni se ve alentada con el respaldo de la UE.

Alemania, también en noviembre de 2025, abrió tratos con los talibanes para que Afganistán aceptara la repatriación de inmigrantes afganos con delitos graves en dicho país. Merz, democristiano, se encontraba al frente de una coalición de gobierno con los socialdemócratas y no le dolían prendas en legitimar al régimen de Kabul, al que solo Rusia reconoce, a cambio de presentar una eficaz gestión en esta materia de migración. No hay que olvidar que la extrema derecha de Alternativa para Alemania (AfD), que se encontraba en un momento dulce de ascenso, mantenía un discurso contundente contra los migrantes.

Mientras tanto, en Portugal, un mes antes, el Gobierno conservador y la ultraderecha pactaban una reforma legal ampliando los plazos de espera para optar a la ciudanía entre siete y diez años, imponiendo exámenes de lengua y cultura y exigiendo que los solicitantes no reciban subvenciones o ayuda y tengan además recursos propios. Los extranjeros de pocos recursos no son bienvenidos en Portugal, a pesar de que es un país que, según el Atlas de la Emigración Portuguesa, tiene más emigrantes en el exterior (2,1 millones, el 21 por ciento), que inmigrantes (1,5 millones, el 15 por ciento). El partido de ultraderecha Chega!, principal fuerza de la oposición en el Parlamento, estaba satisfecho. Habían acabado con su obsesión: la política de la «subsidio-dependencia».

Ya iniciado febrero de 2026, Grecia avanzaba en la infamia cuando el Gobierno conservador de Kyriákos Mitsotákis aprobaba una reforma legal que tenía como objeto endurecer las penas contra el tráfico de migrantes y ampliar la persecución penal de quienes los auxilian a su llegada al país. Se votó a favor de Nueva Democracia (en el Gobierno y con mayoría parlamentaria). La reforma de los artículos 24 y 25 del Código de Migración griego aumenta las condenas para las redes de tráfico. Como era de esperar, el Ejecutivo aduce el control de las llegadas migratorias. Las organizaciones humanitarias avisan de que esta medida solo servirá para incrementar el número de muertes en el mar. Se contemplan penas de prisión que incluso pueden llegar a la cadena perpetua y la expulsión para los traficantes. En cuanto a las organizaciones de salvamento marítimo, se las pone al nivel de los traficantes, con grandes multas y hasta diez años de cárcel como sanciones. Los jueces serán los encargados de calibrar el papel de cada cual en estos casos. Paradójicamente, Grecia sufre escasez de mano de obra en sectores como la agricultura, la construcción y el turismo.

Tampoco Suiza es ajena a los manejos de la ultraderecha. En febrero de 2026 se anunciaba que, para el verano, los ciudadanos votarían una iniciativa de la derecha, del Partido Popular Suizo (SVP/UDC), con la pretensión de limitar la entrada de extranjeros y el asilo, para que el país no llegue a superar los diez millones de habitantes. El Consejo Federal, que está compuesto por siete miembros de los principales partidos, no admitió tal iniciativa. Por el contrario, afirmó que la migración es precisa para la prosperidad nacional. Los socialistas rechazaron tales ideas por absurdas y perjudiciales, poniendo el foco en la integración de los migrantes. Así estaban las cosas.

Hacia la derecha

Europa se desliza hacia la derecha en materia de migración sobre un fondo de países que buscan reducir el acceso a la protección internacional de los extracomunitarios y aumentar el retorno a los países de origen mediante una política de asilo más estricta y la deportación de los solicitantes de asilo a terceros países con los que no tengan vínculo. Además, listan también una serie de «países de origen seguro», porque, en principio, en ellos no existe persecución generalizada ni violaciones sistemáticas de derechos humanos; dentro de este grupo se encuentran, por ejemplo, Colombia, Egipto, India, Kosovo, Marruecos, Túnez o Bangladés.

No es extraño que asociaciones civiles como Amnistía Internacional, Save the Children y Human Rights Watch hayan condenado reiteradamente a Europa por reducir el acceso al asilo y desatender la protección de los derechos humanos en los procedimientos fronterizos.

Tampoco lo es que la regularización anunciada por el Gobierno español haya levantado algunas ampollas entre determinados representantes políticos del Europarlamento. De hecho, el 10 de febrero de 2026 el PP llevaba a la cámara europea el debate sobre el proceso de regularización. La convocatoria tenía por título «La política de regularización a gran escala de España y su impacto en el Espacio Schengen y en la política migratoria de la UE». Según las crónicas periodísticas, tomaron la palabra cincuenta eurodiputados de los que prácticamente la mitad pertenecían a los grupos de ultraderecha Patriotas por Europa y Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR). Por parte del Partido Popular Europeo, solo participaron diez parlamentarios. Vox dio su particular versión para todos los presentes sobre las intenciones del Gobierno español en palabras de su eurolíder: «No es cierto que medio millón de inmigrantes trabajan en empresas, es mentira, viven de ayudas. Lo que quieren son esclavitos que vayan a sus casas a limpiar los culos de sus familiares. Nosotros cuidamos de nuestras familias».⁷

El objetivo de la reunión no iba más allá de una confrontación dialéctica para criticar la política inmigratoria del Gobierno de España, pero fue peculiar que el comisario europeo de Asuntos Internos y Migraciones, Magnus Brunner, cambiara de posición. Inicialmente, el comisario decía una semana antes: «... este caso es distinto porque son personas que ya están en el Estado miembro y España tiene la competencia sobre cómo reaccionar y abordar la actuación legal de la migración». Tras las presuntas presiones de sus colegas del PP, el discurso cambió y Brunner aseveró: «La migración es un reto compartido entre los Estados miembros y la Unión Europea [...]. Algunos asuntos siguen bajo responsabilidad de los Estados miembros y al mismo tiempo esa responsabilidad supone que cada uno de ellos debe garantizar que sus decisiones no tienen consecuencias negativas en otras partes de la Unión Europea. Es un principio general de nuestra Unión». La izquierda les recriminó que lo que trataban de hacer era extender el miedo, la mentira y la violencia importados por el trumpismo.

¿Qué nos espera?

España, en este panorama lóbrego, aparece como una excepción en el área de migración. El Ejecutivo español que preside Pedro Sánchez ha dado muestras de respeto hacia los ciudadanos de otro origen y de repulsa hacia quienes les atacan. A finales de enero de 2025, el Consejo de Ministros aprobaba un decreto para la regulación extraordinaria de personas extranjeras en España. Era fruto de un acuerdo entre las formaciones del PSOE y Podemos. La regulación ha comenzado.

Tal decisión resultaba lo más alejado de la política que se está llevando a cabo en Estados Unidos o la que se intenta imponer en la UE con el tenaz impulso del Gobierno italiano ultra de Giorgia Meloni, pero con aquiescencia de la mayoría conservadora que rige los destinos de la Unión Europea en estos momentos. Pretenden un pacto «migratorio» para amparar la puesta en marcha de las ideas que preconiza la xenofobia en varios países miembros y que se concretaron en diciembre en la norma que establece la instalación de centros para la deportación de emigrantes en países ajenos a Europa. Es decir, siguiendo la estela iniciada por la primera ministra italiana, quieren eliminar el problema enviando a seres humanos que buscan mejores condiciones de vida lejos de su tierra, a un futuro incierto.

Estas políticas suponen la degradación de las personas afectadas en la condición de vidas sobrantes. La solidaridad humanitaria ha quedado para las organizaciones no gubernamentales que, en muchos casos, son vistas como enemigas de la tranquilidad que exige la sociedad occidental. Siempre es la misma filosofía: fuimos explotadores y ahora somos represores. Y, desde luego, si preguntan a cualquiera de ellos, ninguno dirá «somos racistas».

Lo curioso es que si se nos pregunta en qué datos se basan estas políticas migratorias, llegamos a la conclusión de que, objetivamente, no existen elementos serios que las avalen. Se afirma cansinamente que la amenaza existe y se acepta. Asumimos lo que se nos dice en los discursos más xenófobos y excusamos nuestras propias incapacidades revirtiendo las culpas sobre el otro. Es lo cómodo y lo menos comprometido. Pero, eso sí, si necesitamos ayuda en determinados campos o sectores, serán los migrantes los que atiendan nuestras necesidades. En definitiva, es puro miedo a un futuro incierto en el que no nos sentimos protegidos por múltiples razones, pero todas ellas son imputables a dinámicas propias de las incompetencias de nuestras instituciones y de políticas que, desde hace tiempo, no saben cómo resolver las causas que motivan esa inseguridad vital que nos atenaza. Sería mucho más efectivo actuar en positivo: redistribuir los recursos, incrementar las políticas de ayuda al desarrollo, trabajar con transparencia...

Entonces, ¿qué nos espera, rodear Europa de muros? ¿Llenar los países limítrofes de centros de detención? ¿Y qué pasará cuando esos países, por su colaboración con la UE, pidan su ingreso? ¿Los echaremos de esos países también?

Observamos demasiadas políticas vacías de respuestas y ahítas de discusiones estériles, porque cuando llega el momento de aportar soluciones de apoyo y cooperación efectiva o de oposición a guerras, masacres y políticas que las propician, como las del pueblo palestino en Gaza, se produce un silencio espeso, cómplice e, incluso, criminal.

En realidad, lo que ocurre es que existe un miedo cerval a las consecuencias electorales y al avance de opciones extremistas o fascistas, que han puesto su punto de mira en la migración como causante de todos los males que afectan a las sociedades acomodadas que sufren de un síndrome migratorio irracional y sin sentido. Desde luego, esas tendencias extremas no serán las que resuelvan el problema. Dicen que el miedo es libre, pero si aceptamos que la racionalidad reflexiva y el diálogo deben presidir cualquier debate, me niego a aceptar que no seamos capaces de controlar ese miedo y hallar una solución equilibrada. Son cientos de millones de personas las que migran de un lugar a otro a nivel internacional. Según los datos de la ONU, el número de migrantes internacionales hasta mediados de 2024 (últimas cifras disponibles) supera los 304 millones de personas;⁸ a estas habría que sumar unos 123,2 millones (finales de 2024) forzosamente desplazadas (algunas incluidas en la anterior estadística, pero no la gran mayoría) según la ACNUR/UNHCR.⁹

De estas, unos 9,5 millones viven en alguno de los quinientos campos de refugiados que existen en todo el mundo, aunque su número puede variar ostensiblemente según las crisis humanitarias que se produzcan en cada momento.

Frente a esta realidad, el planteamiento del Gobierno español consiste en integrar y reconocer la labor de aquellos que trabajan con nosotros. Supone proteger a estas personas normalizando lo que ya les correspondería desde hace muchos años, y garantizar su presente y el de sus hijos que, en muchos casos, han nacido aquí y tienen en España sus raíces.

El presidente lo había planteado en la Universidad de Columbia poco antes: «Nuestro modelo económico ha combinado la llegada de talento del exterior con una reducción del desempleo. En los últimos siete años, nuestro país ha recibido a más de dos millones de inmigrantes al tiempo que la tasa de desempleo se ha reducido en casi un 40 por ciento. Los migrantes se han integrado bien en el país y han aportado alrededor de un 20 por ciento al crecimiento económico per cápita de España en los últimos tres años. Para nosotros, la migración no es sinónimo de miedo y amenaza, sino de esperanza y oportunidades».¹⁰

De inmediato, salieron la derecha del PP y, como era de esperar, la ultraderecha de Vox para oponerse a la medida. Entre las más ruidosas figuró la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien no tardó en dar su opinión, tan infundada como casi siempre, que se resume en «una burla a la ley» y un «homenaje a la impunidad». Consideraba la lideresa popular que el decreto no se vinculaba al mercado de trabajo e iba a crear dificultades importantes para gestionar algunos servicios públicos.¹¹

Pregonó que la medida solo buscaba recabar votos y que supondría alterar el censo electoral. Ese mismo argumento también lo utilizaron los colegas de su partido y de Vox. Como bien apuntaba el periodista Juan Diego Quesada en El País, «esta última idea coincide con las de J. D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, y otros miembros de la Casa Blanca, que sostienen que los demócratas buscan cambiar la demografía en su país para, a la larga, ganar elecciones, dando por hecho que los regularizados, que con los años podrían optar al voto, se inclinarán por la izquierda».

Como no podía ser de otra manera, los dirigentes conservadores y ultraconservadores denunciaron el «efecto llamada» que en su opinión supondría esta medida. Es decir, que animados por la regularización de quienes llevaban un lustro en condiciones no normadas en nuestro país, vendrían en tromba otros irregulares a la espera de un final feliz parecido. De ser esto así, supondría la inaplicación de todas las normas existentes en este momento en España e incluso las de aplicación en la UE. Más bien, estas afirmaciones se incardinan en el marco de discursos electoralistas o de competición por ocupar el espacio de las derechas con temas que son sensibles para la ciudadanía, pero que no tienen una base real.

Las cifras

Las cifras, sin embargo, desmienten estos augurios, aunque también es cierto que a estas formaciones les importan poco las cifras, salvo para retorcerlas.

A mediados de enero de 2026, un informe de la agencia europea Frontex aportaba el dato de que las llegadas de migrantes irregulares a las fronteras de la Unión Europea habían caído un 26 por ciento en 2025, el nivel más bajo registrado desde 2021 y la mitad de lo verificado en 2023.12

El número de personas que arribaron a territorios de la UE fue de 178.000. Pero la tragedia nunca termina. También en 2025, según datos de la Organización Internacional de Migraciones (OIM), 1.878 personas murieron en el mar. Una persona de cada cien se dejó la vida por tanto en ese intento de alcanzar la tierra prometida. En cuanto a España, gracias a la ayuda de Mauritania y Marruecos, las llegadas irregulares cayeron en un 42,6 por ciento, un descenso que no se apreciaba en tales términos desde 2019. Nuestro país se situaba por detrás de Italia y Grecia como entrada no reglada al continente.

La ruta canaria, que utilizan primordialmente quienes parten de Mauritania, descendió en un 62 por ciento. Tuvo que ver con que el Gobierno del país africano (en respuesta a los fondos europeos concedidos) trabajó en la línea de detener a inmigrantes y expulsarles. La lucha contra el tráfico de seres humanos, desmantelando las organizaciones que lo practican, resultó también fundamental.

Por el contrario, la ruta argelina sí que creció un 24,5 por ciento. En 2025 alcanzaron las Islas Afortunadas 7.321 personas. La idea expresada por el Gobierno fue la de incrementar la colaboración con Argel para poner remedio a estas llegadas, un tema complejo dado el cambio de planteamiento de España respecto al Sáhara Occidental y la necesidad diplomática de que Marruecos no se moleste con los acuerdos que se alcancen con Argelia. Por cierto, que la colaboración del país alauita suspendió prácticamente los saltos a las vallas de Ceuta y Melilla. A Ceuta, en 2025, llegaron 3.523 migrantes, un 39 por ciento más que durante el año anterior. Aún quedan muchos menores que intentan alcanzar tierra a nado y que mueren por el camino. Ese mismo año se dio cuenta del fallecimiento en el mar de cuarenta y seis inmigrantes, cada vez más jóvenes.

Otro informe, en esta ocasión de la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS), estimaba que, a 1 de enero de 2025, la cifra de extranjeros no comunitarios residentes en España podría alcanzar las 840.000 personas.¹³ Representarían el 17,2 por ciento de la población extranjera que vive en nuestro país. Según el mismo estudio, el 70 por ciento ha venido desde países de Sudamérica, mientras que los de Centroamérica y el Caribe suponen en torno al 17 por ciento. Otro 5 por ciento proviene de países de África y un 7 por ciento procede de Europa. El resto, de Norteamérica, Asia y Oceanía.

Grosso modo, Colombia aportó uno de cada tres migrantes. Un 13 por ciento proviene de Perú, y de Honduras son aproximadamente el 11 por ciento. Marruecos y Argelia suman un 2 por ciento de llegados a España en situación irregular, y en cuanto a Asia, el origen principal es Bangladés.

Si nos referimos a la población en situación regular y de acuerdo con los datos del trabajo elaborado por el Consejo Económico y Social (CES), encargado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la edad media en 2022 era de 33,2 años (la edad media nacional se situaba en los 44,3 años).¹⁴ Ello se debe a que las migraciones se producen por motivos laborales y, por tanto, quienes llegaron a nuestro país lo hicieron en plena edad de trabajar. Por grupos, sobresalen los de entre 25 y 54 años. Estas edades avanzan por cuanto se consolidan proyectos de vida y llegan nuevos trabajadores mejor cualificados, que migran con mayor edad.

Sin olvidar, y lo resalta el CES, que frente a una de las tasas de fecundidad más bajas de la UE por parte de España, y una altísima esperanza de vida, la inmigración amortigua el impacto demográfico, ya que el 19 por ciento de la población residente en España ha nacido fuera y a ellos se debe sumar a sus hijos ya españoles.

Para completar este cuadro y continuando con los migrantes regularizados, viven en las zonas donde hay más demanda laboral; uno de cada cinco lo hacen en Madrid y en Cataluña. El 76 por ciento residen en viviendas de alquiler. El 68,4 por ciento trabaja en el sector servicios destacando su presencia en ocupaciones elementales (limpieza, peones de construcción), servicios de restauración y cuidados personales. Las mujeres migrantes tienen un peso especialmente importante en el sector de los cuidados, si bien sufren la doble penalización salarial de ser mujeres y migrantes. El 80 por ciento de estos trabajadores cobran salarios inferiores a la media nacional y sus ingresos son sustancialmente menores a los de los españoles.

Atendiendo a la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, en 2024 la ganancia media anual de los trabajadores extracomunitarios apenas alcanzó el 58 por ciento de la de los españoles, mientras que los de la UE cubrían cerca del 90 por ciento.¹⁵

Este es un pequeño esbozo de la realidad que vivimos en referencia a nuestros vecinos migrantes regulares o irregulares. Frente a una normalidad tan clara como la expuesta (fuera del detrimento salarial por su condición de extranjeros y otras situaciones adversas), vemos cómo la derecha y la ultraderecha lanzan bulos y ensordecen con mentiras y falsedades la realidad. Cargados de odio, el racismo y la xenofobia llevan a estas formaciones, y en particular a algunos de sus líderes, a situaciones terribles.

¿Qué han propuesto mientras tanto PP y Vox en cuanto a la migración? En octubre de 2025, en Barcelona, Alberto Núñez Feijóo anunciaba un plan con el objetivo, dijo, de poner orden: «Ni el inmovilismo del Gobierno, ni criminalizar al extranjero como Vox». Enunció diez medidas que cumplimentar, que iban desde aglutinar en una sola autoridad del Estado las competencias sobre inmigración, promover el retorno de los menores con la familia de origen o lograr un visado en base a puntos para vincular empleo y residencia en España. Entre otras cosas, se ligaría al conocimiento del castellano, la edad, la formación, la experiencia laboral y la proximidad cultural.

Cometer delitos graves en España supondría «la pérdida de residencia automática». «No se concederá de tener antecedentes» en el lugar de origen o en terceros países donde se haya residido los cinco años antes. «Es lo mínimo para que quienes delinquen no tapen a los que quieren prosperar, a la mayoría. Que no paguen justos por pecadores.» Estas son algunas de las ideas del líder del PP.

Santiago Abascal respondió a todo ello acusando a los populares de copiar las propuestas de la ultraderecha. Sus propios planteamientos, expuestos en el Congreso, pasan por auditar concesiones de nacionalidad, impedir ayudas a los irregulares o suprimir el arraigo. Refería un interesante artículo en El Independiente el modo en que Abascal planteaba el concepto «remigración», consistente en deportaciones masivas, aclarando que, de momento, el PP no parecía proclive a tal acción. La «remigración» radica, en sus términos originales, «en la expulsión de todo lo no cultural y étnicamente compatible con los valores que se atribuyen a una sociedad concreta. Tanto inmigrantes de primera generación, como de segunda o tercera. Incluso descendientes nacidos y con nacionalidad española que no han conocido los países de sus antepasados. En otros países europeos fue impulsado por los partidos neonazis, pero se está extendiendo entre las fuerzas populistas». Añadía el mencionado diario digital estas palabras de Abascal: «Realmente no pensamos que tenga que seguir viniendo gente cuando hay españoles yéndose fuera de España».¹⁶

Cacería

La normalización iniciada mediante Real Decreto por el Ejecutivo supone un importante contrapeso a diversos y vergonzosos sucesos que vivimos durante 2025, en un ascenso continuado contra los migrantes, protagonizado sobre todo por el partido ultraderechista Vox y su entorno, y a los que el PP también se sumó en algunos casos incluso por iniciativa de sus propios líderes.

En julio de 2025 tuvieron lugar los sucesos de la ciudad murciana de Torre Pacheco. He seguido el relato de la BBC, que me parece bastante completo.¹⁷ El día 9, un señor mayor fue agredido por tres jóvenes de los que después diría: «Uno que estaba con un móvil, otro que gritaba cosas “en un idioma extranjero” y un tercero que se abalanzó sobre él y comenzó a pegarle». La Guardia Civil los detuvo. Al parecer no intentaron robarle, de lo que algunos medios dedujeron que se trataba de subir la paliza a las redes sociales.

De inmediato, grupos de ultraderecha se organizaron para difundir, a través de redes, mensajes de odio contra la población originaria de Marruecos, colgando vídeos de otras agresiones que hacían pasar por la del vecino de Torre Pacheco, quien declaró que no era él. También subieron fotos de cinco hombres, que aseguró que eran los que habían propinado los golpes. De ahí se organizaron grupos, siempre desde el ciberespacio y en concreto en Telegram; el reclamo lo protagonizó el canal Deport Them Now Spain, profundamente ultraderechista, convocando a una «cacería» los días 15, 16 y 17 del mismo mes. Sus intenciones no dejaban lugar a dudas, pretendían «reunirles con Alá». Agentes de la Benemérita detuvieron al líder de esta operación bajo la acusación de incitar al odio.¹⁸

Nadando y guardando la ropa, es decir, sin citar para nada Torre Pacheco ni lo que allí sucedía, el líder de Vox, Santiago Abascal, se presentó en un vídeo delante de una pintura que reflejaba una batalla de la Reconquista y lanzó su mensaje tras asegurar que España padecía «una invasión migratoria brutal». «Nos han robado las fronteras, nos han robado la paz y nos han robado la prosperidad.» Echó la culpa al PSOE y al PP y, en su línea, exigió inmediatas deportaciones.

Entre tanto, tras una manifestación pacífica de protesta y solidaridad con el agredido, convocada por el alcalde del Ayuntamiento, del PP, y a la que también acudieron vecinos magrebíes, jóvenes de la localidad y muchos venidos de otros lugares comenzaron la búsqueda de responsables, con gritos xenófobos y franquistas. A lo largo de dos noches, atacaron vehículos y comercios de ciudadanos marroquíes del pueblo, lanzando objetos y quemando contenedores. En uno de los barrios que concentra mayor número de migrantes, jóvenes magrebíes les esperaban. Los atacantes agredieron de forma aleatoria, sencillamente a quienes se les cruzaban.

Las fuerzas de seguridad consiguieron impedir que las cosas fueran a más, y el domingo (después del alegato de Abascal) blindaron los accesos al pueblo para evitar la llegada de otros jóvenes de fuera que acudían a provocar más conflicto. Destrozaron en las afueras un restaurante de kebab. En la cámara de seguridad del establecimiento se puede observar el terror de los pobres empleados del local.

El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, enlazó estas «cacerías» con los discursos de Vox criminalizando a los migrantes. Santiago Abascal salió al quite de inmediato: «No sé si traemos crispación o no, pero antes la crispación que la paz de los cementerios, antes la crispación que los españoles callados ante la inmigración ilegal, ante las violaciones, ante los robos, ante los machetazos. Si decir la verdad trae crispación, pues habrá crispación», aseguró.

Llovía sobre mojado. Antes de que comenzara el conflicto, Rocío de Meer, diputada de la ultraderecha, planteó la expulsión de millones de inmigrantes, sin diferenciar situaciones, casos ni personas. El representante de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, acudió en plena refriega a Torre Pacheco en un acto denominado «Defiéndete de la inseguridad». El reportaje de la BBC recuerda que «Vox fue la formación más votada en la localidad en las últimas elecciones legislativas de 2019, llevándose más del 38 por ciento de los sufragios. También fue el partido que se llevó más apoyos en la Región de Murcia, donde obtuvo más del 28 por ciento de las papeletas». Ello en una población que cuenta con una próspera huerta en la que trabajan mayoritariamente inmigrantes procedentes sobre todo de Marruecos, atendiendo a labores que los españoles rechazan. Muchos de ellos están regularizados. Otros aún no. El reportaje que cito incluye las declaraciones del presidente de la comunidad musulmana de Torre Pacheco, quien señala que, en el caso de los jóvenes que han nacido allí, muchos no tienen raíces ni en el país magrebí ni en su propio pueblo, tampoco estudian o trabajan, no tienen sostén en Marruecos, pero no se les trata como a españoles y eso los lleva en ocasiones a ser conflictivos.

De este episodio bochornoso que infundió pánico entre los lugareños (de origen nacional y magrebí) resalto dos aspectos. Uno, el papel con ecos delictivos de Vox y sus allegados, echando leña al fuego. El otro, el impresionante discurso de odio racista y xenófobo que se desató en las redes sociales.

Me baso en un informe extraordinario del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia.¹⁹ El análisis, realizado a través del sistema FARO, contabilizó más de 138.000 mensajes con contenido de odio entre los días 6 y 22 de julio, la mayoría dirigidos contra personas del norte de África. La ministra Elma Saiz lo sintetizó en esta frase: «Lo que ocurre en redes sociales se traslada a la sociedad, por ello, debemos actuar de forma contundente para desmontar bulos e informar de la realidad. Debemos neutralizar los mensajes de odio y evitar que vuelva a repetirse».

Sobre el grupo impulsor de bulos y ataques, Deport Them Now, su líder Christian Lupiáñez ingresó en prisión provisional poco después de los sucesos por llamar a los disturbios fascistas, pertenencia a asociación ilícita y tenencia de armas. La Fiscalía contra los delitos de odio, a instancia de los Comuns, avaló que la investigación se ampliara a otros ataques racistas que el mismo grupo impulsó en Cataluña. El detenido alegó que había actuado en solitario, que no valoró la repercusión social de lo que estaba haciendo y que creó la citada plataforma que sirvió para lanzar mensajes de odio.

Unos meses más tarde, supimos por la prensa que había trabajado durante unos meses en un centro de menores catalán, Can Llupià, como auxiliar administrativo y que, según el sindicato penitenciario Sicap-Fepol, «tuvo acceso a bases de datos personales confidenciales de los menores migrantes». Este extremo fue negado por la Consejería de Justicia de la Generalitat. La sola idea produce malestar.

Esto me lleva a reflexionar sobre la supuesta polémica que surge en el seno del PP cuando, en sucesivas elecciones autonómicas motivadas por la falta de acuerdo con Vox para decisiones de gobierno, la derecha supuestamente moderada se encuentra cada vez más atrapada por sus no-socios ultraderechistas. Ya hemos podido ver, como en el caso de Aragón en 2026, que el PP ha bajado en votos y en escaños, frente a la subida de Vox.

Lo que plantean los populares, desconcertados (o no) ante la situación, es que se permita a Vox acceder a la gestión en el Gobierno de la comunidad en la idea de que así se «quemarán» porque en el día a día es difícil mantener el tipo ante el electorado. Escuché en esos momentos propuestas del tipo de que un consejero de Vox podría llevar Sanidad o lo relativo a los migrantes o a los menores no acompañados.

Mi asombro no tiene límites. ¿Piensan los sesudos políticos del PP que Vox pediría que por favor les relegasen de tal tarea? ¿Creen que con ello perderían votos para una siguiente edición electoral?

Lo que hay de cierto, si tal barbaridad se llevara a cabo, es que el lobo estaría en medio de las ovejas, que los amigos del fascismo se encontrarían a sus anchas gestionando a su manera, que ya sabemos cuál es, la vida de las personas que han llegado a nuestro país obligadas por las malas condiciones que vivían en los suyos propios, y que los niños y adolescentes se iban a ver sometidos a un régimen carcelario. Impunidad con los vulnerables, eso es lo que tal propuesta del PP facilitaría a Vox. El experimento ha comenzado en Extremadura.

Alcaldes del PP como Vox

No sé a qué mentes brillantes se deben tales planteamientos, pero posiblemente no han hecho más que mirarse en el espejo del alcalde de Badalona, del PP, Xavier García Albiol.

El 17 de diciembre de 2025, los Mossos d’Esquadra llevaron a cabo un operativo para vaciar el antiguo instituto B9 de Badalona, en el que residían unas cuatrocientas personas. Abandonado durante dos años, se había convertido en uno de los lugares más poblados de Cataluña por personas sin hogar, en su mayoría migrantes.

Doce días antes, una jueza autorizaba al consistorio a desalojar a los cuatrocientos migrantes que malvivían en las instalaciones, pero exigiendo que se prestara atención social previa a los ocupantes. El inicio de la historia data de 2023, cuando migrantes desalojados de otras naves y locales habían recalado allí. La mayoría había llegado desde países de África occidental y subsahariana. Entre ellos se contaban mujeres, personas mayores y personas enfermas.

La Fiscalía estaba de acuerdo con el desalojo, pero había planteado a la jueza que obligara a los servicios sociales de Badalona a ofrecer una solución habitacional a aquellos que no contaran con recursos. Por resumir, diré que la jueza rebajó esa exigencia y no obligó a facilitar techo a los ocupantes. Se limitó a pedir que se llevara a cabo el protocolo de asistencia para las personas sintecho. Algunos se marcharon en los días previos. El desalojo dejó en la calle, finalmente, a ciento setenta personas que se dividieron en varios grupos, y una treintena se instaló en tiendas de campaña bajo un puente de la C-31, a su paso por el municipio. Las ONG, apoyadas por la Generalitat, situaron en nuevas ubicaciones a personas que vivían en la carretera y a otras más.

El desalojo motivó la condena de expertos de la ONU, quienes advirtieron: «La legislación en materia de derechos humanos es clara. Desalojar a una persona en pleno invierno y dejarla sin hogar constituye una grave violación del derecho a una vivienda adecuada y de otros derechos humanos. Desalojar repetidamente a personas sin ofrecerles alternativas de vivienda puede constituir un trato cruel, inhumano o degradante, estrictamente prohibido por el derecho internacional de los derechos humanos».

Inasequible al desaliento, el regidor del PP aseguraba que los ayuntamientos no pueden asumir una situación que consideraba «fuera de control». En una entrevista afirmó que «no hay solución» mientras no se controle la entrada de inmigración irregular, vinculando directamente la situación administrativa irregular con la marginalidad y la delincuencia, afirmando que los desalojados vivían de recoger chatarra o de cometer delitos. Por ese enfoque estigmatizante se ganó el reproche de las organizaciones sociales y los relatores de la ONU.

Mientras la Generalitat exigía al edil la apertura de un albergue para dar cobertura a estos casos, García Albiol hacía oídos sordos a cualquier sugerencia y plantaba cara a las críticas de Naciones Unidas. Tras asegurar que los expertos no se habían puesto en contacto con el Ayuntamiento, zanjaba la cuestión de la ONU de esta manera: «No pierdo ni un minuto con esta gente».

Al alcalde de Badalona, el desprecio por estas causas no le venía de nuevas. Entre 2023 y 2024, retornó 112.350 euros destinados a sufragar los gastos de acoger a personas en situación de calle. Se trataba del contrato-programa que el departamento de Derechos Sociales del Govern pone a disposición de los ayuntamientos para emergencias sociales. Su argumento para rechazar esta cantidad fue que la ciudad no disponía de pisos donde alojarlos.

Con tales referentes, no es extraño que los hombres y mujeres del PP puedan simpatizar con el ideario racista y xenófobo de Vox. Ya lo tienen en casa.

Pero no fue solo él. Otro alcalde del PP, el de Madrid, José Luis Martínez Almeida, protagonizó en noviembre de 2025 una sonada marcha atrás contra el racismo. Se conmemoraban los 33 años del asesinato de Lucrecia Pérez, una mujer dominicana que murió a manos de dos ultraderechistas en Aravaca el 13 de noviembre de 1992. España quedó conmocionada ante tal episodio de odio que, hasta ese día, no se había reflejado tan claramente. Lucrecia se convirtió en un símbolo y desde su llegada al consistorio de la capital, Martínez Almeida había participado en este aniversario, año tras año, apoyando el acto que se celebra anualmente... hasta 2025. El argumento de los populares fue que ya lo habían avalado en el pasado y que había eventos conmemorativos suficientes repartidos por la ciudad.

Lo que la oposición sospechaba era, más bien, que la formación de la derecha intentaba (como ha venido siendo habitual) no ser menos que Vox y atraer parte de su electorado.

Claro que tampoco consta que Almeida haya perdido el sueño por lo que sucede en otros lugares de la capital. En pleno centro, en el barrio de Lavapiés, los vecinos protestaban en octubre por las actuaciones de la policía después de que el día 23 de ese mes se desplegara un centenar de agentes con el objeto de llevar a cabo una redada masiva para detectar (explico la oficialidad) a delincuentes, inmigrantes irregulares o para incautar droga. Se identificó a noventa personas y solo cinco fueron detenidas, según denunciaban las asociaciones del barrio que en un comunicado subrayaban lo que consideraron «racismo institucional».

Estos episodios nos deberían avergonzar en un país como España que ha sido siempre un lugar de acogida. Desgraciadamente eso, hoy por hoy, ha dejado de ser así. La preocupación por el bienestar de los migrantes ha pasado a ser, cada vez de forma más inquietante, la estigmatización y el odio contra el diferente y extranjero.

Fútbol y racismo

En esa misma actuación, la policía intervino en el Casino de la Reina, donde estaba jugando el club de fútbol Dragones de Lavapiés, un equipo de críos de diez años que vieron cómo en las gradas, y sin avisar previamente, se llevaban a algunos familiares que asistían al entrenamiento. El entrenador contó después a la prensa que los dos únicos hombres presentes entre el público fueron retenidos durante 45 minutos. Ni que decir tiene que los presentes tenían rasgos raciales de otros lugares y que la mayoría eran mujeres. Buen aprendizaje para los niños. Según tu color de piel, la vida será más complicada incluso con un balón de por medio.

Es importante recordar que el odio al diferente está presente en nuestro país y que tiene un exponente claro en los estadios de fútbol y en las redes sociales. Siguiendo los datos de un informe del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, durante siete meses de la temporada de Liga de 2025, el Observatorio detectó más de 33.400 contenidos de odio en redes sociales, de los que el conjunto de las plataformas en las que habían sido publicados eliminó tan solo un tercio.²⁰ La conclusión es que los peores prejuicios van del campo a internet y se retroalimentan. Lamine Yamal, Nico Williams, españoles hijos de inmigrantes, sufren este acoso en carne propia. Yamal concentra nada menos que el 60 por ciento de los insultos racistas. Williams, destinatario de otro 29 por ciento de improperios impresentables, declaraba: «Si a mí me insultan, ¿qué le dirán a un chaval negro que no tiene nada?».

Jugadores como ellos o como Vinícius Júnior, que suele plantar cara a los despropósitos que recibe, son la diana de los bárbaros en el ciberespacio. Al menos, aunque lenta, la justicia ha afrontado alguno de estos casos. En junio de 2024 se produjo una condena pionera que dictó ocho meses de cárcel a tres aficionados del Valencia que, un año antes, habían llamado «mono» en Mestalla a Vinícius.

Aquí la justicia tiene mucho que decir y la Fiscalía de Sala contra los delitos de odio y discriminación, también. Si desde las instituciones no se pone coto a esta deriva, en unos años tendremos graves problemas entre colectivos como ya está aconteciendo en otros países.

Derechos humanos

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en sus artículos 13, 14 y 15, respectivamente, recoge los derechos a circular libremente, a establecer la residencia en el territorio de un Estado, a salir de su país y regresar al mismo. También el derecho al asilo en caso de persecución, a una nacionalidad y a no ser privado de ella.

Como he procurado poner de manifiesto a lo largo de los apuntes y reflexiones desarrollados en este capítulo, el derecho al asilo no es precisamente de los que se respeten en la actualidad. Por el contrario, está sometido a constantes restricciones e incluso a la negación violenta del mismo.

Sin embargo, si de algo nos sirve la experiencia histórica y el pensamiento que se ha ido formando a través de los siglos, convendremos que la política migratoria actual es muy poco defendible y la dirección que lleva nos conduce a una situación de suma gravedad que, en todo caso, contradice el pensamiento crítico elaborado a lo largo de décadas en la Edad Contemporánea.

Así, Hannah Arendt defendió que «el hombre que no es nada más que hombre pierde las mismas cualidades que hacen posible que otras personas lo traten como un semejante» o «la calamidad de los sin Estado no es que estén privados de la vida, la libertad o la búsqueda de la felicidad, sino que ya no pertenecen a comunidad alguna».²¹

Por su parte, Jürgen Habermas, recientemente fallecido, nos recuerda algo muy relevante: «la integración política de los ciudadanos no puede depender de una homogeneidad cultural previa, sino únicamente de una cultura política compartida».²² Obviamente, quien accede a un país y pasa a formar parte del mismo debe tener los mismos derechos y obligaciones, pero su identidad cultural y personal debe ser respetada siempre que, como las demás, se integre y fomente la convivencia en la diversidad y el respeto mutuo.

Desde el pensamiento de Amartya Sen, los migrantes aportan no solo la diversidad cultural; son los que ayudan a expandir las capacidades colectivas, porque las libertades individuales no solo son el fin primordial del desarrollo, «sino también su principal medio». «La diversidad cultural puede enriquecer una sociedad cuando existe libertad para elegir y razonar sobre las propias identidades.»²³

Por su parte, Martha Nussbaum nos dice que «debemos reconocer que somos ante todo ciudadanos del mundo y solo después ciudadanos de una nación particular», y que «la educación debe formar ciudadanos capaces de ver a los otros como seres humanos completos y no como meros miembros de un grupo».²⁴

No parece que a la luz de lo que está aconteciendo sean estos autores, como deberían serlo, la guía y referencia para quienes nos gobiernan, con algunas excepciones como las citadas. De ahí que tengamos la obligación de luchar por que este rumbo se recomponga. En este momento, el que llevamos nos conduce a la inhumanidad.

7

Ultraderecha, germen del fascismo

Toda forma de desprecio, si interviene en política, prepara o instaura el fascismo.

ALBERT CAMUS

El acoso en Galapagar ante la puerta del chalé del que fuera vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y de su familia; la presencia de un colectivo colérico clamando ante la sede madrileña del PSOE en la calle Ferraz; los actos vandálicos contra los locales socialistas en Cantabria; las injurias reiteradas en cualquier acto oficial o en presencia de dirigentes políticos ligados al Gobierno; los abordajes en la calle con insultos relacionados con la ideología progresista y expresiones como «rojos», «traidores», «comunistas»... La invocación sistemática de los casos de corrupción de algunos líderes políticos socialistas vinculándolos a la supuesta perversión del propio Gobierno socialista; los ataques personales al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra su entorno familiar; los actos racistas y xenófobos de Torre Pacheco en Murcia; las algaradas en diferentes universidades por personajes como Vito Quiles; los ataques y el desprecio de las víctimas del franquismo; la exhibición impúdica de símbolos fascistas; la revelación y el señalamiento de periodistas en plena calle por llevar a cabo su trabajo... Este repertorio de conductas indignas definen un modo de proceder que la ultraderecha de nuestro país ha venido fraguando durante años y que, en el momento actual, exhibe sin máscara alguna.

Si echamos la vista atrás, la situación de hoy parecía impensable hace apenas unos años: partidos políticos extremos que dirigen países en Europa y en América Latina; formaciones que boicotean iniciativas en el Parlamento Europeo, al que, además, intentan socavar; un partido político en España que sube en cada convocatoria electoral y se come a la derecha tradicional... Una derecha sometida a los que de facto tiene como socios en comunidades autónomas y ayuntamientos y a los que deja hacer en términos de involución y de recorte de libertades; o una derecha que se inclina peligrosamente hacia un extremismo cada vez más evidente para ocupar el espacio que le está sustrayendo la ultraderecha.

El fenómeno no ha surgido por generación espontánea, sino que ha experimentado una evolución de larga data. No ha sido algo sorpresivo o que no se viera venir, porque lleva, como poco, más de diez años fraguándose. Sin embargo, al menos en España, no fue hasta 2023 que su realidad no se tomó en serio, cuando ya era demasiado tarde. Las advertencias que algunos hacíamos fueron minimizadas e incluso se tildaron de exageradas. Se logró frenar la situación gracias a un Gobierno en minoría, con una coalición y con el apoyo de partidos políticos nacionalistas y de la izquierda plural. Lo cierto es que, durante demasiado tiempo, se ha dejado un espacio libre al desarrollo y la consolidación de estas ideas extremas y antidemocráticas. Han ido calando primero en las capas más jóvenes y, después, en las más vulnerables a través de mecanismos de comunicación masivos, especialmente las redes sociales. Y todo sin que se prestara ninguna atención ni preocupación ante la manipulación y la mentira que las sustenta. Ahora nos quejamos del aumento exponencial de la extrema derecha y de su capacidad de influencia, que llega hasta el punto de que, en unos casos, se ha convertido en árbitro, y en otros, en dinamitador de gobiernos autonómicos, por el momento, y a poco que nos descuidemos, en árbitro de la política nacional española.

La situación no es nada fácil. Se ha dejado demasiado espacio y no se ha confrontado este discurso con argumentos, ni denunciado las mentiras reiteradas y la manipulación sistemática de la realidad. Esto es especialmente notorio en el ámbito de la inmigración, a la que se ha estigmatizado, haciéndola responsable de casi todo lo malo que ocurre en España.

¿Quién nos lo iba a decir? Desde la atalaya que presta la edad para fungir como vigía, me veo a mí y veo a los que hoy son de mi generación, hace más de cincuenta años, luchando por traer la democracia a nuestro país, bregando con el franquismo y sus secuelas y consiguiendo que entraran aires nuevos de progreso. Con todas las limitaciones, creo honestamente que hicimos todo lo posible, al menos hablo por mí y por quienes me acompañaron: desde la universidad en los estertores de la dictadura, protestando en las calles y preparándonos para un futuro inmediato, al servicio de la sociedad; hasta, tiempo después, asumiendo nuestra función como servidores públicos. En mi caso, desde la justicia, para consolidar una nueva etapa histórica en libertad y respeto a los valores democráticos que hoy nos rigen. Fueron tiempos duros pero ilusionantes en los que cualquier esfuerzo contaba. Para muchos, su sacrificio fue enorme, sin que tengamos derecho a olvidarlos, porque lo que hoy tenemos proviene de aquella época y de aquellas luchas frente a quienes querían continuar con un régimen autoritario y hoy, de nuevo, quieren definir políticas restrictivas de derechos o dinamitar los logros conseguidos.

En estos días, cuando estoy concluyendo este texto, se han cumplido cuarenta y cinco años del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, y eso me ha traído al presente aquellos hechos. Esta efeméride, y no por casualidad, ha coincidido con la desclasificación de los documentos relacionados con aquel esperpéntico, pero no por ello menos peligroso, episodio en contra de nuestro recién iniciado camino hacia una convivencia pacífica, sin sobresaltos autoritarios de los que teníamos triste experiencia en la historia reciente. Lo de menos es la trascendencia de esa desclasificación; lo importante es que se ha dado un paso más para que se conozcan los hechos y para que la transparencia en la gestión pública sea una realidad en España.

Aducir la seguridad del Estado como excusa para mantener en la ignorancia o el engaño a la ciudadanía, dilatando el conocimiento de hechos históricos, es tanto como calificarla de incapaz para asumir su propia historia. También evidencia la necesidad de que nuestros gobernantes asuman que esa seguridad debe estar al servicio de la ciudadanía como un derecho, y no como algo ajeno a ella. En una democracia, la seguridad del Estado debe coincidir con la seguridad democrática de los ciudadanos, y, por ende, debe ser transparente, accesible y participativa. El acto del Gobierno de desclasificación debe ir acompañado de un impulso definitivo para derogar la Ley de Secretos Oficiales de 1968 y adelantar la tramitación de la iniciativa legislativa presentada (proposición de ley de reforma de la ley 9/1968) por el Partido Nacionalista Vasco (EAL-PNV) en agosto de 2023, ya tomada en consideración por el Pleno. El trabajo, en estos momentos en los que escribo, estaría en disposición de pasar a la Comisión Constitucional y, posteriormente, a ponencia. Así mismo, pienso en que es necesario acelerar la tramitación del Proyecto de Ley de Información Clasificada de 22 de julio de 2025.

Esa desclasificación debería extenderse a otros secretos posteriores que afectan a nuestra tranquilidad democrática, como los relacionados con la «guerra sucia» contra el terrorismo. Ningún secreto puede serlo eternamente, sobre todo cuando afecta a derechos fundamentales de todos y cada uno de nosotros. El miedo, por el contrario, es el único componente que puede corromper la confianza del pueblo en el sistema democrático y determinar que prendan y prosperen las ideologías extremistas y contrarias a la propia estabilidad del sistema. Negar o dificultar el camino a la justicia y a la información es como negar el Estado de derecho, porque el pueblo necesita confiar en las instituciones democráticas para defenderlas cuando están en riesgo. Y este es uno de esos momentos en los que la transparencia y el valor deben ser puestos en primera línea.

Con mucho esfuerzo, con penas de prisión, con persecuciones por razones políticas, de género o ideológicas, con exilio, con asesinatos y torturas, pero, finalmente, con el objetivo cumplido de establecer la libertad de expresión, de información, de vida, en suma, avanzamos en nuestra historia. Los representantes de la dictadura que seguían por ahí, de forma —creíamos— residual, estaban, sin embargo, emboscados en algunas tradiciones rancias o en asociaciones nostálgicas a las que, siempre he pensado, se dejó hacer con demasiada inconsciencia. Aún hoy esos restos de la dictadura fascista que nos dominó durante casi cuarenta años andan pululando entre viejos y jóvenes, sosteniendo una supuesta bondad de un régimen que lo que menos tuvo fue bondad.

En otros países que conozco bien, como Argentina o Chile, pasó algo parecido, pero con diferencias importantes.

En primer lugar, por la época y el tiempo. La dictadura franquista fue más antigua y longeva que las latinoamericanas y, por ello, pareciera que fue menos violenta. Pero esta es una impresión errónea, porque la represión fue sostenida en el tiempo y los resultados más letales se produjeron en su primera fase, y se fueron diluyendo, aparentemente, con los años. En el caso de la dictadura argentina (24 de marzo de 1976 hasta diciembre de 1983), con la caída de la última Junta Militar en 1983, tras la guerra de las Malvinas, hubo una reacción memorable desde el Gobierno democrático de Raúl Alfonsín y desde la justicia. Se juzgó y condenó a los máximos responsables por crímenes conta el pueblo, pero la reacción no se hizo esperar y, para evitar un regreso al horror, algo más que previsible, se optó por promulgar leyes de impunidad, como las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida e indultos generales.

La movilización nacional e internacional de las víctimas y de la sociedad civil organizada hizo que la impunidad no se consolidara, y, tras un tiempo en el que esta fue la norma, el principio de jurisdicción universal logró que se persiguieran esos crímenes en otros países, entre ellos España. Después de la anulación de aquellas leyes comenzó (y continúa) la hora de la justicia..., salvo en España. Aquí, en 1977, durante la Transición política, se aprobó una Ley de Amnistía, aún vigente, y, por ello, causante de que siga reinando la impunidad por aquellos crímenes por los que nunca se rindieron cuentas desde la perspectiva judicial, y tampoco desde la perspectiva del derecho a la memoria y a la verdad.

O, en forma similar, en Chile: hubo impunidad durante la dictadura (11 de septiembre de 1973 a 11 de marzo de 1990) y parte de la democracia. Por el mismo camino de la jurisdicción universal, y también desde España, una vez detenido el dictador Augusto Pinochet (por mi orden como juez central de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional), se abrió la oportunidad de juzgar en aquel país a los represores, aunque con menos severidad que en Argentina, y así hasta hoy. Finalmente, la justicia se impuso y las víctimas recibieron la reparación. Al menos, en parte.

En España, por el contrario, hubo una «coalición» político-judicial para que la impunidad se sostuviera, a pesar de los intentos de enjuiciamiento penal de los crímenes franquistas entre diciembre de 2006 y diciembre de 2008, con la apertura de un procedimiento por mi orden, que, finalmente, concluiría con mi suspensión como juez y mi enjuiciamiento por haber intentado investigar tales crímenes, con absolución final en 2012 que, de hecho, devino en una «condena» para las víctimas, que quedaron sin ese derecho (lo han tenido y aún lo tienen en Argentina, a través de la querella interpuesta por víctimas y colectivos por los crímenes franquistas). En España se han aprobado dos leyes —de Memoria Histórica en 2007 y de Memoria Democrática y Derechos Humanos en 2022— en las que se abre la puerta a la verdad (con un mecanismo equivalente a la Comisión de la Verdad, ya creada) y a la justicia restaurativa. Contamos con la Unidad Fiscal, dirigida por la fiscal de sala Dolores Delgado, para dar cumplimiento al derecho de las víctimas a la investigación, la reparación y garantías de no repetición.

Pero, el combate contra la impunidad es una tarea ardua, porque, por lo general, desde el poder, se quiere pasar página rápidamente, imponiendo soluciones que casi nunca pasan por la exigencia de justicia. En el momento actual, en Argentina gobierna la extrema derecha libertaria de Milei, y en Chile la extrema derecha pinochetista de Kast. Consecuentemente, la memoria se convierte en algo muy incómodo. ¿Qué será de las víctimas de la represión que con tanto esfuerzo se dignificaron? Nuevamente, la justicia tiene la palabra. Las víctimas seguirán luchando frente a la impunidad.

A principios de 2026, la Justicia argentina mantenía aún los juicios por las causas de la dictadura, pero hay que señalar que en 2025 se produjeron numerosas absoluciones. Los expertos comentan que el Gobierno clausuró equipos de trabajo y obvió la búsqueda activa de pruebas para que la justicia pudiera avanzar en los procesos. También se despidió a los abogados que representaban a los querellantes; se atacaron las estructuras de derechos humanos y las organizaciones de víctimas, y se resignificaron algunos edificios y lugares de memoria con sesgo negacionista.

En este contexto, no puedo por menos que preguntarme qué les espera a mis queridas y admiradas Abuelas de Plaza de Mayo y a las Madres de Plaza de Mayo y Madres Línea Fundadora; organizaciones que, junto con otras como HIJOS (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), tanto han hecho en favor de la memoria, la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. ¿Y en Chile? ¿Se negará todo atisbo de los crímenes de la dictadura de Pinochet?

No es futuro, es presente. Tanta esperanza, tanto y tan difícil camino recorrido, desaparecen de un plumazo por obra y gracia de la llegada de la extrema derecha al poder. ¿Qué decir de Nayib Bukele en El Salvador? Desde la llegada a la presidencia de este personaje, el país se ha convertido en territorio de experimentos autoritarios en favor de una seguridad entendida como represión y eliminación de derechos; se ha convertido en una prisión de prisiones. El Salvador aterra con este concepto de que la seguridad física y la jurídica son incompatibles con los derechos humanos, y por ende con la democracia.

No se olvide cómo este presidente, un 9 de febrero de 2020, ingresó, rodeado de militares y policías armados, en la Asamblea Legislativa de El Salvador, se sentó en el sillón del presidente del Congreso y dio una semana de plazo a los legisladores para que aprobaran un presupuesto para financiar su sistema de seguridad extremo.

¿Y Daniel Noboa en Ecuador? Persigue a los líderes de la Revolución Ciudadana, con el expresidente Rafael Correa a la cabeza —exiliado en Bélgica—. El vicepresidente Jorge Glas está en prisión en condiciones inhumanas tras haber sido detenido de forma violenta, en un asalto a la embajada de México donde estaba refugiado y a causa de procedimientos instrumentales en su contra.

Noboa, además, declaró, so pretexto de la escalada de violencia relacionada con el narcotráfico y el crimen organizado, la situación de «conflicto armado interno» en enero de 2024. Clasificó a algunas organizaciones criminales como organizaciones terroristas y autorizó a las fuerzas armadas a actuar contra estas en consecuencia; declaró el estado de excepción, la militarización interna, la restricción de derechos y la persecución de líderes indígenas. Como consecuencia de esta cesión de poder de la seguridad a los militares, comenzaron las extralimitaciones, las muertes y las torturas. Y lanzó una proclama contra los jueces constitucionales, a los que calificó como «enemigos del pueblo».

No he mencionado aún al que fue actor principal de esta tendencia posfascista, pero lo hago ahora. Durante cuatro años, en Brasil, Jair Bolsonaro llevó al país y a sus instituciones a una situación límite. Solo fueron salvados por el buen juicio del pueblo brasileño, que optó por la sensatez y el buen hacer democrático de uno de los líderes más carismáticos y honestos de Latinoamérica, como lo es Luiz Inácio Lula da Silva. Esperemos que siga.

Como director de esta orquesta desafinada, pero sumamente peligrosa, a la que se van uniendo otros actores en Paraguay, Honduras, Bolivia o Costa Rica, aparece Donald Trump, que, con su batuta de intolerancia y de «emperador del mundo libre», ha hecho que afloren nuestras peores pesadillas de décadas pasadas. Imágenes que pueden marcar el futuro inmediato extensible a otras zonas, especialmente en Europa.

Los nuevos dominadores han sido pacientemente formados y alimentados por personajes como el empresario Steve Bannon, quien apoyó a Trump en su llegada a la presidencia y ha establecido una base de preceptos que en este segundo mandato se aplican con vehemencia en Estados Unidos. Desde allí, se irradian a los partidos de ultraderecha de todos los países en que se han implantado paulatinamente. Y lo hacen con instrucciones muy concretas.

Las claves

Dos de las claves que unen a todos estos singulares líderes son la xenofobia y la beligerancia contra la inmigración tomada como bandera de combate. Consideran la inmigración el virus más nocivo contra el sistema de vida occidental. En 2025 Bannon afirmaba en una entrevista en Agenda Pública: «La clave es la inmigración, y estoy en contra de cualquier inmigración. Quiero una moratoria sobre toda inmigración ahora mismo porque quiero que los ciudadanos estadounidenses tengan una oportunidad. Lo cual se merecen, ya que todo el sistema económico mundial está construido sobre sus hombros [...] Seguí diciéndole a la gente: Me importa un comino si me llamas racista. Me importa un comino si me llamas xenófobo o algo así. Estoy defendiendo al ciudadano estadounidense. Vengo de una familia de clase trabajadora. Y puedo decirles que cuando comprendan plenamente la economía y observen lo que está sucediendo a su alrededor, las familias afroamericanas e hispanas votarán por nosotros».¹

Como se ve, de la teoría se ha pasado a la práctica en Estados Unidos, donde el presidente Trump, desde su toma de posesión en su segundo mandato, el 20 de enero de 2025, ha puesto en marcha la deportación masiva de supuestos migrantes que en muchos casos resultaron ser ciudadanos estadounidenses de pleno derecho. Esa misma teoría es la que arguyen como elemento central de su discurso los grupos ultraderechistas europeos, criados a los pechos de estos emisarios del odio.

Ha sido un trabajo paciente, con resultados concretos. Los presidentes nacidos a la imagen de Trump y el propio presidente estadounidense son histriónicos, sobrepasan los límites; se podrían calificar de antisistema, por cuanto que su objetivo es destruir. Al asegurar a un sector de ciudadanos que acabarán con lo vigente, lo llevan a su terreno y consiguen impregnarlo de ese afán. Lo cierto es que no explican con qué sustituirán el destrozo. El planteamiento es simplemente acabar con todo, acabar con ellos, que se vayan, entendiendo por «ellos» quienes se encuentran en el poder legalmente constituido.

La locura es tal que, en Estados Unidos, aquellos que controlan la nación y pretenden extender su área de ascendencia a todos los Estados posibles son, en suma, un grupo de empresarios que consiguen grandes beneficios y aspiran a incrementarlos por estos medios. Este colectivo privilegiado es quien, en primera instancia, ha convencido a obreros, a vulnerables y a personas de origen latino o africano de que dicho colectivo es la solución a sus males. Algo así como el lobo entrando en el redil de los corderos. Una vez allí, todo está listo para el banquete final. El rebaño acabará sucumbiendo, malviviendo o perdiendo derechos adquiridos. Milei con su motosierra es un ejemplo vivo de lo que está ocurriendo y de lo que se pretende que suceda.

Buscando fechas de inicio, en América Latina fue 2019 el año en el que asumieron el poder Jair Bolsonaro en Brasil y Nayib Bukele en El Salvador. Más tarde, 2023 es el año en que Javier Milei alcanzó la presidencia argentina y Daniel Noboa inició su primer mandato en Ecuador, donde volvería a gobernar en 2025. José Antonio Kast fue elegido en Chile a finales de 2025 para tomar posesión en marzo de 2026, en un mandato previsto hasta 2030.

En 2026 se celebran elecciones en Colombia, Perú y quizá Venezuela, en cuyo caso esperemos que se imponga la cordura y se reequilibre el tablero geopolítico, que se presenta harto complicado e inestable por la acción coordinada de la extrema derecha.

Más autocracias

Sin ser un experto, pero sí un observador atento, puedo afirmar que estamos en un momento delicado para lo que venimos entendiendo como democracias liberales y representativas. La simple evolución de los acontecimientos nos muestra, día a día, elementos y datos para la reflexión. Sin saber bien por qué ni en virtud de qué factores definitorios, la posición favorable a la implementación y la reafirmación de derechos ha pasado a ser una prioridad de segundo orden; nos conformamos, incluso pedimos, más seguridad, aunque sea con menos derechos, contraponiendo la exigencia de estos a la garantía de aquella.

No nos percatamos de que la pérdida de esos derechos, a medio y largo plazo, determinará una mayor inseguridad jurídica en primer término, y una inseguridad física y política mayor en un tiempo no muy lejano, cuando se caiga el falso velo que suponen este tipo de políticas basadas en las emociones. Y, sin embargo, se acepta e incluso se aplaude esa política reduccionista, a pesar de que resulta incontestable que nos conduce al desastre, por la destrucción de los únicos mecanismos de sostén de la convivencia pacífica, democrática e igualitaria.

El «Informe sobre la Democracia 2025», del V-DEM Institute, adscrito a la Universidad de Gotemburgo, arroja unos datos inquietantes.² Señala un cambio radical frente al año anterior: el mundo cuenta con ochenta y ocho democracias frente a noventa y una autocracias, y añade que las democracias liberales se han convertido en el tipo de régimen menos común. Nos encontramos en una verdadera ola mundial de autocratización, como la definen estos expertos.

En el prólogo del documento, destacan: «El informe 2025 lamentablemente no encuentra signos de que la tercera ola de autocratización esté llegando a su punto más alto, ni siquiera de que se esté ralentizando. Independientemente de cómo analicemos los datos y de cómo los analicemos desde diferentes perspectivas utilizando diferentes parámetros, se mantiene la tendencia general al empeoramiento. De cara al futuro, hay al menos siete países más en la “lista de vigilancia” para convertirse en autocratizadores, entre ellos Chipre, Eslovaquia y Eslovenia. Igual de preocupante —si no más— resulta el hecho de que las medidas adoptadas por la administración Trump a nivel nacional parecen constituir un intento sostenido de conducir al país hacia una ruptura democrática».

En esta realidad que nos invade, Europa del este y Asia central y meridional son las regiones que están sufriendo un declive especialmente pronunciado. Y las cifras son demoledoras: veintisiete de los cuarenta y cinco países en vías de autocratización eran democracias al comienzo de su episodio. De ellos, solo nueve seguían siendo democracias en 2024. Por esto, se observa que la tasa de mortalidad de las democracias se encuentra en el 67 por ciento.

¿Cómo se actúa para conseguir llegar a este sistema dictatorial? «La estrategia favorita de los países en vías de autocratización es la censura de los medios de comunicación, seguida del socavamiento de las elecciones y la sociedad civil», destaca el informe.

La libertad de expresión ha disminuido en cuarenta y cuatro países en 2024. Esta cifra es mayor a la del año anterior, que señalaba a treinta y cinco países. Para más preocupación, señalan los expertos que las elecciones limpias se encuentran en declive en veinticinco países, la libertad de asociación en veintidós países y el Estado de derecho en dieciocho países.

Los medios informativos tienen un papel importante en esta auténtica transformación de la sociedad libre en un régimen controlado por el Estado en todos sus extremos. La censura de prensa es un arma fundamental de las dictaduras y, por ello, aún escandalizan los intentos de Donald Trump, en febrero de 2026, por controlar mediante la prensa las elecciones de medio mandato de noviembre de este año.³ Medios en los que los republicanos analizan la gestión de su presidente y los demócratas intentan averiguar cuál es su situación.

Cabe destacar también las amenazas y acusaciones que el presidente estadounidense ha lanzado contra medios de comunicación por su cobertura de la guerra de Irán, incluso tildándolos de traidores, y las que ha lanzado a través de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), advirtiendo que algunas cadenas de televisión podrían perder sus licencias por considerarlas él «corruptas» y «antipatrióticas».⁴

Bien es cierto que, haciendo caso de las encuestas, la popularidad de Trump ha descendido. Las acciones contra los migrantes, o contra ciudadanos de diferentes etnias, y la sensación de que la economía no va bien han provocado este deterioro de imagen. El presidente ya ha dicho varias cosas que llevan a temer lo peor, como que se podrían «cancelar» o «nacionalizar» unas votaciones que, se supone, pueden ser más favorables para sus rivales demócratas. Y ha insinuado sin prueba de algún tipo que podrían ser fraudulentas. Sin olvidar que ha hablado de la posibilidad de que el ICE se despliegue en los colegios electorales, aspecto este que Steve Bannon, su hombre de máxima confianza, ratificó en su pódcast War Room: «Por supuesto que vamos a tener al ICE en torno a las urnas cuando llegue noviembre». Su argumento es: «No vamos a quedarnos sentados mientras nos vuelven a robar las elecciones».⁵

Diversos periodistas han denunciado dificultades para emitir entrevistas con políticos demócratas, como ha ocurrido en la cadena CBS. Los distintos rifirrafes producidos dan fe del interés de Trump por controlar lo que se emite. También los medios se han utilizado para difundir la doctrina a nivel internacional. Para ello cuentan con prensa próxima, como Fox News en Estados Unidos o CNews en Francia. A ello hay que añadir el importante papel de tecnooligarcas como Peter Thiel o Elon Musk. Apoyan económicamente e intervienen en el discurso cuando es preciso, pero, sobre todo, controlan las redes sociales y fabrican la desinformación; quien tiene el algoritmo tiene el auténtico poder de influir.

El auge de la ultraderecha se nutre del debilitamiento del multilateralismo y se expande con la proliferación de discursos abiertamente hostiles al derecho internacional. Estos discursos han convertido los mecanismos de rendición de cuentas en espacios crecientemente tensionados, regidos por métodos de desinformación, y los medios tradicionales funcionan como altavoz de los partidos de la derecha, que han normalizado el discurso extremo al competir con él y hacerlo suyo.

De esta manera, el movimiento MAGA (siglas de Make America Great Again, ‘hacer grande de nuevo a Estados Unidos’, el lema de Trump) se ha ido extendiendo por el resto de los países con su carga negativa de intolerancia, antiigualdad, racismo, xenofobia y negacionismo. Tiene ediciones en Hungría, Polonia, Argentina, México y Brasil. No es ajeno el partido español Vox, que, con sus eventos Viva, busca enraizar con América Latina. También España vive una situación de medios informativos afines a las tendencias políticas de formaciones, administraciones o empresas que, económicamente, sufragan con más generosidad sus necesidades, bien sea con publicidad o con subvenciones.

En España, la derecha blanquea a la ultraderecha; es un socio indispensable para tal fin. Y la izquierda se ha visto sobrepasada por la realidad de las fuerzas de extrema derecha —que ganan votos en las elecciones autonómicas y locales que se van produciendo— y por el temor de lo que pueda ocurrir en un escenario de elecciones generales. En el primer trimestre de 2026, las formaciones de izquierda españolas debatían la necesidad de evitar la fragmentación y de unirse para dar una alternativa al elector progresista, para que no se abstenga ante la falta de opciones que lo representen y para que pueda hacer frente, con su voto, a los tiempos oscuros que se avecinan si no ponemos remedio urgentemente.

La situación se agrava ante el hecho de que no se ha producido un acuerdo para establecer un cordón sanitario frente a la extrema derecha, y el que existía en Europa se ha ido debilitando hasta, prácticamente, desaparecer. Al menos, en Portugal, los ultraderechistas intentaron evitar por todos los medios un éxito de la izquierda en las elecciones presidenciales. No lo consiguieron.

En Hungría, Viktor Orbán lleva tres lustros al frente del Gobierno ultraconservador y aparece como el referente más perturbador de la extrema derecha, con acciones como la retirada del Estatuto de Roma, que dio vida a la Corte Penal Internacional. Lo hizo a modo de represalia por la orden de detención internacional contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por sus crímenes en Gaza. Por cierto, a finales de 2025, un grupo empresarial próximo al mandatario compró el periódico más leído en Hungría a pocos meses de las elecciones. Son métodos expeditivos que funcionan. Pero Orbán ha perdido las elecciones. Nuevo espacio de esperanza.

En Italia, Giorgia Meloni está consolidada y pretende emerger como figura clave en la Unión Europea. En un breve repaso, la Alternativa para Alemania de Alice Weidel, el Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen y Reform UK de Nigel Farage están a la cabeza en buena parte de los sondeos electorales de sus respectivos países. En España, Vox ha subido en cada uno de los comicios autonómicos que se celebran y los sondeos le dan buenas perspectivas de futuro, lo que produce un evidente malestar.

En todos estos casos, el discurso es similar: rechazan a los migrantes, al islam, al multiculturalismo y a la diferencia étnica. Jalean la inseguridad económica. Aseguran que la ley y el orden están ausentes. Proclaman la negativa al aborto, a todo lo referido a los derechos LGTBIQ+. Niegan las políticas de igualdad, considerando la mujer y la óptica feminista como enemigas. Por supuesto, el cambio climático es inexistente.

Estos son los valores comunes de los nuevos diseñadores del mundo, aun cuando el ciudadano de a pie no siente, de entrada, desasosiego por estos aspectos y en encuestas y valoraciones sus preocupaciones van por otros derroteros.

Haciendo un paréntesis cabe preguntarse: ¿y Rusia? ¿Cuál es la ideología de Vladímir Putin? El término político con el que se lo nombra a partir de 2014, fecha de la invasión de la península de Crimea, y especialmente desde 2022, es el «ruscismo», una mezcla de nacionalismo autoritario con rasgos fascistoides que inicialmente fue acuñada por periodistas para referirse al ultranacionalismo ruso en Chechenia y Georgia. El medio especializado The Conversation narra cómo cristalizó en una ideología con el símbolo «Z» tras la invasión rusa de Ucrania en 2022.6 Proviene del pensador ultranacionalista Iván Ilyín (1883-1954), muy citado por Putin, que se ha apropiado de algunas de sus ideas para justificar el ejercicio del poder en un sistema dictatorial con un líder que exige la obediencia. Se desprecia la realidad objetiva y el enfoque está centrado en el papel de Rusia en el mundo.

Siguiendo el relato de este medio, gratuito y nutrido por periodistas, académicos e investigadores, una de las claves que maneja Putin es que Rusia ganó la Segunda Guerra Mundial. Las referencias ante este conflicto bélico y la coalición anti-Hitler llevan a la justificación inicial de la invasión de Ucrania: liberar y desnazificar el país. Putin cree también que Rusia debe demostrar su condición de superpotencia mundial, así como ha sugerido que Occidente no debe olvidar la capacidad nuclear de su país. Otro factor importante es el estricto control de la disidencia, que incluso puede costarle la vida a quien incurre en ella.

Ahí tenemos el caso del activista Alexéi Navalny, asesinado en febrero de este año con una toxina letal. Putin muestra, así mismo, su apoyo a dictadores prorrusos, y ahí están Bashar al-Ásad en Siria o Aleksandr Lukashenko en Bielorrusia. Sin olvidar su buena relación con Corea del Norte, que, al igual que Irán, le han facilitado militares o medios de guerra (drones) en su lucha contra Ucrania. Según la visión de Putin, el responsable de la invasión de este país es Occidente, en un inicio, porque Ucrania quería entrar en la Unión Europea y en la OTAN. La relación que tiene ahora con Estados Unidos, desde la presidencia de Trump, adquiere otro rumbo de encuentros y de algún desencuentro, pero con un ritmo diferente.

En este punto, quise hacer un juego curioso con la inteligencia artificial y le pedí a ChatGPT que me diera una definición del régimen actual preconizado por Putin en la Rusia actual frente al mundo. El resultado es este: «Se trata de un autoritarismo personalista soberanista de base civilizacional, que legitima la concentración del poder ejecutivo mediante una narrativa espiritual-nacional-antiliberal y una estructura institucional hiperpresidencial sostenida por la securitización permanente del Estado».

Fui más allá y le pedí a la IA que se mojara y que me diera una respuesta comparando su figura con Hitler, Mussolini, Franco y Trump, y contestó: «Putin no es fascista en sentido histórico-clásico (Hitler/Mussolini), pero su régimen sí puede describirse como autoritarismo personalista con rasgos proto-fascistizantes o parafascistas». O más escuetamente: «Autoritarismo personalista imperial con rasgos neofascistas estructurales»; mientras que Franco representa el autoritarismo de raíz fascista perpetuado por pragmatismo, y a Donald Trump lo califica de autoritarista (sic) de derechas con liderazgo autoritario populista, dado que prioriza decisiones unilaterales fuertes, ataques fuera de los mandatos multilaterales y una retórica que justifica acciones contundentes «por la seguridad nacional».

Discúlpenme este juego, pero me vale para dedicar un breve comentario a la manipulación y las trampas que puede guardar el lenguaje a la hora de calificar conceptos o definir conductas que, en cualquier caso, guardan un componente antidemocrático y de eliminación o restricción de derechos que, según quien los aborde, pueden dulcificar o aumentar el agravio de lo que significan.

Tengo ahora pendiente una nueva consulta: ¿qué opina la IA de Benjamín Netanyahu?, ¿y ha empeorado su punto de vista sobre Donald Trump después de que ambos mandatarios lanzaran un ataque mortal contra Irán? Veremos si ya los encuadra en este posfascismo que está en la base de las cruentas acciones que nos sitúan frente a una posible nueva guerra mundial.

El santo padre

Volviendo a Occidente, el nuevo orden al que aspiran los cachorros de Trump, de la mano de una ultraderecha a la que llevan tiempo impulsando sus asesores y socios, no tiene que ver ni con el beneficio social ni con el Estado de bienestar. No aspiran a la felicidad de las personas ni a administrar el planeta de manera que se pueda salvaguardar. Su objetivo final es establecer regímenes uniformes, sin fragmentaciones ni uniones (el antieuropeísmo es un elemento común a la ultraderecha europea), que se puedan controlar con mano de hierro y sin las interferencias del voto. Un mundo que desean que involucione hasta que las libertades sean un recuerdo antiguo, o, sin llegar tan lejos, hasta ser algo instrumental que se pueda acomodar o definir según las necesidades o conveniencias de cada momento. En contraprestación por tanto esfuerzo, los llamados a este festín se beneficiarán, siempre bajo las órdenes de una élite que será quien marque las pautas.

Llegaremos de ese modo a un sistema que propicia la ultraderecha. A esas alturas, la ultraderecha ya habrá concluido que esta etapa posfascista es la nueva definición, más que acomodada a los tiempos actuales, del germen del fascismo que nos espera si su objetivo se cumple.

Hasta tal punto es así que incluso el santo padre, León XIV —que, no se olvide, no preside un Estado democrático (El Vaticano), ni la democracia es el sistema por el que se rigen sus miembros—, ha mostrado su desasosiego con esta situación. El Papa, representante de Dios en la tierra, es jefe de un Estado, y se lo respeta por su fuerza ética y por su defensa de los más vulnerables y necesitados. A mediados de noviembre de 2025, la comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal española, que está compuesta por nueve obispos, acudió por primera vez al Vaticano en audiencia con su santidad para exponerle problemas de secularización y demográficos y las acusaciones de pederastia. El pontífice cortó por lo sano y les comunicó que su mayor preocupación en el caso de España «es la ideología de ultraderecha». Narraba El País esta admonición de Prevost a su rebaño hispano y cómo los alertó del avance de los grupos políticos que representan estas posturas extremas. Les dijo que lo que buscan es ganar el voto católico e instrumentalizar la Iglesia. Así pues, los obispos volvieron a casa con las instrucciones claras ante lo que Vox y sus adláteres plantean y, en particular, ante su postura contra la acogida y la regularización de migrantes.⁷ Sin olvidar su enfrentamiento con Trump.

También los jueces aún tienen algo que decir. Me sentí orgulloso de los colegas italianos que el 19 de febrero de 2026 dictaron dos sentencias contra la política migratoria de Meloni, justo cuando todo estaba dispuesto para ir más allá con las medidas contra los migrantes. De una parte, un tribunal de Palermo dio la razón a la ONG alemana Sea Watch y a su capitana Carola Rackete. En 2019, rompió el bloqueo de las naves italianas que la cercaron durante tres meses y consiguió desembarcar a cuarenta y dos migrantes en Lampedusa. La Sala ha considerado ilegítima la acción de acoso de las naves.

La segunda sentencia, por otra parte, es de un tribunal de Roma. Data de las mismas fechas y obliga a que se indemnice a un inmigrante argelino que llevaba viviendo en Italia diecinueve años y que en 2025 fue deportado a un campo de internamiento de Albania sin dar información alguna a él ni a su familia. Para los magistrados, tal decisión «incidió directamente sobre derechos fundamentales». Meloni, claro, consideró que las sentencias (que definió de «surrealistas») la dejaban sin palabras, y añadió que «una parte politizada de la magistratura obstaculiza cualquier ley que se haga».⁸

La pregunta se centra ahora en qué podrá pasar después de junio de 2026, con la entrada en vigor del Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea, cuyos preceptos son muy restrictivos, muy en la línea con los supuestos de Meloni y su modelo de Albania. La justicia se verá obligada a estudiar cuidadosamente cómo proteger los derechos si no se rinde a la regresión de libertades.

Justicia frente a barbarie

Dentro de la crisis de la multilateralidad que vivimos, debido, principalmente, al ataque de líderes autoritarios como Donald Trump, Vladímir Putin o Benjamín Netanyahu al orden internacional, una de las principales víctimas es el derecho internacional, que vertebra las relaciones multilaterales. Esas relaciones parten de la propia creación de Naciones Unidas en 1948 como organismo regulador de los lazos entre Estados, y del derecho penal internacional y el derecho humanitario que hunden sus raíces en los juicios de Núremberg (1946) y en otras convenciones y precedentes. En particular, de la Corte Penal Internacional y otras estructuras de la ONU, como la Relatoría para los temas de Oriente Medio y los crímenes en Palestina, que encabeza Francesca Albanese.

El impulso histórico que permitió la consolidación del derecho penal internacional, lejos de reafirmarse como una tendencia irreversible, resultó ser excepcional y efímero. Aquella coyuntura posterior al fin de la Guerra Fría, que favoreció la emergencia de instituciones orientadas a la rendición de cuentas, ha sido sustituida por un escenario caracterizado por la fragmentación geopolítica, la competencia estratégica y el debilitamiento progresivo del multilateralismo.

En la última década, los pilares que hasta ahora sostenían el orden jurídico internacional han sido erosionados, cuando no directamente paralizados. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas permanece bloqueado desde hace años como consecuencia del uso sistemático del derecho de veto por parte de sus miembros permanentes (Estados Unidos, Rusia, China, Inglaterra y Francia). Este estancamiento ha impedido respuestas eficaces ante conflictos armados de gran magnitud y ha obstaculizado la activación de mecanismos jurisdiccionales internacionales en situaciones que demandaban una intervención decidida. La estructura concebida para garantizar la paz y la seguridad internacionales se revela hoy incapaz de actuar con coherencia frente a crisis que desbordan las fronteras estatales y comprometen la estabilidad global.

La advertencia formulada por el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ante la Asamblea General al presentar las prioridades para 2026 resume con claridad el momento actual. Al instar a los Estados a no convertirse en meros espectadores frente a la injusticia y la impunidad, señaló la paradoja contemporánea: cuando la cooperación internacional resulta más necesaria que nunca, es precisamente cuando menor disposición existe para fortalecerla.⁹ El llamado a no colocar la cooperación en «observación de muerte» no es una figura retórica; es el reconocimiento de que la arquitectura institucional creada tras la Segunda Guerra Mundial atraviesa una crisis de legitimidad y de eficacia.

En este contexto, la retirada de Estados Unidos de hasta sesenta y seis acuerdos y organismos internacionales —entre ellos, el Acuerdo de París, la Organización Mundial de la Salud y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas— ha contribuido a debilitar el entramado normativo global. En el ámbito específico de la justicia penal internacional, las sanciones impuestas por Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional han afectado a su credibilidad y han generado obstáculos financieros significativos para investigaciones relativas a crímenes de guerra en Ucrania y Gaza.

Conviene recordar que la desconfianza estadounidense hacia la Corte no es circunstancial. Apenas un mes después de la entrada en vigor del Estatuto de Roma, el Congreso de Estados Unidos aprobó la denominada «Hague Invasion Act»,¹⁰ que autoriza al presidente a emplear «todos los medios necesarios» para liberar a cualquier funcionario estadounidense detenido por la Corte Penal Internacional. En 2017, cuando la entonces fiscal Fatou Bensouda intentó abrir una investigación sobre presuntas atrocidades cometidas por personal estadounidense en Afganistán, se le negó el visado de entrada y la Corte fue objeto de amenazas de sanciones económicas.¹¹ La investigación terminó archivándose tras la presión política ejercida por la administración correspondiente. Más tarde, al asumir investigaciones relativas a presuntos crímenes en Palestina, la fiscal enfrentó amenazas directas contra su persona y contra su familia.¹² Estos episodios ilustran con claridad la tensión estructural entre el principio de responsabilidad penal universal y la resistencia de los Estados con mayor capacidad de influencia.

Si el Estatuto de Roma fue concebido para garantizar que incluso los jefes de Estado respondieran por genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, la experiencia demuestra que tales instrumentos operan con mayor eficacia cuando los acusados carecen de respaldo geopolítico significativo. Frente a mecanismos nacionales de Estados poderosos, los mecanismos jurídicos pueden ser neutralizados mediante resistencia política, cooperación selectiva y las invocaciones expansivas de inmunidad. La asimetría del poder internacional condiciona, en la práctica, el alcance real de la jurisdicción penal internacional.

En sus más de dos décadas de funcionamiento, la Corte Penal Internacional ha dictado once condenas, todas relativas a crímenes cometidos en África. Esta circunstancia ha alimentado críticas sobre un supuesto sesgo regional y ha generado tensiones con Estados de la Unión Africana, algunos de los cuales han amenazado con retirarse del Estatuto de Roma. La percepción de una «aura neocolonial» ha erosionado parte del capital simbólico que la Corte había acumulado como institución universal.

Se encuentran vigentes las órdenes de arresto emitidas contra el presidente ruso Vladímir Putin por crímenes de guerra, y contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra y contra la humanidad en Gaza, donde hasta diciembre de 2025 habían muerto asesinadas setenta y dos mil personas, en su mayoría población civil. Niños, mujeres, ancianos... han sucumbido a manos del ejército israelí, y estas órdenes representan actos jurídicos de enorme relevancia simbólica.

No obstante, la probabilidad de que se traduzcan en juicios efectivos es extremadamente reducida. Incluso decisiones como la retirada de Hungría del sistema, coincidiendo con la visita de Netanyahu a Budapest, evidencian la fragilidad del compromiso político con la jurisdicción internacional. La paradoja es evidente: cuando la Corte demuestra independencia y firmeza, puede desencadenar reacciones que buscan limitar su capacidad operativa.

A estas tensiones se suma una limitación estructural de recursos. Con un presupuesto anual aproximado de doscientos millones de euros, la Corte difícilmente puede satisfacer las expectativas que acompañaron a su creación. Las aspiraciones de universalidad, eficacia y prontitud contrastan con medios financieros y humanos que resultan insuficientes frente a la complejidad de los conflictos contemporáneos.

En el plano institucional, la Corte enfrenta ataques directos orientados a erosionar su independencia. Las sanciones impuestas por Estados Unidos a funcionarios del tribunal, las órdenes de detención emitidas por Rusia contra miembros de la institución y los ciberataques con fines de espionaje constituyen ejemplos concretos de esta presión. En diciembre de 2025, once funcionarios de la Corte, incluido el fiscal Karim Khan y dos fiscales más y ocho jueces —entre ellos Reine Alapini-Gansou y Luz del Carmen Ibáñez— fueron objeto de sanciones que implicaban congelación de activos y prohibición de entrada al país, equiparándolos a amenazas para la seguridad nacional. Tales medidas no solo afectan a la operatividad institucional, sino que proyectan un mensaje preocupante sobre el compromiso efectivo con el Estado de derecho a escala global.

Los miembros de la Corte afectados no pueden viajar a Estados Unidos y sufren restricciones económicas que los aíslan del sistema financiero estadounidense, que, en suma, rige la vida de todos. No tienen disponibles servicios como Amazon, PayPal o Airbnb; las tarjetas de crédito devienen inútiles, pues los bancos operan, en su mayoría, con MasterCard o Visa, y tienen denegada su utilización.

A finales de diciembre de 2025, Donald Trump afirmaba su intención de penalizar a la Corte Penal Internacional al completo. Y lo hará, dice, en el caso de que no se modifique su texto fundacional, el Estatuto de Roma. El presidente estadounidense quiere suprimir la prerrogativa del tribunal para enjuiciar a jefes de Estado por genocidio y crímenes de guerra y contra la humanidad, y la de investigar el delito de agresión de un Estado por la fuerza militar.

Como señaló la presidenta de la Corte, Tomoko Akane, ante la Asamblea General en noviembre de 2025, la persistencia de ataques, amenazas y medidas coercitivas contra la institución representa una amenaza seria para la Administración de justicia internacional.¹³

Me gustó la postura digna de Nicolas Guillou, juez francés del Tribunal Penal Internacional, sancionado por Estados Unidos. En una entrevista con El País, Guillou declaraba: «Se necesitará algo más que sanciones institucionales para detener la justicia. No olvide que los crímenes internacionales no prescriben».¹⁴

La dignidad también es el vestido que luce Francesca Albanese, abogada y académica, relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados. Al igual que los jueces de la Corte Penal Internacional, sufre las sanciones impuestas por Donald Trump: vive sin acceso a cuentas bancarias, sin poder cobrar por su actividad profesional (no como relatora, que es una labor pro bono), sin contratar seguros médicos ni utilizar programas informáticos de empresas ubicadas en Estados Unidos y sin viajar a ese país, donde se ubica su casa. Tampoco su familia puede hacerlo. Su situación se agravó después del 7 de febrero, cuando intervino mediante videoconferencia en un congreso organizado por la cadena de televisión catarí Al Jazeera.

Albanese señaló al sistema que ha mantenido la ocupación de Palestina desde tiempo atrás y que mantiene el genocidio ahora. Señaló como un reto el hecho de que los países no hayan detenido a Israel antes de perpetrar esta matanza, sino que le hayan proporcionado «excusas políticas, cobertura política y apoyo económico y financiero». También calificó como «desafío» el papel de los medios informativos cuando amplifican el relato a favor del apartheid y del genocidio. «Ahí radica también la oportunidad», dijo. «Vemos que, como humanidad, tenemos un enemigo común.» Esta última declaración fue manipulada por varios medios digitales para hacer ver que Albanese se refería concretamente a Israel en esos términos de «enemigo de la humanidad». La relatora difundió en redes sociales una comparativa entre lo que realmente había dicho y lo que habían inventado. Pero el mal estaba hecho. La mentira se reprodujo en la prensa de todo el mundo e incluso ChatGPT la ha dado por buena, reescribiendo una vez más la historia, como viene sucediendo.

Esto provocó reacciones a nivel político. Exigieron la destitución de Albanese los ministros de Asuntos Exteriores de Francia, Alemania y República Checa, aun siendo conscientes de la mentira. Lo relataba muy bien en infoLibre Patricia Simón, periodista, profesora y especialista en Relaciones Internacionales y en perspectiva de género: «Altos representantes de sendos Gobiernos que no han pedido la dimisión de Netanyahu ni de ningún miembro del Gobierno israelí tras más de dos años de genocidio y que, paradójicamente, sí exigen la de quien lo denuncia y quien reclama el cumplimiento del derecho internacional». Concluía: «La maquinaria de odio, inquina y manipulación que Israel y sus aliados mantienen contra Albanese desde hace años es resultado de un estéril intento de opacar su extraordinaria capacidad para evidenciar los numerosos coautores que tiene el genocidio de Gaza, la puntería de sus informes para nombrar a las empresas que se enriquecen con la ocupación y los crímenes de Israel, su lucidez discursiva para demostrar que el movimiento de solidaridad con Palestina ha generado una nueva conciencia que, además, es la respuesta global más potente a la ola reaccionaria y antidemocrática que sufrimos y, también, que se ha convertido en un referente que inspira a millones de personas a defender los derechos humanos».¹⁵

Finalmente, los desafíos contemporáneos exceden la dimensión estrictamente estatal. La complejidad de los conflictos actuales, la proliferación de actores armados no estatales y el papel creciente de empresas multinacionales en contextos de violencia plantean interrogantes que el marco jurídico tradicional no siempre logra resolver adecuadamente. La responsabilidad penal de las personas jurídicas se erige como una de las lagunas más significativas del sistema. Las empresas, a través de su inserción en cadenas de suministro globales y en infraestructuras estratégicas, pueden beneficiarse directa o indirectamente de contextos de conflicto armado y de graves vulneraciones de derechos humanos, permaneciendo con frecuencia fuera del alcance de mecanismos concebidos históricamente para atribuir responsabilidad nada más que a individuos.

Estos retrocesos no suponen la desaparición del derecho penal internacional, pero sí evidencian su vulnerabilidad estructural. El sistema se encuentra ante una encrucijada histórica: reafirmar su promesa fundacional de combatir la impunidad o de ceder ante las dinámicas de poder que tienden a subordinar el derecho a la política.

Fracaso

Es cierto que el derecho internacional no ha logrado detener las guerras ni proteger eficazmente a la población civil, e incluso en ocasiones ha proporcionado un lenguaje sofisticado para justificar el uso descontrolado de la fuerza. Desde esta perspectiva, las infracciones no constituirían la excepción, sino la regla; el derecho no actuaría como límite, sino como coartada.

El ejemplo de las bombas de racimo resulta particularmente ilustrativo. El derecho internacional humanitario restringe el empleo de determinadas armas por su carácter indiscriminado, por su capacidad de causar daños sin distinguir entre combatientes y civiles. Sin embargo, en 2006, durante la guerra del Líbano, Israel desplegó bombas de racimo contra zonas densamente pobladas. Cabe señalar que este país había ratificado en 1995 la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales,¹⁶ pero, al igual que Estados Unidos, Rusia, Irán y China, no suscribió la Convención sobre Municiones en Racimo de 2008.

Más de mil personas murieron en estos bombardeos. Un tercio de ellas aproximadamente, menores de edad. Las autoridades militares israelíes sostuvieron que el uso de dichas armas no constituía una violación del derecho internacional,¹⁷ al haberse dirigido supuestamente contra objetivos militares y tras haber advertido previamente a la población civil del área de Dahiya, en los suburbios del sur de Beirut.

Fue en ese contexto donde se formuló lo que posteriormente se conocería como la «doctrina Dahiya»,¹⁸ que legitima el empleo de fuerza desproporcionada contra centros urbanos civiles bajo determinadas circunstancias estratégicas.¹⁹ Tal planteamiento contraviene frontalmente el principio de proporcionalidad,²⁰ uno de los pilares del derecho internacional humanitario, conforme al cual está prohibido lanzar ataques que puedan causar daños incidentales excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas constituyó una comisión de investigación que concluyó que no existía justificación para el empleo de bombas de racimo en aquel escenario.²¹

Este fenómeno —la invocación del derecho internacional como cobertura de acciones que, en esencia, erosionan su propio orden normativo— ha alimentado la percepción de un declive estructural del mismo derecho. Rusia, por ejemplo, articuló argumentaciones jurídicas para justificar la invasión de Ucrania en 2014. Hamás, en un documento dirigido a legitimar su ataque del 7 de octubre contra Israel, citó una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia relativa al muro en territorio palestino ocupado e instó a los Estados a cumplir con sus responsabilidades frente al derecho internacional.²² Paralelamente, dirigentes israelíes han invocado en reiteradas ocasiones el derecho internacional como escudo retórico para justificar la continuidad de la guerra en Gaza. Incluso Corea del Norte consideró necesario acusar a Israel de cometer un «crimen imperdonable contra la humanidad» al atacar Irán.²³

Cabe preguntarse si esta proliferación de argumentos jurídicos en contextos de violencia extrema revela que algo está profundamente deteriorado en el sistema internacional, o si, por el contrario, demuestra que el derecho sigue siendo el marco de referencia obligado, incluso para quienes lo transgreden. La necesidad de justificar jurídicamente la acción bélica, aun de forma discutible o instrumental, indica que la norma continúa ejerciendo una fuerza simbólica y política ineludible.

Como defensor de los valores fundamentales del derecho penal internacional, sostengo que lo que estamos presenciando no es el fracaso del derecho internacional, sino el fracaso de la política internacional.

El derecho existe. Sus normas son claras en materias esenciales: no existe controversia jurídica acerca de la prohibición del genocidio, de los crímenes de lesa humanidad o de los crímenes de guerra. Sin embargo, las lagunas —reales o interpretadas— del derecho han sido utilizadas con frecuencia como fundamento para la no rendición de cuentas. Y aun cuando tales lagunas no existen, la política internacional y las relaciones de poder han atenuado o neutralizado la eficacia del derecho.

No puede ignorarse la influencia del poder en la elaboración, interpretación y aplicación de las normas. El derecho internacional no se desarrolla en un vacío axiológico ni institucional; se construye en un entorno atravesado por intereses estratégicos, asimetrías estructurales y cálculos geopolíticos. Cuando los Estados con mayor capacidad de incidencia condicionan la activación de mecanismos de responsabilidad o bloquean procesos en foros multilaterales, no es el derecho el que falla en su diseño, sino la voluntad política la que fracasa en su cumplimiento, y así nos acercamos cada vez más al abismo.

Frente a esta realidad, la posición crítica sobre la supuesta ineficacia del derecho internacional puede llevarnos a su negación o a la generación de un clima de cinismo, desconfianza y manipulación que puede ser aprovechado por quienes quieren destruir esa arquitectura basada en aquel derecho. La crítica es indispensable para el perfeccionamiento normativo; pero cuando se transforma en negación sistemática, debilita el terreno común sobre el cual puede exigirse la responsabilidad.

Estos debates distan de ser meramente académicos. No son simples disquisiciones teóricas sobre la coherencia interna de un sistema normativo, sino de la vida concreta de las personas. Justicia, dignidad humana, Estado de derecho y derechos humanos no son fórmulas retóricas, aunque aquellos actores que se hallan en los bordes del derecho quieran que sea así. Estos conceptos son la expresión jurídica del sufrimiento, la sangre, el dolor y la esperanza de millones de víctimas. Reducir el derecho internacional a un instrumento retórico o a una estructura fallida equivale a trivializar las aspiraciones de quienes reclaman verdad, justicia y reparación.

La cuestión central, por tanto, no es si el derecho internacional ha fracasado en abstracto, sino si la comunidad internacional está dispuesta a asumir las consecuencias políticas de su vigencia. Mientras el poder prevalezca sobre la norma, el sistema seguirá tensionado. Pero mientras la norma continúe siendo invocada —incluso por quienes la vulneran—, subsiste un espacio para la exigencia, la denuncia y la reconstrucción. Frente a la postura derrotista de abandonar el derecho se alza el desafío de rescatarlo de la captura política que pretende neutralizarlo, porque el derecho es el único instrumento que nos puede salvar de la barbarie.

¿Ha muerto el derecho penal internacional?

En los últimos tiempos, se ha puesto de moda jugar con el lenguaje sin tener en cuenta los riesgos que ello comporta, así como afirmar que el derecho internacional es una reliquia del pasado, un lastre para los nuevos tiempos en los que la fuerza es la norma y la propia voluntad, su límite. O, lo que es lo mismo, que el derecho penal internacional está muerto. Sin embargo, esta es una afirmación precipitada y, en cierto modo, funcional para quienes desean su debilitamiento. Es innegable que el año 2025 dejó una sucesión de estallidos súbitos de conflicto, limitados en tiempo y territorio, con objetivos inciertos, y que derivaron en escaladas militares y en ceses al fuego tan apresurados como frágiles. Es igualmente cierto que en 2026 saltaron todas las alarmas de la violencia y de la guerra, con unas consecuencias que apenas podemos vislumbrar. Esto, sin duda, implica que será, ya lo está siendo, un año de reajuste global, de reacomodación estratégica y de adaptación en clave de supervivencia. El mundo se está realineando bajo la presión, a veces intolerable, de algunos líderes mundiales, y la inoperancia y pasividad de otros. Sin embargo, esta realidad no invalida la razón de ser del derecho penal internacional; por el contrario, la reafirma.

El deterioro del entorno político internacional ha agudizado desafíos estructurales que afectan a la arquitectura multilateral. Las tensiones geopolíticas, la competencia entre potencias y el repliegue de compromisos normativos han debilitado la confianza en las instituciones internacionales. Pero esa misma crisis ha puesto de relieve la necesidad insustituible de mecanismos de rendición de cuentas frente a los crímenes más graves. Cuando la violencia se fragmenta y se normaliza, cuando los conflictos se multiplican en escenarios híbridos y difusos, la lucha contra la impunidad no pierde sentido: adquiere una urgencia renovada.

Es urgente afrontar esta realidad por parte de aquellos Estados que son conscientes de la degradación. El derecho internacional está en una fase de acoso por intereses poderosos concurrentes que no son favorables para la comunidad internacional en su conjunto. Sus instituciones están perdiendo credibilidad y el peso de sus decisiones se ve erosionado por la falta de cumplimiento efectivo. A esta degradación externa se suma una erosión paralela del Estado de derecho en el ámbito interno de numerosas naciones. Resulta sencillo descalificar el derecho internacional, afirmar que carece de mecanismos de ejecución o reducirlo a una construcción ilusoria. Pero toda arquitectura jurídica —incluido el derecho nacional— descansa sobre un sistema de buena fe. Cuando líderes políticos socavan deliberadamente el respeto por la legalidad interna, el deterioro no se limita al plano doméstico: se proyecta sobre el orden internacional en su conjunto.

A veces son necesarios acontecimientos terribles para despertar a la humanidad frente a la profundidad de sus actos, para inducir a la reflexión, a la rectificación y al retorno a los valores fundamentales. La historia del derecho penal internacional demuestra que sus avances han estado precedidos por tragedias: Núremberg tras el horror del nazismo; los tribunales ad hoc tras la guerra de los Balcanes y el genocidio en Ruanda; la Corte Penal Internacional como respuesta a la conciencia de que ciertos crímenes no pueden quedar sin respuesta. No debemos esperar nuevas catástrofes para reafirmar la centralidad de la justicia.

El momento político actual, pese a su crudeza, ofrece también oportunidades. La crisis debe convertirse en catalizadora de transformación. La necesidad de una sociedad civil fuerte, cohesionada y activa es hoy mayor que nunca. Organizaciones comprometidas con la lucha contra la impunidad, redes de víctimas, defensores de derechos humanos y operadores jurídicos constituyen el tejido que sostiene la exigencia de responsabilidad cuando los Estados vacilan. La presión social, la documentación rigurosa de los hechos y la movilización ética son elementos esenciales para mantener viva la promesa de justicia. Lo hicimos en otros momentos históricos y lo podemos hacer de nuevo. Solo necesitamos ser conscientes de que la acción, la coordinación y el apoyo mutuo son imprescindibles. Cuando la agresión al orden internacional es tan evidente y grosero, la respuesta del resto de la comunidad internacional debe ser contundente y equivalente a la agresión con las armas jurídicas de las que nos hemos dotado a lo largo de décadas.

Comunidad internacional

He pretendido analizar antes lo que significa y lo que importa el derecho internacional, en especial, en su vertiente coercitiva penal, como instrumento de armonía, equilibrio, paz y seguridad internacionales. Ha sido la comunidad internacional, como consecuencia de las diferentes y reiteradas calamidades que ha sufrido la humanidad, la que ha conseguido armar el edificio de la multilateralidad bajo los principios de igualdad y solidaridad en el marco de Naciones Unidas, un organismo que muchos quieren destruir. De ahí la necesidad de su reforma y reflotación frente a quienes quieren acabar con él.

La pretensión es que este mundo sea más seguro frente a la impunidad de los grandes crímenes. En este punto, considero que las posturas negacionistas y contrarias a la implementación de las normas que nos protegen participan de una visión deshumanizante y no pueden recibir otro calificativo que aquel que constituyó históricamente el periodo más deshumanizante de nuestra historia moderna. Me refiero, claro, al calificativo de fascismo, que, con uno u otro disfraz, participa e impulsa todas las agresiones a la dignidad de las personas y la negación de los derechos humanos.

En este sentido, el fascismo sigue siendo la mano que mece la cuna de la indiferencia hacia los terribles asesinatos que se cometen contra la población, ya sea en Gaza, en Irak, en Afganistán, en Siria, en Irán o en cualquier otro lugar en el que estos crímenes se produzcan con impunidad. Pero también lo es de la normalización de hechos reprobables, contrarios a la legalidad, que está cometiendo Donald Trump, sin calibrar (o quizá sí) el daño irreparable que supone para aquella arquitectura internacional que tantos años ha costado construir. Lo grave es que esto se esté produciendo sin apenas reacción de los demás líderes y Estados, que solo reaccionan cuando les afecta directamente.

En lo que llevamos de 2026 tenemos dos ejemplos muy graves contra esa normativa internacional que nos sostiene como comunidad internacional. El primero se refiere a Venezuela. Los hechos comenzaron en septiembre de 2025 cuando Estados Unidos, mediante un importante despliegue militar, empezó a destruir lanchas en el mar Caribe (y alguna en el Pacífico como aviso a Colombia). El primer ataque, en el que murieron tres personas, nos sumió a todos en la perplejidad. Trump continuó con estas acciones advirtiendo que derribaría naves hasta que «Maduro se rindiera y fuera capturado». Después, cuando este objetivo se cumplió, continuó en su política de ataques, alegando que el objetivo eran las narcolanchas portadoras de droga. La respuesta de la sociedad internacional no ha existido o ha sido tan tibia que, desde luego, no ha debido de ser lo suficientemente importante como para obligar al presidente estadounidense a cejar en su propósito. El 17 de febrero de 2026 el número de muertos por estas incursiones alcanzaba ya las ciento diez personas. Estas muertes, a la luz de las normas del derecho internacional y de las normas convencionales, son ejecuciones extrajudiciales y por ende participan de la naturaleza de crímenes contra la humanidad. Pero nadie ha iniciado denuncia alguna. Apenas la familia de uno de los pescadores de Bermudas.

Por fin, el relator especial sobre derechos humanos y lucha contra el terrorismo de Naciones Unidas, Ben Saul, calificó estos ataques contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico como posibles ejecuciones extrajudiciales.

El 3 de enero de 2026, Estados Unidos, en una operación militar altamente sofisticada, secuestró en Caracas al presidente venezolano y a la primera combatiente, y los trasladó a una cárcel federal en Nueva York. En la operación fueron asesinadas ciento tres personas. Esta agresión militar en territorio de un Estado soberano, con el que no mediaba una situación de guerra o confrontación, no fue comunicada ni aprobada por el Congreso de Estados Unidos, tal como habría exigido su legalidad interna. Internacionalmente, apenas hubo reacción, e incluso algunos líderes políticos estuvieron, de acuerdo con el ataque. Lo grave de esta posición, y lo que resta legitimidad democrática a quienes la sostienen, es que ningunea al derecho internacional; derecho que esos mismos líderes reivindican para otros casos.

Trump lo dejó claro: no tenía interés en la política, en las elecciones o en la libertad venezolanas. Lo que quería era controlar el petróleo. Amén. Ante tales hechos, Dinamarca teme por Groenlandia, donde el emperador del norte también ha posado sus ojos. Y Cuba, que cuando yo estaba escribiendo estas líneas se veía sitiada sin petróleo por orden del mismo autócrata, lo que equivale, entre otras cosas, a carecer de electricidad, agravando una situación que ya era crítica.

La captura violenta del presidente Maduro ha sido un ir más allá de lo que nadie podía imaginar. Trump decidió entrar en otro país como si fuera el propio y manejarlo a su gusto saltándose cualquier norma fundamental. ¿Y los derechos humanos? No figuran en el diccionario particular de un mandatario que, precisamente, acusa a otros de no respetarlos.

En este caso, el derecho ha muerto o lo ha matado Donald Trump con esta operación. Trump lo relató en una rueda de prensa delirante, con tono envanecido, satisfecho más que por el resultado por la forma en que se desarrollaron los acontecimientos. En algunos momentos, en vez de un mandatario de una potencia imponente, recordaba al espectador de una película de Francis Ford Coppola, describiendo en vivo y en directo un Apocalypse Now protagonizado por su propio ejército.

Recuerdo que, en mi juventud y primera madurez, a los progresistas nos escandalizaba la sospecha, cierta por otra parte, de que la CIA estuviera actuando en Latinoamérica, conocida como «el patio trasero» de Estados Unidos por la capacidad de maniobra solapada con que se ejecutaban las acciones. El supuesto objetivo era derrocar gobiernos y cambiar presidentes (Chile, Argentina, Nicaragua, Panamá...). Nos manifestábamos contra ello, entonábamos con vehemencia las canciones de cantautores de aquellos países hermanos, denunciando la violencia estadounidense encubierta. A la hora de la verdad, al menos en un principio, no existían pruebas fehacientes de tal actuación y se hablaba de ello con prudencia, pero con total convicción.

Ya ven las vueltas que da el planeta. En 2026, año en que suponíamos que el mundo sería más sensato, el presidente estadounidense ha hecho gala de haber derrocado al mandatario de otro país mediante un acto de fuerza en el que se vanagloriaba, además, de que no hubiera habido baja alguna... entre los miembros de su ejército.

La infracción legal fue evidente. Antes de esto, recuerdo como algo parecido, pero a leguas de distancia, la captura del narco mexicano «Mayo» Zambada, el 25 de julio de 2024. Fue detenido por las autoridades federales de Estados Unidos cerca de El Paso, en Texas. El veterano traficante afirmaba que fue llevado fuera de México con engaños de un hijo de otro colega del narco, el Chapo. En el caso del presidente Maduro, las autoridades estadounidenses realizaron la detención en territorio venezolano.

La captura del presidente de Venezuela fue más allá, pues aquello de lo que Trump se jactó fue de un delito, una violación del derecho internacional. No hay argumentos que valgan. Venezuela no estaba atacando la soberanía nacional de Estados Unidos, lo cual hubiera sido una excusa para la invasión de haber obrado en defensa propia. En cuanto a la afirmación de que el narcotráfico mata estadounidenses, cierta es, si bien habría que demostrar que todo ese narcótico procede, solo o principalmente, del país caribeño y que el principal operador es el secuestrado. Y, desde luego, el Consejo de Seguridad de la ONU no ha dictado —que se sepa— resolución alguna amparando lo que a todas luces aparenta ser una agresión a otro territorio con uso de la fuerza. Un uso desaforado, a la vista de la narración de sus propios autores.

Donald Trump abusa de su poder neoimperial con ese engreimiento del que hizo gala durante su comparecencia, mostrando sus cartas. Para empezar, según Trump, altos funcionarios estadounidenses, entre los que figuraban el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, formarían «un equipo que está trabajando con el pueblo de Venezuela para asegurarse de que tengamos a Venezuela bien». ¿Y la participación militar? Pues es muy posible, sobre todo cuando afirmó: «No le tememos a poner las botas sobre el terreno».²⁴

El meollo del asunto es, como todos imaginábamos, el petróleo. Tampoco aquí el presidente le hizo ascos a desvelar sus objetivos: aseguró que ya había planes para reconstruir la infraestructura petrolera y que el desarrollo de estos proyectos sería abonado por las compañías que la explotaran. Eso sí, aseguró que el pueblo venezolano iba a vivir mejor gracias a esta operación sobre el crudo, que llevará dinero al país y también a Estados Unidos. Y esto último se hará con la sana intención de remediar todo el mal hecho por el narcotráfico. Poco tiempo después, las autoridades judiciales estadounidenses no tuvieron empacho alguno en reconocer que el nombrado por ellos mismos Cartel de los Soles no existía.

Inquietaba también escuchar a Marco Rubio cuando avisó de que el régimen de Cuba debía sentirse preocupado tras la operación en Venezuela. Según señaló, había quedado al descubierto el papel central de Cuba en el aparato de seguridad del régimen venezolano. Antes que él, el propio Trump calificó de nación fallida a Cuba afirmando: «Ese sistema no es bueno para Cuba. Ese pueblo ha sufrido por muchos, muchos años».²⁵ Las acciones posteriores de la administración Trump demuestran que va muy en serio contra el país caribeño.

¿Cómo se expresó el secretario general de la ONU sobre este asunto? António Guterres declaró, mediante su portavoz, que se encuentra profundamente alarmado por la acción militar de Estados Unidos en Venezuela y que esta puede tener implicaciones preocupantes para la región. Lo dice así porque «independientemente de la situación en Venezuela, estos acontecimientos constituyen un peligroso precedente».²⁶ Pidió también respeto a las leyes internacionales y a la Carta de Naciones Unidas. Desafortunadamente, la voz de Naciones Unidas cada vez tiene menos relevancia, y, desde luego, ninguna fuerza disuasoria, como también se ha apreciado durante la agresión sistemática de Israel a Gaza y Cisjordania.

Desde el primer momento tuve pocas esperanzas en lo que fuera a hacer Europa. El ejemplo del francés Macron felicitándose inicialmente por la caída del presidente Maduro sin crítica alguna hacia Trump no era un buen vaticinio.

Ocurre que si no se da una respuesta internacional contundente a tal agresión, lo siguiente puede ser, en efecto, una invasión de Cuba. ¿Y luego? ¿Groenlandia? ¿Canadá? De todo aquel país que, en suma, tenga algo que Trump quiera o necesite o que, simplemente, se oponga a sus deseos. Los valores de justicia, igualdad, solidaridad, paz y respeto entre los pueblos se volatilizan. Gaza es un resort, Venezuela un campo de petróleo... El mundo es un conglomerado de amplios y fructíferos terrenos donde las empresas estadounidenses puedan depredar a su aire las tierras raras o los recursos naturales.

Luigi Ferrajoli escribía el 6 de enero: «La agresión de Estados Unidos a Venezuela —de “ataque espectacular” la ha calificado el propio Trump— es un acto criminal, agravado por la ostentada y complacida brutalidad. La lista de los crímenes es amplia y variada: viola la prohibición (artículo 2 de la Carta de la ONU) del uso de la fuerza contra un Estado soberano, calificada como crimen de agresión por el artículo 5 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional; el asesinato de al menos ochenta personas [después se ha comprobado, según datos de las autoridades de Venezuela, que han sido ciento tres] que han perdido la vida a causa de los bombardeos sobre [...] cuarteles y bases militares; el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, capturados por los agresores invadiendo arbitrariamente su domicilio; la violación de la Constitución estadounidense, cuyo artículo primero, sección 8, atribuye la decisión en materia de guerra al Congreso, que ni siquiera ha sido informado de la agresión».²⁷

El renombrado jurista, filósofo del derecho y padre del garantismo jurídico, consideraba que la calificación que se le dé al presidente venezolano «no atenúa la gravedad de estos crímenes. El narcotráfico, obviamente, es un pretexto. Los verdaderos objetivos son dos: las inmensas reservas de petróleo de Venezuela y, sobre todo, la demostración al planeta de quién es el verdadero soberano del mundo».

Afirma Ferrajoli: «Nunca como hoy sería necesaria, para frenar esta deriva, una reacción institucional, sin la cual dejará de existir el derecho internacional: ante todo, la incriminación de Trump, como antes la de Putin y la de Netanyahu, por el Tribunal Penal Internacional, cuyos miembros, sin embargo, han sido reiteradamente agredidos, amenazados y gravemente intimidados por estos criminales.

»En segundo lugar —advertía—, una condena política, decidida por mayoría por la Asamblea General de Naciones Unidas, además de por todos los países que aún creen en las razones del derecho. En tercer lugar, la movilización en todo el mundo de las fuerzas pacifistas y, más sencillamente, de todas las personas civiles. La impunidad del crimen, su pasiva y despavorida aceptación, el sometimiento a su violencia y su prepotencia equivalen siempre a su legitimación».

No puedo estar más de acuerdo, como tampoco puedo sentirme más frustrado, porque es evidente que esa no ha sido la reacción.

En consecuencia, la doble moral, nuevamente, se impone en este caso; la apelación, al respeto al derecho internacional. Y resulta tan recurrente como interesada y tan vacía como inútil. Esto es precisamente lo que tenemos que revertir.

El segundo caso es el del bombardeo, por parte de Estados Unidos e Israel, contra Irán, que ha desencadenado una nueva guerra en Oriente Medio de proporciones y consecuencias sumamente graves, todavía por definir.

El futuro del derecho penal internacional depende, en última instancia, de restablecer y proteger el principio según el cual ningún Estado —por poderoso que sea— está por encima de la justicia. La selectividad y el doble rasero han erosionado la credibilidad del sistema; superarlos exige coherencia, independencia judicial y voluntad política. Sin igualdad ante la ley, el derecho penal internacional se convierte en un instrumento parcial; con igualdad, se consolida como garantía universal.

Pero el futuro depende también de las personas. De quienes se forman hoy como responsables políticos, juristas y servidores públicos. La pregunta que debemos formularnos no es retórica: ¿estamos reforzando el statu quo o lo estamos cuestionando? ¿Estamos construyendo sistemas que protejan genuinamente a los más vulnerables, o estructuras meramente simbólicas que se pliegan ante la presión del poder? La respuesta a estas preguntas determinará la vitalidad del derecho penal internacional en las próximas décadas.

El derecho penal internacional no está muerto. Está, eso sí, sometido a tensiones, a críticas, a intentos de instrumentalización y a embates políticos. Su vigencia normativa, su anclaje en valores universales y la persistencia de quienes lo defendemos demuestran que sigue siendo un instrumento indispensable frente al negacionismo y la barbarie. Su supervivencia no está garantizada por inercia histórica; requiere compromiso activo, adaptación inteligente y convicción ética. En tiempos de reajuste global, la justicia internacional no es un lujo idealista: es una condición necesaria para la paz sostenible y para la dignidad humana. Y es una obligación de todos. Extremo que parece haber olvidado Ursula von der Leyen cuando afirmó el 9 de marzo de 2026 en la Conferencia anual de embajadores de la Unión Europea que «Europa ya no puede ser la guardiana del viejo orden mundial, de un mundo que se ha ido y ya no volverá».

8

Los verdugos de la democracia

Las redes no describen la realidad: la construyen.

ÁNGEL GÓMEZ DE ÁGREDA, Un mundo falaz

En mis dos últimos libros, La encrucijada (2020)¹ y Los disfraces del fascismo (2022),² expresaba mi preocupación por la deriva que las democracias liberales occidentales han tomado como consecuencia del resurgimiento de ideologías fascistas, a las que, para diferenciarlas del periodo histórico en el que surgió esa ideología que tanta muerte y desastres trajo, y teniendo en cuenta la evolución y adaptación a esta época de aumento de los autoritarismos y la autocracia, también llamo «posfascistas», y que permanecían aletargadas a la espera de una nueva oportunidad, que ya ha llegado. O, como dijera Albert Camus, comparando la peste con el fascismo: «El bacilo de la peste no muere ni desaparece jamás; puede permanecer durante decenas de años dormido en los muebles y la ropa [...] espera pacientemente en las habitaciones, en las bodegas, en los baúles, en los pañuelos y en los papeles; y quizá llegue un día en que, para desgracia y enseñanza de los hombres, la peste despierte a sus ratas y las mande a morir en una ciudad dichosa».³

Un siglo después, constato de nuevo que el mal no desaparece nunca. Se aletarga, permanece oculto, esperando al mejor momento para reaparecer más formado, más inteligente, más fuerte, más perverso; acomodándose a las nuevas circunstancias y realidades; aprovechando que los humanos tenemos la memoria frágil y olvidamos las iniquidades que sufrimos, quizá como método de supervivencia y fuente de equilibrio mental. Pero el mal, la soberbia, el odio, el racismo no guardan sentimientos ni bondad, solo dolor y deseo de aniquilar cualquier avance en favor del otro y de los derechos de los demás.

Creo firmemente que el fascismo no solo fue una etapa histórica, sino que forma parte del lado negativo de la condición humana, y es algo que, en cualquier momento, si se dan las condiciones y los actores adecuados, puede reproducir sus efectos nocivos para la humanidad, como advertía Camus.

Uno de los mecanismos de los que se aprovecha la plaga fascista es la indiferencia, una especie de silencio o de consentimiento silencioso. No solo es pasividad o inercia ante los acontecimientos, sino contribución tácita por el inmovilismo y la falta de acción. En estos tiempos complejos, en los que todo se precipita en una especie de acumulador de neutrones, no hacer algo en contra de esa fuerza maligna contribuye a su expansión.

La indiferencia es una de las consecuencias más nefastas del liberalismo y de la deshumanización, por cuanto contribuye de forma decisiva a la normalización de la exclusión, hasta el punto en que, en palabras de Primo Levi, se vuelve una práctica aceptable. De ahí a la categorización o la clasificación de los seres humanos solo hay un paso, y con ello, poco a poco, o a veces de golpe, se abre el camino a la barbarie: «Ha sucedido, y por consiguiente puede volver a suceder: esto es la esencia de lo que tenemos que decir».⁴

El antídoto más eficaz contra este fenómeno es la defensa proactiva de los derechos humanos y su implantación de forma radical. No tenemos tiempo para dejar que las cosas se vayan decantando por su propio peso. Es necesario un desarrollo firme y comprometido contra esa inercia negacionista y posfascista que está destruyendo gran parte de lo construido a lo largo de décadas de compromiso democrático. Recupero esta cita: «La calamidad de los sin Estado no es que estén privados de la vida, la libertad o la búsqueda de la felicidad, sino que ya no pertenecen a comunidad alguna», manifestó Hannah Arendt.⁵

Vivimos en la época de la tela de araña de la indiferencia. Esto podría explicar el curso que ha tomado la justicia en diferentes países en detrimento de la defensa de los derechos humanos. Justicia que, al menos en una parte importante, permanece silente o parcializada cuando más se necesita su acción protectora. Pero esa falta de reivindicación beligerante conduce a la pasividad, y la pasividad en la defensa de los derechos humanos no es neutral: constituye una forma indirecta de participación omisiva que precipita su erosión, al consentir que su vulneración se normalice y su contenido normativo se degrade progresivamente. Uno de los organismos que, en España, por obvias razones, ha desarrollado acciones perniciosas, aunque afortunadamente no generalizadas, ha sido el Tribunal Supremo, con una doctrina poco clara y fluctuante en la proclamación de los derechos humanos.

No niego que se han producido avances, pero sí afirmo que ha habido y hay acciones y actitudes que inciden corrosivamente en la Justicia española. Y ello supone una amenaza para la democracia, que ve frustrado uno de sus principales fines: garantizar la protección de la ciudadanía frente a los abusos de poder.

Estas amenazas se materializan cuando un sector importante de la Justicia española, entendida en sentido amplio, se politiza y se somete a las directrices ideológicas de una opción política determinada a la hora de tomar las decisiones en su ámbito de competencia. Probablemente el ambiente de polarización política y la banalidad de las posiciones ideológicas que se barajan en la derecha y extrema derecha españolas, así como el ambiente de dispersión y de confrontación dentro de la izquierda, están horadando a la justicia, que se ha hecho sumamente permeable a ese tipo de veleidades.

Las redes sociales

Otro de los factores que incide de forma masiva en la justicia y en otros ámbitos sociales y políticos de nuestras vidas y, por ende, en la democracia, es el impacto de las redes sociales. La explosión de noticias, bulos, mentiras y realidades aparentes o simuladas es de tal calibre que resulta sumamente complicado discernir qué es lo cierto y lo correcto y qué es lo falso o lo manipulado. Quizá hemos llegado a un punto de insensibilidad y de conformismo en el que nos da igual que los hechos sean veraces o no, ya que lo único verdaderamente importante es que lo parezcan. Con ello, la verdad ha pasado a un segundo o un tercer plano, mientras que la mentira se ha enseñoreado de la situación y ha destruido cualquier posibilidad de reconducirla. Creemos lo que nos dicen sin ponerlo en duda, esencialmente por pereza a la hora de comprobarlo. Nos nutrimos de todo lo que vomita cualquier individuo que se bautiza a sí mismo como experto, sin calibrar si la información es buena o está manipulada, ni las consecuencias que ello pueda tener en nuestra convivencia.

Al fin y al cabo, esta realidad aparente supone una especie de colonización de la verdad. Se la destituye a base de mecanismos de distorsión y de negación de los hechos acaecidos y en beneficio de los generados por intereses particulares o espurios, sin un método de contrastación objetivo. Es decir, se trata de la apropiación del significado de esos hechos, sustituyendo una interpretación rigurosa por una narrativa interesada. Con ello se vacía la propia noción de verdad y se convierte la mera percepción en algo más potente que la evidencia que indica, analizada objetivamente. Acaba siendo lo contrario de lo que se quería afirmar. Sería lo que Jean Baudrillard identifica como una «hiperrealidad», donde el simulacro o la falsedad sustituye al referente: «La simulación ya no es la de un territorio, un ser referencial o una sustancia. Es la generación por los modelos de algo real sin origen ni realidad: lo hiperreal [...] ya no se trata de imitación ni de duplicación, ni siquiera de parodia. Se trata de sustituir los signos de lo real por lo real mismo».⁶ El caso más próximo está reflejado en el segundo capítulo de este libro: el proceso contra el fiscal general del Estado de España, Álvaro García Ortiz.

Nuestra capacidad de sorpresa cada vez es menor, porque acontecen tantas cosas tan contradictorias y tan distópicas que las asumimos y pasamos a la siguiente casi sin inmutarnos.

La epidermis se nos está encostrando y nos hace cada vez más insensibles ante la mentira o la posverdad. Aquel dicho periodístico de «no permitas que la verdad te estropee un buen titular» se ha convertido en un axioma para la mayoría, extrapolando la profesión periodística y haciéndolo valer en la vida ordinaria. Lo que realmente vale para muchos es la apariencia. Da igual el calibre de la barbaridad de que se trate o el ámbito al que afecte o en el que se formule. La asumimos. La era de las redes sociales ha transformado profundamente la manera en que las personas consumimos y compartimos información.

Desafío histórico

Combatir la desinformación —que se caracteriza por la intención de engañar a las personas aumentando la probabilidad de que se formen creencias falsas— es uno de los desafíos más complejos y profundos a los que se enfrentan las sociedades democráticas. El 69 por ciento de los europeos y el 85 por ciento de los españoles considera la desinformación un problema, según datos del Eurobarómetro.⁷

Sin embargo, la desinformación no es un fenómeno particularmente nuevo. Muy por el contrario, es una práctica que existe y convive con nosotros desde que existe la democracia misma e incluso desde mucho antes. El uso de la desinformación, la propaganda y la manipulación informativa ha sido una característica constante de la comunicación humana a lo largo de la historia.

Ya en la antigua Roma, durante el enfrentamiento entre Marco Antonio y Octavio (32 a 30 a. C.), puede observarse un temprano ejemplo de campaña propagandística diseñada para moldear la opinión pública. Octavio, quien más tarde se convertiría en el emperador Augusto, llevó a cabo una campaña de propaganda contra Marco Antonio para desprestigiar su reputación. Esta campaña tomó la forma de lemas cortos y contundentes grabados en monedas, algo que hoy podríamos llamar «tuits arcaicos».

Estos mensajes describían a Marco Antonio como un mujeriego y un alcohólico y sugerían que se había convertido en un títere de Cleopatra, corrompido por su relación con la reina egipcia. Gracias a esta estrategia, Octavio logró manipular el sistema republicano romano y consolidar su poder absoluto. Este episodio puede verse como uno de los primeros ejemplos históricos de la capacidad de las fake news para alterar el curso de la política y la democracia.

En el siglo XX, la desinformación cobró una dimensión aún más grave con ocasión de los conflictos bélicos. Durante la Primera Guerra Mundial, la propaganda británica demonizó al enemigo alemán con acusaciones terribles. En 1917, The Times y The Daily Mail publicaron artículos que afirmaban que, debido a una escasez de grasas provocada por el bloqueo naval británico, las fuerzas alemanas estaban utilizando los cadáveres de sus propios soldados para producir manteca, harina de huesos y alimento para cerdos. Estas historias, aunque falsas, tuvieron un impacto duradero. Cuando comenzaron a aparecer informes reales sobre las atrocidades del Holocausto en la Segunda Guerra Mundial, las falsedades propagadas en 1917 alimentaron la duda y el escepticismo sobre las denuncias genuinas de genocidio, demostrando cómo la desinformación previa puede erosionar la credibilidad.

Con el ascenso del nazismo, la propaganda alcanzó una capacidad sin precedentes para incitar al odio y justificar la violencia masiva. Joseph Goebbels creó el Ministerio del Reich para la Ilustración Pública y Propaganda, una maquinaria estatal que empleó todos los medios posibles —desde el teatro hasta la prensa— para difundir mensajes de odio contra los judíos y otros grupos perseguidos. Esta campaña propagandística fue esencial para motivar a quienes llevaron a cabo el genocidio de millones de personas durante el Holocausto (la Shoah). Además, funcionó para asegurar la aquiescencia y complicidad de una parte significativa de la población alemana, que permaneció como espectadora pasiva ante la persecución racial.

El carácter criminal y destructivo de esta propaganda fue reconocido en los juicios de Núremberg después de la Segunda Guerra Mundial. Estos procesos judiciales revelaron cómo los medios de comunicación pueden convertirse en herramientas de guerra que transforman a grupos humanos en «el otro», facilitando la deshumanización, la opresión y la violencia sistemática.

Sin embargo, Hans Fritzsche, jefe de la División Radial del Ministerio de Propaganda, acusado de conspiración para cometer crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, fue absuelto en estos juicios por falta de pruebas de que sus discursos hubieran contribuido directamente a la comisión de los delitos. Este es el ejemplo paradigmático de la dificultad de establecer responsabilidades legales por la difusión de desinformación que precede o acompaña a crímenes atroces. La labor de Fritzsche fue decisiva para configurar la percepción pública que justificó las políticas genocidas, pero el juicio subrayó la complejidad de abordar legalmente la propaganda y sus consecuencias. Aunque el Tribunal Militar Internacional lo absolvió, luego fue arrestado nuevamente y llevado ante los tribunales de desnazificación alemanes. Fue calificado como «ofensor mayor», sentenciado a nueve años de prisión y liberado en septiembre de 1950.

Tras la Segunda Guerra Mundial, la propaganda continuó siendo una herramienta política y militar clave, especialmente durante conflictos como la guerra de Vietnam (1955-1975). Estados Unidos desplegó una campaña propagandística conocida como la «credibility gap» (‘brecha de credibilidad’), en la que, para justificar y sostener la intervención militar, utilizó la teoría del dominó: la idea de que si un país caía bajo influencia comunista sus vecinos seguirían el mismo camino. Esta campaña usó el miedo para anular a la oposición y moldear la opinión pública. Paradójicamente, la estrategia tuvo consecuencias indeseadas para quienes la diseñaron, tales como la deslegitimación del poder ejecutivo en política exterior y el escepticismo ante las intervenciones militares.

Tampoco puede pasarse por alto el papel de la desinformación en la consolidación y el mantenimiento de las dictaduras en América Latina durante la segunda mitad del siglo XX. En países como Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil o Guatemala las juntas militares y los regímenes autoritarios implementaron campañas sistemáticas de propaganda y de manipulación informativa para justificar la represión política, la censura y la violación de derechos humanos.

Estas dictaduras utilizaron los medios de comunicación oficiales y privados controlados para difundir relatos que presentaban a sus opositores como «terroristas», «subversivos» o enemigos de la nación, legitimando así la violencia estatal con el fin de conservar la esencia nacional, puesta en riesgo por estas ideologías comunistas. La información oficial negaba la existencia de desapariciones forzadas, torturas y asesinatos, mientras que la propaganda exaltaba la necesidad de «orden y seguridad» frente a un supuesto «enemigo interno».

Además, estas dictaduras llevaron a cabo operaciones de desinformación para deslegitimar movimientos sociales y políticos, creando una atmósfera de miedo y desconfianza. En muchos casos, agentes del Estado se infiltraban en dichos movimientos, marcando a personas que luego desaparecían o difundiendo noticias falsas y manipuladas para dividir a la sociedad y evitar la consolidación de una resistencia popular.

La complicidad y la sumisión de ciertos medios de comunicación fue clave para sostener estas campañas de desinformación. Sin embargo, el surgimiento de periodistas e intelectuales críticos, tanto en el exilio como dentro de los países, evidenció las mentiras oficiales y contribuyó a la denuncia internacional de las violaciones a los derechos humanos.

Otros casos históricos ilustran las profundas consecuencias de la desinformación para alimentar y justificar atrocidades masivas, y subrayan la necesidad imperiosa de vigilancia y rendición de cuentas.

En Sudáfrica, entre 1972 y la década de 1990, el régimen del apartheid patrocinó una compleja y secreta campaña global de propaganda y cabildeo para ganar apoyo internacional y contrarrestar la oposición a sus políticas racistas. Esta campaña, liderada por el ministro Eschel Rhoodie, intentó influir en formadores de opinión en las capitales occidentales, y aunque fue parcialmente expuesta por periodistas locales, continuó operando hasta el fin del régimen.

El genocidio en Ruanda en 1994, que costó la vida a más de ochocientas mil personas en apenas cien días, muestra el impacto letal que puede tener la propaganda basada en el odio. Ferdinand Nahimana, fundador de Radio Télévision Libre des Mille Collines, desempeñó un papel fundamental en la incitación al genocidio contra la población tutsi. Los deshumanizaba llamándolos cucarachas y los identificaba para su asesinato. Sus emisiones fueron utilizadas como prueba en los procesos judiciales internacionales posteriores, que terminaron en condenas por crímenes de lesa humanidad. Nahimana fue condenado a treinta años de prisión por incitación directa y pública al genocidio.

Durante la guerra de los Balcanes, en los años noventa, la desinformación fue empleada sistemáticamente para manipular narrativas públicas, creando un clima propicio para la comisión de crímenes atroces con impunidad. Las víctimas no solo sufrieron la violencia física, sino también la negación y la distorsión de su sufrimiento a través de campañas que buscaban silenciar la verdad.

En la década de los 2000, la guerra de Irak reveló cómo la desinformación también puede impactar en decisiones políticas internacionales y en el curso de conflictos contemporáneos. En el periodo previo a la invasión liderada por Estados Unidos en 2003, varios medios, incluyendo The New York Times, publicaron reportajes sobre la presencia, nunca verificada, de armas de destrucción masiva en Irak. Los reportajes fueron utilizados por la administración Bush como justificación para la guerra. Este episodio, denominado irónicamente «weapons of mass distraction» (‘armas de distracción masiva’), permitió generar apoyo público a la campaña gubernamental en favor de la invasión de Irak, ocultando los verdaderos intereses geopolíticos, petroleros y de consolidación estratégica en la zona de Oriente Medio por parte de Estados Unidos. Constituye un ejemplo reciente de cómo la información manipulada puede tener consecuencias devastadoras a nivel global.

En Irak, en 2003, tras la experiencia de Vietnam, se intentó otro sistema, conocido como «embedded journalist» (y en español como «periodista agregado»): periodistas integrados en unidades militares con acceso privilegiado, dependencia logística del ejército y, consecuentemente, una menor independencia crítica. Ello, nuevamente, dio lugar al «credibility gap», porque hizo que se conocieran casos de abusos como los de las prisiones de Abu Ghraib o de Guantánamo, los vuelos secretos de la CIA, la guerra contra el terrorismo, Afganistán y posibles crímenes de guerra descubiertos por WikiLeaks («Collateral Murder», ‘asesinato colateral’) con los que, de nuevo, se abrió la brecha entre discurso y realidad.

En ambos casos, la consecuencia fue la misma: la información manipulada o seleccionada estratégicamente erosionaba la democracia y la confianza de los ciudadanos en las instituciones, además de propiciar acciones contra periodistas independientes como Julian Assange, a quien se aplicó la Ley de Espionaje de 1917 para silenciarlo.

Nuevos retos

Este legado histórico viene del pasado, pero su actualidad es evidente. La digitalización desempeña un papel crucial en la difusión de la desinformación. El rápido crecimiento de las tecnologías digitales ha amplificado considerablemente los riesgos asociados a la información falsa o engañosa. Las plataformas digitales permiten su difusión rápida y a gran escala, a menudo sin los mecanismos adecuados de rendición de cuentas. Estas plataformas propician la circulación veloz de información en todo el mundo, facilitando que la desinformación traspase fronteras físicas en segundos. Hoy en día, los conflictos van más allá de los territorios físicos y se reproducen en nuestras pantallas, saturando redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook, Discord, Telegram, X y YouTube.

El problema se agrava por el fenómeno de desinhibición en línea: el anonimato y la ausencia de consecuencias directas animan a los usuarios a compartir y amplificar desinformación sin vacilar.

Cuando las tecnologías digitales se combinan con herramientas avanzadas, como la inteligencia artificial generativa (Grok, modelo de IA diseñado dentro de X y, por tanto, vinculado a Elon Musk), los deepfakes (contenidos audiovisuales manipulados para hacer decir a una persona algo que nunca enunció) y la curación algorítmica de contenidos, los riesgos aumentan aún más. Las plataformas en línea recopilan enormes cantidades de datos de sus usuarios, que luego se monetizan mediante publicidad dirigida. Cuanto más tiempo interactúan los usuarios con estas plataformas, más eficientemente se monetizan esos datos.

Como resultado, los algoritmos de recomendación priorizan materiales que generan un alto nivel de interacción, independientemente de su veracidad, su credibilidad y el daño potencial que puedan causar. En zonas de conflicto y en regímenes represivos, por ejemplo, esta manipulación puede distorsionar la verdad sobre eventos tales como acciones militares, complicando la labor de organizaciones pro derechos humanos y organismos internacionales de justicia. Al reforzar prejuicios y alimentar la polarización social, estas tecnologías contribuyen a afianzar falsedades, dificultando la creación de un discurso público informado y responsable.

Hoy, la desinformación es una realidad constante y omnipresente. Ya no son casos aislados como antes. Según el último informe sobre riesgos globales del Foro Económico Mundial, de 2025,8 la desinformación sigue siendo uno de los riesgos más importantes a corto plazo por segundo año consecutivo. El informe subraya la amenaza persistente que representa para la cohesión social y la gobernanza, pues erosiona la confianza y exacerba las divisiones dentro de las naciones y entre ellas.

No se trata únicamente de la proliferación rápida de la desinformación, sino también de cómo las personas consumen y comparten información y de las denominadas «burbujas de filtro», fenómeno crucial para entender el impacto de la desinformación. Estas burbujas se forman porque los algoritmos personalizan el contenido que muestran a cada usuario basándose en sus preferencias, creencias y comportamientos anteriores, lo que provoca que estemos expuestos de manera recurrente a informaciones que refuerzan ideas y puntos de vista preexistentes, y hace que quedemos aislados de opiniones o datos que puedan contradecirnos.

La combinación entre burbujas de filtro, polarización y manipulación deliberada crea un ecosistema informativo tóxico en el que la verdad se diluye y el diálogo democrático se debilita.

En este ámbito, debo resaltar el preocupante rol que juegan los actores externos en la difusión de desinformación con fines políticos. En un mundo interconectado, la información y la desinformación no conocen fronteras, y ciertos Estados o grupos con intereses geopolíticos la han adoptado como herramienta estratégica para influir en procesos electorales, debates sociales y políticas internas de otros países.

Estas campañas de desinformación coordinadas buscan sembrar discordia, polarizar a la sociedad y debilitar la cohesión interna de los Estados objetivo. En particular, han afectado gravemente a los procesos electorales, como se ha evidenciado durante 2024 —denominado «el año electoral»—, con importantes comicios en países como Bangladés, Bután, Taiwán, la India, Sudáfrica, Japón, Estados Unidos y en varios de la propia Unión Europea. En todos ellos, la desinformación ha sido utilizada como herramienta para manipular la opinión pública e influir en resultados decisivos.

En su informe sobre las elecciones al Parlamento Europeo de 2024, el Observatorio Europeo de Medios Digitales (EDMO) identificó el contenido generado por inteligencia artificial, especialmente los deepfakes, como una preocupación principal en la antesala de los comicios.⁹ Además, destacó la multiplicidad de campañas coordinadas por actores tanto extranjeros como nacionales en el contexto electoral europeo. El documento subraya la difusión de narrativas que buscan presentar a la Unión Europea y a sus instituciones como autoritarias, acusándolas de imponer medidas impopulares —como la promoción del consumo de insectos o el aumento de cargas a la población— con el pretexto de prepararse para guerras o frenar el cambio climático. Estas campañas contribuyen a alimentar el euroescepticismo y a socavar la confianza en las instituciones democráticas.

En este mundo globalizado y multiactorial, las empresas del sector privado, y en particular las grandes plataformas tecnológicas, se han convertido en actores centrales en la dinámica informativa contemporánea; y no solo como canales principales por los que circula la información, sino también como constructores de los modos en que los usuarios acceden, consumen y comparten contenidos. Su papel trasciende la mera intermediación: diseñan algoritmos que determinan qué información es visible y cuál queda relegada al olvido digital.

El modelo de negocio de muchas de estas empresas se basa en la monetización de la atención. Esto significa que su rentabilidad depende en gran medida del tiempo que los usuarios pasan interactuando con sus plataformas, así como del volumen de clics, visualizaciones y comparticiones que generan. Para maximizar ese tiempo de interacción, los algoritmos priorizan contenidos que despiertan emociones intensas, ya sean de sorpresa, indignación o miedo, sin discriminar necesariamente entre lo verídico y lo falso. Esta lógica incentiva la proliferación de información sensacionalista, sesgada o manipuladora, que puede incluir desinformación y, por tanto, puede ser aprovechada como medio eficaz contra los derechos humanos o para desarrollos conceptuales contrarios a la democracia. De hecho, esta es la dinámica ordinaria de la extrema derecha en sus desarrollos ideológicos de sumisión.

Además, las plataformas tecnológicas poseen la capacidad técnica y los recursos para desarrollar herramientas sofisticadas de detección y mitigación de desinformación. Sin embargo, estas medidas a menudo se enfrentan a tensiones internas y dilemas complejos, como equilibrar la libertad de expresión con la necesidad de controlar contenidos nocivos, o la presión para mantener el compromiso del usuario frente a la responsabilidad social. Este escenario crea un terreno incierto en el que las soluciones tecnológicas no siempre logran responder de manera efectiva a la magnitud y sofisticación del problema.

Frente a esta realidad, la capacidad reguladora del Estado se encuentra, frecuentemente, desbordada. Los procesos legislativos y regulatorios son, por su propia naturaleza, más lentos y estructurados, lo que dificulta su adaptación a la velocidad con la que evolucionan las tecnologías y las estrategias de difusión de desinformación. La concentración de poder y de conocimiento en manos de actores privados complica aún más la gobernanza democrática del espacio informativo. Se genera así un desequilibrio estructural, y el Estado se ve limitado para intervenir o supervisar de forma eficiente y oportuna.

Este desfase entre la capacidad regulatoria estatal y el poder tecnológico privado configura un entorno donde la desinformación puede encontrar condiciones propicias para expandirse. Las plataformas digitales, al definir en gran medida las reglas del juego informativo, operan en un espacio que aún no está lo suficientemente regulado ni fiscalizado, dejando zonas grises donde la desinformación puede crecer con relativa impunidad.

Amenazas de la desinformación

En los últimos años, el retroceso democrático se ha convertido en una tendencia creciente a nivel mundial, afectando de forma particular al continente europeo. Este fenómeno se refiere al abandono progresivo, por parte de gobiernos en ejercicio, de los valores y las prácticas democráticas fundamentales que han caracterizado a Europa. Aunque se han registrado casos en todas las regiones, los niveles alcanzados en nuestro continente durante la última década resultan especialmente alarmantes.

El retroceso democrático no implica necesariamente una ruptura abrupta con el sistema democrático, sino que opera en un espectro que va desde regímenes autoritarios cerrados, que no celebran elecciones, hasta democracias liberales con elecciones libres, separación de poderes e instituciones independientes. En este contexto, la erosión parcial de las prácticas democráticas puede no suponer de inmediato el colapso del sistema. Sin embargo, cuando los gobiernos violan sistemáticamente las normas democráticas existentes, se corre el riesgo de que el Estado pierda, con el tiempo, su capacidad para funcionar plenamente como una democracia.

Steven Levitsky y Lucan Ahmad Way, en su obra Competitive authoritarianism,¹⁰ identifican cuatro esferas fundamentales que constituyen los principales escenarios de confrontación entre la democracia y el autoritarismo: las elecciones, el poder legislativo, el poder judicial y los medios de comunicación. El buen funcionamiento de estas cuatro «arenas» es esencial para la salud democrática de un Estado; su debilitamiento, por el contrario, puede abrir la puerta a formas de autoritarismo competitivo.

En este contexto, la desinformación emerge como una herramienta transversal de distorsión que inclina el terreno competitivo, especialmente en el escenario electoral y mediático. Se convierte, así, en una amenaza central para la democracia, porque propicia, bajo la apariencia del ejercicio de un derecho, la erosión institucional. Lejos de ser un fenómeno meramente comunicativo, la desinformación tiene efectos estructurales sobre el sistema democrático: «en los regímenes autoritarios competitivos, los medios suelen ser formalmente independientes y existen medios de oposición, pero los gobernantes utilizan de manera habitual recursos estatales, agencias regulatorias y presiones informales para inclinar el terreno de juego». Dicen también los autores que «los gobernantes pueden no censurar completamente a los medios, pero con frecuencia los manipulan mediante sobornos, intimidación o un acceso desigual a la publicidad estatal». En algunos casos, esto ocurre a nivel autonómico, en el que reiteradamente se comprueba la inversión en publicidad solo hacia un lado del tablero informativo, coincidente con la línea política ideológica de quien financia.

No se trata de un impacto aislado o unidimensional, sino de un efecto en cascada que se extiende y multiplica en diversos ámbitos de la sociedad, afectando no solo a procesos electorales, sino también a la cohesión social, la confianza institucional y, en última instancia, a la vigencia del Estado de derecho.

Este fenómeno en cascada puede describirse como una serie de consecuencias encadenadas, donde la erosión de la verdad informativa genera efectos que se amplifican unos a otros. La desinformación mina la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas, como los parlamentos, los tribunales y los medios de comunicación legítimos, lo que a su vez alimenta un clima de escepticismo y resentimiento. Este ambiente propicia la fragmentación social, polarizando a la población y dificultando el diálogo necesario para la convivencia pacífica. Así, la desinformación se convierte en un motor de intolerancia y división, lo contrario a lo que requiere un sistema democrático saludable.

Es fundamental identificar que el impacto de la desinformación no se limita al terreno electoral, que, si bien es un ámbito especialmente vulnerable, no es el único. Los procesos electorales, al ser momentos de máxima visibilidad pública y participación ciudadana, suelen ser objetivo de campañas de manipulación informativa. La influencia perniciosa de la desinformación permea otros espacios igualmente relevantes: el debate público sobre políticas sociales, económicas o ambientales; la actuación de los poderes judiciales; la gestión de crisis sanitarias o humanitarias; e incluso el respeto y la promoción de los derechos humanos. En todos estos ámbitos, la calidad y la veracidad de la información son determinantes para que las decisiones se tomen sobre la base de hechos y análisis rigurosos.

En un nivel más profundo, la desinformación alimenta un clima de intolerancia y fragmentación social, debilitando el diálogo y la convivencia pacífica, elementos esenciales para el Estado de derecho. Este no solo se sostiene en normas y leyes formales, sino también en la confianza social en que estas normas se aplican de manera justa e imparcial, y en la creencia compartida en valores democráticos. Cuando la desinformación socava esta confianza, se pone en riesgo el propio fundamento del Estado de derecho, abriendo puertas a la arbitrariedad, a la impunidad y a la erosión de garantías fundamentales.

Desde la perspectiva de los derechos humanos, la desinformación representa un desafío complejo y multidimensional. Por un lado, afecta al derecho a la información veraz y al acceso a datos confiables, esenciales para el ejercicio de otros derechos civiles y políticos como la libertad de expresión o el derecho a participar en la vida pública.

Por otro lado, la desinformación puede ser un vehículo para la discriminación, la incitación al odio y la violencia, afectando a derechos fundamentales como el derecho a la igualdad, la seguridad y la dignidad.

A modo de ejemplo, según el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, en su primer boletín trimestral de 2025,11 centrado en el análisis del discurso de odio en redes sociales durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de ese año, se notificaron en diversas plataformas un total de 551 publicaciones con contenido de discurso de odio. En relación con los contenidos monitorizados, el 74 por ciento se dirigía contra personas originarias del norte de África, un 17 por ciento contra personas musulmanas, y el resto contra personas africanas o afrodescendientes. Más de la mitad de estos mensajes (54 por ciento) incluían expresiones que deshumanizaban o menospreciaban gravemente a personas de origen extranjero. Además, un 20 por ciento señalaba a estos colectivos como una amenaza para la sociedad, un 13 por ciento promovía su expulsión, y un 7 por ciento contenía incitaciones directas o indirectas a la violencia hacia personas migrantes.

Ante este escenario, es necesario realizar un balance equilibrado: la lucha contra la desinformación no puede convertirse en un pretexto para limitar indebidamente la libertad de expresión ni para imponer censuras arbitrarias.

El papel del Estado deviene aquí crucial, pero enfrenta limitaciones importantes. El Estado debe garantizar la protección de los derechos humanos y la vigencia del Estado de derecho, y por tanto tiene la responsabilidad de diseñar y aplicar políticas públicas que aborden la desinformación de manera efectiva.

Pero el Estado se enfrenta a una serie de debilidades estructurales: la velocidad y sofisticación con que evolucionan las tecnologías digitales y las técnicas de manipulación superan a menudo la capacidad regulatoria y de supervisión estatal; la creciente concentración del poder en actores privados, especialmente las grandes plataformas digitales, limita el control estatal efectivo sobre la circulación de la información; y, por último, en muchos países, la erosión misma de la independencia institucional y la falta de recursos afectan a la capacidad del Estado para cumplir cabalmente con esta tarea.

Un elemento más se añade a la dificultad de encontrar mecanismos para combatir eficazmente la desinformación, porque esta es un fenómeno sin límites geográficos claros. En un mundo globalizado y digitalizado, las narrativas falsas o manipuladas atraviesan fronteras con facilidad, afectando a comunidades y Estados enteros de manera simultánea. Esta realidad demanda mecanismos de cooperación internacional que faciliten la acción coordinada, el intercambio de información y el desarrollo de estrategias conjuntas para enfrentar esta amenaza. Paradójicamente, en un contexto global donde la interdependencia es evidente, la cooperación internacional resulta cada vez más difícil. La desconfianza y las reticencias entre Estados, los intereses políticos divergentes y la multiplicidad de actores con agendas diversas complican la construcción de consensos y la implementación de respuestas coordinadas.

A ello tendremos que sumar que la fragmentación del espacio internacional, la creciente competencia geopolítica y las tensiones en materia de soberanía digital dificultan la articulación de marcos normativos y operativos comunes. Las zonas grises, donde la desinformación puede aprovechar la falta de coordinación para expandirse y encontrar refugios, son cada vez más amplias y opacas. Por ello, más allá de las iniciativas locales o nacionales, es imprescindible fortalecer los mecanismos multilaterales que promuevan la transparencia, la responsabilidad y el respeto a los derechos fundamentales en el espacio digital global.

Factores de desinformación

Una conclusión que considero evidente es que la desinformación es una amenaza real para la estabilidad y la calidad de las democracias contemporáneas. Para comprender por qué se difunde con tanta facilidad y cómo afecta a las instituciones democráticas, es fundamental analizar los factores que la habilitan, es decir, aquellos que facilitan su propagación y consolidación.

Entre estos factores destacan tres especialmente relevantes y concatenados: el entorno regulatorio, la desconfianza hacia las instituciones y la polarización política.

El entorno regulatorio define el marco legal y normativo dentro del cual operan los actores que producen y difunden la desinformación. En ausencia de regulaciones claras y efectivas que responsabilicen a los emisores y a las plataformas digitales, la desinformación encuentra un terreno fértil para expandirse sin mayores obstáculos.

Lo más grave en este ámbito es que, bien por impotencia o bien por indiferencia, se acepta que es así, y, a partir de entonces, se asume lo que acontece y lo que genera la desconfianza hacia las instituciones. Cuando la ciudadanía pierde confianza en el Gobierno, en los medios de comunicación tradicionales o en el sistema judicial, se crea un caldo de cultivo para que mensajes falsos o engañosos ganen credibilidad. Esta desconfianza no solo dificulta la implementación de políticas públicas y reformas necesarias, sino que también provoca que las personas sean más vulnerables a aceptar narrativas conspirativas o información manipulada que refuerce sus prejuicios y expectativas.

A su vez, esta desconfianza está estrechamente ligada a la confrontación política populista, en la que los planteamientos serios y los debates profundos sobre temas que afectan realmente a la ciudadanía desaparecen en favor del insulto y la vaciedad. Esta realidad divide a la sociedad en grupos enfrentados con visiones ideológicas rígidas y antagónicas, y nos predispone a creer y difundir la información, sea cierta o falsa, que confirma nuestras propias creencias. Así, desinformación, desconfianza y polarización conforman un círculo vicioso que debilita gravemente el funcionamiento institucional y se convierten en auténticos verdugos de la democracia.

Un caso paradigmático donde estos factores convergen es Hungría. En ese país, según el Observatorio Europeo de Medios Digitales, no se han implementado medidas regulatorias suficientes para combatir la desinformación.¹² Por el contrario, el Gobierno de Viktor Orbán ha reforzado su control sobre los medios de comunicación estatales, conservadores e incluso independientes, mediante reformas legislativas y adquisiciones estratégicas. Este control ha facilitado la difusión de desinformación oficial, contribuyendo a la erosión de la confianza pública y a una profunda polarización social.

Un ejemplo paralelo, aunque en un contexto diferente, se encuentra en Estados Unidos. Durante y después de las elecciones presidenciales de 2020, la desinformación sobre el proceso electoral y sus resultados alcanzó niveles sin precedentes. La combinación de un entorno regulatorio fragmentado, donde las plataformas digitales aún lidian con la autorregulación, junto con una alta polarización política y una creciente desconfianza hacia las instituciones electorales y los medios tradicionales, permitieron la rápida difusión de narrativas falsas que cuestionaban la legitimidad del proceso electoral.

Este fenómeno exacerbó la división social y culminó en eventos violentos como el asalto al Capitolio de enero de 2021, demostrando cómo la desinformación puede poner en riesgo la estabilidad de una democracia consolidada. Y lo peor estaba por venir: en 2024, con la nueva presidencia de Donald Trump, la desinformación y la manipulación informativa se han instalado en la Casa Blanca. Esa exacerbación ha producido una reacción en los medios tradicionales, y esta, a su vez, ha producido una confrontación sin perspectivas claras de quién ganará la contienda.

Ética, cultura y resistencia

Entonces, ¿qué hacemos frente a esta realidad compleja y desafiante? ¿Nos rendimos ante una avalancha de desinformación que parece incontrolable?

La respuesta, con total certeza, es no. No es una opción renunciar a la defensa de la democracia, de los derechos humanos ni del Estado de derecho. Hacerlo sería hundirnos en la desesperación que auspician la extrema derecha y una derecha que coyunturalmente se siente beneficiada para obtener el poder, sin percatarse del riesgo que conlleva esa aproximación.

Para no caer en la trampa que denuncio en estas líneas, debo ser honesto conmigo mismo y, más allá de la opinión, preguntarme si tenemos realmente en nuestras manos todas las herramientas necesarias para hacer frente a esta amenaza.

Me atrevo a dar una respuesta ambivalente, en el sentido de que es cierto que disponemos de un conjunto creciente de recursos legales, tecnológicos y sociales para confrontar los desafíos que suscita esta confrontación. Pero también es cierto que la velocidad y sofisticación de la desinformación, junto con la profundidad de sus raíces culturales y éticas, nos exige soluciones disruptivas, y no meramente cosméticas o normativas.

Es indispensable abrir una profunda reflexión ética y cultural para hacer frente a este fenómeno. La lucha contra la desinformación no es solo una cuestión de acciones públicas o tecnológicas, sino que es un compromiso definitivo de toda la sociedad. No es una cuestión política o ideológica, es una cuestión de supervivencia; es aceptar la dominación de la falsedad y la manipulación, o defender la capacidad de pensar libremente. Es defender la cultura de la responsabilidad, la integridad y el compromiso con la verdad, frente a la barbarie del control de las corporaciones que generan esa dinámica basada en la mentira y cuyos efectos, en definitiva, ya ha sufrido la humanidad. Aquellos valores no se imponen desde arriba ni se regulan solo con leyes; se siembran y cultivan en la tierra fértil de la educación, el diálogo cotidiano y la forma en que cada persona participa en la esfera pública.

Cultivar valores cívicos que refuercen la honestidad intelectual y el diálogo respetuoso es, por tanto, la tarea fundamental para consolidar sociedades libres y justas. La democracia no se sostiene únicamente en la existencia de instituciones formales, sino en la calidad de la participación ciudadana, en la disposición de las personas a debatir desde la pluralidad, a escuchar con apertura y a respetar las diferencias. Cuando la desinformación corroe estos valores, la convivencia democrática se debilita y el Estado de derecho se pone en riesgo o desaparece.

Una sociedad comprometida y militante en favor de una democracia sólida exige dotar a sus componentes de herramientas críticas para navegar el complejo ecosistema informativo actual. La alfabetización mediática y digital, entendida como la capacidad para evaluar fuentes, cuestionar mensajes y contrastar información, debe convertirse en una prioridad educativa y social.

Este proceso de formación crítica es un acto de defensa de los derechos humanos y de la democracia. El derecho a la información veraz no es solo un derecho individual, sino un bien colectivo que sustenta la participación ciudadana efectiva y la rendición de cuentas de los poderes públicos. Sin él, el Estado de derecho se desdibuja y se abren espacios para la arbitrariedad, la impunidad y la injusticia.

En estos tiempos difíciles, cuando la desinformación se adueña de los espacios de diálogo y anula los argumentos en favor de la incertidumbre y la demagogia, es imprescindible fortalecer esta cultura de resistencia democrática. No podemos ignorar que vivimos en una época en la que la manipulación mediática y la difusión de falsedades son estrategias deliberadas para desestabilizar sociedades y erosionar la confianza en la verdad.

Por eso, cada gesto que fomenta la transparencia, la honestidad intelectual y el respeto mutuo contribuye a fortalecer los pilares fundamentales de la democracia.

En palabras del pensador, activista y excampeón del mundo de ajedrez Garry Kasparov: «El objetivo de la propaganda moderna no es solo desinformar, sino erosionar el pensamiento crítico y socavar el concepto de verdad».¹³ Esta afirmación subraya un desafío central: la batalla por la verdad es también una batalla por la capacidad de pensar de manera crítica, por la resistencia frente a la manipulación y la apatía. Recuperar y fortalecer esta capacidad es la condición sine qua non para avanzar en la protección de los derechos humanos y del Estado de derecho.

Esta lucha requiere de un compromiso colectivo; de que cada actor —Estados, sociedad civil, sector privado, medios de comunicación y ciudadanía— asuma su rol con responsabilidad y ética. Requiere voluntad política, pero también una movilización cultural y educativa profunda. Requiere fomentar espacios de diálogo y reflexión abiertos y plurales, que resistan la tentación del simplismo y la polarización.

Finalmente, en esta confrontación definitiva, resistir a la desinformación es también un acto de esperanza. Es la convicción de que, a pesar de las dificultades, la verdad y la justicia pueden prevalecer cuando se defienden con compromiso y coherencia. La democracia, el Estado de derecho y la defensa de los derechos humanos son una necesidad vital y una corresponsabilidad de la sociedad, pero también son proyectos inacabados, pendientes de construir y de fortalecer con la participación activa y crítica de todos y todas.

El camino es claro: si la desinformación pretende la dominación, la sumisión y el vasallaje, la acción frente a la misma implica no rendirse, no ceder ante la manipulación ni el cinismo; fortalecer los pilares de la democracia representativa, promover valores éticos y culturales de respeto a la verdad y construir redes de cooperación y de confianza que permitan enfrentar juntos y juntas los desafíos de nuestro tiempo. Solo así será posible preservar y renovar los fundamentos de una sociedad libre, justa y democrática.

¿Y los jóvenes?

Siempre achacamos a los jóvenes una aparente desconexión con los problemas de una sociedad que devora a sus componentes; pero ellos son, en realidad, parte de la solución.

El resultado del Barómetro de Juventud y Género 2025 me produce inquietud: concluye que el desprecio al feminismo se ha disparado en las personas de entre quince y veintinueve años, especialmente entre los hombres, El informe destaca que el 51,5 por ciento de los varones en esa franja de edad cree que el feminismo es una herramienta de «manipulación y adoctrinamiento». Pero sucede que el 38,8 por ciento de las chicas también lo piensa. En cuanto a la violencia de género, el 67,7 por ciento de los encuestados consideran que «es un problema muy grave», frente al 63,3 por ciento que lo pensaba en 2019. Lo peor es la sensación que transmite el informe de que no hay nada que hacer al respecto: un 36,5 por ciento de las personas preguntadas cree que la desigualdad «está mal, siempre ha existido y es inevitable». En 2019, ese fatalismo solo lo expresaba un 18,8 por ciento. Además, el 50,8 por ciento cree que los hombres «están desprotegidos ante denuncias falsas por violencia de género», frente al 44,2 por ciento que lo manifestaba en 2023, y el 44,6 por ciento considera que «se ha perdido la presunción de inocencia para los hombres», frente al 37,3 por ciento de 2023.

Algo estamos haciendo muy mal. La banalidad en las relaciones sociales se ha elevado a dimensiones estratosféricas. La capacidad de análisis ha menguado en general, y especialmente en las generaciones más jóvenes. Pero la responsabilidad no es solo suya, sino principalmente de las generaciones previas, que no hemos sabido evolucionar al compás de los cambios en el mundo. Decidimos en un momento determinado quedarnos paralizados y no acompañar a quienes venían detrás de nosotros. La comodidad y la indiferencia han hecho que nos dediquemos a buscar responsables del deterioro cuando el mal ha germinado mientras los mayores teníamos el poder de cambiar las cosas y no lo hicimos. En este momento, criticar la supuesta anomia de la juventud es la huida más sencilla de quienes no hemos sabido preparar el camino.

Perdemos el tiempo quitándonos la responsabilidad de encima, cuando lo que deberíamos hacer es generar los espacios para que esa conexión generacional se produzca. Es una obligación, como después será la obligación de la siguiente generación con la que la suceda, y así sucesivamente. Transmitir esos valores y la capacidad de sacrificio que exige la democracia es el desafío. No nos vale con denunciar que la democracia está amenazada y con enumerar el listado de amenazas que la acechan, sino que debemos unir fuerzas para confrontar esos riesgos y solucionar las dificultades.

Cuando escucho que «la juventud está perdida» me incomoda sobremanera el simplismo de esta afirmación, que, normalmente, proviene de quienes no hacen nada desde su esfera de confort para que las cosas cambien. Es verdad que asistimos a una evolución tecnológica brutal, a una digitalización absoluta de la vida, a una precariedad laboral evidente, a una crisis climática cierta, a una sobrecarga informativa y a un cambio de modelos de vida que nos cuesta asumir a quienes ya estamos en la etapa última o penúltima de la vida. Esta dinámica genera crisis identitarias, dificultades a la hora de definir el futuro e inseguridad vital derivada de la encrucijada a la que se enfrenta la civilización tal como la conocemos.

Pero esta situación no es culpa de la juventud, sino que es un modelo heredado; un modelo que casa mal con aquellos estilos de vida que no coinciden necesariamente con la estabilidad o el éxito económico, porque las condiciones estructurales en las que nos movemos no permiten obtener ese estatus o, al menos, conseguirlo de forma inmediata.

La herencia derivada de aquellos modelos educativos, institucionales y laborales rígidos no se acomoda a la dinámica de una juventud desconectada con esa forma de afrontar la vida en comunidad, y conectada, en su lugar, con iniciativas más revolucionarias y acompasadas a la propia revolución tecnológica, que sí comprenden y manejan.

Curiosamente, en la juventud —aunque tampoco podemos incluir a todos sus componentes en el mismo molde—, hay una clara conciencia en defensa de los derechos humanos, una sensibilidad bien definida en pro de la igualdad y la diversidad, una mayor preocupación ambiental y un cierto componente iconoclasta con la normatividad de los mayores.

Siendo esto esencialmente cierto, también lo es que se aprecia una tendencia igualmente definida, firme y preocupante en pro de planteamientos autoritarios o posfascistas. La cuestión aquí es cómo afrontar esta realidad, que contradice la anomia de la juventud en beneficio de una normatividad simple, de un supuesto orden inmutable, la identidad fuerte, la pertenencia al grupo y la claridad moral. O, mejor dicho, la simpleza moral.

Por las razones ya expuestas (incertidumbre económica, confrontación cultural, identidad y género, desconfianza hacia las élites normativizadas y las estructuras de poder tradicionales), este sector opta por la identidad simbólica, el carácter binario de las propuestas y un orden ideal que solo aparece en el discurso autoritario que abrazan sin mayor análisis. Si se analiza, se queda sin consistencia. Solo lo emocional produce resultados, mientras que lo racional pasa a un segundo o incluso tercer plano.

Según cuál sea el resultado de esta confrontación, el futuro de la humanidad será uno u otro, y es ahí donde entran de nuevo en juego la necesidad de comprensión y el trabajo intergeneracional conjunto; la recuperación de los principios básicos de la democracia, la integración; la defensa de una justicia independiente, de la verdad, de la memoria; pero también la seguridad material, la dignidad, el futuro previsible. Se trata de luchar juntos, de aportar los esfuerzos necesarios para conseguir trabajo digno y mayor redistribución de la riqueza, hacer más confiables y transparentes las instituciones, que el Estado sea eficaz y no excesivamente expansivo, que se garantice la igualdad real de posibilidades. Y actuar en conjunto contra fenómenos como la violencia de género, el racismo, la xenofobia y cualquier otro factor excluyente; lograr un equilibrio sostenible entre los derechos de la naturaleza como parte de los derechos humanos, modulando el aprovechamiento de los recursos naturales. Si se consigue implantar esta dinámica, estaremos en el camino de acabar con las principales amenazas a la democracia.

Por eso, si algunos niegan el cambio climático, debemos desenmascararlos y demostrarles que mienten; al igual que debemos identificar a los agentes de la desinformación y sacarlos de la ecuación de la credibilidad. Si pretenden manipularnos, debemos denunciar la manipulación; si se nos niega una justicia independiente, debemos exigirla. ¿Cómo? Cada cual con el esfuerzo que le corresponda; saliendo, si es necesario, a las calles para confrontar a los que quieren secuestrar nuestros derechos.

Hemos abandonado la calle durante demasiado tiempo y otros han cubierto el espacio. Debemos descubrir y neutralizar las mentiras. En el pasado lo hicimos; vencimos al fascismo y a la dictadura. Ahora toca reivindicar la verdad y la memoria sin ataduras ni falsedades; con rigor, con compromiso y fortaleza; y debemos hacerlo juntos, los de antes y los de ahora. Este es el ejemplo que debemos transmitir, el de la coherencia y la convicción. Si para ello tenemos que dejarnos la piel, lo haremos; debemos desenmascarar a los cobardes y lo haremos, porque nos va nuestro modo de vida en ello y porque no tenemos derecho a quedarnos indiferentes. El silencio no es una opción.

Cierto es que un número muy elevado de ciudadanos y ciudadanas está desconectado o jamás se ha conectado, porque se consideran fuera de esa dinámica clásica conservadora (entendida no en sentido político). Quienes estamos dentro no los entendemos. Pero ¿realmente es así? ¿Hemos abandonado definitivamente toda posibilidad de corregir el rumbo de los acontecimientos? Y de haberlo hecho, ¿quién va a recoger el testigo?

Los recortes de derechos en favor de la seguridad —aunque la inseguridad no sea real o, al menos, no lo sea con una envergadura que amerite aquel recorte, fruto del miedo a los desafíos que nos aguardan— no tienen justificación alguna, por cuanto su defensa siempre será más ventajosa que su quebranto.

Listado de amenazas

He tratado de identificar alguna de las amenazas más graves para la democracia y, si tuviera que elegir una, sería la desinformación. Es el vehículo a través del cual se desarrollan y entran en juego todas las demás, el que las dota de credibilidad y de urgencia en su adopción. Esto genera necesidades emocionales que ocultan la irracionalidad de las medidas que se proponen y hace que, a la vez, no se dedique el mínimo tiempo ni esfuerzo a profundizar en las mismas y a resolver los verdaderos problemas que acucian a la humanidad.

En este campo de la apariencia y la figuración están las «redes sociales» que se autoproclaman como algo definitivo, auténtico y transformador. Sin embargo, la realidad es muy distinta. La desinformación, el bulo y la mentira como mecanismos o agentes aceleradores para la destrucción de la democracia es algo que existe y que se expande exponencialmente. Esto es así gracias, en buena medida, al inestimable apoyo e inversión de las grandes corporaciones, que operan al servicio de un gran capital, y este funciona mejor en sistemas autoritarios que en aquellos sometidos a los controles y la regulación propios de un verdadero Estado de derecho. Estos son los peligros que acechan:

Los mercados que, sin esa regulación y responsabilidad, son meros instrumentos de la amenaza.

La batalla política y la vaciedad de los discursos confrontativos que, sin análisis de causas ni fórmulas de solución, son meros instrumentos de agitación.

Los discursos de odio, el racismo, el desprecio al diferente, la xenofobia.

Los ataques a la pluralidad y la diversidad.

La violencia machista y el desconocimiento de los derechos de la mujer, que queda convertida en mero objeto y objetivo de agresión.

Los conflictos culturales generados artificialmente o con claro interés de retroceso.

La negación de la memoria como elemento fundamental de consolidación de las democracias.

La involución de sistemas democráticos hacia sistemas autoritarios.

Las sanciones económicas, como nueva forma de coacción internacional.

La lucha de los aranceles y las crisis económicas.

La justicia sometida, parcializada y no independiente.

La justicia instrumentalizada y el lawfare para acabar con los líderes progresistas.

La reaparición del derecho penal del enemigo.

Los ataques a los derechos humanos: pobreza, cambio climático, desplazamientos forzados, hambrunas, desigualdades, migraciones, guerras, quebrantamiento del orden mundial, coacción y dominación, que son ejemplo del nuevo orden mundial, el nuevo fascismo o posfascismo.

Los nacionalismos excluyentes.

El narcisismo como forma de hacer política y ejercer el poder.

La falta de diálogo y de encuentro entre fuerzas ideológicamente dispares, que es un cáncer de los derechos y la estabilidad ciudadanos.

La apropiación del poder, la soberbia en el ejercicio del mismo y su control.

La falta de respeto al orden jurídico internacional.

El cuestionamiento de las leyes y principios del asilo y los derechos de los perseguidos.

Las agresiones entre Estados, la amenaza y la destrucción entre países y civilizaciones.

El resurgimiento de los genocidios como arma de dominación y la indiferencia frente a su comisión.

La falta de reacción frente a las amenazas o ataques a la democracia.

La conveniencia estratégica de la existencia de «Estados fallidos» para la explotación coactiva de sus recursos naturales, y como moneda de cambio contra agresiones armadas o, al contrario, para propiciarlas.

Las nuevas formas de esclavitud económica.

La categorización de personas en razón de su origen, sexo o religión.

La muerte de la ayuda humanitaria y el desprecio y la aniquilación de los más vulnerables.

El crimen organizado y la ausencia de límites para confrontar el poder y acabar con las amenazas mundiales.

Los ataques a las estructuras internacionales de justicia con el claro objetivo de acabar con la ONU. Es la muerte del derecho internacional.

Las coaliciones estratégicas a nivel internacional de extrema derecha representan uno de los mayores riesgos para la democracia. Con ellos llegan los nuevos modelos de populismo político: autoritarismo, exclusión del otro, instrumentalización del derecho y quebranto de los principios del derecho internacional.

Es preciso un nuevo modelo económico de capitalismo responsable y redistributivo frente al capitalismo salvaje que rige en la actualidad.

Sin coberturas mínimas para el pueblo, no puede hablarse de derechos humanos.

El antídoto a esta peligrosa deriva hay que buscarlo en un nuevo modelo de hacer política, partiendo de los modelos clásicos que funcionaron desde el ágora ateniense hasta la actualidad. Las enseñanzas de los filósofos acerca de la ética y la moral deben recuperar el rol protagónico que nunca debieron perder.

Frente a todo ello, debemos alzar la voz. Formar una gran coalición progresista. Solo nosotros y nosotras, ciudadanos y ciudadanas de toda condición, podemos frenar este avance del fascismo que quiere acabar con nuestra convivencia y con nuestras libertades.

Epílogo

Hoy, día 19 de abril de 2026, pongo punto final a esta obra titulada La democracia amenazada. Al principio pensaba que, mientras la escribía, no sucederían hechos relevantes que alterasen el curso de mis reflexiones. Pero está claro que la incertidumbre y los hechos traumáticos con los que comenzamos el siglo XXI y que han marcado cada uno de estos veinticinco años no van a ser los últimos. Ya en lo que llevamos de 2026 nos sorprenden a cada momento, hasta el punto de que casi los asimilamos, sin perturbarnos demasiado, como algo que debe acontecer a la vista de cómo está el mundo y de su desgobierno global.

Desde luego, no parece que la tranquilidad y el sosiego vayan a ser las características o la norma que rijan nuestra convivencia. Avanzamos de sobresalto en sobresalto. El siguiente hecho opaca al anterior y esto es aterrador, sobre todo si la indiferencia es la regla, como me temo. Incluso si los catalogamos en función del carácter político o ideológico de quien o quienes reciben el golpe. Si, políticamente, el agresor es amigo y el agredido es enemigo, nos parece perfecto; si es al contrario, criticamos y denostamos la acción de forma inmediata. Este planteamiento es netamente sectario y peligroso, porque detecta una radicalización autoritaria muy peligrosa y ubica a quien la hace en ese segmento posfascista que caracteriza la época actual cada vez con mayor presencia.

Por ejemplo, el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, y las invasiones del Líbano y de Irán —con el asesinato del líder supremo de ese país, Alí Jameneí y de autoridades varias, además de víctimas civiles, consideradas meros daños colaterales— son buenos para quienes consideran que Donald Trump y Benjamín Netanyahu representan los valores democráticos característicos de la sociedad occidental frente a quienes, según ellos, se oponen a los mismos.

Pero quienes defienden estos conceptos —y que, paradójicamente, aceptan que el medio para llevarlos a cabo es aniquilar el derecho internacional— no valoran el quebranto que esas acciones suponen para la propia convivencia, basada en consensos y acuerdos alcanzados a lo largo de décadas, que rigen y sostienen la comunidad internacional. Ni siquiera les preocupa que la historia demuestre que tales acciones no contribuyen, por lo general, a mejorar la vida de los pueblos afectados. Tenemos ejemplos recientes en lo que llevamos de siglo, como Afganistán, invadido en 2001 y ocupado militarmente hasta el 30 de agosto de 2021 para liberar al pueblo afgano de Al Qaeda y de los talibanes; ahora quienes gobiernan con saña en ese país son precisamente ellos, y con una fuerza criminal más intensa, especialmente contra las mujeres. Otro ejemplo es Irak, que aún sigue recuperándose de los estragos de una guerra artificial patrocinada y ejecutada por Estados Unidos con una causa falsa, con unas consecuencias nefastas —como la propagación del terrorismo islamista (yihadista) de la mano del Estado Islámico—, y extendidos sus efectos a Siria, que, así mismo, fue destruida. O Libia, donde, pretendiendo llevar la democracia, lo que se ha conseguido es que se convierta en guarida de organizaciones criminales, en tierra de terrorismo y, ahora, en cárcel para inmigrantes rechazados por Europa.

Por supuesto, hay más casos, como el de Gaza, donde el crimen de genocidio puede proclamarse con bastante aproximación. La acción sistemática del ejército israelí contra la población civil ha provocado una verdadera hecatombe humanitaria en un territorio destruido por la acción coordinada del ejército israelí y las armas suministradas a este por empresas occidentales.

En el caso de Irán, partiendo de la agresión ilegal de Estados Unidos e Israel y dentro de la escalada bélica de ataques y contraataques que hemos estado viviendo, y de crímenes de guerra evidentes, subyace otra amenaza. Me refiero a la reacción no solo de confrontación bélica de Irán, sino a algo más peligroso y extendido en el tiempo: la capacidad de Irán de ordenar y poner en marcha acciones terroristas contra Occidente, con poyo de organizaciones aliadas. Ya lo hemos vivido en Irak con la aparición del Estado Islámico y conocemos sus devastadores efectos. Donald Trump y Benjamín Netanyahu han abierto una caja de Pandora de consecuencias incalculables. Mientras que Ucrania sigue sufriendo la guerra declarada y sostenida por Rusia. A estos efectos, resulta significativa la dimisión del director del Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos, Joe Kent, en marzo de 2026. Expresó por escrito que su conciencia no concebía la guerra contra Irán y que no suponía una amenaza para Estados Unidos, y añadía: «Está claro que comenzamos esta guerra por la presión de Israel y de su poderoso lobby en Estados Unidos». Sobran las palabras.

El derecho, tal como lo he defendido en páginas anteriores, y por cuya supervivencia debemos seguir luchando, por ser la única posibilidad de estabilidad en el momento actual, ha pasado a ser una mera anécdota, o incluso un inconveniente perturbador que debe ser eliminado o solo utilizado según los intereses de los agresores. Esto implica la abolición de cualquier barrera jurídica que no coincida exactamente con la voluntad de quien pone en marcha estas agresiones, ya sea Rusia, Estados Unidos, Israel o cualquier otro país. Ese es el único límite. Tal postura constituye una visión totalitaria y autoritaria del uso de ese poder, que ya deja de ser democrático y se convierte en puro abuso, por cuanto supone la propia destrucción de la política; que, en todo caso, debe ser desarrollada en el marco de las normas que rigen la propia democracia. Pero, además, supone también una grave responsabilidad de quienes apoyan esta postura contradictoria de justificar el quebranto de la legalidad democrática para, supuestamente, acabar con regímenes antidemocráticos.

En términos políticos y diplomáticos más aceptados, existen en el mundo 195 países, de los que solo veinticinco son catalogados como democracias plenas, cuarenta y seis democracias defectuosas, treinta y seis regímenes híbridos y sesenta regímenes autoritarios. Es decir, setenta y un países podrían considerarse democracias en sentido amplio, lo que representa el 36 por ciento, mientras que del 64 por ciento restante (híbridos y autoritarios) el 31 por ciento serían estrictamente autoritarios. Y solo estos últimos integran casi la mitad de la población mundial (entre el 45 y el 50 por ciento). Pero si le añadimos el bloque de países híbridos, llegamos al 70 o 72 por ciento de la población mundial.¹

La cuestión es, entonces, que al aceptar este tipo de acciones ilegales y asumir la impunidad en aras de que determinados regímenes son no democráticos —y, por tanto, deben caer por la fuerza de las armas, a pesar de que no exista conflicto armado alguno—, asumimos que el derecho internacional es un instrumento fungible que se acomoda a las necesidades e intereses de quien lo quebranta. En especial, en aquellos casos, como los presentes, que nacen de acciones y ataques de países que tienen la fuerza suficiente para imponerse militar o económicamente a los demás. Por esa regla de tres, si no existe el límite del respeto al derecho, y sí —y solo— el marcado individualmente por el que ejerce la fuerza, un día podría extenderse esta acción de fuerza a cualquier otro ámbito y contra quienes se consideren diferentes o no acomodados a la idea que de la democracia sostenga al agresor.

Esta realidad, que hace apenas diez años nos parecía inverosímil, es cada vez más plausible ante la avalancha de acciones arbitrarias que constituyen una permanente agresión a las normas internacionales. Tanto es así que se puede decir que se están escribiendo unas reglas alternativas a las que hasta ahora sustentaban el equilibrio internacional. Pareciera que estamos en los albores de un periodo oscuro, como el que se denominó Guerra Fría, solo que, ahora, en vez de existir un «telón de acero» hay un muro móvil que se extiende a conveniencia de los Estados nucleares potentes. El miedo a una intervención militar, tan impensable hace poco, ahora puede ser una realidad inmediata.

Es cierto que existen países que no son democráticos y no respetan los derechos de su pueblo, pero el criterio selectivo para invadirlos no es exclusivamente este, sino más bien si el régimen de que se trate es aliado o enemigo del que ejerce la fuerza.

Como bien dice Enzo Traverso en su interesante obra Las nuevas caras de la derecha: «La amenaza totalitaria que se perfila en nuestros días nada tiene que ver con la renovación comunista o fascista, sino que radica más bien en una desaparición de la política debido a un proceso global de reificación del mundo: un mundo donde todas las relaciones sociales y humanas se tornan puramente mercantiles y donde el mercado modela nuestros comportamientos y nuestros deseos. El totalitarismo de hoy es un modelo social —diría, incluso, un modelo antropológico— en que nuestra mente y nuestro cuerpo se orientan conforme a una “conducta de vida” hecha de individualismo y competición», hasta el punto de que «nos convertimos en apéndices del mundo de la mercancía. Y no puedo definir eso de otra manera que como un universo totalitario».²

Es decir, desde el autoritarismo se ha decidido interpretar las normas en función de los propios intereses que convienen a quienes marcan los acontecimientos violentos o arbitrarios. Si esas normas cuestionan las acciones que propugnan, sencillamente se prescinde de ellas o se las retuerce ante la inercia indiferente de los demás Estados. Y estos se quedan, quién sabe si por acuerdos tácitos, en la simple condena e invocación al cumplimiento de las reglas internacionales, a sabiendas de que no se respetan y no se van a aplicar para sancionar al infractor.

En este sentido, vivimos en una época en la que es difícil analizar lo que acontece y su porqué, salvo que se analice en línea con aquellos intereses estratégicos que, a la vez, van cambiando en función de los criterios de quien ejerce el poder autoritario. Podría decirse que han desaparecido los fines altruistas por los que luchábamos y a cuya consecución aspirábamos como una obligación de ciudadanos y ciudadanas responsables, y que, al menos, nos servían para interpretar la realidad en el mundo y justificar nuestras acciones trascendentes. Ahora, vivimos en la época de los comunicados y los manifiestos, tanto oficiales como privados, y de la sociedad civil organizada.

A quienes formamos parte de esta, nos han robado la utopía. Nos han dejado ese escaso espacio para mostrar nuestra indignación frente a estas atrocidades, pero siempre que seamos lo suficientemente discretos y no molestemos, porque, si no, caerá sobre quienes discrepemos todo el peso de la ley. Me temo que esta intransigencia frente a la discordancia es una postura cada vez más extendida. Una postura de naturaleza posfascista que se ampara en un uso torticero de nuestros derechos por las derechas radicales, que, sin proclamar como lo hacían las antiguas ideologías fascistas los métodos violentos, al menos, de momento, buscan la misma finalidad de hacer que estalle el propio sistema democrático, así como los derechos y las obligaciones que lo integran y sustentan.

El «derecho al pataleo» es nuestro resorte para continuar en la lucha por aquello que creemos que es justo, y por un mantenimiento de la estructura internacional formada por reglas de derecho y de entendimiento multilateral. Creo que las instituciones democráticas y quienes las representan, salvo en muy contadas ocasiones, no van más allá, y no solo no se suman a iniciativas que podrían cambiar el curso de los acontecimientos, sino que incluso se oponen a ellas.

Esta es la indiferencia que debemos combatir. Es trascender de la mera parálisis o dormición para pasar a una participación activa y exigente con esas mismas instituciones. Es combatir en la calle, si es preciso; hacerlo en los tribunales, exigiendo a la justicia su compromiso posibilista (al menos) en este objetivo. Es decir, una interpretación de las normas de derecho que nos protejan en sentido proactivo, abandonando la visión conservadora de unas reglas pensadas para unos tiempos ya pasados y optar por otras o por una interpretación fortalecedora de nuestros derechos, que debe ir pareja a la importancia de las vulneraciones que se producen. Todas ellas nos afectan y nuestro compromiso debe aumentar momento a momento, porque en los tiempos de incertidumbre en los que vivimos permanecer pasivos es una sentencia de muerte de nuestra esperanza como civilización.

Es necesario que prestemos suma atención a los movimientos posfascistas que, cada día con mayor intensidad, fijan su atención y ponen sus garras sobre la clase trabajadora y las clases populares, aparentando ser sus defensores y haciendo ver que luchan por sus derechos, cuando resulta evidente que ese interés es meramente coyuntural y transitorio hasta que alcancen el objetivo final: conseguir el poder.

Estas tendencias o movimientos, algunos ya convertidos en partidos políticos, promueven la exaltación del hipernacionalismo, el interés estrictamente personal, la defensa de la soberanía nacional y la tranquilidad territorial perturbada por elementos externos, que tan solo aportan inseguridad y diferencias identitarias y que son un riesgo para los nacionales. El compromiso universal con los oprimidos y los vulnerables ha pasado de moda. Cuando se experimenta, dura poco tiempo, y queda reducido a manifestaciones simbólicas o a gestos específicos de fin de semana; además, no conduce a ningún sitio.

Como pone de manifiesto el mismo Traverso: «Padecemos la dolorosa carencia de un horizonte de expectativa, un horizonte que no puede crearse artificialmente». Si esto es así, tenemos la obligación de revertir esa certeza y convertirla en una motivación que nos impulse a definir ese horizonte en el marco de convivencia democrática que nos rige, pero con un impulso motivador y nuevo.

Los acontecimientos atroces que estamos viviendo este siglo, como los ataques terroristas —contra las Torres Gemelas de Nueva York, que continuaron en diferentes ciudades del mundo con acciones de la misma índole, como los ataques del 11 de marzo de 2004 en Madrid—, la crisis económica de 2008, las políticas austericidas, los conflictos bélicos internos e internacionales, la confrontación y degradación de la convivencia política en nuestras sociedades, agravada por los conflictos étnicos y raciales, el cambio climático y el quebranto de los derechos de la madre naturaleza, tan denostados y minusvalorados..., nos han llevado a un punto de no retorno. Así lo he querido reflejar en el título y en los temas más esenciales para una convivencia que el fascismo, siempre, entonces y ahora, disfrazado de autoritarismo posfascista, ha pretendido y pretende destruir, sometiéndonos a su dictadura a quienes solo buscamos el equilibrio necesario para fortalecer unas instituciones y un orden jurídico que están siendo cuestionados y atacados de forma indiscriminada y arbitraria.

Este libro no es un libro introspectivo, aunque contiene múltiples reflexiones y análisis íntimos, sino un libro de combate, de denuncia y advertencia a los indiferentes o simplemente a quienes piensan que esto no va con ellos. Porque, efectivamente, la democracia está amenazada, y si no hacemos nada se nos derrumbará como un castillo de naipes. La realidad descarnada nos obliga, sin alternativa, a la acción y a confrontar a quienes proclaman las teorías negacionistas y quebrantan los principios internacionales que nos rigen y las normas que nos gobiernan. Lo debemos hacer con una visión progresista, pedagógica, pacífica y sistemática en favor de la paz y de la defensa de los derechos humanos, frontera infranqueable frente a las tendencias fascistas, autoritarias o posfascistas.

Es difícil, en este contexto, calcular lo que va a acontecer en nuestras vidas, tanto a nivel político como social y económico, en el futuro inmediato. Por ello, debemos prepararnos para lo que está por venir y hacerlo bien pertrechados con las armas de la legalidad y la defensa del Estado de derecho. Este es el único camino que, entiendo, nos puede salvar de la destrucción, como comunidad internacional basada en la dignidad de las personas y en los derechos y responsabilidades que nos obligan como civilización.

Colofón del presidente Lula

Recuerdo con cariño y gratitud la visita que recibí de Baltasar Garzón en 2016, cuando me encontraba en prisión sin ninguna prueba de haber cometido delito alguno.

Garzón participó activamente en la movilización internacional por mi libertad. Denunció el golpe de Estado que se estaba gestando para impedir mi candidatura a la presidencia en 2018 que, finalmente, llevó a la ultraderecha al poder en Brasil.

Este libro es una importante advertencia sobre lo que hemos denunciado en varias ocasiones: el auge de la extrema derecha global y lo que ello significa para el mundo en que vivimos.

Lo que significa es más hambre y desigualdad social, violaciones de los derechos humanos, represión violenta de inmigrantes y otras minorías, persecución de líderes progresistas mediante el lawfare e, incluso, negación del cambio climático, poniendo en peligro la supervivencia del planeta.

Quizá la mayor amenaza para la democracia sea la brutal concentración de la riqueza. En tan solo una década, la fortuna del uno por ciento más rico del planeta aumentó en 33,9 billones de dólares. Mientras tanto, 3 700 millones de personas sobreviven con menos de 8,30 dólares al día.

La conclusión de un informe publicado recientemente por Oxfam Intermón es asombrosa: la fortuna que los multimillonarios han acumulado en diez años sería suficiente para acabar con la pobreza en el mundo veintidós veces.

Sin embargo, está ocurriendo exactamente lo contrario: mientras ellos acumulan más riqueza, mansiones, yates y aviones, cada vez más personas en todo el globo se ven empujadas a la pobreza y el hambre.

Pero la concentración de riqueza es también concentración de poder, en manos de esta élite global que se sitúa por encima de los Estados nación y los tratados internacionales. Una grave amenaza no solo para la democracia, sino también para la soberanía de las naciones, la paz mundial y la esencia misma de la humanidad.

El genocidio en Gaza, el ataque a Irán, la invasión de Ucrania, la imposición de medidas aún más crueles contra la población cubana, la invasión de Venezuela y el secuestro de su presidente son algunos ejemplos recientes del daño causado por la concentración de poder.

Con el pretexto de instaurar la democracia, las grandes potencias, lideradas por la ultraderecha, siembran el caos. Bombardean infraestructuras, estrangulan economías y se apropian de recursos naturales. Dejan naciones en ruinas para luego acumular más riqueza mediante contratos de reconstrucción de lo que destruyeron.

Las guerras y los bloqueos económicos afectan principalmente a lo que se denomina «el daño colateral»: la población civil, especialmente las mujeres y los niños. Estos se convierten en víctimas de la escasez de alimentos y de medicinas, y se ven privados del acceso a servicios públicos esenciales.

Es necesario considerar otra grave amenaza para la democracia. A pesar de los diversos beneficios que las tecnologías digitales generan para la sociedad, el poder ilimitado de las grandes empresas tecnológicas amenaza con convertir internet en un territorio sin ley. O en un territorio con una sola ley: los intereses de los directores ejecutivos y los accionistas, quienes, no por casualidad, se encuentran entre los multimillonarios más ricos del mundo.

Muchas plataformas digitales apoyan a la extrema derecha y, a su vez, reciben su apoyo. Ignoran la legislación y recurren a todo tipo de artimañas para impedir cualquier intento de regulación.

Bajo el falso pretexto de «la libertad de expresión», amplifican el discurso de odio de la extrema derecha y crean un ecosistema propicio para la difusión de desinformación y noticias falsas.

El riesgo se agrava aún más con el uso indiscriminado de la inteligencia artificial. El contenido falso generado por la IA tiene el potencial de manipular la opinión pública y contaminar los procesos electorales.

En otras palabras, los desafíos son enormes. Pero no pueden ser mayores que nuestra fuerza de voluntad y espíritu de lucha. No podemos rendirnos ante este sistema que antepone el beneficio ilimitado al bienestar de la humanidad y la supervivencia misma del planeta.

Necesitamos renovar la gobernanza global y fortalecer el multilateralismo. Debemos aunar esfuerzos en torno a causas justas, como la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, una iniciativa presentada por el Gobierno brasileño que ya cuenta con el apoyo de más de doscientos países y organizaciones internacionales.

Somos muchos y no estamos solos. Mientras la élite mundial construye fortalezas subterráneas y lanza cohetes al espacio en un intento por sobrevivir al colapso del planeta que ellos mismos están creando, nosotros seguimos trabajando para construir un mundo mejor, más desarrollado, más solidario y menos desigual.

Luiz Inácio Lula da Silva

Agradecimientos

No puedo concluir esta obra sin mencionar, en el apartado de agradecimientos, a mi mujer, Dolores Delgado, a quien dedico este libro. Sin su comprensión y paciencia en aguantar demasiadas tardes y noches de insomnio; sin su tiempo en tantas conversaciones mantenidas, tantos debates y algunas discusiones sobre puntos de vista nunca divergentes sino complementarios, no habría sido posible concluirlo.

Agradezco de todo corazón al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sus palabras para este libro, así como su coraje y empeño para mantener la democracia y la libertad en su país y en el continente. Lula es un faro que nos guía.

También agradezco sus aportaciones a mi amigo y admirado Raúl Zaffaroni, que siempre será maestro para mí en la interpretación del derecho y en esa visión progresista e incluso revolucionaria del mismo, tan necesaria en este tiempo en el mundo.

Agradezco sinceramente a mi también admirado Matías Bailone, jurista comprometido, compañero de luchas comunes y humanista de primera categoría, por su aporte en el capítulo del lawfare y por su lectura del texto que ahora ve la luz.

A Silvina Romano, que, así mismo, me ha aportado su visión compartida sobre el mismo tema del lawfare y el peligro que entraña para la democracia.

A Alessia Schiavon, directora de la FIBGAR, por su ayuda y su revisión del texto.

A la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), cuyos textos me han ayudado sobremanera.

Finalmente, a mi buena amiga y periodista Aurora Moya, por sus aportes y su colaboración en la selección de noticias que siempre me han facilitado la confección de los textos.

A mi editora, Ángeles Aguilera, por su insistencia y comprensión en los plazos de entrega y por su excelente trabajo de edición.

Bibliografía

Introito

García de Blas, Elsa, «Aznar asegura junto a Feijóo que Sánchez es “un peligro para la democracia”, e insta a “actuar”», El País, 2 de noviembre de 2023. En línea en: <https://elpais.com/espana/2023-11-02/aznar-asegura-junto-a-feijoo-que-sanchez-es-un-peligro-para-la-democracia-e-insta-a-actuar.html>.

Traverso, Enzo, Las nuevas caras de la derecha, Siglo XXI Editores, 2021.

Capítulo 1

«Country Chapter on the rule of law situation in Spain», en 2022 Rule of Law Report, Comisión Europea, 13 de julio de 2022. En línea en: <https://commission.europa.eu/publications/2022-rule-law-report-communication-and-country-chapters_en?prefLang=es&etrans=es>.

Felipe, León, «Pero ya no hay locos», en León Felipe por él mismo: antología poética, en Biblioteca Nacional de España, 1967.

Garzón, Baltasar, «Juntos lo haremos», infoLibre, 1 de enero de 2026. En línea en: <https://www.infolibre.es/opinion/ideas-propias/haremos_129_2120213.html>.

Ortiz, Alberto, «El tortuoso mandato de Dolores Delgado como fiscal general», elDiario.es, 19 de julio de 2022. En línea en: <https://www.eldiario.es/politica/tortuoso-mandato-dolores-delgado-fiscal-general_1_9184374.html>.

Pleno. Sentencia 6/2026, de 15 de enero de 2026. Recurso de amparo 7432-2023. BOE núm. 40, de 14 de febrero de 2026, páginas 23961 a 23995. En línea en: <https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2026-3480>.

Zweig, Stefan, Castellio contra Calvino, Acantilado, Barcelona, 2012.

Capítulo 2

Garzón Molina, María, «A los que hoy brindarán con champán», El País, 12 de febrero de 2012.

Rawls, John, Teoría de la justicia, Fondo de Cultura Económica, Madrid, (1999) 2022.

Senado de España, «Comparecencia de la Fiscal General del Estado, Dña. Dolores Delgado García, ante la Comisión de Justicia», en Comisión de Justicia. Sesión número 17», 18 de noviembre de 2021. En línea en: <https://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/video/index.html?lang=es_ES&s=14_S011008_040_01>.

Tribunal Constitucional de España, Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el diputado Alberto Rodríguez, en «SENTENCIA 18/2024», 31 de enero de 2024. En línea en: <https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/30077>.

Capítulo 3

Altozano, Manuel, «Disciplina, formación y ética: lo que el CGPJ sí puede hacer para frenar los excesos de los jueces», infoLibre, 11 de enero de 2025. En línea en: <https://www.infolibre.es/politica/disciplina-formacion-etica-cgpj-si-frenar-excesos-jueces_1_1926178.html>.

—, «Nueve jueces de la asociación conservadora frente a cinco de la progresista: el reparto de plazas en el TS», infoLibre, 30 enero de 2025. En línea en: <https://www.infolibre.es/politica/nueve-magistrados-apm-frente-cinco-jjpd-copa-asociacion-derechas-supremo_1_1937188.html>.

ARA, «La trama rusa como ejemplo de “lawfare”», 17 de diciembre de 2024. En línea en: <https://es.ara.cat/editorial/trama-rusa-ejemplo-lawfare_129_5233775.html>.

Arias Barona, Christian, «Intento de golpe y lawfare avanzado en Colombia», Observatorio Lawfare, 10 de julio de 2025. En línea en: <https://www.oblawfare.org/post/intento-de-golpe-y-lawfare-avanzado-en-colombia>.

Borón, Atilio, Estado, capitalismo y democracia en América Latina, Hiru Argitaletxea, España, 2008.

Cabo Martín, Carlos de, «El sujeto y sus derechos», Teoría y Realidad Constitucional, (7), 117-136. En línea en: <https://doi.org/10.5944/trc.7.2001.6531>.

El País, «El Supremo absuelve al presidente de Ausbanc y al director de Manos Limpias de extorsión y estafa», 15 de marzo de 2024. En línea en: <https://elpais.com/economia/2024-03-15/el-supremo-absuelve-al-presidente-de-ausbanc-y-al-director-de-manos-limpias-de-extorsion-y-estafa.html>.

Elordi, Carlos, «Solo los jueces pueden acabar con el gobierno», elDiario.es, 7 de noviembre de 2025. En línea en: <https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/jueces-acabar-gobierno_129_12748030.html>.

Estefanía, Joaquín, «La debilidad de la democracia», El País, 20 de junio de 2014. En línea en: <https://elpais.com/elpais/2014/06/18/opinion/1403083009_518570.html>.

Ferrajoli, Luigi, Garantismo. Una discusión sobre derecho y democracia, Trotta, Madrid, 2009.

Garzón, Baltasar, «Interpretación, independencia judicial y lawfare. El papel de la derecha en la defensa de la democracia», Foreign Affairs Latinoamérica, vol. (21)3:23-32, 2021.

—, Ricobom, Gisele; Romano, Silvina, «Objetivo: Cristina. El lawfare contra la democracia en Argentina», ELAG, Grupo de Puebla, CELAG, Buenos Aires, 2023.

Gómez Vega, Renzo, «El nuevo presidente de Perú irá a juicio acusado de robo a los fondos de su Colegio de Abogados», El País, 21 de febrero de 2026. En línea en: <https://elpais.com/america/2026-02-21/el-nuevo-presidente-del-peru-ira-a-juicio-acusado-de-robo-a-los-fondos-de-su-colegio-de-abogados.html>.

Hernández Enríquez, Virgilio; Romano, Silvina; Maisonnave, Marcelo, «Lawfare en Ecuador: guerra contra la democracia y el derecho», Observatorio Lawfare, Ruta Kritika, 2024.

Herrera, Elena, «Los jueces convocan manifestaciones ante los tribunales contra la ley de amnistía y el acuerdo de PSOE y Junts», elDiario.es, 14 de noviembre de 2023. En línea en: <https://www.eldiario.es/politica/jueces-convocan-manifestaciones-tribunales-ley-amnistia-acuerdo-psoe-junts_1_10683138.html>.

infoLibre, «La justicia archiva la supuesta trama rusa del procés», 17 de diciembre de 2024. En línea en: <https://www.infolibre.es/politica/justicia-archiva-causa-supuesta-trama-rusa-proces-apunta-puigdemont_1_1916858.html>.

Jiménez Villarejo, Carlos; Doñate Martín, Antonio, Jueces, pero parciales. La pervivencia del franquismo en el poder judicial, Pasado & Presente, Barcelona, 2023.

Lastiri, Diana, «Habla el jurista Luigi Ferrajoli: El Poder Judicial debe ser independiente de la política», Proceso, 16 de abril de 2023. En línea en: <https://www.proceso.com.mx/reportajes/2023/4/16/habla-el-jurista-luigi-ferrajoli-el-poder-judicial-debe-ser-independiente-de-la-politica-305430.html>.

Leonardo Croxatto, Guido; Zaffaroni, Eugenio Raúl, «El derecho político», Nodal, 5 de junio de 2025. En línea en: <https://www.nodal.am/2025/06/el-derecho-politico-por-guido-leonardo-croxatto-y-eugenio-raul-zaffaroni/>.

Library of Congress, «United States v. Zolin», 491 U.S. 554 572, 1989. En línea en: <https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/usrep/usrep491/usrep491554/usrep491554.pdf>.

Maisonnave, Marcelo, «Lawfare vs. Pedro Castillo en Perú», Observatorio Lawfare, 27 de agosto de 2025. En línea en: <https://www.oblawfare.org/post/lawfare-vs-pedro-castillo-en-per%C3%BA>.

Montesquieu, «L’Esprit des Lois et la querelle de l’esprit des lois, 1748-1750», en Oeuvres complètes, Seuil, París, 1964. [Hay edición en español: Del espíritu de las leyes, Alianza Editorial, Madrid, 2015].

Muñoz Conde, Francisco, Edmund Mezger y el derecho penal de su tiempo, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2003.

Observatorio Lawfare, «Bolivia en año electoral: continúa el lawfare contra Evo Morales», 20 de febrero de 2025. En línea en: <https://www.oblawfare.org/post/bolivia-en-a%C3%B1o-electoral-contin%C3%BAa-el-lawfare-contra-evo-morales>.

—, «Lawfare internacional contra Nicolás Maduro y Venezuela», 8 de enero de 2026. En línea en: <https://www.oblawfare.org/post/lawfare-internacional-contra-nicol%C3%A1s-maduro-y-venezuela>.

Parada, Indhriana, ¿Y si las sanciones matan?, Venezuela, guerra híbrida y sanciones internacionales, Vadell, Caracas, 2025.

Pérez Royo, Javier, La reforma constitucional inviable, Catarata, Madrid, 2015.

Romano, Silvina M., «Lawfare: la guerra por otros medios», Buenos Aires: CLACSO-Universidad Nacional de Quilmes, 2025.

Romano, Silvina M.; Lajtman, Tamara; García Fernández; Maisonnave, Marcelo, «Manual del lawfare (desde la periferia)», Observatorio Lawfare-Batalla de Ideas-Instituto Tricontinental de Investigación Social, Buenos Aires, 2025.

Souza Santos, Boaventura de; Avritzer, Leonardo, «Para ampliar o canone democratico», en Democratizar a Democracia: os caminhos da democracia participativa, Civilização Brasileira, Río de Janeiro, 2002.

Urrea, Mariola, «La selección de jueces sí admite debate», El País, 17 de julio de 2024. En línea en: <https://elpais.com/opinion/2024-07-15/la-seleccion-de-jueces-si-admite-debate.html>.

Vera, Sonia, «Persecución, secuestro y tortura del ex Vicepresidente del Ecuador: el caso de Jorge David Glas Espinel», en Hernández Enríquez, Virgilio; Romano, Silvina; Maisonnave, Marcelo, «Lawfare en Ecuador: guerra contra la democracia y el derecho», Observatorio Lawfare, op. cit., pp. 129-144.

Vollenweider, Camila; Romano, Silvina, «Lawfare o la guerra judicial en Argentina y Brasil», Celad, 16 de marzo de 2017. En línea en: <https://www.celag.org/lawfare-o-la-guerra-judicial-en-argentina-y-brasil/>.

Zaffaroni, Eugenio Raúl, Estructuras Judiciales, EDIAR, Buenos Aires, 1994.

—, Doctrina penal nazi. La dogmática penal alemana entre 1933 y 1945, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2018.

—, «La cuestión judicial argentina: apuntes para su discusión», en revista Estado y Políticas Públicas, Nº 18, Año X, mayo-septiembre de 2022, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

—, «¿Para qué sirve el derecho?», La Tecla Eñe, 2024. En línea en: <https://lateclaenerevista.com/para-que-sirve-el-derecho-por-e-raul-zaffaroni/>.

—, «El caso Soborno: un ejemplo ecuatoriano de lawfare», en Hernández Enriquez, Virgilio; Romano, Silvina; Maisonnave, Marcelo, «Lawfare en Ecuador: guerra contra la democracia y el derecho», op. cit., pp. 69-92.

Capítulo 4

Camus, Albert, El mito de Sísifo (1942), Debolsillo, Barcelona, 2021.

Centro de Investigaciones Sociológicas, «Barómetro de octubre 2025», octubre de 2025. En línea en: <https://www.cis.es/es/estudios/barometro-de-octubre-2025?chartType=bar&cuestionario=18002&muestra=26360&pregunta=656933&variable=1091008>.

Derrida, Jacques, Espectros de Marx, Trotta, Madrid, 2012.

Dewey, John, Democracy and Education, Macmilan Publishing, Nueva York, 1916.

Donaire, Ginés, «El alcalde de Vox que editó un calendario de Franco: “No terminan de asumir que perdieron una guerra”», El País, 10 de noviembre de 2025. En línea en: <https://elpais.com/espana/andalucia/2025-11-10/el-alcalde-de-vox-que-edito-un-calendario-de-franco-no-terminan-de-asumir-que-perdieron-una-guerra.html>.

Elordi, Carlos, «Solo los jueces pueden acabar con el Gobierno», elDiario.es, 7 de noviembre de 2025. En línea en: <https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/jueces-acabar-gobierno_129_12748030.html>.

Garzón, Baltasar; Bailone, Matías, «La hoguera infinita (historia de un odio visceral)», infoLibre, 18 de junio de 2025. En línea en: <https://www.infolibre.es/opinion/ideas-propias/hoguera-infinita-historia-odio-visceral_129_2014323.html>.

González, Miguel, «Lo que queda del franquismo en la legislación española», El País, 22 de noviembre de 2025. En línea en: <https://elpais.com/espana/2025-11-22/lo-que-queda-del-franquismo-en-la-legislacion-espanola.html>.

INJUVE, «Estrategia de juventud 2030», 22 de noviembre de 2022. En línea en: <https://www.injuve.es/conocenos/ediciones-injuve/estrategia-de-juventud-2030>.

Instituto Nacional de Estadística, «Principales series de población desde 1998». En línea en: <https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t20/e245/p08/l0/&file=02002.px&L=0>.

Lasaga, Andrés, «Primer paso para la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Baleares», ABC, 21 de octubre de 2025. En línea en: <https://www.abc.es/espana/baleares/primer-paso-derogacion-ley-memoria-democratica-baleares-20251021163736-nt.html>.

Naciones Unidas, Oficina de Derechos Humanos, «Discurso pronunciado por Völker Türk, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos», 24 de enero de 2023. En línea en: <https://www.hchr.org.co/wp/wp-content/uploads/2023/01/Discurso-pronunciado-por-Volker-Turk-conmemoracion-75-anos-DUDH.pdf>.

—, Oficina para la juventud, «Juventud 2030», septiembre de 2028. En línea en: <https://www.un.org/youthaffairs/es/youth2030/about>.

—, «Youth», en Global Issues. En línea en: <https://www.un.org/en/global-issues/youth>.

Parlamento Europeo, «Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de septiembre de 2019, sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa». En línea en: <https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0021_ES.html>.

Regueira, Susana, «“Ya vale de señalar a Franco como un criminal de guerra o un santo”», Faro de Vigo, 28 de octubre de 2025. En línea en: <https://www.farodevigo.es/pontevedra/2025/10/28/julian-casanova-historiador-ya-vale-de-senalar-a-franco-como-un-criminal-de-guerra-o-un-santo-123080006.html>.

Serna, Pablo de la, «Del brazo en alto al meme: la ultraderecha maquilla el franquismo en redes para atraer a los jóvenes», infoLibre, 14 de noviembre de 2025. En línea en: <https://www.infolibre.es/politica/saludo-fascista-meme-viral-ultras-tratan-maquillar-franquismo-redes-atraer-jovenes_1_2097162.html>.

—, «El derecho de reunión y lagunas en la ley de memoria facilitan que la Justicia permita marchas de Falange», infoLibre, 24 de noviembre de 2025. En línea en: <https://www.infolibre.es/politica/grietas-ley-memoria-blindaje-derecho-reunion-vuelven-salvar-falange-tribunales_1_2103193.html#google_vignette>.

Capítulo 5

Boletín Oficial del Estado, «Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción», 21 de febrero de 2023. En línea en: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-4513>.

Centre for Civil and Political Rights, «Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de España», 18 de julio de 2025. En línea en: <https://ccprcentre.org/files/media/CCPR_C_ESP_CO_7_63781_S_(2).pdf>.

Comisión Europea, «Citizens’ attitudes towards corruption in the EU in 2025», julio de 2025. En línea en: <https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/3361>.

—, Dirección General de Justicia y Consumidores, «2025 Rule of law report - Communication and country chapters», 8 de julio de 2025. En línea en: <https://commission.europa.eu/publications/2025-rule-law-report-communication-and-country-chapters_en>.

Consejo de Europa, «Fifth evaluation round. Addendum to the second compliance report. Spain», 1 de agosto de 2025. En línea en: <https://rm.coe.int/grecorc5-2025-17-final-eng-add-to-2nd-compliance-report-spain-public/1680b6ce89>.

Cortes Generales, «Proyecto de Ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés», en Boletín Oficial de las Cortes Generales, serie A, núm. 46-1, 7 de febrero de 2025. En línea en: <https://www.congreso.es/public_oficiales/L15/CONG/BOCG/A/BOCG-15-A-46-1.PDF>.

Diario de la Unión Europea, «Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión», 26 de noviembre de 2019. En línea en: <https://www.boe.es/doue/2019/305/L00017-00056.pdf>.

Federal Election Commission, «Speechnow.org v. FEC», No. 08-5223 (D.C. Cir. 2010). En línea en: <https://www.fec.gov/legal-resources/court-cases/speechnoworg-v-fec/>.

Garzón, Baltasar, El fango, Debate, Barcelona, 2015.

—, «Corrupción», infoLibre, 25 de julio de 2025. En línea en: <https://www.infolibre.es/opinion/ideas-propias/corrupcion_129_2037084.html>.

La Moncloa, «Aprobado el anteproyecto de ley orgánica de integridad pública», en Referencia Consejo de Ministros, 17 de febrero de 2026. En línea en: <https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2026/20260217-referencia-rueda-de-prensa-ministros.aspx#publica>.

Landín, Eva, «¿Qué está pasando con la Agencia Valenciana Antifraude?», El Plural, 6 de julio de 2025. En línea en: <https://www.elplural.com/autonomias/comunidad-valenciana/que-esta-pasando-agencia-valenciana-antifraude_355717102>.

Library of Congress, «Citizens United v. Federal Election Commission», 558 U.S. 310, 2010. En línea en: <https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/usrep/usrep558/usrep558310/usrep558310.pdf>.

Maquiavelo, Nicolás, Discursos sobre la primera década de Tito Livio, (1520), Alianza Editorial, Madrid, 2015.

Nietzsche, Friedrich, La genealogía de la moral (1887), Alianza Editorial, Madrid, 2011.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), «Perspectivas de anticorrupción e integridad 2024», 16 de mayo de 2024. En línea en: <https://www.oecd.org/es/publications/perspectivas-de-anticorrupcion-e-integridad-2024_d1153060-es.html>.

Parlamento Europeo, «Agreement reached on the first EU-wide criminal law rules against corruption», 2 de diciembre de 2025. En línea en: <https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20251201IPR31697/agreement-reached-on-the-first-eu-wide-criminal-law-rules-against-corruption>.

Robert, Dennis, La justicia o el caos, Muchnik Editores, Barcelona, 1996.

Schiavon, Alessia, «Demandas estratégicas contra la participación pública: el SLAPP en España», Fibgar, Blog, 7 de abril de 2022. En línea en: <https://fibgar.es/demandas-estrategicas-contra-la-participacion-publica-el-slapp-en-espana/>.

The White House, «Executive Order 13490, “Ethics Commitments by Executive Branch Personnel”», 21 de enero de 2009. En línea en: <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/ethics-commitments-executive-branch-personnel>.

Transparency International, «CPI 2024 for Western Europe & EU: Leaders’ hollow efforts cause worsening corruption levels», 11 de febrero de 2025. En línea en: <https://www.transparency.org/en/news/cpi-2024-western-europe-eu-leaders-hollow-efforts-cause-worsening-corruption-levels>.

—, «Índice de Percepción de la Corrupción 2025», 10 de febrero de 2026. En línea en: <https://transparencia.org.es/actualidad/indice-de-percepcion-de-la-corrupcion-2025/>.

Vicepresidencia Primera del Gobierno, Ministerio de Hacienda, «Consulta pública previa del anteproyecto de ley orgánica de implementación del plan estatal de lucha contra la corrupción», 10 de septiembre de 2025. En línea en: <https://www.hacienda.gob.es/SGT/NormativaDoctrina/Proyectos/09092025-APLO-lucha-contra-corrupcion.pdf>.

World Bank Group, «Control of Corruption: Estimate – Spain. 1996-2023», consultado el 4 de marzo de 2026. En línea en: <https://data.worldbank.org/indicator/CC.EST?locations=ES>.

Zweig, Stefan, El mundo de ayer, Acantilado, Barcelona, 2011.

Capítulo 6

Arendt, Hannah, Los orígenes del totalitarismo (1951), Taurus, Madrid, 2006.

Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), «Global Trends: Forced Displacement in 2024», 12 de junio de 2025. En línea en: <https://www.unhcr.org/sites/default/files/2025-06/global-trends-report-2024.pdf>.

Carreño, Ángel, «Abascal endurece más el discurso en inmigración de Vox: “Ni legales ni ilegales”», El independiente, 14 de octubre de 2025. En línea en: <https://www.elindependiente.com/espana/2025/10/14/feijoo-reivindica-su-plan-migratorio-para-poner-orden-ni-el-inmovilismo-del-gobierno-ni-criminalizar-al-extranjero-como-vox/>.

Domínguez, Íñigo, «Meloni sigue pagando a Libia por hacer el trabajo sucio contra la inmigración», El País, 9 de noviembre de 2025. En línea en: <https://elpais.com/internacional/2025-11-09/meloni-sigue-pagando-a-libia-por-hacer-el-trabajo-sucio-contra-la-inmigracion.html>.

—, «Meloni reactiva las deportaciones de migrantes a Albania y la posibilidad de bloquear barcos de rescate», El País, 11 de febrero de 2026. En línea en: <https://elpais.com/internacional/2026-02-11/meloni-reactiva-las-deportaciones-de-migrantes-a-albania-y-la-posibilidad-de-bloquear-buques-de-rescate.html>.

Frontex, «Annual Brief 2025», 20 de enero de 2026. En línea en: <https://www.frontex.europa.eu/publications/annual-brief-2025-SUXfEJ>.

Fundación de Cajas de Ahorros (FUNCAS), <https://www.funcas.es/prensa/el-numero-de-inmigrantes-en-situacion-irregular-en-espana-aumenta-de-107-000-en-2017-a-840-000-en-2025-2/>, 26 de enero de 2026. En línea en: <https://www.funcas.es/prensa/el-numero-de-inmigrantes-en-situacion-irregular-en-espana-aumenta-de-107-000-en-2017-a-840-000-en-2025-2/>.

García Bueno, Jesús, «El líder de Deport Them Now trabajó en un centro de menores en Cataluña», El País, 4 de septiembre de 2025. En línea en: <https://elpais.com/espana/catalunya/2025-09-04/el-lider-de-deport-them-now-trabajo-en-un-centro-de-menores-en-cataluna.html>.

Habermas, Jürgen, «La inclusión del otro. Estudios de teoría política», Paidós, Barcelona, 1996.

Instituto Nacional de Estadística (INE), «Encuesta de condiciones de vida (ECV). Año 2025. Resultados definitivos», 5 de febrero de 2026. En línea en: <https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176807&menu=ultiDatos&idp=1254735976608>.

La Moncloa, «Discurso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Universidad de Columbia, con motivo del Foro de Líderes Mundiales», 22 de septiembre de 2025. En línea en: <https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/intervenciones/paginas/2025/20250922-discurso-pg-universidad-columbia-foro-lid.aspx>.

Leal, Nicholas Dale; San Juan Flores, Patricia, «Más deportaciones, pero muy lejos de “la mayor de la historia”: nueve meses de cruzada migratoria de Trump en gráficos», El País, 20 de septiembre de 2025. En línea en: <https://elpais.com/us/migracion/2025-09-20/mas-deportaciones-pero-muy-lejos-de-la-mayor-de-la-historia-nueve-meses-de-cruzada-migratoria-de-trump-en-graficos.html>.

Merino, Álvaro, «Deportaciones masivas en Estados Unidos: el récord lo tiene Obama, no Trump», El Orden Mundial, 20 de enero de 2025. En línea en: <https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/deportaciones-estados-unidos/>.

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, «Boletín mensual de monitorización del discurso de odio en redes sociales», enero de 2025. En línea en: <https://www.inclusion.gob.es/documents/3976301/6371749/Boletin+mensual+ENERO+2025+%281%29.pdf/340d4c46-eef7-f60b-ee58-a3db133b0415?t=1747457568821>.

—, «Boletín extraordinario de monitorización del discurso de odio en redes sociales: suceso Torre Pacheco (Murcia)», 24 de julio de 2025. En línea en: <https://www.inclusion.gob.es/documents/20121/0/Bolet%C3%ADn+Suceso+Torre-Pacheco_24-07-25.pdf/6a26ddad-16dd-e918-9e18-9f1db77f9b3c?t=1753335131985>.

—, Consejo Económico y Social de España, «Informe. La realidad migratoria en España: prioridades para las políticas públicas», diciembre de 2025. En línea en: <https://www.ces.es/documents/10180/5382476/INF_012025.pdf>.

Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, «Report of the Independent Fact-Finding Mission on Libya», 20 de marzo de 2023. En línea en: <https://digitallibrary.un.org/record/4014336?v=pdf>.

—, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Población, «International Migrant Stock 2024», octubre de 2024. En línea en: <https://www.un.org/development/desa/pd/content/international-migrant-stock>.

Nussbaum, Martha C., El cultivo de la humanidad, Paidós, Barcelona, 2005.

—, Los límites del patriotismo, Paidós, Barcelona, 2013.

Pérez, Wendy Selene, «¿Obama deportó más que Trump? Datos y criterios de deportaciones bajo diferentes gobiernos», Factchequeado, 20 de agosto de 2025. En línea en: <https://factchequeado.com/teexplicamos/20250820/obama-deportaciones-trump-biden-comparativo/>.

Ponce de León, Rodrigo, «El PP lleva la regularización de inmigrantes a la Eurocámara y deriva en un disparate ultra: “Quieren esclavos para limpiar culos de ancianos”», elDiario.es, 11 de febrero de 2026. En línea en: <https://www.eldiario.es/desalambre/pp-lleva-regularizacion-inmigrantes-eurocamara-deriva-disparate-ultra-quieren-esclavos-limpiar-culos-ancianos_1_12979420.html>.

Quesada, Juan Diego, «Ayuso ataca la regularización de inmigrantes: “Creará dificultades para gestionar algunos servicios públicos”», El País, 28 de enero de 2026. En línea en: <https://elpais.com/espana/madrid/2026-01-28/ayuso-ataca-la-regularizacion-de-inmigrantes-creara-dificultades-para-gestionar-algunos-servicios-publicos.html>.

Rosas, Paula, «4 claves sobre lo que está pasando en Torre Pacheco, la ciudad española en la que grupos de ultraderecha persiguieron a migrantes norteafricanos», BBC News Mundo, 14 de julio de 2025. En línea en: <https://www.bbc.com/mundo/articles/ckglpjpxzwno>.

Seijas, Nerea, «¿Qué es el ICE, la poderosa policía contra inmigrantes de Trump?», El Orden Mundial, 18 de julio de 2025. En línea en: <https://elordenmundial.com/que-es-ice-migracion-estados-unidos/?gad_source=1&gad_campaignid=21315974561&gclid=CjwKCAiAkbbMBhB2EiwANbxtbSkHlo8yzsl-6xiLzziHA4RZT_qIystnA0BF1VP6ZIXucsDVDYAc2BoCs8cQAvD_BwE>.

Seisdedos, Iker, «Bad Bunny deslumbra en la Super Bowl con una odisea puertorriqueña y la defensa de América más allá de Estados Unidos», El País, 9 de febrero de 2026. En línea en: <https://elpais.com/us/entretenimiento/2026-02-09/bad-bunny-arrasa-en-la-super-bowl-con-una-defensa-de-america-mas-alla-de-estados-unidos.html>.

Sen, Amartya, Desarrollo y libertad, Planeta, Barcelona, 2000.

—, Identidad y violencia, Katz, Madrid, 2007.

Capítulo 7

Agenda Pública, «Steve Bannon: “En el ‘tecnofeudalismo’ eres solo un siervo digital”», 9 de febrero de 2025. En línea en: <https://agendapublica.es/noticia/19624/steve-bannon-tecnofeudalismo-eres-solo-siervo-digital>.

Associated Press, «Trump: US is “not afraid of boots on the ground” in Venezuela», YouTube, 3 de enero de 2026. En línea en: <https://www.youtube.com/watch?v=35NDROGiy5s>.

Atanasov Kostov, Christo, «Fascismo ruso: los seis principios de la ideología nacionalista de Vladimir Putin», The Conversation, 10 de diciembre de 2023. En línea en: <https://theconversation.com/fascismo-ruso-los-seis-principios-de-la-ideologia-nacionalista-de-putin-219424>.

Chidi, George, «Trump backs FCC chair’s threat to pull licenses of news outlets over Iran war coverage», The Guardian, 16 de marzo de 2026. En línea en: <https://www.theguardian.com/us-news/2026/mar/16/trump-fcc-chair-broadcast-license-threat-iran-war>

Chung, Seung-Yeon, «North Korea slams Israeli attacks on Iran, accuses US of “fanning flames of war”», NK News, 19 de junio de 2025. En línea en: <https://www.nknews.org/2025/06/north-korea-slams-israeli-attacks-on-iran-accuses-us-of-fanning-flames-of-war/>.

Coalition for the International Criminal Court, «ICC President Akane presents the Court’s annual report to the UN General Assembly», 18 de noviembre de 2025. En línea en: <https://www.coalitionfortheicc.org/news/icc-president-akane-presents-courts-annual-report-un-general-assembly>.

Colomé, Carla Gloria, «Trump, tras la captura de Maduro: “De Cuba terminaremos hablando, porque es una nación fallida”», El País, 3 de enero de 2026. En línea en: <https://elpais.com/us/2026-01-03/trump-tras-la-captura-de-maduro-de-cuba-terminaremos-hablando-porque-es-una-nacion-fallida.html>.

Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC), «Israel/Lebanon/Hezbollah Conflict in 2006», noviembre de 2006. En línea en: <https://casebook.icrc.org/case-study/israellebanonhezbollah-conflict-2006>.

—, «The Principle of Proportionality», marzo de 2023. En línea en: <https://www.icrc.org/sites/default/files/wysiwyg/war-and-law/04_proportionality-0.pdf>.

Corte Internacional de Justicia, «Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory», diciembre de 2003. En línea en: <https://www.icj-cij.org/case/131>.

Davies, Harris, «Former ICC chief prosecutor says she faced threats and “thug-style tactics”», The Guardian, 27 de noviembre de 2024. En línea en: <https://www.theguardian.com/law/2024/nov/27/former-icc-chief-prosecutor-fatou-bensouda-threats-thug-style-tactics>.

Domínguez, Íñigo, «Los jueces italianos vuelven a cuestionar la política migratoria de Meloni: dan la razón a una ONG de rescate y a un deportado a Albania», El País, 19 de febrero de 2026. En línea en: <https://elpais.com/internacional/2026-02-19/los-jueces-italianos-vuelven-a-cuestionar-la-politica-migratoria-de-meloni-dan-la-razon-a-una-ong-de-rescate-y-a-un-deportado-a-albania.html>.

Ferrajoli, Luigi, «Sin una reacción institucional a Trump, dejará de existir el derecho internacional», El País, 6 de enero de 2026. En línea en: <https://elpais.com/opinion/2026-01-06/sin-una-reaccion-institucional-a-trump-dejara-de-existir-el-derecho-internacional.html>.

Ferrer, Isabel, «Los jueces del Tribunal Penal Internacional se rebelan ante las sanciones de Trump: “No hay que ceder”», El País, 21 de diciembre de 2025. En línea en: <https://elpais.com/internacional/2025-12-21/los-jueces-del-tribunal-penal-internacional-se-rebelan-ante-las-sanciones-de-trump-no-hay-que-ceder.html>.

Hasson, Nir; Rapoport, Meron, «IDF Admits Targeting Civilian Areas in Lebanon With Cluster Bombs», Haaretz, 19 de noviembre de 2006. En línea en: <https://www.haaretz.com/2006-11-19/ty-article/idf-admits-targeting-civilian-areas-in-lebanon-with-cluster-bombs/0000017f-ef4a-d8a1-a5ff-ffca5f530000>.

Human Rights Watch, «U.S.: ‘Hague Invasion Act’ Becomes Law», 3 de agosto de 2002. En línea en: <https://www.hrw.org/news/2002/08/03/us-hague-invasion-act-becomes-law>.

Institute for Middle East Understanding (IMEU), «Explainer: The Dahiya Doctrine & Israel’s Use of Disproportionate Force», 31 de julio de 2025. En línea en: <https://imeu.org/resources/resources/explainer-the-dahiya-doctrine-israels-use-of-disproportionate-force/175>.

Leingang, Rachel, «Steve Bannon calls for immigration agents at polling sites during midterms», The Guardian, 4 de febrero de 2026. En línea en: <https://www.theguardian.com/us-news/2026/feb/04/steve-bannon-ice-immigration-agents-polling-sites-midterm-elections>.

Naciones Unidas, Oficina de Asuntos de Desarme (UNODA), «Israel», 1995. En línea en: <https://geneva-s3.unoda.org/static-unoda-site/pages/templates/the-convention-on-certain-conventional-weapons/high-contracting-parties-and-signatories-ccw/ISRAEL.pdf>.

—, Centro Regional de Información, «Guterres: Las acciones de EE. UU. en Venezuela constituyen un “precedente peligroso”», 6 de enero de 2026. En línea en: <https://unric.org/es/posicion-de-la-onu-sobre-venezuela/>.

—, Secretaría General, «Secretary-General’s remarks to the General Assembly on Priorities for 2026», 15 de enero de 2026. En línea en: <https://www.un.org/sg/en/content/sg/statements/2026-01-15/secretary-generals-remarks-the-general-assembly-priorities-for-2026#:~:text=But%20reform%20must%20be%20far,realities%20%E2%80%93%20they%20will%20lose%20legitimacy>.

Núñez, Julio, «El Papa alertó a los obispos del auge ultraderechista en España», El País, 23 de febrero de 2026. En línea en: <https://elpais.com/espana/2026-02-23/el-papa-alerto-a-los-obispos-de-que-su-mayor-preocupacion-en-espana-es-la-ultraderecha-que-intenta-instrumentalizar-a-la-iglesia.html>.

Ochs, Sara L., «The United States, the International Criminal Court, and the Situation in Afghanistan», en Notre Damme Law Reflection, vol. 95, núm. 2, 2020. En línea en: <https://scholarship.law.nd.edu/ndlr_online/vol95/iss2/1/>.

Reuters, «Israel warns Hezbollah war would invite destruction», 3 de octubre de 2008. En línea en: <https://www.reuters.com/article/economy/israel-warns-hezbollah-war-would-invite-destruction-idUSL3251393/>.

Simón, Patricia, «El enemigo de la humanidad que demoniza a Albanese», infoLibre, 13 de febrero de 2026. En línea en: <https://www.infolibre.es/politica/enemigo-humanidad-demoniza-albanese_1_2145365.html>.

V-Dem Institute, «Democracy Report 2025. 25 Years of Autocratization – Democracy Trumped?», marzo de 2025. En línea en: <https://www.v-dem.net/documents/61/v-dem-dr__2025_lowres_v2.pdf>.

Vidal Liy, Macarena, «Las elecciones de noviembre, el nuevo objetivo del Trump más autoritario», El País, 8 de febrero de 2026. En línea en: <https://elpais.com/internacional/2026-02-08/las-amenazas-de-trump-sobre-las-elecciones-de-noviembre-alarman-a-los-democratas.html>.

Capítulo 8

Arendt, Hannah, Los orígenes del totalitarismo, op.cit.

Camus, Albert, La peste (1947), Edhasa, Barcelona, 2002.

Baudrillard, Jean, Simulacros y simulación (1981), Kairós, Barcelona, 2001.

Foro Económico Mundial (WEF), «The Global Risks Report 2025», 15 de enero de 2025. En línea en: <https://www.weforum.org/publications/global-risks-report-2025/>.

Garzón, Baltasar, La encrucijada, Carena Editores, Barcelona, 2020.

—, Los disfraces del fascismo, Planeta, Barcelona, 2022.

Kasparov, Garry (@Kasparov63), «The point of modern propaganda isn’t only to misinform or push an agenda. It is to exhaust your critical thinking, to annihilate truth», X, 13 de diciembre de 2016. En línea en: <https://x.com/Kasparov63/status/808750564284702720>.

Levi, Primo, Los hundidos y los salvados (1986), Austral, Barcelona, 2018.

Levitsky, Steven; Way, Lucan Ahmad, Competitive authoritarianism. Hybrid regimes after Cold War, Cambridge University Press, Cambridge, 2010.

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), «Boletín de monitorización del discurso de odio en redes sociales: reacción y eficacia de las plataformas», abril de 2025. En línea en: <https://www.inclusion.gob.es/web/biblioteca-virtual/w/boletin-de-monitorizacion-del-discurso-de-odio-en-redes-sociales.-enero-marzo-2025>.

Observatorio Europeo de Medios Digitales (EDMO), «Task Force on the 2024 European Parliament Elections», 24 de julio de 2024. En línea en: <https://edmo.eu/wp-content/uploads/2024/07/Final-Report-%E2%80%93-EDMO-TF-EU24.pdf>.

Parlamento Europeo, «Ficha informativa Encuesta de otoño del PE 2025-EB104.2», febrero de 2026. En línea en: <https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/3632>.

Springer, Hildegard, La espada sobre la balanza. Cronología y testimonios del proceso de Núremberg, Espasa-Calpe, Madrid, 1955.

Zunker, Paul, Augusto y el poder de las imágenes (1988), Alianza Editorial, Madrid, 1992.

Epílogo

Economist Intelligence, «Democracy Index 2024», 2024. En línea en: <https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2024/>.

Traverso, Enzo, Las nuevas caras de la derecha, op.cit., 2021.

Anexo al capítulo 1

Propuesta de Dolores Delgado para un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal

La Fiscalía General del Estado ha de tener atribuidas las competencias en materia de régimen administrativo y estatutario de los/las integrantes de la carrera fiscal. Cuestiones como las situaciones administrativas, licencias, permisos, comisiones de servicio, nombramientos discrecionales o régimen disciplinario aún dependen de la decisión final del Ministerio de Justicia, lo que merma considerablemente la autonomía organizativa de la Fiscalía, que es quien debe regir la carrera profesional de los/as fiscales. Es necesario abordar una modificación legal que atribuya en exclusiva estas competencias a la Fiscalía, eliminando la actual dependencia ministerial.

1.1.1 Autonomía presupuestaria

La verdadera autonomía organizativa del Ministerio Fiscal, el ejercicio de las funciones constitucionalmente encomendadas por medio de órganos propios, pasa por tener un presupuesto propio y capacidad y medios para su gestión.

Es precisa, por ello, una singularización anual del presupuesto del Ministerio Fiscal en los Presupuestos Generales del Estado y en los presupuestos de las comunidades autónomas, así como la dotación previa de medios —personales y materiales— para la gestión de los recursos propios.

Esto ya fue advertido por el informe de la cuarta ronda de evaluación del GRECO al referirse a la necesidad de una mayor autonomía financiera, recogiendo en su recomendación IX (III) «explorar nuevas vías para lograr una mayor autonomía en la gestión de los medios del Ministerio Fiscal», al tiempo que reconoce que «la autonomía de gestión es una garantía fundamental de la independencia y la eficacia de la Fiscalía».

1.1.2 Autonomía normativa

La autonomía orgánica que la Constitución española proclama del Ministerio Fiscal, al consagrar su funcionamiento por medio de órganos propios y la reserva legal que la propia Carta Magna prevé para el estatuto orgánico de la institución, tropiezan con la atribución al Ministerio de Justicia de la capacidad de desarrollo reglamentario de ese estatuto, en lugar de circunscribir a la Fiscalía General del Estado esa capacidad normativa para la autorregulación de la institución.

Esa incapacidad de regular la estructura y composición de sus órganos propios impide a la Fiscalía General del Estado paliar deficiencias que haya podido advertir en su organización basada fundamentalmente en los principios de especialización y territorialidad.

Debe ser la propia Fiscalía General la que, valorando los datos estadísticos recabados de todas las fiscalías y a través de la centralización de toda la información en la Inspección Fiscal, pueda asignar recursos personales en el marco de las plazas existentes o de nueva creación.

La autonomía del Ministerio Fiscal no puede circunscribirse exclusivamente a la aprobación de circulares, instrucciones y consultas en desarrollo del principio de unidad de actuación. La naturaleza de órgano de relevancia constitucional y el reconocimiento estatutario de su personalidad jurídica propia demandan que la Fiscalía General del Estado ostente una capacidad normativa autónoma respecto del régimen interior y organización del Ministerio Fiscal, similar a la del Consejo General del Poder Judicial y de otros organismos con personalidad jurídica propia como la Comisión Nacional del Mercado de Valores o el Banco de España.

1.1.3 Autonomía formativa

Pese a que el Real Decreto 312/2019, de 26 de abril, por el que se aprueba el Estatuto del Organismo Autónomo Centro de Estudios Jurídicos, afianzó el protagonismo de la Fiscalía General del Estado en esta materia al atribuirnos la elaboración de los planes de formación y estratégicos de la formación inicial y continuada, una formación verdaderamente autónoma de los/as integrantes del Ministerio Fiscal pasa por desligarse de la organización y gestión del Ministerio de Justicia y por la asunción de competencias exclusivas o compartidas con el Consejo General del Poder Judicial en base a unos objetivos, necesidades y presupuesto propios.

1.1.4 Regulación transparente de las comunicaciones entre Gobierno y fiscal general del Estado

La relación y consecuentes comunicaciones entre Gobierno y Fiscalía General del Estado, en el marco de la dirección que el primero ostenta sobre la política criminal (art. 97 CE), deben asentarse en los principios de transparencia y publicidad. Toda comunicación debe realizarse por escrito y constar en un sistema específico de registro, sin que la persona titular de la Fiscalía General del Estado pueda ser llamada ante el Consejo de Ministros, eludiendo así cualesquiera infundadas sospechas de dependencia.

Se trata de una necesidad que también ha sido advertida por el GRECO (4.ª ronda de evaluación, pár. 54).

1.1.5 Duración del mandato de la persona titular de la Fiscalía General del Estado

El sistema de nombramiento gubernamental constituye un denominador común en la práctica totalidad de los países de nuestro entorno y fue la opción elegida por el constituyente de 1978, coherente con la atribución al Ejecutivo de la dirección de la política criminal.

La reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal realizada en 2007 fortaleció la autonomía que la ley atribuye a todos/as los/as integrantes del Ministerio Fiscal en el desempeño de sus cometidos diarios.

Este nombramiento por el poder ejecutivo, reforzado con la instauración de contrapesos que acrecienten la autonomía de la persona elegida durante su mandato, no pervierte su autonomía ni la de todos/as y cada uno/a de los/as fiscales en el ejercicio diario de sus funciones, habiendo sido avalado por el Consejo de Europa (4.ª ronda de evaluación, pár. 54 del informe del GRECO).

Sin embargo, y sin perjuicio de otras reflexiones o cautelas adicionales, una ampliación del plazo de mandato de la persona titular de la Fiscalía General del Estado para que no se haga coincidir con el del Gobierno —en el sentido apuntado también por el GRECO— abundará en una mayor percepción de autonomía e independencia de la institución.

Anexo al capítulo 2

Cronología de la inhabilitación de Álvaro García Ortiz

Hacienda y González Amador

Mayo de 2022. Dos inspectoras de Hacienda detectan irregularidades en la empresa Maxwell Cremona. Tras un año y medio de investigación concluyen que su dueño, Alberto González Amador —pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid—, podría haber defraudado 350.951 euros. Hacienda remite el caso a la Fiscalía.

12 de mayo de 2022. Hacienda abre una investigación contra la pareja de Ayuso.

2 de febrero de 2024. El abogado de González Amador, Carlos Neira, reconoce por escrito ante la Fiscalía que su cliente cometió dos delitos fiscales y muestra su voluntad de pactar. Su cliente reconoce haber defraudado 350.000 euros, paga una multa y acepta una condena simbólica de cárcel. «Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública», dice el e-mail. El correo circula entre varios fiscales.

5 de marzo de 2024. El Ministerio Público denuncia en los juzgados de Madrid a González Amador por dos delitos de fraude fiscal en concurso con falsedad documental. Incluye en la denuncia a cuatro personas más y a varias empresas.

6 de marzo de 2024. El caso llega a los juzgados. ElDiario.es publica la noticia sin mencionar el intento de acuerdo.

11 de marzo de 2024. Dos periodistas de elDiario.es contactan tanto con González Amador de forma directa como con Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, para recabar su versión. Ambos rechazan hacer comentarios.

12 de marzo de 2024; 06:00 horas.ElDiario.es publica la primera exclusiva del caso de la pareja de Ayuso.

12 de marzo de 2024; 08:50 horas. El fiscal envía su denuncia al abogado de González Amador. Retoma el ofrecimiento del empresario del 2 de febrero y recuerda que, si quiere, puede pactar llegado el momento.

12 de marzo de 2024; 09:09 horas. González Amador mantiene puntualmente informado de su caso a Miguel Ángel Rodríguez desde hace meses, y esta mañana, con la primera información del caso, le rebota un mensaje que le ha mandado su abogado poco antes: el correo del fiscal Julián Salto y la indicación de su propio letrado de que estaba negociando «un condenado y multa mínima».

12 de marzo de 2024; 14:18 horas. Díaz Ayuso denuncia una persecución política. Su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, difunde versiones falsas asegurando que la Fiscalía ofreció el pacto. La confusión se extiende y varios medios publican informaciones contradictorias. José Manuel Romero, entonces subdirector de El País, recibe una información de fuentes de la Fiscalía de Madrid que contradice la versión de Ayuso: su pareja lleva semanas negociando una confesión. Miguel Ángel Campos, periodista de tribunales de la SER, acude a una cita con una fuente que le muestra el correo con la confesión que el abogado Carlos Neira había presentado en nombre de la pareja de Ayuso un mes antes.

13 de marzo de 2024; 15:40 horas. Un periodista de la SER accede a la confesión de González Amador. Los responsables de prensa de la Fiscalía General y de la Fiscalía de Madrid empiezan a recibir llamadas de periodistas con una alerta: el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso está difundiendo una información inédita y, por el momento, sin publicar que indica que la Fiscalía ofreció un pacto a la pareja de Ayuso y que lo ha retirado por órdenes de la cúpula. «Todo sucio», proclama. Almudena Lastra, fiscal jefe de Madrid, contacta con el fiscal general y alerta ante la difusión del bulo.

13 de marzo de 2024; 19:10 horas. Miguel Ángel Rodríguez empieza a esparcir su primer bulo sobre el caso. El periódico El Mundo publica su primera información: «La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales». Según su propia versión, en algún momento, González Amador autoriza a Miguel Ángel Rodríguez a difundir el correo del fiscal Salto que él mismo le había remitido el día anterior.

13 de marzo de 2024; 21:34 horas. El fiscal general reclama todos los correos a sus colaboradores y a las 21:38 tiene una llamada no contestada de un periodista de la SER. El fiscal Salto está en un partido de fútbol cuando recibe las llamadas y los mensajes de sus superiores solicitando los correos. Entre otros, envía a Almudena Lastra, fiscal jefe de Madrid, el e-mail del 2 de febrero en el que González Amador ofrecía un pacto.

13 de marzo de 2024; 21:59 horas. Álvaro García Ortiz obtiene el correo con la confesión de la pareja de Ayuso. Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid, se lo rebota a su correo personal.

13 de marzo de 2024; 22:10 horas. La Sexta publica la existencia de la confesión. La pareja de Ayuso ofreció un pacto a la Fiscalía para admitir dos delitos fiscales y uno de falsedad documental. Los mensajes internos de la cadena desvelan que ya manejaban esa información desde, al menos, las 21:54 horas, antes que el fiscal general.

El jefe de gabinete de Ayuso lanza entre decenas de periodistas la versión falsa que llevaba moviendo desde las 19:00, que la oferta de pacto de la Fiscalía se había frustrado «por órdenes de arriba». Varios medios lo publican poco después. A las 22:41 culmina su estrategia con un tuit.

13 de marzo de 2024; 23:20 horas. La SER revela el contenido textual del correo en el que el abogado de González Amador admitía que «ciertamente» su cliente había defraudado al fisco.

13 de marzo de 2024; 23:44 horas. El fiscal general obtiene todos los correos. En particular, el que el fiscal Salto había remitido al abogado Neira día y medio antes, comunicando la denuncia. Empiezan las conversaciones internas en la Fiscalía para emitir un comunicado al día siguiente.

El Ministerio Público remite un comunicado a los medios. Un documento que explica cómo el abogado de la pareja de Ayuso fue el primero en ofrecer un pacto el 2 de febrero.

14 de marzo de 2024; 10:20 horas. La Fiscalía de Madrid emite un comunicado para desmentir los bulos del caso.

Las querellas

20 de marzo de 2024. Primeras querellas contra la Fiscalía. El Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) carga desde el principio contra la Fiscalía por el comunicado al entender que revela datos secretos de la defensa de González Amador y es el primero en presentar una querella. Incluso antes que la pareja de Ayuso, que acude a los juzgados un día después. Acciones penales que, por ahora, apuntan a la Fiscalía de Madrid como responsable del comunicado.

La acción popular estaría integrada también por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Manos Limpias, Foro Libertad y Alternativa, y Hazte Oír.

7 de mayo de 2024. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid admite a trámite las querellas y abre una investigación contra dos fiscales: Julián Salto, que investigó y denunció a la pareja de Ayuso, y Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid. Los dos declararon en unas diligencias que, en ese momento, no investigaban la filtración del correo, sino el comunicado de prensa de la Fiscalía para desmentir bulos sobre el caso.

El juez instructor, tras dos meses de investigación, archiva la causa contra el fiscal Salto y eleva el caso al Tribunal Supremo para que investigue a Álvaro García Ortiz después de que él mismo se haya declarado máximo responsable del comunicado sobre la pareja de Ayuso.

15 de julio de 2024. El Tribunal Superior de Justicia Madrid pide al Tribunal Supremo que investigue al fiscal general del Estado.

15 de octubre de 2024. El Supremo abre una causa contra el fiscal general por la filtración del correo, aunque cambia el objeto: ya no considera delictiva la nota informativa, sino la supuesta filtración de la confesión a los medios la noche anterior. Ángel Hurtado es declarado instructor de la causa.

16 de octubre de 2024. La misma sala rechaza varias querellas que acusaban a la ministra María Jesús Montero de revelar datos secretos del expediente tributario de la pareja de Ayuso. Los jueces alegan que, para cuando ella hizo declaraciones, esos datos ya circulaban por las redacciones periodísticas.

30 de octubre de 2024. El juez pone en marcha la diligencia clave del caso: envía a la Guardia Civil a los despachos del fiscal general y de la fiscal provincial de Madrid para recabar correos, mensajes y datos sobre la filtración. El registro dura casi todo el día.

25 de noviembre de 2024. En un Informe de la Unidad Central Operativa (UCO), la Guardia Civil apunta a la Fiscalía: concluyen que el fiscal general tuvo un papel «preeminente» en ese proceso. Las partes tienen acceso al informe.

8 de enero de 2025. Miguel Ángel Rodríguez testifica en el Supremo y reconoce su bulo.

29 de enero de 2025. Álvaro García Ortiz comparece como investigado en el Supremo y niega haber filtrado el documento y haber dado orden de hacerlo. También denuncia ante Hurtado que su investigación está vulnerando sus derechos. Sus colaboradores imputados, Pilar Rodríguez y Diego Villafañe, teniente fiscal de la secretaría técnica, también niegan haberlo filtrado a la prensa.

10 de febrero de 2025. Varios informes de la Guardia Civil constatan dos aspectos fundamentales del teléfono del fiscal general: no habló con periodistas por teléfono en la noche del 13 de marzo y borró todos sus mensajes después de saber que el Supremo había abierto una causa contra él. La Fiscalía enmarca este borrado en una medida periódica de seguridad.

26 de febrero de 2025. Hurtado levanta la imputación que pesaba sobre Diego Villafañe al entender que no hay elementos probatorios de que participara en la supuesta filtración.

28 de febrero de 2025. Comparecen como testigos periodistas de elDiario.es, El Mundo, El País, La Sexta o la SER, entre otros. Afirman que, de una u otra manera, conocieron el correo o las negociaciones de la pareja de Ayuso horas o incluso días antes que el fiscal general.

23 de mayo de 2025. Alberto González Amador comparece ante el juez Hurtado por primera vez y reconoce varias cosas: que dijo «haz lo que veas» cuando Miguel Ángel Rodríguez pidió permiso para difundir correos del caso y que nunca consintió que su abogado aceptara ocho meses de cárcel en su nombre.

24 de mayo de 2025. Neira comparece un día después para asegurar que sí informó puntualmente al empresario de lo que implicaba su confesión.

9 de junio de 2025. El magistrado Hurtado abre procedimiento abreviado contra Álvaro García Ortiz y Pilar Rodríguez por la filtración del correo e incluye una acusación inédita: difundieron la confesión de la pareja de Ayuso siguiendo «indicaciones» de Moncloa.

19 de junio de 2025. Alberto González Amador solicita pena de prisión para el fiscal general y una indemnización de 300.000 euros que el juez terminará dejando en una fianza de 75.000 euros. El fiscal general pide la absolución por falta de pruebas y apuntando a la «operación orquestada» del entorno de Ayuso.

29 de julio de 2025. La Sala de Apelaciones confirma el procesamiento de García Ortiz, pero pone varios reparos a la última decisión de Hurtado: retira las alusiones a las «indicaciones» de Moncloa y deja fuera del juicio a la fiscal Pilar Rodríguez. Un duro voto particular de uno de los jueces asegura que el caso tendría que haber sido archivado.

El juicio

3 de noviembre de 2025. El juicio arranca en el Supremo con un alegato de la Abogacía del Estado a favor de la inocencia de García Ortiz y en contra de la investigación «inquisitiva» del juez Hurtado.

13 de noviembre de 2025. La Sala de lo Penal se retira a deliberar después de seis sesiones de juicio. La Fiscalía y la Abogacía han pedido la absolución y García Ortiz ha negado de forma tajante ser el filtrador del documento. Las acusaciones hicieron firmes sus peticiones de hasta seis años de cárcel.

20 de noviembre de 2025. García Ortiz es condenado. Una Sala de lo Penal dividida le atribuye un delito de revelación de datos reservados y le impone dos años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros y el pago de 10.000 euros a la pareja de Ayuso como indemnización. El tribunal adelanta el fallo de la sentencia.

24 de noviembre de 2025. Álvaro García Ortiz remite una carta de renuncia al ministro de Justicia después de que el tribunal, «a falta de mayor concreción» sobre la sentencia, le haya considerado culpable de la filtración de la confesión de fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

9 de diciembre de 2025. Se hace pública la sentencia en su integridad.

31 de diciembre 2025. La Fiscalía presenta incidente de nulidad.

19 de enero de 2026. La defensa de Álvaro García Ortiz presenta incidente de nulidad.

26 de febrero de 2026. La Sala Segunda del Tribunal Supremo desestima los incidentes de nulidad presentados y condena al recurrente a asumir la mitad de las costas.

Anexo al capítulo 3

La propuesta del Ejecutivo para acceder a la carrera judicial que no gustó a los jueces y fiscales conservadores

Propuesta. Facilitar el acceso a estudiantes de todos los niveles socioeconómicos a la carrera judicial.

Becas. Convocadas para los opositores a la carrera judicial, Fiscalía, Abogacía del Estado y letrados de la Administración de justicia.

Cuantía. La cuantía de estas ayudas nunca podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional (15.876 euros anuales en 2024) y podrán prorrogarse hasta un máximo de cuatro años.

Objetivo. Regular la existencia de esas ayudas por ley para que no dependan de la voluntad del gobierno de turno o de la disponibilidad presupuestaria. Para hacerlo, se debería cambiar la ley orgánica.

Escuela. Creación de una Escuela Pública de Opositores.

Preparadores. Obligatoriedad de que todos los jueces que ejerzan como preparadores de opositores pidan la compatibilidad para preparar a los aspirantes a la carrera e inscribirse en un registro público de preparadores. (Se elimina así el cobro en negro por parte de los preparadores, una práctica muy extendida.)

Examen. Modificar el actual modelo de oposición introduciendo una prueba escrita y el anonimato de los aspirantes.

Fin de la interinidad. Incrementar el número de jueces, agilizando el acceso por el llamado cuarto turno (reservado para juristas de reconocido prestigio) y acabando con la situación de interinidad de cientos de jueces sustitutos.

Anexo al capítulo 4

Relación de los hechos y las acciones más relevantes que han supuesto trabas para el efectivo despliegue de la Ley de Memoria Democrática

Recursos de inconstitucionalidad contra la ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática (LMD) interpuestos por PP y Vox.

Iniciativas Legislativas de las comunidades autónomas de Aragón, Valencia, Cantabria, Extremadura y Baleares para reducir o derogar la normativa de Memoria Democrática.

Recursos de inconstitucionalidad del Gobierno de España ante el Tribunal Constitucional estimando la suspensión solicitada por el Gobierno.

Diversos recursos administrativos (alzada y reposición) y contencioso-administrativos en relación con la declaración de lugares de memoria democrática; inscripción en el Registro Estatal de Entidades de Memoria Democrática de la antigua prisión de Murcia y la antigua Dirección general de Seguridad, con sede en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol en Madrid; declaración de Lugar de Memoria Democrática de «la antigua Prisión Provincial de Madrid» (Cárcel de Carabanchel); Lugar de Memoria Democrática la «Tapia de fusilamiento del Cementerio del Este» (Cementerio de la Almudena); sobre el Memorial de Cuelgamuros, accesos a las criptas de la Basílica del Valle de Cuelgamuros y exhumaciones llevadas a cabo de diecisiete víctimas, y traslado de restos a Magallón.

Procedimientos sancionadores por pasividad institucional o de titulares privados en el cumplimiento de deberes relacionados con cambios de nombres, placas, centros públicos, nombre de localidades o topónimos.

Anexo al capítulo 5

Proyecto de Ley de Transparencia e Integridad de las Actividades de los Grupos de Interés

Se recogen aquí, por su interés, algunos aspectos de este proyecto de ley.

Agencia Independiente de Integridad Pública

El anteproyecto recoge la creación de la denominada Agencia Independiente de Integridad Pública, un nuevo organismo clave en la estrategia contra la corrupción. Será una autoridad administrativa que ejercerá el papel central en la lucha contra prácticas corruptas y fraudulentas. Integrará tres departamentos clave para las buenas prácticas y la persecución de aquellas que no lo sean, facilitando así una mejor coordinación y una mayor eficacia, aunque siempre respetando la especialización de cada área.

La Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) será la responsable de evitar las incompatibilidades de los cargos públicos y asumirá nuevas competencias sobre los grupos de interés. La Autoridad Independiente de Protección del Informante verá reforzado su papel con este movimiento. Y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude aumentará sus competencias e irá más allá de velar por los intereses financieros de la Unión Europea en España.

Servirán para mejorar la actuación contra la corrupción. Quedará garantizado, a la vez, el respeto de las calificaciones que resulten de los procedimientos de investigación y la atribución de la condición de protegida a toda persona que haya comunicado a través de canales internos o externos hechos susceptibles de ser fraudulentos.

Su presidencia, con rango de Secretaría de Estado, será nombrada tras un proceso público y deberá contar con el refrendo del Congreso. El responsable de esta tendrá un mandato único de seis años no renovable, condiciones similares a las de otras instituciones clave para el sistema democrático.

Control sobre partidos políticos

La ley incrementa la vigilancia sobre la gestión económica de los partidos políticos. Así, todos los partidos y sus fundaciones deberán hacer una auditoría externa de manera obligatoria si reciben más de 50.000 euros de fondos públicos. El resultado deberá presentarse junto con sus cuentas ante el Tribunal de Cuentas. Si no se cumple, se considerará que sus cuentas están incompletas.

Varía el límite que obliga a publicar las donaciones que reciben los partidos políticos, que pasa de 25.000 euros a 2.500 euros. El plazo para publicar esos datos será de un mes. Y sobre la contratación que realizan los partidos, cuestión muy relacionada con los recursos públicos, se deberán presentar los resultados ante el Tribunal de Cuentas, de lo contrario se considerará que estas enumeraciones están incompletas.

También se refuerzan los controles: cuando una formación política sea poder adjudicador, sus contratos se regirán por la Ley de Contratos del Sector Público. Y se endurece el régimen sancionador. Por ejemplo, no presentar la auditoría supondrá una falta grave o muy grave. En lo referido a las donaciones, no darles publicidad puede implicar una multa que sea por el doble de la cantidad no declarada.

Mapas de riesgo

La ley extiende una práctica ya utilizada en la gestión de los fondos europeos al resto de las administraciones: la elaboración de mapas de riesgo. Se trata de una herramienta que debe detectar los ámbitos en los que existen mayores riesgos de corrupción y fraude, además de incluir novedades como la identificación de los peligros asociados a la gestión indirecta o externalizada de servicios públicos esenciales.

También se analizarán los riesgos derivados de la concentración del mercado, del uso de operadores dominantes, de la dependencia tecnológica o de información. Por último, incluirán las medidas a adoptar para evitar situaciones de ese tipo.

Medidas en la contratación pública

En este ámbito, se realizan modificaciones legales y se reforman instrumentos destinados a mejorar la detección y la erradicación de actos delictivos o fraudulentos. El objetivo es lograr un incremento de la transparencia, más control y una mayor publicidad de la información contractual. En definitiva, una exigencia de un mayor rigor en la tramitación de las licitaciones y contratos que se realicen.

Registro de empresas público y accesible. La ley contempla que pase a ser público y accesible el registro de empresas con prohibiciones de contratar con las administraciones públicas. Esto permite que cualquier órgano de contratación y la propia ciudadanía puedan saber qué empresas están inhabilitadas.

Datos cruzados. A través de la Agencia de Integridad Pública, se cruzarán los datos de diversos registros (registro de empresas prohibidas de contratar, registro de grupos de interés y la huella normativa) para identificar patrones de influencia indebida y posibles corruptores sistémicos. A esto se sumará la creación de comités de integridad en todos los ministerios, dando más peso a la coordinación en el control interno entre los departamentos.

De este modo, la prohibición de contratar deja de ser una consecuencia formal de una condena, pasando a ser un mecanismo automático de protección del sector público.

Tecnología contra el fraude

Se modernizará la Plataforma de Contratación del Estado, ampliando la información que contiene. Se utilizarán herramientas de análisis avanzado, de big data y de inteligencia artificial para detectar patrones anómalos y prevenir conductas irregulares en las contrataciones públicas. Esta práctica se extenderá a otros ámbitos de interés, como la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

En otros procesos de control también se utilizará más tecnología para que evolucionen a una mejor detección de posibles problemas: habrá una extensión de la Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés (DACI); se utilizará en mayor medida la herramienta MINERVA, empleada hasta ahora para detectar posibles conflictos de intereses en el ámbito de los fondos europeos, y se extenderá a todos los procedimientos de gasto del sector público estatal, en los ámbitos de contratación, subvenciones y recursos humanos.

Además, habrá una mejora de la interoperabilidad y el uso compartido de la información mediante la trazabilidad de expedientes, la conexión entre bases de datos y la normalización de la información.

Código Penal más duro

Se introducen cambios en determinados tipos penales que incrementen las consecuencias para particulares o empresas que tengan condenas por corrupción.

Plazos de prescripción de estos delitos. Pasarán de cinco a siete años, lo que dará más tiempo a las investigaciones de asuntos que suelen tener gran complejidad.

Las condenas. Las prácticas corruptas tendrán penas de inhabilitación máximas de veinte años, dejando atrás los quince años actuales. Por lo que tendrán que pasar dos décadas para que puedan contratar con la administración, acceder a subvenciones o tener la posibilidad de contar con beneficios fiscales.

Extensión máxima de las multas a personas jurídicas a los diez años, con una cuota máxima del 50 por ciento de los ingresos o veinte mil euros.

El tráfico de influencias también será castigado de manera más severa, ya que se tipificará con entre uno y cuatro años de condena y la prohibición de contratar con las administraciones de hasta diez años.

Obstrucción a la justicia. Se impulsan dos nuevos subtipos agravados de obstrucción a la justicia cuando afecten a delitos de corrupción. El objetivo es garantizar que no haya injerencias en los canales de denuncia y en la actuación de las partes procesales, lo que facilita el desarrollo de las investigaciones.

La recuperación de los fondos defraudados es otra de las bases, junto a la prevención, la detección, la acción de la justicia o la sensibilización. Para ello, se da cumplimiento a la Directiva 2025/1260, de 24 de abril, que insta a reforzar el acceso a registros oficiales mientras se garantizan los derechos fundamentales para localizar activos susceptibles de embargo. En esa línea, se buscará consolidar la cooperación internacional reforzada con otros organismos judiciales y policiales europeos. La estrategia se materializa a través de un aumento de las competencias de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), que será considerada autoridad competente para el tratamiento de datos personales en procesos penales. Función que se utilizará en exclusiva para acordar medidas inmediatas de preservación de bienes.

Incorporación de figuras jurídicas, como el decomiso sin condena o el decomiso de riqueza no justificada, en la línea de la directiva europea, y garantizando la tutela judicial. Los bienes embargados y decomisados contarán con mayores garantías frente a su deterioro, habilitándose su venta anticipada para evitar esa situación.

Vinculación de la devolución de lo robado al acceso a beneficios penitenciarios. A través de una modificación en la Ley General Penitenciaria, solo se podrá acceder a esas ventajas tras el cumplimiento de la responsabilidad civil y la reparación económica derivada de los delitos de corrupción.

Todo el contenido de este anteproyecto es una de las vertientes del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, cuyo fin es combatir la corrupción desde un punto de vista transversal e integral.

Notas

Introito

1. García de Blas, 2023.

2. Traverso, 2021.

1. El aquelarre de la justicia

1. Garzón, 2026.

2. Zweig, 2012.

3. Felipe, 1967.

4. Pleno, 14 de febrero de 2026.

5. Ver «Anexo al capítulo 1».

6. Ortiz, 2022.

7. Comisión Europea, 2022.

2. Objetivo: abatir al fiscal general del Estado

1. Rawls, (1999) 2022.

2. Tribunal Constitucional de España, 2024.

3. Senado de España, 2021.

4. Ver «Anexo al capítulo 2».

5. Garzón Molina, 2012.

3. ¡Claro que existe el lawfare!

1. Zaffaroni, 2022.

2. Montesquieu, 1964.

3. Vollenweider y Romano, 2017.

4. Zaffaroni, 2018.

5. Muñoz Conde, 2003.

6. Garzón, 2021.

7. Cabo Martín, 2001.

8. Pérez Royo, 2015.

9. Estefanía, 2014.

10. Ferrajoli, 2009.

11. Souza Santos y Avritzer, 2002.

12. Borón, 2008.

13. Jiménez Villarejo y Doñate Martín, 2023.

14. Ver «Anexo al capítulo 3».

15. Urrea, 2024.

16. Herrera, 14 de noviembre de 2023.

17. Zaffaroni, 1994.

18. infoLibre, 2024.

19. ARA, 2024.

20. El País, 2024.

21. El País, 15 de marzo de 2024.

22. Zaffaroni, 2022.

23. Altozano, 11 de enero de 2025.

24. Zaffaroni, «¿Para qué sirve el derecho?», 2024.

25. Altozano, 30 de enero de 2025.

26. Library of Congress, 1989.

27. Elordi, 2025.

28. Lastiri, 2023.

29. Garzón, Ricobom y Romano, 2023.

30. Romano, Lajtman y Maisonnave, 2025.

31. Romano, 2025.

32. Maisonnave, 2025.

33. Croxatto y Zaffaroni, 2025.

34. Maisonnave, 2025.

35. Gómez Vega, 2026.

36. Observatorio Lawfare, 2025.

37. Arias Barona, 2025.

38. Zaffaroni, «El caso Soborno: un ejemplo ecuatoriano de lawfare», 2024.

39. Hernández Enríquez, Romano y Maisonnave, 2024.

40. Vera, 2024.

41. Hernández Enríquez, Romano y Maisonnave, 2024.

42. Zaffaroni, «El caso Soborno: un ejemplo ecuatoriano de lawfare», 2024.

43. Observatorio Lawfare, 2025.

44. Observatorio Lawfare, 2026.

45. Parada, 2025.

4. Memoria, franquismo y dignidad

1. Naciones Unidas, «Youth».

2. Naciones Unidas, 24 de enero de 2023.

3. Dewey, 1916.

4. Derrida, 2012.

5. Centro de Investigaciones Sociológicas, 2025.

6. Regueira, 2025.

7. Serna, 14 de noviembre de 2025.

8. Ver «Anexo al capítulo 4».

9. INJUVE, 2022.

10. Parlamento Europeo, 2019.

11. Elordi, 2025.

12. Lasaga, 2025.

13. Serna, 24 de noviembre de 2025.

14. González, 2025.

15. Donaire, 2025.

16. Camus, (1942) 2021.

5. Corrupción, el virus de la democracia

1. Maquiavelo, 1520 (2015).

2. Garzón, 25 de julio de 2025.

3. Garzón, 2015.

4. Library of Congress, 2009.

5. Federal Election Commission, 2010.

6. The White House, 2009.

7. Ver «Anexo al capítulo 5».

8. Cortes Generales, 2025.

9. La Moncloa, 2026.

10. Schiavon, 2022.

11. Transparency International, 2026.

12. Transparency International, 2025.

13. European Commission, julio de 2025.

14. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 2024.

15. Diario Oficial de la Unión Europea, 2019.

16. Parlamento Europeo, 2025.

17. Robert, 1996.

18. World Bank Group, 1996-2023.

19. Consejo de Europa, 2025.

20. Comisión Europea, Dirección General de Justicia y Consumidores, 8 de julio de 2025.

21. Centre for Civil and Political Rights, 2025.

22. Boletín Oficial del Estado, 21 de febrero de 2023.

23. Vicepresidencia primera de Gobierno, 2025.

24. Landín, 2025.

25. Nietzsche, (1887) 2011.

26. Garzón, 2015.

27. Zweig, (1942) 2011.

6. Racistas, xenófobos e inhumanos

1. Seijas, 2025.

2. Pérez, 2025 y Merino, 2025.

3. Leal y San Juan Flores, 2025.

4. Seisdedos, 2026.

5. Domínguez, 2025 y Domínguez, 2026.

6. Naciones Unidas, 2023.

7. Ponce de León, 2026.

8. Naciones Unidas, 2024.

9. Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 2025.

10. La Moncloa, 2025.

11. Quesada, 2026.

12. Frontex, 2026.

13. Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS), 2026.

14. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, diciembre de 2025.

15. Instituto Nacional de Estadística (INE), 2026.

16. Carreño, 2025.

17. Rosas, 2025.

18. García Bueno, 2025.

19. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, julio de 2025.

20. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, enero de 2025.

21. Arendt (1951), 2006.

22. Habermas, 1996.

23. Sen, 2000 y Sen, 2007.

24. Nussbaum, 2013, y Nussbaum, 2005, respectivamente.

7. Ultraderecha, germen del fascismo

1. Agenda Pública, 2025.

2. V-Dem Institute, 2025.

3. Vidal Liy, 2026.

4. Chidi, 2026.

5. Leingang, 2026.

6. Atanasov Kostov, 2023.

7. Núñez, 2023.

8. Domínguez, 2026.

9. Naciones Unidas, 15 de enero de 2026.

10. Human Rights Watch, 3 de agosto de 2002.

11. Ochs, 2020.

12. Davies, 2024.

13. Coalition for the International Criminal Court, 2025.

14. Ferrer, 2025.

15. Simón, 2026.

16. Naciones Unidas, Oficina de Asuntos de Desarme (UNODA), 1995.

17. Hasson y Rapoport, 2006.

18. Intitute for Middle East Understanding (IMEU), 2024.

19. Reuters, 3 de octubre de 2008.

20. Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC), 2023.

21. Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC), 2006.

22. Corte Internacional de Justicia, 2003.

23. Chung, 2025.

24. Associated Press, 2026.

25. Colomé, 2026.

26. Naciones Unidas, Centro Regional de Información, 6 de enero de 2026.

27. Ferrajoli, 2026.

8. Los verdugos de la democracia

1. Garzón, 2020.

2. Garzón, 2022.

3. Camus, (1947) 2002.

4. Levi, (1986) 2018.

5. Arendt, (1951) 2006.

6. Baudrillard, (1981) 2001.

7. Parlamento Europeo, 2026.

8. Foro Económico Mundial (WEF), 2025.

9. Observatorio Europeo de Medios Digitales, 2024.

10. Levitsky y Way, 2010.

11. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 2025.

12. Observatorio Europeo de Medios Digitales, 2024.

13. Kasparov, 2016.

Epílogo

1. Economist Intelligence, 2024.

2. Traverso, 2021.

La democracia amenazada

Baltasar Garzón

La lectura abre horizontes, iguala oportunidades y construye una sociedad mejor. La propiedad intelectual es clave en la creación de contenidos culturales porque sostiene el ecosistema de quienes escriben y de nuestras librerías. Al comprar este libro estarás contribuyendo a mantener dicho ecosistema vivo y en crecimiento. 

En Grupo Planeta agradecemos que nos ayudes a apoyar así la autonomía creativa de autoras y autores para que puedan continuar desempeñando su labor. Dirígete a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesitas fotocopiar, escanear, distribuir o poner a disposición algún fragmento de esta obra (www.cedro.org; 91 702 19 70 / 93 272 04 45).

Queda expresamente prohibida la utilización o reproducción de este libro o de cualquiera de sus partes con el propósito de entrenar o alimentar sistemas o tecnologías de inteligencia artificial.

Diseño de la cubierta, Planeta Arte & Diseño

© fotografía del autor, Jaime Villanueva / El País

© Baltasar Garzón Real, 2026

© del prólogo, Eugenio Raúl Zaffaroni, 2026

© del colofón, Luiz Inácio Lula da Silva, 2026

© Editorial Planeta, 2026

Av. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona 

www.editorialplaneta.es

www.planetadelibros.com

Primera edición en libro electrónico (epub): junio 2026

ISBN: 978-84-08-32209-2 (epub)

Conversión a libro electrónico: Realización Planeta